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Paulina Gamus: “Yo no me dediqué a la política para hacerme rica sino para que me reconocieran”
Abogada graduada en la Universidad Central de Venezuela, Paulina Gamus se dedicó a la política activa durante más de 30 años desde Acción Democrática. Fue concejal, parlamentaria y ministra. Hoy, a sus 84 y sobreviviente del covid, nos recibe en su casa, un apartamento sobrio y discreto en Caracas, para esta conversación en que repasamos momentos de su vida y del país

@diegoarroyogil

 

Un mar de elocuencia y de carácter. Cruza el umbral de la puerta que conecta las habitaciones con la sala de su apartamento y pregunta “¿Ya llegaste?”, como si estuviera acostumbrada a recibir a un invitado que sin embargo está en su casa por primera vez y que nunca, hasta ahora, ha conversado con ella en persona. Saludo de pandemia: codo con codo. “Siéntate donde tú quieras –dice–, puede ser en cualquiera de esas dos sillas, que son cómodas”. Aunque prefirió que no se le hicieran fotos para ilustrar esta entrevista porque, según ella, no anda de buen look, tres horas antes, con ocasión de reconfirmar este encuentro, la llamada telefónica la pilla en la peluquería. El afán no es nuevo: quien la recuerda sabe que siempre, estuviera en el Congreso de la República, en una rueda de prensa en Miraflores o en un estudio de televisión, Paulina Gamus lucía, como hoy, impoluta. Lleva pantalón negro, suéter de rayas blanquinegras, labios de carmín, un collar, aretes, pulseras, un reloj discreto pero regio y el pelo corto de señora recién hecho.

Concejal, parlamentaria, ministra y dirigente de Acción Democrática durante la democracia, se retiró de la política activa en 1998 porque se dio cuenta de dos cosas: la primera, que había cumplido un ciclo “y estaba cansada de oírme a mí misma”, y la segunda, que, dado su ascendiente, se sintió corresponsable de los errores que habían derivado en la llegada de Hugo Chávez al poder, una derrota histórica que le recomendó pasar a la retaguardia y ejercer, desde allí, una especie de senaduría simplemente ciudadana que la terminó de fijar como una articulista de verbo directo y preciso. Nunca fue de medias tintas y tiene talento para escribir. Sus memorias, Permítanme contarles, publicadas por Libros Marcados (2012) y reeditadas por Dahbar Ediciones (2017), está aún en librerías.

Cruza el umbral de la puerta y pregunta “¿Ya llegaste?”, mientras camina ayudada por un bastoncito que usa para no esforzarse más de lo debido tras haber superado el covid. Deja el bastoncito a un lado, se sienta y explica:

–Si estoy tranquila o en reposo no pasa nada, pero si camino mucho se me baja la saturación de oxígeno en la sangre y tengo que ponerme el respirador. Son las secuelas del covid, que me tuvo una semana hospitalizada. Ahora resulta que el síndrome post-covid puede hacer que se me caiga el pelo, como les pasó a dos amigas, y estoy aterrada, pero les agradezco a Dios y a la vida que me hayan permitido sobrevivir. Tengo 84, mucha gente mucho más joven que yo se ha muerto y yo no me morí.

–¿Se siente joven?

–No me trates de usted. Trátame de tú y de Paulina.

–Bueno… ¿Te sientes joven?

–Me siento joven de mente. No “demente”, o sea, loca, sino “de mente”. ¿Sabes por qué? Porque me adapto mucho a las cosas juveniles. No me visto de joven ni hago tonterías de joven, pero creo que entiendo bien a los jóvenes. Sobre todo después del covid he estado débil, pero en cuanto a mi parte mental y espiritual y a mi manera de reaccionar ante la vida, me siento joven. Trato de vivir sin amarguras, trato de apartarlas. Si hay un artículo de prensa que empieza diciendo que Venezuela se hunde, que Venezuela se desintegra, que Venezuela se acabó y tal, no lo leo. No porque crea que eso no está pasando, sino porque no quiero agregarle una carga depresiva a mi estado de ánimo. Yo estoy en modo avestruz, con la cabeza enterrada. Una amiga me dijo: “A las personas que están en modo avestruz puede que las ideas les salgan por el fundillo”. Pero no usó la palabra fundillo sino la otra. Me molesté mucho y le respondí que no fuera irrespetuosa, que creo que mis ideas todavía funcionan. Estar en modo avestruz es no estar todo el día… tú sabes. Yo leo la prensa nacional e internacional, pero rechazo todo lo que sean tragedias innecesarias: que si un tipo descuartizó a mil mujeres en México. Yo no voy a leer eso. –Señala la mesita de la sala y dice–: Ahí tienes unos dulcitos, no te vayas a comer uno solo, al menos dos, y los que queden te los puedes llevar, son para ti.

–Gracias. Me he dado cuenta de que las señoras judías, en general, ofrecen dulcitos. Son muy “idishe mame”, como dicen ustedes: muy madres.

–¿Ah sí? Fíjate que cuando los judíos de Marruecos regalan un dulce, suelen decir: “Dulce lo vivas”. Me parece muy bonito.

–Aunque usted…, aunque tú no eres una judía de Marruecos.

–No, yo nací en Caracas, en 1937. Mi padre era un judío de Alepo, Siria. Los judíos árabes se conocen como mizrajim. No es verdad, como dijo Ben-Gurión –ex primer ministro de Israel–, que solo hay judíos sefarditas y askenazíes. Nuestro apellido original en árabe es “Djamous”, pero aquí era más fácil Gamus. Mi madre era de Salónica, Grecia, era judía sefardita. Mis dos familias llegaron a Venezuela entre 1927 y 1929, cada una por su lado, por razones personales y económicas. Querían ir a los Estados Unidos, pero las visas eran costosas, en cambio las visas venezolanas no costaban nada. Mis padres se conocieron y se casaron aquí en Caracas.

–Con esa mezcla: Siria, Grecia, Venezuela, ¿cuando eras niña te preguntabas de dónde eras?

–No, nunca me lo pregunté, pero hace unos 15 años les escribí a mis nietos una historia que llamé “¿De dónde venimos?”. Todos mis nietos nacieron en Venezuela, aunque ahorita no viven aquí. Por mi parte tienen Siria y Grecia; por parte de su abuelo materno, Marruecos; y por parte de sus otros abuelos, Rumania, Yemen y Palestina. Quiero que mis nietos tengan ese recuerdo, que sepan que sus antepasados no llegaron a Venezuela ni en un avión ni en un crucero sino en la tercera clase de un barco, que pasaron trabajo, que la vida de nuestros ancestros no fue para nada fácil, que nunca fueron ricos pero que tenían principios. Ahora, cuando estuve hospitalizada por el covid, les grabé a mis seis bisnietos, con mi voz ya no tan sonora, las canciones infantiles que aprendí en mi escuela primaria, para que tengan alguna conexión con las raíces venezolanas de sus padres, abuelos y bisabuelos. De mis seis bisnietos, cuatro son colombianos y dos norteamericanos.

–Vista la vida en perspectiva, desde sus 84, ¿dirías que uno cambia con los años? Hay quien dice que el carácter, aunque sume matices, en el fondo es inalterable.

–A mí me hizo cambiar mucho dejar la política activa. Yo leo sobre política y escribo sobre política. Quien ha estado en la política no se aleja de ella. Pero cuando dejé la política activa, cuando dejé de estar preocupada por lo que iban a decir de mí, por lo que iban a hacerme, que si los adecos me iban a clavar un puñal por la espalda…

–¿Los adecos? Pero si tú eras adeca.

–Mis mejores amigos estaban en Copei. De eso puedes estar seguro –dice, en clara referencia a que el mundo partidista está lleno de acuerdos pero también de rencillas.

–Ya.

–Dejé la política activa y me hice más tolerante, menos agresiva. Ahora recibo mejor las cosas negativas. Antes era más sensible.

–¿Y en qué no has cambiado?

–En mi sentido del humor. Siempre trato de buscarle el lado divertido a la dificultad. Me da pena decirlo, pero en el velorio de mi papá no hice más que reírme. Las mujeres árabes amigas de mi casa se daban golpes en el pecho y en la cabeza, y a mí eso me hacía reír porque me parecía insólito. En mi familia tenemos mucho humor.

–Siempre has parecido una persona fuerte, ¿cuál es tu debilidad?

–Mi familia.

–Me refiero a una debilidad tuya personal.

–¿Mía? –Piensa–. ¿Qué será? –Piensa–. No voy a ser tan inmodesta como para decir que no tengo debilidades. –Piensa–. Tampoco soy muy fuerte. Es la imagen que doy, quizá.

 –Concejal, parlamentaria, ministra, dirigente de AD, si volvieras a tu juventud, ¿volverías a dedicarte a la política?

–No lo sé. Yo quería ser cantante y un día me invitaron a cantar en Radio Continente, pero al llegar me encontré con Amador Bendayán, que era hermano de una tía política mía, y Amador me preguntó: “Mi amor, ¿qué haces aquí?”. Yo le dije una mentira y me fui ‘espepitada’ de ahí. Tenía 14 años, estaba escapada de la escuela y si mis padres se enteraban… Los políticos tenemos necesidad de reconocimiento, igual que los artistas. Un poco fue eso en mi caso, no sé si en el de los demás. Por eso me cuidé muchísimo de la corrupción. Cualquiera podría decir que yo fui corrupta, pero no, he sido una persona correcta, la gente lo sabe y me siento muy orgullosa de eso. Yo no me dediqué a la política para hacerme rica sino para que me reconocieran.

–¿Era muy fácil ser corrupto siendo político?

–Sí, porque no faltaba quien te ofreciera cosas, aunque los que ofrecían sabían a quién ofrecerle, y como yo no tenía un gran poder, no podía favorecer a nadie y no me molestaban. Además, aunque hubiera sido así, nunca en la vida.

–El día que el doctor Ramón Velásquez se despidió de la presidencia de la República dijo que, en Venezuela, “para estar con la conciencia tranquila hay que hacer lo que se debe y dejar de decir lo que se quiere”. ¿Estás de acuerdo?

–Es una buena frase, sí. Como político uno tiene que cuidarse de lo que dice. No se puede ser falso ni mentiroso con la gente.

–Ese mismo día, Velásquez también dijo que este “es un país implacable”.

–¿Implacable? Todo lo contrario. ¿Le cobramos algo a Chávez, el culpable de muchas de nuestras desgracias, aunque no el único culpable? Aquí olvidamos con una facilidad enorme, tal vez porque como los escándalos se suceden con tanta rapidez, no hay tiempo para ser implacable con uno cuando ya viene el otro. No sé. Velásquez era un historiador y yo no lo soy. A lo mejor él no solo veía el siglo XX sino también los anteriores.

–¿Cuáles fueron los errores de tu generación que permitieron el ascenso de Chávez al poder?

–El conformismo. Nos bastaba con ganar elecciones y tener mayoría parlamentaria para evitarnos el duro trabajo de hacernos una autocrítica y entender por qué crecía y tenía tanto éxito la antipolítica, cómo y por qué se iba desmoronando la ilusión democrática.

–¿Te persiguen esos fantasmas?

–Nunca dejo de recordarlo: Chávez ganó las elecciones un domingo, el 6 de diciembre de 1998, y al día siguiente, en la reunión de todos los lunes de la dirección nacional de Acción Democrática –Paulina Gamus era la segunda vicepresidente del partido–, Lewis Pérez, el secretario general, lo que planteó como discusión fue qué íbamos a hacer para la campaña de la Asamblea Constituyente [de 1999]. Ni una sola palabra para referirse al resultado de las elecciones ni a lo que nos había pasado. Ni una sola autocrítica. Pero la desgracia venía de antes. Chávez fue quizá la consecuencia de otro caso: cuando ganó Caldera, con el ‘chiripero’, en diciembre del 93. Como Acción Democrática y Copei hacían mayoría parlamentaria, no consideramos que teníamos que sentarnos a ver de dónde había salido la votación de la Causa R, que de tener tres diputados pasó a 40 y pico.

