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Cedice denuncia una política sistemática de destrucción hacia la propiedad privada en Venezuela
Es imperativo una sociedad donde prive el respeto a la propiedad privada, la libertad económica y la libre iniciativa

El Observatorio de Propiedad de Cedice Libertad ha denunciado que a partir del año 2005 en Venezuela se ha empleado una política sistemática de destrucción de la propiedad privada.

“Se trata de una política porque se pueden ver claramente actuaciones y omisiones por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial“, aseveran.

Andrea Rondón García, advierte en su trabajo titulado ‘La recuperación de activos expoliados como resultado de la supresión sistemática de la propiedad’, que las llamadas privatizaciones, que han tenido lugar durante 2020 y 2021, de empresas que fueron expoliadas a privados por el chavismo, no son tales. “Es enfática al asegurar que estos movimientos muestran una nueva etapa en la política gubernamental contra la propiedad, que como se ha visto en las etapas previas, desde el poder, se trata de revestir de legalidad“.

Explica que el instrumento legal, si pudiera calificarse así, para tal fin, es la denominada Ley Antibloqueo, que es empleada para darle sustento a esas mal llamadas privatizaciones.

La autora explica que las privatizaciones tienen que ocurrir, pero en un marco institucional en el que prive el respeto a la propiedad privada, la libertad económica y la libre iniciativa.

En ese sentido, Rondón García insiste en revisar las distintas propuestas de recuperación de activos preparadas por Cedice Libertad a lo largo de los años y revisar el régimen de privatizaciones actual.

DDHH olvidados | 46 días de detención por pensar distinto

Karen Palacios estaba en casa de su abuela en Los Teques cuando efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) vestidos de civil la fueron a buscar. Era 1 de junio de 2019. Le dijeron a la clarinetista del Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles que eran profesores de música y que estaban interesados en su contrato filarmónico. 

A su madre Judith Pérez le pareció rara la situación, tenía sus dudas. Pero los hombres insistieron en que habían ido desde las oficinas del Palacio de Miraflores con la finalidad de hacerle una entrevista. Ya en el vehículo, vieron armas y chalecos. Uno de ellos les dijo que no había de que preocuparse, que serían devueltas a casa después de la entrevista. Al llegar a Caracas, no se dirigieron hasta el centro de la ciudad, sino que fueron llevadas a la DGCIM Boleíta. 

Los funcionarios llevaron a Karen adentro, mientras su madre esperaba afuera con la promesa de que solo interrogarían a su hija y volverían pronto. Eran aproximadamente la 1:00 p.m. Cinco horas después, le dieron un teléfono con la voz de su hija al otro lado para decirle que iba a ser retenida hasta su audiencia de presentación ante el tribunal el lunes siguiente. Sin orden judicial y de forma arbitraria. 

Días antes, el 26 de mayo de 2019, Karen Palacios había publicado comentarios en su cuenta personal de Twitter que se hicieron virales. En ellos criticaba a la Orquesta Filarmónica Nacional alegando que su contrato había sido cancelado debido a sus opiniones políticas. “El día de hoy, después de la novena función del Popol Vuh me comunican que mi contrato fue rechazado porque he firmado en contra del régimen”. Ahora me pregunto yo, cuando ellos me llamaron para ofrecerme el contrato ¿por qué no me dijeron que era requisito pensar igual que ellos?”, dijo en esa oportunidad. 

La joven estuvo desempeñando como primer clarinete en la Orquesta Filarmónica Nacional mientras esperaba un contrato de tres meses que el conjunto le había ofrecido para entrar oficialmente a la agrupación.

Tres días después, una cuenta que apoyaba al Gobierno publicó capturas de pantalla de comentarios hechos por Karen. Entre ellos, uno que decía: Porque de verdad espero leer, en una noche de insomnio, que Maduro huyó, que lo mataron, que lo apresaron, o cualquier vaina que me haga feliz”.

El 3 de junio de 2019, la joven de 25 años compareció ante el Quinto Tribunal de Control, acusada de instigación pública a cometer un delito o al odio, y se le concedieron medidas no privativas de libertad. 

El juez emitió una orden de excarcelación y el defensor público presentó al día siguiente los documentos necesarios para la excarcelación la muchacha. Pero cuando su madre fue a la DGCIM, le negaron que hubiera órdenes de excarcelación. En el tribunal, funcionarios judiciales explicaron que la orden no había sido procesada. 

