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EEUU muestra intención de aliviar sanciones para que el gobierno vuelva a negociar
El politólogo Benigno Alarcón dijo además de ser el incentivo para retomar la mesa de diálogo en México, las sanciones son el único instrumento clave que la oposición tiene para negociar
El experto consideró que, hasta el momento, no existe una declaración que sugiera que se busque aliviar las sanciones sectoriales hacia Venezuela sin que el Estado venezolano de una condición a cambio
 El economista Omar Zambrano asegura que, antes de la imposición de las primeras sanciones sectoriales, ya los niveles de productos básicos de alimentos y medicinas había caído profundamente

Por: @FefaMaya

 

El anuncio el pasado 17 de mayo de que el gobierno de Joe Biden estaba tomando «algunas medidas» para aliviar algunas sanciones económicas a Venezuela, procura incentivar la mesa de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. 

A pesar de que el gobierno estadounidense haya autorizado a Chevron para negociar directamente con el gobierno de Maduro, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó que si esa posibilidad de negociar no se traduce en ventas, explotación o exportación de petróleo, la situación de la mesa de diálogo no cambiará mucho.

Alarcón aseguró que, hasta el momento, no existe una declaración que sugiera que se busque aliviar las sanciones sectoriales hacia Venezuela sin que el Estado venezolano de una condición a cambio. 

«Se está dando más incentivo al gobierno venezolano para ir a las negociaciones en México, y allí negociar algunas condiciones que, de alguna manera, justifiquen cierto alivio en las sanciones», explicó el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB.

 

La vicepresidenta del madurismo, Delcy Rodríguez,  celebró el primer paso de Estados Unidos, pero insistió en un trino en Twitter que la aspiración del régimen de Maduro es todo o nada: «El levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro pueblo».

Instrumento de negociación de la oposición

Según Alarcón, además de ser el incentivo para retomar la mesa de diálogo en México, las sanciones son el único instrumento clave que la oposición tiene para negociar

«El punto de apalancamiento de la oposición en el diálogo son las sanciones», reiteró Alarcón.

Además, explicó que, por ser básicamente el único instrumento que tiene la oposición para negociar, implica la necesidad coordinarse muy bien en esa mesa de negociación.

Alarcón señaló que si el gobierno accede a cierta concesión, y no se modifica o alivia alguna sanción, la oposición pierde cualquier capacidad de negociar.

«Dependiendo de los acuerdos a los que se llegue en EE.UU, y pagan el costo de esa concesión, eso fortalece la posición de oposición en la mesa de negociación», dijo.

Sanciones personales no afectan a la población

Entre las versiones que circularon en los medios se difundió que Estados Unidos estaría considerando eliminar a Carlos Erik Malpica Flores, extesorero de la nación, de su lista de sanciones personales. 

El denominado «sobrino favorito» de  Cilia Flores, hijo de su hermana Eloísa, ya había sido protagonista de una investigación que Runrunes sacó a la luz junto con los equipos de investigación de Armando Info, El Pitazo y Poderopedia en 2015. En ese entonces, Malpica Flores era tesorero de la República y administrador de las finanzas de Pdvsa y su familia registró 16 empresas en #Panamá desde la llegada de Nicolás Maduro al poder, en 2013.

El economista Luis Oliveros sostuvo que las sanciones personales son contra funcionarios, y que estas no afectan a la población venezolana. 

A diferencia de ellas, las sanciones sectoriales están impuestas hacia la industria petrolera venezolana, Pdvsa, y el Banco Central de Venezuela (BCV), y son las que podrían tener cierto impacto sobre el país. 

«Las sectoriales afectan directamente al país, a empresas privadas con el tema de compliance financierocumplimiento normativotanto en Estados Unidos como a escala internacional», indicó el economista.

Presión para levantamiento de sanciones

Además de incentivar el regreso a las negociaciones, también se ha solicitado que las sanciones sean levantadas por presuntamente “exacerbar la situación humanitaria”.

Uno de los casos más recientes, es la carta que dirigieron 18 congresistas demócratas al presidente Biden para exigir el levantamiento de sanciones. 

Tal Cual Digital reseñó que a pesar del reconocimiento de Maduro y sus aliados como los principales responsables de la crisis humanitaria y política del país, los congresistas norteamericanos aseguran que las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump “no solo fallaron para mejorar la situación en Venezuela, también la exacerbaron significativamente”.

La misiva, difundida por el reportero Joshua Goodman, fue firmada por los congresistas Alexandra Ocasio-Cortez, Raúl Grijalva, Jesús García, Jan Schakowsky, Juan Vargas, Ayanna Pressley, Ilhan Omar, James McGovern, Jared Huffman, Pramila Jayapal, Eleanor Holmes, Earl Blumenauer, Henry Johnson, Donald Payne, Rashida Tlaib, Andy Levin, Jamaal Bowman y Bonnie Watson, considerados como el ala de izquierda radical del partido demócrata.

Benigno Alarcón aseguró que hay un lobby importante de parte del gobierno venezolano, diferentes actores en Venezuela distintos al gobierno, y de parte de las empresas petroleras norteamericanas para que se levanten las sanciones .

«Todo esto influye de cierta manera. La pregunta es si Biden encontrará un punto medio entre las presiones a las que está sometido para levantar sanciones y en lo que puede o debe hacer en el sentido de un levantamiento incondicional de sanciones. Esto podría dejarlo sin herramientas para negociar», aseguró Alarcón. 

Solo una correlación temporal

En medio del debate sobre si las sanciones sectoriales han agravado o no la situación económica-social de Venezuela, el economista, Omar Zambrano aseguró que existe una correlación temporal entre el alivio de restricciones de importación y la imposición de las primeras sanciones sectoriales.

«Eso no es evidencia de que una cosa sea consecuencia de la otra. Simplemente están relacionadas en el tiempo», reiteró Zambrano.

Según el economista, cuando se impusieron las primeras sanciones sectoriales, que impactan la posibilidad de Pdvsa de pagarle a proveedores, recibir créditos de ellos y, además, restringieron sus finanzas y las del Banco Central, el gobierno venezolano cambió radicalmente su manera de aproximarse al sector privado en Venezuela.

«Hubo un relajamiento de controles de precios y de controles de cambio. Además, empezó una política de libre comercio por las aduanas de Pdvsa, de importación de consumo final por las aduanas», aseguró Zambrano.

El economista explicó que las importaciones que estaban en un mínimo histórico en 2017 habían caído profundamente en años anteriores.

De acuerdo con Zambrano, antes de la imposición de las primeras sanciones sectoriales, ya los niveles de productos básicos de alimentos y medicinas había caído profundamente. En ese periodo se gestó la terrible crisis humanitaria compleja de Venezuela, donde la población vivió una escasez profunda de productos.

El economista aseveró que es un fenómeno difícil de explicar. «Si bien, las sanciones pusieron restricciones sobre la posibilidad del gobierno para hacer negocios con Pdvsa y transferir dinero. No se sabe si por convicción o por obligación esto causó que el gobierno cambiara completamente su política económica con respecto en dejar operar al sector privado. El efecto negativo es positivo hay preguntas abiertas porque no se conoce qué es consecuencia de las sanciones y que no lo es», señaló. 

Alertan sobre riesgo de reaparición de poliomielitis, difteria y sarampión
El pediatra puericultor Alejandro Crespo Freytes alertó que en Venezuela ninguna vacunación contra enfermedades como la difteria, sarampión, poliomielitis, entre otras, alcanzaba 95% de cobertura para el año 2020, que es el porcentaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud para reducir el riesgo de brotes y epidemias
«Podemos estar a las puertas de nuevas epidemias de sarampión y difteria, y por ende, de pertussis (tosferina), tétanos, rubéola y paperas, como hemos tenido anteriormente, por no vacunar de manera adecuada», alertó el experto
Recordó también que en los últimos cuatro años, en el sector público no se ha vacunado contra el rotavirus (que causa diarreas potencialmente mortales en niños) ni contra el neumococo, que ocasiona neumonías
El presidente de la Sociedad Venezolana de Salud Pública y exministro de Salud, José Félix Oletta, explicó que en la medida en que no se alcanzan las coberturas de vacunación, se agregan susceptibles, aumenta el riesgo de circulación del patógeno y la posibilidad de reaparición de la enfermedades prevenibles por vacunas
Este 16 de marzo, la Academia Nacional de Medicina urgió  al gobierno «de manera urgente» a establecer un plan de vacunación masiva contra la poliomielitis

 

@MrsYaky

 

El riesgo de reaparición de difteria, sarampión y poliomielitis en Venezuela es muy alto, debido a las bajas coberturas de vacunación para prevenir estas enfermedades.

En el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, el pediatra puericultor Alejandro Crespo Freytes expuso sobre esta situación en un webinar realizado el pasado 27 de abril vía Youtube.

El también consejero de lactancia materna de la Unicef recordó además que en los últimos cuatro años, en el país tampoco se ha vacunado a nivel público contra el rotavirus (que causa gastroenteritis) ni contra el neumococo (que provoca neumonías), mientras que contra la influenza se vacunó parcialmente hasta el año 2020.  

«Cuando toca hablar de vacunas en Venezuela en los últimos cinco años, toca dar malas noticias. Aunque si usted invierte un dólar en vacunas, se ahorra unos $54 en gastos de salud», destacó Crespo Freytes en el conversatorio.

De acuerdo con los datos de cobertura vacunal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, publicados en julio de 2021, en Venezuela ninguna vacunación contra enfermedad alcanzaba 95% de cobertura, que es el porcentaje recomendado para reducir el riesgo de brotes de enfermedades entre la población. 

Aunque el especialista aclara que en el mundo cayeron las coberturas de vacunación en mayor o menor medida por la pandemia de COVID-19, en Venezuela, en donde la situación ya era compleja, actualmente «estamos muy mal».

 

«Podemos estar a las puertas de nuevas epidemias de sarampión y difteria, y por ende, de pertussis (tosferina), tétanos, rubéola y paperas, como hemos tenido anteriormente, por no vacunar de manera adecuada», advirtió el médico. 

Esta afirmación es secundada por el miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Salud Pública y exministro de Salud, José Félix Oletta, quien manifestó que preocupa «mucho» la posible reaparición de sarampión, difteria y polio.

El experto explicó cómo incide en la baja cobertura de vacunación en la reaparición de enfermedades.

«En la medida en que no se alcanzan las coberturas de vacunación se van agregando susceptibles, aumenta el riesgo de circulación del patógeno y la posibilidad de reaparición de la enfermedad, en nuestro caso, de todas las enfermedades prevenibles mediante vacunas», explicó. 

 

 

El estatus de las vacunas BCG y contra la hepatitis B

«Lamentablemente, del año 2017 en adelante, todas las coberturas de vacunación han estado por debajo de 95%, que es lo que recomienda la OMS.  Esto es muy preocupante, porque por ejemplo, la primera vacuna que uno suele ponerle a los niños (la de BCG) no la tienen el 20% de los niños venezolanos«, explicó el doctor Crespo Freytes al referir que solo 82% de ellos recibieron la vacuna de la BCG (contra la tuberculosis) en 2020. La cifra era 9% menor que la de 2019.

