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Pueblos indígenas en Venezuela pierden su derecho al voto secreto y directo
Ahora los representantes a la AN serán elegidos por integrantes de las comunidades indígenas, por medio de asambleas comunitarias 

Los pueblos indígenas volverán a ser ciudadanos de segunda, porque el próximo 6 de diciembre no podrán elegir a sus representantes a la Asamblea Nacional (AN) de la misma manera que el resto de los 19 millones de venezolanos habilitados para votar. Esto gracias a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de cambiar el sistema electoral para escoger a los representantes de los pueblos originarios ante el Parlamento.

En el Reglamento Especial para Regular la Elección de la Representación Indígena en la Asamblea Nacional 2020, contenido en la resolución n.° 200630-0024 del 30 de junio de 2020 se aprobó un procedimiento especial que incorpora un conjunto de medidas novedosas pero imprecisas para la elección de los diputados indígenas en las parlamentarias, y cuyo contenido vulnera lo establecido en Constitución.

La Carta Magna de 1999 estableció una representación mínima para los pueblos originarios en las esferas políticas nacional, estadal y local como parte de su derecho a la participación política. En el caso del Parlamento Nacional, el texto fundamental fijó en tres los diputados que corresponden a las distintas etnias y ordena que sean elegidos «respetando sus tradiciones y costumbres».

Para ejercer este derecho político, la Constitución, en su Disposición Transitoria Séptima, prevé unas normas y principios. Fija requisitos para la postulación de las candidaturas, así como la definición de las circunscripciones electorales; sobre todo, establece que la selección se debe realizar mediante el voto directo, pues indica que los nominados «estarán en el tarjetón de su respectivo Estado o circunscripción y todos los electores y electoras de ese Estado podrán votarlos o votarlas». Esas condiciones fueron posteriormente desarrolladas en 2009, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).

Sin embargo, el nuevo reglamento especial obvia estos lineamientos y fija un peculiar y complejo sistema electoral que no garantiza la participación política del pueblo indígena. Asimismo, a partir de esa reglamentación, el CNE se convierte en un «legislador», usurpando las funciones exclusivas de la AN con el aval de la Sala Constitucional, gracias a su decisión 068 del 5 de junio, en la cual le ordenó establecer «un sistema de elección de los representantes indígenas en consonancia con los usos y costumbres ancestrales de estas comunidades».

Sin voto directo

El reglamento pauta que los representantes indígenas a la AN serán elegidos única y exclusivamente por los integrantes de las comunidades indígenas, por medio de asambleas comunitarias por cada población. De hecho, el artículo 16, concretamente indica lo siguiente:

«Las Asambleas Generales como espacios de participación libre y directa, estarán conformadas por los voceros y voceras electos y electas del seno de los pueblos y comunidades indígenas de las Asambleas Comunitarias. Se conformará una Asamblea General por cada entidad federal de la Circunscripción Indígena. Los voceros y voceras reunidos en Asambleas Generales, tendrán la potestad de elegir en total un Diputado o Diputada como Representación a la Asamblea Nacional por los Pueblos y Comunidades Indígenas, por región».

Esta disposición viola el derecho al sufragio de los miembros de los pueblos originarios, pero también dos principios fundamentales de la Carta Magna. El primero, contenido en el artículo 5, el cual establece que «la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público», y el segundo en el artículo 6, que estipula: «El gobiernode la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables».

El CNE no define en el mencionado reglamento especial cómo se elegirán los voceros que participarán en las «asambleas generales», pues deja esta regulación a manos de otro instrumento normativo denominado Manual de Funcionamiento de las Asambleas Comunitarias (artículo 11), sin indicarse, por cierto, quién lo aprobará, pese a que solo faltan cuatro meses para la celebración de las parlamentarias.

El sistema diseñado por el árbitro electoral configura, sin lugar a dudas, una elección de segundo grado o indirecta, que es incompatible con el carácter universal y democrático del sufragio contemplado en el artículo 63 constitucional. Para Acceso a la Justicia, el reglamento especial aprobado por el CNE exprés atenta contra la libertad política del cuerpo electoral indígena, al imponer restricciones a su capacidad electoral, luego de excluirlo de la calidad de elector para elegir directamente a sus autoridades representativas a la AN.

A mano alzada

Por su parte, el artículo 17 del texto indica que la forma de votación para la designación de los voceros se realizará a mano alzada, y se sujetará a lo dispuesto en el Manual de Funcionamiento de las Asambleas Generales para la designación de los Voceros y Voceras para la Elección de los Diputados y Diputadas de la Representación Indígena a la Asamblea Nacional 2020. Esta disposición viola una de las condiciones del sufragio: el secreto del mismo.

El voto secreto es una conquista de la democracia que significa que el elector emite su voto sin que ninguna persona pueda conocer su preferencia electoral, pero, tal como aparece dispuesto la manera de escogencia de los delegados, que a su vez designarán los representantes de los pueblos indígenas a la AN, realmente no se impide que se conozca el contenido del voto de los electores, lo que puede generar un gran temor, y más aún después de la experiencia que se vivió en el país con las listas Tascón y Maisanta en el revocatorio presidencial de 2004.