El 18 de junio de 2019, un tribunal emitió oficialmente la orden de excarcelación, pero Karen permaneció en custodia en Boleíta. Su madre no dejó de solicitar su liberación, aunque no recibió respuesta de las autoridades. 

Karen estuvo detenida en una celda sin ventanas en el sótano, con otras nueve mujeres con quienes tenía que compartir una litera de dos camas. Les dejaban encendidas las luces blancas brillantes para que no pudieran dormir. También fue torturada psicológicamente: recibió amenazas de muerte, por esa razón tenía miedo de dormir por las noches. 

Durante el mes y ocho días que estuvo en la DGCIM, la muchacha no pudo recibir visitas de su abogada ni de su familia. Su madre iba todos los días para llevarle agua potable y a veces los funcionarios le permitían entregarle papel higiénico y toallas sanitarias. 

El 8 de julio, Karen Palacios fue trasladada junto a otras siete mujeres al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), a pesar de que sus abogados no tenían conocimiento del cambio. 

Tarek William Saab, fiscal designado por la asamblea constituyente, anunció el martes 16 de julio por televisión que Karen había sido detenida porque “instigó, a través de redes, a que fuese asesinado el Presidente de la República y cualquier otro chavista”. Dijo que la joven había sido puesta en libertad, aunque era falso. 

Horas después, en horas de la noche, llegó al INOF una notificación por correo electrónico ordenando la excarcelación de la clarinetista con medidas no privativas de libertad. 

Estuvo 45 días detenida. Después de su liberación, la audiencia preliminar ha sido diferida numerosas veces. La audiencia había sido prevista para marzo de 2020, pero se aplazó de nuevo por las medidas de prevención por el coronavirus. 

 

DDHH olvidados | “Yo quiero limpiar el nombre de mi hijo”

José Gregorio César había regresado de Cumaná después de obtener su clasificación en las eliminatorias nacionales para representar al país en un campeonato de boxeo. Llegó a su casa en Caracas y de inmediato comenzó a preparar sus maletas para el viaje a República Dominicana. 

“Mi hijo ganó su primer campeonato a los nueve añitos. Formaba parte de la selección de boxeo de Venezuela, representó al país tres veces y acumuló 153 peleas”, cuenta su madre Milagros César. 

Cuando no estaba entrenando, el joven trabajaba como mototaxista. Aunque no le hacía falta porque sus primos le compraban lo que él quisiera y como atleta estuvo becado, hacía carreras en la ciudad para ayudar a su madre y a sus hermanas. 

El 26 de marzo de 2013, un día después de llegar de viajar, se dispuso a ir a entrenar. Aunque su madre y sus hermanas vivían en Las Adjuntas, José Gregorio vivía en El Paraíso junto a su tío y un primo, porque le quedaba muy cerca del estadio Brígido Iriarte. 

Al prender su moto, un hombre llegó a la parada de mototaxi y le pidió que le hiciera una carrera. En principio dijo que no pero después lo pensó mejor y aceptó. Llegaron a la UD2 en Caricuao, cerca del Instituto de Tránsito Terrestre. El pasajero le estaba pagando el servicio cuando José Gregorio fue rodeado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)

Segundos después se encontraba sobre el asfalto con un disparo mortal en el tórax. Eran las once y media de la mañana. Solo tenía 19 años. 

Al dispersarse el grupo de policías, un hombre que atendía un quiosco azul en la calle de enfrente vio al muchacho tendido, se acercó y lo reconoció en el acto: “Es Luna”, dijo, porque así lo conocían en el mundo del boxeo. Quiso levantarlo, pero los funcionarios no se lo permitieron: “Déjalo ahí”. El señor declaró al inicio del proceso que no vio a José Gregorio César armado y además repitió las palabras que el joven le dirigió: “Me estoy muriendo, quítame la moto de encima que me está quemando”. 

Cuando la hermana del boxeador acudió al cuerpo policial en búsqueda de información sobre su “detención”, le informan que resultó muerto en un enfrentamiento con la policía porque lo sorprendieron robándose una moto. 

El señor del quiosco y otros testigos fueron disuadidos porque no volvieron a declarar, afirma Milagros César, madre del joven. “Yo estoy luchando con un fantasma, porque no sé quiénes fueron ni mucho menos por qué. El mismo fiscal que recibió el caso me dijo que él estaba robando. ¿Robando? Robado salió él. Mi hijo tenía encima 800 dólares que se trajo cuando compitió en Ecuador. ¿Dónde están sus dólares? ¿Dónde está su tarjeta de débito, su teléfono, su cadena de oro, su carnet de la Selección? Después me devolvieron la moto vuelta nada, inservible. Según los testigos a él le dieron un solo disparo, pero cuando me entregaron el cuerpo tenía dos. ¿Cómo lo explican?”.