–Tal vez mi generación es demasiado cruel con la tuya. La cree culpable del origen. Pero ustedes también podrían decirnos a nosotros que no hemos sabido detener el avance de lo que comenzó antes.

–No, no. Los jóvenes no tienen ninguna responsabilidad.

–¿Cómo que no? Éramos adolescentes en 1998 y hoy somos unos hombres. Han pasado más de 20 años y…

–Está bien, está bien –ataja Paulina–, pero no puedes analizarlo así. ¿Cuáles han sido las condiciones? Los jóvenes han marchado, a los jóvenes los han perseguido, los han torturado, los han botado del país, los han matado, pero nosotros… Como te dije: primero, los partidos perdieron la conexión con la gente, se burocratizaron, y por otro lado estaba la antipolítica, auspiciada por intelectuales de renombre y por dueños de grandes medios de comunicación.

–¿Pero cómo es posible que Acción Democrática apostara por Luis Alfaro Ucero como candidato sabiendo que no iba a llegar a ninguna parte?

–Eso fue una tragedia… Mira, yo estoy convencida de que cuando a alguien le dicen que es una maravilla y que debe ser presidente, la persona se lo cree. Yo misma me lo creí cuando me propusieron ser precandidata de Acción Democrática para las presidenciales del 93. Me lo creí y me lancé, y estando en campaña me di cuenta de que aquello era un absurdo y comencé a burlarme de mí misma. Alfaro Ucero era el hombre más poderoso de Venezuela durante la segunda presidencia de Caldera. Los ministros iban a casa de Alfaro para consultarle las decisiones del Gobierno, para que Acción Democrática les aprobara las decisiones en el Congreso. Entonces pasó eso: a Alfaro le dijeron que era una maravilla y que tenía que ser presidente y él se lo creyó.

–¿Y nadie en el partido le dijo que estaba equivocado?

–Dos personas: Arístides Hospedales y yo, que éramos muy cercanos a él.

–¿Y qué les dijo?

–Que no, que él creía que era su oportunidad. Después, en plena campaña, cuando se decidió que Acción Democrática apoyara a Salas Römer como candidato unitario contra Chávez y Alfaro se negó, tanto Arístides como yo y casi todo el mundo votamos por su expulsión del partido. Luego, en enero, yo lo llamé para darle el feliz año y su hija no me dejó hablar con él. Lo lamenté, porque yo le tenía cariño a Alfaro.

–Perdóname que te haga esta pregunta: ¿te agobia pensar que podrías morirte sin haber visto la salida del chavismo del poder?

–No me agobia porque sé que me va a ocurrir. Yo espero que lo vean mi hija y mis sobrinos, que todavía viven aquí. Mis nietos, como te digo, están fuera. ¿Volverán? A lo mejor el mayor, que adora Venezuela. Esto está muy difícil, aunque yo voy a votar –se refiere a las elecciones regionales pautadas para noviembre de 2021–. Aun si no están dadas todas las condiciones, si hay un acuerdo masivo de la oposición, yo voy. Eso sí: la gente tiene que convencerse de que ir a votar por alcaldes y gobernadores no significa sacar a Maduro. Quien piense que eso es así está equivocado. Ni las negociaciones son para eso.

–¿Para qué son?

–Para tratar de flexibilizar algunas cosas de tipo político y económico, pero Maduro no va a negociar su salida, olvídate. Al menos yo no lo creo, quisiera estar equivocada.

–¿Y entonces?

–Bueno, ellos piensan en una especie de gobierno a la China, un capitalismo comunista. Y el país está anestesiado. Primero, hay seis millones de venezolanos que se fueron: quítale esa cantidad de gente a la población de Venezuela. Segundo, hay un porcentaje de los que no se han ido que viven en la burbuja de los dólares y están tranquilos con esa vida falsa. Y tercero, están los que tampoco se han ido y están pasando hambre, y quien está pasando hambre, qué va a hacer, si precisamente está pasando hambre. Ese es uno de los métodos de este tipo de regímenes: poner a la gente a buscar comida para que no pueda hacer más nada. Fue lo que hicieron Stalin y Mao con las hambrunas. Aquí hay manifestaciones, pero aisladas, y además son reprimidas de una manera brutal. Piensa en el Zulia. Todos los gobiernos de Venezuela adulaban al Zulia. Ser gobernador del Zulia era casi ser presidente de Venezuela. ¿Y qué le han hecho al Zulia? Lo han aplastado quitándole todo, todo.

–Mucha gente de oposición hoy en Venezuela, sobre todo jóvenes, creen que es imposible ser de izquierda nunca más, porque entienden izquierda como chavismo de un modo acrítico.

–Para mí los términos derecha e izquierda están totalmente demodé. Y además este régimen no tiene ninguna ideología. Estos son unos tipos que decidieron atornillarse en el poder y enriquecerse, eso es todo. Y como no tienen para dónde irse. ¿Para dónde se van a ir? A ellos les encantaría ir para los Estados Unidos, para Inglaterra, para Francia, qué sé yo. ¡Pero si no hablan ningún idioma, de milagro el español! No, no. No tiene sentido hablar de izquierda y de derecha, aunque les guste en España y en Europa en general. El mundo se mueve hacia algo verdaderamente terrorífico.

–¿Qué podrían oponer los demócratas, digamos, ante una situación como esa?

–Es que la democracia en el mundo está como apagada, está un poco como estamos los venezolanos: anestesiada, sin instrumentos. Hay un vuelco hacia el radicalismo.

–Tú has sido una mujer defensora de las mujeres, ¿cómo vives el feminismo actual?

–Si se trata del feminismo de “miembros y miembras”, me parece detestable. El feminismo que me interesa es el que promociona a las mujeres, el que hace algo para que las mujeres mejoren, no el que se basa en odiar a los hombres y en saltar para hacer con el feminismo lo que hace el machismo.

–¿Estás de acuerdo con la legalización del aborto?

–Sí.

–¿Y con el matrimonio igualitario?

–También.

–¿Siempre has pensado así o es algo que te ha dado el tiempo?

–He cambiado… No te has comido ni un dulcito.

–¿Cuál es el momento más importante de tu carrera política?

–Me sentí muy realizada cuando dije el discurso oficial del 5 de Julio en el Congreso, en 1992. Todo lo que yo pensaba que había que decir sobre lo que venía sucediendo en el país lo dije ahí. Para mí, la verdadera ruptura de Venezuela no comenzó con el golpe de Chávez sino con el Caracazo. Fui presidenta de la comisión parlamentaria que investigó lo que pasó ese día tan doloroso y tan vergonzoso.

–¿Por qué el Caracazo fue la verdadera ruptura?

–Porque fue a partir del Caracazo que comenzó la guerra contra la democracia y que Carlos Andrés Pérez comenzó a dar traspiés.

–¿Crees que el Caracazo fue organizado?

–Al principio lo pensé, pero en la investigación que hicimos en el Congreso no encontramos nada que demuestre que fue organizado. Creo que el Caracazo fue espontáneo en sus comienzos y aprovechado después. Chávez no se hubiera atrevido a dar el golpe sin el ambiente que se formó después del Caracazo. Ese fue el plomo en el ala de Carlos Andrés y de Venezuela. Desde entonces nada fue igual.

–¿Y de aquellos polvos vienen estos lodos, como dice el refrán?

–Ya sabemos.

–¿Salvaría a hoy a algún político de oposición?

–He optado por no hablar mal de ninguno. Aquí es necesaria la unidad opositora, aunque sea pegada con chicle. Siempre admiré a Capriles, y de verdad que le tengo admiración a Juan Guaidó: se habrá desinflado, habrá perdido su popularidad, pero ha sido un muchacho perseverante y valiente. Lamentablemente, la política es así.

–¿Hay alguna figura del Gobierno que respetes?

–Me estás pidiendo demasiado.

–Para terminar, me robo una pregunta que Leonardo Padrón inventó para la radio: ¿una frase que se te parezca a lo que piensas de Venezuela?

–Un águila majestuosa que volaba muy alto… y le cortaron las alas.

ESPECIAL | Venezuela: detenciones y justicia mediática cubren la irregular gestión contra la pandemia del gobierno de Maduro

Entre mayo de 2020 y abril de 2021, al menos 40 personas fueron detenidas y acusadas públicamente por el mandatario venezolano Nicolás Maduro, otros altos funcionarios y cuerpos policiales de comercializar medicamentos y pruebas de detección rápida de COVID-19, según una investigación de Runrunes y El Pitazo, en el marco del proyecto ‘Vigila la pandemia’*. Especialistas consultados sostienen que se trata de una “pantalla” y que los grandes casos de corrupción en el sector salud no son investigados. La llamada ‘justicia mediática’, detenidos sin paradero y sin procesos que garanticen una adecuada defensa marcan la irregular gestión gubernamental contra la pandemia en Venezuela.

Por Armando Altuve, Gitanjali Wolfermann, Lisseth Boon y Grisha Vera

 

El primer caso de venta ilegal de medicamentos para tratar el COVID-19 en Venezuela fue informado por el propio Nicolás Maduro. “Es una irregularidad terrible. La investigación está avanzada, gente vendiendo en dólares la medicina que el país trae y la da gratis a los hospitales. Vendiendo ese medicamento en 4 mil o 5 mil dólares, que es gratis, que se la damos a las clínicas privadas y a los enfermos de Covid”, dijo el presidente venezolano el 9 de septiembre de 2020 durante una actividad pública.

Cuando anunció el caso, Antonio José Amell Cantillo, un médico de nacionalidad colombiana de 27 años, que cursaba su residencia en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) en Valencia, estado Carabobo, llevaba dos días detenido. Lo apresaron el 7 de septiembre en su domicilio, luego de que circulara un video en las redes sociales en el que se ve al médico presuntamente negociando unos medicamentos. Desde Colombia, su familia denunció una presunta desaparición forzada y la ONG Foro Penal, defensora de presos políticos, informó que había recorrido varios sitios de detención en Carabobo y no logró dar con Amell. 

El fiscal general de Venezuela designado por el gobierno de Maduro, Tarek William Saab, aseguró aquel 9 de septiembre que a Amell Cantillo se le imputaba por los supuestos delitos de concusión (requerir un pago indebido abusando de su autoridad), contrabando de extracción y asociación para delinquir. En esa misma rueda de prensa, Saab dio a conocer que la comerciante Francis Margarita Aguiar Salazar, de 52 años, encargada de la Quincalla y Frutería Central, ubicada detrás de la CHET, también había sido detenida. En su local, incautaron planillas y formularios de documentos oficiales que supuestamente servían para comercializar los fármacos sustraídos del hospital. En consecuencia, a Aguiar se le imputó por forjamiento de documentos públicos, contrabando de extracción y asociación para delinquir.

Saab afirmó que Amell y Aguiar mantenían vínculos con al menos cinco farmacias privadas para vender los medicamentos sustraídos del hospital. “El director de ese hospital, Alexis Rivera, está siendo investigado para determinar si hubo complicidad de su parte”, dijo el fiscal. Por este caso fueron detenidas cuatro personas más. 

Runrunes y El Pitazo registraron 40 detenciones en Venezuela, entre mayo de 2020 y abril de 2021, de individuos señalados por cuerpos policiales y funcionarios del Gobierno, acusados de comercializar medicamentos, pruebas de detección rápida de COVID-19 y presunta falsificación de resultados. 

La mitad de los señalados son trabajadores del sector salud. Se pudo conseguir información extraoficial del estatus de 13 de los detenidos, pero de esta investigación surge que en 67% de los casos no hay información sobre cada procedimiento judicial. 

Septiembre de 2020 fue el mes en que se detuvo a Amell y el que aparece con más detenciones durante la pandemia. Solo por el caso del médico colombiano las autoridades detuvieron a seis personas, entre ellos al director del Hospital y a Juan Yánez, presidente del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud). Ambos fueron destituidos de sus cargos y excarcelados el 30 de diciembre, tras 113 días privados de su libertad. Mientras tanto, de acuerdo con las cifras oficiales, agosto y septiembre fueron los meses donde más contagios y fallecidos se reportaron durante el primer año de la pandemia en el país. Sólo en agosto se registraron 28.154 casos, el 62% de los 46.728 que había hasta esa fecha, como publicó Runrunes.

El abogado Gonzalo Himiob, director del Foro Penal —una ONG venezolana que defiende presos políticos—, explicó que el Gobierno está convirtiendo investigaciones en instrumentos para consolidar una hegemonía con fines políticos, en lugar de propiciar la administración de justicia. 

“Lo que está pasando es que el Estado no está garantizando el derecho a la salud y en ese contexto es normal que la gente busque resolver su problema de una manera informal. El problema de fondo, que es la carencia de medicamentos e insumos, no se resuelve metiendo presas a 30 o 40 personas”, afirmó Himiob.

 

Justificación de una gestión ineficaz 

Rafael Alejandro Portales Navarro (31) y Zulay del Carmen García Serrano (33) son médicos cirujanos, especialistas en traumatología, que fueron detenidos el 3 de septiembre de 2020 por funcionarios de la División de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep) de la Policía de Aragua. 

Al momento de la detención, ambos trabajaban en el Hospital Clínico Universitario, ubicado dentro de la Universidad Central de Venezuela. La versión policial indicó que, después de un trabajo de investigación, los médicos fueron detenidos en flagrancia cuando intentaban vender 20 pruebas de diagnóstico rápido del COVID-19, a razón de 30 dólares cada una. 

En la detención se incautaron 20 pruebas de diagnóstico rápido del COVID-19. Foto: Policía de Carrizal

 

La identidad de los médicos se dio a conocer de inmediato y se distribuyeron fotografías en las que se veían los rostros de los detenidos, aunque en la práctica policial venezolana la mayoría de estas tomas fotográficas suele realizarse de espalda a la cámara. Además, se difundieron fotos de sus respectivos carnets de trabajo donde se podían ver sus rostros y otros datos personales. 

Al día siguiente de la detención, en las redes sociales circuló la imagen de una boleta de libertad (N.139-20), firmada por Nitzaida Vivas Martínez, juez del estado Aragua, donde se solicitaba la libertad plena y sin restricciones para García Serrano. “En la revisión exhaustiva de las actuaciones, se evidencia que no hay delito que se pueda imputar”.

De acuerdo a los registros públicos y notas de medios analizados, en 11 meses han detenido a seis médicos y 16 de los hechos registrados por esta investigación son por ventas de pruebas para detectar el COVID-19. 

Himiob explica que la Ley de Medicamentos y la Ley del Ejercicio de la Farmacia establecen que sólo las farmacias y su personal calificado están facultados para la venta o comercialización de medicamentos. 

“No es que las personas que han sido detenidas por vender medicamentos o insumos médicos no estén cometiendo ninguna infracción, pues ciertamente se está violentando una disposición legal. El problema está en criminalizar esas ventas no por su propia ilegalidad sino porque el Gobierno quiere mantener la hegemonía y el control absoluto sobre la pandemia, y no facilita el acceso de los pacientes a esos medicamentos por los canales regulares”, argumentó Himiob. 

El manejo de la pandemia por parte del gobierno venezolano se ha caracterizado por el control absoluto y la opacidad en la información. La primera entrega de la investigación que desarrolla la alianza Vigila la Pandemia, dejó al descubierto cómo el gobierno de Venezuela y el de otros seis países en la región han rechazado desclasificar contratos para vacunas por más de 3.747 millones de dólares

“Cuando desde el poder se trata de consolidar una determinada narrativa, incluso antes de que comience la investigación, dirigida a criminalizar de entrada a una persona sin respetar el debido proceso, su derecho a la defensa y los plazos de la investigación, ya hay algo que huele mal”, sostuvo Himiob. “El poder necesita montar un cuento para poner en hombros de algunos chivos expiatorios su propia irresponsabilidad. Es ahí donde te das cuenta de que el proceso no es jurídico sino político”, agregó. 

Lo dicho por Himiob no es una práctica nueva del oficialismo. Ya en 2016, cuando la escasez de alimentos en Venezuela estaba en su punto más crítico, las autoridades encarcelaron a quienes comercializaban productos regulados. La Ley de Precios Justos (2014), destinada a controlar la inflación y el abastecimiento de insumos básicos, establece penas de hasta 14 años de prisión para quienes revendan estos productos y establece también el delito de contrabando de extracción, uno de los imputados a Amell. 

El nuevo coronavirus llegó a Venezuela cuando el sistema sanitario del país ya se encontraba afectado por la crisis hospitalaria. Los médicos atienden a pacientes con COVID-19 en instituciones sin agua y con electricidad intermitente, con escasos insumos médicos y reducidos equipos de bioseguridad. Durante la pandemia, han fallecido 582 trabajadores de la salud por causas asociadas al coronavirus.

 

 

Justicia mediática

Los soldados José David Camperos (19) y José Díaz Blanco (25) fueron detenidos el 1 de septiembre de 2020, junto a otras tres personas, en un procedimiento del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en el municipio San Cristóbal del estado Táchira. La prensa local reseñó que las autoridades habían recibido “numerosas” denuncias contra los detenidos por la presunta venta de pruebas rápidas para Covid-19. 

De acuerdo con el reporte, al grupo le incautaron 41 cajas de test de descarte rápido para el COVID-19 (1.025 pruebas). El organismo de seguridad presume que los dispositivos habían sido tomados de un centro de salud, pero no ofreció más información. Se informó que todos los arrestados fueron puestos a la orden del Ministerio Público, pero a la fecha se desconoce la evolución del caso y no se ha dado información pública sobre el paradero de los detenidos. 

Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, afirmó que el Estado venezolano solo ejerce una ‘justicia mediática’, pues explicó que las autoridades informan sobre presuntos responsables de ciertos delitos, pero no ofrece detalles sobre el avance de las investigaciones y el proceso judicial que se le sigue a los casos. “Es una justicia sólo de titulares, pero no de sentencia firme”.

Sostiene que en la Justicia venezolana ha cobrado fuerza una práctica irregular que sólo alimenta el patrón de impunidad: el Estado acusa o juzga a los más débiles de la cadena. “Se usan a estas personas para crear la matriz de opinión de que el Estado venezolano lucha contra el contrabando de extracción de medicinas o tráfico de vacunas, pero no sanciona realmente a los verdaderos responsables”, afirmó Daniels.

“Decir que no hay medicinas porque una o dos personas tienen en su poder algunos productos no evidencia una red de tráfico, por ejemplo, porque ese entramado implicaría que hay un volumen de personas involucradas en concierto para concretar una acción delictiva. Las detenciones aisladas realmente no indican que se está combatiendo el problema”, añadió Daniels.

El abogado señala que el Gobierno viola el principio de presunción de inocencia y el debido proceso al anunciar públicamente la responsabilidad de ciudadanos en presuntos delitos sin haber tenido elementos suficientes para acusarlos. Considera que no perseguir los casos de corrupción se ha convertido en una “política de Estado” y resaltó que la Justicia ha sido ineficaz para resolver los casos. “En el caso de las medicinas, se detiene a la persona y no hay un acto frente a un juez donde se presente el caso; ese caso muere, pero crea la imagen ante los venezolanos de que la justicia es eficiente”.

 

Los grandes emprendedores de la pandemia 

Mientras el gobierno de Maduro detiene a personas por presunto contrabando de extracción y otros delitos, hay casos que despiertan sospechas más contundentes y que las autoridades no han señalado. El 2 de marzo de 2021, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (Inac) informó que los viajeros que entraran al país debían realizar la prueba PCR con un laboratorio que dispusieron en el aeropuerto internacional Simón Bolívar para ese fin. Ese laboratorio apenas tenía 21 días de haberse constituido

En mayo de 2020 comenzó a observarse, en la base de datos creada para esta investigación, la venta de pruebas COVID-19 por particulares.  En la misma línea de las declaraciones de Maduro, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado declararon a la prensa, en el momento de las detenciones, que la aplicación de estas pruebas era gratuita y debía ser controlada por el Ministerio de Salud. En paralelo a esta situación, surgieron laboratorios privados y ventas de estas pruebas a domicilio promocionados mediante anuncios por la red social Instagram. 

Mildred Rojas, abogada especialista en contrataciones públicas en la ONG Transparencia Venezuela, explicó que la información sobre las compras y contrataciones, así como la lista de materiales y bienes asignados, debe publicarse en formatos de datos abiertos. Sin embargo, en Venezuela las contrataciones, adquisiciones y asignaciones que se han hecho durante la pandemia están marcadas por la opacidad y la discrecionalidad.

En el sector salud, las únicas investigaciones anunciadas por las autoridades venezolanas en los últimos años son casos de corrupción “que no involucran grandes cantidades de dinero público ni la participación de funcionarios de alto nivel con responsabilidad en el manejo de recursos”, afirmó Rojas.

 En el primer decreto de estado de alarma dictado por Maduro, en marzo de 2020, cuando se confirmó la presencia del COVID-19 en Venezuela, se dispuso la creación de la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Coronavirus. De los 12 funcionarios que ha elegido el presidente para que sean parte de esta comisión, cinco han sido sancionados por Estados Unidos, como Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, y Tareck El Aissami, ministro de Petróleo. Ambos son acusados por la justicia norteamericana de presunto tráfico de drogas. 

En paralelo a la opacidad del oficialismo y al surgimiento de nuevas empresas privadas que comercializan insumos médicos, Amell continúa privado de libertad, sin que trascienda información sobre su caso. Otro acusado por el oficialismo, Luitxon Alejandro Caripe Ochoa, de 26 años, quien fue detenido en julio de 2020 en Caracas por presunta estafa con pruebas rápidas para detectar Covid-19, terminó limpiando su nombre por redes sociales luego de ser liberado y sin información sobre el proceso judicial en su contra. “Bueno, como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquí estoy y desmiento la investigación efectuada (…) que nunca se hizo”, aseguró en un publicación de un medio local del estado Vargas.

(*) La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el COVID-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).

ESPECIAL  ⎸Se investigan más de 1.300 casos de presunta corrupción en contrataciones por la pandemia en Perú, Ecuador y Colombia

En estos tres países de América Latina, las investigaciones de las autoridades de justicia por la compra y comercialización supuestamente ilegales de insumos básicos para hacer frente al COVID-19 superan los mil 300 expedientes en distintas instancias. Avanzan en grados muy diferentes, los alcances son disímiles y en algunos casos con debilidad a la hora de enfocarse en autoridades de máximo rango o responsabilidad. Por otra parte, en Venezuela se registraron 40 detenciones pero sólo de civiles o en casos menores. Las autoridades de ese país no han informado el destino de los detenidos ni el estado de las indagaciones, hasta el momento. ¿Cuáles son los patrones comunes de las irregularidades detectadas en estas naciones? Presunto abuso de poder en distintos estamentos de los Estados y hechos que apuntan a beneficiar a empresas privadas en detrimento de los fondos públicos

Por Vigila la Pandemia*

 

Seis medios de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador investigaron el estado de las indagaciones de distintas instancias (contralorías, fiscalías, procuradurías y fuerzas de seguridad) por la compra-venta presuntamente ilegal o irregular de mascarillas, pruebas de detección rápida, medicamentos y elementos de bioseguridad. Sólo en los últimos tres países se detectaron más de mil 300 investigaciones en el sistema de justicia, entre marzo de 2020 y mayo de 2021.

Los casos analizados también incluyen adquisiciones sospechosas de kits de alimentos y hasta jabón carbólico (desinfectante); oxímetros y bolsas mortuorias para el traslado de los cuerpos de fallecidos por el COVID-19.

En la lista de investigados por estas supuestas irregularidades aparece desde el personal del sector salud, miembros de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas hasta empresas privadas y un expresidente. 

Perú registra más de mil investigaciones fiscales, entre abril de 2020 y junio de 2021, según informó la Procuraduría Anticorrupción. 

En Colombia, están en proceso 121 casos penales por contrataciones asociadas a la pandemia. Ochenta y una de ellas superan los 49 millones de dólares. Además, la Contraloría General realizó al menos 185 indagaciones por malos manejos de unos 26 millones de dólares en entes territoriales (distritos, municipios, departamentos) y centenares de procesos administrativos de sanción contra funcionarios públicos hasta mayo de 2021.

 Ecuador cuenta con 160 casos, entre marzo de 2020 y mayo último, a cargo de una Fuerza de Tarea, creada por la Fiscalía General y especializada en presunta corrupción de contrataciones durante la emergencia sanitaria. 

En Venezuela, la investigación de Runrunes y El Pitazo concluyó que en estos últimos 15 meses de pandemia se impuso una “justicia mediática”, que se centró en pequeños casos aislados y 40 detenciones (entre mayo de 2020 y abril de 2021), en especial, contra personal de la salud. Debido a la falta de transparencia y rendición de cuentas del gobierno de Nicolás Maduro, se desconoce el paradero de los detenidos y el estado de las indagaciones de esos casos. 

A la hora de analizar cómo actuaron las autoridades frente a la posible comisión de delitos en estas compras en el contexto de la emergencia sanitaria, los periodistas de la alianza ‘Vigila la pandemia’ determinaron que sobresalen la falta de mecanismos para prevenir casos de corrupción. 

En estos meses de compras millonarias, se generaron situaciones de excepción que permitieron a los gobiernos saltarse reglas precedentes como transparentar los procesos de compras y contrataciones, que antes de la pandemia eran de acceso público; se dejó de lado la obligación de multar a los proveedores que tardan en la entrega de los bienes y servicios contratados; y se adquirieron elementos básicos que ni siquiera cumplen con las normativas de salubridad del propio Estado.  

La iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). ‘Vigila la pandemia’ es un esfuerzo colaborativo para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el COVID-19.

Investigados y delitos

En esta nueva serie investigativa de la alianza periodística, quedan en evidencia patrones de común y diferencias en los delitos imputados o el tipo de investigados en cada país. Algunos están relacionados con prácticas que perjudican a la administración pública como el peculado, contrataciones direccionadas a determinadas empresas y la alteración de las normas de contratación en perjuicio de las arcas públicas. 

En otros casos, los expedientes se centraron en delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, además de tráfico de influencias. En Venezuela, el gobierno volvió a apelar a acusaciones por presunto contrabando de extracción y de concusión (requerir un pago indebido abusando de su autoridad) a diversos profesionales de menor rango.

Los grados de alcance de estas indagaciones oficiales también son disímiles. 

En Venezuela, mientras las autoridades dan a conocer públicamente detenciones de trabajadores de la salud por posibles irregularidades, otras sospechas de casos potencialmente más graves pasan inadvertidas para el gobierno, como el de un laboratorio privado con apenas 21 días de vida que fue instalado en el aeropuerto internacional Simón Bolívar para realizar la prueba PCR a los viajeros.

En Colombia, donde la pandemia se entrelazó con el paro y las protestas masivas contra la reforma tributaria, Consejo de Redacción ahondó en las investigaciones oficiales a las que tuvo acceso y determinó que la mayoría solo alcanzó a los entes territoriales (departamentos, distritos o municipios). Sin embargo, no se incluyeron casos sobre posibles malos manejos de fondos públicos contra el COVID-19 por parte del gobierno nacional. Además de las 185 indagaciones preliminares de la Contraloría General, hay centenares de procesos disciplinarios contra funcionarios.

El presidente Iván Duque, en un centro de vacunación de san Andrés, junto ministro de Salud y el Gobernador Everth Hawkins. Foto: Presidencia de Colombia.

Las autoridades de Ecuador investigan unos 160 casos de presunta corrupción en el manejo de los fondos para la pandemia, según establecieron los medios GK y Periodismo de Investigación (PI). Las denuncias proliferaron a tal punto que la Fiscalía General ecuatoriana tuvo que crear una Fuerza de Tarea especializada para poder procesar y desarrollar las investigaciones sobre presuntos actos ilícitos relacionados con las adquisiciones de productos para la emergencia sanitaria. Entre los acusados se encuentra también el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz (agosto 1996 – febrero 1997). Según la fiscalía a cargo del caso, el exmandatario sería parte de un “grupo estructurado” que planificó la venta y distribución de insumos médicos con sobreprecios a hospitales de Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.

En Perú, de acuerdo con información de la Procuraduría Anticorrupción a la que accedió Convoca.pe, se abrieron más de mil investigaciones en el Ministerio Público, entre abril de 2020 y mayo de 2021. Entre esos casos, figuran 107 carpetas fiscales por delitos presuntamente cometidos por miembros del Ejército del Perú (90) y del Ministerio del Interior (17).

La investigación periodística también permitió ahondar en los casos de 18 integrantes de la Policía Nacional de Perú (PNP) y del Ejército peruano acusados de irregularidades penales en compras de equipos de bioseguridad y aseo durante la pandemia del COVID-19, según informes de la Contraloría General de la República. En las denuncias aparecen implicados oficiales, suboficiales y trabajadores de estas fuerzas del orden.

Al igual que en la primera entrega de esta alianza transfronteriza, centralizada en los contratos de vacunas contra el coronavirus entre las farmacéuticas internacionales y los gobiernos de siete países de la región (Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, México, Perú y Argentina), la opacidad y las sospechas de malos manejos de los fondos públicos de países de América Latina vuelven a quedar en evidencia en esta segunda investigación de ‘Vigila la Pandemia’, en un contexto mundial gobernado por una crisis sanitaria y económica que se extiende cada vez más en el tiempo.  

*La iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela). ‘Vigila la pandemia’ es un esfuerzo colaborativo para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el COVID-19.

 

 

A Venezuela no le queda más que esperar por la decisión del nuevo Fiscal de la CPI
Según el abogado del Foro Penal, en Venezuela no hay un cambio de escenario, solo queda esperar a que el nuevo Fiscal de la CPI se pronuncie
Amnistía Internacional, Un Mundo sin Mordaza, Defiende Venezuela y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad esperan un rápido pronunciamiento de Karim Khan

Por: @yeannalyfermin y @Andrea_GP21

 

El pasado 15 de junio se esperaba que la exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) se pronunciara sobre el caso Venezuela I. Sin embargo, el hecho no sucedió. Fatou Bensouda no anunció si abriría o no una investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad que cometieron las fuerzas de seguridad del Estado, durante las protestas de 2017 en contra del gobernante Nicolás Maduro.

El Caso Venezuela I se encuentra actualmente en la fase III, y fue en diciembre de 2020 que Bensouda informó que tras llevar a cabo un examen preliminar, se encontraron fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno cometieron crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos”. 

El avance del caso hacia la fase IV, está ahora en manos del nuevo Fiscal de la CPI, el británico Karim Khan y para ello, no hay límites temporales establecidos, esto puede tardar días, meses y hasta  años. 

Gonzalo Himiob Santomé, abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), afirmó que la situación del Caso Venezuela I, está exactamente igual a como estaba hace dos semanas. 

“El examen preliminar sobre el caso Venezuela I sigue en curso. No hay plazos establecidos para que los exámenes preliminares terminen, así que lo que le toca hacer al nuevo fiscal es recoger toda la información, todas las evidencias que se han aportado y tomar la decisión, pero para la toma de esta decisión no hay plazo, estamos en la misma situación. No hay cambio de escenario”, afirmó Himiob. 

 

Sobre el pronunciamiento del nuevo Fiscal Karim Khan, Himiob aseguró que sí debe pronunciarse en cualquier momento. “En principio uno pudiera anticipar que ya hay suficientes elementos para que se solicite a la sala de cuestiones preliminares la apertura formal de una investigación, pero estas evidencias, documentos e investigaciones entregados previamente, deben ser evaluados por el fiscal para tomar una decisión, pero para esto, no hay límites temporales”

A juicio del abogado y director de la ONG Defiende Venezuela, Carlos Briceño, “viene una etapa donde todavía el Estado tiene múltiples facultades procesales de las cuales probablemente va a hacer uso para tratar de suspender la investigación o de retrasarla considerablemente, por lo que vamos a estar en un periodo de meses o años en los cuales se van a estar debatiendo estos asuntos preliminares de admisibilidad antes de que podamos ver casos concretos y escenarios efectivos a las intereses de la justicia que son los que la sociedad civil se ha estado imaginando”.

Gonzalo Himiob afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro seguirá esforzándose en demostrar que en Venezuela están dadas las condiciones para investigar hechos como si se tratasen de crímenes de lesa humanidad lo cual es totalmente falso.

“No es cierto que en Venezuela haya la independencia y la imparcialidad judicial que se necesita para establecer este tipo de responsabilidades, tampoco existe un marco legal completo que permita que se investiguen los hechos como crímenes de lesa humanidad y eso impide que definitivamente la jurisdicción venezolana pueda conocer de estos sucesos”, aseguró el abogado del Foro Penal. 

Piden el pronunciamiento de Khan

Luego de que el mundo se quedara esperando por el pronunciamiento que realizaría Fatou Bensouda sobre el Caso Venezuela I, varios organismos, instituciones y personalidades políticas se pronunciaron para pedirle a Karin Khan, que lo antes posible anuncie la decisión del caso. 

Es el caso de la organización mundial pro derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), quien a través de una carta instó al nuevo Fiscal de la CPI a tomar una decisión lo antes posible sobre el examen preliminar por los supuestos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela.

La secretaria general de AI, Agnés Callamard, le pidió a Kahn que no siga sometiendo a las víctimas a la incertidumbre de un examen preliminar interminable. 

“En Venezuela, AI ha documentado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y muertes causadas por fuerza excesiva por parte de agentes del gobierno o grupos de civiles armados progubernamentales, muchos de los cuales la Fiscalía ya ha concluido que constituyen crímenes de lesa humanidad, y esperábamos para hoy -15 de junio- una decisión de su oficina que concluya su examen”, afirmaba la misiva.

 

Organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos en Venezuela como Un Mundo sin Mordaza, Defiende Venezuela y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, a través de un comunicado expresaron que están expectantes sobre cualquier anuncio de Karim Khan sobre el caso. 

“Estamos expectantes al anuncio y continuaremos adelante con la labor que nos caracteriza que no es más que un compromiso indeclinable de apoyo a todas las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos, como son los presuntos crímenes de lesa humanidad que se encuentran bajo examen preliminar”, se lee en el comunicado.

“Esperamos que el nuevo fiscal asuma con responsabilidad esta tarea, la de investigar qué es lo que está pasando en el caso Venezuela I y tomar su resolución a la brevedad posible”, expresó Gonzalo Himiob. 

El comisionado para las Relaciones Exteriores del equipo de Juan Guaidó, Julio Borges, se pronunció a través de su cuenta en Twitter sobre el silencio de Bensouda y dijo que espera que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan acelere el proceso en el caso de Venezuela.

Parece fácil, pero no es

Que la exfiscal Fatou Bensouda no se haya pronunciado sobre el Caso Venezuela I, no significa que el trabajo que ya lleva adelantado la CPI sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad se haya perdido. Aún queda un largo y engorroso camino por recorrer que, como afirmaba Himiob y Briceño, puede tardar años. 

La decisión está ahora en manos de Karim Khan, quien según un análisis de EFE, tiene en principio, dos posibles salidas: clausurar el expediente o convertir el actual examen preliminar en una investigación por crímenes de lesa humanidad.

La situación, ahora, depende de la Sala de Cuestiones Preliminares, pues los elementos obtenidos hasta el momento deben ser presentados ante la misma y esta debe decidir  si la información presentada cumple con las condiciones para comenzar una investigación que resulte en un juicio penal, lo que sería la fase IV. 

De Khan avanzar en el Caso Venezuela I, allí se decidirá si se procede a la recolección de pruebas, citación de testigos, realización de cuestionarios a los acusados, exhumación de cadáveres, y cualquier otro elemento de investigación criminalística que respalde las denuncias presentadas.

Pese a esto, el Caso Venezuela I también podría enfrentarse a otras limitaciones propias de la CPI. Una de ellas es que la Corte no tiene fuerza propia policial y depende de la cooperación de los Estados para implementar las órdenes de arresto que emite. 

Otra limitación es que la cooperación de los Estados es de suma importancia para las investigaciones. Si los Estados no facilitan el proceso de investigación a la Corte, esta no puede realizar su trabajo. 

 

Son los Estados Partes los que aprueban el presupuesto de la CPI. Los mismos tienen la responsabilidad de decidir el aumento o no del presupuesto, esto interfiere principalmente en que la Fiscalía debe decidir qué casos son prioritarios. 

Desde su creación y puesta en funcionamiento en el año 2002, la CPI ha iniciado 14 investigaciones, mantiene seis exámenes preliminares abiertos: Bolivia, Colombia, Guinea, Filipinas y dos en Venezuela, y ha dictado 36 órdenes de arresto.

Una de las últimas sentencias que ha emitido la CPI fue en el año 2008, contra el expresidente de Sudan, Omar al-Bashir, -el primer jefe de Estado que es señalado de crímenes de lesa humanidad estando en funciones- pero cuyo juicio se ha retrasado por su capacidad de evadir la justicia (dos órdenes de arresto en una década).

A pesar de haber sido derrocado del poder el abril de 2019, y que la actual junta de gobierno del país acordó entregarlo a la CPI en La Haya en febrero de 2020, la pandemia los obligó a retenerlo en Sudán y forzar el juicio en el país africano.

Otro caso donde la CPI se ha tardado para ejercer es el caso de Colombia y el conflicto interno que vivieron por unos 40 años, y que permanece aún en la etapa de investigación desde 2004.

Francisco Zambrano Jun 18, 2021 | Actualizado hace 5 días
La UCV lucha para vencer las sombras
Con un presupuesto minúsculo, autoridades, docentes y estudiantes recurren a iniciativas de autogestión para mantenerse a flote en la víspera de sus 300 años  

@franzambranor

Antes que el país obtuviera su independencia en 1810, ya la Universidad Central de Venezuela había sido inaugurada en 1721 por el rey Felipe V de España. En este 2021, la principal casa de estudios de la nación cumple 300 años en medio de una severa crisis estructural que agrupa a estudiantes, docentes y personal en general. 

La UCV es la universidad más antigua del país y ha resistido las dictaduras de Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez y los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que han pretendido introducir sus tentáculos entre las autoridades y centro de estudiantes.

En el año 2000, la UCV fue declarada Patrimonio de la Humanidad, pero hoy en día la desidia, precarias condiciones de su estructura, hiperinflación, migración de profesores y estudiantes, además de la violencia han atentado contra su autonomía.

En junio de 2020, el techo del corredor número 5 colapsó  y encendió las alarmas sobre el mantenimiento de la sede, la asfixia financiera a la que es sometida la casa que diseñó el arquitecto Carlos Raúl Villanueva ha sido denunciada por su rectora Cecilia García Arocha; solo 2,27% del presupuesto solicitado fue aprobado por el gobierno de Maduro en este 2021, mientras que para investigación recibió el visto bueno apenas un 8%. 

Un profesor universitario gana a lo sumo un equivalente a cinco dólares en bolívares por mes, cantidad que promueve la deserción y la migración de docentes a otras profesiones, mientras un obrero percibe mensualmente un promedio de $3. 

Aunado a esto, la pandemia de la COVID-19 tampoco ayudó a elevar la moral de los ucevistas, las deficiencias de la conexión de internet y los constantes cortes y fluctuaciones de electricidad juegan en contra de la educación.

Debido a la escasez de personal de seguridad, los hurtos se han incrementado. Solo en el Instituto de Medicina Tropical se produjeron 120 en 2020.

La soledad en las áreas comunes ha generado la acumulacion de desechos y basura, además de la presencia de indigentes que habitan dentro de las instalaciones. 

Pese a todas las dificultades, la UCV fue catalogada como la número 1 del país en el QS University Rankings 2022 y la 41 en América Latina.  

Regla T en mano

Cuando el actual decano de arquitectura, Gustavo Izaguirre, era coordinador administrativo de la facultad en 2006, el presupuesto de la UCV rondaba los 300 millones de dólares anuales y el de su escuela era cercano a los $748 mil. 

El Estado quebró: ¿Es el fin de la universidad pública de calidad?

Actualmente el presupuesto de la universidad no llega a los 3 millones de dólares anuales y el de la facultad de Arquitectura difícilmente se ubica en 10 mil.

A través de una colecta o ProFound en la Facultad de Arquitectura se logró llevar a cabo en 2020 un semestre ordinario de manera telemática con una participación de 80 por ciento de los profesores y 81% de los estudiantes.

“Esto nos ha permitido conseguir recursos y mejorar el salario de algunos profesores. El Consejo de Facultad no ha dejado de sesionar cada quince días”, dijo Izaguirre.

De acuerdo con Izaguirre, las contribuciones han permitido recuperar el cerco eléctrico, adquirir 12 cámaras para vigilancia permanente, mejorar el sistema de iluminación y llevar a cabo actividades de limpieza. 

“Estos esfuerzos son para la protección de nuestras instalaciones. La facultad de arquitectura necesita al menos 11 mil dólares mensuales para tener la planta física en buenas condiciones y obviamente es algo que no tenemos, por eso hacemos esfuerzos para mantenernos de pie”, dijo Izaguirre. 

El decano de arquitectura sostuvo que el mantenimiento de la facultad es exclusiva responsabilidad del Estado. “Hemos confrontado problemas serios de presupuesto desde 2007, pero a partir de 2012 la situación ha sido realmente catastrófica”. 

Izaguirre manifestó que los niveles de deserción de estudiantes y profesores serán medibles una vez concluya la pandemia.

“Es difícil dar un número en este momento, los estudiantes están viendo todas las materias, hemos efectuado actividades con egresados para conseguir recursos e incluso para que ellos den clases en pregrado”. 

El decano indicó que en 2020 hicieron una actualización de las investigaciones y se recibieron alrededor de 70 ponencias. “Julio es el mes del arquitecto y en ese sentido tenemos preparadas varias actividades para honrar a nuestra gente”. 

Jueves de debate 

Para Jennifer García, directora de escuela de Trabajo Social, la UCV se mantiene gracias al sacrificio del personal docente y administrativo y la perseverancia de los estudiantes.

Aunque ha habido una notable merma en la cifra de profesores y estudiantes que hacen vida en la universidad, García aseguró que la inexistencia de un sistema de control de estudios desde hace cinco años por la eliminación del presupuesto impide hacer una proyección de cuantos han abandonado la casa de estudios.

De acuerdo a la ONG Aula Abierta, la deserción en las universidades del país se ubica entre el 40 y 50%. Según Aula Abierta las principales causas tienen que ver con transporte, comedor, ausencia de becas estudiantiles y necesidad de incorporarse al mercado laboral para ayudar a la familia.

“Los profesores han duplicado sus jornadas simplemente por una cuestión de compromiso, la mayoría ha tenido que recurrir a trabajos paralelos para subsistir en medio de la crisis”, dijo García. 

García indicó que las redes sociales han sido una poderosa herramienta en tiempos de pandemia y crisis generalizada. 

“La iniciativa es mantener encendido el debate a través de redes sociales, denunciar los problemas y buscar soluciones”. 

La directora de la escuela de Trabajo Social sostuvo que todos los jueves a las 4 de la tarde invitan a una personalidad a profundizar sobre un tema en específico. “Lo llamamos Jueves de Academia y eso nos ha abierto una ventana importante de participación”. 

Al igual que otras escuelas, la de Trabajo Social se ha visto en la obligación de impartir cursos y promover eventos para su autogestión.  

“Próximamente estaremos ofreciendo diplomados con un costo accesible para nuestros egresados y demás profesionales”. 

Manifestó también que empresas han hecho aportes en equipos y materiales para la escuela, que en más de una oportunidad se ha visto afectada por el vandalismo. 

García sentenció que en el caso de las clases a distancia han tenido que ser flexibles para poder mantenerse activos. 

“El vicerrectorado académico puso a disposición un campus virtual, donde tenemos acceso a información diversa, la biblioteca central creó un portal web, además los profesores nos hemos estado formando gracias al Sistema de Actualización Docente del profesorado de la UCV, el cual tiene talleres y cursos que son totalmente gratuitos o con un costo bajo”.

“Lo que nos identifica es que tenemos sentido de pertenencia e identidad ucevista y también lo hacemos por los estudiantes porque son ellos quienes nos van a ayudar a reconstruir este país”, salió al paso el profesor de Trabajo Social, José Ibarra. 

Formación en tiempos adversos

El Sistema de Actualización Docente del Profesorado de la UCV  (Sadpro) es una dependencia adscrita al vicerrectorado académico que funciona desde 1978 y su objetivo es la formación de docentes en áreas generales como profesionalización, tecnología y currículo. 

Su director Jorge Altuve sostuvo que pese a la crisis humanitaria compleja que padece Venezuela y la reciente situación del COVID-19, el programa se ha mantenido gracias a la mística de los profesores en la UCV. 

“En estos 43 años hemos sido vanguardia a nivela nacional e internacional y destaco específicamente el programa Aletheia, cuyo objetivo es formar a profesores a través de cursos de 120 horas de duración, esta era una dinámica que era casi totalmente a distancia y ahora debido a la pandemia es 100%. Durante la cuarentena hemos formado a 69 profesores”, dijo Altuve. 

El director de Sadpro aseguró que a diferencia de años anteriores, en 2020 y 2021 han crecido.  

Asimismo, Altuve hizo hincapié en el Programa de Formación para el Cambio que pasó a ser el primer programa de formación en contingencia para profesores. “Aquí han salido beneficiados alrededor de 4 mil personas, no solo de la UCV, sino también de otras universidades, de otros niveles del sistema educativo, empresas, ONG e instituciones”. 

Altuve indicó que todos los proyectos los han desarrollado sin presupuesto y con la colaboración de personas y entes preocupados por la educación en Venezuela. “Los números demuestran que el crecimiento se ha multiplicado, hemos contado con la participación de cerca de una veintena de profesores que están fuera del país”. 

En 2021, Sadpro planea poner sobre el tapete el tema del currículo de los profesores y las implicaciones que tiene que ver la pandemia en ello. 

Altuve dijo que los talleres y cursos no solo son para que los profesores escuchen ponencias interesantes sino para que empleen herramientas tecnológicas como videos, WhatsApp, Telegram, el campus virtual de la UCV y demás redes sociales para interactuar y actualizarse. 

“Esta es una excelente oportunidad para reinventarnos, los tiempos de crisis son los mejores para el cambio definitivamente”.

Caso Venezuela I a la espera de la decisión de la Corte Penal Internacional
La Fiscal saliente de la Corte Penal Internacional debe pronunciarse sobre el Caso Venezuela I que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país durante las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro
De iniciarse la fase IV en Venezuela, el Gobierno de Maduro tiene en sus manos múltiples recursos para tratar de suspender la investigación o de retrasarla
El 13 de febrero del año 2020, el canciller chavista, Jorge Arreaza, denunció a los Estados Unidos ante la CPI por crímenes de lesa humanidad, debido a las sanciones económicas impuestas a su país

Por: @Andrea_GP21 y @yeannalyfermin

 

Venezuela está a la expectativa de la decisión que podría emitir la saliente Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda, sobre el caso Venezuela I. 

Teniendo en cuenta que el 15 de junio termina su período, se espera que antes de esa fecha Bensouda haga públicos “los nuevos hallazgos” que su Oficina ha adelantado sobre el caso, y también que informe si se abrirá o no una investigación en Venezuela por los presuntos crímenes de lesa humanidad que cometieron las fuerzas de seguridad del Estado, durante las protestas de 2017 en contra del gobernante Nicolás Maduro.

El próximo pronunciamiento de Bensouda sobre el Caso Venezuela I, el cual se encuentra en fase 3, es uno de los más importantes, pues con el avance hacia la fase 4, la Fiscalía deberá abrir una investigación formal en contra de individuos concretos, con lo que Nicolás Maduro podría convertirse en el primer presidente latinoamericano en ser investigado por la Corte Penal Internacional. 

En diciembre de 2020, Fatou Bensouda informó tras llevar a cabo un examen preliminar sobre el Caso Venezuela I, que se encontraron fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”. 

El pasado 8 de junio, y a pocos días de entregar su cargo, Bensouda en declaraciones a EFE, afirmó que las pesquisas de la Fiscalía de La Haya “han avanzado significativamente”. Aseguró también que “el asunto está ahora a la espera de los jueces y que no hay mucho más que pueda decir”.

Un proceso largo

La Fiscalía de la CPI ha recibido denuncias sobre violaciones a los derechos humanos desde el año 2014, pero la gestión de Bensouda se ha centrado en investigar el uso de la fuerza por parte del gobierno oficialista para reprimir las manifestaciones ocurridas desde abril del 2017.

El motor de estas denuncias ha sido La Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Lima, varias organizaciones no gubernamentales (ONG), diputados, dirigentes opositores venezolanos, la fiscal destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz, entre otros.

Hay una serie de antecedentes y eventos que ocurrieron a lo largo de los años, los cuales permitieron visibilizar todas estas denuncias ante la CPI, incluyendo las que ha presentado el gobierno de Nicolás Maduro.

El equipo de Runrun.es elaboró una línea de tiempo para detallar cada uno de estos eventos, que incluso datan de cuando Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, todavía se encontraba en el poder.

 

Tres escenarios 

La tarde de este lunes, 14 de junio, se esperaba que la fiscal Bensouda se pronunciara sobre el Caso Venezuela I, como sí lo hizo con el caso Filipinas. 

A juicio del abogado y director de la ONG Defiende Venezuela, Carlos Briceño, después de esto, se pueden generar, ahora, tres escenarios para Venezuela.

Un primer escenario sería que este 15 de junio, último día de Bensouda en el cargo, anuncie que se abrirá una investigación formal contra los supuestos responsables de crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma.

De iniciarse la investigación formal, el abogado explicó que la Fiscalía puede realizar investigaciones más detalladas sobre los hechos, visitar el país en cuestión para recabar evidencias y dependiendo de los hallazgos, se puede solicitar una orden de comparecencia o arresto en contra de los individuos señalados.

 

Luego de la identificación del presunto responsable y su eventual captura, la Fiscalía debe presentar los cargos y delitos que se le imputan para dar inicio a la fase de juicio.

Un segundo escenario para el Caso Venezuela I sería que el examen no se abra. Con esto no significa que el examen terminó, significa que con la llegada de Karim Kahn, el grupo de trabajo de la Asamblea de Estados Partes deberá seguir trabajando en el caso, tratando de modificar las políticas de la Corte Penal Internacional en materia de Examen preliminar. La opinión pública jugará un papel importante.

Un tercer escenario sería la dilación del caso. Carlos Briceño explicó que el silencio de Bensouda podría deberse a los recursos introducidos por el Gobierno venezolano, específicamente por Tarek William Saab, en donde el fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, el pasado 25 de Mayo envió una Solicitud de Control Judicial ante la Sala de Cuestiones Preliminares, “para que se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase del examen preliminar y corrija el trato desigual que se le da a los países afectados, que en el caso de Venezuela, está siendo paradigmático”.

Luego, el 9 de junio Saab pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que convoque una reunión con las partes, “de conformidad con la norma 30 del Reglamento de la Corte”, lo que a su juicio constituía “una oportunidad única para que se contribuya a asegurar que el trato que se dé a los países objeto de un Examen Preliminar sea justo e igualitario”.

“Se puede decir que la táctica del Estado venezolano de solicitar este recurso de interpretación ya sobre el final del examen preliminar, ha logrado dilatar la apertura de la investigación y lo más probable es que la apertura no se produzca en el periodo de la fiscal Bensouda que termina mañana, sino que esto se retrasaría hasta que asuma el nuevo Fiscal Karim Khan”, explicó Briceño.

 

El abogado afirmó que incluso si se da la apertura de la investigación, todavía el Gobierno de Nicolás Maduro puede, basándose en el artículo 18 del estatuto de Roma, pedirle a la Fiscalía que se inhiba de iniciar las labores investigativas demostrando (como lo ha venido haciendo con las decisiones sobre los casos del concejal Fenándo Albán y del joven juan Pernalete) que tiene capacidad para investigar, juzgar y que se encuentran haciendo las investigaciones pertinentes.

Sobre la solicitud de inhibición que puede hacer el Estado, la Fiscalía de la CPI puede negarse, pero tendría que ir a la Sala de Cuestiones Preliminares para que la misma la autorice a continuar investigando sin inhibirse. “Hay un lapso de un mes que se le da al Estado después de iniciada la investigación para pedirle a la fiscalía la inhibición, es decir, para que no avance en la investigación demostrando que tiene la capacidad para juzgar él mismo los crímenes”, expresó el director de Defiende Venezuela.

Lo peor para Venezuela I

Carlos Briceño afirmó que si la investigación continúa, bien porque la Fiscalía le pida a la sala de cuestiones preliminares que la exima de inhibirse demostrando que el Estado realmente no tiene la capacidad y voluntad de juzgar, pasaría que, de acuerdo al artículo 19 del Estatuto de Roma, pudiera controlar la admisibilidad de la situación, es decir, que pudiera demostrar que tienen la capacidad para investigar los crímenes de forma genuina.

“Viene una etapa de comienzo de investigación donde todavía el Estado tiene múltiples facultades procesales de las cuales probablemente va a hacer uso para tratar de suspender la investigación o de retrasarla considerablemente, por lo que vamos a estar en un periodo de meses o años en los cuales se van a estar debatiendo estos asuntos preliminares de admisibilidad antes de que podamos ver casos concretos y escenarios efectivos a las intereses de la justicia que son los que la sociedad civil se ha estado imaginando”, aseguró el abogado.

El peor escenario para Venezuela es que se retrase el examen, incluso si la sala de cuestiones preliminares no falla a favor de Venezuela y no se establece el deber de la Fiscalía de continuar en el examen preliminar para que el Estado venezolano juzgue los crímenes ya esté habrá conseguido retrasar la apertura de la investigación lo que podría traducirse en varios meses o incluso años.

Caso Venezuela II

El 13 de febrero del año 2020, el canciller chavista, Jorge Arreaza, denunció a los Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, debido a las sanciones económicas impuestas a Venezuela.

Posteriormente, el 17 de febrero del 2020, la Fiscalía notificó a la Presidencia de la CPI la recepción de la remisión. En la notificación, la presidencia señaló que las dos remisiones relacionadas con Venezuela que la Fiscalía había recibido parecían superponerse geográfica y temporalmente, y podrían por consiguiente ser asignadas a la misma Sala de Cuestiones Preliminares, “pero que esto debía ser sin perjuicio de una posterior determinación acerca de si el referido alcance de las dos situaciones está suficientemente conectado para constituir una única situación”.

De acuerdo con un informe de la CPI, la remisión afirma que puesto que las medidas adoptadas por los Estados Unidos tienen consecuencias sobre el territorio de un Estado Parte (Venezuela), “la CPI puede ejercer su competencia territorial respecto de los presuntos crímenes de competencia de la CPI en relación con la situación imperante en el territorio de Venezuela”.

 

“La remisión señala que las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos constituyen un ataque generalizado o sistemático a una población civil, en los términos del párrafo 1 del Artículo 7 del Estatuto de Roma”, explica el informe.

Al recibir la remisión, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició un examen cuidadoso e independiente de la información suministrada por el gobierno de Venezuela. “La Fiscalía se ha centrado durante este período en la recolección de información relevante para la situación, tal como está definida en la remisión, con respecto a los elementos específicos de los crímenes del Estatuto de Roma, con el objetivo de informar su análisis material”, señala el informe de la CPI.

En tal sentido, la CPI informó que tiene la intención de concluir su análisis de la competencia material durante la primera mitad de 2021, con el objetivo de determinar si existe fundamento razonable para proceder a un análisis sobre admisibilidad.

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¿Qué dice el proyecto de ley que eleva la tensión en las aseguradoras?
Las empresas deberán cubrir pérdidas y aumentar el capital. La banca podrá utilizar su red de agencias para ofertar pólizas y se reduce el tiempo para el pago a los asegurados. Las normas obligan a invertir las reservas en instrumentos que no protegen el dinero

 

 

 

La Superintendencia de Seguros prepara un proyecto de ley que introduce cambios relevantes. De ser aprobado por la Asamblea Nacional, tal y como hoy está redactado, los accionistas de la mayoría de las empresas tendrán que aportar dinero, la banca se convertirá en un nuevo jugador y los asegurados recibirán sus pagos en menos tiempo.

El proyecto incrementa el capital mínimo para operar y la garantía a la nación. Pero antes de cumplir con estos parámetros las aseguradoras tendrán que cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores, algo que coloca sobre la mesa el impacto del COVID-19.

La pandemia es un evento no previsto en las pólizas; no obstante, las aseguradoras han tenido que responder por el tratamiento a sus clientes con cobertura en el área de salud. De acuerdo con datos que maneja el sector al cierre de marzo, los tratamientos por COVID-19  sumaban 60 millones de dólares y había pérdidas no cubiertas por el orden de diez millones de dólares.

Una vez cubiertas las pérdidas un grupo de aseguradoras tendrán que aportar dinero para cumplir con los nuevos montos del capital mínimo y la garantía a la nación. Estos parámetros, medidos en unidades tributarias en la ley vigente, comenzarían a calcularse en petros.

En el caso de las empresas que se desempeñan en ramos generales y de vida, el capital mínimo más la garantía a la nación suman 6.760 petros, que equivalen a 381.000 dólares.  Esta cifra se traduce en un aumento relevante porque la hiperinflación y la devaluación sepultaron el valor de la unidad tributaria y los montos establecidos en la ley vigente.

Un elemento importante es que el capital mínimo para operar se actualizará cada dos años de acuerdo al valor del petro.

Pedro Raaz, abogado experto en seguros, considera que la coyuntura necesita un trato especial. “Es necesario un acuerdo donde las clínicas, no solo las compañías de seguros, asuman el impacto por el Covid y el Estado deje de cobrar una porción de impuestos durante los próximos tres años. Esto es algo que debería estar en el proyecto de Ley”.

Las compañías de seguros aportan a un fondo público entre 1% y 3% del monto de las primas de las pólizas de salud. Pedro Raaz considera que este fondo debería formar parte de la solución.

Manuel Rodríguez Costa, especialista en derecho administrativo, explica que “el capital mínimo solo debería operar como una barrera de acceso y el legislador debe subirlo o bajarlo en función de si desea que haya más o menos solicitudes para operar”.

Profundiza en este tema y señala que el capital de las empresas que ya están en funcionamiento lo determina el margen de solvencia y no el capital mínimo. El margen de solvencia actúa como un termómetro trimestral que indica si la compañía tiene suficientes recursos propios para respaldar sus operaciones.

Pero hay un factor a considerar. Las normas para el cálculo del margen de solvencia las establece la Superintendencia a través de providencias que fueron modificadas y debilitaron el indicador.  

“Se permite reflejar en el patrimonio propio el 100% de la revalorización de los inmuebles y en los tres primeros trimestres del año el 100% del saldo de operaciones; eso ha traído como consecuencia que el margen de solvencia sea en el caso venezolano técnicamente un saludo a la bandera”, dice Manuel Rodríguez Costa.

“Pero eso es un problema de la forma como se estructuró el cálculo y eso se resuelve con una modificación a la providencia de la Superintendencia para hacer que realmente funcione”, agrega.

La banca en el juego

Desde 2010 la ley de seguros ha mantenido a la banca excluida del negocio, pero el proyecto de reforma abre la puerta para que nuevamente los bancos participen en el juego. Básicamente las compañías de seguros ofrecerían pólizas a través del sistema financiero, que recibiría una bonificación por colocarlas a través de sus 2.974 oficinas en todo el país.

“Suelen ser productos sencillos, muy básicos, con coberturas relativamente pequeñas, primas accesibles que pueden ser financiadas a través del banco o domiciliadas a las cuentas bancarias del cliente; las comisiones son bajas porque la idea es el volumen, es un tema de masificar la comercialización del seguro”, dice Manuel Rodríguez Costa.

El proyecto indica que “retorna la banca seguro como un canal de comercialización necesario a fin de facilitar la incorporación de la población económicamente vulnerable a los contratos de seguros masivos: vida, accidentes personales, funerario, responsabilidad civil de vehículos, entre otros”.

Pedro Raaz considera que debe ampliarse el espectro. “Para masificar el seguro no solo debería permitirse la participación de la banca. En ramos como accidentes personales, funerario y vida debe abrirse la puerta a otros canales como supermercados o empresas que funcionen mediante aplicaciones por internet”.

“Esto nos lleva a la necesidad de impulsar los microseguros, los seguros dirigidos a la población de escasos recursos a través de distintas plataformas”, añade Pedro Raaz.

Pago rápido

El proyecto de ley indica que aumenta la protección a los asegurados “al reducir los plazos de indemnización y respuesta oportuna, con la finalidad de impedir un perjuicio en su patrimonio por el transcurso del tiempo”.

En la ley vigente la empresa de seguros está obligada a cumplir con el pago previsto en la póliza en los 30 días siguientes a la fecha en que el asegurado culmina la entrega de recaudos. En el proyecto, este lapso se reduce a diez días “so pena de incurrir en responsabilidad administrativa por retardo en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Manuel Rodríguez Costa considera que este lapso es muy corto porque “las empresas necesitan realizar un análisis, es algo que no puedes parametrizar en un sistema. Vas a tener muchos procesos sancionatorios por retardo en los pagos y es algo que no tiene mucho sentido”.

Menos control

El proyecto elimina una polémica facultad con que cuenta la Superintendencia. La ley vigente le otorga al superintendente el poder de ordenarle a las aseguradoras, tras un proceso administrativo, el pago de siniestros.

“Si no había acuerdo entre las partes en un proceso amigable la Superintendencia, según la ley vigente, puede condenar a la empresa de seguros a pagar la indemnización como si fuese un tribunal y además puede indexar el pago. Esta competencia se elimina”, dice Manuel Rodríguez Costa.

El proyecto también le quita al superintendente la facultad de autorizar a las aseguradoras la venta de inmuebles y los restos de vehículos. “Si esto se aprueba las compañías tendrían libertad para disponer de esos activos sin esa alcabala de la autorización previa que en muchos casos es engorrosa y se dilata en el tiempo”, explica Manuel Rodríguez Costa.

Reservas evaporadas

Las compañías de seguros están obligadas a mantener reservas a fin de cubrir el riesgo de sus operaciones y garantizar el pago de los siniestros, pero tanto la ley actual como el proyecto de reforma establecen unas disposiciones que no protegen el valor de este dinero.

Actualmente las aseguradoras están obligadas a mantener 50% de las reservas en bolívares depositados en bancos del país y el proyecto solo rebaja esta porción hasta 40%. En medio de la hiperinflación y las bajas tasas de interés este dinero prácticamente desaparece.

La ley actual y el proyecto mantienen que no menos de 30% de las reservas deben ser “títulos valores denominados en moneda nacional o extranjera, emitidos o garantizados por la República”. El problema es que los títulos en moneda extranjera emitidos por la República están en default.

Además, la ley actual y el proyecto mantienen que no más de 20% de las reservas puede estar en inmuebles y no más de 10% en otros bienes que apruebe la Superintendencia.

Manuel Rodríguez Costa resume que “esas reservas técnicas terminan siendo sal y agua porque el dinero depositado en los bancos con hiperinflación y tasas de interés negativas básicamente se pierde; títulos de deuda pública que en la mayoría están en default e inmuebles que si bien son bienes seguros son de difícil realización”.

El presidente de una compañía de seguros afirma que “no se termina de asumir lo que es evidente: las reservas deben estar en dólares porque el bolívar y los bonos de la República no valen nada”.

El trasfondo

Las empresas de seguros caminan sobre un piso frágil. La población se empobreció, compañías extranjeras les arrebataron una tajada importante de la clientela, la hiperinflación persiste y el coronavirus impacta el flujo de caja.

Las cifras oficiales desnudan que el pago que hacen los clientes cuando compran sus pólizas, técnicamente conocido como primas, no es suficiente para soportar el costo de los siniestros, los gastos de funcionamiento y las comisiones de los corredores. Cuando esto ocurre, las aseguradoras sufren pérdidas técnicas, es decir, la actividad medular del negocio reporta cifras rojas. 

Datos de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora indican que en 2020, tomando en cuenta el tipo de cambio oficial al cierre de diciembre, el sector acumuló pérdidas técnicas equivalentes a 138 millones de dólares. 

En los cuatro primeros meses de este año, tomando en cuenta el tipo de cambio oficial al cierre de abril, las pérdidas técnicas equivalen a 99 millones de dólares.

Vacunación contra la COVID-19 no inmuniza contra la improvisación
Desde finales de mayo comenzó la segunda fase de la vacunación contra la COVID-19 en Venezuela, cuya primera semana fue dominada por la falta de información
Algunas personas acudieron a los centros de vacunación sin recibir la notificación para inmunizarse y lograron que les aplicaran la vacuna
“El proceso para vacunarme fue un golpe de suerte porque fue una colaboración que me dieron”, contó A.F, médico radiólogo
De acuerdo con un informe de la ONG Monitor Salud, hasta el 30 de mayo, 32.839 trabajadores de la salud entrevistados en dicho estudio, habían sido vacunados contra la COVID-19

@Andrea_GP21 – Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

 

El pasado viernes, 28 de mayo, el ministro de Salud chavista, Carlos Alvarado, anunció el inicio de la segunda fase de la vacunación contra la COVID-19 en Venezuela, para lo cual serían habilitados nuevos puntos en el país.

En ese momento, Alvarado informó que para ese fin de semana se contaría con 27 puestos de vacunación en todo el territorio nacional y a partir del lunes, 31 de mayo, se activarán 77 puntos, los mismos tienen gran capacidad para vacunar entre 600 y 1.000 personas.

Para poder vacunarse, Alvarado informó que el proceso de selección se hará de forma aleatoria a través del Sistema Patria, donde las personas recibirán un SMS indicando la fecha, hora y Centro de Salud dónde será vacunado. 

También, el ministro chavista informó que a través del Ministerio de Salud sería habilitada una sección de registro, donde se solicitará información personal a los ciudadanos, para no tener que registrarse en el Sistema Patria, si no lo deseaban así.

Desde que comenzó esta nueva fase, la incertidumbre, la desorganización y la falta de información se hicieron parte del proceso. En Caracas, el punto más céntrico habilitado en el Municipio Libertador se ubica en el Hotel Alba Caracas, donde se han registrado largas colas de personas que esperan poder vacunarse. 

Según los reportes publicados en redes sociales, en el Hotel Alba hay tres colas: la de las personas que recibieron una notificación vía SMS para vacunarse, para las personas de la tercera edad y para los del sector sanitario, que hasta ahora no ha sido vacunado en su totalidad.

Todo menos un plan

Un informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que, para poder llevar a cabo un plan de vacunación, primero deben establecer actividades que se integren en el marco de la atención primaria de salud, que incluye: microplanificación, fortalecimiento de la gestión de recursos humanos, capacitación para la introducción de una nueva vacuna, establecimiento de nuevos puntos de contacto para la vacunación, adopción de sistemas y tecnologías de trazabilidad para garantizar la eficacia e integridad de las cadenas de suministro, mejorar la vigilancia integral de la enfermedad y realizar actividades integradas de promoción y comunicación, entre otros.

En el caso de Venezuela, las autoridades sanitarias y el mismo gobierno solo han brindado información sobre una fase de vacunación que inició en febrero, donde, según señalaron, se comenzaría a inmunizar a los integrantes del personal de salud y otros sectores esenciales. Más tarde, a finales de mayo, luego de meses que expertos en el área de salud exigieron que se publicara un plan de vacunación, fue que el Ministerio de Salud informó sobre el inicio de la segunda fase, cuya convocatoria se realizará a través del Sistema Patria y dicho organismo.

La primera semana de vacunación contra la COVID-19 fue dominada por la falta de información. Algunas personas acudieron a los centros de vacunación sin recibir la notificación para inmunizarse y lograron que les aplicaran la vacuna. Otros no tuvieron tanta suerte.

A través de Twitter, la periodista Ivanna Laura reportó que una señora, identificada como María, de 80 años, recibió el mensaje de vacunación el jueves, 3 de junio. La señora reside en Los Valles del Tuy, estado Miranda, y acudió al punto de vacunación que le indicaron, en la parroquia 23 de Enero.

“Se vinieron desde allá a un supuesto punto en el 23 de Enero porque esa era la dirección que indicaba el texto. Llegaron a la 1:00 pm. No había vacunación, no había nada (…) Ni siquiera los voceros comunales de la zona sabían algo de la jornada”, reveló la comunicadora.

La información anterior va de acuerdo con el testimonio que dio la señora Ana Silva, de 47 años, quien se vacunó en el 23 de Enero el día sábado, 5 de junio. “Ellos habían citado a la gente el día anterior, pero las vacunas no habían llegado y le dijeron a la gente que fuera al siguiente día, por eso había gente desde muy temprano”, dijo.

