RRPLUS

En España aterrizaron empresarios y exfuncionarios que acumularon fortunas al calor del poder y contaron con asesores fiscales que les ayudaron a establecerse. En el retrato del desembarco, Chavismo INC. identificó 20 empresas mencionadas en investigaciones oficiales y nueve causas judiciales abiertas en el país europeo  

Por: Alberto Alonso y José Bautista

Empresarios venezolanos cercanos al poder político y exfuncionarios de alto rango han protagonizado un exilio dorado en España. No tuvieron las premuras de los millones de venezolanos que han salido de su país por la emergencia humanitaria: llegaron al país europeo en aviones privados o con la discreción de la clase business, luego haber acumulado grandes fortunas durante los últimos años de gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 

Chavismo INC. rastreó personas vinculadas al chavismo en documentos judiciales y otros registros públicos de 69 países, con los que se construyó una base de datos que ofrece un retrato aproximado del patrimonio y las relaciones de esas personas en España. 

La investigación Chavismo INC. es un proyecto coordinado por Transparencia Venezuela, la plataforma latinoamericana Connectas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI) que muestra 10 historias sobre corrupción, un entramado de negocios, acuerdos ventajosos, fraudulentos o sofisticados esquemas que abultaron los bolsillos de unos pocos con fondos venezolanos. El trabajo colaborativo transnacional reunió información que da cuenta de la magnitud de los engranajes del capitalismo bolivariano en el mundo.   

Aquí los principales hallazgos del capítulo reservado a España:    

* La vida de lujo, las inversiones y los movimientos bancarios de los empresarios y exfuncionarios despertaron en algunos casos la sospecha de autoridades judiciales españolas que iniciaron al menos nueve investigaciones por presuntos delitos de lavado de dinero, falsedad documental, delito fiscal, soborno, prevaricación, corrupción en las transacciones económicas internacionales, administración desleal, estafa y delitos contra la Hacienda Pública. Solo en seis de esas causas se sigue el rastro de más de 230 millones de dólares del patrimonio público venezolano que quedaron comprometidos.

* La operación de desembarco de capitales se orquestó con patrones que se repiten en muchos casos. El primero fue la constitución de sociedades interpuestas en España y países con políticas fiscales laxas como Panamá, pero también Suiza, Islas Caimán, Malta, Liechtenstein, Andorra y Chipre. A través de esas sociedades, invirtieron en uno de los mercados más especulativos: el sector inmobiliario, especialmente en barrios de lujo, para lavar dinero o generar rentabilidad.

* De acuerdo con la base de datos, Nervis Villalobos es una de las personas con mayor cantidad de sociedades, inmuebles y relaciones. Fue viceministro de Energía Eléctrica durante la gestión de Hugo Chávez y tenía la llave de grandes contratos públicos, especialmente en el sector petrolero y eléctrico. En 2014 se instaló en Madrid con su familia y emprendió una vida de lujos y en poco tiempo compró inmuebles de alto valor en los lugares más caros de España. En su operación, contó con el apoyo de Alfonso Garrido Picón, del despacho B Law & Tax, un consultor español especializado en asesoría fiscal. 

* Una de las empresas clave de Villalobos en España fue Kingsway Europe SL, con la que compró una serie de inmuebles, de acuerdo con documentos de la Fiscalía Anticorrupción de España. En 2017 adquirió dos apartamentos en la calle José Abascal del opulento barrio de Salamanca, en el rincón más caro de Madrid, cada uno de 300 metros cuadrados y con un valor de 1,6 millones de euros; en el mismo año compró un piso de más de un millón de euros en la calle Barceló. Además, en la calle José Ortega y Gasset 44 compró para un familiar un lujoso apartamento valorado en más de medio millón de euros. 

* Villalobos realizó una inversión en Columbus Hills, en Marbella, el destino paradisíaco favorito de millonarios rusos, saudíes y británicos por medio de Columbus Properties One. La sociedad es un vehículo de inversión inmobiliaria que goza de ventajas fiscales, creado por el gobierno español en 2009 para atraer dinero en plena crisis. Estas sociedades no son supervisadas por los funcionarios de Hacienda, sino por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuyo presidente es nombrado directamente por el gobierno. A los venezolanos relacionados con Columbus Properties One, incluido el exviceministro, les embargaron un total de 115 inmuebles.

* La Audiencia Nacional Española lo vincula con la recepción de sobornos por parte de la empresa española Duro Felguera, contratada en 2008 para desarrollar un complejo de energía en Venezuela. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional lo relaciona con el lavado de 54,3 millones de euros a través de una compleja estructura financiera con nodos en España.  En Estados Unidos un tribunal de Texas le atribuye participación con un esquema millonario de sobornos asociado a la operación de la petrolera estatal venezolana Pdvsa y más recientemente el Departamento de Justicia le vinculó con lavado de activos del narcotráfico

* En el principado de Andorra, un juzgado menciona a Villalobos como uno de los venezolanos que participó en movimientos de más de 2.000 millones de dólares a través del sistema bancario local. La trama involucra conexiones con una larga lista de países y nombres cercanos al chavismo que incluyen al expresidente de PDVSA y exembajador venezolano ante la ONU, Rafael Ramírez, y su primo Diego Salazar.  

* Otro de los involucrados es Rafael Sarría Díaz, identificado como testaferro de Diosdado Cabello. El empresario tuvo una carrera meteórica: pasó de vendedor de seguros a integrar el equipo de seguridad de Chávez en la campaña de 1998 y de allí a ser un próspero contratista del Ministerio de Infraestructura, cuando era comandado por el segundo del chavismo. Sarría reunía 15 inmuebles en Florida y Nueva York a su nombre y a través de tres empresas. Poco después le incautaron un lujoso jet de 20 millones de dólares camuflado en un hangar de Florida, en Estados Unidos. En España están registradas compañías con vinculaciones con este empresario sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

* La empresa Nanko Capital está vinculada a Amir Nassar Tayue, abogado del empresario de origen colombiano Alex Saab Moran, que de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos está involucrado en un esquema de desvío de más de 350 millones de dólares desde Venezuela. La empresa tiene sus oficinas en unas de las zonas más caras de la capital española en la calle Conde de Aranda. La firma no ha tenido actividad comercial, de acuerdo con los documentos del Registro Público. Sin embargo, la oficina Anticorrupción española indaga si el abogado actuó como testaferro de Saab Moran y movió dinero a través de diversos fondos de inversión internacionales.

* España también fue escogida como refugio por Luis Carlos De León, un exfuncionario de la Corporación Eléctrica Nacional y Pdvsa, condenado en Estados Unidos luego de confesar su participación en un esquema de sobornos asociado a la petrolera estatal. Estuvo en el país europeo hasta que fue detenido en 2017 por las investigaciones de otro caso de pagos ilegales supuestamente realizados a funcionarios venezolanos por la contratista española Duro Felguera. A su esposa Andreína Gámez Rodríguez la han relacionado con flujos millonarios de dinero: este año en Nueva Zelanda le congelaron bienes por más de 17 millones de dólares. En España, aparece vinculada a una empresa inmobiliaria registrada en Madrid bajo la denominación Sansobino 1977 SL de la que es administradora única y que tuvo como apoderado a José Fraga, asesor en temas fiscales e impositivos y sobrino del fallecido Manuel Fraga, quien fue uno de los fundadores del Partido Popular (PP), ministro durante la dictadura de Francisco Franco y diputado y senador hasta antes de morir en 2012.

* Los negocios también pusieron en el mismo cuadro a grandes empresas españolas señaladas de financiamiento ilegal al PP y de sobornos en Venezuela. Ocurrió con la Constructora Hispánica, que formó parte del consorcio al que el gobierno de Chávez adjudicó obras de rehabilitación de la Línea 1 del Metro de Caracas en 2008 por más de 1.850 millones de dólares, de los cuales el 4,8% se destinó a comisiones y sobornos, según el Servicio Antiblanqueo español. El consorcio español también estaba integrado por CAF, Dimetronic y Cobra, del Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y por dos empresas de Carlos Luis Aguilera Borjas, capitán retirado y quien fue hasta 2002 fue director de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), nombre que antes recibía el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).  

* El empresario Alejandro Betancourt fue otro de los que logró codearse con la jet set española. En Venezuela se le conoce como un “bolichico” y fue uno de los empresarios favoritos de Chávez, quien le brindó 12 contratos millonarios para construir plantas eléctricas por importes superiores a los 1.300 millones de euros. Los acuerdos de Pdvsa otorgados a la contratista Derwick Associates multiplicaron sus ingresos. Pero en España es más conocido por ser socio de la reconocida marca de lentes de sol Hawkers. Comenzó como una pequeña startup y que en 2015 llegó a ser patrocinadora de Los Ángeles Lakers, una de las franquicias más importantes de la liga de baloncesto profesional de Estados Unidos. 

* La relación de la aristocracia española con fortunas venezolanas tiene otro ejemplo con el caso de la familia de Víctor Vargas, empresario venezolano, dueño del Grupo Financiero Banco Occidental de Descuento (BOD), y uno de los pesos pesados de la Lista Falciani que reveló nombres de grandes evasores con cuentas en el banco suizo HSBC. A Vargas se le conoce como “el banquero rojo”, uno de los empresarios más agraciados por el chavismo, hasta el punto de que su fortuna se multiplicó tras la llegada de Chávez al poder. A cambio, este banquero brindó apoyo al gobierno de Venezuela (con Chávez, pero también con Maduro) en sus decisiones económicas. También es suegro de Luis Alfonso de Borbón, aristócrata, empresario español, y bisnieto de Alfonso XIII (abuelo del rey Juan Carlos) y Francisco Franco. Esta vinculación familiar le ha llevado a ocupar la presidencia del patronato de la Fundación Nacional Francisco Franco.