La mujer cuenta que el fiscal de su caso ha sido cambiado varias veces en la misma Fiscalía 83. “Llegó otra y me aseguró que me iba a ayudar. Yo le creí. Un día fui a hacerle seguimiento al caso y ella me notificó que estaba lista para acusar. A la semana la cambiaron y llegó otro diciendo que no, no hay pruebas, no podemos acusar. Ahí sí me puse a llorar”. 

Después de la ejecución extrajudicial de su hijo, Milagros César no quiso hablar más. No quiso escuchar sobre la necesidad de denunciar ni hacer justicia. Aunque eso solo fue al principio. 

“Tienes que denunciar. Tu hijo era un deportista, no un delincuente. No te encierres, tienes que luchar para hacerle justicia, me dijo Aracelis Sánchez de Orfavideh. Me convenció. Fuimos a la televisión, a los periódicos, pero a mí me costaba mucho hablar. Entonces, me di cuenta: si tú no luchas, olvídate. La justicia no te va a llegar sola. Hay que demostrar que uno no les tiene miedo a esos funcionarios”. 

Milagros quiere que su hijo sea recordado como un campeón. Como lo que era: un buen muchacho. Por eso a donde va porta una carpeta con recortes de prensa sobre el desempeño deportivo de José Gregorio César Luna y ni una sola reseña sobre el día fatídico, ningún titular que lo mencione como asesinado o “presunto delincuente abatido”. No es porque esas noticias no hayan sido publicadas, es que Milagros César se indigna de saber que existen. “No las puedo ni ver porque son una gran mentira”. 

Milagros recuerda lo especial que siempre fue su muchacho, sobre todo con ella. “Era un muchacho normal, alegre, sí iba a sus fiestas, pero en su cumpleaños se tomaría dos tragos y ya. Lo suyo era su deporte y si no estaba entrenando jugaba fútbol. Cuando a mi hija la llamaron para notificarle que José Gregorio estaba detenido en el Cicpc, ella se fue para allá sin decirme. Al llegar, preguntaron si estaba buscando al boxeador. Respondió que sí, y el funcionario le dijo: ʻA ese lo tienes que buscar en la morgueʼ. No hay claridad en nada, lo quieren tapar todo y decir que nuestros hijos son delincuentes. Cuando yo pude revisar mi expediente me di cuenta de que estaba viciado”. 

Lo que Milagros carga consigo son las evidencias de que la vida de su hijo estuvo siempre alejada de los malos pasos que la Policía y las instituciones de Justicia insisten en dar por ciertas para justificar su ejecución. “Los funcionarios y el Estado quedan limpios y la persona queda sucia. Yo quiero limpiar el nombre de mi hijo”. 

La tarea no ha sido sencilla, pero no se rinde. “El que insiste, vence. A veces nos han tirado la puerta en la cara. ʻNo, señora, no queremos saber nada de esoʼ, se excusan. Pero los volvemos a llamar, vamos a sus casas. Nos hemos metido en cerros de pura tierra solo para decirle a las madres que luchen por sus hijos. No importa si eran ladrones o no, todos tienen derecho a la vida, y nadie tiene derecho sobre la vida de nadie. Sean o no sean culpables de algo, son seres humanos”. 

N de R: El testimonio forma parte del informe “Víctima a víctima”, disponible en el portal de Cofavic 

Aumentaron agresiones hacia mujeres en Amazonas en el primer cuatrimestre de 2021
Entre octubre de 2020 y abril de 2021, registró 230 actuaciones en materia de violencia de género

De acuerdo con el monitoreo de medios de comunicación y páginas web de organismos de seguridad en el municipio Atures, el Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas (OVV Amazonas) registró, de enero a abril, 34 casos de violencia interpersonal, entre los que hubo 19 agresiones graves o leves que representan el 55,9% de todos los casos; de ellos, 14 se cualifican como delitos asociados a violencia de género.

En cuanto a la distribución por género, de los 19 hechos registrados como agresión, las mujeres fueron las víctimas en 16 de los casos, equivalentes al 84,2%.

