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DDHH olvidados | Un disparo al corazón de Alixon Dos Santos
 Alixon Dos Santos Pisani falleció el 22 de enero de 2019 en una protesta en Catia, en el oeste de Caracas. Testigos aseguraron que cuando el joven de 19 años cayó herido había funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en el lugar.
Entre el 21 y el 25 de enero de 2019, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1023 protestas en todo el país.  

 

@ValeriaPedicini 

Las protestas nocturnas en zonas populares tenían encendida a Venezuela desde que comenzó 2019. Y Caracas no era la excepción: manifestantes en sectores como La Pastora, las Fuerzas Armadas, Cotiza, Los Mecedores, El Amparo, El Valle, Propatria y Catia repudiaban al gobierno de Nicolás Maduro. La noche del martes 22 de enero, Alixon Dos Santos salió a las calles del municipio Libertador a hacer lo mismo. 

El joven de 19 años era panadero. Nació en Ciudad Bolívar, pero recién nacido lo llevaron a vivir con su tía y abuela en Caracas. “Alixon vivió su corta vida en Altavista. Como todo joven tenía muchos sueños, pero le gustaba trabajar para apoyarnos en el hogar. Se empeñó en proveernos de todo lo necesario para que estuviésemos bien. Él decidió sacrificar sus estudios por nosotros y creo que ese sentimiento de solidaridad lo impulsó a alzar su voz por la situación del país”, contó Nivia Pisani, tía de Alixon. 

Esa misma necesidad de expresar su descontento por la crisis que vive Venezuela hizo que el joven protestara esa noche de enero junto a vecinos y amigos en la avenida Sucre de Catia, en un callejón frente a la estación Gato Negro del Metro de Caracas. Mientras tanto, a varias cuadras del lugar, su tía estaba en su casa en Altavista revisando las redes sociales, ajena a lo que ocurría. 

Manifestantes bloquearon las calles e iniciaron un “cacerolazo”. Al principio se produjo un enfrentamiento entre cuerpos de seguridad del Estado y quienes protestaban. Grupo de antimotines de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lanzaron bombas lacrimógenas contra aquellos que tenían bloqueadas las vías y en respuesta les arrojaban piedras. 

Pero alrededor de las 10 de la noche, dos motos con personas uniformadas de la PNB se acercaron a la concentración. Un disparo sonó en medio de la protesta en el oeste de la ciudad. “Desde el asiento trasero de una de ellas, un oficial habría disparado con un arma corta contra la multitud de forma indiscriminada e hirió a Alixon”, dice un reporte de víctimas de las protestas de 2019 realizado por Amnistía Internacional

Testigos señalaron que, en medio de la oscuridad, cuando el joven cayó mal herido, había funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En un análisis de las imágenes de la protesta, así como de los casquillos que fueron recabados del sitio, Amnistía Internacional confirmó la existencia de miembros motorizados de la PNB, así como el uso de un arma semiautomática de cartuchos de 9 mm. 

Un motorizado se acercó a casa de Nivia a gritarle desde la acera que le habían disparado a Alixon. Su primera reacción fue mostrarse incrédula. “Deja la pendejada, esos no son juegos”. Pero su actitud cambió cuando vio las lágrimas en el rostro de aquel mensajero. Se subió a la moto y juntos se fueron hasta el Hospital Periférico de Catia, donde unos amigos habían trasladado al joven después de que fuera herido. 

Médicos y enfermeras llevaron a Nivia hasta la camilla donde estaba el cuerpo de su sobrino, cubierto hasta la cabeza con una sábana blanca. Le informaron que un disparo al corazón (en el hemitórax izquierdo) le había quitado la vida al joven de 19 años. Intentaron brindarle primeros auxilios, pero había llegado sin signos vitales al centro de salud. 

En el hospital, varios de los manifestantes que también estaban con Alixon en la protesta, exclamaban: “¡Fueron las FAES, fueron las FAES! Nosotros los vimos, con sus uniformes y sus armas. Todo el mundo en estos barrios los reconoce”, según documentó la organización Proiuris

Nivia contó que mientras se encontraban en el hospital, funcionarios llegaron al lugar para intimidarlos. “Quizás con la intención de que no denunciáramos lo ocurrido. Tuvimos que salir por la parte posterior del hospital para poder resguardarnos”, recuerda la tía del joven de 19 años. 

“A Alixon lo asesinan en el marco de estas protestas, un día después del alzamiento en Cotiza y en víspera de la marcha convocada para el  23 de enero, lamentablemente fue la primera víctima de la represión en el 2019. Él y varios vecinos se encontraban apostados gritando consignas en un callejón frente a la estación del metro Gato Negro, no representaban peligro para nadie, es más ni siquiera afectaban el tránsito por la avenida Sucre”, expresó. 

En comparación a las protestas de 2017, las manifestaciones de 2019 estuvieron marcadas por la espontaneidad, por haberse trasladado del este al oeste o centro de Caracas y por ocurrir al caer la noche, casi siempre después de las 8:00 p.m. Entre el 21 y el 25 de enero, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1023 protestas en todo el país.  

Los cuerpos de seguridad también salieron a reprimir. El OVCS identificó a 51 personas muertas durante las manifestaciones, en Caracas y otras ciudades, entre el 22 de enero y 7 de abril, la gran mayoría por impacto de bala. El 68% de los asesinados son atribuibles al uso excesivo de la fuerza pública, siendo la GNB la principal responsable y seguida por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES).

