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El Mañanero del #21Sep: las ocho noticias que debes conocer

Pese a que se estima que el “Tren de Aragua” opera en la cárcel de Tocorón desde 2007, el Gobierno de Nicolás Maduro esperó hasta este miércoles 20 de septiembre para llevar a cabo un operativo con el objeto de desarticular las bandas criminales instaladas en ese recinto penitenciario, casualmente el mismo día que la Misión Independiente de la ONU iba a presentar su informe sobre derechos humanos en Venezuela.

Misión de la ONU confirma que la estructura represiva del Estado goza de buena salud

Entre gallos y medianoche condenaron a diez presos políticos a penas entre 16 y 30 años

Hermana del preso político John Gasparini: «Su condena a 16 años no acaba con esta lucha»

Familiares de presos políticos exigen desmantelar los centros de tortura en Venezuela

Incursión en Tocorón…¿y el niño Guerrero?

El periodismo sigue siendo fundamental para las investigaciones de la Misión de la ONU

El testimonio de un torturador vale más que el de una víctima

El clamor contra la tortura en Venezuela se escuchó en Nueva York

«Los cuerpos de seguridad reciben cualquier cantidad de recursos para mantener el terror que tienen contra el pueblo. Cualquiera que levante la voz contra la circunstancias que vivimos, por un sueldo digno, por una mejor educación, por una mejor salud, nos responden con cárcel en este país». Karina Molina, miembro del Comité para la Libertad de los Luchadores Sociales, 

Misión de la ONU señala a funcionarios de gobierno de emitir declaraciones para incriminar a opositores
La Misión documentó varios casos de personas opositoras que fueron acusadas y procesadas por difamación o incitación a la intolerancia

 

La Misión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU señaló en su cuarto informe que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que conducen programas de televisión utilizan estos espacios para emitir declaraciones incriminatorias sobre opositores.

El informe se refirió específicamente al programa «Con el Mazo Dando», conducido por Diosdado Cabello, vicepresidente del partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).

«Las declaraciones del vicepresidente del Psuv «amenazan la seguridad de las personas contras las que van dirigidas, ya que en ocasiones han desencadenado procesos penales arbitrarios», señaló el informe publicado este miércoles 20 de septiembre.

El texto agrega que este tipo de programas «crean una imagen negativa en la opinión pública contra los medios de comunicación independientes, las personas defensoras de los derechos humanos y las ONG».

La Misión documentó varios casos de personas opositoras que fueron acusadas y procesadas por difamación o incitación a la intolerancia. A continuación, algunos casos mencionados en el informe

Diosdado Cabello es uno de los funcionarios que regularmente ha acusado a miembros de la sociedad civil de corrupción y robo, según la Misión de la ONU. Por ejemplo, en su programa del 19 de diciembre de 2020, Cabello señaló una lista de ONG de haberse robado dinero de Venezuela y de tener cuentas a nombre de empresas fantasmas para el lavado de dinero.

En el programa del 19 de enero de 2022, señaló nuevamente a varios miembros de la sociedad civil, periodistas y comunicadores, que habían publicado críticas contra el Gobierno e información sobre derechos humanos, mostrando carteles con sus fotos y con la inscripción “Se busca” y “Ladrón”.

El informe de la Misión refiere que el  27 de enero de 2023, el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, atacó al periodista Alexander González y al dueño del Diario de los Andes, Eladio Muchacho Unda, después de que el periódico publicara tres notas informativas sobre el acoso a trabajadores públicos obligados a participar en manifestaciones progubernamentales.

Durante su programa radial “Háblame Gerardo”, emitido por ocho emisoras desde la radio Paisana 92.5 FM, radio oficial de la gobernación de Trujillo, Márquez señaló al periodista y al dueño del periódico de formar parte de un “plan de golpe de Estado”.

El 12 de abril de 2023, el programa Con El Mazo Dando difundió una compilación de videos de supuestos “ataques contra Venezuela”. Esta compilación de videos mostraba a varios líderes políticos de la oposición asociándolos a presuntos actos terroristas, según Cabello.

Las declaraciones denigrantes y difamatorias más comunes entre las documentadas por la ONU son las que tildan a una persona de traidora a la patria simplemente por haber criticado al Gobierno, o las que resaltan supuestos vínculos entre estas personas y algún “enemigo de Venezuela”, como, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos.

En enero de 2021 se emitieron señalamientos contra varias ONG, medios de comunicación y sindicatos, que presuntamente recibieron fondos del Gobierno de Reino Unido para sus actividades legítimas de informar y defender derechos humanos. El portal de noticias de Globovisión, con línea editorial progubernamental, acusó a estas organizaciones de recibir financiamiento del gobierno británico para derrocar al Gobierno del presidente Maduro.

La Misión identificó que las declaraciones injuriosas y las acusaciones infundadas descritas arriba son regularmente hechas por las más altas autoridades del Estado, como el gobernante Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el diputado y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Muchas veces, estas declaraciones se hacen durante eventos oficiales como ruedas de prensa del presidente, actos públicos del Gobierno, y sesiones de la Asamblea Nacional.

