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TSJ suspende despacho de tribunales hasta el 13 de abril por Covid-19
Los tribunales penales solo atenderán “asuntos de emergencia”

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitió una resolución este 20 de marzo de 2020, mediante la cual se suspende el despacho en todos los tribunales del país hasta el lunes 13 de abril de 2020, por la situación de emergencia causada por el Covid-19.

“Durante ese período permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales. Ello no impide que se practiquen las actuaciones urgentes para el aseguramiento de los derechos de alguna de las partes, de conformidad con la ley. Los órganos jurisdiccionales tomarán las debidas previsiones para que no sea suspendido el servicio público de administración de justicia. Al efecto se acordará su habilitación para que se proceda al despacho de los asuntos urgentes”, se indica en el comunicado.

La tutela de derechos estaría asegurada mediante el segundo punto de la resolución: “En materia de amparo constitucional se considerarán habilitados todos los días del período antes mencionado. Los jueces, incluso los temporales, están en la obligación de tramitar y sentenciar los procesos respectivos. Las Salas Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia permanecerán de guardia durante el estado de contingencia”.

Los tribunales penales solo atenderán “asuntos de emergencia” y al respecto el comunicado invoca el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal.

La referida norma establece: “Para el conocimiento de los asuntos penales en la fase preparatoria todos los días serán hábiles. En las fases intermedia y de juicio oral no se computarán los sábados, domingos y días que sean feriados conforme a la ley, y aquellos en los que el tribunal no pueda despachar. La administración de justicia penal es una función del Estado de carácter permanente, en consecuencia, no podrá ser interrumpida por vacaciones colectivas o cualquier otra medida que afecte el cumplimiento de los lapsos procesales. En materia recursiva, los lapsos se computarán por días de despacho”.

“Las audiencia preliminares, en las cuales se evalúan las resultados de las investigaciones de la Fiscalía, así como los debates públicos y orales correspondientes a la fase de juicio, quedarían suspendidos”, explicó la jurista Magaly Vásquez, corredactora del Copp.

Si existen casos de cumplimiento de condena durante el lapso de suspensión de despacho en los tribunales penales, o se vence el plazo de duración máxima de la medida cautelar de privación de libertad, cabría la posibilidad de interponer acciones de amparo, en este caso hábeas corpus, como lo admite la resolución del TSJ, agregó Vásquez.

Transparencia Internacional identifica riesgos de corrupción en el marco del COVID-19
Pide al sector privado evitar prácticas que afecten el abastecimiento de los bienes y servicios necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria

Un grupo de trabajo integrado por 13 capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional presentó un análisis sobre los riesgos de corrupción identificados, respecto a las compras y contrataciones directas que están haciendo los estados frente a la crisis sanitaria producto de la pandemia de virus COVID-19, y estrategias preventivas claves para asegurar que se cumplan los objetivos de aliviar los impactos en la salud de los ciudadanos y las economías locales de forma íntegra, y que los recursos no sean desviados por la corrupción y el oportunismo.

El análisis «Integridad ante la emergencia: recomendaciones para la integridad de las compras y contrataciones públicas” detecta cinco líneas estratégicas: (1) máxima apertura en la información (incluidos datos abiertos) con una visión integral de las contrataciones públicas (de la planificación hasta la entrega del bien), (2) activación de mecanismos pro-competencia, (3) fiscalización en tiempo real e (4) identificación plena de los recursos utilizados, y su destino en un solo sitio, (5) amplia rendición de cuentas públicas sobre los recursos utilizados y su destino.

Además, hicieron un llamado especial al sector privado para evitar prácticas que afecten el abastecimiento de los bienes y servicios necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria.

Los integrantes de los 13 capítulos de Transparencia Internacional, incluyendo Transparencia Venezuela, insistieron en que los riesgos de captura de recursos por parte de grupos de interés económico y la administración desigual de las ayudas directas puede resultar en afectaciones graves a la salud pública de la región. Con frecuencia se dice que la transparencia retrasa la entrega de bienes y servicios, pero después de revisar extensamente la experiencia de América Latina, no hay duda de que lo que realmente compromete la entrega de los bienes necesarios para atender las necesidades de la población es la opacidad y la corrupción.