No estando recogido en las normas dictadas por el CNE el carácter del secreto del sufragio, no hace más que poner en peligro la libertad del cuerpo electoral indígena para votar o no, dado que los electores podrían estar sujetos a algún tipo de coacción física o psicológica para que las personas escojan a determinados candidatos, configurándose otra flagrante violación al derecho de libertad del sufragio contenido en el artículo 63 constitucional.

Cambiando las reglas a mitad del juego

Por si lo anterior no fuera suficiente, el CNE con su reglamento desconoce la prohibición constitucional de modificar la normativa electoral seis meses antes de la celebración de unos comicios (artículo 298), una situación que está muy lejos de garantizar la estabilidad, seguridad jurídica, transparencia y confiabilidad, principios democráticos que demanda toda elección.

Este incumplimiento puede dar lugar a la manipulación del sistema electoral indígena y, por ende, a la del resultado final de la votación, sobre todo cuando la escogencia de la representación indígena a la AN se llevará a cabo mediante un procedimiento y cronograma electoral paralelo y distinto del resto de la elección de los representantes parlamentarios, lo cual es evidentemente excluyente, discriminatorio y, por supuesto, contrario a la Constitución y los estándares internacionales para elecciones auténticas, libres y justas.

Excediéndose de las disposiciones constitucionales, el CNE adopta unas medidas que buscan desconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas como parte de la política del régimen de Nicolás Maduro impuesta luego de la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2015.

72.517 personas venezolanas retornadas no tienen garantizados derechos
La mayoría proviene de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú

Sanidad, agua y gas doméstico son algunas de las necesidades insatisfechas de 72.517 personas venezolanas retornadas al país por la contingencia sanitaria causada por la COVID-19.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), indicó en su último informe que el impacto humanitario seguirá en aumento si no se fortalece el entorno de protección.

La OCHA señaló que para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad se deben elaborar lineamientos nacionales para la detección y atención de la COVID-19 en personas venezolanas retornadas, lo cual incluye la prevención de infecciones en espacios de alojamiento temporal.

También destacó la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta y atención que ofrecen los Puntos de Atención Social Integral en los estados fronterizos (PASI).

Hasta el 31 de julio las autoridades confirmaron 17.859 casos de COVID-19 en Venezuela. La OCHA manifestó la necesidad de apoyar la capacidad operativa de los establecimientos de salud, con un suministro continuo de medicamentos e insumos, al igual que de los servicios esenciales.

La Oficina aseguró que al 11 de julio existían 212 casos de coronavirus entre el personal del sector salud. La limitada disponibilidad de equipos de protección personal así como la negligencia y prácticas no sanitarias figuran como posibles causas de los contagios.

La implementación de procesos educativos para la transferencia de conocimiento es imprescindible para asegurar el fortalecimiento de capacidades en el personal sanitario y garantizar una mayor tasa de recuperados.

Casos locales en alza

OCHA destaca que las personas venezolanas retornadas en el marco de la pandemia son las que requieren mayor atención humanitaria. Entre ellos quienes provienen de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Sin embargo, la OCHA advirtió que no se deben descuidar los casos comunitarios.

El informe indicó que para el mes de julio 5.450 de todos los casos habían sido importados al país. Esto representa un cambio en la tendencia de tipos de contagio. Ahora el número de casos de transmisión comunitaria representa 67 % del total de casos (11.121).

Las recomendaciones de la OCHA se rigen por el el Plan de Respuesta Humanitaria con Panorama de Necesidades Humanitarias 2020 para Venezuela, que tiene por objeto proporcionar asistencia humanitaria a 4,5 millones de venezolanos y venezolanas en situación de mayor vulnerabilidad.

El Plan tiene tres objetivos estratégicos: prestar asistencia de emergencia para salvar vidas; asegurar los medios de vida mediante un mejor acceso a los servicios básicos; y garantizar la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Los que no se rinden | Kapé Kapé: La Constitución de 1999 es letra muerta
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Recientemente, Kapé Kapé celebró sus primeros 15 años haciendo precisamente lo que saben hacer mejor: defendiendo a sus pueblos y tierras ancentrales
“La grave crisis económica y el Decreto de Explotación del Arco Minero aceleraron la vorágine de destrucción, violencia y descomposición social en las zonas mineras”, advierte Armando Obdola
Al sur de Venezuela, decenas de indígenas han muerto por la minería desenfrenada y 1.200 personas han sido desplazadas forzosamente de sus territorios ancestrales

@nelapalaciosr

La asociación civil Kapé Kapé  se ha convertido un símbolo de libertad y de la lucha por la democracia y los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Estado Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas desde su fundación, el 28 de julio de 2005.

Recientemente, Kapé Kapé celebró sus primeros 15 años haciendo precisamente lo que saben hacer mejor: defendiendo a sus pueblos y tierras ancentrales, que se han convertido en el escenario de uno de los peores ecocidios registrados en Latinoamérica y en territorios sin ley controlados por bandas criminales y fuerzas irregulares que imponen su poder y roban riquezas patrimoniales al pueblo venezolano día tras día, bajo la fuerza de las armas.

Armando Obdola, presidente de Kapé Kapé, rechaza el nuevo reglamento del Concejo Nacional Electoral por considerar que viola los derechos políticos de los pueblos indígenas y representa un enorme retroceso a los avances alcanzados por ellos.

