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DDHH olvidados | Luis Carlos Díaz: “Fueron las dos horas más largas de mi vida porque pensé que iba a morir”
El periodista Luis Carlos Díaz fue víctima de detención arbitraria, desaparición forzosa y tratos crueles e inhumanos en 2019. Dos años después, las medidas cautelares impuestas siguen restringiendo sus libertades 

@ValeriaPedicini

 

Luis Carlos Díaz acostumbraba ir y regresar de su trabajo en la emisora Unión Radio en bicicleta. El 11 de marzo de 2019 no fue la excepción. Eran alrededor de las 5:30 de la tarde cuando el periodista volvía a su hogar por el Country Club, la misma vía que siempre transitaba, cuando dos vehículos que lo seguían bloquearon su paso y varios hombres armados se bajaron. 

Los carros no tenían placa y los hombres ni siquiera estaban identificados. “No se preocupe, somos del Sebin. Tenemos que llevarte a una entrevista”, le dijo uno de ellos. Lo obligaron a subir a una de las camionetas y le cubrieron la cara con una chaqueta de cuero. 

El también defensor de derechos humanos estuvo desaparecido por más de ocho horas. Ni su esposa Naky Soto ni sus compañeros de trabajo se preocuparon hasta que dieron las 10pm y no estaba en la radio para una jornada especial que haría hasta las 5am.

Luis Carlos no contestaba las llamadas, no había tuiteado, no estaba en la emisora, no estaba en casa. Fue ahí cuando Naky se preocupó, así que hizo pública su preocupación en su cuenta de la red social Twitter preguntando con la etiqueta #DóndeEstáLuisCarlos.

“Perdí contacto con Luis Carlos a las 5:30 de la tarde, cuando me dijo que venía a casa a descansar porque esta noche haría una jornada especial en Unión Radio desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am. El caso es que Luis Carlos no llegó y no me preocupé porque asumí que prefirió aprovechar la electricidad y la conexión de Unión Radio quedándose allá, pero hace media hora me llamaron para avisarme que lo estaban buscando porque no está en la emisora”. 

¿Dónde estaba Luis Carlos?

Una vez dentro de la camioneta, los efectivos le dijeron a Luis Carlos que lo llevaban a un lugar que no podían revelar. Pero el exdirector del Sebin confirmó después públicamente que los funcionarios lo habían llevado a una de las “casas de seguridad del Sebin”.

Ahí le quitaron todas sus pertenencias, lo amenazaron, le exigieron las contraseñas de su computadora y de su teléfono móvil. Horas después, lo obligaron a entrar a una habitación y le dijeron: “Ahora estás en manos de la Dgcim”. 

A Luis Carlos lo interrogaron y maltrataron durante tres horas. Lo asfixiaron, le golpearon la cabeza mientras llevaba un casco de bicicleta, le apretaron los genitales y le ataron las manos. Contó que también lo amenazaron con romperle los dedos y con utilizar un taladro en su cuerpo.

Efectivos de la Dgcim quisieron obligarle a que grabara un video en el que confesara que él había había recibido dinero para sabotear el sistema eléctrico (afirmación que amenazaron con respaldar plantándole $100.000 dólares) y que había viajado a México la semana anterior para reunirse con el Gobierno mexicano y recibir dinero de éste para provocar apagones eléctricos. 

Asimismo, le dijeron que les acusarían a él y a su esposa de homicidio, diciendo que habían colocado un cadáver en su apartamento. Le comentaron que habían efectuado los disparos desde las manos de su esposa para dejar rastros de pólvora en ella. 

Cerca de la medianoche, funcionarios de la Dgcim le dijeron: “Estamos cansados de ti, te vamos a matar. Te vamos a colgar del techo y te vamos a matar, y le enviaremos el video a tu esposa”.

Lo llevaron hasta un rincón y lo dejaron ahí por dos horas. “Fueron las dos horas más largas de mi vida porque pensé que iba a morir”, relató Luis Carlos.

Después de ese tiempo, le levantaron la capucha y tenía en frente a los funcionarios del Sebin que le habían detenido. Uno de ellos le dijo: “Espero que te hayan tratado muy bien. Todo lo que hicieron, no fuimos nosotros”. Los efectivos lo obligaron a firmar un documento en el que decía que le habían tratado bien.

El supuesto promotor de un apagón nacional

Días antes de su detención, Diosdado Cabello había reproducido  en su programa Con el Mazo Dando un clip de un montaje de video editado con extractos empalmados de un programa del 26 de febrero de 2019 en el canal de YouTube de Luis Carlos Díaz. En el programa original de 22 minutos, Luis Carlos y Naky respondieron a 16 preguntas recibidas de sus seguidores sobre diversos temas.

El 11 de marzo de 2019, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión con base en una Acta de Investigación Criminal de un inspector del Sebin, también de fecha 11 de marzo de 2019. También ese mismo día, 11 de marzo de 2019, el Juez Trigésimo Primero de Control Penal ordenó la aprehensión de Luis Carlos. El Juez de Control se refirió a los argumentos expuestos por el Ministerio Público, con base en la investigación del Sebin.

Los abogados defensores informaron que, según el acta de investigación del Sebin de dos páginas y media, el 7 de marzo de 2019, el inspector inició una investigación en “diferentes redes sociales”, ya que el país sufría cortes de energía eléctrica. El inspector dijo que las investigaciones lo llevaron al video del 26 de febrero, publicado en el canal de YouTube de Luis Carlos. 

El informe no incluía citas directas del programa del 26 de febrero de 2019 ni otras referencias sobre cuándo y cómo supuestamente se hicieron las declaraciones concretas. 

No obstante, concluyó que el vídeo estaba orientado a “llamados a los funcionarios de estado, específicamente al Personal Militar activo, para que desconozcan sus mandos naturales y se sumen a un rebelión, fomentando la violencia extrema para así pretender el derrocamiento del Gobierno”. También, alegó que el vídeo proporcionaba “sugerencias para la difusión de eventos violentos que posiblemente se presentarían con el apagón”.

¿Qué vino después? 

Tras la denuncia hecha por Naky Soto, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia realizaron un allanamiento en su vivienda a las 2:30 am del martes 12 de marzo y se llevaron a Luis Carlos con ellos. Durante la sesión de interrogatorio, miembros de la Dgcim preguntaron si tenía dinero en casa. El periodista les dijo que tenía ahorros de unos 6.000 dólares para pagar una operación quirúrgica para su esposa.