Codhez exhorta al gobierno a garantizar acceso a alimentos en medio de pandemia
5 de cada 10 hogares de Maracaibo, adquieren sus alimentos todos los días

 

En atención a la cuarentena colectiva anunciada por el gobierno de Nicolás Maduro, que implica la suspensión de actividades laborales y educativas, desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) se exhorta al Estado venezolano a garantizar el acceso y la disponibilidad de alimentos adecuados y suficientes para los habitantes de la región zuliana.

Ante la confirmación de casos positivos de Covid-19 en el país y la declaración del Estado de Alarma previsto en el artículo 338 de la Constitución de la República, el Estado debe establecer los mecanismos idóneos para la provisión y el acceso a los alimentos, garantizando el abastecimiento de los mercados de la región y, eventualmente, mediante su distribución directa sin discriminación alguna.

Codhez alerta que la emergencia por la pandemia del Covid-19 puede intensificar la inseguridad alimentaria de la población zuliana debido a las dificultades para alimentarse que, como se ha advertido desde hace unos años, se derivan del alto costo de los alimentos y su escasez.

Un gran porcentaje de la población marabina, 5 de cada 10 hogares de Maracaibo, compra sus alimentos todos los días de acuerdo con el último estudio de seguridad alimentaria realizado por la organización no gubernamental. Por ello, contar con reservas de alimentos para una cuarentena no es una realidad que aplique en muchas familias marabinas. 

De acuerdo al último monitoreo de alimentos realizado por la organización en la primera quincena de marzo, los granos incrementaron su precio en +14%, el queso blanco semiduro +13%, y los cortes de carnes de res +7%, respecto de la quincena anterior. Esta tendencia al aumento de precios es visible en el comportamiento del precio del kilo de queso. Para agosto de 2019 su costo equivalía en bolívares a USD 2,55 y para esta quincena de marzo, su equivalente en bolívares es de USD 5,18.

Entre tanto, adquirir productos como la leche líquida y en polvo puede significar gastar más de lo que se percibe con el salario mínimo vigente. Solo el precio promedio de un kilo de leche en polvo se ubica en Bs. 870.643,91, lo que representa más de cuatro salarios mínimos.

Durante el periodo de cuarentena anunciado por las autoridades gubernamentales venezolanas es necesario que tanto niños, como adultos mayores y toda población en situación de vulnerabilidad, pueda acceder a productos que le permitan disfrutar de una alimentación adecuada.

Asimismo, en medio de la declaración de alarma por la Covid-19, Codhez insta a las autoridades gubernamentales a garantizar la distribución de agua potable en todos los sectores de la región, así como asegurar condiciones de transporte adecuadas, sobre todo para las personas que requieran trasladarse a centros de asistencia hospitalarios, tomando en cuenta la aguda escasez de combustible.

La alimentación adecuada, el acceso al servicio de agua potable y de atención médica de calidad son derechos humanos cuya interdependencia es notable en las circunstancias actuales. Es momento que el Estado venezolano mueva toda su capacidad para responder de manera adecuada y efectiva ante este nuevo desafío que se presenta para el país y evitar la propagación del virus en la región, en procura de la salud y el bienestar de los zulianos.

FundaRedes solicita activación de canal humanitario para adquisición de medicamentos en Colombia
La petición se hizo en la sede de la REDI Andes

 

Mediante un documento consignado ante la REDI Andes, defensores de Derechos Humanos y activistas de FundaRedes, exigieron se implemente un canal humanitario fronterizo, con el objeto de favorecer a pacientes crónicos que se encuentran afectados debido a que cubrían sus necesidades de medicamentos adquiriéndolos en Colombia, y ante las decisiones de cierre de fronteras y de los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, no tienen cómo solventar esta situación que pone en riesgo sus vidas.

El documento fue consignado en la sede de la REDI Andes, dirigido al mayor general Federico Guzmán Bornia, el jueves 19 de marzo, según informó Javier Tarazona, director general de FundaRedes, quien explicó que la medida solicitada ante los efectivos militares que ejecutan la decisión de cierre de pasos fronterizos y movilidad entre ciudades, se trata de permitir acudir a Colombia a comprar medicamentos, pero debe estar acompañada con la correspondiente posibilidad de acceder al suministro de combustible.

El director general de FundaRedes también informó que se harán las gestiones pertinentes para la generación de acuerdos con la República de Colombia, con el fin de que se establezca el corredor humanitario-sanitario y así poder hacer efectiva la posibilidad de paso de las personas afectadas o sus familiares y relacionados.

