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Murió recluso de la cárcel de Tocorón
El hombre purgaba condena por el delito de abuso sexual

 

Víctima de un accidente cerebrovascular, falleció en la sala de emergencias del Hospital central de Maracay, Esteban Hilario Rosa Diamont, luego de ser trasladado desde el Centro Penitenciario de Aragua en Tocorón, municipio Zamora, la noche del lunes 15 de agosto.

El hombre estaba detenido y purgaba condena por el delito de abuso sexual, según lo contempla la causa número 3E-2099-21. Su traslado fue realizado tras el auxilio de sus compañeros de celda al presentar vómito, parálisis facial, pérdida del conocimiento y tensión arterial alta.

Rosa Diamont, quien fue trasladado de emergencia y fue ingresado de emergencia en el área de terapia intensiva. A pesar del esfuerzo de los galenos falleció.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), para la autopsia de ley.

DDHH olvidados | Yoinier Peña, víctima de la represión y de la crisis de salud
Yoinier Peña de 28 años fue herido de gravedad por una bala perdida mientras transitaba cerca de una protesta antigubernamental en Barquisimeto. Falleció debido a la escasez de antibióticos para tratarle una infección

@ValeriaPedicini

Yoinier Peña estuvo 54 días internado en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio Maria Pineda (Hcuamp) del estado Lara. El joven de 28 años fue alcanzado por una bala perdida mientras transitaba cerca de una protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro en la avenida Florencio Jiménez, al oeste de Barquisimeto. 

La bala le perforó el lado derecho de la parte baja de la espalda, afectando el colon y una de las vértebras de la columna. Había perdido la movilidad en las piernas, obligándolo a estar en sillas de ruedas. 

Su madre, Yanet Hernández, contó que los primeros cinco días fueron traumáticos para  Yoinier, el segundo de sus cuatro hijos. En una entrevista para El Impulso, señaló que el joven no dormía, con insistencia  imitaba el sonido de un disparo y empuñaba la mano como si accionara un arma imaginaria.

En esos casi dos meses lo operaron tres veces y le hicieron cuatro intervenciones. A eso se sumaba su condición previa de parálisis cerebral infantil: desde niño tomaba fenobarbital, pero  últimamente no lo conseguían con  facilidad  y por eso  convulsionaba con frecuencia.

Aunque el muchacho había avanzado en su recuperación, el último tratamiento que le recetaron los doctores incluía el antibiótico Tygacil que era difícil de conseguir en el país debido a la crisis de salud y la escasez de insumos médicos.

Su familia no pudo encontrar el medicamento y eso aceleró su muerte. “Aquí, me ayudaron demasiado, las ONG,  los médicos  lo trataron  muy bien. Fallece porque no hay medicinas, antibióticos”. 

El sábado 3 de junio de 2017, a las 3:15 de la madrugada, Yoinier Peña falleció en el Hcuamp por una infección  generalizada. La muerte del  joven fue la novena registrada en protestas en territorio larense durante 2017.

Yoinier ni estaba protestando

Yoinier Peña estaba en la avenida Florencio Jiménez con  avenida  La Salle la noche del 10 de abril de 2017. Desde tempranas horas se desarrollaba una protesta antigubernamental en esa zona, pero cuando el sol se ocultó, muchos de los manifestantes se habían ido.

Sin embargo, aquellos que se quedaron en la concentración fueron sorprendidos por cuatro hombres armados, encapuchados y vestidos de negro que bajaron de una camioneta pick up roja doble cabina y dispararon, según información de Amnistía Internacional.

Todo a plena vista de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Una de las balas alcanzó a Yoinier y a otra muchacha de 15 años. Ambos  fueron trasladados al Seguro Social Pastor Oropeza, pero de allí los remitieron al Hcuamp porque el quirófano estaba inoperativo.

Fuentes aseguraron a El Impulso que el concejal Jesús Superlano estaba dentro de la camioneta roja doble cabina desde donde se bajaron los civiles armados a disparar contra los manifestantes. Existen testimonios de personas que lo vieron en el sitio, pero no se atreven a denunciarlo. 

En declaraciones públicas, después de haberse ausentado durante  aproximadamente  un mes de las sesiones de la Cámara Municipal de Iribarren, Superlano lo negó.

Aunque no existen pruebas  directas, el concejal Joel Mendoza dijo que el vehículo ocupado ese día  por los hombres armados pertenece a la Alcaldía  de Iribarren, pero  fue cedido en condición de comodato, durante la gestión  anterior, al Concejo Municipal. Desde el 10 de abril de 2017, la camioneta está desaparecida.

Testigos han declarado que en ningún momento Peña representaba una amenaza para quienes lo ejecutaron, razón por la cual califican su muerte de absurda y rechazan que el Estado venezolano no garantice el derecho a la integridad física.

Se pudo haber salvado

Desde que Yoinier Peña resultó herido, su madre Yanet Hernández estuvo con él día y noche. Durante esos 54 días pocas veces volvió a pisar su vivienda, ubicada en el barrio El Carmen en Barquisimeto. Si lo hacía, no estaría en casa más de cuatro horas. 

Yoinier tenía dificultades psicomotoras por una parálisis cerebral que sufrió de niño. Por esta razón, caminaba con lentitud y no pronunciaba palabra alguna. “Él podía escuchar pero no hablaba, a su edad se comportaba como un niño”. “Juju” era de los pocos sonidos que salían de su boca, lo que inspiró a sus amigos y allegados a llamarlo de esa forma. 

A pesar de su condición, su madre explicó que era un muchacho independiente. Esa fue una de las recomendaciones que le dieron a Yanet en el Taller  Laboral Nueva Segovia, donde Yoinier aprendió a ser ayudante de jardinería  y técnicas para trabajar con cerámica. 