En lo que respecta a la vacuna contra la hepatitis B, que se coloca en las 24 horas posteriores al nacimiento del bebé, solo 50% de los niños la habían recibido en 2020: «La mitad de los niños, no. Eso es muy preocupante,  los niños o están naciendo en sitios donde no están disponibles las vacunas o no están naciendo en centros de salud. Es más probable lo primero», explicó el médico.

Sobre este último punto, recordó que por la crisis eléctrica, muchos centros dejaron de poner vacunas porque no tienen cómo almacenarlas en neveras.

«Por esta razón, las vacunas se trasladaron a centros de salud cada vez más grandes. Esto significa que, mientras más lejos se esté de Caracas o de una ciudad capital, probablemente no haya acceso a vacunación, porque posiblemente ese centro no tenga planta eléctrica», destacó el presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Aragua. 

Difteria, sarampión y poliomielitis: tres preocupaciones latentes

Al especialista en Puericultura y Pediatría le preocupa la situación con las tercera dosis de las vacunas contra la difteria, tétano y pertussis (tosferina) -que es la DTP- y con la trivalente viral, que es la que genera protección contra sarampión rubéola y parotiditis.

«En el mundo, 85% de los niños menores de un año han recibido, al cumplir el año, tres dosis de esta vacuna. En Venezuela, ponemos pentavalente, es la que contiene DTP, y la reciben 50% , en 2020 fue 54% de los niños. La mitad de los niños no reciben las tres dosis de la DTP antes de cumplir un año. Debemos recordar que tuvimos difteria entre los años 2016 y 2019 y murieron alrededor de 35 niños por algo que es inmunoprevenible», alertó Crespo Freytes, al referirse al brote que se presentó en el país después de 25 años sin casos de esta enfermedad.

La cobertura de vacunación contra la difteria disminuyó 10% en el año 2020 con respecto a 2019, cuando era de 64%. Actualmente, es menor que cuando reapareció la difteria en 2016. 

Además de la baja cobertura en vacunación, es importante también la tasa de deserción. Y Venezuela, resalta el especialista, tiene el porcentaje de deserción en DTP más alto del continente, seguido de cerca por Dominicana y Haití y Perú. «Pero todos ellos tienen una cobertura más alta, de 70% en ambas dosis. En nuestro país, la deserción es muy alta y la cobertura muy baja. Al bajar la cobertura, sube la curva de casos», explicó.

Indicó Crespo Freytes que en en 2016, cuando reapareció la enfermedad, la tasa de letalidad fue diez veces mayor a la esperada, lo que podría significar dos cosas: «O los niños venezolanos se mueren más de difteria o, definitivamente, se reportaron muchos menos casos de los que hubo. Probablemente, fue lo último y estos números fueron hasta diez veces mayores de los reportados. 

El especialista insiste en que la baja cobertura de inmunización con esta vacuna, que es básica y se debe poner antes del año, sugiere que tampoco se está vacunando bien contra otras enfermedades. 

Y es justamente lo que ocurre en el caso de la vacuna contra el sarampión. Para el año 2020, solo 76% de los niños habían recibido la primera dosis de la vacuna: «Tuvimos epidemia entre 2017 y 2019, más de 6.000 casos entre 2017 y 2018 (5.667 solo 2018). Y el año previo, en 2019, 93% de los niños tenían, al año de vida, una primera dosis de la vacuna que previene el sarampión. Eso significa que 17% menos niños que en 2019 fueron vacunados contra la enfermedad», apunta Crespo Freytes.

«América fue en 2014 la primera región en recibir la certificación libre de sarampión. Esa certificación la perdimos gracias a que en Venezuela empezó una epidemia en 2017 que acabó en 2019 y tuvo 6.000 casos en total, además de una alta cantidad de muertes alta respecto al número de casos», recordó el pediatra. 

La situación con la segunda dosis de vacuna contra el sarampión es aún peor: solo 28% de los niños en Venezuela en 2020 la recibieron. 

«Y si usted ve un caso de sarampión, probablemente usted esté vacunando mal no solo contra sarampión, rubéola o paperas, sino contra todos los demás. Es una enfermedad con el índice de reproducción más alto, quizá el COVID-19 cambió esto. Pero una persona con sarampión puede transmitirle  la infección a 17 ó 19 personas. Alrededor del 90% no vacunados se puede contagiar», abundó Crespo Freytes.

El resto del continente vacuna mejor que Venezuela contra el sarampión. Para 2020, el 91% de personas en Uruguay tenían segunda dosis, al igual que el 88% en Colombia, el 83% en Chile y 72% en Paraguay.

El médico también recordó que en 2021 hubo casos de fiebre amarilla en el estado Anzoátegui y la confirmación de monos infectados en Monagas. La cobertura de vacunación contra esta enfermedad era de 82% en 2020. «Estar en un número cerca de 85% no te da libertad para pensar que no haya más casos, hay que estar cerca de 95% para mayor seguridad». recordó.

Urge aumentar vacunación contra la polio

Sobre la poliomielitis, es importante recordar que en marzo de 2022, y después de 30 años, Israel detectó casos, el primero de ellos, en un niño de cuatro años no vacunado. Solo países como Pakistán y Afganistán reportaban casos de esta condición «y por virus salvaje y no vacunal», aclara el pediatra Alejandro Crespo Freytes. 

En Venezuela, para 2020, solo 62% de los niños estaba vacunado contra esta enfermedad viral que puede afectar los nervios, llevar a parálisis total o parcial y que es altamente infecciosa. 

«La humanidad solo ha logrado erradicar una enfermedad del mundo, y fue la viruela. Estamos a punto de erradicar la poliomielitis y ambas gracias a las vacunación, principalmente. Tener cobertura tan baja de 62%, cuando el mundo está advirtiendo que hay casos en países donde vacunan mejor que nosotros, es preocupante», alertó.  

Por su parte, el exministro de Salud José Félix Oletta compartió un documento sobre el alerta que hiciera el pasado 10 de mayo la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica,   en el que se advertía que era real la amenaza de una reintroducción de poliomielitis en la región.

Esto debido a las «bajas y heterogéneas» coberturas de vacunación y a la «falta de cumplimiento de los indicadores de vigilancia de parálisis fláccidas, todo ello profundizado durante la pandemia».

Este 16 de marzo, la Academia Nacional de Medicina urgió  al gobierno  a establecer un plan de vacunación masiva contra la poliomielitis de manera «urgente».

En un comunicado, enfatizaron que existe un «alto riesgo de reaparición de casos de poliomielitis en Venezuela» y llamaron a las autoridades a actuar al respecto dando cumplimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones.

Recordaron que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió a los países «redoblar los esfuerzos» para vacunar a los niños contra la enfermedad viral.

«Según datos de la OPS, la cobertura de vacunación antipolio 3 en Venezuela es menor del 80 % (reporte de la 13 reunión de la Comisión Regional de Certificación de la Fase Final de la Erradicación de la Plio en las Américas), y cuatro países (Haití, Venezuela, Perú y República Dominicana) fueron clasificados como de muy alto riesgo», detalló la Academia de Medicina.

La institución insistió en que esta enfermedad «puede propagarse con rapidez en los grupos poblacionales no inmunizados», por lo que recalcó la importancia de mantener una tasa alta de cobertura de vacunación.

 

Vacunas que solo se ponen en centros privados

Por otra parte, el pediatra Crespo Freytes también llamó la atención sobre el hecho de que Venezuela fue el tercer país en el continente en introducir en el programa ampliado de inmunizaciones  la vacuna contra el rotavirus. Pero, por impago a la OPS, la cobertura cayó a cero. 

«Fuimos pioneros, llegamos a tener cobertura de 84% en el año 2016, era muy buena. Pero en 2017 Venezuela deja de pagar al Fondo Rotatorio de la OPS y, por ende, deja de vacunar contra el rotavirus, con lo que la cobertura cayó a cero en 2018, 2019 y 2020. Es la cobertura que estima Unicef, porque el Estado no reporta nada desde 2016. Desde hace seis años no vemos un boletín epidemiológico semanal, que es una cosa que debe salir 52 veces al año. Tampoco vemos un anuario de mortalidad desde el año 2014, ya vamos para 8 años sin que el Estado venezolano publique cifras», denunció Crespo.

Aunque las vacunas contra el rotavirus y el neumococo se consiguen en centros privados, al grueso de la población se le dificulta acceder a ellas. . 

«El 96% de los venezolanos somos pobres y el 76% pobres extremos según la más reciente encuesta Encovi. No creo que el 76% de las personas que no puede comer tenga para pagar una vacuna de rotavirus, y el 96% restante que puede comer quizá solo puede llegar hasta ahí».

Esto significa que solo 5% de los niños menores de cinco años en Venezuela tienen vacuna contra el rotavirus, «lo que nos pone a las puertas de una epidemia efectivamente».

Con respecto al neumococo, Venezuela fue el penúltimo país en introducir la vacuna a su esquema de inmunizaciones. Se logró tener una cobertura de 24% (muy baja) que cayó también a cero en 2017. «Probablemente, la cobertura en privado no debe representar ni el 5% de la población», añade Crespo.

Sobre este punto, Oletta, exministro de Salud, destacó que el gobierno ha dejado de cumplir su  obligación de proteger la salud de la población, «especialmente, la de los más, pobres que no pueden pagar de su bolsillo el costo de estas vacunas.»

Entre 1999 y 2017, todos los países de Suramérica redujeron la cantidad de niños que murieron por neumonía. El mundo, en promedio, redujo 49% la cantidad de niños que se morían por neumonía gracias a esa vacuna

«Pero Venezuela fue el que menos disminuyó ese número entre 1999 y 2017 porque fuimos, después de Bolivia, los últimos en introducir la vacuna contra el neumococo. Se redujo alrededor de 25% la mortalidad por neumococo, mucho menos que en el resto del mundo y en zonas como el África Subsahariana, sudeste de Asia, Haití, los países más pobres del mundo», lamentó Crespo. 

VPH fuera del esquema de inmunizaciones

Venezuela se encuentra en la poco honrosa lista de países que no incluyen a  la vacuna del VPH en el sistema ampliado de inmunizaciones. Los otros cuatro son Guyana Francesa, Haití, Nicaragua, Cuba y Curazao.

Esto a pesar de que el VPH es la principal causa de cáncer de cuello uterino, una de las primeras causas de muerte en mujeres del país. También, es causa importante de  enfermedades del pene, cáncer de cara y cuello, cáncer de ano y verrugas genitales. 

«En 2014, el Estado dijo que iba a empezar a vacunar a las niñas mayores de 10 años con antiVPH y estamos en 2022 y aún no ha vacunado a ninguna. Es una de las vacunas que menos se pone en privado», comentó Crespo. 

Reforzar el esquema y cumplirlo

Ante el riesgo de nuevas epidemias, las recomendaciones de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría apuntan a un mejor esquema de inmunizaciones que el que rige actualmente y a aumentar las coberturas de vacunación. 

El actual esquema incluye las vacunas BCG, hepatitis B, pentavalente, contra la poliomielitis, trivalente viral e influenza. Es necesario que esta última se retome, ya que en los últimos años, y según registros de la OMS, no se la han aplicado a menores de cinco años. Y, con respecto a las primeras, es vital que se aumenten las coberturas de inmunización.