De los reportes registrados por el Observatorio de Prensa (OP) del OVV Amazonas, se conoció el caso de una joven que recibió una golpiza por parte de su pareja. Tras el hecho, y luego de la denuncia de la víctima, una comisión del cuadrante policial más cercano a su residencia, ubicada en la parroquia Fernando Girón Tovar del municipio Atures, logró la captura del agresor.

Otra situación se presentó en la parroquia Luis Alberto Gómez. Luego de una fuerte discusión, un hombre intentó estrangular a su pareja. Familiares realizaron la denuncia ante las autoridades y cuando llegaron al sitio, el ciudadano se rehusó a montarse en la patrulla, hasta que lograron mediar. En otro caso en la misma capital amazonense, un sujeto, al culminar la relación de pareja, intentó sacar a su ex esposa a la fuerza de su casa, ocasionándole daños físicos durante la pelea.

De los resultados preliminares de un proyecto de asistencia humanitaria, adelantado por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, entre octubre de 2020 y abril de 2021, al cual el OVV Amazonas tuvo acceso, se desprende que en ese período hubo 230 actuaciones en materia de violencia de género. El equipo del OVV Amazonas considera que los resultados antes mencionados constituyen un indicador de la magnitud del problema, que reafirma lo registrado en el monitoreo realizado durante el primer cuatrimestre del presente año. Además, avala la hipótesis de que la mayoría de las víctimas no recurre a la denuncia ante las autoridades oficiales, lo que contribuye con la no visibilización del problema.

CTV rechaza detención de Rodney Álvarez
El dirigente gremial Rodney Álvarez fue sentenciado a 15 años de prisión.

La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) denuncia y rechaza la injusta, arbitraria e infame decisión que se ha tomado contra Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera del Orinoco, al ser sentenciado a 15 años de prisión.

El Tribunal 12 de Juicio del Área Metropolitana se convirtió finalmente en el agente ejecutor de una sentencia que desconoce totalmente los hechos reales ocurridos ese 9 de junio de 2011 en una asamblea de trabajadores de Ferrominera. Esta buscaba escoger sus representantes para discutir una nueva contratación colectiva.

Son exactamente diez años en los cuales se han cometido los peores agravios contra Rodney Álvarez, sufriendo incluso atentados contra su vida en los centros donde ha sido recluido. Toda esta tramoya y que jurídica lo que pretende es ocultar prácticas ya cotidianas del sindicalismo oficialista, dirigido por Wills Rangel, como es el uso de “colectivos” paramilitares para amedrentar y someter a la fuerza las justas protestas de los trabajadores.

Pero en el caso de Rodney es mucho más grave, pues todos los testigos presenciales señalan a Héctor Maicán, pistolero del PSUV y amigo del exgobernador Rangel Gómez, como el presunto autor de los disparos que segaron la vida de Renny Rojas e hirieron a Luis Quilarque. Maicán fue inmediatamente detenido por la GN y acusado por la fiscalía de “asesinato por motivos fútiles”. Aunque a los pocos días fue liberado y comenzó a construirse el expediente amañado contra Rodney, como una retaliación contra el movimiento obrero de Ferrominera que, luego de estar apoyando “el proceso”, se deslindó de esa estafa obrerista para defender a cabalidad los intereses de los trabajadores, con el dirigente sindical Rubén González a la cabeza, quien también debió pagar con varios años de cárcel tamaña osadía y aún se encuentra en régimen de presentación.

El sistema judicial venezolano muestra una vez más su verdadera cara, mejor dicho, su desfachatez: un instrumento servil y parcializado para defender las tropelías de un régimen cada vez más señalado como violador de los derechos humanos, y en particular de los derechos laborales.

En los recientes informes tanto de la Comisión de Encuesta de la OIT como de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se señalan esas arbitrariedades y violaciones y se exige la pronta liberación del compañero Rodney Álvarez. Y con su cara bien lavada el gobernante Nicolás Maduro tiene las ínfulas de convocar a un diálogo… ¡Vaya descaro y desvergüenza!

Frente a esta nueva agresión contra los trabajadores, en la persona del compañero Rodney Álvarez, todo el movimiento sindical debe unirse para rechazar tamaña felonía. Debemos exigir su inmediata libertad y el cese de las persecuciones contra la dirigencia sindical y contra los trabajadores que hacen valer en nuestra tierra los derechos y reivindicaciones que tanto esfuerzo ha costado a generaciones de luchadores sociales y defensores de una verdadera democracia.