El muchacho también era un pasajero frecuente del transporte público de la ciudad. Se sentaba en el primer puesto, intentaba ordenar a las personas dentro de la unidad; los usuarios y chóferes ya lo conocían. 

“Era un ser noble que transmitía la inocencia de un infante. Tiene que haber castigo para quienes dispararon alegremente sin medir las consecuencias de sus actos”, cuenta su madre. 

Yoinier no solo fue víctima de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado, sino de la crisis de salud. El Estado no le garantizó su derecho a la salud,por tanto tampoco el derecho a la vida.

“Cuando Yoinier murió, los médicos me aseguraron que hubiera sobrevivido teniendo a mano las medicinas que necesitaba para ser atendido, por ejemplo antibióticos básicos para curar una infección en la herida. El otro joven se salvó porque la herida no afectó órganos vitales”, expresa la madre del joven. 

En estos cinco años, Yaneth Hernández agotó todos los mecanismos de justicia disponibles orientados a determinar las responsabilidades penales. Pero no ha tenido respuesta. La investigación de su muerte continúa estancada y sus familiares sin obtener respuesta alguna por parte del Estado. 

“No sé quién le disparó, no sé dónde están los asesinos, lo único que pido es justicia, justicia cuantas veces sea necesario”, son palabras que emergen del corazón de otra madre venezolana dispuesta a obtener justicia para el caso de su hijo. 

 

DDHH olvidados | Una bala perdida apagó la vida de Brayan Principal
Una bala perdida durante una protesta antigubernamental de 2017 en el estado Lara le perforó un intestino y le quitó la vida a Brayan Principal de 14 años

@ValeriaPedicini 

Brayan Principal solo tenía 14 años cuando una bala le quitó la vida. El proyectil perforó su intestino en medio de una protesta antigubernamental de 2017 a las afueras del urbanismo Alí Primera, una Misión Vivienda, donde residían. Fue trasladado al Hospital Central “Antonio María Pineda” de Barquisimeto, pero falleció al día siguiente, el 11 de abril de 2017.

Ese día, entre las 8:00 y las 8:15 de la noche, su madre Marbelis Giménez lo había mandado a comprar comida para la cena. El muchacho fue hasta la entrada del urbanismo y vio que más allá, en la avenida principal, los vecinos de las residencias Yucatán habían levantado barricadas y quemado cauchos. 

Pero los residentes de la Misión Vivienda, que eran afectos al chavismo, salieron a confrontarlos. Al principio solo eran insultos; minutos después, había comenzado una balacera. 

Brayan estaba en el sitio y en el momento equivocado. Una bala perdida lo encontró y lo derrumbó contra el pavimento. Fue llevado al centro de salud para ser atendido y lo ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Marbelis se enteró de lo que le había pasado a su hijo por tres vecinos que se acercaron a contarle. Su primera reacción fue no creer lo que escuchaba, pensar que se trataba de un mal chiste. Después se llenó de miedo. Pero poco pudo hacer esa noche: las barricadas le impidieron salir de la urbanización. Su hermana María Elizabeth fue quien llegó al hospital para estar con Brayan; por teléfono le contaba todo a la madre del muchacho. 

Los médicos le contaron que la bala había perforado completamente el intestino de Brayan y que su columna vertebral también estaba comprometida. Le dijeron que quedaría en sillas de ruedas y que sus necesidades fisiológicas las tendría que hacer en una bolsa. 

“A él lo operaron y le colocaron tripitas de plástico. Justo a las 2:08 de la madrugada que estaba en quirófano quedó dependiendo de una máquina, para mí fue en ese momento que murió. Sin embargo, nos decían que estaba estable”, comentó María Elizabeth. 

Marbelis llegó al amanecer. A su muchacho le tenían que hacer una segunda intervención a las  8 am, pero a las 11 am los doctores le avisaron que no habían podido hacer nada por su hijo.

Brayan Principal fue el primer menor de edad caído en una protesta de los 20 que se registraron durante 2017 y la segunda víctima del estado Lara.

“Dios sabe hacer sus cosas, como le digo a mi hermana. Dios no va a dejar a un niño sufriendo en este mundo, pasando trabajo. Iba a quedar en silla de ruedas, a orinar en una bolsita y hacer pupú. Era un niño activo que no dependía de nadie, muy inteligente para quedar así”, señaló la tía de Brayan al recordar al pequeño.

Las versiones

Al principio, el abuelo de Brayan declaró que habían sido funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los victimarios del joven. Pero poco después se descartó esta hipótesis.  

Las versiones que le daban a Marbelis era que el disparo había salido de Yucatán y hasta hablaron de la presencia de un vehículo, historia que se repetía en las declaraciones. Del otro lado, sin embargo, aseguraban que eran colectivos. 

Tras una investigación por parte del Ministerio Público y funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc Lara, se determinó que el proyectil que asesinó a Brayan Principal había salido del mismo urbanismo Alí Primera. 

Presuntamente, quien disparó fue Héctor Yohan Zapata Felice, conocido como “El Maracucho”, un mototaxista de 29 años de edad que describen como “mala conducta” y miembro de colectivos armados. El primer día de los hechos, las autoridades lo interrogaron, pero luego lo dejaron en libertad. Un mes después, entre el 20 y 23 de mayo, fue detenido por orden del Tribunal de Control 2 del estado Lara.

Varios testigos confirmaron que había sido él quien había jalado el gatillo. Las experticias de balísticas, acompañadas de otra serie de pruebas científicas, fueron usadas para privarlo de libertad y acusarlo por homicidio calificado por motivos innobles y lesiones personales graves en grado de complicidad. 