Llamadas también “escuadrón de la muerte” y calificadas como “grupo de exterminio”, el cuerpo de seguridad adscrito a la PNB fue creado a mediados de 2017 por Nicolás Maduro para que se sumaran “al combate por la seguridad, contra el crimen y contra el terrorismo”. Son la fuerza policial de mayor letalidad. Desde su creación, hasta mediados de 2019, habían acumulado más de 7.000 denuncias de ejecuciones policiales en todo el territorio.

El 23 de enero de 2019, día después de la muerte de Alixon Dos Santos y día de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado, no solo rompió el récord de muertes durante protestas contra el Gobierno (al menos 20), sino también el de detenciones: 696 arrestos habían sido registradas hasta el 28 de enero, según el Foro Penal Venezolano. 

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció este viernes 27 de noviembre de 2020 que 187 personas han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales “en el ejercicio del derecho a la manifestación” desde las protestas de 2014.

“En el acta no dice por ningún lado que lo mató las FAES. Pero hay muchos testigos, manifestantes, que vieron todo. Es un hecho”. El asesinato de Alixon Dos Santos sigue impune. Un fiscal asignado por el Estado venezolano concluyó que “el caso está cerrado porque no hay evidencias” de interés criminalístico, según contó Nivia. 

N de R: El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón

Codhez: Ser mujer en un estado fronterizo tiene un componente más álgido
En el Conversatorio “Así habla la mujer venezolana sobre derechos humanos” intervinieron igualmente representantes de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón

Este jueves 26 de noviembre culminó el ciclo de conversatorios virtuales “Así habla la mujer venezolana sobre derechos humanos”, con una charla donde participaron profesionales, activistas y víctimas del estado Zulia, quienes expusieron la situación de los derechos humanos en esta región del país.

En el evento intervino la abogada Lisseth Mogollón Villalobos, coordinadora de emprendimiento de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ), quien se refirió  a las dificultades que atraviesan los zulianos en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja, situación agravada por tratarse Zulia de un estado fronterizo militarizado, sin garantías de servicios básicos, corredor migratorio y aquejado por múltiples problemas originados del contrabando.                                 

“Todos los zulianos sorteamos una montaña de dificultades para satisfacer nuestras  necesidades básicas, pero ser mujer en un estado fronterizo tiene un componente más álgido por las dificultades que acarrea en asuntos como inseguridad alimentaria, acceso a la salud, servicios públicos, etc. Son temas complejos y relevantes que nos han llevado a empoderar a las mujeres, para que puedan hacer frente a la realidad, fijar posición y reconocerse como sujeto protagonista de derechos. La voluntad de resistencia natural que tenemos las mujeres debe ser explotada para generar mayor resiliencia, para poder ayudar a los demás y contribuir al restablecimiento del Estado de derecho en nuestro país”, puntualizó.

Por su parte María Antonieta Torres Ferrer, monitora del Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional y delegada de Justicia, Encuentro y Perdón en el Zulia, recordó que desde el 2014 adelanta un trabajo de documentación, registro y visibilización de casos de abusos y violaciones a los derechos humanos en la región, de la mano de un equipo de activistas comprometido con las víctimas.                                                                                                                 

“Hemos documentado y visibilizado todos los abusos de un patrón de represión claramente establecido. Brindamos acompañamiento, asesoría y una escucha activa, profundamente humana, porque se trata de personas que necesitan ayuda, no son solo cifras o estadísticas. Hemos enfrentado desafíos estigmatizantes de operadores judiciales y de colegas, pero eso no ha aminorado nuestro trabajo porque estamos enfocados en trabajar para construir y exigir justicia por todas las víctimas de la represión”.

Vidalina Ferrebus, madre del estudiante Luis Miguel Núñez, quien está confinado a una silla de ruedas tras ser impactado por la policía estatal durante una protesta en la capital zuliana, el 12 de marzo de 2014, enumeró las intimidaciones y acosos  sufridos por la familia tras este lamentable hecho, así como las dificultades que han atravesado durante los últimos seis años para que se haga justicia.               

“¡Ese policía le quitó todos los derechos a mi hijo. Ojalá se logre hacer justicia, que este crimen no quede impune!”, clamó Ferrebus durante su intervención.

El ciclo de charlas virtuales “Así habla la mujer venezolana sobre derechos humanos” inició el pasado 22 de octubre y durante  6  semanas sirvió de escenario para que diversas profesionales, víctimas y activistas de los estados Carabobo, Lara, Táchira, Mérida,  Zulia y el Distrito Capital expusieron la situación de los derechos humanos que se vive en sus regiones.

Al final del evento, Rosa Orozco y Martha Tineo, directora ejecutiva y coordinadora general de JEP, respectivamente, agradecieron el apoyo y aporte brindados por todos los participantes durante este mes y medio de actividades “con estas historias de vida que pretenden ser ejemplo y motivo para la defensa de los derechos humanos”. Igualmente se comprometieron a seguir impulsando actividades de este calado en pro de impulsar ideas, propuestas y acciones “que nos sirvan para convertirnos en personas resilientes, que ayuden a transformar el dolor en  fuerza motora para la reconstrucción de Venezuela. La mujer venezolana se caracteriza por ser fuerte y debemos seguir así”, concluyeron.