En varias ocasiones, las autoridades venezolanas han difamado, hostigado y criminalizado a Provea y sus integrantes por su labor de defensa de los derechos humanos.

declaraciones incriminatorias.  declaraciones incriminatorias

El periodismo sigue siendo fundamental para las investigaciones de la Misión de la ONU
El informe se divide en dos partes: la primera que hace referencia a las vulneraciones del espacio cívico; y la segunda, que habla de las relaciones entre las FAES y la nueva DAET

La Misión de Determinación de Hechos de la ONU presentó su cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el que citó a numerosos registros de medios de comunicación. 

En el documento, el organismo internacional advirtió la intensificación de ataques al espacio cívico y democrático, y dejó constancia de la  preocupación por el hecho de que la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) mantenga en su cadena de mando a funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y otros cuerpos de seguridad involucrados en violaciones graves a los derechos humanos, e incluso, crímenes de lesa humanidad.

 

“Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela”, declaró Marta Valiñas, jefa de la Misión de la ONU.

En el informe, la Misión se basó en numerosas fuentes periodísticas para poder recabar información sobre distintos ámbitos.

Nuestro medio, Runrun.es, así como la plataforma Monitor de Víctimas, fueron mencionados al menos 50 veces  en este nuevo documento en el que la ONU afirma que el Estado venezolano no ha desmantelado su estructura represiva. 

Denuncias y violaciones de DDHH

El cuarto informe de la Misión de la ONU se dividió en dos partes, una para detallar las vulneraciones del espacio cívico, así como los ataques a medios de comunicación, líderes sindicales y defensores de los derechos humanos.

En esta parte del ocumento, aparecen como fuente 17 artículos de Runrun.es, publicados entre 2017 y 2023 entre los cuales se pueden destacar:

  • Denuncias de la ONG Fundaredes de ataques civiles en Apure durante combates en la frontera y el asesinato del comunicador y líder social José Urbina, en Apure, luego de denunciar a un jefe de la GNB por violar los DD. HH.
  • En el año 2017 se publicaron materiales audiovisuales para explicar cómo se produjo la muerte del joven Neomar Lander, asesinado en las protestas del 2017. Este artículo también aparece en el informe.
  • El informe de la Misión también refirió varios casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos, entre las cuales figuran la medida de arresto domiciliario al abogado Juan Planchart, excarcelación del defensor de DD. HH., Orlando Moreno, alertas sobre la presencia del Sebin en la sede del Colegio de Enfermeros de Carabobo, las acusaciones hechas contra el sindicalista Gabriel Blanco y la detención de Zikiu Rivas, líder comunitaria de Anzoátegui.

Además, se mencionaron los trabajos de Runrun.es sobre el caso del preso político Franklin Caldera Martínez y las denuncias de su padre, Franklin Caldera Cordero, de hostigamiento y hasta secuestro.

Democracia, corrupción y elecciones

La Misión documentó, con este medio como fuente, varias acciones contra dirigentes políticos de oposición. Una de ellas,  la inhabilitación de Henrique Capriles, la de Freddy Superlano y todo lo ocurrido con este último durante las elecciones regionales en Barinas, donde el dirigente Sergio Garrido tuvo que ser candidato a la repetición de los comicios tras la inhabilitación de Superlano y su esposa.

También, figura una denuncia de Freddy Superlano que data del 27 de julio del 2023, donde indicó que fue despojado de su pasaporte.

La Misión también citó a Runrun.es en unas recomendaciones que recibió el Consejo Nacional Electoral (CNE), el pasado 25 de abril de 2023, por parte del panel de expertos de Naciones Unidas, tras el acompañamiento que el grupo hizo durante los comicios regionales y locales celebrados el pasado 21 de noviembre.

El informe también referenció varios artículos de nuestro medio de comunicación relacionados con procesos electorales, como comunicados de la Comisión Nacional de Primaria sobre el proceso y resultados de las elecciones regionales del 2021.

Personas relacionadas con la purga madurista también aparecen en el documento. Uno de los involucrados en el juez José Mascimino Márquez, conocido por su implacable accionar en los procesos judiciales en contra de dirigentes políticos de oposición, militares, periodistas y miembros de la sociedad civil. Márquez fue uno de los detenidos por delitos de corrupción y la Misión citó en su informe el perfil que elaboraron periodistas de este medio sobre el funcionario detenido. 

Finalmente, el informe recoge un reportaje de Runrun.es sobre los diversos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que han sido sancionados por la comunidad internacional.

Modus operandi de las FAES

La segunda parte del informe de la Misión de la ONU hace referencia a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y su relación con las antiguas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Cuatro artículos de Runrun.es fueron mencionados en esta parte del texto y están relacionados con cuerpos de seguridad como las FAES, el Cicpc, Sebin y los grupos irregulares conocidos como colectivos.