Por este caso también se libró una orden de captura contra Jairo Janer Rivas Rivas, líder de Las Sábilas, el urbanismo más peligroso de Barquisimeto, quien aunque no pertenecía a ningún colectivo, figuraba como cómplice por haber prestado el arma.

El día que Brayan falleció voceros del gobierno de Nicolás Maduro se hicieron eco de su asesinato; incluso fueron al sepelio y condenaron los hechos. Usaron la muerte del joven como bandera política: aseguraban que habían sido los manifestantes opositores quienes habían disparado. 

Desde la Comisión de la Verdad, presidida por Delcy Rodríguez, viajaron a Lara, escucharon a Marbelis y a otras víctimas a quienes iban a indemnizar. La madre de Brayan relató en aquel momento que, en medio de su dolor, tenía necesidades: una nevera, camas y un trabajo. Desde abril hasta junio de 2017 hubo contacto. Pero lo prometido quedó en el aire. Nadie la ayudó.

La  audiencia preliminar del caso ya se realizó y “El Maracucho” no admitió los hechos. El 24 de mayo fue detenido con orden de aprehensión del Ministerio Público, acordada en el Tribunal 2º de control del estado Lara, y el 10 de julio fue acusado de los delitos de homicidio calificado por motivos innobles y lesiones personales graves en grado de complicidad, por lo que fue recluido en la cárcel David Viloria.

La madre del acusado, quien reside en la torre 15 de Alí Primera, amenazó a Marbelis días antes de que se cumpliera un año de la muerte de Brayan. Le pidió que retirara la denuncia por las buenas o por las malas. 

Pero Marbelis dice no tener miedo. Lo único que pide es justicia y que el victimario pague por el crimen. “No fue un perro a quien mató, no fue un animal, fue a un ser humano, a un menor de edad, a un niño que tenía solamente 14 años y que no estaba en protestas”.

DDHH olvidados | “Seguimos exigiendo la libertad de Javier Tarazona porque es inocente”
El activista Javier Tarazona fue injustamente detenido el 2 de julio de 2021 junto a su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García en el estado Falcón 
El director general de Fundaredes ha cumplido un año en detención, a pesar de que distintas organizaciones de derechos humanos han pedido su liberación por su complicado estado de salud

@ValeriaPedicini

 

Las amenazas a Javier Tarazona empezaron mucho antes de su detención arbitraria. Como director de Fundaredes, organización que fundó hace más de 20 años, sabía el riesgo que corría cada vez que denunciaban la actuación de grupos armados irregulares en las fronteras venezolanas. 

No era extraño ver camionetas o patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) dando vueltas por su vivienda. Tampoco le pareció extraño cuando un día despertó y un vecino le avisó que le habían escrito “La Furia Bolivariana (La FB) XXXX” en su fachada. A eso se enfrentan los defensores de derechos humanos y activistas en Venezuela.

Cuando los enfrentamientos entre militares de la Fuerza Armada Nacional y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) explotaron en Apure, Fundaredes comenzó a documentar el conflicto. Testimonios de desplazados, militares desaparecidos. 

Pero Diosdado Cabello negó la presencia de guerrillas colombianas y amenazó a la organización: “Los vamos a combatir donde estén, se llame FundaRedes, se llame como se llame”.

Javier no se detuvo. El 30 de junio de 2021, se trasladó a Caracas a pedirle a la Fiscalía que investigara al exministro de Interior y exgobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, y a su esposa, Carola de Rodríguez, por tener vínculos con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Su ONG había denunciado la existencia de «casas seguras» para la operatividad de los cabecillas del ELN y los disidentes de las FARC. El Estado lo sabía, los protegía y no hacía nada. Y Javier no se quedaba callado. 

«Hoy le estamos pidiendo al Ministerio Público que se le informe a la opinión pública nacional e internacional cuál es la relación que existe entre la agropecuaria Don Pío -otra presunta ‘casa segura’-, que es un registro mercantil venezolano perteneciente a Rodriguez Chacín», dijo frente a algunos periodistas. 

Al terminar la declaración, el activista se trasladó hasta Coro para dar unos talleres de derechos humanos. Iba con su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García, miembro de Fundaredes. Durante la actividad, les avisaron que hombres armados estaban rondando la zona. Ellos salieron del lugar y lograron mantenerse a salvo por un par de horas. 

Poco sirvió que en 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le haya otorgado medidas cautelares de protección por considerar que estaba en riesgo. 

A la mañana siguiente, se dirigieron a la sede del Ministerio Público del estado Falcón para denunciar el hostigamiento de fuerzas de seguridad del Estado. También se encontraba Jhonny Romero, representante del «Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela» (mayday CONFAVIDF). 

A todos los detuvieron el 2 de julio de 2021. 

El inicio de las irregularidades

“A mi hermano y a Omar de Dios lo sacan de la fiscalía del estado Falcón donde se estaba pidiendo protección porque estábamos siendo víctimas de una acoso por parte de cuerpos policiales sin identificación desde el día primero de julio. En mi caso, yo me encontraba en la camioneta de mi hermano. A mí me detienen sin una orden judicial, sin la presencia de ningún fiscal”, cuenta Rafael Tarazona. 

Durante las siguientes 24 horas se conocía poco sobre el paradero de los activistas. Fueron víctimas, así como tantos otros, del delito de desaparición forzada. 

Alrededor de las 3:00 p.m del día siguiente, se supo que los activistas estaban siendo presentados ante el Tribunal de Terrorismo 3ro de Control a cargo de la juez Luisa Garrido. 

