El Parlamento navegó entre las aguas del Legislativo y del Ejecutivo al mando de Juan Guaidó
El TSJ se dedicó a allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados sin seguir el precepto constitucional
@saracosco
El 29 de octubre durante un debate sobre la renovación del Poder Electoral, el presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, propuso a la Cámara declararse en sesión permanente para que el chavismo consultara con el Psuv su participación en la Comisión Preliminar.
Aunque los diputados del “Bloque de la Patria” dicen desconocer a Guaidó, volvieron una semana después con una lista de nombres para incorporarse a la Comisión, que tiene la tarea de iniciar el proceso de nombrar nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral.
La Asamblea Nacional, de mayoría opositora desde 2015, pasó de ser un poder en “desacato” – por un supuesto fraude electoral en el estado Amazonas denunciado por el chavismo – al protagonista de un intento de transición. Tanto así que, luego de una ausencia de dos años y cinco meses, los parlamentarios del Psuv regresaron al Parlamento.
El “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” se convirtió en el lema de la Asamblea Nacional durante el año 2019. Con la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado, el 23 de enero en una manifestación en Caracas, la transición política fue el foco de la Asamblea Nacional.
Este proceso se apalancó en el Poder Legislativo a través de un Estatuto – aprobado por los diputados opositores – que lleva como eje principal la interpretación del artículo 233 de la Constitución.
Esto provocó que el Parlamento navegara entre dos aguas, la de sus funciones legislativas y las del Ejecutivo. Así el presidente encargado con el aval de la Asamblea Nacional hizo distintos nombramientos. 36 representantes diplomáticos y Juntas Directivas Ad Hoc en filiales petroleras y petroquímicas venezolanas como Citgo y Pequiven.
Esto provocó que el Parlamento navegara entre dos aguas, la de sus funciones legislativas y las del Ejecutivo.
Además Guaidó, a través de la Asamblea Nacional, logró el reconocimiento de 60 países, entre ellos Estados Unidos, desde donde se han impuesto más sanciones a instituciones que maneja el gobierno de Nicolás Maduro como el Banco Central de Venezuela, Pdvsa y también a funcionarios como los miembros de la Dirección General de Contrainteligencia (Dgcim) o los directores del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
Las sanciones más fuertes se dieron a principios de agosto, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump emitió una orden ejecutiva congelando todos los bienes e intereses del gobierno de Maduro en ese país.
En ese momento el presidente Guaidó explicó que las sanciones solo afectarían al régimen de Maduro y a todos aquellos que hicieran negocios con ellos. Agregó que el sector privado no se vería afectado. “La orden ejecutiva aclara expresamente que los temas de alimentos, salud y humanitarios no están limitados”, aseguró en ese momento.
Aunque el objetivo con estas sanciones es presionar a Maduro para que deje el poder, esa meta no se alcanzó durante el año y Venezuela terminó con dos presidentes al mando, sumado a los dos Poderes Judiciales y Legislativos con la Asamblea Nacional y la Constituyente.
Año de persecución
Desde 2016 – cuando asumió la oposición como mayoría – la Asamblea Nacional se ha visto afectada en su labor por las constantes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anulando cada una de sus decisiones.
Este año no fue distinto, aunque el TSJ junto a la ANC se encargaron de anular a los diputados de la oposición. Sin seguir el procedimiento establecido en el artículo 200 de la Constitución, donde se indica que es el Parlamento el que decide sobre el allanamiento a la inmunidad parlamentaria.
Hasta ahora son 36 los diputados que se encuentran en esta situación, optando por pasar a la clandestinidad, salir del país o refugiarse en embajadas en Caracas. Ese fue el caso de los diputados Mariela Magallanes (Causa R-Aragua) y Américo De Grazia (Causa R- Bolívar), quienes se encontraban en la embajada de Italia, pero a finales de noviembre llegaron a ese país, gracias a las gestiones de los funcionarios europeos. La Causa R lo calificó como un destierro.
Ese fue el caso de los diputados Mariela Magallanes (Causa R-Aragua) y Américo De Grazia (Causa R- Bolívar), quienes se encontraban en la embajada de Italia, pero a finales de noviembre llegaron a ese país, gracias a las gestiones de los funcionarios europeos.
Incluso el presidente encargado y de la AN, Juan Guaidó fue víctima de una de estas sentencias de allanamiento, aunque siguió con su doble labor durante el año. Pero uno de sus miembros más cercanos, Roberto Marrero, jefe de Despacho de la AN, fue detenido por funcionarios del Sebin la madrugada del 21 de marzo. Hasta el momento no ha recibido sentencia y la próxima audiencia de juicio será el 8 de enero.