 

Los que no se rinden | OVSP: La conectividad amenaza el levantamiento de datos
Desde 2017, el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos recoge la percepción ciudadana sobre electricidad, agua, gas, aseo urbano y telecomunicaciones

@franzambranor 

La inexistencia de datos y estadísticas que explicaran la crisis de los servicios públicos en Venezuela hicieron que por iniciativa propia un grupo de profesionales optasen por crear una organización a finales de 2017 para monitorear y canalizar las quejas de los usuarios.

Julio César Cubas, junto a expertos en el área de implementación de políticas públicas y gestión de servicios, edificaron el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos para evidenciar a través de cifras, análisis y testimonios, la hecatombe que se vive a diario en el país en materia de electricidad, agua, gas doméstico, aseo urbano y telecomunicaciones.

“Nos encargamos de la divulgación de la percepción ciudadana sobre el desempeño de los servicios públicos en Venezuela”, dijo Cubas, presidente del OVSP.

El Observatorio forma parte de la sociedad civil Esda (Entorno, Sociedad, Desarrollo y Ambiente) cuyo objetivo es generar diagnósticos objetivos para la generación de resultados en políticas públicas que mejoren la calidad de vida del venezolano.

Cubas aseveró que para obtener un resultado más fidedigno trabajan en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil que estudian temas sobre servicios y derechos humanos.

El presidente del OVSP sostuvo que cualquiera puede colaborar en la coordinación de actividades para difundir información sobre los servicios públicos.

De acuerdo al boletín de mayo y junio de 2020, el OVSP determinó que el 68,2% de los habitantes de diez estados tiene una percepción negativa del servicio de agua potable; 58,8% de electricidad, 52,7% de aseo urbano y 65,3% de internet.

Apenas 34,% de la población encuestada aseguró tener servicio de internet en casa y de este universo 32,52 la valora como positiva.

En 2020, el servicio de gas domiciliario ha sido el peor evaluado por los consultados por el OVSP. En Venezuela se estima que 93,2% de las familias emplean bombonas, de esa cantidad 53,3% considera que el sistema ha empeorado. Esa valoración es exponencial en estados como Táchira, Barinas, y Bolívar, donde las cifras de rechazo escalan a 73,1%; 72,1% y 63,5%, respectivamente.

Un 33,2% afirmó que empleaba leña para cocinar en vista de la escasez de gas doméstico. “Son muchas las opciones por las cuales han optado los ciudadanos, sin embargo el primer lugar lo tienen las cocinas y hornillas eléctricas con 39,3%, luego la leña, seguido por la compra de bombonas o cilindros de gas adicionales con 15,7% y carbón con 2,4%” dijo Cubas.

De acuerdo al OVSP, 58,1% de encuestados en diez entidades estarían de acuerdo con un aumento de los servicios públicos si estos mejoran. Entrevistados alegan que ahora posee un gasto adicional comprando cisternas, plantas eléctricas y cocinas portátiles. 

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer la organización? 

Julio Cesar Cubas: El contexto se enmarca en el incremento de quejas y denuncias por deficiencia en los servicios públicos. No había datos que explicaran esta condición. Ahora hay un poco más de disponibilidad de información sobre la percepción de los usuarios acerca del desempeño de los servicios.

¿En qué zonas operan? 

JCB: En Caracas y en otras ciudades del país donde se realizan levantamiento de datos y actividades de difusión.

¿Cuáles son los mayores retos de la organización y las amenazas que enfrentan?

JCB: El reto mayor es lograr un alcance masivo en el proceso de levantamiento de datos y las principales amenazas tienen que ver con los problemas de conectividad para realizar el levantamiento de datos por vía telefónica

¿Un caso emblemático? 

JCB: Un levantamiento de información especial realizado inmediatamente después del primer apagón general en marzo de 2019, el cual permitió comprender la situación de desgaste que teníamos en materia de servicios públicos. 

Implementación de educación en línea está ampliando grandes desigualdades
Por medio de un estudio, el Observatorio de Universidades determinó que 47% de los estudiantes no cuenta con computadora portátil  

El Observatorio de Universidades presentó este viernes el informe Enobu Virtual 2020 con datos y apreciaciones sobre el proceso de las clases en línea y las dificultades que atraviesan los estudiantes y profesores venezolanos dada la escasa dotación de equipos y la pésima calidad de servicios de electricidad e internet.

Yelena Salazar, socióloga y docente universitaria, expuso que 39% de los profesores no cuentan con computadoras portátiles, solo 24% tienen computadoras de escritorio de uso compartido y un 73% tiene teléfonos inteligentes para las clases virtuales. En el caso de los estudiantes 47% no cuenta con computadora portátil y 27% tiene computadoras de uso compartido. 

En el acceso a internet un 45% de los profesores y un 58% de los estudiantes veía clases a través de datos móviles de teléfono. De acuerdo con lo registrado solo un 54% tiene acceso a internet banda ancha de Cantv, detalló Salazar.

La organización determinó que la región Guayana y Nororiente que incluye Bolívar, Delta Amacuro, Amazonas, Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta son los que menos tienen acceso a computadoras portátiles o teléfonos inteligentes. “Estos estudiantes y profesores quedarían prácticamente excluidos del proceso de educación”, dijo Carlos Meléndez, profesor y directivo del observatorio.

Aseguró que 47% de los profesores y 48% de los estudiantes en Venezuela no cuentan con servicio eléctrico eficiente, esto quiere decir que pueden sufrir cortes eléctricos a diario de entre 3 a 6 horas.