Es fundamental también que se vuelvan a aplicar las vacunas contra el neumococo y rotavirus, que estuvieron disponibles entre 2014 y 2017 pero ya no se están aplicando en el sector público. 

Las vacunas que nunca han estado dentro del esquema y que la SVPP propone que se incluyan son las de  meningococo conjugada, VPH, varicela y hepatitis A.

 

OVP: Tuberculosis y hambre suman más víctimas que la violencia carcelaria
Por tercer año consecutivo, los problemas de salud se mantienen como la primera causa de muerte en las cárceles de Venezuela, según el informe anual del Observatorio Venezolano de Prisiones
Muchas enfermedades como hepatitis, paludismo, gastrointestinales y cardiovasculares no tienen que llevar a la muerte, pero con la condición de desnutrición, están causando decesos entre detenidos y presos. En Venezuela, esto es una condena de muerte», declaró Carolina Girón, directora del OVP
La directora del OVP  denunció un aumento en el número de cárceles «totalmente controladas por pranes»: «El pran decide si el preso va a una audiencia o no, quién vive en esa cárcel o no (…) están por encima de un juez», sostuvo
El OVP destaca que en los últimos cinco años se ha dado el fenómeno de inversión de la pirámide judicial, donde los procesados superan a los condenados

 

 

La primera causa de muerte en los centros penitenciarios del país son los problemas de salud que se agudizan por el hambre.

Así lo determinó el Informe Anual 2021: Informe Anual 2021: La crisis del sistema penitenciario, un reflejo del abandono del Estado, presentado el pasado 10 de mayo por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

De acuerdo con estos datos, en 2021 murieron en cárceles 226 personas privadas de libertad. 90 de ellos fallecieron por cuestiones de salud. Por tercer año consecutivo, los problemas de salud se mantienen como la primera causa de muerte en las cárceles de Venezuela. 

El porcentaje de personas privadas de libertad fallecidas por condición salud con respecto al total de muertes en el año 2021 aumentó a 71,42%. Esto es el porcentaje más alto desde 2017.

En el año 2021, se registraron como principales patologías que afectan a los presos la tuberculosis, desnutrición grave, neumonía, hepatitis, paludismo, escabiosis, enfermedades
gastrointestinales y enfermedades cardiovasculares.

OVP
Gráfico del informe de la OVP

Pese a la proliferación de estas enfermedades, no hay personal médico apostado permanentemente en los penales. 

Por otra parte, la denegación de una alimentación balanceada se ha convertido en el «padecimiento principal de la población reclusa», destaca el Observatorio Venezolano de Prisiones.

Desde el 2017, «el hambre, la carencia de agua potable y las graves condiciones de salud» preocupaban al organismo y en 2021, lejos de solucionarse,  estos problemas empeoraron y trajeron consigo proliferación de enfermedades, pérdidas de vidas y «prácticas inadmisibles dentro de las prisiones como actos de corrupción, situaciones de violencia, motines y huelgas».

«No llega la comida a nuestros centros penitenciarios, todas las protestas comienzan por hambre. No hay agua, ni recolección de desechos sólidos, es una condición precaria. enfatizó Carolina Girón, directora general del OVP, durante la presentación del informe.

«Esta es la realidad que quieren esconder y que se vive en las cárceles venezolanas. Tenemos también enfermedades como hepatitis, paludismo, gastrointestinales, cardiovasculares. Muchas de estas enfermedades no tienen que llevar a la muerte, pero con la condición de desnutrición, están llevando a la muerte a detenidos y presos. En Venezuela, esto es una condena de muerte fáctica», recalcó.

Añadió que los presos políticos que están recluidos en cárceles comunes sufren las mismas penurias: «Si sus familiares no les llevan la comida, pasan hambre, tienen problemas de acceso al agua».

Los estados donde se registraron mayor cantidad de muertes de presos por condiciones de salud en el año 2021 fueron Lara (31), Anzoátegui (21), Guárico (13) y Carabobo (8).

 

Otros datos del informe del OVP en claves

A continuación, algunos hallazgos relevantes del informe sobre la situación de las cárceles del OVP. Las gráficas fueron extraídas de dicha investigación. 

Disminuye la población reclusa, pero no los altos niveles de hacinamiento

El OVP destaca la reducción, en los últimos cuatro años, de la población reclusa total en las cárceles de Venezuela.

«Entre los años 2020 y 2021 hubo un descenso poblacional del 10%, el cual se podría considerar muy pequeño en contraste con años anteriores. Sin embargo, a pesar de esta tendencia decreciente, la situación de los centros de reclusión de Venezuela se continúa caracterizando por la sobrepoblación y por altos niveles de hacinamiento, encontrándose las cárceles de nuestro país, por quinto año consecutivo, con una sobrepoblación mayor al 40% de su capacidad instalada, lo que se traduce en un hacinamiento de riesgo crítico, en atención a los estándares internacionales en la materia», especifica el texto.

En el año 2021, el OVP determinó un hacinamiento crítico del 159,09%, cálculo basado en la capacidad real instalada (21.188) y la población reclusa (33.710).

Reseñan en el informe que se han determinado casos de celdas de 10×10 metros cuadrados en las que sobreviven entre 90 y 100 reclusos, como en el Internado Judicial Rodeo II.

Más procesados que penados

El OVP destaca que en los últimos cinco años se ha dado el fenómeno de inversión de la pirámide judicial, donde los procesados superan a las personas que están penadas.

«Esta situación tiene un solo origen: el retardo procesal imperante dentro de todas las etapas del sistema judicial del país. Dentro de las prácticas más recurrentes notamos que una vez la persona es privada de libertad, el inicio de su proceso mediante audiencia preliminar se retarda por actos de incompetencia judicial que van desde la falta de presentación de algunos de los sujetos procesales, impedimentos en los traslados desde los centros de reclusión hasta los juzgados36, innumerables diferimientos, entre otros hechos que denotan una completa ausencia del acceso a la justicia y la celeridad procesal, permaneciendo así la persona detenida por un tiempo indefinido en lo que podemos denominar como una laguna judicial». 

OVP CIFRAS

Se reducen las muertes en general, pero aumentan las muertes por salud

El año 2021 registro las cifra más baja de personas privadas de libertad fallecidas.

Sin embargo, al desagregar las causas, se determina que el total de personas muertas por salud en el 2021 alcanzó el porcentaje más elevado (71,42%).

El resto de las muertes responden mayormente a situaciones de violencia, con armas blancas y armas de fuego.

OVP

Una comida diaria

Se observó en la cárceles que la frecuencia en el consumo de alimentos se limita a una comida diaria, con intervalos que han llegado a superar las 24 horas.

Asimismo, el menú proporcionado no responde a una dieta balanceada con los nutrientes básicos e ingesta calórica establecida por la OMS (2000 a 2500 kcal/día para un varón adulto y de 1500 a 2000 kcal/día para las mujeres).

«Por el contrario, nuestra organización ha registrado que, a lo largo del territorio nacional, el menú mantiene patrones similares que consisten en: agua de arroz, agua de pasta, agua de verduras, harinas, alimentos sin sal y azúcar sin complementos proteicos», describe el informe.

Penales sin agua y cobro en dólares por cisternas

En las cárceles escasea el agua y les exigen a los presos una cuota monetaria para contratar cisternas. 

«Un ejemplo de ello, se ha registrado en los dos penales del estado Lara, donde las cisternas son adquiridas por los privados de libertad oscilan entre 40 y 50 USD, agua que deben administrar para su consumo, aseo personal y lavado de ropa. De igual forma, Internado Judicial de San Felipe, conocido como La Cuarta, las personas en prisión solo reciben el líquido cuando hay visita, estableciendo por las autoridades un límite de 5 litros por recluso, mientras que dentro del penal deben pagar entre 5 y 7 dólares por un botellón
de agua», se refleja en el informe. 

Desnutrición y déficit alimentario

Estos dos problemas son una realidad entre los privados de libertad. Según el OVP, en 2021 aumentaron las denuncias de familiares quienes aseguraban que los internos habían perdido 40 kilos desde la fecha de su reclusión.

En los calabozos también fallecen por temas de salud

64,15 % de los decesos registrados en el año 2021 en los calabozos policiales también por motivos de salud.

Cárceles controladas por los pranes

En la presentación del informe, la directora del OVP,  Carolina Girón, describió que ha aumentado el número de cárceles «totalmente controladas por pranes».

«Ellos son quienes deciden la vida de las personas que están dentro, y también de las del exterior. El centro penitenciario tiene un jefe que es el pran, funcionarios del Estado hace lo que dice el pran, el pran decide si el preso va a una audiencia o no, quién vive en esa cárcel o no. El pran tiene una autoridad tal que él decide cuándo sale el traslado o no. Y si la población de la cárcel que él dirige disminuye y, por tanto, sus ingresos, los pranes exigen que más presos sean enviados a esa cárcel para poder aumentar sus ingresos, se cobra por visita conyugal, por llamada telefónica, por un plato de comida, por agua y todo ello con auspicio de autoridades», describió la vocera del OVP.

Indicó que la situación es de tal magnitud que los pranes se comparten con el Ministerio de Servicios Penitenciarios la dirección de los penales. 

«La mayor población está en cárceles dirigidas por pranes. Ellos han formado autogobiernos y asombra que no solo dirigen a lo interno, sino a lo externo. Un pran está por encima de un juez y esto ocurre en la cara de las autoridades«, sostuvo.

Además, precisó que en las cárceles venezolanas circulan todo tipo de armas. «Solo falta un submarino, porque no hay mar. Hay de todo (….) desde hace décadas hay armas en las cárceles, pero antes las fabricaban ellos. Pero ahora conseguimos armas comunes, armas de guerra que, según la Constitución, solo deben estar en manos de las FANB. Hay granadas, ametralladoras, armas de gran calibre», precisó. 

El OVP ha documentado que al menos 59% de la población reclusa se encuentra en cárceles bajo el control total del pranato: «12% responden a una figura mixta, aquellas en las que conjugan tanto la existencia de la figura del régimen como la figura del pranato, y solo el 29% corresponde a lo que el Estado ha denominado ‘Nuevo Régimen Penitenciario’, discrepando esta información con la cifra oficial dada por el Ministerio para Servicio Penitenciario, que asegura tener un control total del 98.1% de las cárceles del país».

Denuncia la organización la «falta de control efectivo por parte del personal encargado, y del Estado venezolano en general, estando acéfalos más de la mitad de los centros penitenciarios de nuestro país».

Sin datos sobre la pandemia

Girón enfatizó la opacidad con la que se manejó la pandemia en las cárceles.

«Vimos unas fotos de que vacunaban a los presos y no nos consta ni qué fue lo que les vacunaron, ni cuándo, ni si recibieron todas las dosis, tampoco tenemos información oficial de los contagios. Nos manejamos con rumores, no hay forma de corroborar en virtud de que sigue opaca la información. Protocolo no hubo, ni distanciamiento social por el  hacinamiento, ni limpieza de manos, porque no hay agua», describió. 