Caso similar al del diputado Juan Requesens (PJ-Táchira) quien se encuentra detenido desde agosto del año pasado – acusado de formar parte del atentado con drones contra Maduro. Tampoco ha recibido sentencia porque sus audiencias de juicio son constantemente diferidas.
El regreso del chavismo
Mientras a los diputados opositores se les allanaba la inmunidad, el chavismo decidió regresar a la Asamblea Nacional, de la cual se ausentaron por dos años y cinco meses.
Esta decisión de volver se dio después de anunciar un proceso de diálogo entre el régimen de Maduro y partidos minoritarios de la oposición, entre ellos Cambiemos y Avanzada Progresista que cuentan con representación dentro del Parlamento.
Sin embargo continuaron con el argumento de que la AN se encuentra en desacato y que deben cumplir una sentencia del TSJ – regresar a la Junta Directiva de 2016 – para salir de este modelo y poder regresar a la “legalidad”.
Al menos 17 chavistas ejercieron la doble función de diputados y de Constituyentes y en varias oportunidades abandonaron el Hemiciclo de Sesiones para irse al Hemiciclo Protocolar – donde sesiona la Constituyente – y aprobar el allanamiento de sus colegas opositores.
Al menos 17 chavistas ejercieron la doble función de diputados y de Constituyentes y en varias oportunidades abandonaron el Hemiciclo de Sesiones para irse al Hemiciclo Protocolar – donde sesiona la Constituyente – y aprobar el allanamiento de sus colegas opositores.
Aún con el supuesto desacato, los chavistas propusieron modificaciones en el orden del día, votaron a favor de un proyecto de acuerdo sobre la participación de los diputados en el Parlasur y también dicen estar de acuerdo en aprobar la Ley Aprobatoria de Asistencia Técnica y Financiera ante la Emergencia Humanitaria del sector Eléctrico.
Renovar al CNE
Como lo ha repetido el presidente Guaidó y los diputados opositores a lo largo del año, el objetivo final es lograr elecciones “libres”. Esto pasa por renovar a la directiva del Consejo Nacional Electoral, una prerrogativa de la Asamblea Nacional, según el artículo 296 de la Constitución.
Con el regreso del chavismo al Parlamento y bajo negociaciones, las dos bancadas conformaron una Comisión Preliminar para iniciar este proceso. Aunque la oposición aseguró que es para tener elecciones presidenciales, el chavismo mantiene la postura de que solo corresponden los comicios legislativos el próximo año.
“Venezuela no volverá al sistema financiero mundial si no hay una elección presidencial. Mientras Maduro esté en Miraflores las sanciones van a seguir”, declaró a los medios el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González.
Aunque la Comisión Preliminar se instaló el 13 de noviembre, con la conformación de una subcomisión para hacer el cronograma y así hacer la convocatoria de la sociedad civil, para que se una al Comité de Postulaciones, hasta la fecha no ha avanzado.
Leyes a la espera
Ciertamente durante el año 2019 la función legislativa de la Asamblea Nacional fue dejada a un lado.
Solo se sancionaron tres leyes enfocadas en lograr el objetivo del “cese de la usurpación” con el Estatuto que rige la Transición a la Democracia; la Ley de Amnistía y de Reconocimiento de todas las Garantías de Reinserción Democrática para los Funcionarios Civiles y Militares y la Ley de Garantías para Funcionarios y Trabajadores del Sector Público y Sectores Sociales que participen en el Restablecimiento de la Democracia.
Otras legislaciones como la de Protección al Salario y la Reforma de Ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) fueron diferidas, esta última en al menos dos oportunidades.
Sin embargo algunas Comisiones del Parlamento como la de Energía y Petróleo se mantuvieron activas preparando un compendio de leyes para reactivar el sector petrolero y regular la minería.
Sin embargo algunas Comisiones del Parlamento como la de Energía y Petróleo se mantuvieron activas preparando un compendio de leyes para reactivar el sector petrolero y regular la minería.
Esta Comisión, presidida por Elías Matta (UNT-Zulia), tiene ya en su “archivero” tres proyectos de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos; Ley de Minas y la Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro. Además también trabajó en la elaboración de la Ley Orgánica del Sector Eléctrico.
En esta misma área la Comisión de Energía junto a la Comisión de Administración y Servicios tendrá la labor de estudiar el proyecto de Ley Aprobatoria de Asistencia Técnica y Financiera ante la Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico.
Este proyecto, que busca un préstamo de 350 millones de dólares por parte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para reducir los apagones en los estados más afectados, no tiene el visto bueno de todos los diputados opositores.
Primero Justicia y Voluntad Popular no están convencidos de aprobar la ley, pues explicaron que el crédito sería solicitado y manejado por el régimen de Maduro. Aunque la Ley estaba prevista para su primera discusión a mediados de noviembre, fue diferida y ahora es tarea pendiente para 2020, como también lo sigue siendo el “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.
