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Los microplásticos ya se asentaron en Venezuela
Se confirmó la presencia de fragmentos de plásticos menores a 5 milímetros en las costas de Sucre, en el Lago de Maracaibo y en los peces del Río Orinoco
Aseguran que es casi imposible clasificar los químicos de los microplásticos dentro del país para evaluar su riesgo e impacto 

 

El biólogo Carlos Lasso estaba en su oficina del Instituto Humboldt en Bogotá. Revisaba los informes de su estudio sobre la población de peces que habitan en las profundidades del Orinoco Medio, la frontera fluvial entre Puerto Ayacucho, estado Amazonas y Puerto Carreño, en Colombia.  

Era junio del 2022 cuando recibió la llamada de un asistente de investigación. 

—Profesor, uno de los peces eléctricos que encontramos en la desembocadura del río Meta al Orinoco tiene microplásticos en su estómago —dijo el asistente—. Creo que debemos revisar el resto de las muestras. 

Lasso se alarmó. En los treinta años que el biólogo ha estudiado la fauna del río Orinoco y sus afluentes dentro del territorio venezolano no había visto un fenómeno como este. Tampoco lo vio en ninguna de las tesis de los estudiantes de 

Varias semanas después, el equipo de investigación, conformado por universidades y fundaciones de Colombia y Venezuela, descubrieron que las comunidades de bagres, peces eléctricos y curvinata que viven en río tenían en sus tracto digestivo fragmentos pequeños de plásticos

En su estudio preliminar, de los 175 peces que han evaluado, 57 mostraron haber ingerido microplásticos en algún punto de su vida. El 33% de esa población ya estaba contaminada con fragmentos de plásticos menores a 5 milímetros. 

El estudio es el primer reporte de contaminación por microplásticos en peces de aguas dulces o continentales en Latinoamérica

Fragmentos de un gran problema

Los microplásticos son trozos minúsculos de botellas, envases y otros productos hechos con polímeros que expulsan las industrias o son degradados por las corrientes de agua y el viento o por procesos químicos que producen el ser humano y los animales al ambiente. 

Los fragmentos tienen variedad de colores, formas y composición química. Puede ser una pequeña esfera roja del tamaño de un grano de arena o un filamento parecido a una larva de mosquito. Todo depende del producto del cuál alguna vez formaron parte.

Un trozo de plástico degradado es considerado un microplástico cuando tiene entre 1 y 5 milímetros de longitud o diámetro.

«El trabajo binacional se concentraba en un principio en describir la diversidad de peces que habitan en las profundidades del río Orinoco, alrededor de 50 metros bajo el agua. Al tratar de describir la dieta de los peces más importantes, conseguimos por default que gran parte consumió microplásticos con forma de filamentos», dijo Carlos Lasso en una entrevista a Runrunes. «En la década de los 80 y 90 nunca se había encontrado esto».

El biólogo aseveró que hasta ahora no hay registro de microplásticos en las cuencas del Amazonas o en sus afluentes. Se espera que el estudio completo sobre los peces del Orinoco se publique en diciembre del 2022.

«Esto es una evidencia que existe contaminación por microplástico en el río Orinoco. Los peces que se alimentan de esos fragmentos viven en el fondo del río. Entonces se puede decir que el plástico se acumula en el suelo y los peces lo confunden con larvas de insectos». 

Dentro de la población de peces que evaluó Lasso, al menos 4 especies de bagres y 9 especies de peces eléctricos (conocidos como «cuchillos») son las poblaciones con mayor presencia de microplásticos en sus tractos digestivos.  

«La frecuencia con la que aparecen los plásticos en sus estómagos dependen de la época del año», dijo Lasso. «Mientras el nivel del agua en el río es alto, los peces los cuchillos tienen mayor cantidad de plástico en su dieta. Mientras tanto, los bagres tienen mayor cantidad cuando el nivel del agua es bajo. Independientemente de la frecuencia, el riesgo está en que los cuchillos son parte de la alimentación de los bagres comerciales que consumen las comunidades que viven cerca del río».

Vectores de riesgos 

Aunque la contaminación por plásticos se menciona desde 1970, en los últimos 5 años se ha reportado la presencia de microplásticos en varios ecosistemas en todo el mundo, e incluso en el propio ser humano

Según una investigación del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía y las universidades de Cádiz y Siena, tanto los microplásticos como los nanoplásticos (fragmentos menores a 1 milímetro) pueden alterar el ADN de las microalgas, las algas unicelulares y otros organismos que hacen fotosíntesis y brindan de oxígeno a los océanos. 

En 2019, la ONU y el Comité Científico Asesor de Seguridad Alimentaria de Cataluña aseguraron que los microplásticos están presentes en la mayoría de los crustáceos, peces, corales y otros animales marinos debido a la presencia descontrolada de desechos sólidos en los océanos del mundo.  

Se estima que entre de 4,8 a 12,7 millones de toneladas de plástico entran al medio marino cada año, pero solo 1% de esa cantidad se recupera fuera del agua. El resto sigue flotando en las corrientes y se precipita en el lecho marino o de los ríos, donde finalmente los animales lo consumen al confundirlo con su dieta natural

Existen dos clasificaciones de microplásticos: los primarios, conocidas también como «pellets», que son bolas de resina utilizadas por las industrias para fundirlas y crear un producto plástico final; los secundarios son aquellos que vienen de la fragmentación de productos en el ambiente.

Microplástico primario o «pellet» encontrado en las costas del Lago de Maracaibo. Cortesía de Nicolino Bracho.

«Los microplásticos secundarios es el más común en todas partes», dijo José Grillo, miembro del Laboratorio de Comunidades Marinas y Ecotoxicología de la Universidad Simón Bolívar. «El problema aparece porque el plástico tiene contacto con todo ser vivo. En su composición también tienen otros productos aditivos que tenían cuando no estaban fragmentados para resistir a la luz ultravioleta, colorantes o sustancias antimicrobianas». 

Para Grillo, los microplásticos tienen «tres capas de preocupación»:

 El propio polímero de que está hecho el material;

Los componentes aditivos o metales pesados que recubren el plástico, liberándose paulatinamente en el ambiente;

La capa de microorganismos que se adhiere a las partículas de plástico y se ven afectadas directamente por los químicos que suelta. 

«La toxicidad de los plásticos es un proceso complejo que depende de los compuestos por el que está hecho el material. Uno de los más peligrosos son los recubiertos por bisfenol, que está presente en los envases de comida y se ha demostrado que puede cambiar el ciclo hormonal de los peces. El bisfenol puede cambiar las hormonas y habría un desbalance entre machos y hembras para el proceso reproductivo de la especie», comentó. 

Entre el 2021 y el 2022, varias publicaciones de revistas científicas como Science y Elsevier han reportado la presencia de microplásticos en el torrente sanguíneo y en las placentas del ser humano, así como en la lluvia y en los ríos en Estados Unidos. Pese a que el impacto de los microplásticos está bien documentado en el medio ambiente, aún no se sabe con exactitud los riesgos del fenómeno para la salud pública

El ecotoxicólogo afirma que el contexto del Arco Minero del Orinoco vuelve a los microplásticos un tema de mayor riesgo. 

«Los microplásticos pueden absorber y acumular metales pesados, como el mercurio, y liberarlo dentro de los peces cuando se lo comen. Y si nosotros nos alimentamos de esos peces, existe la posibilidad de intoxicarnos con mercurio de forma indirecta. Los microplásticos son vectores de patógenos, parásitos y compuestos tóxicos», aseveró.  

Microplásticos en Venezuela

Comparado al resto de la región sudamericana, Venezuela tiene una deuda con respecto a la evaluación de los microplásticos en sus costas. El financiamiento reducido en el país marcó el 2022 como el hito de las primeras publicaciones que reafirman la presencia de microplásticos en territorio nacional. 

Los estudios de campo se remontan en las playas de Venezuela en 2019. El biólogo marino Luis Medina Faull y la doctora en geoquímica Adriana Gamboa investigaban muestras de arena en las costas del Estado Sucre. La investigación se llevó a cabo gracias al National Geographic Society, la Universidad de Oriente y la Universidad Politécnica Territorial Clodosbaldo Russián. 

Bajo una metodología propuesta por Luis Medina junto a su equipo doctoral en la Universidad de Stony Brook en Nueva York, lograron sistematizar la identificación de microplásticos para precisar si su origen está ligado directamente a las industrias contaminantes o a la degradación de plásticos procesados en el ambiente.

Parte de esa metodología se utilizó para clasificar los fragmentos plásticos en la playa San Luis del estado Sucre, publicado este año. El estudio, monitoreado por Gamboa, revela que en un kilogramo de muestras de arena puede haber entre 17 y 34 partículas plásticas

Sin embargo, la doctora en geoquímica afirma que profundizar las investigaciones en Venezuela es una tarea monumental. 

«Los alcances de la investigación dependen de los objetivos de la investigación, de los recursos económicos y la disponibilidad de los equipos de alta tecnología. La tecnología es muy escasa en nuestro país. Es bastante complejo llegar a un estudio completo (en Venezuela)», dijo Gamboa, profesora en la Universidad Clodosbaldo Russián. 

Gamboa aseveró que los retos se centran principalmente en la cantidad de estudiantes reducida y la falta de equipos en los laboratorios nacionales. Por ahora los estudios se centran en la clasificación por tamaño, color y forma. 

Hasta ahora, solo ha podido clasificar el tamaño y color de 14 playas en Sucre y 2 en Lecherías, estado Anzoátegui. Ella preserva todas las muestras en su propia casa para analizarlas químicamente en un futuro. 

«Aunque no hemos podido analizar químicamente las muestras, se puede saber en algunos casos qué nos encontramos por su forma física. Generalmente hay poliestireno, conocido vulgarmente como anime y que es usado en las bandejas de comida. Es bastante tóxico y no se puede reciclar. También tenemos polipropileno, que está en las fibras de pesca y polietileno tanto de baja como de alta densidad, que se usan en las bolsas de mercado o en las botellas duras, como las de shampoo. Algo que también estamos encontrando es poliuretano, que son los fragmentos de esponjas». 

