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25 detenidos y 10 heridos en protestas de Nueva Esparta y Sucre
La fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui dijo que los abusos policiales se produjeron tras el descontento de la población por la falta de los servicios públicos

El director de la fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui (FDDHHANZ), Alcides Magallanes, sostuvo que este lunes 28 de septiembre organismos de seguridad aplicaron el uso excesivo de la fuerza en las protestas registradas en los estados Sucre y Nueva Esparta.

“Funcionarios siguen acumulando crímenes de lesa humanidad, no han tomado en cuenta los exhortos presentados en el informe de Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas. De esta forma buscan acallar las voces que exigen el respeto de sus derechos y que cada vez se hacen extensivas en las comunidades populares”, apuntó Magallanes.

El representante de la institución argumentó que los abusos policiales se han producido tras el descontento de la población por la falta de los servicios públicos.

Aseguró que de acuerdo al Observatorio de la Fundación de los Derechos Humanos, 25 personas fueron detenidas arbitrariamente en Nueva Esparta y 10 resultaron heridas en Carupano, mientras protestaban por la falta de gas y gasolina.

Magallanes exhortó al Ministerio Público a investigar y sancionar a los funcionarios policiales y militares responsables de tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.

Así lo dio a conocer   institucional de la mencionada Organización No Gubernamental (ONG), quien resaltó que en la mañana de este lunes, 

 

 

 

DDHH olvidados | “Lo único que espero es justicia”

@ValeriaPedicini

 

Carmen González de Garbi sabe cuánto tiempo ha pasado: 5 años, 3 meses y 22 días. Lo dice con exactitud porque lleva la suma de los días que han pasado desde que efectivos de seguridad del Estado entraron a su vivienda en Valencia para llevarse detenido a su hijo Antonio José de Garbi. 

Ambos se encontraban en casa ese 3 de junio de 2015. Un vecino que nunca les había tocado la puerta, aquel día lo hizo alrededor de las 3 de la tarde. “Señora Carmen, por favor abra que tengo que hablar con usted”. Aunque la petición le pareció extraña, ella abrió la puerta y se llevó una desagradable sorpresa cuando vio lo que había al otro lado del umbral: motos, camionetas y una gran cantidad de funcionarios de distintos cuerpos policiales. Se asustó. “Vino un gentío impresionante, como si estuvieran haciendo un operativo para un alto criminal. Fue horroroso”.

Entraron sin dar muchas explicaciones, la suficiente para dejar clara su intención: estaban ahí por Antonio. “¡Hijo! Te busca una comisión del CICPC”, expresó su madre dirigiéndose a su cuarto que estaba cerrado. Carmen pidió varias veces que no tumbaran la puerta, que esperaran a que su hijo abriera, que seguro lo haría en cualquier momento. Pero de una sola patada uno de los funcionarios derribó y destrozó la puerta. 

Detuvieron al joven de 24 años y registraron cada rincón de su habitación. Sin considerar ni un segundo dejar a su hijo solo, Carmen se vistió rápido y “ocurrió el milagro” de que la dejaran montar en uno de los vehículos policiales. 

 

A Antonio de Garbi lo acusan por el presunto homicidio del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ramzor Bracho, ocurrida en la urbanización El Trigal, estado Carabobo, durante las protestas antigubernamentales del 12 de marzo de 2014. En ese momento trabajaba por su cuenta para pagar sus estudios en la Universidad José Antonio Páez, donde cursaba los últimos semestres de publicidad y mercadeo.

Daño físico y mental

A Antonio lo llevaron a una comandancia del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Ahí estuvo casi un año encerrado en condiciones precarias. 

Carmen lo visitaba todos los días para llevarle las tres comidas porque no les garantizaban la alimentación. A veces se las hacían llegar, a veces no, a veces le mandaban a vaciar la comida en bolsas plásticas para dárselas así. “Sí había oportunidad de verlo, pero en una situación incómoda y degradante. “A los detenidos los sacaban esposados, los sentaban en una silla amarrados unos con otros y los familiares se paraban frente a ellos. Esa era la visita que no duraba ni 15 minutos”. 

En la celda donde estaba no cabía ni una persona más. Su madre le pudo hacer pasar un chinchorro y Antonio lo logró colgar pegado al techo. Así pudo dormir, lejos de las ratas y cucarachas que paseaban en el suelo por las noches. 

Su siguiente destino fue el Internado Judicial de Carabobo, conocida como la cárcel de Tocuyito. 

Desde su traslado, Carmen solo lo puede visitar una vez al mes. Sin carro, porque se le dañó y no lo ha podido reparar, debe pedir la cola al penal a amigos y conocidos. Llegaba desde temprano a hacer la cola, pasar la “inhumana y desagradable” requisa y se quedaba con él hasta las tres de la tarde, cuando se terminaban las visitas. 

 

La última vez que lo vio fue el 8 de marzo de este año, días antes de que anunciaran los primeros casos de coronavirus en el país y decidieran restringir las visitas de los familiares en las cárceles venezolanas para evitar la propagación del contagio. 

Durante sus largos años de detención, el joven ha tenido que lidiar con hepatitis, escabiosis y un broncoespasmo pulmonar que lo convierte en población de riesgo para la Covid-19. “Yo vivo ahorita un pánico pidiéndole a Dios que mi hijo no se enferme”, cuenta la mujer de 68 años. 

Cuando la tiene enfrente, Antonio siempre le pregunta lo mismo: hasta cuándo va a estar tras las rejas. “No se ha dejado decaer pero le pegan muchísimo todo lo que ha pasado. Se pregunta por qué a él si es inocente. Dice que no aguanta más estar en esa situación. Está con una depresión y ansiedad demasiado grande y ha tenido pensamientos duros”. 