Tras el allanamiento, Soto volvió a entrar en el apartamento y se dio cuenta de que los funcionarios del Sebin se habían llevado el dinero. Ese dinero no aparecía en el informe de investigación del Sebin ni en la cadena de custodia. También, incautaron diversos equipos de computación. Entre los equipos estaban los respaldos médicos de Naky Soto, dispositivos que hasta la fecha no han sido devueltos y afectaron su atención médica. .

Después del allanamiento, a Luis Carlos lo llevaron a El Helicoide. Estuvo incomunicado en una celda sucia con un colchón delgado, sin acceso al baño ni información alguna sobre su detención o el proceso legal que había en su contra. Esto se lo contó a una fiscal del Ministerio Público que se presentó en la sede de la policía política el 12 de marzo en la mañana para tomar sus declaraciones. Cuando se las presentó al periodista para que las firmara, no reflejaban las supuestas violaciones que él le había descrito. 

En horas de la tarde fue trasladado a los Tribunales de Control por funcionarios del Sebin.  Luego de más de dos horas de audiencia pública en las que relató todo lo que le había sucedido desde el día anterior, le imputaron el delito de “instigación pública” del artículo 285 del Código Penal. Además, le dictaron 3 medidas cautelares: prohibición de salida del país, prohibición de declarar a medios sobre su caso, y régimen de presentación cada ocho días.

Dos años después y el sistema de justicia sigue en deuda con el periodista y activista por los derechos humanos. La Fiscalía nunca presentó pruebas en contra de Luis Carlos Díaz; sin embargo, después de vencido el plazo legal del proceso de investigación, el Tribunal le otorgó a los fiscales un año más para recopilar información sobre el caso y entregar su acto conclusivo, a más tardar el 9 de diciembre de 2020.

Tres meses después de vencido el plazo, la Fiscalía aún no ha presentado el acto conclusivo de la investigación ante el Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas. No obstante, se desconoce la fecha exacta en la que la Fiscalía debe entregar este documento, pues  el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido diversas resoluciones a propósito de la cuarentena por COVID-19 que ajustaron los lapsos de trabajo efectivo del sistema judicial.

La defensa de Díaz, ejercida por Espacio Público, solicitó un pronunciamiento por parte del Tribunal el 09 de diciembre de 2020 y el 12 de febrero de 2021, pero aún no hay respuesta.

Desde el año 2019 no ha podido salir del país, lo que le ha impedido cumplir con compromisos familiares, laborales, y como defensor de los derechos humanos. Por otra parte, la prohibición de hablar sobre su caso es una práctica restrictiva que impone el silencio y la opacidad sobre lo ocurrido.

¿Qué dice la Misión de la ONU? 

El caso de Luis Carlos está reflejado en el más reciente informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Específicamente, en el apartado sobre las discrepancias en la emisión de órdenes de aprehensión, los registros de detención emitidos por los órganos de inteligencia o policías y los documentos preparados por el Ministerio Público.

«Jueces y fiscales desempeñaron un papel directo en las discrepancias observadas en los casos examinados, como la emisión retroactiva de órdenes de aprehensión, o un papel indirecto, como la inclusión sistemática de actas de detención inexactas o engañosas en el expediente judicial, a pesar de que dichas discrepancias fueron planteadas en las presentaciones de la defensa». 

La versión de lo ocurrido con el periodista descrita en el acta de aprehensión hecha por el Sebin no se parece en nada a lo que contó Luis Carlos a la ONU. 

Según el informe del Sebin, el 11 de marzo de 2019, seis efectivos estaban haciendo un «recorrido estratégico” cerca del centro comercial San Ignacio cuando “se logró avistar a un sujeto que reunía las características físicas” del activista. Esa acta afirma que un funcionario se acercó a Luis Carlos para decirle que era objeto de una orden de aprehensión y le leyó sus derechos. 

Entre los hallazgos de la Misión, encontraron que las discrepancias permitían: encubrir la ausencia de una orden de detención al momento en que esta fue practicada así como la falta de presentación del detenido ante un juez o jueza dentro de los plazos legales; dar la impresión de que, durante un determinado período de tiempo, la persona detenida no había estado bajo el control del Estado; y reflejar en las actas que se estaban respetando sus derechos, en contra de lo relatado por estas personas.

En dicho informe, la Misión documentó 19 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración de militares, las cuales fueron sostenidas por fiscales y jueces mediante la
emisión de órdenes de aprehensión ex post facto. «En todos los casos, la DGCIM retuvo a las personas detenidas sin supervisión legal durante un período de aproximadamente una semana, durante
el cual funcionarios presuntamente perpetraron graves actos de tortura psicológica, física y sexual durante los interrogatorios en La Boleíta o en lugares clandestinos». 

 

Miranda fue el estado con más femicidios durante primer semestre de 2021
Le siguieron Lara, Bolívar y Carabobo

Hasta agosto de este año, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) contabilizó al menos 177 feminicidios en Venezuela, de acuerdo con el monitoreo que realizan los medios de
comunicación.

La cifra se expuso durante el Foro Femicidios en Venezuela, organizado por la ONG Defiende Venezuela.

Si bien existe un marco normativo amplio que reconoce los derechos de las mujeres, en la
práctica estas siguen siendo víctimas de diversos actos que violan sus derechos humanos, entre
ellos la violencia de género, cuya máxima expresión es el femicidio.

“No existe política de prevención sobre asesinatos de mujeres”, afirmó Carolina Godoy, abogada penalista, coordinadora de género en CEPAZ. Entre los datos que expuso del informe realizado por la ONG, destaca que durante el primer semestre de 2021 hubo al menos 125 femicidios en Venezuela, y 23 en grado de frustración.

Eso quiere decir que cada 20 horas en Venezuela, durante el primer semestre de 2021, hubo una acción femicida”, señaló Godoy. Además, a consecuencia del asesinato de estas mujeres, aproximadamente 34 mil niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos. Hasta agosto de este año, la cifra de femicidios en el país se incrementó a 177 casos, de acuerdo con el monitoreo de CEPAZ.

Miranda a la cabeza

En los casos registrados, destaca también que el estado con más delitos de este tipo fue Miranda, con 23.1%; seguido de Lara con 15.4%; y en tercer lugar figuran con 11.5% Bolívar y
Carabobo.
En el foro también participó Karla González, abogada especialista en derechos a la información,
fiscalización y combate a la corrupción, quien expuso sobre los estándares internacionales
sobre el repudio al femicidio.
González destacó que, si bien existe un marco normativo amplio que reconoce los derechos de
las mujeres, en la práctica las féminas siguen siendo víctimas de diversos actos que violan sus
derechos humanos, entre ellos la violencia de género, cuya máxima expresión es el femicidio.
De acuerdo con la definición de diversas autorías que acuñaron el término de feminicidio, se
entiende como el asesinato de mujeres por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad
de las féminas.
Fue el caso de asesinato de ocho mujeres en Ciudad Juárez, en México, también conocido como el caso de Campo Algodonero, lo que motivó que se hablara del tema en textos académicos. Ese feminicidio se dio en noviembre de 2001. El caso pasó a la Corte Internacional de Derechos Humanos y se condenó a México por no realizar las investigaciones adecuadas.

