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DDHH olvidados | Desmentir la versión oficial y buscar justicia
Alex Yohan fue víctima de una ejecución extrajudicial en un operativo de la OLP en El Valle

@ValeriaPedicini

A Alex Vegas se le sigue quebrando la voz cada vez que menciona el nombre de su hijo. Las emociones lo invaden cuando recuerda cómo lo sacaron de su cama, le dieron dos disparos en el corazón y pretendieron mostrarlo a la opinión pública como un delincuente muerto en un enfrentamiento. 

La injusticia de la ejecución extrajudicial de su hijo, Alex Yohan Vegas de 16 años se repite y profundiza cada vez que tiene que desmentir la versión oficial. Cuando tiene que recalcar que el crimen ocurrió en condiciones ilegales y que los responsables aún no cumplen pena por el delito cometido. 

“Esa gente estaba como loca ese día. Querían matar, y de hecho en casa de un vecino asesinaron a cinco muchachos. La cantidad de funcionarios era impresionante, y a Alex Yohan lo trataron como si fuera un delincuente, un pran. Lo hicieron con mucha saña. En mi casa no encontraron drogas, ni armas, ni nada, al contrario, me robaron. Igual yo les hubiese dado todo, pero no que me hubiesen quitado a mi muchacho”. 

Eran alrededor de las 6:30 de la mañana del 10 de marzo de 2017 y Alex Vegas estaba preparando el desayuno para toda su familia, la rutina antes de ir a sus trabajos y llevar a la menor de sus hijas al colegio. 

Todavía estaba en ropa interior y en cholas, sin imaginar que un comando mixto de fuerzas de seguridad del Estado llevaba rato allanando casas en su zona, en Cerro Grande, El Valle. 

A mandarriazos

No tocaron la puerta, sino que la tumbaron a mandarriazos.  El único que seguía durmiendo era Alex Yohan en el piso superior, a quien los policías despertaron a golpes. Al resto de la familia la mantuvieron abajo, custodiada. “Yo traté de subir varias veces, pero no me dejaban, hasta que uno de los funcionarios se cansó, buscó una cabilla y le dijo a otro ʻsi este se pone cómico le das con esto”. 

Los mantuvieron fuera de la vivienda un rato y luego le consiguieron un pantalón. Habían decidido sacarlos de ahí y mientras les conminaban a bajar las escaleras del sector, sus familiares de las casas vecinas salieron a enterarse sobre qué estaba sucediendo. Alex padre apenas alcanzó a gritarles: “Ahí tienen a Alex Yohan, vayan a ver”. Les obligaron a subir a la camioneta policial y les trasladaron a la División Antidrogas de la Policía Nacional, en el sector de San Bernardino. Luego los llevaron de vuelta a la jefatura de El Valle. 

Durante las cinco horas que mantuvieron a la familia Vegas retenida, sin noticias del adolescente y sin poder comunicarse con alguien, la desesperación y la incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo con Alex Yohan se volvieron insoportables. 

La autopsia que le hicieron al muchacho reveló que, a los pocos minutos de subirles al transporte, un funcionario arrastró al joven a la sala y le dio dos tiros en el pecho. “Si hubiese habido un enfrentamiento no habríamos permanecido media hora ahí sentados en piyama, afuera en las escaleras, sin saber lo que estaba pasando. Y habría huecos de disparos por toda la casa, pero no”. 

La letalidad de esa incursión de la OLP en El Valle fue de tal magnitud que se organizó una protesta vecinal en las calles del sector. Fue ahí que los integrantes de la organización Orfavideh recabaron datos de los familiares de los jóvenes asesinados. Para Alex, es importante que se sepa lo que ocurrió. “Hay que estar buscando a los medios, en la calle, recordando lo que pasó porque si no todo se queda en el aire. Hay que sacarlo a la luz pública, porque si no la gente se olvida o cree que esas cosas no están pasando”.

El caso de Alex Vegas es de los pocos que ha logrado avances. El Ministerio Público actuó con celeridad el día de los acontecimientos, estuvo horas en su casa (y en la de las otras víctimas), hizo la planimetría, estableció que no hubo enfrentamiento. 

“El caso mío avanzó rápido dentro de todo porque hubo mucha prensa. Ya los once funcionarios involucrados tienen orden de detención y alerta roja con la Interpol. Está preso el que le disparó a mi hijo, pero cuando bajó toda la atención se empezaron a diferir las audiencias. Pero uno solo no cometió ese delito, cada uno tuvo responsabilidad y tienen que responder”.

