Según la Misión, la DAET tiene funciones similares a las FAES y actúa del mismo modo. Además, consideran preocupante que la DAET cuenta en su cadena de mando con oficiales de las FAES y de otros cuerpos de seguridad
Marta Valiñas, jefa de la Misión, señaló que se han producido incidentes llevados a cabo de forma más “selectiva” en contra de determinadas personas de la sociedad civil como “dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”
Patricia Tappatá Valdez, experta de la Misión, resaltó la inhabilitación política de líderes opositores como María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano. Las catalogó como «maniobras contra la disidencia política venezolana»
@Andrea_GP21 – Foto: EFE/Miguel Gutiérrez
El gobierno de Nicolás Maduro busca silenciar la oposición o crítica mediante políticas estatales que han generado la intensificación de ataques al espacio cívico y democrático, según advirtió la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela.
Durante una rueda de prensa, realizada a propósito del cuarto informe que presentaron este 20 de septiembre, el organismo señaló que investigó durante el último año alegaciones de violaciones de derechos humanos reportadas en el país durante enero de 2020 y agosto de 2023.
La Misión concluyó que tenía motivos razonables para creer que se cometieron al menos cinco privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias durante este tiempo.
Además, el organismo internacional también documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres en el mismo periodo.
“Continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos”, aseguró Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
En el comunicado de prensa de la ONU sobre el informe, se destaca que la estructura represiva del Estado venezolano «no se ha desmantelado» y que el Gobierno ha intensificado recientemente sus esfuerzos de reducir el espacio cívico y democrático, «coartando las libertades individuales y colectivas y extendiendo su control sobre la labor de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos».
Ataques selectivos contra sindicalistas
La presidenta de la Misión de la ONU, Marta Valiñas, señaló que el nuevo informe se centra en varios puntos, destacando la represión hacia personas consideradas como opositoras al gobierno, así como en la cadena de mando en la ejecución de violaciones de derechos humanos.
Según explicó Valiñas en su intervención, este nuevo informe demostrará al Consejo de Derechos Humanos que las violaciones de derechos humanos reportados han “evolucionado».
En ese sentido, reveló que unas 20 personas han sido detenidas arbitrariamente desde el año 2020, y son “personas que han expresado opiniones contrarias al gobierno”.
“Concluimos que en Venezuela se han perpetrado crímenes contra la humanidad y ataques sistemáticos contra personas disidentes”, sostuvo Valiñas.
Según Valiñas, esos incidentes se han llevado a cabo de forma más “selectiva” en contra de determinadas personas de la sociedad civil como “dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.
“Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela”, agregó Valiñas.
DAET con funciones similares a las de las FAES
En su informe del año 2020, la Misión de la ONU identificó a las Fuerzas de Acción Especial (FAES) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) como una de las estructuras más involucradas en ejecuciones extrajudiciales.
En ese mismo informe, la Misión documentó la participación de las FAES en detenciones arbitrarias de personas críticas al gobierno de Maduro, algunas de las cuales fueron objeto de actos de tortura y malos tratos por parte de los servicios de inteligencia del Estado.
Posteriormente, en marzo de este 2023, durante su último informe oral, la Misión señaló que había indicios de que, a pesar de su supuesta disolución en 2022, existía una continuidad entre las FAES y la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, que fue creada en julio de 2022.
Según la Misión, la DAET tiene funciones similares a las FAES y actúa del mismo modo. Además, consideran preocupante que la DAET cuenta en su cadena de mando con oficiales de las FAES y de otros cuerpos de seguridad que fueron identificados en el informe de la Misión de 2020 como involucrados en violaciones graves a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad. Al menos 9 de los 14 de la DAET fueron miembros de las FAES.
“La transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos”, señaló Valiñas.
Específicamente, Marta Valiñas, jefa de la Misión, señaló que se identificó que Carlos Alberto Calderón Chirinos, actual director del DAET; y Ronny González Montenisos, actual jefe de investigaciones de la DAET; pertenecieron al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) o las FAES. Estos fueron identificados como individuos “involucrados activamente” en torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos.
“Es imperativo vigilar la actuación de la DAET para que no actúe en contravención con las obligaciones internacionales del Estado venezolano con respecto a la protección y respeto de los derechos humanos”, añadió.
La continuidad entre la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) y su relación con las FAES lleva a la misión a afirmar que existe una «clara continuidad» entre ambas estructuras: «La Misión tiene motivos razonables para creer que el Gobierno mantiene en cargos de la más alta jerarquía dentro de esta dirección policial a funcionarios cuya participación en violaciones de derechos humanos ha sido denunciada en
el pasado reciente y, en algunos casos, corroborada por la Misión».
El informe expresa los motivos razonables» de la Misión para creer que las autoridades venezolanas, «lejos de desmantelar las estructuras involucradas en patrones previos de violaciones de derechos humanos y delitos a través de reformas institucionales genuinas y de la rendición de cuentas,nhan mantenido o incluso ascendido a algunos de los individuos responsables».
Criminalización del periodismo e inhabilitaciones políticas
Patricia Tappatá Valdez, experta de la Misión, refirió que se documentaron casos de persecución contra medios de comunicación, periodistas y defensores de los derechos humanos. En total, se documentaron 51 casos individuales.
«Hemos documentado represión selectiva de dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos, periodistas, instituciones clave de la sociedad civil, líderes políticos y sus familias y los medios de comunicación», señaló Tappatá Valdez.
Además, la experta de la Misión señaló que el gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado métodos para atacar a las ONG y grupos sindicalistas, lo cual “ha creado un ambiente que envía un mensaje hacia aquellos que quieran participar en cualquier actividad considerada como una crítica”.
“La falta de independencia, y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales -como la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral- coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos. La dinámica en su conjunto asfixia y suprime el debate y la vida política”, agregó Tappatá.
Al respecto, Tappatá resaltó la inhabilitación política de líderes opositores como María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano. Las catalogó como «maniobras contra la disidencia política venezolana».
Para Patricia Tappatá Valdez, “la falta de independencia y las acciones judiciales deliberadas, incluyendo el Defensor del Pueblo y el CNE, fomentan la reducción del espacio cívico”.
También, la experta de la Misión de la ONU resaltó un incremento en los ataques contra dirigentes opositores debido a la cercanía de las elecciones presidenciales, previstas para el año 2024.