Tras la ampliación de la superficie de extracción de oro, diamantes, coltán y otros minerales en el Arco Minero del Orinoco, una franja que ocupa el 12% del territorio nacional y en la que residen más de 50.000 venezolanos de 197 comunidades indígenas, este líder indígena está especialmente preocupado por la voracidad minera que se ha desatado en esas tierras y lo que eso supone para el futuro de las etnias pemón, yekuana, sanema, yanomami, piaroa y jivi, entre otras.

No es para menos: más de 20 indígenas han muerto en medio de la actividad minera desenfrenada en los últimos 2 años.

El informe sobre el Arco Minero del Orinoco presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas, Michelle Bachelet , advierte sobre graves violaciones en esa zona: desde explotación laboral, sexual e infantil, asesinatos y mutilaciones, hasta el aumento de enfermedades, daño ambiental y grupos delictivos que controlan las minas y han desatado una violencia que disparó las tasas de homicidios a registros récord en 2019, como las de los municipios Caroní y Heres (97 y 86 asesinatos por cada 100.000 habitantes, respectivamente).

¿Qué opina del nuevo reglamento del Consejo Nacional Electoral (CNE) que elimina el voto directo a los indígenas en Venezuela?

Es violatorio de las normas legales vigentes en Venezuela con relación a los pueblos y comunidades indígenas, puesto que establece un sistema de elección mediante asambleas populares, lo que vendría siendo una elección de segundo grado, lo cual no está previsto en las leyes venezolanas vigentes. Además, la Organización Socialista Bolivariana Unida (Osibu) desmintió que 320 comunidades y 18 organizaciones indígenas regionales y nacionales habían sido consultadas para la modificación de la elección de los representantes indígenas en la Asamblea Nacional.

Los 8 pueblos que hacen vida en el municipio Sucre realizaron una asamblea en la que decidieron que no participarían en las elecciones parlamentarias. A las comunidades indígenas no se les tomó en cuenta para la elaboración de este reglamento y esto también viola la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas en sus artículos: 11, 63, 64 y 65.

Este Reglamento Especial reduce considerablemente la representación indígena en la Asamblea Nacional para las próximas elecciones parlamentarias e impone a los pueblos originarios a unas votaciones de segundo grado, con una Asamblea General a Mano Alzada con observadores del Consejo Nacional Electoral, en medio del peligro latente de la pandemia de la COVID-19. Esto representa un enorme retraso a los derechos alcanzados por nuestros pueblos indígenas.

¿Cuantos indígenas han muerto hasta ahora en el Arco Minero del Orinoco?

Más de 20 indígenas han muerto en los últimos dos años en hechos vinculados con la minería. Actualmente existe una situación crítica de caos e invasión en los territorios indígenas con actividades mineras, como el caso de los municipios Sifontes y Gran Sabana.

Se exhorta al Estado venezolano a que asuma el control garantizando el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, a través de la consulta previa, pues hasta ahora ha actuado contraviniendo estos principios con la entrega en concesión de territorios a empresas trasnacionales, como es el caso de los 111.000 km² de territorios indígenas que hoy son intervenidos en el estado Bolívar a través del Arco Minero del Orinoco.

Al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales. Otra zona de importante riqueza natural es la de Ikabarú, ubicada en el Municipio Gran Sabana, entre los estados Bolívar y Amazonas, actualmente sus comunidades indígenas están invadidas por minas ilegales de oro.

Al menos un centenar de comunidades indígenas de la entidad se han visto forzadas a dejar su estilo de vida, para incluso participar en las actividades mineras, como modo de subsistencia ante la nueva dinámica social y comercial impuesta en sus espacios de origen.

Tanto mineros no indígenas como indígenas, coinciden en que son extorsionados por las bandas ilegales que se han adueñado del negocio minero, con la participación de los cuerpos de seguridad y resguardo apostados en estas zonas (como Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB, Guardia Nacional Bolivariana GNB y Policía del Estado Bolívar PEB). Algunos de los casos emblemáticos de muertes de indígenas vinculadas a la actividad minera que ha registrado nuestra asociación son los siguientes:

  • Marzo 2018. San Luis de Morichal, municipio Sifontes del estado Bolívar. Asesinato del indígena Oscar Mella.

  • Agosto 2018. Comunidades indígenas de Maripa denunciaron el asesinato del líder indígena del pueblo jivi Misael Ramírez. El hecho habría ocurrido en medio de un enfrentamiento por el control de la mina El Silencio, ubicada en la desembocadura del río Matu, en el municipio Cedeño del estado Bolívar. También falleció el hijo del capitán, Milson Dorangel Rondón Reina, de 18 años, así como otras 4 personas que no fueron identificadas.

  • Septiembre 2018. En el municipio Gran Sábana, fue asesinado el comandante de la Guardia Territorial Pemón, José Vásquez, quien había logrado mantener la seguridad en territorios indígenas de la delincuencia.

  • Noviembre 2018. 4 indígenas de la etnia piaroa murieron tapiados luego que ocurriera un derrumbe de tierra en la mina Cacique, localizada en el Parque Nacional Yapacana, del municipio Atabapo en Amazonas.

  • Diciembre 2018. Un indígena pemón fallecido y una veintena de heridos fue el resultado de un operativo de funcionarios del DGCIM en el Parque Nacional Canaima.