Dijo Javier Tarazona que la situación es sumamente grave, ya que “la restricción de paso a los pacientes con enfermedades crónicas y que requieran medicamentos esenciales, ejecutada como medida de protección ante la expansión del COVID-19 (coronavirus), podría causar incluso más víctimas trágicas que la propia pandemia, si no se activan mecanismos de solución a la problemática de la carencia de medicamentos”.

Recordó Tarazona que Venezuela está en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja, y uno de los aspectos relevantes de la crisis de salud se refleja en la insuficiente dotación de medicamentos en el sistema público de atención, las clínicas privadas y las farmacias del país, lo cual obliga a las personas a tener que comprar todo lo que necesitan en Colombia.

En tal sentido, el documento consignado detalla que: “el Estado venezolano, que por mandato constitucional está obligado a garantizar el derecho a la salud de los habitantes de la República (artículos 83, 84 y 85 CRBV) no provee muchos de los medicamentos y tratamientos de los pacientes con enfermedades crónicas, ni garantiza que puedan adquirirlos en Venezuela por medios privados. Incluso la intención de suministrar ayuda internacional ante la emergencia humanitaria compleja que padecemos, fue impedida por agentes del  Estado”.

Durante los días de aislamiento social y del estado de alarma en todo el territorio nacional (Decreto No. 4160, del 13 de marzo de 2020, Gaceta Oficial No. Extraordinario 6.519) FundaRedes con todo su equipo de activistas, se encuentra recibiendo, documentando y acompañando las situaciones que atraviesan los ciudadanos en temas como acceso a los servicios públicos, vulneración de las libertades personales, y todo lo inherente a violación a los Derechos Humanos, para ello pone a disposición la interacción a través de sus cuentas en Twitter @fundaREDES_ y @Obs_REDES. (Prensa FundaRedes)

En cuarentena los derechos humanos son inmunes
Expertos en DD. HH. coinciden en que el estado de alarma decretado hace una semana por el Ejecutivo debido al coronavirus, no puede ser una excusa para atropellar a la ciudadanía 
El artículo 338 de la Constitución restringe el derecho a la circulación, pero no lo prohíbe

@franzambranor

El pasado viernes 13 de marzo, Nicolás Maduro decretó estado de alarma nacional como mecanismo preventivo de una posible propagación del coronavirus. 

El artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que “podrá decretarse estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación y de sus ciudadanos”.

Según Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el estado de alarma no implica la restricción a la libertad personal.  

“Lo que existe es una restricción del derecho a la circulación por el territorio nacional en vista de la crisis de salud pública en la que nos encontramos. La libertad personal solo puede ser restringida si alguien comete un delito. La restricción no es absoluta porque todos tenemos la necesidad de salir a comprar comida y medicinas ”, dijo Trujillo.

De acuerdo a un informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en seis años del gobierno de Maduro se han registrado 32.362 casos de violaciones a la integridad personal, allanamiento ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas. 

“El coronavirus no puede ser una excusa para violar derechos humanos. El Estado tiene que garantizar que las personas puedan tener acceso a sus medios de vida, servicios básicos y que continúe la cadena de circulación de alimentos y medicinas”, señaló Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea.

Provea denunció este martes 17 de marzo la detención de cuatro trabajadores del sector salud por exigir condiciones de trabajo adecuadas. Tres de ellos en Maturín: Carlos Carmona, Julio Molinos y Magalys Mendoza; y otro en Táchira: Rubén Duarte. Molinos fue imputado por los delitos de incitación al pánico y zozobra a la comunidad, agavillamiento e incitación al odio y fue privado de libertad con una medida de arresto domiciliario.

“El estado alarma no puede servir para invisibilizar las denuncias de trabajadores del sector salud y las protestas ante el alto costo de los alimentos, porque una cosa que puede ser tan grave como una epidemia es la escasez de comida”, enfatizó el coordinador de Provea.

No es suspensión de garantías

Basado en la Constitución, una detención puede producirse con una orden legal o si hay un delito en flagrancia. El aprehendido debe ser presentado en un lapso de 48 horas a un tribunal y tiene derecho a comunicarse con familiares y ser representado por un abogado privado o público. 

“Si alguien es detenido arbitrariamente debería ocurrir un control legal de esa situación que estaría a cargo de un tribunal”, sostuvo Eduardo Trujillo.

