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Los desafíos ambientales de Venezuela en el 2021
La reactivación de la Academia en las investigaciones oceanográficas y la búsqueda de alternativas a la minería están en la lista de retos pendientes a afrontar en este año que recién comienza
¿Qué hacer con los derrames de petróleo en el mar? ¿Qué pasará con la política ambiental cuando hay dos parlamentos que se declaran como legítimos?

*Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Runrun.es de Venezuela. 

Durante 2020, los problemas ambientales crónicos de Venezuela no hicieron más que empeorar. Las malas noticias llegaron en forma de olas de aceite oscuro a las costas venezolanas, producto de los derrames petroleros registrados, sobre todo, en el segundo semestre del año cuando arribaron tanto al Parque Nacional Morrocoy como al Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, un importante humedal latinoamericano que ya estaba en jaque por construcciones turísticas autorizadas que podrían secarlo. En 2021, biólogos y ambientalistas no piensan quedarse de brazos cruzados ante la amenaza y apuntan a medir los daños y apelar a acuerdos internacionales para lograr que el gobierno responda de manera efectiva.

Al sur del país, la fiebre del oro también hizo estragos. En el Parque Nacional Canaima —el mismo que inspiró los escenarios de la película animada ‘Up’ y que alberga al Salto Ángel, la caída de agua más alta del planeta—la cantidad de puntos de extracción del mineral creció 78 % en solo dos años y científicos confirmaron que la minería ilegal triplicó su área de deforestación, al pasar de 400 a 1200 kilómetros cuadrados. Por eso, la defensa de estos territorios combina tanto acciones urgentes de índole internacional así como la planeación de actividades económicas alternativas que eviten que cada día lleguen más mineros a la zona.

Los cambios políticos en el país afectan todos los ámbitos y el ambiente no es la excepción. Ante la instalación de dos poderes legislativos con agendas y decisiones paralelas, queda la incógnita de cómo esto afectará a los ya golpeados parques nacionales y áreas protegidas. Por otro lado, la academia venezolana necesita recibir el apoyo del Estado para no quedarse por fuera del Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030) propuesto por la ONU, el programa arranca este año y promete formar una generación de oceanógrafos y expertos para un país sumido en una grave “fuga de cerebros”.

Acción internacional contra los derrames de petróleo

Golfo Triste, primer lugar impacto por el derrame de petróleo en agosto 2020 . Foto: Morrocoy Online.

Aunque el nombre del Parque Nacional Morrocoy fue el que más se difundió en los medios de comunicación cuando ocurrieron los derrames petroleros de julio y agosto de 2020, hubo otro sitio protegido que resultó gravemente afectado: el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, clasificado en Venezuela como un Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) y hogar de cerca de300 especies de aves que comparten su hábitat con reptiles y mamíferos en peligro de extinción.

Cuare, en el estado Falcón y vecino de Morrocoy, fue el primer lugar del país en entrar en la lista de espacios protegidos por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida también como la Convención de Ramsar, por la ciudad iraní en donde se firmó en 1971. Entró a la clasificación el 23 de noviembre de 1988 y desde entonces solo lo han hecho cuatro lugares más en Venezuela. Es precisamente a esta Convención a la que apelarán en 2021 los científicos, activistas y ciudadanos que desean exigir una acción por las fugas de petróleo de la empresa estatal venezolana (PDVSA).

Por ser un Estado miembro del acuerdo, Venezuela está comprometida a realizar un uso racional de este espacio, pero en su lugar ha permitido que cerca de allí se levanten construcciones que han provocado que la zona comience a secarse y que, durante 2020, se haya convertido en víctima de un gran derrame de crudo.

La bióloga y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, Vilisa Morón, asegura que, actualmente, activistas y vecinos de la zona están buscando contactos para apelar al Ramsar, pero aún no han conseguido el apoyo necesario.

Personal de PDVSA solo estuvo presente en los primeros días de limpieza y sin maquinarias. Foto: Ministerio de Ecosocialismo de Venezuela.

Todavía hay mucho por hacer. El estudio de lo ocurrido con las fugas de hidrocarburos es primordial para que este año puedan ejercerse las actividades de saneamientos más certeras y adecuadas. “Desde las ONG, universidades y la ciudadanía, nuestro trabajo es hacer seguimiento y presión. Una de las acciones en que todos podemos apoyar es el mapeo [de los derrames y zonas afectadas]”, dice Morón.

Eduardo Klein, biólogo, profesor universitario y coordinador del Centro de Biodiversidad Marina de la Universidad Simón Bolívar, apoya la idea porque es precisamente la falta de monitoreo la que ha provocado los derrames. Sostiene que la ausencia de una evaluación de daños, por falta de personal capacitado en la empresa estatal, ha impedido que se eviten accidentes y que sus efectos se prolonguen en el tiempo.

Klein asegura que todos estos eventos han demostrado una y otra vez la total incapacidad de PDVSA para detener las fugas que, anteriormente, eran atendidas con unidades especiales y planes de contingencia. “Hoy, en cambio, la limpieza de los daños ambientales hecha por la industria dependió en gran medida de la preocupación e insistencia de las comunidades aledañas al parque”, afirma el académico.

Según Klein, meses después los manglares continúan afectados y los pescadores deben ir más lejos para poder pescar porque los residuos afectaron la flora y fauna marina. Para el biólogo, una tarea pendiente para este 2021 es que los llamados de la sociedad civil “resuenen aún más fuerte en un Estado que incumple con responsabilidades básicas para mantener el equilibrio ambiental”.

El futuro ambiental con dos parlamentos

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro muestra una barra de oro supuestamente excavada y procesada en el Arco Minero de Venezuela. Foto: Prensa Presidencial.

Con el 2021 llegó, constitucionalmente, el turno de una nueva Asamblea Nacional, poder que durante los últimos cinco años se había mantenido bajo el mando de la oposición, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia la declaró en desacato desde 2017 e invalidó todas sus decisiones y declaraciones a partir de ese momento. Sin embargo, la renovación de esa instancia dejó un sinsabor.

Los líderes opositores rechazaron acudir a las urnas electorales para ser reelegidos como diputados debido a que las condiciones de los comicios impuestas desde el Ejecutivo los ponían en clara desventaja y, según ellos, no garantizaban la transparencia del proceso. Por esa razón, el chavismo protagonizó en diciembre pasado unas elecciones señaladas, tanto por sus contrincantes como por varios países de la comunidad internacional, como fraudulentas. Gracias a esas elecciones el partido oficialista ocupa hoy más del 90 % de las curules, lo que allana el camino para que cualquier orden emanada desde el palacio de Miraflores tenga luz verde en el órgano legislativo.

Ante tal panorama, la mayoría de los parlamentarios opositores de la Asamblea Nacional elegida en 2015 decidieron continuar en sus posiciones y constituyeron una comisión delegada bajo el argumento de que los comicios de diciembre de 2020 fueron ilegítimos y “no pueden permitir el vacío de poder”. Mientras tanto, los chavistas asumieron también sus nuevas responsabilidades.

Con dos poderes legislativos, queda por ver cómo se verán afectadas las decisiones que impacten directamente a los parques nacionales y a las áreas protegidas. Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista, asegura que la convivencia de dos parlamentos no tiene cabida porque no existe una «república bicéfala». «Eso va contra la razón y contra la misma capacidad operativa del Estado», apunta el experto en Derecho. A pesar del inconformismo de la oposición, Rafalli asegura que será la Asamblea de Nicolás Maduro la que rija en todas las materias, incluyendo la ambiental. “Si resuelve dictar leyes de contenido ambiental, nadie dentro del país va a decir no, porque tiene poder coercitivo”, añade.

Los bomberos usan rastrillos y batidores para eliminar los focos de fuego en las montañas pues no tienen agua. Foto: Inparques.

Pero todo cambia en el ámbito internacional. El abogado explica que es en ese plano donde existen tratados y convenios firmados con otros países y que estos podrán decidir a cuál de los dos parlamentos respalda.

«Desde el punto de vista político, el apoyo a la oposición de estos países tiene relevancia desde dos ópticas: la primera tiene que ver con los acuerdos y convenios bilaterales en materia ambiental, porque esos Estados reconocen a Guaidó como su interlocutor. Pero hay un segundo punto y es que estos convenios suponen compromisos entre Estados con miras a la protección del Ambiente, pero no los pueden hacer cumplir porque, en la práctica, la oposición no tiene competencias legislativas», añade Raffalli.

Hay quienes piensan que lo peor está por venir. “La profundización del desastre de la tragedia a corto plazo es lo que vislumbro”, le dice a Mongabay Latam el parlamentario opositor Américo De Grazia, quien está convencido de que el medio ambiente será uno de los más afectados ante el nuevo panorama político. “Van a estimular y exponenciar todos los males ambientales a cálculos inimaginables”, asegura y agrega que se ampliarán losdesastres ecológicos promovidos con el Arco Minero del Orinoco y será imposible proteger a los parques nacionales.

De Grazia comenta que “todo aquel que no tenga contrapeso de poder siempre va a pecar más” y por eso la oposición optó por declarar la continuidad constitucional, decisión que ya recibió el visto bueno de países como Estados Unidos, Japón, Canadá, Colombia, Chile y Brasil.

Proteger al parque Canaima

La mina de Campo Carrao, en el Sector Occidental del Parque Nacional Canaima. Crédito: SOS Orinoco.

Desde hace más de cinco años, organizaciones, turistas, ambientalistas, periodistas y activistas han denunciado la presencia de minería dentro del Parque Nacional Canaima, en el sureño estado Bolívar. En 1994 esta área natural protegida fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco y, con el tiempo, el problema de la minería ilegal se ha agravado, tanto que de los 33 sectores mineros que habían sido identificados por la organización no gubernamental SOS Orinoco en 2018, se pasó a 59 en 2020. En solo un par de años, la cantidad de puntos de extracción de oro dentro del parque creció un 78%.