De acuerdo con lo registrado, casi ocho de cada 10 estudiantes y profesores de la región Occidente y Nororiente no cuentan con internet de forma continua para cumplir con sus estudios. En la región capital donde menos tienen problemas para acceder este servicio, cinco de cada 10 presentan fallas de conexión. “Es un número muy alto, más de la mitad”, expresó Meléndez.

Meléndez denunció que “la implementación de la educación virtual está ampliando las grandes desigualdades en Venezuela”. Para el especialista la diferencia entre las universidades privadas y públicas se está agrandando por lo que advirtió que la nula inversión del Estado para atender a personas vulnerables solo genera que una elite pueda acceder a educación superior. 

Sin clases 

Salazar detalló que 56 de los profesores encuestados no impartió clases, mientras un 44% de los estudiantes no han podido continuar con sus estudios durante la pandemia. Por su parte, 51% de los docentes públicos afirmó que no se les proporcionó el entorno virtual para crear aulas virtuales.

Solo 43% de los docentes recibió orientación de la universidad para el uso de aulas virtuales, otro 30% pese a que recibieron ayuda para desarrollar esta metodología, consideraron que el apoyo fue insuficiente y un 27% no recibió ningún tipo de orientación para llevar a cabo este método de trabajo.

La mayoría de las herramientas utilizadas para dar clases no han sido las más correctas para el proceso en línea. 62% de los profesores utiliza WhatsApp y correo electrónico para sus clases virtuales y un 20% utiliza mensajería de texto.

De acuerdo con Meléndez en las instituciones del gobierno más del 80% utiliza WhatsApp durante la enseñanza. “Este tipo universidades está utilizando en mayor medida otras herramientas complementarias, como principales”, expresó. “Centrar la educación virtual en aplicaciones como WhatsApp no garantiza que se esté impartiendo la educación de calidad”.

Baja motivación 

Un 42% de los profesores reflejó estar entre poco y nada motivado, 30% medianamente motivado y solo un 28% motivado. “Las principales causas están asociados por sus condiciones salariales”, dijo Salazar. Sumado al bajo pago, el observatorio determinó que la desmotivación también pasa por las pocas herramientas de trabajo que brindan las casas de estudios.

Además, 51% de los profesores encuestados consideró que la educación virtual es de regular a deficiente y 32% de buena a excelente, mientras que un 63% de los estudiantes la calificaron como deficiente y solo un 25% afirmó que era igual a la presencial.

El plan Universidad en Casa promovido por el gobierno es casi desconocido en las universidades. 71% de los profesores y 84% de los estudiantes no conoce este plan. “La ausencia de coordinación y de políticas para el sector universitario, evidencian que el derecho a la educación no es prioritario para el gobierno”, denunció Meléndez.

Hacia las mejoras 

Salazar, por su parte, señaló que hay que mejorar las condiciones de los estudiantes y los salarios de los profesores. “La política tiene que ser integral”. Para la especialista habrá que trabajar en conjunto entre universidades públicas y privadas para solucionar la condición tan grave de la educación superior.

Resaltó que hay que preparar a estudiantes y profesores en temas didácticos y pedagógicos de educación virtual. “Los estudiantes deben ser incluidos en esos procesos de formación para optimizar el uso de las herramientas”, agregó.

Por último, instó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a colaborar con las universidades públicas para sobrellevar los daños de la emergencia humanitaria.

Codhez: Salario mínimo solo alcanza para un rollo de pabilo en Navidad
Una familia en Maracaibo necesita casi 30 millones de bolívares para comprar 21 alimentos básicos

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) efectuó el monitoreo de precios de alimentos en Maracaibo correspondiente a la primera quincena de noviembre. En este reporte se evidencia un desproporcionado y preocupante aumento de los productos de la cesta básica de alimentos.

Una familia en Maracaibo necesita, en promedio, Bs. 29.152.334,34 para comprar 21 alimentos básicos, que incluyen productos como la carne de res, pollo, granos, huevos, cebolla, tomate, yuca, queso, harina de maíz, arroz, pasta, margarina, y aceite vegetal. Así pues, en comparación con la segunda quincena de octubre, la cifra es +33% más alta, y equivale a 7.288,08% del salario mínimo mensual.

Igualmente, si se considera ese monto en atención a la tasa de cambio promedio para el 20 de noviembre de Bs/USD 666.491,91, reflejaría un total de USD 43,74, todo esto en contraste con los Bs. 400.000,00 de salario mínimo mensual, equivalentes a USD 0,60.

Precios anclados a la hiperinflación

El alimento que experimentó mayor incremento de precio fue el huevo por unidad. Para adquirirlo es necesario contar con Bs. 79.166,67, esto significa un alza de +62% de una quincena a otra.

Por su parte, el rubro de las carnes rojas elevó sus precios entre +28% y +31%. El corte de primera, por ejemplo, subió +28%, para un precio promedio de Bs. 2.697.091,75.

El pollo y sus distintas presentaciones tuvieron el mismo efecto. Un pollo entero, cuyo precio está regulado por el gobierno nacional en Bs. 292.793,20, tiene un valor en el mercado de Bs. 1.323.405,24, es decir, +352% por encima de la regulación. Además, el precio promedio de los muslos de pollo se incrementó +39%, con un precio en el mercado de Bs. 1.628.688,15.

Sin embargo, no solo los proteicos cárnicos experimentaron una subida considerable en sus costos. Todos los granos también presentaron un aumento promedio de 35% en sus precios.

El precio de las caraotas (+37% más caro) se fijó en Bs. 1.498.202,94. El costo del kilogramo de frijoles (+36%) se ubicó en Bs. 1.289.171,43, y el de las arvejas (+34%) en Bs. 1.816.503,91.

