Joshua De Freitas, autor en Runrun

Joshua De Freitas

Volker Türk: Oficina de Derechos Humanos de la ONU permanecerá dos años más en Venezuela
En una rueda de prensa, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas aseveró que se deben liberar a todos los presos políticos
Aseveró que el Proyecto de ley para regular ONG y afines es una restricción fragante a la libertad de asociación en Venezuela

Foto: EFE

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, culminó su primera visita a Venezuela este 28 de enero anunciando una prórroga de dos años a la presencia de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país.  

En una rueda de prensa en el Aeropuerto de Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira, el funcionario de las Naciones Unidas dijo que en su estadía de 3 días en el país pudo conversar con más de 125 representantes de la sociedad civil venezolana, incluidos a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos, a familiares de las víctimas y a defensores de Derechos Humanos. 

«Me alienta la decisión del Gobierno de prorrogar la presencia del equipo en Venezuela por otros dos años para que puedan continuar su labor de promoción de la agenda de derechos humanos en el país», dijo.

Türk informó que se reunió tanto con el diputado Jorge Rodríguez y la magistrada Gladys Gutiérrez como los miembros de la Plataforma Unitaria sobre el proceso de diálogo en México. «Reitero nuestro apoyo y asesoría en el proceso de diálogo venidero, enfatizando la intervención de los testimonios de las víctimas (de violaciones a Derechos Humanos) en el proceso político». 

«En mis discusiones con Nicolás Maduro, él me expresó públicamente su disposición para mejorar el sistema judicial», aseveró el Alto Comisionado de la ONU. «Esto es un tema de suma importancia para reformar y la Oficina reitera su apoyo y experticia para lograr ese objetivo».  

Justicia para los presos políticos y los torturados

Durante su discurso, el funcionario y abogado de origen austriaco expresó su preocupación por los presos políticos venezolanos y los familiares de las víctimas por ejecuciones extrajudiciales. 

«En mis reuniones con el presidente y los ministros reiteré por la liberación de todas las personas que están detenidas arbitrariamente», denunció. «También, entre otros temas, planteé limitar el uso extenso y prolongado de la prisión provisional o preventiva y la necesidad de reformas (los estatutos) relacionados con las personas privadas de libertad». 

Afirmó que la ONU le entregó a Maduro una lista detallada de los presos políticos que esperan ser liberados. Entre ellos mencionan a Emirlendris Benítez, Ángela Expósito, el teniente coronel Igbert Marín y el profesor Javier Tarazona.

«Habrá una consideración especial y la Oficina está en este momento sobre esos casos», reiteró. 

Türk indicó que el gobierno de Nicolás Maduro «prometió que se atenderían las denuncias de torturas, que serán investigadas plenamente y que los responsables serán llevados ante la justicia». Reiteró que ese compromiso iría bajo la renovación de la Comisión Nacional contra la Tortura y la ratificación de la Convención Internacional sobre Detenciones Forzadas.

«También llamo a que ratifiquen su participación con la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el acuerdo regional de Escazú sobre el medioambiente», agregó.

Del mismo modo, dijo que se debe tomar con más seriedad el tema de las ejecuciones extrajudiciales y escuchar a los familiares de las víctimas para lograr justicia. «Esto lamentablemente continúa perpetrándose y hay trauma en las personas».

Preocupaciones por Ley de regulación de ONG

El funcionario de la ONU mencionó su preocupación por el reciente Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, discutido el pasado 24 de enero. Reiteró que se estaría reduciendo el derecho a la libre asociación. 

«La reacción del gobierno fue de comprometerse junto a nosotros, porque siempre hay preocupación por la restricción al espacio cívico. Recomiendo urgentemente que las autoridades tomen en consideración nuestras preocupaciones», indicó. 

Türk también denunció que el gabinete de Nicolás Maduro debe reformar las «restrictivas disposiciones legales sobre el aborto», así como el Código Orgánico de Justicia Militar. 

«Mi equipo tuvo acceso a algunos documentos judiciales y tuvimos la oportunidad de dar algunas recomendaciones sobre las conductas de investigación y del procesamiento desde una perspectiva de Derechos Humanos», dijo sin especificar cuáles archivos fueron consultados. 

Crisis social y restricciones

El representante de la Oficina de Derechos Humanos denunció que no pudo atender a todas las demandas sobre la condición de vida de los privados de libertad. Aseveró que se pudo tomar un panorama de las restricciones de agua, electricidad y sanidad en los centros penitenciarios. 

«Como señalé a las autoridades, (las visitas e investigaciones) debe incluir todos los centros de detención, incluidos las prisiones militares», dijo. 

El abogado expresó que los representantes que se reunieron con él reiteraron que se necesita el apoyo internacional y de las Naciones Unidas para sobrellevar la emergencia humanitaria compleja y el impacto de las sanciones económicas.

«Si bien las raíces de la crisis económica son anteriores a las sanciones, sí han desmejorado y agravan la situación», aseveró mientras solicitaba el levantamiento formal de las sanciones impuestas desde el 2018. «Es importante superar las divisiones y reconstruir el contrato social entre los venezolanos y entre otros países e instituciones».

Volker Türk, solicitó al Gobierno venezolano que tome las acciones pertinentes y apoye a las agencias de la ONU para la protección de los venezolanos migrantes y retorno seguro a su propio país.

Al mismo tiempo, concluyó que las entrevistas atendidas por el Alto Comisionado reiteraban la intervención de la comunidad internacional en reparar «la fragmentación, división y fractura de confianza» entre las distintas facciones sociales y políticas del país. 

La antigua Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet visitó el país en 2019 y constató las restricciones y atropellos a las libertades de la población venezolana, donde se especificaron actos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, torturas y su vinculación con los cuerpos de seguridad de Venezuela. 

3x3 | Proyecto de ley para fiscalizar ONG busca retrasar investigaciones de la CPI en Venezuela
La directora interina de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, afirma que el proyecto de ley «tendría un impacto sumamente negativo no solo para quienes defienden Derechos Humanos (…), sino también para las víctimas que han recibido su apoyo y acompañamiento»
Miguel Pizarro: «El proyecto de ley busca criminalizar cualquier asociación que busca defender los Derechos Humanos»
La ONG Promedehum afirma que más del 70% de las asociaciones civiles venezolanas ya presentaban restricciones para formalizarse jurídicamente

Diosdado Cabello propuso discutir una ley de regularización para las ONG en Venezuela. Casi 18 años después de su planteamiento, la Asamblea Nacional oficialista aprobó un Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines.

Los esfuerzos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por retener las acciones de la sociedad civil en el país no son nuevas, desde el año 2005 se plantea un mecanismo jurídico para monitorear los ingresos de las ONG. En 2021 se intentó implementar un mecanismo de fiscalización a la sociedad civil que fue rechazado. Pero las declaraciones del diputado Diosdado Cabello este 24 de enero son el primer paso para hacer realidad las restricciones. 

Los dirigentes del chavismo argumentan que algunas organizaciones trabajan «exclusivamente con fines políticos» para «desestabilizar el país» bajo el financiamiento de países como Estados Unidos y el Reino Unido. 

 

Distintas instituciones dentro y fuera de Venezuela advocadas a los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y la ONG Acceso  a la Justicia, advierten que la ley, de ser aprobada, degradará a la sociedad civil a «cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal» parecidas a gobiernos autoritarios como el de Nicaragua

Para Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas en Human Rights Watch, la aprobación de esta ley responde a uno de los «picos de la política de represión del gobierno» como patrón estatal frente a los comicios presidenciales del próximo año. 

Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria en Venezuela de la Asamblea Nacional de Venezuela del 2015 y comisionado presidencial ante la Organización de las Naciones Unidas, expresó que el proyecto de ley «intenta degradar las oportunidades de un proceso de justicia transicional o que se elimine y se evite la rendición de cuentas de quienes perpetraron violaciones de Derechos Humanos». 

El director de la ONG Promedehum, Rigoberto Lobo, expresó que de aprobarse esta ley «estaríamos hablando de una forma de controlar de manera absoluta y arbitraria la existencia y el trabajo de las organizaciones para lo que esté permitido por parte del gobierno».

 

En un panorama de emergencia humanitaria compleja, el gobierno de Nicolás Maduro aún enfrenta una investigación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese aspecto, la ONG Trasparencia Venezuela junto a EsPaja.com advierte que la sociedad civil es una de las pocas ventanas informativas y críticas frente a la opacidad sobre la violencia estatal venezolana

Mientras la asamblea nacional oficialista discute el proyecto de ley, el Alto Comisionado de las ONU, Volker Türk, visitó Venezuela para seguir la investigación por crímenes de Lesa Humanidad auspiciado por el gobierno de Maduro.

Runrun.es consultó a tres expertos para analizar el impacto de la propuesta de ley de regulación de ONG y afines en la sociedad venezolana. 

¿Cómo afectaría la propuesta de «ley de regulación de ONG y afines» al proceso de investigación de la ONU sobre los crímenes de lesa Humanidad en Venezuela?

Tamara Taraciuk Broner: 

«Recientemente, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte ha invitado a las víctimas —incluyendo a familiares de quienes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad, individuos arbitrariamente detenidos y aquellos que han sido torturados por las fuerzas de seguridad— a enviar sus opiniones y observaciones. Muchas de estas personas cuentan con el apoyo de una organización no gubernamental por detrás y su cancelación tendría consecuencias nefastas».

«Intentar limitar el trabajo de estas organizaciones no parece ser más que un intento burdo por acallar no solo a voces que cuestionan la represión, sino a aquellas que han sido esenciales para el avance de cualquier mecanismos internacional de rendición de cuentas».

Miguel Pizarro: 

«La ley tiene como objetivo controlar, inhibir e incluso destruir la cooperación internacional y la capacidad de la sociedad civil. Primero, busca asustar a los activistas y que sientan que denunciar, decir la verdad, documentar y llevar un trabajo de incidencia podría llevar desde multas hasta la ilegalización de las organizaciones». 

«Luego busca afectar a las víctimas, a sus representantes e indirectamente a los prestadores de ayuda humanitaria que han venido construyendo el expediente de violaciones a los Derechos Humanos del régimen de Maduro». 

«Ahora, también, este tema jurídico, como esta “Ley de regulación de ONG y afines”, tiene frente de sí una realidad: el sistema de Naciones Unidas tiene muy claro cuál es el contexto en Venezuela. De hecho, la Corte Penal Internacional ya va por la etapa de recabar los testimonios directos de las víctimas, igual que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU está renovada por dos años más y siguen aumentando su capacidad de investigación. A pesar de la amedrentamiento, no creo que en las Naciones Unidas se pueda creer que en Venezuela ya no se cometen crímenes de lesa humanidad». 

Rigoberto Lobo: 

«Afectaría en específico la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque es eso: es una presencia, no es una oficina en Venezuela. La Oficina no tiene capacidad de cubrir el país y de lograr documentar las violaciones en los derechos humanos y acceder a todas las víctimas. Todo este trabajo lo realiza apoyándose sobre la sociedad civil venezolana, sin ellas sería bastante difícil lograr documentar lo que sucede a lo largo y ancho de Venezuela. Las asociaciones civiles son las que tienen conexión en las comunidades». 

«Que aprueben esta ley no afectaría directamente y literalmente a las Naciones Unidas, pero en conclusión terminará afectando lo que sostiene sus investigaciones. Sin un tejido social, un tejido asociativo sobre el cual apoyarse, el trabajo sería bastante difícil, por no decir imposible». 

¿Qué tanto se restringiría la libertad de asociación en Venezuela y el alcance que pueden tener la sociedad civil para las víctimas o la población vulnerable de cara al 2023 y la posible aprobación de la «ley de regulación de ONG»?

Tamara Taraciuk Broner:

«Aprobar esta ley es un esfuerzo burdo para darle apariencia de legalidad a una persecución que lleva años. Es tan burdo que será el propio Ejecutivo el encargado de supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las ONG y podrá disolver de oficio a las organizaciones que, en su criterio, permiten «actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional». Este lenguaje es sumamente amplio y puede prestarse abusos, como ocurre con la Ley contra el Odio».

«Con elecciones presidenciales programadas para 2024 y elecciones legislativas y regionales para 2025, Venezuela encara un periodo electoral que en el pasado ha resultado en picos de la política de represión del gobierno. Las organizaciones son las que, en el pasado, han monitoreado e identificado patrones de represión del gobierno y cualquier intensificación en su ofensiva contra el espacio cívico».

«Ya en mayo, junto con otras organizaciones, habíamos expresado nuestra preocupación por un proyecto de cooperación internacional que se presentó a la Asamblea Nacional que permitía la cancelación arbitraria de la personería jurídica de las organizaciones por promover o participar en actividades contrarias a intereses del gobierno. En ese entonces manifestamos que el proyecto tendría consecuencias aún más devastadoras para las personas en situación de vulnerabilidad, cerrando el acceso al apoyo que ofrecen las organizaciones para la protección, asistencia y desarrollo de la población en materia económica, social, civil y humanitaria; lo mismo puede ocurrir ahora».

«En un contexto como el actual, la aprobación de esta nueva propuesta de ley dejaría a las víctimas más solas, sin el apoyo de quienes han estado a su lado en todos estos años».

Miguel Pizarro: 

«Creo que puede afectarse mucho, y creo que una de las cosas responsables que debemos hacer todos es no disminuirlo solo por narrativa heróica, sino ser muy francos: las organizaciones sin capacidad de recibir financiamiento se van a ver afectadas, las organizaciones sin capacidad de tener protección para poder cumplir con su labor —con su trabajo— en el medio de un asedio del régimen sin duda alguna va a generar dificultades». 

«Lo vimos antes con los medios de comunicación y luego con los partidos políticos. Es parte de una política de hegemonía dentro de Venezuela, donde el poder y el Estado son lo único que está en pie y lo único que decide qué es correcto y qué es incorrecto». 

«Además, esto no apunta solo al corto plazo. El régimen está bajo diversas formas de investigación y busca el desgaste diplomático y el desgaste político en el mediano y largo plazo para tener un control férreo de la vida social, política e institucional del país que los lleve a tener una realidad diferente y tratar de engavetar las investigaciones y de paralizarlas». 