Rafael Tarazona explicó que habían sido trasladados a Caracas en una avioneta y luego los llevaron hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide. No se les permitió el acceso a los abogados de Foro Penal designados por ellos y les impusieron un defensor público.

“Nos llevan al Helicoide donde no hubo presencia de fiscal, no hubo presencia de nadie, ni siquiera de nuestros abogados, sino hasta el día siguiente es que nos llevan al Tribunal a la presentación donde nos imputan una serie de delitos”, dice. 

Los acusaron de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio. El Tribunal dictó medida privativa de libertad y se estableció como centro de reclusión el ahora llamado “Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar”, conocido como “La Planta”. Sin embargo, los devolvieron a El Helicoide. 

Tarazona señala que estuvieron en investigación por 45 días que se extendieron hasta diciembre de 2021. Sin embargo, en octubre fue realizada una audiencia de presentación donde a Omar de Dios García y a él le quitaron una serie de delitos y  fueron excarcelados.

“Nos pasan a juicio con el delito de promoción e instigación al odio en grado de cómplices no necesarios. A mi hermano lo mantienen detenido con dos delitos: terrorismo e instigación al odio. Tanto a Omar como a mí nos dan una libertad bajo una medida cautelar el día 26 de octubre con prohibición de salida del país y presentación cada ocho días en el Tribunal de Control”

Deterioro en prisión

Distintas organizaciones de derechos humanos han alzado la voz por la liberación del activista Javier Tarazona. Sobre todo, por su detención injusta pese a presentar un delicado estado de salud.

Desconocemos las condiciones reales de reclusión en las que se encuentra nuestro director general quien, constantemente, presenta nuevas patologías que van deteriorando aceleradamente su estado de salud”, dijo la coordinadora del área de Documentación y Derechos Humanos de Fundaredes, Clara Ramírez.

“Debido a sus condiciones de reclusión a Javier Tarazona se le ha deteriorado su salud. Él tiene enfermedades base diagnosticadas previas a su detención, una de ellas arritmia cardiaca”, han explicado representantes de Fundaredes. Por sus condiciones de reclusión, han surgido nuevas patologías: psoriasis y neumonía -producto de haber tenido COVID-19-. 

Siguen esperando que sea evaluado por un especialista.

Javier tiene un deterioro de salud constante producto de la misma detención y esa es nuestra mayor preocupación. Su estado de salud es delicado. Mi hermano tiene unas patologías bases que día a día se ven más complicadas porque lamentablemente la detención que vive no es para ningún ser humano que de verdad no tiene ningún delito. Su delito es velar por los derechos humanos de los demás”; expresó su hermano Rafael. 

No es un delincuente

Al cumplirse un año de su detención, la organización Fundaredes pidió por la libertad plena de su director general Javier Tarazona. 

Seguimos esperando que el tribunal de juicio fije la fecha para que se dé la audiencia preliminar, la cual ha sido diferida en 13 oportunidades anteriores, por lo que nuestro llamado sigue siendo el mismo que hemos hecho desde el día 01, libertad plena para Javier Tarazona, su hermano Rafael Tarazona y el activista Omar de Dios García”, aseguró Clara Ramírez coordinadora de documentación y DDHH. 

Michelle Bachelet presentó una actualización oral sobre el caso de Venezuela en la que se mostró “preocupada por el enjuiciamiento de miembros de la ONG de Derechos Humanos Fundaredes; dos de sus miembros han sido puestos en libertad condicional, pero siguen enfrentándose a cargos penales”.

En 2021, tres presos políticos fallecieron bajo custodia del Estado Venezolano. Ramírez espera que Javier Tarazona no sea uno más de esta lista. “A Javier se le vulneran los derechos fundamentales que están afectando su salud física y emocional”

Durante la rueda de prensa, Teresa Sánchez, madre de Tarazona, expresó que desde que su hijo comenzó en Fundabriseta -como inicialmente se llamaba Fundaredes-, “lo que he visto es formación, amar al ser humano, porque eso es Javier Tarazona, no es ningún delincuente como pretenden hacerlo ver”. 

Afirmó que, de algún modo, ella también está presa al no poder tener a su hijo. “Mi petición es que lo miren con ojos de piedad y consideración, denle la libertad plena porque tanto Javier como su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García no son ningunos delincuentes”.

Rafael Tarazona explicó a Runrunes que ambos se siguen presentando ante el Tribunal de Juicio, aunque todavía no existe una fecha de juicio. “Básicamente seguimos detenidos, a pesar de que yo mantengo una libertad condicionada porque lamentablemente no se puede tapar con un dedo el sol o las realidades de lo que se vive en Venezuela”. 

Dijo que su hermano lo que ha hecho es promocionar la educación, defender los derechos humanos y haber sido voz de muchísimos venezolanos que han sufrido las calamidades de un Estado donde la vulneración de derechos es inminente. “Seguimos exigiendo la libertad de Javier porque Javier es inocente”. 

 

DDHH olvidados | “Yo era la carnada”
Juan Pedro Lares fue detenido arbitrariamente en 2017 por grupos armados y cuerpos de seguridad del Estado. Estuvo 10 meses en El Helicoide

@ValeriaPedicini 

A Juan Pedro Lares, hijo de Omar Lares, alcalde del municipio Campo Elías del estado Mérida, lo sacaron de su casa el 30 de julio de 2017. Ese día se llevaban a cabo las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. El muchacho de 24 años estaba dormido en su cuarto cuando grupos armados y funcionarios policiales irrumpieron en la residencia para llevarse a su padre tras amenazas que habían sido impuestas por el gobernador del estado, Alexis Ramírez, por su presunta “complicidad con la colocación de barricadas” en el municipio. 