Uno de los artículos, que se publicó en febrero del 2016, relata cómo miembros de los colectivos del gobierno, que aparecen disparando, y algunos funcionarios del Sebin que los acompañaban, quedaron libres de procesos judiciales inexplicablemente por el caso del 12 de febrero del 2014.

Dentro del informe hay varias fichas de la cadena de mando de las FAES, quienes posteriormente pasaron a integrar la DAET. Esta parte comienza con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cartera de la cual dependen los cuerpos de seguridad. En el caso de ambos, se hace mención a trabajos informativos y explicativos de Runrun.es sobre ambos funcionarios. 

Entre los funcionarios mencionados se encuentra también José Miguel Domínguez Ramírez, quien fue jefe de las FAES y está sancionado por los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, entre otros países, «por impedir el ingreso de la entrada de ayuda humanitaria a la frontera venezolana en febrero 2019 y por su implicación en graves violaciones de derechos humanos». «Miguelito» fue nombrado como director de la DAET, por lo que  estuvo por tanto al mando de esta Dirección cuando se desarrollaron las Operaciones Trueno III a VII.

A propósito de las Operaciones Trueno, el informe de la Misión de la ONU documentó cómo fue el accionar de la DAET frente a estos operativos, que tenían el objetivo específico de desarticular organizaciones criminales.

Según varias personas presentes en las detenciones y allanamientos practicados en las primeras Operaciones Trueno, los agentes de seguridad que intervinieron se identificaron como efectivos de las FAES.

Sobre este tema, la Misión de la ONU citó a tres reportajes de la plataforma Monitor de Víctimas, que recolecta datos sobre los homicidios que ocurren en Caracas y otras ciudades del país.

Incursión en Tocorón: ¿Y el Niño Guerrero? 
Después del operativo de desalojo y supuesta clausura de la cárcel aragüeña, organismos oficiales no informaron sobre el paradero del líder de la megabanda del “Tren de Aragua”, señalada de operar dentro del recinto   
Analistas consideran que acabar con esta organización criminal es cuesta arriba porque tiene ramificaciones en otros sectores del país y en al menos cinco países de Latinoamérica  

 

Foto: @MIJPVzla

 

Pese a que se estima que el “Tren de Aragua” opera en la cárcel de Tocorón desde 2007, el Gobierno de Nicolás Maduro esperó hasta este miércoles 20 de septiembre para llevar a cabo un operativo con el objeto de desarticular las bandas criminales instaladas en ese recinto penitenciario, casualmente el mismo día que la Misión Independiente de la ONU iba a presentar su informe sobre derechos humanos en Venezuela.

A tempranas horas de la mañana, la administración madurista informó sobre la incursión de 11 mil funcionarios, entre policías y militares, para “restituir y dignificar el sistema penitenciario nacional”.

Siete horas después del despliegue denominado “Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro”, donde se apreciaban incendios, cierres de accesos y caos vehicular, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez manifestó a través de otro comunicado que la incursión fue “todo un éxito” y que Tocorón pasará un proceso de “reestructuración y será desalojado por completo”.

En el comunicado nada se dijo sobre la supuesta muerte del mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y jefe Operacional del Distrito Capital, Víctor Di Mattia ni del paradero de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como el cabecilla del “Tren de Aragua”. 

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, tampoco informó dónde va a ser reubicada la población penal de Tocorón y que harán con las mujeres y niños que allí se encontraban.

“El Gobierno Bolivariano garantiza los derechos humanos de los privados de libertad, a través de la atención de un equipo multidisciplinario conformado por las instituciones del Estado y consolida la paz de las familias venezolanas”, se lee en un mensaje en la red social X del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Con un espacio físico concebido para 750 reclusos y construido en 1982, el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, albergaba entre 3.000 y 5.000 reclusos, de acuerdo con el libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, escrito por la periodista Ronna Rísquez. 

Era uno de los ocho penales controlados por pranes, según una investigación de Connectas y Runrunes.

Un reportaje de RR también develó que en Tocorón funcionaba la famosa discoteca “Tokio”, contaba con un banco, una piscina, un centro hípico, un gimnasio, centros deportivos, un zoológico y restaurantes. Además era el centro de operaciones de múltiples extorsiones a través de líneas telefónicas, se planeaban robos de automóviles y secuestros.

«Detectamos unos tùneles»

En declaraciones al canal estatal VTV Remigio Ceballos, ministro de Interior y Justicia, aseguró que el gobierno impidió una «fuga masiva» en la cárcel ubicada en Aragua gracias al operativo policial y militar practicado. 

«Detectamos unos túneles. Hemos impedido una fuga masiva y hemos controlado todos los privados de libertad y también hemos capturado a algunas personas con armamento», precisó, al tiempo que afirmaba que el centro de reclusión quedó «totalmente liberado».

Ceballos Ichaso también se refirió a que en las primeras requisas descubrieron «una gran cantidad de espacios inadecuados» en el penal.

«Hemos puesto fin a estas irregularidades que se encuentran en este espacio» en el que «reinaba el delito», reiteró, sin ofrecer más detalles sobre el tipo de actividades ilícitas descubiertas.

¿Dónde está el Niño?