 

DDHH olvidados | El día en que Luis González despertó sin una pierna
A Luis González le amputaron la pierna izquierda tras recibir un impacto de bala por parte de la policía del estado Vargas en las protestas de 2017
El joven está recaudando dinero a través de GoFundme‌ para poder adquirir una nueva prótesis

@ValeriaPedicini

Luis González participó en las protestas de 2017 desde los primeros días. Es de Barquisimeto, pero se trasladó al estado Vargas para estudiar ‌Comercio‌ ‌Exterior‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌Universidad‌ ‌Simón‌ ‌Bolívar, así que todos los días subía a Caracas para las manifestaciones. Siendo parte de los escuderos de “La resistencia”, lo hirieron varias veces. 

Una de esas ocasiones, después de tres meses en las calles, fue en la autopista Francisco Fajardo, cuando un contingente en motos de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana emboscó a la multitud y comenzaron a disparar perdigones. 

El joven hizo el intento de aguantar con su escudo, pero eran tantos disparos y el caos del momento, que soltó su escudo y corrió. Por el miedo y la adrenalina del momento no se había dado cuenta de que estaba sangrando hasta que un amigo le dijo. Recibió 12 impactos de perdigones en todo el cuerpo, 6 de ellos alojados en su pierna izquierda. 

Los cascos verdes de la Universidad Central de Venezuela lo atendieron, pero por el estado de las heridas, que eran grandes y profundos orificios, lo llevaron a la Clínica Ávila. Le extrajeron los perdigones superficiales, le limpiaron la herida, se la vendaron y le dieron de alta. No hubo mayor daño, solo necesitaba reposo y se recuperaría. 

Aunque al principio le costaba caminar, a las casi dos semanas salió de nuevo a las calles para continuar con las protestas. Junto a sus compañeros decidieron participar en las manifestaciones por el plebiscito nacional y en la noche trancaron la entrada de Naiguatá, en el estado Vargas. 

Primero llegó la GNB a dispersar la protesta, pero después llegó la Policía Municipal de Vargas para reprimir. Comenzaron a disparar y Luis pensaba que eran balas de goma porque apuntaban directamente a sus cuerpos. Hasta que le dieron un tiro en la pierna izquierda, la misma que tenía herida, y el dolor que sintió le hizo entender que eran balas. 

Del shock, Luis estuvo consciente alrededor de 15 segundos en el que pudo avisar a sus amigos que lo habían herido, pero después perdió el conocimiento, se le nublaron los sentidos. Despertó en la emergencia del ambulatorio

El diagnóstico era que la bala había roto la arteria poplítea, pero que no había mayor complicación porque había causado orificio de entrada y salida en la pierna. Se equivocaron. 

A los cinco días, su madre se alarmó cuando se percató que la pierna izquierda de Luis tenía mal olor. “Ahí nos dimos cuenta que las cosas iban muy mal”, cuenta el muchacho. 

Le informaron a los médicos, quienes chequearon el estado de la pierna. Tras varias horas, le dijeron que tenían que trasladarlo hasta el Hospital Pérez Carreño en Caracas porque había que operarlo y en el lugar no tenían al especialista necesario. Luis quedó desconcertado. ¿No le habían dicho que no era nada de gravedad?

Cuenta que en el Pérez Carreño, al saber que tenía un tiro en una de las extremidades, lo trataron como si hubieran recibido a un criminal. Estuvo toda la madrugada esperando a que lo atendieran. Un cirujano cardiovascular fue a verlo y le clavó un yelco en la pierna. 

-¿Lo sientes?

-No

-Ya no hay nada que hacer, hay que amputarte. 

Una operación con escaso pronóstico para Luis González

No hubo más explicaciones y Luis González sintió que el mundo se le iba encima. Además, tenían que regresar al recinto en Naiguatá para la operación porque había ocurrido negligencia médica y ellos no se iban a hacer responsables. 

Con un contacto de un amigo, lo pudieron trasladar al Hospital Universitario de la UCV en busca de otro diagnóstico. Una cirujana cardiovascular lo evaluó y le dijo: “Tengo que ser clara, el estado de tu pierna es crítico. 95% de tu pierna está muerta y tiene 5% de probabilidad de que se pueda salvar, pero igual yo me voy a arriesgar a hacerte la operación”. 