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Estafadores de bata blanca se aprovechan de la crisis
Más de 20 usurpadores de la medicina, odontología y veterinaria han sido aprehendidos en el territorio nacional en los últimos cinco meses 
Las especialidades más plagiadas son ginecología, anestesiología y neurología
Alertan que delincuentes incurren en estas prácticas por la oportunidad de lucrarse con divisas y por las bajas penas que estipula la ley para dichas irregularidades 

@franzambranor

 A finales del mes de abril de este año, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo en el sector El Castaño de La Victoria en el estado Aragua a José Daniel López, de 38 años, por usurpar funciones como ginecólogo y perjudicar al menos a 25 mujeres

El director del Cicpc, Douglas Rico, informó que López colocaba cortes de sondas urinarias y palillos de chupetas como implantes anticonceptivos, realizaba ecos transvaginales, efectuaba consultas y daba récipes a sus pacientes. 

Según las autoridades, López falsificó su título en medicina y logró así trabajar en varios centros médicos en la entidad aragüeña. 

El fiscal general designado por la extinta asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, dijo a través de su cuenta de Twitter que López será juzgado por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de funciones médicas y aborto sufrido. 

El pasado 2 de mayo, Saab alertaba sobre la «gran cantidad de casos de falsos profesionales de la salud practicando la medicina ilegalmente«, así como casos de negligencia médica que habían provocado «graves secuelas».

De acuerdo con datos suministrados por la Federación Médica Venezolana, en los últimos cinco meses han sido detenidos al menos 20 supuestos profesionales de la salud

Las especialidades más plagiadas son ginecología, anestesiología, neurología, odontología y hasta veterinaria en varios estados del país, que abarcan desde los llanos hasta los andes, pasando por centro y occidente.

Jaime Lorenzo, presidente de Médicos Unidos por Venezuela, sostuvo que abusar de la necesidad de un ser humano es uno de los peores delitos que puede existir. 

“Engañar a una persona que tenga un desespero por un problema de salud es un delito y más en tiempos tan difíciles como estos”.

Lorenzo indicó que generalmente este tipo de delincuentes aparecen cuando hay una crisis económica y se aprovechan de la necesidad de la gente. 

El criminólogo Luis Izquiel aseveró que la poca supervisión que hay para el ejercicio profesional por parte del Estado y los colegios correspondientes hacen que proliferen este tipo de delitos.

“Estas personas saben que son delitos menores y que probablemente no terminen pagando cárcel a menos que le causen un perjuicio grave o maten a alguna persona”, indicó. 

El artículo 121 de la Ley de Ejercicio de la Medicina dice que “serán castigados con una pena de 18 meses a cinco años las personas que, sin cumplir los requisitos establecidos, forjen total o parcialmente títulos profesionales de medicina o suplanten a personas legalmente autorizadas para ejercer dicha profesión y ofrezcan o presten servicios de atención médica”. 

Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Ejercicio de Odontología prevé una multa o arresto proporcional y “las autoridades competentes procederán a decomisar con destino al Fisco Nacional los aparatos e instrumentos existentes en el consultorio o lugar cualquiera donde la persona incurra en la infracción”.

Ahora cobran en divisas

Izquiel indicó que ahora con la dolarización de facto en el país, los delincuentes ven en esta práctica una oportunidad para exprimir económicamente a las personas que requieren un servicio de salud.

“Son profesiones que podrían ser altamente rentables por su cobro en divisas”, advirtió. 

Solo en diciembre de 2021 fueron detenidos cuatro supuestos cirujanos, dos internistas y un neurólogo y en enero de este año fue aprehendido un sujeto identificado como Orlando Cibrian, imputado no solo por hacerse pasar por odontólogo, sino por abusar sexualmente de sus pacientes en el estado Portuguesa.

Algunas de estas prácticas se prestan para la informalidad, como lo sucedido con el falso ortodoncista José Daniel Azuaje, quien colocaba frenillos con pegamento rudimentario e hilo de colores bajo un toldo a la intemperie en pleno centro de Maturín.

Lorenzo sostuvo que los controles para detectar a impostores existen, pero que los delincuentes han puesto en práctica mecanismos sofisticados de falsificación que a veces hacen difícil su verificación.                                                        

“Viendo que pueden aprovecharse económicamente de la situación, el delincuente se ha vuelto más hábil”.

Lorenzo expresó que la mayoría de estas personas, “ejercen” fuera de clínicas y hospitales.  

“Para ingresar a un hospital, el profesional tiene que presentar documentos”, recalcó. 

El presidente de Médicos Unidos por Venezuela instó a quienes se vean perjudicados por una situación de estas a denunciar ante los organismos competentes. 

“Invitamos a la gente a ingresar a la página del Ministerio de Salud y, con el número de cédula de identidad del profesional, pueden ver si está inscrito en la institución. Hechos así no pueden pasar por debajo de la mesa porque al final no solo perjudica al paciente sino también a los médicos del país que tratan de hacer algo en beneficio de la gente”.

¿Qué se necesita para ejercer la profesión médica en Venezuela?

Según el artículo 4 de la la Ley de Ejercicio de Medicina, estos son los requisitos:

 

  • Poseer el Título de Doctor o Doctora en Ciencias Médicas, Médico Cirujano, Médica Cirujana, Médico Integral Comunitario o Médica Integral, Comunitaria, expedido por una universidad venezolana de acuerdo con las leyes que rigen la materia”.
  • Inscribir el Título correspondiente en un Registro Principal, de conformidad con la ley.
  • Estar inscrito en el Colegio de Médicos u otra organización médico-gremial.
  • Cumplir las demás disposiciones contenidas al efecto en esta Ley y su Reglamento”, aspectos que se establecen en el Capítulo II del Ejercicio de la Profesión, en su Artículo 4.
Los bajos salarios evidencian la precariedad de la economía
La poca productividad, el mayor peso de sectores como el comercio de bienes importados que no agrega valor y mínima riqueza para repartir amenazan con una fase prolongada de remuneraciones exiguas

Vsalmeron

 

La implosión de la economía dio paso a la estabilización en el foso y a una lenta recuperación, cargada de problemas estructurales, que amenazan con generar un largo período de trabajadores con salarios empobrecidos.

 Un estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas precisa que en Caracas seis de cada diez personas que trabajan lo hacen en el área de comercio y servicios donde la remuneración promedio, que incluye salarios y bonos, apenas equivale a 116,7 dólares mensuales al cierre de abril.

  En la industria los salarios también son exiguos. Conindustria, el gremio que agrupa a la manufactura privada, precisa que en el primer trimestre de este año, la remuneración promedio de los obreros se ubicó en 130 dólares mensuales y en el caso de los profesionales en 339 dólares.

 Lo bajo de las remuneraciones coloca a los trabajadores venezolanos en el grupo de los peor pagados en Latinoamérica: el salario mínimo en Ecuador es de 425 dólares, en Colombia 272 dólares y en Perú 270 dólares.

 La demolición del salario se combina con precios que superan a los de otros países de la región porque la inflación, si bien ha perdido impulso, se mantiene en tres dígitos anuales.

  En Petare, una zona popular en Caracas, una cesta con dos docenas de huevos, harina de maíz precocida, queso blanco, carne, café, arroz, aceite y azúcar cuesta 36 dólares, en Bogotá 31 dólares, en Lima 31,5 y en Manabí (Ecuador) 30,7 dólares.

Capital humano

Tras el colapso de la economía socialista, Nicolás Maduro eliminó el control de cambio y el control de precios, permitió la libre circulación del dólar y concedió libertad para importar. Así, comenzó un lento avance focalizado en comercio, servicios como internet por fibra óptica y algunas ramas de la industria como alimentos y productos de cuidado personal.

 Pero la creación de riqueza es mínima y hay poco para repartir. Daniel Cadenas, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, resume que “si la torta no crece no hay posibilidad de que los trabajadores reciban una mayor remuneración”.

 Recurre a un cálculo simple pero revelador. Si se toma el PIB, es decir, todo lo que los habitantes de Venezuela producen en un año y se utiliza la mitad para pagar salarios, porque la otra mitad recompensa al capital, la remuneración promedio mensual de los que trabajan sería de solo170 dólares.

 “Los bajos salarios son un incentivo para que siga migrando mano de obra calificada que es esencial para que la economía crezca a altas tasas por largo tiempo. Es una especie de trampa: como el PIB no crece se marcha el recurso humano que vas a necesitar para que crezca a altas tasas”, dice Daniel Cadenas.

 La productividad

Un aspecto clave es que el salario está relacionado a la productividad. Cuanto más produzca un trabajador en una hora, menores serán los costos y las empresas podrán aumentar las ventas y elevar las remuneraciones sin incrementar los precios.

 Aparte de la pérdida de capital humano en Venezuela, hay constantes fallas de energía eléctrica que obligan a paralizar las plantas continuamente, escasez de agua; déficit de combustibles y trabas para obtener financiamiento.

 “Sin electricidad no hay producción y en la mayoría de los procesos industriales necesitas agua. El servicio de internet es defectuoso, estas son cosas que nos hablan de las trabas para aumentar la producción y la productividad”, dice Daniel Cadenas.

 Luigi Pisella, presidente de Conindustria, explica que “incremento salarial es igual a producción y productividad. Si una empresa no produce difícilmente va a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y tampoco si no es eficiente”.

 Los problemas para producir y una demanda deprimida se traducen en que la industria privada venezolana solo está utilizando 27% de su capacidad instalada, mientras que en países como Brasil, Colombia y Argentina este indicador supera 60%.

 Luigi Pisella destaca que “cuando se trabaja con solo esta parte de la capacidad instalada, en mucho de los casos, las empresas producen a pérdida o lo poco que producen las hace descapitalizarse”.

 Tras el giro del gobierno una parte sustancial de la actividad económica se ha concentrado en el comercio, tiendas que surten sus anaqueles con productos importados que después de años de escasez crean la sensación de abundancia.

 “Antes de la crisis, los sectores dinamizadores eran manufactura, construcción y petróleo. Ahora, tenemos una economía donde destaca el comercio al detal con mercancía importada. Esto solo contribuye al crecimiento económico de los países donde se compra la mercancía. No hay agregación de valor”, dice Daniel Cadenas.

 “Ningún país ha logrado milagros económicos fundamentado en el comercio”, agrega.

Más desiguales

Si bien la economía apenas comienza a estabilizarse tras una catástrofe en la que el PIB se redujo 80% y los salarios de la mayoría son exiguos, hay capas de la población que sienten mejoría. Por ejemplo, la dolarización oxigenó el ingreso de profesionales como los médicos que ahora cobran en divisas.

 Además, las remesas ayudan al consumo de una parte de las familias y quienes laboran en empresas que están en sectores ganadores como alimentos y servicios de tecnología, obtienen remuneraciones sobre el promedio.

 El resultado es una recuperación incipiente y asimétrica. Mientras algunas capas de la sociedad sienten alguna mejoría en otras, sin acceso a dólares, donde se depende del Estado o se labora en el sector público con remuneraciones ínfimas que giran en torno a 40 dólares mensuales, no hay variación.

 La firma Anova analizó los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), cuya última edición tiene cifras a marzo de 2021 y el resultado es una sociedad más desigual, donde el año pasado se amplió la brecha entre ricos y pobres.

 Anova distribuyó a la población en diez grupos de igual tamaño, desde la capa más pobre hasta la más rica y al contrastar la Encovi 2021 con la de 2020 determinó que “el 30% más pobre de la población no mejoró sus ingresos” mientras que en el más rico aumentó 91%.

 En 2020, el 20% más rico de la población concentraba 54% del ingreso total del país y en 2021 esta proporción se elevó hasta 61%, indica Anova.