El abogado penalista y experto en seguridad Luis Izquiel sentenció que el Estado debe dar cuenta del “Niño Guerrero” para salirle al paso a las especulaciones.

No se menciona nada de él ni de otros cabecillas del Tren de Aragua que operaban desde esa cárcel. El éxito o no del operativo de este miércoles tendrá que ver con la neutralización o no de las operaciones de este sujeto y sus secuaces. Si no se dice nada, entonces podrá entenderse que van a seguir operando desde otro lado”, manifestó Izquiel.

Izquiel indicó que la opinión pública está a la espera de saber cuál es el destino de los integrantes del “Tren de Aragua”.

“De lo contrario sólo habría ocurrido un traslado desde Tocorón hacia otro recinto penitenciario. De un edificio para otro, más nada”, agregó. 

Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, sostuvo que es perentorio ofrecer más detalles de este operativo

“Creo que deberían presentarlos para desmentir esa información de que se fugaron por un túnel que tenían, hasta que no los veamos va a quedar esa incertidumbre”.

El Tren sigue por el carril

Según Izquiel, es difícil que el “Tren de Aragua” cese sus operaciones solo con este procedimiento.

“Más allá de lo que haya ocurrido dentro de Tocorón, se sabe que el Tren de Aragua opera en otros sectores del estado Aragua, como el barrio San Vicente, que es su feudo criminal, en otras regiones del país y en al menos cinco países de Latinoamérica. Así que se está muy lejos de acabarse con el Tren de Aragua”. 

Nieto Palma aseveró que con este operativo el Gobierno está reconociendo la existencia de bandas criminales dentro de las cárceles. 

“Y lo negligente que ha sido en solucionarlo, especialmente en este recinto. Estamos a la espera de más información aunque extraoficialmente sabemos de muertos y heridos”.

El coordinador de Una Ventana a la Libertad manifestó que detenidos y familiares deben ser informados cuanto antes sobre un eventual proceso de reubicación. 

“No sabemos si van a trasladar ese caos para otro lado, vamos a ver si esto es un show. De acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, el Estado debe garantizar los derechos humanos de los privados de libertad”, sumó.

En Tocorón, el riesgo es que te quieras quedar

El testimonio de un torturador vale más que el de una víctima
La Misión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU denunció que la impunidad por actos de tortura en Venezuela » es una constante»
En su más reciente informe, la Misión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU menciona que dos funcionarios señalados como torturadores fueron presentados por la Fiscalía como testigos contra las víctimas 
Los actos de tortura, según la Misión de ONU, se usan en Venezuela para «castigar» a la disidencia y «obligar a los detenidos a firmar declaraciones falsas, o para extraerles confesiones fabricadas o informaciones inculpatorias»
Una víctima torturada en El Helicoide comentó a la Misión de la ONU que la fiscal asignada a su caso desestimó sus denuncias de tortura: «‘Tú no fuiste torturado’  ‘aquí no usamos la palabra tortura'», le decían

 

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela concluyó que en el país la impunidad por los actos de tortura y malos tratos sufridos por las personas privadas de libertad por motivos políticos «es una constante» y que incluso algunos funcionarios señalados como torturadores son usados como testigos de la Fiscalía.

Estas conclusiones figuran en el informe «El aparato estatal, sus mecanismos de represión y las restricciones al espacio cívico y democrático» presentado este 20 de septiembre de 2023, en donde el grupo independiente de la ONU denuncia la «falta de respuesta de las autoridades venezolanas ante las denuncias o indicios fundados de tortura».

«Los testimonios coinciden en que ni el Ministerio Público, ni los jueces, ni la Defensoría del Pueblo han actuado diligentemente para esclarecer esas violaciones. Una de las víctimas entrevistadas por la Misión, que fue torturada en 2019 en El Helicoide, fue llamada a declarar a este respecto por la Fiscalía 83 del área metropolitana de Caracas con competencia de derechos fundamentales recién en mayo de 2022. La fiscal asignada al caso desestimó las denuncias de tortura y le dijo a la víctima, en distintos momentos, ‘tú no fuiste torturado’ y ‘aquí no usamos la palabra tortura‘», expresa textualmente el informe de la Misión.

En las investigaciones entre el período 2020-2023, destacan, los funcionarios del Estado venezolano continuaron haciendo uso de la tortura «como parte de la política estatal para silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno, particularmente en el marco de la represión selectiva contra líderes sociales y políticos, así como contra militares presuntamente implicados en presuntas operaciones para derrocar o desestabilizar al Gobierno».

Jueces ignoran las denuncias

La Misión hace énfasis en la falta de respuesta de jueces y juezas a las denuncias de tortura. Además denuncian que, en al menos dos casos, además, la Fiscalía presentó como testigos a los mismos torturadores.

