Joshua De Freitas, autor en Runrun

Joshua De Freitas

Claves | Las luces y sombras de las elecciones de autoridades de la UCV 2023
293 cargos de representación profesoral se escogerán en unos comicios con reglas transitorias bajo un Estado de Derecho deteriorado que afecta la libertad académica 

Después de una década, la Universidad Central de Venezuela (UCV) renovará 293 cargos de autoridades académicas, incluyendo la figura del rector, del secretario, y de los vicerrectores académico y administrativo. Alrededor de 221.000 los miembros de la comunidad universitaria están habilitados para votar.

La primera ronda de la convocatoria ocurrirá el 26 de mayo, de acuerdo al reglamento transitorio aprobado por el Consejo Universitario el 20 de julio de 2022. Si existen resultados muy parejos entre los candidatos, existirá una segunda ronda electoral el 23 de junio. Por primera vez en la historia de esa universidad participarán el personal administrativo y obrero de la institución.

La Comisión Electoral de la UCV publicó el 23 de mayo la lista definitiva de los participantes a sufragar. La institución recomienda primero revisar su página web (https://ucv2023elec.online/index.html) e introducir el número de cédula para confirmar los datos personales del votante y luego revisar los boletines definitivos del registro electoral.

El proceso electoral será presencial, en los espacios de la ciudad universitaria de Caracas y en los núcleos de la UCV en las ciudades de Maracay, Barquisimeto, Barcelona y Ciudad Bolívar.

Discusiones políticas y una emergencia humanitaria compleja moldearon estos comicios inéditos para la expresión del derecho humano a la libertad y autonomía académica. A continuación, algunas claves sobre los comicios de la UCV, que concentrarán la atención nacional. 

Distribución de los cargos a elegir

Los representantes escogidos en estas elecciones tendrán un periodo administrativo entre 2 y 5 años. Pero los comicios no tendrán una participación paritaria, como lo establece la Ley de Universidades y el propio reglamento electoral interno de la UCV. 

Toda la comunidad de la UCV en el país podrá elegir los cuatro cargos más resaltantes de la administración académica: un rector, un vicerrector académico, un vicerrector administrativo y un secretario para el período 2023-2027. La elección es uninominal; es decir, que se puede escoger solo al candidato y no a toda la plancha que lo representa. 

Los profesores son los que tienen más cargos que sufragar: además de los 4 cargos mencionados, también deben elegir los cargos que afectan a la facultad y escuela donde da clases: la figura del decano, del consejo de apelaciones, del consejo universitario, del consejo de de facultad y del consejo de escuela. 

elecciones ucv

En total, serían 11 decanos elegidos (uno por facultad), 11 candidatos al Consejo de Apelaciones (uno por facultad) y 5 representantes profesorales ante el Consejo Universitario para el período 2023-2026. Además de 77 representantes profesorales ante los Consejos de Facultad (siete por facultad) y 185 representantes profesorales ante los Consejos de Escuelas (cinco por escuela, a razón de 37 escuelas) para el período 2023-2025.

Los estudiantes y egresados de la UCV solo pueden elegir los cuatro cargos superiores, el decano y el representante del consejo de apelaciones de la facultad donde estudia o estudió. Los representantes estudiantiles y de egresados en los distintos consejos universitarios fueron elegidos el año pasado. 

El cuerpo administrativo y obrero de la universidad puede votar por los cuatro cargos superiores, solo los miembros activos en la academia podrán elegir al decano de la facultad donde trabajan.

Peso electoral

La modificación más resaltante del reglamento transitorio es el peso electoral que tendrán los profesores en ejercicio frente a los estudiantes, los egresados y la población administrativa y obrera.

Aunque el Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) sancionó a la UCV para que el personal administrativo y obrero participara en igualdad de condiciones a través de las sentencias 104 (el 10 de agosto de 2011) y la sentencia 0324 (del 27 de agosto del 2019), el claustro universitario acordó mantener los estatutos del Reglamento de las Elecciones Universitarias.

La población docente tendrá un peso del 100 % del sufragio. La cantidad de profesores que participen en las elecciones determinará la representación de los demás votantes en los comicios. 

Los alumnos representarán un 25 % del voto profesoral; es decir, si 100 maestros son la población votante y participaron 100 alumnos, cada voto estudiantil representará un cuarto de un voto profesoral. El peso se calculará dividiendo la cantidad de profesores que votaron entre la cantidad de alumnos que votaron y ese resultado se multiplicará por 0,25. 

Mientras tanto, el personal obrero y administrativo tendrán una representación equivalente al 10% del total del voto profesoral. Los egresados de la UCV tendrán un peso electoral del 5% respecto a los maestros.

En enero del 2023, la UCV negó la asistencia del Consejo Nacional Electoral, uno de los cinco poderes que conforman el Estado venezolano y cuya participación era uno de los requisitos para el cumplimiento pleno de la sentencia 0324.

Créditos: El Pitazo

Planchas incompletas por emergencias humanitarias

«Los profesores, por los salarios bajos al personal público, deben buscar ingresos fuera de la academia. Esto se traduce en dos cosas: menos investigaciones y extensión adentro de la universidad y dejan de participar en cargos administrativos», aseveró Nashla Báez, antropóloga y representante de egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV. «La crisis universitaria, y la emergencia humanitaria compleja que vive el país, y que se refleja en el personal de las universidades, se refleja también en estos comicios, aunque ya lo habíamos olvidado»

Las elecciones tienen espacios vacíos en los cargos de los consejos de apelación, facultad y escuela. Solo los cuatro cargos principales de la UCV tienen una representación completa, con 7 candidatos al rectorado. Existen facultades y escuelas que solo tienen una plancha política que los representa.

«Mientras escudriñamos más abajo se ven dos planchas que logran un consenso o solo va una plancha de consenso y otra que no logra completar todos los escaños», resaltó la antropóloga en una entrevista a Runrun.es. «Un ejemplo de ello es en la facultad de Arquitectura, donde hay una plancha con los 14 candidatos y otra que tiene menos de 6». 

Báez consideró que el vacío más resaltante se encuentra en los escaños para los consejos de escuela, que se deberían constituir por 10 representantes profesorales —5 principales y 5 suplentes—, «pero tenemos 17 escuelas de 43 (39,53 %) que no tienen los representantes suficientes». 

Para la representante de egresados  la diferencia en la oferta de escaños entre los cargos principales y los demás se debe a la posibilidad de ser jubilado a corto plazo.

«La mayoría de los profesores ya pueden ser jubilados o son candidatos a jubilación, y los cargos de los consejos de facultad y de escuela no permite esa compensación. Esto reduce más los tiempos del docente para cubrir con otras actividades el salario reducido que estableció la administración pública nacional», agregó. 

La antropóloga sopesó que, si bien la universidad está tratando de restaurar su institucionalidad, aún quedan muchos detalles para lograr unos comicios que respeten todos los derechos humanos, como la paridad de género en los representantes y la protección de los docentes.

 Ceder para proteger la autonomía

«El impacto que tendrá estas elecciones sobre las otras universidades autónomas de Venezuela nos parece interesante: es una elección invocando a su autonomía porque decidió su propio Reglamento Transitorio», dijo David Gómez Gamboa, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia y director de la ONG Aula Abierta.

«Esa sería la expresión de la autonomía, una decisión llegada por consenso. La medida será políticamente positiva en cuanto se derogue la práctica seguir imponiendo autoridades bajo los criterios del Consejo Nacional de Universidades y el Poder Ejecutivo no se repita», agregó.

Gómez consideró que «la autonomía de la UCV se mantiene a largo plazo porque decidió qué aceptar de otros entes políticos y qué no».

Advirtió que, dependiendo de los resultados de las elecciones y su aceptación, otras universidades autónomas venezolanas aplicarían una estrategia similar para renovar sus autoridades. «Lo más seguro es que existirán otros reglamentos transitorios para otras universidades», auguró. 

«No creo que la administración pública de Nicolás Maduro no reconozca los resultados de estas elecciones porque, básicamente, son producto de negociaciones entre el claustro de la UCV y factores de esa administración», opinó el director de Aula Abierta. «Si se llega a dar algún tipo de desconocimiento, pueden generarse algunas protestas a nivel nacional, se deben agotar los recursos de los Tribunales —a pesar de que existe una real imparcialidad en el Poder Judicial— y considerar acciones internacionales, como denuncias a instancias multilaterales como el sistema de las Naciones Unidas y el sistema Interamericano». 

Recordó que el uso de los reglamentos transitorios no deben ser la norma en los comicios de autoridades universitarias, pero reconoce que la alta vulnerabilidad en materia de Derechos Humanos obliga a las academias a buscar diálogos con distintos factores de poder para subsistir.

«Mientras el país siga viviendo una etapa de falta de institucionalidad y democracia tan fuerte como ahora, probablemente este tipo de reglamentos transitorios van a ser una alternativa en base a la equidad», dijo. «Las universidades autónomas harán una modificación permanente a sus reglamentos electorales dependiendo de la regularidad institucional del país. Mientras sigamos bajo un régimen autoritario que emprende unas políticas de Estado para socavar con las universidades, probablemente la creación de reglamentos transitorios que resuelvan situaciones concretas y específicas, porque no hay un Estado de Derecho que te garantice tu autonomía, serán la regla», concluyó.

DDHH Olvidados | Wilmer González: un retrato de cinco años sobre la desaparición forzada
Los familiares del fotoperiodista del Correo del Caroní, Wilmer González, reclaman justicia y celeridad por su búsqueda 
Lucy, esposa de Wilmer, ha denunciado que los cuerpos de seguridad del Estado no llegaron a un conclusión firme, sino a comentarios sobre su presunta muerte a manos de los jefes de bandas de delincuentes en las minas de Delta Amacuro

Desde 2018 el Estado venezolano no sabe qué le pasó a Wilmer Ignacio González Pláceres. El fotoperiodista del medio venezolano Correo del Caroní se adentró un 16 de febrero a las minas de oro clandestinas en la ciudad de Piacoa, en el estado Delta Amacuro, y no regresó. 

Tras cinco años sin saber su paradero, Lucy, esposa de Wilmer, aún presiona al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y al Estado venezolano para saber oficialmente qué ha pasado. 

«Mientras no vea un cuerpo, no puedo decir que está muerto», dijo en su testimonio al portal periodístico La Vida de Nos

Desde la comunidad de San Félix en Ciudad Guayana, estado Bolívar, Lucy aún espera una llamada que confirme oficialmente el estado de su esposo

Retratar  la violencia y el impacto ambiental del Arco Minero

Wilmer González nació el 10 de octubre de 1977 y gran parte de su vida transcurrió en Ciudad Bolívar. Trabajaba como taxista hasta que se hizo chófer para el Correo del Caroní en el año 2008. 