Violencia mexicana

Esta fue la primera sentencia en un caso de feminicidio de los más de 400 homicidios a mujeres
y menores de edad que se han dado en la ciudad mexicana desde 1993, acotó González. La
sentencia se emitió el 16 de noviembre de 2009. Las víctimas coincidían en que eran jóvenes,
incluso algunas menores de edad, y de escasos recursos.
Aunque los familiares reportaron dentro de las primeras 72 horas que establecen legalmente, la
Corte IDH concluyó que las autoridades minimizaron el caso y manifestaron comentarios
discriminatorios hacia las víctimas, quienes presentaron evidentes signos de violencia física y de abuso sexual.
Además, una vez encontrados los cuerpos, las investigaciones de la Corte IDH también notó
irregularidades y que no se tomaron las medidas necesarias para determinar las
responsabilidades.
González concluyó que todavía existe una discriminación estructural en el acceso a la justicia y
ejercicio de los derechos de las mujeres, y que visibilizan la impunidad y falta de protección de
las féminas por parte de las autoridades para garantizar su vida.

48 presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Anzoátegui entre abril y agosto
Codehciu precisó que todos los casos serán presentados ante la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH 

Al menos 48 presuntas ejecuciones extrajudiciales se registraron en Anzoátegui entre el 15 de abril y el 31 de agosto del año en curso, informó el director institucional de la Fundación de
Derechos Humanos de Anzoátegui con sede en Sucre, Monagas y Nueva Esparta, Alcides Magallanes, quien preciso: todos eran hombres entre los 18 y 42 años.

Según investigaciones de la ONG, Magallanes detalló que 26 de estos casos de presunta vulneración a la vida por parte de funcionarios de seguridad, ocurrieron en el municipio Simón Bolívar, 5 en Sotillo y 5 más en Anaco. Asimismo que 6 hombres resultaron muertos en San José de Guanipa y Guanta, 2 en Simón Rodríguez, y 4 casos se registraron en San Juan de Capistrano, Libertad, McGregor e Independencia.

A la vez detalló, que el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el supuesto responsable de la muerte de 18 ciudadanos. Seguido de la Policía del Estado Anzoátegui (PoliAnzoátegui) con 10 presuntas ejecuciones, mientras que 5 fallecieron a manos de comisiones mixtas, 4 por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 3 en manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y 8 bajo la responsabilidad de otros cuerpos de seguridad.

Por otra parte señaló, que durante este periodo, junio fue el más sangriento, ya que en este mes al menos 14 ciudadanos perdieron la vida. Finalizó diciendo que todos casos serán presentados ante la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas.

DDHH olvidados | “A tu hijo te lo sembraron, ahorita se lo están llevando a tribunales”
A Yesenia le detuvieron arbitrariamente a su hijo menor de edad frente a sus ojos mientras estaban en El Cementerio, pero en Fiscalía aseguran que fue en la Cota 905

@ValeriaPedicini

Yesenia* estaba con su hijo el día que lo detuvieron. Días atrás, habían llegado a El Cementerio, en el sur de Caracas, y se encontraron con la calle revuelta por los operativos en la Cota 905. Aprovechaban los fines de semana y las semanas radicales para trabajar en la zona. Así que, en vez de devolverse a su casa en Guatire, se resguardaron en la vivienda de su sobrina a esperar que todo se calmara. 

El viernes, cuando todo estaba más tranquilo, decidieron salir del refugio. Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) los pararon en medio de la calle, a plena mañana, para revisarlos. Yesenia ya había notado que los funcionarios estaban “alterados”. Y al ver que el muchacho de 17 años no cargaba su cartera con la cédula de identidad, todo fue peor. 

“Eres un sinvergüenza, tienes que cargar tu cédula”, los regañaron. Ella intentó explicarles que, aunque no tenía la cédula, sí llevaba encima una carpeta con documentos como constancia de estudio, partida de nacimiento y registro militar, porque el muchacho quería optar por un cupo para entrar a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). 

Nada de eso funcionó: decidieron llevárselo. 

“Tranquila, que si él no está solicitado, le entregan a su hijo. Solo es una verificación para que aprenda a cargar su cédula”, le prometieron a Yesenia. Para ese momento, no reaccionó ni tuvo una postura a la defensiva. “Yo estaba creyendo en su buena fe. ‘Están haciendo su trabajo’, pensé. No pensé que iba a pasar todo esto”. 

Mientras al muchacho lo llevaban a la Quebradita II, Yesenia había ido a buscar su documento de identidad. Cuando llegó, un funcionario le dice que su hijo era el 17 en orden de verificación y había que esperar. 

Pasó el viernes, el sábado no hubo sistema y el domingo se repitió la historia. Yesenia nunca se movió del lugar porque quería a su hijo de vuelta y porque tampoco tenía pasaje para ir y regresar de su casa en Guatire. 

El martes, un efectivo le preguntó qué hacía en el sitio. Yesenia le explicó la situación y él fue a verificar el caso. Cuando volvió le dijo: “¿Por qué dejaste que pasara tanto tiempo? A tu hijo te lo sembraron. Ahorita se lo están llevando a tribunales, vete corriendo”. 

Yesenia no supo ni cómo reaccionar, no entendía qué estaba pasando. “¿Cómo es que yo llevaba ahí varios días y a mí nadie me había dicho nada? Yo estaba creyendo en la buena fe de que no había sistema”. 

Cuenta que en la audiencia solo escuchó horrores. Entre esos, que la detención de su hijo había sido en la Cota 905 y que era producto de una “orden presidencial”. No importó que dijera que ella estaba con él en El Cementerio cuando eso ocurrió, que había testigos de lo ocurrido o que pidieran revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad que hay a lo largo de la avenida principal de El Cementerio. 

“No le hicieron caso a los videos ni a nada porque dicen que no van a perder su trabajo porque esto es político. Pero a nosotros, que somos inocentes, nos están haciendo un daño”, expresó Yesenia. 

Al muchacho lo trasladaron a una sede en La Yaguara, donde su madre denuncia que “le cayeron a tablazos”. Después, lo llevaron a San Agustín, donde duró unos días, para luego moverlo a Guárico para finalmente dejarlo en Yaracuy. “No sé qué está pasando que me lo tienen de allá pa’ acá y de allá pa’ acá”. 