Recubierta de petróleo

En el Lago de Maracaibo las botellas de plástico y los envoltorios de chucherías aterrizan en las costas del norte del Zulia junto a las algas cianóticas y las manchas de crudo. 

Cortesía: EFE / Jackdwin Sáez y Annia Hidalgo Vargas.

 

Al haber una gran presencia de desechos sólidos en las costas del lago más grande de Sudamérica, la presencia de microplásticos es la mayor hasta los momentos con más de 200 unidades por kilogramo de arena o muestra

«Desde principios del año pasado empezamos con los muestreos en 7 playas del norte del Estado Zulia», dijo Nicolino Bracho, profesor de la facultad de ingeniería de la Universidad del Zulia. «A diferencia de otras costas, como las de Sucre, tanto los macroplásticos como los microplásticos se recubren con los derrames de petróleo, y sin aditivos químicos eso es casi imposible de remover. Al estar cubiertos de crudo el proceso de fragmentación es mucho más rápido y es mucho más dañino para todas las especies que viven allí».

Sus hallazgos se publicaron en febrero de 2022 con el apoyo de Luis Medina y Andreína Gamboa. 

Entre las muestras de microplásticos secundarios en las orillas del Lago se clasificaron fragmentos de tereftalato de polietileno (PET, que se encuentran en botellas de agua o refresco), vinil-acetato (EVA, conocido como “foamy”), caucho sintético (Neumáticos), polipropileno (PP), polietileno (PE), poliestireno (PS o “anime”) y policloruro de vinilo (PVC)

El equipo de Bracho pudo clasificar entre sus muestras microplásticos primarios o pellets. Pero hasta ahora no se puede precisar si estos microplásticos provienen de industrias cercanas o de otras latitudes del mundo arrastradas por el mar. 

«En Venezuela, el único lugar donde se ha hecho la caracterización de los microplásticos es en el Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Oriente (IIBCAUDO); pero, como no tenemos todos los equipos para identificar los polímeros, las muestras se envían con Luis Medina a Nueva York», comentó Bracho. 

Monitorear, educar y limpiar

La acumulación de desechos sólidos en las playas venezolanas es un fenómeno altamente documentado, pero no sistematizado. A lo largo de toda la costa existen diversas organizaciones de la sociedad civil como Azul Ambientalista, La Papelera tiene Hambre, El Zulia Recicla y la Universidad de Oriente que documentan la cantidad de plásticos y educan a la población. 

«Aunque existen esfuerzos periodísticos para monitorear el tema de los desechos sólidos en el país, no existe un marco de referencia sistematizado y con criterios científicos sobre la acumulación de desechos sólidos en Venezuela», aseveró Gamboa. «En mi caso trato de dar conferencias para motivar a las personas a limpiar las playas y mantener consciencia para reducir el impacto».

Los focos más representativos se concentran entre el occidente y el centro del país, pero la comunidad científica no duda que los microplásticos están en la mayoría de los cuerpos de agua donde se encuentran vertederos al aire libre o acumulación de basura. 

Según un reportaje colaborativo organizado por el Correo del Caroní, existen diversos vertederos al aire libre a las orillas del río Orinoco que no han sido atendidos por más de siete años

Los entrevisatdos no dudan que los microplásticos en los peces es una expresión más de la contaminación en toda la cuenca del Orinoco. 

Pese a que el panorama sigue incierto, científicos, activistas y comunidades sensibilizadas al medio ambiente siguen avanzando en el control para aminorar el desbalance en los ecosistemas acuáticos del país

«Tratamos de hacer investigación y acción», explicó Bracho. «Mantenemos brigadas de educación a las poblaciones y colegios para trabajar todo el tema ambiental. Los investigadores y activistas no hacen nada haciendo brigadas de limpieza nada más, se debe entender que lo que hacen en el patio de su casa puede dañar al ambiente. No se estaría atacando una gran parte del problema de ser así». 

Yo solo escuché cuando me dijeron bienvenido a los Estados Unidos (III)
Durante el recorrido por México pasaron por Moncloa, Guanajuato y  Piedras Calientes, ciudad fronteriza del noreste de México, en el estado de Coahuila, ubicada al frente de Eagle Pass, Texas, Estados Unidos, a orillas del río Bravo

 

 

@yeannalyfermin

 

A Omar le faltaban más de 1.800 kilómetros para llegar a los Estados Unidos, pero aún debía vencer tres grandes obstáculos. Y su salud con cada día que pasaba estaba más deteriorada. 

Cuando llegaron a Danlí, una ciudad de Honduras, se desmayó por una baja de tensión y perdió el conocimiento porque no había comido bien. Varias personas del pueblo lo ayudaron a que se recuperara y apenas se sintió mejor continuaron con el viaje. 

Salir de Honduras representaba un precio muy alto para Omar. El salvoconducto tenía un precio de 220$ por persona, pero ellos prefirieron seguir caminando. Más adelante se consiguieron con unos niños que cobraban 10$ por pasarlos por una finca privada y así evitar el punto de control fronterizo. 

“Estábamos nerviosos porque la policía pasaba a cada rato. Nos mantuvimos ocultos hasta que pasó un autobús que logramos parar para que nos dejara en el siguiente pueblo. La meta era llegar a Tegucigalpa, pero el autobús nos dejó como a cuatro horas”, dijo Omar.

Cuando lograron salir del monte, después de haber caminado durante una hora, un señor que manejaba una camioneta les dio la cola y les ofreció medicinas y comida. “Le caímos tan bien al señor que nos llevó más allá de Tegucigalpa, nos dejó en el terminal y nos echó la bendición”. 

Cuando lograron llegar a Aguas Calientes, frontera con Guatemala, le estaban pidiendo el salvoconducto que no pudieron pagar por su alto valor, por lo que tuvieron que pasar por una trocha y pagar un monto de 21 dólares. 

En territorio guatemalteco, Omar quedó impresionado por el nivel de corrupción con los que operan los policías, coyotes y taxistas en la frontera.

A Omar y su grupo no les quedó otra opción que pagar coyotes para llegar hasta Tapachulas, México. El monto del traslado era de 200$ por persona, pero él logró negociarlo a 190 porque eran cinco personas.

«Los coyotes nos llevaron a un hotel y los mantuvieron ahí dos días. Nos daban comida y nos trataron bien. Yo sentía que andaba con gente de un cartel. Estaba muy nervioso”, comentó.

Omar explicó que los coyotes son una banda organizada que opera 24/7 a través de WhastApp. A parte de ellos habían más personas que también iban a cruzar la frontera para llegar a México. Era, según describe Omar, una flota de 18 carros aproximadamente y todos iban cargados con cuatro personas. 

También se comunican por radio y el primer carro que parte adelante es el que comanda y va informando las novedades que hay en la vía, la velocidad y el acercamiento entre carro y carro. Utilizan claves para comunicarse en los puntos fronterizos.

«El primer carro que pasaba iba cantando la zona, si en las alcabalas se ponían necios, él lo iba comunicando. Y así hasta que pasaba el último. En una de esas el que iba de primero llegó a un punto de control, y como era de noche, lo pararon y mandó a que todos los que iban detrás  de él se frenaran, cuadró con los policías y le dio un fajo de billetes. Le dijo yo vengo con 18 carros más, van a pasar 80 personas y te van a dar una contraseña. La contraseña era un cambio de luces y la frase: con diarrea. El paso de los carros tenía un tiempo límite, si se pasan tienen que pagar más plata. Cuando nosotros llegamos faltaban 4 minutos”, comentó Omar.

Finalmente llegaron a la frontera de México y unos muchachos comenzaron a guiarlos, los montaron en unas balsas improvisadas con tripas de camión y dos tablas por los lados. En la otra ribera los esperaban varias motos que prestan servicio y los llevaron hasta Tapachulas. 

Apenas amaneció fueron a sacar la cita de la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, un documento para que los inmigrantes obtengan la visa humanitaria y puedan transitar sin problemas en el país azteca. 

Al día siguiente intentaron nuevamente sacar la cita de la Comar, lo lograron, pero tenían fecha para el 2 de septiembre de 2022. Precisamente en esos días, más de 7.000 inmigrantes hicieron una marcha para la aduana de México y ellos no perdieron la oportunidad para unirse a la multitud y para pasar por el control migratorio. 

“Nos unimos a esa marcha y pasamos por el frente a inmigración de México y no nos pararon, había demasiada gente. El sol en la marcha era brutal, como a 38 o casi 40 grados. Mi novia se me desmayó en plena marcha, eran como las 2 de la tarde y no habíamos comido. Menos mal que había ambulancias y la auxiliaron”, dijo. Omar.

 

Caminaron desde las ocho de la mañana hasta las 10 de la noche. Cuando llegaron a la Aduana de México, donde consiguen el permiso para avanzar, migración los atendió y les entregó un pase válido por 30 días. 

Se devolvieron a la casa donde se habían hospedado, descansaron durante dos días y luego partieron a Ciudad de México y de ahí a Monterrey. 

“Cuando llegamos a Monterrey no encontramos carros y la migración estaba muy violenta, autobús que pasaba lo paraban, bajaban la gente, los devolvían o los metían presos”, relató Omar. 

A la distancia del río Bravo

Durante el recorrido por varios pueblos de México pasaron por Moncloa, Guanajuato y  Piedras Calientes, ciudad fronteriza del noreste de México, en el estado de Coahuila, ubicada al frente de Eagle Pass, Texas, Estados Unidos, a orillas del río Bravo.

Omar y su grupo llegaron a una casa donde ayudaban a los migrantes, una señora los atendió y en la mañana siguiente se ofreció a ir a ver cómo estaba el río o si habían policías en la zona para ver sí podían pasar. Cuando regresó les dio luz verde.

Estando ya frente al río, bajaron la loma corriendo por temor a que la migración los agarrara. Cruzamos primero una parte, porque en el medio del río hay como una isla. Cuando llegamos a la isla había un mexicano todo odioso con un machete y nos estaba amenazando a todos. Llegó un momento en que todos pensamos en agarrarlo, pero que va. Decidimos irnos por otro lado”, dijo Omar. 