El padre del joven logró huir; también su esposa y su hijo de 13 años, pero Juan Pedro quedó atrapado en el cerco y fue retenido “como un símbolo de chantaje”, así lo aseguró en esa oportunidad, su madre, Ramona Rangel.

 

«Eran las dos de la tarde, estábamos los cuatro, mi hijo de 13, Jesús Lara, mi hijo de 23 secuestrado, mi esposo Omar y mi persona. Escuchamos que golpeaban la puerta de manera brusca y le dije a mi hijo, ‘hijo, ¡coloque las trancas!‘. Rápidamente se escucharon detonaciones para romper el cilindro. Cuando mi cuñada Lourdes me dijo, ‘¡Ramona, está la guardia, salgan!‘. Entonces, salimos corriendo hacia la parte trasera de la casa. Vivimos en una casa colonial que comprende casi una cuadra de extensión detrás de la que hay un polideportivo, nos trepamos a los techos, pero mi hijo no pudo salir…», explica Ramona.

De acuerdo con su tía Liliana Rangel, los atacantes no lograron penetrar por la puerta principal, por lo que ingresaron por las ventanas de la residencia. Mientras trataban de escapar por atrás, Juan Pedro dejó adelantarse a su padre porque él no tenía orden de arresto.

“No te preocupes, no me van a hacer nada», reporta Liliana que dijo el joven, hasta que un helicóptero lo avistó en el techo de su casa y lo capturaron los miembros del Sebin.

Después de su aprehensión —la cual no constó de ninguna orden de captura emitida por un tribunal—, la madre decidió trasladarse desde la población merideña a Caracas, pues le aseguraron que su hijo se encontraba en El Helicoide. 

Durante varios días, nadie supo de su paradero y el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro exigió su aparición, pero de acuerdo con su madre, fue la presión de la cancillería colombiana la que ayudó a que apareciera, una vez que El Universal de Caracas indicó que los presos políticos de la organización estudiantil Liberación 23 retenidos en el Helicoide confirmaron haberlo visto ingresar a la prisión.

 

En efecto, luego de 48 horas sin saber de su paradero, constató a través de abogados del Foro Penal Venezolano que al joven lo habían llevado a esta sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Juan pasó diez meses encerrado en El Helicoide sin orden judicial ni ser nunca transferido a un tribunal y fue liberado con la condición de pasar desapercibido por los medios de comunicación. El gobierno deseaba apresar a su padre y como no lo logró, mantuvo en calidad de secuestro a su hijo durante casi un año.

El joven contó a Provea que las condiciones de reclusión no eran nada fáciles. “Dormíamos en el piso, nunca teníamos agua para bañarnos, la comida no llegaba. Gracias a Dios tuvimos el apoyo de mucha gente que nos llevó comida porque si no, estuviéramos en un estado crítico de salud. Sin embargo, cuando nos llevaban la comida los funcionarios se la comían. Luego del motín lo que nos enviaban nunca llegaba. Se vivieron momentos muy duros en ese lugar”

Explica que, en cuanto a la relación con los otros presos, uno solo compartía en las visitas, porque del resto eran las 24 horas confinados en la celda. “No salíamos para nada”. 

“Mi madre pudo ir dos o tres veces. En las dos primeras oportunidades, fueron solo 10 minutos y luego de ocho meses, pudo entrar mi tía por una hora y mi madre una hora. Esas fueron las únicas visitas que tuve en ese tiempo, de resto no pude ver a más nadie. De parte de abogados como nunca fui presentado ante tribunales, no tenía expediente abierto, no tenían un caso al cual defender. Estaba secuestrado por parte del Estado venezolano para que mi papá se entregara, yo era la carnada”. 

Juan Pedro también contó que durante su reclusión no fue maltratado físicamente, pero sí durante su detención.

 

«Los funcionarios del SEBIN me patearon, me golpearon con una pistola en el cuello, me amenazaron con matarme si no decía el paradero de mi papá, incluso me rociaron con gasolina y me decían que iban a prenderla si no les decía dónde estaba mi padre. Luego, me trasladaron a la sede del SEBIN en el estado Mérida y en ese lugar me dijeron que si no decía dónde estaba mi padre me iban a poner la” bolsa”, que es un método de tortura donde te tapan la cabeza con algún tipo de químico irritante como insecticida y te asfixies, también me amenazaron con electrocutarme”.

Explica que el 1 de junio, como a las 11:30 de la mañana, funcionarios llegaron a la celda donde se encontraba junto a otros presos y les informaron que irían a una sesión de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente. 

“La primera condición fue que no pude salir como el resto de los presos, como estaba secuestrado y los medios se encontraban en la entrada del Helicoide, pues me indicaron que debía llamar a alguien que me fuera a buscar en algún vehículo para salir discretamente. La otra condición fue que no podía dar declaraciones a la prensa, ni proselitismo político. Nunca me entregaron una boleta de excarcelación”, agregó. 

DDHH olvidados | El fotógrafo Carlos Debíais García, detenido por volar un dron
El fotógrafo Carlos Debíais García fue detenido arbitrariamente y acusado de terrorismo por presuntamente haber sobrevolado con un dron la Refinería Amuay

@ValeriaPedicini 

 

Carlos Debíais García es fotógrafo. Y por eso, por volar un dron el viernes 12 de noviembre de 2021, fue detenido de forma arbitraria por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la urbanización Judibana, municipio Los Taques del estado Falcón. 

Lo último que supieron sus familiares fue por un mensaje que Carlos le había enviado a su prima a las 3:00 de la tarde desde Judibana. “Él tenía que buscar a una tía a eso de las 4 p.m., nunca llegó. A partir de ahí nos comenzamos a preocupar y empezamos a llamarlo”, expresa su prima Gabriela Galicia a Espacio Público. 