«El antídoto contra esto es mantener más incidencia, mantener más capacidad de alzar la voz. Aquí lo digo un poco como reflexión desde el mundo político: cuando esto ocurrió en el mundo político no hubo la misma cohesión de respuesta para defenderse de los ataques que venían ocurriendo pensando que puede afectar más a unos que otros. Pero también es una gran oportunidad para la sociedad civil y para todos nosotros como venezolanos de apoyar su labor de defender y de tratar de salvar su espacio de acción sin criminalización y represalias». 

Rigoberto Lobo: 

«Lo que sabemos, porque no es realmente publica una versión del proyecto de ley, es que podría dejar a las organizaciones en un limbo, imposibilitando la regulación de las mismas bajo criterios arbitrarios y discrecionales. También busca anular la libertades y autonomías propias de las organizaciones para definir a qué se dedican, cuándo hacen incidencia y cómo trabajar». 

«Esto reduciría el trabajo de las organizaciones a solo lo que esté permitido por parte del gobierno, y eso le restaría total autonomía y quitaría la independencia en su imparcialidad». 

«La imparcialidad no impide que se puedan hablar sobre la situación de de Derechos Humanos en el país, sino simplemente que la asistencia humanitaria es para todas las personas, contrario a lo que puede ser un plan social del gobierno, que va dirigido a las personas susceptibles a ser sujetos (de su medida ideológica) y no a sus necesidades». 

«Lo que quizás es menos visible, pero es más importante, son todas esas personas que son beneficiarias de las organizaciones de Derechos Humanos, bien sea por asistencia humanitaria como tal, pero también por servicios de asistencia jurídica y acompañamiento de casos». 

«Previo a esto ya se vieron unas restricciones de facto: registrar una asociación civil sin fines de lucro en Venezuela que contenga en su acta constitutiva y en su objeto las palabras Derechos Humanos es motivo de rechazo inmediato. Muchas organizaciones se han inscrito de alguna manera cambian esas palabras para poder pasar estos bloqueos de facto que no están en las leyes». 

«Hemos visto muchos registros de asociaciones civiles que expresan que su inscripción ha sido suspendida. En una investigación que hicimos a 53 asociaciones civiles en Venezuela constatamos que más del 70% nunca habían podido constituir el registro, y el resto, que ha podido formalizarse, consiguieron obstáculos para renovar sus juntas constitutivas y cambios de objeto».

«En años anteriores ha sucedido una serie de restricciones a partir de la Providencia 001 y 002, que, si bien no fue aprobada en curso, trajo arbitrariedades individuales por parte de ciertos funcionarios».

«Hay que insistir que ONG no es un término jurídico en Venezuela, es un término que se utiliza a nivel internacional y que sí puede ser la clasificación en otros países. El término ONG se comenzó a usar con el presidente anterior como una etiqueta para estigmatizar a las organizaciones que son realmente autónomas del Estado. Cuando hablamos de “ONG y afines” en este proyecto de ley estamos hablando de un control social a cualquier tipo de asociación que ellos crean que no complace sus criterios». 

¿Cómo describiría el panorama de los Derechos Humanos en Venezuela desde el año 2021, cuando se tuvo el intento más reciente de regular las ONG, hasta ahora?

Tamara Taraciuk Broner: 

«Hay una falsa idea de que las cosas han mejorado en el país, pero la realidad es que el panorama de Derechos Humanos sigue siendo de enorme preocupación, y lo que ocurrió esta semana —con la propuesta de ley para regular a las organizaciones de la sociedad civil— lo demuestra»

«Venezuela es uno de los pocos países donde podemos ver tres crisis simultáneas: una crisis de derechos humanos, una crisis humanitaria y una crisis migratoria que tienen un impacto devastador en los derechos de los venezolanos. Hay más de 7 millones de personas que se vieron obligadas a salir del país, una de las crisis migratorias más grandes del mundo, y otros 7 millones que requieren ayuda humanitaria. Y cómo si fuera poco, se cometen una larga lista de abusos contra los Derechos Humanos con total impunidad». 

Miguel Pizarro: 

«Venezuela ha tenido un ataque progresivo contra el espacio cívico, contra la capacidad de asociación, la capacidad de organización, la capacidad de expresarse, la capacidad de militar o de activar en distintos tipos de movimiento. Esto ha tenido diversas expresiones: desde la represión masiva en protestas del 2017 y como eso derivó en más de 100 asesinados en el marco de las manifestaciones, la ilegalización de los partidos políticos, la construcción de poderes supraconstitucionales, y muchas otras más». 

«Tal como lo han determinado diversas investigaciones y reportes de tanto de la OEA como de la ONU: el Estado venezolano busca destruir cualquier forma de disidencia, de callar o eliminar cualquier forma de organización y reclamo. Todas estas acciones, como el proyecto de ley, buscan criminalizar la asociación y organización que defiende los derechos».

Rigoberto Lobo: 

«Es una continuación e incremento del retroceso que vemos desde el año 2013 en el caso de Venezuela». 

«Cuando hablamos del término amplio de la libertad de asociación vemos que ya ha sido bastante golpeado: los partidos políticos y los sindicatos y los gremios que estuvieron mucho tiempo acaparados por el oficialismo hasta hace poco. Además de los atropellos de violencia física y estructural de las instituciones críticas al gobierno y dedicadas a los Derechos Humanos». 

«Tenemos un contexto de libertad de asociación bastante deteriorado en Venezuela. Todo indica que no será un panorama para seguir trabajando de la mejor manera».

Al menos 20 rescatistas de Las Tejerías están diagnosticados con histoplasmosis
Advierten que existe un subregistro de micosis pulmonares a nivel nacional en las víctimas y en el personal de apoyo humanitario en las zonas donde hubo aludes torrenciales 
El Instituto de Medicina Tropical de la UCV estima que existe un aumento de pacientes con micosis cercano al 2933,33% entre 2017 y 2022
SOSTelemedicina y la Sociedad Venezolana de Infectología estiman que la emergencia humanitaria compleja hace de Venezuela más vulnerable en el ámbito médico frente a desastres socioambientales y al cambio climático 

 

El 5 de diciembre del 2022, el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (IMT – UCV) detectó 20 casos de histoplasmosis, una infección pulmonar causada por un hongo, en un grupo de rescatistas que atendieron el alud torrencial de Las Tejerías, en el estado Aragua, el pasado mes de octubre. 

Los casos se remiten a un grupo de voluntarios de la ONG Rotary que viven en Distrito Capital y prestaron sus servicios en Las Tejerías entre el 14 y el 16 de octubre. 

La histoplasmosis es una enfermedad infecciosa causada por la inhalación de esporas de un hongo llamado Histoplasma capsulatum. La distribución del patógeno fúngico se encuentra en toda Venezuela en forma de moho en la tierra y en los excrementos de murciélagos y de aves de corral o que viven en cuevas, como el Guácharo (Steatornis caripensis). 

«Pudimos detectar el brote por los antecedentes epidemiológicos de la histoplasmosis: las personas inhalan el aire de la zona del desastre sin mucha protección. Las esporas se diseminan por el movimiento de tierra y entran al sistema respiratorio», detalló el doctor Freddy Salazar, miembro de la sección de micología médica del IMT – UCV y profesor de microbiología en la UCV. 

«El primer paciente de ese grupo presentó fiebre alta y dificultades para respirar al tercer día de visitar la zona del desastre», agregó Salazar. «No tenía una mejora clínica para entonces. Se descartaron otras causas infecciosas relacionadas a los deslaves y movimientos de agua como la salmonelosis (o salmonella). No fue hasta darle fármacos antimicóticos que se pudo bajar el cuadro febril presente por más de 7 días que no respondía a antibióticos». 

Secuelas de un deslave

Los médicos del laboratorio de micología médica del instituto advierten que existe un brote de histoplasmosis que, hasta ahora, lleva un subregistro en las víctimas, los rescatistas y cualquier persona que estuvo en la zona del desastre.

«Existe una correlación directa entre la infección de histoplasmosis aguda y los desastres socioambientales como el alud torrencial que ocurrió en Las Tejerías hace 3 meses», explicó la doctora Sofía Mata, directora del laboratorio de micología médica del IMT – UCV. 

La doctora Mata advirtió que las personas que estuvieron presente o viven cerca de donde ocurrieron los aludes torrenciales de 2022 en los estados Aragua, Anzoátegui y el Distrito Capital tienen el mayor riesgo de contraer la enfermedad. 

«El movimiento de la tierra disemina y volatiliza las esporas del hongo en el aire, la gente lo inhala y se infecta. En el pasado hemos visto un aumento discreto de 158 casos de pacientes con histoplasmosis que venían del desastre de Vargas en 1999. No hay duda que, con estos casos  confirmados en los rescatistas, existen otras personas con histoplasmosis que no han sido atendidas», dijo. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la histoplasmosis no se contagia de persona a persona. La infección del hongo ocurre cuando el paciente inhala el aire con esporas de Histoplasma capsulatum que ya estaban presente en el ambiente. 

La histoplasmosis puede estar escondida, el paciente puede ser asintomático. La OMS cataloga a las personas inmunosuprimidas —pacientes con VIH-SIDA, pacientes oncológicos, que tuvieron un cuadro de Covid prolongado o similares— como las poblaciones con mayor riesgo a contagiarse de la enfermedad. 

«En toda América está presente el hongo que causa la enfermedad, pero esta patología no se detecta mucho porque requiere varios análisis para descartar otras infecciones, hay pocos especialistas y el tratamiento es largo», agregó. 

Histoplasmosis: una enfermedad desatendida

Para la doctora Rommie Merino, odontóloga especialista en micología médica y miembro del IMT – UCV, la histoplasmosis es una de las enfermedades micóticas más comunes en Venezuela, así como una con mayores subregistros a nivel nacional. 

«Desde el 2015 todas las enfermedades micóticas, especialmente la histoplasmosis, son consideradas como enfermedades desatendidas por los organismos internacionales. Es una enfermedad difícil de atender, desde que el paciente no sospecha que está infectado hasta lo costoso del tratamiento», expresó Merino. 

La histoplasmosis puede estar presente en un paciente y no presentar síntomas por años. La especialista del IMT – UCV especifica que una persona puede estar infectada con histoplasmosis, pero el hongo queda «encapsulado» en el sistema respiratorio como mecanismo de defensa del sistema inmunitario del paciente, lo que puede complicar la detección temprana y el tratamiento oportuno de la enfermedad. 

«En Venezuela se pueden ver casos de infecciones fúngicas en gente que va a expediciones de cuevas.  La histoplasmosis es más común de lo que parece, en la década de 1960 se diagnosticó el primer caso en el país, y los brotes siguen presentes. Pero el subregistro epidemiológico es considerable, tanto a nivel nacional como mundial», dijo la odontóloga y médica especialista. 

Una de las razones del subregistro es la poca cantidad de profesionales y centros especializados en el país. De acuerdo con los doctores Salazar y Merino, las universidades son los principales centros de investigación y detección de las micosis en Venezuela. Se estima que hay menos de 25 médicos micólogos a nivel nacional. 

En la región central del país, los centros de micología médica más cercanos para detectar la enfermedad son el Instituto de Medicina Tropical de la UCV, El Instituto Nacional de Higiene y el Hospital Vargas de Caracas. Todos estos centros están a 72 kilómetros de distancia de Las Tejerías. 

El Instituto de Medicina Tropical de la UCV estableció de forma preliminar que existe un aumento de pacientes con infecciones micóticas: de 12 casos en todo el 2017 a 364 casos de distintas micosis desde enero hasta el 12 de diciembre del 2022. Eso equivale a un aumento cercano al 2933,33% de pacientes con infecciones fúngicas en los últimos 6 años, donde 2021 y 2022 mantienen los registros parciales más altos (con 186 y 364 casos respectivamente). 

«A diferencia de otras enfermedades catalogadas como desatendidas, como el dengue o la tuberculosis, la histoplasmosis y las enfermedades micóticas no son de registro obligatorio en los boletines epidemiológicos. Los especialistas en Venezuela no tienen cómo acceder a los datos más allá de contactarse entre ellos y contrastar la información», dijo Merino.

Micosis silentes entre las emergencias

Primavera Alvarado, doctora especialista en micología médica y coordinadora del Laboratorio de Micología del Instituto de Biomedicina «Dr. Jacinto Convit» de la UCV y del laboratorio de biomedicina del Hospital Vargas de Caracas, especificó que el historial clínico de los rescatistas de Rotary que fueron a Las Tejerías mostró que las personas presentes en la zona del desastre no tenían la suficiente prevención a nivel de salud pública.

«Los hongos están en el ambiente, pero estos brotes salen con mayor ahínco cuando hay emergencias: cuando hay una endemia o pandemia, que existe una población inmunosuprimida más alta,  o cuando hay un desastre socioambiental, como los deslaves que remueven la tierra con el hongo», explicó Alvarado. «En el Hospital Vargas tenemos cerca de 33% de aumento de pacientes de histoplasmosis con covid-19. Eso también lo vimos con la pandemia del SIDA en la década de 1980». 

Para los especialistas, los principales síntomas de la histoplasmosis aguda pueden pasar desapercibidos tanto para el paciente como para el médico no especializado: fiebre alta por más de 5 días, ataques de asma o dificultad para respirar (parecidos a ataques asmáticos cuando no tienen un historial con el asma), dolor en el pecho, fatiga, escalofríos, tos seca o no productiva, entre otras. También el paciente puede estar infectado y no dar ningún síntoma. 

«Ese panorama dificulta la detección temprana de las micosis, porque los síntomas pueden indicar cualquier otra infección pulmonar hasta que se hacen los análisis de serología o de bioanálisis del esputo del paciente», advirtió Alvarado. 

«En el caso de los 20 rescatistas de Rotary y de otros 19 bomberos, que en este momento estamos analizando, admitieron que fueron a la zona del desastre sin mascarillas, o con mascarillas quirúrgicas en el mejor de los casos. Esto indica una desprotección. En esos casos las personas deben llevar puesto como mínimo una mascarilla tipo N95», dijo. 

La coordinadora del Laboratorio del Hospital Vargas de Caracas dijo que existe un subregistro muy alto de enfermedades micóticas en el interior del país debido a la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela y a la pérdida de especialistas en micología médica para detectar y analizar el panorama epidemiológico. 

«Y eso solo es la punta del iceberg. El tratamiento de la histoplasmosis es largo, de mínimo 6 meses de medicamentos, de fármacos que los pacientes a veces no pueden costear por sus ingresos bajos y el alto costo de los activos», agregó.