Nuestra lucha debe estar apegada a la defensa de una nación que pugna por romper las cadenas de la tiranía que constantemente violenta no solo los derechos civiles y políticos —al punto que pone en duda la existencia de Venezuela como república soberana e independiente—, sino también los derechos sociales y económicos de un pueblo que sobrevive en los más infames niveles de desatención y de pérdida de las mínimas condiciones de una supervivencia digna y humana.

Megaelecciones 2021, ¿una copia de las parlamentarias de diciembre de 2020?
Existen al menos tres irregularidades que configuran un notable retroceso del ejercicio de los derechos al sufragio y a la participación política de cara a los venideros comicios

«Al que nace barrigón, ni que lo fajen chiquito». Este refrán popular retrata al nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por la Asamblea Nacional (AN) dominada por el chavismo. Pese a las promesas de que buscaría hacer creíbles y confiables las próximas megaelecciones regionales y municipales, pautadas para el 21 de noviembre, sus primeras acciones van, a criterio de Acceso a la Justicia, en la dirección opuesta y se antojan más bien en una copia de las decisiones que viciaron las elecciones parlamentarias de diciembre pasado.

Las Normas especiales referidas al sistema electoral para las elecciones de legisladoras o legisladores a los consejos legislativos de los estados y concejalas o concejales de los concejos municipales 2021, al estar basadas en la cuestionable sentencia n.° 68 del 5 de junio de 2020 de la Sala Constitucional del TribunalSupremo de Justicia (TSJ), violan lo establecido en la Constitución. En dicho fallo la Sala autorizó al árbitro electoral a legislar sobre la manera para elegir a los diputados, algo reservado al Parlamento.

Al adoptar un marco normativo sustentado en la mencionada decisión judicial deviene una situación que compromete la transparencia y confiablidad del proceso convocado y, por ende, atenta contra el cabal ejercicio de los derechos políticos, tal como ocurrió en las parlamentarias de diciembre de 2020.

Al revisar el texto del mencionado instrumento, Acceso a la Justicia advierte de al menos tres irregularidades que configuran un notable retroceso del ejercicio de los derechos al sufragio y a la participación política de cara a los venideros comicios múltiples:

1. Ilegal modificación del método de adjudicación de los escaños

La reserva legal es una garantía que se fundamenta en el principio de la división del poder y en la distribución de funciones. El máximo intérprete de la Constitución dijo en su sentencia n.° 74 del 25 enero de 2006 lo siguiente:

«[Sin] la reserva legal no hay Estado de Derecho, por cuanto ella implica que las normas subconstitucionales referidas a la regulación de los derechos (entre ellos, los derechos electorales), deben provenir de la Asamblea Nacional, esto es, de un órgano que desarrolle la Constitución, en atención a la voluntad del Poder Constituyente. La reserva legal es un principio que garantiza la seguridad jurídica como valor fundante del derecho».

Lo anterior deja en claro que cuando el nuevo CNE se amparó en la sentencia n.° 68 de la Sala Constitucional para modificar la fórmula de distribución de cargos contemplada en los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), a los efectos de la elección pautada el 21 de noviembre de 2021 y establecer que el 60% de los legisladores regionales y ediles se escogerán por el voto lista y el 40% nominalmente (artículos 1, 4 y 5), invadió la función legislativa. Si lo anterior no fuera suficiente, el cambio atenta contra la personalización del sufragio y la representación proporcional, tal como fue denunciado por Acceso a la Justicia de cara a las pasadas legislativas.

Se trata de una usurpación por parte del árbitro comicial hacia las competencias del Poder Legislativo (artículos 156.32 y 187.1 de la Constitución), respaldada por la Sala Constitucional, materializándose al mismo tiempo en una manifiestaviolación de los principios de la supremacía constitucional (artículo 7) y la separación de poderes (artículo 136).

2. Menosprecio a los pueblos indígenas

El nuevo CNE ha seguido la senda trazada por su antecesor y no ha reivindicado los derechos de la comunidad indígena en las próximas elecciones regionales y municipales conjuntas. Al menos ese es el sabor de boca que dejó el denominado Reglamento Especial para regular la elección de la representación indígena en las elecciones de legisladoras o legisladores a consejos legislativos de los estados y concejalas o concejales de los concejos municipales 2021, que aprobó el pasado 26 de mayo. Este es una suerte de reedición del texto normativo que rigió en las parlamentarias celebradas en 2020 para la elección de los representantes de la comunidad indígena.