Mientras estaba en el diario acompañando a los periodistas, Wilmer exploró el ejercicio del fotoperiodismo y años después se curtió en la carrera como profesional. 

Uno de sus primeros trabajos destacados fue la cobertura del accidente aéreo el 13 de septiembre de 2010, cuando el avión ATR 42-320 matrícula YV 1010 de Conviasa colisionó en el patio de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor)

Durante las protestas contra Nicolás Maduro en el año 2014, González retrataba una manifestación opositora en Ciudad Bolívar cuando fue amenazado de muerte por «grupos oficialistas» si seguía registrando la dispersión de las protestas, reseñó el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela.  

Su dedicación e inclinación para retratar temas periodísticos sobre violencia y derechos humanos lo llevó a colaborar con medios internacionales como The New York Times, la agencia de noticias Associated Press (AP) y El Confidencial, de España. 

Las pautas que más realizaba entre 2016 y 2018 consistían en visitar el Arco Minero del Orinoco para registrar el impacto socioambiental que el proyecto estatal ocasionó (y sigue promoviendo) a la amazonia venezolana. 

El 15 de enero del 2018 publicó junto al periodista Bran Ebus el reportaje «Explorando el Arco Minero» con el portal periodístico Infoamazonia. 

«El último trabajo que él tuvo con el Correo del Caroní fue una cobertura en el Amazonas (en el oeste del Estado Bolívar) dos semanas antes de su desaparición»,  recordó María de los Ángeles Rodríguez, periodista del Correo del Caroní. Desde ese momento el equipo no tuvo más contacto directo con él.

Autoridades no dan respuesta

El último contacto que tuvo Wilmer con su esposa fue una llamada telefónica desde Piacoa. Dijo que estaba haciendo «un trabajo», pero nunca especificó si era una cobertura periodística o extraer oro desde las minas de la zona para subsistir. 

Debido a la emergencia humanitaria que vive Venezuela oficialmente desde el año 2016, distintas personas del oriente del país se han dedicado a extraer oro y otros materiales desde las fosas mineras para cubrir gastos de alimentación y medicinas. En esas zonas de la Amazonía Venezolana distintas ONG han reportado actos de esclavitud moderna, control de bandas delictivas (comandadas por figuras conocidas como «pranes») y la explotación sexual de mujeres y menores de edad

En marzo de 2018, al pasar un mes, Lucy y sus cuatro hijos empezaron a buscar a Wilmer. Familiares del fotoperiodista llamaban a su teléfono y un desconocido los atendía y decía que obtuvo esa línea telefónica en una compra. 

Cuando Lucy fue a denunciar al CICPC la desaparición de Wilmer, le dijeron que «podía haberse escapado con una amante» o que «los pranes ya lo habían matado en las minas»

«Me quisieron extorsionar y todo eso. Me amenazaron», dijo ella cuando se referían a llamadas anónimas que le aseguraban que Wilmer estaba secuestrado. 

Lucy tardó otro mes para levantar su caso en los medios de comunicación. Ella admite que tenía miedo a las represalias estatales y «entorpecer» la investigación del CICPC. 

Pero, a cinco años de la desaparición de Wilmer, las autoridades no dan una respuesta. 

Desaparición forzada: gente sin una conclusión oficial

Wilmer es parte de una lista de personas que han sido catalogadas como víctimas de desaparición forzada, una violación de los derechos humanos en la quie las autoridades se niegan a reconocer o investigar la privación de libertad y, en la mayoría de los casos, ocultar la información sobre el paradero de las víctimas. 

Provea ha identificado 216 víctimas de desaparición forzada en el contexto de detenciones de cuerpos de seguridad del Estado venezolano. En 2022, la ONG FundaRedes reportó 334 desapariciones y secuestros en las regiones fronterizas del país (donde se encuentra Bolívar y Delta Amacuro). 

Lucy y sus hijos siguen pidiendo justicia en su caso. La esposa de Wilmer empezó a investigar por su cuenta sobre el paradero del fotoperiodista y le dijeron que lo habían matado. «En algún momento debo tener una versión oficial de lo que pasó», aspira.

Agradecimientos a Clavel Rangel Jiménez y María de los Ángeles Ramírez

Ley de Extinción de Dominio venezolana invierte el derecho a la presunción de inocencia
.Para el abogado Nelson Chitty La Roche, la reciente legislación salta los estatutos constitucionales del debido proceso, donde se puede interpretar que en cualquier momento de un juicio se puede confiscar los bienes de un imputado
Pellegrino: «El desconocimiento a la presunción de inocencia como Derecho Humano es una de las faltas más resaltantes en esta Ley de Dominio»
La ONG Acceso a la Justicia reiteró que la nueva legislación venezolana puede «aumentar el riesgo de crear bienes abandonados y aumentar los daños que sufre el Estado»

«Frente a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio recientemente aprobada, los bienes no tienen ninguna garantía: no se especifica cómo se notificarán su incautación, no se sabe cómo se tasarán, no se habla de los mecanismos sobre la administración de esos bienes. La ley no está adecuada a la realidad del país», afirmó el abogado Alí Daniels, cofundador de la ONG Acceso a la Justicia. 

El 28 de abril fue publicado en Gaceta Oficial número 6.745 la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio por parte de la Asamblea Nacional de mayoría chavista. El documento pretende facultar al Ministerio Público venezolano para identificar, localizar e incautar los bienes derivados de actividades ilícitas, como la corrupción o el narcotráfico. 

«Nos dimos la tarea de proceder aceleradamente a conformar, a trabajar en la legislación comparada con otros países, a recibir la asesoría de un proyecto de ley de estas características que aprobó la Organización de Naciones Unidas contra la corrupción y contra el tráfico de drogas, y a partir de allí se redactó un proyecto muy completo», anunció Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, frente a los medios de comunicación estatales.

También se menciona como parte de los motivos de la ley «incrementar la efectividad de la acción del Estado contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes», así como «la aplicación y reconocimiento del derecho a la propiedad, teniendo presente que los bienes adquiridos con recursos de origen ilícito no adquieren legitimidad ni consolidan el derecho de propiedad, por lo que no pueden gozar de protección Constitucional o legal».

Ley en un Estado de Derecho degradado

Venezuela lleva ocho años consecutivos en el último puesto a nivel mundial del Índice de Estado de Derecho, según la ONG World Justice Project. Bajo esta perspectiva, Daniels advierte que la implementación de esta ley no cubrirá al debido proceso, pese a que legislaciones similares son propuestas por las Naciones Unidas para la retribución a las víctimas de Derechos Humanos.

El 18 de abril, Diosdado Cabello, representante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), anunció que existen más de 10 mil bienes incautados y cerca de 19 aeronaves en el marco de una ola de detenciones a funcionarios públicos y de la empresa estatal Petróleos de Pdvsa. Sin embargo, no se sabe con exactitud cuál es la naturaleza de cada bien mencionado por Cabello de los 61 procesados por actos de corrupción.

«Vamos adonde estén los bienes, así eso haya ocurrido 15 o 20 años atrás. Si alguien sabe que alguna persona adquirió bienes de hechos ilícitos puede denunciarlo para nosotros seguir avanzando», dijo Cabello.

Frente a este panorama, Daniels aboga que la Ley de Extinción de Dominio es una «herramienta política , en vez de un instrumento para el juicio penal transparente». 

Cajas negras en rendición de cuentas

El nuevo documento jurídico exige la creación de un Servicio de Bienes Recuperados por parte del Ejecutivo nacional, pero hasta la fecha de redacción de este texto, no existe una declaración o documento oficial que indique la consolidación de esa institución pública, quiénes la manejan y dónde se ubican sus actividades administrativas. 

«En ningún artículo se habla sobre los mecanismos de administración de esos bienes. Ese es uno de los puntos más graves de esta ley», aseveró Daniels. «Nunca dice que haya transparencia en el manejo de los bienes, ni cómo se utilizan, quiénes lo van a utilizar. No se da una explicación específica del uso que se les dará a esos bienes». 

El cofundador de Acceso a la Justicia recalcó que esta ley, frente a un Estado que mantiene los procesos civiles y penales sin conclusión, «aumenta el riesgo de crear bienes abandonados y aumentar los daños que sufre el Estado». 

«La ley no parte de la garantía de pérdida mínima al Estado. En el supuesto de bienes no concluidos se debe vender para que se terminen y sean liquidados», destacó el abogado. «El compromiso no es real, porque se apuraron en aprobar la Ley, pero no para aplicar sus mecanismos». 

Viola los Derechos Humanos

En distintos países de América Latina, como Colombia o Bolivia, existen leyes que regulan la incautación de las propiedades de personas que ya han sido sentenciadas por actos de corrupción o narcotráfico. La ley modelo presentada por el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) establece parámetros para el manejo penal de bienes donde las personas están fuera de un país o fallecieron. En esos casos, se recomienda crear fondos para la reparación de los Derechos Humanos

Una de las innovaciones de esta ley venezolana es que se incluyen los bienes digitales, donde la intención de los legisladores durante la segunda discusión de la ley televisada el pasado 20 de abril era incluir los criptoactivos como objetos para aplicar la ley.

Durante dicha discusión, Diosdado Cabello era quien pedía el derecho de palabra en la mayoría de las intervenciones para modificar la ley. Sin contar algunas redundancias en la redacción y sintaxis de la ley, el documento fue aprobado sin mayores modificaciones ni intervenciones en las sesiones legislativas.

Sin embargo, Daniels y Chitty alegaron que el artículo 40 de esa nueva legislación permite que se puedan crear sentencias de incautación de bienes a ser ejecutadas en cualquier momento de un proceso judicial.  

«El desconocimiento a la presunción de inocencia como Derecho Humano es una de las faltas más resaltantes», dijo Cosimina Pellegrino, especialista en Derecho Administrativo y profesora de la Universidad Central de Venezuela. «Tampoco garantiza el derecho a la privacidad y el derecho a la propiedad privada. Lo más grave es que no establece alguna certeza ni información sobre cómo el Estado utilizará los bienes y activos una vez que sean apropiados».

Pellegrino enfatizó que el texto normativo permite decretar este tipo de medidas extintivas de la propiedad sin haber sido dictada la sentencia que declara la responsabilidad de la persona. «Y no cualquier sentencia, sino una sentencia firme, es decir, una decisión para ser ejecutada». Esa cláusula hace caso omiso al artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos, que establece que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.

