Víctor Salmerón, autor en Runrun

Víctor Salmerón

Economía hundida y coronavirus: las aseguradoras sobre un piso endeble
En 2020 el sector sufrió pérdidas técnicas equivalentes a 138 millones de dólares. El mercado se achicó por el cierre de empresas, el empobrecimiento de las familias y la competencia de compañías extranjeras

 

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Las empresas de seguros se mantienen a flote a pesar del empobrecimiento de la mayoría de las familias, compañías extranjeras que les arrebatan clientes y regulaciones que agravan la fragilidad; pero el piso se torna más endeble por el impacto de la cobertura a pacientes afectados por el coronavirus y la persistencia de la hiperinflación.

Un termómetro que desnuda el desequilibrio es que el pago que hacen los clientes cuando compran sus pólizas, técnicamente conocido como primas, no es suficiente para soportar el costo de los siniestros, los gastos de funcionamiento y las comisiones de los corredores. Cuando esto ocurre, las aseguradoras sufren pérdidas técnicas, es decir, la actividad medular del negocio reporta cifras rojas. 

Datos de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora indican que en 2020, tomando en cuenta el tipo de cambio oficial al cierre de diciembre, el sector acumuló pérdidas técnicas por 153 billones de bolívares equivalentes a 138 millones de dólares.

Una cascada de eventos desafortunados impacta al negocio. Tras siete años de recesión y tres años en hiperinflación el mercado se achicó violentamente por el cierre de empresas, el empobrecimiento de la clase media, la emigración de cinco millones de personas y el desplome en la venta de vehículos.

Gustavo Mendoza, corredor de seguros, explica que “las tres cuartas partes de mis clientes dejó de renovar su póliza de salud y en automóviles, aparte de que caen las renovaciones, prácticamente no hay nuevos vehículos para asegurar. La clase media se empobreció y ahora el seguro es un lujo”.

El desembarco

El negocio de las aseguradoras se sustenta en que no todos los que compran una póliza sufrirán la enfermedad, el incendio, el choque de su vehículo o la calamidad sobre la cual se protegen y en que la protección, a la hora de un evento, será efectiva.

Pero solo en 2018 la inflación fue de 65.374% y el costo de las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, se disparó como nunca antes y la cobertura de las pólizas prácticamente desapareció.

En este entorno, empresas extranjeras como Best Doctors, Vumi o World Medic Assist detectaron una oportunidad y ofertaron pólizas en dólares en el área de salud y rápidamente se apoderaron de una tajada del mercado.

Las pólizas en dólares, por estar en una moneda estable, mantienen en mejor medida su cobertura a pesar de la hiperinflación. A finales de 2019 las autoridades permitieron que las aseguradoras en el país ofertaran productos en divisas, pero ya habían perdido buena parte de la clientela con altos ingresos.

María Bouffard, presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, no menciona empresas en específico pero indica que “parte de la clientela buscaba migrar a pólizas en moneda dura e ingresaron empresas ilegales en el área de salud que tomaron buena parte del mercado”.

“Son ilegales porque no están autorizadas a operar en el país, no se rigen por los requisitos que exige la ley, no constituyen reservas con los requisitos que se exigen en Venezuela. En algunos casos las pólizas no las vende la casa matriz sino una compañía off shore en Bermudas o Islas Caimán”, añade María Bouffard.

Pandemia y clínicas

Para competir en el área de salud las aseguradoras con sede en Venezuela ofrecen facilidades como el pago fraccionado de la prima en doce meses, sin intereses, pero el coronavirus es un nuevo factor en la lista de inconvenientes.

“Por responsabilidad social las aseguradoras están dando cobertura a pacientes con Covid, esto no está previsto en las pólizas. Hay que tener en cuenta que el impacto de las epidemias es muy difícil de medir porque no sabes cuánto va a durar, a cuántos de tus clientes va a afectar y la gravedad que tendrán”, dice María Bouffard.

“Las aseguradoras están utilizando la prima de otros riesgos para darle cobertura al Covid, pero tienen que responder por todos los siniestros, entonces financieramente están poniendo en riesgo su patrimonio y su capital”, explica María Bouffard.

La Superintendencia emitió una resolución donde establece que los pacientes afectados por el coronavirus tienen derecho a una cobertura en petros que, de acuerdo a los valores del Banco Central, equivale a un mínimo de 562 dólares y un máximo de 23.641 dólares.

“Hay clínicas cuyos costos se ajustan a la regulación, pero hay otras donde en las dos últimas semanas de marzo sus costos aumentaron 100% en dólares”, dice María Bouffard.