Congelado en el tiempo

El caso de Antonio Garbi está estancado. Le imputaron homicidio intencional calificado, homicidio intencional en grado de frustración, instigación pública y asociación para delinquir. Hasta la fecha, no ha habido juicio y sus audiencias han sido diferidas múltiples veces porque los fiscales del ministerio público no asisten. Sus defensores y familiares aseguran que el joven no se encontraba en el lugar cuando ocurrieron los hechos. Ese día solo había salido a protestar, como otros cientos de venezolanos. 

“Su expediente está muy mal armado y hay muchas irregularidades. Ha sido una calumnia tras otra, no hay ninguna prueba que lo inculpe. Lees el expediente y grita ‘inocente’ en cada página”. 

La población carcelaria en Venezuela es de 43.992, según el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Aunque el número disminuyó, el hacinamiento continúa. Pero el retardo procesal es otro de los fenómenos que ponen en evidencia las fallas en el sistema de justicia venezolano: 61 % de los privados de libertad todavía están bajo un proceso penal no concluido. 

Ese número llegó a 100 desde que en los tribunales penales venezolanos no se están realizando audiencias por los decretos de estados de alarma, en el marco de la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

A finales de 2019, su defensa introdujo un avocamiento a la Fiscalía pero hasta el momento no han recibido una respuesta. “Todo está cerrado y no se puede hacer nada, hay que esperar a que los tribunales empiecen a trabajar. Por la pandemia todo se ha alargado de una manera insoportable”, dice Carmen.

 

Las organizaciones Acceso a la justicia y el OVP ven con preocupación los decretos de estado de alarma porque pueden ser una excusa para que el Estado no garantice el acceso a los órganos de justicia, debido proceso y la libertad personal. “Las autoridades nacionales han fallado a la hora de tomar dichas medidas sin afectar a otros derechos fundamentales”. 

El Foro Penal Venezolano registró, entre el 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020, 3.479 casos de detenciones por motivos políticos, de los cuales 902 fueron selectivas y el resto se desarrollaron en el contexto de protestas. 

Carmen describe la detención de su hijo como “una tragedia, una injusticia, un desgaste borroso”. “Lo detuvieron casi año y medio después de lo sucedido. No hay ninguna prueba que lo incrimine en nada. Es un chivo expiatorio, a toda costa tiene que haber un culpable y no importa quién. Él pagando una cárcel injusta siendo inocente, acusado de un homicidio que no cometió. La está pasando muy mal sin tener por qué. ¿Por estar protestando? Eso es un derecho”. 

A pesar de todas las trabas, ha acudido a todas las instancias nacionales e internacionales para denunciar el caso de su hijo. “He ido a todos los que me han querido colaborar en que se haga justicia, que a mi hijo lo liberen y busquen al verdadero culpable porque el verdadero culpable está suelto todavía”.

Han pasado 5 años, 3 meses y 22 días y Carmen siente que su hijo durante el encierro su hijo está perdiendo su juventud, sus sueños y todos sus deseos de avanzar. “Yo le pido a Dios que meta la mano, que haga algo por mi hijo. Es muy triste la situación pero hay que tener fortaleza y fe, no hay que perderla. Lo único que yo espero es justicia”. 

Transparencia Venezuela propone derogación de decreto del Arco Minero para frenar devastación al sur del Orinoco
La zona representa el 12% del territorio nacional

En febrero de 2016, el gobierno firmó el decreto mediante el cual se creó el Arco Minero del Orinoco y autorizó la explotación de los 112.000 kilómetros cuadrados del área ubicada al sur del río más extenso del país. Esta franja, que abarca los estados Bolívar, Amazonas, Apure y parte de Delta Amacuro, representa cerca del 12% del territorio nacional y es, además, el hogar de cerca de 190 pueblos indígenas que confluyen en la Amazonia Venezolana. La extracción –en muchos casos ilegal- de la riqueza mineral que yace bajo el suelo de esta zona protegida no solo amenaza su gran biodiversidad, sino que ha provocado el desplazamiento de sus pobladores originarios que ven afectados su cultura y sus costumbres. En los últimos cuatro años, la devastación provocada por el extractivismo, la deforestación, la contaminación y las actividades criminales que rodean a la actividad minera, principalmente en la región guayanesa, ha sido denunciada por numerosas organizaciones civiles, ambientalistas, defensores de los derechos indígenas y académicos que ven con preocupación cómo el Arco Minero del Orinoco se ha convertido en un reflejo de la inmensa crisis que enfrenta el país. 

Esta realidad fue examinada durante el Espacio de Transparencia “Arco Minero del Orinoco vs Derechos de los pueblos indígenas”, realizado el 27 de agosto, a través de la plataforma Zoom. Las conferencias estuvieron a cargo del abogado y politólogo Vladimir Aguilar, quien es miembro del grupo de trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes (ULA); y el ingeniero Manuel Sánchez, coordinador de Investigación de Transparencia Venezuela, con la participación como moderadora de la periodista e investigadora de la organización María Fernanda Sojo, coordinadora de Oro Mortal, entre el crimen organizado, el ecocidio y la corrupción, estudio que retrata el horror que yace tras la extracción del oro. 

Un siglo de extractivismo

En su exposición, el profesor Vladimir Aguilar inscribió el tema en el contexto histórico del extractivismo como base del proceso de acumulación de capital que da pie a la corrupción. Según dijo, este fenómeno se inició hace 100 años con la explotación petrolera, pero se ha profundizado en las dos últimas décadas. “El extractivismo minero es la continuación del extractivismo carbonífero que comenzó al norte del Orinoco, pero el modelo económico sigue siendo el mismo”.

El experto señaló que el análisis del problema debe tomar en cuenta conceptos como fuentes de vida, recursos naturales y biodiversidad. “En los bosques están las mayores reservas de fuentes de agua y biodiversidad del planeta y, por ende, la mayor concentración de diversidad cultural. En la Amazonía es evidente ese fenómeno”. 