«Lamentablemente, la ley aprobada por la Asamblea Nacional invierte el derecho a la presunción de inocencia y consagra la presunción de culpabilidad. Es un procedimiento que en lugar de reivindicar derechos los atropella», agregó. 

Invalida derechos constitucionales

El artículo 6 de la reciente legislación venezolana establece que la incautación de los bienes puede hacerse incluso en declaraciones acusatorias o casos que estaban en curso antes de aprobar la Ley de Extinción de Dominio. 

«Eso degrada el artículo 24 de la Constitución venezolana y las garantías del ciudadano. Allí se especifica que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena o cuando las pruebas ya evaluadas beneficien al reo», aseveró el abogado Nelson Chitty La Roche

Chitty, quién fue diputado en el extinto Congreso Nacional entre 1989 y 1999, expresó que el documento viola flagrantemente el debido proceso. 

«También la Constitución expresa en su artículo 116 la distinción de la confiscación por parte del Estado y cuáles son los distintos supuestos en los que operaría esa confiscación, que es distinto a la expropiación. Se establece una confiscación cuando el bien está ligado a los responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público», dijo el también profesor de la UCV. 

Aseveró que la Ley de Extinción de Dominio venezolana fue evaluada en la Asamblea Nacional de mayoría chavista bajo el amparo de promover la propuesta de ley de la UNDOC, donde Venezuela está adscrito desde 1997, «pero le aprobaron una serie de agregados muy preocupantes». 

«El tema aquí es que la justicia está «desciudadanizada», bajo un sesgo político muy grande, lo que puede llevar al ejercicio de señalar e imputar a cualquiera de terrorismo o corrupción. ¿Qué pasa si la persona termina siendo inocente después de ser investigada? ¿Cómo será resarcida? Hay una serie de aspectos que en esa ley no están suficientemente elaborados y considero que su creación es indispensable de cara a lo que ya establece la Constitución», cuestionó Chitty. 

Pellegrino informó que las excepciones constitucionales para confiscar bienes también se repiten en el artículo 271 al disponer que, con «previa decisión judicial», serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público o con el tráfico de estupefacientes

«El legislador no se encuentra habilitado constitucionalmente para regular una confiscación de bienes sin condena penal, tal como lo hace en la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, pues no es viable a la luz de la Constitución venezolana», dijo Pellegrino. «La extinción de dominio como terminación del derecho de propiedad no está en la Constitución. Habría que reformar la Constitución para incorporar esta medida».

Aumenta el riesgo de señalamientos politizados

Tanto el artículo 13 como el 24 de la  legislación recientemente aprobada establece que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar un caso potencial de bienes adquiridos presuntamente por actos ilícitos. También, ofrecen una «retribución equivalente a un  porcentaje del producto que el Estado obtenga por la liquidación de dichos bienes o del valor comercial de los mismos, dependiendo del grado o importancia de la colaboración» para identificar los casos. 

«Se trata de una previsión legal que puede ser utilizada para fomentar actos de expropiación y otros mecanismos de amenaza para atacar a determinadas personas que sean consideradas como “enemigas” y limitar o privar de sus derechos», explicó Pellegrino. «Esto se conoce como “el derecho penal del enemigo”, en donde a la persona no se considera ciudadana, y por ello no merece el reconocimiento ni la aplicación de las garantías y derechos».

Pero, bajo la premisa de que la ley no especifica garantías ni para la administración de los bienes incautados como del debido proceso, los tres abogados consultados advierten que pueden generar pérdidas a la población civil bajo la excusa del control público.

«Tampoco se especifican los límites de ese beneficio, lo que aumenta el riesgo para que «se robe a los robados”», agrega Daniels. «Un tribunal puede decidir que todo el bien sea otorgado a un funcionario público sin ningún problema. Fácilmente esta ley puede usarse como una herramienta de persecución política, donde renazca la figura de los “patriotas cooperantes”». 

Advirtió que, si bien en las leyes de Extinción de Dominio en el extranjero existe la posibilidad de liquidar los bienes antes de tiempo por deterioro de la propiedad, como en el caso de EE.UU., «el problema en Venezuela es que el Estado de Derecho deteriorado aumenta el riesgo de que el destino anticipado de los bienes sea discrecional». 

Tiempos récords e inconstitucionales de aprobación

Para el abogado Allan Brewer Carías el proceso de aprobación de esta ley fue un «caso nunca antes visto». En una entrevista al portal de Analítica, narró que la prensa nacional había cubierto la supuesta incautación de los vienes justo el mismo día que se sancionó la ley. 

«Eso explicaría la premura en promulgar esta ley», reflexionó Brewer. «En un solo día, en horas, la ley fue sancionada en la Asamblea Nacional, fue enviada al Tribunal Supremo de Justicia —para que dictaminara sobre la constitucionalidad, que le da el carácter de orgánico y es obligatorio—, ese mismo día la Sala del Tribunal dictó sentencia —resquebrando el carácter constitucional de la ley— y salió publicado en Gaceta. Todo eso el mismo 28 de abril». 

El abogado resaltó que en los códigos legales venezolano no se puede confiscar los bienes sin una condena. «La diferencia entre la Ley de Extinción de Dominio en Venezuela de otros marcos donde se aplica normativas similares es que la venezolana se enmarca en lo constitucional. Es por eso que es distinto al régimen de la extinción de dominio en otros sistemas, donde puede haber ejercerse sin que haya una condena penal previa, sino como una acción civil», explicó. 

La política sobre la justicia

El abogado Chitty La Roche consideró que este documento legislativo es una herramienta para «aparentar una buena cara frente a instancias internacionales que han señalado que en Venezuela no hay garantías de justicia», destacando las detenciones de los casos de corrupción de Pdvsa desde hace semanas.

«La investigación de renta presunta en Venezuela no se ha desarrollado convenientemente. No ha habido control del poder sobre la falencia estratégica que hemos vivido sobre el gasto y manejo de bienes públicos y su malgasto desde la presidencia de Hugo Chávez Frías, con múltiples atropellos a la Ley Orgánica de Administración del Sector Público y la ley del Banco Central. Lo que evidencia una falta de voluntad de respetar la institucionalidad», dijo el exdiputado. 

Pellegrino estimó que las expectativas frente a esta nueva situación pueden acrecentar aún más la falta de separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, desvirtuando las metas internacionales y humanitarias de Venezuela frente a la UNDOC y a la Convención Interamericana contra la Corrupción

«Otra preocupación es que la ley no dice nada sobre el mantenimiento de los bienes. Entonces, pueden estar sin liquidación de acuerdo a los costos del mercado», concluyó Daniels. «Lamentablemente, la legislación venezolana pretende mezclar lo que debería ser un juicio civil con lo que por naturaleza la ONU considera un juicio penal». 

Claves | CPI refuerza sus intenciones de investigar al gobierno madurista
De los tres anexos que tiene el informe de la CPI sobre las víctimas del caso Venezuela I, solo quedó publicado uno para mantener la identidad protegida de los participantes
Acceso a la Justicia: «El proceso de consulta ante la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (en Venezuela) solo es superado por el caso de Afganistán»
Defiende Venezuela advierte que, entre todos los crímenes que los venezolanos pidieron incluir en el expediente, los más probable de ser investigado son los casos de «asesinatos» bajo los diferentes contextos políticos que perpetuó el gobierno madurista

«No hay Estado de Derecho, ni justicia imparcial e independiente. Es por eso que recurrimos a la justicia internacional. Hay cientos de casos de jóvenes heridos, torturados; y cuyas vidas, donde sea que estén, siguen marcadas por el horror». Así denunció un venezolano ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) para que investiguen los crímenes de lesa humanidad que un gabinete gubernamental mantiene en opacidad. 

Su identidad está protegida. Junto a ese testimonio se encuentran más de ocho mil voces que exponen un gobierno que no los protege, más bien los mata

La Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) es una herramienta que usa el máximo tribunal penal de la ONU para evaluar la pertinencia y urgencia de un juicio contra personas que violen el Estatuto de Roma, donde Venezuela es uno de los 183 países signatarios

Desde el 2021 la Corte de la Haya se ha enfocado en el caso Venezuela I, que investiga las muertes, desapariciones, detenciones y torturas desde 2014. El gabinete de Maduro ha intentado desinformar y desestimar el proceso desde su anuncio

«La Corte Suprema de Justicia venezolana no es solo un brazo ejecutor de la dictadura de Nicolás Maduro, es el arma más letal que tiene su régimen», se lee en otra cita del informe sobre las opiniones de las víctimas afectadas por los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los cuerpos de seguridad del Estado. 

«El poder judicial (venezolano) crea sus propias víctimas de todos aquellos que tratan de denunciar o alzar la voz», agrega.

El caso Venezuela I alcanza otro punto decisivo frente a una alta participación en la VPRS que clama investigar sobre los crímenes en su expediente e incluir otros más. 

A continuación, algunas claves sobre el más reciente informe de la CPI y sus alances. 

La segunda participación más alta en la historia

La Corte de la Haya recibió 1.875 solicitudes que representan a 8.900 víctimas, a 630 familias afectadas y a 2 organizaciones. Todas las solicitudes estaban a favor de que la CPI siga investigando el caso venezolano.

Según la ONG Acceso a la Justicia, este número de participación solo es superado por la investigación de la CPI sobre los crímenes de guerra ocurridos en Afganistán, donde están involucrados los grupos armados del Talibán y las fuerzas militares de EEUU. La VPRS en el país persa recopiló los testimonios de 11.150 víctimas y 130 familias, todas representadas por 16 instituciones.

Aunque la Corte decidió investigar el caso afgano en marzo del 2022, presentó el informe sobre las víctimas en abril del 2022.

«De hecho, la Corte lo señaló como una participación “abrumadora”. Que el número de víctimas venezolanas sea tan alto que solo se compare con el número de países en guerra demuestra la gravedad del caso y la brutalidad del régimen», asevera Génesis Dávila, abogada y directora de la ONG Defiende Venezuela. «No es casualidad que una de las crisis de refugiados más grande del mundo sea la de Venezuela, comparándose también solo con países en guerra».

¿Es posible ampliar el abanico de crímenes de lesa humanidad a investigar en Venezuela? 

La CPI, en su anexo público sobre las opiniones de las víctimas, hizo una selección de al menos 9 testimonios para argumentar cada punto que ellos plasmaban. Pero hasta la fecha no hay un balance estadístico sobre el contenido que aportaron los venezolanos.