«Una fuente entrevistada por la Misión explicó que, cuando las personas detenidas que han sido víctimas de tortura son presentadas por primera vez ante un juez, suelen abstenerse de denunciar los abusos, debido a que quienes las conducen a las audiencias son los mismos funcionarios que las torturaron. En al menos dos casos documentados por la Misión, los testigos presentados por la Fiscalía fueron los mismos responsables de las torturas. Por otra parte, cuando concluyen las audiencias, las personas detenidas son conducidas de vuelta al centro de detención donde sufrieron las torturas, lo que también suele inhibir las denuncias», explican. 

Otra irregularidad que encontraron es que los jueces y juezas se niegan a entregar, a los abogados de las víctimas o familiares,  las actas de audiencia preliminar o la sustanciación del juicio oral en las que los procesados denuncian las torturas, esto con el fin de «evitar que las declaraciones salgan a la luz pública, particularmente en los casos ante los tribunales de terrorismo2.

«Estos hechos son consistentes con el uso de la tortura por parte de las autoridades estatales para generar y perpetuar un clima de miedo en la sociedad civil venezolana o mostrando las posibles consecuencias de disentir. Algunas personas entrevistadas por la Misión comentaron que incluso un pequeño número de casos simbólicos sirven para aterrorizar a toda la sociedad, como en las salas de tortura de El Helicoide y la “Casa de los Sueños” en Boleíta, cuya existencia es ampliamente conocida», advierte la Misión.

28 de casos de tortura o malos tratos

En el texto especificaron que para el periodo que comprende el más reciente informe, investigaron los casos de  28 personas (22 hombres y 6 mujeres incluyendo una mujer transgénero) víctimas de tortura o de malos tratos contra personas opositoras o percibidas como tales.

Al igual que como documentaron en informes anteriores, estas torturas y malos tratos se produjeron «en combinación con otras violaciones de derechos humanos».

Las víctimas de tortura según el informe son personas opositoras al gobierno, «reales o percibidas», incluyendo personas defensoras de los derechos humanos y activistas de ONG, políticos, sindicalistas, periodistas, familiares de personas opositoras, entre otros. 

«Asimismo, las torturas y malos tratos se cometieron en contra de oficiales militares y civiles en el marco de operaciones de contrainsurgencia. En todos los casos, las personas estaban bajo el control de los funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado, o recluidos en centros de detención oficiales o clandestinos operados por ellos», abunda el documento.

 

Formas de tortura en Venezuela

La Misión documentó, en el período estudiado, las siguientes prácticas de tortura y  otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes:

  • Golpes (sobre todo en la cabeza, costillas, glúteos, testículos, piernas, y dedos de las manos y pies)
  • Suspensión de las muñecas o tobillos
  • Asfixia con bolsas en la cabeza, a veces rociadas con insecticida
  • Ingestión de bebidas con estupefacientes
  • Exposición toda una noche al aire acondicionado a baja temperatura con el cuerpo desnudo recibiendo constantemente golpes y baños de agua fría
  • Descargas eléctricas en los testículos
  • Quemaduras de cigarrillo
  • Quemaduras químicas en la cara
  • Inhalación de gases lacrimógenos
  • Privación del sueño, luz constante las 24 horas del día y música a todo volumen
  • Reclusión en régimen de aislamiento prolongado o en celdas de castigo
  • Violación, amenaza de violación, y otros actos contra la integridad sexual

Estos patrones, indican, son coherentes con los documentados en informes anteriores y fueron infligidos «por funcionarios del Sebin, de la DGIM y de otros cuerpos de seguridad».

Además de las torturas físicas, los privados de libertad por razones políticas en Venezuela  son víctimas de «tortura psicológica», tales como «amenazas a las personas detenidas con hacer daño a sus familias o la imposición de peores condiciones de detención (por ejemplo, amenazas de traslado a centros de detención con presos comunes, amenazas de largos periodos de detención, o amenazas de tortura o violación)».

Torturas para forzar declaraciones falsas y confesiones fabricadas

El propósito de las torturas por cuerpos de seguridad en Venezuela, según denuncia la misión independiente de la ONU, es «castigar a las personas detenidas por sus actividades sindicales o de defensa de los derechos humanos, por denunciar actos de corrupción, por su militancia política de oposición, o por ser sindicados de cometer actos delictivos contra el gobierno o sus autoridades»

Reseñan que a varias de las víctimas se les mencionaron expresamente estas razones en el momento de sufrir los castigos.

Peo también, los actos de tortura y malos tratos en el país se aplican «con el fin de obligar a las personas detenidas a firmar declaraciones falsas y extraerles confesiones fabricadas o informaciones inculpatorias respecto de otras personas. Para ilustrar lo anterior, señalan casos concretos:

«En un caso, se obligó a un detenido a ingerir estupefacientes antes de extraerle una supuesta confesión.  En varias oportunidades las confesiones fueron grabadas por los agentes de seguridad y difundidas posteriormente en medios y redes sociales con el fin de demostrar la culpabilidad de las personas detenidas», se argumenta. 