La inacción del gobierno de Nicolás Maduro para contrarrestar la actividad extractivista y el apoyo del Estado hacia proyectos como el Arco Minero del Orinoco —que ha facilitado el tráfico de herramientas y maquinarias para la minería hacia los espacios protegidos colindantes— constituyeron una alarma para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que evalúa el patrimonio natural en peligro. En 2017, Canaima entró en la lista de sitios que representan una “preocupación significativa” y fue clasificada con una alerta naranja, solo un peldaño abajo de la alerta roja, que es la valoración más preocupante.

“Esta fiebre del oro ha  empeorado por la crisis humanitaria compleja en la que está sumida Venezuela. Los escenarios futuros para Canaima son poco alentadores pues no existe en el terreno una autoridad ambiental capaz, o interesada, en responder efectivamente a esta problemática. No hay voluntad política, ni una gobernabilidad que permita hacer frente a las operaciones mineras, por lo que se espera que se incremente la devastación en su interior, generando graves daños a la cultura indígena pemón, gran parte de cuyo territorio ancestral se encuentra resguardado por el parque nacional”, escribió SOS Orinoco el año pasado en un comunicado en el que insta a la UNESCO a reconocer que el problema de la actividad extractivista dentro del parque es mucho más grave de lo que se contempla.

Por esta razón, de acuerdo con SOS Orinoco, en el entorno ambientalista es “urgente y necesario” que Canaima sea recategorizado como “en Peligro Crítico” según los criterios de la UICN, que es el órgano técnico asesor de UNESCO. Así se activaría una alerta roja que podría impulsar una acción urgente desde el gobierno central venezolano en favor de la conservación.

En el municipio de Gran Sabana se encuentra el Parque Nacional Canaima. Foto: Lorena Meléndez.

“Teniendo en cuenta la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, y la política de Estado abiertamente minera y desconsiderada con las leyes ambientales, se hace necesario que UNESCO incluya a Canaima en la Lista de Sitios de Patrimonio Mundial en Peligro, como una acción política que empuje a las autoridades a actuar de forma decisiva y asertiva para lograr el  cese de las operaciones mineras, ofreciendo alternativas económica y ecológicamente sostenibles a la población residente del parque nacional”, apuntó SOS Orinoco en una misiva publicada en junio pasado, cuando se cumplieron 58 años desde que Canaima fue catalogada como área natural protegida.

Para la consultora ambiental y presidenta encargada de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Isabel Novo, con la incorporación de Canaima a la Lista Roja “habría posibilidad, entre otras cosas, de recibir apoyo internacional para ayudar a buscar soluciones que permitan atender su situación actual”. Novo cree que ese es un paso esencial para estimular medidas deconservación en el ámbito de la Convención del Patrimonio Mundial, antes de que la situación se torne más grave y se pierda su condición de Sitio de Patrimonio Mundial.

“Idealmente, este reto debería contar con el respaldo de las instituciones encargadas de la administración y manejo del Parque Nacional Canaima, entre ellas el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)”, acota la experta.

Novo explica que el ingreso a la alerta máxima sería reversible en un futuro porque el Comité del Patrimonio Mundial puede eliminar a Canaima de la Lista Roja “una vez que haya cumplido los criterios establecidos en el ‘Estado de Conservación Deseado para la Eliminación de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro’ y se hayan restaurado sus valores naturales”.

Para Novo, es inconcebible que dentro del Parque Nacional Canaima se desarrolle la actividad minera y menos aún si esta área está protegida. “Muchos de los efectos de esta actividad son irreversibles y afectan tanto a la biodiversidad del parque como a sus habitantes. El gran potencial turístico de esta zona es una alternativa que ha sido evaluada como una fuente de ingresos importante en la región si se realiza de manera controlada, pero se está perdiendo con la minería”, insiste.

Alternativas para la minería

Minas Gran Sabana en el Parque Nacional Canaima. Pemon Estado de Bolivar, Venezuela. Foto: Charles Brewer.

En 2020, la minería continuó ganando espacio en Venezuela. No solo en el parque Canaima se multiplicaron los puntos de extracción sino que, de acuerdo con el estudio ‘Minando Derechos: tierras indígenas y minería en la Amazonía’ del World Resources Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en apenas un año, el área de cobertura vegetal afectada por la minería ilegal en la Amazonía venezolana pasó de 400 kilómetros cuadrados a 1200. A este espacio se suman, además, los casi 112 000 kilómetros cuadrados que ocupa el Arco Minero del Orinoco —zona de explotación minera legal—, que desde el año pasado incluyó la explotación de oro en seis de los ríos más caudalosos de la zona y ha afectado a poblaciones indígenas.

María Teresa Quispe, directora estratégica del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, organización que participó en la investigación, sabe cuánto ha incidido esta actividad dentro de los territorios indígenas. El mismo documento determinó que la minería afecta el31 % de las tierras de las comunidades nativas de la región amazónica. Por eso, al momento de referir una solución al problema, alude de inmediato a la necesidad de crear alternativas económicas al extractivismo.

En una Venezuela que atraviesa por una emergencia humanitaria que ha expulsado al menos a cinco millones de personas, irse a trabajar en los yacimientos auríferos del sur de la nación —a merced de los grupos irregulares armados y las bandas criminales que controlan el acceso a las distintas minas— se ha convertido en una medida desesperada para ganar dinero. Miles de indígenas, en medio de la situación, se han visto obligados a convertirse en mineros para poder subsistir. Muchos de ellos, que vivían del turismo y trabajaban como guías o en restaurantes y posadas, se quedaron sin ningún sustento con la caída abrupta del número de viajeros que antes los visitaban.

Desde marzo se conoció que el gobierno pondría en funcionamiento una balsa minera en el río Caura, donde ya se practicaba minería ilegal. Foto: Fritz Sánchez.

“La minería de ninguna manera es ecológica, eso no hay forma de sostenerlo”, sentencia Quispe, oponiéndose al argumento con el que el gobierno de Nicolás Maduro ha querido justificar la creación del Arco Minero del Orinoco. De hecho, la cartera encargada del sector es el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, lo cual para Quispe es una contradicción.

“Yo creo que en Venezuela, que es un país petrolero, no se puede considerar que la minería es la única salida […] La generación de proyectos productivos endógenos que partan incluso de los conocimientos, producciones y riquezas tradicionales de los territorios indígenas es algo que se debe apoyar, explorar e impulsar. Este gobierno, o el que venga, debería contemplar esa posibilidad”, indica la directora de Wataniba. Para Quispe, la búsqueda de alternativas a la minería debe comenzar ya, a pesar de que Latinoamérica, en general, le apuesta al extractivismo.

Mongabay Latam buscó al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico pero hasta el momento no se ha obtenido una declaración.

Se necesitan venezolanos que estudien el océano

A la bióloga Yurasi Briceño le preocupa cómo la crisis social y económica venezolana está influyendo en la pesca incidental y cacería directa del delfín costero. Foto: Yurasi Briceño.

El 2021 comienza con una celebración a la cual Venezuela no está invitada. Pese a tener 2700 kilómetros de costa, el país no tendrá ningún representante en las primeras actividades previstas para la conmemoración del Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030), un periodo proclamado por las Naciones Unidas para reunir a la comunidad científica, políticos, empresas y sociedad civil organizada de todo el mundo en torno a un marco común que garantice que las ciencias de los océanos puedan apoyar plenamente a los países en el logro del Objetivo del Desarrollo Sostenible 14: Vida marina.

El biólogo Eduardo Klein ve en el evento una oportunidad para estudiar los océanos y comprender qué sucede actualmente en ellos; reconocer y enfrentar sus cambios y, crear y aplicar una metodología global que ayude a preservarlos. Según dice, Venezuela se va a perder de esto y la ausencia del país se debe a la continua disminución de inversión que, año tras año, empeora en materia ambiental. Esta es una deuda que el gobierno tiene desde hace más de una década con investigadores, profesionales y expertos en monitoreo.

“Venezuela se tiene que subir a ese autobús que es la movida global. Se debe pensar en mantener la integración en proyectos globales y en que el país se incorpore a través de organizaciones vinculadas al ámbito marino”, alerta Klein, quien recuerda que el país siempre estaba a la vanguardia en la región en este tipo de eventos. Insiste en que, desde el Estado, se deben abrir las puertas para que los grupos ambientalistas no gubernamentales establezcan relaciones con sus pares en otras naciones. En otras palabras, se necesita que el Estado fomente esta integración, “pero cualquier propuesta se convierte en quimera si no hay dinero que la soporte”, destaca Klein.

Captura de tiburones y rayas (chucho pintado) en Los Roques. Foto: Rafael Tavares.

Entre los objetivos del Decenio está el de establecer una nueva generación de oceanógrafos y técnicos quienes, por medio de nuevas redes de investigación y sistemas de observación mejorados, instalaciones e infraestructura, ayudarán a los países a alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

“Con los sueldos miserables de investigadores y profesores, ¿cómo hacer para acercarte a uno de ellos y decirle que con este evento tiene la oportunidad de crecer y de tener prestigio con sus investigaciones si apenas les alcanza el dinero para comer y tienen que buscar otras alternativas para mantenerse?”, cuestiona Klein. Para él, es vital la reactivación de la Academia para evitar que, año tras año, los científicos deserten y se vayan del país o se dediquen a oficios más lucrativos. Klein está convencido que esta es una necesidad urgente que el Estado debe atender en el 2021.

Mongabay Latam pidió información sobre los apoyos estatales en este tema, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta por parte del Ministerio de Ecosocialismo.

3 x 3 | Administración Biden usará las sanciones como arma de negociación
Analistas consideran que si bien la nueva administración estadounidense abogará más por la negociación y el diálogo, seguirá sin reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro 

@franzambranor

Posando su mano sobre una vieja biblia, el demócrata Joe Biden se juramentó este miércoles, 20 de enero, como presidente de los Estados Unidos. En el Capitolio, que quince días atrás había sido atacado por radicales simpatizantes del mandatario saliente Donald Trump, el demócrata prometió unir nuevamente a la nación, recuperar la economía y no subestimar al coronavirus.