Más allá de la pobre seguridad jurídica en el país, la mayoría de los formularios recogidos por la Corte mencionaban otros delitos que debían agregarse en el expediente de Venezuela I. El desplazamiento forzado (dentro y fuera del país) por persecuciones políticas, la discriminación de los derechos humanos a la salud y alimentación por ideologías políticas y las «sumas irrisorias» en las pensiones de los jubilados son algunas de las más solicitadas a investigar. 

«Incluso, los abogados defensores han sido objeto de los mismos crímenes por los que defienden a sus clientes. Algunas víctimas han dejado Venezuela forzadamente por miedo a ser detenidos de manera extraoficial», relata una de las citas de la página 15 de un informe de 57. 

Para la directora de Defiende Venezuela, la ampliación de delitos a investigar podría significar un proceso aún más complejo y lento para la CPI. Sin embargo, la repetición del tema en cada testimonio les da luces a la Corte de cómo el gobierno madurista utiliza la emergencia humanitaria compleja como arma política.

«Algunos de estos delitos servirán de manera contextual para entender el patrón sistemático de ataque y persecución en contra de la población civil venezolana. Posiblemente, el delito que más probabilidades podría tener de ser incluido en la investigación es el de asesinato. En el informe del VPRS mencionaron que según las declaraciones de las victimas podían determinar que los mismos podrían agruparse en las categorías de asesinatos en el contexto de las protestas, operativos policiales y en detención», dice la abogada.

La hiperinflación y escasez como trabas de la justicia

«Económicamente, no tenemos la capacidad de pagar por todo del proceso judicial. Incluso, no podemos permitirnos tener un abogado privado para representarnos en el proceso», destacó un familiar de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en las protestas del 2017 en la pagina 18 del VPRS. «Nosotros nos disculpamos: »Hijo, no es que no queramos hacer el proceso, no es que no queramos encontrar la justicia, simplemente no tenemos la posibilidad. Ellos hacen imposible la búsqueda de justicia y eso me hace sentir mal por dejar el caso medio hecho»».

Los testimonios denuncian más allá de las protestas, también denunciaron el origen de ellas. La hiperinflación entre el 121,71% y el 65.374% que desde el año 2015 registra el Fondo Monetario Internacional para Venezuela y la falta de alimentos y medicinas también fueron un factor importante que los venezolanos mencionaron mientras pedían justicia. 

«Esto es muy importante, porque le da a entender a la CPI que la persecución sistemática en contra de la población civil ha comenzado en Venezuela mucho antes del 2014 y no ha cesado», establece Dávila.

Entres los testimonios se explica cómo el gobierno del fallecido Hugo Chávez Frías empezó a perpetuar el modelo de represión y discriminación desde la Lista de Tascón, hecha entre 2003 y 2004, una base de datos  filtrada por un representante del PSUV sobre unos votantes que eligieron un referéndum revocatorio y, como mínimo, fueron despojados de sus empleos.

También se hizo mención al carnet de la patria como otro instrumento de control y una herramienta de control de datos personales y de discriminación.

«Mientras escribo, me emociona decir mi historia y revelar qué me pasó a mí, a mi familia y a mis amigos. Por un momento olvido que no he comido y estoy hambriento.  No le deseo esto a nadie. La muerte es preferible que vivir nuestra situación actual», se lee en la página 23 del documento de la CPI. 

El tribunal supremo de la ONU reconoció que las víctimas, además de no tener un debido proceso, tampoco tienen la oportunidad de acceder a servicios de salud mental y física, cavando aún más la perpetuación de los presuntos crímenes de lesa humanidad en la población. Esta fue una de las múltiples preocupaciones que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU documentó a principios del 2023. 

«[Los dos niños] vieron la muerte de su padre, que ocurrió dentro de su casa», dice una vícitma en la página 30 del VPRS venezolana. «Estos actos de violencia afectaron emocionalmente al núcleo familiar y causaron traumas psicológicos. En 2022, [uno de los hijos], que para entonces tenía ocho años, verbalizó ideas asociadas al suicidio en repetidas ocasiones, intentando lastimarse a sí mismo en dos oportunidades. Estos actos y comportamientos tienen la intención de»reencontrarse con su padre de nuevo», según lo que le ha explicado el niño a su abuela». 

Radiografía de la impunidad

Dentro de los testimonios de las víctimas se describieron casos de asesinatos (y ejecuciones extrajudiciales), encarcelamientos u otra privación grave de la libertad física, torturas, actos inhumanos, violación y otras formas de violencia sexual y desaparición forzada.

En su informe «Nueve años de injusticia y revictimización», la ONG Justicia, Encuentro y Perdón contabilizó 334 casos de asesinatos motivados políticamente desde 2014 en Venezuela.

De ese grupo, solo en 19 casos se han emitido sentencias condenatorias contra los perpetradores. La cifra representa solo 5,69% del total. Las sentencias se dirigieron  únicamente contra los perpetradores materiales, «dejando por fuera a los máximos responsables, que ni siquiera son sometidos a procesos investigativos». 

Dentro de los testimonios mostrados por la CPI se exhibe que los procesos judiciales o se engavetan y son negados a las víctimas y familiares o son postergados por años a través de órdenes de los tribunales.

«La audiencia de apertura ha sido diferida aproximadamente 30 veces solo en 2022», denunció una de las víctimas sobre el sistema venezolano en la página 19 del informe de la CPI. 

Otros casos destacados son los presos políticos, donde algunos de ellos llevan más de 10 años de reclusión forzada sin ninguna audiencia. El último conteo de la ONG Foro Penal estima que la cifra de presos políticos alcanza los 282 casos para marzo del 2023

«La representación legal [de la víctima] era tan paupérrima que decidió despedir a su abogado público. Contrató a nuevos abogados para representarle, pero la Corte (venezolana) no aprobaba su representación hasta el mismo día de la audiencia», destacó uno de los venezolanos en la página 20 y que seleccionó la CPI. «[A los nuevos abogados] les dijeron que tenían que leer todo el caso que iban a defender en una hora antes de la audiencia o si no [su cliente, la víctima] tendría asignado un defensor público de nuevo».  

También, dentro de las preocupaciones de las víctimas, estaba la desestimación de las ejecuciones extrajudiciales durante la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). El gobierno madurista, hasta ahora, no ofrece ningún dato sobre las vidas perdidas o los casos que investiga.

Un reportaje de Runrun.es junto a la plataforma periodística CONNECTAS documentó 560 víctimas de la OLP entre 2015 y 2017 en al menos 44 masacres. 

La perpetuación de la tortura

«A él lo desnudaron y le ordenaron a un Rottweiler a morder sus testículos». Junto a esa declaración en la página 52 del informe de la CPI, al menos otros 20 venezolanos relataron sus torturas físicas, psicológicas y de origen sexual por parte de los cuerpos de seguridad comandados por el gobierno madurista. 

La investigación internacional más reciente sobre la tortura en Venezuela se encuentra en el tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU en septiembre del 2022, donde se identificaron 17 puntos de torturas y tratos crueles comandadas por Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) solo en Caracas

«Cuando se enteraron de mi identidad no binaria, (…), me pusieron en una celda de 2×2 metros, esposaron mis manos por la espalda y me anclaron al piso de la celda. Me dejaron allí por lo que creo que fueron dos o tres días», se lee en una de las declaraciones entre las página 51 y 52 del documento de la CPI. «En ocasiones (…) ellos usaron una vara eléctrica que normalmente se usa para el ganado (…). Pusieron esa vara electrificada varias veces en mi pecho, lanzaban agua en mis pantalones, especialmente en mis genitales, y descargaban la electricidad mis testículos (…). Aún tengo las cicatrices de esas quemaduras». 

En el anexo de la VPRS del caso Venezuela I se menciona en al menos 5 ocasiones las torturas de origen sexual y basadas en el género. Distintos relatos explicaban que los cuerpos de seguridad del Estado violaban a los familiares de las víctimas en su presencia o en presencia de sus hijos como método de tortura física, psicológica y moral.

«Falsificaron ante la corte un documento en donde afirmaban que fui sentenciado a muerte y me llevaron a un cuarto donde me obligaron a pararme sobre una silla de plástico», continúa el relato de la víctima anteriormente citada. «Me colgaron del cuello y me pegaron en el estómago varias veces mientras me preguntaban cosas de las cuales yo no podía responder. Las palizas fueron tan duras que una de las patas de la silla se rompió, entonces perdí la memoria por estar colgado. También mantengo las cicatrices en mi cuello. (…) Me abusaron y me forzaron a practicar sexo oral». 

Hasta los momentos no se tiene un estimado de la magnitud de la población afectada por las diferentes expresiones de tortura, pero la Corte de La Haya especificó que también se contó como tortura la privación de atención médica y la inanición forzada

Solo los jueces del CPI pueden leer los informes de las víctimas

Dos de los tres anexos que presentó la Corte son «estrictamente confidenciales»: los jueces que investigan el caso Venezuela I son los únicos que pueden consultar los testimonios enviados por las víctimas.

El documento que publicó el ente multilateral tiene testimonios recopilados durante noviembre 2022 y marzo del 2023 en anonimato porque «puede incidir en la identificación de las víctimas involucradas en el caso», donde el Estado venezolano es el principal señalado de cometer crímenes de lesa humanidad.

Pese a que el gabinete de Nicolás Maduro pidió a la Corte acceder a los documentos y responder al VPRS desde el 25 de abril, las posibilidades de que obtenga la información es nula.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) señaló que la petición del PSUV era algo «sin precedentes» y se presenta solamente con «fines dilatorios», para prolongar el inicio formal de la investigación. 

«Los jueces de la CPI deberán responder a la petición del Estado, lo que podría retrasar el procedimiento para decidir si se autoriza al fiscal de la CPI, Karim Khan, a retomar la investigación por crímenes (de lesa humanidad)», advierte la ONG.

La CPI debe atender la petición del gabinete madurista. Pero desde un principio Artículo 18(2) del Estatuto de Roma y la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte es clara al respecto:

«Esta información solo se transmite a la Sala; ninguna otra entidad tendrá acceso a ella. La Fiscalía y el Gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, vídeos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre. Las opiniones y preocupaciones de las víctimas no se consideran evidencia», se lee en la actualización sobre el caso Venezuela I en la página web de la CPI, publicado el 28 de abril

El caso Venezuela I no se negocia políticamente

Así como un Estado debería tener una separación de poderes en su gobierno, el máximo tribunal penal de la ONU es independiente de toda entidad política, incluso de otras instituciones multilaterales. 