  • Febrero 2019. La indígena Zoraida Rodríguez fue asesinada y por lo menos otros 15 miembros de su comunidad resultaron heridos tras la arremetida de un convoy de la Guardia Nacional a esta comunidad pemón del municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar. Luego del incidente, otras 7 personas fallecieron producto de las lesiones que recibieron en este ataque, la última de ellas fue el indígena pemón, Onésimo Fernández.

En Kumarakapay también fueron asesinados Rolando García y Kliber Pérez, los dos últimos guías turísticos del tepuy Roraima, una de las maravillas naturales del sur de Bolívar. Este incidente tuvo otras consecuencias como la migración forzada de cientos de indígenas quienes huyeron por amedrentamiento de los cuerpos de seguridad. Reportándose unos 1200 desplazados forzosos, cifras semejantes a las reportadas por ACNUR.

  • Mayo 2019. El 26 de mayo fue asesinado Eduardo Garrido, indígena del pueblo kurripaco y Capitán de la Comunidad Puerto Montaña Fría, ubicada en la parroquia Platanillal, en el eje carretero sur.

  • Junio 2019. Nelson Pérez, capitán general de las comunidades indígenas de la etnia jivi de El Silencio, denunció la desaparición de 2 de sus líderes indígenas del municipio Sucre de Bolívar.

  • Noviembre 2019. Habitantes del sector minero de Ikabaru denunciaron una nueva masacre, con un saldo de 6 fallecidos confirmados por los cuerpos de seguridad.

Aunque la explotación minera tiene una historia de más de 50 años en el país, la grave crisis económica de los últimos años y el Decreto de Explotación del Arco Minero del Orinoco aceleraron la vorágine de destrucción, violencia y descomposición social en las zonas mineras.

¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21?

Considero que durante este gobierno se ha marcado una violación invalorable de los DDHH, trayendo como resultado una Impunidad marcada en todos los sectores.

¿Estamos hoy mejor o peor que en 1999? ¿Por qué la constitución de 1999 se nos ha convertido en letra muerta en tantos aspectos?

La situación de los DDHH ha empeorado mucho a pesar que desde el inicio se hicieron las bases legales para el respeto de los derechos. Por lo tanto, siempre ha sido Ley muerta.

El coronavirus ya llegó a las comunidades indígenas del país. ¿Cómo podría protegerse mejor a estos pueblos durante la pandemia?

Desde el 16 de marzo el país se encuentra en una cuarentena social ordenada por el Ejecutivo Nacional para contener la propagación del Covid-19. Desde las primeras semanas del decreto, las comunidades indígenas del país comenzaron a ver las consecuencias.

En el caso de Bolívar, donde las comunidades indígenas se caracterizan por la movilización constante entre centros poblados para el comercio de artículos tradicionales o el abastecimiento, poco a poco comenzaron a verse restringidos principalmente por la falta de gasolina para retornar a sus comunidades; y así la cuarentena social se fue convirtiendo en sinónimo de falta de dinero y comida. Muchos se quedaron varados en otros centros poblados en medio del decreto.

Con el avance de la cuarentena y el cierre de frontera, en Amazonas comenzaron a notarse los efectos en el abastecimiento, con su consecuente aumento de precios, toda vez que vendedores formales y los “bachaqueros” comenzaron a tener problemas para surtirse de productos en Casuarito o en Puerto Carreño.

Los habitantes del Bajo Delta se enfrentan a la instalación de puestos de la GNB que tienen tomado el paso fluvial, lo que les niega la posibilidad de salir a Tucupita para abastecerse de alimentos.

En el caso de las comunidades indígenas del Delta, Bolívar y Amazonas la escasez de combustible ha significado la imposibilidad de salir a vender y comprar insumos, poniendo en riesgo mayor la situación alimentaria y sanitaria en el interior de las comunidades.

Las infecciones respiratorias se propagan rápidamente entre los pueblos indígenas debido a que las condiciones de salud, generalmente, son peores que las de la población no indígena.

La convivencia en viviendas multifamiliares y la falta de agua, sumadas a la inexistencia de campañas de información, aumentaron los riesgos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha advertido que los pueblos indígenas ya experimentan un acceso deficiente a la atención sanitaria, tasas significativamente más altas de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

A eso se suma la falta de acceso a servicios esenciales, saneamiento y otras medidas preventivas clave, como agua limpia, jabón, desinfectante, etc. Asimismo, la mayoría de las instalaciones médicas locales cercanas, si es que las hay, suelen estar mal equipadas y carecen de personal.

Le agradezco ahora tres mensajes claves. Uno dirigido al madurismo gobernante y las FANB. Otro dirigido al liderazgo opositor. Y otro al pueblo venezolano, al ciudadano de a pie que hoy apenas si tiene fuerza y energía para resolver el día de su familia.

A los gobernantes y a la FANB les diría que recuerden que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Al liderazgo opositor le diría que reconozcan que por su hambre de poder terminaron muchos arrodillándose ante el gobierno. Y al pueblo venezolano le diría que debemos seguir teniendo esperanza que pronto Venezuela será libre y mucha fortaleza.

Testigos de una destrucción progresiva


¿Cómo y cuándo nace la asociación civil Kapé Kapé?