Ella solo ha tenido oportunidad de verlo una sola vez y por tan solo dos minutos. En primer lugar, porque las visitas están restringidas hasta principios de septiembre y porque a Yesenia se le hace difícil poder conseguir el dinero para trasladarse hasta el interior del país. Gracias a una recolección que hicieron su familia y conocidos, pudo reunir los 40 dólares del transporte y visitarlo para llevarle productos de higiene, ropa y una colchoneta. 

Producto del hacinamiento que se vive en las cárceles y centros de reclusión, a su hijo le dio escabiosis. Pero lo que más le impresionó fue ver a su hijo tan afectado emocional y psicológicamente, sobre todo cuando vio que ella llegaba con sus pertenencias. “Me dijo ‘mamá, ¿me van a dejar aquí? Ayúdame, no me dejes’”. 

A Yesenia le notificaron que la audiencia sería para octubre. “Es mucho tiempo, lo que está cometiendo es un atropello con nosotros. Esto no se entiende. Vivo en zozobra porque mi hijo no hizo nada y mira todo lo que pasó”. Cuenta que desde que detuvieron a su hijo, le cuesta ver a funcionarios en la calle por miedo de lo que pueden hacer. “Siento que me pueden hacer algo”. 

Desde que detuvieron a su hijo, a mediados de agosto, la vida le cambió también a Yesenia. No ha podido ver al resto de sus hijos por estar concentrada al 100% en lo que le pase al muchacho de 17 años. “He ido a todos lados, en algún sitio me van a escuchar”, clamó. 

 

La opacidad del gobierno impide auditar asignaciones de minas a gobernadores
 
Acceso a la Justicia destaca falta de transparencia en procedimiento empleado por Maduro para la adjudicación de los yacimientos de oro a gobernadores o protectores del régimen

Con miras a las elecciones del 21 de noviembre, en junio de este año una promesa de Nicolás Maduro fue la eliminación de los protectorados, una ilegal figura que implementó en aquellos estados y municipios donde la oposición resultó electoralmente favorecida para la gobernación o alcaldía.

“A partir de estas elecciones, creo que lo mejor es gane quien gane, le toque el gobierno en su estado, en su municipio. Y lo que a nosotros corresponde y a mí corresponde vamos a eliminar eso que hemos llamado el protectorado. Se acaban los protectores y protectoras por estado y municipio, para que gobierne el que gane. Gobierne y punto. Vamos a ver cómo les va. Se elimina ese protectorado“, fue la promesa de Maduro, que causó escepticismo en la oposición.

Los cuestionamientos se centraron en por qué esperar hasta el 21 de noviembre y no hacerlo inmediatamente. Dos meses después de aquella promesa, parece recular.

“Nosotros estamos en diálogo con las oposiciones. Tenemos como cuatro mesas de diálogos. Ellos pidieron como garantía política que después de las elecciones del 21 de noviembre se eliminaran los protectores. Estuve de acuerdo, pero ayer me quedé pensativo con lo que ocurre en Mérida», indicó en cadena nacional.

La ONG Acceso a la Justicia recuerda, además, otro detalle que parece olvidado o pasa desapercibido: la asignación de minas de oro para gobernadores y protectorados.

“Voy a proceder a entregar una mina de oro (…) en plena capacidad productiva, a cada gobernación, para la producción de recursos en divisas convertibles, para nuestro pueblo”, dijo Maduro en octubre de 2019.

Esto suponía que los gobernadores podrían disponer de los recursos que produjera el yacimiento e invertirlo en las necesidades de sus estados. La oferta quedaba sin efecto para los estados Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta, por ser gobernados por la oposición.

La Asamblea Nacional electa en 2015 se negó a esto y mediante acuerdo parlamentario determinó que el Ejecutivo nacional “no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido, y en ese sentido, la ley de asignaciones especiales, que ha sido dejada a un lado por el gobierno usurpador, debió establecer, como se hizo en el pasado, un sistema de asignaciones económicas especiales en beneficio de los estados, en cuyo territorio se encuentren situadas las minas, sin perjuicio de que también puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio de otros estados”.

Acceso a la Justicia recuerda que la medida de Maduro también fue denunciada por la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos, por ser ilegal y afectar la seguridad, el ambiente y la población indígena.

Acceso a la Justicia señala que la adjudicación de minas obedece a una política gubernamental que busca “echar mano de los recursos naturales del país y dividirlos entre acólitos”

Opacidad en la asignación

La ONG hace hincapié en que “hasta ahora se desconoce el procedimiento que ha usado el gobierno de Maduro para la adjudicación de los yacimientos o minas de oro del país a las gobernaciones y los protectorados, así como a otras entidades públicas o privadas”.

La poca información es que se lleva a cabo en ejecución del Plan Minero Tricolor, un proyecto que anunció en junio de 2019 en el marco del Arco Minero del Orinoco, y sobre la que ha regido la más absoluta opacidad al no publicarse cifras e información sobre las actividades realizadas, especialmente respecto a la extracción del oro y otros minerales, así como tampoco sobre los recursos obtenidos de esas operaciones y las empresas asociadas e instaladas en ese ámbito, destacó la organización.

Es de recordar que mediante decreto 2.248 del 24 de febrero del 2016, inconstitucionalmente se creó la zona del Arco Minero del Orinoco (AMO), para la explotación de bauxita, diamantes, oro y hierro, entre otros minerales.

“Desde entonces existe un control y dominio absolutos sobre el área delimitada a través de concesiones, impuestos, exportaciones, regalías, hasta tal punto que en 2020 la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció los serios abusos y violaciones de derechos humanos en el AMO al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo”, resaltó Acceso a la Justicia.

En el informe también se denunció que “niños, algunos menores de 10 años, trabajaban en las minas, y que desde 2016 ha habido en la zona un fuerte aumento de la prostitución y la explotación sexual de mujeres, incluyendo adolescentes, más allá del control que ejercen los grupos delictivos o elementos armados”.

Para Acceso a la Justicia, otra de las evidencias de la falta de transparencia en la asignación de yacimientos de oro a las entidades federales es que “el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, creado en 2016 a partir del nacimiento del AMO, nunca ha publicado una memoria y cuenta sobre la producción aurífera en el sur del país”.

“La asignación de una mina de oro a cada gobernación del país por cuenta propia de Maduro representa el arbitrario proceder en el manejo de los fondos públicos sin ningún control por parte de la AN”.

Arbitrariedades y violaciones al orden jurídico

“Existe un bloque normativo aplicable directamente a los yacimientos y minas de oro que limita y restringe inexorablemente la actuación del Ejecutivo nacional para que sean utilizados en razón de su carácter de utilidad pública e interés social, y la pretendida asignación de estos minerales a las gobernaciones y protectorados no se corresponde con estas causas”, reitera la ONG.