El 24 de abril, Jorge Rodríguez, uno de los representante del PSUV y actual presidente de la Asamblea Nacional por el oficialismo, anunció que el gabinete de Maduro podría dialogar políticamente con otras facciones ideológicas venezolanas si se derogaba la investigación de la CPI.

Sin embargo, distintos especialistas en Derechos Humanos reiteran que mezclar el diálogo político venezolano con la investigación forense internacional es imposible. 

 

«Por fortuna, el proceso de justicia ante la CPI escapa de las garras de los políticos», asevera Dávila. «Lo único que podría detener el proceso es que realmente se lleven adelante procesos de justicia genuinos que garanticen el conocimiento de la verdad, la determinación de responsabilidad y la no repetición de los hechos, pues así se cumpliría con el principio de complementariedad, donde se establece que la Corte Penal Internacional se involucrara solo en aquellos casos en donde la justicia nacional sea ilusoria».

Carlos Ayala Corao, jurista venezolano y especialista en Derechos Humanos, recalcó en una entrevista con el periodista César Miguel Rondón que existe otro panorama que pueda detener por 12 meses la investigación o el enjuiciamiento: si la ONU declara una situación que amenace o agrave la paz mundial.

«No está a disposición de los victimarios, no está a disposición de los Estados ni de terceros lo que está reconociendo en un momento dado la CPI», dijo Ayala. «Ni siquiera el Estado venezolano es parte (de la investigación), se trata de presuntas responsabilidades individuales (frente a los crímenes de lesa humanidad)». 

El K.O. que Karim Khan le dio al gabinete madurista 

No es la primera vez que la Corte de la Haya desmonta los intentos de del gabinete de Nicolás Maduro. El 09 de abril la CPI emitió una respuesta a la participación del gobierno madurista como parte de la VPRS del caso Venezuela I. Allí, la fiscalía de la ONU constató que los tribunales venezolanos no mantienen suficientes argumentos para decir que ellos están investigando de forma adecuada los casos. 

«La fiscalía (CPI) hace referencia a que el gobierno proporcionó información limitada o nula sobre los autores de los hechos (los crímenes)», afirmó Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia. «Allí vemos otra prueba contundente de que si usted dice que está sancionando a los responsables, lo mínimo que debes hacer es dar información sobre el autor de los casos que se están evaluando, y no lo hacen». 

Daniels también explicó que de la carta firmada por Karim Khan también se desprende que en ningún momento el gobierno madurista presentó pruebas para descartar que los crímenes no son sistematizados o generalizado, así como el registro de los historiales de las audiencias como prueba argumentativa de la trasparencia judicial. 

«También, se hace alusión al argumento de que los procedimientos nacionales no abarcan los mismos tipos de delitos que la CPI está investigando», agrega el abogado. «Entonces (la CPI) dice: »si no estamos investigando lo mismo, obviamente no puedes sancionar lo mismo». Por supuesto, el argumento (que dio el gobierno madurista) cae por su propio peso».  

La CPI concluyó para ese entonces que el gobierno madurista solo había investigado casos donde estuvieran involucrados militares de bajo rango, donde se podía identificar un actor material y en ningún momento se toma la iniciativa de buscar patrones entre los casos, sino que más bien son tratados como hechos aislados. Perspectiva que contradice los hechos e investigaciones recopiladas por la Corte internacional en 8 años. 

¿Qué esperar ahora de la CPI y el caso Venezuela I?

«Este proceso ha ido avanzando de etapas consistentemente desde el inicio del examen preliminar. Por ahora, lo que debemos esperar es la decisión de la sala de cuestiones preliminares sobre si continuará la investigación o no. Se estima que tendremos noticias al respecto alrededor de julio de este año», opina la directora de Defiende Venezuela.

Dávila explica que la CPI en este momento cuenta con tres posiciones para tomar la decisión: una, la del Régimen que pide que la investigación cierre alegando que ellos están llevando adelante procesos de justicia en Venezuela; dos, la de la Fiscalía de la CPI argumenta que el Estado venezolano no ha logrado comprobar que esté llevando adelante dichos procesos ni que tenga la capacidad de hacerlo. Y en tercer lugar,  la de las víctimas, quienes aseguraron no solo que sus derechos han sido violados, sino que lo siguen siendo, y que lejos de tener justicia son perseguidas y temen mayores represalias por haber participado en este proceso.

«La Corte tendrá que valorar estas posiciones. Pareciera que la balanza en este momento se inclina por la continuación de la investigación», advirtió Daniels. 

La CPI informó que, a petición de las víctimas, los adelantos del caso Venezuela I se publicarán en la página web de la institución. El órgano multilateral también dejó de forma permanente un correo electrónico para solicitar información sobre la protección de las víctimas: VPRS.Information@icc-cpi.int.

Sin embargo, la Corte advirtió que ya no recibirán más testimonios de las víctimas hasta que anuncien una nueva fase de la investigación y lo soliciten. 

DDHH Olvidados | Hugo Marino cumple cuatro años de desaparición forzada
El paradero del buzo profesional sigue siendo desconocido y los requerimientos de información de su familia se hunden ante el silencio oficial
Al menos 201 personas son reportadas bajo la desaparición forzada en Venezuela bajo temas políticos según Provea

 

«A ojos del Estado parece que la desaparición de mi hijo no existe. Quieren que uno se canse de exigir justicia», dice Beatriz Salas, madre de Hugo Enrique Marino Salas. Desde hace cuatro años se desconoce dónde está su hijo, si sigue con vida. La última vez que se supo de él fue cuando estaba en Caracas, el 20 de abril del 2019. 

Ni el Ministerio Público ni las fuerzas de seguridad del Estado venezolano le han dado información sobre las presuntas investigaciones del caso. 

Hugo Marino es un investigador marino y buzo profesional ítalo-venezolano. Sus allegados lo consideran un experto en el área de salvamento, análisis y rescate de accidentes aéreos. Es director de la empresa Servicios Electrónicos Acuáticos (SEA) y miembro de la empresa de especializada en búsqueda submarina a profundidad Andi Latinoamérica.

Desde la distancia, en Estados Unidos, su familia exige conocer dónde está Marino.

Testimonios de allegados a la familia de Marino precisan que Hugo fue detenido por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el aeropuerto Simón Bolívar, en La Guaira. Pero a los abogados en Venezuela les niegan corroborar la información que recibieron.

«Todos los días exijo en redes sociales a los funcionarios de Maduro, pero no me responden», reitera Salas. «En Twitter me bloqueó Tarek William Saab, Diosdado Cabello aún no. Pero no me voy a rendir: yo tengo que saber qué pasó con mi hijo. Me tienen que decir dónde está», sentenció.

Sobre el caso de Hugo tiene conocimiento la ONU y, desde el 23 de julio del 2020,  la Procuraduría Italiana le exige al gobierno venezolano la institución judicial de habeas corpus, que obliga la presentación de las personas detenidas . Pero el Estado venezolano mantiene su silencio.

«Yo seguiré exigiendo una rendición de cuentas. Si no me la dan a mí, si no llego a verla, se la deben dar a la justicia internacional», dice Salas. «Se equivocaron de madre si pensaron que dejaría de insistir». 

Este 20 de abril de 2023, al cumplirse cuatro años de la desaparición de Marino, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, exigió una fe de vida. «La comunidad internacional no puede mirar para otro lado ante crímenes de lesa humanidad como este», opinó. 

El último paradero de Hugo Marino

El buzo migró de Venezuela junto a su familia para vivir en Miami en 2016. Sin embargo, lo contrataban para investigar el paradero de aviones que sucumbieron ante el Mar Caribe. Las autoridades de Venezuela e Italia lo habían contratado para investigar sobre dos siniestros aéreos cerca del archipiélago de Los Roques, en territorio marítimo venezolano. 

El primero, el siniestro de un bimotor LET-140 de fabricación checa, siglas YV2081, de la empresa Transaven, marcó el inicio de un periodo de búsqueda que se extendió por cinco años. El vetusto aparato desapareció el 4 de enero de 2008 con catorce personas a bordo, entre tripulación y pasajeros: cinco venezolanos, un suizo y ocho italianos.

El segundo vuelo era otro bimotor, un BN-2 Islander de fabricación británica, con matrícula YV2615, de la empresa Transaéreo, que cayó al mar el 4 de enero del 2013. En ese avión iba el director ejecutivo de la casa de moda italiana, Vittorio Missoni.

«A Hugo Marino lo conocí como experto en investigación submarina que había vivido en Los Roques. Desde el primer día que hablé con él en la Fiscalía sus palabras fueron de pésame y confianza», relató Manuel Alcalá para el medio Armando.info, padre de la venezolana Patricia Alcalá y suegro del suizo Alexander Nierman, una pareja que viajaba en el vuelo que Marino investigaba. 

Ambos aviones se localizaron en el mismo mes: en junio del 2013. Alcalá recordó que el director de la SEA denunciaba al gobierno y las fuerzas armadas por no tenían los equipos necesarios para las investigaciones forenses ni para las labores especializadas de rescate y salvamento. 

La evidencia que recogió la empresa SEA son los únicos registros públicos que puede relatar la prensa. Para acceder a la información de la empresa ahora se debe usar la herramienta digital WayBack Machine porque su página web fue suspendida

 

Un tercer caso ocurrió el 19 de agosto de 2017: un avión privado marca Lear Jet 25 y con matrícula YV3191 despegó del aeropuerto Simón Bolívar y se encontró sus restos en las costas de Naiguatá, estado La Guaira. A bordo de ese vuelo estaban un empresario cercano al chavismo, Luis Napoleón Picardi Flores, y Miguel Ángel Pérez Oubiña, hijo del exministro de exministro de Comercio e Inversión Extranjera de Venezuela, Miguel Pérez Abad. 

Contrataron a Hugo Marino para investigar el caso. Dos semanas después del incidente, el buzo hizo público que contenía información sobre el vuelo. 

 

Marino tuvo que investigar otros casos en Argentina antes de volver a Venezuela. Regresó al país en 2019 a petición de otra investigación. Sus últimas apariciones públicas en redes sociales revelaron su apoyo al político venezolano Juan Guaidó. 

Hasta ahora, el Ministerio Público debe culminar la investigación sobre la causa de los tres siniestros. Al igual que como ocurre con el de Hugo Marino, estos casos se pierden en las profundidades de la opacidad. 

Clamor que se hunde en el silencio

«Fue gracias a varios amigos cercanos a los cuerpos de seguridad que tuvimos la versión sobre la detención de Hugo por parte de la Dgcim», recuerda Beatriz Salas. «Pero siempre llegaban a un punto donde nos decían que ‘no podían acercarse a él’ ni averiguar más del asunto». 