Aguilar definió el extractivismo como la explotación ilimitada de recursos naturales y, por ende, como la mayor amenaza a las tierras de los pueblos indígenas. “En ese proceso de explotación minera se vulneran los derechos al territorio, a la libre determinación y a la consulta previa que son los tres derechos consustanciales de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución y en los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por Venezuela”. Enfatizó que la mayor concentración de pueblos indígenas que habitan en el país está al sur del Orinoco. “Posiblemente tengamos menos pueblos indígenas que otros países amazónicos, pero tenemos mayor diversidad lingüística. Al sur del Orinoco no está solo la mayor concentración de cultura, sino también de reservas energéticas y minerales”. 

De igual modo, dijo que no hay una correspondencia entre el desarrollo de políticas extractivas, la demarcación de territorio y la cosmovisión de las comunidades indígenas acerca de las fuentes de vida constituidas por el agua, el oxígeno, la biodiversidad y la diversidad cultural que existe en esos pueblos. “Lo que se impone,  además de la denuncia, son las acciones, qué podemos hacer y cómo podemos seguir acompañando esos procesos sociales”. Considera que el punto de partida del Arco Minero del Orinoco es la ausencia de demarcación del territorio indígena y de declaración de áreas protegidas. “Solo se ha declarado el Parque Nacional Cagua. Del resto no hay nada. Según cifras oficiales, tenemos demarcado solamente 12% de los territorios indígenas del país”.

Al respecto, sostiene que son claves los estándares incluidos en el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, aplicables a la Panamazonía. “El primero es el de la autoidentificación, cuáles son las poblaciones indígenas que en tiempos de pandemia están sobreviviendo y resistiendo al extractivismo que no ha parado al sur del Orinoco, por el contrario, se ha profundizado”. 

A juicio de Aguilar, el extractivismo, que conlleva lógicas de corrupción, contrabando o “corsarismo” como fundamento de una economía de frontera, se ha trasladado al resto del país. “Es un tema estructural. Las comunidades indígenas que han tenido que sucumbir ante la minería no lo han hecho por voluntad propia. Eran comunidades que se dedicaban al turismo, el problema es que el turismo se vino en picada y es prácticamente inexistente”. 

Oro manchado

Manuel Sánchez explicó que el foco de la propuesta en la que trabajan tanto Transparencia Venezuela como la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalurgia como salida está en un modelo de desarrollo que revierta el impacto socioambiental de la extracción minera en territorios donde conviven comunidades vulnerables, en particular las indígenas, y que éstas sean incluidas en esas estrategias de crecimiento armónico. 

“Los marcos legales de la explotación de los yacimientos minerales han convertido al Estado en el explotador exclusivo de las minas. Al igual que ocurre en sectores como el eléctrico, de alimentos y el de hidrocarburos, el Estado ha asumido un doble rol de operador también y regulador, es decir, se paga y se da el vuelto. Además, existe una debilidad institucional generalizada en cuanto a planificación, sistemas de comunicación, uso de mejores prácticas en el sector público y falta de transparencia. Además, existen incentivos que permiten la minería ilegal de grupos irregulares, principalmente en el estado Bolívar que es el territorio más grande que abarca el Arco Minero”, señaló.

Sánchez refirió que tanto el informe Oro Mortal, como el trabajo sobre Empresas Propiedad del Estado y el más reciente Crimen organizado y corrupción: un problema de Estado, publicados  por Transparencia Venezuela, dan cuenta de cómo la explotación minera  en Venezuela ha generado una devastación muy profunda de nuestros ecosistemas. “Gran parte de los 112.000 kilómetros cuadrados de superficie que abarca el Arco Minero del Orinoco ha sido tomada por los mal llamados sindicatos mineros y grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya presencia hemos podido constatar en el estado Bolívar, donde controlan varias de las minas de oro de forma ilegal”.

Afirmó que un elemento que ha permitido que el Arco Minero sea tomado por estos grupos es el desplazamiento o cierre de empresas formales, debido a la inseguridad y la violencia presentes en la zona. “Tanto las megabandas como los seudosindicatos y los grupos foráneos (ELN) dominan la extracción de oro y, en algunos casos, de diamantes y coltán en los municipios Pedro Chien, Roscio, El Callao, Sifontes y Gran Sabana. Asimismo, cada vez existen más mujeres que se dedican a la minería ilegal y que muchas son víctimas de explotación sexual o las utilizan para el contrabando, el tráfico de drogas”.

Sánchez dijo que han determinado que entre 70% y 90% del oro que se extrae en el Arco Minero del Orinoco “sale de forma ilegal bajo la mirada cómplice del alto gobierno, incluso se ha señalado que participan familiares cercanos al entorno presidencial”. Refirió que entre 1998 y 2016, según un estudio de Econanalítica, cerca de 3.008 millones de dólares se perdieron, y para 2018 la cifra por contrabando de oro a través de vías áreas, por ríos, vía terrestre y algunas rutas fue de  2.700 millones de dólares.

Un cambio de modelo

Sánchez coincidió en que la extracción descontrolada afecta a las comunidades indígenas, las cuales no tuvieron ni voz ni voto en el desarrollo del Arco Minero del Orinoco. “Frente a este panorama, es fundamental que haya un cambio de modelo político. El foco del modelo que proponemos es que logremos que en el mediano y largo plazo una minería sostenible y moderna, que sea social y ambientalmente responsable, que produzca minerales con capacidad de participar de forma competitiva en los mercados internacionales y bajo una gestión descentralizada, que distribuya funciones, actividades y poderes fuera de la autoridad central”.

Para avanzar en estos cambios, considera clave que se logre la paz social, se garantice la seguridad y tranquilidad de las comunidades indígenas y de las empresas que operen en la zona. “También es indispensable que haya gobernanza y transparencia, rendición de cuentas, que se utilice tecnología de punta que respete el medio ambiente, y que se promueva la inversión del sector privado en los procesos de extracción y producción.