 

Misión de la ONU confirma que la estructura represiva del Estado goza de buena salud
Según la Misión, la DAET tiene funciones similares a las FAES y actúa del mismo modo. Además, consideran preocupante que la DAET cuenta en su cadena de mando con oficiales de las FAES y de otros cuerpos de seguridad
Marta Valiñas, jefa de la Misión, señaló que se han producido incidentes llevados a cabo de forma más “selectiva” en contra de determinadas personas de la sociedad civil como “dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”
Patricia Tappatá Valdez, experta de la Misión, resaltó la inhabilitación política de líderes opositores como María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano. Las catalogó como «maniobras contra la disidencia política venezolana»

 

@Andrea_GP21 – Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

El gobierno de Nicolás Maduro busca silenciar la oposición o crítica mediante políticas estatales que han generado la intensificación de ataques al espacio cívico y democrático, según advirtió la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela.

Durante una rueda de prensa, realizada a propósito del cuarto informe que presentaron este 20 de septiembre, el organismo señaló que investigó durante el último año alegaciones de violaciones de derechos humanos reportadas en el país durante enero de 2020 y agosto de 2023.

La Misión concluyó que tenía motivos razonables para creer que se cometieron al menos cinco privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias  durante este tiempo.

 

Además, el organismo internacional también documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres en el mismo periodo.

“Continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos”, aseguró Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

En el comunicado de prensa de la ONU sobre el informe, se destaca que la estructura represiva del Estado venezolano «no se ha desmantelado» y que el Gobierno ha intensificado recientemente sus esfuerzos de reducir el espacio cívico y democrático, «coartando las libertades individuales y colectivas y extendiendo su control sobre la labor de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos».

Ataques selectivos contra sindicalistas

La presidenta de la Misión de la ONU, Marta Valiñas, señaló que el nuevo informe se centra en varios puntos, destacando la represión hacia personas consideradas como opositoras al gobierno, así como en la cadena de mando en la ejecución de violaciones de derechos humanos.

Según explicó Valiñas en su intervención, este nuevo informe demostrará al Consejo de Derechos Humanos que las violaciones de derechos humanos reportados han “evolucionado».

 

En ese sentido, reveló que unas 20 personas han sido detenidas arbitrariamente desde el año 2020, y son “personas que han expresado opiniones contrarias al gobierno”.

“Concluimos que en Venezuela se han perpetrado crímenes contra la humanidad y ataques sistemáticos contra personas disidentes”, sostuvo Valiñas.

Según Valiñas, esos incidentes se han llevado a cabo de forma más “selectiva” en contra de determinadas personas de la sociedad civil como “dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.

“Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela”, agregó Valiñas.

DAET con funciones similares a las de las FAES

En su informe del año 2020, la Misión de la ONU identificó a las Fuerzas de Acción Especial (FAES) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) como una de las estructuras más involucradas en ejecuciones extrajudiciales.

En ese mismo informe, la Misión documentó la participación de las FAES en detenciones arbitrarias de personas críticas al gobierno de Maduro, algunas de las cuales fueron objeto de actos de tortura y malos tratos por parte de los servicios de inteligencia del Estado.

Posteriormente, en marzo de este 2023, durante su último informe oral, la Misión señaló que había indicios de que, a pesar de su supuesta disolución en 2022, existía una continuidad entre las FAES y la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, que fue creada en julio de 2022.

Según la Misión, la DAET tiene funciones similares a las FAES y actúa del mismo modo. Además, consideran preocupante que la DAET cuenta en su cadena de mando con oficiales de las FAES y de otros cuerpos de seguridad que fueron identificados en el informe de la Misión de 2020 como involucrados en violaciones graves a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad. Al menos 9 de los 14 de la DAET fueron miembros de las FAES.

 

“La transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos”, señaló Valiñas.

Específicamente, Marta Valiñas, jefa de la Misión, señaló que se identificó que Carlos Alberto Calderón Chirinos, actual director del DAET; y Ronny González Montenisos, actual jefe de investigaciones de la DAET; pertenecieron al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) o las FAES. Estos fueron identificados como individuos “involucrados activamente” en torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos.

“Es imperativo vigilar la actuación de la DAET para que no actúe en contravención con las obligaciones internacionales del Estado venezolano con respecto a la protección y respeto de los derechos humanos”, añadió.

La continuidad entre la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) y su relación con las FAES lleva a la misión a afirmar que existe una «clara continuidad» entre ambas estructuras: «La Misión tiene motivos razonables para creer que el Gobierno mantiene en cargos de la más alta jerarquía dentro de esta dirección policial a funcionarios cuya participación en violaciones de derechos humanos ha sido denunciada en
el pasado reciente y, en algunos casos, corroborada por la Misión». 

El informe expresa los motivos razonables» de la Misión para creer que las autoridades venezolanas, «lejos de desmantelar las estructuras involucradas en patrones previos de violaciones de derechos humanos y delitos a través de reformas institucionales genuinas y de la rendición de cuentas,nhan mantenido o incluso ascendido a algunos de los individuos responsables».

Criminalización del periodismo e inhabilitaciones políticas

Patricia Tappatá Valdez, experta de la Misión, refirió que se documentaron casos de persecución contra medios de comunicación, periodistas y defensores de los derechos humanos. En total, se documentaron 51 casos individuales.