El caso quedó bajo la custodia del Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas. Los abogados de distintas ONG exigían el habeas corpus al Estado venezolano. Ninguno de ellos pudo validar la información que sus clientes manejaban sobre Hugo Marino.

«Lo extraño en el caso de Hugo Marino es que nadie lo ha visto», dijo la abogada Tamara Sujú a los medios de comunicación. «Ninguna autoridad dice algo al respecto». 

Poco después de reportar la desaparición de Marino, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al buzo y exigió al Estado venezolano que informara si él se encuentra bajo su custodia. 

Salas rememora los últimos dos años como las últimas migajas de información extraoficial. «En 2021, uno de los abogados dijo que lo encontró en una clínica militar durante la cuarentena por COVID-19. Días después me volvió a contactar para decir que se «había equivocado»». 

La familia Marino también contactó al periodista Vladimir Villegas para entrevistar al fiscal general, Tarek William Saab y que le preguntara sobre el tema, pero no obtuvieron información precisa.

«Allí dijeron que el caso se estaba haciendo, que el Ministerio Público estaba en el proceso. Eso es pura mentira. Hasta el juez del Tribunal 31 de Control también guarda silencio, no dice nada desde hace años», comenta la madre de Hugo Marino. 

Más de 201 desapariciones forzadas 

El caso de Hugo Marino es considerado como una desaparición forzada. Su denuncia aparece en los informes que en julio de 2020 y 2021 presentó Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas en esa época, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

«La Oficina recibió información sobre las presuntas desapariciones forzadas del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, en septiembre de 2018, y de Hugo Enrique Marino Salas, un civil que había trabajado como contratista del Ejército en abril de 2019. Sus familiares no han recibido respuesta a las solicitudes de habeas corpus presentadas en julio y mayo de 2019, respectivamente, y su paradero sigue siendo desconocido», cita el documento.

Al menos 201 personas están catalogadas bajo la desaparición forzada entre los años 2000 y 2019, según Provea. Activistas de la organización no gubernamental venezolana afirman que el número ha subido considerablemente en los últimos tres años. Todos los casos tienen relación con conflictos con dirigentes chavistas. 

Durante 2022, alrededor de cuatro personas por día fueron reportadas como desaparecidas en el país, según un informe del Observatorio Venezolano de Violencia.

«Hasta que no se dé el paradero de mi hijo no voy a descansar. En Venezuela hacer justicia es muy difícil, pero no pierdo la fe: yo tengo que saber qué pasó con mi hijo», dice su madre.

Beatriz Salas aún recuerda el último mensaje que le envió su hijo ese 20 de abril del 2019. Era las 12 del mediodía y él se encontraba en el aeropuerto de Maiquetía. 

«Mamá, ya estoy en Caracas», le escribió. 

Ella aún espera que su hijo regrese de las profundidades de Venezuela.

Acfiman: Estado venezolano viola DDHH al negar información sobre el cambio climático
 Alicia Villamizar, miembro fundador de la Secretaría Académica de Cambio Climático de la Acfiman, aseveró que «la falta de compromiso del Estado de actualizar» los datos sobre el cambio climático en Venezuela «se puede categorizar o comparar como un crimen de lesa humanidad»
Estiman que los agricultores venezolanos de escasos recursos serán los más afectados por el cambio climático en los próximos 6 años
Venezuela, Argentina, Brasil y Colombia fueron los países con mayor número de muertes asociadas a olas de calor en los últimos 22 años
Aníbal Rosales, ingeniero agrónomo de la organización Grupo Orinoco, advirtió que Venezuela tiene el peor índice de seguridad alimentaria relacionado al cambio climático de América del Sur 

Foto: Reuters. Embalse de Guri, estado Bolívar, Venezuela, en sus niveles más bajos registrados durante el año 2016. 

«De COP (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) en COP —una celebración anual—, Venezuela debe actualizar su inventario sobre emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El último informe que publicó data del 2017 y tiene información del 2010. Esa falta de compromiso del Estado es un fallo para los derechos humanos a nivel mundial, se puede categorizar o comparar como un crimen de lesa humanidad», dijo la bióloga y miembro fundador de la Secretaría Académica de Cambio Climático de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman), Alicia Villamizar. 

Las declaraciones de Villamizar coinciden con las advertencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional: el cambio climático representa una crisis para el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al acceso al agua y muchísimas otras más.

El Estado venezolano es parte de la COP y sabe de esos riesgos, pero al impedir el acceso a la información con conocimiento que eso perjudica a la población civil cae en la definición de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad

La comunidad científica venezolana reiteró su llamado al Estado venezolano a rendir cuentas sobre la variación del clima y su contribución al fenómeno global durante la presentación del segundo borrador del segundo reporte académico de cambio climático en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, el 31 de marzo del 2023.

«En Venezuela tenemos una vulnerabilidad crítica multidimensional no evaluada. Tenemos la emergencia humanitaria compleja que ya vivimos, y el cambio climático puede profundizar las carencias que ya tenemos», aseveró Villamizar.

Con 13 años de atraso en cifras oficiales sobre la producción nacional de gases como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), la información y documentación sobre el impacto del cambio climático en el país recae en las asociaciones civiles.

Los miembros de la Acfiman insistieron que la falta de datos y evaluaciones evitará tomar medidas para mejorar la calidad de vida de los venezolanos

«La desactualización tiene un costo muy caro», advirtió Villamizar. 

Los agricultores serán los más afectados en Venezuela

De no aplicarse estrategias políticas para mitigar el uso de combustibles fósiles y de desechos sólidos en Venezuela, el impacto del cambio climático afectará directamente a la producción agrícola nacional

«La producción de GEI provenientes de la agricultura venezolana ha mermado en los últimos años. Pero no es por la implementación de medidas de mitigación contra el cambio climático, sino por la disminución de la producción nacional en rubros como el maíz y el arroz, así como del ganado bovino», recalcó Aníbal Rosales, ingeniero agrónomo de la organización Grupo Orinoco

«Para mitigar el cambio climático, las sequías, inundaciones y el cambio de ciclos de cultivo se necesitan recursos, cosa que no tienen los agricultores», dijo.

Si bien el impacto será a nivel nacional, los modelos del Instituto Max Planck de Meteorología de Alemania predicen que al menos 14 estados del norte y oriente del país tendrán una reducción de lluvias igual o superior al 10% en los próximo 5 años, comparado con inicios del año 2000.

«Mientras tanto, en los llanos y en el sur del país, se espera que aumente la temperatura promedio», agregó Rosales. 

Bajo estas perspectivas, el ingeniero agrónomo anunció que en Venezuela se perdería la aptitud para «17 cultivos, como el maíz, el arroz, el plátano, entre otros».

También, se espera que las zonas semiáridas se amplíen hasta 106.000 km 2 y las zonas subhúmedas se expandan hasta los 107.000 km 2.

Venezuela presentaba 27% de su territorio nacional en climas áridos para el 2010, según la UNESCO. Las proyecciones presentadas por la Aficman estiman que el territorio sin condiciones óptimas para producir alimentos llegará a 50%

«El panorama venezolano es grave, porque presentamos el mayor índice de inseguridad alimentaria en América Latina por el cambio climático global», dijo Rosales. 

Venezuela sin agua (ni electricidad)

Con el aumento de la aridez también escaseará el agua. Se espera que los embalses de Venezuela tendrán un déficit hídrico para el 2030

«Venezuela tiene un potencial para generar fuentes de energía renovables, como la eólica, pero no hay incentivos públicos para hacerlo», informó Davna Rodríguez, ingeniera ambiental y miembro de la Acfiman. «El país solo desarrolla el 32% del potencial en energías renovables. Solo se enfocan en la hidroeléctrica, que se verá afectada por las sequías y los periodos del Niño-Oscilación del Norte». 

La comunidad científica también reiteró que el Estado no brinda registros sobre la calidad de los embalses y de los lagos, restringiendo la implementación de políticas públicas para mejorar el suministro de agua y electricidad. 

«Es escasa la cobertura geográfica en las estaciones meteorológicas en el país. No tenemos cifras continuas y sistematizadas para saber si estamos en condiciones extremas o no», advirtió Estrella Villamizar, ecóloga y miembro de la Acfiman.

Reiteró que un episodio similar a las sequías en el año 2016 puede resurgir en el país, cuando se registró la temporada de El Niño más intensa hasta ahora y hubo cortes eléctricos diariamente a nivel nacional.

La Organización Meteorológica Mundial enfatizó que las probabilidades de que aparezca una época de El Niño después de julio del 2023 es del 55%. También, pronosticó que «al menos uno de los años que quedan hasta 2026 se convierta en el más cálido jamás observado» debido a la conjunción de El Niño y el cambio climático. 

«Con un aumento de la temperatura de 2 grados centígrados entre el 2030 y el 2050, las precipitaciones en Venezuela se reducirían entre 5% y 25% en casi todo el país, reduciendo también el caudal de los ríos en casi todas las cuencas del país», enfatizó la ecóloga. 

Más olas de calor, más focos de enfermedades

Alicia Villamizar reiteró que existe una correlación entre el aumento de los focos de dengue, zika y otras enfermedades transmitidas por mosquitos y los periodos de sequía por El Niño y en áreas endémicas deforestadas en el país. 

«Sin embargo, la falta de registros epidemiológicos históricos y de cifras actualizadas y confiables es la principal restricción para el estudio de la relación entre el cambio climático y la salud», dijo. 

Pese a los datos escasos, las investigaciones de campo en el estado Bolívar y las herramientas digitales y satelitales ofrecen algunos panoramas para la sociedad venezolana.

Según el Informe 2022 sobre salud y cambio climático en América del Sur publicado por The Lancet Countdown el 28 de marzo, la transmisión del dengue alcanzó su nivel más alto: 35,3% entre 2012 y 2021 en todos los países de la región donde se encuentran los mosquitos transmisores (excepto Argentina y Surinam).

El documento escrito por miembros de la ONU también especificó que Venezuela, Argentina, Brasil y Colombia fueron los países con mayor número de muertes asociadas a olas de calor en los últimos 22 años. A nivel regional, las muertes relacionadas al calor aumentaron en 160% entre el periodo del 2017—2021 y el periodo del 2000—2004.

Del mismo modo, el informe indicó que los incendios forestales han aumentado en la región, lo que aumenta la exposición y vulnerabilidad a enfermedades respiratorias y cardiacas a largo plazo. En el caso de Venezuela, 41,4% de su población estaría expuesta a los incendios forestales relacionados al cambio climático y al ser humano en el año 2021. 