Esa misma tarde lo operaron para intentar salvarle la pierna. “Me la abrieron en ambos lados, al punto de que cuando la levantaba, podía ver a través de ella y veía el hueso”. Así estuvo dos meses, con limpiezas diarias a carne viva y evaluando el estado de la extremidad. “Fue una montaña rusa, una semana podía mejorar mucho y en la otra empeoraba. Fueron dos meses de altibajos”. 

La doctora que estaba a cargo de su cuidado le dijo que había que empezar a considerar la amputación. A pesar de que la cirugía había sido un éxito, la pierna no estaba mejorando, no estaba dando los resultados que ellos esperaban. Eso fue un golpe duro para Luis.

Una madrugada, el muchacho se levantó sobresaltado, casi sin poder respirar. El corazón le palpitaba muy rápido, sentía mucho frío y no controlaba su cuerpo. “Eran los indicios de una infección que había avanzado muy rápido”. Lograron estabilizarlo, pero horas después le volvió a ocurrir lo mismo. 

Los doctores decidieron enviarlo a cuidados intensivos para estar pendiente de él. Le pusieron una vía y eso fue lo último que recuerda. “Cuando despierto cinco días después me encuentro con la noticia y la sorpresa que me habían amputado la pierna”. 

Luis González no encontraba lógica a la situación. Para él había pasado solo una noche, estaba intubado, no se podía mover porque sentía el cuerpo adolorido y tenía una mano amarrada al borde de la camilla. Se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando le pidió a un enfermera que le subiera la espalda de la camilla y la sábana que tenía encima de las extremidades se movió y se dio cuenta que había un vacío en donde se suponía que debía estar su pierna izquierda. 

“Fue demasiado duro y traumático. Incluso dentro de mi shock, mi mente jugó en mi contra buscando otra explicación cuando en el fondo sabía lo que había pasado. Como estaba dormido pensé que la pierna se me había doblado o partido”, cuenta. 

Aprender a caminar

Los primeros meses fueron muy complicados para Luis. El volver a caminar, usar muletas, entender que la persona que iba a ver en el espejo diariamente era alguien diferente. “Eran muchas cosas nuevas. Saber que las cosas iban a cambiar en las actividades que yo hacía y que al principio iba a depender de mi mamá mientras me adaptaba para ir al baño, ducharme, levantarme de la cama”. 

Al principio andaba con muletas para mantenerse activo entre el trabajo y la universidad. Era una odisea pero mantenerse ocupado le permitía seguir en sus actividades. A los dos meses de que lo amputaron, estrenó una prótesis que le permitió tener mayor facilidad para caminar. Terminó el primer trimestre de su carrera, pero ‌cada‌ ‌vez‌ ‌se‌ ‌le‌ ‌hacía‌ ‌más‌ ‌difícil‌ ‌tener‌ ‌calidad‌ ‌de‌ ‌vida‌ ‌en‌ ‌Venezuela. Por‌ ‌eso ‌decidió‌ ‌emigrar‌ ‌a‌ ‌Chile‌ ‌el‌ ‌18‌ ‌de‌ ‌octubre‌ ‌del‌ ‌año‌ ‌2018.‌ ‌ ‌

‌Pero su‌ prótesis‌ ‌empezó a fallar. Le cuesta caminar con ella y a veces ha tenido que ir al trabajo sin ella porque le causa dolores de espalda. Luis ‌no‌ ‌cuenta‌ ‌con‌ ‌el‌ ‌dinero‌ ‌para‌ ‌comprar‌ ‌una‌ ‌nueva‌ ‌debido‌ ‌a‌ ‌los‌ ‌elevados‌ ‌costos,‌ ‌alrededor‌ ‌de‌ ‌15.000‌ ‌dólares. Por esos sus‌ ‌amigos‌ ‌abrieron‌ ‌una‌ ‌cuenta‌ ‌GoFundme‌ ‌‌para‌ ‌lograr‌ ‌la‌ ‌meta‌ ‌de‌ ‌una‌ nueva‌ ‌prótesis‌ para el muchacho. 

Como migrante, Luis González cuenta que no se puede dar el lujo de dejar de trabajar, Incluso‌ ‌entrena‌ ‌fútbol‌ y powerlifting,‌ ‌un‌ ‌deporte‌ ‌de‌ ‌levantamiento‌ ‌de‌ ‌pesas‌ ‌para‌ ‌personas‌ ‌con‌ ‌algún‌ ‌tipo‌ ‌de‌ ‌discapacidad.‌ ‌No le gusta ver su amputación como una limitación para hacer lo que quiera hacer. Al contrario, se ha dado cuenta de todo lo que es capaz de hacer si se lo propone. 