Nace con el propósito de generar respuestas antes las constantes violaciones de los DDHH de los pueblos indígenas, el 28 de Julio del 2005.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer esta Kapé Kapé y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno desde entonces hasta ahora?

En el 2005 estábamos en la segunda fase del mandato de Hugo Chávez. Las comunidades indígenas comienzan el proceso de destrucción a través de la minería ilegal.

¿En qué áreas se desempeña la organización?

Kapé Kapé realiza trabajos en materia de derechos humanos, así como en actividades en el area social, cultural, educativa y deportiva.

¿Qué servicios ofrece?

Capacitación, foros, charlas, denuncias, asistencia jurídica y socio cultural.

¿Cuántas personas trabajan en la organización?

En Kapé Kapé somos 18 en total

¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

Organizaciones indígenas nacionales e internacionales, organizaciones de DDHH nacionales e internacionales.

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

Salud, transporte y educación.

¿En qué zonas operan actualmente?

Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia


¿Cómo pueden ayudar a Kapé Kapé las personas que estén interesadas en hacerlo?

Participando, difundiendo y acompañando a la organización en cada uno de las actividades.

¿Cuáles son los mayores retos y mayores amenazas de Kapé Kapé en la actualidad?

La situación de pandemia y enfermedades endémicas; la problemática de la escasez de gasolina y la deficiencia de los servicios públicos son nuestros principales retos. Y la presencia de grupos irregulares en las zonas de trabajo y la situación política actual del país, son nuestras principales amenazas.

Compártanos los casos emblemáticos del trabajo que han realizado en esta organización desde su fundación.

El caso Kumarakapay es el que podría destacar. Fuimos los primeros en lograr llevar medicinas luego de la masacre militar. En la madrugada del viernes 22 de febrero, la Guardia Territorial Pemón del municipio Gran Sabana de Bolívar, impidió el paso de convoyes del Ejército.

Los indígenas se negaron porque, para ellos, los militares iban a impedir la operación de acceso de la ayuda humanitaria. Después de un forcejeo, los militares dispararon para dispersar la concentración en la que, se aupaba a Juan Guaidó como presidente interino.

La balacera terminó con 16 pemones heridos, la mayoría fueron trasladados a Boa Vista. Al día siguiente las personas tenían temor salir a las calles. Se produjeron allanamientos ilegales a casas y comunidades indígenas.

Entre ese primer día y los venideros, se contabilizaron 8 asesinatos, 43 heridas y más de 60 detenciones arbitrarias. 4 de ellas a menores de edad. Ninguna de estas detenciones era de los militares que habían disparado contra los pemones de Kumarakapay.

Los funcionarios de la GNB en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, aún no hay detenidos por el asesinato de esas personas. Tras estos incidentes, líderes indígenas y particulares se movilizaron hasta Brasil en busca de resguardo ante la militarización y amedrentamientos de la GNB. Actualmente la comunidad permanece vacía por la secuela que dejó esa incursión armada de funcionarios del Estado venezolano.

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Los que no se rinden | Medianálisis: El sistema mediático en Venezuela se ha empequeñecido y desaparecido en buena medida

 

OVP advierte que la COVID-19 llegó a los calabozos policiales
Según el OVP, la gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, confirmó los primeros dos casos en la entidad

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que la COVID-19 llegó a calabozos policiales en los estados Lara, Táchira, Miranda y Nueva Esparta.

De acuerdo con el monitoreo del OVP, serían 49 casos de COVID-19 confirmados en calabozos policiales, distribuidos así: 

2 en Lara

2 en Miranda

9 en Táchira

36 en Nueva Esparta

El OVP presentó este informe de acuerdo a un monitoreo efectuado a través de medios de comunicación o redes sociales de autoridades gubernamentales.

Según el texto, la gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, confirmó los primeros dos casos. El primero se dio a conocer el 26 de junio, se trata de un hombre de 34 años de edad que resultó detenido el 18 de junio por la policía estadal, en la parroquia Tintotero del municipio Jiménez, por presunto contrabando de cigarrillos.

 

Asimismo, el 29 de junio confirmaron el resultado positivo de un hombre de 35 años, aprehendido el 19 de junio por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por presunto contrabando de sustancias estupefacientes.

Al respecto del caso anterior, tuvo contacto con otros detenidos en el Destacamento 122 de la Guardia Nacional de Carora, según Edgar Carrasco, alcalde del municipio Torres, quien aseguró que tomaron las medidas pertinentes.

Por su parte, Wisely Álvarez alcaldesa del municipio Guaicaipuro de Miranda, confirmó dos casos positivos de COVID-19 en la sede del Cicpc en Los Teques.

A su vez, el protector de Nueva Esparta, Dante Rivas, informó que el 25 de julio las pruebas PCR que aplicaron a 35 presos dieron positivo para COVID-19. Rivas anunció un caso el día anterior, pero después dijo que eran 36 contagiados en los calabozos policiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Migración y pandemia en el imaginario de los niños
Menores de edad cuentan como es la vida del venezolano en 2020

El sol es inclemente en ese lugar donde el asfalto se convirtió en polvo. En un ambiente desértico destaca el revoloteo de un grupo de niños y niñas que juegan inocentemente.

Una niña espera sobre un risco de tierra que se impone cerca de su casa hecha de latón. 