La hoja de ruta propuesta, que incluye la derogación del decreto mediante el cual se creó el Arco Minero del Orinoco, abarca tres fases. En primer lugar, la revisión de los modelos de gestión, conformación de un equipo de expertos y la participación activa en la consulta y aprobación de la nueva Ley de Minas que está en discusión. La segunda etapa, que denominó de transición, contempla la reestructuración de la institucionalidad minera, la creación de una agencia nacional autónoma para el sector y el establecimiento de programas de cooperación con países y organismos internacionales; así como el diseño e implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas. 

La última fase de la propuesta  conlleva la definición de las políticas de industrialización y transformación productiva para que la industria minera se convierta en  el eje de la diversificación de la economía venezolana. “Que no sea un paliativo para tapar la caída del ingreso y la producción petrolera, sino que sea parte de la estrategia de desarrollo económico del país”.

Indígenas de Sifontes cocinan a fogón, mientras revendedores comercian el gas en oro
Bolívar fue el tercer estado con mayor número de protestas, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

Desde hace 5 meses no llega el gas doméstico a las comunidades indígenas del municipio Sifontes. En julio, Bolívar fue el tercer estado con mayor número de protestas, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, la mayoría de ellas por gas doméstico.

Habitantes de la zona afirman que desde 2018 comenzaron las fallas que han venido en aumento, hasta la total desatención en la actualidad.

La denuncia fue formulada por las comunidades indígenas de los pueblos y comunidades pemon, akawaio, kariña y arawako del sector IV Kuyuni, entre ellas Utamo, Sororopan, Santa Lucia de Inaway, Araimötüpü, Joboshirima, San Juan de Venamo, Patawaparu, Pawarupay, Aramene, San Miguel de Betania, San Flaviano, Warumapatte, Apanao, San Antonio de Roscio, Paruruwaka, San José Km 16, San Martin de Turumban, Santa María de El Vapor, Kamaria, Soroma, San Luis de Morichal y La Cucharilla.

La molestia crece porque además de no recibir las bombonas en sus comunidades a través de los canales regulares, en la vía terrestre de la troncal – 10 la carretera internacional se ve floreada de gas y gasolina para la  venta a precio en oro.

Indígenas y no indígenas recalcan que el uso del fogón empeora la salud de los niños, jóvenes y adultos que vienen presentando casos virales con complicaciones respiratorias.

 

Kape Kape 

DDHH olvidados | Ángelo Quintero murió por una bala y la escasez de medicinas
Luego de tres años, el homicidio de Ángelo Quintero Rivas aún no ha sido investigado por el Estado venezolano

@fefamaya

El merideño Ángelo Quintero Rivas soñaba un mejor destino para su familia y para Venezuela. En 2017, el merideño anhelaba construir una casa para su hijo, pero la crisis socioeconómica que afronta Venezuela era un gran obstáculo.

Constructor y electricista de profesión, Ángelo Rafael Quintero Rivas nació el 20 de julio de 1989. Resultó herido el 28 de junio de 2017, cuando se registraba una protesta en Ejido, municipio Campo Elías, Mérida. Quintero no logró superar las graves consecuencias del disparo que recibió en la cabeza. Tras una larga lucha, murió a la edad de 28 años en las instalaciones del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula).

En un contexto de protestas políticas por el descontento del pueblo venezolano con el Gobierno de Nicolás Maduro, ese miércoles, Quintero se encontraba en la calle San Isidro del sector El Trapichito, en la localidad de Ejido, junto a un grupo de vecinos que salieron de sus casas a demostrar su descontento por la crisis humanitaria.

Apenas transcurridos unos minutos, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado irrumpieron el lugar junto a colectivos armados que decidieron acabar la protesta de manera violenta. La situación fue confusa. En medio del tiroteo, una bala impactó la cabeza de Ángelo, en el parietal derecho. 

Yurlexi Rivas, enfermera y hermana de Ángelo, relató a Runrun.es que horas antes, lo llamó a su celular para decirle que no fuera a visitar al niño porque la situación en esa calle estaba muy delicada con la guardia y la policía. No hizo y fue.

“A las siete de la noche recibí una llamada del celular de mi hermano, pero no era él, era otra voz, aseguraba ser un comandante y me informó que Ángelo estaba en la emergencia del Hospital Universitario de Los Andes. Me pidió que me fuera para allá, pero no me dijo qué le había pasado”, comentó Rivas.

Ángelo fue llevado al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes donde permaneció durante ocho meses. Después de una larga lucha para salvarle la vida, falleció por la falta de un antibiótico que nunca se consiguió por más que se hicieron diligencias y que se contactó a diferentes personas en otros países.

Impune como muchos otros

“El asesinato de Ángelo sigue impune. En medio de la confusión de aquel día, nadie sabe quién disparó. Las investigaciones iniciales no arrojaron resultados. Tampoco hay testigos del hecho, porque cedieron ante las amenazas y prefirieron guardar silencio. Para la justicia es como si nada hubiese ocurrido. Para ellos todo se olvidó”, confesó Yurlexy Rivas, a la organización Justicia, Encuentro y Perdón. 

Luego de tres años de aquellas protestas que estremecieron al país y a la comunidad internacional, Yurlexy Rivas renovó su llamado al Estado venezolano para que investigue de forma transparente el asesinato de su hermano, con el objetivo de determinar las responsabilidades y las sanciones, según lo establecido en la normativa legal vigente.

El relato del caso de Ángelo fue extraído de las crónicas reseñadas en el portal de la organización Justicia, Encuentro y Perdón.