 

Beneficiario de medida cautelar de la CIDH murió sin atención médica
José Humberto Hernández había recibido una boleta de traslado el 1 de marzo y no fue sino hasta el 17 que lo llevaron a un centro asistencial, donde falleció a los tres días

La situación de los centros penitenciarios en Venezuela cada día es más severa, sin respeto a los derechos humanos y en medio de una crisis humanitaria, en este contexto falleció José Humberto Hernández, beneficiario de una medida cautelar por la CIDH, sin atención médica y justicia en su caso. 

“Vemos una clara responsabilidad del Estado en sus obligaciones generales de preservar y proteger los derechos humanos de Hernández y en el incumplimiento de un mandato cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No fue sino hasta el 17 de marzo que la situación de Hernández llegó a un punto de irreparabilidad tal que fue trasladado al hospital con carácter de emergencia, donde falleció a los tres días”, dijo Yeimber Machado, abogado de la organización, Defiende Venezuela. 

Hernández tenía diagnosticado crecimiento prostático grado III doloroso, calcificación grande en parénquima prostático, proceso inflamatorio de la pared vesical, sedimentos intracalicial en ambos riñones, hernia umbilical y hernia inguinal bilateral; además, a inicios del año 2021, sufrió derrame pleural con neumonía lo que comprometió seriamente sus vías respiratorias. 

 “Incluso cuando fue trasladado al hospital con carácter de emergencia, mi papá no recibió las atenciones y requerimientos que necesitaba por negligencia médica, por falta de personal calificado, recursos económicos, y por ser privado de libertad. En Venezuela existe la pena de muerte, mi papá es la muestra de eso. Lo condenaron a muerte, sufrió hasta el último momento de su vida”, dijo su hija, Norka Hernández, quien aseguro que su padre había recibido una boleta de traslado el 1 de marzo.

Por su parte, la directora general del Observatorio de Prisiones en Venezuela, Carolina Girón, manifestó que: “El caso de la muerte de Hernández fue claramente un asesinato, un asesinato vil, que fue premeditado, se planeó que fuera de la forma que ocurrió”.

Asimismo, informó que cuando una persona es detenida está bajo la custodia y responsabilidad del Estado, por lo tanto, está prohibido que fallezcan en las prisiones ya que se deben proteger y garantizar todos sus derechos. 

 

Pacientes renales en Zulia corren riesgo por fallas del sistema eléctrico
Denuncian que tampoco hay personal médico

La organización de derechos humanos, Codhez, informó que hay 15 pacientes en riesgo porque no han recibido su diálisis ante la falta de electricidad en la unidad de diálisis Juan Bautista Terán, en Maracaibo, estado Zulia.

Hasta el momento solo han podido atender a 12 de 27 pacientes renales, reseñó 800 Noticias.

El centro quedó sin energía eléctrica y no cuenta con planta para continuar con las labores, alertó la organización.

Los pacientes renales denunciaron igualmente la falta de personal médico para atender sus diálisis.

Solicitaron respuestas urgentes, puesto que sus vidas corren peligro.

Valeria Pedicini Abr 07, 2021 | Actualizado hace 1 semana
DDHH olvidados | Preso por tuitear
Pedro Jaimes estuvo preso durante un año y cinco meses, tiempo en el que lo interrogaron y torturaron, por haber tuiteado la traza aérea del avión presidencial en el que se trasladó Nicolás Maduro

@ValeriaPedicini

 

Pedro Jaimes salió de su casa, ubicada en Los Teques, para ir a la panadería cuando se percató de un carro sospechoso fuera de su vivienda. Era blanco, como de taxista. Nunca lo había visto en la zona. Cuando llegó al negocio y miró a la calle, ahí estaba otra vez el vehículo. Pensó que se trataba de un secuestro. 

Fue a hacer la cola para comprar un par de harinas en el supermercado y se le olvidó lo que había visto. Regresó a su casa sin contratiempos, pero cuando iba a entrar al estacionamiento, una camioneta blanca lo interceptó y de ella bajaron unos hombres con armas largas. 

-¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?
-Te vienes con nosotros. 