Dice que no ha comido. Los alimentos vendrán más tarde, si sus padres tuvieron un buen día en los trabajos precarios que tienen en el comercio informal.

Ella dice que extraña su casa, en Caracas. La pequeña y su familia migraron hacia el sector Pinto Salinas, en San Antonio, estado Táchira, hace más de cinco meses en búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Los planes de cruzar hacia Colombia quedaron en suspenso. Permanecen en el lado venezolano de la frontera a la espera de que la pandemia amaine.

Los recuerdos, deseos y sentimientos de la pequeña, así como los de otros niños y niñas migrantes que conviven en la zona fueron plasmados en dibujos.

Son obras sin pretensiones artísticas que reflejan los cambios abruptos que han experimentado en los últimos años y que han recrudecido con el surgimiento de la COVID-19. La migración y la pandemia fueron los temas a recrear desde el imaginario infantil.

Sebastián, uno de los muchachitos convocados a dibujar por la organización no gubernamental Operación Libertad, puso sobre papel el relato de lo que vivió días antes.

“La policía te multa si no tienes tapabocas”, dice Sebastián al referirse a un altercado entre sus padres y funcionarios policiales. Sus padres habrían sido víctimas de un intento de extorsión. Sin embargo, si no tenían para comprar un tapabocas, menos tendrían para acceder al pago ilegal exigido por los policías.

Apenas tiene 10 años de edad y ya es testigo de un atropello policial, de una violación de derechos humanos que lo afecta directamente.

La vida de Anyeleith, de 5 años, cambió radicalmente el día que tuvo que separarse de sus familiares y abandonar la casa donde vivía, en Maturín, estado Monagas.

Sus padres migraron a Colombia. Su plan era trabajar y enviar dinero a Venezuela para brindarle al menos lo esencial a la niña .

En una semana, Anyeleith tuvo que abandonar la escuela y, con ello, también perdió a amiguitos y amiguitas. Ahora vive con sus abuelo. Su mayor deseo es volver a abrazar a su mamá.

José Gregorio, de 6 años de edad, dibujó su nuevo hogar, el cual tiene una puerta y dos ventanas. En techo es de zinc y tiene encima unos cauchos. Él migró desde la capital junto a su familia y ahora reside cerca de la frontera venezolana.

El niño aspira a migrar junto a su familia a Colombia cuando la pandemia de la COVID-19 ya no sea un peligro.

Danna , de 8 años de edad, también expresó con creyones su experiencia con la migración y la pandemia. Lamenta que el intercambio con las demás personas esté signado pormedidas de distanciamiento físico que le incomodan. Lamenta que esté prohibido salir a la calle a jugar con su bicicleta.

Desde que llegó a la frontera, dice, su mamá se dedicó a la peluquería. Sin embargo, debido a la crisis acentuada por la pandemia, su madre ha tenido que salir a buscar nuevos ingresos en el comercio informal, que también se ha venido a menos.

«Tengo mucho miedo. Estoy muy preocupada porque no quiero que mis hermanos o mi mamá mueran por el virus», dice la niña.

Migración interna pre COVID-19

San Antonio, Pedro María Ureña, Ayacucho y García de Hevia no son municipios del Táchira con grandes emporios empresariales ni empresas gubernamentales. Son zonas fronterizas con escasos servicios públicos y con una industria devastada luego del cierre de frontera impuesto por Nicolás Maduro en 2015.

A partir de 2016, cuando la escasez de alimentos, medicinas y otros productos de consumo masivo golpeó más duramente a la población venezolana, algunos comenzaron a abastecerse en Colombia. Ello creó un comercio efervescente en la frontera que abrió oportunidades de empleo a ambos lados de la línea limítrofe, aunque fueran empleos precarios.

Esta actividad comercial se fortaleció con la expedición del llamado carnet fronterizo, inicialmente pensado para la migración pendular, pero que, en la práctica, ampliaba la zona de tránsito de venezolanos en Colombia.

Además, los municipios fronterizos de Táchira se convertirían en las principales puertas de salida de todos los que huyen de Venezuela por la profundización de la emergencia humanitaria compleja en el país.

Luego de que un grupo de mujeres forzaran la reapertura de los pasos fronterizos de forma peatonal, miles de personas de diversas regiones de Venezuela se abocaron a la frontera del Táchira ante la posibilidad de abastecerse de los productos de primera necesidad. A diario llegaban más de 200 autobuses provenientes de diversos destinos.

El terminal de San Antonio pasó a ser una de las rutas más solicitadas en los terminales del país. El terminal de transporte municipal pasó de tener seis rutas nacionales y cinco suburbanas a tener más de 60 líneas que recorrían Venezuela entera. Desde Caracas se ofertaba el pasaje Caracas – San Antonio y había que hacer filas para conseguir un boleto.

El peso sustituyo al bolívar en las transacciones comerciales que se realizaban y se realizan en el lado venezolano de la frontera, la cual se fue llenando de personas procedentes del centro y oriente del país. Los hoteles y residencias se colmaron. Hubo épocas en que muchos dormían en las calles .

Todo ello ocurría a medida que la crisis económica se profundizaba en Venezuela, luego del cierre y reapertura de la frontera de Venezuela con Colombia. Muchos se establecieron en la frontera también por la facilidad del cobro de remesas del lado colombiano.