Más abajo estaban unos muchachos con unas balsa y les dijeron que cobraban lo que pudieran darles. 

“Los de la balsa nos dijeron: los que sepan nadar ayuden a empujar la balsa, éramos pocos los que sabíamos. Ellos remontaron como pudieron y parte de la balsa se estaba desinflando. Dándole y dándole, logramos llegar al otro lado, a territorio estadounidense. El río estaba súper hondo, yo que soy alto ya no tocaba piso. Cuando llegamos subimos la cerca, tenía demasiados alambres de púa, y cuando la pasamos estaban las camionetas de migración”. 

Sueño americano 

A territorio estadounidense llegaron a las once de la mañana del 3 de julio de 2022. «Yo solo escuché cuando me dijeron bienvenidos a los Estados Unidos, e inmediatamente los de migración nos dieron agua y nos montaron en unas camionetas y nos llevaron hasta un sitio donde estaban como especie de unas perreras, muy cerca del muro que mandó a hacer Trump para frenar la migración».

“Nos llevaron como a un campamento, nos dieron una bolsa más o menos grande para meter nuestras pertenencias, de ahí, nos dieron un ticket con un código que no podíamos perder, eso teníamos que amarrarlo a la bolsa”, comentó Omar. 

Los tuvieron sentados por varias horas y el primer paso fue llenar un formulario con la información personal de cada uno. Luego de ahí, los pasaron a una carpa gigante que estaba dividida en varios sectores.

“En una de las zonas te revisan todo lo que traes y te botan todo lo que esté mojado. Yo solo tenía un par de zapatos, una biblia, una camisa, el cargador, pasaporte, los mil dólares que me quedaban y el teléfono. Te botaban cepillos de diente, desodorante, crema dental, maquillaje. Solo te dejaban la ropa seca”, dijo Omar. 

Luego de cinco horas esperando que los llamaran, y sin comer nada, los pasaron a otra sala donde le tomaron las huellas y las fotos. Ya cerca de las cinco de la mañana, los llamaron para colocarles un brazalete y les dieron un sándwich, una manzana, pasas, unas barritas y agua.

En otra sala, había unos banquitos y los ordenaban ahí para entregarte toallas, cepillo de dientes y los mandaban a bañarse en cinco minutos para que finalmente te fueras a una celda. 

“Ahí duré desde el 3 de julio a las 11 am y salí el 5 de julio como a las 6 am. Era un martes”, recordó Omar. 

Después de que salieron de ahí les entregaron unos papeles con un ID, les advirtieron que cuando llegaran a su destino tenían que reportarse con migración.

“A algunas personas les pusieron grilletes, teléfonos, y a nosotros solo un sello. Nos fuimos a las cuatro de la tarde a Washington, y luego a New York”, comentó Omar.

Omar comentó que actualmente están en un refugio esperando a tener todos los papeles en regla para poder empezar a trabajar. Para ellos la prioridad es hacer las cosas bien y estar totalmente legales para no tener problemas, por eso, trabajan de la mano con la trabajadora social que les asignaron. 

Las motivaciones de Omar para tomar el riesgo de atravesar el Darién fue ayudar a su familia y procurar un mejor futuro para su hijo. Los peligros que podría correr en la selva no eran más grandes que su deseo de conquistar el sueño americano.

Desde Chile a México, Omar gastó más de 4 mil dólares. En total, casi mes y medio duró la travesía de estos tres jóvenes que se vieron obligados a buscar en otras tierras un mejor futuro que no consiguieron en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú ni Chile. 

*Omar González es un nombre ficticio utilizado para preservar la identidad del joven migrante. 

 

 

En el Darién nos perdimos por varias horas (II)
Omar asegura que durante su paso por la extensa selva no escuchó nada malo, no vio animales salvajes ni grupos armados, pero es algo que “no se lo recomienda a nadie»
Con apenas 19 años, fue víctima de una confusión por parte del sistema judicial del país

 

@Yeannalyfermin

 

Ya había pasado más de una semana desde que Omar, su novia y su primo salieron de Chile con el propósito de llegar a Estados Unidos. Cuando los tres jóvenes llegaron a la selva del Darién, comenzó para ellos un camino difícil y tortuoso. Recorrer 575 mil hectáreas y saber que se puede perder la vida, no es sencillo de asimilar.

Cuando llegaron a la selva, el guía los contó y les dio un número a cada uno, debían entregárselo a un indio que los esperaba unos kilómetros más adelante, en una aldea. 

Adentrados en el Darién, dos guías comandaban el recorrido. Uno iba adelante dirigiendo el camino, y el otro iba atrás procurando que nadie se quedara y se perdiera. 

Empezaron a subir la primera montaña y todo marchaba bien. Estaban cansados, pero podían seguir caminando. Cuando ya llevaban cinco horas en la selva, se encontraron con la montaña La Llorona, y fue ahí donde comenzó la odisea. 

Antes de comenzar a subir La Llorona vieron gente que se quedó varada en la selva. Omar comentó que hay un señor con muchas llagas en las nalgas y las piernas que no puedo continuar porque supuestamente se le habían explotado unas varices.

Junto al señor estaba una señora que también estaba muy enferma y se hacían compañía, las personas que iban de paso les dejaban comida, provisiones, pero nadie se frenaba por mucho tiempo porque no querían perderse en la selva.   

Se dice que a la montaña le llaman La Llorona por la leyenda originaria de México que, según la historia, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y luego arrepentida, los busca por las noches asustando con su llanto. 

Sin embargo, hay otra teoría, y es que la Llorona hace llorar hasta al hombre más fuerte. Súper inclinada, extensa, resbalosa, llena de lodo y con muchas ramas y árboles espinosos. 

Omar dice que durante su paso por la extensa selva no escuchó nada malo, no vio animales salvajes ni grupos armados, pero es algo que “no se lo recomienda a nadie». 

Cuando los tres llegaron a la cima de la Llorona, pensaron que ya habían pasado la parte más “candela” y se sintieron un poco tristes y desanimados porque aún les quedaba mucho camino por recorrer. 

“Bajar La Llorona es más peligroso todavía. Había mecates que estaban amarrados de árboles para que la gente prácticamente termine de escalar sin protección. Nos tocó bajar casi que pegaditos, hasta con las nalgas. Llegando al río le dimos muchas gracias a dios porque muchas personas casi perdieron la vida”, contó Omar. 

Luego que pasaron la segunda montaña les tocó acampar porque cayó la noche y llovió fuertemente. Bajando la montaña, el morral de Omar se rompió por completo, pero ahí mismo consiguió uno abandonado, mejor que el que tenía. Guardó sus cosas y a las 6:00 am ya estaban desayunando una galleta con jugo para continuar la travesía.

En ese momento ya solo contaban con la mitad de la bolsa de pan, tres latas de atún y dos sopas instantáneas. 

Comiendo poco para que les rindiera la comida que les quedaba, subieron y bajaron montañas, cruzaron ríos, caminos pantanosos, y recorrieron cientos de metros. 

“Continuamos el camino hasta que oscureció. Acampamos, logramos comer otro poquito y dormir. Nos tocó tomar agua del río porque ya no teníamos. Al segundo día en la selva le tuve que decir a un guía que me prestara su cocina portátil para hacer la sopa y menos mal porque esas sopas fueron las que nos dieron vida”, comentó. 

Omar y su novia se perdieron en la selva por más de una hora. Relató que lo que hicieron fue seguir las huellas que había en el camino hasta que llegaron a un río y se consiguieron con otras ocho personas que también estaban perdidas. En ese momento llegó un guía que iba de regreso y les indicó por dónde debían seguir.

Según información de  Chamos Noticias Panamá, la cifra de venezolanos desaparecidos hasta el 17 de julio de 2022 asciende a 76 personas, de ellos siete son niños.

Julio de 2022 se ha convertido en el mes en el que se han registrado más muertes de venezolanos en el Darién. Al menos 14 personas fallecieron. Sin embargo, no existe una cifra oficial sobre los muertos debido a que muchos cuerpos son abandonados en la selva o no llegan a ser identificados.

La luz al final del Darién

Ya habían pasado seis días en la selva del Darién, cuando finalmente llegaron al campamento del Abuelo, hambrientos, deshidratados, cansados y sin fuerzas. Les alegraba que ya faltaba muy poco para salir del «infierno del Darién», como muchos migrantes han denominado a la región. 

Las plagas los devoraban, pero eso no fue impedimento para que esa noche descansaran y recargaran sus energías. Cuando Omar despertó y vio que muchas personas del grupo no llegaron, le agradeció profundamente a Dios por el hecho de estar vivo.  

Para continuar el camino debieron tomar una piragua, una embarcación pequeña que les cobró 25$ por persona para que los llevara a un campamento de la ONU donde se tenían que quedar para que las autoridades panameñas los registraran. Luego otra piragua los sacaría totalmente de la selva. 

Fueron cuatro horas de camino y ahí sí escucharon monos salvajes que rugían como tigres. El primo de Omar vio una anaconda que estaba por el río y aunque solo se le veía parte del cuerpo, dijo que era gigantesca. 

Lejos del Darién, agarraron un camión que les cobró 40$ por persona, pero no pensaron dos veces en pagar el dinero porque el ambiente se veía bastante peligroso. 

El comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, indicó a través de su cuenta en Twitter que más de 28 mil migrantes venezolanos han cruzado la selva del Darién en el primer semestre de 2022.

Para Omar, haber atravesado casi toda latinoamérica y la selva del Darién no fue tan peligroso como todo lo que tuvo que vivir en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), en San Juan de los Morros, estado Guárico. 

Con apenas 19 años, dice haber sido víctima de una confusión por parte del sistema judicial del país. Llevar el mismo nombre de un homicida y vivir en La Dolorita, municipio Sucre del estado Miranda, fue el pase directo a la cárcel. 

“La selva del Darién sí me dio miedo, pero no tanto como la cárcel en Venezuela. Ahí a la gente le daban tiros delante de mí. Uno tenía que ver cómo “derretían”, derretir es que le meten cualquier cantidad de tiros en la cabeza a alguien por comerse algo ajeno o hacer algo indebido, como le abrían huecos en las manos a los presos con tiros y como se entraban a cuchillo”, comentó González.

Su paso por Centroamérica

En Costa Rica agarraron un taxi para llegar hasta San José, la capital. Cuando llegaron, el terminal estaba cerrado. Les tocó pernoctar a las afueras hasta las cuatro de la mañana, hora que salía el primer autobús con destino a la frontera con Nicaragua.

En la frontera con Nicaragua tuvieron que pagarle a un coyote para que los guiara y los pasara por la trocha. Dos horas caminando, más el cansancio acumulado que les dejó el, Darién les destrozaron los pies, pero aún así, siguieron para poder cruzar la frontera. 

“Cuando pasamos el río en unas balsitas, que llegamos a Nicaragua, fue otra locura: charcos negros, agua estancada, mosquitos, súper asqueroso, pantano”, dijo Omar. 

Llegaron a Nicaragua y varias personas los ayudaron. De aquel grupo de 40 personas solo quedaban cinco, Omar, la novia, el primo y dos más. La meta, en ese momento, era llegar a Managua, pero antes de agarrar el carro que los llevaría al pueblo de San Carlos, tuvieron que meterse por un finca privada para evitar un punto de control fronterizo. 

“Era de noche, estaba lloviendo, duramos como una hora escondidos en el monte hasta que pasó una gandola y nos dio la cola. Nos enfermamos por la lluvia y el maltrato de tantos días viajando. El camión nos dejó en Managua, ahí sí nos tuvimos que hospedar porque ya no aguantábamos más. Estaba súper cansado, enfermo, me dolía todo…”, dijo.

En este punto de la travesía de Omar, ya había logrado dejar atrás ocho países, pero su cuerpo le empezaba a  pasar factura por tantos días sin dormir bien, de comer a deshoras y poco, de tanto caminar y esfuerzo físico constante. Tenía, tos, gripe, fiebre, dolor de cabeza y en todo el cuerpo. 

A Omar solo lo reconfortaba el hecho de saber que estaba a tres países de llegar a Estados Unidos. Aunque sabía que le faltaba bastante camino por recorrer y enfrentarse con otros desafíos, su ánimo y fe en dios lo impulsaban a seguir avanzando, caminando, pidiendo colas y evitando controles fronterizos, tal como si se tratara de un videojuego en el cual la meta es llegar a Norteamérica.

A Omar y su grupo todavía le falta enfrentarse a las fronteras de Honduras, Guatemala y México, y también al río Bravo, de aguas profundas y heladas y fuertes corrientes. La frontera de Estados Unidos todavía estaba lejos.

 

“Estar preso por error en Venezuela da más miedo que cruzar el Darién” (I)
Para Omar González, un venezolano de 28 años, haber atravesado 11 países y la temida Selva del Darién, no fue tan peligroso como el año que duró tras las rejas por un delito que no cometió
Esta es una serie de tres entregas que relata el recorrido y los desafíos a los que tuvo que enfrentarse este joven para poder alcanzar el sueño americano

 

@yeannalyfermin 

 

Más de mes y medio le tomó a Omar González atravesar las fronteras de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, para llegar a Estados Unidos. Su recorrido por casi toda Latinoamérica tuvo un costo de más de 4 mil dólares en traslados, alimentación, coimas y hospedaje. Durante su travesía tuvo que desafiar pasos irregulares, largas caminatas, altas temperaturas, coyotes y la temible selva del Darién. Omar aseguró que nada de lo que vivió en esos días se compara al infierno que tuvo que vivir en la Penitenciaría General de Venezuela por un error del sistema judicial. Hoy está en Estados Unidos esperando la legalización de su proceso para empezar a trabajar. 

Omar salió de Venezuela en agosto de 2018 con rumbo a Cartagena de Indias, Colombia. En esa ciudad no consiguió empleo y al mes se fue a Barranquilla. Aunque le fue “mejor” porque trabajaba vendiendo comida en las calles y como ayudante de construcción, decidió irse a Perú. “En Colombia no hay fuentes de trabajo para inmigrantes venezolanos”, afirmó. 

A Lima llegó en agosto del mismo año porque una amiga le ofreció ayuda para recibirlo. Comentó que trabajó en un restaurante, en una agencia de festejos, como motorizado y hasta de guachimán en una zona que él consideraba bastante peligrosa y no volvió más. Luego consiguió un trabajo fijo en un restaurante – licorería, en el barrio chino de Lima. Comentó que lo explotaron hasta más no poder y aún así duró un año trabajando. 

De Perú a Chile

Con el dinero que logró ahorrar producto de la venta de verduras y comida rápida decidió vender todas sus pertenencias y se fue a Chile. Para llegar tuvo que pasar por Bolivia. 

Empezó trabajando como jardinero y en cinco meses ya se había mudado solo, había ahorrado el pasaje para que él y su novia se volvieran a encontrar, y tenía moto de agencia. 

Mientras trabajaba con su moto tuvo un accidente y se partió la muñeca, duró dos meses varado mientras lo operaban. Con el pasar de los días mejoró, pero poco tiempo después se enfermó con una hernia y cayó en depresión.

Según varios informes de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), los migrantes venezolanos en los países de Sudamérica, tienen una tendencia del 33% a ser diagnosticados con ansiedad y 27% de depresión. 

Omar asegura que siempre quiso irse a trabajar a los Estados Unidos y el plan se fraguó en una reunión durante el almuerzo con sus compañeros de trabajo. 

Le comentó a la novia que quería irse a lo que ella en principio se negó rotundamente porque le parecía una locura, pero de tanto insistir la convenció de que se fueran juntos. 

Aseguró que no se fueron a lo loco, “lo planeamos, lo estudiamos, nos preparamos, reunimos un poco más de plata. Ella me frenó un poco para que no lo hiciera tan de prisa”, dijo. 

“Salimos de Chile prácticamente sin nada. Nada más con lo que habíamos ahorrado. A esa selva no se puede llevar nada, dejé toda mi ropa, solo me llevé dos mudas. Llevaba mi carpa, linternas, botas, guantes y bolso de montaña”, aseguró. 

De Chile para Estados Unidos 

Omar relató que la primera parada que hizo fue en Santiago de Chile, donde se reunió con gran parte del grupo. En Arica, una ciudad portuaria ubicada en la frontera de Chile con Perú, se reunieron las 18 personas que tenían la misma meta de llegar a Estados Unidos. 

En el límite entre Chile y Perú los paró la policía y les quitó dinero para dejarlos continuar. Ya en territorio peruano tomaron un taxi y luego un bus para llegar a Lima. Una distancia de más de 1400 kilómetros.

Dos días después, de Lima partieron a Piura, una ciudad peruana cerca de la frontera con Ecuador, pasaron por el puente internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo entre las naciones de Ecuador y Colombia, hasta llegar a Medellín, y luego a Necoclí, un municipio colombiano que limita con el mar Caribe, en el departamento de Antioquia. 

 

 

Cuando salió la lancha de Necoclí duraron cuatro horas para llegar a la selva del Darién. En total, eran 40 personas de distintas nacionalidades, entre ellos: cubanos, ecuatorianos, haitianos, dominicanos y venezolanos, que iban a cruzar el Darién. 18 del grupo de Omar, más otras 22 que había logrado recoger el guía. 

Omar González detalló que llevaban botas, guantes, carpas, colchas, 6 latas de atún, pan de sándwich, barras energéticas, maní, papelón, jugos de cajitas, sopas instantáneas, suero, repelentes y aceite para las serpientes.

Cifras de la Comisión de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos señalan que los cubanos eran los que más cruzaban El Darién hasta 2022. Ahora la proporción es 12 venezolanos por cada cubano. 

El comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, indicó a través de su cuenta en Twitter que más de 28 mil migrantes venezolanos han cruzado la selva del Darién en el primer semestre de 2022.

El mayor desafío para Omar era cruzar el Darién, sabía por comentarios de la gente y por noticias que ese lugar era muy peligroso y que han muerto muchas personas tratando de alcanzar el sueño americano. Con algo de miedo, pero con la certeza de que en Estados Unidos estaba su futuro, se adentró en la selva. 

 

Ciudadanos son víctimas de matraca por cuerpos de seguridad y funcionarios públicos
A pesar de que el cobro ilegal e injustificado en las alcabalas es una de las prácticas de extorsión más comunes, también hay otras relacionadas con bienes y servicios que ofrece el Estado
La ciudadana Yuleima Bravo contó que la primera vez que fue a la Universidad Bolivariana tras ser convocada a vacunarse contra la COVID-19, muchas personas que entraban en los primeros días, lograron hacerlo porque decían que le pagaban a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)

@Andrea_GP21

En todo el territorio nacional los ciudadanos son víctimas de extorsiones o cobros ilegales por parte de funcionarios y prestadores de servicios, conocido comúnmente como «matraca», siendo la de las alcabalas las más populares. Los cuerpos de seguridad instalan estos puntos de control en todo el país y su propósito debería ser contribuir con la seguridad de la población, pero en muchos casos es el punto más aterrorizante de todo el trayecto.

Sin embargo, de acuerdo con el informe de Transparencia Venezuela y Ecoanalítica titulado “Economías ilícitas: al amparo de la corrupción”, la probabilidad de extorsión en alcabalas alcanzó un 25% en el primer trimestre del año 2022.

El texto advierte que muchos de estos puntos de control se han convertido en espacios donde los funcionarios retienen a los ciudadanos y muchas veces, sin justificación, los obligan a realizar pagos al margen de la ley: “matraqueo”.

Los cobros ilegales en alcabalas, aunque no son nuevos, se incrementaron a partir de la cuarentena que se implementó en 2020 por la pandemia de COVID-19.

Durante el primer semestre del año 2022, Transparencia Venezuela y Ecoanalítica evaluaron 20 empresas de servicios de transporte y distribución del país. Del estudio, se levantaron datos efectivos de 10 de esas compañías y se constató que la probabilidad de extorsión se ubica en 25%.

Asimismo, se identificó que los cuerpos de seguridad más involucrados son la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), policías municipales y policías estadales.

Con miedo a denunciar

En julio de 2022, Nicolás Maduro se refirió a las matracas en las alcabalas y pidió a la Vicepresidencia que se elimine esta práctica ilegal.

“He dado la orden, señora vicepresidente, usted me garantiza que se eliminen las trabas que se le imponen en las alcabalas al pueblo de Venezuela”, señaló Maduro.

También, el oficialista instó a las alcaldías, gobernaciones y a todos los entes del Estado a denunciar los abusos policiales “vengan de quien vengan”.

Pese a que el propio Maduro pidió denunciar estas prácticas ilegales, no todos los integrantes del gabinete ejecutivo parecen estar de acuerdo. Así lo evidenció Remigio Ceballos, ministro de Interior y Justicia, ante una denuncia de la periodista Valentina Quintero.

“El auténtico peligro de las carreteras venezolanas es la autoridad, las alcabalas, la matraca”, fueron las palabras de Quintero que no gustaron a Ceballos y por las cuales fue criticada por el ministro.

 

Quintero reportó que los transportistas de alimentos “han denunciado el hecho hasta la saciedad”, asegurando que los extranjeros y los jóvenes son los más vulnerables ante la extorsión en las carreteras venezolanas.

En su denuncia, Quintero hacía referencia a la extorsión de algunos funcionarios de cuerpos policiales a quienes viajan por Venezuela. 

Ceballos no fue precisamente receptivo a la crítica: “Es una irresponsabilidad generalizar y pretender opacar la labor policial y militar enmarcada en la ética profesional de quienes se dedican a la protección, defensa y servicio al pueblo venezolano, poniendo a un lado su propia seguridad”.

Según Ceballos, el sistema de justicia venezolano está en la capacidad y tiene la estructura para sancionar a aquellos funcionarios que incumplan las leyes.

“Regálame una harina, que no tengo comida”

Johana Ramírez vive en Filas de Mariches, en el municipio Sucre del estado Miranda. Ella dice que en las adyacencias de la Urbanización Miranda, cerca de la Universidad Santa María (USM), siempre hay una alcabala que los habitantes mandan a poner “por seguridad”.

“Era un domingo como a las 3:00 de la tarde. El tipo nos para, no había nadie. Le pidió papeles a mi pareja, certificado y todo. Como él está legal le entregó todo”, contó Ramírez en entrevista con Runrun.es.

“El policía nos dijo ‘ábreme la maleta del carro’. Mi novio se tuvo que bajar y le dice: ‘estás legal, no puedo hacer nada. ¿Será que me puedes regalar una harina para llevar para la casa?, porque no tengo nada’ (…) Él le dijo que no porque si le daba una nos quedamos con poca comida, pero después hasta nos pidió cinco dólares y le dijimos que tampoco”, agregó Ramírez.

Afortunadamente, según contó la joven, el funcionario no pudo poner más trabas debido a que tenían todos los papeles del vehículo al día y pudieron irse tranquilamente.

Si no le pagas a la cuadrilla, olvídate de Cantv

Otras prácticas de extorsión muy comunes tienen que ver con la instalación, suministro o reparación de bienes y servicios que ofrece el gobierno.

Enrique León, de 38 años, trabaja desde su casa para una empresa extranjera. Actualmente vive en Caracas. Él utiliza el servicio de ABA Cantv para ejecutar sus labores. Necesita conexión a Internet en todo momento y que además sea estable.

León comentó que en junio de este año estaba trabajando y el Internet dejó de funcionar. Esperó unas horas y, al cabo de un día entero, el servicio no volvió. “Decidí llamar a un técnico de Cantv que conocen mis vecinos. Los llamé y allí mismo vinieron. Me cobraron 10 dólares por una revisión y me dijeron que había un problema con el puerto de la central”, contó.

Según dijo, la opción que le dieron los técnicos fue pagar para “agilizar el proceso” en la central de Cantv, pues si hacía un reclamo por los canales regulares, no obtendría ninguna respuesta. 

“El técnico llamó a la central y le dijeron que tenían que cambiar el puerto. Me pidieron 130 dólares para arreglarlo. Allí mismo busqué el dinero y lo pagué. Era esa la única opción que tenía para poder trabajar y que no me despidieran”, confesó.

Pagar por una vacuna

Cuando comenzaron las jornadas de vacunación contra la COVID-19, en muchos casos ni siquiera importó que las personas estuvieran convocadas a través del Sistema Patria.

Así lo reveló Yuleima Bravo, quien contó que la primera vez que fue a la Universidad Bolivariana tras ser convocada a vacunarse, muchas personas que entraban en los primeros días, lograron hacerlo porque decían que le pagaban a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“Aceptamos punto, pago móvil y Zelle. Esas cosas yo las escuché en la Bolivariana en los primeros días de las jornadas de vacunación”, decían los funcionarios a los ciudadanos que iban a vacunarse, según contó Bravo.

 

Bravo contó que cuando había escasez de las vacunas rusas Sputnik V, un tío de ella tenía un contacto en un centro de vacunación en la zona de El Cementerio.“Él guardó el teléfono de alguien allí y la persona por avisarle cuándo llegaban las vacunas le pedía una colaboración. Dio como cinco dólares”, añadió.

Cabe recordar que, cuando comenzaron las jornadas de vacunación contra la COVID-19, fueron múltiples las denuncias en redes sociales de cobros irregulares que hacían funcionarios de seguridad y quienes estaban en los centros de vacunación para permitir a las personas vacunarse con prioridad y que no hicieran colas.

Soltar 20 dólares para que te den la cédula

Tramitar documentos en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) puede ser bastante engorroso. Desde los “gestores” que cobran para agilizar el trámite del pasaporte hasta cobros para poder tener una cédula de identidad.

La joven Dayana Rosales, consultada por Runrun.es, contó que en el año 2021, cuando se reactivaron las jornadas para tramitar las cédulas de identidad, tuvo que pagar para poder tener el documento de su hija.

“Cuando retomaron los operativos de cedulación tras salir del confinamiento fue un desastre. La gente tenía que amanecer. Un día fui a Plaza Caracas y llevé a la niña, dieron unos números y al final dijeron que no iban a atender”, comentó Rosales.

 

Después de que informaran que no atenderían a los asistentes, cuenta la joven, un funcionario del Saime salió a “hablarle por debajito a la gente de la cola a decirles que tenían que pagar 15 y 20 dólares por las cédulas”.

“Tuve que pagar 20 dólares para que me pasaran y le sacaran la cédula rápido, saltándome los números y la cola. Y me querían mandar al día siguiente después de hacer una cola de cinco horas”, denunció.

Además, dijo que varias personas hicieron lo mismo porque necesitaban tramitar las cédulas de sus hijos para poder inscribirlos en los colegios.

¿Qué puede hacer una víctima de matraca?

Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, señaló que cuando los ciudadanos son víctimas de matraca, por ejemplo, en alcabalas, lo primero que deben hacer es ubicar tiempo y lugar en el que ocurrieron los hechos, así como identificar “en la medida de lo posible” a los funcionarios.

“Ellos (los funcionarios) deberían tener una identificación con el apellido a nivel del pecho. De no tener, cosa que es poco común, buscar otros elementos de identificación como podrían ser el número de la patrulla, de las placas de las motos o vehículos en los que se están desplazando y algunos elementos distintivos de identificación”, señaló Daniels en entrevista con Runrun.es.

Además, señaló que grabar a algún funcionario no es ilegal y puede hacerse, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad del ciudadano, esto a fines de individualizar una denuncia.

“Un papel vencido no es razón para que una persona sea detenida o el vehículo sea detenido. La detención del vehículo solamente puede ocurrir si se considera que hay un riesgo para la seguridad vial y el tener un documento vencido no es un riesgo en sí mismo para la seguridad vial”, acotó Daniels en referencia a los funcionarios policiales que retienen vehículos y personas por tener algún documento vencido.

¿A qué lugar acudir?

Cuando se producen situaciones irregulares como petición de dinero o que a las personas les quiten cosas de los vehículos, Daniels señaló que la persona puede ir al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo para dar constancia de lo que ocurrió.

“También hay instancias de las policías pero son de difícil ubicación, sobre todo en los estados. No sabemos dónde quedan. 

Daniels recomienda como primer lugar acudir a la Fiscalía, señalando que, en el caso de detención de vehículos o personas en alcabalas constituye un delito, “porque se trata de una detención arbitraria”. Dijo además que la solicitud de sobornos es ilegal y representa un delito.

 

“Si la persona puede hacer público lo que ocurrió, eso es muy importante en las redes sociales porque deja constancia de lo que ocurrió, de su testimonio. Ya hemos visto que en algunos casos donde se hace público, esto trasciende y pone en evidencia a los funcionarios (…) Es muy importante la denuncia pública porque hace ver el patrón sistemático y generalizado de este tipo de actuaciones”, agregó.

Hacer conciencia

Para Daniels, es necesario hacer conciencia y entender que no se trata de que un “funcionario pueda hacer lo que él quiera” y que tampoco el ciudadano “está a merced de un funcionario”.

“Un funcionario es un servidor público y como servidor público el que se debe al ciudadano es él y no al revés. Son principios republicanos que en Venezuela lamentablemente hemos perdido por el principio de autoridad”, aseguró.

En ese sentido, Daniels señaló que es importante que los ciudadanos no se sientan “sojuzgados ni sometidos, porque no es así”. 

“Los funcionarios no son superiores de nadie (…) En la medida en que la ciudadanía se organice y pueda defender sus derechos como colectivo, puede hacerse una lucha mucho más efectiva sobre este tipo de prácticas que tan generalizadas son a nivel nacional”, finalizó.

433 años suman condenas de supuestos responsables de intento de magnicidio 
Un total de 17 personas recibieron penas por los hechos ocurridos el pasado 4 de agosto de 2018 en la avenida Bolívar de Caracas 
12 fueron condenadas a la pena máxima de 30 años de prisión. El resto enfrenta condenas de 24, 20, 16, 8 y 5 años 
Dos mujeres fueron sentenciadas a 30 años y otra a 24

 

@franzambranor

 

El 4 de agosto de 2018 transcurría otra soporífera tarde de cadena nacional con Nicolás Maduro hablando frente a militares en la avenida Bolívar de Caracas, culpando al capitalismo de los males que aquejan a los venezolanos, alabando al fallecido presidente Hugo Chávez y exponiendo más de la cháchara revolucionaria que por más de dos décadas ha sido común denominador en los medios de comunicación. Pero de pronto ese lineal guión se alteró cuando se escuchó una explosion que hizo a Maduro interrumpir su alocución. El cielo se iluminó e inmediatamente el espacio donde se conmemoraba el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana fue desalojado. En imágenes transmitidas por TV se vio como soldados rompieron filas espontáneamente y echaron a correr, mientras Maduro era resguardado por sus escoltas. Horas después Maduro denunció un supuesto intento de magnicidio con un ataque de drones. Maduro acusó a la ultraderecha venezolana de estar involucrada en el “plan” en concordancia con el gobierno colombiano , entonces presidido por Juan Manuel Santos.

“Hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme, han intentado asesinarme el día de hoy”, dijo Maduro. 

A partir de ese momento se produjeron una serie de secuestros, detenciones, allanamientos y desapariciones forzadas, que entre otras cosas produjeron las muertes del concejal Fernando Albán y del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arvelo, ambos acusados de participar en el supuesto complot. 

La madrugada de este 4 de agosto de 2022, a cuatro años del  suceso, la jueza Hennit López Mesa, del tribunal primero contra el terrorismo, dictó sentencia a los involucrados.

Aquí presentamos a los principales condenados por este hecho:

 

Juan Requesens, condenado a 8 años de prisión 

 

De 33 años de edad, Requesens inició su carrera en los pasillos de la Universidad Central de Venezuela. Fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV. Fue electo diputado a la Asamblea Nacional para el periodo 2015-2020 y eje importante en las protestas antigubernamentales que se produjeron en 2017. En agosto de 2018 fue secuestrado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y acusado de estar presuntamente vinculado en el atentado contra Maduro en la avenida Bolívar. Días después de ser detenido, el Tribunal Supremo de Justicia con la venia de la extinta Asamblea Nacional Constituyente le removió la inmunidad parlamentaria. El 10 de agosto, el entonces ministro de información, Jorge Rodríguez, mostró un video en cadena nacional donde el parlamentario aseguraba que había colaborado con el ingreso al país desde Colombia de los autores del supuesto atentado. En el video, Requesens señalaba al también diputado Julio Borges de haber participado en el hecho. La oposición denunció que Requesens fue drogado y obligado a declarar por medio de torturas. Luego de pasar dos años recluido en El Helicoide, en agosto de 2020 recibió una medida de arresto domiciliario. El diputado es acusado de dos cargos por homicidio frustrado y otros cinco por tenencia de armas de fuego, terrorismo, traicion a la patria, asociacion para delinquir e instigacion publica

 

INFOGRAFIA I  Explosión de drones es la única evidencia que el gobierno muestra como intento de magnicidio

 

 

Emirlendris Benítez, condenada a 30 años

 

En una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana cercana a la ciudad de Acarigua, fue detenida el 4 de agosto de 2018 Emirlendris Benítez Rosales junto a su novio, Yolmer Escalona. Días después el entonces ministro de interior y justicia, Néstor Reverol, anunció la aprehensión de ambos en el estado Portuguesa y dijo que estaban involucrados en un supuesto plan de magnicidio. Organizaciones como el Foro Penal Venezolano han denunciado que Benítez, recluida inicialmente en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta y actualmente en el Instituto de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, ha sido víctima de torturas y tratos crueles e inhumanos. En junio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida de protección.

 

Emirlendris Benítez Rosales:  «Gracias a Dios ya no le pegan»

 

Yolmer Escalona, condenado a 30 años

 

Según relata el libro “Ahora van a conocer al diablo”, editado por Oscar Medina, Escalona junto a su novia Emirlendris Benítez le hicieron un servicio de traslado de Barquisimeto a Barinas a Alberto Bracho y a José Miguel Estrada el 4 de agosto de 2018, ambos señalados de participar en el supuesto plan de magnicidio y recientemente condenados a 30 años de presidio. A partir de allí fue vinculado con la eventual conspiración. Escalona al igual que su pareja fue recluido en la sede del Dgcim en Boleíta y posteriormente enviado a la cárcel de El Rodeo en el estado Miranda. Bracho apodado “portu” y Estrada conocido como “Zamurito” fueron los aparentes responsables del despegue y avanzada de los drones junto a Brayan Oropeza (también sentenciado a 30 años de prisión).

 

Juan Carlos Monasterios, sentenciado a 30 años

 

Oriundo de Maracay y de 47 años de edad, Juan Carlos Monasterios Vanegas es un sargento mayor de primera (retirado) de la Guardia Nacional Bolivariana. Monasterios fue detenido a bordo de una camioneta el mismo día del supuesto atentado junto a Argenis Gabriel Valera Ruiz (también condenado a 30 años). En un video difundido por el gobierno de Maduro, el sargento explica cómo se fraguó el intento de magnicidio. De acuerdo a la versión de Monasterios, fue él quien se encargó del paso de los drones de Colombia hacia Venezuela por instrucciones de los diputados Julio Borges y Juan Requesens.

 

Yanín Pernia, condenada a 30 años

 

Yanín Fabiana Pernía Coronel de 25 años fue detenida el 5 de agosto de 2018 y acusada también de estar involucrada en el supuesto plan de magnicidio. De acuerdo al gobierno era la encargada de dirigir las operaciones con el segundo dron. La abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Suju, denunció ante la Corte Penal Internacional que Pernía ha sido víctimas de torturas por parte de funcionarios de la Dgcim y del Sebin. “Fue golpeada, colgada, electrocutada, asfixiada, ahogada, víctima de actos lascivos y aplastamiento de uñas”, dijo. 

Angela Expósito, condenada a 24 años de cárcel

 

Angela Lisbeth Expósito Carrillo fue detenida a finales de septiembre de 2018. Tiene doble nacionalidad, española y venezolana, y es representante de la ONG Fundanimal, una organización que se encarga de velar por las mascotas de los presos y perseguidos políticos. Expósito habría acogido en su residencia a Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, quien segun el gobierno chavista iba a encargarse de grabar en video el magnicidio de Maduro y el cual fue condenado recientemente a 30 años de carcel. El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó que Expósito tenía bajo su custodia al perro de Oscar Pérez, piloto e inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (Cicpc) asesinado en un operativo efectuado en El Junquito por organismos del Estado. 

 

Oswaldo Castillo, condenado a 30 años

 

El estudiante de ingeniería, Oswaldo Gabriel Castillo, fue detenido el pasado 6 de octubre de 2018 por los hechos acontecidos en la avenida Bolívar. Familiares denunciaron que ha sido sometido a desaparición forzada, torturas, aislamiento y retardo procesal en el centro de reclusión de El Helicoide

Alejandro Pérez Gámez, sentenciado a 30 años

 

El General de División de la GNB fue detenido junto al coronel Pedro Zambrano Hernández. Ambos fueron sentenciados recientemente a 30 años de cárcel. Luego de la aprehensión de los militares, el fiscal general de la República designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, no dio detalles del supuesto rol de estos en los hechos del 4 de agosto. 

Héctor Hernández, 16 años de prisión

 

El General de Brigada de la GNB, Héctor Armando Hernández Da Costa, fue detenido el 13 de agosto de 2018, pasó casi cuatro años en la sede de la Dgcim en Boleíta y actualmente permanece bajo arresto domiciliario. Hernández Da Costa fue jefe del Comando Antidrogas de la GNB y jefe de Estado Mayor de la Región Capital de Defensa Integral (Redi). Su hija Loredana Hernández condenó la sentencia emitida en la madrugada de este 4 de agosto. “No bastaron los cuatro años detenido ilegal y arbitrariamente en la Dgcim. No bastaron las mentiras y la persecución familiar”. 

 

José Eloy Rivas, condenado a 20 años

 

El Foro Penal Venezolano denunció que Rivas de 63 años sufre de glaucoma y ha perdido progresivamente la visión por falta de un tratamiento adecuado. El comerciante y padre de cuatro hijos fue detenido el 5 de agosto de 2018, señalado de fraguar un atentado contra Maduro. El entonces ministro Néstor Reverol acusó a Rivas, dueño de una tienda de suplementos electrónicos, de facilitar los chips para los equipos y ser financista del supuesto plan de magnicidio. Familiares afirmaron que Rivas ha perdido 26 kilos desde que fue aprehendido. 

Wilder Vásquez, condenado a 5 años

 

De acuerdo con la abogado Tamara Suju, Wilder Anderson Vásquez Velásquez es estudiante del quinto semestre de Comercio Internacional y desde su reclusión ha sido sometido a tratos crueles e inhumanos. 

Penas de 30 años no son usuales en la justicia venezolana
Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina; detenidos por el caso del 11 de abril del 2002, recibieron una condena de 30 años de prisión y actualmente son los únicos que siguen detenidos por este caso
Durante la década de los 80, Argenis Ledezma, funcionario de la Policía Técnica Judicial (PTJ) y que entonces tenía 25 años, cometió un triple homicidio por el cual lo apodaron como el “monstruo de Mamera”

Por @Andrea_GP21 y @yeannalyfermin

La mañana de este jueves, 4 de agosto, se dieron a conocer las sentencias contra los acusados de participar en el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, ocurrido en el año 2018. Algunas de las penas llegaron a los 30 años.

En el caso del dirigente opositor Juan Requesens, a quien se le señala como autor intelectual de este caso, fue condenado a 8 años de prisión por el delito de conspiración, según informó el abogado Joel García.

 

Por su parte, el abogado Gonzalo Himiob, integrante del Foro Penal Venezolano, informó que condenaron a todos los acusados por el caso. Específicamente, indicó que a Emirlendris Benítez y Yolmer Escalona les impusieron la pena máxima de 30 años de prisión.

Himiob recordó que el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU declaró en el año 2021 que la detención de Emirlendris Benítez “había sido arbitraria”, por lo que instaba “al Estado venezolano a liberarla”.

Fueron sentenciados a 30 años de prisión  Juan Carlos Monasterios, Argenis Valera, José Miguel Estrada, Oswaldo Castillo, Alberto Bracho, Brayan Oropeza, Henribert Rivas, Yanin Pernía y Alejandro Pérez Gámez.

Benítez fue detenida el 5 de agosto del año 2018. La mujer, quien era comerciante, fue apresada y culpada de ser partícipe en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, el 4 de agosto.

La vida de Benítez cambió cuando se dirigía a hacer un traslado en el taxi que manejaba su esposo, Yolmer Escalona, y ese día ella lo acompañaba. Al llegar a la vía del estado Portuguesa, los detuvieron en una alcabala policial y sin mayor información los trasladaron a Caracas.

Tanto ella como sus familiares han recalcado en numerosas ocasiones que no está relacionada con el supuesto intento de magnicidio. También señalan que no hay pruebas para demostrarlo.

Durante el tiempo que estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Benítez fue víctima de tortura y tratos crueles que, hasta la fecha, no han sido investigados o sancionados. 

Uno de los casos de torturas que sufrió Benítez, reseñado en el libro “Ahora van a conocer al Diablo: 10 testimonios de presos torturados por el chavismo”, de Óscar Medina, es el que recuerda que Emirlendris fue llevada a “La Pecera”, en el sótano 1, cuando llegó a la Dgcim.

“La Pecera” es un espacio donde los detenidos reciben sus visitas o donde les dislocan los huesos y se les desprenden las coyunturas frente a cámaras y micrófonos.

Los custodios la llamaban “María”, pero por no serlo y por no responder como esperaban los funcionarios, la golpearon con las manos y con un palo. La patearon por “perra” y “zorra”. Incluso le martillaron el pulgar del pie derecho. La asfixiaron con una bolsa plástica le sumergieron la cabeza en un tobo de agua.

Después de estar en la Dgcim y ser víctima de numerosas torturas y tratos crueles que denunciaron sus familiares, fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, estado Miranda.

Ahora, cuatro años después de producirse el hecho por el que se le acusa, fue condenada a 30 años de prisión.

Casos muy recordados

En Venezuela la pena máxima de cárcel que existe es de 30 años de prisión. Luis Izquiel, abogado penalista y profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), declaró en entrevista con Runrun.es que no hay delitos que generen una pena de 30 años, sino que las penas “se establecen con una pena mínima y una pena máxima”.

Al respecto, ejemplifica que se da una pena de 25 a 30 años para el homicidio calificado, “pero no es que haya una sola pena de 30 años”.

Izquiel señaló que todos los delitos del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) están establecidos así “y se supone que el juez debe aplicar la pena media, salvo que hayan condiciones agravantes que lo obliguen a aplicar la pena máxima”

El abogado penalista señaló que en Venezuela hay delitos que tienen pena de 30 años como máximo, siendo estos los más graves. 

“Antes eran menos, pero en estos tiempos de chavismo se han inventado varios delitos y se le han aumentado las penas a otros. Por ejemplo, al secuestro le pusieron de 20 a 30 años”, señaló.

Según explicó Izquiel, los homicidios calificados podrían tener penas de hasta 30 años, pero en el caso de las personas condenadas por el supuesto intento de magnicidio, señala que posiblemente haya existido la atribución de varios delitos.

“Ahí aplicaría lo que se denomina concurso real del delito, es decir, cuando a una persona se le atribuyen 3, 4 o 5 delitos al momento de imponer la pena, si es encontrado culpable, el juez tiene que hacer como una cuenta matemática. Tiene que tomar el delito con mayor pena y luego la mitad de la pena de los otros. En todo caso es una sumatoria de penas”, explicó Izquiel.

De acuerdo con el artículo 406, numeral 3, del COPP, los delitos que conllevan una pena de 28 a 30 años de prisión son para los perpetradores de un asesinato en las siguientes condiciones:

  • En la persona de su ascendiente o descendiente o en la de su cónyuge.
  • En la persona del presidente de la República o de quien ejerciere interinamente las funciones de dicho cargo.

Asimismo, los artículos 87 y el 88 del Código Penal prevén acerca de la sumatoria de las penas cuando alguien es encontrado culpable de dos o más delitos.

En Runrun.es recopilamos algunos casos con gran impacto en la opinión pública, cuyos culpables recibieron esta sentencia:

Policías Metropolitanos detenidos por el caso del 11 de abril

Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina; detenidos por el caso del 11 de abril del 2002, recibieron una condena de 30 años de prisión y actualmente son los únicos que siguen detenidos por este caso.

Desde el año 2007, los familiares de los funcionarios exigen la aplicación de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena, las cuales el gobierno nunca otorgó.

Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina fueron separados de sus familias en abril del año 2003, cuando inició el juicio más largo de la historia del país. La condena fue hecha por la jueza Marjorie Calderón.

Desde el año 2013, a los tres exfuncionarios de la PM les corresponde el derecho procesal de régimen abierto, que consiste en enviar al recluso a un centro de tratamiento comunitario, donde trabaja y pernocta de lunes a jueves. Viernes, sábado y domingo duerme en su casa, pero esto no se ha cumplido.

Por su parte, los comisarios Lázaro Forero y Henry Vivas y el sargento Julio Rodríguez, recibieron medidas humanitarias por enfermedad; y el comisario Iván Simonovis recibió casa por cárcel también por razones de salud. Simonovis luego huyó del país.

Actualmente, el comisario Marco Hurtado y Arube Pérez están en libertad por condena cumplida. El primero, a 16 años y 11 meses y el segundo, a 17 años y 10 meses.

Los asesinos de Rafael Acosta Arévalo

En febrero del año 2022, un tribunal del área metropolitana de Caracas sentenció a 30 años de prisión al teniente Ascanio Antonio Tarascio y al sargento Estiben Zárate, miembros de la Dgicim, como responsables directos del asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Acosta Arévalo fue víctima de una desaparición forzosa después de ser acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de “conspirar para llevar a cabo un intento de golpe de Estado”.

El funcionario murió el 29 de junio de 2019 producto de las torturas durante su detención, perpetrada por miembros de la Dgcim. Falleció en los calabozos de la Dgcim un día después de haber sido presentado en los tribunales bajo evidentes signos de tortura.

En un primer momento, el Ministerio Público acusó a Tarascio y Zárate de homicidio preterintencional concausal, bajo el supuesto de que los acusados no tenían intención de matar. 

Sin embargo, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU incluyó en su informe el caso y el Tribunal Supremo de Justicia ordenó repetir el juicio en octubre de 2021, donde se presentaron nuevos cargos.

João De Gouveia

El 6 de diciembre del año 2002, durante el paro petrolero, João De Gouveia, inmigrante portugués radicado en Venezuela, asesinó a tres manifestantes opositores al gobierno del entonces presidente Hugo Chávez que se encontraban reunidos en la Plaza Francia de Altamira. Otros 25 resultaron heridos en el hecho.

Una adulta mayor, un docente de 53 años y una estudiante de 17 años murieron por los disparos de De Gouveia, quien llegó a vaciar dos cargadores sobre los manifestantes.

El hombre tenía un croquis del lugar con el rostro de varios de los trece efectivos castrenses que allí pernoctaban y una pistola.

Luego de su captura y muchas hipótesis sobre el hecho, hasta el mismo Chávez cuestionó al canal Globovisión por mostrar un video donde supuestamente De Gouveia se encontraba el 5 de diciembre de 2002 junto al entonces alcalde, Freddy Bernal en las cercanías de Pdvsa La Campiña.

Incluso, un equipo psiquiátrico, psicológico y neurológico determinó que el portugués sufría de psicosis, un estado mental descrito como pérdida de contacto con la realidad. 

Tiempo después, por orden del Fiscal General de la República para ese momento, Isaías Rodríguez, se sustituyó a la fiscal y se designaron a Sonia Busnego y Tursi Simancas. El hombre, quien entonces tenía 37 años, recibió una condena de 29 años y 11 meses de prisión.

La asesina de la quinta Taumus

En 1994 hubo un caso que resonó en todo el país. Una joven de origen libanés asesinó a dos personas para recuperar el dinero de una compra que hizo sin autorización de su padre. 

Se trata de Cibell Naime Yordi, quien nació en Caracas el 24 de enero de 1976. Nació con ascendencia libanesa y practicante del drusismo, una religión de origen abrahámico poco conocida en Venezuela, publicó el sitio web Hechos Criollos.

En el mes de noviembre del año 1994, Cibell leyó un anuncio en el periódico donde ofrecían gatos de raza angora en venta. Interesada, llamó para consultar los precios y tomó la decisión de comprar uno. La joven acordó el encuentro con el vendedor para el martes 6 de diciembre de ese año.

Miguel Tauil Musso tenía 28 años, era un abogado dedicado a la cría de animales de raza para su comercialización. Se asoció con Juan Carlos González, de 19 años. Tauil acordó encontrarse con ella en el estacionamiento del Colegio Minerva.

Apenas Cibell vio al vendedor con el gato fue hacia él y se presentó. Luego de conocerse le pagó con un cheque de 20.000 bolívares y recibió el gato. Miguel se retiró dejando a la joven con el gato. 

Después, el padre de Cibell, Shauki Naime, de profesión obstetra, notó que le faltaba un cheque. Revisó los talonarios y comprobantes confirmando, hasta dar con la ausencia de uno del Banco Unión. 