Anthony Blinken, nominado por Biden para ejercer el cargo de Secretario de Estado, dijo el martes 19, durante una audiencia en el Senado, que el gobierno entrante seguirá reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y a la Asamblea Nacional electa en 2015 como única institución legítima. 

“Debemos seguir con la presión hacia el régimen, liderado por Nicolás Maduro, un dictador brutal”, dijo Blinken.

El nominado por Biden sostuvo que coincide con la estrategia que trazó Trump respecto al gobierno de Maduro. “Necesitamos una política efectiva, que restaure la democracia en Venezuela”.

La internacionalista Giovanna De Michelle, el abogado Mariano De Alba y el analista político John Magdaleno coinciden en que probablemente Biden deseche la línea de confrontación que mantenía Trump hacia el gobierno de Maduro y apele a algún tipo de acercamiento que pueda generar un cambio. 

También concordaron en que eventualmente las sanciones de Estados Unidos al gobierno de Venezuela se convertirán en un arma de negociación con Maduro. 

¿Qué significa para Venezuela la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos? 

Giovanna De Michelle: Se abren posibilidades de diálogo y negociación. Probablemente se revisen algunas sanciones como las que se adoptaron en 2019 con relación al mercado petrolero; al tiempo que se acentuarán las sanciones individuales. Se revisará el estatus de la relación diplomática con la administración de Nicolás Maduro, sin desconocer la relevancia de llegar al liderazgo opositor representado por Juan Guaidó. Será una relación en varios niveles, públicos y privados. 

Mariano De Alba: Es difícil estimar los tiempos, pero yo creo que eventualmente si habrán cambios importantes con respecto a la política de su antecesor. En primer lugar, mayor disposición a un diálogo más directo con el gobierno de Maduro para explorar si se pueden concretar avances, abriendo la posibilidad de que haya concesiones de ambos lados. En segundo lugar, mayor disposición a utilizar el posible levantamiento de las sanciones económicas como herramienta de negociación. Tercero, un renovado esfuerzo para coordinar mejor la posición de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa sobre la situación de Venezuela y mayores esfuerzos para discutir cómo se puede avanzar con los países que siguen apoyando a Maduro como Cuba, Irán, China, Rusia y Turquía. 

John Magdaleno: La llegada de Biden al poder probablemente signifique importantes cambios en materia de política doméstica y exterior. En cuanto a Venezuela, la administración Biden podría estar dispuesta a reiniciar un nuevo ciclo de negociaciones, pero es poco lo que podemos saber por lo pronto acerca del momento en que ello podría tener lugar, la metodología de trabajo, los temas por abordar y los actores eventualmente involucrados que no necesariamente serían los mismos de siempre 

¿Podría la administración Biden en algún momento reconocer al gobierno de Maduro?

GM: Cualquier posibilidad de diálogo parte del reconocimiento de su control efectivo del poder en Venezuela, lo cual no implica un reconocimiento de legitimidad. Es lo que le costó mucho comprender a la administración de Donald Trump y buena parte del liderazgo opositor. Pretender ignorar que Maduro controla efectivamente el poder en el país es no comprender la complejidad de la realidad venezolana.

MA: Un reconocimiento formal es improbable, salvo que el régimen de Maduro haga importantes concesiones que encaminen al país a una elección presidencial con debidas garantías. Lo que habrá será mayor disposición a tener contactos y abrir canales de comunicación para llegar a acuerdos que permitan avanzar hacia ese escenario. Pero en este momento parece improbable que esos contactos vayan a prosperar. Con respecto a Guaidó, seguirá siendo reconocido como el líder primordial de la oposición, pero también estimo que la Casa Blanca y el Departamento de Estado buscarán hacer un esfuerzo para ampliar sus contactos con diversos sectores políticos y de la sociedad venezolana, para también escuchar y evaluar lo que está ocurriendo y cómo puede Estados Unidos ayudar a los venezolanos a acercarse a una solución. 

JM: Probablemente lo piense el chavismo, pero puede que el presidente Biden piense otra cosa muy distinta. Dudo que el gobierno venezolano obtenga reconocimiento como administración legítima por parte de la mayoría de los países democráticos pro-occidentales. Lo que puede llegar a ocurrir es el inicio de un proceso en el que a cambio de flexibilización de algunas sanciones específicas, el gobierno se vea obligado a restituir algunas garantías que ha violado sistemáticamente. No obstante, en virtud de la mala fama de diversos actores del autoritarismo venezolano, bien ganada por demás en virtud de su escasa o nula voluntad para reconocer derechos y garantizar su libre ejercicio, no será un proceso de negociación sencillo. Para que sea factible un acuerdo básico, se requiere configurar un contexto de crecientes amenazas y simultáneamente incentivos para algunos factores de poder de la coalición dominante, al tiempo de una “situación límite” que los presione. 

¿Veremos más sanciones o acercamientos entre una administración y otra?

GM: Me parece altamente probable que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington lo cual permitirá un canal de diálogo directo con la administración de Nicolas Maduro. Una cosa es lo que quiere el chavismo y otra lo que esté dispuesto a dar el gobierno de Biden. Es difícil ser taxativos en las posibilidades, pero me inclino a ponderar con mayor probabilidad de ocurrencia, el escenario de más sanciones individuales que permitan precisamente abrir el espacio de negociación. No hay negociación real, sin presión real. 

MA: Creo que sí habrá encuentros, especialmente privados. Al menos en el corto y mediano plazo. Si hay avances en las conversaciones y en la compleja situación que vive el país desde el punto de vista humanitario y democratico, entonces si aumenta la posibilidad de encuentros públicos y medidas como reapertura de oficinas bilaterales. Veo factible más sanciones personales. Creo que las económicas van a entrar en un proceso de revisión y también podría haber mayor reticencia a expandirlas. Pero es fundamental tener en cuenta que todos estos cálculos dependen especialmente de lo que suceda dentro de Venezuela.

JM: Es posible que se produzcan encuentros, pero creo que las sanciones personales a funcionarios involucrados en delitos van a continuar. Quizás la administración Biden reevalúe el impacto y finalidades de las sanciones económico-financieras. Pero todavía es muy prematuro para  saber qué va hacer la nueva administración con este tipo de sanciones. Lo lógico es esperar que una nueva administración tan pronto se instale, efectúe una serie de análisis y evaluaciones de entorno, de escenarios, de repertorio de opciones estratégicas disponibles, de los impactos potenciales de determinadas decisiones y políticas públicas. 

3x3 | Quedar en fuego cruzado: la tragedia de vivir entre bandas criminales
¿Qué pasó en “la masacre de La Vega? Runrun.es consultó a tres especialistas sobre lo ocurrido en el sector caraqueño, en el que los vecinos y familiares de los fallecidos identificaron a los efectivos de las FAES como los autores de las muertes

@ValeriaPedicini

Al menos 24 personas murieron durante la incursión policial en La Vega, según información extraoficial. “La masacre de La Vega”, como fue denominado el hecho, es considerado la mayor masacre en operativo policial ocurrida en Venezuela. 

De acuerdo al Monitor de Víctimas, a algunas personas las mataron mientras caminaban y a otras dentro de sus propias casas. Los disparos resonaron en las calles Zulia, El Carmen, Independencia y Las Margaritas cuando el reloj todavía no marcaba las 12 del mediodía. Días antes de la incursión policial, vecinos de La Vega denunciaron en redes sociales la presencia de colectivos (civiles armados) en la zona, aparentemente vinculados a la banda de la Cota 905. 

Vecinos de La Vega y familiares de los fallecidos identificaron a los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como los autores de las muertes ocurridas. “Es que no hubo una balacera. Fueron ellos los que se metieron a matar en las casas”, contó uno de los familiares de las víctimas

Llamadas también “escuadrón de la muerte” y calificadas como “grupo de exterminio”, el cuerpo de seguridad adscrito a la PNB fue creado a mediados de 2017 por Nicolás Maduro para que se sumaran “al combate por la seguridad, contra el crimen y contra el terrorismo”. Son la fuerza policial de mayor letalidad. Desde su creación, hasta mediados de 2019, habían acumulado más de 7.000 denuncias de ejecuciones policiales en todo el territorio, según el informe 2019 de Monitor de Víctimas

Defensores y activistas de derechos humanos rechazaron lo sucedido en La Vega. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de Nicolás Maduro disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). “La CIDH ha advertido sobre un contexto de ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad ciudadana, que se caracteriza, entre otras cosas, por la calificación pública de las víctimas como personas de alta peligrosidad que presentan resistencia a la autoridad”. 

En 2019, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya había pedido la disolución de las FAES. Pero el gobierno de Nicolás Maduro no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la petición. 

Runrun.es consultó a tres especialistas sobre lo ocurrido en La Vega: Al ingeniero Electrónico, miembro de la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad (AVES) y consultor en estrategias para gestión de riesgos de seguridad, Alberto Ray; doctora en Sociología, profesora y fundadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), Verónica Zubillaga; y el abogado especialista en Ciencias Penales y Derecho Procesal Constitucional, Luis Izquiel.

¿Qué pasó en La Vega? ¿Qué hay detrás de lo ocurrido que dejó 24 fallecidos?

 

Alberto Ray 

Lo que ocurrió es la corroboración de un proceso mucho más profundo de fraccionamiento del país, de la pérdida del Estado. ¿Por qué te lo digo así? Al final el Estado venezolano ha perdido la capacidad de ejercer soberanía sobre el territorio. Cuando eso empieza a ocurrir en los países, los países empiezan a disolverse.