El joven estuvo desaparecido arbitrariamente desde esa hora hasta las 2:30 p.m del día siguiente cuando autoridades informaron sobre su paradero y que se encontraba bajo investigación. 

Sus familiares se enteraron de lo que estaba ocurriendo cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaron su vivienda sin orden judicial en horas de la noche y se llevaron equipos electrónicos, cámaras fotográficas y teléfonos celulares.

“No fue sino hasta las 10 de la noche que llegaron 4 camionetas del Dgcim, con aproximadamente 20 funcionarios. Ingresaron a la casa y se llevaron computadoras, memorias, herramientas, el celular de mi primo; se llevaron una cantidad de cosas que no nos daba tiempo de ver qué estaban agarrando”, dijo Galicia.

Tras el procedimiento, los funcionarios le pidieron la cédula a los miembros de la familia para levantar un acta sobre los equipos que estaban incautando. 

Luego del allanamiento, los familiares se trasladaron a la sede de la Dgcim en el estado Falcón para tener información sobre el paradero de Carlos, pero no recibieron ninguna respuesta. Al abogado tampoco lo dejaron pasar.

Acusado de terrorismo

Remigio Ceballos, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del gobierno de Nicolás Maduro, ofreció declaraciones el sábado 13 de noviembre donde confirmó la detención del fotógrafo por sobrevolar con un dron la Refinería Amuay y ser parte de un plan contra algunas autoridades e infraestructuras estratégicas del Estado.   

“El día de ayer fue detenido el ciudadano Carlos Germán Debiais García con un vehículo pilotado a distancia; estaba haciendo vuelos en los alrededores de la refinería de Amuay, la GNB logró su aprehensión y estamos en plena investigación”, informaron a través de la cuenta oficial del ministerio en Twitter.

Sin embargo, los familiares del fotógrafo desmintieron estas acusaciones. Su hermana Nathali Debiais, en su cuenta de Instagram, publicó otra versión de los hechos: “Él no estaba volando un dron cerca de la refinería de Amuay como se dice, su error fue volar el dron cerca de la casa de un General y lo están usando para vender una historia distinta. Tampoco le han permitido hablar con su abogado. Lo único que sabemos es que lo trasladaron a Caracas ayer en la noche. Mi familia y yo estamos muy asustados por lo que pueda pasarle”, indicó.

Su prima Gabriela Galicia declaró que al momento de su captura se grababa la bahía de Amuay y recalcó que el dron que pilotaba -por tratarse de uno comercial- no le permitía grabar en zonas restringidas ya que se bloquea automáticamente, “así que no es posible que hiciera tomas de la refinería ni mucho menos”.

Carlos apenas tenía dos meses en el país, procedente de Bahamas, donde se encontraba trabajando, refirió El Pitazo. El joven se dedicaba a fotografiar paisajes. El día que mencionan como justificación para su detención buscaba información acerca de la zona petrolera por medio de la toma de fotos y videos sobre la zona de la refinería Amuay.

Según ha denunciado la ONG Espacio Público, su detención se traduce en una esta situación se traduce en una violación al ejercicio de la libertad de expresión.

El 15 de noviembre, el Tribunal Tercero de Control con competencia en terrorismo, a cargo de la juez Luisa Garrido, imputó al fotógrafo Carlos Debiais por los presuntos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y violación del espacio aéreo.

Preso con boleta de excarcelación

La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) informó el sábado 15 de abril que el fotógrafo Carlos Debíais García había recibido su boleta de excarcelación pero funcionarios todavía no lo habían dejado en libertad.

La organización explicaba que los familiares del fotógrafo piden que se haga justicia porque desde que le arrestaron se han visto diversas irregularidades como retardo procesal, desaparición forzosa, impedido de recibir visitas y continúa dentro del Rodeo II a pesar de ya poder salir de ahí.

Carlos Debíais, padre del detenido, aseguró que el director del penal no le concede la libertad a su hijo mientras no llegue un correo electrónico del Ministerio de Servicios Penitenciarios. “En eso estamos, mi hijo prácticamente está secuestrado. El llamado al Presidente de la República y al Fiscal General. Los familiares deseamos su pronta la libertad”.

El padre del fotógrafo explicó a Una Ventana a la Libertad que el joven no tiene antecedentes penales y fue detenido injustamente por tomar fotos de los espacios públicos para sus redes sociales, donde solo buscaba resaltar las bondades de la región.

La familia pide que se haga justicia y devuelvan la libertad del joven que es inocente de lo que se le acusa. “Es un hombre trabajador, padre de familia que necesita regresar a su casa”, dijo su padre.

DDHH olvidados | Protestar por los derechos de los trabajadores le salió caro a Eudis Girot
El sindicalista Eudis Girot fue detenido arbitrariamente a mediados de noviembre de 2020, luego de participar en protestas para exigir beneficios salariales y laborales

El mismo Eudis Girot advirtió en redes sociales el atropello que cambiaría su vida para siempre. “Hoy 18 de noviembre a las 5 p.m. se presentaron en mi residencia funcionarios del Dgcim con orden de detención en mi contra. Basta de atropello y criminalización de las protestas”, publicó en su cuenta de Twitter en 2020.

Al día siguiente, los efectivos lo sacaron de su vivienda, ubicada en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, y se lo llevaron detenido.  

El lunes 22 de noviembre, sin haber tenido ningún tipo de comunicación con sus abogados o familiares, Girot fue trasladado a Caracas para ser presentado ante el Tribunal Especial Tercero de primera instancia en funciones de control con competencias en delitos ascoiados al terrorismo. 