Sueldo mínimo cada vez más inalcanzable

Ante la proximidad del período decembrino, Codhez realizó el monitoreo de algunos de los productos necesarios para la preparación de los platos típicos de esa época, que usualmente se comienzan a comercializar con anticipación.

En principio, el kilo de bijao tiene un precio promedio de Bs.1.675.136,50, que. en comparación con su precio en diciembre de 2019, supone un aumento de +2.907,57%.

En el caso del pabilo, este presenta un precio de Bs. 227.331,33, con un aumento de 735,23% en contraste con su precio de hace un año; monto que además representa más de la mitad de un salario mínimo mensual (57%).

Asimismo, las aceitunas están marcadas en Bs. 3.346.571,22 por kilogramo, destacando un aumento considerable de +895,90%. Por último, las uvas pasas, con un valor en el mercado de Bs. 4.279.810,50, se posicionaron en +1.365,56% más que el año pasado, equivalentes a 1.070% del salario mínimo mensual.

Ante los resultados de este monitoreo, realizado del 12 al 15 de noviembre en establecimientos de Maracaibo, Codhez insiste que el Estado venezolano incumple con su obligación de establecer un salario suficiente que permita vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales (artículo 91 de la Constitución), así como el mandato de diseñar e implementar medidas que garanticen a todas las personas el acceso a alimentos nutricionales de manera suficiente y estable (artículo 305 constitucional).

Para la organización de derechos humanos, el panorama del acceso a la alimentación ha empeorado con las condiciones experimentadas a partir de marzo de 2020. “El temor al contagio de Covid-19, así como los constatados obstáculos para la movilidad, han impactado de forma grave en la calidad de vida, generando una sensación de desesperanza en la población”, destaca Codhez en su reporte.

Informe de Scholars at Risk refleja la crisis de la educación universitaria en Venezuela
Entre septiembre de 2019 y agosto de 2020 se produjeron siete ataques a universidades en el país  

El pasado 18 de noviembre la red internacional Scholars at Risk (SAR) publicó su más reciente informe, Free to Think 2020, que da cuenta del estado actual de la libertad académica en el mundo.

SAR, cuya misión es proteger a las comunidades de educación superior y a sus miembros de ataques violentos y coercitivos, determinó que entre el 1° de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020 ocurrieron 341 ataques a comunidades de educación superior en 58 países. Siete de esos ataques se registraron en Venezuela.

El referido informe se basó en datos del Proyecto de Monitoreo de Libertad Académica que desarrolla la red SAR. Los investigadores de Free to Think 2020 identificaron distintas tendencias relacionadas con ataques a universidades y universitarios, a partir de las cuales hicieron un análisis detallado de las presiones ejercidas sobre comunidades de educación superior. Entre los resultados obtenidos se incluyen los “impactos de la crisis económica de Venezuela en un sistema de educación superior en apuros”, señala la nota de prensa sobre la presentación del informe.

Robert Quinn, director ejecutivo de SAR, resaltó que los investigadores observaron que durante la pandemia por COVID-19 han sido persistentes los ataques y las amenazas contra académicos, estudiantes y espacios universitarios. “Vemos científicos amenazados por realizar investigaciones que contradigan los mensajes que los Estados quieren proyectar. Vemos presiones crecientes sobre los académicos que comentan sobre los esfuerzos de respuesta del gobierno. Y vemos que las autoridades utilizan la pandemia como una tapadera para reprimir y castigar la libre investigación y expresión en general”, dijo.

Del total de países monitoreados para el informe, en cuatro se ejecutó la mayor cantidad de ataques y/o amenazas a la libertad académica y las comunidades universitarias: China (zona continental y Hong Kong), India, Turquía, Venezuela y Yemen.

El declive de las universidades venezolanas

El informe Free to Think 2020 determina cuatro factores que constituyen las principales causas del declive de la educación superior en Venezuela, sobre todo en las universidades autónomas: asfixia presupuestaria; acciones gubernamentales que obstaculizan la realización de elecciones universitarias y limitan la gobernanza autónoma; ataques violentos y coercitivos contra universitarios; y disminución de la investigación científica y migración de personal calificado.

En el contexto de la pandemia por COVID-19, la red SAR analizó que junto al déficit presupuestario masivo preexistente, los bajos salarios de los profesores (actualmente inferiores a 6 dólares mensuales, en el mejor de los casos), y una alta tasa de emigración de profesores y estudiantes –factores que ya habían erosionado la calidad de la educación y la investigación-, ahora la desaparición del aprendizaje presencial y la imposibilidad de cumplir cabalmente la enseñanza virtual debido al pésimo funcionamiento de los servicios eléctrico y de Internet constituyen nuevos agravantes de la decadencia de las universidades en Venezuela.

En cuanto a las limitaciones a la gobernanza autónoma, el informe menciona la sentencia N° 0324 emitida por la Sala Constitucional del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 27 de agosto de 2019, donde el régimen de facto levanta la suspensión de las elecciones universitarias que sumaba más de una década y ordena que las elecciones se realicen en seis meses. “Pero la sentencia dispuso procedimientos electorales similares a los previstos en la Ley Orgánica de Educación, vulnerando la autonomía universitaria en violación del mandato explícito de la constitución venezolana. La decisión provocó protestas en todo el país”, advierte el informe. En febrero de 2020 el TSJ ilegítimo revocó la referida sentencia, pero hasta la fecha no se han realizado elecciones universitarias.