Los modus operandi del Cicpc y las Faes: Cada brigada tiene que tener un muerto
El informe de la Mision Internacional denuncia que los funcionarios poseen total impunidad para ejecutar a sus víctimas 

Ex funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana informaron a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que sus superiores les exigían una cuota de asesinatos por jornada. El cumplimiento de la orden de matar se premia y el incumplimiento se castiga, se explica en el informe de la misión de la ONU.

“Dos ex oficiales de la FAES, entrevistados por separado, dijeron a la Misión que si las brigadas no mataban el número requerido de presuntos delincuentes, procedían a matar inocentes”, se lee en el informe divulgado el 16 de septiembre de 2020 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Ex oficiales de la FAES revelaron a la Misión que los directores regionales de la FAES pedían estadísticas de muertos y detenidos como procedimiento semanal o mensual. Los jefes de brigada eran responsables de recopilar estas estadísticas. Un oficial de la FAES indicó que, al personal de la FAES se le dieron instrucciones como ‘hoy quiero un muerto […] cada brigada tiene que tener un muerto”, indica el documento.

La misión explicó que el incumplimiento de las cuotas de asesinatos de presuntos delincuentes, acarreaba sanciones a los funcionarios. De modo que el cumplimiento de las metas impuestas por los superiores implicaba matar personas a como diera lugar.

Por otro lado, cumplir con las políticas de eliminación de presuntos delincuentes es premiado con reconocimientos y ascensos. Y, además, se les garantizaba la protección ante cualquier procedimiento penal en su contra; es decir, parte del premio era garantía de impunidad.

«Las investigaciones de La Misión revelaron un entendimiento común dentro de estas fuerzas respecto a la ‘eliminación’ de individuos durante las operaciones, independientemente de si el uso de la fuerza era necesario y proporcionado», abunda el informe.

«Algunos funcionarios de la FAES decían que creían que su misión era eliminar a las personas que son escoria de la sociedad, para realizar una limpieza social. Hay información de que la policía mataría sólo porque la persona no le caía bien»

FAES y Cicpc: los mismos patrones

En materia de ejecuciones extrajudiciales, la misión de la ONU documentó 18 casos que involucran a las FAES y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que son los dos cuerpos de seguridad del Estado venezolano a los que se atribuye la mayor cantidad de ejecuciones extrajudicialesos de seguridad, cuyos resultados eran ejecuciones extrajudiciales, y determinó una serie de patrones en sus acciones.

La misión de la ONU precisó seis patrones que son denominadores comunes de las actuaciones de las FAES y el Cicpc:

  1. Alterar la escena del crimen y/o destruir la información forense.
  2. Simular un tiroteo.
  3. Simular que la víctima escapaba.
  4. Disparar con la mano de la víctima para dejarle rastros de pólvora que luego serían detectados en los exámenes forenses.
  5. Plantar armas, a menudo un arma de calibre .38.
  6. Trasladar a las víctimas a los hospitales, incluso si la persona está muerta y en algunos casos retrasar el traslado de la víctima al hospital.

El código 80

80 es el código para matar utilizado por los funcionarios de las FAES y del Cicpc. Pronunciar ese número a través de las comunicaciones radiales de ambos cuerpos policiales equivale a una sentencia de muerte, pues se asumía como una instrucción precisa para “eliminar” al presunto delincuente.

“También se utilizaron las radios para realizar verificaciones de antecedentes, tras lo cual el jefe de la operación, en comunicación directa con su superior, solicitó y recibió luz verde para matar. Esta instrucción se transmitía en código: ‘ochenta’; salir y encontrar a alguien a quien matar se denomina ‘salir a ochentera”, se lee en el informe.

A través de las entrevistas con exfuncionarios de las FAES y el Cicpc, la misión determinó que las órdenes de los superiores eran claras: si la persona era buscada por asesinato había “luz verde para eliminarlo”.

Triangulo vital

El disparo en las zonas vitales del cuerpo, específicamente en el tórax, es un modus operandi recurrente en los casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las FAES y al Cicpc.

La Misión documentó un patrón de disparos a quemarropa en áreas vitales, incluyendo la cabeza y el tórax con uno o dos disparos. Estos disparos en las zonas vitales del cuerpo causan una muerte casi instantánea.

“Un ex oficial de la PNB/FAES entrevistado por la Misión dijo que los oficiales de policía se refieren a los asesinatos como ‘cuadrar a la gente’. Este entrevistado dijo que hay un ‘triángulo’ desde el pecho de la víctima hacia arriba ‘donde se permite disparar a la gente’. Esto parece indicar una falta de intención de emplear una fuerza menos letal para contener o detener al presunto delincuente”, se lee en el informe.

Con o sin antecedentes penales

“Existe información sobre una práctica acordada para matar a personas con antecedentes penales incluso si no resisten la detención, incluso para demostrar ‘resultados’ en la lucha contra la delincuencia”, se lee en el informe.

Sin embargo, no es un requisito imprescindible que la persona tenga antecedentes penales para que los funcionarios de las FAES y el Cicpc la ejecutaran. Los agentes de ambos organismos, a su entera discreción, deciden si las matan o no, se explica en el documento.

Las razias son selectivas. No solo buscan a personas con antecedentes penales, sino también aquellos que viven en zonas pobres del país, con el fin de suprimir intentos de levantamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La misión determinó que la política de mano dura contra la delincuencia, pareciera corresponder a situaciones que generan miedo con el fin de reforzar el poder del control social.

Entrenamiento deficiente

La misión de la ONU destacó que la capacitación de los oficiales de la seguridad, tanto de las FAES como el Cicpc, es deficiente. En lugar de garantizar el respeto a la vida de todas las personas, se alentó a los funcionarios a “matar a los delincuentes sin compasión”.