Entre los desajustes de la economía destaca que los precios aumentan velozmente y la cotización del dólar se eleva a un ritmo más lento, entonces hacen falta más dólares para comprar las mismas cosas. Ecoanalítica precisa que lo que en enero de 2019 se compraba con 100 dólares hoy cuesta 223 dólares.

Si bien existe este desajuste, María Bouffard señala que ha habido aumentos desmedidos en los costos de algunas clínicas. “Cada sector debe hacer un acto de contrición, la pandemia no se puede convertir en un motivo de enriquecimiento. Hay costos que tienes que cubrir, pero hay cosas exageradas”.

“Debe haber un acto de responsabilidad social como lo ha hecho el sector asegurador. La población asegurada es pequeña ¿Y el que no tiene seguro? Tienes el sistema público de salud abarrotado y un sistema privado que la mayoría de la gente no puede pagar”, agrega María Bouffard.

Ganancias concentradas

Las aseguradoras disminuyen sus riesgos a través de empresas conocidas como reaseguradoras. Básicamente la empresa de seguros suscribe un contrato para que la reaseguradora asuma parte o la totalidad de un posible siniestro.

Por recibir parte del negocio las reaseguradoras pagan comisiones a las empresas de seguros y si obtienen beneficios, hay contratos que también contemplan la transferencia de una fracción de las utilidades. De esta forma, el reaseguro puede ser una fuente de ingresos para las aseguradoras.

Gracias a estos ingresos, a las posiciones en divisas que impactan positivamente el balance cuando el Banco Central ajusta el tipo de cambio y a determinadas inversiones, las cifras oficiales indican que en 2020 las aseguradoras acumularon ganancias equivalentes a 21 millones 553 mil dólares.

Aparte de que las ganancias no provienen de la actividad fundamental, están concentradas en pocas manos. Seguros Caroní, Seguros Corporativos, Seguros Caracas y Mapfre contabilizan 88% de los beneficios y 36 empresas se reparten el resto.

En las primas también hay una fuerte concentración. Mercantil, Caracas, Universitas, Pirámide, Oceánica, Mapfre, Hispana, Estar, Constitución y Atrio contabilizan 90,3% de las primas cobradas en 2020.

Reservas diluidas

Cada vez que las aseguradoras reciben el pago de sus clientes por las primas colocan una fracción del dinero en un fondo de reservas para enfrentar contingencias, pero las normas y la hiperinflación evaporan el dinero.

En medio de la inflación más alta de la historia las aseguradoras están obligadas a mantener la mitad de las reservas en bolívares y depositarlos en la banca, donde obtienen un rendimiento exiguo. 

El resto de las reservas puede invertirse colocando no menos de 30% en bonos y no más de 20% en inmuebles. María Bouffard explica que “hemos solicitado que se nos permita colocar parte de las reservas en dólares y se disminuya la porción que obligatoriamente debe estar en los bancos”.

Hasta 2018 las inversiones en bonos de Pdvsa o de la República en divisas eran una opción atractiva para la colocación de las reservas, pero la administración de Nicolás Maduro dejó de pagar la deuda y la mayoría de los títulos están en default.

Impuestos pesados

El cerco regulatorio también incluye una larga lista de impuestos y contribuciones. Las compañías de seguros le entregan a un fondo para el sistema de salud pública entre 1% y 3% del monto de las primas de las pólizas de salud y entre 1,5% y 2,5% de las primas cobradas para el funcionamiento de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.

Además 10% del resultado técnico obtenido en los ramos que cubren riesgos catastróficos debe aportarse a un fondo especial y existen 18 impuestos previstos en la Ley de Impuestos Sobre la Renta, Ley de los Cuerpos de Bomberos y Ley Orgánica de Drogas, entre otras.

El 30 de diciembre de 2015 Nicolás Maduro firmó el decreto que modificó la ley que regula a los seguros. Básicamente aumentó la carga de los impuestos, restringió el margen de libertad para invertir las reservas e incrementó el control de la Superintendencia.

La exposición de motivos de la ley sancionada por Nicolás Maduro indica que “la actividad aseguradora en Venezuela en los últimos treinta años ha sido parte de la estrategia implementada en América Latina por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales supeditados al imperio norteamericano consistentes en generar mecanismos de privatización para debilitar las facultades del Estado y favorecer los intereses privados de trasnacionales”.

Por ahora el sector ha logrado surfear la mayor crisis económica en la historia contemporánea de Venezuela. 