Aquí puede leer la historia completa sobre España: empresas, mansiones y contactos para mezclarse con la élite. 

Aquí puede leer todo el especial de Chavismo INC.

Transportistas urbanos aseguran que es complicado cumplir con las normas contra la pandemia en vista de la falta de unidades en las líneas

@frazambranor 

Rosa vive en el barrio Chapellín y tres veces a la semana debe tomar un transporte colectivo que la lleve al sitio donde trabaja como doméstica en La Candelaria en Caracas.

Suele esperar un mínimo de 20 minutos para que pase la ruta que la conduzca a su destino. Proveniente de Chacaito, la buseta regularmente ya viene repleta de gente. Rosa se monta como puede, si no consigue a alguien que le ceda un asiento le toca ir parada hasta llegar a su lugar de trabajo.

Dentro del transporte no hay distancia social, todos usan tapabocas, pero algunos lo llevan en la barbilla o sobre la cabeza. 

Atrás hay puesto

Hugo Ocando, presidente del Bloque Oeste de Transporte de Caracas, reconoció que el distanciamiento social no se respeta en la mayoría de las unidades. 

“Nosotros le exigimos a los choferes que si una persona no tiene tapabocas, no la dejen ingresar al transporte, pero es complicado el tema de la proximidad entre la gente porque con el Metro trabajando a medias y la escasez de unidades, la gente abarrota las pocas que hay”, dijo Ocando.

El dirigente gremial indicó que en un principio establecieron unas normas de dar acceso solo a 16 personas en las unidades de 32 puestos y a 12 en las de 24 asientos. “Eso no se cumplió, es muy difícil porque la gente no tiene como trasladarse”. 

De acuerdo a Ocando lo ideal es que cada chófer y colector usen un tapabocas N95 a diario, pero la imposibilidad de adquirirlos les obliga a emplear los de tela. “También instamos a los compañeros a desinfectar al menos dos veces al día las unidades, pero todo esto necesita apoyo de las autoridades porque nuestros ingresos no dan para adquirir los productos de limpieza”. 

Peor en el interior

En Mérida, la situación es similar a la del área metropolitana. Giovanny Nieto, secretario de reclamos del Sindicato de Transporte de la entidad, sostuvo que algunos transportistas y usuarios no cumplen con las normas de bioseguridad para evitar la propagación del virus. “En defensa de los transportistas hay que mencionar que esto ocurre porque existen pocas unidades que laboran diariamente debido a la falta de gasolina. Hay demasiada gente en las paradas y los usuarios entran en las unidades así el conductor les recomiende lo contrario por el poco espacio que hay. Nadie quiere quedarse para tener que caminar trechos largos”. 

Ruben Asis, presidente de la Central Sindical y vocero del Directorio Único de Transporte del Zulia, indicó que la pandemia es un jaque mate para el sector transporte en el estado. “Tiene casi en quiebra a nuestros compañeros transportistas. La mayoría se ve imposibilitado de salir, a eso hay que sumarle la escasez de gasolina. No tenemos dinero para llevar a la casa”.

La batalla por surtirse de gasolina

Hugo Ocando manifestó que los transportistas se han ido adaptando al racionamiento de combustible en Caracas y aseguró que en los últimos 15 días la distribución ha mejorado. 

Dijo que las autoridades deben conseguir un equilibrio entre el suministro a transportistas y particulares. 

“No entendemos cómo en Catia, en la Parroquia Sucre de Distrito Capital, hay nueve estaciones de servicio y  una sola está asignada para el transporte público, el resto a particulares”. 

Giovanny Nieto aseveró que la crisis de la gasolina es peor en el interior del país. 

“Las unidades trabajan uno o dos días a la semana. Tenemos una estación donde surten, pero el número de unidades que atienden es muy bajo por jornada. Tratamos de abastecernos en los distintos municipios que cubrimos y cuando no se logra hay que conseguir el combustible donde y como sea”, dijo Nieto. 

Ruben Asis, gremialista del estado Zulia, sostuvo que hubo una época durante la pandemia donde no había gasolina y ahora que hay no alcanza para todos los trabajadores del volante. 

“Tenemos una sola estación de servicio que surte a los transportistas en Maracaibo y se distribuye un día a la semana por placa. El combustible no es suficiente porque surten 40 o 50 litros por carro”, indicó Asis.

El pasaje que sube y sube 

Tres aumentos de pasaje en el transporte colectivo urbano ha habido durante el periodo de cuarentena en el área metropolitana de Caracas. 

A discreción de los transportistas la tarifa subió de 5 a 10 mil bolívares en julio, posteriormente se elevó a 20 mil Bs. y el pasado 8 de octubre salió en Gaceta Oficial el precio de 30 mil Bs. Todo esto en un país donde conseguir bolívares en efectivo es una tarea titánica. 

El Comité de Usuarios del Transporte Público solicitó este año a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), la dotación de puntos de venta para los transportistas. Aún esperan por la respuesta. 

“La ley dice que cada trimestre deben evaluarse las tarifas y después de diez meses fue que el gobierno acordó poner el pasaje en 30 mil bolívares, eso crea una anarquía porque cada quien cobra lo que le da la gana en el ínterin”, dijo Ocando. 

Para Ocando, la cifra del pasaje urbano debe ser 60 centavos de la tarifa del dólar publicada por el Banco Central de Venezuela. “Nosotros propusimos que podíamos trabajar con 10 centavos más un bono de transporte para la tercera edad y el subsidio estudiantil, pero nada de eso ha sido escuchado”.

Según Giovanny Nieto, la situación del transporte colectivo es un reflejo de lo que sucede en toda Venezuela. “Debe mejorarse la situación económica del país, que haya políticas claras y reales hacia todos los sectores en general, porque en el caso del transporte nada hacemos con hacer ajustes a las tarifas, si los usuarios no ganan lo suficiente para pagarlas, una nación no avanza ni se desarrolla beneficiando a algunos sectores en detrimento de otros”. 

Dolarización en ruedas 

Hugo Ocando sostuvo que la economía venezolana la dicta el dólar paralelo y el transportista tiene que adquirir repuestos, cauchos, aceites y baterías a precios en divisas. 

“Pareciera que la culpa de la crisis de transporte en Venezuela fuera absolutamente de nosotros, pero no es así. El transportista no puede generar ingresos suficientes para mantener las unidades y mucho menos comprar una nueva. Las 17 plantas ensambladoras de vehículos que existen en Venezuela están cerradas y el único que puede importar es el propio gobierno”.

Ocando denunció que de los lotes de autobuses Yutong que llegaron a Venezuela provenientes de China, solo un 5% fue entregado al sector transporte, los demás fueron a parar a manos de entes gubernamentales y consejos comunales. Hoy en día la mayoría de esas unidades que empezaron a importarse a partir de 2015 están en cementerios de vehículos, mientras en ciudades como Caracas el transporte colectivo se defiende con autobuses y busetas que datan de la década de los 70, 80 y 90.  

Giovanny Nieto manifestó que algunos de sus compañeros se han visto en la necesidad de vender piezas de su transporte, repuestos e incluso unidades para poder sortear la crisis económica. “Los insumos y repuestos no se consiguen y cuando se logran ubicar tiene un precio exorbitante. Lo que uno produce se gasta en comida y no se puede guardar nada para el mantenimiento de las unidades”. agregó.

Nieto pidió al Ejecutivo poner empeño para resolver la crítica situación del transporte colectivo a nivel nacional. 

“Los planes que se hagan deben pensarse bien para que beneficien a todos los sectores económicos por igual. En cuanto a lo que es el área del transporte, no solo es tarifas y combustible, hay que poner en práctica la venta regulada de cauchos, aceite y baterías, que  hace años desapareció. Es necesaria una modernización de la flota, aunado a políticas sociales para los transportistas y sus familiares”. 

La relación entre el chavismo y el kirchnerismo se materializó con un fideicomiso que en 12 años llegó a manejar 2.000 millones de dólares con poca transparencia y otros acuerdos binacionales para comercializar productos con sobrecostos. La conexión Buenos Aires llamó la atención de la Justicia donde hay 15 causas estancadas por la falta de colaboración desde Caracas

 Por: Iván Ruíz

Lavado de dinero, soborno transnacional, contrabando y sobreprecios en ventas son parte de los lazos que hizo el kirchnerismo con el régimen venezolano a través de un fideicomiso de unos 2.000 millones de dólares. 

La investigación transnacional Chavismo INC. rastreó los flujos millonarios de petrodólares que salieron del erario de la Venezuela gobernada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en los últimos 20 años. En el capítulo de Argentina, basándose en la recopilación de expedientes judiciales, explican cómo la relación con el gobierno kirchnerista benefició a un grupo de empresarios cercanos a los Kirchner y, consecuentemente, a los funcionarios argentinos que hicieron posible esos negocios.

Hasta la fecha, las investigaciones judiciales continúan su largo derrotero para intentar comprobar distintos ilícitos mientras que los funcionarios involucrados de Venezuela y Argentina no han rendido cuenta alguna ante los tribunales de sus países por estos posibles delitos, ni siquiera son investigados formalmente. 

Chavismo INC. es un proyecto coordinado por Transparencia Venezuela, la plataforma latinoamericana Connectas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI). La investigación muestra 10 historias sobre corrupción, un entramado de negocios, acuerdos ventajosos, fraudulentos o sofisticados esquemas que abultaron los bolsillos de unos pocos con fondos venezolanos. 