  Omar Zambrano, director de Anova explica que “no hay indicios de que esta tendencia donde mientras más pobre peor te ha ido haya cambiado. Tenemos un mercado laboral donde poca gente participa, el salario sigue siendo bajo, las remesas solo ayudan a una parte de los hogares y pocos tienen ahorros en dólares”, añade Omar Zambrano.

 María Gabriela Ponce, socióloga y miembro del equipo de investigadores que elabora la Encovi, indica que aún no hay datos de 2022, pero considera que “no han cambiado las condiciones estructurales que podrían generar mejoras en la desigualdad de ingresos”.

 “Lo que hemos visto es una pequeña recuperación en una economía que venía en descenso y es posible que se siga concentrando en aquellos sectores que tienen más herramientas para acceder a esa mejora, así ha venido siendo durante la crisis y eso es lo que explica los niveles de desigualdad”, dice María Gabriela Ponce.

  “Venezuela siempre ha tenido una desigualdad muy importante entre los grandes centros urbanos y el resto del país y no hay políticas para mejorar la situación de las personas que están en zonas rurales”, explica María Gabriela Ponce.

  En 2021, de acuerdo con la Encovi, el índice de Gini, un número que va de cero, la igualdad perfecta, a uno, la máxima desigualdad, se ubicó en 0,56 uno de los más elevados de la región junto a Brasil.

 

La carencia de maquinarias, equipos y personal hacen que las precipitaciones causen más estragos de lo previsto
Denuncian que no se hace mantenimiento preventivo como limpieza de drenajes, desagües y diques

@franzambranor

La temporada de lluvias empezó en Venezuela y cada vez que cae agua proveniente del cielo, la historia se repite como si se tratase de un loop siniestro en la ciudad de Caracas. Autopistas, avenidas y calles se anegan provocando caos y servicios como el Metro colapsan.

En el interior del país, los episodios son más dramáticos, con carreteras y puentes destruidos, además de afectaciones en viviendas y en los servicios públicos.

De acuerdo con Remigio Ceballos, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 4 mil familias han sido afectadas por las precipitaciones en todo el territorio nacional, principalmente en los estados Táchira, Mérida, Zulia y Trujillo. 

“Nos mantenemos alertas para atender a los municipios afectados, coordinando trabajos de ingeniería para reparación de vías y diques, remoción de obstáculos, transporte de alimentos y atención a la salud de la población afectada”, declaró Ceballos.   

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó que las precipitaciones en el pasado mes de abril superaron entre 200 y 300% los niveles históricos para el cuarto mes del año en Venezuela.

El organismo asomó que las precipitaciones pudieran extenderse hasta el mes de junio. La temporada de lluvias en Venezuela suele producirse entre los meses de mayo y noviembre. 

Nicolas Maduro indicó que las lluvias corresponden al fenómeno meteorológico “La Niña” y anunció la supuesta activación de un fondo de 10 millones de bolívares.

Falta de planificación

Jose María De Viana, expresidente de Hidrocapital, sostuvo que las lluvias son fenómenos anuales y cíclicos a los que se puede enfrentar con una debida planificación.  

“El 99% de los fenómenos naturales no son catastróficos. La vida normal no debe ser afectada por las lluvias”, sostuvo De Viana, quien recordó que en todo el mundo llueve, pero Venezuela es una de las pocas naciones que regularmente ve afectada su cotidianidad cuando hay precipitaciones.

“Todo es cuestión de estar preparados y hacer mantenimiento preventivo de los drenajes, no se puede estar preparado cuando en Caracas el cuerpo de bomberos no cuenta siquiera con un camión”.

El ex presidente de Hidrocapital y experto en políticas públicas señaló que los drenajes en Caracas colapsan porque no son limpiados con la regularidad que ameritan.

“Una vez que termina la temporada de lluvias, este procedimiento debe hacerse. Las vías rápidas como la autopista Francisco Fajardo son responsabilidad del gobierno nacional y las avenidas y calles corresponden a las respectivas alcaldías”. 

Para De Viana es insólito que las autoridades, conociendo cuáles son los puntos críticos en Caracas, cuando llueve, no hagan mantenimiento.

“Regularmente, es en la autopista a la altura del sector Quebrada de Maíz y en la parte baja de la avenida Libertador”.

De Viana además aseveró que para efectuar la limpieza de drenajes no se requiere una gran inversión. “Si el gobierno o las alcaldías no cuentan con las maquinarias y el personal correspondiente, hay empresas privadas que ofrecen ese servicio. Es más cuestión de voluntad que otra cosa”.

Regiones sin paraguas

Según De Viana, la situación en el interior del país con las lluvias es de calamidad porque las carencias se multiplican al cuadrado.

“Tienden a colapsar las carreteras y los puentes, hay deslizamientos, la gente sufre porque queda prácticamente incomunicada, el comercio agrícola que es tan importante se paraliza”.

De Viana aseguro que los servicios públicos, ya inmersos en una crisis, tienden a empeorar cuando hay lluvias.

“El agua se afecta porque los embalses se revuelven, se torna en un color distinto y hasta huele diferente, lo que puede causar afectaciones en las personas, y por otro lado, el tendido eléctrico puede verse perjudicado, ni hablar de las telecomunicaciones que todos sabemos lo que ocurre con algunas señales que son satelitales”. 

En el estado Zulia, el gobernador de la entidad Manuel Rosales declaró “alerta máxima” por el desbordamiento de al menos ocho ríos y la ruptura de diques en los municipios Francisco Javier Pulgar, Colón, Sucre y Catatumbo. 

Por su parte, Jehyson Guzmán, gobernador del estado Mérida, manifestó que las lluvias perjudicaron cuatro viviendas, 150 parcelas y una cifra considerable de acueductos

El alcalde del municipio Panamericano en el estado Táchira, Yonathan Rangel, indicó que están muy cerca de decretar estado de emergencia.

“Hemos estado resolviendo los inconvenientes por nuestros propios medios, pero la realidad es que no contamos con los recursos, la maquinaria y el personal para hacerle frente a las lluvias”.

Rangel aseguró que recibió una alcaldía quebrada y desvalijada y, por ello, no puede encarar con propiedad una contingencia de esta magnitud.

“Se ha estado trabajando principalmente en la Troncal 1 que ha sido la más afectada, hemos tenido derrumbes y los puentes han sufrido. El asunto es que necesitamos personal y maquinarias para remover escombros”.

Según Protección Civil Táchira, 27 viviendas han sido afectadas, sin pérdidas humanas y daños estructurales de consideración.  

Nuvia Criollo, alcaldesa del municipio tachirense Andrés Bello, indicó que la calzada de la Troncal 1 experimenta un desplazamiento importante que debe ser atendido antes de que empeore.

“El asunto es que no contamos con las herramientas ni el personal idóneo para desarrollar estos trabajos. Hemos tenido colaboración de la gobernación, pero no es suficiente”.

Criollo dijo que las alcaldías opositoras en Táchira de José María Vargas, Francisco de Miranda, Sucre y Andrés Bello han unido fuerzas para encarar la temporada de precipitaciones.

“Con los escasos recursos que tenemos hemos hecho frente a la situación, sin embargo necesitamos que el gobierno central se aboque”.

Rangel denunció que el acueducto municipal está destruido. “Tenemos una situación de emergencia en varios ámbitos que es el común denominador en los municipios del interior del país, nuestra condición es de vulnerabilidad”. 

Huella digital | Gladys Gutiérrez sabe cómo neutralizar poderes autónomos
La abogada del Chávez golpista, candidata con dos reveses electorales, exprocuradora y quien construyó una  trayectoria diplomática en España por su cercanía con el fallecido comandante forma parte del “selecto grupo” de  magistrados repitientes en el “nuevo” TSJ aunque la  Constitución se lo prohíbe 
Gutiérrez asumió un segundo mandato al frente del máximo órgano judicial con un historial de polémicas sentencias que, entre otras cosas, implicaron la anulación de las atribuciones constitucionales del parlamento opositor electo en 2015  y echaron por tierra las denuncias de fraude tras las comicios de 2013

 

Gladys Gutiérrez Alvarado se convirtió el pasado 26 de abril de 2022 en una de los 12  magistrados repitientes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  que la Asamblea Nacional de corte oficialista designó con retraso de un mes respecto al lapso contemplado en la Ley Orgánica del TSJ.

El artículo 264 de la Constitución solo permite un período único de 12 años para el ejercicio del cargo de magistrado. Pero esto no ha sido un impedimento para que Gutiérrez repita como togada y, además, para que se anote otro período al frente del máximo órgano de justicia del país. 

El pasado 27 de abril, la Sala Plena del “nuevo” TSJ la designó como la mandamás de la institución en sustitución de Maikel Moreno. Gutiérrez fue designada como magistrada por primera vez el 9 de diciembre de 2010. Y llama la atención que, al revisar su perfil biográfico y su carrera dentro del TSJ en el sitio web oficial del órgano, no se menciona que Gutiérrez ya lo había presidido. Dato curioso, si se toma en cuenta la envergadura del cargo que antes ostentó. 

El 9 de mayo de 2013, Gutiérrez se convirtió en la tercera mujer en ocupar la Presidencia del principal juzgado del país, tras relevar el mandato de siete años de Luisa Estella Morales.

La abogada y jueza, egresada de la Universidad Central de Venezuela y nativa de la ciudad de Punto Fijo, Falcón, se ha paseado por distintos cargos durante las gestiones de gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre los que figuran: procuradora general de la República, embajadora ante el Reino de España, cónsul de Venezuela en Madrid y ministra consejera de la  Embajada de Venezuela en España.

Su trayecto en España comenzó un año después de que Hugo Chávez asumiera como presidente, cuando fue designada como consejera del consulado venezolano. En solo un año, escaló hasta ser cónsul en Madrid y necesitó dos años más para alzarse como embajadora en España,  cargo en el que se mantuvo hasta 2005. 

A su regreso a Caracas, en 2006, fue designada como procuradora general, un puesto que ocupó hasta diciembre de 2010, cuando fue electa magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 

Desde el año 2011, estuvo al frente de la Comisión Judicial, una instancia del TSJ que designa y remueve, sin procedimiento alguno, a los jueces provisorios.

El primer intento de Rodríguez de ingresar a la vida política pública por el chavismo fue en 1999, cuando fue candidata a gobernadora de Nueva Esparta, pero no tuvo éxito en sus aspiraciones. Ese no fue el único cargo de elección popular al que aspiró: también intentó lograr un curul en el extinto Congreso de la República, pero fracasó por segunda vez en su intento, hasta que en 2005 consiguió un escaño en la Asamblea oficialista como diputada suplente de Ibrahím Velásquez.

La catapulta de Chávez

“Suprema Injusticia”, un proyecto de la organización Transparencia Venezuela, reseña que la carrera judicial de Gutiérrez antes de ser electa magistrada por la Asamblea de 2010 había pasado sin pena, ni gloria.

“No se desempeñó como juez en ninguna materia, ni como fiscal o defensor público, asimismo, se desconoce si litigó de manera privada o por lo menos en su hoja de vida, disponible en el sitio web del máximo juzgado, no se informa al respecto. Su primer cargo relacionado con el derecho fue el de Procuradora General de la República”, se lee en una de las publicaciones de Suprema Injusticia, disponible en el siguiente enlace: https://supremainjusticia.org/quien-es-gladys-gutierrez/

 

Este dato es llamativo, porque una vez más, comprobaría que la llegada y ascenso de Gutiérrez en el TSJ ha sido a espaldas de lo que dictamina la Constitución. La Carta Magna establece que los aspirantes a magistrados tengan una carrera de, al menos, 15 años como jueces o docentes universitarios.

Antes de ser una figura política, de su carrera como abogada se conoce poco. Solo que participó como asesora en la redacción de la Constitución “bolivariana” de 1999 y que fue una de las juristas  que asumió la defensa de Hugo Chávez en el juicio por el golpe de Estado frustrado contra Carlos Andrés Pérez. De hecho, se afirma que  Chávez vivió en un apartamento que tenía Gutiérrez Alvarado en el sureste de Caracas durante los meses de la intensa campaña presidencial de 1998. 

Cuando el dirigente del MVR llegó al poder, Gutiérrez comenzó a ganar notoriedad en su círculo cercano y, como revelan  periodistas especializados en la fuente política, llegó a ser una funcionaria de “alta estima” del presidente fallecido. Gutiérrez fue jefa de la Oficina de Secretaría del Consejo de Ministros hasta el año 2000, cuando fue trasladada a España para iniciar carrera diplomática

De Gutiérrez se popularizaron unas declaraciones que dio desde España en el año 2001, en las que resume su simpatía con el líder «revolucionario» y con su proyecto de gobierno:  “Con Chávez, los excluidos sienten que forman parte de la sociedad y que se les toma en cuenta”.

Luego de su retorno al país, la abogada se convirtió en la procuradora del gobierno de Chávez durante 5 años. Desde ese puesto, fue parte de la comisión que dirigía la entonces diputada Cilia Flores para avanzar en el proyecto de reforma constitucional que el electorado venezolano rechazó en un referéndum en el año 2007.

Además, a principios de 2011, a Gutiérrez le encomendaron ser representante del Poder Judicial ante la “Misión Justicia Socialista”, ideada por Chávez para “facilitar asistencia legal a consejos comunales, comunas y ciudadanos”.

Transparencia Venezuela  denunció que la presidenta del TSJ favoreció a la familia de Chávez en cargos judiciales. Le atribuyen el hecho de ser, en 2013, la principal promotora de la designación de Argenis Chávez como director de la Magistratura, “desde donde administró el 85% de los fondos del Poder Judicial”. 

 

Tres visitas bastarán para “doctorarse” 

Una nota publicada por el diario El Español el 29 de mayo de 2016 reseñaba que Gutiérrez se doctoró en la ciudad de Zaragoza con tan solo tres visitas a la ciudad. 

De acuerdo con esta versión, la lectura de su tesis tuvo lugar en el año 2011, ante un tribunal con dos profesores de Podemos, uno de ellos justamente era Juan Carlos Monedero, de la Universidad Complutense, fundador del partido morado y quien fue apartado de esa tolda política en el año 2015 tras descubrirse una transferencia de  425.150 euros desde el Banco del Tesoro a una empresa creada por él mismo para recibir ese dinero.

Un veterano profesor zaragozano de identidad no revelada comentó al medio entonces: “Me enteré de la noticia por la prensa. No sabía quién era, ni que se había doctorado aquí”.

El medio aseguraba que a Gutiérrez solo le bastaron tres visitas a Zaragoza para obtener su doctorado: dos para hablar con el director de su tesis, el profesor de Derecho Constitucional Francisco Palacios, y otra para defender su proyecto, titulado El nuevo paradigma constitucional latinoamericano. El jurado le concedió un grado de cum laude por unanimidad. Aseguran que, en dos de los periplos, durmió en su casa en la ciudad de Madrid y que en el tercero, cuando presentó la tesis, descansó por todo lo alto, en uno de los hoteles cinco estrellas más exclusivos de la ciudad: el Palafox. 

El tema fue polémico y dio pie a muchos debates en los medios de comunicación españoles. En un programa de televisión del 17 de febrero de 2017 afirmaban que esta titulación «exprés» que denunciaban habría sido «cuadrada» con tres personas, entre las que mencionaban a Monedero,

«Se tuvo que venir para acá, ya que no podía sacar el doctorado en  sus universidades amañadas y lo necesitaba para que la pudiesen poner en el régimen chavista como responsable del TSJ», se escucha de parte de uno de los denunciantes.

 

Un historial de sentencias polémicas

La primera presidencia de Gutiérrez en el TSJ se concretó en un año de convulsión política en Venezuela en el que se produjo la  muerte del presidente Hugo Chávez, lo que llevó a la celebración de unos comicios especiales para escoger a su sucesor en la silla de Miraflores.  

En una ajustada contienda, que fue denunciada de fraudulenta por la oposición venezolana, el Consejo Nacional Electoral declaró el triunfo de Nicolás Maduro  con apenas 1,49% de los votos por encima de su contrincante, Henrique Capriles Radonski. 

Gladys Gutiérrez asumió la presidencia el mayo de 2013, casi un mes después de las polémicas elecciones, con la meta, según declaró de «profundizar en los avances que había tenido el TSJ en su empeño porque la justicia llegue a todos los sectores de la sociedad». Cuando le preguntaron sobre el destino de la denuncias interpuestas ante el TSJ  por un supuesto fraude electoral, Gutiérrez respondió: «Los jueces hablan con sus decisiones (…) se les dará la adecuada respuesta, escrupulosamente apegada a la Constitución y a las leyes».

Su predecesora, Luisa Estella Morales, había negado antes a la oposición un recuento manual de los votos de las controversiales presidenciales, bajo el supuesto argumento de que el sistema electoral era automatizado: «El conteo manual no existe, se ha engañado a aquellas personas que han pensado que esto podía producirse. Debemos llamar a la seriedad y a la sindéresis. Cuando solicitamos un imposible, como el conteo manual, estamos llamando a que se comience una lucha de calle sin fin y, por eso, hay que establecer responsabilidades».

La Sala Constitucional regida por Gutiérrez declaró inadmisibles al menos diez recursos en los que la oposición denunciaba  fraude en el proceso electoral del 14 de abril de 2013, con lo que consolidó judicialmente a Maduro en el poder. 

En ese momento, Gutiérrez declaró que la Sala Constitucional  “era la máxima intérprete de la Constitución de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna” y que por ello resolvieron, por decisión unánime,  asumir las causas relacionadas con las impugnaciones  que cursaban en la Sala Electoral y presentadas por la oposición: «Ejercimos la facultad extraordinaria que atribuye el artículo 25, numeral 16 de la Ley Orgánica del TSJ». 

En una alocución pública de casi 20 minutos, Gutiérrez habló sobre los 10 recursos y justificó que, por la «relevancia que tenían para la sociedad venezolana», el TSJ resolvió que las decisiones de estas causas fueran conjuntas, es decir, la redacción y deliberación se hizo de manera «colectiva»: «Cada magistrado y magistrada de la Sala hizo los aportes que se requerían».

La magistrada justificó detalladamente por qué rechazaron cada causa. Por ejemplo, y respecto a la decisión sobre uno de los recursos introducidos por la oposición para invalidar los comicios que llevaron a Maduro a Miraflores, Gutiérrez justificó que no se explicaron detalladamente los hechos ni las irregularidades demandadas. 

“Es inadmisible el recurso contencioso electoral intentado (…) por cuanto la parte accional no mencionó al extracto cuya impugnación solicita, ni consignó los documentos indispensables. Los demandantes no describieron conductas concretas que, a través de nexos causales adecuados, demostraran que hubiesen engañado a otro para alcanzar un determinado resultado electoral capaz de modificar la elección en un sentido diverso al deseado por la mayoría de la población”, sentenciaba Gladys Gutiérrez en una alocución pública. 

Por otra parte, y con relación a la propuesta de repetir los comicios en las mesas en las que hubo fraude, alegó que la apelación de la oposición a decisiones previas «no se presentó a tiempo», por lo que se declaró la «cosa juzgada».

El TSJ tampoco admitió los recursos que solicitaban nulidad de acto de votación y proclamación de Maduro por incorporar a votantes que no debían hacerlo, bajo el alegato de que la impugnación era extemporánea, porque un año antes había concluido el lapso para cuestionar el registro electoral.

De igual manera, descartaron la denuncia sobre la supuesta nacionalidad de Maduro: «No alegaron hechos más allá de opiniones particulares y opiniones políticas, que configuran un juicio de valor del recurrente», leyó Gutiérrez. 

El máximo órgano del Poder Judicial también rechazó otros recursos en los que cuestionaban su independencia y los acusaban de favorecer a Maduro: «La demanda debe ser declarada inadmisible por contener conceptos ofensivos e irrespetuosos«, sostenía Gutiérrez. 

 

No conforme con rechazar los argumentos presentados por el excandidato presidencial Capriles Radonski, la Sala Constitucional del TSJ le impuso una multa de cien unidades tributarias y hasta remitió copa del fallo al Ministerio Público para que el ente resolviera si el político había incurrido en delito en sus expresiones contra el máximo órgano judicial del país. 

La respuesta de Capriles a la declaración de inadmisibilidad a las impugnaciones contra las presidenciales fue la siguiente: «Inadmisible es la falta de justicia en nuestro país, más de 50 venezolanos asesinados cada día, inadmisible es la corrupción del Gobierno».

Con sus pronunciamientos contra las denuncias de fraude electoral en Venezuela se iniciaba una larga lista de  sentencias polémicas que llevarían su firma o su visto bueno.

Gutiérrez estampó su rúbrica en una sentencia sobre las prótesis mamarias fabricadas por la empresa francesa Poly Implant Prothése (PIP) en la que se ordenó a las clínicas y hospitales  retirarlas a las pacientes afectadas. También, en febrero de 2014,  el Tribunal Supremo de Justicia decidió, en una resolución encabezada por Gutiérrrez, designar los jueces penales “cuando lo considerara necesario” para los casos que definiera como complejos en 18 de los 23 estados del país, lo que abrió las puertas para que en esas entidades, la justicia fuese controlada desde Caracas.

Pero los fallos más controversiales siempre fueron los relacionados con el tema político,  porque implicaron la destitución y condena de autoridades electas, como el exalcalde de San Diego, Enzo Scarano, y el exalcalde de San Cristóbal y militante de Voluntad Popular, Daniel Ceballos, en el marco de intensas protestas ocurridas en esas ciudades en el año 2014. 

En el caso de Ceballos, el 31 de marzo de 2014, la Sala Constitucional declaró el desacato al mandamiento de amparo constitucional que había dictado la misma instancia en los casos de los exalcaldes Gerardo Blyde y David Smolansky. 

La Sala del Alto Juzgado, en ponencia conjunta, sancionó a Daniel Ceballos a cumplir 12 meses de prisión. Al dar lectura de la sentencia, Gutiérrez además dijo que Ceballos cesaba en el ejercicio de su cargo como alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira.

Justo en el marco de esas manifestaciones, Gutiérrez criminalizó públicamente las protestas, al calificarlas como “guarimbas incompatibles con la Constitución”. 

«En Venezuela está garantizado totalmente el derecho a la manifestación, pero no de la forma como se han producido», recalcaba.

En junio de 2015, Gutiérrez fue la magistrada ponente de una sentencia que apoyó la destitución de la alcaldesa del municipio José Antonio Páez (Guadualito) del estado Apure, Lumay Barreto, electa por el partido Voluntad Popular en las municipales de diciembre de 2013. 

El máximo tribunal aceptó una denuncia de concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del 27 de febrero de 2015, quienes denunciaron  “graves irregularidades” y un “vacío de autoridad” que habría “quebrantado el normal funcionamiento de la Administración Pública Municipal”.

Con su decisión, Gutiérrez validó la tesis de que la alcaldesa de Guasdualito se ausentó de su despacho sin cumplir con los trámites legales pertinentes. 

 

El 7 de abril de 2015, Gutiérrez desechó en una sentencia una demanda presentada contra la utilización del sistema biométrico – captahuellas- para la compra de medicinas y alimentos.

El recurso fue intentado en septiembre de 2014 por el presidente del partido Copei, Roberto Enríquez y otro grupo de ciudadanos, quienes pidieron al  TSJ que refrendara la “inaplicabilidad del sistema biométrico o captahuellas”.

En la demanda de amparo por intereses colectivos y difusivos denunciaban que el sistema atentaba contra  los derechos a la salud, a disponer de bienes y servicios de calidad y a la seguridad alimentaria y advertían que, en lugar de solucionar el problema alimenticio, el Estado dificultaba el acceso a los venezolanos el acceso a los bienes esenciales con este «engorroso» mecanismo».

Pero la presidenta del TSJ consideró que  los argumentos que planteaban los denunciantes carecían «de un mínimo de pruebas que avalen la pretensión y que, por ende, permitan advertir la existencia de la señalada amenaza para la población, de manera que no pueda evaluarse el perjuicio que pudiera ocasionar la implementación de este sistema biométrico de identificación, en especial, en los derechos invocados por los accionantes, como lo son los derechos a la salud, a la alimentación  y a disponer de bienes y servicios de calidad”.

 

En enero del 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó revisar la detención del comisario Coromoto Rodríguez,  jefe de seguridad del Presidente de la Asamblea Nacional, pese a las denuncias de su abogado, quien sostuvo que estuvo casi seis meses tras las rejas de forma ilegal por cuanto el Ministerio Público no lo acusó ni imputó por delito alguno.

De acuerdo con lo que publica Transparencia Venezuela, la Sala Constitucional del TSJ consideró que no tenía ningún sentido analizar el caso en virtud de que el exfuncionario de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) “se encontraba  en libertad”.

También, en la sentencia número 1102 del 15 de diciembre de 2016, cuyo fallo redactado por la Gladys Gutiérrez, no se analizaron las irregularidades denunciadas por la defensa con relación a que Rodríguez permaneció detenido ilegal y arbitrariamente por decisión del juez Miguel Graterol.

Coromoto Rodríguez estuvo en una celda del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a pesar de que los fiscales Alfredo Caufman y Griolinda Morales rechazaron procesarlo por los disturbios ocurridos el 18 de mayo de 2016 en Caracas.

El primer brazo de Maduro para neutralizar el Parlamento opositor

Gutiérrez fue señalada por Estados Unidos de contribuir con el gobierno de Maduro a través de sentencias que socavaron el funcionamiento del Parlamento de mayoría opositora electo en el año 2015. 

Los fallos impidieron a los diputados opositores, entre otras cosas, revisar la designación a destiempo de magistrados por parte de la mayoría oficialista que los precedió en la Asamblea. En ese convulso mes final del año, el oficialismo pisó el acelerador para nombrar a 13 nuevos magistrados del TSJ en sesiones extraordinarias durante el asueto navideño, una jugada con la que se inició un camino de sentencias tendenciosas con las que el TSJ anuló las capacidades y alcances constitucionales del nuevo Parlamento.

La arremetida  contra la nueva asamblea comenzó a pocos días del triunfo electoral opositor de diciembre de 2015. El 30 de ese mes, la Sala Electoral suspendió las proclamaciones de cuatro diputados del estado Amazonas, tres de la MUD y el 1 del PSUV. El 11 de enero de 2016, la misma sala ordenó desincorporar a los diputados de Amazonas -quienes habían optado por juramentarse pese al veto judicial- y tres días después, la Sala Constitucional a la que pertenecía Gutiérrez convalidó las decisiones de la Sala Electoral TSJ sobre esos parlamentarios. 

Con esta decisión, la Asamblea de mayoría opositora perdía la mayoría calificada que había alcanzado legítimamente en las urnas y que era imprescindible para aprobar reformas estructurales que pudiesen propiciar un camino a la reinstitucionalización del país. 

El 11 de febrero de 2016,  en una ponencia conjunta de la Sala Constitucional de la que Gutiérrez era presidente y en respuesta a un recurso de interpretación introducido por el Ejecutivo,  el TSJ validó decreto de emergencia económica presentado por Nicolás Maduro, pese al  rechazo de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. 

La Sala Constitucional de TSJ declaró que el Estado de emergencia económica estaba «en vigencia desde la publicación del fallo» y que su validez y legitimidad permanecían «intactas», con lo que anulaba el acuerdo de la Asamblea Nacional del 22 de enero de 2016 con el que el Parlamento se opuso a que Maduro adoptara medidas especiales durante 60 días. 

El 29 de marzo de 2016, la Sala Constitucional también decidió que la AN no podía revocar las designaciones de magistrados del TSJ, una limitación de las atribuciones que la Constitución otorga al Poder Legislativo.

“La Sala Constitucional emitió numerosas sentencias de Estado en las que se vertieron estudios y análisis pertinentes desde el derecho constitucional para dar solución a la situación suscitada por el poder legislativo (…) Decisiones indispensables para el normal funcionamiento del poder público nacional y el desenvolvimiento de la vida democrática del país, tales como omisiones inconstitucionales, examen inconstitucional de leyes y decretos, entre otros”. Así justificaba Gutiérrez las actuaciones contra la AN del TSJ a su mando en la apertura del año judicial 2017.

Su arremetida contra la AN fue la causa de la sanción que le impuso el gobierno de Estados Unidos, junto con otros siete magistrados, por usurpar funciones legislativas.

La AN en bandeja de plata para Maikel Moreno

El 24 de febrero de 2017, Gladys Gutiérrez fue reemplazada en el Tribunal Supremo de Justicia por Maikel Moreno, después de dejar herida a muerte la autonomía del Poder Legislativo y servirle en bandeja de plata el “remate”  al nuevo mandamás del órgano. 

Un mes después, el país entraría en una prolongada crisis política con protestas masivas que fueron reprimidas con violencia por parte de los cuerpos de seguridad.

Uno de los motivos que lanzó a la gente a las calles, y que se sumó al malestar por padecer al  menos dos años de una dramática situación económica y humanitaria, fue una primera sentencia, de fecha 28 de marzo, en la que se declaró en desacato a la AN por supuesta “injerencia de una autoridad extranjera” y que le otorgó a Nicolás Maduro la “habilitación legislativa” en cualquier materia penal. 

Veinticuatro horas después, la Sala Constitucional también decidió asumir las competencias de la AN mientras durara el “desacato” y cuatro días más tarde, retiraron el apartado sobre inmunidad parlamentaria. 

Tras abandonar el puesto como presidenta del TSJ, se conoció que Gutiérrez se fue a vivir a España. En junio de ese año, la magistrada no había asistido a más de dos salas plenas, y se barajó entonces la posibilidad de activar  a su magistrado suplente, reseñaba la publicación del medio aliado Tal Cual “Magistrada en fuga”.

De magistrada a rectora electoral

Gladys Gutiérrez pasó a ocupar un bajo perfil entre 2018 a 2020. Un rastreo digital ubica contadas referencias noticiosas suyas en esos años. 

En redes sociales fue viral el afectuoso saludo a Maduro, con beso y abrazo incluidos, cuando este se fue a juramentar como presidente para el período 2019-2025, tras las polémicas elecciones presidenciales de 2018 desconocidas por la comunidad internacional. Ese desconocimiento hizo que un año después, más de 50 países reconocieran a Juan Guaidó como presidente interino. 

Cuando Gutiérrez acudió a ese acto, en redes aseguraron que ella había estado ejerciendo su cargo como magistrada de forma ilegal y que mandaba su firma para las sentencias a distancia.

También, fueron repetidas las menciones sobre sus  viajes constantes  a la isla de Curazao, donde supuestamente era hospedada por la cónsul Marisol Gutiérrez. 

En momentos puntuales de esos años, Gutiérrez vuelve a ocupar titulares por medidas de algunos países en su contra. 

Panamá la sancionó en mayo 2018, tras considerarla “de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva»

Mientras que, en diciembre de 2019, fue incluida en la lista de 29 venezolanos, políticos y empresarios sancionados por países firmantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) por colaborar con el régimen de Nicolás Maduro.

En el año de inicio de la pandemia, 2020, Gladys Gutiérrez  reapareció y para formar parte, otra vez, de un zarpazo a la AN opositora. En el mes de junio fue juramentada como rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), junto a Indira Maira Alfonzo Izaguirre (presidenta del máximo ente comicial),  Rafael Simón Jiménez Melean (vicepresidente del CNE) y los rectores principales Tania D’Amelio Cardiet y José Luis Gutiérrez Parra.

“Chávez la dejó en el testamento, definitivamente”, comentaba sobre este nuevo cargo de Gutiérrez el periodista venezolano Nehomar Hernández, tras recordar que los méritos académicos de la magistrada-rectora habían sido puestos en duda por la forma “exprés” en la que habría obtenido su doctorado. 

Para ese momento, la Asamblea Nacional era presidida por Juan Guaidó. Por norma constitucional, ese debió ser el ente encargado de designar las nuevas autoridades del CNE para las parlamentarias que se celebrarían ese mismo año, pero la decisión se tomó desde el TSJ, presidido entonces por Maikel Moreno. Con esta decisión se despojó al Parlamento de otra de sus atribuciones legales: la de nombrar a las autoridades electorales.

Gutiérrez participó en la organización de los comicios parlamentarios de 2020 que llevaron nuevamente al chavismo a controlar  el poder legislativo, pese al desconocimiento de la comunidad internacional de esta elección.

La exrectora recibió prontamente una gratificación del mismo parlamento que ayudó a constituir. En mayo de 2021, dicha AN aprobó por unanimidad su designación como embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ y otros organismos internacionales con sede en el reino de Países Bajos. 

La  abogada Tamara Sujú,  defensora de los derechos humanos, criticó esta designación y recordó que Gutiérrez formó parte  de la  “represión sistemática” del régimen de Nicolás Maduro. 

El retorno de Gutiérrez a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia comenzó a ser anticipado a principios de 2022, así como también la nula posibilidad de que el órgano judicial actúe de forma independiente bajo su mandato: su historial político no permite tener muchas esperanzas.

Antes de la designación de magistrados por parte de la AN oficialista, la organización Acceso a la Justicia mantuvo una campaña permanente para denunciar que Rodríguez y otros 29 magistrados activos aspiraban a la reelección pasándole por encima a lo que contempla la  Constitución. 

El abogado Perkins Rocha advertía que Gutiérrez buscaría reeditar desde el TSJ que nuevamente dirige lo que, a su juicio, hizo en su breve paso por el CNE: la permanencia del régimen de Nicolás Maduro.