Arelys Ayala, su abogada y miembro de la ONG Foro Penal, informó que Girot había sido acusado de asociación para delinquir, conspiración, divulgación de información confidencial y terrorismo. 

¿Qué hacía Eudis Girot?

Eudis Girot es director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv). El sindicalista emitía semanalmente una actualización del estado de las refinerías e informaba sobre la lucha que llevaba adelante junto a los trabajadores petroleros que claman por mejores salarios y denuncian la crisis de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 

En los meses previos a su detención, el sindicalista había encabezado varias manifestaciones regionales y estatales en exigencia de beneficios salariales y mejores condiciones laborales para los trabajadores de la industria petrolera. También, había denunciado presuntos casos de corrupción vinculados a mafias de combustible de petroleras del país.

En una audiencia el 27 de noviembre, sólo una semana después de su arresto, el fiscal Yorman Flores dijo que los funcionarios de la DGCIM), que investigaban un supuesto complot para desestabilizar la industria petrolera, encontraron tuits de la cuenta de Girot que “reveló información estratégica” de Pdvsa

Flores acusó a Girot de enviar “mensajes para crear conmoción y zozobra en la población en relación a la escasez de combustible”, según una transcripción del tribunal vista por Reuters.

“Sabemos lo sensible que (es) para la población el tema de la falta de combustible”, dijo Flores en un tribunal contra el terrorismo en Caracas, en el que pidió prisión preventiva para Girot. “El ventilar este tipo de información a través de una red social, y dado el cargo que desempeña el ciudadano acá presente (…) podría otorgarle cierta credibilidad”.

Libertad a medias

Eudis Girot fue detenido arbitrariamente y estuvo preso por 17 meses. En ese tiempo, estuvo en cuatro lugares de reclusión distintos: sede de la Dgcim en Puerto La Cruz, luego en la sede de Boleíta en Caracas en la cárcel de El Rodeo II en Guatire y más recientemente en La Planta en Caracas.  

El pasado 7 de abril, en la espera de una audiencia de juicio que fue suspendida en los tribunales del Palacio de Justicia, efectivos de la Guardia Nacional lanzaron una bomba lacrimógena en la celda en la que se encontraba junto al otro preso político Rodney Álvarez, recientemente excarcelado.

Los familiares de Girot denunciaron que estuvo a punto de morir, pues la inhalación de esos gases tóxicos le produjo una arritmia cardíaca severa. “Un guardia nacional lanzó una bomba lacrimógena, poniendo en riesgo su vida. Esta es la segunda oportunidad en que los cuerpos de seguridad ponen en riesgo la vida de Eudis”, señaló su esposa en ese momento.

Diversos movimientos de trabajadores informaron el 25 de abril que el preso político Eudis Girot había sido liberado. El Partido del Trabajo y la organización Democracia Sindical aseguraron que la libertad del trabajador petrolero se dio tras una audiencia del juicio, donde también estaba siendo acusado de porte ilícito de armas.

Al dirigente gremial se le dictó medidas sustitutivas de libertad con régimen cautelar. A Girot le desestimaron casi todos los cargos en su contra, excepto el de instigación. 

“Eudis fue condenado a tres años por esa causa que le queda, más se le dio esa medida cautelar de presentación cada 30 días ante en tribunal y prohibición de salida del país. Como la instigación es un delito más leve, el juez le dio la medida de presentación para que pueda irse a su casa», dijo Rosario Ríos, esposa del sindicalista. 

Asimismo, dijo al día siguiente de su liberación que Girot aún se encontraba “consternado” y convaleciente por varias crisis de salud durante su reclusión, por lo que pronto tendría visita médica. 

“Está esperando para ir al médico y restablecerse por completo; pero fuerte de espíritu y con la valentía que Dios le ha dado, convencido de lo que hemos hecho es correcto. De que luchar por Venezuela es lo correcto”.

Su liberación se dio en medio de una visita de una comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha solicitado, desde hace varios años, la liberación de todos los trabajadores presos por razones políticas.

La vida ya no es la misma

En una entrevista en el programa “Vladimir a la Carta”, Eudis Girot contó su experiencia como preso político venezolano por más de año y medio. Dijo que luego de una experiencia así, “se entra en un proceso nuevo que transforma la percepción de toda una vida”. 

“La gente ni se imagina”, expresó. Cree que esos 17 meses de detención lo transformaron, dejando atrás la “efervescencia” con la que discutía sobre temas relacionados al rescate de la empresa petrolera y asumiendo actualmente una actitud más reflexiva al respecto.

Girot señaló que toda esa situación le hizo sentir “compungido” debido a que no solo la detención afecta a una persona en específico, sino a toda una familia. “Te consigues con situaciones que te buscan convertir en despojo humano, pero hay que resistir con dignidad”. 

Denunció que en El Rodeo II existe una situación delicada con los reclusos que ahí se encuentran hacinados por problemas de salud como la tuberculosis, por lo que solicitó al Ministerio de Asuntos Penitenciarios que tome cartas en el asunto.

Asimismo, el sindicalista comentó que sufrió malos tratos desde el primer momento en el que los efectivos de la Dgcim fueron a su vivienda para llevárselo detenido. 

“La persona piensa que el maltrato físico es desde el primer golpe. Eso procede desde la primera mirada de los funcionarios de los cuerpos de seguridad que llegan a tu casa y entran. Que te llevan escoltado a un centro de reclusión. Ahí comienza el maltrato; eso que sientes cuando entra la llave en la cerradura de un candado, entra incertidumbre (…) de si es entrevista o maltrato”. 