Aquí los principales hallazgos:  

* El fideicomiso entre ambas naciones, que movió en total unos 2.000 millones de dólares entre 2012 y 2016, era una especie de mecanismo de compensación de Argentina por las facilidades que le entregaba la estatal Pdvsa cuando el país no podía buscar financiamiento en los mercados internacionales. Para equilibrar la balanza, Argentina canalizó la exportación de algunos productos que necesitaba Venezuela, como lácteos o pollos congelados.

* La puesta en marcha y el funcionamiento de este fideicomiso fue obra, sobre todo, del funcionario argentino José María Olazagasti, mano derecha del exministro Julio De Vido, y hombre fuerte de la “embajada paralela” en Venezuela. Así fue como los medios de comunicación calificaron a la fuente de negocios que entabló este ministro argentino con el chavismo, que funcionaba como una relación más influyente que las formalidades diplomáticas: llegaba directo a los Kirchner, de un lado, y a Chávez, del otro.  

* Desde Venezuela, el encargado del fideicomiso era Víctor Aular, entonces vicepresidente de Finanzas de Pdvsa. Él se encargaba de revisar el intercambio y firmaba las conciliaciones por los procesos de pago de los préstamos petroleros que se otorgaban a países del Caribe. Esos préstamos iban atados —en muchos casos— a otros negocios y guiños diplomáticos, tal como reveló la investigación periodística Petrofraude, publicada por Connectas en 2019.

* El kirchnerismo también le abrió las puertas a empresarios locales para hacer negocios con Caracas. Como es el caso del empresario argentino Juan José Levy, quien tenía una pequeña droguería que fabricaba medicamentos en Buenos Aires hasta que se vinculó al gobierno de Cristina Fernández y eso le acercó a un negocio que le cambiaría la vida -y sobre todo aumentaría los números en sus cuentas bancarias-: venderle al Estado venezolano. Sus declaraciones fiscales pasaron de ser cerca de 250 mil dólares en 2011 a 93 millones de dólares en 2016, gracias al blanqueo de capitales. 

* Según información de distintos expedientes judiciales recopilados en Chavismo INC., Levy sumó operaciones por 550 millones de dólares con Venezuela para venderle desde medicamentos, pasando por decodificadores de TV y hasta suavizantes para la ropa. Sus empresas habían firmado contratos con sobreprecios de hasta el 300% con el gobierno chavista: Laboratorios Esme S.A. vendía suavizante para la ropa en la Argentina por dos dólares, pero al Estado venezolano el precio subía hasta los ocho dólares; exportaba un litro de shampoo para cabello a Chile por 0,67 dólares, mientras que el precio facturado a Suvinca, por el mismo producto, era de 1,87 dólares. Con la ventaja de que Venezuela pagaba por adelantado el 60 % de los contratos. 

* Los vericuetos legales en los tribunales argentinos y, sobre todo, la falta de colaboración de las autoridades venezolanas dejó el caso Levy al borde de su archivo y enterró la hipótesis de que existió un soborno transnacional impulsado por empresarios argentinos para que los funcionarios chavistas defraudaran a Venezuela. Y debilitó la posibilidad de probar un lavado de dinero al no poder establecer el delito precedente. Después de tres años de esperar que llegue una respuesta de los funcionarios venezolanos, el juez Marcelo Aguinsky habilitó una última opción: le pidió al presidente Alberto Fernández que intervenga para que Caracas responda alguna de las solicitudes de información necesaria para continuar con la investigación. Sigue sin respuestas.

* A pesar de los vaivenes y de la frágil situación en los tribunales argentinos, el caso Levy no es el primer expediente judicial vinculado al chavismo con dificultades en tribunales de Buenos Aires, ya que abrió la puerta sobre otras irregularidades dentro del fideicomiso bilateral: fueron decenas las empresas que le vendieron a Venezuela con precios por encima del valor de mercado. En una auditoría de la Sindicatura General determinó que unas 15 compañías argentinas sumaron un sobreprecio total de 235 millones de dólares en los productos facturados a Venezuela. Eso impulsó 15 causas judiciales, cada una destinada a analizar los sobreprecios facturados por las empresas argentinas que vendieron desde leche en polvo y legumbres hasta productos tecnológicos.

* El fiscal argentino Germán Bincaz impulsó diez de esas investigaciones y ya pidió medidas de prueba sobre las operaciones de las empresas Soychú, Cresta Roja, Tres Arroyos y Rasic Hermanos por la venta de pollos congelados que, en total, suman sobreprecios por 42 millones de dólares. Por su parte, la empresa láctea SanCor cobró la leche en polvo un 23% más caro sobre sus valores habituales de mercado, lo que implicó sobreprecios por 95 millones de dólares.

* La empresa argentina Bioart S.A. le vendió arroz por 23 millones de dólares a Venezuela —a través de un acuerdo binacional—, a un precio que duplicaría el valor de mercado. Fuentes judiciales en Argentina sospechan que detrás de esta operación está el exministro del Poder Popular para la Alimentación venezolano, Félix Osorio, quien se desempeñaba como mayor general del Ejército y ahora es viceministro de Educación. Desde hace tres años que la justicia argentina espera que Venezuela responda el pedido de colaboración para continuar con el caso.

* Otro caso emblemático es el de la maleta de Guido Antonini Wilson. Se sospecha que esos 800 mil dólares que el venezolano intentó ingresar en 2007 de manera ilegal a la Argentina eran para financiar la elección presidencial de Cristina Fernández. El caso estuvo a punto de prescribir en 2018, pero finalmente se reactivó casi de casualidad y ahora se prepara el juicio oral en Buenos Aires.

* El fideicomiso bilateral finalizó cuando el kirchnerismo dejó el poder en Argentina, en 2016, pero las investigaciones judiciales continúan su largo derrotero para intentar comprobar distintos ilícitos. Los funcionarios de ambos países por ahora no han rendido cuenta alguna ante los tribunales de sus países por estos posibles delitos, ni siquiera son investigados formalmente.

Aquí puede leer la historia completa sobre Argentina: sobrecostos, lavado y defraudación sin justicia.

Aquí puede leer todo el especial de Chavismo INC.

Los extrabajadores de Pdvsa ahorraron en un fondo de pensiones para asegurarse la vejez. Explican que si Pdvsa paga los intereses de la deuda que tiene con el fondo podrían cobrar una pensión de $660 al mes en lugar de $0,8.

El pasado 7 de octubre un grupo de jubilados de Pdvsa y Pequiven acudió en representación de los beneficiarios del fondo de pensiones (conocido por sus siglas APJ/PDV) a la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, para exponer la opaca situación del instrumento que debía garantizar una vejez tranquila a 28 mil extrabajadores de la empresa y sus filiales, pero que al contrario de lo planificado, están recibiendo una pensión exigua que no les alcanza para alimentarse apropiadamente o comprar medicinas.

Las pensiones de los extrabajadores de Pdvsa no dependen de las finanzas públicas. En 1993 la empresa constituyó un fondo que a partir de esa fecha se nutrió con el aporte de 3% del salario mensual de los trabajadores y 25% de sus prestaciones sociales. Además, Pdvsa hizo un pago único como compensación por antigüedad.  El dinero se invirtió en inmuebles, terrenos, bonos y acciones en dólares que crearon una cartera administrada por firmas internacionales como Wachovia Securities.

Irma Sosa, abogada e ingeniera y quien formó parte del grupo de extrabajadores, explica que la última información contable que tienen los jubilados de Pdvsa es el balance del fondo de pensiones correspondiente a 2015 auditado por KPMG Rodríguez Velásquez & Asociados, donde quedó registrado que Pdvsa tiene una deuda con el fondo por 2.347 millones de dólares a través de pagarés que reportan intereses anuales a una tasa de 9,5%.

El informe de la firma auditora también señala que el 29 de diciembre de 2016 Pdvsa reestructuró esta deuda y postergó el vencimiento de los pagarés por cinco años hasta 2021, manteniendo la misma tasa de interés, pero la empresa no cancela los intereses, por tanto, los jubilados apenas reciben una pensión mensual que equivale a 0,8 centavos de dólar al tipo de cambio oficial.

La consecuencia es que los jubilados sin hijos que los ayuden o recursos extra transitan la vejez arruinados, alimentándose precariamente con las cajas de comida que Pdvsa reparte de forma irregular y no cubren los requerimientos de una dieta balanceada.

“Estamos exigiendo el pago periódico de los intereses que debe Pdvsa por financiarse con dinero de los jubilados. Cada año los pagarés reportan intereses por 223 millones de dólares que, de ser repartidos de manera igualitaria entre los jubilados como se ha decidido, se traduciría en que cada jubilado recibiría al mes 660 dólares”, dice Irma Sosa.

Al tomar en cuenta todos los intereses atrasados y descontados los pagos efectuados por parte de Pdvsa, los jubilados calculan que al cierre de 2019 la deuda se ubicó en 3.200 millones de dólares.

En otras propiedades el fondo de pensiones posee en Caracas la parcela de terreno y el edificio donde actualmente funciona el Ministerio para el Turismo y 18 oficinas con estacionamiento en el Centro Letonia en La Castellana, que actualmente ocupa Pdvsa sin pagar el arrendamiento debidamente.

La administración

Un aspecto a tomar en cuenta es que la directiva de Pdvsa tiene amplios poderes en la gestión de los recursos. Irma Sosa explica que “estatutariamente, la designación de los integrantes de la Junta Administradora, las políticas de inversión, los cambios en la cartera de inversiones, la modificación de los estatutos y la distribución de los gananciales requieren la aprobación previa del directorio de Pdvsa antes de la aprobación de la Asamblea de la Asociación Civil Administradora de los Fondos de Pensiones”.