Apagones persisten por falta de funcionamiento de termoeléctricas
Ninguna de las dos formas de generación de energía eléctrica, termoeléctrica e hidroeléctrica, puede trabajar por sí solas en el Sistema Eléctrico Nacional. Para satisfacer la necesidad de la población deben trabajar ambas
 La mayoría de plantas termoeléctricas están fuera de servicio. Alrededor de 70% de ellas tienen fallas, no tienen suministro de combustible para operar, no cuentan con el suministro de gas adecuado, o simplemente, dejaron de funcionar
Al fallar las plantas térmicas que compensaban la demanda, los estados alejados del sur del país han sido los primeros en afrontar las consecuencias

 

Desde marzo de 2022, en los estados de occidente del país se han registrado cortes eléctricos de hasta nueve horas diarias. Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Apure y Lara han sido los estados más afectados durante estos meses. 

A finales de marzo de este año, el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Néstor Reverol, anunció un nuevo plan de racionamiento eléctrico para los estados mencionados anteriormente. 

El Plan de Administración de Carga comprende suspensiones del servicio durante dos tandas al día, con cortes que pueden durar hasta tres y cuatro horas.

Los cortes eléctricos y fallas eléctricas en Venezuela no son materia nueva para sus ciudadanos. Los ingenieros civiles José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, y Julio César Gutierrez, vicepresidente del Centro de Ingenieros y Arquitectos del Estado Lara, explicaron que desde 2015 se ha reducido considerablemente el funcionamiento de las plantas termoeléctricas del país

Según De Viana, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es un sistema mixto por tener un gran potencial hidroeléctrico y un complemento termoeléctrico importante que tenía en todas las regiones alguna capacidad.

El Sistema Eléctrico Nacional depende de ambas plantas para funcionar de manera estable. De acuerdo con Gutiérrez, los demandantes del servicio eléctrico sobrepasan la oferta que tiene la corporación eléctrica nacional.

Gutierrez explicó que Venezuela tiene capacidad instalada para producir 30.980 megavatios. De ellos, 16.080 megavatios ó 51,9% son generados por las termoeléctricas, y 14.900 megavatios (48,1%), por las hidroeléctricas.

“Actualmente, las termoeléctricas venezolanas producen solo 8-10% de su capacidad total. Mientras que las hidroeléctricas están trabajando a 50-55% de su capacidad total”, aseguró Gutierrez. 

Unas funcionan con agua, otras con combustible y gas

Ninguna de las dos formas de generación de energía eléctrica, termoeléctrica e hidroeléctrica, puede trabajar por sí solas en el Sistema Eléctrico Nacional. Para satisfacer la necesidad de la población deben trabajar ambas.

“Al fallar alguna de las dos formas, ocurre lo que se llama inestabilidad en el sistema eléctrico. Desde 2015, existe este fenómeno en el SEN”, indicó Julio César Gutierrez.

La generación de energía eléctrica a través de las hidroeléctricas se produce al agarrar la fuerza del agua de los ríos caudalosos, como el Caroní y el Caruao, ambos están en el sur del país, en el estado Bolívar.

“Esa fuerza pasa por las turbinas y después el agua vuelve al cauce del río aguas abajo. De la turbina va a un generador y en el generador se produce energía eléctrica” explicó Gutierrez. 

“El sistema hidroeléctrico que está en el estado Bolívar es el tercer desarrollo hidroeléctrico más importante del mundo”, indicó De Viana. 

Las termoeléctricas funcionan de una forma distinta. En este caso, la generación de energía eléctrica se produce por altas temperaturas y dependen de fueloil o gas para funcionar. 

Según Gutiérrez, en estas plantas, cuando se crea vapor, ocurre la generación de energía por calentamiento y producción de vapor. Unas turbinas son las encargadas de realizar este fenómeno.

Las plantas del fueloil o de gas son como un motor de carro o una planta eléctrica a la que se le pone combustible, y a través del movimiento de una turbina, se genera electricidad. En este caso, se produce CO2, por ende, este proceso es más contaminante que el de las hidroeléctricas. 

De acuerdo con De Viana, las termoeléctricas tienen presencia en las regiones, mientras que las hidroeléctricas están ubicadas, en su mayoría, en el sur del país y en el litoral.

Los estados más alejados de la producción del Río Caroní tienen sus plantas térmicas que compensaban la demanda.

Ambas están conectadas a través de 20.000 km de líneas de transmisión, aproximadamente, cuatro líneas de diferentes tipos de capacidad. 

Una de 765 kilovoltios que sale del Embalse de Guri, otra de 400 kilovoltios que sale de la Represa de Las Mataguas, conocida como Matagua I y II, de la Represa de Caruachi y de la Central Hidroeléctrica “Manuel Piar”, en Tocoma. Las otras líneas son de 230 kilovoltios y la menor de 115 kilovoltios.

“Van por todo el país desde el sur distribuyendo por el centro, los llanos occidentales, llanos centrales, en subestaciones”, señaló Gutierrez. 

Sin mantenimiento y combustible para funcionar

Al fallar las plantas térmicas que compensaban la demanda, los estados alejados del sur del país han sido los primeros en afrontar las consecuencias.

De Viana señaló que la mayoría de plantas termoeléctricas están fuera de servicio. Alrededor de 70% de ellas tienen fallas, no tienen suministro de combustible para operar, no cuentan con el suministro de gas adecuado, o simplemente, dejaron de funcionar. 

De acuerdo con ambos expertos, las plantas termoeléctricas han sido muy afectadas por la escasez de productos derivados del petróleo, como gasolina, fueloil y gas. 

Los especialistas reiteraron que sin estos productos, las termoeléctricas no pueden funcionar. 

Además de ello, los expertos explicaron que tampoco se ha realizado el mantenimiento necesario a sus maquinarias para prevenir que dejen de funcionar.

Según Gutiérrez, las plantas termoeléctricas tienen capacidad instalada para generar 16.080 megavatios, 51,9% de la energía eléctrica que consume el país.

«Actualmente, las termoeléctricas solo llegan a producir entre 1.500 – 2.000 megavatios. Solo están operando a 8% – 10% de su capacidad total», indicó.

«Toda la generación de energía eléctrica del país está siendo completada a través de las hidroeléctricas, que están funcionando solo a 50%-55% de su capacidad total», enfatizó Gutierrez.

El colapso existe por falta de mantenimiento

De acuerdo con De Viana, para que todo elemento funcione hay que mantenerlo y repararlo. El sistema eléctrico venezolano  ha sufrido un deterioro progresivo de casi todas sus partes: de las máquinas de producción eléctrica, del sistema de transmisión y de las redes locales.

«El sistema es intermitente. Una gran parte de las ciudades de occidente tienen entre cuatro y seis horas de interrupciones eléctricas todos los días. Eso genera el infierno del que la gente habla», señaló De Viana.

El expresidente de Hidrocapital explicó que cuando las cosas no funcionan, se dañan cada vez más. «Siempre hay que reparar y realizar mantenimiento. Al no hacerse, las fallas serán peores, especialmente en Los Andes y en el Zulia«, reiteró De Viana.

Según Gutiérrez, el mantenimiento del Sistema Nacional Eléctrico dejó de hacerse periódicamente cuando se nacionalizó el 8 de enero de 2007. 

«Al nivel que no se debería llegar es al mantenimiento de tipo correctivo, que es justamente el que hace el Estado ahora», dijo Gutierrez.

Estados de occidente son los más afectados por fallas de termoeléctricas

Ojalá no fallen porque esas son las que nos mantienen”, dijo Gutiérrez al referirse a la sala 1 y la sala 2 del Embalse de Guri. Cada sala contiene 20 turbinas, actualmente, solo hay ocho operativas. 

Gutiérrez explicó que Zulia ha sido uno de los estados que más ha pagado las consecuencias de las fallas de las termoeléctricas porque es el que recibe la cola del Sistema Eléctrico Nacional en cuanto a la generación hidroeléctrica. Esto se debe a la distancia entre este estado y Bolívar.

“Zulia es un estado petrolero, su generación de energía eléctrica provenía de gas y fueloil, por eso es que ahí había plantas termoeléctricas y no hidroeléctricas”, señaló Gutierrez. 

De acuerdo con el ingeniero civil, Zulia tenía una demanda de entre 2000-2100 megavatios y tenían capacidad para producir más de 2500 megavatios

“Cuando empezaron a fallar las termoeléctricas por la falta de mantenimiento, comenzó a intensificarse el problema eléctrico en Zulia”, explicó Gutiérrez. 

A FINALES DE ABRIL

No terminaron los racionamientos eléctricos, por el contrario ahora son mas y hasta dos veces en un mismo día, el primero a las 11am a 3pm y ahora a las 11:30pm. Los chamos fueron al colegio con sueño. Es inhumano esto de los apagones.#Venezuela #Zulia

— Lenin Danieri D (@LDanieri) May 3, 2022

En Zulia está el Complejo Termoeléctrico Rafael Urdaneta, que podía generar 2200 megavatios, solo está generando 230 megavatios.

Una situación similar ocurre en varios estados del país, como Lara, Mérida, Táchira y Carabobo.

La demanda del estado Lara era de 725 megavatios. De ellos, 300 megavatios se producían en termoeléctricas del estado. El resto era brindado por la energía de las hidroeléctricas. La Planta Termoeléctrica Argimiro Gabaldón está fuera de servicio. 

“Hasta 2015, Lara dependía 67% del sistema nacional, ahora depende 95%, porque las termoeléctricas salieron de producción por falta de mantenimiento”, dijo Gutiérrez. 

En Carabobo, está Planta Centro, una termoeléctrica en la zona de El Palito. Gutiérrez señaló que esta tenía capacidad instalada de producir 2000 megavatios. Actualmente, está fuera de servicio

En Mérida, está la Planta Termoeléctrica de El Vigía, con una capacidad para producir 800 megavatios. Actualmente, tampoco funciona.  

En Táchira, está la Termoeléctrica de La Fría, que tiene capacidad de producir 150 megavatios. Actualmente, produce cero megavatiosTáchira ha sido el estado más afectado por apagones y fluctuaciones eléctricas entre enero y abril de 2022.

“Estas cifras son un estimado, ya que la información sobre el tema eléctrico está en una caja de Pandora”, dijo Gutierrez. 

La minería ilegal afecta las hidroeléctricas

Gutiérrez explicó que sobre los embalses, donde funcionan las hidroeléctricas, impactan dos cosas: la temporada de sequía y la explotación del Arco Minero. 

Durante los periodos de sequía, los niveles de agua de los ríos pueden bajar. En el Embalse de Guri se manejan los niveles de la siguiente forma: amarillo, naranja y rojo. Gutiérrez explicó que si se llega al nivel rojo se pueden dañar las turbinas.

Más allá de la sequía,  el experto afirmó que hay un problema con el Arco Minero.

En esta zona se está deforestando y talando indiscriminadamente. Cabe destacar que en este lugar están los afluentes principales del Embalse de Guri, el Río Caroní y el Río Caruao, los cuales están siendo afectados por esta actividad.

«No veremos el impacto ahorita, pero puede que nuestros nietos vean la sequía del Guri si eso continúa. Este impacto es consecuencia directa de la explotación del Arco Minero», ratificó.