Comienza así un proceso de perder el control del territorio de la población y de sus leyes y de su propio estado de derecho. Y como en la naturaleza, esos espacios vacíos los llenan las nuevas formas de poder. Y lamentablemente las formas de poder que lo sustituyen tienden a ser violentas o tienden a ser puestas por la fuerza.

Lo que pasó en La Vega es un nuevo proceso de expansión de estas nuevas formas de poder que a través de la violencia, de la coacción, coerción y del miedo se adueñan de territorios. 

Cuando las bandas criminales tienen un territorio sobre el cual operar, un territorio más o menos estable en el que no se sienten amenazados y que les genera riqueza y recursos suficientes para que ellos se autosustenten, entonces se dan estos procesos que, a falta del Estado, los llena un poco la ley del más fuerte. ¿Por qué los llena? Porque tiene facilidad de tomar el territorio porque tiene dinero, recursos y porque consigue gente que lo acompaña. 

Este fulano “Coqui” lo que ha hecho es extender su dominio hacia allá porque es un poco la ley del más fuerte. Ahora eso le da más fortaleza, más prestigio dentro de este mudo del crimen. Le garantiza más negocios, territorio y espacio para reclutar gente, ocultarlos, para distribuir droga, secuestrar gente, todo lo que hay detrás de estas actividades criminales. Y no hay nadie que los detenga.

Los muertos son producto de este proceso de expansión. Yo no estoy claro de quién mató a quién, pero muy probablemente haya algunos elementos que tratan de resistirse a esa expansión, a lo mejor bandas pequeñas que reaccionan y se hacen enfrentamientos entre ellas y ahí salen muertos. Y otras que vienen del propio policía y las FAES. 

Verónica Zubillaga

Tenemos un hecho objetivo: resultaron 24 hombres muertos en el barrio popular La Vega en el marco de un operativo en el cual intervinieron las fuerzas de seguridad pública. Ese hecho es el evento que exige nuestra atención. 

Luis Izquiel 

En la Vega ocurrieron dos hechos relevantes el pasado viernes 8 de enero, ambos de gravedad. El primero es el intento de expansión hacia el barrio de La Vega por parte de integrantes de la banda del “Coqui”, la cual, como sabemos, tiene años controlando la Cota 905. Si esta expansión se llega a concretar (seguramente lo van a seguir intentando), esta banda criminal se vería fortalecida y los caraqueños podríamos sufrir de un accionar aún mayor de esta banda delictiva. 

El segundo aspecto de gravedad tiene que ver con la respuesta de los cuerpos de seguridad, que no conllevó a la captura de los líderes de la banda del Coqui, pero que sí dejó una estela de denuncias de ejecuciones extrajudiciales y de otras violaciones a los DDHH. Se habla de presuntos enfrentamientos, pero de un lado quedaron 24 víctimas y del otro ninguna. Si acá hubiera institucionalidad se pudiera conocer la verdad de lo ocurrido, pero eso luce imposible en un país en el que existe cerca de 99% de impunidad en los casos de violación a los derechos humanos. 

¿Se puede considerar que las FAES son un grupo pensado para el control o la “limpieza social”? 

 

Alberto Ray 

Realmente, no. Ese no es el rol de las FAES, aunque eso es lo que hacen. Las FAES es una de las organizaciones policiales o de represión del Estado que queda que ejerce ese papel, pero el rol de las FAES no es exterminar a la banda criminal. La función de las FAES es negociar con las bandas criminales y hacerlas aliadas a la organización criminal del Estado. 

Hay bandas amigas y bandas enemigas. La banda del “Coqui” es la banda enemiga del régimen y por eso es que actúa las FAES, que es una expresión del régimen para controlar a aquellos que son sus enemigos. Si la banda del “Coqui” fuese amiga del régimen, eso no ocurriría, más bien le facilitaría el proceso de expansión. Pero como el “Coqui” se peleó con el régimen, ha impuesto su propia ley. 

Entonces ocurre que las FAES sirve como mecanismo de contención de esa banda, pero esa contención es muy limitada porque no es posible exclusivamente desde lo policial. Para contener un proceso de estos requieres 1000 o 2000 funcionarios policiales y eso no lo tiene las FAES para meterlos ahí. Después, eso requiere un trabajo de inteligencia inmenso para saber quién es de la banda, dónde se esconden, por dónde transitan. Nada de eso pasó ahí.

Simplemente las FAES lo que intenta es evitar que se le haga fácil al “Coqui” tomar La Vega y por eso es que lo enfrentan. Y lo enfrentan en condiciones reducidas porque no tienen recursos para contener eso. Y tú lo ves en los videos como los tipos andan asustados como a pesar de que son unos cuantos, no tienen un mecanismo para tomar el cerro y exterminar el proceso de expansión. 

Lo único que pueden hacer es aquellos que consideren que son de las bandas, entonces matarlos, ni siquiera los detienen. Hay gente que dice que hay muertos que no eran de la banda, gente que quedó en medio del fuego cruzado. Pero en el fondo uno nunca sabrá la verdad, no hay manera de saberlo.

Al final, las FAES no están ahí para hacer un proceso de devolver el territorio al ciudadano y de restablecer la ley. Está en todo caso para contener algo que ellos no pueden en realidad contener, que es el avance de un grupo criminal que es enemigo de ellos y que se está fortaleciendo.

Verónica Zubillaga

Las FAES aparecen después de operativos muy letales y muy caóticos. El Operativo de Liberación del Pueblo, se anunció en julio de 2015, en La Cota 905, dejando sólo el primer día 14 muertos. Luego de denuncias sin cesar, pasa a llamarse Operativo de Liberación Humanista del Pueblo, manteniendo este patrón de actuación de abuso sistemático de la fuerza y matanzas. Estos operativos, además fueron ampliamente denunciados y criticados por los excesos cometidos en los sectores populares, por la importante cantidad de jóvenes y hombres en barrios muertos, por la cantidad de atropellos en términos de robos en las casas de la gente, y matanza en las propias viviendas. 

Dos años después, en julio de 2017, se anuncian las FAES como una fuerza policial de acción especial para enfrentar y cito a la “bandas criminales y terroristas”. Las FAES han continuado el patrón de actuación letal, de manera más específica y si se quiere más dirigida. Se advierte pues, cómo el Estado, en tiempos de mucha inestabilidad social, económica y política, se ha constituido un actor fundamental de violencia ilegítima y de matanza sistemática sobre todo en los sectores populares. 

Las víctimas de las FAES, como en la masacre de La Vega, siguen siendo hombres, de barrios, la mayoría jóvenes.  En pocas palabras: La revolución bolivariana, y sobre todo en su período post Chávez, no logró incluir a los varones jóvenes, expulsados a las redes de economías ilícitas, terminan sus vidas encarcelados o muertos en las manos de maquinarias de muerte, como lo son las FAES precisamente.

Luis Izquiel

La FAES, en teoría, es un grupo que nace en 2016 como un cuerpo élite para perseguir a los líderes y demás integrantes de las bandas de delincuencia organizada en Venezuela, pero con el transcurrir de los años, ha devenido en el cuerpo de seguridad con mayor cantidad de denuncias por ejecuciones extrajudiciales y atropellos a los derechos fundamentales en la historia del país. Esto está recogido de esta forma en informes de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU y en documentos de otras instituciones de defensa de los derechos humanos. 

Estos informes también señalan que las principales víctimas de las FAES son pobres, jóvenes y varones. Así que si realmente es un grupo de exterminio, afecta fundamentalmente a los sectores más desposeídos de Venezuela, lo que se convierte en una gran contradicción, sobre todo para un régimen que se vende como socialista y humanista. 

¿Por qué a pesar de las denuncias y la solicitud de disolución de las FAES, el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho caso omiso y este cuerpo policial continúa operando?

 

Alberto Ray 

Porque ese es su sistema de control. Las FAES es la organización que le permite al régimen contener a sus enemigos, a la criminalidad enemiga del régimen porque el régimen son criminales también 

La banda del “Coqui” es en contra del régimen, y eso no quiere decir que esté a favor nuestro, pero de alguna manera las FAES es la forma del régimen de contener a aquellos que no son leales y que son sus enemigos

Y aquí la población civil, el ciudadano común, no tiene nada que ver. Las FAES mata a ciudadanos comunes, y a bandas criminales y a quien sea, como el “Coqui” también. La tragedia de esto es que el ciudadano queda en medio del fuego cruzado, eso es lo grave de esto que está pasando aquí. 

¿Qué pasa si el “Coqui” no logra la expansión de La Vega y el FAES logra contenerlos? La Vega no queda en manos de los ciudadanos ni del Estado de derecho, sino de una banda criminal asociada al régimen. Porque cuando no tenemos estado de derecho, quienes gobiernan son los criminales. 

Luis Izquiel 

Ciertamente, la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, así como la Comisión Interamericana de DDHH, han solicitado la disolución de la FAES, sin embargo esto no ha ocurrido. Quizás esto responde a que la FAES se ha convertido en un órgano de control social, aprovechando el miedo que genera en la población. Este organismo también es utilizado para amedrentar y detener a líderes políticos y a cualquier persona que sea considerada como disidente al régimen actual. Quizás estas sean parte de las razones para que este cuerpo policial no sea eliminado, sobre todo en un régimen que tiene a la represión como su principal bastión para sostenerse en el poder.

“El gobierno está atado de manos para manejar la economía”
Luis Zambrano Sequín, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, explica que la dolarización de facto y la caída del ingreso de divisas restan poder a la administración de Nicolás Maduro que teje alianzas con el sector privado. La Ley Antibloqueo atraerá inversiones que buscarán alta rentabilidad en el corto plazo y tendrán un impacto limitado

 

@vsalmeron | Fotos: Manuel Sardá/Comunicaciones UCAB

 

Nicolás Maduro ha ganado fortaleza en el terreno político. La oposición está fragmentada, las sanciones de Estados Unidos no lo desalojaron del Palacio de Miraflores y mediante unas cuestionadas elecciones tiene un parlamento aliado. Pero en el frente económico su gobierno es frágil y no tiene más opción que permitir mayor protagonismo al capital privado.