 A su vez, los estatutos señalan que la Asamblea está formada por los asociados, que son Pdvsa y sus empresas filiales.

Entre 1993-2004 el fondo de pensiones depositó regularmente las ganancias que obtuvo en las cuentas bancarias de los jubilados, mantuvo el acceso a las actas de las asambleas e informó adecuadamente sobre la gestión del dinero. 

A partir de 2005, con la llegada de Rafael Ramírez a la presidencia de Pdvsa, todo cambió: “el documento estatutario es un documento excelente que blinda y protege a ambas partes, empresa y jubilados; el problema no es del documento sino las personas que administran. Las inversiones en el exterior fueron vendidas, Pdvsa tomó los dólares que pertenecen a los jubilados y las reemplazó por instrumentos de deuda de Pdvsa, primero bonos que posteriormente fueron reemplazados por pagarés”, dice Irma Sosa.

Estatutos socialistas

Tras gestiones en el registro público, los jubilados lograron constatar que los estatutos del fondo fueron modificados el 27 de julio de 2009 cuando se modificaron varios artículos, entre ellos el artículo 33. La modificación fue ratificada el 5 de agosto de 2013 en una asamblea extraordinaria a la que asistieron las autoridades de entonces: Rafael Darío Ramírez, presidente de Pdvsa; Eulogio Del Pino, por la Corporación Venezolana de Petróleo; Asdrúbal Chávez, por PDV Marina; Fadi Kabboul, por Pdvsa Ingeniería y Construcción; Ower Manrique por Bariven y Héctor Pernía por Pdvsa Naval. La Asamblea fue presidida por Víctor Aular en su condición de presidente de la Asociación Civil Administradora de los Fondos de Pensiones.

El cambio de los estatutos, protocolizado en el registro público el 26 de noviembre de 2014, tiene consecuencias. En la versión anterior a la modificación queda establecido que los haberes del fondo pertenecen a los beneficiarios, es decir, a los jubilados y en la nueva versión se habla de los “haberes de los asociados”, es decir, Pdvsa y sus empresas filiales.

“Fue una modificación de los estatutos para atribuirle a Pdvsa la propiedad de los haberes de los beneficiarios, con lo cual se pretendería eliminar la deuda y legalizar la situación de hecho que venía ocurriendo desde años atrás”, dice Irma Sosa.

Inmediatamente agrega que “la facultad de la Asamblea de efectuar modificaciones a los estatutos, que es el argumento que nos alega Pdvsa, jamás puede ser contraviniendo preceptos constitucionales y legales. Esta modificación estatutaria violenta preceptos contenidos en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas suscrita por Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo, en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral, en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en el Código Civil”.

El acta de la asamblea extraordinaria donde se modificaron los estatutos, en poder de los jubilados obtenida en la Oficina de Registro Público, explica que el cambio se produjo para “garantizar que la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela pueda instruir libremente a la Asamblea de la Asociación (Administradora de los Fondos de Pensiones) la forma en que serán distribuidos los rendimientos y cualesquiera otros beneficios”.

Añade que la idea es “establecer formas de distribución de los rendimientos (cuando los haya) que respondan a verdaderos principios de justicia social, solidaridad e igualdad” para llevar a cabo el proceso de redistribución del ingreso nacional.

El caso Illaramendi

En noviembre de 2003 Francisco Illaramendi, un venezolano que trabajaba para Credit Suisse, se conectó con el chavismo cuando diseñó para el Ministerio de Finanzas de entonces, bajo la batuta de Tobías Nóbrega, una emisión de bonos en dólares. Posteriormente, Illaramendi comenzó a asesorar a Pdvsa y en 2006 fundó la firma Michael Kenwood Group, en Connecticut.

El fondo de pensiones le entregó a Francisco Illaramendi 380 millones de dólares para que los administrara, pero en 2011 Michael Kenwood Group se declaró en quiebra y las autoridades de Estados Unidos descubrieron un esquema fraudulento. Illarramendi fue sentenciado a trece años de prisión tras declararse culpable en marzo del 2011 de cinco cargos, entre ellos fraude, fraude electrónico, conspiración para obstruir a la justicia y estafa a la Comisión de Valores de Estados Unidos. 

Pdvsa se hizo parte del juicio en Estados Unidos y los jubilados temen que el dinero que pueda recuperarse se extravíe en la caja de la empresa. “Los fondos que pudieran estar bloqueados a Pdvsa por recuperación de activos relacionados al proceso judicial en Estados Unidos contra Michael Kenwood Group relacionados al fondo de pensiones son recursos privados y por consiguiente solo pueden destinarse para los jubilados”, dice Irma Sosa.

Petición a la Asamblea

En un documento entregado a la Asamblea Nacional, los jubilados solicitan que el Parlamento apruebe un acuerdo que reconozca que los haberes del fondo de pensiones les pertenecen y deje constancia de la deuda de Pdvsa.

Además, solicitan “que se tenga presente en las gestiones realizadas por la Asamblea Nacional, relativas a fondos congelados o bloqueados en el exterior” que los dólares recuperados por la quiebra de Michael Kenwood Group solo debe destinarse a cubrir la deuda de Pdvsa con el fondo de pensiones. 

Una parte del dinero del fondo de pensiones podría estar en Novo Banco, una entidad financiera de Portugal, donde la administración de Nicolás Maduro tiene 1.500 millones de dólares bloqueados por las sanciones económicas.

Más sobre este tema:

La quiebra del Estado arrastra a los pensionados

Leer más

La construcción por compartimientos de Nabarima hace que el riesgo de que se derrame un millón de barriles sea menor

Pdvsa y la petrolera italiana ENI son los responsables en caso de que ocurra un derrame petrolero

@fefamaya | Diseños: Abrahan Moncada @monkda92

Con 1.101.850 barriles de petróleo a bordo, la plataforma de almacenamiento de crudo Nabarima está nuevamente en riesgo de hundirse en el Golfo de Paria, tras la falla de una bomba de achique.

El director de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), Eudis Girot, indicó que tras la primera denuncia de hundimiento el 30 de agosto, el gobierno de Maduro incorporó a bordo una cantidad de trabajadores que se dedicaron a instalar una bomba de achique, la cual se encargaría de evacuar el agua que está dentro de la plataforma de almacenamiento de petróleo.

Sin embargo, una sola bomba no es suficiente para succionar el agua que está dentro de Nabarima. “Una sola bomba no puede mantenerse encendida y operativa durante dos meses”, afirmó Girot. 

Según el director de FUTPV, las bombas de achique, los generadores de vapor y electricidad y las válvulas automatizadas de la embarcación dejaron de funcionar cuando quedaron sumergidas en agua durante un tiempo prolongado, al menos un mes. 

“El problema del Nabarima es que lo abandonaron”, aseguró Girot. Indicó que los trabajadores fueron suspendidos y enviados a sus casas por la falta de venta de petróleo. La plataforma fue dejada a la custodia del personal obrero y de mantenimiento. “De 72 personas solo quedaron tres a bordo”, afirmó Girot en un comunicado que publicó en su perfil de Instagram. 

La embarcación fue construida en 2005 por Samsung en Corea del Sur, para Conocophillips, Nabarima tiene capacidad para almacenar entre 1.500.000 y 2.000.000 de barriles de petróleo. Cuenta con doble casco y está diseñado para ofrecer su servicio durante 20 años continuos. 

Actualmente, el Nabarima está militarizado, hay cuerpos de seguridad a bordo. “Hay miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Los cuerpos de seguridad prohíben a los trabajadores tomar fotografías”, dijo Girot. 

Los funcionarios también custodian las lanchas en las que los trabajadores de Pdvsa se transportan al Nabarima.

Sacar el petróleo de Nabarima es posible

Eudis Girot explicó que Pdvsa tiene una flota de buques petroleros que podría dirigirse al Nabarima para trasegar el crudo a bordo de la plataforma a los tanqueros, y así, evitar que 1.101.850 barriles se derramen en el océano.

En dado caso, Girot indicó que los tanqueros que poseen el petróleo proveniente de Nabarima, deberían instalarse en algún sitio hasta que se realicen los arreglos pertinentes a la plataforma de almacenamiento de crudo.

El director de FUTPV aseguró que todo el petróleo dentro de Nabarima podría traspasarse a los tanqueros de Pdvsa en una semana. “Si se trasiegan 10 mil barriles por hora del Nabarima a los tanqueros de Pdvsa, en un día se podrían trasegar 240 mil barriles”, explicó.

Girot reiteró que Pdvsa cuenta con la capacidad de llevar a cabo esta actividad.

Si se hunde, no se derramará el millón de barriles

El profesor de la Universidad Simón Bolívar, Eduardo Klein, explicó a Runrun.es que el Nabarima es un tanque flotante que tiene compartimientos dentro. “Por ello, no veo posible que se derramen 1.101.850 barriles al mismo tiempo”, dijo. 

Klein indicó que el barco se construyó con todos los rigores de las normativas ambientales y de seguridad necesarias para el momento, 2004-2005. “En términos técnicos es un barco muy seguro, se hizo con todas las normas internacionales adecuadas. Tiene 15 años, no es viejo, habría que evaluar cómo ha sido el mantenimiento de la instalación. Mientras menos se mantenga más alto es el riesgo de que algo malo le pase”, señaló. 

El profesor de la USB reiteró que el Nabarima está bien hecho y que la construcción por compartimientos hace que el riesgo de que se derrame un millón de barriles sea menor.

La analista de energía y seguridad, Patricia Schouker, señaló en su cuenta de Twitter que la industria petrolera ha mejorado radicalmente su desempeño ambiental. En 1979 se registraron 979 derrames petroleros provenientes de buques, mientras que en 2016 solo se registraron seis.