La joven decidió llamar  a Miguel Tauil para pedir que le devolviera el cheque, pero ya lo había cobrado. Le pidió entonces que le reembolsara el dinero y el hombre se negó. Al no saber qué hacer y entrar en desesperación, llamó a Tauil varias veces, pero este no dio el brazo a torcer.

Días después, Cibell se hizo pasar por una persona interesada en comprar unos perros salchicha. El intercambio se realizaría en la urbanización Los Naranjos, en la quinta Taumus. Cuando la vieron, ella dijo que una tía era quien estaba interesada en la compra y, dentro de una camioneta, Miguel, Cibell y Juan Carlos, salieron a buscar a la supuesta tía.

Al pedirle nuevamente el dinero y que este se negara, sacó un arma y le disparó en la cabeza. Viendo que en el vehículo estaba el socio de Miguel, Juan Carlos, decidió dispararle también porque había presenciado el hecho.

Cibell fue detenida en el INOF. El juez 25 Cristóbal Ramírez Colmenares la sentenció a 30 años de cárcel por homicidio intencional calificado por motivos fútiles, con alevosía, premeditación y empleo de astucia. 

El monstruo de Mamera

Durante la década de los 80, Argenis Ledezma, funcionario de la Policía Técnica Judicial (PTJ) y que entonces tenía 25 años, cometió un triple homicidio por el cual lo apodaron como el “monstruo de Mamera”.

Ledezma era pareja de una adolescente de 13 años, llamada Rosa Elena Pinto o mejor conocida como ‘Chena’. Anteriormente tuvo una relación con la madre de Rosa Elena, reseñó Dossier Interactivo.

A finales de la década de los 70, Ledezma se casó con ‘Chena’ y fruto de esa unión nacieron dos hijos, cuando la adolescente ni siquiera llegaba a la mayoría de edad.

El 11 de enero de 1980 desaparecieron tres jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 17 años. Los familiares de los jóvenes pusieron sus sospechas en Argenis Ledezma.

Luego de 11 meses de investigaciones, Argenis Ledezma confesó el triple homicidio y no solo eso, sino que también dio pistas de los cuerpos sepultados.

Las víctimas de Ledezma fueron Douglas Nieves, de 16 años; Efraín Irausquín de 17 años; y Martín Mijares, de 14 años; este último desapareció 6 días después que los dos primeros.

A partir de la confesión, la opinión pública venezolana lo tildó como ‘El Monstruo de Mamera’, además, de impactar al barrio caraqueño de San Pablito.

Tras confesar los crímenes, Ledezma fue condenado a 30 años de prisión, sentencia que cumplió en la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de los Morros, Estado Guárico.

Ledezma cumplió 21 años en prisión. En el año 2001 salió de prisión por buena conducta y de allí, se mudó a Puerto Ordaz, Estado Bolívar.

Casos fuertes, una condena menor

En Venezuela ha habido procesos de condena contra personas que cometieron asesinatos, torturas y tratos crueles hacia presos políticos, las cuales resultaron con una pena mucho menor que la aplicada contra los acusados del presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.

Tal es el caso de Fernando Albán, concejal de Primero Justicia en Caracas, quien murió el 8 de octubre del 2018 mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela.

Pese a que en un principio desde el gobierno informaron sobre la muerte como un supuesto suicidio, la familia y amigos de Albán, partidos de oposición y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sostienen que la muerte del concejal consistió en un asesinato.

En aquel momento, el dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, afirmó tener información de que Albán murió mientras estaba siendo torturado con una bolsa y que luego lo lanzaron al vacío.

Asimismo, William Jiménez, excoordinador de investigaciones nacionales de la morgue de Caracas, dijo que la autopsia se observó que había agua en los pulmones de Albán y habría sido adulterada por orden de Néstor Reverol.

A pesar de las constantes denuncias de sus familiares por las torturas contra Albán, en diciembre de 2021 dos funcionarios del Sebin fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión, una pena mucho menor a la que otros casos detallados en este trabajo.

El abogado penalista Luis Izquiel señaló que, por ejemplo, en el caso de João De Gouveia, al hombre lo condenaron a 30 años de prisión menos un día “porque admitió los hechos”. 

Vacaciones para mayoría de venezolanos serán en un punto fijo
La inflación, los problemas de movilidad, la covid-19 y la crisis de servicios públicos son los principales enemigos en este asueto 
Principal destino de viaje sigue siendo Margarita 
Boletos aéreos para Porlamar cuestan en promedio $150 por persona y el ferry que parte de La Guaira va de $60 a $160
Expertos recomiendan apelar a la creatividad y visitar parques, plazas y museos en las ciudades 

@franzambranor

A Nancy Virginia le encantaba viajar a su natal Punto Fijo en las vacaciones escolares de sus hijos. La última vez que estuvo en casa de sus padres en el estado Falcón durante el periodo de asueto entre julio y agosto, fue en 2019. La pandemia del coronavirus, la escasez de gasolina y la crisis económica y de servicios públicos la han alejado de la ciudad falconiana y las playas que la rodean. En 2022, Nancy Virginia y su familia tampoco visitarán a los abuelos. “Para decirlo claro y raspado, no tenemos plata”, dijo tajantemente la administradora. Nancy sentenció que son varios factores los que conspiran para que sus hijos no puedan disfrutar de unas merecidas vacaciones. “A mi esposo y a mi no nos alcanza el sueldo para satisfacer las necesidades básicas, menos para irnos de vacaciones como hacíamos antes…en primer lugar tenemos que acomodar el carro porque es un viaje largo, está el tema de la gasolina, aquí en Caracas conseguimos en dólares, pero allá no sabemos. Otra cosa es el aumento de la matrícula escolar de los niños este año que nos dejó prácticamente sin un centavo”. 

Así como Nancy Virginia, centenas de venezolanos tampoco podrán vacacionar. Y es que el poder adquisitivo del ciudadano promedio se ha pulverizado y por supuesto el ocio es uno de los renglones más perjudicados.

Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el salario en dólares cayó 6,6% en Venezuela entre diciembre de 2021 y junio de 2022. La remuneración promedio se ubicó en $118,4 durante el mes de junio en el sector privado, mientras que en el área pública se situó en $40. La inflación en el sexto mes del año de 2022 fue de 14% de acuerdo al OVF.

“El principal limitante para que el venezolano tenga vacaciones en este momento es el bolsillo”, dijo el economista Luis Oliveros.

“El ingreso real del venezolano está cayendo, la inflación es mayor que los aumentos de salario, los que ganan en dólares están perdiendo capacidad de compra”.

El repunte del covid-19 también atenta contra las vacaciones. La Sociedad Venezolana de Infectología alertó sobre un repunte de la enfermedad en los últimos días y llamó a la población a no menospreciar los síntomas, así como a reforzar la vacunación. De acuerdo a cifras oficiales, el número de casos subió de uno por cada 100 mil habitantes en junio a 5 por cada 100 mil en julio de 2022.

 

Advierten que la subvariante BA5 de omicrón causa más casos de Covid-19 y reinfecciones 

Margarita sigue siendo predilecta 

Aura Gutiérrez de la agencia de viajes Tornus sostuvo que la demanda de paquetes vacacionales ha descendido este año. 

“Lo que más se mueve es Margarita, pese a los precios elevados la gente sigue apostando por ir a ese destino”.

Gutiérrez indicó que solo en pasaje de avión cada persona puede gastar un promedio de $150 por un boleto ida y vuelta. “No todo el mundo dispone de eso, una familia de cuatro personas necesita $600 solo en pasajes…es caro”.

“Hay muchas opciones para Margarita, pero un viaje para allá no lo puede pagar todo el mundo”, sostuvo Luis Oliveros.

Los gastos en alojamiento y comidas en Margarita dependen de cada recinto. “Existen diversas alternativas, todo es cuestión de investigar lo que más conviene, pero es un gasto fuerte porque todo está por las nubes, eso quedó para un sector de la población”, manifestó Gutiérrez quien recordó que actualmente hay seis líneas aéreas operando hacia Porlamar: Conviasa, Estelar, Avior, Rutaca, Laser y Venezolana

“Irónicamente Conviasa que es una línea aérea del Estado es una de las más costosas”. 

Recientemente se activó la ruta en ferry de La Guaira hacia Margarita con una frecuencia de salida cada semana. Los precios por persona son de $60 ida y vuelta en el nivel Arena, $100 en el nivel Playa y $160 en el nivel Sol, mientras que cada vehículo tiene un costo de $80 si es liviano y de $100 a $180 si es pesado. Niños de 3 a 11 años cancelan 50% de la tarifa y de 0 a 2 años no pagan boleto.

Impera la creatividad

Luis Oliveros indicó que en tiempos de crisis se impone la creatividad para buscar alternativas a la hora de tomarse unas vacaciones.

“Eso y hablarle claro a los chamos, decirles que las cosas han cambiado y que en este momento no se tiene para irse de viaje al interior o al exterior…que quizás en un futuro se pueda volver a hacer”.

Oliveros manifestó que para quienes se quedan en ciudades como Caracas existe la opción de visitar lugares de esparcimiento como plazas y museos. “Alguno que otro sitio histórico…También se puede aprovechar la alternativa que brindan los cines de lunes populares”. 

Agregó que el streaming en casa sigue siendo una opción válida. “Si tomamos en cuenta el costo mensual de este es algo relativamente barato y los niños hoy en día se entretienen mucho con eso”.

Por su parte, el coordinador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, dijo en una entrevista radial que se debe apelar al ingenio a la hora de planificar el tiempo de ocio en tiempos donde no hay holgura financiera. 

“Recreación es un momento de compartir y por eso hay que usar la creatividad y todos los medios que tengamos a nuestro alcance para el sano esparcimiento…parques, plazas públicas”.

Trapani informó que muchas organizaciones de la sociedad civil ofrecen planes de esparcimiento a precios relativamente accesibles para niños y adolescentes. 

“Esas experiencias sensoriales de esparcimiento son importantes para nuestros niños porque así se convierten en seres sociales…eso es salud…eso es bienestar”.