El instrumento, de veintiún artículos, establece un procedimiento especial para la elección de los representantes indígenas en los órganos legislativos estadales y municipales. Diseña un peculiar y complejo proceso que no garantiza la participación política del pueblo indígena, además que no contiene las notas características del sufragio democrático.

El texto elimina el sufragio directo, al consagrar que los representantes indígenas a los cuerpos colegiados de los estados y municipios serán elegidos por unas asambleas comunitarias que se establecerán por cada población indígena. Esto es una franca infracción del artículo 63 de la Constitución que consagra el principio de elección directa.

El reglamento fomenta la elección indirecta o elección de segundo grado, toda vez que el artículo 12 indica que:

«los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas con cualidad de electores, según sus costumbres y prácticas ancestrales, participarán en las Asambleas Comunitarias para elegir a las voceras y voceros a la Asamblea General en la cual se elegirá a la representación indígena a nivel estadal, municipal por los Pueblos y Comunidades Indígenas».

El método de votación de las voceras y voceros en la Asamblea General será secreto y se efectuará de forma manual mediante boletas y demás instrumentos electorales que elaborará el CNE (artículo 19), sin embargo, el reglamento especial nada indica respecto a las asambleas comunitarias, solo que estarán condicionadas a lo que determine el árbitro electoral en el Manual para la Participación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas que regule el funcionamiento de las Asambleas Comunitarias (artículo 14), un texto que hasta ahora se desconoce.

Esta normativa especial para la representación indígena aprobada el pasado 26 de mayo infringe groseramente el artículo 298 constitucional, cuyo dispositivo impide modificar la legislación electoral al menos seis meses antes de la fecha de la elección, además de ser discriminatoria al tratar a los indígenas de manera diferente al resto de los venezolanos.

Es lamentable que el nuevo CNE incurra en la práctica recurrente de las anteriores directivas de cambiar discrecionalmente las normas electorales en plena marcha de un proceso comicial, contraviniendo el orden constitucional y legal.

3. Aumento de la discrecionalidad del CNE en el ejercicio de sus funciones

La sentencia n.° 68 de la Sala Constitucional, junto a la derogación de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales,  instrumento legislativo que prohibía al órgano comicial realizar elecciones conjuntas, parece haber dado al CNE luz verde para tomar decisiones a su saber y entender.

La esfera de competencias del árbitro electoral actualmente se encuentra desprovista de un marco normativo que delimite su ejercicio. Sin duda, esta situación representa una amenaza de violación para los derechos constitucionales a la participación política y al sufragio, previstos en los artículos 62 y 63 respectivamente, toda vez que pueden verse significativamente afectados.

Cedice Libertad presenta su campus virtual de formación la Plaza de las Ideas,  La Academia
Además de agrupar todas las iniciativas de formación, cursos y diplomados en formato online, la plataforma será el espacio para nuevos programas de capacitación sobre las Ideas de Libertad

Generar una comunidad para la formación desde los principios de la doctrina liberal utilizando las nuevas tecnologías a través de un entorno educativo virtual es el objetivo de la Plaza de las Ideas, La Academia,  iniciativa académica del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad).

La Plaza de las Ideas, La Academia es una plataforma en la cual la organización sistematiza todos sus eventos y actividades formativas para ponerlas a disposición del público en general interesado en conocer más sobre las Ideas de la Libertad, así como los principios y las propuestas planteadas por Cedice Libertad para el logro de una sociedad libre y próspera tomando como pilares la libertad económica, el respeto a los derechos de propiedad y la responsabilidad individual.

El campus virtual creado por Cedice Libertad, basado en Moodle, cuenta con dos grandes áreas o núcleos. Por un lado estarán los Cursos Abiertos y Masivos en Línea (MOOC, por sus siglas en inglés), donde será posible la interacción a través de redes, chats y foros de debate y en el que también se incluirán otro tipo de eventos, tales como conferencias y círculos de lectura abiertos a todo tipo de público.

Por otra parte, habrá acceso a oportunidades de formación especializadas como cursos, seminarios, talleres y diplomados donde habrá una interacción directa con el tutor o docente, que serán debidamente evaluados y certificados.

 

Para Rocío Guijarro, gerente general de Cedice Libertad, la creación de la Plaza de las Ideas es importante pues tiene como norte “profundizar el conocimiento de las ideas y políticas públicas  que hacen a los países más prósperos”.