It's common practice among today's politicians and the media to suggest the #oil and #gas industry is, by its nature, uninterested in improving environmental performance and stewardship.
Here's just one example of how the industry has radically improved over the years ⛽️ #OOTT pic.twitter.com/ogapxXo3Zl

— Patricia Schouker (@Patricia_Energy) October 20, 2020

Pdvsa y ENI son los responsables

Nabarima pertenece a Petróleos de Venezuela, S.A, pero la administración es manejada por Petrosucre, filial de Pdvsa y empresa mixta con capital accionario entre Pdvsa y la petrolera italiana ENI.

Girot señaló que, al igual que Pdvsa, ENI es responsable porcentualmente de acuerdo a su participación en un desastre que pueda ocurrir. 

La petrolera italiana indicó a Runrun.es que está lista para realizar actividades que garanticen la descarga segura del petróleo de Nabarima en alta mar de Venezuela, utilizando soluciones de última generación.

Además, la empresa reiteró que solo podrá proceder después de la aprobación de su plan por parte de Pdvsa (accionista mayoritario y operador de Petrosucre) y tras la garantía formal de las autoridades estadounidenses competentes de que las actividades mencionadas no conllevan ningún riesgo de sanciones para ENI y sus contratistas. 

El director de FUTPV aseguró que los barriles de petróleo no son sacados del Nabarima porque las petroleras quieren utilizar la posible catástrofe para que se levanten las sanciones y lograr vender el crudo.

Manglares y tortugas podrían verse afectados

En el caso de que ocurra un derrame petrolero por el hundimiento del Nabarima en el Golfo de Paria, los manglares y las tortugas serían las especies más afectadas. 

Según una presentación de Eduardo Klein, la costa de los estados Sucre y Monagas cuenta con una vegetación de bosque de manglares. 

El ingeniero químico Fernando Morales explicó a Runrun.es que los manglares respiran a través de unas estructuras que tienen en sus raíces y se denominan “neumatóforos”. Estas son unas especies de válvula a través de las que ellos adquieren el oxígeno desde el exterior. 

“Si los neumatóforos se obstruyen con el petróleo el manglar muere asfixiado. Si el residuo de petróleo es retirado a tiempo sí es posible recuperar el manglar”, dijo Morales. 

Por otra parte, el Golfo de Paria es un área de alimentación de tortugas y hábitat de rayas. En caso de que ocurriera un derrame petrolero, ambas especies se verían gravemente afectadas.  

Además de las costas venezolanas, las islas de Trinidad y Tobago serían de las más afectadas en el Caribe en caso de que el petróleo a bordo de Nabarima se derrame. La plataforma de almacenamiento de crudo se encuentra a ocho millas de las costas del país caribeño.

Más sobre este tema:

Denuncias evitaron que el Nabarima se convirtiera en un desastre ecológico

Leer más

Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro en 2017 reportaba que los estados de cuenta de su cliente venezolano, Rafael Sarría, registraban hasta entonces dos millones y medio de dólares en pagos sospechosos. El derroche con sus tarjetas de crédito lo financiaba la cercanía al número dos del chavismo, a quien había conocido más tres décadas antes en la Academia Militar. Sarría abandonó la carrera castrense y no pudo acumular soles en las charreteras, pero sí propiedades y empresas que se han multiplicado en la última década, al menos hasta 2018, cuando fue objeto de sanciones de Washington.

@loremelendez

Quizás si Rafael Sarría Díaz se hubiera graduado en la Academia Militar, su destino hubiese sido diferente. Probablemente hubiese actuado en la intentona golpista que Hugo Chávez encabezó el 4 de febrero de 1992. Quizás, ya en la Quinta República, se hubiese convertido en miembro del gabinete de gobierno. Es posible que todavía hoy detentara algo de poder e influencia y que desde julio pasado hubiese formado parte del lote de militares que pasó a retiro por orden de Nicolás Maduro.

Pero hasta allí el juego de Si hubiera. En la realidad su camino fue distinto: no completó la carrera militar y, en lugar de convertirse en una figura de gobierno en un régimen de marcado perfil castrense, pasó a estar a la sombra de quien es considerado el segundo hombre más poderoso de Venezuela: el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), teniente del ejército -ascendido a capitán, aunque inactivo, en 2013– Diosdado Cabello. Y aún en esa penumbra quedó al descubierto: Estados Unidos señala abiertamente a Sarría de ser el testaferro del número dos del chavismo.

Fue el 18 de mayo de 2018 cuando Sarría Díaz quedó al desnudo. Ese día se confirmó lo que periodistas, websites informativos y reportes de inteligencia venían denunciando desde hacía años. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista negra -la Special Designated Nationals List, también conocida como la Lista Clinton- el mismo día que también inscribió a Cabello, a su esposa, la ex ministra de Turismo y de Obras Públicas, Marleny Josefina Contreras Hernández; y a su hermano, el superintendente para el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello. El presunto testaferro quedó así sancionado, con sus activos congelados, mientras que varias de sus empresas y propiedades en Estados Unidos fueron bloqueadas para hacer negocio alguno con un ciudadano o compañía de ese país.

Pero hasta entonces Sarría se había dado la gran vida en Estados Unidos, con un tren de gastos saudí. O boliburgués. Al menos es lo que dejaba entrever, un año antes de las sanciones, la edición de la semana del 10 al 16 de marzo de 2017 del Kleptocracy Weekly, una semanario interno de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro.

El boletín, incluido en la filtración de los FinCEN Files -2.100 documentos obtenidos por BuzzFeed News, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y otros 110 medios de 88 países, entre ellos, Runrun.es y  Armando.info– recoge el seguimiento que para la fecha American Express hacía a los altos pagos efectuados por Sarría a tres de sus tarjetas de crédito. Entre el 2 de marzo de 2015 y el 3 de marzo de 2017, por ejemplo, los plásticos habían recibido más de 317.000 dólares por medio de 33 operaciones hechas a través de una cuenta del UMB Bank, una entidad bancaria nacida en Kansas, en el medio oeste norteamericano, y con sucursales en Missouri, Illinois, Colorado, Oklahoma, Nebraska y Arizona.

El informe también destacaba que, desde que American Express hacía el monitoreo de las tarjetas de Sarría -un período que el documento no acota-, se habían registrado gastos por poco más de 2,6 millones de dólares.

A Sarría se le vigilaba por la magnitud de las transacciones y por sus vínculos con el jerarca chavista, quien hasta 2015 presidió la Asamblea Nacional de Venezuela. el Parlamento venezolano. Pero el boletín también le señala de estar a cargo del manejo de “las finanzas de la red venezolana de tráfico de drogas, el Cártel de los Soles”.

American Express no respondió a peticiones de comentarios enviadas por el ICIJ.

De escolta a contratista del Estado

En mayo de 2018, al momento de las sanciones de la Ofac, el organismo distribuyó desde Washington una nota de prensa en la que se aseguraba que Sarría “ha lavado dinero para funcionarios venezolanos con la compra de inmuebles desde 2010. Sarría actúa para y en nombre de Cabello como su principal testaferro, asesorando, asistiendo y beneficiándose de las ganancias corruptas y los ingresos ilegales de Cabello”.

Aún antes, en 2017, un informe del American Enterprise Institute llamado Kingpins and Corruption (Capos y corrupción) apuntaba a Sarría como el más importante prestanombres del ex militar, vicepresidente del partido de Gobierno, ex gobernador del estado Miranda y ex vicepresidente ejecutivo de la República, entre otros cargos: “Han surgido numerosas acusaciones de que Cabello controla varias empresas venezolanas y emplea a múltiples testaferros fuera de Venezuela para administrar los ingresos de sobornos, malversación de recursos estatales y tráfico de drogas. Su testaferro más importante, según fuentes estadounidenses y venezolanas, es Rafael Sarría, considerado el cerebro que maneja la red ilícita de negocios de Cabello y sus intereses económicos. Sarría mantiene un perfil bajo, prácticamente invisible en los registros públicos tanto dentro como fuera de Venezuela”, se lee en el documento.

Sin embargo, los lazos de Sarría con Cabello y el chavismo vienen de mucho antes.

Se remontan a la Academia Militar de Venezuela, de donde egresó Hugo Chávez y los uniformados que lo acompañaron durante su gobierno. Sarría comenzó su carrera militar junto a Cabello en agosto de 1983. Aunque nunca se graduó, la amistad entre los dos contemporáneos tampoco se desvaneció.

Esa promoción, llamada “General de División Tomás Montilla” sería a la larga una especie de quién-es-quién de la administración chavista. Con ella egresaron en 1987, además de Cabello, Jesús María Mantilla Oliveros, actual segundo comandante y Jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, y Jesse Alonso Chacón Escamillo, hoy embajador de Venezuela en Austria y ex ministro de Energía Eléctrica, Relaciones Interiores, Comunicación e Información, entre otras carteras. También lo hicieron figuras como José Gregorio Vielma Mora, ex gobernador del estado Táchira, ex Superintendente del Servicio Nacional de Administración Tributaria (Seniat) y actual vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv, partido de gobierno) para Atender Asuntos Religiosos; y Carlos Alberto Rotandaro Cova, ex ministro de Salud y ex presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), hoy en el exilio y buscado por la justicia venezolana por presuntos casos de corrupción. Todo ese grupo, conocido como los Montilleros a propósito del nombre de la promoción, obtuvo cargos importantes durante la administración de Chávez de la mano de Cabello, quien fue el segundo de su clase.

Aquel paso por la Academia Militar llevó a Sarría a ser, en 1998, escolta de Chávez durante la campaña electoral con rumbo a la presidencia. El equipo de seguridad era coordinado en ese entonces por Cabello.