“La Misión no ha podido encontrar ninguna información de órdenes específicas destinadas a prevenir este tipo de delito, representar o criticar la conducta delictiva.  Por el contrario, poco después de haber sido instado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos a disolver las FAES, el presidente anunció en un acto público lo siguiente: ‘Todo el apoyo a las FAES en su labor diaria de brindar seguridad al pueblo de Venezuela, ¡viva las FAES!”, se recuerda en el informe.

Impunidad generalizada

La impunidad en los casos relacionados a las actuaciones policiales que concluyen en presuntas ejecuciones extrajudiciales es un patrón común identificado por los miembros de la misión de la ONU.

“En casi todos los casos investigados, los familiares de las víctimas dijeron a la Misión que los procesos no se habían llevado a cabo o no existían avances significativos a pesar del tiempo transcurrido”, se lee en el informe.

A través de entrevistas con ex fiscales y funcionarios policiales, la Misión determinó patrones de represión contra las personas que denunciaban los actos, así como las personas que investigaban los hechos.

“Un ex fiscal dijo a la Misión que cuando las FAES empezaron a operar en el estado en que residía comenzaron los asesinatos. El fiscal encontró pruebas suficientes para iniciar una investigación contra ciertos funcionarios de la FAES por ejecuciones extrajudiciales. Cuando el fiscal se negó a aceptar la solicitud del superior de detener la investigación, los oficiales de la FAES vinieron y registraron la casa del fiscal sin una orden”, se lee en el informe.

Los agentes de las FAES le habrían indicado al ex fiscal que: “usted es el que no nos deja hacer nuestro trabajo, no seguimos sus instrucciones, sólo seguimos las instrucciones del presidente […] déjenos hacer nuestro trabajo, vinimos a limpiar esta ciudad”.

Sobre la base de los tesimonios ofrecidos por familiares de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la misión también denunció amedrentamientos.

“En varios casos, los familiares de las víctimas denunciaron haber sido amenazados y perseguidos por denunciar y dar seguimiento al caso. Algunos lograron obtener medidas de protección. Sin embargo, en algunos casos, estaban protegidos por la misma fuerza policial que habían denunciado. Un entrevistado ha indicado que las FAES operan en el entendido de que son intocables”, señaló. 

Cadena de mando

La misión de la ONU considera que las ejecuciones extrajudiciales a manos de las FAES y el Cicpc corresponden a una política de Estado sistemática y generalizada. Privan órdenes superiores, enfatizó la misión de la ONU en su informe, por lo cual está comprometida la cadena de mando.

Según la misión de la ONU, los directores de las FAES y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), los ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como Nicolás Maduro, están al tanto de las ejecuciones extrajudiciales .

“La Misión ha recibido información de que, si bien los niveles superiores de la cadena de mando sólo ven las estadísticas de las muertes que se han producido y la cantidad de drogas incautadas, están ‘al tanto de lo que está pasando’. Un ex oficial de la FAES con conocimiento directo dijo a la Misión que los informes llegan al director de la FAES y éste se reúne con el ministro del Interior. Según esta fuente, ambas personas saben lo que sucede, aunque no conocen los detalles de cada ejecución extrajudicial”, se lee en el informe.

Familiares de Albán: Toda la cadena de mando del Sebin debe pagar
La familia nunca recibió copia del expediente del caso. Tampoco se realizó una autopsia independiente

A casi dos años de la muerte del concejal Fernando Albán, sus familiares agradecen a la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que haya verificado que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) son responsables del asesinato ocurrido el 8 de octubre 2018.

“El informe de la misión de la ONU ratifica lo que hemos pensado desde un principio: que fue un asesinato y no un suicidio, y que toda la cadena de mando del Sebin es responsable y debe pagar. Sí estamos avanzando en el camino a la justicia”, expresó Meudy Oslo, esposa de Fernando Albán, a través de una conferencia de prensa virtual.

En el informe de la misión de la ONU se señala que hay motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en la muerte de Albán, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida.

“La Misión tiene fuertes reservas acerca de la calificación de suicidio en relación con la muerte del Sr. Albán y tiene motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida”, se lee en el informe.

Para los familiares del concejal esto representa un aliciente y usarán el informe para impulsar la denuncia del caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos humanos (CIDH).

El abogado del concejal Albán, Ramón Alfredo Aguilar, consideró que el informe de la misión de la ONU no solo es relevante, sino también contundente.

“Considero que el informe es relevante y significativo en comparación a los anteriores. Este es un informe de determinación de hechos y, en ese sentido, tiene naturaleza probatoria. La misión busco documentos y hasta le dio oportunidad al régimen para que se defendiera”, señaló Aguilar.

 “Con este informe podemos insistir más en el caso. En el informe se precisaron las grabaciones en el piso 10 del Sebin, donde interrogaban a Fernando.  Tarek (William Saab, el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente) dice que no hay imágenes en las cámaras, pero la misión aseguró existen mecanismos probatorios para mostrar lo que ocurrió”, ratificó.

Sin acceso al expediente

Beatriz Borges, del Centro de Justicia y Paz, recordó que el caso del concejal Albán estaba plagado de irregularidades, debido a que no se llevaron a cabo las actividades básicas en la investigación por parte del Ministerio Público.

“Los familiares nunca recibieron copia del expediente del caso. Tampoco se realizó una autopsia independiente, a pesar de ser solicitada por la CIDH, poco después de la muerte del concejal”, señaló.

Claudio Grossman, profesor de la Academy on Human Rights, señaló que la Fiscalía no tuvo disposición para comunicarse con los familiares Albán para hacer la autopsia independiente.

“Los familiares fueron perseguidos y hasta el abogado del concejal Fernando Albán tuvo que salir de su país; precisamente por insistir en la investigación en la muerte del concejal. Esta más que claro que existe una una responsabilidad de las autoridades superiores en este asesinato y en la persecución que existe”, expresó Grossman.

El jurista sostuvo que la falta de acceso a las pruebas y expedientes por parte de la familia y abogados del concejal “hablan por sí solas”.