Sobre los ataques violentos y coercitivos contra autoridades, estudiantes y profesores universitarios, el reporte contabiliza siete en Venezuela durante el período analizado. Dos de ellos ocurrieron durante la cuarentena nacional por la COVID-19. En el mes de marzo Omar Prieto, gobernador del estado Zulia, contra Freddy Pachano, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), tras expresar públicamente su preocupación por la falta de equipos de protección adecuados para el personal médico. El segundo ataque fue hecho el 14 de mayo por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), contra miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, autores de un informe que indicaba que el número de casos de COVID-19 podría ser mucho mayor del reportado por el régimen.

Respecto de la disminución de la investigación científica y la migración de personal calificado, el informe señala que “para 2019, aproximadamente el 50% de los profesores de todas las universidades venezolanas habían abandonado el país. Asimismo, el 30% de los investigadores del país habían emigrado en abril de 2019”. Esta fuga de cerebros se refleja en la disminución de publicaciones científicas venezolanas y en el descenso de las universidades nacionales en rankings internacionales.

“Según SCImago Journal & Country Rank, un portal en línea disponible públicamente que clasifica los países por producción de revistas, en 1998, las universidades venezolanas proporcionaron el 4,8% de los artículos de revistas de América Latina (aproximadamente proporcional a la población de Venezuela como porcentaje de la población general de América Latina en ese momento). Para 2019, ese número se redujo a 0,8%”, refiere el informe.

Finalmente, el Índice de Libertad Académica 2020 elaborado por el Instituto de Política Pública Global (GPPI, por sus siglas en inglés), en alianza con otras organizaciones, muestra el progresivo declive de Venezuela en el respeto a la libertad académica desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999. En la escala de 0 a 1 de este Índice, Venezuela suma 0,28 puntos para 2020, lo que le da una clasificación “D” y lo sitúa cerca del quintil inferior de los 140 países evaluados, muy por debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe (0,77).

Recomendaciones del informe para Venezuela

Especialmente en Venezuela, la red SAR insta a las autoridades estatales a acatar las siguientes recomendaciones:

• Afirmar públicamente un compromiso con la no violencia y la responsabilidad social y tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la libre expresión de los estudiantes, en el campus y en otros lugares, esté protegida;

• Asegurar el cumplimiento de las protecciones legales para la autonomía institucional bajo la ley venezolana;

• Tomar medidas consistentes con el ejercicio más pleno de autonomía institucional y libertad académica para garantizar la seguridad de las comunidades de educación superior en toda Venezuela, prevenir futuros ataques y responsabilizar a los autores de ataques pasados; y

• Rechazar consideraciones políticas partidistas a la hora de elaborar presupuestos para instituciones públicas de educación superior.

 

Roland Carreño: otro caso más de persecución política en Venezuela
El periodista fue arrestado luego de la fuga de Leopoldo López

Pese a que hace menos de dos meses la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas denunció que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad como las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas para silenciar a la disidencia, la administración de Nicolás Maduro continúa utilizando estas prácticas contra sus opositores.

Así ha ocurrido en el reciente caso del periodista y dirigente del partido Voluntad Popular (VP), Roland Carreño, a quien se le ha aplicado el mismo patrón denunciado por el grupo de investigadores designado por el Consejo de Derechos Humanos, que consta por lo menos de cinco prácticas.

Detención violenta sin orden judicial o en supuesta flagrancia

Los familiares y amigos de Carreño perdieron contacto con él en la tarde del 26 de octubre de 2020; es decir, casi 48 horas después de que se conociera que el líder fundador de VP y exalcalde de Chacao, Leopoldo López, había dejado la Embajada de España, donde se encontraba en condición de huésped desde los sucesos del 30 de abril de 2019.

Pese a que la Constitución de 1999, en su artículo 44, es muy clara al señalar que «ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti», vecinos del dirigente político habrían asegurado a sus familiares que este fue abordado mientras viajaba en un vehículo por unas personas sin identificación, las cuales le obligaron a entrar en una camioneta negra, también sin identificación.

Ausencia de información sobre el motivo de la detención e incomunicación del detenido

Durante casi 24 horas los familiares, abogados y allegados a Carreño no tuvieron certeza de dónde se encontraba ni quién lo tenía, aunque se trasladaron hasta las sedes de organismos como el cuestionado Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y hasta el Palacio de Justicia para tener noticias de él. No fue sino hasta casi 24 horas después de su desaparición, y producto de la campaña por redes sociales, que las autoridades anunciaron que lo tenían en su poder. No obstante, la información no fue completa, porque en ningún momento precisaron dónde estaba, quién lo tenía ni por qué.

La ausencia de la información antes mencionada representa otra violación al artículo 44 de la Constitución, el cual señala lo siguiente:

«Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas del lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o con el auxilio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios que la practicaron».

Además, esta actuación irregular es la base para considerar que esta detención fue arbitraria y se constituyó en una desaparición forzada, aunque de corta duración, a la luz de la Convención Internacional contra la Desaparición de Personas, tal y como lo advirtió la Misión en su informe sobre Venezuela, que afirmó:

«La desaparición forzada implica la privación de libertad contra la voluntad de la persona y la participación de agentes del Estado, ya sea por comisión, tolerancia o aquiescencia, y el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida. No existe un plazo mínimo, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, durante el cual una persona detenida deba ser sometida a desaparición forzada para que se produzca la violación».