En ese sentido, el artículo 12 constitucional determina que los yacimientos de hidrocarburos, mineros y las costas marinas son del dominio público y, por ende, son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables.

“El régimen de dominio público se trata, sin duda, de una forma de limitación del poder en el manejo de estos bienes que pertenecen al Estado, evitando así que pueda haber una apropiación indebida de estos recursos. De ahí que la inalienabilidad impida que se puedan enajenar. La imprescriptibilidad permite mantenerlos al margen del tráfico jurídico privado, por lo que no pueden obtenerse mediante la prescripción adquisitiva de dominio. Por último, la inembargabilidad los protege frente a los juicios para que no puedan ser embargados”, explica Acceso a la Justicia.

Otra violación es al artículo 156, numeral 16 de la Constitución, el cual establece la reserva legal para el régimen y administración de las minas y yacimientos y, con ello, la regulación referente a las modalidades de explotación y aprovechamiento de este recurso, así como la aplicación del poder tributario en materia de fiscalización y recaudación de los tributos.

“Del mismo modo, se desconoce el artículo 302 constitucional, que consagra la figura de la reserva legal de la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico, como la minería del oro”.

También se infringe el decreto de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos. 

   
#CiudadLaboratorioEntrevista | Yrama Capote: Defender el patrimonio forestal desde el hacer
La ecologista habla de la tala indiscriminada y de defender los árboles de quienes los amenazan

Por Cheo Carvajal | @caracasapie

Fotos: Mauricio López

Caracas es una ciudad verde. Eso dicen todos. Así es como luce. Pero sin dudas en su proceso urbanizador ha ido perdiendo masa vegetal. Esta pérdida no tiene que ver solo con nuevos urbanismos, son muchos los factores que se llevan por delante nuestros árboles. Y esta merma no ocurre solo en zonas periféricas de Baruta o El Hatillo, también ocurre en La Alta Florida. Más aún: en el eje vertebral de Caracas, al borde de la autopista, se han eliminado árboles, de Caricuao a Petare. Y en avenidas como la Francisco de Miranda, frente al mismísimo parque del Este. No solo desaparecen porque los talan, sino porque no tienen tratamiento fitosanitario, o no son podados regularmente ni de manera adecuada. No cabe duda: aunque parezca verde, Caracas necesita gente dispuesta a defender los árboles ante tanta irracionalidad.

Yrama Capote es una de esas personas. Nos recibe en la puerta del vivero del Grupo Ecológico San Pedro. Antes de entrar, me señala con indignación lo que sucede a escasos 40 metros: una cuadrilla de hombres está alrededor de unas rolas de caoba recién cortada. Me pide que hable con el ingeniero, que retomó hace una semana la tala de los árboles marcados en la orilla este del río Valle, por donde se supone seguirán las obras de ampliación de la autopista Valle-Coche. Menudo contexto para esta entrevista. 

Una vez adentro me entrega copia de un expediente (12.728-09, del 3 de marzo de 2010) del Tribunal Décimo Sexto de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En ese momento lograron, apelando a la Ley Penal del Ambiente, una medida “precautelativa que ordena la interrupción y prohibición en la parroquia San Pedro (municipio Libertador) de actividades de poda y tala que no estén debidamente autorizadas, que aquellas que tengan autorización de la Alcaldía de Libertador sean notificadas por escrito con al menos 48 horas de anticipación a la junta parroquial de San Pedro, y ordena que la Guardia Nacional Bolivariana vigile las zonas señaladas. El expediente insta, además, a notificar a la Misión Árbol de esta medida y a la Alcaldía del municipio Libertador a hacer cumplir el artículo 19 de la Ley de Bosques y Gestión Forestal para realizar programas y obras de protección y recuperación del Patrimonio Forestal Municipal.

Fue un precedente interesante, pero es fácil intuir cuánta atención le brindaron a esa decisión de los fiscales ambientales. En la parroquia han caído árboles por centenas bajo la excusa de que Caracas es lo suficiente verde como para aguantar estas pérdidas, o porque se promete reponerlos, promesa casi siempre incumplida.

Yrama defiende los árboles de quienes los amenazan, pero también se encarga de llenar los múltiples vacíos que van quedando en la parroquia donde vive. No es botánica, ni ingeniera agrónoma o forestal, es licenciada en Educación y se dedicó a dar clases de metodología de la investigación en la Academia Militar, donde se jubiló en 1999. Su formación en materia de árboles es autodidacta y por cosas de la vida: nació en San Casimiro, y cuando tenía 10 años, en 1960, su madre fundó un vivero de árboles frutales, que funcionó hasta 1999. Fue allí donde comenzó su recorrido al lado de los árboles. “Yo fundé la parte ornamental de aquel vivero, que fue una importante referencia en el estado Aragua, los ingenieros agrónomos lo ponían como ejemplo. Desde entonces me he sentido muy identificada con los árboles”. A esta Caracas, que va viendo convertirse en “una selva de cemento” llegó a los 15 años, y ya suma 66. Vive en Los Chaguaramos.

¿Cómo surge el Grupo Ecológico San Pedro (GESP)?

—Al principio éramos solo dos personas, pero en el 2008 quedamos formalmente constituidos como asociación civil sin fines de lucro. Al principio pusimos una mesita (señala al lado de la reja que separa este espacio de la calle), con pequeños árboles que me daba Sadarbol (Sociedad de Amigos del Árbol). Esto era un parque que habían abandonado y fue tomado por personas en situación de calle. La mesita desapareció en el 2014 y eso fue un trauma para mí y para las personas que trabajábamos aquí. Entonces fui al Concejo Municipal y resulta que ahí estaba Eliécer Otaiza, que lo había conocido cuando di clases en la Academia Militar. Le hice una solicitud para un número de plantas. Nos dieron este rincón, pero luego nos fuimos ampliando, recuperando todo el espacio que estaba convertido en un basurero.

Su función es proteger la vegetación, y debo dejar muy claro que es una labor de equipo. Participo con amigos nobles, muy esforzados, que trabajan ad honorem, especialmente Lérida Navas, Eduardo Cudisevich, Teresa Arquiadez, Jorge Vásquez, Luis Enrique Carrillo, además de buenos vecinos y voluntarios de otros lugares de Caracas que han conocido de nuestra labor por las redes sociales. Creo firmemente en el trabajo colectivo, porque un solo palo no hace montaña. Es un vivero “ucevista” (risas), porque prácticamente todos los que estamos aquí somos de la UCV, hay dos arquitectos, un ingeniero agrónomo, una licenciada en Educación, y aquí vienen muchos estudiantes a realizar su servicio comunitario. Ya han pasado por acá más de 200, de diversas carreras.