“Debe respetarse el debido proceso. Aunado a eso, la persona debe recluirse en un sitio que posea condiciones dignas que eviten la propagación de la epidemia que nos afecta actualmente”, indicó Rafael Uzcátegui de Provea. 

Según Laura Louza, de Acceso a la Justicia, en un país con Estado de Derecho lo ideal es acudir al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo, pero en Venezuela instituciones como Foro Penal, el Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic) y Provea se encargan de visibilizar las detenciones arbitrarias.

Cheque al portador a policías y militares

Rafael Uzcátegui y Laura Louza coincidieron en que existe discrecionalidad de parte del gobierno de Maduro en cuanto a la medida de alarma y cuarentena colectiva.

“Maduro le dio casi un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad para que evitaran que la gente salga de sus casas. Hay una suerte de toque de queda. Alcaldes y gobernadores se han puesto creativos al reglamentar el estado de alarma, cuando eso no es facultad de ellos”, expuso Louza.

“Las orientaciones que ha dado el Ejecutivo nacional no son del todo claras. Hay una fina frontera en cuanto a medidas de resguardo”, añadió Uzcátegui. 

Para Eduardo Trujillo es imperioso crear redes de apoyo en procura de encarar una eventual detención arbitraria. “Cuando vayamos a salir es perentorio comunicarle a un familiar o amigo donde vamos a estar para alertar en caso de una desaparición forzosa.Tenemos que generar pequeñas redes de protección en nuestras comunidades”. 

De acuerdo a Rafael Uzcátegui, el talante democrático del gobierno de Maduro se fragmenta cuando apuesta por la militarización de las calles como respuesta a la pandemia.

Presos venezolanos en extrema vulnerabilidad ante el Coronavirus
Hacinamiento, falta de atención médica y suministro de medicamentos son los principales problemas en las prisiones

En Venezuela, al menos 40.000 presos sobreviven en los distintos penales del país, a quienes en la actualidad les fue suspendida la visita como una medida de prevención ante la llegada de la pandemia.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) recibe a diario denuncias sobre la nula distribución de alimentos en las cárceles de todo el territorio nacional. 

Cuestión a lo que se suma la falta de atención médica, el suministro de medicamentos y el hacinamiento, lo que acrecienta la preocupación por la extrema vulnerabilidad de la población penitenciaria ante la emergencia por el COVID-19 (Coronavirus).

Como es de esperarse, esta situación preocupa a los deudos y demás familiares, por la salud física y mental de los presos.

Carolina Girón, directora del OVP, denunció, una vez más, que en las cárceles venezolanas solo distribuyen una comida al día, el menú no es muy variado y mucho menos saludable, pues consta de agua de pasta o granos, y de vez en cuando una arepa sin relleno.

“La única comida abundante que reciben los presos es cuando son visitados por sus familiares y eso sucede una o dos veces al mes”.

Son muchos los casos de desnutrición en las cárceles, sumado al hacinamiento y otros factores que atentan contra sus derechos humanos, lo que además convierte estos recintos en un caldo de cultivo para enfermedades como tuberculosis, hepatitis, VIH-Sida, entre otras”, añadió Girón.

Asimismo, la directora del OVP reveló que en los penales no cuentan con atención médica adecuada y las muertes por condiciones de salud se han incrementado de manera alarmante.

Desde las tres áreas de El Rodeo, Yare, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), todos ubicados en el estado Miranda; el Complejo Penitenciario Tocuyito en el estado Carabobo; el Centro Penitenciario 26 de Julio en Guárico, Comunidad Penitenciaria Fénix; Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocida como Uribana en el estado Aragua; Comunidad Penitenciario de Coro, Internado Judicial de Mérida, además de los penales de Anzoátegui, Sucre, Táchira y el estado Bolívar, no cesan las denuncias por la falta de alimentos, incluso los reclusos aseguran que permanecen hasta tres días sin ingerir siquiera una migaja de pan.

Carolina Girón calificó estas denuncias como graves, pues “los están matando de hambre”.

“En ese sentido y sumado a la pandemia que también afecta a nuestro país, resulta determinante que la población penitenciaria también tenga acceso a tapabocas, guantes, partiendo desde lo más básico como agua, jabón y gel antibacterial”, señaló.