En su informe, la Misión de la ONU verificó también que esta es una práctica rutinaria de los cuerpos de seguridad del estado venezolano; como muestra mencionó los casos del dirigente Yon Goicoechea y los diputados Gilber Caro y Juan Requesens, por mencionar algunos en que hubo desapariciones  de corta duración; así como otros más graves, como los ocurridos en la masacre de Barlovento de octubre de 2016, donde las víctimas fueron desaparecidas y ajusticiadas.

El Foro Penal Venezolano, en un informe publicado en junio pasado, contabilizó 724 casos similares entre 2018 y 2019. Estos datos revelan que hay un patrón en Venezuela, una verdadera política de Estado.

Siembra de evidencias y confesiones forzadas

El mismo 27 de octubre, minutos después de que el ministro de Comunicación, Freddy Náñez, confirmara la detención de Roland Carreño el fiscal designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció en Twitter que el dirigente político estaría planificando actos «conspirativos contra la paz democrática» y aseguró que al momento de su captura, por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana, le incautaron un fusil y dólares en efectivo.

Sobre Goicoecha, Gilber Caro y Requesens, por solo mencionar algunos casos, las autoridades hicieron afirmaciones parecidas.

La defensa del periodista y dirigente de Voluntad Popular ha puesto en duda la versión oficial. La abogada Ana Leonor Acosta indicó:

«Hay múltiples irregularidades en el expediente, empezando por el acta policial de detención donde ni siquiera se siguió el procedimiento adecuado. El régimen le sembró elementos. No contó con los dos testigos correspondientes según la ley, y además no se le informó a Roland sobre un procedimiento de chequeo. Todas son actuaciones montadas para incriminar a Roland Carreño».

En el allanamiento a la residencia de Carreño también se verificaron las mismas irregularidades que se vienen registrando desde hace un tiempo en otros casos: la ausencia de testigos confiables que certifiquen su transparencia.

Otro vicio de este proceso fue la difusión de un video el 30 de octubre por parte del exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en el cual el dirigente político una vez detenido explica su trabajo y «confiesa» que el dinero para financiar su partido lo recibiría desde la Fundación Simón Bolívar que la junta ad hoc designada por la Asamblea Nacional nombró en Citgo, la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La grabación, de la cual los abogados de la defensa aseguran que se realizó sin estar ellos presentes y bajo coacción, debería además estar reservada, por cuanto forma parte de las evidencias que el Ministerio Público utilizará en un eventual juicio contra el imputado. Esto representa una violación al debido proceso.

Declaración de altos funcionarios antes o poco después de la detención

Distintos voceros gubernamentales se han dedicado a vincular a Carreño con sucesos como la fallida incursión de Macuto de 2020 y otros movimientos que presuntamente tenían por propósito desalojar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores.

En estos casos, también es un patrón la ejecución de una campaña mediática por parte de los principales voceros oficiales para desprestigiar a la persona detenida. Tales actuaciones al margen del proceso judicial buscan culpabilizarla ante la opinión pública y la condenan antes que un tribunal se pronuncie, en clara violación del principio de presunción de inocencia que la Constitución le otorga a toda persona en este tipo de situación. Esto es confirmado, entre otros aspectos, por el hecho de que en tales declaraciones nunca se usa el «presunto» o «presuntamente», ante la ausencia de una sentencia condenatoria, lo que pone en evidencia que el fin perseguido es destruir la imagen y el prestigio del detenido con independencia de lo que pase en la vía judicial.

A la cárcel y sin garantías

El 29 de octubre, Roland Carreño fue presentado ante el Tribunal Estadal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia contra el Terrorismo a Nivel Nacional, que admitió la imputación por financiamiento al terrorismo; conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra contra el periodista.

De tal forma, la acusación de terrorismo sirve para que el caso sea conocido por un pequeño grupo de jueces que son los que se encargan de estas causas, pero que, como la mayoría, son designados arbitrariamente obviando el proceso de concurso público de oposición establecido en la Constitución.

El Tribunal contra el Terrorismo antes mencionado acordó dejar preventivamente detenido al dirigente político, por considerar que existe peligro de fuga y obstaculización de la justicia. De nada valió en este sentido que se demostrara que Carreño realiza sus labores profesionales como periodista en el país, donde además residen sus hijos y madre; y que no se conocía de ningún otro proceso judicial en su contra.

Por el mismo camino

El caso de Carreño revela que el Gobierno de Maduro ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Misión de la ONU. Dicha instancia en su informe exigió a las autoridades «acabar con las desapariciones forzadas y permitir que las personas detenidas informen inmediatamente a sus familiares u otras personas de su detención y su paradero» y «permitir el acceso inmediato a la representación legal». Asimismo, exigió que «ninguna persona sea arrestada o detenida excepto en cumplimiento de una orden judicial o en el acto de cometer un delito» y «llevar a cabo una revisión judicial sistemática de la legalidad de las detenciones».

Los funcionarios parecen no haber entendido que estas prácticas, por ser parte de un patrón sistemático como se ha evidenciado, son delitos de lesa humanidad, por los cuales desde quienes los planificaron hasta quienes los ejecutaron y toleraron pueden terminar siendo procesados por la Corte Penal Internacional (CPI), la cual tiene potestades para procesar a individualidades por la comisión de estos delitos. De hecho, su Fiscalía acaba de reconocer su presunta existencia en Venezuela.