Cientos de migrantes internos se agolpaban en las calles de estas localidades, lo cual era particularmente visible en San Antonio. La avenida Venezuela de esta localidad se colmó de vendedores informales de diversos alimentos y las más variadas mercancías traídas de Colombia. También se ofrecían, con discretos pregones, servicios de traslados y de carga por pasos legales e ilegales.

Economía informal y pandemia

La economía informal en los municipios fronterizos de Táchira ha mermado drásticamente con el surgimiento de la COVID-19. El lugar que antes era una oportunidad para obtener mejores ingresos económicos, ahora representa para muchos el plan frustrado de salir del país o equilibrar su economía como migrantes pendulares.

En este contexto, aumenta la situación de vulnerabilidad de los niños y niñas que forman parte de esta migración interna, de este desplazamiento hacia la frontera con Colombia.

Los más pequeños deben afrontar las consecuencias de la interrupción de sus actividades escolares y de otras eventuales mudanzas. En algunos casos las pérdidas tienen que ver con la separación de sus padres y madres.

 

San Miguel: Quieren modificar Constitución para incorporar a milicianos a las FANB
Dijo que militares y policías han incurrido en extorsión contra la ciudadanía durante la pandemia

Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, dijo que la mala gerencia ha hecho más daño que la COVID-19. A San Miguel le preocupa que Hermann Escarrá anuncie que se va a reformar la Constitución para incorporar a la milicia como componente de la institución armada.

“Si no hay cómo mantener a los 130 mil integrantes de la institución castrense, el país no podría soportar una carga mayor. Es posible que apenas pudieran integrarse unos veinte mil hombres de ese cuerpo para realizar algunas tareas. Pero, resulta desproporcionado incorporar el número que ha dicho Maduro”, dijo San Miguel.

“Hay que tomar en serio las funciones de los milicianos, que es un cuerpo de vigilancia social creado por el régimen, cuyos  objetivos son la sumisión, la disciplina y el temor de la población bajo las armas”, dijo.

Pandemia

En este mismo orden de ideas, San Miguel se refirió a los desmanes que han cometido tanto militares como policías, aprovechándose de la aparición de la COVID-19 y las medidas relacionadas con la cuarentena por las consecuencias de esa enfermedad.

“La mala gerencia que ha habido con la pandemia ha desatado los demonios”, expuso. “Militares y policías han incurrido en extorsión y otros delitos contra la ciudadanía”.

 
DDHH olvidados | “Mi hermano me dice que está muerto en vida”

@ValeriaPedicini

 

Peter Romero lo encontraron desmayado en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, del estado Lara. Había pasado semanas sintiéndose mal. Primero duró 22 días con cuadros diarréicos que lo deshidrataron, pero nadie lo atendió ni fue llevado a un centro asistencial. Después vinieron la fiebre y la tos hasta que el viernes 8 de mayo de 2020 perdió el conocimiento. DDHH olvidados 

Aunque ni siquiera en estas condiciones sus custodios se encargaron de llevarlo a un centro de salud, su hermana Génesis Romero se dirigió hasta los tribunales en busca de una boleta de traslado. Explicó la situación, mostró una foto de él y unas notas de voz de sus compañeros reclusos. Lloró y rogó para que se apiadaran del caso, porque esa era la tercera boleta que solicitaba. Fue aprobada y a los dos días lo mandaron desde el penal al Hospital Central Antonio Pineda de Barquisimeto. 

El doctor que lo evaluó fue claro: el joven de 25 años tenía tuberculosis y necesitaba con carácter de urgencia un traslado al Hospital Luis Gómez López, donde atendían a pacientes con esta enfermedad ya erradicada en el país. Peter necesitaba hidratación y tratamiento, pero eso no fue lo más alarmante. “El estado de desnutrición que él tiene es más fuerte que la tuberculosis que carga”, le dijo el médico a Génesis frente a los guardias que los llevaron hasta el sitio. 

 

“Sí, doctor. Está bien”, contestaron los efectivos de seguridad. Al salir, la respuesta había cambiado: había que regresar a Peter a la cárcel porque el papel de su traslado a un hospital debía sellarlo y firmarlo el director de Uribana. “No podemos pasar por encima de él”, era lo que argumentaban. La firma llegó a la orden de hospitalización, pero a Peter nunca lo sacaron por atención médica. 

 

Siempre había una excusa. Que al día siguiente, que tenía que esperar a que llegara el tratamiento, que no había carros, que el director no estaba en ese momento, que estaba ocupado. Así estuvieron semanas. Los custodios le dijeron a Génesis que no podían hacer nada, que solo estaban cumpliendo órdenes. Pero ella insistió: “¿Qué más quieren? ¿Me lo van a entregar en una caja?”.

A mediados de junio, a Peter Romero lo trasladaron a la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara con la promesa de que ahí recibiría la libertad por parte de la ministra Iris Varela. Esperaban que, basándose en el Régimen de Confianza Tutelado con el que ha liberado a más de 1400 presos desde que inició la cuarentena por el coronavirus según la organización “Una ventana a la libertad”, él fuese uno de los afortunados. 

Funcionarios le dijeron a Génesis que la prioridad para la excarcelación serían los enfermos. “Pero en ningún momento los atendió. Está encerrado y nadie se asomó a verlo”, expresa. 