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo sacaron de su casa el 10 de mayo de 2018. Lo golpearon sin dar explicación, agredieron a su hermana y robaron todo lo que tenía en su casa. Los efectivos argumentaron que Pedro había publicado la ruta del avión presidencial en el que se trasladó Nicolás Maduro dos días antes, a pesar de que esa información era pública.

Pedro utilizaba sus cuentas para publicar información del espacio aéreo venezolano. Siempre lo había hecho, solo porque era algo que le interesaba y le gustaba hacer. Per cuando la situación en el país empeoró, publicaba información de tráfico, protestas y de lo que sucedía por la crisis. 

Nicolás Maduro había anunciado un viaje al estado Aragua el 3 de mayo de 2018 y el publicó en su cuenta esa información, que era pública. No pensó que eso representaba un problema. Siete días después de eso, los agentes del Sebin lo fueron a buscar a su hogar. 

Pedro estuvo preso por un año y cinco meses. Primero estuvo en la sede del Sebin de Plaza Venezuela, donde dormía sobre un escritorio de metal porque en el suelo abundaban los animales rastreros y utilizaba sus botas como almohadas. Esas semanas no tuvo noticias de su familia, ni pudo comunicarse con ninguno de ellos. Estaba aislado, sin ver la luz del sol, sin saber si era de día o de noche y sin alimentos. 

Las marcas

Las torturas físicas y psicológicas empezaron el mismo día de su detención. Entre varios efectivos lo golpearon con un racimo de plátanos de un metro y medio que le partió una de las costillas. “Imagínate la fuerza con la que lo lanzaron, me pegaron como con un bate de béisbol”. Después lo pusieron en cuclillas y uno de ellos se le fue con todo su peso encima en la espalda con su rodilla. 

Esa vez perdió el conocimiento, pero las torturas no pararon los días siguientes. 

Lo envolvieron con cartón y papel periódico para golpearlo con tubos y bates sin que dejaran marcas en el cuerpo. Lo golpearon en la cabeza repetida veces, lo que le causó problemas auditivos en el oído izquierdo. Lo amenazaron con violarlo con un palo de escoba que tenían.

Amarraron una bolsa negra a su cuello, cubrieron su cabeza, le echaron insecticida adentro y mantuvieron la bolsa varios minutos para que se ahogara. “Había mucho sadismo. Me pegaban corriente por la espalda para que no viera lo que iban a hacer y mi cuerpo no se preparaba para el corrientazo. No se lo deseo a nadie”. 

A Pedro también lo interrogaron para que diera las claves de sus cuentas personales de Twitter. Lo trasladaron al piso 10 del edificio, donde había una especie de sala situacional en la que había varios jóvenes sentados frente a una fila de computadoras monitoreando las publicaciones de las cuentas de personajes políticos para ver si emitían algún comentario contra Maduro. “Estaban entrenados para vigilar a través de las redes sociales”.  

No sabe si fueron meses o semanas, porque le costaba medir el paso del tiempo, pero una noche lo trasladaron a El Helicoide. Todos querían saber quién era y lo investigaron para ver si era un funcionario encubierto porque, tras días sin estar en contacto con otras personas, llegó al sitio tratando de hablar con todos. “Yo estaba muy eléctrico, pensaban que era un periodista que les queria sacar información”. 

A Pedro lo encerraron primero en un cuarto blanco llamado “La Pecera” y que funciona como un lugar de hacinamiento. Nada más en esa celda había 12 personas. Cuenta que uno de los peores días que vivió en ese lugar fue cuando ocurrió el apagón nacional en marzo de 2019. Para él, sin tener idea de las horas que pasaban o de poder diferenciar entre el día y la noche, el apagón duró 15 días. Era tanta la oscuridad que la única forma de saber si estaba despierto era llevándose su mano a la cara para sentir algo. 

La libertad

El proceso judicial del caso de Pedro Jaimes estuvo lleno de irregularidades. Su audiencia preliminar fue diferida siete veces y diez veces el juicio oral. Lo habían acusado de espionaje informático, revelación de secretos políticos e interferencia de la seguridad operacional. Pero su defensa, abogados de la organización Espacio Público, argumentaron que la acusación de la Fiscalía era ilegal y debía ser rechazada por el Tribunal, ya que la información que el tuitero compartió era pública. 

De acuerdo con Espacio Público, el expediente de Jaimes muestra información forjada y evidencias que no relacionan causalmente con los delitos que se le imputaban. 