La conexión de Sarría y Cabello siguió más adelante. Sarría se convirtió en vendedor de seguros y luego en contratista del Estado durante el paso de Cabello por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entre 2000 y 2003, y el Ministerio de Infraestructura, entre 2003 y 2004. Esa relación continuó cuando Cabello fue elegido como gobernador de Miranda (2004-2008). Luego vendrían los negocios internacionales que el testaferro asumiría como propios.

A Sarría se le vincula usualmente con la compra de dos medios de comunicación venezolanos: el circuito radial FM Center, del que, según las versiones, adquirió 40% de las acciones, y el diario El Universal de Caracas, un tradicional periódico estándar fundado en 1909. En ambos casos su representante fue el ingeniero Jesús Abreu Anselmi, un ex funcionario público de gobiernos anteriores al chavismo y asesor empresarial, quien estuvo como director suplente en la emisora y como presidente de la junta directiva en el periódico hasta 2019, cuando cambió de propietarios. Fuentes de la radio negaron que el testaferro haya sido parte de la compañía, aunque sí estuvo interesado en entrar en el negocio. Esta investigación no obtuvo documentos al respecto.

Propietario con ‘P’ de poder

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Sarría y Cabello habían mantenido “una relación comercial ilícita desde al menos 2010”, cuando registraron sociedades y corporaciones en Panamá. Sarría, dice la nota en la que se anunció su sanción, poseía varios inmuebles en Florida, Estados Unidos, que estaban registrados con su nombre.

“En realidad, Sarría actuó como el representante designado de Cabello en la propiedad de estos bienes inmobiliarios. A partir de 2015, continuó administrando múltiples propiedades y arreglos financieros para Cabello, y en 2016 estuvo involucrado en actividades de tráfico de drogas en su nombre. A partir de 2018, Sarría asesora y ayuda a Cabello, y se beneficia de la inversión de su riqueza obtenida de manera corrupta”, añade el boletín de prensa.

El texto emitido por la Ofac detalla las lujosas residencias que tenía el presunto testaferro en Boca Ratón y Pembroke Pines (referencia removida en septiembre), en Florida, además de un apartamento en un moderno edificio de la prestigiosa Park Avenue de Manhattan, en Nueva York.

Las direcciones de las casas de Florida (5599 NW 23rd Avenue en Boca Raton y 9410 NW 14 ST, en Pembroke Pines) son las mismas de empresas que Sarría registró en las últimas dos décadas en Estados Unidos. A la de Boca Ratón, por ejemplo, están vinculadas 11420 Corp. (mayo, 2009) y Noor Plantation Investments LLC (enero, 2010), dos de las tres compañías que fueron incluidas en la lista Ofac desde el 18 de mayo de 2018. Ambas también están en otro domicilio que se repite: 11420 NW 4 Street, Plantation, FL 33325.

Estas dos empresas tienen todavía más elementos en común. Al momento de sus respectivas constituciones, en las dos figuró como agente Incorp Services Inc., un servicio empresarial que desde 1998 opera en Estados Unidos como registrador de empresas. Michael Freeman, empleado de esta, fue el firmante de los documentos. La otra revelación de las actas de fundación de las compañías es que Frank Holder, un consultor de seguridad estadounidense y experto en investigaciones de lavado de dinero, aparece como director.

Holder, especializado en temas de corrupción, fraude y transparencia empresarial, y actual director para Latinoamérica de la firma de consultoría de estrategia Berkeley Research Group (BRG), ha tenido episodios escandalosos en su trayectoria que lo han llevado a separarse, por ejemplo, de FTI Consulting, de donde supuestamente fue despedido por conflictos internos en 2015. Esa empresa supuestamente estuvo al frente de las relaciones públicas de los llamados bolichicos, ex directivos de Derwick Associates como Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López, o del ex tesorero de la nación Alejandro Andrade, condenado a diez años de prisión en Estado Unidos por cargos de corrupción. En reciente publicación de esta serie, Ricardo Fernández Barrueco, el otrora Zar de Mercal caído en desgracia con el chavismo en 2009, admitía haber trabajado con Holder.

Al domicilio de Pembroke Pines están vinculados otros dos negocios de Sarría: Global Tech Group INC (noviembre, 2006) y Nazo Enterprises LLC (enero, 2018). La primera está inactiva, pero la segunda fue reactivada en 2019 tras la sanción. Es la única de Sarría que permanece abierta, aunque con un solo empleado: él como director.

SAI Advisors INC fue la otra empresa de Sarría sancionada en mayo de 2018. Fundada en septiembre de 2009 en Fort Lauderdale, Florida (450 East Las Olas Boulevard, Suite 730), es la única en donde el propio Sarría aparece como firmante, mientras que como directores están Holder y Albino Ferreras Garza, abogado de Sarría y socio senior del bufete venezolano Ferreras & Bello SC.

A nombre de Sarría estuvieron también dos empresas que no fueron incluidas en la lista Ofac por haber estado inactivas previamente: Grober & Vertiz, INC, fundada en agosto de 1993 y cerrada en 2003, que tuvo como domicilio un departamento en la lujosa zona de Brickell, en Miami (1101 Brickell Avenue, Suite 400). Allí, el testaferro fungió como director junto a su hermano Edgar Sarría; su esposa, Mireya Carolina Hidalgo de Sarría, y Jorge Martínez. Con esa misma dirección fue registrada Globalcorp Investment, INC en agosto de 2002.

El mismo año de la fundación de Grober & Vertiz, Sarría registró en Curazao la empresa Globco Group Finance N.V., con un capital de 6 .000 dólares. Lo hizo junto a Carlos E. Santaella, un consultor financiero vinculado a compañías bancarias y de seguros ‑quien en 2012 fue director legal de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg)‑ y Salvador Itriago. De toda la operación de apertura se encargó la arubana EuroTrust International N.V., que estaba dentro de la junta directiva y apareció vinculada a 114 entidades citadas en la investigación Paradise Papers del ICIJ. Globco, de acuerdo con documentos consultados del Registro Comercial de Curazao, dejó de estar activa en 2008 y finalmente fue disuelta en marzo de 2020.

El nombre de Mireya Hidalgo, esposa de Sarría, aparece relacionado en Venezuela a la Asociación Cooperativa Embelleciendo Marín CA, creada para labores de limpieza y mantenimiento de edificaciones y áreas verdes y con sede en el barrio Marín de la parroquia San Agustín, en Caracas. La empresa fue inscrita en el Registro Nacional de Contratistas en septiembre de 2011 y actualmente está inhabilitada para realizar contrataciones con el Estado.

Desde julio de 2018, la esposa de Rafael Sarría es la gerente de SCI 3, empresa ubicada en París, Francia, con un capital de 320.000 euros.

A Sarría también le fueron registradas dos viviendas en Madrid, España: una en La Moraleja, urbanización en la zona norte de la ciudad, considerada una de las más seguras y con mayor renta per cápita de toda la nación, y otra en Mirasierra, al noroeste de la capital española, en una calle ciega y discreta rodeada de pinos.

En Venezuela, su casa está en Valle Arriba, en el municipio Baruta de Miranda, en una calle ciega de un barrio de viviendas ostentosas rodeadas de altos muros que protegen sus jardines y patios con piscina. Todas las casas de Sarría, de acuerdo con Estados Unidos, fueron adquiridas entre 2010 y 2015 con dinero proveniente de la corrupción.

El 25 de septiembre de 2018, Edgar Sarría Díaz fue sancionado por el Departamento del Tesoro junto a la primera dama de la república, Cilia Flores; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez y el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Allí también se mencionó al piloto José Omar Paredes, un empleado de la Agencia de Vehículos Especiales Rurales y Urbanos (Averuca CA), empresa venezolana de Rafael Sarría ubicada en la urbanización Las Mercedes de Caracas (Calle Paris, Torre Global, Piso 5), que también fue agregada a la lista Ofac ese día, así como el jet privado Gulfstream G200 (siglas N488RC) que estaba a nombre de esta, valorado en al menos cuatro millones de dólares. Quiana Trading Limited, otro de los negocios del testaferro en un paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas, fue igualmente ingresado al listado.

Una década atrás, Edgar Sarría había abierto en Estados Unidos un par de empresas: Corposeguros International INC (mayo, 2009), que cesó al año siguiente y que tenía en su junta directiva a su hermana, María Isabel Sarría Díaz, y Corposeguros USA INC. (enero, 2010), inactiva desde 2011. Las dos estaban domiciliadas en Coral Gables (153 Sevilla Avenue), Florida y el firmante, al momento de su apertura, fue nuevamente Michael Freeman.

En esa misma época, una de las empresas de Édgar Sarría fue intervenida por el Estado venezolano. Se trató de Globalcorp Casa de Bolsa C.A, a la que se le abrió una investigación administrativa a finales de 2009 y, meses después, en abril de 2010, fue obligada a cesar sus operaciones por mandato de la Comisión Nacional de Valores. Ramón Ramos Acevedo, nombrado como liquidador de otras casas de bolsa como Banvalor, Venevalores, Intertrust y Caja Ibérica de Valores, fue designado como el interventor de esta.

La razón de la sanción, según se explica en la Gaceta 39374 del 25 de febrero de 2010, Globalcorp no tenía actualizados los registros mínimos de información y archivo de cada uno de sus clientes. La resolución que anuncia su intervención indica, en cambio, que el motivo principal es la “situación crítica de la entidad”, por la cual podría incumplir sus obligaciones como corredor de títulos valores y producir desajustes en el sistema de mercado de capitales, provocando violaciones a la ley. Lo cierto es que fue parte de la razzia llevada a cabo por el régimen chavista ese año contra todo el sector bursátil.