 

“Está irreconocible”

La situación carcelaria en Venezuela es crítica. Los centros de detención están en condiciones precarias, indignas e insalubres. Aunque en el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se explica que el número de presos se redujo, la población carcelaria sigue siendo alta: 43.992 en sitios con capacidad para albergar poco más de 26.000. El hacinamiento, ubicado en 167,66%, es uno de los factores que sirve como caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades graves como tuberculosis o sarna. 

“En estos últimos tres años, las muertes por desnutrición ganaron espacio a las muertes violentas”, afirmó Beatriz Carolina Girón, directora del (OVP). De los 104 privados de libertad que murieron en 2019, 66 fueron por motivos de salud, superando a las muertes por violencia. 

“Los espacios destinados a servicios de atención médica primaria se encuentran cerrados, bien por falta de personal médico o de enfermería”, reza el informe del OVP. 

El Estado venezolano tampoco garantiza la alimentación de los reclusos. Es por esto que Génesis iba a Uribana tres días a la semana a llevar una vianda de comida, un litro de agua y un litro de jugo. 

Pero la pandemia lo empeoró todo: las visitas fueron restringidas y con ellas también se limitó la oportunidad de seguirlo alimentando. “Ahorita que está en el Fénix no me han dejado darle ni siquiera comida, ni agua, ni las pastillas. Nada”. 

En los dos o tres minutos en los que tienen oportunidad de hablar, cuando otro recluso le regala alguna llamada telefónica, Peter le cuenta a su hermana lo que le dan de comer: dos dedos de arroz y un vaso de agua. Cuando el joven entró en Uribana para cumplir su sentencia de siete años y cuatro meses por robo, pesaba 62 kilos. Ahora pesa 30 kilos. 

Cuando hablan, él también se encarga de expresarle el calvario que está padeciendo. “Me dice que es horrible, que es un infierno. Mi hermano me dice que él está muerto en vida, que los están matando. Me dice que solo Dios lo sacará de ahí”. 

Génesis tiene miedo y sabe lo que puede pasar con su hermano, lo mismo que en otras ocasiones ha escuchado lo que pasa con los presos. “Él mismo me cuenta que hace uno o dos meses se murió un amigo al lado de él por tuberculosis, se ahogó. Se han muerto varios muchachos”. 

Hasta la fecha, el joven no ha sido llevado a un centro médico para su hospitalización, a pesar de la orden de traslado. Esto representa una violación a sus derechos fundamentales: la Constitución reconoce a los privados de libertad como “sujeto de derecho” y, específicamente, el derecho a la atención médica, a la salud y a la vida, está contemplado en el artículo 83.

Peter Romero tiene pocas semanas cumpliendo el tratamiento para la tuberculosis porque no había llegado al penal. Si esto no ocurre, no hay muchas opciones aparte de aguantar el malestar. “Estuvo con fiebre, sus pies se le duermen, no puede caminar bien por lo delgado que está, la tos lo asfixia. Me dicen que se va a poner fino, que lo están alimentando bien, pero es mentira. De adentro me enviaron una foto y está irreconocible”. 

Gobierno anunció 3 nuevos casos de COVID-19 en indígenas amazonenses
Kapé Kapé lleva en su registro interno 14 casos

Luego del anuncio realizado vía twitter por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, donde informaba sobre 7 nuevos casos comunitarios de COVID-19 en Amazonas, el gobernador de la entidad Miguel RodrÍguez informó que se trata de 4 casos en el municipio Atures.

A través de la red social Facebook, detalló que se trata de “tres casos importados de una familia procedente de San Gabriel de Cachoeira detectados en Maroa”.

Sobre estos últimos 3 casos de Maroa el equipo de Kapé Kapé conoció que los afectados son “una familia de indígenas curripacos de la comunidad Victorino, son cuatro personas que ya habían sido diagnosticadas en Brasil, de la comunidad Lizana, y se mantuvieron con remedios caseros”.

“Cuando llegaron a la comunidad fueron detectados y trasladados a Maroa. Actualmente están aislados en el preescolar de la capital del municipio, hay 3 adultos y una menor, pero los contagiados son 3”, dijo la fuente a periodistas de Puerto Ayacucho.

Con estos 3 nuevos casos de COVID-19 en indígena, Kapé Kapé lleva en su registro interno 14 casos. Por su parte la Organización Panamericana de la Salud ha publicado en su último boletín 12 casos en población indígena de Amazonas perteneciente a los pueblos yeral, curripaco, baniva y uwottuja.

De los 14 casos de los que Kapé Kapé ha obtenido información precisa, 9 pertenecen a miembros de una familia del pueblo yeral que regresaron a San Carlos de Río Negro. 4 casos del pueblo curripaco en el municipio Maroa. Todos fueron proveniente del municipio San Gabriel de Cachoeira, estado Amazonas, Brasil, donde hay un foco que deja ya como saldo 49 fallecidos entre ellos varios indígenas. También hay uno en el Municipio Atures

Con estos 7 nuevos casos Amazonas registra hasta la fecha 46 casos positivos de COVID-19.

En su publicación de Facebook el gobernador de Amazonas alertó sobre la  “circulación del virus”  en las 2 principales avenidas de Puerto Ayacucho y en 12 barrios, urbanizaciones y sectores populosos de la capital