Tras ser presentado en tribunales estuvo desaparecido durante 33 días, por lo que la primera solicitud legal fue un habeas corpus para garantizar la seguridad personal de Jaimes y tener fe de vida. 

Múltiples organizaciones de la sociedad civil incluyendo a la internacional Human Rights Watch se pronunciaron por su caso. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en octubre de 2018 exigiendo al Estado que respetase el derecho de Pedro Jaimes a la salud, vida e integridad. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida cautelar en octubre de 2018, pero fue ignorada por el gobierno de Maduro. 

La noticia de la libertad llegó el 17 de octubre de 2019. Pedro estaba durmiendo cuando los funcionarios llegaron a su celda para pedirle que los acompañara. Al principio no quiso porque tenía miedo a donde lo fueran a llevar, pero obedeció por la insistencia. Solo tuvo oportunidad de recoger su Biblia y una imagen de la Virgen del Carmen, que lo acompañó todo el tiempo durante su detención arbitraria. 

En las afueras de El Helicoide lo esperaba el equipo de Espacio Público y la orden era llevarlo, a él y a otros presos más, a la Casa Amarilla. 

El tuitero  fue excarcelado por la comisión de la verdad de la ilegítima asamblea constituyente como parte del “beneficio procesal” reseñado en el “acuerdo” firmado entre partidos políticos minoritarios de oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Ocurrió luego de que Venezuela fuera admitida nuevamente en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). El informe publicado por Michelle Bachellet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos, expuso las condiciones deplorables y torturas a las que son sometidos los presos políticos en Venezuela. 

Lo primero que quiso hacer fue visitar una iglesia para visitar al Santísimo y darle gracias a Dios por haberlo ayudado a resistir tras las celdas. 

Todo lo que vivió lo sigue afectando. Cuenta que todavía le cuesta escuchar el sonido de unas llaves que chocan entre sí porque durante su detención ese era el ruido que le indicaba en las madrugadas mientras todos los demás dormían  que quizá iban por él, a hacerle quién sabe qué. Piensa que las heridas sanarán poco a poco. 

El Tribunal segundo de Juicio de Los Teques, estado Miranda, le otorgó la libertad plena y declaró la inocencia de Pedro Jaimes el 21 de enero de 2021.

Entre enero y febrero se registraron 20 víctimas mortales en hechos violentos en Trujillo
Nuevo fueron por homicidios incluyendo un femicidio

De acuerdo con el monitoreo de prensa del Observatorio Venezolano de Violencia en Trujillo (OVV Trujillo), durante los meses de enero y febrero se registraron 20 víctimas fatales, lo que corresponde al 44,4% del total de los hechos de violencia registrados en la entidad trujillana en ese lapso.

Entre las 20 muertes violentas que se contabilizaron, 9 fueron por homicidios incluyendo un femicidio, lo que equivale al 20% de los casos. Éstos ocurrieron en los municipios Andrés Bello, Escuque, La Ceiba, Miranda, Pampán, San Rafael de Carvajal y Sucre. Entretanto, 3 fueron muertes que se encuentran en averiguación, representando un 6,6%, y 8 decesos que correspondieron al móvil de resistencia a la autoridad (17,7%).

Así lo dio a conocer Johny Humbría, coordinador del OVV Trujillo, quien señaló que el año 2021 sigue presentando altos niveles de violencia, mientras Venezuela vive la mayor crisis social de su historia. “La pandemia causada por el virus Covid-19 profundizó los niveles de pobreza y los indicadores sociales develan una realidad inminente en el cambio de conducta de los ciudadanos. La ya mermada economía venezolana del año 2020, sigue impactada este 2021 por las medidas gubernamentales para el control de la pandemia, aunado a que la cuarentena social incrementó el estancamiento de las actividades productivas que, aunado a los niveles de hiperinflación del país, empeoraron las condiciones de vida de los venezolanos. En ese contexto, para algunas personas, la violencia se ha convertido en un medio perverso de afrontar la crisis país”.

En tal sentido expresó, que, a un año del acatamiento de la cuarentena social, se siguen imponiendo semanas radicales a los venezolanos que restringen el libre tránsito dentro del territorio trujillano y sus límites; sin embargo, esto no detiene la acción de los grupos criminales que, buscando mantener sus ingresos producto del delito, se ingenian mecanismos que les garanticen conservar el control territorial de las zonas donde actúan.

Es así como se han registrado casos, como la muerte del ciudadano identificado como Ronald Báez Medina, de 31 años, quien fue presuntamente asesinado en el sector Doña Alicia Pietri de Caldera en el municipio Miranda por varios sujetos, quienes lo interceptaron con un arma de fuego y le propinaron varios disparos. Asimismo, en el sector Pueblo Nuevo de Sabana Libre del municipio Escuque, fue asesinado en la sala de su casa el ingeniero Mauro Moreno Castellanos, de 70 años. Su cuerpo fue localizado por sus familiares, atado con un mecate y con evidentes rasgos de violencia, según reseñas de prensa.

Humbría explica que las bandas criminales que actúan en el eje Panamericano siguen posicionando a los municipios Andrés Bello y La Ceiba como territorios muy violentos, manteniéndose la tendencia de años anteriores, donde aparecen dentro de los diez municipios más violentos del país. El caso del homicidio en su vivienda del ciudadano Juan Ramón Chirinos, de 77 años, en el sector El Gallo, que, según el monitoreo de prensa, le dispararon con arma de fuego y luego lo terminaron de asesinar a martillazos; es sólo uno de los hechos violentos cometidos este año 2021 en el municipio Andrés Bello. También allí, en sector El Jagüito, se registró el asesinato de la enfermera Liliana Sugeidy Becerra González, a quien sacaron de su casa, le propinaron múltiples disparos causando su muerte y seguidamente guindaron su cuerpo en un árbol, dejando con esa aberrada acción un mensaje subliminal de intimidación a los pobladores de la zona. En el municipio La Ceiba se registraron homicidios como el del ciudadano Carlos Javier Morillo Cañizalez, de 28 años, quien fue asesinado de múltiples disparos, en una parcela ubicada en el kilómetro 14.

Llama la atención -acota Humbría- algunas muertes violentas causadas en extrañas circunstancias, como el caso registrado en el sector Mirabel II del municipio San Rafael de Carvajal, donde presuntamente fue asesinado por sus padres un niño de 2 meses. Al momento de su detención, la pareja de nombre Marilyn Mendoza Hernández y Geovanni José́ Linares Rondón, se encontraba ingiriendo licor, mientras en el interior de la casa se hallaba el cadáver del niño. También se registró la muerte, en el municipio Sucre, de una niña de 4 años que recibió un impacto de bala en el abdomen. Las investigaciones determinaron que ésta fue causada por la manipulación de un revólver por parte del padrastro y la madre de la víctima.

 

Resistencia a la autoridad

El coordinador del OVV Trujillo explicó que han sido diversas las causas de los homicidios, pero las muertes violentas también han registrado casos de resistencia a la autoridad. Es así como se han monitoreado situaciones causadas por enfrentamiento con la Brigada Especial de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Trujillo (Fapet), como, por ejemplo, la muerte en el sector Los Manguitos del municipio Valera, del ciudadano Mario José Contreras Espinoza, de 27 años, y que, según la prensa, tenía registros policiales por robo y hurto de vehículos. El ciudadano portaba un arma de fuego y una granada fragmentaria. En el sector Santa Lucía de Monay del municipio Pampán murió al resistirse a su captura, el ciudadano Jean Carlos Venegas Andrade, de 30 años, buscado por la policía por el delito de violencia sexual y amenaza. En Chejendé, municipio Candelaria, resultó muerto Miguel Aguilar Núñez, de 24 años, en enfrentamiento con las Fapet. Éstos, entre otros casos de muertes violentas por resistencia a la autoridad, fueron identificados por el OVV Trujillo.

Desde octubre del 2020 han ocurrido algunas muertes violentas en esta entidad andina, que se encuentran en averiguación. En esta categoría se registraron casos como la muerte de un ciudadano, cuyo cuerpo fue encontrado sin signos vitales en una vertiente del sector La Plata del municipio Valera, conocida como el Zanjón del Tigre. También se registró la muerte de un hombre sin identificar, localizado en una zona boscosa del sector Albarical del municipio Motatán, y la de Héctor Javier Torres Méndez, de 34 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la laguna del Carrizal del municipio Boconó.

Finalizó Humbría señalando que en los municipios localizados en zonas rurales del estado, las medidas gubernamentales de cuarentena social no han tenido mayor incidencia en la población, puesto que son varios los grupos delincuenciales que comparten el control territorial de algunos municipios trujillanos sin vislumbrarse cambios significativos al respecto, por lo que la convivencia territorial entre los grupos delincuenciales y los cuerpos de seguridad del Estado que actúan en la entidad trujillana, solo podrá ser suprimida a través de un nuevo modelo de políticas públicas de seguridad ciudadana. 

Al menos 43 femicidios ocurrieron en Venezuela durante los primeros meses de 2021
En 2020 se produjo un femicidio cada 34 horas en Venezuela

En Venezuela se registraron 23 casos de femicidios durante el mes de enero de 2021 y 20 casos más durante el mes de febrero. Así lo denunció la comunidad Utopix en sus redes sociales. En total son 43 mujeres que han perdido la vida de forma violenta en el país.

El monitor de femicidios señaló en su cuenta de Instagram que algunos de los casos ocurrieron en el estado Portuguesa. También destacó que los 7 casos de la última semana de febrero llaman a la reflexión. “¿Qué está haciendo el Estado venezolano?”, se preguntaron desde Utopix. Y añadieron: “Hemos podido observar cómo durante el año 2020 los femicidios se incrementaron de manera alarmante a 1 femicidio cada 34 horas en Venezuela”.

En la publicación señalaron que esta medida es alarmante si se compara con la cifra de casos del año 2016 en el que ocurría 1 femicidio cada 72 horas.“Durante el año 2021 al incluir los casos del mes de febrero la media es de 1 femicidio cada 33 horas”, especificaron.

La organización hermana Utopix emplazó a la población a revisar con detalle el monitor de femicidios en Venezuela y llamó a tomar consciencia sobre la situación. “Frente a este escenario nos rebelamos y gritamos, y nos negamos a aceptarlo. Es así como nos convertimos en la memoria, en el eco de esos gritos que jamás se callarán, porque nuestras mujeres y niñas muertas jamás serán olvidadas”, concluyeron.

Grupos armados crecen en Venezuela mientras combaten en frontera
Los dos grupos armados que están expandiéndose son el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de disidentes de las FARC

La ONG venezolana Fundaredes denunció este martes que varios grupos armados irregulares se expanden por el país mientras los militares combaten en la frontera con una banda que la asociación identifica como disidentes de las FARC, uno de los que están creciendo en el país caribeño.

En un comunicado, la organización aclaró que los dos grupos armados que están expandiéndose en Venezuela son la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de disidentes de las FARC, que están “desarrollando diversos tipos de actividades ilícitas en todo el territorio”.

Angélica Huérfano, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de Fundaredes en el estado andino de Táchira, fronterizo con Colombia y vecino del estado Apure, donde combaten los militares, explicó que, en la última semana, varios miembros del ELN “han realizado patrullaje e intimidación a la población” en varios sectores del municipio García de Hevia.

Según su denuncia, los habitantes han reportado que hombres con botas negras, brazaletes con la identificación del ELN y armas largas “hacen recorridos en zonas urbanas, instalan puntos de control y requisan a las personas, entre otras prácticas”.

El coordinador de Fundaredes en la región del Amazonas, José Mejías, recordó que la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un informe en el que señala que tanto el ELN como las disidencias de las FARC “manejan sus actividades desde la frontera que comunica a Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, con el departamento Vichada de Colombia”.

Destacó el caso de la profesora María Hernández y su esposo, quienes fueron asesinados en la mina El Kino, en el municipio Sucre, que forma parte del sureño estado Bolívar (fronterizo con Brasil), el pasado 27 de marzo.

Siempre según su versión, Hernández era maestra, había salido de su comunidad a trabajar “en otra actividades”, cuando la guerrilla “los mandó a desalojar la zona que habitaban para tomar el control y, al no cumplir de inmediato con esta orden, los mataron y abandonaron sus cadáveres”.

En el norteño y costero Falcón, el coordinador de Fundaredes en esa región, Omar de Dios García, dijo tener evidencias de que tanto el ELN como las disidencias de las FARC se encuentran en esa zona, “ya que la consideran como territorio estratégico para el contrabando de oro, diamante y coltán hacia las islas holandesas y antillanas”.

Esas islas le han servido también como “puente (…) para avanzar en la trata de personas para esclavitud sexual, trabajos forzosos y reclutamiento”.

Los combates en Apure entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un grupo armado, no identificado por fuentes oficiales, comenzaron hace 10 días y, hasta el momento, han dejado como saldo dos militares muertos y seis “terroristas neutralizados”, una palabra ambigua usada por los uniformados que no aclara si fallecieron o fueron arrestados.