«Dada la intensificación de las quemas experimentadas en la Amazonía venezolana en los últimos años, es posible que la pérdida de árboles para capturar el carbono vía fotosíntesis también esté mermada», agregó Estrella Villamizar.

Desmejorará otros derechos humanos

Para Isaías Lescher, sociólogo de la Universidad del Zulia, las implicaciones del cambio climático en Venezuela degradaría las posibilidades de restablecer la institucionalidad humanitaria

«De acuerdo con la literatura académica venezolana, se espera que para el 2030 el PIB nacional se contraiga otro 10%, aumentará aún más los flujos migratorios y el índice de pobreza en el país», destacó. 

Lescher especificó que la industria petrolera también se vería mermada. Cerca del 85% de las reservas de hidrocarburos y el 89% de las reservas de gas quedarían en el rango de «no utilizadas»

Frente a los pronósticos del deterioro de la industria venezolana, Alicia Villamizar reiteró que el Estado no ha publicado ningún balance sobre su aporte a los GEI

«A partir del 2010, todos los gobiernos adscritos a la ONU acordaron realizar un Informe Bienal de Actualización (IBA) donde se especifique un inventario de emisiones antropogénicas (de la industria y la ganadería). Venezuela no ha hecho ni el primer IBA», informó Villamizar. «Se espera que el primer inventario se publique por la Acfiman en el 2024». 

La bióloga enfatizó que la ley de cambio climático es el único instrumento jurídico nacional que puede fortalecer el registro de los GEI, la asignación de responsabilidades para a la reducción de esos químicos y la creación de protocolos de reducción de riesgos y desastres. Pero el documento jurídico lleva años en elaboración. 

El presidente de la Acfiman, Ismardo Bonalde, reiteró que la institución científica venezolana está abierta a colaborar con el Estado para lograr los objetivos de la ONU. Pero no han recibido una respuesta del gobierno

«Mantenemos un atraso considerable que nos puede perjudicar de muchas maneras. Esto mantiene un panorama desolador y devastador. Somos altamente vulnerables», concluyó Villamizar.

DDHH Olvidados | El Estado le dio la espalda a Onésimo Fernández
Onésimo Fernández fue herido en su columna vertebral por un disparo del ejército venezolano durante la masacre de Kumarakapay, en Bolívar
Provea alega que no existe celeridad para determinar a los responsables de al menos 8 fallecidos del pueblo pemón por más de cuatro años

El 22 de febrero del 2019 marcó a Onésimo Fernández: la bala de un militar de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le fracturó una vértebra lumbar en Kumarakapay, una comunidad pemón en el sur del estado Bolívar. Desde entonces quedó parapléjico. 

El artesano y agricultor del pueblo pemón murió el 10 de marzo del 2020 por la escasez de medicinas para tratar la herida que el Estado le propinó. Durante un año y dos semanas se mantuvo en las camas hospitalarias de Santa Elena de Uairén y del Hospital General de Boa Vista, en la capital del estado brasileño de Roraima.

«Hasta ahora no hay información oficial que actualice la investigación de ese caso y de ese contexto (del ataque de Kumarakapay)», recalcó Marino Alvarado, abogado y excoordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea). 

El Ministerio Público designó a cuatro fiscales para investigar estos crímenes dos semanas después de que ocurrió el ataque militar: fiscal 91 indígena, 54 con competencia plena, segundo de derechos humanos y sexto de delitos comunes. Aún no se ha designado a ningún responsable o adelanto en la investigación después de cuatro años

Para el especialista en derechos humanos, el registro y la denuncia de justicia ha permanecido en los informes de las ONG y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Resolución 07-2019, medidas 181-19. 

Testimonios conservados de Onésimo Fernández

En 2019, las fronteras venezolanas estaban cerradas por mandatos de Nicolás Maduro. Los líderes indígenas de Kumarakapay, comunidad que también se le conoce como San Ignacio de Yuruaní, manifestaban desde enero su apoyo a la entrada de insumos por la frontera brasileña para amortiguar la emergencia humanitaria compleja que aún sufre el país. 

Ese día venía un cargamento de medicinas y alimentos desde Brasil gestionado por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por el Gobierno de Estados Unidos como presidente interino de Venezuela en ese momento.

A pesar de que el artículo 119 de la Constitución de Venezuela le otorga soberanía a la etnia en su territorio, cuatro vehículos de un convoy militar intervinieron en la zona y atacó a los habitantes

Fernández recordó para la prensa nacional independiente que el 21 de febrero ya se podían ver unidades militares y el retorno de varios uniformados hasta un puente próximo a la localidad.

A las seis de la mañana empezaron los disparos. La primera de las ocho víctimas de ese ataque, Zoraida Rodríguez, murió en la calle principal de la comunidad. Los demás, como Onésimo, fallecieron semanas después del ataque, la mayoría en hospitales brasileños porque en Venezuela no tenían insumos para tratarlos. 

«Cuando mataron a una señora (Zoraida Rodríguez) yo fui a verla, allí me dispararon. Al esposo (Rolando García) también le dispararon por la espalda. Me aguanté», dijo Fernández al Correo del Caroní un año después de la masacre de Kumarakapay.

Los tres disparos que recibió Zoraida en el pecho fueron mortales. La bala que atravesó a Onésimo perforó su médula ósea y le causó una fractura osteolítica de la vértebra L5. Eran las diez de la mañana cuando él, Rolando García y Klever Pérez llegaron al Hospital General de Boa Vista. 

En Brasil, Pérez fue uno de los primeros heridos en fallecer, el 28 de febrero. García falleció el 2 de marzo. Allí Fernández fue hospitalizado, diagnosticado con paraplejia y se quedó en un tratamiento de siete meses

Según registros de la ONG Foro Penal, al menos 15 heridos causó esa intervención militar y Onésimo era uno de ellos. Pero, dentro de ese grupo, era el que tenía una condición más crítica: la herida de bala en la región toracoabdominal evolucionó con lesión gástrica.

Doble herida: sin acceder a medicinas

La represión militar no se detuvo en  Kumarakapay. Los habitantes de Santa Elena de Uairén también reportaron ataques de militares de la GNB para evitar el ingreso de insumos humanitarios en la frontera brasilera. 

«Quienes pueden, cruzan la frontera para evitar ser detenidos. Cruzan, a través de la selva o de la sabana, burlando el bloqueo; alrededor de 1.300 indígenas pemón, especialmente mujeres y niños, se refugiaron en las comunidades brasileñas. Mientras que los hombres resguardan casas y comunidades. Detienen e interrogan a quienes viven o trabajan en los sitios desde donde fueron captados los videos. Recomiendan borrar videos, fotos, sonidos», escribió la periodista Moreila Morillo para el Correo del Caroní con entradas de su diario. 

Cuando Onésimo regresó a Kumanapakay la población mantenía una especie de toque de queda por temor a futuros ataques. La comunidad, que vive dentro del Parque Nacional Canaima, vivía del turismo y se mantuvo desolada por más de un año

Pese a los aportes de varias ONG y de los habitantes de la zona ayudaron para el tratamiento, la condición de Fernández empeoró. El dolor se acentuó. Dejó de comer y hablar. No podía dormir más de 2 horas.

Los familiares de Onésimo no podían costear ni conseguir las medicinas que necesitaban, aquellas que se podían encontrar en la ayuda humanitaria que el Estado se negó a recibir con balas. 

Un año después del incidente, la octava víctima del 22 de febrero del 2019 murió en el Hospital Rosario Vera Zurita de Santa Elena de Uairén, en el municipio Gran Sabana, al sur de Bolívar. Onésimo Fernández tenía 49 años. 

«No hay nada que hacer, amaneció muy mal y solo está funcionando su corazón», informó horas antes su hermana Yelitza Fernández al Correo del Caroní.

La ausencia es la marca que dejó el 22 de febrero del 2019 en Kumanapakay. La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) contó un mínimo de 1.300 pemones que se desplazaron forzadamente a Brasil para resguardarse del Estado venezolano —y no se sabe cuántos han regresado—. Al menos 13 indígenas fueron detenidos en el contexto de los ataques a Kumarakapay y a Santa Elena de Uairén, según la ONG Kapé – Kapé.

Otros líderes indígenas, como Ricardo Delgado, tuvieron que refugiarse en Brasil como exiliado político. Mientras tanto, los familiares de las víctimas aún esperan por la justicia de civiles que solo querían alimentos y medicinas bajo una crisis humanitaria. 

Subregistro de vacunación contra VPH aumenta riesgo de cáncer en Venezuela
En Caracas solo las ONG y el sector privado ofrecen la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano para cubrir la demanda que el Estado venezolano promete desde el 2016. 
El precio para adquirir una dosis y prevenir el cáncer cervicouterino ronda entre 80 y 300 dólares
SAV estimó 5555 casos de cáncer de cuello uterino en 2022 en el país

El estado venezolano lleva ocho años prometiendo incorporar la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en los esquemas de inmunización de los entes públicos. En diciembre del 2022, el Ministerio de Salud anunció que adquirirá la vacuna para el segundo trimestre del 2023, pero no ha ofrecido un plan de vacunación con metas y plazos definidos

«Antes de ese anuncio, el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” había autorizado la incorporación de la vacuna para el año 2015, pero no ocurrió. El acceso a esta vacuna es totalmente limitado: solo para las personas que puedan acudir al sector privado o a las ONG y costear la dosis», aseveró el médico obstetra y ginecólogo Rafael Terán, miembro de la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), una de las pocas organizaciones que ofrece la vacuna contra el VPH en Caracas. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció que el VPH es una de las infecciones más comunes del sistema reproductivo. Aunque existen más de 50 cepas, 14 son consideradas de alto riesgo cancerígeno. Se estima que más del 70% de los casos de cáncer cervicouterino son consecuencia de la infección. El virus se aloja en las secreciones mucosas del humano y también es un catalizador para el cáncer de pene, anal y orofaríngeo. En 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó 604000 nuevos casos y 342000 muertes de cáncer cervicouterino a nivel global. 

La vacuna contra el VPH fue aprobada por la OPS en 2004 y hasta ahora Cuba, Curazao, Guyana Francesa, Haití, Nicaragua y Venezuela no la han incluido en sus respectivos Planes Ampliados de Inmunización (PAI). 

«La consecuencia de no tener una cobertura de inmunización de este tipo es que Venezuela no podrá reducir la incidencia en uno de los cánceres de mayor morbilidad en el país: el cáncer de cuello uterino (o cervicouterino), uno de los casos oncológicos prevenibles por la comunidad médica internacional», advirtió Terán, agregando que semanalmente Plafam atiende hasta 6 mujeres que pueden costearse una de las 3 dosis. 