Luis Zambrano Sequín, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello, analiza este escenario, sus implicaciones y las perspectivas a futuro.

La renta petrolera se esfumó, el gobierno es pobre y el sector privado gana espacio: no hay control de cambio ni de precios y la Ley Antibloqueo incluye esquemas de privatización. ¿El resurgir de la lógica del mercado mejorará la calidad de vida visto que el PIB real per cápita en los últimos seis años cayó a niveles de 1940?

La economía se redujo 70% en seis años, al cierre de 2020 el tamaño de la economía de Colombia es casi 5,5 veces la economía venezolana, la de Chile 5 veces, la de Perú 4 veces y la de Ecuador 2 veces. Es un mercado muy pequeño y el empobrecimiento produjo una elevada desigualdad. La torta se convirtió en un ponqué mucho peor distribuido. De haberlo, será un crecimiento determinado por el poco tamaño de la economía y la peor distribución del ingreso.

Un aspecto clave al pensar en un rol protagónico del sector privado es que tiene baja capacidad para generar ingresos en divisas y se enfrenta a problemas de infraestructura de servicios básicos y escasez de combustible. ¿Eso no crea una gran debilidad?

Del lado de la demanda incide el empobrecimiento y la desigualdad, pero hay nichos, hablamos de una economía de 15 mil millones de dólares, hay sectores con capacidad de compra de ciertos productos. Del lado de la oferta hay fallas de servicios básicos, de infraestructura, déficit de gasolina y pérdida de capital humano por la emigración. Empresas del Estado que suministraban insumos al sector privado ya no están. Es difícil decrecer más, se llega a un mínimo y a partir de allí puede haber tasas positivas, pero el límite para crecer y sostener ese crecimiento es muy reducido.

Hay reducción del mercado nacional y un sector privado que difícilmente podrá exportar en el corto o mediano plazo en términos relevantes. ¿Plantas industriales que están utilizando entre 5% y 20% de su capacidad instalada tendrán que achicarse y vender sus máquinas?

La inversión privada en las últimas dos décadas fue mínima y muchas de esas plantas tienen obsolescencia tecnológica porque no hubo actualización de equipos ni innovación. 

La mayoría de esas empresas funcionó, en sus mejores momentos, con subsidios de todo tipo y créditos baratos, estas condiciones ya no existen. El sector privado tiene que jugar un papel protagónico en el futuro, pero prácticamente en todos los sectores tiene que construirse desde cero.

El mantra sembrar el petróleo suponía una identificación entre industrialización y desarrollo. No nos industrializamos, la industria petrolera se desplomó y los combustibles fósiles pierden protagonismo en el mundo. ¿La idea de un país industrializado está enterrada?

El país tiene que redefinirse, estamos en medio de una transición energética y a la energía producida con base en combustibles fósiles le quedan 10 o 15 años para llegar a su máximo y luego viene un proceso de decadencia. También hay una revolución tecnológica. El tema es cómo transitamos hacia una economía distinta. Eso requiere inversiones, cambios estructurales, recursos humanos. Estos temas están ausentes de la agenda de discusión porque estamos empantanados en una crisis política que nos impide avanzar en lo que va a determinar el largo plazo.

¿Hacia dónde caminar en caso de que lleguen condiciones para avanzar en la transición hacia esa nueva economía?

Alcanzar la mayor capacidad de adaptación, tener buenas telecomunicaciones, puertos, energía eléctrica, infraestructura, crear condiciones para que las empresas privadas puedan adaptarse con rapidez y ser flexibles para amoldarse a los cambios del mercado, pero cuando nos hablan de eso creemos que es ciencia ficción. Nuestros problemas son cómo llegar a la semana que viene.

Aparte de los problemas meramente económicos no hay un engranaje del sector empresarial, el sindical y el político bajo una idea clara de hacia dónde conducir al país. ¿Esto no es clave para generar las reformas que necesita una economía de mercado que funcione para la mayoría de la sociedad?

Una condición no suficiente pero necesaria para sentarte a discutir estas cosas y llegar a consensos es estabilidad política y esa condición la hemos perdido. Venezuela tiene un mercado interno muy reducido y para generar bienestar tiene que convertirse en una economía viable en el contexto internacional. El país se había insertado en la economía mundial a través del petróleo, pero esa es una vía que hoy tiene un gran signo de interrogación que obliga a redefinirse.

Pareciera que el gobierno ha perdido el poder de influir sobre la dirección de la economía, por ejemplo, tras el colapso del ingreso petrolero el Banco Central tiene muy pocas reservas para intervenir en el mercado cambiario, no tiene cómo regular el comportamiento del dólar.

El gobierno perdió instrumentos fundamentales, está atado de manos para manejar la economía, la economía es un avión sin piloto. Ciertamente no puede hacer política cambiaria, porque ni el Banco Central ni el gobierno tienen suficientes ingresos en divisas. Pero tampoco puede hacer política monetaria.

¿Se refiere a que el dólar ha desplazado al bolívar y por tanto el Banco Central ya no puede utilizar la cantidad de dinero como una variable para regular la economía?

Tenemos una economía bimonetaria con predominio clarísimo del dólar, la liquidez monetaria en forma creciente está determinada por la masa de dólares que circula y que el Banco Central no controla, no hay capacidad de hacer política monetaria. Además, el sector financiero se ha vuelto enano, sin capacidad para canalizar recursos hacia la actividad productiva. Por esto, las alianzas con los agentes que podrían tener capacidad para dinamizar la actividad económica tienen un lugar privilegiado en la agenda.

Con la Ley Antibloqueo queda claro que el gobierno va a desprenderse de empresas públicas y todo apunta a que los grupos que se beneficiarán de esta transferencia de activos son los más cercanos al poder. ¿A dónde puede conducir este capitalismo que William Baumol llamó de oligarcas?

La Ley antibloqueo es un cheque en blanco para que el gobierno tome decisiones sin rendir cuenta y sin una discusión pública. Busca dar seguridad jurídica a inversionistas que, principalmente, serán grupos con los que el gobierno pueda negociar y asegurarse de que quienes tomen el control de ciertos sectores de la economía sean agentes aliados que no generen problemas para el control político de la sociedad. Serán alianzas con nuevos agentes, muchos vinculados con gobiernos de países afines.

También esperaría que grupos económicos locales busquen un acercamiento.

Pero también están los viejos agentes que están desesperados y necesitan que se les tolere y facilite su actividad interna. Esos viejos agentes e incluso los nuevos agentes ante la debilidad de la oposición venezolana entienden que si quieren hacer negocios en Venezuela es mejor hacerlo de acuerdo con el gobierno.

¿Qué característica tendrán estas inversiones? 

No hablamos de grandes grupos económicos, son inversionistas que, por las circunstancias del país, con inestabilidad política, indefinición de la economía, inviabilidad del sector petrolero, tienen cortos horizontes. Estarán dispuestos a poner capital en inversiones de maduración corta, fácil recuperación y altos retornos. No va a haber inversiones a largo plazo, que son las que se requieren para desarrollar sectores básicos. Podrían crear cierta reactivación en algunos sectores, pero hablamos de un crecimiento muy espasmódico. 

¿Dejar atrás el estancamiento tras la caída brutal que ha sufrido la economía implica que a pesar de la desregulación y el espacio que se le abre al sector privado es vital contar con un gobierno que tenga acceso al financiamiento internacional y soporte de los organismos multilaterales?

Por eso decía que la condición política es necesaria, tener el soporte para asumir compromisos a largo plazo y recuperar el acceso al financiamiento externo y el respaldo de organizaciones internacionales y de otros gobiernos para generar credibilidad. Sin eso no habrá inversiones de largo plazo. 

Retomemos el tema de la dolarización de facto. Una característica de estos procesos es que tienen un avance relevante cuando lo que realmente importa a las empresas y las personas es la tasa de los precios en dólares. ¿Cree que estamos en ese nivel de dolarización?

Creo que si no estamos en ese escenario estamos muy cerca. Hoy en día el interés se centra en los precios en dólares, el precio en bolívares significa nada para muchos y poco para los otros. Lo que interesa es saber cuántos dólares vale algo. En una economía donde avanza la dolarización también la tasa de cambio pierde relevancia. 

¿Formalmente el bolívar sigue existiendo y el gobierno paga sueldos en bolívares, pero la dolarización es más profunda que meramente transaccional?

Es mucho más avanzada que un esquema donde el dólar es meramente transaccional. La dolarización comenzó hace décadas, buena parte del ahorro de los venezolanos está en dólares y hoy en día se utiliza como medio de pago, ya se están dolarizando los depósitos de la banca. Falta por dolarizarse el crédito y tarde o temprano eso va a ocurrir.

¿El gobierno está obligado a permitir una mayor dolarización en la actividad de la banca para comenzar a cobrar impuestos en dólares en un escenario donde tiene un enorme déficit en sus cuentas?

La dolarización tiene un altísimo costo fiscal porque no hay una estructura para gravar las operaciones que se realizan internamente con dólares o en divisas en general. Entonces se busca cómo hacer tributar las transacciones en dólares. Será muy difícil desdolarizar esta economía. Volver a hacer política monetaria, cambiaria va a tomar mucho tiempo, eso no está a la vuelta de la esquina; allí están las experiencias de Perú y Bolivia, son países que les ha costado mucho desdolarizarse a pesar de décadas de reformas y crecimiento.

Financiamiento foráneo a medios de comunicación no está fuera de la ley
Representantes de Espacio Público y Medianálisis dicen que en Venezuela no es delito recibir dinero de entes extranjeros
Gobierno de Maduro protestó por supuesta ayuda financiera de Reino Unido a medios y organizaciones en Venezuela

@franzambranor

El pasado 12 de enero, el canciller venezolano Jorge Arreaza, entregó una nota de protesta a la embajada de Reino Unido debido al supuesto financiamiento con fondos británicos a organizaciones y medios digitales en Venezuela.

Cinco días antes, el canal Globovisión hizo un reportaje sobre una nota aparecida en el diario sudafricano Daily Maverick, donde se señala que el gobierno inglés habría financiado a varias organizaciones y medios venezolanos, entre ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Efecto Cocuyo y Radio Fe y Alegría. 

De acuerdo al periódico, entre el gobierno británico y la Fundación Westminster para la Democracia habrían invertido en organizaciones y medios venezolanos 1 millón de libras esterlinas desde 2016.

La embajada de Reino Unido se limitó a decir: “la libertad de expresión y los medios de comunicación libres son necesarios para la democracia y protegerlas en todas partes del mundo es una prioridad”. 

El financiamiento externo es legal

De acuerdo a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, no existe ilegalidad alguna en que organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes reciban financiamiento de parte de entes extranjeros. 

“Los medios de comunicación a nivel global tienen problemas muy serios de financiamiento. Todos los modelos de sustentabilidad están cambiando, muchos de ellos reciben cooperación de diverso tipo”, dijo Correa. 

El periodista, investigador y fundador de Medianálisis, Andrés Cañizález, sostuvo que en Venezuela no hay instrumento legal que prohíba o penalice el financiamiento internacional. “Hasta ahora es algo que está permitido”. 

Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, indicó que los medios de comunicación y distintas organizaciones en Venezuela han tenido que reinventarse en vista de la crisis global. 

“Los medios siempre se han mantenido con lo ganado por sus pautas de publicidad, pero en vista del ataque a la industria, ya son muy pocos los empresarios con capacidad económica para satisfacer el mercado, la economía de puertos es ahora lo usual”, manifestó Guía. 

No es nada nuevo

Correa sentenció que el apoyo económico a organizaciones y medios no es algo nuevo en el mundo. 

“Es una cosa que se emplea desde hace mucho tiempo, conozco agencias de noticias que tenían convenios con la Organización de Naciones Unidas para desarrollar coberturas especiales sobre temas vinculados al ambiente y derechos humanos. La cooperación internacional es una estrategia que usan muchos medios para sustentarse. Regularmente son ayudas para la formación y capacitación de periodistas”, indicó. 

El director de Espacio Público aseveró que la cooperación internacional es parte del derecho a la asociación y ha funcionado para ejecutar proyectos de diversas ideologías, perspectivas y religiones. “La cooperación no solo tiene que ver con el financiamiento, sino con el apoyo para llevar a cabo trabajos de investigación entre distintos medios y periodistas. La cooperación es una herramienta muy importante y más en el actual momento en el que vivimos, donde hay grandes desafíos por delante”.

Un estudio realizado a 35 medios de comunicación emergentes de distintos países para la Conferencia de Periodismo de Investigación Global de 2015 arrojó que las principales fuentes de financiamiento están distribuidas en tres categorías: becas de embajadas, fundaciones y organizaciones; donaciones públicas y privadas e ingresos obtenidos por concepto de publicidad, eventos, talleres y patrocinadores. 

De los 35 medios solo ocho pueden cubrir los costos de operatividad con ingresos obtenidos por diversas vías, el resto son considerados no sustentables y dependen de becas y donaciones.

La investigación plantea la necesidad de contar con asociaciones estratégicas, financiamiento para proyectos y donativos.

Otro estudio del centro John S. Knight de la Universidad de Stanford a 157 periodistas en 2011, reveló que la captación de financiamiento por medio de becas supera por más del doble a los ingresos provenientes de la publicidad.

Iniciativas como SembraMedia preparan a responsables de medios independientes digitales a encontrar y desarrollar modelos de negocios sustentables.

Futuro incierto 

El investigador y periodista Andrés Cañizález manifestó que aunque el financiamiento foráneo a medios y organizaciones no está penalizado, el destinatario suele ser blanco de constantes señalamientos.

“Quien recibe fondos del extranjero está sujeto a presiones, a campañas de descrédito y arbitrariedades”.

Carlos Correa no descarta que la persecución a los medios y organizaciones se incremente. 

“Desde hace mucho tiempo el gobierno viene cuestionando la cooperación internacional, pero no solo a los medios de comunicación sino también a organizaciones de derechos humanos. La cooperación a veces se descalifica diciendo que tiene otro tipo de intención. Un escenario posible es que esa descalificación continúe o que se restringa aún más la labor de medios y organizaciones”.

Cañizalez sostuvo que en Venezuela hubo un precedente en 2005 con María Corina Machado y la ONG Súmate, a quien llevaron a un proceso legal por supuestos ilícitos cambiarios.

“En este contexto actual donde es libre el tema de las transacciones en dólares, esa circunstancia no aplica. En el pasado se intentó amedrentar a las organizaciones y a los donantes con el control cambiario”.

El directivo de Medianálisis dijo que hubo un intento de aprobar en la Asamblea Nacional una Ley de Cooperación Internacional en 2006 y 2010, proyecto que no prosperó porque hubo mucho rechazo, especialmente de los países europeos.

“Podemos estar a las puertas de que se intente regular el trabajo de las ONG y medios independientes, los medios así no tengan la figura legal de ONG funcionan como tal porque buscan recursos afuera para mantenerse a flote”.

“¿Y si soy yo el que sigue?” Miedo y desesperanza en el personal de salud venezolano al llegar a 309 colegas fallecidos por COVID-19
Así como el COVID-19 puede dejar secuelas físicas de larga duración, el personal de salud que ha trabajado incansablemente desde que se decretó la pandemia en Venezuela también evidencia secuelas emocionales. Cargan a cuestas vivencias muy difíciles de sobrellevar del pico de la primera ola, como pacientes que se desplomaron en las emergencias de los hospitales y colegas que murieron uno detrás de otro. El miedo a ser el próximo profesional de la salud en morir, o de ser el vector que contagie a su familia, es el mayor de sus temores

 

Por @GitiW

 

No había terminado la primera semana de enero de 2021, cuando el recuento no oficial que lleva la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) asentó el hito de 300 miembros del sector salud fallecidos con sintomatología de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. 

Los reportes semanales o quincenales de MUV, publicados a través de su cuenta de Twitter desde junio de 2020, han sido la única forma de superar la censura de la gestión de Nicolás Maduro y de dar a conocer los nombres de los 230 médicos, 54 enfermeros, 7 odontólogos y 18 miembros del personal técnico, administrativo y obrero que han perdido su vida a causa del COVID-19. En total, son 309 profesionales de la salud fallecidos hasta el 12 de enero de 2021.  

Una encuesta realizada por MUV en octubre de 2020 evidenció que más de 70% del personal de salud venezolano presentaba síntomas de ansiedad y depresión, como consecuencia de los retos y riesgos que impuso el virus en la rutina de los centros de salud. Numerosos estudios internacionales dan cuenta del enorme costo emocional que ha dejado la pandemia en el personal de salud, como el publicado esta semana en el Reino Unido según el cual la mitad del personal de cuidados intensivos sufre de estrés post-traumático tras lidiar con la primera ola de la pandemia. 

 

Runrunes contactó a seis médicos y a una enfermera de los estados con más personal fallecido, a saber: Zulia (70), Distrito Capital (28), Carabobo (26), Bolívar (21), Anzoátegui (21) y Mérida (13), para hacerles una sola pregunta: ¿Cómo te sientes? 

 

“Nos estamos desangrando” 

 

Todos los médicos y todo el personal de salud tenemos miedo. Miedo no sólo a enfermarnos sino, peor aún, a enfermar a nuestros familiares, a nuestros padres, tíos, hermanos e hijos. Hay un miedo muy grande al laborar con este riesgo de enfermarse o de enfermar a los demás. Yo personalmente he tenido pánico de enfermarme o de enfermar a alguien porque sabemos que después de que estemos enfermos, la forma en la que vayamos a evolucionar solamente la sabe Dios. Realmente no podemos decir que hemos encontrado el tratamiento adecuado, incluso si se hace a tiempo. 

Después de un año de pandemia, yo puedo decir que en Venezuela estamos igual que al inicio. Estamos absolutamente paralizados, tenemos un país que no arranca, donde la cuarentena mantiene al país en un paro total, lo que hace que haya más hambre, pobreza y miseria. 

En el área de la salud, en el estado Zulia hemos sido afectados tan fuertemente con la pérdida de valiosos y preparados especialistas, que puedo asegurar que hay áreas de especialidades que van quedando prácticamente desiertas, y en aquellas en las que no hay una falta absoluta de especialistas, hemos perdido a las personas más capacitadas debido a su gran experiencia. 

En el estado Zulia, en el área de las especialidades hay una hemorragia, nos estamos desangrando. Estamos perdiendo algo tan valioso como el consejo de aquellos maestros que siempre se necesita para los casos más complejos. 

Freddy Pachano, cirujano pediatra

Estado Zulia | 70 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

 

“¿Cuándo nos va a tocar a cada uno de nosotros?”

 

Como parte del personal de enfermería al que le ha correspondido ser parte de la primera línea de atención de los casos de COVID-19, puedo decir que nos encontramos con una sensación de profunda indefensión. Por un lado tenemos que lidiar con la grave crisis económica que nos está afectando, producto de la desaparición total de nuestro salario que no tiene ningún poder adquisitivo. 

Por otro lado, muchas enfermeras tienen el dilema de ir o no a trabajar pues sólo en pasaje gastan 1.300.000 Bs., y cuando llegamos a los hospitales tenemos que lidiar con el temor a contagiarnos pues cada día se incrementan los casos, y encontramos que no tenemos las medidas de bioseguridad para minimizar el riesgo. Tampoco tenemos previsión social: si un profesional de enfermería se contagia, tiene que asumir el costo del tratamiento y eso ha generado una suerte de paranoia, de terror por no tener los insumos de bioseguridad requeridos. 

Cuando vemos las cifras del personal de salud fallecido por COVID-19 nos preguntamos ¿cuándo nos va a tocar a cada uno de nosotros? Esa pregunta es como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Trabajar con personas enfermas requiere que los profesionales de la salud mantengamos la serenidad y la calma, pero cuando vemos la catástrofe humanitaria en la cual estamos enfrentando esta pandemia caemos en la desesperanza. 

Nos sentimos angustiados, desesperanzados e impotentes porque estamos tratando de garantizar a los pacientes el derecho a la salud, pero no tenemos los insumos que se requieren para asumir con responsabilidad nuestras buenas prácticas profesionales. 

En el personal de enfermería vemos como la depresión ha cobrado campo y la desesperanza es muy generalizada. Cuando sumamos estas dos, la decisión de abandonar la profesión para la cual nos formamos es inminente y esto acarrea una arista más al problema de salud que es el déficit de personal. En el caso de enfermería, la ausencia del personal incide directamente en la recuperación del paciente. De hecho, hay estudios que concluyen que cuando en un hospital disminuye el número de enfermeras, exponencialmente aumenta el riesgo de morir de los pacientes pues no hay quien los cuide.  

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital

A nivel nacional | 54 enfermeras y enfermeros fallecidos por COVID-19 

 

“En cualquier momento yo puedo adquirir la enfermedad”

 

Me siento angustiado porque sé que en cualquier momento yo puedo adquirir la enfermedad por cualquier circunstancia, desde el uso inadecuado del equipo, por cansancio, o por el descuido al atender a un paciente asintomático. Ese estado de alerta permanente ha significado cansancio y agotamiento. 

El problema es que no solamente se puede enfermar el médico sino su familia. Yo tengo a mi madre de 94 años, la posibilidad de que yo sea el culpable de que se infecte es altísima, por suerte ella no vive conmigo. La cadena de enfermedad en nosotros es una angustia que la gente no ve. Esa doble angustia no la tienen otras profesiones. Saber que cada día puede ser el momento en el que adquieras la enfermedad es una angustia constante. 

¿Qué me motiva a seguir? Lo que soy: médico. Esa es mi gran motivación, eso y ver a la que manda en mi casa que tiene 13 años, por ver su futuro.

Jaime Lorenzo, cirujano general y especialista en Salud Pública

Distrito Capital | 28 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

 

“No somos superhéroes”

 

Debo decir que nos sentimos agotados, no sólo físicamente por el esfuerzo realizado en nuestros hospitales y en nuestras charlas a la ciudadanía, sino también emocionalmente. Hemos tenido que dedicar mucho de nuestro tiempo para tratar de frenar la propagación del virus. Hemos abandonado muchas veces nuestras familias, nuestro quehacer cotidiano, nuestra rutina y recreación, por lo que muchas veces también nos sentimos dolidos. Dolidos porque creemos que estamos arando en el mar. 

Los médicos, especialmente el gremio que represento, tenemos temor de contagiarnos. En nuestros hospitales no nos equipan con los equipos de protección personal, no hay insumos, no hay medicinas, y nos duele ver cómo muchas veces no tenemos cómo tratar a los pacientes que acuden a nosotros. 

Nos enfrentamos a un Estado indolente al que parece no importarle la salud del personal médico y sanitario. Ya tenemos más de 300 médicos fallecidos en Venezuela con sintomatología COVID-19, ¿y cuántos de ellos están reflejados en la estadística oficial? Parece que no les importa la vida de todo este personal valioso que se nos está yendo sin poder despedirse de sus queridos, y sin poder ser despedidos como ellos se merecen. 

También vemos cómo nos enfrentamos a la indiferencia de muchos de los ciudadanos que no acatan las medidas de prevención, parece que subestiman el virus y que no les importa contagiar a sus familiares. Es insólito ver cómo todavía hay gente que no practica las medidas de protección. 

Quiero cerrar con esta frase: nosotros no somos superhéroes, somos seres humanos con una familia que nos espera y que requiere no solamente de nuestro aporte económico, sino de nuestro aporte afectivo, tenemos metas y sueños por cumplir. No queremos aplausos, queremos que nos doten de los equipos de protección personal y que existan medicinas para que cada paciente pueda cumplir su tratamiento. Nos duele ver cómo el personal de salud, cuando está hospitalizado, tiene que recurrir a las redes para solicitar colaboración ya que es demasiado elevado el costo del tratamiento para el COVID-19. 

Jorge Pérez, obstetra ginecólogo

Estado Carabobo | 26 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

 

“Colegas psiquiatras me ayudan a sobrellevar mis emociones”

 

Es una mezcla de sentimientos: miedo porque siento que puedo contagiarme y no se si estaré en el porcentaje que se complica y requiere de terapia intensiva, y sin saber que pueda contar con los medicamentos que requiera. Frustración porque el material de protección es limitado y su reposición en los centros de salud es irregular, tanto así, que muchas veces no disponemos ni siquiera de un tapaboca N95. Frustrado también porque muchas personas no toman las medidas preventivas en serio, sobre todo en San Félix, donde podemos ver que la gran mayoría ya ni el tapaboca usa.

Siento dolor al ver cómo han muerto tantas personas que conforman el equipo de salud a causa del COVID-19. Indignado al ver cómo, de forma descarada, el gobierno oculta la verdad, haciendo un subregistro de los casos positivos y las muertes reales. Esto lo logran limitando el número de pruebas PCR en tiempo real. No pueden tomarse las medidas adecuadas sin un diagnóstico acertado.

La situación económica del venezolano no permite cumplir una cuarentena como se debe, ya que debemos salir a diario para poder conseguir el dinero que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas de alimentación. He llegado a sentirme tan deprimido ante esta situación que he tenido que recurrir a colegas psiquiatras para que me ayuden a sobrellevar mis emociones.

José Chavero, pediatra neonatólogo

Estado Bolívar | 21 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

 

“Rezábamos todas las noches para que sobrevivieran”

 

Me tocó muy personalmente esta gran tragedia; esta gran pandemia que aún padecemos. Desde principios del 2020 veía con mucha preocupación cómo en el mundo entero se reportaban los casos de este terrible virus, porque sabía en qué situación estaba el sector salud en toda Venezuela y en particular en el estado Anzoátegui. Me preocupaba que no se estaban realizando planes ni programas por parte de los entes gubernamentales para prepararnos para afrontar la pandemia. 

Anzoátegui fue uno de los estados donde el personal de salud se expuso más y eso se tradujo en pérdidas muy valiosas para sus núcleos familiares, para la sociedad y para la comunidad médica. Agosto fue el mes en el que perdimos diez colegas. Perdí muchos amigos, en especial a una querida amiga de la infancia y la universidad, la Dra. Luz Marina Farías, médico ocupacional que trabajaba en la Clínica de los Trabajadores de Saludanz. 

Ese mes fue el más terrible para todos porque veías cómo cada colega se complicaba y caía en gravedad. Ya no quedaban camas para entubar, no había material farmacológico, no había cupos en terapia intensiva. Rezábamos todas las noches para que sobrevivieran y en la madrugada fallecía uno y al día siguiente otro. El que estaba atendiendo también caía grave. Recuerdo la historia de un camillero del Hospital Razetti de Barcelona (Pablo Márquez, 22 años), quien se ofreció para trasladar los cadáveres de terapia intensiva y de la sala de cuidados intermedios hasta la morgue, ese joven también murió. Tres emergenciólogos también fallecieron. 

El personal médico está preparado para afrontar situaciones de vida o muerte, pero lo que vivimos fue muy duro. Aquel mes de agosto los pacientes caían desplomados en la entrada de la emergencia y no daba tiempo de que el médico de guardia los atendiera. Fue un tiempo muy desesperante y agobiante. 

Belkis Rodríguez Salázar, cirujana general y cirujana vascular periférico

Estado Anzoátegui | 21 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

 

“¿Y si soy yo el sigue? ¿Y si me toca a mí?”

 

La situación es bastante difícil porque uno comienza su día con una dicotomía: o voy a cumplir con mi deber en mi hospital de cuidar a las personas, o cumplo con mi deber moral de cuidar a mi familia y quedarme en la casa para no correr el riesgo de ser el portador de la enfermedad.

Cuando vemos que nuestros compañeros se enferman, y nos ponemos a recordar que en una guardia no se tuvo el material adecuado, o que tuvo que entrar al área restringida con un traje roto, o que ya tenía mucho tiempo usando el mismo tapaboca, empezamos a pensar que esas muertes se pudieron haber evitado y nos queda un sentimiento de culpa porque no pudimos hacer algo más para evitarlo. 

Nosotros vemos en nuestros compañeros algo que tal vez la gente no ve: que el médico es un ser humano más, que es papá, es hijo, es esposo, hermano, primo, y que al morir deja una familia vacía, huérfana, y que entendemos que la pandemia es difícil y que en todas partes del mundo se ha muerto mucho personal de salud, pero hay muchas muertes que sentimos que se pudieron haber evitado con adecuada protección y tratamiento. 

¿Cuántos médicos han muerto porque no tuvieron el tratamiento necesario? No sabemos, pero son bastante. Eso nos llena de mucho pesar porque allí en esa persona había deseos, anhelos, un plan de futuro y, particularmente en los profesionales de la salud venezolanos, no solamente se pierde al médico o a la enfermera, sino que en la misma persona se pierde a un investigador, a un profesor, un desarrollador de políticas sanitarias, una persona que brindaba algo más a la comunidad. 

Todo esto lo analizamos con un miedo: ¿y si soy yo el sigue? ¿Y si me toca a mí? Capaz mañana otro dé la entrevista porque los que están aquí se murieron. Es bastante difícil esta situación y lo peor de todo es la incertidumbre, pues lo único seguro es que la incertidumbre va a seguir. 