DDHH olvidados | Al Capitán América lo asesinaron de un disparo en el abdomen
Adrián Duque, joven de 24 años, falleció en 2017 durante una manifestación en el estado Zulia en 2017. Fue impactado por una metra en la región abdominal. Testigos señalan como supuestos responsables a funcionarios de la GNB.
Durante las protestas de 2017, un registro llevado por Runrun.es contabilizó 158 muertos.

 

@ValeriaPedicini

A Adrián Duque le decían “Capitán América”.  Así lo apodaron sus allegados porque siempre acostumbraba a llevar un escudo con los colores azul, rojo y blanco que identifican al superhéroe de Marvel. 

Llevaba ese mismo escudo el día en que murió. 

La noche del miércoles 24 de mayo de 2017, Adrián estaba manifestando en los alrededores de Tostadas El Matapalo, frente al conjunto residencial Torres El Saladillo, en el casco central de Maracaibo. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se acercaron hasta el lugar para reprimir la protesta en la zona.  

Todo sucedió en cuestión de segundos. Se produjo un enfrentamiento entre ambos grupos y los efectivos acorralaron a los manifestantes. Nada pudo hacer el escudo que usaba para protegerse: Adrián fue impactado por una metra en la región abdominal izquierda. 

El joven de 24 años fue trasladado alrededor de las 8:30 de la noche hasta el Hospital Chiquinquirá. Pero nada pudieron hacer los médicos que lo atendieron porque llegó al centro de salud sin signos vitales. 

Se conoció que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron al sitio para recolectar evidencias y determinar las responsabilidades penales. Asimismo, el Ministerio Público comisionó al fiscal 4 del estado Zulia, Israel Vargas, para dirigir la investigación sobre la muerte de Adrián Duque. 

Según información suministrada por el  mayor general Tito Urbano Meleán, jefe de la  Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) del estado Zulia, Adrián Duque habría muerto el impacto de una metra disparada con un chopo, arma de fabricación casera. Gervasio Vera, jefe del Cicpc-Zulia para la fecha, explicó que al realizar la autopsia se logró sustraer una esfera de vidrio.

Sin embargo, personas que se encontraban en el lugar señalaron como supuestos responsables a funcionarios de la GNB que dispersaron la manifestación y reprimían a los jóvenes que protestaban. “Adrián se estaba protegiendo con un escudo y durante un descuido volteó y recibió el impacto en la parte izquierda del abdomen. Cayó de una vez”, dijo una testigo, según registró la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez). 

Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 158 muertos en el contexto de protestas de 2017. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) también documentó la existencia de violaciones generalizadas de los derechos humanos. Constató que las fuerzas de seguridad utilizaron de forma sistemática fuerza excesiva para frenar las protestas. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

Basado en los tipos de lesiones de los manifestantes, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala. 

En un reporte publicado por el Foro Penal Venezolano en mayo de 2017, registraron que durante ese mes muchas personas presentaron heridas causadas por perdigones, balas u otros objetos como metras, cristales, trozos de metales que fueron disparados por efectivos militares, policiales o grupos paramilitares. 

“Existen heridos y evidencias del uso de esferas metálicas o de vidrio, presuntamente disparadas por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. Dichas esferas son introducidas dentro de los cartuchos de perdigones usados contra manifestantes. Ha sido denunciado y se han encontrado en los sitios de las manifestaciones, cartuchos previamente fabricados donde se introducen esferas metálicas o de vidrio en combinación con los perdigones de plástico”, reza el informe. 

Han transcurrido tres años de la muerte de Adrián Duque y no se han determinado a los responsables. Sus padres Henry Duque y Yumaira Bravo dicen no guardar rencor, pero aseguran que se mantienen en pie de lucha para exigir justicia, prisión para el autor material y para los implicados indirectos en el asesinato de su hijo. “No nos pueden devolver a nuestro hijo, pero que metan presa a la persona que lo mató. Fue una persona a quien asesinaron, no un animal, merece justicia”. 

La familia Duque Bravo ha perdido la cuenta de todas las veces que han denunciado la deficiente actuación desempeñada por la Fiscalía de Derechos Fundamentales del Ministerio Público. “Todo está paralizado, no hay avances. Últimamente no hemos podido movilizarnos por la falta de gasolina que nos afecta a todos”, manifestó Yumaira Bravo a la organización Justicia, Encuentro y Perdón.              

De acuerdo con el más reciente informe de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, las altas cifras de impunidad en el caso de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante las manifestaciones y las violaciones de las garantías del debido proceso en las causas de los presos políticos se han convertido en la máxima de los procesos judiciales en Venezuela. “De un total de 332 asesinatos documentados, existe un alarmante índice de impunidad del 97 % que data desde el año 2014. Ello representa un patrón perverso que ampara a los responsables de delitos contra los derechos humanos, que revictimiza a las víctimas y niega sus esperanzas de justicia y reparación integral”. 

“Nuestra familia enfrenta un acto de impunidad, queremos justicia, que paguen los culpables, pero ante tanta impunidad solo espero la justicia de Dios”, expresó Yuraima Bravo en referencia al frágil proceso judicial que ha tenido lugar tras la muerte de su hijo. 

Adrián era amante del fútbol y poco antes de morir había egresado de la Universidad José Gregorio Hernández como contador público. El joven era el único hijo varón de la familia Duque Bravo. “Visitamos cada mes su tumba, no nos olvidamos de él. Una persona muere de verdad cuando se olvida, y nosotros no nos olvidamos de él”, expresó su padre.

N de R: El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón