RRPlus - Runrun

RRPLUS

Un video difundido en las redes sociales muestra la instalación deportiva, que hasta tiene grama artificial. En Google Maps se pudo corroborar que el estadio se encuentra en la zona norte del Centro Penitenciario de Aragua. En la pared de los jardines del campo de juego se lee el nombre de la megabanda

Fotos/Vídeo: Google Maps / Cortesía

La mañana de este miércoles, 14 de abril, un video se difundió a través de las redes sociales, en el cual se observa un estadio de béisbol con un letrero que dice “Tren de Aragua”. La instalación deportiva está ubicada en la cárcel de Tocorón, centro de operaciones de la poderosa megabanda dirigida por el pran Héctor “Niño” Guerrero.

En el vídeo no se especifica fecha, ni hora de la grabación. Sin embargo, se evidencia que las tomas se hicieron en la noche y que el lugar cuenta con un sofisticado sistema de iluminación, que no parece tener nada que envidiarle al Estadio Universitario de Caracas.

En el audiovisual se escucha a una persona diciendo: “Mira ve, la casa de los príncipes. Para que veas, papá, puros juegos de noche. ¿Te gusta así? Mira el estadio, papá. No hay manera, que se vengan las apuestas buenas. En la casa, papá, tú sabes. ¿Te gusta así?”.

Aunque en el video no se menciona el lugar donde se encuentran las instalaciones deportivas, funcionarios de seguridad y familiares de algunos reclusos del Centro Penitenciario de Aragua confirmaron a la Alianza Rebelde Investiga (ARI), este 14 de abril, que el estadio de béisbol está dentro de las instalaciones del recinto carcelario, también conocido como Tocorón.

“Este espacio se utilizaba anteriormente para la práctica de softbol y luego fue reacondicionado por esta organización delictiva (Tren de Aragua)”, señalaron funcionarios de cuerpos de seguridad consultados, quienes pidieron proteger sus identidades.

Se sabía de la existencia de un campo de softbol dentro del penal de Tocorón, desde hace al menos cinco años por trabajos periodísticos y mapas de Google. Pero un funcionario de la Policía de Aragua confirmó que en los últimos meses esa instalación deportiva había sido remodelada para ser convertida en un estadio de beisbol.

“Le colocaron hasta grama artificial”, dijo el efectivo.

El proyecto del estadio que se desarrollaba dentro del penal era un secreto a voces entre los habitantes de Maracay, capital del estado Aragua, pues el traslado e ingresos de materiales hacia la cárcel era notorio.

Los familiares de algunos presos consultados comentaron que estas instalaciones no están disponibles para todos los reclusos del Centro Penitenciario de Aragua. Solo las pueden usar aquellos reos que tienen ciertas jerarquías dentro del grupo delictivo que controla la cárcel.

El Tren de Aragua es actualmente el grupo criminal más poderoso de Venezuela. Tiene operaciones en, al menos, 10 estados del país: Aragua, Miranda, Carabobo, Sucre, Bolívar, Táchira, Guárico, Trujillo, Lara y Zulia.

Además se ha demostrado que hay presencia de sus miembros en cinco países de América Latina que son: Colombia, Perú, Brasil, Chile y Ecuador.

Mediante búsquedas en la plataforma Google Maps se pudo corroborar que este estadio que se ve en el video se encuentra en la zona norte del Centro Penitenciario de Tocorón. Adicional a esto, se observan otras instalaciones deportivas dentro del complejo carcelario.

ARI intentó hacer contacto con las autoridades de la cárcel de Tocorón y del Ministerio de Asuntos Penitenciarios para validar la información; sin embargo, no fue posible establecer comunicación.

Economía hundida y coronavirus: las aseguradoras sobre un piso endeble
En 2020 el sector sufrió pérdidas técnicas equivalentes a 138 millones de dólares. El mercado se achicó por el cierre de empresas, el empobrecimiento de las familias y la competencia de compañías extranjeras

 

@vsalmeron

 

Las empresas de seguros se mantienen a flote a pesar del empobrecimiento de la mayoría de las familias, compañías extranjeras que les arrebatan clientes y regulaciones que agravan la fragilidad; pero el piso se torna más endeble por el impacto de la cobertura a pacientes afectados por el coronavirus y la persistencia de la hiperinflación.

Un termómetro que desnuda el desequilibrio es que el pago que hacen los clientes cuando compran sus pólizas, técnicamente conocido como primas, no es suficiente para soportar el costo de los siniestros, los gastos de funcionamiento y las comisiones de los corredores. Cuando esto ocurre, las aseguradoras sufren pérdidas técnicas, es decir, la actividad medular del negocio reporta cifras rojas. 

Datos de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora indican que en 2020, tomando en cuenta el tipo de cambio oficial al cierre de diciembre, el sector acumuló pérdidas técnicas por 153 billones de bolívares equivalentes a 138 millones de dólares.

Una cascada de eventos desafortunados impacta al negocio. Tras siete años de recesión y tres años en hiperinflación el mercado se achicó violentamente por el cierre de empresas, el empobrecimiento de la clase media, la emigración de cinco millones de personas y el desplome en la venta de vehículos.

Gustavo Mendoza, corredor de seguros, explica que “las tres cuartas partes de mis clientes dejó de renovar su póliza de salud y en automóviles, aparte de que caen las renovaciones, prácticamente no hay nuevos vehículos para asegurar. La clase media se empobreció y ahora el seguro es un lujo”.

El desembarco

El negocio de las aseguradoras se sustenta en que no todos los que compran una póliza sufrirán la enfermedad, el incendio, el choque de su vehículo o la calamidad sobre la cual se protegen y en que la protección, a la hora de un evento, será efectiva.

Pero solo en 2018 la inflación fue de 65.374% y el costo de las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, se disparó como nunca antes y la cobertura de las pólizas prácticamente desapareció.

En este entorno, empresas extranjeras como Best Doctors, Vumi o World Medic Assist detectaron una oportunidad y ofertaron pólizas en dólares en el área de salud y rápidamente se apoderaron de una tajada del mercado.

Las pólizas en dólares, por estar en una moneda estable, mantienen en mejor medida su cobertura a pesar de la hiperinflación. A finales de 2019 las autoridades permitieron que las aseguradoras en el país ofertaran productos en divisas, pero ya habían perdido buena parte de la clientela con altos ingresos.

María Bouffard, presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, no menciona empresas en específico pero indica que “parte de la clientela buscaba migrar a pólizas en moneda dura e ingresaron empresas ilegales en el área de salud que tomaron buena parte del mercado”.

“Son ilegales porque no están autorizadas a operar en el país, no se rigen por los requisitos que exige la ley, no constituyen reservas con los requisitos que se exigen en Venezuela. En algunos casos las pólizas no las vende la casa matriz sino una compañía off shore en Bermudas o Islas Caimán”, añade María Bouffard.

Pandemia y clínicas

Para competir en el área de salud las aseguradoras con sede en Venezuela ofrecen facilidades como el pago fraccionado de la prima en doce meses, sin intereses, pero el coronavirus es un nuevo factor en la lista de inconvenientes.

“Por responsabilidad social las aseguradoras están dando cobertura a pacientes con Covid, esto no está previsto en las pólizas. Hay que tener en cuenta que el impacto de las epidemias es muy difícil de medir porque no sabes cuánto va a durar, a cuántos de tus clientes va a afectar y la gravedad que tendrán”, dice María Bouffard.

“Las aseguradoras están utilizando la prima de otros riesgos para darle cobertura al Covid, pero tienen que responder por todos los siniestros, entonces financieramente están poniendo en riesgo su patrimonio y su capital”, explica María Bouffard.

La Superintendencia emitió una resolución donde establece que los pacientes afectados por el coronavirus tienen derecho a una cobertura en petros que, de acuerdo a los valores del Banco Central, equivale a un mínimo de 562 dólares y un máximo de 23.641 dólares.

“Hay clínicas cuyos costos se ajustan a la regulación, pero hay otras donde en las dos últimas semanas de marzo sus costos aumentaron 100% en dólares”, dice María Bouffard.

Entre los desajustes de la economía destaca que los precios aumentan velozmente y la cotización del dólar se eleva a un ritmo más lento, entonces hacen falta más dólares para comprar las mismas cosas. Ecoanalítica precisa que lo que en enero de 2019 se compraba con 100 dólares hoy cuesta 223 dólares.

Si bien existe este desajuste, María Bouffard señala que ha habido aumentos desmedidos en los costos de algunas clínicas. “Cada sector debe hacer un acto de contrición, la pandemia no se puede convertir en un motivo de enriquecimiento. Hay costos que tienes que cubrir, pero hay cosas exageradas”.

“Debe haber un acto de responsabilidad social como lo ha hecho el sector asegurador. La población asegurada es pequeña ¿Y el que no tiene seguro? Tienes el sistema público de salud abarrotado y un sistema privado que la mayoría de la gente no puede pagar”, agrega María Bouffard.

Ganancias concentradas

Las aseguradoras disminuyen sus riesgos a través de empresas conocidas como reaseguradoras. Básicamente la empresa de seguros suscribe un contrato para que la reaseguradora asuma parte o la totalidad de un posible siniestro.

Por recibir parte del negocio las reaseguradoras pagan comisiones a las empresas de seguros y si obtienen beneficios, hay contratos que también contemplan la transferencia de una fracción de las utilidades. De esta forma, el reaseguro puede ser una fuente de ingresos para las aseguradoras.

Gracias a estos ingresos, a las posiciones en divisas que impactan positivamente el balance cuando el Banco Central ajusta el tipo de cambio y a determinadas inversiones, las cifras oficiales indican que en 2020 las aseguradoras acumularon ganancias equivalentes a 21 millones 553 mil dólares.

Aparte de que las ganancias no provienen de la actividad fundamental, están concentradas en pocas manos. Seguros Caroní, Seguros Corporativos, Seguros Caracas y Mapfre contabilizan 88% de los beneficios y 36 empresas se reparten el resto.

En las primas también hay una fuerte concentración. Mercantil, Caracas, Universitas, Pirámide, Oceánica, Mapfre, Hispana, Estar, Constitución y Atrio contabilizan 90,3% de las primas cobradas en 2020.

Reservas diluidas

Cada vez que las aseguradoras reciben el pago de sus clientes por las primas colocan una fracción del dinero en un fondo de reservas para enfrentar contingencias, pero las normas y la hiperinflación evaporan el dinero.

En medio de la inflación más alta de la historia las aseguradoras están obligadas a mantener la mitad de las reservas en bolívares y depositarlos en la banca, donde obtienen un rendimiento exiguo. 

El resto de las reservas puede invertirse colocando no menos de 30% en bonos y no más de 20% en inmuebles. María Bouffard explica que “hemos solicitado que se nos permita colocar parte de las reservas en dólares y se disminuya la porción que obligatoriamente debe estar en los bancos”.

Hasta 2018 las inversiones en bonos de Pdvsa o de la República en divisas eran una opción atractiva para la colocación de las reservas, pero la administración de Nicolás Maduro dejó de pagar la deuda y la mayoría de los títulos están en default.

Impuestos pesados

El cerco regulatorio también incluye una larga lista de impuestos y contribuciones. Las compañías de seguros le entregan a un fondo para el sistema de salud pública entre 1% y 3% del monto de las primas de las pólizas de salud y entre 1,5% y 2,5% de las primas cobradas para el funcionamiento de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.

Además 10% del resultado técnico obtenido en los ramos que cubren riesgos catastróficos debe aportarse a un fondo especial y existen 18 impuestos previstos en la Ley de Impuestos Sobre la Renta, Ley de los Cuerpos de Bomberos y Ley Orgánica de Drogas, entre otras.

El 30 de diciembre de 2015 Nicolás Maduro firmó el decreto que modificó la ley que regula a los seguros. Básicamente aumentó la carga de los impuestos, restringió el margen de libertad para invertir las reservas e incrementó el control de la Superintendencia.

La exposición de motivos de la ley sancionada por Nicolás Maduro indica que “la actividad aseguradora en Venezuela en los últimos treinta años ha sido parte de la estrategia implementada en América Latina por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales supeditados al imperio norteamericano consistentes en generar mecanismos de privatización para debilitar las facultades del Estado y favorecer los intereses privados de trasnacionales”.

Por ahora el sector ha logrado surfear la mayor crisis económica en la historia contemporánea de Venezuela. 

Morir en casa por COVID-19: el peor escenario
Algunas de las personas que fallecen por coronavirus en su hogar no consiguen cupo en hospitales, clínicas y CDI
Para retirar un cadáver de un domicilio es necesario contar un certificado de defunción expedido por un médico 
Solo servicios velatorios autorizados por el gobierno pueden recoger en casas cuerpos de muertos por COVID-19

@franzambranor

 

Cuatro días en la morgue de Bello Monte pasó el cadáver del esposo de Sandra* antes que esta pudiera cremarlo en el Cementerio General del Sur. Todo comenzó con una gripe que en pocos días pasó a una fiebre de 42 grados que no le bajaba con nada, eso encendió las alarmas ese jueves en la noche. Sandra buscó ayuda en hospitales centinelas y CDI y no la consiguió. A los que asistió le dijeron que no podían recibirlo. “En cada sitio que fuimos no encontrábamos la manera de hacerle pruebas ni que pudieran examinarlo para poder saber qué hacer, nunca le hicieron el test del COVID-19”, dijo Sandra. 

Con mucha impotencia y miedo, a Sandra no le quedó otra que quedarse en casa suministrando a su esposo infusiones e inhalaciones con eucalipto. 

Cuatro días después falleció. “Era un hombre de apenas 52 años, no tenía enfermedad preexistente, pero si era una persona con sobrepeso”.

Sandra sentenció que dentro de toda la tragedia que significó perder al padre de sus dos hijos, el procedimiento fluyó. “La misma noche que murió fueron a la casa miembros de Protección Civil, luego se presentó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que me explicó el procedimiento, el cual consistía en esperar a los trabajadores del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). El cuerpo lo vinieron a buscar al mediodía del día siguiente”.

“Hubo personas que me dijeron que había tenido suerte, porque conocían a familiares que esperaban hasta veinte días para que les entregaran el cadáver. La misma gente del Cementerio General del Sur estaba sorprendida”, añadió Sandra.

El único dinero que debió desembolsar Sandra fueron 20 dólares por concepto de la caja donde reposan las cenizas de su esposo. “Para mi eso fue mucho porque no tenía como costearlo, pero escuchando todo lo que conversaban las demás personas, creo que quejarme está de más. Corrimos con suerte de cruzarnos con personas de buen corazón tras la muerte de mi esposo, pero cuando estábamos peregrinando para que lo atendieran fue rudo, nos sentíamos con mucho miedo y abandonados”.

Una cruz a cuestas 

La madre de Carlos Guerrra no murió de COVID-19, pero igual tuvo que someterse a un largo peregrinar para conseguir tratamiento domiciliario y posteriormente efectuar la cremación en Caracas. Por tratarse de una enfermedad bronco respiratoria, Carlos se vio obligado a buscar oxígeno para su mamá. “La situación fue desesperante, el ‘no hay’, ‘estamos colapsados’ y ‘no podemos atenderla’ fue la constante”.

Finalmente consiguieron oxígeno, pero la saturación no subió a los niveles requeridos por lo que le indicaron una serie de exámenes que lamentablemente no pudo practicarse a tiempo porque muchos laboratorios estaban preparándose para el asueto de Semana Santa.

La mamá de Carlos murió en su hogar la madrugada del martes 30 de marzo. Una funeraria en El Rosal fue a recogerla la tarde de ese día y no fue sino hasta el domingo 4 de abril que pudieron cremarla. 

Carlos indicó que en todos los lugares donde fue a reportar el deceso de su madre le preguntaban con insistencia si la causa había sido COVID-19. 

“Fue una odisea por el colapso de funerarias y cementerios. En el Registro de Baruta nos tocó hacer cola desde las 4 de la mañana para agarrar uno de los cupos diarios que entregan en el Cementerio del Este. Al final fueron 6 horas y media solo para pagar la cremación en el cementerio y tres más, seis días después para retirar las cenizas. La verdad es terrible todo lo relacionado con los trámites. El dolor se va transformando en una mezcla de rabia, resignación e indignación ”.  

Carlos sostuvo que el desborde en el camposanto es notorio. “Allí había una cola para los casos que eran de COVID-19 y otra para los que íbamos por casos diferentes, ambas largas, pero la de coronavirus era impresionante”.

¿Qué hacer si un enfermo con COVID-19 muere en casa?

Todo un proceso 

Javier Montoya, presidente de la Asociación Profesional de la Industria Funeraria (Asoproinfu) sostuvo que retirar un cuerpo de un domicilio por cualquier causa es un asunto en extremo delicado. “Sin certificado de defunción no se puede buscar ningún cadáver, eso es una norma. En los casos de COVID-19, las funerarias deben esperar el certificado y llevarlos inmediatamente al crematorio porque no pueden permanecer allí, los crematorios comienzan a trabajar a las 7 de la mañana, incluso hay algunos que les ha tocado trabajar las 24 horas”.

El primer paso que debe dar el familiar de una persona que muere en casa es conseguir un certificado de defunción, firmado por un médico. 

“En teoría debería ser emitido por un infectólogo, inmunólogo o internista si el paciente murió por COVID-19”, dijo Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos por Venezuela.

Lorenzo sostuvo que con el informe médico, el cadáver del fallecido por COVID-19 no necesita pasar por una morgue para la autopsia de rigor. El documento es suficiente para que los trabajadores de la funeraria acudan a retirar el cuerpo. 

“Ese certificado médico lo dan clínicas, hospitales y CDI, ninguna funeraria lo puede expedir”, aclaró Montoya.

Una vez que se cuente con el certificado se debe acudir a una prefectura para solicitar el acta de defunción, en el caso de que la persona no disponga del certificado médico, entonces es necesario solicitar la intervención del Senamecf, porque son ellos los que deben constatar la causa del deceso. 

De acuerdo con Montoya, el gobierno ha exigido a las instituciones que aceleren la marcha en vista de la demanda. “Han puesto énfasis en que los procesos y trámites sean expeditos, tanto en las prefecturas como en los registros adscritos al Consejo Nacional Electoral, que son quienes dan los permisos para la cremación”.

Solo algunas funerarias designadas

De acuerdo a un trabajador de una funeraria que opera en las inmediaciones de la morgue de Bello Monte, quien no quiso identificarse, solo cinco servicios velatorios están autorizados en el área metropolitana y sus adyacencias para retirar cadáveres que hayan fallecido por COVID-19 en sus hogares: Cementerio del Este, Funeraria Vallés, La Loira, Jardines El Cercado y El Cristo en Catia.

“Ellos son los que tienen el equipo y el personal entrenado y capacitado para eso, el resto no nos metemos con eso porque es muy delicado. Nosotros para retirar un cadáver en un domicilio por causas naturales lo primero que pedimos es un informe de un médico debidamente autorizado para ver la causa, incluso hay quienes exigen una prueba de despistaje de COVID-19 al cadáver para cerciorarse”. 

Montoya indicó que las autoridades gubernamentales autorizaron a las funerarias que cumplen estrictamente con todos los protocolos de bioseguridad. “Son celosos para dar los permisos porque de eso depende la salud del pueblo”.  

Obligatorio tener dólares

“Pagamos 280 dólares por el traslado y el tiempo que estuvo en la funeraria y $326 por la cremación”, dijo Carlos Guerra, quien perdió a su madre a finales del mes de marzo. 

“El costo depende de la estructura de costos de cada funeraria. La cremación oscila entre 300 y 500 dólares”, sostuvo Javier Montoya, presidente de la Asociación Profesional de la Industria Funeraria.

Montoya manifestó que las funerarias debieron hacer una inversión considerable para atender a los fallecidos por la pandemia. 

“La carroza donde se traslada el cuerpo debe ser desinfectada en cada proceso, todo el personal tiene que estar protegido con mascarillas, trajes especiales, lentes, guantes dobles y botas de seguridad. Los costos de los productos que se utilizan son elevados, aquí no se produce ninguno de los instrumentos que son usados para la bioseguridad, son materiales que se consiguen en divisas y eso afecta la estructura de costos de cada funeraria”. 

De acuerdo a la Cámara Nacional de Empresas Funerarias, hay 18 crematorios a nivel nacional y Caracas cuenta con siete de ellos. 

Montoya sentenció que el mantenimiento de un horno crematorio es costoso. “La gente cree que eso es prenderlo y ya. Un horno cuesta entre 90 y 100 mil dólares, es decir, hay una inversión importante detrás de eso.Todos los hornos tienen planta eléctrica, la mayoría emplean gasoil o gasolina que obviamente es difícil de conseguir. Hay que desinfectarlos todo el tiempo. Aunado a eso, se necesita personal calificado, no cualquiera puede operar un horno crematorio”. 

Un riesgo quedarse en casa 

Lorenzo indicó que un paciente con síntomas de leves a moderados podría someterse a un tratamiento en casa. “Hay médicos que están atendiendo a domicilio a las personas con el debido protocolo”. Pero aseguró que los casos severos de COVID-19 no deben permanecer en sus hogares. “Es necesario hacer lo posible por hospitalizar”. 

El dilema es que algunas personas pasan de tener leves síntomas a agravarse de una manera acelerada y los familiares no saben cuándo actuar. También la preexistencia de otras enfermedades, especialmente de carácter respiratoria hacen que el pronóstico pueda ser de extremo cuidado.

El director de Médicos Unidos por Venezuela sostuvo que la escasez de personal calificado para atender a pacientes, especialmente en los hospitales es un problema de salud pública. “Hay que recordar que ha habido una migración de profesionales de la salud debido a los sueldos miserables, especialmente en los hospitales públicos. Y no solo estoy hablando de los que se van del país, también de aquellos que se ven obligados a dedicarse a otra cosa porque sencillamente el dinero no les alcanza, además que a diario exponen sus vidas y la de sus familiares”. 

La segunda ola de coronavirus que vive Venezuela ha provocado el colapso de los hospitales y clínicas debido a la inmensa cantidad de contagios. “Estamos a nuestra máxima capacidad, desbordados, a finales de 2020 la cosa había bajado, pero ahora retrocedimos, es horrible”, dijo una enfermera de La Clinica Floresta en Altamira, Caracas.

Desde el 1 hasta el 11 de abril murieron en Venezuela 176 personas, de acuerdo a cifras del gobierno de Maduro, un promedio diario de 16, alcanzando la cifra récord por día de 20, el pasado 10 de abril. 

* Nombre ficticio a petición de la entrevistada

El Estado quebró: ¿Es el fin de la universidad pública de calidad?
La ruina del socialismo del siglo XXI deja en el aire el sistema en que la renta petrolera permitía que las universidades funcionaran sin cobro a los estudiantes, poco peso de los recursos propios y un gran número de jubilados, obreros y empleados

@vsalmeron

Tras caer en bancarrota, la administración de Nicolás Maduro aplica un severo recorte del gasto público que impacta, entre otros ámbitos, el funcionamiento de las universidades autónomas que en gran medida dependen del dinero del Estado para ofrecer educación gratuita, financiar proyectos de investigación y realizar labores de extensión.

La ruina del socialismo del siglo XXI deja en el pasado el sistema en que la renta petrolera permitía operar a las universidades sin cobro a los estudiantes, poco peso de los recursos propios respecto a los gastos y un gran número de jubilados, obreros y empleados.

Desde 1958, con la llegada de la democracia, el petroestado venezolano amplió el acceso a la educación superior mediante distintas vías, pero el ensayo más exitoso fue a través del financiamiento de cinco universidades autónomas: la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo, La Universidad de Los Andes, la Universidad de Oriente, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y la Universidad del Zulia.

Si bien los años de crecimiento constante en la asignación de recursos y aumento de la calidad, vividos durante 1958-1983, dieron paso a períodos de menos brillo e inestabilidad, los universitarios venezolanos, por muy ancianos que sean, no han presenciado una crisis como la actual.

La debacle de la producción petrolera, que retrocedió hasta niveles de 1935 y el declive de la recaudación de impuestos, tras siete años consecutivos en recesión, evaporaron los ingresos. La consecuencia es un ajuste feroz: Macroconsultores calcula que en términos reales, el gasto del gobierno en servicios de educación, salud, seguridad y defensa cayó 60% entre 2014-2020.

Vivir con menos

El recorte deja a las universidades en el aire: el salario de los profesores es simbólico, la falta de mantenimiento deteriora la infraestructura, desaparece la investigación y la emigración del personal es constante. Al mismo tiempo, la pandemia paraliza las clases en medio de fallas de internet, carencia de equipos y ausencia de bioseguridad.

En febrero los profesores a dedicación exclusiva, el máximo escalafón, obtuvieron un pago equivalente a 10,46 dólares: 2,97 dólares por salario y 7,49 dólares a través del bono Simón Rodríguez que repartió el gobierno.

Según la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv) en enero de 2001, cuando Hugo Chávez apenas iniciaba la Revolución Bolivariana, el salario de un profesor titular equivalía a 2.659 dólares.

 

El 8 de marzo Fapuv afirmó en un comunicado que “al no remunerar el trabajo, el Estado ha roto unilateralmente la relación de trabajo, razón por la cual declaramos la emergencia laboral en las universidades venezolanas”.

La Universidad de Los Andes evidencia la insuficiencia de recursos. Sus 4.583 profesores, entre jubilados y activos, reciben 19 meses de salario al año al incluir pagos extra como aguinaldo y vacaciones. Para elevarles el salario hasta 300 dólares mensuales -menos que el salario mínimo en Ecuador- se requieren 26 millones de dólares al año y el presupuesto asignado para 2021 equivale a 950 mil dólares.

En el transcurso del año es usual que el gobierno aporte recursos extra, pero en una magnitud que solo alcanza para un ínfimo incremento de salario. El presupuesto para investigación o mantener la infraestructura prácticamente es inexistente.

Mundos paralelos

Con el objetivo de que la revolución bolivariana ocupara todos los espacios de la sociedad, el expresidente Hugo Chávez impulsó un sistema paralelo creando la Universidad Bolivariana, la Universidad de las Fuerzas Armadas, la Misión Sucre y convirtiendo en universidades a institutos universitarios y tecnológicos.

Este sistema controlado políticamente, alineado ideológicamente y de menos calidad, también sirvió para darle entrada a la educación superior a miles de jóvenes de bajos recursos que, por recibir una formación deficiente en liceos públicos, no eran capaces de superar las pruebas de admisión para ingresar a las universidades autónomas.

Este brazo paralelo demandó dinero en cantidades crecientes y el presupuesto por alumno en la educación superior pública se redujo, de manera notoria, en las universidades autónomas.

 

Bernardo Méndez, quien se desempeñó como vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela entre 2008-2020, explica que “a partir de 2015 se nos obligó a excluir de nuestra solicitud de presupuesto áreas como proyectos de investigación, formación de personal, infraestructura física, laboratorios y equipamiento de bibliotecas”.

A pesar de que la solicitud de presupuesto excluyó estas necesidades, entre 2015-2019 el monto aprobado para la principal universidad pública del país fluctuó entre 17% y 56% de lo solicitado y para este año apenas representa 2,2%.

En otros casos el presupuesto dejó de existir. Mario Bonucci, rector de la Universidad de Los Andes, explica que “seguimos haciendo nuestro proyecto de presupuesto pero el gobierno no lo pide, simplemente nos asigna una cantidad”.

Fallas de gerencia

En las cuentas de las universidades sobresale el elevado número de obreros, personal en funciones de administración y jubilados. En la Universidad de Los Andes, por ejemplo, laboran 2.021 profesores, 2.460 empleados y 2.157 obreros; es decir, la cantidad de empleados y obreros supera en 128% a los profesores.

“Nosotros autoadministramos todos los servicios, vigilancia, comedor, aseo, mantenimiento, jardinería; en una universidad norteamericana o europea estos servicios son licitados y los realizan empresas privadas”, dice Mario Bonucci.

“Traté de licitar un comedor y la reacción más virulenta contra la medida la obtuve del Ministerio de Educación Universitaria, era como luchar contra el sistema”, agrega Bonucci.

 

El personal jubilado en la Universidad de Los Andes, que aparte de los profesores incluye a empleados administrativos y obreros, suma 7.009 personas y supera en 371 personas al personal activo.

Bernardo Méndez indica que “en la Universidad Central de Venezuela más de 60% es personal jubilado que permanece en la nómina, eso le da estabilidad al personal jubilado pero el pago de personal absorbe alrededor de 80% del presupuesto”.

Si empresas privadas se encargaran de las labores administrativas y de mantenimiento, las universidades no asumirían los pasivos laborales de obreros y empleados.

Leonardo Carvajal, investigador y doctor en educación, considera que en las universidades hay fallas graves de gerencia: “no se evalúa adecuadamente a los profesores que reciben la mitad del salario por investigar. Además, la jubilación debería ser después de 35 años de servicio y no tras 25 años, es un despilfarro jubilar a un investigador a los 55 años”.

“Muchas carreras podrían cursarse en cuatro años en vez de cinco. Para acabar con la duplicación de esfuerzos y recursos las universidades deberían funcionar integradas en redes regionales y muchas universidades solo trabajan 32 de las 52 semanas del año”, dice Leonardo Carvajal.

Añade que “sin cambios profundos aun si hipotéticamente aumentara la producción petrolera y se disparara el precio del barril, no funcionaría el modelo porque es despilfarrador e irracional”.

Vida propia

Las universidades podrían disminuir la dependencia del gobierno si incrementan los ingresos por asesoría, producción de tecnología y servicios a empresas privadas; pero en medio de la depresión de la economía esta opción es limitada.

De acuerdo con Conindustria, seis de cada diez empresas afirman que no contemplan invertir este año en investigación y desarrollo. En promedio, la industria utiliza la quinta parte de su capacidad instalada y el principal objetivo es sobrevivir a la recesión.

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti) contempla que las empresas con ingresos brutos anuales sobre 100.000 unidades tributarias deben pagar entre 0,5% y 2% de sus ganancias para financiar actividades de investigación.

Hasta 2010 las empresas eligieron los proyectos, pero ese año el gobierno cambió la ley y los recursos ingresaron al agujero negro de las finanzas públicas.

Giuseppe Giannetto, quien se desempeñó como rector de la Universidad Central de Venezuela entre 2000-2004, explica que a lo interno también hay limitaciones. “Tras años de poco presupuesto los equipos como los laboratorios de ciencia y tecnología se han deteriorado y sin esa infraestructura no se puede prestar mayor servicio al sector privado”.

Agrega que “la educación de calidad es muy costosa, los gastos son muy elevados. La Universidad Central de Venezuela ha creado una serie de empresas que prestan servicios, pero lo que pueden generar como ingresos es una gota de agua en un océano”.

 

Mario Bonucci indica que “en la Universidad de Los Andes tenemos ingresos propios, pero en conjunto cubren alrededor 5% de los gastos de funcionamiento, sin incluir el pago del personal”.

“Nuestros laboratorios hacen trabajos que permiten reparar algún equipo o reponer algún reactivo. Tenemos dos fincas que producen leche, pero los ingresos alcanzan para el mantenimiento de la finca”, explica Mario Bonucci.

Las regulaciones burocráticas obstaculizan alternativas como dictar cursos o seminarios de manera virtual e impiden obtener ingresos en divisas.

“Podríamos crear un seminario sobre normas internacionales de contabilidad a egresados nuestros que están en Chile. Un profesor nuestro viaja a Chile e imparte cursos de manera presencial y el resto se hace vía online. El costo por estudiante podría ser de 200 dólares, que es bastante accesible”, dice Mario Bonucci.

“Pero por las regulaciones el pasaje aéreo tendría que licitarse, algo que podría tardar tres meses. Además, el manejo de divisas por parte de las instituciones públicas es casi imposible; estas cosas tienen que cambiar”, agrega Mario Bonucci.

Cobrar al estudiante

El artículo 103 de la Constitución sostiene que la educación impartida en “las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario”, pero tras el quiebre del modelo de financiamiento este dogma y los métodos de enseñanza son temas a debatir.

Leonardo Carvajal indica que “no comparto la idea de que la universidad puede autofinanciarse por completo, no se autofinancia el ejército o un hospital, las cosas públicas las financia el Estado. Creo en un autofinanciamiento parcial y creciente hasta cierto nivel”.

Desde su punto de vista una alternativa es el cobro a la salida. “Mantener la gratuidad, pero una vez que el estudiante se gradúa y obtiene empleo que pague un impuesto, podría ser de 1% del salario, en función de las nuevas generaciones”.

Mario Bonucci indica que “el concepto de educación gratuita debe cambiar a un modelo donde el que tiene dinero contribuye: ¿si pagas por tu hijo en un colegio privado por qué no puedes contribuir cuando llega a la universidad?”.

Giuseppe Giannetto señala que “la educación de calidad, el desarrollo de ciencia y tecnología implica una gran inversión por parte del Estado; podríamos estudiar esquemas como becas que el estudiante pague con plazos flexibles cuando termine su educación, pero con el desastre actual no lo veo factible”.

 

El control académico también está en discusión. Mario Bonucci destaca que “el estudiante tiene que entender que se hace un gran esfuerzo en educarlo y debe haber una respuesta apropiada. En las universidades públicas hay estudiantes con diez o doce años dentro de la universidad, el que no rinde debe irse”.

Leonardo Carvajal es partidario de “un tiempo para culminar la carrera, luego del cual el estudiante comienza a pagar. Por ejemplo, si la carrera es de cinco años, transcurridos siete años y medio si no has terminado pagas por el tiempo que falta”.

Mario Bonucci indica que la manera de transmitir conocimientos debe modificarse. “El modelo de universidad tiene que cambiar. Desarrollar la educación a distancia, incluir métodos virtuales, mezclar metodologías. Al igual que formamos a un médico en un hospital podemos formar a un ingeniero civil en una constructora”.

La medicina indica que cuando un miembro es amputado se sigue sintiendo durante un tiempo como si permaneciera en su sitio, es lo que se denomina sensación del miembro fantasma: el sistema en el que operó la universidad pública de calidad desapareció, pero los venezolanos aún no reconocen esta realidad.

Gobierno busca crear una sensación de apoyo popular a favor de Alex Saab
En Venezuela ahora se utiliza la propaganda y el marketing político para tratar de construirle una nueva reputación a uno de los operadores económicos del Gobierno de conducta dudosa. 
Cazadores de Fake News detectó en septiembre de 2020, 128 cuentas de Twitter similares a bots, que generaban mensajes a favor de Alex Saab 
Raisa Urribarri e Iria Puyosa consideran que el objetivo del gobierno de Maduro es dar a entender a nivel internacional, que la población venezolana apoya a Alex Saab

@saracosco

El periodista Roberto Deniz fue víctima el sábado, 27 de marzo, de una tendencia en Twitter de ataque personal en su contra, a través de cuentas oficialistas. La iniciativa Cazadores de Fake News destacó que la etiqueta #DenizVendePatria llegó a ser la número 1 en el país, con tan solo 8.200 tuits.

El detonante de este ataque fue una serie de trinos que el periodista publicó en su cuenta sobre el empresario colombiano detenido en Cabo Verde, Alex Saab, en respuesta a otro mensaje que se refería a Saab como un “enviado especial venezolano” para la negociación de temas como las cajas de alimentos CLAP.

Deniz  ha publicado una serie de trabajos de investigación en el portal Armando Info en relación a una presunta trama de corrupción en la importación de alimentos de la caja CLAP, donde estaría involucrado Alex Saab, quien además presentó una demanda por Difamación Agravada Continuada e Injuria Agravada, contra los editores del medio en febrero de 2018. 

Cazadores de Fake News señaló que el ataque no fue general sino del sector oficialista. 39,9% de los tuits fueron publicados por cuentas con palabras como Chávez, chavista, Maduro, madurista, revolución, en su biografía. Igualmente indicó que aunque la tendencia fue menos inorgánica (cantidad de mensajes hechos por posibles bots), no fue espontánea y que apenas 120 cuentas generaron el 50% del contenido. 

 

Pero no era la primera vez desde que Alex Saab fue detenido en Cabo Verde el pasado 12 de junio que el caso del empresario colombiano era protagonista en las redes sociales. El 17 de marzo su nombre se convirtió en tendencia en Twitter, tanto en español como en inglés. Ese día la Corte Suprema de Cabo Verde autorizó la extradición del empresario a Estados Unidos y para muchos venezolanos que tienen meses esperando una decisión al respecto, las manifestaciones de júbilo no se hicieron esperar.

Pero en las RRSS no todo era alegría por la eventual extradición de Saab, o al menos eso parecía.

 

Cazadores de Fakes News detectó que los tuits destacados eran de medios y periodistas informando sobre esta decisión de extraditarlo a Estados Unidos. Pero un análisis más profundo permitió identificar cuentas que podrían ser consideradas “bots”, apoyando y promoviendo la inocencia de Saab.

El detenido más famoso de Cabo Verde

Alex Saab fue arrestado el pasado 12 de junio de 2020, en Cabo Verde, por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y es acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por ocho cargos de lavado de dinero y conspiración para lavar dinero, relacionado con un plan de sobornos en Venezuela. Saab es requerido también por las autoridades colombianas y está siendo investigado en México.

Desde 2011, Saab ha trabajado con el gobierno de Venezuela, en diversos convenios internacionales, siendo uno de los primeros el de la construcción de viviendas de interés social, aunque el negocio más conocido es el de la importación de alimentos de las Cajas CLAP.

Un bot para Alex Saab 

Ya en anteriores ocasiones Cazadores de Fakes News había encontrado comportamientos similares en Twitter a favor del empresario colombiano. En septiembre del  año pasado, la iniciativa publicó un informe en el que hallaron 128 cuentas con un comportamiento similar a un bot, que generaban o amplificaban contenido a través de las etiquetas #AlexSaab, y también otras como #SpecialEnvoySaab (Enviado Especial Saab) y #JusticeForSaab (Justicia para Saab).

Cazadores de Fake News reveló que recibió información sobre una red de cuentas falsas que estaban haciendo una campaña a favor de Saab. Uno de los grupos que tuiteaba lo hacía en español, inglés y portugués, y mencionaban y retuiteaban mensajes dirigidos al Gobierno de Cabo Verde, la presidencia y a la representación de ese país ante Naciones Unidas. 

La mayoría de esas cuentas fueron creadas a partir del 17 de agosto del año pasado, tienen cero seguidores, no siguen a otros usuarios, por lo cual “tienen un solo objetivo: generar una matriz de opinión favorable a Saab”.

“Algunas de estas cuentas falsas siguen a cuentas colombianas, lo que sugiere que al menos parte de la red pudo haber sido creada en Colombia”, añade la cuenta.

En febrero de este año hicieron un análisis del hashtag #FreeAlexSaab, que se impuso a nivel internacional y nacional durante el mes. El 21 de febrero se llevó a cabo un concierto promovido por el gobierno de Nicolás Maduro, en la Plaza Diego Ibarra de Caracas.

El objetivo del concierto, al que acudieron unas 300 personas según la agencia EFE, era pedir la liberación de Saab y además contó con la participación de cantantes chavistas, como el esposo de Daniela Cabello, Omar Acedo. 

EFE también reseñó que el concierto fue grabado por el programa, transmitido por VTV, Zurda Konducta y algunos segmentos fueron publicados por el canciller Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter. 

Cazadores de Fake News además de encontrar cuentas de personas ligadas al oficialismo, la oposición y medios de comunicación en esa etiqueta, ligada al concierto, detectó tres grupos diferentes de “cuentas anómalas”: un grupo de cuentas de personas reales, en su mayoría residentes o expatriados de Nigeria; un grupo de al menos 158 cuentas falsas con características parecidas a bots, creadas desde el 15 de febrero y cuyo contenido era en defensa de Saab y un grupo de al menos 20 cuentas falsas, creadas desde agosto de 2020, vinculadas a comunidades de tuiteros chavistas. 

Incluso, hay una cuenta en Twitter con el usuario @JusticeforAlexSaab, creada en diciembre de 2020 y que se define en su biografía como “enviado especial de Venezuela y embajador plenipotenciario de Venezuela ante la Unión Africana con sede en Addis Abeba (Etiopía)”.

La cuenta tiene apenas 1.487 seguidores y todos sus mensajes son retuits a mensajes que piden la liberación de Alex Saab y en su defensa. Uno de los últimos mensajes que replicaron proviene de la cuenta @MisiónVerdad, que aseguró que en Suiza se había cerrado una investigación en contra de Saab. 

Además la cuenta tiene un tuit fijado, del 15 de marzo, donde expresan que esperan que pronto regrese “nuestro compatriota a casa y continuar luchando juntos”.

Igualmente el observatorio de actividad digital, Probox identificó redes anónimas que en el mes de febrero, posicionaron tendencias en contra del presidente Juan Guaidó, el comisionado presidencial para el Centro de Gobierno, Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori, entre el 18 y 23 de marzo se dedicaron a posicionar etiquetas a favor de Alex Saab, pidiendo su liberación.

Las etiquetas analizadas fueron #FreedomForAlexSaab (Libertad para Alex Saab) que obtuvo 14,97% de inorganicidad; #AlexSaabInocente con 22,33% de inorganicidad; y dos días la tendencia fue #FreeAlexSaab (Liberen a Alex Saab), la primera el 20 de marzo, que fue orgánica y luego el 23 de marzo con 5,92% de inorganicidad.

Probox también detectó que estas redes anónimas eliminan los tuits una vez que logran posicionar las etiquetas, por lo cual “los números de mensajes son aproximados y la determinación de tuits publicados por cuentas automatizados no es preciso, pero demuestra la organización detrás de las mismas al intentar eliminar el rastro de las tendencias”.

Alex Saab

El observatorio analizó tendencias que hacían promoción a la red de “bodegones” Salva Market, que ha sido vinculada a Alex Saab porque la empresa Salva Foods, de la cual figura como dueño, es propietaria de las tiendas CLAP, y su sede en Las Mercedes, Caracas, se convirtió en uno de estos locales “Salva Market”. 

Al igual que con las tendencias sobre Alex Saab, los usuarios que atacaron a López, Guaidó y Tintori, posicionaron etiquetas promocionando el local con #SalvaMarket y #OfertasSalvaMarket.

En la primera se analizaron 894 tuits y se determinó que hubo 17,20% de inorganicidad, mientras que en la segunda se estudiaron 327 tuits con 0% de inorganicidad y Probox señaló que hubo eliminación masiva de mensajes.

Alex SaabAlex SaabAlex Saab

Para Cazadores de Fake News este tipo de operaciones forman parte de una estrategia más extensa, que tiene como objetivo “visibilizar ante la opinión pública africana, la narrativa de la defensa de Alex Saab y del régimen venezolano y generar presión al gobierno de Cabo Verde para que libere al empresario”.

Las campañas a favor de Alex Saab empezaron una vez se confirmó su detención en Cabo Verde, el 12 de junio de 2020. El gobierno de Nicolás Maduro, que hasta el momento no había admitido públicamente alguna relación con el empresario, salió a condenar la detención a través de su Canciller, Jorge Arreaza, quien aseguró que Saab es venezolano y un “agente del gobierno”.

Más de un mes después, Arreaza informó que el gobierno no estaba pagando por la defensa de Saab, pero que sí han dado apoyo a sus abogados y han estado pendiente de las condiciones de reclusión con visitas consulares, “como corresponde con cualquier venezolano detenido en el extranjero”. 

El exjuez y abogado español contratado por Saab, Baltasar Garzón calificó el proceso contra el presunto testaferro de Maduro de “ilegal”, porque es un “agente diplomático venezolano” y en septiembre de 2020, Cabo Verde aseguró que la defensa del empresario convirtió el caso en una “telenovela”. 

“Este caso se está transformando en una telenovela en los medios, con cartas, artículos, declaraciones, tratando de llevarlo al campo político. El Gobierno de Cabo Verde no quiere unirse al elenco de esta telenovela”, dijo el primer ministro de ese país, Ulisses Correia e Silva. 

La investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, Raisa Urribarri, considera que en el caso de Saab se están conjugando acciones en espacios digitales y no digitales, como manifestaciones en embajadas, un concierto y los graffitis en distintos puntos de la ciudad.

“Eso configura un estado de opinión a escala internacional, por un lado y el gobierno de Maduro da a entender en el exterior, que la población venezolana, con esa salida a la calle –que además se replica en las redes– respalda a Alex Saab y por lo tanto respalda al régimen”, dijo la experta a Runrunes. 

Igualmente la investigadora y consultora en comunicación política, Iria Puyosa señala que las campañas a favor de Alex Saab no son para una audiencia venezolana. “Están tratando de que en Cabo Verde y África en general, haya la percepción de que Alex Saab es apoyado por una pluralidad, por la mayoría de la población venezolana”, explica.

Puyosa reitera que la audiencia de las campañas son otros países como Cabo Verde donde se encuentra Saab detenido, para “hacer pensar que efectivamente, sí es una figura política nacional que tiene respaldo”.

Sin embargo, Urribarri opina que más allá de la campaña comunicacional, el caso que lleva la Corte Constitucional de Cabo Verde está por resolverse. “Lo que se ve es un esfuerzo de crear una opinión favorable o aún una posible negación de la extradición”, añade. 

Pero Puyosa considera que el impacto que pueda tener en la opinión pública de esos países y en la toma de decisiones desde el poder judicial es limitado. “Realmente no creo que eso vaya a ser una acción comunicacional que vaya a tener incidencia en la decisión que se tome”, aseguró.

Controlar la información 

“Hacer una contaminación de todo el espacio digital, a favor de tu posición, puede ser desmoralizador para quienes buscan justicia y defienden los derechos humanos”, explica la investigadora Raisa Urribarri, sobre las campañas a favor de Saab. 

Sin embargo, la consultora Iria Puyosa no cree que el objetivo sea Venezuela. “Ellos están claros en que la mayoría de los venezolanos no sabe exactamente quién es Alex Saab y las personas que están informadas, sobre quién es, no tienen ninguna simpatía por esa operación en la que está involucrado”.

Agrega que el chavismo podría intentar generar alguna simpatía en su base y tratar de darles argumentos para que puedan defenderlo, “de cara al chavismo disidente, que una de las cosas que suele señalar el chavismo disidente es el tema de la corrupción, entonces decir que no hay corrupción es una cosa importante para esa audiencia particular. Pero la figura de Alex Saab no ayuda al respecto, porque no es ni siquiera venezolano, no ha hecho carrera política en el país, lo que ha hecho es negocios”.

El costo de la asociación

Iria Puyosa señala que con estas campañas que ha desplegado el gobierno de Maduro a favor de Alex Saab, queda de manifiesto que es una figura importante y que están dispuestos a pagar el costo de asociación.

Igualmente, Raisa Urribarri opina que al calificarlo como un diplomático venezolano, se le quiere dar protección por todos los medios y darle cierta institucionalidad al personaje. 

“Es decir, que si a Alex Saab lo llegan a extraditar, quiere decir que están extraditando a un funcionario diplomático del gobierno venezolano. Entonces ya no es un empresario que hace negocios, sino un funcionario del régimen y eso va a tener una connotación política internacional”, esgrime.

Puyosa añade que ha habido un “compromiso” por parte de la administración de Maduro con Saab, lo que da a entender que es una figura central, “y no están dispuesto a que se convierta en un chivo expiatorio, al contrario, es muy importante lo que pudiera llegar a decir sobre el resto de los miembros de esa administración en un proceso judicial abierto”.

Presencia de militares rusos confirma carencia operacional de la FANB
A propósito de unas fotos en redes sociales donde aparece un supuesto soldado extranjero brindando apoyo a personal castrense venezolano, Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales dijo que podrían estar ofreciendo asesoría técnica, especialmente en uso y manejo de drones 
Agregó que el grupo disidente de las FARC denominado Segunda Marquetalia que dirige alias Iván Marquez usa armamento similar al que le vendió Rusia a Venezuela 
@franzambranor

El conflicto entre miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un supuesto grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado Apure no ha cesado. 

Varias fotografías difundidas en redes sociales por el periodista Eligio Rojas de Últimas Noticias parecen confirmar la presencia de elementos rusos en las operaciones que llevan  a cabo los cuerpos de seguridad de Venezuela, donde desde el domingo 21 de marzo se han producido enfrentamientos causando un número indeterminado de muertos, heridos y alrededor de 4.000 venezolanos desplazados hacia Colombia. 

 

De acuerdo a Rojas, la madrugada  de este lunes 29 de marzo, grupos irregulares colombianos atacaron el puesto de control “La Charca” de la FANB vía la población El Nula, al oeste de la entidad, dejando un saldo de nueve militares heridos. 

En la imagen de Twitter se aprecia a un soldado de tez blanca y cabello rubio con armamento y correaje extranjero ayudando a cargar a un efectivo herido en el 923 Batallón de Caribes “Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre” ubicado en La Victoria, Apure.

El Comandante Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb), Remigio Ceballos, respondió a la publicación de Rojas en Twitter: “eso es viejo”, sin negar la presencia de los rusos. 

A propósito de esta fotografía, Andrei Serbin Pont, analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), escribió en su cuenta de Twitter:  “¿Nueva evidencia de personal ruso en Venezuela? Vean a este sujeto con cargador de RPK, pinta con guardamanos Zenitco B-10M Putnik DTK-4 y Aimpoint T-2. ¿Dónde están? Recibiendo heridos de FAES en el 923 Batallón de Caribes”.

 

“Aquí hay tres indicios muy claros”, sostuvo Serbin Pont. “En la foto se ve a alguien usando un tapaboca, por lo que la foto al menos es de marzo de 2020, están en el Batallón 923 de Caribes y hay un componente de las Faes. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo las Faes en esa región? A mi forma de ver este sujeto es casi seguro ruso, ese armamento y ese correaje no es típico de un soldado venezolano. No manejo qué cantidad de rusos hay y si están dispuestos a entrar en combate, pero están desplegados en un teatro de operaciones, por lo que el riesgo está latente. ”, agregó.

Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron enviados a Apure luego de la incursión de la FANB contra guerrilleros colombianos en La Victoria el 21 de marzo, aunque el cuerpo subordinado a la Policía Nacional Bolivariana ya estaba operando en Apure desde 2019. 

Serbin Pont manifestó que Ceballos no desmiente la gráfica, sino el tiempo en la que fue tomada. “Ceballos dice que es vieja, pero no desconoce que las imágenes sean reales. No está tratando de cambiarlas, está buscando alterar la matriz de opinión”.

El Ceofanb colocó en su cuenta de Twitter “laboratorios mediáticos adversos al gobierno bolivariano se aprovechan de la situación que se está generando en Apure, buscan con información falsa generar angustia, confusión y zozobra en la opinión pública nacional e internacional”. Sin embargo, el desmentido no termina de ser categórico.

Claves de la guerra que se está librando en Apure

No es algo reciente

De acuerdo al director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES)  la presencia rusa en Venezuela no es nueva. “Están ofreciendo algún tipo de asistencia técnica posiblemente para el empleo de drones en el teatro de operaciones, porque la FANB carece de esa capacidad en la actualidad”.

A inicios de marzo de este año, el Comando Estratégico Operacional de la FANB hizo la introducción de su Batallón de Drones. “Se ejecutó una demostración donde se empleó la Fuerza de Tarea Sombra, compuesta por varios equipos, los cuales tenían como misión el reconocimiento, localización, búsqueda y neutralización de grupos terroristas que amenazan la paz y tranquilidad en el territorio”, expresó un comunicado del Ceofanb. 

En septiembre de 2020, habitantes de la localidad de El Nula en Apure denunciaron la presencia de soldados rusos, en una incursión que dejó cuatro militares y 15 guerrilleros muertos. 

Reportan enfrentamiento entre militares venezolanos y guerrilleros colombianos en Apure 

Serbin Pont indicó que la eventual presencia de militares rusos evidencia un latente problema operacional dentro de la FANB. “La asesoría extranjera viene con la misión de llenar ese vacío de recursos humanos, pero también está ayudando a enmendar algunas falencias militares. Probablemente asociado al sistema de drones que limita su capacidad de acción frente a las FARC”.

El analista considera que la cooperación militar entre las naciones es habitual. “Pero siempre bajo un tratado o un marco legal, 

determinando qué tipos de funciones pueden cumplir y qué rol ejercen. Si vemos del otro lado de la frontera (Colombia) hay presencia norteamericana que presta asesoramiento y soporte técnico”. 

Sostuvo que lo llamativo en la relación de Rusia y Venezuela es la ampliación de la cooperación militar. “Durante los últimos años han cambiando las características que eran de sustento y de equipamiento militar y ahora comprenden otros ámbitos como la recuperación de capacidades operativas y provisiones para cubrir ciertas falencias”. 

#FORO | La guerra en Apure es por el control de un corredor de droga

Segunda Marquetalia armada 

Serbin Pont también se refirió al video del comandante disidente de las FARC alias Iván Marquez y su grupo denominado Segunda Marquetalia donde exhibe armas rusas, similares a las que fueron compradas por el gobierno venezolano. 

En las imágenes se aprecian las armas Tavor SAR, Tavor X95, P90, AKM, AK y AK-103, esta última de especial empleo en la FANB. 

“Los rusos suministran armamento a la FANB, no tengo indicios de que directamente hagan lo propio con la guerrilla colombiana”, dijo Serbin Pont.

El analista internacional sentenció que posterior a la emisión del video, los miembros de la Segunda Marquetalia quisieron desmentir las imágenes usando fotos de Google para decir que eran armas de procedencia norteamericana.

Las autoridades colombianas han dicho que la Segunda Marquetalia se esconde en territorio venezolano con la venia del gobierno de Maduro y están señalados de narcotráfico y minería ilegal. 

 

 

 

Georg Eickhoff: “Los chavistas no van a terminar nunca la guerra contra los venezolanos”
El analista político Georg Eickhoff publicó recientemente en su cuenta de Twitter un hilo que no dejó indiferentes a quienes lo leyeron. A través de una serie de reflexiones con las lecciones aprendidas de su experiencia en Ucrania, le advierte a los venezolanos que despierten pues su país está inmerso en una guerra de un tipo que nadie sabe definir muy bien, llamada guerra híbrida. Runrunes lo entrevistó para ahondar en sus declaraciones

 

Por @GitiW 

 

“¿No sabías que Venezuela está en guerra?, pues despierta”, advirtió el analista político Georg Eickhoff en un hilo que publicó en su cuenta de Twitter. “¿Cuál es la guerra en Venezuela? La guerra del gobierno contra su población”, afirmó Eickhoff sin ambages. 

“Excelente análisis”, “un hilo esclarecedor”, “por fin alguien habla sin eufemismos” y una catarata de “recomiendo este hilo” siguieron a la publicación hecha el 21 de marzo, la cual le valió a Eickhoff no solo loas sino un considerable número de nuevos seguidores. Hubo quienes calificaron sus afirmaciones de temerarias y belicistas, pero más allá del debate sobre si en Venezuela se vive o no una guerra híbrida como lo afirmó Eickhoff, lo irrebatible es que lo dicho por el doctor en Historia Moderna y Filología Española tocó una fibra sensible.   

Eickhoff no es ajeno a la realidad del país y tanto le apasiona el drama de la nación suramericana, que lo confiesa sin pudor en su perfil de Twitter. Actualmente es relator y analista político para Ucrania de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, pero entre 2008-2013 vivió en Venezuela como parte de la delegación de la Fundación Konrad-Adenauer. De su experiencia viviendo y trabajando en ambos países extrajo las reflexiones que compartió en su hilo. 

“Cuando acepté trabajar en Ucrania — en su zona de guerra — francamente no sabía lo que iba a poder aprender allí. Iba, hace dos años, con muchas inseguridades pero también con la certeza de que algo iba a aprender lo cual podría servir para entender mejor el enigma venezolano que tanto me apasiona y desvela”, dijo Eickhoff en la introducción de su hilo. Runrunes entrevistó al analista político para ahondar en sus declaraciones. 

Usted comienza el hilo trazando un paralelismo entre lo que vio y aprendió de su trabajo en Ucrania y la situación de Venezuela. ¿Qué es lo que vio en Ucrania que le resonó tanto con la situación venezolana?  

– Para hacer mi trabajo a veces me tengo que poner casco y chaleco antibalas cuando el recorrido pasa cerca del frente de la guerra en el este de Ucrania. Gracias a Dios, durante la mayor parte del tiempo lo que vemos no nos dice que estamos en guerra. No están disparando todo el tiempo, pero nadie duda de que la guerra sigue. Luego, mi trabajo más específico es precisamente el análisis político de todos los aspectos invisibles pero reales de esta guerra. Quizás es de allí que he desarrollado un radar un poco más afinado para ciertas complejidades de las guerras. Una parte de la guerra en Venezuela es visible, gran parte es invisible.

¿Cuáles son los aspectos de esa guerra que no ven los venezolanos, o incluso la comunidad internacional?

– Un ejemplo: muchos se hacen los locos con las operaciones especiales. En mi país, Alemania, cuando hubo las primeras elecciones democráticas en la parte oriental después de la caída del Muro de Berlín, descubrimos sobre la marcha que los dos candidatos principales eran infiltrados de la seguridad del estado. Si se gastan millones en la defensa de Saab ¿cómo no se van a gastar dinero en infiltrar a la oposición y países amigos de la paz en Venezuela?

Usted afirmó en su hilo que la guerra en Venezuela es “la guerra del gobierno contra su población”. En la escasa literatura sobre las guerras híbridas se advierte que las mismas “están diseñadas para aprovechar las vulnerabilidades nacionales en todo el espectro político, militar, económico, social, informativo y de infraestructura”. ¿En qué medida considera que el país que tenemos hoy, sin ninguna institución democrática en pie y con una infraestructura de servicios públicos colapsada, es el resultado de esa guerra híbrida?

– Hugo Chávez irrumpió en el escenario político venezolano disparando y matando. La operación militar lleva ya casi treinta años. Las elecciones fueron solamente episodios. En el momento en que las elecciones dejaron de darles los resultados deseados las suprimieron como los revocatorios, o las falsificaron como todo el resto. Hay toda una librería de documentos oficiales chavistas que trazan los planes de la gran transformación. Y en ningún momento han dejado una duda de que son los militares quienes ejecutan estos planes con criterio militar. Su mantra es la llamada “unión cívico-militar”. Es el mantra de la guerra híbrida.

Si esto es así, ¿cómo quedan todos los que esperan que se produzca un quiebre en el estamento militar?

– Ese quiebre va a venir en algún momento. No sabemos cuándo y no sabemos si van a prevalecer los menos peores.

Los textos que describen cómo se desarrollan este tipo de guerras modernas, dicen que “la guerra híbrida, llevada a cabo por actores estatales o no estatales, generalmente se adapta para permanecer por debajo de los umbrales obvios de detección y respuesta”. ¿Cree que esta capacidad para volar bajo el radar fue la razón por la que las acciones del régimen venezolano en contra de la población no fueron denunciadas por la comunidad internacional desde un principio?

– En su vuelo debajo del radar tienen a muchos partidarios internacionales que admiran sus habilidades de pilotar cualquier aparato en esta guerra híbrida. Compraron la complicidad con el petróleo y además saben muy bien aprovechar los mitos, narcisismos y romanticismos de la izquierda que tiene ganas de vacacionar bajo las palmeras de alguna revolución tropical.

El informe de la Misión Independiente de la ONU deja claro que los crímenes y violaciones de derechos humanos se conocen, ya no hay duda acerca de las características del régimen de Maduro. ¿Cómo evalúa, por ejemplo, la búsqueda de justicia a través de instancias como la Corte Penal Internacional?

– La Corte Penal Internacional es un gran logro de la comunidad internacional pero por definición siempre actúa cuando es demasiado tarde. No es su falta. Es la naturaleza del derecho. Pensar en la guerra es pensar en la prevención de crímenes.

Los análisis de este tipo de guerra destacan que “es posible que una campaña de guerra híbrida no se vea hasta que ya esté en marcha, con efectos dañinos que ya han comenzado a manifestarse y degradan la capacidad de un objetivo para defenderse”. En su hilo usted llamó a los venezolanos a “despertarse”, ¿Considera que los venezolanos se están dando cuenta muy tarde de que el problema que enfrentan va más allá del tema electoral? 

– Es una tarea fundamental en las guerras híbridas asegurar que las víctimas se sientan culpables de su miseria. Te voy a dar un ejemplo histórico muy duro y triste. Los nazis colocaron como jefe del gueto judío de Lodz, en Polonia, al director judío de un orfanato que ya tenía fama en la comunidad judía de abusar de los niños del orfanato. Al parecer seguía con eso desde su poder otorgado por los nazis en el gueto. Un investigador preguntó a una de sus víctimas, después de décadas, por qué nadie se había quejado. Ella dijo: “Había tanto antisemitismo”. 

¿Eso de “sentirse culpables de su miseria” podría leerse como: culpables de haber votado por Chávez en 1999, y luego culpables de creer en las estrategias opositoras? 

– Esto y mil otras cosas. Votar por Rosales, votar por fulano y mengano, ponerse tal y tal gorra, todas las cosas que tantos hicieron de buena fe. Yo los entiendo.

“Venezuela está en guerra y la mejor prueba es su número de refugiados. Si tanta gente se va, sabes que hay una guerra. No se sabe qué es, pero tanto refugiado significa que es guerra”, dice usted en su hilo. En este punto vuelve a hacer la comparación con Ucrania, cuya diáspora también es enorme. ¿Creería que esta hemorragia de capital humano es un efecto no previsto de la guerra híbrida, o por el contrario sea el resultado de un proyecto deliberado? 

– “Guerra híbrida” es un concepto muy bien adaptado a la mentalidad de los venezolanos: es la guerra del “como vaya viniendo vamos viendo”. No todo lo que pasa está cien por cien planificado, pero todo lo que pasa es evaluado y aprovechado con criterio de guerra.

¿Y los ciudadanos no juegan?, ¿la oposición no juega ¿Es esta una guerra con un solo bando?

– Claro que los ciudadanos juegan. Por ejemplo, los seis millones que se fueron jugaron su jugada. Los que se quedan también se la juegan. Hay que entender a cada uno en su juego y ver cómo se pueden alinear fuerzas para dejar de jugar el juego del enemigo. Sí, esto marea a cualquiera. Liderazgo es ver más allá de este mareo al cual nos quieren someter.

“¿Quieres negociar? Pues, dale, pero empieza por entender que lo de Venezuela no es política, es guerra. Quien quiere mediar en Venezuela tiene que saber que va a la guerra”, afirmó en su hilo. ¿Qué pueden hacer los venezolanos para ganar esta guerra? 

– El primer paso para cambiar la realidad es reconocerla, afrontarla. Vuelvo a lo de Ucrania. El gran maestro de la estrategia, Lawrence Freedman en su libro “Ucrania y el arte de la estrategia”, concluye que hay guerras que no se pueden ni resolver ni terminar, ni mucho menos ganar. Hay que “manejarlas”. Usa el verbo en inglés “to manage”. Los chavistas no van a terminar nunca la guerra contra los venezolanos. Esta guerra se instaló en Venezuela para quedarse por generaciones. Es más, ahora se está mezclando cada vez más con la guerra de Colombia que también ya tiene décadas y faltan otras más.

La gran mayoría de los comentarios que recibió su hilo alaban su claridad. Es llamativo que para tanta gente haya sido casi reivindicativa la afirmación de que el gobierno está en guerra contra la población. Sin embargo hay otro grupo, uno que dice que la política no se agota mientras existan ciudadanos dispuestos a hacerle frente a la tiranía. ¿En su opinión, es ingenua esa posición?  

– Lo que quiero decir es que la política nunca se acaba y que esta guerra nunca se acaba. Lo que está claro, para decirlo en criollo, es que al chavismo hay que caerle con todo. Quizás fue solamente eso que dije y lo que la gente entendió.

El hambre no distingue entre semanas flexibles y radicales 
De acuerdo a la más reciente encuesta Encovi, quienes trabajan de manera independiente en Venezuela constituyen 45% de la masa laboral
El presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, calcula que alrededor de 90% del sector comercial se ha visto afectado por la pandemia

@franzambranor

Luis González se dedica a la plomería desde hace 25 años. A diario sale de su casa en Catia para hacer trabajos por La Florida, Las Palmas, La Campiña, El Bosque y Los Caobos en Caracas, esa es su “zona de operaciones” como él mismo la califica. 

Al principio de la cuarentena originada por el coronavirus en marzo de 2020, Luis acató el llamado a confinamiento, pero luego de mes y medio encerrado en su casa, la necesidad de producir y proveer de comida a su familia lo arrojó nuevamente a la calle. 

“Un policía una vez me detuvo y me quería llevar con él porque decía que estaba poniendo en riesgo a los demás, yo le dije que si no salía a trabajar ponía en riesgo a mi familia, que si él me iba a resolver la comida que perfecto, me dejó ir”, dijo González. 

Al igual que González, Alfredo Díaz es técnico de electrodomésticos a domicilio y necesita moverse por la ciudad para atender a sus clientes. Paradójicamente durante la pandemia ha tenido más trabajo que lo habitual, su razonamiento es que la gente al pasar más tiempo en casa, usa con mayor frecuencia los equipos o se percata del estado en que se encuentran y los manda a reparar.

“Claro que salgo a la calle y tengo miedo de enfermarme, especialmente por mi hija pequeña, pero cómo hago, esto es lo que yo hago y me genera una entrada, no tengo otra opción”, manifestó. 

Tal situación de desamparo es compartida por casi la mitad de la fuerza trabajadora. De acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2019-2020, 45% de la población laboral en Venezuela trabaja por cuenta propia, una cifra que en 2014 se ubicaba en 31%. El porcentaje de trabajadores asalariados pasó de 62% en 2014 a 46% para el periodo 2019-2020. Asimismo destaca que 72% de las personas que laboran por su cuenta trabajan más de 44 horas semanales.

Eso explica en parte el volumen de personas que se ven en el transporte público a toda hora y sin distingo de la modalidad de la semana que decrete el Ejecutivo. Lo que para muchos puede ser motivo de angustia, es sencillamente inevitable para buena parte de la población, que tiene que salir a trabajar o bien a procurarse alimentos y otros enseres.

Quedarse en casa es un lujo 

“Los que deben salir a trabajar, tienen que hacerlo, no se pueden dar el lujo de quedarse en sus casas”, dijo el economista Luis Oliveros. “Lamentablemente esas personas que necesitan salir a la calle no tienen un incentivo para quedarse en sus casas, tienen que resolver su generación de ingresos porque saben que si no lo hacen, no van a comer”, añadió Oliveros. 

Oliveros indicó que estos trabajadores por cuenta propia se ven obligados a romper el confinamiento porque tienen la certeza de que van a pasar hambre sino lo hacen, en cambio no la tienen de que se van a contagiar de COVID-19. “Ellos no pueden darse el lujo de otros venezolanos que tienen ahorros en divisas, que pueden trabajar desde sus casas. Ese es un drama que vive la población venezolana”.  

Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela, recalcó que antes que llegara la pandemia del coronavirus, en el país ya existía una emergencia humanitaria compleja, a eso hay que sumar que con la cuarentena muchas personas con empleos formales debieron abandonarlos o fueron despedidos. “El asunto es que a mitad de pandemia la cosa empeoró y ahora hay más gente que tiene que vivir del día a día, esa es una realidad socio-económica que no solo sucede en Venezuela sino que en todo el mundo”, indicó. 

Lorenzo manifestó que a diferencia de otras naciones, Venezuela no cuenta con la fortaleza en los sectores productivos para apoyar a los más desfavorecidos.

La delgada línea entre una semana y otra

El economista Luis Oliveros señaló que para los trabajadores independientes no existe diferencia entre las semanas flexibles y radicales, períodos manejados por el Ejecutivo a discreción para permitir mayor o menor movilidad a la población y la apertura de ciertos rubros de la economía. “No hay una política de parte del Estado para ayudarlos financieramente o donde se les diga que si guardan la cuarentena van a ser vacunados pronto”, dijo Oliveros.

Sostuvo Oliveros que el Estado lo máximo que puede hacer es otorgarle a la gente un bono en bolívares equivalente a dos o tres dólares mensuales. “Y eso obviamente para alguien que es sostén de familia no es mejora alguna”. 

Para Lorenzo, la cuarentena es necesaria porque Venezuela atraviesa por una segunda ola de contagios.

El doctor señaló que la alternativa para estas personas que se ven obligadas a salir a la calle a diario es la vacuna y mientras esta no llegue la prevención. 

“Hemos insistido en un plan nacional de vacunación, un plan que debió haber comenzado hace tiempo de una manera organizada para que toda la población supiera cuando le toca la inmunización”.

Ante la incertidumbre con la aplicación de vacunas en Venezuela, Lorenzo exhortó a la gente a no bajar la guardia y apegarse estrictamente a las reglas de bioseguridad. “Lamentablemente tenemos que regresar a las estrictas normas de prevención ante la ausencia de una planificación nacional para colocar vacunas”.

Cambio de esquema 

El presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, sostuvo que la política sanitaria del gobierno nacional no es inclusiva y deja por fuera a los trabajadores, tanto a quienes lo hacen por cuenta propia como a aquellos que laboran en empresas.

Capozzolo indicó que en un principio, el sector comercial estuvo de acuerdo con la implementación del esquema de 7 días de flexibilización y 7 días radicales, pero después de 8 meses de esta estrategia gubernamental consideran que ya es hora de aplicar una nueva que no perjudique a la economía nacional.  

“Se lo hemos dicho claramente a las autoridades, este sistema tiene que evolucionar a algo más flexible, no hay indicios que indiquen que cuando los negocios están abiertos hay más o menos muertes y contagios”, aseveró. 

El directivo de Consecomercio dijo que la aplicación de esta política es perjudicial para una nación que atraviesa por una recesión económica y que ha visto reducir en los últimos siete años su aparato productivo en un 80%. “El pulmón económico está respirando actualmente a un 15 o 20% de su capacidad”.  

Capozzolo calcula que alrededor de 90% del sector comercial se ha visto afectado por la pandemia en Venezuela. “Algunos en menor o mayor grado, hemos visto muchos casos de empresas que han tenido que migrar a la informalidad o bajar sus santamarías”. 

Consideró discriminatorio que en algunos estados y municipios del país se permita mayor o menor movilidad de los trabajadores porque se está coartando un derecho fundamental del venezolano.  

Capozzolo dijo que el comercio ha demostrado responsabilidad en cuanto a las medidas de bioseguridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. “Incluso sectores como hoteles y restaurantes se han preparado e invertido en la prevención y normas de resguardo”. 

Manifestó que cerrando y abriendo negocios discrecionalmente no se combate al coronavirus, sino estableciendo controles en sectores álgidos como el transporte y sitios donde haya aglomeración de personas. 

Aseveró que no tiene certeza de una posible vacunación masiva a trabajadores formales y por cuenta propia y en su defecto recomendó a quienes salen diariamente a laborar a no bajar la guardia y respetar estrictamente las reglas de bioseguridad. “Lo cierto es que el tiempo pasa y atenta contra la gente que debe obtener ingresos y teme contagiarse de COVID-19, hay que cuidarse mientras no llegue la inmunidad de rebaño”.