Además, resulta necesario que todas las áreas de los recintos penitenciarios sean higienizadas con frecuencia; aunque es de conocimiento público que las condiciones en las que sobreviven los presos venezolanos son de extrema insalubridad y precariedad, publicó el Observatorio Venezolano de Prisiones.

100 ONG venezolanas exigen respeto a DDHH en medio de crisis sanitaria
Recordaron al gobierno de Maduro que Fuerza Armada Nacional  y policías deben subordinarse al liderazgo de autoridades civiles, priorizando las tomas de decisiones según criterios técnicos, científicos y sanitarios

 

100 ONG venezolanas se pronunciaron en torno a la llegada del Coronavirus a Venezuela y exigieron el respeto a los derechos fundamentales.

“Reconocemos que el derecho internacional permite el uso de poderes de emergencia a los Estados para enfrentar situaciones graves como la actual epidemia de COVID-19. Reiteramos que los derechos humanos deben ser, desde el principio, parte esencial de todas las iniciativas de prevención, preparación, contención y tratamiento del COVID-19. El respeto a la dignidad humana es esencial en todas las etapas de la crisis”, reza el comunicado.

Las ONG enumeraron los siguientes aspectos:

1) Todas las autoridades y sectores de la sociedad deben enfrentar la epidemia colocando en primer lugar la salud y bienestar de la población, uniendo esfuerzos para colaborar en todas las iniciativas de prevención, preparación, contención y tratamiento del COVID-19.

2) Se debe garantizar el trabajo de los actores humanitarios y los defensores de derechos humanos. El Estado tiene la obligación de solicitar toda la asistencia nacional e internacional necesaria para atender las necesidades de las personas que pudieran ser afectadas, y que el trabajo de estos actores humanitarios y de derechos humanos pueda realizarse sin restricciones y represalias.

3) La actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y policías debe respetar derechos humanos, evitando arbitrariedades, y subordinarse al liderazgo de las autoridades civiles, priorizando las tomas de decisiones según criterios técnicos, científicos y sanitarios. Debe prohibirse las actuaciones de grupos de civiles armados en labores de orden público y debe establecerse una vocería coordinada, encabezada por las autoridades sanitarias, que evite los mensajes confusos para garantizar mejor orientación y mayor confianza en la población.

4) La implementación de la cuarentena debe informar suficientemente sobre su alcance, protocolos de movilización para el acceso a alimentos y atención médica, garantizando el mayor disfrute posible de los servicios básicos como el acceso a agua y energía eléctrica. Además, debe incorporar políticas para garantizar los medios de vida de la toda la población, con especial foco en los sectores más vulnerables, como los trabajadores informales y por cuenta propia, adultos mayores y personas en situación de pobreza, personas privadas de libertad, personas en situación de calle, que no cuentan con recursos acumulados para permanecer en aislamiento durante un largo período de tiempo. Los beneficios de estas medidas deben ser distribuidos a través de mecanismos no discriminatorios. Una cuarentena, según el derecho internacional, debe ser de duración limitada, ser revisada periódicamente e implementada de manera segura y respetuosa para disminuir los riesgos en el pleno disfrute de los derechos humanos.

5) El acceso a la información es un aspecto clave de las garantías del derecho a la salud de la población. La difusión de información debe hacerse de manera responsable, evitando alarmas innecesarias en la población y debe garantizarse que el trabajo de los medios de comunicación pueda realizarse sin restricciones adicionales al de las condiciones que eviten el contagio de sus trabajadores. Deben retirarse las restricciones actuales que impiden la consulta a diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Deben publicarse los boletines sanitarios que dejaron de publicarse desde 2006 y mantener información trasparente en materia epidemiológica.

6) Se deben colocar todos los recursos disponibles para que la atención médica necesaria sea accesible a todos los sectores de la población, especialmente a los sectores vulnerables, de bajos ingresos y residentes en zonas remotas. Deben tomarse todas las medidas posibles para proteger a los trabajadores del sector salud, incluyendo el que cuenten con todos los insumos, equipos y condiciones necesarias para realizar su labor en las actuales circunstancias.

7) La medidas de restricción de movilidad deben adoptarse de tal manera que no produzcan desabastecimiento, no impidan la asistencia a centros médicos para tratamientos regulares necesarios para no agravar condición de salud y atender los casos de personas que quedaron en terminales sin recursos y posibilidades de trasladarse.