El médico obstetra y ginecólogo aseveró que, pese a los esfuerzos de las clínicas y las ONG, la falta de datos epidemiológicos y demográficos constantes por el sector público desde el 2016 impiden deducir con precisión la necesidad de vacunas para las poblaciones vulnerables en el país. 

«Está quedando una población muy alta que no va a ser cubierta por este programa de inmunización. La población que es recomendada para inmunizarse, las niñas entre 9 y 14 años, es una de las más desprotegidas y más vulnerables a corto y largo plazo», agregó. 

Incidencia del cáncer en aumento

La Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) estimó que 1881 mujeres murieron por cáncer de cuello uterino en el país y se detectaron 5409 casos nuevos en un año según su Pronóstico de mortalidad e incidencia por cáncer del 2021. En un análisis preliminar, la asociación civil calculó que la incidencia aumentaría con 5707 casos nuevos de cáncer de cuello uterino y 2037 mujeres pueden morir por la enfermedad en 2023. Para 2022 se estimaron 5555 casos detectados. 

«Se espera que para el año 2023 exista un incremento del 24,74% en la mortalidad por todos los tipos de cáncer en ambos géneros con respecto al año 2016», precisó Juan Saavedra, gerente general de la SAV. «El último dato que ofreció el Ministerio de Salud sobre la mortalidad por cáncer en el país fue en 2016. Los datos son buenos, pero llegan muy tarde. Normalmente coinciden con las proyecciones estadísticas que hacemos». 

La Academia Nacional de Medicina reconoció que el último boletín epidemiológico publicado por el Ministerio de la Salud se emitió en octubre del 2022. Antes de ese ejemplar, la administración pública llevaba una ventana de cinco años y siete meses sin ofrecer datos. Después de ese boletín no se han publicado más ejemplares hasta la fecha. «La OPS utiliza los datos de la SAV como la única referencia en el tema para los últimos siete años», agregó Saavedra. 

El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por temas oncológicos para toda la población en Venezuela, solo superada por el cáncer de mama (con 3128 casos en 2021). El SAV calculó que las mujeres entre 45 y 64 años concentran la mayor tasa de mortalidad, representando 47,8% de los casos estimados entre 2021 y 2023. Mientras tanto, la población femenina entre los 35 y 54 años representa la mayor tasa de incidencia en ese mismo periodo con un promedio del 55,28%. 

El Ministerio de Salud anunció en una gaceta oficial con fecha del 20 de enero del 2023 que los casos de infección por VPH serían de notificación obligatoria semanal en los boletines epidemiológicos. Sin embargo, el gerente general de la SAV reconoce que la reciente medida no podrá suplir la falta de información pública. 

«La población más vulnerable está comprendida en el rango de edad para ser económicamente activa. El acceso a la información se enmarca en la Organización Mundial de la Salud (OMS) como parte de la comunicación de riesgo», afirmó Saavedra. «Frente a un cáncer prevenible, toda la población debería vacunarse, tanto hombres como mujeres. Al ser una infección de transmisión sexual, los hombres también son un vector de contagio del VPH, aunque la incidencia del cáncer de pene u orofaríngeo es muchísimo menor que el cervicouterino». 

El médico oncólogo reconoció que Venezuela no alcanzaría a estrategia mundial de la OMS para erradicar el cáncer del cervicouterino para el 2030 si no implementa la vacuna contra el VPH en el esquema de inmunización pública. El plan de la OMS (conocido como «plan 90-70-90») consiste en lograr que el 90% de la población femenina entre 9 y 14 años esté vacunada contra el VPH, que el 70% de las mujeres entre 35 y 45 años reciban pesquisas y que el 90% de las mujeres diagnosticadas con VPH y cáncer cervicouterino reciban tratamiento oncológico temprano. 

 

Vacunas que no llegan

«El verdadero problema es que la cobertura contra el VPH es tan pequeña que no llega a las pocas estadísticas sobre Venezuela», afirmó la doctora Elvia Badell, presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP). «La vacuna del VPH no es la única. También existe una baja cobertura en otras enfermedades prevenibles como el sarampión. Y no tenemos vacunas a nivel público contra el meningococo y el neumococo desde el 2016».

Para Badell la tasa de inmunización contra el VPH es una de las aristas de una escasez de vacunas general, siendo la cobertura contra el sarampión una de las más alarmante. El 8 de febrero de 2023 la OPS anunció una alerta epidemiológica en América sobre el Sarampión. En ese documento se evidencia que el país tiene una tasa de 68% para la primera dosis contra el sarampión y de 38% para la segunda dosis. Venezuela tiene la tasa más baja en la región. El alcance efectivo de la cobertura para todas las enfermedades prevenibles (como el VPH y el sarampión) es de 95%. 

«El Estado venezolano tiene una deuda con el Fondo Rotatorio de la OPS a pagar para el 2024, que es el responsable de vender vacunas a precios más bajos a los países pobres para que puedan adquirirlas y usarlas. Venezuela se desentendió de ese problema y son las donaciones de otros países, que compran con excedentes, las que hacen que el país tenga vacunas», explicó Badell. «El año pasado se hicieron esfuerzos con el gobierno para donar vacunas siempre y cuando se pague la deuda. Pero no se logró. El gremio médico se mantiene con sus reservas desde septiembre del 2022».

Según los datos más actualizados de la OMS sobre las coberturas vacunales a nivel mundial, Venezuela presentó un retroceso entre 2020 y 2021. El caso con mayor diferencia es la segunda dosis del sarampión y la vacuna BCG, que protege contra la tuberculosis y se debe administrar una dosis única cuando el bebé está recién nacido. La cobertura de la BCG se redujo de 82% a 68% entre 2020 y 2021.

La OPS le exige al Estado venezolano ofrecer datos sobre las coberturas del VPH «pero no ofrecen datos de esa categoría porque oficialmente aún no está dentro del esquema de inmunización venezolano (pese a que el Ministerio de Salud declaró que se incorporaría en 2015)», advierte Badell. La SVPP actualiza cada año un «esquema ideal de inmunización» a la población infantil. En la última actualización del 2022 se reconoce que las vacunas contra el VPH y el neumococo son algunas de las coberturas que el Estado ha prometido incorporar pero dejó de suministrar

«Además de la falta de los recursos también está la parte social. Tenemos una deuda para medir cómo la desinformación está reduciendo la voluntad para vacunarse», opinó la presidenta de la SVPP. «Sobre todo porque ahora todos tenemos acceso a información por internet y uno ve noticias que dicen tener efectos adversos de la vacunación. Un ejemplo de ello fue el covid-19. Personalmente, considero que la deserción a vacunarse por miedo es alta». 

Inmunizar sin informar

De acuerdo con el portal periodístico venezolano Prodavinci, Venezuela es el único país de Sudamérica que no publica ni brinda acceso a ningún dato específico sobre los esquemas de vacunación, incluso durante los primeros dos años de la cuarentena por covid-19.

Durante el 2021 y 2022, los entes estatales, como el Ministerio para la Salud, no ofrecieron información detallada sobre los programas de inmunización. La OMS establece un plan de recolección de datos sobre esquemas de vacunación que especifique qué producto se está trayendo al país, cuántas dosis son necesarias, en qué lugares se están aplicando, cuáles son los grupos etarios prioritarios; pero no se tiene información consistente sobre los planes en Venezuela. 

En el caso de la inmunización por VPH durante 2022, el Ministerio de Salud solo tiene el anuncio de incorporar la vacuna en un futuro. Hasta ahora, ni los voceros públicos ni las redes sociales del ministerio han ofrecido información sobre el manejo de las posibles vacunas que traerán en menos de un mes

«Lo mismo ocurre con otras vacunas», advirtió Badell. En Venezuela no hay campañas oficiales y masivas para combatir la desinformación. En algunos casos los vacunadores la propagan. «Normalmente la información recae en personal no entrenado, que a veces no ofrecen información apropiada y los pacientes pierden la voluntad de vacunarse. Se considera una oportunidad perdida cuando no se educa a los pacientes sobre salud pública».  

En una encuesta realizada por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela a 427 especialistas publicada en julio del 2022, se registró que el 57,34 % de esa población no conocía las directrices del «plan 90-70-90» de la OMS para la erradicación del cáncer de cuello uterino. Mientras tanto, el Observatorio Social Humanitario calculó en abril del 2022 que 31,2% de las personas que no se habían vacunado contra el covid-19 no querían hacerlo ni tenían intenciones de probar vacunas de otras patologías.

Para el periodista y miembro del Observatorio Venezolano de Fake News, Leon Hernández, la relación entre el aumento del desinterés en vacunarse y la desinformación podría entenderse por la intencionalidad del Estado en no dimensionar los problemas de la salud pública a la población, lo cuál deja al venezolano más vulnerable.

«Sí hay instituciones han abordado el tema, pero no pueden tener la data completamente. Además, existe un subregistro oficial, porque hay una intencionalidad para que el registro no sea completo y minimizar el problema», explicó Hernández. «Bajo el contexto venezolano, estamos ante un ministerio que se escurre en opacidad y en irresponsable e intencionada desinformación o silencios informativos». 

Una arista de la Emergencia Humanitaria 

Aún para las personas que puedan conseguir la vacuna contra el VPH existen distintas barreras sociales y económicas. La cotización de los biológicos en el sector privado, entre 80 y 300 dólares, representan un rango de gasto entre 1936 a 7260 bolívares (según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela para el 20 de marzo del 2023) en un contexto inflacionario y donde el sueldo mínimo es de 130 bolívares. 

Es decir, para obtener una de las tres dosis contra el VPH en Venezuela se necesitan 55,8 sueldos mínimos, datos que el Banco Mundial y la OMS consideran como un «gasto catastrófico en salud». Aunque existen vacunas en el país, se evidencia una disparidad en la población venezolana para adquirirlas, tanto por ingresos económicos como por la identidad de género.

«El tema del VPH hay que enmarcarlo en la realidad que estamos viviendo, que es una emergencia humanitaria compleja. Existe una brecha en el acceso a los materiales y ejercer el derecho a la salud, sobre todo en la mujer y en las personas trans», reflexionó Yendri Velazquez, activista de Amnistía Internacional. «Lamentablemente, a largo plazo los programas de salud en este contexto siguen bajo las instituciones religiosas o políticas que promueven prejuicios discriminatorios. Es un gran reto lograr una cobertura adecuada sin discriminación económica, social e informativa».