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DDHH olvidados | El fotógrafo Carlos Debíais García, detenido por volar un dron
El fotógrafo Carlos Debíais García fue detenido arbitrariamente y acusado de terrorismo por presuntamente haber sobrevolado con un dron la Refinería Amuay

@ValeriaPedicini 

 

Carlos Debíais García es fotógrafo. Y por eso, por volar un dron el viernes 12 de noviembre de 2021, fue detenido de forma arbitraria por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la urbanización Judibana, municipio Los Taques del estado Falcón. 

Lo último que supieron sus familiares fue por un mensaje que Carlos le había enviado a su prima a las 3:00 de la tarde desde Judibana. “Él tenía que buscar a una tía a eso de las 4 p.m., nunca llegó. A partir de ahí nos comenzamos a preocupar y empezamos a llamarlo”, expresa su prima Gabriela Galicia a Espacio Público. 

El joven estuvo desaparecido arbitrariamente desde esa hora hasta las 2:30 p.m del día siguiente cuando autoridades informaron sobre su paradero y que se encontraba bajo investigación. 

Sus familiares se enteraron de lo que estaba ocurriendo cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaron su vivienda sin orden judicial en horas de la noche y se llevaron equipos electrónicos, cámaras fotográficas y teléfonos celulares.

“No fue sino hasta las 10 de la noche que llegaron 4 camionetas del Dgcim, con aproximadamente 20 funcionarios. Ingresaron a la casa y se llevaron computadoras, memorias, herramientas, el celular de mi primo; se llevaron una cantidad de cosas que no nos daba tiempo de ver qué estaban agarrando”, dijo Galicia.

Tras el procedimiento, los funcionarios le pidieron la cédula a los miembros de la familia para levantar un acta sobre los equipos que estaban incautando. 

Luego del allanamiento, los familiares se trasladaron a la sede de la Dgcim en el estado Falcón para tener información sobre el paradero de Carlos, pero no recibieron ninguna respuesta. Al abogado tampoco lo dejaron pasar.

Acusado de terrorismo

Remigio Ceballos, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del gobierno de Nicolás Maduro, ofreció declaraciones el sábado 13 de noviembre donde confirmó la detención del fotógrafo por sobrevolar con un dron la Refinería Amuay y ser parte de un plan contra algunas autoridades e infraestructuras estratégicas del Estado.   

“El día de ayer fue detenido el ciudadano Carlos Germán Debiais García con un vehículo pilotado a distancia; estaba haciendo vuelos en los alrededores de la refinería de Amuay, la GNB logró su aprehensión y estamos en plena investigación”, informaron a través de la cuenta oficial del ministerio en Twitter.

Sin embargo, los familiares del fotógrafo desmintieron estas acusaciones. Su hermana Nathali Debiais, en su cuenta de Instagram, publicó otra versión de los hechos: “Él no estaba volando un dron cerca de la refinería de Amuay como se dice, su error fue volar el dron cerca de la casa de un General y lo están usando para vender una historia distinta. Tampoco le han permitido hablar con su abogado. Lo único que sabemos es que lo trasladaron a Caracas ayer en la noche. Mi familia y yo estamos muy asustados por lo que pueda pasarle”, indicó.

Su prima Gabriela Galicia declaró que al momento de su captura se grababa la bahía de Amuay y recalcó que el dron que pilotaba -por tratarse de uno comercial- no le permitía grabar en zonas restringidas ya que se bloquea automáticamente, “así que no es posible que hiciera tomas de la refinería ni mucho menos”.

Carlos apenas tenía dos meses en el país, procedente de Bahamas, donde se encontraba trabajando, refirió El Pitazo. El joven se dedicaba a fotografiar paisajes. El día que mencionan como justificación para su detención buscaba información acerca de la zona petrolera por medio de la toma de fotos y videos sobre la zona de la refinería Amuay.

Según ha denunciado la ONG Espacio Público, su detención se traduce en una esta situación se traduce en una violación al ejercicio de la libertad de expresión.

El 15 de noviembre, el Tribunal Tercero de Control con competencia en terrorismo, a cargo de la juez Luisa Garrido, imputó al fotógrafo Carlos Debiais por los presuntos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y violación del espacio aéreo.

Preso con boleta de excarcelación

La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) informó el sábado 15 de abril que el fotógrafo Carlos Debíais García había recibido su boleta de excarcelación pero funcionarios todavía no lo habían dejado en libertad.

La organización explicaba que los familiares del fotógrafo piden que se haga justicia porque desde que le arrestaron se han visto diversas irregularidades como retardo procesal, desaparición forzosa, impedido de recibir visitas y continúa dentro del Rodeo II a pesar de ya poder salir de ahí.

Carlos Debíais, padre del detenido, aseguró que el director del penal no le concede la libertad a su hijo mientras no llegue un correo electrónico del Ministerio de Servicios Penitenciarios. “En eso estamos, mi hijo prácticamente está secuestrado. El llamado al Presidente de la República y al Fiscal General. Los familiares deseamos su pronta la libertad”.

El padre del fotógrafo explicó a Una Ventana a la Libertad que el joven no tiene antecedentes penales y fue detenido injustamente por tomar fotos de los espacios públicos para sus redes sociales, donde solo buscaba resaltar las bondades de la región.

La familia pide que se haga justicia y devuelvan la libertad del joven que es inocente de lo que se le acusa. “Es un hombre trabajador, padre de familia que necesita regresar a su casa”, dijo su padre.

DDHH olvidados | Protestar por los derechos de los trabajadores le salió caro a Eudis Girot
El sindicalista Eudis Girot fue detenido arbitrariamente a mediados de noviembre de 2020, luego de participar en protestas para exigir beneficios salariales y laborales

El mismo Eudis Girot advirtió en redes sociales el atropello que cambiaría su vida para siempre. “Hoy 18 de noviembre a las 5 p.m. se presentaron en mi residencia funcionarios del Dgcim con orden de detención en mi contra. Basta de atropello y criminalización de las protestas”, publicó en su cuenta de Twitter en 2020.

Al día siguiente, los efectivos lo sacaron de su vivienda, ubicada en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, y se lo llevaron detenido.  

El lunes 22 de noviembre, sin haber tenido ningún tipo de comunicación con sus abogados o familiares, Girot fue trasladado a Caracas para ser presentado ante el Tribunal Especial Tercero de primera instancia en funciones de control con competencias en delitos ascoiados al terrorismo. 

Arelys Ayala, su abogada y miembro de la ONG Foro Penal, informó que Girot había sido acusado de asociación para delinquir, conspiración, divulgación de información confidencial y terrorismo. 

¿Qué hacía Eudis Girot?

Eudis Girot es director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv). El sindicalista emitía semanalmente una actualización del estado de las refinerías e informaba sobre la lucha que llevaba adelante junto a los trabajadores petroleros que claman por mejores salarios y denuncian la crisis de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 

En los meses previos a su detención, el sindicalista había encabezado varias manifestaciones regionales y estatales en exigencia de beneficios salariales y mejores condiciones laborales para los trabajadores de la industria petrolera. También, había denunciado presuntos casos de corrupción vinculados a mafias de combustible de petroleras del país.

En una audiencia el 27 de noviembre, sólo una semana después de su arresto, el fiscal Yorman Flores dijo que los funcionarios de la DGCIM), que investigaban un supuesto complot para desestabilizar la industria petrolera, encontraron tuits de la cuenta de Girot que “reveló información estratégica” de Pdvsa

Flores acusó a Girot de enviar “mensajes para crear conmoción y zozobra en la población en relación a la escasez de combustible”, según una transcripción del tribunal vista por Reuters.

“Sabemos lo sensible que (es) para la población el tema de la falta de combustible”, dijo Flores en un tribunal contra el terrorismo en Caracas, en el que pidió prisión preventiva para Girot. “El ventilar este tipo de información a través de una red social, y dado el cargo que desempeña el ciudadano acá presente (…) podría otorgarle cierta credibilidad”.

Libertad a medias

Eudis Girot fue detenido arbitrariamente y estuvo preso por 17 meses. En ese tiempo, estuvo en cuatro lugares de reclusión distintos: sede de la Dgcim en Puerto La Cruz, luego en la sede de Boleíta en Caracas en la cárcel de El Rodeo II en Guatire y más recientemente en La Planta en Caracas.  

El pasado 7 de abril, en la espera de una audiencia de juicio que fue suspendida en los tribunales del Palacio de Justicia, efectivos de la Guardia Nacional lanzaron una bomba lacrimógena en la celda en la que se encontraba junto al otro preso político Rodney Álvarez, recientemente excarcelado.

Los familiares de Girot denunciaron que estuvo a punto de morir, pues la inhalación de esos gases tóxicos le produjo una arritmia cardíaca severa. “Un guardia nacional lanzó una bomba lacrimógena, poniendo en riesgo su vida. Esta es la segunda oportunidad en que los cuerpos de seguridad ponen en riesgo la vida de Eudis”, señaló su esposa en ese momento.

Diversos movimientos de trabajadores informaron el 25 de abril que el preso político Eudis Girot había sido liberado. El Partido del Trabajo y la organización Democracia Sindical aseguraron que la libertad del trabajador petrolero se dio tras una audiencia del juicio, donde también estaba siendo acusado de porte ilícito de armas.

Al dirigente gremial se le dictó medidas sustitutivas de libertad con régimen cautelar. A Girot le desestimaron casi todos los cargos en su contra, excepto el de instigación. 

“Eudis fue condenado a tres años por esa causa que le queda, más se le dio esa medida cautelar de presentación cada 30 días ante en tribunal y prohibición de salida del país. Como la instigación es un delito más leve, el juez le dio la medida de presentación para que pueda irse a su casa», dijo Rosario Ríos, esposa del sindicalista. 

Asimismo, dijo al día siguiente de su liberación que Girot aún se encontraba “consternado” y convaleciente por varias crisis de salud durante su reclusión, por lo que pronto tendría visita médica. 

“Está esperando para ir al médico y restablecerse por completo; pero fuerte de espíritu y con la valentía que Dios le ha dado, convencido de lo que hemos hecho es correcto. De que luchar por Venezuela es lo correcto”.

Su liberación se dio en medio de una visita de una comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha solicitado, desde hace varios años, la liberación de todos los trabajadores presos por razones políticas.

La vida ya no es la misma

En una entrevista en el programa “Vladimir a la Carta”, Eudis Girot contó su experiencia como preso político venezolano por más de año y medio. Dijo que luego de una experiencia así, “se entra en un proceso nuevo que transforma la percepción de toda una vida”. 

“La gente ni se imagina”, expresó. Cree que esos 17 meses de detención lo transformaron, dejando atrás la “efervescencia” con la que discutía sobre temas relacionados al rescate de la empresa petrolera y asumiendo actualmente una actitud más reflexiva al respecto.

Girot señaló que toda esa situación le hizo sentir “compungido” debido a que no solo la detención afecta a una persona en específico, sino a toda una familia. “Te consigues con situaciones que te buscan convertir en despojo humano, pero hay que resistir con dignidad”. 

Denunció que en El Rodeo II existe una situación delicada con los reclusos que ahí se encuentran hacinados por problemas de salud como la tuberculosis, por lo que solicitó al Ministerio de Asuntos Penitenciarios que tome cartas en el asunto.

Asimismo, el sindicalista comentó que sufrió malos tratos desde el primer momento en el que los efectivos de la Dgcim fueron a su vivienda para llevárselo detenido. 

“La persona piensa que el maltrato físico es desde el primer golpe. Eso procede desde la primera mirada de los funcionarios de los cuerpos de seguridad que llegan a tu casa y entran. Que te llevan escoltado a un centro de reclusión. Ahí comienza el maltrato; eso que sientes cuando entra la llave en la cerradura de un candado, entra incertidumbre (…) de si es entrevista o maltrato”. 

A pesar de lo vivido, dijo que este tipo de situaciones lo ayudaron a formar un “temple de hierro” para seguir trabajando en pro de cambios que beneficien a los venezolanos.

Comentó que unos días después de haber sido excarcelado, le fue extendida una invitación de la comisión de encuestas de la OIT para escuchar su caso y conocer su versión de la realidad de los trabajadores desde la perspectiva de una víctima de prisión arbitraria.

En Falcón la violencia contra la mujer es causada mayoritariamente por parejas de las víctimas
En 41,3% de los casos, los perpetradores fueron las parejas o exparejas de las víctimas

El Observatorio Venezolano de Violencia en Falcón (OVV Falcón) documentó 56 casos de violencia contra la mujer en la entidad. Estas cifras se corresponden con eventos de violencia interpersonal publicados por los medios de comunicación entre enero y marzo de 2022.

El tema ha sido recurrente, pues en Falcón durante 2021 fueron reportados al menos 318 delitos monitoreados, entre los cuales se destacó  en primer lugar los delitos de agresión contra la mujer con un (41%).

De acuerdo a la información recolectada por el equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en el estado Falcón (OVV Falcón), durante el primer trimestre de 2022, han ocurrido 56 casos de agresiones contra la mujer, que en comparación a los 35 casos ocurridos en el mismo periodo de 2021, representa un aumento del 60%.

En este monitoreo del primer trimestre del 2022 destaca que las agresiones en contra la mujer van desde la física, verbal, amenazas de muerte, acoso y el robo, seis de las 21 categorías especificadas y tipificadas como delitos contra la mujer en la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En consecuencia, de estos 56 casos de violencia, ocurrieron 18 casos  en enero (40%), 21 casos en febrero (65,5%) y 17 casos en marzo (39,5%). Es probable que estos hechos tengan un sub registro ya que las víctimas de violencia de género en oportunidades no denuncian por amenazas de sus victimarios, aunado que todos los casos no son reseñados en los medios de comunicación social. 

Sobre los agresores, en los primeros tres meses de 2022, el 41,3% de los casos los perpetradores fueron las parejas o exparejas de las víctimas. Los victimarios han resultado ser mayoritariamente familiares o conocidos con el 36% en enero, 52% en febrero y 36% en marzo.

Asimismo se determinó que los municipios que aglutinaron la mayor cantidad de hechos de violencia contra la mujer en este primer trimestre fueron Miranda, Carirubana, Colina, Mauroa y Falcón.

Para ilustra la situación, el equipo investigador del OVV Falcón, observa con inquietud, que los datos acumulados durante los tres meses iniciales de 2022, en general, reflejan que la ocurrencia de hechos de violencia interpersonal parecen seguir una tendencia similar a la registrada el pasado año, en cuanto a que son cometidos en días de semana y en horas del día. No obstante, igualmente llama la  atención el incremento de los delitos calificados genéricamente como provecho ilícito y agresiones graves o leves entre las que cuentan la violencia de género,  lo que podría juzgarse como que el impacto de la crisis económica (desempleo, acceso limitado a un salario justo), ha incrementado los efectos negativos en cuanto a convivencia ciudadana o del debilitamiento de la estructura familiar.

Dentro de estos casos, destaca el de un hombre que maltrataba de manera continuada a su conyugue, pero la mujer cansada de las agresiones decidió denunciarlo. El hecho ocurrió en el sector Los Tanques del municipio Mene Mauroa al occidente del estado Falcón. En el curso de la denuncia la agraviada reveló que su pareja solía cargar consigo unos objetos que le parecían peligrosos, con apariencia de armas. Tras arrestarlo, descubrieron que eran dos bombas lacrimógenas, ambas de uso exclusivo de cuerpos policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana para mantenimiento del orden público. Adicional, la comisión incautó un par de esposas, las que presuntamente le ponía a su cónyuge al maltratarla y someterla a tratos crueles. No obstante, esta tenía una llave y lograba quitarse esas esposas, según los relatos.

Análisis sobre  la violencia contra la mujer

Cabe señalar, que a pesar de los avances legislativos con la creación de la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el desafío sigue siendo su implementación y la creación de condiciones concretas para el ejercicio de los derechos de las mujeres, específicamente el referido al acceso a la justicia y establecimiento de sanciones oportunas y adecuadas que limiten la violencia y en consecuencia, la impunidad. Estas medidas garantizarían la aplicación de la justicia y protección de la mujer como ser indispensable para la sociedad.

Según el OVV Falcón, la solución a la violencia de género debe basarse en la reconstrucción del tejido social que actualmente se encuentra alterado por los procesos acelerados, los cambios políticos, el alto índice de inflación, la pobreza, la falta de políticas públicas a los problemas del país y todas estas situaciones que hacen vulnerable a los individuos por tener miles de necesidades insatisfechas.

“Son nuevas políticas públicas incluyentes de la realidad actual las que permitirán disminuir los efectos de la desigualdad y exclusión para darle paso a la prevención y eliminación del problema de los hogares venezolanos.  Una forma de prevenirla, es alentando a toda la comunidad a respetarse y entender que todos los seres humanos son iguales a pesar de los problemas; la familia es única y en consecuencia, se debe proteger, razón por la cual la violencia debe ser desterrada del hogar para brindar al mismo estabilidad, amor y equilibrio”. Considera el equipo.

Finalmente consideran necesario un mayor esfuerzo en acciones gubernamentales, regionales y locales puesto que  la violencia de género se mantiene latente en la sociedad. “Reducir la violencia contra la mujer indica la necesidad de definir estrategias de prevención que aborden los problemas sociales que inciden en tal problemática social”.

OVV Bolívar contabiliza al menos 12 víctimas de violencia física y sexual durante marzo
Estos casos se suman al total de 40 víctimas de violencia de género contabilizadas por la organización en seis municipios de Bolívar durante el primer trimestre del año

Durante marzo, mes de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) contabilizó al menos 12 casos de violencia física y sexual contra mujeres, niñas y adolescentes en el estado. Tres de las víctimas son menores de edad.

Cinco de los casos documentados son por violencia sexual, acoso y actos lascivos. Resalta el caso ocurrido a mitad de mes, cuando dos hombres entraron a la vivienda de un hombre para matarlo por negarse a pagar una deuda con oro. Durante el asalto, violaron a su pareja, una joven de 17 años. El hecho ocurrió en el sector Ignacio del Cocuy, en Ciudad Bolívar.

La mayoría de las detenciones, por estos delitos, fueron ejecutadas por funcionarios de la Policía del Estado Bolívar (PEB), Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

Aunque en la mayoría de los partes oficiales los cuerpos de seguridad reportan que los expedientes fueron remitidos al Ministerio Público, en algunos casos las víctimas denuncian retardo procesal.

“Si no se toman los correctivos, temo por mi vida. Por este motivo es que las cifras de femicidios aumentan en la región, por culpa de personas que se niegan a aplicar la ley”, declaró una sobreviviente de violencia física al diario Nueva Prensa.

La mujer reportó que su esposo la golpeó y causó lesiones en cara y cuello cuando ella intentó impedir que el hombre sacara de la casa a su hijo de dos años a media noche. Su hija de 16 años se metió en la discusión para evitar que golpearan a su madre, pero también salió herida.

La víctima hizo la denuncia en Patrulleros del Caroní, en Ciudad Guayana, y aunque fue atendida, pasaron 13 días después de lo ocurrido y la funcionaria que recibió el caso no ha remitido el expediente al Ministerio Público.

Estos casos se suman al total de 40 víctimas de violencia de género contabilizadas por la organización en seis municipios de Bolívar durante el primer trimestre del año. Dos de estos casos constituyen femicidio.

El municipio Caroní fue la entidad donde se reportó mayor cantidad de casos de violencia contra la mujer (19), seguido por Angostura del Orinoco (9), Sifontes (7), El Callao (3) y Gran Sabana (1) y Piar (1).

A finales de febrero, trascendieron dos denuncias que conmocionaron a la opinión pública de Ciudad Guayana, Caroní: Un instructor de ciclismo de la escuela de ciclismo MTB Kids fue acusado de perpetrar actos lascivos contra dos adolescentes de 14 años. De acuerdo con lo denunciado por familiares, les enviaba mensajes con insinuaciones sexuales vía WhatsApp.

Los padres de las jóvenes denunciaron los hechos, y toda la comunidad de ciclistas de la ciudad salió a protestar para exigir justicia, pues, aunque el agresor fue detenido, fue liberado a los pocos días con régimen de presentación cada 30 días.

 Las denuncias constantes, giran en torno a la ausencia de mecanismos confiables para obtener justicia. Es por eso que víctimas y sobrevivientes terminan acudiendo a medios de comunicación y redes sociales para labrar, por cuenta propia, su camino a la justicia que, en ocasiones, no culminan con el encarcelamiento de los agresores.

El OVV Bolívar, insta una vez más al Estado venezolano a implementar políticas públicas orientadas a prevenir la violencia basada en género, así como brindar asistencia, acompañamiento y protección oportuna a víctimas y sobrevivientes de violencia.

DDHH olvidados | Huir de Venezuela con sus hijos por denunciar el asesinato de su esposo
Ghina Rodríguez se fue de Venezuela con sus dos hijos luego de que su esposo Guillermo Sánchez falleciera tras ser herido de gravedad por civiles armados en las protestas de 2014
El responsable de la muerte de Guillermo fue condenado a cinco años de prisión domiciliaria, luego de que se declarara culpable
Ghina ha sido hostigada e intimidada por denunciar el crimen de su pareja

@ValeriaPedicini

 

Era 12 de marzo de 2014 y en Venezuela había protestas antigubernamentales. Aunque Guillermo Sánchez vivía en una avenida de La Isabelica, Valencia, donde esa mañana había manifestaciones, salió temprano de su residencia para ir a pintar la casa de su madre

El hombre de 42 años caminaba por la avenida Henry Ford de la urbanización cuando fue interceptado por un grupo de civiles armados, quienes disparaban a quienes desde hace días se encontraban bloqueando una vía pública en señal de protesta contra el gobierno.

Testigos que se encontraban en la zona contaron cómo lo abordaron, golpearon y luego dispararon. Después lo montaron en una moto y se lo tiraron a los policías del estado que estaban cerca de las protestas, diciendo: “Ahí les traemos otro y esperen más”. 

“En la zona había muchos policías y militares pero no intervinieron. Yo observé varias camionetas con insignias del SEBIN con personas repartiendo armas y municiones. Eso no me lo contaron, yo lo vi”, aseguró su esposa Ghina Rodríguez a la organización Justicia, Encuentro y Perdón.

Según registros de Amnistía Internacional, fueron los policías quienes dejaron a Guillermo en la puerta de una clínica, donde intentaron salvarle la vida al experimentado deportista vinculado a Criollitos de Venezuela. 

Según el Informe de la Fiscalía titulado, “Hechos de violencia 2014”, al 12 de febrero de 2015, el caso estaba a cargo del Fiscal 61° Nacional y 27º del estado Carabobo.

Jhon Anderson Torres Sinisterra, civil relacionado con sindicatos de la zona sur de la ciudad de Valencia, fue acusado por el delito de homicidio intencional e intimidación pública, al haberse encontrado evidencia balística que le relaciona con los hechos. El funcionario habría alegado que prestó su arma a otra persona que hasta la fecha no había sido identificada.

La causa se encontraba en fase intermedia para febrero de 2015. A febrero de 2016, según información suministrada por familiares a Amnistía Internacional, Torres Sinisterra habría sido condenado a cinco años de prisión domiciliaria, luego de que se declarara culpable aceptando los hechos.

El miedo de denunciar

Ghina Rodríguez forma parte del Frente de Víctimas contra la Represión, organización que fue creada por familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos durante las protestas entre febrero y julio de 2014.

Desde que se inició la investigación por la muerte de Guillermo, Ghina ha sido hostigada e intimidada por denunciar el crimen de su pareja. Cuando Ghina Rodríguez denunció los hechos, la fiscalía le otorgó medidas cautelares que consistían en protección durante 24 horas de la policía municipal de Valencia. 

Sin embargo, cuando se acercó a la policía a solicitar que se hiciera efectiva la medida de protección los agentes se burlaron de ella diciéndole que no iban a perder el tiempo en cuidarla. Nunca cumplieron. “No es fácil contar esta historia, pero la voy a seguir contando porque algún día se debe hacer justicia”.

Ghina y sus dos hijos abandonaron Venezuela en julio de 2014 por temor a su seguridad. Actualmente se encuentran en México donde se les ha reconocido la condición de refugiados.

Aunque una persona fue sentenciada, para Ghina la justicia todavía tiene muchas cuentas por saldar en el caso de su esposo. 

Si hablamos de justicia, muchas personas debieran estar pagando por el crimen: los agresores que golpearon a mi esposo, quienes dispararon, las personas que les entregaron las armas, quienes apoyan a estos, los policías y militares que vieron lo que ocurría y no intervinieron, además de los funcionarios del SEBIN que te comenté antes. Por eso es que yo digo que en Venezuela no hay justicia, esa palabra no existe. La familia de mi esposo decidió no actuar, no los juzgo, quizás tuvieron miedo porque no hay confianza en el sistema judicial. Yo, que sí protesté, finalmente tuve que salir huyendo del país”.

Aunque hay días difíciles, Ghina sabe que en Venezuela no encontrarán tranquilidad. “Algunas veces me pega la nostalgia y la soledad, y quisiera regresar a Venezuela, pero luego lo pienso mejor y concluyo que las condiciones no están dadas para eso. Debo pensar primero en mis hijos”.

DDHH olvidados | “Exigimos al Estado que no se sigan diciendo mentiras de que mi hijo se había asesinado él mismo”
Según testigos, el joven Nelson Arévalo fue impactado en el cuello por un objeto desconocido por parte de efectivos de la GNB durante una protesta en 2017. Sin embargo, la versión oficial sostiene que el joven falleció por manipular un mortero
Después de más de cuatro años de su asesinato, el caso de Nelson Daniel Arévalo Avendaño se encuentra paralizado en el Ministerio Público en fase de investigación

@ValeriaPedicini 

Damarys Avendaño sufría cada vez que su hijo Nelson Daniel Arévalo, el menor de todos, iba a participar en las protestas que se daban en Barquisimeto, estado Lara, en 2017. Para ella era una tortura cada vez que su muchacho de 22 años –a quien habían apodado “Dominic” en “La Resistencia- se iba hasta la ciudad larense a participar en las manifestaciones. 

Varias veces discutieron al respecto, por el riesgo que implicaba involucrarse en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro por la represión de los cuerpos de seguridad del Estado. Recuerda cómo en una de las últimas conversaciones que tuvieron por teléfono, ella le contó lo mucho que le había afectado la noticia de la muerte de Neomar Lander.

Por eso Damarys contaba los días para tenerlo de vuelta en casa, con ella, sano y salvo. “Nunca me entendió. Nunca entendió por qué yo le decía que no y siempre se metió en las protestas desde 2014. Quería que estuviera aquí en Guárico, para que no le pasara nada malo. Siempre temía, porque pasaban muchos asesinatos a cada rato de estudiantes y yo no quería que él participara”. 

El 16 de junio, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, una alerta de Twitter le dio la noticia que tanto había temido: a su hijo le habían disparado en la avenida Hernán Garmendia del este de Barquisimeto.

Nelson Daniel había sido impactado en el cuello por un objeto desconocido, proveniente de una sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), donde funcionarios de la Guardia Nacional (GNB) estaban disparando. 

“El primer tuit decía que a Nelson le habían disparado y que estaba en una clínica. Le dije a mi hijo mayor que averiguara en qué sitio estaba y le di la información a mi hija, que era la única que estaba en Barquisimeto, y le dije que corriera para la clínica”.

Los compañeros de Nelson hicieron lo que pudieron, entre bombas lacrimógenas y disparos, para acercarse al cuerpo del joven y trasladarlo hasta la Clínica Razzeti, ubicada en el centro de Barquisimeto. Los médicos que estaban en ese momento de guardia en el centro de salud lo recibieron, pero ya era tarde: Nelson no tenía signos vitales. 

Ya no había nada que hacer.

“Nos dijeron que nos fuéramos directamente a la morgue. Allí esperamos mucho tiempo. Esperamos dos días para que nos entregaran el cuerpo”, cuenta Damarys a la organización Justicia, Encuentro y Perdón.

La versión del gobierno

Nelson se convirtió en la décima persona que falleció en el estado Lara en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2017. Perteneció al grupo de 38 estudiantes que murieron en ese período en todo el país. En aquellos días cursaba el primer año de Derecho en la Universidad Fermín Toro (UFT) de Barquisimeto, luego de haberse mudado, meses antes, del pueblo agrícola en donde todavía reside su familia: Guárico, al suroeste de la entidad.

El entonces ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, aseguró rápidamente en su cuenta Twitter que Nelson Arévalo “murió al manipular un explosivo de fabricación artesanal (mortero) durante una protesta este viernes en Las Trinitarias, Barquisimeto, estado Lara”. Luego, en un segundo mensaje se leía: “Lamentamos que se sigan perdiendo vidas inocentes y que jóvenes sean manipulados por esta derecha violenta”.

Reverol indicó también que sus declaraciones se daban con base en información de presuntos testigos en el sitio del suceso que afirmaron que “este joven (Nelson Arévalo) se encontraba en una manifestación violenta en el municipio Iribarren, estado Lara, testigos denuncian que el artefacto le explotó encima”. Hoy en día, los comentarios no pueden ser ubicados en el historial de su cuenta.

Sin embargo, la versión de familiares, compañeros en el sitio y testigos, publicada en medios de comunicación, difiere por completo de la presentada por las autoridades. Nelson Daniel Arévalo se encontraba el 16 de junio de 2017, en una manifestación en la ciudad de Barquisimeto, en la avenida Hernán García Garmendia, cerca de la Universidad Fermín Toro, donde cursaba la carrera de Derecho. “Siempre protestaban allí”, acota Damarys. 

Ese día, las protestas comenzaron en la mañana, la GNB las dispersó, pero los estudiantes se activaron de nuevo en la tarde. De pronto, empezaron a escucharse disparos. Varios de los allí presentes afirman que las descargas provenían del edificio del Saime, ubicado frente a la institución educativa, y que en ese momento se encontraba resguardado por el Comando Cruz Carrillo de El Tocuyo.

“Lo que tengo entendido es que los funcionarios que custodiaban el edificio (Saime) dispararon a la manifestación, dispararon muchas veces y le dieron a mi hijo en el cuello, lo que le produjo la muerte casi que instantánea. Es un hecho en el que están involucrados funcionarios del Estado, porque tenemos testigos que han declarado en la Fiscalía que les dispararon desde allí. Nosotros tenemos el resultado de la autopsia y las declaraciones de los testigos que estuvieron allí en la manifestación. Inclusive, los compañeros de estudio dicen que Nelson Daniel ya estaba muerto en el piso y todavía le disparaban”, relata la mujer. 

El resultado de la autopsia que le fue entregado a la familia Arévalo Avendaño establece que el impacto que recibió Nelson Daniel, fue en el lado izquierdo del cuello y salió por la parte de atrás de la clavícula del lado derecho. “El informe que nos dieron en la morgue dice que mi hijo murió por traumatismo raquimedular severo producido por arma de fuego”, afirma Damarys. 

Sin embargo, los familiares también alertaron en su momento que pudieron conocer, por una fuente ligada al Cicpc, que dentro de la institución el diagnóstico que se maneja es: “traumatismo raquimedular severo y blasting pulmonar ocasionado por onda expansiva”, aparentemente, para coincidir con las declaraciones dadas por Reverol sobre el manejo de un artefacto explosivo por parte del joven estudiante.

Nada avanzó

Las horas de espera en la morgue sumaron tensión y desconcierto para Damarys y su familia. Al día siguiente de su muerte, el lugar amaneció tomado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Para la realización de la autopsia fue designada Luz Marina Araujo, fiscal 6ta con competencia en delitos comunes, y posteriormente se incorporó al caso, Carlos Muñoz, fiscal 21 con competencia en Derechos Fundamentales, además de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos del Ministerio Público.

El examen duró más de tres horas y cuando se suponía que el cuerpo del joven estaba listo para ser entregado a sus familiares, el procedimiento no ocurrió, ni recibieron razón alguna para el retraso. Lo que siguió después fue enterarse que el Fiscal 21, también de forma inexplicable, fue removido, quedando solo la Fiscal 6ta a cargo del caso.

Después de más de cuatro años de su asesinato, el caso de Nelson Daniel Arévalo Avendaño se encuentra paralizado en el Ministerio Público en fase de investigación. 

Pese a que la Comisión de la Verdad, instalada por la asamblea nacional constituyente (ANC) se comunicó con la familia de Nelson en dos o tres ocasiones –vía telefónica– con el fin de “buscar la verdad”, los padres desconfiaron de la oferta por considerar que la institución no era imparcial.  

Hasta la fecha no se conoce una versión oficial sobre los acontecimientos alrededor de su muerte, aparte de la versión dada sobre el mortero. Desde la Fiscalía 6ta todo quedó en silencio, no se hicieron más diligencias al respecto y ni siquiera existe ninguna mención a funcionarios involucrados.

“Siempre le dije que ellos tenían las de perder en esas protestas porque estaban luchando contra personas que estaban acostumbradas a matar. Le dije que estaba corriendo mucho riesgo. Creo que fue muy ingenuo, pensó que no le iba a pasar nada. A veces pienso que quien disparó sabía a quién le estaba disparando”.

En la última conversación que tuvieron, esa misma en la que Damarys le alertaba sobre la muerte de Neomar Lander, su hijo le había prometido que se iba a retirar de las protestas, que más bien estaba culminando gestiones en Barquisimeto para un nuevo trabajo al que estaba optando. “No sé si lo hizo para que yo me quedara tranquila. Me dijo que a la siguiente semana venía para quedarse conmigo, mientras lo llamaban. Bueno, me quedé esperándolo. No volvió nunca”.

A sus 56 años, el ánimo de Damarys se sostiene a partir de la vida de sus otros tres hijos y de haber aceptado los ideales de Nelson Daniel: “La lucha de mi hijo, el valor y la valentía que tuvo por el país y ahora, yo llevo esa misma lucha para que se haga justicia con su caso”. 

Se han acercado a algunas ONG, pero no cuentan con un abogado defensor para hacer frente al expediente congelado. “Realmente se ha hecho poco y nosotros todavía estamos esperando que se haga justicia. En el nombre de Dios tenemos la esperanza de que se diga la verdad. Lo que nosotros exigimos al Estado es que se diga la verdad, que no se sigan diciendo mentiras, como dijeron ellos, que mi hijo se había asesinado él mismo”, denuncia Damarys.

El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón 

 

OVP denuncia en la CIDH precarias condiciones en las que viven los presos en las cárceles venezolanas
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) fue la única ONG venezolana que participó en la 183 periodo de sesiones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH)

Venezuela cuenta con 52 centros de reclusión, discriminados así, 35 de hombres, 1 cárcel de mujeres y 16 anexos femeninos. La capacidad instalada en los penales del país es para 20.438 personas y la población es de 32.200 personas, lo que se traduce en hacinamiento crítico de 158%, de esta población 2.500 son mujeres, de las cuales 1.900 viven en anexos femeninos, que no cuentan con las condiciones para la permanencia de mujeres.

Mientras en los centros de detención policiales diseñados para la permanencia transitoria de personas según las leyes venezolanas de no más de 72 horas, ahora permanecen 35.000 personas detenidas. Sumando la población penitenciaria y la de los calabozos policiales es de 67.200 personas privadas de libertad en el país, explicó en la audiencia Carolina Girón, directora de OVP.

Girón describe que de las personas detenidas sólo en cárceles es de 53 % se encuentra procesados, y aproximadamente existe un retardo procesal de al menos 70 %.

La directora de OVP en la audiencia describió la situación inhumana en la que conviven los privados de libertad en Venezuela donde “carecen de servicios públicos adecuados, no hay agua potable, el servicio de electricidad es oscilante, igual que en las regiones del país, tampoco cuentan con servicio de gas doméstico regular, y los desechos sólidos no son recolectados con regularidad”.

Girón además denunció ante la CIDH que en Venezuela existen diversas modalidades en el control de los centros penitenciarios del país y uno de ellos es donde los presos tienen el control total, mandado bajo la figura de los “Pranes” quienes tienen el control total, tanto a lo interno como lo externo; el  59% de la población vive bajo estas condiciones, existe una segunda modalidad donde los pranes y autoridades del penal controlan el recinto, ambos tienen su cuota de poder es al 12 % de la población penitenciaria  que se encuentra en esta situación, el 29% restante se encuentra bajo lo que el gobierno ha denominado Nuevo Régimen Penitenciario, es decir, están bajo el control del Gobierno.

“En las cárceles controladas por los internos, se debe pagar al líder, sumas de dinero en efectivo o por transferencias bancarias, actualmente en dólares americanos, para comer, para tener un sitio adecuado  para todo se paga en la cárcel».

«Inclusive ordenan traslados de presos a otros penales y también deciden quién se queda y quién no. Manejan tal cantidad de dinero que realizan construcciones dentro de las cárceles, tales como piscinas, discotecas, canchas deportivas, realizan espectáculos a los que acuden artistas nacionales e internacionales” , detalló Carolina Girón.

Comunidad LGBTIQ+ explotada

En cuanto a los presos de la comunidad  LGBTIQ+, dentro de los penales son usados para hacer labores de limpieza, o son obligados a prostituirse y sufrir abusos sexuales a voluntad del líder y su camarilla.

Mientras las mujeres en prisión tan solo cuentan con una cárcel de mujeres en el país el INOF, el resto son anexos adaptados de forma improvisada en cárceles de hombres, que igual no cuentan con una estructura adecuada para su reclusión.

A las mujeres se les priva del consumo de agua y alimentos, no cuentan con atención médica, ni acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, no existe personal capacitado en materia de perspectiva de género, no cuentan con insumos básicos ni acceso a toallas sanitarias. No disponen de espacios adecuados para recibir las visitas de sus hijos y se les ha privado  del derecho a la visita conyugal.

En los últimos años en OVP han aumentado las denuncias recibidas sobre maltratos, y violaciones a privadas de libertad dentro del recinto.

No hay doctores 

Por otra parte la directora de OVP expuso frente a la CIDH que no existe personal médicos dentro de los penales, “como práctica recurrente hemos identificado que, cuando el interno se encuentra con graves condiciones de salud, es que se solicita el traslado, prácticamente para que la persona muera en el centro hospitalario”.

Desde el 2017 en adelante se evidencia cómo han aumentado las muertes en prisión por tuberculosis y desnutrición. Girón comenta que la TBC es una enfermedad típica de prisión por lo que ningún preso debe morir, pero en Venezuela tanto las pruebas como el tratamiento para la tuberculosis son del monopolio del Estado quien las controla, por lo tanto solo el   10% de los presos con esta enfermedad cuentan con un diagnóstico como tal y son los que reciben el tratamiento.

Desde el 2017 hasta enero 2022, han fallecido en los Centros Penitenciarios 960 personas, de las cuales 412 fueron por desnutrición. Lo que significa el 43% de los fallecidos. Mientras en los calabozos en el mismo periodo murieron 770 detenidos y 261 por desnutrición, en total 1730 presos han muerto, de las cuales 773 fallecen por desnutrición.

Ante la carencia de alimentos por parte del Ministerio Penitenciario son los familiares que se hacen cargo de su manutención y llevan la comida los días de visita o cuando existe pasen de comida, siendo las mujeres las encargadas de esta labor, porque los hombres tienen prohibida las visitas a los penales. En algunas ocasiones estos alimentos no llegan a manos de los reclusos porque son decomisados por los funcionarios  de la Guardia Nacional o las custodias penitenciarias.

Desnutrición severa

Por su parte  Marianela Herrera, profesora asociada e investigadora del Centro de estudios del Desarrollo de la UCV y directora del Observatorio Venezolano de Salud, explicó que para el diagnóstico de desnutrición severa hay signos y síntomas, entre ellos son dolencias referidas por los presos, pero en las cárceles venezolanas no hay personal que haga posible de recopilar, porque no hay personal especializados; sin embargo  a través de fotografías pueden verse como los presos presentan: palidez cutánea y de mucosas, mejillas hundidas, tórax delgado con costillas evidente, alteración en el color del cabello y edema por falta de proteína ( que no es más que la hinchazón en el abdomen)

“La desnutrición dentro de las cárceles venezolanas se acompaña del hacinamiento” destacó Herrera. A la vez que manifiesta que se está vulnerando el derecho humano a la alimentación, y recalca que las crisis carcelaria pueden  generar violencia dentro de las cárceles.

María de los Ángeles Rincón, abogada del OVP, expuso ante la CIDH como la existencia de armas de alto calibre siguen existiendo dentro de las prisiones y permanecen en poder los reclusos. Situación que aunque la CIDH ha realizado sus recomendaciones el Estado no ha tomado las medidas.

Rincón explica cómo es que los internos no reciben los alimentos de forma continua.

“En investigación para nuestro reciente informe sobre la desnutrición en las cárceles, se determinó que 40,1% de la población reclusa recibe alimentos 1 vez al día, 38% 2 veces al día, 9.2%  nunca recibe alimentos y solo el 12.7% manifestó recibir alimentos 3 veces al día

La abogada del OVP recordó que el hambre ha llevado a los reclusos a vivir situaciones extremas como fue el caso de un interno que tuvo que comer ratas para saciar el hambre y otro grupo de presos quienes mataron un perro para alimentarse.

Corrupción en los penales

Karen Valera, abogada del OVP, denunció ante la CIDH como la corrupción en los penales ha escalado dentro de las cárceles y calabozos policiales, existen cobros por el acceso a la comida y además la reventa de los mismos. Además se está cobrando por las visitas de niños, conyugales, por el acceso al agua, así como el derecho al estar en un recinto o a la convivencia a través de las llamadas “causas”, los cobros se hacen en dólares o a través de transferencias bancarias.

“Entre los agentes de corrupción hemos identificados personal del poder judicial, personal penitenciario y los propios presos”, detalló Valera.

Ante tal exposición el primer Vicepresidente y relator para personas de privadas de libertad de la CIDH, comisionado Stuardo Ralón, indicó que la situación en Venezuela era dramática. “En este caso los privados de libertad están alejados de cualquier estándar de protección que el Estado debe dar a las personas bajo sus custodias, son hechos gravísimos y condenables”.

Joel Hernández, comisionado de la CIDH,  destacó la labor de OVP , “es un trabajo importante visibilizar ante el mundo y la comisión las situaciones de los privados de libertad en Venezuela”.

Relatora Soledad García: “vemos temáticas muy difíciles de monitorear, no han puesto sobre la mesa una situación trágica y vemos que se han violado demasiados derechos.

La situación de los presos es extrema en Venezuela, estaríamos frente a una situación donde se evidencia la discriminación de un grupo social como son los privados de libertad ante el acceso de alimentos, agua y salud, esto involucra el derecho a la vida”.

Julissa Mantilla, presidenta de la CIDH, asegura que la situación de violencia sexual dentro de los centros penitenciarios le parece gravísima, producto que se han dado embarazos y maternidades forzadas.

Mantilla para finalizar hizo una mención especial a las mujeres que representaron ante la audiencia al OVP, las llamó la representación de la esperanza. “Ustedes han venido aquí a traer las voces de las privadas de libertad de las víctimas. Gracias porque son la voz de Venezuela y esa voz se va a seguir escuchando”

26 muertes violentas se reportaron durante febrero en Carabobo
16 de los casos corresponden a muertes por resistencia a la autoridad

De acuerdo a los sucesos publicados en los medios de comunicación durante el mes de febrero, el equipo del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en Carabobo contabilizó 26 muertes violentas. 16 de los casos corresponden a muertes por resistencia a la autoridad, siete a homicidios, dos Femicidios y un suicidio.

Las muertes por resistencia a la autoridad o intervención policial se refieren a presuntos delincuentes fallecidos en enfrentamientos con funcionarios de los cuerpos de seguridad. La versión de las autoridades apunta a que estos hechos ocurrieron cuando efectivos realizaban labores de patrullaje en operativos de seguridad y al percatarse de la presencia de sujetos en actitud sospechosa procedieron a su detención, lo que habría provocado el intercambio de disparos en los que resultaron muertos los supuestos antisociales.

Los municipios donde se registraron estos hechos fueron: Valencia (4), Juan José Mora (4), Guacara (4), Naguanagua (2), Puerto Cabello y Libertador con una muerte respectivamente. En 15 de los casos intervino la Policía de Carabobo y en uno la Policía del Municipio Puerto Cabello. Todos los presuntos delincuentes muertos eran de sexo masculino y los datos de identificación que suministraron las autoridades se limitaron a sus apodos y a las bandas delincuenciales de las que eran integrantes.

En seis de los casos de homicidio, las víctimas fueron de sexo masculino y uno de sexo femenino. Entre los casos destaca el asesinato de un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana a quien presuntos delincuentes interceptaron cuando llegaba a su vivienda y lo asesinaron para robarle su motocicleta. Otro funcionario de la Policía de Carabobo encontró la muerte luego de acudir a un Centro de Diagnóstico Integral con su pareja quien presentaba complicaciones de salud sin imaginar que caerían muertos en el sitio por heridas de armas de fuego; el uniformado fue despojado de su arma de reglamento, botas y su moto. Otra de las víctimas fue un abogado estrangulado en su residencia para robarle sus pertenencias y su vehículo.

Durante el mes de febrero también se reportó un doble homicidio; un padre y su hijo fueron asesinados en la vía pública al ser interceptados por unos individuos quienes les dispararon con arma de fuego sin mediar palabra. La venganza sería el móvil preliminar en este caso.

De la séptima víctima contabilizada se desconoce la identificación y circunstancias del crimen. El cuerpo baleado de un hombre fue encontrado en la vía pública y pasó a ser un caso en investigación.

Violencia de género

Dos mujeres de 35 y 37 años respectivamente fueron asesinadas por sus parejas luego de una fuerte discusión. La primera fue degollada en la sala de su vivienda mientras que la segunda recibió tres puñaladas por parte de su esposo quien posteriormente se quitó la vida.

Además de estos casos de femicidios, se reportó un intento de homicidio y suicidio contra una dama. En medio de una discusión, un hombre aceleró la motocicleta en la que se trasladaba junto a su pareja con el fin de provocar la muerte de ambos, pero al estrellarse contra una acera terminaron lesionados en la vía y fueron auxiliados por funcionarios policiales.

«La violencia de género se ha convertido en un problema de salud pública, la recurrencia de agresiones a la mujer por parte de sus parejas o miembros de la familia, así como casos que terminaron en femicidios fue una constante durante el año 2021 en la entidad y la tendencia por los casos presentados en lo que va del año es a que aumente el número de víctimas», señaló Giannina Fusco, Coordinadora del OVV Carabobo, al reiterar que las autoridades de la entidad deben diseñar y aplicar políticas de prevención y control de la criminalidad.