«Hemos documentado represión selectiva de dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos, periodistas, instituciones clave de la sociedad civil, líderes políticos y sus familias y los medios de comunicación», señaló Tappatá Valdez.

Además, la experta de la Misión señaló que el gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado métodos para atacar a las ONG y grupos sindicalistas, lo cual “ha creado un ambiente que envía un mensaje hacia aquellos que quieran participar en cualquier actividad considerada como una crítica”.

“La falta de independencia, y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales -como la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral- coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos. La dinámica en su conjunto asfixia y suprime el debate y la vida política”, agregó Tappatá.

 

Al respecto, Tappatá resaltó la inhabilitación política de líderes opositores como María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano. Las catalogó como «maniobras contra la disidencia política venezolana».

Para Patricia Tappatá Valdez, “la falta de independencia y las acciones judiciales deliberadas, incluyendo el Defensor del Pueblo y el CNE, fomentan la reducción del espacio cívico”.

También, la experta de la Misión de la ONU resaltó un incremento en los ataques contra dirigentes opositores debido a la cercanía de las elecciones presidenciales, previstas para el año 2024.

Hermana del preso político John Gasparini: Su condena a 16 años no acaba con esta lucha
La hermana de Gasparini detalló que a las 5:00 de la mañana finalizó el juicio que se llevaba en contra del joven de 45 años y agregó que el proceso no se cumplió «ni siquiera en un 70% por falta de pruebas»

 

*Con información de Joshua de Freitas 

 

La mañana de este miércoles, 20 de septiembre, se conoció que el preso político John Gasparini fue condenado a 16 años de prisión por el caso de la «Operación Constitución».

En entrevista exclusiva para Runrun.es, Sugled Gaparini, hermana de John, informó que el Tribunal  2do con competencia en terrorismo, el cual está presidido por la jueza Grendy Duque, fue quien dictó la sentencia, al igual que en el caso de los sindicalistas acusados de conspiración.

La hermana de Gasparini detalló que a las en la madrugada de hoy, entre las 5:00 y las 06:15 de la mañana, finalizó el juicio que se llevaba en contra del joven de 45 años y agregó que el proceso no se cumplió «ni siquiera en un 70% por falta de pruebas».

«Fue un juicio donde no se cumplió el 70% porque la gran mayoría de las audiencias estaban siendo diferidas por falta de pruebas porque los testigos no asistían», dijo Sugled. 

La hermana de John Gasparini añadió que la gran mayoría de los testigos eran los mismos funcionarios que arrestaron y torturaron a los detenidos.

Sugled Gasparini afirmó que no ha podido ver a su hermano luego de la sentencia. Desconoce si va a permanecer en el mismo lugar de reclusión o si lo van a trasladar a otro penal. 

«Espero que no lo trasladen porque, si es en otra cárcel común, sería la angustia de saber adónde lo van a trasladar, habría que comprar todo nuevamente desde cero, adaptarnos al ritmo del penal. Sería otra angustia para los familiares, cómo son las entregas de las comidas y todo lo demás», precisó. 

Sobre la condena impuesta a su hermano, Sugled enfatizó que 16 es un número. «Que no crea el Gobierno ni el Estado Venezolano que condenando a mi hermano a 16 años se acaba esta lucha. Esta lucha está comenzando. Los presos políticos no están solos», dijo. 

Al menos diez presos políticos entre civiles y militares fueron condenados a penas que van entre 16 a 30 años de prisión por el caso.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón indicó que «En 10 horas se concluyó el juicio del denominado caso Operación Constitución; en 10 horas se hizo lo que no se había hecho en más de 4 años, finalmente todos los acusados fueron condenados a penas que van entre los 16 y 30 años de prisión», se lee en un post. 

¿Quién es John Gasparini?

John tiene 45 años, es mecánico automotriz y actualmente está recluido en el centro experimental «Hombres Nuevos» Simón Bolívar, conocido anteriormente como “La Planta”.

Antes de llegar a ese centro de reclusión, John estuvo más de un año en la Dirección Militar de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta. Luego lo trasladaron a la cárcel militar de Ramo Verde, donde permaneció 202 días, hasta que el 17 de octubre de 2021 ingresó a “La Planta”.

La hermana de John relató que a su pariente lo detuvieron el 18 de marzo del 2020 aproximadamente a las 7:00 de la noche “por funcionarios encapuchados, vestidos de negro y sin identificación”, cuando salía del Farmatodo ubicado en La Lagunita, municipio El Hatillo. 

Según la hermana de John, la causa de su detención fue que lo implicaron en un “acto terrorista” por conocer a un asistente del dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, el cual tiene una orden de detención en su contra desde hace años. 

“A mi hermano lo están vinculando con un acto terrorista por el hecho de que conoce al asistente de Julio Borges. Mi hermano conoce al asistente de Julio Borges porque nuestros padres llevan trabajando desde hace más de 30 años en las mismas residencias donde este muchacho creció”, relató Sugled.