Pedro Javier Fernández, urólogo

Estado Mérida | 13 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

#EnchufaDÍN | Felicita a Jorge Rodríguez por su nuevo cargo
Jorge Rodríguez es ahora diputado y presidente de la Asamblea Nacional

Jorge Rodríguez ha participado de forma permanente en los procesos de diálogos, como representante del oficialismo. Ahora, como diputado y presidente de la Asamblea Nacional, instaló una nueva mesa de diálogo, aunque ya advirtió que puede haber perdón, pero no olvido, por lo que podría aparecer nuevamente con una presentación de Power Point con presuntas pruebas en contra de algún dirigente opositor. 

 

La escasez de efectivo ahonda la desigualdad en Venezuela
El efectivo solo representa 2% de la liquidez monetaria. La insuficiencia de billetes deriva en un anárquico control de la cantidad de dinero a retirar en las agencias bancarias. El gobierno contempla tarjetas prepagadas para el transporte público

 

@vsalmeron

 

La insuficiencia de efectivo creó dos realidades: los venezolanos que pueden vivir sin billetes de la agonizante moneda nacional y quienes los buscan desesperadamente para pagar el transporte público o comprar en el comercio informal.

El incesante incremento de los precios pulverizó la capacidad de compra de los billetes al punto que el de 50 mil bolívares, el de mayor denominación, equivale al tipo de cambio oficial a 0,03 dólares y no alcanza para un pasaje.

La consecuencia es que el Banco Central no es capaz de proveer las piezas necesarias para aliviar la escasez de efectivo que castiga a la población que no tiene cuenta bancaria, está fuera del sistema de pagos digital o utiliza autobuses y busetas.

En los primeros diez meses de 2020 el Banco Central introdujo 232 millones de nuevas piezas de billetes, pero como por medios electrónicos crea dinero en grandes cantidades para financiar al gobierno y los precios escalan a un ritmo de dos dígitos al mes, el efectivo está muy lejos de la cantidad adecuada.

Al cierre de la semana pasada el efectivo representaba 2% de la liquidez monetaria (que aparte de monedas y billetes incluye los depósitos en la banca que se mueven por medios digitales) y en condiciones normales debería representar entre 10% y 13%.

Racionamiento bancario

La banca aplica un anárquico racionamiento de efectivo dependiendo de la cantidad de billetes que disponga. El martes de esta semana el Banco de Venezuela, la principal entidad financiera del Estado, permitía retirar 300 mil bolívares en cada agencia, pero en entidades financieras privadas otorgaban la mitad.

Algunos bancos permiten retirar un poco más a través de los cajeros automáticos, pero las colas son kilométricas porque la mayoría no tiene billetes.

Ana Martínez vive en el barrio Las Minas en Caracas y trabaja limpiando apartamentos. “Para llegar a mi trabajo debo tomar dos busetas y cada una me cobra 150 mil bolívares. Dejo de trabajar un día de la semana y camino cincuenta minutos hasta el centro comercial más cercano, allí hago colas de hora y media en agencias de los dos bancos donde tengo cuenta y así obtengo el efectivo para el pasaje. Regreso caminando”.

“Me pagan el equivalente a diez dólares por día en los apartamentos que limpio. Si pudiera trabajara los cinco días de la semana, pero solo trabajo cuatro porque tengo que perder un día completo para buscar efectivo”, dice Ana Martínez.

El dólar buseta

La hiperinflación, que estalló en noviembre de 2017, debilitó en extremo al bolívar y originó una dolarización de facto donde el dólar gana espacio en la economía y se emplea para fijar precios, tarifas o como medio de pago.

Pero la mayoría de los venezolanos no tiene ingresos en dólares o gana un salario exiguo. Además, si bien hay dólares en circulación, escasean los de denominaciones pequeñas y son contados los días en que trabajadoras como Ana Martínez reciben su pago en divisas.

Como los bolívares en efectivo escasean los choferes de las busetas aplican un descuento severo para recibir dólares y dar cambio en bolívares. “Hoy el dólar está a un millón y medio de bolívares y si pagas un pasaje de 150 mil bolívares con un dólar te lo reciben a un millón”, dice Ana Martínez.

Carlos González vive en los Valles del Tuy, una localidad a 67 kilómetros de Caracas. “Yo trabajo cinco días a la semana en un comercio donde ayudo descargando mercancía, me pagan ocho dólares por día. Para llegar a Caracas tengo que tomar un autobús y una buseta que ida y vuelta cuestan dos millones de bolívares”.

Explica que le pagan con billetes de dólares que vendedores de comida en el barrio donde vive se los cambian por bolívares en efectivo, aunque con un descuento de 20% respecto al tipo de cambio vigente.

“Prefiero eso a perder un día de trabajo para buscar efectivo en los bancos o pagarles a los choferes con los dólares porque ellos aplican un descuento mayor”, dice Carlos González.

La escasez de billetes también deriva en que si se paga con bolívares en efectivo alimentos básicos como arroz, café o harina de maíz son más baratos en el comercio informal.

Maduro digital

Para aliviar el malestar que genera la escasez de efectivo las autoridades del Banco Central solicitaron a las entidades financieras un plan que permita ampliar los medios de pago digitales, en especial en el transporte público.

El primero de enero el mandatario Nicolás Maduro afirmó que “nosotros vamos, este año 2021, hacia una economía digital más profunda, más en expansión. Yo he puesto la meta: 100% economía digital, que todo el mundo tenga sus métodos de pago en tarjeta de débito, de crédito”.

Banqueros consultados consideran que ir a un esquema donde desaparezca el efectivo es lo moderno y deseable, pero en Venezuela se intenta de una manera desesperada en medio de una economía sumergida.

La lista de inconvenientes para aumentar la digitalización incluye deficiente servicio de internet, constantes fallas en el sistema eléctrico, población no bancarizada en una magnitud relevante y atraso tecnológico en la banca.

En el interior del país a diario hay cortes en el suministro de energía y en Caracas el deficiente servicio de internet produce fallas en los puntos que procesan las tarjetas de débito y crédito.

En el transporte público es fundamental la rapidez en el pago para evitar largas colas y retrasos en el servicio, por eso se emplean tarjetas con un chip y antena incorporada que permiten pagar con solo acercar la tarjeta a un lector. Es lo que se conoce como pago sin contacto.

“Habría que cambiar las tarjetas y la mayoría de los puntos de venta para ir a un sistema sin contacto, actualmente esa tecnología no la tenemos en Venezuela en una magnitud importante eso cuesta dinero”, dice el presidente de un banco mediano.

Tarjeta prepagada

El gobierno planea ir a un sistema con tarjetas prepagadas que los usuarios del transporte público podrán comprar y recargar mediante pago móvil, tarjeta de débito en los puntos de venta o trasferencia bancaria.

La semana pasada comenzó un plan piloto que incluye a cinco mil transportistas de los Altos Mirandinos que recibieron dispositivos para procesar la tarjeta prepagada. Estos dispositivos no necesitan conexión a internet. Además, comenzó la venta de las tarjetas.

El 12 de enero Nicolás Maduro afirmó que “este año vamos a facilitar el uso de medios de pago, en moneda nacional, para el transporte público a través de sistemas de pago que no necesitan conexión en línea”.

Ejecutivos bancarios explican que el inconveniente es que para comprar y recargar las tarjetas prepagadas se requiere internet y servicio eléctrico eficiente para que funcione el pago móvil, las transferencias y las tarjetas de débito.

El gobierno no ha precisado en cuánto tiempo planea masificar esta iniciativa.

Otra reconversión 

La noche del 17 de agosto de 2018 Nicolás Maduro anunció una nueva era: “Vamos a un proceso virtuoso de crecimiento con justicia, con igualdad, con distribución de la riqueza, el programa de recuperación económica es el más completo, mejor concebido y con la mayor pertinencia con la realidad histórica”.

El programa incluyó el lanzamiento del bolívar soberano, tras restarle cinco ceros a la moneda anterior, el bolívar fuerte. Pero el bolívar soberano, que comenzó a circular a una tasa de 60 bolívares por dólar, hoy se cotiza sorbe el millón de bolívares por dólar y la disparada de los precios ha hecho que los equipos informáticos tengan severos problemas para procesar cifras con una larga fila de ceros a la derecha.

Fuentes del Banco Central explican que el gobierno contempla la posibilidad de una nueva resta de ceros durante el primer semestre de este año o la emisión de billetes de mayor denominación, aunque las sanciones de Estados Unidos complican esta alternativa.

“A nuestro juicio, el anuncio del 100% de digitalización prepara el terreno para la reconversión monetaria que inevitablemente ocurrirá en los próximos meses”, dice el informe El Tesorero de la firma Síntesis Financiera.

Sigue el vértigo

Tras no ahorrar durante el período de los altos precios del petróleo, endeudarse masivamente, no realizar las inversiones necesarias para mantener la producción petrolera y caer en una profunda recesión que merma la recaudación de impuestos, el gobierno se quedó sin recursos para cubrir el gasto y recurrió a la creación de dinero.

En agosto de 2018 Nicolás Maduro admitió que “tuvimos que ir a la emisión de dinero para respaldar las misiones socialistas, la construcción de viviendas, el sistema de bonos, los aumentos bimensuales de salarios. Diría así es la vida, nos tocó jugar así”.

Inmediatamente prometió “una disciplina fiscal prusiana” para controlar la inflación, pero la caída en la recaudación de impuestos se profundizó y las sanciones de Estados Unidos, que consideran ilegítimas las elecciones en las que Maduro se reeligió como presidente, aceleraron el declive de la producción petrolera.

En este entorno el gobierno continuó y todo indica que continuará financiándose con la creación de dinero, por lo que la inflación seguirá a un ritmo acelerado. Según el último informe de Focus Economics, la firma AGPV proyecta que este año la inflación será de 2.230% y Fitch Solutions estima 2.149%.