Silva acudió a este punto tras recibir un SMS. Se registró a través de la página del Ministerio de Salud y el día viernes, 4 de junio, recibió la notificación. “Hubo un poco de desorganización al principio, pero después nos organizaron en fila”. Asimismo, señaló que llegó a las 8:00 de la mañana y ya a las 10:00 había recibido la vacuna.

 

Un dato resaltante que comentó la entrevistada, es que ella recibió el SMS tras registrarse en el Ministerio de Salud, pero no llevó su celular el día que se vacunó. “No había manera de constatar. A mí me llegó el mensaje pero yo no me llevé el teléfono. Igualito yo me anoté. Ellos no tenían una data que constatara que a ti te llegó el mensaje”.

Pero no en todos los casos es igual. La señora B.G recibió el mensaje del Ministerio de Salud, pese a que está registrada en el Sistema Patria por ser pensionada. Se vacunó en el pueblo de Baruta, estado Miranda. “El proceso fue relativamente rápido. Ellos citan a las 8:00 de la mañana un grupo grande, a las 11:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde. En total citaron a 500 personas en el punto del pueblo de Baruta”.

B.G señaló que varias personas en Baruta se confundieron, pues los citaban en el Concejo Municipal y, aunque en el pueblo de Baruta hay una sede, a la cual debían acudir era a la de Las Mercedes.

“Fue relativamente rápido. Yo estaba citada a las 8:00 de la mañana y me atendieron a las 10:00. Me dieron un numerito, me dijeron cédula en mano y llegaron unos muchachos a tomarme la tensión, la temperatura y la oxigenación”, dijo.

Distinto en Catia que en Los Dos Caminos

A pesar de tratarse de un operativo nacional, no había un estándar en los procedimientos de los centros de votación. El viernes, 4 de junio, algunas personas que fueron convocadas a vacunarse en Propatria, municipio Libertador de Caracas, se encontraron con la noticia de que el punto sería en la Escuela Robinsoniana de la avenida Sucre de Catia. Así lo dejaron ver algunos reportes en redes sociales.

“Después de seis horas en la cola nos dijeron que no había vacunas para los adultos mayores convocados y que asistamos el lunes haciendo la misma cola a ver si llegan las vacunas”, denunció el usuario Marco Anseume en Twitter.

La usuaria @Belvier63 también se quejó de la misma situación: “Mi prima además de adulta mayor tiene movilidad reducida. Vive en Propatria y la envían a vacunar a la avenida Sucre. ¿Cómo se supone que llegue hasta allá si no tiene a nadie que la lleve? Vive con su hermana que es mayor que ella, es una locura”, denunció.

A su vez, el domingo, 6 de junio, hubo cierta tensión en el punto de la Plaza Miranda de Los Dos Caminos, municipio Sucre del estado Miranda, para las personas que estaban desde temprano en la mañana para poder vacunarse.

“Nuestro derecho. Vacunas ya”, decían los ciudadanos que acudieron a este punto de vacunación, luego que reportaran que la cola para las personas que desearan llegar sin previa cita o registro no fue habilitada el día señalado.

El interior empezó con muchos desaciertos

Los alrededores de Corposalud Aragua, ubicado en Maracay, tuvo una gran aglomeración el pasado miércoles, 2 de junio, pues desde la madrugada de ese día cientos de residentes acudieron al lugar con la intención de ser vacunados.

De acuerdo con información publicada en Twitter por la periodista Gregoria Díaz, en el mencionado lugar se registraron largas colas de vehículos y ciudadanos, tan aglomerados que incluso las vías de acceso hacia el norte de la capital de Aragua se vieron colapsadas.

Díaz señaló que a través de cadenas difundidas en WhatsApp se compartieron mensajes falsos que convocaban a jornadas de vacunación contra la COVID-19 en varios lugares en Maracay, como el parque Las Ballenas.

El ciudadano Omar Molina, de 73 años, declaró a la periodista que, desde el lunes 31 de mayo fue al lugar y le indicaron que fuera el miércoles. Al llegar el día, anotarse y recibir el número 400, los encargados de la vacunación le indicaron que no recibirían las dosis porque no tenían el anuncio del Sistema Patria.

“Por todas las redes nos ofrecieron a los viejitos que nos iban a vacunar. Hoy vinimos aproximadamente 3.000 personas acá y esto es un abuso, y esto no se hace”, dijo el señor Molina quien instó al gobernador de la entidad, Rodolfo Marco Torres, a tomar cartas en el asunto.

¿Qué ha pasado con el personal de salud?

El día miércoles, 2 de junio, la ONG Monitor Salud publicó un informe sobre el personal de salud que ya ha participado en el proceso de vacunación contra la COVID-19.

De acuerdo con el informe, hasta el 30 de mayo, 32.839 trabajadores de la salud entrevistados en dicho estudio, habían sido vacunados contra la COVID-19. Por otra parte, 4.639 trabajadores del sector sanitario apenas han recibido la primera dosis, representando un 6,16% de la muestra total.

Como sumatoria total, la ONG encontró que 37.478 trabajadores de la salud fueron vacunados, lo que evidencia que ha inmunizado un 49.84% del personal sanitario.

Pese a que estos datos no alcanzan a todos los trabajadores de salud, “sí puede ser usado como evidencia para demostrar que las declaraciones ofrecidas por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en las que aseguraba se había inmunizado al 90% del personal sanitario, son totalmente falsas”, señala el reporte.

Runrun.es contactó a dos trabajadoras de la salud que ya fueron inmunizadas contra la COVID-19 para conocer cómo fueron seleccionadas. La primera es la médico radiólogo A.F, quien trabaja en cuatro centros de salud privados en Caracas y de ninguno de ellos recibió información para ser vacunada.

“El proceso para vacunarme fue un golpe de suerte porque fue una colaboración que me dieron”, contó la médico, quien prefirió no revelar la institución en donde se le aplicó la vacuna. Solo comentó que recibió las dos dosis de la vacuna Sinopharm y fue en un hospital centinela de Caracas.

 

A.F contó que tuvo COVID-19 en noviembre del año pasado y pudo hacerse la vacunación contra esta enfermedad en abril de este 2021. Recibió la primera dosis y la segunda le fue aplicada tres semanas después.

“Empezaron como en marzo. Actualmente están vacunando gente de los centros privados. Una amiga se vacunó esta semana por ser personal de la Clínica Metropolitana”, agregó.

Por su parte, la enfermera E.H, de 26 años, contó a este medio que ya cuenta con las dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V. La primera la recibió el 31 de mayo y la segunda el 27 de abril.

“Me hicieron un llamado a través del grupo del trabajo. Nos indicaron que cada trabajador de la salud debía acudir en su turno correspondiente y día de guardia. Fue en el ambulatorio Dr. Carlos diez del ciervo en Chacao, centro del IVSS”, dijo.

E.H contó que primero vacunaron al personal médico, de enfermería, personal administrativo, a las camareras y al personal de seguridad. “Afortunadamente todos tuvieron aseguradas las dosis correspondiente. El proceso tardó un mes y medio ya que al estar en distanciamiento, el centro evitaba aglomerados y personal no esencial, por eso hicieron el llamado en días de trabajo específicamente para ser vacunados”, dijo.

En el exterior todo es diferente

Venezuela está bastante atrasada en cuanto a la vacunación contra la COVID-19. Pese a que el gobierno de Nicolás Maduro lleva adelante un plan de vacunación, que se anunció después de meses que los especialistas en salud la solicitaron, ha sido confuso y desorganizado.

Este proceso de vacunación en Venezuela contrasta mucho con el de otros países de América, la región más afectada por la COVID-19, pues muchos países llevan el procedimiento de otra manera que, incluso para los migrantes venezolanos, ha sido más sencillo.

La joven Melanie Delgado, de 30 años, oriunda de Caracas y que actualmente reside en Santiago de Chile, contó a Runrun.es su experiencia para ser vacunada contra la COVID-19. “Se pueden vacunar todos los extranjeros. De hecho pusieron una ley que permite que todos los extranjeros se vacunen”, relató.

Delgado comentó que como ella ya está residenciada, solo tuvo que dar el número de su Registro Único Tributario (RUT) y esperó dos horas en la fila para recibir la vacuna china Sinovac. “Aquí han estado vacunando por edades. Empezaron por los adultos mayores, las personas que tienen patologías y personal esencial. Y fueron bajando por edades”.

“El proceso no ha sido nada engorroso. Sí he visto casos de extranjeros que se han visto afectados porque la ley está un poco confusa con respecto a los extranjeros y la institución a la que fueron no les había llegado la notificación de que podían vacunar a los extranjeros que no estén regularizados”, agregó.

 

Por su parte, Miguel Ángel Rangel, de 36 años, reside en Montevideo, Uruguay, desde hace dos años, y se vacunó con el antígeno chino Sinovac. El hombre contó que se registró en una agenda que iba por fases, comenzando con el personal médico, ancianos, personal esencial y después bajaron por franjas etáreas.

“Yo con 36 años me pude vacunar antes, porque en Semana Santa hicieron una agenda especial para las personas que no fueran a viajar, se vacunaran de una vez. La primera dosis me la pusieron el 31 de marzo y la segunda el 28 de abril (…) No te piden nada, solamente te registras con tu cédula, te asignan la cita y vas al vacunatorio, que lo están haciendo en los hospitales y en el Antel Arena (…) Me quebranté por dos días, tenía el brazo inútil, pero no me pasó nada”, reveló.

Rangel acotó que en Uruguay están vacunando a los ciudadanos con los antígenos Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Dijo también que al recibir la primera dosis, las personas firman un acuerdo en el que exime al gobierno de cualquier efecto adverso, aunque él asegura que hasta ahora no se han presentado casos de ese tipo. Añadió que su esposa, de 28 años, también se vacunó.

 

Certificado de vacunación de Miguel Ángel Rangel, venezolano residenciado en Uruguay

Este medio también consultó a la joven M.M, de 23 años, quien reside en Caracas, Venezuela, pero viajó a Estados Unidos para poder vacunarse. Recibió la vacuna de Pfizer y se vacunó en el estado de Florida.

Después de planificar durante al menos dos meses su viaje, averiguar si podía agendar una cita, M.M recibió información de una amiga, quien le comentó que hay varios sitios donde, sin una cita previa, podía llegar y vacunarse. Así pues, se dispuso a viajar y, luego de llegar al aeropuerto, acudió al estadio de Hard Rock Café.

“Era un estacionamiento grande. Te recibía en la entrada un primer grupo de personas. Lo primero que te preguntan es quiénes se van a vacunar y te anotan un primer número en el carro. En la segunda estación me pidieron mi identificación, me pidieron solo el pasaporte, anotan el número, tu nombre, tu apellido y empiezan con preguntas médicas”.

 

Tras responder a las preguntas, el encargado de hacerlas anotó todo en un teléfono el cual imprimió una etiqueta con los datos de la joven y un código de barras, que se adhirió al brazo en el que se iba a vacunar y pasó a una tercera estación en la cual le aplicaron la vacuna.

“En la tercera estación primero escanean el código de barras, te pinchan y luego te ponen la vacuna y después te dan tu tarjeta de vacunación. De ahí pasas a la última estación. Todo esto fue dentro del carro. Yo nunca me bajé del carro. Después te dicen que te estaciones de un lado y tienes que esperar 15 minutos a ver si la vacuna tiene alguna reacción. Todo ese proceso duró 20 minutos porque tuve que esperar a ver si tenía alguna reacción a la vacuna, cosa que no tuve”.

*Algunas identidades se resguardaron a petición de los entrevistados