A pesar de lo vivido, dijo que este tipo de situaciones lo ayudaron a formar un “temple de hierro” para seguir trabajando en pro de cambios que beneficien a los venezolanos.

Comentó que unos días después de haber sido excarcelado, le fue extendida una invitación de la comisión de encuestas de la OIT para escuchar su caso y conocer su versión de la realidad de los trabajadores desde la perspectiva de una víctima de prisión arbitraria.

En Falcón la violencia contra la mujer es causada mayoritariamente por parejas de las víctimas
En 41,3% de los casos, los perpetradores fueron las parejas o exparejas de las víctimas

El Observatorio Venezolano de Violencia en Falcón (OVV Falcón) documentó 56 casos de violencia contra la mujer en la entidad. Estas cifras se corresponden con eventos de violencia interpersonal publicados por los medios de comunicación entre enero y marzo de 2022.

El tema ha sido recurrente, pues en Falcón durante 2021 fueron reportados al menos 318 delitos monitoreados, entre los cuales se destacó  en primer lugar los delitos de agresión contra la mujer con un (41%).

De acuerdo a la información recolectada por el equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en el estado Falcón (OVV Falcón), durante el primer trimestre de 2022, han ocurrido 56 casos de agresiones contra la mujer, que en comparación a los 35 casos ocurridos en el mismo periodo de 2021, representa un aumento del 60%.

En este monitoreo del primer trimestre del 2022 destaca que las agresiones en contra la mujer van desde la física, verbal, amenazas de muerte, acoso y el robo, seis de las 21 categorías especificadas y tipificadas como delitos contra la mujer en la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En consecuencia, de estos 56 casos de violencia, ocurrieron 18 casos  en enero (40%), 21 casos en febrero (65,5%) y 17 casos en marzo (39,5%). Es probable que estos hechos tengan un sub registro ya que las víctimas de violencia de género en oportunidades no denuncian por amenazas de sus victimarios, aunado que todos los casos no son reseñados en los medios de comunicación social. 

Sobre los agresores, en los primeros tres meses de 2022, el 41,3% de los casos los perpetradores fueron las parejas o exparejas de las víctimas. Los victimarios han resultado ser mayoritariamente familiares o conocidos con el 36% en enero, 52% en febrero y 36% en marzo.

Asimismo se determinó que los municipios que aglutinaron la mayor cantidad de hechos de violencia contra la mujer en este primer trimestre fueron Miranda, Carirubana, Colina, Mauroa y Falcón.

Para ilustra la situación, el equipo investigador del OVV Falcón, observa con inquietud, que los datos acumulados durante los tres meses iniciales de 2022, en general, reflejan que la ocurrencia de hechos de violencia interpersonal parecen seguir una tendencia similar a la registrada el pasado año, en cuanto a que son cometidos en días de semana y en horas del día. No obstante, igualmente llama la  atención el incremento de los delitos calificados genéricamente como provecho ilícito y agresiones graves o leves entre las que cuentan la violencia de género,  lo que podría juzgarse como que el impacto de la crisis económica (desempleo, acceso limitado a un salario justo), ha incrementado los efectos negativos en cuanto a convivencia ciudadana o del debilitamiento de la estructura familiar.

Dentro de estos casos, destaca el de un hombre que maltrataba de manera continuada a su conyugue, pero la mujer cansada de las agresiones decidió denunciarlo. El hecho ocurrió en el sector Los Tanques del municipio Mene Mauroa al occidente del estado Falcón. En el curso de la denuncia la agraviada reveló que su pareja solía cargar consigo unos objetos que le parecían peligrosos, con apariencia de armas. Tras arrestarlo, descubrieron que eran dos bombas lacrimógenas, ambas de uso exclusivo de cuerpos policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana para mantenimiento del orden público. Adicional, la comisión incautó un par de esposas, las que presuntamente le ponía a su cónyuge al maltratarla y someterla a tratos crueles. No obstante, esta tenía una llave y lograba quitarse esas esposas, según los relatos.

Análisis sobre  la violencia contra la mujer

Cabe señalar, que a pesar de los avances legislativos con la creación de la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el desafío sigue siendo su implementación y la creación de condiciones concretas para el ejercicio de los derechos de las mujeres, específicamente el referido al acceso a la justicia y establecimiento de sanciones oportunas y adecuadas que limiten la violencia y en consecuencia, la impunidad. Estas medidas garantizarían la aplicación de la justicia y protección de la mujer como ser indispensable para la sociedad.

Según el OVV Falcón, la solución a la violencia de género debe basarse en la reconstrucción del tejido social que actualmente se encuentra alterado por los procesos acelerados, los cambios políticos, el alto índice de inflación, la pobreza, la falta de políticas públicas a los problemas del país y todas estas situaciones que hacen vulnerable a los individuos por tener miles de necesidades insatisfechas.

“Son nuevas políticas públicas incluyentes de la realidad actual las que permitirán disminuir los efectos de la desigualdad y exclusión para darle paso a la prevención y eliminación del problema de los hogares venezolanos.  Una forma de prevenirla, es alentando a toda la comunidad a respetarse y entender que todos los seres humanos son iguales a pesar de los problemas; la familia es única y en consecuencia, se debe proteger, razón por la cual la violencia debe ser desterrada del hogar para brindar al mismo estabilidad, amor y equilibrio”. Considera el equipo.

Finalmente consideran necesario un mayor esfuerzo en acciones gubernamentales, regionales y locales puesto que  la violencia de género se mantiene latente en la sociedad. “Reducir la violencia contra la mujer indica la necesidad de definir estrategias de prevención que aborden los problemas sociales que inciden en tal problemática social”.