DDHH olvidados | Geraldine Chacón: “No soy completamente libre”

@ValeriaPedicini

 

Llegaron de madrugada. Eran aproximadamente las dos de la mañana del 1 de febrero de 2018 cuando tocaron con fuerza la puerta de la casa de Geraldine Chacón. La joven pensó que se trataba de un secuestro cuando vio afuera de su hogar a unos cuantos hombres vestidos de negro de pies a cabeza, pasamontañas y armas largas. Pero todo quedó claro al ver el logo que llevaban los encapuchados en la ropa: el del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Contrario a lo que se podría pensar de una escena así, un funcionario preguntó amablemente por ella y pidió entrar a la vivienda. Como pensó que no tenía nada que esconder, los dejó pasar. Se pasearon por cada rincón del apartamento y tomaron fotos de todas partes, hasta del baño. 

Los efectivos del Sebin le dijeron que necesitaban entrevistarla pero no podía ser ahí, debía irse con ellos. Esa era la orden. “Nos tomará máximo tres o cuatro horas, te traemos de vuelta al culminar”. No mostraron orden de allanamiento ni detención. Geraldine tampoco se molestó en preguntar porque sabía que no tenían. Así que, sin muchas opciones, se vistió, agarró su celular y las llaves de su casa. Intentó calmar a su madre antes de salir: “Quédate tranquila, yo vengo ahorita”. 

La llevaron a El Helicoide, en el centro de Caracas. Al llegar, le quitaron el chip de su teléfono justificándolo como parte de un protocolo de rutina para entrar al sitio. Tomaron sus huellas dactilares y unas fotografías con un cartel que tenía su número de cédula. Funcionarios de distintos rangos le cayeron a preguntas: “¿Eres directora en Embajadores Comunitarios? ¿Conoces a los otros directores? ¿Dónde están? ¿Conoces a Víctor Navarro? ¿Qué hacen en la organización? ¿Quiénes son los donantes?”. La grabaron mientras la interrogaban. 

También le preguntaron por su afiliación política. Ella, irritada, respondió: “Si te sirve no pertenezco a ningún partido político, a ningún movimiento político, no soy activista política de ninguna naturaleza, ni siquiera del centro de estudiantes de la universidad”. Y era la verdad.

En ese momento, Geraldine estudiaba Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana y trabajaba en el Banco Central de Venezuela como asesora legal. Además, dedicaba más de 50 horas a la semana a su trabajo como Directora de Programas de la Fundación Embajadores Comunitarios, una organización no gubernamental educativa que trabajaba en el empoderamiento de jóvenes de zonas populares de Caracas usando el Modelo de las Naciones Unidas (MUN). Empezó ahí para cumplir el servicio comunitario obligatorio de su casa de estudios, pero terminó enamorada del proyecto y se quedó para formar parte del tren directivo. 

Horas antes de su detención, durante el día, había recibido tres noticias: habían apresado a un joven que formaba parte de Embajadores Comunitarios llamado Víctor Navarro, una comisión del Sebin se encontraba en la sede de la organización y que el director general Gregory Hinds había decidido ir voluntariamente a El Helicoide porque efectivos de la policía política le querían hacer preguntas. 

Había intentado comunicarse con él, pero no había tenido suerte. No sabía que horas después le tocaría a ella. 

A Geraldine la llevaron a una pequeña oficina. No tenía forma de saber la hora porque no había ni una pequeña rendija por donde pasara luz natural. Ahí estuvo casi dos días encerrada. Lloraba, gritaba, pegaba el oído a la puerta para ver qué lograba escuchar. Pero nadie hablaba con ella. Se sentía indignada, furiosa, asustada, desesperada. “Pasé por todo el espectro de emociones humanas en menos de 48 horas”.

Una doctora le hizo un chequeo médico básico. Al finalizar, le entregó un informe que pidió que firmara pero Geraldine se negó: en el lugar destinado para su firma decía “detenida”. Quedó atónita hasta que llegó un comisario del Sebin y le soltó un montón de preguntas. Él solo le contestó: “Lo que pasa es que tú estás privada de libertad”. Sin dar mayor explicación ni una razón. 

El funcionario le pidió firmar un papel titulado “Derechos del imputado” aun cuando le había sido violentados todos ellos: fue detenida sin orden judicial, no sabe de qué la acusan, está aislada, sin contacto con familiares o abogados, le han quitado sus pertenencias. De nuevo, Geraldine se negó.

Al día siguiente fue trasladada a los tribunales del Palacio de Justicia junto a su compañero Gregory Hinds para la presentación. En el camino hablaron poco, ambos tenían miedo. La audiencia fue pospuesta, pero Geraldine pudo abrazar por poco tiempo a su familia sin saber que pasarían muchos meses para volverlo a hacer.

La desesperación de una injusta detención

A Geraldine la recluyeron en la única celda de mujeres de El Helicoide. En esos 40 metros cuadrados había 26 detenidas, menos de dos metros cuadrados por reclusa. La mayoría estaban acusadas de delitos comunes. “Había de todo. Solo una estaba cumpliendo condena. Las demás eran procesadas. Fue una realidad desgarradora para mí, mujeres que tenían más de cuatro años sin ir al tribunal luego de su primera presentación”.

El desafío más grande de vivir en ese hacinamiento fue la falta de agua porque casi nunca llegaba a la celda de las mujeres. Eso iba por cuenta de los familiares, quienes se encargaban de enviarles semanalmente. Por esa razón el sitio estaba lleno de tobos, envases y botellas por todos lados. 

Moverse por las instalaciones con pocas restricciones era un privilegio reservado solo para los hombres. Sus captores les decían que tenerlas encerradas las protegía de eventuales asaltos sexuales. “El desprecio a la dignidad de la mujer era terrible, era pisoteada una y otra vez tanto por los funcionarios como por los presos, la violencia verbal y psicológica era impresionante”. Aunque no fue maltratada físicamente, escuchaba las golpizas que les propinaban a otras mujeres de su celda.