¿Cuán importante es el activismo ambiental en una ciudad como la nuestra?

—Nosotros tenemos una experiencia interesante, inclusive desde antes de que existiera el vivero. Aquí dábamos charlas. Inclusive una de las señoras de las que tomaron la decisión judicial que te mostré, vinieron a la parroquia. Nosotros constituimos una red de vecinos que se moviliza para defender los árboles, de hecho, existe la Asociación de Vecinos de San Pedro y ellos nos llaman cuando están talando o podando. Siempre nos enteramos cuando hay una amenaza. Personalmente, he bajado un poco el perfil, porque me estaba haciendo daño el estrés de ponerme frente a una gente que viene a talar con sus máquinas. Antes la Guardia Nacional nos apoyaba, pero eso ya se acabó, no hay apoyo, estamos como en el aire.

¿Ante la talas no hay apoyo institucional?

—De ningún tipo. Yo me confieso impotente ante este señor que está talando (señala hacia la ribera del río, donde el MTTOP retomó la tala de frondosas caobas). Igual vamos a hacer un documento que llevaremos a la Fiscalía, a ver si de repente dentro de un año lo llaman.

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Enfrentarse a estas cuadrillas de instituciones del Gobierno, sin apoyo institucional, sin margen de maniobra con la Fiscalía, es cuesta arriba. Por eso Yrama confiesa que el activismo en el que se han concentrado es el del apadrinamiento de los árboles. Nos señala un Urape rosado que está floreado en la esquina y nos explica que tiene su padrino. Nos habla de un árbol que se cayó cerca de un taller mecánico, y que en esa ventana van a sembrar uno que apadrinará “el señor Pedro”. Dedicarse a la resistencia, ante las arbitrariedades tiene en estos tiempos un costo enorme, no obstante, hace un par de semanas Yrama publicó en Facebook fotos con sus vecinos con pancartas, protestando ante nueva oleada de tala que amenaza a la parroquia. 

También siguen su trabajo formativo con los estudiantes del servicio comunitario, con escuelas cercanas, con vecinos: cómo hacer un compostero (tienen uno grande de donde sale casi la totalidad de la tierra para abonar sus plantas), cómo sembrar, cómo trasplantar. La estrategia parece más bien la de acercarse a los que trabajan en las obras para que al menos no se lleven por delante los que ellos plantaron en la ribera del río. Y seguir formando, sensibilizando, creando conciencia. “Aquí vienen niños de una escuela, que tienen parálisis, y es una experiencia extraordinaria porque salen contentos. Viene mucha gente y no nos damos abasto, porque esto es un voluntariado, nadie nos paga, esto es amor al arte”.

¿Las escuelas están formando para la defensa de nuestro patrimonio forestal?

—Creo que no, lamentablemente. Te doy un dato: casi la totalidad de los árboles que hemos sembrado frente a las escuelas los han eliminado. Nos hemos encontrado con directores que nos piden que los quitemos. Una directora nos había pedido que diéramos una charla y realizáramos una actividad en su escuela, luego sembramos ocho árboles al frente, y desaparecieron. Los repusimos y volvieron a desaparecer. Cuando vienen de las escuelas nos dicen: “el Ministerio de Educación nos obliga a tener un huerto escolar”. Nosotros los ayudamos. Los niños salen de aquí con sus potecitos con su matica, pero eso se diluye un poco. Ni siquiera están enseñando a los niños a cantar el himno al árbol. No veo un esfuerzo sostenido, serio, hacia eso.

Don José Francisco de Cañes y Merino, gobernador de Caracas allá por 1715, le hizo la guerra a los árboles, sobre todo a los cujíes, que talaron de manera obsesiva. Esto lo refiere Giovanna Merola, en su libro La relación Hombre-Vegetación en la ciudad de Caracas (1987).¿Quiénes son hoy los enemigos de los árboles en Caracas?

—¡Imagínate, los cujíes, que son los que soportan los taludes! Creo que la depredación más importante contra los árboles en Caracas viene del gobierno central, por todos estos trabajos de ampliación de autopistas y de soluciones viales. En este sector, nada más, se perdieron 700 caobas. Las talaron a pesar de estar en veda. Y ni siquiera hicieron la reposición a que obliga la ley, que son ocho árboles por cada uno talado. Yo le pregunté por la reposición de los árboles al señor que está dirigiendo la tala y me dijo que ellos habían sembrado cinco mil plantas de vetiver. ¿En qué cabeza cabe que ese árbol maravilloso equivale a varias plantas de vetiver? Pero también la sociedad civil actúa a veces en contra: lo primero que sucede cuando venden una casa con su parcela para construir, es que talan los árboles. Nos hemos topado con gente de clase media que intenta frenarnos cuando sembramos árboles en los parques.

Creo que mientras haya más carros en Caracas, habrá menos árboles, y eso es parte de la desertificación: más concreto, menos verde. Lo ves aquí con la ampliación de la autopista. Mucha gente decide eliminar un árbol para tener más espacio para estacionar, en su edificio o en su comercio, sin embargo, tú los ves cuando van a estacionar sus carros en la calle lo primero que buscan es la sombrita de un árbol.

Plantaron a lo loco 

Yrama tiene conciencia de que hay árboles que se plantaron por error en muchos lugares de la ciudad, por inconsciencia o ignorancia. No eran los apropiados, ni para las casas ni para las aceras, como mangos, jabillos y hasta los mismos caobos, que tienen raíces superficiales muy potentes. Que levantan aceras en la calle y pisos dentro de las casas. Nos cuenta que el proceso de urbanización de Los Chaguaramos fue muy rápido y que sembraron muchos jabillos, como en muchas zonas de Caracas. Nos habla de las muchas “razones” que esgrime la gente para eliminar árboles: “porque echan muchas hojas y flores, y tapan canales, porque ocultan las fachadas de los comercios, porque sirven para que trepen y se escondan los ladrones, porque se orinan los borrachos, porque restan espacio para estacionar los carros. Sin embargo, creo que a la mayoría de las personas les gustan los árboles, el asunto es tomar conciencia, pero para eso hace falta gente. No se trata solo de hacer conferencias: hay que hacer, hay que poder tocar el arbolito que está ahí sembrado”. 