Los 20 rescatistas fueron diagnosticados en la fase aguda de la enfermedad, cuando existen mayores facilidades del tratamiento. Como la mayoría de las infecciones, si la histoplasmosis no es detectada y tratada a tiempo, aumenta la mortalidad en los pacientes altamente vulnerables, como las personas mayores de 55 años y las personas inmunosuprimidas.

Los miembros del IMT – UCV recomiendan que todas las personas que estuvieron en los desastres de Las Tejerías, El Castaño, Valle Verde (Puerto La Cruz) u otro movimiento de tierra se examinen en un centro especializado. 

OMS: 19 hongos de infección alta

Pese al subregistro, Venezuela no es el único país con un aumento en los pacientes con infecciones micóticas. La OMS estableció que hay una tendencia mundial en el aumento de los casos de distintos patógenos fúngicos debido a la resistencia de los hongos a los fármacos antimicóticos actuales, el aumento de tratamientos que suprimen el sistema inmune y el cambio climático. 

La OMS publicó en octubre del 2022 una lista de 19 patógenos fúngicos infecciosos más preocupantes para la salud pública global. Cada año, estos patógenos provocan aproximadamente 1,5 millones de muertes en el mundo, tanto como la tuberculosis y más que la malaria. En Venezuela se encuentran todas esas especies de hongos. 

«En el país existen 3 micosis profundas bien marcadas: la histoplasmosis, la paracoccidioides y la coccidioidomicosis. Esas micosis profundas están en la lista de la OMS. La histoplasmosis está en la categoría de prioridad alta  y Venezuela está altamente expuesta y vulnerable a ella. Las otras dos están en la categoría de prioridad media. La coccidioidomicosis tiene una incidencia mayor en la región de Lara – Falcón – Yaracuy», explicó Alvarado. 

En una videoconferencia de la ONG SOSTelemedicina y la Sociedad Venezolana de Infectología, los doctores Luis Echezuría y Mariano Fernández advirtieron que la emergencia humanitaria compleja, y la degradación del sistema sanitario producto de ese contexto, hace de Venezuela un país más vulnerable frente a desastres socioambientales y al cambio climático en términos de atención médica oportuna y protocolos de protección. 

«Si bien no hay que ser en extremo alarmistas, sí debemos tomar consciencia de que no todas las infecciones respiratorias en los panoramas de desastres, y en general, son tuberculosis. Se debe aumentar la conciencia frente a estos patógenos para prevenir mejor los futuros brotes. En Caracas, por lo menos, seguimos diagnosticando. Mientras más detecciones e información haya, mejor podemos adaptarnos a los futuros brotes», opinó la doctora Alvarado. 

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Foto: Ronald Peña

Los deslaves en Venezuela exponen una torrente de vulnerabilidades (parte 2)

Texto: Joshua De Freitas | Fotografías: Ronald Peña | Contenido Gráfico: Elsy Torres

El gobierno venezolano sabía que en las ciudades de Las Tejerías, El Castaño, Caraballeda y Puerto La Cruz, zonas donde hubo desastres socioambientales en 2022, se debían implementar protocolos de prevención de riesgos. Y las pruebas de que tenía conocimiento de la condición de vulnerabilidad se encuentran en el «Atlas Nacional de Exposición frente a Amenazas Naturales y Tecnológicas», un documento público –en teoría– elaborado en 2016 y que nunca salió a la luz.

El informe concluye que «28% (del territorio) de Venezuela se halla expuesto a un alto potencial de inundación», equivalentes a 256.604,6 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la población venezolana expuesta a las inundaciones y aludes torrenciales —o deslaves— es cercana al 52,33% (cerca de 14.478.431 habitantes), según el censo del 2011. Las zonas que concentran mayor cantidad de habitantes tienen el mayor riesgo.

Las regiones andina y costera del país son las más propensas a sufrir desastres socioambientales como inundaciones o un alud torrencial. Los estados con mayor frecuencia histórica de estas amenazas son Aragua, Carabobo, Mérida, Miranda y Zulia. Justamente, donde el impacto de las lluvias que azotaron al país en los últimos dos meses ha sido más perjudicial.

«Una de las zonas más expuestas a amenazas como los aludes torrenciales se encuentra desde La Guaira hasta el Lago de Valencia. Tanto por los registros históricos que hay sobre los casos como por la gran densidad poblacional que aún puede existir allí, se sabe que si hay precipitaciones más elevadas que el promedio histórico en esas zonas, va a ocurrir una crecida (de los ríos).  No nos podemos engañar. Eso ocurre con los ríos El Limón, Mariara y San Julián, en las quebradas de Anauco, de Macuto…», advirtió uno de los autores del informe, quién solicitó el anonimato a la Alianza Rebelde Investiga (ARI). 

«La región de El Limón, Maracay, El Castaño y Las Tejerías tenían proyectos de medición y prevención, como sistemas de alerta temprana. Pero nunca se actualizaron o se llevaron a cabo o vieron la luz pública», dijo el experto. 

Para el ingeniero en gestión de riesgos, si el Atlas Nacional hubiera estado a disposición de los expertos y las instituciones competentes quizás los desastres en Aragua se hubieran evitado. «Aunque el documento tenga seis años «engavetado» en los ministerios, es una herramienta que puede, y debe, usar la comunidad científica y civil para localizar las zonas de Venezuela más vulnerables y prevenir sus riesgos», insistió el entrevistado.

El Atlas fue un proyecto entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz junto a el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo adscrito a la ONU. El proyecto fue anunciado por la PNUD, pero no está disponible en ninguna página oficial del gobierno o de las organizaciones no gubernamentales. 

En un recorrido realizado en las sedes de  Protección de Distrito Capital, Miranda, Aragua y Mérida —donde se ha reportado la mayoría de aludes torrenciales en los últimos 3 años—, los funcionarios dijeron que no tenían el Atlas en su posesión. ARI también consultó a 8 expertos venezolanos en materia de gestión de riesgos y admitieron no poseer el Atlas, aunque sabían que el proyecto existió, y confirmaron que no se ha publicado un documento similar desde entonces

«Entre el 2010 y 2016 el Ministerio realizaba un mínimo de 4 proyectos al año para mejorar nuestra gestión de riesgos, desde la planificación hasta la comunicación, pero la mayoría nunca vieron la luz pública por decisiones gubernamentales», dijo el experto en evaluación de desastres. 

De acuerdo con los expertos entrevistados por ARI, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz tenía planes de análisis y comunicación en la gestión de riesgos, pero nunca se llevaron a cabo a nivel público por roces ideológicos entre las instituciones.
De acuerdo con los expertos entrevistados por ARI, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz tenía planes de análisis y comunicación en la gestión de riesgos, pero nunca se llevaron a cabo a nivel público por roces ideológicos entre las instituciones.

Venezuela expuesta a las lluvias

El último documento público que hace alguna referencia a la necesidad de implementar y mejorar sistemas de alerta temprana frente a los riesgos climáticos se encuentra en la Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático publicada en 2017. Allí, el país se comprometió a mejorar su sistema de medición climática e implementación de sistema de alerta temprana. 

Hasta los momentos, solo un pluviómetro ofrece datos públicos sobre la cantidad de precipitaciones en la zona comprendida entre los estados Carabobo, Aragua, Distrito Capital, La Guaira y Miranda. El pluviómetro, además, no pertenece a la administración pública, sino a la Universidad Central de Venezuela, en su sede de Caracas. Tampoco se tiene un registro de mantenimiento o construcción de sistemas de alerta temprana en la región desde el año 2006 en La Guaira. 

«Si nos vamos por las recomendaciones internacionales, sobre todo por las recomendaciones del gobierno de Japón y Cuba que hemos tenido en los últimos 10 años, debería haber un pluviómetro por cada kilómetro cuadrado de territorio nacional», dijo el ingeniero y colaborador del Atlas. «Además, esos pluviómetros deben ser telemétricos; es decir, que den información minuto a minuto a través de tecnología inalámbrica para detectar cuándo existe una anomalía en las lluvias, en este caso, y enviar un mensaje preventivo a la comunidad afectada». 

Las ciudades del estado Aragua, que se encuentran entre el Lago de Valencia y el Parque Nacional Waraira Repano, eran una de las más enfocadas en proyectos de alerta temprana. Entre el año 2020 y 2022 las urbanizaciones o ciudades aragüeñas de El Limón, El Castaño y Las Tejerías sufrieron de un alud torrencial cada una.

«El caso de Las Tejerías y El Castaño duele mucho, porque se pudieron haber prevenido fácilmente», lamentó el entrevistado. «Todos los países están expuestos a amenazas, pero se necesita información para poder convivir ante el peligro. La gestión de riesgos en Venezuela ha sido la misma por muchos años por incidencia política. Con opacidad y sin información no se puede convivir con el peligro».

Hacer clic en la imagen o en este texto para interactuar con el gráfico en otra ventana y explorar otros estados y municipios

Grandes limitaciones

De acuerdo con las fuentes consultadas, el proyecto iba a ser digitalizado en una base de datos de uso público. Un proyecto similar se encontraba en una sección de la página web de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) (http://www.estudiosydesastres.info.ve/), que desde el año 2019 no se encuentra operativo.

«Este Atlas de por sí tiene muchos vacíos», advirtió el evaluador de riesgos socioambientales. «En una infinidad de reuniones con distintos funcionarios públicos para que facilitaran la información no se daban datos: o no asistieron, o no facilitaban la información, o la data que nos daban tenía muchos de detalles —como la falta de fechas o coordenadas— o simplemente te la daban y decían que no podía ser pública. También, hubo problemas en la investigación de campo porque grupos armados, en especial el Tren de Aragua, no permitían el acceso». 

ARI pudo recuperar parte de los datos obtenidos en la base de datos de Funvisis con la herramienta digital WayBack Machine y constató que la mayoría de los desastres registrados por el Estado venezolano son de origen hidrometeorológico, como inundaciones, desbordamientos de ríos, aludes torrenciales y sequías. El Estado reconoce que cerca de 4.891 casos de inundaciones con pérdidas humanas y materiales en Venezuela desde 1641 hasta 2019. El total que tiene registrado fue de 10.399. 

Mientras tanto, la base de datos de la PNUD sobre desastres en Venezuela identifica, al menos, otros 11 casos de inundaciones y aludes torrenciales en Venezuela desde el 2019 hasta octubre de 2022. La organización multilateral expresa que, en el caso venezolano, los datos se obtienen de publicaciones de la prensa nacional e internacional y de análisis de imágenes satelitales, ya que el Estado no hace un balance público.

Más del 47% de los desastres registrados en Venezuela son de origen hidrometeorológico y climático. Mientras tanto, la segunda distinción más frecuente en desastres son de origen tecnológico (o antrópico), con más del 31% de registros oficiales hasta el 2019. «Sin embargo, estas dos categorías son las más opacas en la política e institucionalidad nacional»

Por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales afirmó que, entre 2016 y 2021, se documentaron 199 derrames petroleros en Venezuela fuera de la vocería pública. Del mismo modo, no hay un registro público del impacto y la vulnerabilidad del proyecto Arco Minero del Orinoco en los casos de contaminación.

El 5 de diciembre de 2022 se registró un derrame de hidrocarburos en las costas de la ciudad de Lechería del estado Anzoátegui. La Alcaldía del municipio Urbaneja, donde se encuentra Lechería, anunció el cierre de las playas Los Canales, Lido y Cangrejo por tiempo indefinido para limpiar el petróleo de las costas. Manuel Ferreira, alcalde del municipio Urbaneja, precisó en sus redes sociales que hasta la fecha «aún no hay una declaración oficial que indique que ya se contuvo (el derrame)». 

Del mismo modo, el portal web Prodavinci documentó que Venezuela es el primer país con más incendios por superficie en 2020, todo bajo un subregistro público. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, los incendios forestales e industriales son catalogados como desastres tecnológicos por ser provocados por la actividad humana en la mayoría de los casos. 

«En el ministerio existían al menos 4 grandes proyectos de análisis de vulnerabilidad y amenazas con financiamiento de organismos como la PNUD o el Banco Interamericano de Desarrollo, pero se “engavetaron” todos», dijo el ingeniero. «Una de ellas es el Atlas Nacional de Amenazas, que tuvimos que en un principio iba a ser de vulnerabilidad, pero la falta de datos impidió que se consolidara en ese enfoque. Se tenía previsto actualizar y mejorar el documento, pero clausuraron el proyecto», agregó.

Una de las mayores limitaciones que tiene el documento es la ubicación exacta de las infraestructuras públicas expuestas a inundaciones y aludes torrenciales. En el Atlas se estima que cerca de 297 hospitales y 1626 escuelas están expuestas a inundaciones a nivel nacional. «El problema surge cuando no se sabe si esas instituciones aún están activas y atendiendo gente, eso también se mantenía en opacidad. Por eso en el documento no se especifica dónde se encuentran ubicados». 

Aunque el Atlas Nacional de Exposición frente a Amenazas Naturales y Tecnológicas indica que «todo el territorio nacional está expuesto ante las amenazas de las inundaciones», existen poblaciones con mayor riesgo que otras. «En realidad cada ciudad debe tener un mapa de vulnerabilidades y de riesgos. Pero eso en Venezuela no ha sucedido desde hace años, eso no es nuevo. Las mejores aproximaciones que se pueden hacer es a través de los municipios». 

Para el 2016, se calculó que 222 municipios que tienen exposición directa a las inundaciones y aludes torrenciales. «Eso es más de la mitad. También se debe tomar en cuenta que son los municipios que pueden tener mayores pérdidas, no que no hayan tenido casos de inundaciones, porque, de ser así, casi todo el mapa estaría comprometido. Pero con el conteo de casos no es suficiente, si la nación quiere tener un buen manejo de riesgos debe tener mapas cartográficos y censos actualizados», dijo el entrevistado.

Los estados con mayor registro de desastres socioambientales y tecnológicos son Distrito Capital (con 1817 casos) y  Miranda (con 1615) y Zulia (con 852). Los estados con menor cantidad de desastres documentados son Cojedes (con 62 casos, 44 de ellos relacionados a las lluvias intensas), Delta Amacuro (con 19 casos) y Amazonas (con 14 registros).  A excepción de la capital venezolana, cerca de la mitad en todos los registros de Funvisis del 2019 son desastres relacionados con fenómenos hidroclimatológicos (lluvias intensas o aludes torrenciales). 

Las sequías: un riesgo latente

Los registros sobre la escasez de la lluvia en el país son aún más escasos que el de las inundaciones. Los expertos entrevistados por ARI coinciden en que, históricamente, los datos son reducidos y en la actualidad no se evalúa el fenómeno frente a los pronósticos de un aumento de la aridez en Venezuela estrechamente relacionada al cambio climático. 

«Antes de crearse el Viceministerio para la Gestión de Riesgo y Protección Civil; es decir, antes del 2013; existían macroproyectos para monitorear el clima y desastres socioambientales que no se llevaron a cabo. Entre ellos existía un proyecto de una red nacional de estaciones meteorológicas telemétricas, que brindan información a tiempo real de forma digital, y el reforzamiento de la gestión de riesgos. Todo eso se perdió», comentó el experto. 

En el Atlas se estima que la región noroccidental del país será una de las más expuestas en sequías y aridez. Los estados Falcón, Lara, Trujillo y el Zulia mantienen un bioclima seco naturalmente, por lo tanto son los más expuestos, junto a los estados Anzoátegui, Guárico, Monagas Sucre y Nueva Esparta, de sufrir daños por las sequías, tanto a corto como a largo plazo. 

En el país se ha registrado un mínimo de 70 sequías entre 1526 hasta 2022. Para 2016, cerca del 50% de la población venezolana (14.375.709 habitantes) tenía una alta exposición a las sequías distribuidas en 30% del territorio nacional (274.766 kilómetros cuadrados) en los extremos nororiental y noroccidental del país.

«El riesgo de grandes zonas con desertificación, hasta ahora, parece lejano. Eso tomando en cuenta que el término se refiere a la pérdida total de nutrientes en el suelo y alta aridez», aclaró el ingeniero. 

«Pero, un riesgo más latente de las sequías, y que afecta a 60% de la población, sería los bajos niveles de las represas hidroeléctricas, como la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (antes conocida como Raúl Leoni). El mantenimiento de esa represa es incierto, algo muy preocupante, porque el agua del embalse del Guri es ácida y cuando está a niveles bajos, arrastra mucho sedimento», agregó. 

Uno de los casos de sequías más extremas en Venezuela fue el periodo entre 2015 y 2016, cuando el fenómeno El Niño tuvo la mayor intensidad en la historia. En ese momento, el país sufrió de apagones constantes debido a los bajos niveles de la represa del Guri. Hasta los momentos, no hay una estimación de las pérdidas económicas relacionadas con la producción agrícola y del mantenimiento del sistema hidroeléctrico nacional. 

«También el mantenimiento de nuestros embalses está en opacidad. Para el 2016, existían al menos 53 embalses expuestos a estas zonas de climas secos y a sequías fuertes. El exceso o escasez de lluvias afectan al suministro de agua potable y el servicio eléctrico en todo el país», advirtió el entrevistado. «La gestión de riesgos va mucho más allá de establecer qué zonas están expuestas a amenazas, sino la transparencia de las instituciones para que los expertos puedan calcular y mejorar la calidad de vida de la población. En definitiva, no hay una vigilancia a las zonas que ya fueron afectadas por inundaciones», concluyó el entrevistado. 

***

Debido a la importancia del documento en temas humanitarios, ARI decidió subir a internet el «Atlas Nacional de Exposición frente a Amenazas Naturales y Tecnológicas» (2016) y su informe técnico para la consulta pública. Solo debe hacer clic en las frases resaltadas o en las imágenes de la portada de cada informe para descargar los documentos. 

 

Los deslaves en Venezuela exponen un torrente de vulnerabilidades (parte 1)
Las dificultades de la población venezolana para acceder a datos meteorológicos y climáticos potencia las posibilidades de sufrir y no poder prevenir desastres socioambientales. El alud que arrasó con Las Tejerías hace un mes desnuda esta y otras vulnerabilidades
En toda la región central del país el pluviómetro de la Universidad Central de Venezuela es el único que brinda información pública para prevenir solo a la población de Caracas de inundaciones y aludes torrenciales
La región norte de Sudamérica, donde se encuentra Venezuela, es una de las más expuestas  a amenazas socioambientales relacionadas con el clima para las próximas décadas debido a su posición geográfica y a la falta de información climática y de gestión de riesgos, de acuerdo con el IPCC 

 

 

Texto: Joshua De Freitas | Fotos: Ronald Peña | Contenido gráfico: Mayerlin Perdomo y Elsy Torres

El 12 de octubre, cuatro días después de que ocurriera el deslave que casi arrasó con el pueblo de Las Tejerías, en el estado Aragua, aún seguía lloviendo. Julio Riera, un joven de 33 años, se dirigía en su camioneta Terios a prestar auxilio a los habitantes de la localidad ubicada en la región central de Venezuela.

Se desplazaba por la Carretera Panamericana, que conecta a Caracas con su destino, a 68 kilómetros de distancia. El agua le llegaba hasta el capó, cubría casi un metro de altura. Mientras más se acercaban a Las Tejerías, el agua se convertía en barro y escombros. Julio iba junto a la ONG llamada Ángeles de Las Vías, un grupo de paramédicos y voluntarios que atienden casos de emergencia en las calles de Caracas. Llevaban agua y comida a los afectados. 

Habían llegado al Barrio El Béisbol, uno de los lugares más afectados por el alud. Julio cuenta que al llegar al poblado, tuvo la sensación de que una bomba había arrasado el lugar. El lodo pintaba todo: las casas, los carros, los tractores limpiando las carreteras, las personas, las mascotas… Aunque seguía una llovizna en la zona que se llevaba un poco la tierra, Julio no pudo describir otro color en el ambiente que no fuera el ocre en ese momento. 

Su grupo se instaló frente a un puente que pasa por encima de la Quebrada Los Patos. Cerca de ellos un grupo de Protección Civil escarbaba la tierra debajo del puente para liberar las quebradas que habían crecido por las lluvias días antes y arrastraron a las casas cercanas a su cauce. 

Julio y sus compañeros comenzaron a entregar los víveres, pero un alarido sumado al llanto de una mujer los hizo voltear la mirada hacia el puente. Vio cómo sacaban un cuerpo del lodo. Luego desenterraron dos cuerpos más. La gente se amontonaba en la escena para ayudar a mover los cadáveres envueltos en sábanas. Esas tres víctimas eran parte de las más de 60 personas fallecidas que el gobierno venezolano ha contado hasta ahora como consecuencia de ese desastre socioambiental. De ese grupo, solo 37 han sido identificadas. Otras 8 siguen desaparecidas después de un mes.  

Julio recordó que, antes de que él llegara, en las redes sociales había reportes de inundaciones en toda la cordillera de La Costa y los Andes venezolanos y que los militares llegaron a Las Tejerías días antes y mencionaron que había llovido en todo un mes lo que llovió en un día. Pero, antes del desastre, nadie sabía exactamente cuánto había llovido en la zona

—¿Sabrás cuándo dejará de llover? —Julio logró escuchar a una mujer en la multitud, tratando de distraerse de la escena—. Si esto sigue así… 

—No sé, creo que nadie sabe —le respondió otra mujer—. Ya le temo a la lluvia, le temo no saber nada de ella… 

La muletilla del cambio climático

Un par de días después de la tragedia, que cumplió un mes el 8 de noviembre, Nicolás Maduro y sus militantes caminaban junto a la prensa estatal venezolana por las calles cubiertas de barro, en Las Tejerías. Era el 10 de octubre del 2022 cuando Maduro visitó el poblado aragüeño, dos días antes de la visita de Julio Riera. 

Frente a las cámaras de la televisión estatal venezolana, Maduro advirtió que el alud, y las pérdidas que ocasionó, son consecuencia de la «crisis climática» y las intensas lluvias en Venezuela. Alegó que durante sus 25 años como dirigente político en el país no había visto un torrencial de lluvias similar

«Sin lugar a dudas, el cambio climático tiene que ver con toda esta perturbación que tienen las lluvias, en el mundo entero, no solo aquí», dijo.

 

No es la primera vez que los mandatarios venezolanos mencionan la crisis climática mundial como el principal motor de las pérdidas humanas y de infraestructuras que ha vivido Venezuela en los últimos años.

Sin embargo, activistas y expertos en el tema afirman que no hay suficientes datos meteorológicos públicos en el país, tanto históricos como recientes, para corroborar que la temporada de lluvias del 2022 y el alud de Las Tejerías están relacionados directamente con el cambio climático. 

«El cambio climático es un fenómeno global, causado por la especie humana. Estamos viendo algunas repercusiones a nivel general. Pero, en el caso de Venezuela, y muy específicamente en el caso de la variación de las lluvias, no podemos decir ni calcular el impacto porque no hay estaciones que nos brinden información para saber los riesgos que corremos», explicó Alicia Villamizar, miembro fundador de la Secretaría Académica de Cambio Climático de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (Acfiman). 

Esa falta de datos hace al país más vulnerable a fenómenos climáticos futuros. «Necesitamos información de los últimos 40 años, como mínimo, para sacar una conclusión. Al no tener esa información, estamos menos preparados para prevenir los impactos de eventos climatológicos extremos, por lo que somos más vulnerables a los efectos del cambio climático», agregó la experta. 

Días antes del deslave en Las Tejerías, el 6 de octubre, Maduro se reunió con varios dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela para evaluar los daños estructurales en 120 municipios del país causados por inundaciones y las corrientes de los vientos. 

En esa trasmisión estatal, Maduro advirtió que las lluvias «muy fuertes», y los daños que genera, son un producto directo del cambio climático. 

«Estamos en la onda tropical número 41, se calculan que serán 65. (…) Este año, particularmente, las lluvias han caído muy fuerte. El cambio climático sin lugar a dudas se refleja», dijo Maduro.

A principios del 2021, en el «XX Foro del Clima del Oeste de Sudamérica», el director del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), José Pereira, advirtió que «está lloviendo de manera muy intensa en corto tiempo» debido a la variabilidad climática y a consecuencia del cambio climático. 

«En Las Tejerías, la gente decía que tenía miedo a las lluvias, pero sabían que no eran el único origen del desastre», contó por teléfono Julio Riera. «Cuando regresé de Las Tejerías a Caracas ese día, como a las 07:00 pm, mi camioneta se volvió a inundar. Entre todo el equipo de Ángeles de las Vías vigilamos que nadie se quedara atrás. Pasamos como 20 carros varados en todo el trayecto, inundados por el agua. Allí me di cuenta de que la lluvia no es el problema, sino que no sabemos manejar el problema. Somos vulnerables frente a ella, y eso aterra», opinó. 

El caso de Las Tejerías no fue el único. En un mes, la región central del país sufrió al menos otros 3 deslizamientos de tierra o aludes torrenciales producto de las lluvias constantes: en la urbanización de El Castaño el 18 de octubre, en Aragua, a 40 minutos de Tejerías, que dejó cuatro muertos y varias pérdidas; en el barrio 23 de Enero de Caracas el 24 de octubre, donde hubo 162 familias afectadas tras el desplome de unas casas, y en la urbanización Catia La Mar, donde se desbordaron los ríos del Estado Vargas, una mujer y dos hijos murieron por un alud cerca de su casa y los daños materiales de la zona aún se están contando. 

El desastre socioambiental de Las Tejerías es el que tiene mayor número de víctimas y pérdidas materiales hasta ahora.

Vulnerabilidad a ciegas

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advirtió que Venezuela es uno de los países más vulnerables del continente americano frente a los eventos socioambientales relacionados al clima

En su informe titulado Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, el IPCC califica a la región Norte de Sudamérica (NSA) como la segunda zona más vulnerable a los efectos del cambio climático en toda América. Se estima que la zona que engloba a Venezuela, Surinam, Guayana Británica, Guayana Francesa, el norte de Brasil y el sureste de Colombia mantiene una «alta inseguridad» frente a los eventos socioambientales debido a la alta exposición a extremos de calor y la falta de preparación para sobrellevar el clima. 

«El NSA es una de las subregiones más vulnerables, después de Centroamérica. Esto se evidencia en la alta exposición a riesgos y vulnerabilidades en 4 de las 6 variables evaluadas por el Panel (seguridad alimentaria, infraestructura urbana, suministro de agua dulce, estilo de vida y pobreza, suministro de agua potable y sustentabilidad en los ecosistemas terrestres y de agua dulce)», se lee en el capítulo 12 del informe

 

El grupo de expertos avalado por la ONU especifica que la región NSA tiene un incremento significativo en la intensidad y frecuencia en extremos de calor anual, en las ondas de calor y en la frecuencia de inundaciones y aludes torrenciales severos y anómalos por las lluvias. «Pero la falta de coberturas de datos en las tendencias de  precipitaciones y sus eventos extremos resulta en una confianza baja para mantener un consenso en el punto de las inundaciones y aludes de tierra». 

Entonces, ¿cómo se puede establecer una alta vulnerabilidad cuando se tiene pocos datos para un consenso definitivo?

«Bueno, la vulnerabilidad obedece a dos razones: primero, al fenómeno climático per sé —es decir, a las lluvias intensas—, y lo segundo es la condición socioeconómica de los poblados, dónde están ubicados y la calidad de la infraestructura que los prepara para los eventos climatológicos extremos», explicó Juan Carlos Sánchez, miembro fundador de la Cátedra Libre de Cambio Climático de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y antiguo asesor de la delegación venezolana para IPCC.

«El caso específico de Las Tejerías se puede ampliar a otras ciudades venezolanas de la Cordillera de La Costa y de Los Andes. Las poblaciones están ubicadas muy cerca de los márgenes de los ríos y quebradas. Pero eso no es todo: lo más importante, y lo que agudiza el riesgo, es la pobreza. La infraestructura y los patrones de población improvisados en la mayoría de las localidades no los resguardan de estos fenómenos extremos. Entonces, toda la población de la Cordillera de La Costa y de los Andes venezolanos es altamente vulnerable a estos eventos», agregó.

El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, informó el 28 de octubre que 26.000 familias se han visto afectadas, en diferente medida, por las intensas lluvias en Venezuela solo en el mes de octubre del 2022. Los estados con mayor registro de afectaciones son La Guaira, Miranda, Mérida y Táchira.

La fragilidad humanitaria en Venezuela

De acuerdo con el reporte del IPCC, Venezuela combina dos escenarios poco favorables: está dentro de una de las regiones con mayores pronósticos de amenazas socioambientales ligadas al clima y es una de las regiones más vulnerables del continente.

Si bien se estima que la región Centroamericana (CA) es más insegura para sobrellevar el cambio climático que el Norte de Sudamérica (NSA), la región donde se encuentra Venezuela es la que mantiene más proyecciones de amenazas socioambientales relacionadas con el clima para las próximas décadas, como inundaciones por lluvias y el aumento del nivel del mar, olas de calor y sequías extremas, incendios forestales, entre otros. En esa categoría está a la par con el este de Brasil, con 10 amenazas cada uno. 

Del mismo modo, el extremo este de Brasil (conocido en el informe como el Noreste Sudamericano o NES) es menos vulnerable que Venezuela en eventos climáticos extremos porque el país tiene una infraestructura política, económica y pedagógica mejor que el país caribeño.

«Para medir la vulnerabilidad de una región frente al clima se debe medir qué tan preparados están los países para sobrellevar o prevenir los desastres», explicó Sánchez. «Para ello, el Panel toma como referencia el Índice de Desarrollo Humano para comparar qué tan eficiente llevaría un país una emergencia humanitaria ligada al clima a través de su economía, su infraestructura política y sanitaria, así como la educación para la prevención de riesgos en todos sus niveles». 

Venezuela tiene el peor Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Sudamérica para el año 2021 – 2022, según la ONU. Ante los ojos de la comunidad internacional, Venezuela no puede sobrellevar una crisis climática de forma adecuada porque ya está sumergida dentro de la emergencia humanitaria compleja sin resolver desde 2016. El deterioro en el Producto Interno Bruto y la hiperinflación del país en los últimos 10 años, junto a su fragilidad en los sistemas sanitario, político y educativo, son los principales factores que evalúa el grupo de expertos de la ONU para sugerirle a los gobiernos qué medidas tomar para mitigar riesgos ambientales. 

Dentro de la región Norte de Sudamérica (NSA), Guyana Francesa es el mejor posicionado según el IDH (con una puntuación de 0,903 de 1) y Venezuela es el último en ese ranking que mide la calidad de vida de la población frente a riesgos humanitarios, socioambientales o tecnológicos, como aludes torrenciales, derrames de petróleo, guerras y pandemias (con una puntuación de 0,691 de 1).

Juan Carlos Sánchez advirtió que en Venezuela no se cumple con las «políticas de control de la erosión ni contra la deforestación”. De igual forma, la falta de limpieza de las quebradas y los desagües  «aumenta la vulnerabilidad y la fragilidad de las poblaciones frente a eventos climáticos relacionados a las lluvias».

«Además, en el país no se respetan las normativas, porque existen reglamentos que prohíben las construcciones cercanas a los márgenes de ríos y quebradas, pero, sencillamente, no se hace cumplir la norma y muchas veces hasta se dan los permisos. El incumplimiento legal, la falta de datos meteorológicos y las necesidades económicas de la población, que nace de los altos niveles de pobreza, desarrollan este tipo de situaciones de vulnerabilidad», abundó.

El IPCC advirtió la posición geográfica de incidencia de El Niño y La Niña (ENOS) frente a la falta de datos y la precariedad socioeconómica y urbanística del país lo posiciona como una de las naciones más vulnerables de la región NSA.

«La pobreza es el factor más importante de la vulnerabilidad, pero no es el único. La no existencia de una gestión preventiva de los riesgos hidroclimáticos —tanto en sequías como en inundaciones— es otro factor clave. Desafortunadamente, en Venezuela tenemos estos dos factores, por lo cual muy probablemente seamos el país más vulnerable de la región NSA», advirtió Sánchez. 

Las lluvias que no se pueden medir

Para Juan Andrés Arévalo Groening, ingeniero hidrometeorologista y profesor de la UCV, las lluvias en este año 2022 sí se pueden considerar un evento climático extremo, pero no un efecto ligado al cambio climático debido a la falta de información

«Existen muy pocas estaciones meteorológicas que te brinden datos históricos», afirmó Arévalo. «Recordemos que el cambio climático es un hecho estadístico, no es una cosa del día a día. Se debe analizar una gran cantidad de datos, normalizarlos —llevarlos a un promedio— y ver dónde existen variaciones e identificar si los eventos extremos y poco comunes están aumentando su frecuencia». 

El ingeniero hidrometeorologista afirmó que las estaciones pluviométricas dan como mínimo la cantidad de lluvia, el espacio geográfico del pluviómetro y el tiempo de recepción de las precipitaciones para identificar las tendencias de lluvias en el país. Pero reconoce que existen muchos factores que modifican las lluvias en una zona. Dentro de esas variables están: 

El aumento de los asentamientos urbanos y pérdida de bosques, que generan olas de calor localizadas.

La influencia de los fenómenos de El Niño y La Niña (cocido como El Niño-Oscilación del Sur —ENOS—), que disminuye o aumenta los vientos alisios (que soplan de este a oeste) y las precipitaciones en Venezuela respectivamente.

La temporada de Huracanes en el Atlántico y en el Caribe, que en contadas ocasiones, comienzan como tormentas o depresiones tropicales en Venezuela entre los meses de junio y noviembre de cada año, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

«En ciertas ocasiones, las lluvias del pacífico ecuatorial se pueden ver influenciadas por el “coletazo” de una tormenta, depresión tropical o huracán. Cada categoría le viene dada por la velocidad del viento y la intensidad de sus lluvias. Esas perturbaciones tienen un efecto indirecto en las lluvias de Venezuela», advirtió Arévalo.

Los efectos locales en la orografía y la circulación del viento o la incidencia del viento y la ubicación de la estación meteorológica, «normalmente ocurren precipitaciones en las laderas de las montañas que dan hacia el barlovento, donde soplan las corrientes de viento, que de sotavento, la cara más protegida por el viento. Aunque haya dos estaciones muy cercanas, su ubicación en las laderas dará datos diferentes».

La distribución espacial de la temperatura promedio de una zona determinada.

«El clima, estadísticamente hablando, es un sistema no lineal: un estímulo no produce siempre un mismo resultado. También puede haber un fenómeno similar pero se produce por distintas causas. Si no tenemos datos suficientes no podemos saber cuál es la variabilidad observada de la lluvia y cuánto pudiera haber cambiado en el tiempo», explicó Arévalo. «Es por eso que no se puede precisar una variabilidad climática o extremos climáticos atribuibles al Cambio Climático si no hay suficientes estaciones que brinden información diaria y constante. De ahí viene la importancia de medir adecuadamente».

 

En la página web del Inameh no se pueden consultar las mediciones de las precipitaciones diarias, ni de mes a mes ni los promedios históricos. El instituto anuncia que tiene un mínimo de 53 estaciones pluviométricas en Venezuela, pero solo ofrece sus datos de ubicación geográfica. 

Para el momento de publicación de esta nota, el Inameh no respondió a las solicitudes de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) para evaluar el historial de lluvias de al menos siete estaciones pluviométricas cercanas a Las Tejerías: seis en el estado Aragua y una en el estado Miranda (Los Teques). Los datos más recientes que tiene el Instituto es un almanaque meteorológico que, pese a decir que es del año 2022, presenta datos climáticos entre 1961 y 1990

«En mi experiencia buscando extremos climáticos en Venezuela, no existe una literatura ni datos actuales para establecer una confianza alta de que las lluvias que estamos viendo están relacionadas directamente al cambio climático. Conseguir datos diarios es muy difícil, apenas cinco estaciones meteorológicas dan datos históricos completos. Entonces, ¿cómo puedes reflejar una realidad climática con tan poquitas estaciones?», dijo Arévalo. 

Las tendencias que sabemos

Tanto Arévalo como Sanchez y Villamizar coinciden en que existen dos tendencias que pueden influir en las lluvias copiosas del 2022: el aumento de la temperatura promedio y la influencia de un fenómeno La Niña (como parte del El Niño – Oscilación del Sur, ENOS) particularmente largo e intenso durante el año. 

«En estos casos uno recurre al proceso de reanálisis, que consiste en recoger los datos estimados de varias fuentes externas, como organizaciones internacionales, y procesarlos con varias técnicas de la estadística», expone Arévalo. 

Una de las fuentes más referenciadas en el tema del aumento de la temperatura a nivel internacional es la base de datos de la organización estadounidense Berkeley Earth y la plataforma europea Copernicus. 

En ambos casos, las anomalías de la temperatura en Venezuela y las desviaciones de la temperatura promedio del país van en una tendencia hacia el calor, pese a que en los años en los que se presenta el fenómeno de La Niña en Venezuela la temperatura debería ser más baja. 

Si bien la temperatura promedio en Venezuela ha subido cerca de 1 grado centígrado en los últimos 40 años, las anomalías de la temperatura, o desvíos del promedio histórico, son cada vez más frecuentes hacia el alza. El Berkeley Earth establece que desde 1846 hasta 2020 se registraron un mínimo de 28 anomalías (o distribuciones espaciales de la temperatura) entre 0,4 y 1,2 grados centígrados de incremento, de los cuales, la mayoría se reúnen de forma recurrente a partir de 1998. 

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«Este aumento en las anomalías en la temperatura puede afectar a los microclimas en las ciudades, reduciendo la capacidad de absorción del suelo y aumentando la evaporación del agua que producen las plantas. Eso sin contar que en la zona no haya deforestación o un aumento de los asentamientos urbanos improvisados. La humedad de la zona estaría desbalanceada, aumentando el riesgo a estos aludes cuando existen periodos de lluvia prolongados», expresó Sánchez.  

Entre los años 2020 y 2022 Venezuela ha estado inmersa en el fenómeno climático La Niña. Durante ese período el ENOS expresa una temperatura baja de los océanos cerca de La Línea del Ecuador y una frecuencia mayor de los vientos alisios, que soplan del este al oeste. 

La Niña se traduce en Venezuela normalmente en temperaturas más bajas y lluvias más frecuentes e intensas de lo normal. Mientras tanto, El Niño tiene un efecto contrario: se expresa con la subida de las temperaturas y menos lluvias de lo normal. Esto es debido a que, tanto La Niña como El Niño, intervienen en el patrón de los vientos alisios en el Océano Pacífico en su latitud ecuatorial, lo que se traduce en Venezuela como un periodo reducido de lluvias, en el caso de El Niño, o un aumento en las precipitaciones, en el caso de La Niña.

Familiaridad con ENOS

Arévalo comentó que el intercambio cíclico entre El Niño y La Niña (que se reduce con el acrónimo de ENOS) es un fenómeno de variabilidad climática global y natural. El ingeniero hidrometeorologista indicó que  existe evidencias del aumento de las temperaturas en el océano Atlántico y que La Niña disminuye las cizalladuras en la latitud del trópico —o cambios bruscos en dirección del viento que tienden a impedir tormentas— para aumentar la probabilidad de crear huracanes. Pero hasta ahora no existe un «consenso internacional fuerte» que declare al cambio climático como factor directo del «periodo de retorno» de las lluvias torrenciales en el país.

«Sabemos lo que pasa a nivel global, pero no en lo local. Mientras más cerramos el lente, tanto en el espacio como en el tiempo, se necesita más precisión. Y eso no lo tenemos todavía», aseveró Arévalo. «Para precisar el periodo de retorno de un fenómeno específico se necesita, una vez más, analizar los datos en un gran periodo en el tiempo y ver cuándo la magnitud de un fenómeno se repite».

Sin embargo, los expertos advierten que se tiene experiencia al relacionar el ENOS en Venezuela, cuando está en La Niña, con aludes torrenciales a lo largo de la cordillera de La Costa y de Los Andes. La estación meteorológica del Departamento de Hidrometeorología de la UCV es uno de los puntos donde se brinda información pública y constante sobre las lluvias de la zona. 

En esa estación, ubicada en Caracas, se ha evaluado la intensidad y permanencia en el tiempo que han tenido las manifestaciones del ENOS en la variación de la temperatura del Océano Pacíficodonde se evidencia más el fenómeno— y cuánto duró el periodo de lluvias o sequía en la capital. 

Aunque los datos de la estación de la UCV reflejan exclusivamente el panorama climático de la capital, se describen las tendencias propicias para aumentar la probabilidad de que ocurran los deslizamientos de tierra: la exposición a lluvias por largos periodos de tiempo. 

«El Departamento de la UCV advirtió que existiría una alta probabilidad de deslizamientos de tierra por las lluvias en las zonas cercanas a Caracas», recordó Arévalo. «Si bien no se puede evaluar las lluvias del caso de Las Tejerías porque la estación de la UCV está fuera de su zona de influencia (por una separación de 68 kilómetros), las condiciones parecidas a otras inundaciones o aludes torrenciales en la Cordillera de La Costa eran evidentes: un periodo de La Niña largo e intenso, lo que aumentaba el riesgo». 

De acuerdo con la NOAA, las condiciones del Índice Niño Oceánico (ONI) para el trimestre agosto-septiembre-octubre marcaban una variación a la baja de 1 grado centígrado, lo que indicaba un fenómeno de La Niña ligeramente intenso. Además, el pluviómetro de la UCV registró que septiembre de 2022 fue un mes lluvioso, con 6 días consecutivos de lluvias y una cantidad mensual que lo posicionó como el decimoquinto septiembre más lluvioso en Caracas desde 1949. Ese mes cayó 41,23% más agua que el promedio de todos los septiembres de los años registrados. Ese contexto climatológico era parecido a otros trimestres en el pasado donde ocurría un fenómeno de La Niña con varios días de lluvias seguidos. 

Bajo esas condiciones, el Departamento de hidrometeorología esperaba que en otras partes cercanas al pluviómetro de la UCV se presentarían aludes torrenciales. Pero no podían expandir sus pronósticos debido a que los datos de ese pluviómetro no abarca otras zonas fuera de Caracas. Esa estación es el único marco de referencia, dada la falta de datos históricos oficiales de forma pública

«No podíamos decir dónde ocurriría un deslizamiento ni cuándo de forma específica, pero sí advertir que las condiciones estaban dadas para ello. Debajo de las nubes no se puede predecir nada por la falta de actualización pluviométrica. Pero sí se puede ver el contexto en una región específica», agregó Arévalo. 

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En su boletín sobre el mes de octubre del 2022, el Departamento de Hidrometeorología de la UCV indicó que el mes estuvo por encima del promedio histórico registrado para Caracas en los últimos 78 años, pero no es un récord o extremo histórico. Advierten que los suelos siguen saturados en la zona, por lo que aún existe una alta probabilidad de aludes torrenciales en la región Centro Norte Costera, donde el equipo de investigadores pueden ampliar sus predicciones. 

La Niña seguirá

Existe una gran probabilidad de que el fenómeno La Niña siga afectando a Venezuela hasta febrero del 2023. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) estableció que las condiciones climáticas de los últimos meses favorecen en gran medida el primer «episodio triple» de La Niña en el siglo XXI; es decir, que se mantendrá un periodo de lluvias por tercer año consecutivo. 

«La probabilidad de que el episodio de La Niña se mantenga durante el período de septiembre a noviembre de 2022 es de aproximadamente el 70 %, la probabilidad de que se instauren unas condiciones neutras con respecto al ENOS es del 30 % y la probabilidad de que se forme un episodio de El Niño es casi nula», se lee en el informe de la OMM publicado en octubre de este año. «La probabilidad de que el actual episodio de La Niña persista hasta el próximo invierno boreal (de diciembre de 2022 a febrero de 2023) es del 55 %». 

En ninguna plataforma u organización climática internacional se pronostica un número determinado de tormentas tropicales, como lo mencionó Maduro en cadena nacional. 

«En Venezuela somos vulnerables porque no tenemos ni historia, ni presente ni futuro a nivel climático para alertar a la gente de forma oportuna y analizar», concluye Arévalo. «Lo que debería pasar es que en las zonas donde están ocurriendo los desastres, como Las Tejerías o en Maracay con la quebrada Palmarito, deberían ir hidrólogos, geólogos, trabajadores sociales, psicólogos sociales, biólogos y cualquier cantidad de gente de la comunidad científica para estudiar estos eventos y precisar qué ocurrió para mantener un registro y prevenir a la población en el futuro».

Para Juan Carlos Sánchez, los aludes e inundaciones en Aragua este año reflejan un panorama donde aumentaría la frecuencia de las pérdidas humanas y estructurales por la falta de gestión de riesgos en temas climáticos. Sánchez, en un esfuerzo personal frente a la opacidad del Estado, decidió armar su propio registro de desastres socioambientales a través de las publicaciones de los medios de comunicación. 

«Puedo decir, por ejemplo, que durante la segunda mitad del siglo pasado se registraba un evento de este tipo cada 10 años. Mientras que entre el 2000 y 2010 aumentó a un evento cada tres años. Ahora, la frecuencia de aludes que no son alertados de forma oportuna es uno cada año», dijo el experto en cambio climático. 

«Con los más recientes, me refiero al ocurrido en El Limón, Aragua, en el 2020; al de Tovar, en Mérida, en 2021 y en 2022 al de Las Tejerías (y Maracay)», agregó. «El IPCC alertó de este aumento en las frecuencia de desastres socioambientales al Estado venezolano desde el 2007, pero han hecho caso omiso a la comunidad científica para mejorar la gestión de riesgos en el país».

El Niño por venir

Una de las preocupaciones de Alicia Villamizar, más allá de la vulnerabilidad frente a las lluvias intensas y la gestión de riesgos, es la preparación que tiene el país frente al aumento de las olas de calor y la desertificación de los ecosistemas. 

«Sea  que estemos frente a una variable climática —que es natural— o un extremo climático o un evento relacionado por el cambio climático —que es producto de la actividad humana—, debemos estar trabajando para mitigar el impacto que tienen esos fenómenos en nuestra sociedad», advirtió Villamizar. «Un error que cometemos todos es pensar que esto está desligado de nosotros, y es todo lo contrario. El cambio climático es producto de la alteración de los ecosistemas sin regulaciones: talando bosques, urbanizando áreas para agricultura o ciudades, contaminar y cambiar cuerpos de agua, etcétera. Internacionalmente se está trabajando y algunos gobiernos están tomando medidas». 

La Aficman estableció en su informe Compromisos de Venezuela con el Convenio de París (parte 1) que las vulnerabilidades del venezolano frente a las olas de calor están más documentadas que las de las lluvias. Entre los problemas a los que el país está expuesto por el aumento de las temperaturas y la pérdida de las lluvias están: 

La proliferación de insectos transmisores de enfermedades tropicales (como la Malaria y el Mal de Chagas), aumentando el riesgo de contagios.

La pérdida de ecosistemas por la desertificación y la reducción de cuerpos de agua dulce.

El aumento del nivel del mar, que inunda a las poblaciones costeras del país. 

La pérdida de impermeabilidad de los suelos, que genera un ciclo más fuerte de inundaciones si llueve y no hay suficiente humedad en el suelo para absorber el agua. 

Desbalance en los ciclos de siembra y cosecha.

Venezuela no fue ajena a los impactos de una gran sequía. En 2015 y 2016 se registró la temporada más intensa de El Niño hasta la fecha y en el país se evidenció con daños a la infraestructura hidroeléctrica —privando aún más del servicio eléctrico a la población—, en el incremento de casos del Zika, Dengue y Chikungunya, así como pérdidas en la producción ganadera que, hasta el día de hoy, no han sido calculadas en su totalidad. 

«¿Quién está preparado para un periodo de El Niño fuerte?», cuestionó Villamizar. «Después de que pase este periodo de La Niña no sabemos si va a entrar un periodo de El Niño fuerte. No sabemos si va a ocurrir todavía, pero tampoco estamos preparados. La falta de información estadística en materia climática, en materia de economía y de producción, en gestión de riesgo y demográfica nos envuelve en una incertidumbre y nos expone a una vulnerabilidad inmensa. Se necesitan mapas de riesgo actualizados que nos indique cuánta población está expuesta a estos escenarios climáticos para poder establecer cuánto riesgo estamos expuestos para dar el primer paso hacia la preparación ante sus peligros y amenazas. Esa información tampoco la tenemos, no es pública». 

Las preocupaciones de Villamizar se evidencian en el informe «Calor extremo: Preparándose para las olas de calor del futuro», elaborado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC). 

En el texto se menciona que las olas de calor y la sequía extrema serán uno de los problemas más comunes en el futuro y alientan a los estados a «intervenir en las brechas de datos para tener una mejora crítica en el entendimiento y respuesta de estos fenómenos (…) para así adaptar el sistema humanitario a los riesgos actuales y futuros de las olas de calor». 

 

El 16 de septiembre, el Inameh anunció que se instalarán monitores de sequía en colaboración con el programa multilateral EUROCLIMA+. Pero, hasta los momentos, el Instituto no ha dado más detalles de las zonas estratégicas donde se ubicarán dichos monitores o qué variables específicas medirán. 

«El Estado debe actualizar sus leyes frente al control de emisiones de gases de efecto invernadero y la publicación de datos climáticos. Existe un gran retraso en el país para cumplir sus compromisos internacionales como el Acuerdo de París, el Acuerdo de Kioto y los convenios con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para fortalecer la gestión de desastres tanto a nivel preventivo como forense. Estamos desprotegidos», concluyó Villamizar.

Balancear responsabilidades

Frente a todo este panorama opaco a nivel informativo, distintas organizaciones ambientalistas denuncian que el uso del cambio climático como el único responsable de los desastres socioambientales es inapropiado

Para Liliana Buitrago, investigadora del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, el discurso mediático y político debe enfatizar que los desastres socioambientales relacionados con la crisis climática son producto de la actividad del hombre a través del tiempo.  

«La Niña y El Niño son fenómenos climáticos, y cuando estamos dentro de un contexto de crisis climática mundial, estos fenómenos se manifiestan con mayor intensidad, independientemente de que tengamos cifras o no. Esto no es un efecto aislado y devenido así de la naturaleza, es producto de la actividad del hombre, de la actividad antropogénica», afirmó Buitrago. «Los Estados y los gobiernos son responsables y tienen que actuar de inmediato. Ahora bien, cuando se utiliza el cambio climático como excusa, y no para no asumir compromisos y responsabilidades, se está incurriendo en una terrible irresponsabilidad». 

«Es importante enfatizar que la responsabilidad del cambio climático y la mitigación y adaptación de sus efectos está bajo los Estados y los gobiernos. Frente a esto, precisamente, se debe hacer mucha mayor presión para poder implementar las acciones de protección de inmediato», agregó.

La OMM estableció en su informe Estado del clima en América Latina y el Caribe 2021 (publicado este año) que todos los Estados del continente debe afinar sus sistemas de alerta y de medición «para reducir los efectos adversos de los desastres relacionados con el clima y apoyar las decisiones relativas a la gestión de los recursos y la mejora de los resultados, se necesitan servicios climáticos, sistemas de alerta temprana de extremo a extremo e inversiones sostenibles, que aún no son adecuados». 

«Venezuela sufre un mal parecido al resto de la región: no separan las instituciones relacionadas con los pronósticos climáticos de la gestión de riesgos», opinó  climatólogo José Antonio Marengo, director del Centro de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales de Brasil, autor principal del informe de la OMM. 

«Es una deuda pendiente que tiene el país. Tiene que establecer una institución que se encargue solo de medir el clima y otra solo de emitir y gestionar sistemas de alerta temprana y otro que se encargue de la gestión de riesgos en el momento y después de los desastres. Pero el país tiene la responsabilidad de estructurar sus instituciones a corto plazo». 

Probox: PSUV manipuló la conversación en Twitter para invisibilizar las denuncias digitales
El PSUV infló conversaciones en la red social  Twitter para desviar el foco de las denuncias digitales a su gobierno, a través del subsidio de usuarios como «tuiteros de la patria» y de cuentas automatizadas o «bots»
Durante 2021, el 76,08% de los mensajes impulsados por la sociedad civil venezolana fueron realizados por usuarios reales de Twitter. 
El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información fue el ente gubernamental con mayor incidencia en mensajes manipulados, con una actividad inorgánica durante el año del 76,82%

 

La ONG Freedom House afirmó que Venezuela empeoró sus libertades digitales por quinto año consecutivo. Durante el 2021 e inicios del 2022, el Observatorio Digital Probox registró que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) afianzó sus estrategias digitales para desviar la opinión pública de la crítica al gobierno de Nicolás Maduro en Twitter.

De acuerdo con el informe «Freedom on The Net 2022», Venezuela está entre los 16 países con menos libertades para ejercer los Derechos Humanos Digitales

Freedom House evaluó a Venezuela con 30 puntos sobre 100, una calificación baja comparada con países con regímenes autoritarios como Sudán (con 29 puntos)  y Turquía (con 32 puntos)

Una de las preocupaciones de la ONG es el incremento de cuentas falsas o manipuladas por el gobierno de Maduro para imponer una agenda en las redes sociales, donde aún no pueden aplicar los bloqueos a medios de comunicación independientes por parte de los servidores de internet. 

«El gobierno ha tratado de expandir su influencia en línea, utilizando medios controlados por el Estado y trols progubernamentales, alentando a los usuarios leales de las redes sociales a acosar a quienes tienen puntos de vista opuestos», se lee en el informe publicado en octubre de 2022.

Twitter, la red social más intervenida por el Estado

De acuerdo con Probox, Twitter es una de las plataformas más utilizadas por los venezolanos para informarse frente al bloqueo gubernamental, y por eso, es una de las más intervenidas por el Estado. 

Solo en 2021, entre el 41,98 y el 76,82% del contenido o tuits que publicaron los ministerios y entes adscritos al PSUV fueron de origen inorgánico; es decir, que fueron manipulados a través de cuentas falsas automatizadas (conocidos como bots) o por usuarios subsidiados (conocidos como trol o troles) para crear mensajes que hablen a favor de su gobierno o atacar a disidentes políticos, activistas humanitarios o periodistas. 

«Cada vez es más evidente el uso de contenido inorgánico como un recurso en los regímenes autoritarios para imponer narrativas y opacar el activismo, las denuncias y las noticias que critiquen esos regímenes», afirmó María “Mariví” Marín Vázquez, directora ejecutiva de Probox, en una entrevista a Runrunes

«En el caso venezolano, se van sumando estrategias para limitar la libertad de expresión en línea, que van desde la censura a páginas webs de medios independientes y de organizaciones en defensa de los derechos humanos. Este componente es muy complejo, por lo que es muy seguro que esto involucra el financiamiento de recursos del Estado para violar nuestros derechos digitales», agregó. 

Claves de un ciberespacio alterado

El informe de Probox, titulado «Twitterzuela 2021: Propaganda y Desinformación como Política de Estado» identificó en el ecosistema venezolano en Twitter 1.969 tendencias de carácter sociopolítico, que albergan alrededor de 223.952.710 tweets. De ese total, se observó lo siguiente: 

El oficialismo del PSUV fue el actor principal de la agenda en Twitter, impulsando 1.196 de las 1.969 tendencias en la red social. 

Sus mensajes, tanto orgánicos como inorgánicos, representaron el 92,43% del ecosistema twittero venezolano. También, abarcaron 60,7% de las tendencias en la plataforma junto al Ministerio de Comunicación y las Fuerzas Armadas Nacionales.

«La importancia que tiene Twitter frente a otras plataformas es que tiene una repercusión nacional e internacional», explicó Marín. «Si bien no es descabellado asumir que el Estado aplica estrategias similares para imponer su agenda en otras redes sociales —como Facebook, Instagram o WhatsApp—, la mayoría de la información política sale de Twitter, y luego se replica en otras redes». 

«Además, la opinión pública internacional se guía por las tendencias venezolanas porque Twitter es uno de los pocos espacios que no es tan manipulado por el oficialismo. Entonces, controlar la agenda digital y restringir nuestra libertad de opinión en línea en Twitter fuera de la frontera venezolana es primordial para ellos», agregó. 

Gráfico cortesía de Probox

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MIPPCI) fue quien más utilizó herramientas de crecimiento inorgánico para esparcir propaganda y desinformación.

«Más allá del uso de posibles cuentas automatizadas o bots, el MIPPCI se caracteriza principalmente por la difusión de sus etiquetas mediante cuentas reales coordinadas de manera inauténtica entre sí, estas son las “tropas” o “tuiteros de la patria”», se lee en el informe de Probox.

«Durante todo el 2021, en promedio, el 76,82% de los mensajes generados en las tendencias del MIPPCI fueron inorgánicos, es decir, fueron realizados por estas cuentas con comportamiento inauténtico. Su narrativa se enfocaba en propaganda sobre la gestión del Estado, la vacunación en el país y el plan de cuarentena implementado».

Marín alertó que los mensajes y tendencias del PSUV entre enero y abril del 2021 alcanzaron récords históricos dentro de Probox. Solo en el mes de abril se registraron 50 millones 718 mil 844 mensajes aproximadamente que se ligan exclusivamente al PSUV. 

«Una de las tendencias más interesantes de ese año fue la muerte de Aristóbulo Istúriz, el 27 de abril de 2021. Allí se generaron más de 2 millones de mensajes, la mayoría inorgánicos», destacó la presidenta de Probox. «Para dimensionar lo extravagante de ello, hay que recordar que el final de la serie de TV Game of Thrones, que fue un fenómeno mundial en Twitter, solo generó 1 millón de mensajes, o un poco más de eso». 

Gráfico cortesía de Probox

Existe una correlación directa entre los hechos internacionales que criticaban directamente al gobierno de Maduro y el aumento de tuits inorgánicos por parte de la administración pública. 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron los organismos que más tendencias promovieron

Probox identificó que los picos de mayor cantidad de tendencias y mensajes de los cuerpos militares venezolanos fueron entre marzo y abril del 2021, cuando en Apure se vivía picos de violencia por un conflicto armado la FANB y una facción de la exguerrilla de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC). 

Ningún mensaje registrado durante esa época era de carácter informativo, sino de corte propagandístico o ideológico a favor de los militares venezolanos. El Mippci replicó estos mensajes a través de cuentas inorgánicas que especificaban que la operación fue un «éxito». 

«Este es uno de los ejemplos que resalta más el componente psicológico y social de estas herramientas de inorganicidad. Todo esto está ligado a los intereses de los regímenes autoritarios, como Venezuela, Cuba y Nicaragua», aseveró Marín.

«Cuando hay picos de actividad o de temas específicos que a ellos les interesa que no se atiendan o que se entiendan de una manera distinta, entonces generan mayor propaganda desinformación o actividad en general sobre ese tema específico en redes», agregó. 

Para la directora de Probox, estas estrategias de desinformación no buscan que el usuario crea en la versión de los hechos que emite el Estado o régimen, «lo que buscan es que no creas en nada». 

«Todas estas operaciones buscan sin duda jugar con nuestras emociones. Por un lado, las batallas que ellos sientan que no puedan ganar, entonces es mejor que las ‘perdamos todos’», agregó. 

Otros hitos de Twitter en Venezuela donde se rastreó mayor uso de bots y troles por parte del gabinete de Nicolás Maduro fue cuando extraditaron al empresario Alex Saab en octubre del 2021 , así como cuando la Corte Penal Internacional (CPI) decidió abrir una investigación formal por la violación de Derechos Humanos por parte del gobierno de Maduro, lo cual ocurrió entre abril y noviembre de ese año. 

 

De las 326 etiquetas que generó el PSUV en 2021, 195 se enfocaron en la defensa de Saab. Con más de 400.000 mensajes sobre ese tema, el 71,41% apelaban a la victimización de Saab por «su ayuda al pueblo» y su calidad de «diplomático». 

Al menos 57,33% de los mensajes vinculados con la defensa de Álex Saab fueron realizados de forma coordinada e inauténtica. El impacto de esos mensajes en redes sociales promovió a la Casa Blanca a desmentir un posible canje o anulación del juicio de Saab en Estados Unidos.

«En el ecosistema de Twitter hay muchas conversaciones inauténticas por parte de estos regímenes autoritarios. Hay mucho contenido de odio y desinformación», señaló la directora de Probox. «Esto también es parte del diseño institucional para que los ciudadanos cada vez sintamos que esos espacios están tomados por el discurso del régimen o los discursos de odio, realidades que no tienen nada que ver o información verificada por los medios y las denuncias que se hacen en la plataforma». 

En el caso de Venezuela en la CPI, Probox demostró que el 74,57% de las etiquetas promocionadas por el Mipcci (tales como #VenezuelaGarantizaLaJusticia) fueron de origen inorgánico.

Aún así, el Mipcci posicionó su narrativa en el primer lugar de las tendencias de Twitter de Venezuela el 3 y 4 de noviembre.

Meses después, en septiembre de 2022, la ONU publicaría su tercer informe donde señalan a la administración pública liderada por Maduro por crímenes de lesa humanidad. 

La caída de los «twitteros de la patria»

Desde mayo del 2021 hasta ahora, la cantidad de mensajes del PSUV bajó de forma extrema: con más de 50 millones en abril bajó a 6 millones en junio. La suspensión del subsidio del Estado a cuentas para promocionar su contenido fue una de las causas de ese declive. 

Del mismo modo, la empresa Twitter suspendió 277 cuentas que «amplificaban cuentas, hashtags y temas en apoyo al gobierno y sus narrativas oficiales»

«Muchas de las personas detrás de este abuso habían autorizado una aplicación, ‘Twitter Patria’, para acceder a sus cuentas y timelines», informó la empresa en diciembre de 2021. 

Martín destacó que las políticas de Twitter cada vez se están refinando más para suspender las cuentas automatizadas, troles o bots. Alentó a denunciar los mensajes que describen las tendencias desinformativas del Estado. 

«Aunque el oficialismo busca la manera de crear otras cuentas para reemplazar las que se suspendieron rápidamente, los usuarios tenemos la responsabilidad de denunciar estas cuentas para darle a la empresa y a los investigadores la oportunidad de registrar estos eventos y tomar medidas al respecto», aseveró. 

La presidenta de Probox aclaró que, si bien se ha registrado mensajes cuyo contenido es atacar a periodistas y activistas, la denuncia se hace efectiva es por el manejo deliberado de los mensajes para crear tendencias e intervenir en la opinión pública digital.

«Twitter es una de las plataformas más transparentes en cuestión de suspensión de cuentas. La red social no suspenderá cuentas por contenido ideológico o inclinación política, sino por la violación y el incumplimiento de las normas y uso de la plataforma (como el uso de bots o cuentas automaizadas). Los ciudadanos tenemos la oportunidad y el deber de denunciar también las tendencias», agregó. 

La organicidad de la Sociedad Civil

Solo 7,57% de los mensajes del año pertenecen a actores diferentes al oficialismo. Pero es la que utilizó menos troles, bots o cuentas automatizadas. 

De ese porcentaje, las tendencias orgánicas —es decir, que no intervinieron cuentas falsas y automatizadas, cuentas subsidiadas o troles— fueron de denuncia: #SinLuz, que se posicionó 28 veces durante el año para advertir dónde no había servicio eléctrico en el país, y #VacunasParaLosVenezolanos, propiciada por la Sociedad Civil venezolana en el primer trimestre del año para exigir el suministro de biológicos que protejan a la población del covid-19. 

La protesta social y la denuncia a la violación de derechos humanos fueron las más relevantes durante los primeros 4 meses del 2021, con un promedio 48 tendencias mensuales y alrededor de 278.461 tweets. 

Según el informe, 76,08 % de los mensajes impulsados por la sociedad civil fueron realizados por usuarios reales gracias a las campañas llamadas «tuitazos», donde los usuarios creaban sus propios mensajes pero utilizando una etiqueta específica. 

Luchar por los derechos digitales

Marín alertó que la protesta digital disminuyó desde mediados de 2021. «Si bien el oficialismo ha dominado la conversación en estos dos últimos años, la sociedad civil se posicionó de primero en las tendencias a inicios del 2020 para denunciar la falta vacuna contra la covid – 19 y la falta de servicios públicos», precisó Mariví.

«También, este año, 2022, fue el gremio docente junto a la sociedad civil quienes llevaron a la palestra al denunciar el instructivo Onapre y  la desmejora en sus salarios. Por eso, se debe seguir insistiendo en tener un espacio para la protesta a nivel digital», recomendó. 

La presidenta de Probox consideró que el mayor riesgo que corre la sociedad civil venezolana en el entorno digital es subestimar el alcance del impacto de la protesta en redes sociales. 

«Así como se pelean espacios como los electorales, que claramente es necesario pelearlos, deberíamos estar haciendo lo mismo en los espacios digitales», opinó Marín. «Sobre todo, en estos regímenes autoritarios, que le prestan mucha atención a ello. Recordemos que tenemos casos donde el fiscal general se vale de tendencias de Twitter con narrativas de odio para abrir casos mientras ignora denuncias de violación a Derechos Humanos».

«Los casos registrados y documentados de violaciones a Derechos Humanos en la red nos demuestra que no solo si tiene sentido hacer activismo, sino que también puede tener un impacto y que sí podemos, de manera orgánica, luchar con estas estructuras de poder que buscan manipular la realidad», concluyó.

 

El Periodismo venezolano fue decisivo para documentar los casos del nuevo informe de la Misión de la ONU
El tercer informe de la misión de la ONU cita 9 trabajos de RunRun.es que describen las violaciones a los Derechos Humanos en el Arco Minero del Orinoco entre 2016 y 2022
De los 20 medios de comunicación privados venezolanos mencionados en el documento, la mitad de ellos fueron bloqueados de las operadoras de internet venezolanas por petición del Estado solo en 2021

Por tercera vez consecutiva, los medios de comunicación privados y las Organizaciones No Gubernamentales venezolanos tomaron un papel definitivo en el registro, documentación, verificación y difusión de casos relacionados a las violaciones de Derechos Humanos para alimentar las conclusiones de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, en las que se menciona a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a otros dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) de orquestar las torturas, ataques y masacres a civiles y disidentes políticos venezolanos desde el 2014

«Las investigaciones de la Misión muestran que los actos de violencia documentados no fueron realizados al azar por individuos desconectados, que actuaron solos dentro del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar). Por el contrario, el Sebin y la Dgcim fueron parte de una maquinaria diseñada y desplegada para ejecutar el plan del gobierno para reprimir la disidencia y cimentar su propio control del poder. Este plan fue orquestado al más alto nivel político, encabezado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades», declaró Martha Valiñas, presidenta de la Misión en la presentación del documento.

En su tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, publicado el 20 de septiembre del 2022, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU actualizó su investigación sobre la violación sistemática de los Derechos Humanos en el país.

En este caso, destaca el rol del periodismo de rigor en la documentación en dos temáticas: las historias de las víctimas de los crímenes y torturas cometidos por autoridades y funcionarios del Estado venezolano y la acción de los grupos armados junto a la violación de los Derechos Humanos a las poblaciones indígenas como consecuencia del Arco Minero del Orinoco

«La Misión lamenta que, transcurridos tres años de su mandato, el Gobierno venezolano aún no haya permitido a sus miembros visitar el país», se lee, una vez más, en el informe. 

La ONU también denunció que no obtuvo ningún contacto con la administración pública venezolana, quien no respondió «a ninguna de las diez cartas que la Misión le envió entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022». 

Frente a la falta de cooperación del gobierno de Maduro, la ONU contrastó 246 entrevistas en este ciclo con reportes de medios de comunicación venezolanos y ONG nacionales y regionales. 

«Los medios  de comunicación independientes y las ONG, como referente de la generación de información de primera mano dentro de Venezuela, se convirtieron en un insumo vital para La Misión», aseveró Andrés Cañizález, periodista, académico y director de la ONG Medianálisis, dedicada a la defensa de la libertad de expresión.

«Con las limitaciones del caso, porque la repercusión sobre el informe es limitada para cierta parte de la población, ya que el periodismo independiente y la sociedad civil venezolana informa de estos casos a un sector anclado de la sociedad venezolana, la que se puede informar, la que puede conectarse a una red eléctrica y de internet medianamente estable», agregó. 

Una mina de violaciones a los Derechos Humanos

Entre los tres documentos que publicó la Misión de la ONU el 20 de septiembre se registran alrededor de 216 menciones a trabajos de medios de comunicación privados, de los cuales 24 nombran a Runrun.es

Los informes toman como referencia a 9 trabajos de investigación que realizó Runrun.es entre 2016 y 2022. La mayoría de ellos se enfocan en el registro de las violaciones a los Derechos Humanos y la corrupción estatal en el Arco Minero del Orinoco, un proyecto de intervención territorial de industrias extractivas en el sur de Venezuela auspiciado por el gobierno de Nicolás Maduro desde 2016. 

A través de distintos proyectos periodísticos, Runrun.es viene reportando casos de corrupción empresarial e invasiones de territorios indígenas desde el inicio del proyecto del Arco Minero. 

Junto a la plataforma Connectas, se documentó el contrabando de oro entre empresas estatales, extranjeras y grupos criminales armados. 

El intercambio ilegal de metales preciosos en el Arco Minero del Orinoco generó múltiples enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del estado y las guerrillas; mientras tanto, las poblaciones indígenas del norte del estado Bolívar se encontraban en el fuego cruzado. 

El informe relata que los cuerpos de seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) «provocaron enfrentamientos con “sindicatos” en las minas. (…) Los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad del estado y los grupos armados criminales continuaron en el marco de la operación Manos de Metal, que fue anunciada por Tareck El Aissami el 8 de junio de 2018. Según el anuncio oficial, esta operación estaba encaminada a “atacar las mafias de contrabando de extracción de metales” . Se emitieron órdenes de captura contra los cabecillas de distintos “sindicatos” y 28 presuntos líderes de alto perfil del tráfico ilegal de oro».

Runrun.es continuó la documentación de los enfrentamientos entre guardias nacionales venezolanos y las ejecuciones extrajudiciales en la zona. 

Masacres en la selva

Gracias a la recopilación de testimonios, se pudo constatar que desde el 2015 los asesinatos a los mineros en el estado Bolívar son una constante.

Investigaciones de Runrun.es confirman un mínimo de 11 personas ejecutadas de manera extrajudicial por su relación con las minas de la zona antes de la Masacre de Tumeremo, cuando asesinaron a un mínimo de 17 civiles en un enfrentamiento armado en marzo de 2016. 

Runrun.es relató las experiencias de los habitantes del municipio Sifontes del estado Bolívar. Algunos afirmaban que las ejecuciones eran un hecho recurrente. El tercer informe de la ONU constató, a través de entrevistas a testigos de las masacres y con antiguos funcionarios venezolanos, que todos esos hechos fueron desamparados por el Estado venezolano

Del mismo modo, en febrero 2018, la cobertura de Runrun.es sobre las ejecuciones en Cicapra, otro poblado del estado Bolívar, ayudó a contrastar a las entrevistas consultadas por la Misión de la ONU y a corroborar que el operativo no fue un enfrentamiento, sino una orden militar sin registros que mató 18 civiles

Registro de la resistencia

En el marco de esos enfrentamientos, también se documentó cómo los liderazgos indígenas de la región han tenido que encarar a las relaciones coercitivas con el Estado venezolano para mantener su integridad.

Los testimonios tanto de los medios de comunicación cómo los que recopiló la ONU establecen que el Estado mantiene una violación constante a la población indígena venezolana desde 2001, como mínimo

«La creación de cuerpos de seguridad indígena responde también a la falta de respuesta de las autoridades ante los abusos de poder y violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Los líderes y lideresas de las comunidades pemón presentaron frecuentemente denuncias ante diversas autoridades, tal como las comandancias militares de las REDI y ZODI y el ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Sin embargo, la mayoría de estas denuncias no recibieron respuesta», establece el informe. 

Dentro de las denuncias relatadas en la Misión de la ONU se encuentra el caso del asesinato a Zoraida Rodríguez, de 46 años, y el ataque a miembros de la Guardia Territorial Pemón de Santa Elena de Uairén por parte de fuerzas militares venezolanas el 22 de febrero de 2019. Ese día, el proyecto periodístico Monitor de Víctimas documentó que los cuerpos de seguridad impedían el paso de la ayuda humanitaria que concedió la Guardia Territorial Pemón en la frontera con Brasil. Los militares abrieron fuego contra los civiles. 

La Misión de la ONU informó que la reconstrucción de ataques militares a comunidades indígenas en la frontera entre Brasil y Venezuela se valió casi exclusivamente de las entrevistas recopiladas por el grupo de investigación y los reportes de la prensa independiente

«En las investigaciones llevadas a cabo por la Misión con respecto al caso ocurrido en Ikabarú (el 22 de noviembre de 2019), se dio seguimiento al incidente a través de un estudio comparado de fuentes abiertas de información», se lee en el punto número 357 del tercer informe de la ONU. «Al no poder entrar en territorio venezolano, y al haber ocurrido el caso en un área remota del territorio venezolano, la Misión se encontró con importantes retos para entrevistar a personas que hubieran vivido de primera mano el incidente violento que se refleja. Sin embargo, la Misión encontró múltiples fuentes abiertas de información que se referían a los hechos en la comunidad de Ikabarú como uno de los casos emblemáticos con delitos ocurridos en el marco de operaciones violentas para obtener control territorial en áreas mineras del municipio de Gran Sabana».

El registro de los testimonios de las víctimas por parte de la prensa venezolana, así como la descripción de los hechos, facilitó a la ONU a reconstruir el asesinato de 8 personas en la comunidad pemón de Ikabarú, ubicada en el estado Bolívar, y establecer las bases de una ejecución extrajudicial por parte del Estado venezolano con el objetivo de anexar el territorio al Arco Minero del Orinoco pese a no pertenecer al proyecto. 

De una zona industrial a una zona de torturas

El otro tema determinante en los tres documentos que conforman el tercer informe de la ONU es el registro sistemático de centros de tortura y represión por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). 

La Misión de la ONU pudo localizar 17 puntos de tortura en Caracas y Miranda, cuya sede principal se encuentra en Boleíta Norte (municipio Sucre, Miranda). Debido a las restricciones del Estado Venezolano de brindar información, la ONU reconstruyó una línea de tiempo de las actividades de la Dgcim para convertir un edificio comercial en una sede policial donde se ejecutan violaciones a los Derechos Humanos. 

Un reportaje de Runrun.es relata a través de distintos testimonios cómo los miembros de la Dgcim ocuparon en 2019 una zona industrial y residencial de la Gran Caracas sin el conocimiento de sus vecinos. 

Desde esa sede, la ONU pudo constatar que los presos políticos y civiles del Estado venezolano eran despachados a distintas «casas de seguridad» para ser torturados antes de regresar a Boleíta Norte y continuar sus procesos de detención arbitraria.

Frente a la censura 

De los 20 medios de comunicación privados venezolanos mencionados en el tercer informe de la ONU, 11 de ellos fueron bloqueados de las operadoras de internet venezolanas por petición del Estado solo en 2021, según el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) y la ONG VE Sin Filtro. 

De acuerdo con los datos de VE Sin Filtro, desde 2014 la censura en internet contra medios de comunicación ha crecido de manera exponencial.

«En Venezuela, los medios de comunicación independientes se han convertido en las referencias directas de las realidades a las cuales la Misión de determinación de Hechos no ha podido tener acceso debido a que no ha podido entrar al país», aseveró Marianela Balbi, directora ejecutiva del IPYS. «Desde el periodismo se está desmontando diariamente el discurso oficial, que el aparato de la propaganda gubernamental se empeña en poner en la opinión pública a través de los medios públicos, paraestatales y progubernamentales, y de la maquinaria de desinformación que activa para intoxicar el discurso público que se expresa en las redes sociales». 

«Por estas razones, periodistas y defensores de derechos se han convertido en el blanco de los ataques desde los servicios de seguridad y las instituciones públicas. Detrás de las graves denuncias del informe de la ONU está la acción sostenida, rigurosa y valiente de los medios independientes y las ONG en Venezuela», agregó. 

Andrés Cañizález afirmó que, debido a la reducción del ecosistema de medios en los últimos años, el impacto interno de la prensa independiente venezolana es reducido; pero, a largo plazo, los registros son un papel clave para la comunidad internacional y los procesos de justicia frente a las instituciones multilaterales.

«Mi percepción es que no tenemos una opinión pública como lo establecen las democracias modernas, donde se contrasta el pensar de la población a través de encuestas y se contrasta con la prensa nacional. Ese fenómeno está muy reducido en Venezuela», explicó Cañizalez. «Yo creo que, en el corto plazo, estos informes tienen un impacto limitado mientras el chavismo siga en el poder y se mantenga como está ahora, pues va a tener bastante control de la narrativa de lo que se habla en el país. Pero creo que en el mediano y en el largo plazo estos informes van a ser sustantivos vitales no solo en la discusión pública, sino en el restablecimiento de un sistema de justicia y de Estado de Derecho en Venezuela».

Tanto Andrés Cañizález como Marianela Balbi reflexionaron que la documentación de la violación a los Derechos Humanos en Venezuela son primordial para construir una memoria colectiva y para «rendir cuentas al gobierno» en un futuro.

El tercer informe de la ONU cita a 46 medios de comunicación privados nacionales e internacionales. Dentro de ese grupo también destacan las menciones a medios privados con injerencia nacional como El Correo del Caroní, Efecto Cocuyo, Crónica Uno, Tal Cual, El Pitazo y Armando.Info, entre otros. Todos esos medios han sufrido bloqueos en sus páginas web desde el 2017 hasta ahora

La Misión de la ONU también recopiló el trabajo de denuncia, análisis y documentación de las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Las ONG venezolanas que tuvieron una participación prominente en el informe fueron SOS Orinoco, el Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Provea y La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU), entre otras.   

«Ante la inacción de las autoridades y de las instituciones públicas, los medios son el primer testigo, el primer relator de esta historia reciente para que no se continúe imponiendo la sombra de la impunidad.  Pero claro, esto ocurre en una sociedad democrática y abierta, y esa no es la sociedad que tenemos en Venezuela», concluyó Balbi.

Los documentos del tercer informe de la ONU pueden descargarse al hacer clic en este texto resaltado.

Autoridades reportan 17 muertes por incidentes relacionados con lluvias de septiembre
Protección Civil anunció que también hay dos personas desaparecidas en ríos de Lara y Táchira
Se reportan también un total de  2.000 damnificados en todo el país tras las ondas tropicales que pasaron por Venezuela en septiembre 

Con información de EFE

En las últimas 2 semanas de septiembre se  reportaron, al menos, 17 muertes por incidentes relacionados con las lluvias e inundaciones producto de las ondas tropicales número 39 y 40 que se registraron en Venezuela. 

El caso más destacado se registró en Táchira el 22 de septiembre, cuando un grupo de 36 personas fueron arrastradas por el aumento del caudal de la quebrada La Molina, en el sector Potrero de Las Casas, en el municipio Lobatera.

El grupo estaba congregado en una celebración religiosa cuando la casa donde estaban fue arrastrada por la corriente de la quebrada.

El director de Protección Civil en Táchira, Yesnardo Canal, informó el 03 de octubre que, de esa población, 26 personas fueron encontradas con vida, nueve fallecieron y una sigue desaparecida. 

El equipo de Protección Civil pudo identificar a las víctimas que se enlistan a continuación: 

Víctor Ramírez, de 27 años de edad;

Elián Navas, de 25 años;

Leonela de Navas, de 21 años;

Anny Monsalve, de 21 años;

Leydi Suárez, de 19 años;

Franyer Nieto, de 17 años;

Eliani Liset Pineda, 15 años;

Valentina Ruiz, de 15 años;

Karina Nieto, de 12 años.

La persona que sigue desaparecida es Jhon Jarvey Jáuregui, de 23 años. 

Canal detalló que otras 3 personas  murieron tras ser arrastradas por ríos en el Estado Táchira, dos de ellas en el municipio Bolívar.

Mientras que el domingo 02 de octubre encontraron un cadáver en el municipio Jáuregui. Al momento de la realización de esta nota, se desconocía la identidad de las tres personas. 

Desde el mes de agosto, se han reportado deslizamientos de tierra y el colapso de, al menos, 10 puentes en distintas zonas. Protección Civil destacó que seguirán en la búsqueda de los desaparecidos.

Hasta los momentos, no hay un balance de los daños estructurales por las lluvias en el país. 

Lara: el segundo estado con más reportes

Adolfo Pereira, gobernador del estado Lara, informó el 27 de septiembre que dos jóvenes fueron arrastrados por la crecida de la quebrada La Ruezga, en Barquisimeto. Solo uno de ellos fue encontrado al día siguiente: Eiber Daniel Fernández Gómez, de 18 años.

Los cuerpos de Protección Civil de Lara aún están en la búsqueda del joven de 16 años que sigue desaparecido, identificado como Melvis Cabrera. 

Del mismo modo, las autoridades larenses vinculan la muerte de Jhon Cirilo Chirinos Jiménez a las lluvias. El agricultor de 28 años se encontraba en su vivienda, cerca de la quebrada Honda del Guache, en el municipio Andrés Eloy Blanco, cuando un rayo lo impactó.

El deceso fue confirmado en la morgue del Hospital Jesús María Casal Ramos de la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa. Las autoridades confirmaron que Chirinos fue trasladado de una jurisdicción a otra debido a la cercanía de la ciudad de Acarigua con respecto a la ciudad de Barquisimeto.

Las autoridades municipales de Lara estiman un mínimo de 177 viviendas afectadas tras las lluvias del 26 y 27 de septiembre. En esta estimación no cuentan los cortes de luz y las inundaciones temporales que los vecinos de Barquisimeto y otras ciudades del estado documentaron en sus redes sociales dos días después. 

Un balance en aumento

La prensa nacional registró otros 3 casos de muertes tras las lluvias y las inundaciones que causaron en las últimas semanas. 

Josué Guillermo Barrios Marcano, de 11 años, fue recuperado del río Guaire el pasado 25 de septiembre en el sector Las Dos Paredes de Santa Lucía del Tuy, estado Miranda. Había sido arrastrado por la corriente en el sector Chapellín, parroquia El Recreo de Caracas, el 11 de septiembre cuando jugaba junto a la quebrada El Ávila y el nivel del agua creció por las fuertes precipitaciones de días anteriores. 

En Caracas, las lluvias han causado inundaciones de autopistas, deslizamientos de tierra cercanas a zonas urbanas y el desplome de árboles. 

Del mismo modo, los cuerpos de Protección Civil de Carabobo y Mérida notificaron 2 muertes ligadas a las crecidas de los ríos en sus comunidades, un caso sin identificación por cada entidad.

La Niña y las lluvias crecidas

Durante todo ese periodo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) solo emitió una alerta amarilla como medida de prevención a la población frente a las lluvias.

En este sentido, el coronel Ángel Graterol, gerente de meteorología del INAMEH, aseveró en una entrevista al medio de comunicación El Pitazo, que el aumento de las lluvias en Venezuela se debe a la llegada del fenómeno oceanográfico y climatológico La Niña. Destacó que «es importante que las personas mantengan la calma y no se desesperen, pues septiembre es un mes de lluvia».

Los representantes del INAMEH confirmaron que la intensidad de las lluvias está asociadas al cambio climático.

«Todas las precipitaciones que se han registrado en Venezuela corresponden al periodo normal de lluvias. Este año tenemos presente el fenómeno oceanográfico denominado La Niña, que es el enfriamiento de las aguas del Pacifico ecuatorial. Es un fenómeno a nivel mundial», explicó Graterol.

Por otra parte, y de acuerdo con el «Boletín Lluvias Estación U.C.V. mes de septiembre 2022», publicado el 02 de octubre por el Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de esa casa de estudios, se determinó que se registraron 157,9 milímetros (mm) de agua de lluvia solo en el mes de septiembre.

«Es muy superior al promedio mensual, que es de 111,2 mm», establece el boletín, cuyos datos solo se refieren a la región central de Venezuela. «El acumulado total del año hasta este mes (septiembre del 2022) es 692,9 mm, mayor al promedio acumulado de 627,1 mm». 

Lluvias más fuertes

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), perteneciente a Naciones Unidas, ha reconocido que el cambio climático y el calentamiento global seguirán causando un incremento en la proporción de las lluvias, inundaciones y los huracanes asociados a las ondas tropicales que tienen impacto sobre Venezuela. 

Del mismo modo, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en ingles) destacó en su informe titulado Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability que la región norte del continente sudamericano (Venezuela, Guayana Británica, Guyana Francesa, Surinam y el norte de Brasil) es la zona con mayor riesgo de vulnerabilidad ante fenómenos climatológicos extremos, como las lluvias, pese a ser una de las zonas menos expuestas a los cambios severos del clima. 

Un conteo realizado por Runrun.es establece que solo entre agosto y septiembre, existe un mínimo de 7000 personas afectadas por las lluvias. Las zonas con mayor número de damnificados se encuentran en los estados Zulia, Táchira, Lara, Falcón, Bolívar, Nueva Esparta, Guárico, Mérida, La Guaira y Sucre.

Por su parte, el Inameh pronosticó que la próxima onda tropical, catalogada como la número 41, traerá fuertes precipitaciones en la región costera de Venezuela durante los primeros días de octubre.