Geraldine sentía que su vida se había detenido. El aislamiento era desesperante. Pero entre las cosas que empezó a recibir de su familia, había algo muy valioso que pasó a significar todo para ella: las cartas. En medio de tanto caos, la ayudaban a sentirse menos desamparada. “Esas cartas eran mi esperanza de que no iba a desaparecer sin que alguien lo supiera, porque mi familia estaba afuera esperando, preguntando todos los días por mí, cada cinco minutos”.

Geraldine Chacón fue acusada de instigación pública y agavillamiento. Su familia, que se encargó de manejar el caso, fue asesorada por varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional que la declaró presa de conciencia. A los dos meses de detención, le otorgaron una medida cautelar sustitutiva de libertad y ordenaron su liberación inmediata. Pero eso no sirvió de mucho: el Sebin hizo la vista gorda y pasó dos meses más en El Helicoide. 

En mayo, ocurrió lo impensable: presos políticos y comunes tomaron el control de las instalaciones para exigir revisión de sus casos y la liberación de aquellos con boleta de excarcelación. Y aunque el motín fue controlado, los detenidos tuvieron miedo de las represalias.

Pero Geraldine fue por más: junto a sus compañeras decide hacer una huelga de hambre. Las amenazaron, trataron de dividirlas, enviaron un autobús para trasladarlas al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) como último recurso de amedrentamiento. 

Cuando las obligaron a ponerse el uniforme de este centro penitenciario, Geraldine sufrió un ataque de pánico y se niega. Los efectivos, sin embargo, se lo ponen a la fuerza. Y aunque las demás abandonaron la huelga, ella siguió. 

La aislaron. Estuvo alrededor de una semana en una oficina, acostada en una camilla, sintiéndose débil. Cada día le tomaban fotos con los platos de comida que rechazaba y un cartel con fecha y hora.

El 1 de junio le dijeron lo que tanto había querido escuchar. “Hoy te vas de aquí, come”. No les creyó, pero decidió hacerlo. La montaron en un autobús que la llevó hasta el centro de Caracas. Le cuesta ver: era la primera vez que veía directamente al sol después de cuatro meses. 

En la Casa Amarilla, sede de la cancillería, se encuentra con otros presos políticos. Les explican que serían liberados por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Fueron obligados a firmar una declaración relacionada con su compromiso a la no participación en hechos violentos. Nadie se niega, ni siquiera Geraldine. No había otra opción. 

Libertad a medias

El Foro Penal Venezolano registró, entre el 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020, 3.479 casos de detenciones por motivos políticos, de los cuales 902 fueron selectivas y el resto se desarrollaron en el contexto de protestas. 

El caso de Geraldine Chacón fue mencionado por la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas en su informe publicado el pasado 15 de septiembre. En el mismo se documenta la situación de derechos humanos en Venezuela y de todo el panorama general relacionado a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos en la nación desde el año 2014.

“La Misión investigó 33 casos (donde las víctimas fueron 21 hombres y 12 mujeres) en los que encontró fundamentos razonables para creer que el SEBIN arrestó, detuvo y / o torturó o maltrató arbitrariamente a personas por motivos políticos”. Además, aseguraron haber encontrados “motivos razonables para creer que agentes del Sebin torturaron o sometieron a los detenidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Y registraron que en varios casos investigados, funcionarios de la policía política no cumplieron con la liberación de los tenidos a pesar de las órdenes judiciales que aprobaban dicha liberación, como fue el caso de Geraldine. 

En el documento se analizó detalladamente el caso de la joven, un testimonio que ayuda a comprender las graves violaciones a los derechos humanos contra las mujeres durante su detención. La Misión de la ONU señaló que según los relatos recibidos por Geraldine, la práctica más común de tortura “consistía en colgar a las mujeres de las manos, vendarles los ojos y golpearlas por todo el cuerpo, mientras las llamaban ‘perras’ y otros insultos. Otras recibían choques eléctricos. La Sra. Chacón sabía que al menos una mujer intentó suicidarse en El Helicoide (…) Algunos funcionarios se dedicaban a lo que describían como relaciones con las detenidas a cambio de privilegios”. 

A pesar de haber sido puesta en libertad, Geraldine debe presentarse mensualmente ante el tribunal que lleva su caso como parte de la medida cautelar sustitutiva de privación de libertad que aún pesa sobre ella y no puede salir del país. Hasta la fecha, sigue esperando su audiencia preliminar y el fiscal aún no ha presentado la acusación formal, en violación del plazo establecido por la ley, según explicó la Misión de la ONU.

“Me gustaría decir que con esa Geraldine se fue el miedo pero no puedo decirlo, la verdad. Yo no soy completamente libre, me siento vigilada. Tengo miedo de que me vuelvan a detener porque además es un expediente que no se ha cerrado, es un caso que pueden resucitar. Yo amaba los aeropuertos, amaba viajar, ahora no puedo acercarme a uno de ellos porque tengo pesadillas recurrentes de que me van a detener”. 

Tras lo ocurrido, también tuvo que afrontar el duelo que significó el desmantelamiento de Embajadores Comunitarios. Muchos miembros de la organización huyeron del país. “¿Qué hizo el Estado? Cerró muchas oportunidades, les tiró la puerta en la cara a todos estos muchachos en condiciones de pobreza y exclusión. En dos días acabó con una organización con más de 10 años de trabajo. No solo me da rabia, me da dolor ¿Cómo es posible esta brutalidad?”.


N de R: El testimonio  forma parte del informe. Voces bajo represión: diez historias contra la impunidad en Venezuela, disponible en el portal de Cofavic, en el siguiente enlace

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