—Cuando nosotros comenzamos con el vivero nos asesoramos mucho con Jesús Hoyos, él nos dio el listado de los árboles adecuados para las aceras, como el urape y el araguaney, que no levantan las aceras. Cuando nos traen árboles grandísimos, los sembramos en bosques. Mucha gente nos pide que les demos árboles de aguacate, y hacemos intercambio, por bolsas de tierra. Nosotros llevamos un registro de los árboles que hemos entregado o sembrado directamente, y son más de dos mil. Hemos sembrado en la parroquia, pero también fuera. Hace poco entregamos 229 árboles que van a sembrar en un bosque de la Universidad Simón Bolívar para recuperar un curso de agua. Les dimos de esos que justamente no es conveniente sembrar en la ciudad: caobas, ceibas, apamates. 

Pero hay muchos apamates en las calles de Caracas.

—Aunque florecen muy bien y son muy vistosos, aquí les da una enfermedad que se llama “escoba de bruja”. 

De Caracas se dice que es una ciudad verde. De hecho su toponimia habla mucho de este tema: La Florida, Las Palmas, Los Chaguaramos, La Floresta. ¿Cuál es el sendero de esta ciudad que más te gusta caminar?

—Aquí mismo tenemos uno muy bonito, el Paseo Los Ilustres, que está muy bien arbolado. En términos generales la parroquia San Pedro es una de las más arboladas de Caracas. También me gusta mucho caminar por Los Caobos, donde hay unos especímenes impresionantes. También por el Jardín Botánico.

Sin embargo, sabemos que esa vegetación va mermando.

Por eso es que sentimos una gran preocupación. Aquí se están cayendo muchos árboles, casi todas las semanas, y no se restituyen. Nosotros hicimos un inventario, inicialmente de 300 árboles caídos, luego subió a 500. Ya perdimos la cuenta. La semana pasada se cayeron tres en una sola calle.

¿Se cayeron o los tumbaron?

—Se cayeron, porque estaban enfermos, porque no se les ha hecho tratamiento fitosanitario. Otro espacio maravilloso que tenemos es la Universidad Central de Venezuela, pero ahí también se han hecho talas, aunque puntuales.

Cuando se habla de la “Caracas verde”, se suele hablar mirando al Ávila, o a los grandes espacios verdes, como el Jardín Botánico, Los Caobos o el parque del Este, y se desprecian los árboles cercanos. ¿Qué papel juega el árbol que está frente a tu casa, el de la esquina, el que está camino a la escuela?

—Tienen un gran significado para la alegría los dos árboles que están frente a nuestra casa en Los Chaguaramos, un tulipán africano y un hermoso y frondoso jabillo. Muchos pájaros y murciélagos viven en ellos, además de todos los que vienen a comer como las guacamayas, guacharacas, conotos, azulejos, reinitas, carpinteros y otros. Muchas de estas aves se pasean por los balcones de los vecinos donde les colocamos comida y agua. Son tan atrevidos que hasta reclaman cuando los comederos están vacíos. Tristemente, estos árboles tienen enemigos que desean eliminarlos, especialmente el jabillo que desprende grandes ramas con el viento y la lluvia. Tenemos que reconocer que fue una equivocación colocarlos en las aceras, cuando su lugar adecuado es un parque, un bosque. Muchos vecinos los defendemos con fuerza, pues la experiencia ha demostrado que árbol talado no le colocan sustituto, sino una placa de cemento. Esa es parte de la enseñanza que tenemos que divulgar para plantaciones futuras en una ciudad como Caracas.

¿Crees que las alcaldías están ejerciendo su rol de garantizar un ambiente urbano en el que los árboles son fundamentales?

— Definitivamente, no. Hay un descuido casi generalizado por parte de estas instituciones en toda el área de Caracas. Existe un deterioro progresivo, incluso en alcaldías que medianamente atendían su patrimonio forestal. Los árboles viven a la buena de Dios. En el área que nos corresponde no se realiza desde hace muchos años el mantenimiento adecuado, a pesar de que se ha solicitado en diversas oportunidades a la Alcaldía de Libertador.

La indiferencia y la complicidad también han sido factores que han perjudicado a la masa arbórea de la ciudad. Muchas han sido las denuncias y reclamos que han realizado las diversas organizaciones ecológicas, y el Gobierno se ha hecho oídos sordos.
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Háblame del voluntariado que se ha sumado al GESP.

—La experiencia del padrinazgo ha sido uno de nuestros éxitos, con ello hemos logrado un mayor porcentaje de sobrevivencia. Las que más apreciamos son las personas que viven en la calle, uno de ellos luchó con nueve pilones hasta que logró que se defendieran solos. Ahora cuida con cariño un araguaney y un urape. Eso sí, hay que recompensarlo con algo de dinero cuando pasamos a ver los progresos. Grandiosa ha sido la experiencia con los estudiantes que hacen servicio comunitario en nuestro vivero, hasta ahora más de 200. Los de la Universidad Central de Venezuela han sido un gran ejemplo, algunos cumplen más horas de las 120 que estipula el servicio, y luego siguen viniendo y colaborando. Algunos voluntarios se pierden de vista por años, pero luego aparecen con una foto de unos o varios árboles grandes, un orgullo para ellos y para nosotros.

Hay dos voluntarios que concientizaron a toda una comunidad para cuidar 80 árboles. Luego de que, al principio, hubo una gran resistencia y negativa de plantar en un parque de Santa Mónica. Incluso hasta algunos de los árboles habían sido quemados o talados. Hoy trabajan con otros amigos del lugar y hasta tienen un conuco y le obsequian los frutos de su cosecha a los vecinos. Hay un obrero que trabaja en la ampliación de la autopista, que vive en la Cota 905, y nos ha pedido árboles, porque los está sembrando allá, y ya se ha llevado 20.

Me imagino que de pequeña, en San Casimiro, trepabas árboles. ¿Es importante que los niños aprendan a trepar árboles?

—Definitivamente, los niños deben tener contacto directo con los árboles, es una influencia importante para quererlos. Nosotros agarrábamos mangos, mandarinas, naranjas y otras frutas. Con mis hermanos construimos una casa en un árbol, que al final se nos derrumbó con nosotros adentro. Fue una experiencia de infancia maravillosa e inolvidable. Nuestra casa estaba en el campo, fuera del pueblo, era una granja con muchos árboles frutales, gallinas, conejos y una vaca que nos daba leche. 

¿Es importante que las personas aprendan a reconocer las especie de árboles?

—Es necesario, sobre todo para identificar el lugar específico donde pueden y deben ser plantados. La experiencia nos ha enseñado que muy pocas personas saben reconocerlos, incluso nuestro árbol nacional, el araguaney. Esa es una lección pendiente de los expertos y las escuelas. Pero también hemos observado con satisfacción que las personas se muestran muy interesados cuando les mostramos las características de una planta.