Suscriben:
Acción Solidaria
Civilis Derechos Humanos
Laboratorio de Paz
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Convite AC
Centro de Acción Y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)
Impulsa Latinoamerica
Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC)
GobiérnaTec
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
Movimiento SOMOS
Psicodehu
Asociacion Venezolana para la Hemofilia
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado
FundaRedes
Ipys Venezuela
Asociación Civil UNIANDES
A.C Los Naguaritos
Catedra de la Paz / Universidad de los Andes
Liga Merideña contra el Sida
Asociacion por la Vida /Merida
Justicia y Paz OP Vnezuela
Asociación Civil NUPAZ
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Crea País
Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM
Observatorio Venezolano de Violencia
SOS PACIENTES RENALES
Comité de derechos humanos de la guajira
Labo Ciudadano
RedesAyuda & Humano Derecho Radio Estación
Hogar Virgen de los Dolores
Incide
Escuela de Comunicación Social Ucab Guayana
Todos por el Futuro
Opotunidad AC
Instituto Progresista
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
Fundación Rehabilitarte
ACOANA
Ciclovías Maracaibo
Caleidoscopio Humano
Una Ventana a la Libertad
Defensa en Acción
Sinergia,Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI
Proyecto Mujeres
EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
Observatorio Global Comunicacion Y Democracia
StopVIH
Grupo Social Cesap
A.C. Médicos Unidos de Venezuela
Banco del Libro
Mulier
SOS Pacientes Renales
REDHELARA
ONG Las Mercedes Lara
El Zulia Recicla
DPR-LAR
Consorven, Confederacion Sordos de Venezuela.
Red Universitaria por los DDHH
Acción Campesina
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Universidad Católica Andrés Bello
Red por los Derechos Humanos de NNA (REDHNNA)
Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure ( CDDHHFVCA Apure)
Acceso a la Justicia
Fundación ProBono Venezuela, Provene
Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco
FUNCAMAMA
EDEPA A.C.
Red de Organizaciones de Derechos Humanos del Estado Anzoategui REDHANZ
Defiende Venezuela
Comisión nacional de DdHh de la Federación de colegios de abogados de Venezuela del estado Táchira
Fundacion Aguaclara
Monitor Social AC
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Fundación para la cooperación internacional , la integración y el Desarrollo para el esfuerzo regional CIIDER
Aula Abierta
Comision Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Lara
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Movimiento Ciudadano Dale Letra
Votojoven
Fundacion “Yo te ayudo venezolano”
Creemos Alianza Ciudadana Libertador
Fundación Prodefensa del Derecho a la Educación y la Niñez
Derechos Humanos Venezuela Carúpano
Fundación para el Debido Proceso Fundepro
Sindicato Nacional Asociacion de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Tecnicas de la UCV
Aqui Cabemos Todos
Padres Organizados de Venezuela
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C,
Instituto Mead de Venezuela A.C,
Conciencia Ciudadana A.C,
Proyecta Ciudadanía A.C,
Comunidad en Movimiento A.C
Ciudadanía con Compromiso A.C

ONG pide medida humanitaria para presos políticos frente al Covid-19
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón hizo un alerta a la OEA y a la Alta Comisionada de Derechos Humanos para que intercedan ante esta petición

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón hizo un llamado a instancias internacionales, entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos a fin de que intercedan para que Nicolás Maduro otorgue medidas humanitarias a los presos políticos en Venezuela.

En medio de pésimas condiciones, el panorama de una pandemia -agudizado frente al escenario de la Emergencia Humanitaria Compleja por la que atraviesa el país y las últimas directrices de inmovilización de las personas dentro de los principales estados de Venezuela-, se hace completamente cuesta arriba para los familiares de los presos políticos continuar atendiendo sus necesidades. 

Además,  dicha situación podría generar los más terribles desenlaces para los presos políticos, debido a que las familias son las encargadas  del suministro de agua potable, alimentos y medicamentos de los encarcelados injustamente. “Esto ocurre por el abandono de las autoridades de sus responsabilidades de garantizar los derechos constitucionales de los privados de libertad”, indicó el comunicado.

En el texto exhortan también a los integrantes del Grupo de Lima, a la Unión Europea, al Parlamento europeo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presionen al Gobierno de Venezuela y se pueda aplicar esta medida. Además denunciaron las condiciones de insalubridad en la que están los presos políticos que en su mayoría presentan problemas de salud.