Añade Guijarro que: “el interés de la institución es llegar a personas interesadas en estas ideas no solo de Venezuela sino también de la región latinoamericana. Este es el beneficio de la virtualidad y las nuevas tecnologías.   A través de este campus virtual se transmitirán los valores de una sociedad libre  fundamentados  en el estado de Derecho, únicos que permiten a los ciudadanos progresar”.

Para ingresar en la plataforma y conocer sus cursos y contenidos, las personas interesadas pueden registrarse gratuitamente pulsando aquí.

Acerca de Cedice Libertad

Cedice Libertad (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, A.C.) es una organización sin fines de lucro que tiene como misión divulgar, formar, generar conocimiento y promover los principios que sustentan la libertad individual, el respeto a los derechos de propiedad, el libre mercado y la cultura liberal, como bases para lograr una sociedad de ciudadanos libres y responsables.

*Nota de Prensa

DDHH olvidados | Linda Loaiza sigue buscando justicia
Linda Loaiza fue secuestrada, torturada y violada por cuatro meses en 2001. Su caso es el primero sobre violencia de género ocurrido en Venezuela en ser juzgado por la CIDH

Valeria Pedicini

Hace 20 años, el 27 de marzo de 2001, Linda Loaiza fue secuestrada y encerrada en un apartamento en Los Palos Grandes, en Caracas. Tenía 18 años y poco tiempo de haber llegado de Mérida a la capital, junto con su hermana, con ganas de estudiar veterinaria. 

Durante cuatro meses, Linda fue sometida a distintos tipos de violencia física, sexual y psicológica. Fue amordazada, esclavizada, torturada y abusada sexualmente por Luis Carrera Almoina, bautizado posteriormente por la prensa de aquel momento como “El monstruo de los Palos Grandes”.

Al día siguiente de su secuestro, Ana Secilia López, hermana de Linda, recibió una llamada en la que le dijeron que “Linda no iba a regresar a la casa”. Al intentar comunicarse nuevamente con ese teléfono, escuchó un mensaje grabado que decía que pertenecía a Almoina. 

Con esa información, quiso denunciar a la policía, pero fue desestimada por las autoridades, que alegaron que eran “problemas de pareja” y había que esperar. Intentó interponer una denuncia al menos en seis oportunidades. Cuando el agresor de su hermana era informado de las denuncias, la violencia aumentaba.

Linda Loaiza estuvo 114 días desaparecida. 

La joven pudo escapar el 19 de julio de 2001, el día en que su captor no la amordazó cuando salió la vivienda. Linda gritó pidiendo auxilio desde la ventana del apartamento hasta que los vecinos la escucharon y llamaron a los efectivos de la Policía de Chacao, quienes la encontraron moribunda. Fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario. Tuvo que permanecer en distintos centros hospitalarios por un período de 15 meses y se tuvo que someter a 15 cirugías para la reconstrucción de partes de su cuerpo por todos las torturas que había sufrido. 

Los informes médicos reseñaron que sufrió, entre otras lesiones: fractura de maxilar, destrozo de labios y orejas, rotura de costillas, desviación ocular, cercenamiento de pezones, desgarre vaginal, quemaduras de cigarros, marcas de mordiscos. Padecía desnutrición y sus muñecas, tobillos y piernas tenían marcas de ataduras. 

Los daños de las graves lesiones que sufrió durante cuatro meses de cautiverio persistieron por mucho tiempo más que ese. 

El Informe de Fondo del caso Linda Loaiza emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de 2016 señala que durante el secuestro, el agresor llevó a Linda Loaiza López a la casa de su padre, Gustavo Carrera Damas, quien estaba al frente de la Universidad Nacional Abierta, quien a pesar de presenciar el abuso sufrido por la víctima, no hizo nada al respecto.

Pero el horror no terminó después de librarse de su agresor. Linda se tuvo que enfrentar a un doble crimen: el de la violencia e impunidad institucional. Desde el principio, el proceso judicial estuvo lleno de irregularidades, omisiones, dilaciones injustificadas e incluso con destrucción de evidencias. Fue revictimizada durante la investigación.

Mientras estuvo hospitalizada, la Fiscalía emitió una orden para no permitir el acceso a su abogado, afectando su derecho a contar con información y asesoramiento respecto de la investigación y proceso penal.