Hoy, Rafael Sarría vive en Madrid, donde las sanciones parecen no haberle tocado. En su residencia de Caracas no hay señales de él. La oficina de Averuca, en la urbanización Las Mercedes, sí se mantiene activa. Allí se entregó una petición de comentarios para este reportaje el 28 de agosto y no se obtuvo respuesta.

Internacionalistas coinciden en que los candidatos a la presidencia, Donald Trump y Joe Biden no bajarán el tono frente a la administración venezolana  

Manifestaron que el voto de los venezolanos en suelo americano tendrá poca incidencia en los resultados de las elecciones de este 3 de noviembre 

@franzambranor 

El martes, 3 de noviembre tendrán lugar los comicios presidenciales en los Estados Unidos. El actual mandatario, Donald Trump, busca la reelección por el partido republicano, mientras que el candidato Joe Biden será la ficha que usen los demócratas.

Desde el gobierno de Barack Obama, la administración estadounidense ha aplicado una política de sanciones al gobierno de Maduro. En 2015, Obama firmó una orden ejecutiva en la que declaraba “una emergencia nacional por la amenaza extraordinaria e inusual que representa Venezuela”.

Desde entonces, a Maduro y sus acólitos le han caído una lluvia de sanciones provenientes del Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado que han perjudicado a 78 funcionarios, más de 150 empresas y revocado la visa estadounidense a 718 personas. 

Trump ha ido más allá de las sanciones a individuos y emprendió una especie de cerco económico que comenzó con la congelación de 7 mil millones de dólares en activos de Cisco, parte de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en suelo norteamericano.

Aunque el discurso oficialista se basa en recalcar que las sanciones son culpables de la hecatombe económica en Venezuela, un estudio de la institución Brookings y la Universidad de Harvard determinó que “al analizar varios resultados socioeconómicos en Venezuela a lo largo del tiempo, se observa claramente que el peso del deterioro de las condiciones de vida ocurrió mucho antes de que las sanciones fueran aplicadas”. 

Trump ha ganado adeptos entre sectores de la comunidad venezolana, incluyendo aquellos que abogan por una intervención armada. El republicano ha tenido un discurso frontal contra Maduro, llamándole dictador y violador de derechos humanos. 

Ante el inminente proceso electoral en Estados Unidos, los venezolanos se preguntan qué candidato será más conveniente para continuar luchando por la restitución de la democracia en Venezuela.

En Runrunes consultamos a los internacionalistas Mariano de Alba, Elsa Cardozo y Félix Arellano en procura de conseguir una referencia sobre la influencia de la política internacional estadounidense en el curso del futuro político de Venezuela. 

¿A la lucha por rescatar la democracia en Venezuela le conviene que siga Trump o gane Biden en las venideras elecciones en Estados Unidos?

Mariano de Alba: Es difícil dar una respuesta sencilla. En términos de presión internacional y especialmente medidas coercitivas que hagan más difícil el desenvolvimiento del régimen de Maduro, pienso que será difícil igualar lo que ha hecho el gobierno de Donald Trump. Quien considere que es con más medidas de ese tipo que se va a lograr una eventual recuperación de la democracia, entonces tiene sentido que se decante por una continuación del gobierno de Trump. Con Biden en la Casa Blanca, si bien a grandes rasgos es posible que el nivel de sanciones se mantenga, creo que los venezolanos podrían esperar que sea más probable una mayor coordinación internacional entre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos sobre cómo responder a la crisis en Venezuela, especialmente en un momento donde no hay consenso y distintos países están siguiendo estrategias distintas. Asimismo, es más probable que con Biden haya un intento de utilizar las sanciones ya impuestas para presionar por una negociación en Venezuela, donde el eventual levantamiento de esas sanciones sería utilizado como una herramienta negociadora.

Elsa Cardozo: Visto desde Estados Unidos, su política hacia Venezuela se mantendría en lo esencial del compromiso con nuestra causa democrática. Pesan las coincidencias bipartidistas en torno a cuestiones de principios y geopolítica. Pueden y creo que deberían cambiar algunas estrategias y ajustarse algunos medios buscando más coordinación con Europa, a lo que Biden muestra más disposición, mientras que con Trump nunca se sabe.

Félix Arellano: Tanto el partido republicano como el demócrata han mostrado interés por el caso venezolano. Pareciera que a la gente se le olvidó la gira de Juan Guaidó por los Estados Unidos donde fue ovacionado de pie por representantes de ambos partidos en el Discurso de la Unión de Trump. Obviamente ambos partidos tienen estilos diferentes, Trump ha creado una expectativa en torno a un cambio inminente en Venezuela. De ganar el candidato a la reelección esperemos que siga con atención la fragilidad democrática en Venezuela. Considero que tanto Trump como Biden seguirán aplicando su política de sanciones, tal vez este primero con un estilo más confrontacional. Otro aspecto interesante es que Trump prestó ninguna o poca atención a los esfuerzos hechos por restablecer el diálogo en Venezuela a través de Noruega.

Trump ha vinculado el partido demócrata con el socialismo. Tanto así que recientemente dijo que Estados Unidos corría el riesgo de convertirse en una Venezuela a gran escala si ganaba Biden. ¿Tiene algo de sentido esa apreciación?

MDA: La apreciación es inexacta y exagerada. Por un lado, es cierto que en los últimos años han ido ganando relevancia militantes del partido demócrata que se identifican con las políticas públicas del modelo nórdico o escandinavo. Desde hace tiempo existen esas tendencias, como por ejemplo la sostenida por el senador por Vermont, Bernie Sanders, quien ha sido congresista desde el año 1991. Sin embargo, Biden y su equipo representan el grupo centrista dentro del partido y el socialismo que promueve elementos minoritarios de los demócratas, como Alexandra Ocasio-Cortez, se parece más al modelo escandinavo y no al socialismo venezolano.

EC: No tiene sentido comparar a los demócratas con los socialistas que Trump tiene en mente, que no son precisamente socialdemócratas ni respetuosos del estado de derecho ni de las instituciones de la democracia. Sin pretender restar influencia a los apoyos internacionales a la causa democrática, creo que lo fundamental  depende de lo que hagamos los venezolanos en organización y estrategia, cuyos ajustes ante los desafíos inmediatos han estado siendo anunciados.

FA: Eso forma parte de lo que el mismo Trump llama Fake News, experiencias pasadas nos demuestran que presidentes demócratas como John Kennedy, Bill Clinton y Barack Obama no aplicaron una política socialista o comunista en sus respectivos gobiernos. Quizás Trump lleve a cabo esa estrategia para exprimir al máximo la animadversión de los latinos contra las administraciones de los Castro en Cuba, de Maduro en Venezuela y Noriega en Nicaragua.

¿Qué tan importante es el voto venezolano en esas elecciones? Muchos venezolanos apoyan a Trump, especialmente en Florida porque promete restablecer la democracia en Venezuela.

MDA: Es poco importante, inclusive en un estado como Florida, el cual es clave para hacerse con la presidencia, ya que la carrera siempre está bastante cerrada. Los venezolanos forman un pequeño grupo dentro del voto latino en Florida, el cual está liderado por personas de origen cubano, dominicano, colombiano y puertorriqueño. Sin embargo, el apoyo venezolano a Trump es significativo. Desde que Venezuela entró en una senda dictatorial con la imposición fraudulenta de la asamblea nacional constituyente, el gobierno de Estados Unidos ha tomado distintas medidas para aumentar la presión y hacer más difícil que Maduro gobierne, sumado esto a una fuerte retórica que ha incluido tratar de generar la expectativa de la inminencia de una intervención militar. Pero el restablecimiento de la democracia en Venezuela sigue dependiendo en buena medida de la organización y coordinación entre los propios venezolanos.

EC: La verdad es que no conozco la proporción de los apoyos venezolanos a Trump y a Biden, pero sí la fantasía de la acción exterior decisiva que aunque descartada en dichos y hechos por su administración, acompaña a los más extremistas seguidores del candidato a la reelección. A eso hay que sumarle la fantasía de que Biden favorecería la continuidad del régimen venezolano.

FA: El voto venezolano no va ser determinante en esta elección, por supuesto que tiene alguna incidencia especialmente en el sector cubano que ven similitudes entre el castrismo y el chavismo, pero el voto verdaderamente importante es el mexicano y el centroamericano, sectores que tienen sus propios problemas, son la comunidad más gruesa dentro de los Estados Unidos y no están muy al tanto de lo que ocurre en sudamérica.

La pandemia y la situación país están haciendo que muchos niños se salten situaciones que son muy importantes para su aprendizaje y desarrollo 

La comunicación directa y fluida con los docentes facilitará el trabajo de los padres

Aunque el aprendizaje en esta etapa se puede adquirir desde la casa, los padres necesitan guías y acompañamiento profesional

@Yeannalyfermin

Mariana Martínez tiene dos hijos que están por comenzar el primer nivel de educación inicial, o preescolar -como también se le conoce- en una escuela pública en Catia. Martínez realizó la inscripción de sus morochos el pasado 16 de septiembre y desde entonces, la que será la maestra y guía de sus hijos se ha comunicado con ella en un par de ocasiones para informarle que los docentes están de paro y que mientras las condiciones para los ellos no cambien, no van a iniciar sus actividades. 

Mariana afirma que le da un poco de temor el inicio de este nuevo año escolar porque no cuenta con las herramientas tecnológicas adecuadas, y también porque no dispone de mucho tiempo, trabaja desde muy temprano hasta altas horas de la noche como distribuidora de frutas y verduras en varios mercados de Caracas. 

Sin embargo, Martinez le coloca tareas a su hija y le va enseñando poco a poco lo propio para su edad. “Es muy difícil cuando no cuentas con la ayuda de un familiar, ya no tienes el preescolar para que aprenda y no tienes mucha paciencia”, afirmó. 

Una base fundamental

La educación inicial es el primer peldaño en la escolarización de los niños y niñas. Este primer contacto con el mundo de las letras, los números, colores y formas, es clave y obligatorio debido a que facilitan un sinfín de herramientas que serán necesarias para la etapa de educación básica. Sin embargo, la mayoría de los niños venezolanos que estudian en colegios públicos no han empezado clases ni siquiera a distancia.

La psicóloga infantil y escolar, Carmen Chilina León explicó que es en esta etapa donde se construyen las bases del desarrollo y aprendizaje en todo niño. “Hay cuatro grandes líneas a evaluar en esta etapa. Primero, cómo se mueve, su desarrollo físico y motor. Segundo, cómo se comporta, su desarrollo afectivo, social, moral y lenguaje. Tercero, cómo se comunica, desarrollo del lenguaje y cognitivo. Cuarto, cómo juega, donde pone en acción sus logros de desarrollo cognitivo”.

León considera que las cuatro dimensiones antes descritas cambian todas juntas y muy rápido, por lo que día a día se puede ver cuánto aprenden en la etapa inicial.

“En estos años se aprende todo lo que hace falta en la vida. Explorar el entorno, compartir, comunicarse, tolerar la frustración y controlar las emociones”, dijo León. 

Omisiones graves

La licenciada en educación pedagógica, Elizabeth Fernández, afirmó que debido a la pandemia y la situación país, muchos niños se están saltando situaciones que son muy importantes para el aprendizaje y desarrollo de los infantes. 

“Los niños necesitan de otros niños para aprender. Se aprende más rápido con tus iguales que con los adultos. El niño se está perdiendo el tiempo de compartir, se está perdiendo el arraigo con la maestra, el momento de sentirse grupo, de sentir pertenencia. Con esto estamos criando un niño aislado que en el futuro le va a costar trabajar en grupo porque va a preferir hacer sus tareas solo”, explicó. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó en el mes de julio que los jardines de infancia y las guarderías son esenciales para que el niño tenga protección, afecto, estimulación y nutrición mientras desarrolla sus habilidades sociales, emocionales y cognoscitivas.

Trabajo en equipo

Juan Carlos Carrillo se define como ingeniero de profesión y padre de Sebastián por vocación. Desde que la madre del pequeño emigró a España en busca de mejores oportunidades en 2018, él ha cuidado del pequeño en todos los aspectos. Afirmó que aunque ha sido un reto, ha sabido manejar la situación y hasta los momentos ha logrado salir airoso. 

Juan Carlos comentó que se está estrenando en todo esto de la educación inicial y ahora con la complejidad de que es a distancia. “Me siento muy raro, a veces siento que no manejo la situación porque no tengo la pedagogía que requiere Sebastián, pero con la ayuda de las maestras hemos logrado avanzar”, dijo Carrillo. 

Sobre este punto, Chilina León afirmó que, aunque el aprendizaje en esta etapa se puede adquirir desde la casa, los padres necesitan guías y acompañamiento profesional.

“Hay algunas instituciones que lo están haciendo muy bien. Comparten con los papás su planificación, dejan claros los objetivos a lograr y combinan actividades síncronas y asíncronas que incluyen sesiones sociales, como celebrar cumpleaños y jugar bingo”, dijo la psicóloga escolar. 

León reiteró que los maestros están obligados a ordenar mejor su planificación para poder compartirla con los padres y que estos observen y reconozcan las habilidades y fortalezas de sus hijos. 

“Hay que hacer un equipo ganador para que los estudiantes de educación inicial, pues su desarrollo no puede esperar por la vacuna y hay que minimizar el inevitable rezago escolar que quedará de esta medida de contingencia”, afirmó Carmen Chilina León.

La licenciada Elizabeth Fernández afirmó que es importante que los niños estén bien consigo mismo para que el aprendizaje sea óptimo. “Si un niño ve que sus padres están angustiados o ansiosos por la situación económica, será un niño que no va a aprender”. 

Chilina León recomendó que en este momento lo más importante es que los padres mantengan una comunicación clara y directa con los maestros, que la escuela comparta sus planes e informe a los padres y que estos, a su vez, sepan cómo monitorear el desempeño de sus hijos. 

A juicio de León, la escuela debe dosificar las actividades e incluir el componente lúdico y recreativo -para que los niños no pasen tanto tiempo frente a la computadora- respetando siempre las horas de descanso, alimentación y aseo personal. 

Un gran reto

Para la coordinadora de la mención integral y preescolar de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Ana Díaz, la escuela pasó de estar en manos de instituciones educativas a trasladarse al hogar, y entender ese proceso, ha sido complejo y se ha convertido en un gran reto para muchos. 

“La escuela se desdibujó de sus espacios institucionales para ahora ser una escuela plural que está en cada uno de los hogares. Ahora más que nunca es una responsabilidad que se asume más en el hogar y en los adultos responsables de la crianza de los niños”, dijo.

Astrid Pérez Bastidas es periodista, profesora y madre de una niña de cuatro años que acaba de iniciar el primer nivel de educación inicial en un colegio privado en El Paraíso.

Para Astrid todo esto es nuevo. Afirmó que aún no tiene una rutina establecida porque tanto ella, como su esposo trabajan en varios proyectos y es poco el tiempo libre que les queda para planificar. Sobre la metodología que está usando el colegio de su hija dice que ha estado a la altura de la situación. 

“En el colegio abrieron un aula virtual en Drive (una herramienta de Google) que va a ser el canal de comunicación oficial entre los estudiantes y los profesores. La maestra todos los días sube al aula virtual las asignaciones y los padres, junto con los niños, tienen que hacer las tareas que se le asignen y en la medida que se vaya avanzando hay que marcarlo con un check en la plataforma”, explicó Pérez.

Astrid Pérez afirma que hasta ahora, las actividades que han mandado son sencillas, muy mínimas. “Yo me imagino que están procurando el proceso de adaptación porque es muy complicado mantener la atención de un chamo de 4 años a ver 6 horas de clases frente a un dispositivo móvil”, dijo.

Sin embargo, a Pérez le preocupa el hecho de que su hija demanda más de lo que recibe en las clases online, pero tiene fe de que la complejidad de las clases aumente paulatinamente y se trate solo de un proceso de adaptación. 

“La escuela está presente en cada espacio y en cada hogar y eso implica hacer ajustes si se tienen los recursos tecnológicos. Las clases online son viables siempre y cuando se tomen en cuenta factores como la edad y el lugar donde se haga el estudio”, afirmó Ana Díaz. 

La coordinadora de la mención educación integral y preescolar de la Católica explicó que es necesario que se establezca un horario para realizar las actividades detrás de un computador. 

“Debe haber un balance y un equilibrio entre aquellas rutinas de exposición a lo escolar y lo académico, y aquellas rutinas de exposición al juego, a la recreación, al descanso y a la atención de sus necesidades básicas”, dijo.

Educación pública con fallas

Katiuska Rodríguez es licenciada en educación inicial con una maestría en ciencias de la educación. Trabaja para dos colegios públicos en Casalta y Propatria y afirma que actualmente la educación inicial presenta una gran debilidad.

“El Ministerio de Educación presenta muchísimas fallas. Hasta ahora no nos ha dado una inducción sobre cómo vamos a trabajar y eso es grave. Sin embargo, yo como docente me manejo con videos, videollamadas, notas de voz y llamadas normales para poder brindarle a mis alumnos sus clases al día, sin olvidar que muchos no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias”.

Rodríguez comenta que en las barriadas la situación con la educación es mucho peor de lo que se piensa. “No es fácil trabajar a nivel público y mucho menos con niños vulnerables porque te tienes que enfrentar con abuelos que cuidan de niños, familias disfuncionales, madres que tienen que salir a trabajar y dejar a los niños solos, desnutrición que no tengan agua, que no tengan luz, comida..”, dijo Rodríguez. 

Una investigación realizada por la Federación Venezolana de Maestros (FVM) con la Fundación Para el Desarrollo Integral del Docente, la UCV y la Hanns Seidel, sobre el “Impacto del Coronavirus en Venezuela”, señaló que sólo 10 % de los alumnos encuestados reportó que tiene una conexión estable a internet; 67 % no dispone de recursos materiales para el trabajo en casa y 94 % de los docentes opina que la mayoría no tienen buen servicio de electricidad, ni capacitación digital para cumplir con la instrucción del programa Cada familia una escuela y que 92 % de las familias, estudiantes y padres no tienen servicios de electricidad, internet, computadoras, ni capacitación digital.

A los problemas de luz, agua, internet y gasolina, se le suma el paro activo que mantienen docentes y profesores de instituciones públicas de todo el país para exigir reivindicaciones laborales y mejores condiciones para el inicio del nuevo año escolar. 

La docente Katiuska Rodríguez por sus estudios y por dar clases en dos colegios gana 1.200.000 bolívares mensuales, unos 2,6 dólares aproximadamente. Ella afirma que para poder sobrevivir confecciona ropa, restaura cosas dañadas y da clases particulares, pero no olvida que siempre será, a pesar de las malas condiciones, la docente que  le gusta sacar a los niños adelante porque son el futuro del país, sin importar las condiciones. 

“Cuando salimos a protestar y defender nuestros derechos los colectivos nos tratan como delincuentes, como cucarachas. El gobierno no nos escucha”, dijo. 

Más sobre este tema:

Año escolar 2020-21 abre la brecha entre los que pueden conectarse a internet y los que no

Leer más