John estuvo desaparecido durante 10 días después de ser detenido. Durante ese tiempo lo torturaron y lo mantuvieron esposado con otras tres personas

Actualmente, John Gasparini sufre migrañas que pueden durar hasta cinco días, tiene fractura en una rodilla y costilla, y “perdió varios dientes por los golpes recibidos”, de acuerdo con las denuncias de su hermana. 

Entre gallos y medianoche condenaron a diez presos políticos a penas entre 16 y 30 años de prisión
Entre gallos y medianoche dictaron sentencia con penas que van entre 16 y 30 años de prisión contra diez presos políticos civiles y militares del denominado caso «Operación Constitución».
Los coroneles Oswaldo García Palomo, José Rommel Acevedo y Jhonny Mejías Laya fueron sentenciados a pena máxima
Defensores de derechos humanos consideran que esta «sentencia exprés» contra los implicados en el caso es una respuesta a sus protestas por la presencia de sus torturadores, que fueron usados como testigos de la Fiscalía

 

Organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos denunciaron que al menos  diez presos políticos civiles y militares fueron condenados con penas que van entre los 16 y 30 años de prisión por el caso «Operación Constitución».

Los coroneles Oswaldo García Palomo y José Rommel Acevedo Montañez  y Antonio Iabichela recibieron sentencia de 30 años de prisión por delitos de traición a la patria, conspiración y terrorismo, posesión ilícita de armas de guerra y asociación para delinquir, así como también  el coronel Jhonny Mejías Laya por traición a la patria, revelación de secreto de Estado, conspiración y asociación para delinquir.

También dictaron sentencia de 30 años de prisión contra el capitán Miguel Ambrosio Palacios y el primer teniente Alberto Salazar Cabañas por delitos de traición a la patria, conspiración y terrorismo.

Por su parte, los sargentos Jonathan Rangel y Nelson Santiago deberán pagar pena de 24 años y seis meses por revelación de secreto de Estado y asociación para delinquir, mientras que la condena de John Jairo Gasparini y Miguel Albornoz fue de 16 años por conspiración y asociación para delinquir. 

«No olvidemos que en las audiencias pasadas, los detenidos protestaron por la presencia de sus torturadores, usados como testigos de la Fiscalía, y el coronel García Palomo se negaba a asistir a las Audiencias por esta situación, siendo castigado en aislamiento en solitario y torturado en el #DGCIM. Una vez más, la dictadura condena a presos políticos entre gallos y medianoche», denunció la defensora de derechos humanos, Tamara Sujú.

 

Stefania Migliorini, coordinadora jurídica de Caracas del Foro Penal, explicó que en la audiencia de continuación de juicio se desestimaron los testimonios de aproximadamente 10 funcionarios y 31 testigos y se incorporaron más de 50 documentales.

Desde la ONG Justicia y Proceso Venezuela se denunció que la juez Grendy Duque y los fiscales Farik Mora, Carlos Dueñas y Jhonatan Rangel, «prescindiendo de más de la mitad de las pruebas, decidieron ir a conclusiones y a sentencia».

Informaron además que al coronel García Palomo lo llamaron a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para que estuviera vía telefónica en el juicio sin abogados «violando sus derechos, a lo que se negó».

El abogado Alonso Medina Roa opinó que esta sentencia «exprés» fue orquestada para «cumplir un mandato».

«En días pasados, este grupo de detenidos había hecho una manifestación en el tribunal exigiendo sus derechos. La consecuencia del reclamo es que se evacuara 70% de las pruebas en una sola noche», expresó. 

Informes de la ONU recogen violaciones a sus DDHH

Las sentencias contra estos diez presos políticos fueron dadas a conocer el mismo día que la Misión Independiente de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas presentó un nuevo informe sobre Venezuela.

En este nuevo documento dejaron constancia de al menos nueve muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionadas con prácticas represivas, catorce desapariciones forzadas, 58 detenciones arbitrarias, 28 casos de tortura y 19 de violencia sexual y de género entre 2020 y 2023. 

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón lamentó la sentencia e insistió en que la ONU ha recogido las violaciones a los derechos humanos de estos ciudadanos hoy sentenciados en un juicio plagado de irregularidades.

«En 10 horas se hizo lo que no se había hecho en más de cuatro años, finalmente todos los acusados fueron condenados a penas que van entre los 16 y 30 años de prisión. La violaciones contra los derechos humanos de estas personas han sido precisamente mencionadas en el informe publicado hoy por la #FFM, en el que documentan las detenciones arbitrarias y torturas, al punto de considerarlas crímenes de lesa humanidad», destacaron.

¿Por qué llaman al caso «Operación Constitución»?

«Operación Constitución» fue el nombre que se le dio a la  presunta trama que denunció el gobierno de Nicolás Maduro y  que supuestamente involucraba a capitanes, coroneles y generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Supuestamente, la misión de estos militares y civiles era capturar al gobernante para impedir los comicios presidenciales de 2018 y llevarlo a juicio.