Desde el primer momento de su rescate, Linda Loaiza identificó a Luis Carrera Almoina como su victimario. Fue detenido el 22 de agosto de 2001 y acusado por los delitos de Homicidio Frustrado, Violación, Privación de Libertad y Tortura.  El 10 de septiembre le fue concedido el beneficio de casa por cárcel.

Por el retardo procesal de su caso, Loaiza López hizo una huelga de hambre ante el Tribunal Supremo de Justicia por 13 días continuos en agosto de 2004. Tres años y tres meses después, inició el juicio. Las pruebas más contundentes para demostrar la culpabilidad del acusado por haber cometido delitos atroces fueron invisibilizadas o desestimadas. No se hicieron pruebas de ADN, se perdieron materiales de interés criminalístico en el sitio de los hechos por el indebido resguardo de la prueba, la recolección de evidencia de la escena se realizó con deficiencias, no se hicieron pruebas de luminol en el apartamento y los exámenes forenses no se realizaron hasta ocho días después del rescate.

La jueza Rosa Cádiz, encargada del caso, le otorgó libertad plena a Carrera Almoina, argumentando “duda razonable”. Por el contrario, pidió que Loaiza fuera investigada, junto a su familia, por una supuesta vinculación con una red de prostitución. 

Loaiza apeló la decisión. Carrera fue detenido de nuevo y se inició un nuevo juicio en 2006, pero con otro juez, luego de que la Corte de Apelaciones decidiera anular el fallo absolutorio por inmotivación y ordenara un nuevo proceso. Se condenó parcialmente a Carrera Almoina a seis años y un mes de cárcel por privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas. 

Ni siquiera fue juzgado por todos los delitos que había cometido: la violencia sexual no fue tomada en cuenta, se mantiene en situación de impunidad. Cumplió su sentencia en la cárcel de El Rodeo y en 2008 se declaró que había cumplido la pena. Desde entonces está en libertad. 

Después de seis años, el caso había pasado por 97 jueces, 16 fiscales, las audiencias se diferían y 50 jueces se inhibieron.

El monitoreo de violencia contra las mujeres de la plataforma Utopix indica que en lo que va de 2021 se han contabilizado 73 femicidios: 23 en enero, 20 en febrero, 15 en marzo y 15 en abril. Es decir, en Venezuela ocurre un femicidio cada 39 horas. 

Por su parte, el Monitor de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) indica que del 1 de enero al 31 de marzo hubo 20 femicidios. En el reporte de abril, reportaron que hubo 15 femicidios consumados y 6 frustrados en el mes 

La determinación de Linda Loaiza en encontrar justicia la llevó a estudiar Derecho y hacer una especialización en Derechos Humanos. El caso fue llevado por la víctima, su familia y su abogado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar al Estado venezolano. “Considero que en el Estado venezolano aún hay impunidad en mi caso, con relación al delito de violencia sexual. He acudido aquí porque en este lugar no imperaran privilegios sociales ni económicos”. 

Aunque los hechos fueron cometidos por un particular, el Estado incumplió con su obligación de prevenir, investigar y castigar actos de violencia contra la mujer. 

El caso de Loaiza es el primero sobre violencia de género ocurrido en Venezuela en ser juzgado por la CIDH. Su historia es la muestra de la violencia institucional y doble victimización que tienen que sufrir las mujeres víctimas de violencia sexual en el acceso a la justicia. En noviembre de 2008, el organismo declaró responsable al Estado venezolano venezolano por la violación de los derechos humanos de Loaiza, entre los que sobresalen el de integridad personal, prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud, libertad personal, garantías judiciales, dignidad, autonomía y vida privada, circulación y residencia, igualdad ante la ley y protección judicial.

Hasta la fecha, Linda Loaiza sigue esperando el cumplimiento de la sentencia de la CIDH. “Sigo exigiendo mis derechos, como mujer venezolana; sigo promoviendo la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y la responsabilidad del Estado venezolano es garantizar mis derechos y los de mis familiares. Mientras no exista el acceso efectivo a la justicia interamericana de las víctimas de violaciones de derechos humanos, este sistema deja de ser una garantía para las víctimas”, expresó Linda en una entrevista a Runrun.es.

Las secuelas del trauma no pueden borrarse por el solo deseo; se aprende a vivir con ellas, el daño que causan es como vivir la propia muerte, luchar contra ella, vencerla y heredar sus consecuencias. “Como víctima sobreviviente de violencia sexual y tortura, puedo decir que no existen palabras que puedan definir este dolor”.