¿Cómo es un día de acción en el vivero, o cuando plantan en la parroquia? 

—El vivero es nuestro orgullo, tenemos ahora unos 550 árboles y una colección de plantas ornamentales obsequiadas por la comunidad. El trabajo se inicia limpiando todo el lugar, asignamos las tareas a equipos de vecinos o de estudiantes que cumplen servicio comunitario: se ordena el compostero, realizamos el cernido del compost, se siembran semillas, se trasplanta, se abona, se riega y se poda. Además, hacemos el seguimiento de las plantas que ya están listas para ubicar en un lugar adecuado. Lo que más nos conmueve y agrada es el contacto con la comunidad, que desde la calle ve con encanto el trabajo. Algunos se animan a entrar, consultan, o solicitan árboles por donación o intercambio. Esta satisfacción se contagia también en nuestros jóvenes. 

Pero el trabajo que más nos anima a todos es, finalmente, plantar los árboles. Las jornadas de siembra son realmente lo más hermoso que hacemos. La gente nos ve con agrado y admiración, algunos bajan de sus apartamentos y de sus carros, otros hasta han cantado el himno al árbol con el grupo que siembra. También ocurre que en el mismo lugar aparece uno que será el padrino de una o más plantas. Al final todos terminamos cansados, pero muy felices. 

Caracas merece infinitos cariños desde todo punto de vista. Seguiremos sembrando y cuidando árboles, porque es la ciudad de los que nacieron en ella, nos abrió los brazos a muchos provincianos y gente que vino de lejos. Todos los que vivimos en esta bella metrópolis tenemos una deuda con ella. 

 

 

En semana radical y con sistema online disponible, candidatos del PSUV realizaron actos masivos para postularse ante el CNE
El ente comicial recordó a los abanderados de las toldas políticas que no es necesario acudir a las sedes de la institución, puesto que existe un sistema automatizado para formalizar sus aspiraciones

A pesar de que el Consejo Nacional Electoral dispuso un sistema automatizado de postulaciones para las elecciones a realizarse el 21 de noviembre, una gran cantidad de candidatos, especialmente del PSUV, han asistido a las sedes de la institución en distintos estados para formalizar sus aspiraciones.

Vargas, Monagas, Anzoátegui, Miranda, Cojedes y Falcón fueron algunas de las entidades donde los políticos se dirigieron a las juntas regionales para entregar los requisitos

En La Guaira, José Alejandro Terán, abanderado del Psuv, Luis Olivo, por Alianza Democrática, Arquímedes Rivero, por el Movimiento al Socialismo (MAS) y Nerio Garban por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) hicieron acto de presencia en el ente comicial.

En Monagas hasta un acto realizaron los futuros contendores de la tolda roja, encabezados por el vicepresidente de la región oriental del partido, Julio Chávez. En esa entidad fueron 14 los candidatos que se inscribieron

En Anzoátegui también hicieron caso omiso y, desafiando las medidas de bioseguridad, los aspirantes a la gobernación y las 21 alcaldías por el Psuv y el Gran Polo Patriótico (GPP) realizaron actividades de calle para presentar sus nombres en la carrera electoral.

Liderados por el gobernador y candidato a la reelección en Miranda, Héctor Rodríguez, 21 aspirantes de la organización política que preside Nicolás Maduro acudieron a la base del CNE ubicada en los Teques para inscribirse.

Ante esta ola de inscripciones presenciales, el rector Roberto Picón aprovechó para enfatizar que no es necesario que los abanderados se trasladen para sellar sus candidaturas. “Las postulaciones se hacen a través del sistema dispuesto por el CNE. No hace falta que los candidatos o las organizaciones postulantes se acerquen a las Oficinas Regionales Electorales, a las Juntas Municipales o a las Juntas Regionales”, escribió en su cuenta en Twitter.

Cabe destacar que el ente comicial extendió el plazo de postulaciones hasta el miércoles 1° de septiembre, tres días más de la fecha estipulada en el cronograma electoral que, inicialmente, era el 29 de agosto.

 

Con información de Guachimán Electoral 

Justicia transicional para responsables de crímenes de lesa humanidad no es factible en Venezuela
A juicio de expertos existen bases razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes y es posible iniciar una investigación ante la existencia de la inactividad por parte del Estado

De acuerdo a la ONG Defiende Venezuela establecer un sistema de justicia transicional en el pais para juzgar a presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad no es factible, porque las normas del ordenamiento jurídico no permiten perdonar a los responsables.

Yeimber Machado, abogado y miembro de Defiende Venezuela, sostuvo que en el caso de que haya una transición en Venezuela, se puede plantear un mecanismo de complementariedad compartido, donde los máximos responsables se juzguen ante la Corte Penal Internacional y los otros en Venezuela, una vez que se demuestre que hay voluntad por parte del Estado de castigar a estas personas.

Luego del último informe de la Corte Penal Internacional sobre la situación de Venezuela, emitido por la ex fiscal Bensouda y reclasificado como público, Defiende Venezuela organizó el foro “Estado actual del examen preliminar de la CPI sobre Venezuela” donde expertos explicaron que la situación de Venezuela se encuentra en fase III del examen preliminar a la espera del pronunciamiento sobre si corresponde o no el inicio de una investigación.

El Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, en su último comunicado sobre la situación de Venezuela ante la CPI, recordó que Venezuela solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares que ejerciera un control judicial para que supervisara la actividad realizada por la fiscalía y brindara respuesta a las interrogantes planteadas.

El 2 de julio de 2021, la Sala rechazó la solicitud de control judicial efectuada por las autoridades venezolanas y ordenó que se presentaran versiones “públicas”, tanto de la solicitud hecha por Venezuela, como de las observaciones a las que arribara la fiscalía; el 10 de agosto de 2021, fue publicado el informe u observaciones que realizara la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional.

Hay razones

De acuerdo a Andrea Santacruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, en el informe emitido por la ex fiscal Bensouda, la fiscalía pudo determinar que existen bases razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes competencia de la Corte y que es posible iniciar una investigación ante la existencia de la inactividad por parte del Estado.

Santacruz aclara que el principio de complementariedad parte de la idea de que quien debe juzgar inicialmente debe ser el Estado a través de su jurisdicción penal nacional, por lo tanto debe establecerse un sistema de justicia transicional que incluya crímenes de lesa humanidad conforme a los criterios internacionales y de la constitución venezolana.

Por su parte, Santiago Vargas Niño, experto en Derecho Internacional Público de la Universidad de Leiden, explicó que la Corte Penal Internacional tiene una priorización de casos y para poder dar una solución a los mismos se encuentran con una serie de inconvenientes, como la falta de presupuesto, el cual es reducido.