El Estado quebró: ¿Es el fin de la universidad pública de calidad?
La ruina del socialismo del siglo XXI deja en el aire el sistema en que la renta petrolera permitía que las universidades funcionaran sin cobro a los estudiantes, poco peso de los recursos propios y un gran número de jubilados, obreros y empleados

@vsalmeron

Tras caer en bancarrota, la administración de Nicolás Maduro aplica un severo recorte del gasto público que impacta, entre otros ámbitos, el funcionamiento de las universidades autónomas que en gran medida dependen del dinero del Estado para ofrecer educación gratuita, financiar proyectos de investigación y realizar labores de extensión.

La ruina del socialismo del siglo XXI deja en el pasado el sistema en que la renta petrolera permitía operar a las universidades sin cobro a los estudiantes, poco peso de los recursos propios respecto a los gastos y un gran número de jubilados, obreros y empleados.

Desde 1958, con la llegada de la democracia, el petroestado venezolano amplió el acceso a la educación superior mediante distintas vías, pero el ensayo más exitoso fue a través del financiamiento de cinco universidades autónomas: la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo, La Universidad de Los Andes, la Universidad de Oriente, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y la Universidad del Zulia.

Si bien los años de crecimiento constante en la asignación de recursos y aumento de la calidad, vividos durante 1958-1983, dieron paso a períodos de menos brillo e inestabilidad, los universitarios venezolanos, por muy ancianos que sean, no han presenciado una crisis como la actual.

La debacle de la producción petrolera, que retrocedió hasta niveles de 1935 y el declive de la recaudación de impuestos, tras siete años consecutivos en recesión, evaporaron los ingresos. La consecuencia es un ajuste feroz: Macroconsultores calcula que en términos reales, el gasto del gobierno en servicios de educación, salud, seguridad y defensa cayó 60% entre 2014-2020.

Vivir con menos

El recorte deja a las universidades en el aire: el salario de los profesores es simbólico, la falta de mantenimiento deteriora la infraestructura, desaparece la investigación y la emigración del personal es constante. Al mismo tiempo, la pandemia paraliza las clases en medio de fallas de internet, carencia de equipos y ausencia de bioseguridad.

En febrero los profesores a dedicación exclusiva, el máximo escalafón, obtuvieron un pago equivalente a 10,46 dólares: 2,97 dólares por salario y 7,49 dólares a través del bono Simón Rodríguez que repartió el gobierno.

Según la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv) en enero de 2001, cuando Hugo Chávez apenas iniciaba la Revolución Bolivariana, el salario de un profesor titular equivalía a 2.659 dólares.

 

El 8 de marzo Fapuv afirmó en un comunicado que “al no remunerar el trabajo, el Estado ha roto unilateralmente la relación de trabajo, razón por la cual declaramos la emergencia laboral en las universidades venezolanas”.

La Universidad de Los Andes evidencia la insuficiencia de recursos. Sus 4.583 profesores, entre jubilados y activos, reciben 19 meses de salario al año al incluir pagos extra como aguinaldo y vacaciones. Para elevarles el salario hasta 300 dólares mensuales -menos que el salario mínimo en Ecuador- se requieren 26 millones de dólares al año y el presupuesto asignado para 2021 equivale a 950 mil dólares.

En el transcurso del año es usual que el gobierno aporte recursos extra, pero en una magnitud que solo alcanza para un ínfimo incremento de salario. El presupuesto para investigación o mantener la infraestructura prácticamente es inexistente.

Mundos paralelos

Con el objetivo de que la revolución bolivariana ocupara todos los espacios de la sociedad, el expresidente Hugo Chávez impulsó un sistema paralelo creando la Universidad Bolivariana, la Universidad de las Fuerzas Armadas, la Misión Sucre y convirtiendo en universidades a institutos universitarios y tecnológicos.

Este sistema controlado políticamente, alineado ideológicamente y de menos calidad, también sirvió para darle entrada a la educación superior a miles de jóvenes de bajos recursos que, por recibir una formación deficiente en liceos públicos, no eran capaces de superar las pruebas de admisión para ingresar a las universidades autónomas.

Este brazo paralelo demandó dinero en cantidades crecientes y el presupuesto por alumno en la educación superior pública se redujo, de manera notoria, en las universidades autónomas.

 

Bernardo Méndez, quien se desempeñó como vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela entre 2008-2020, explica que “a partir de 2015 se nos obligó a excluir de nuestra solicitud de presupuesto áreas como proyectos de investigación, formación de personal, infraestructura física, laboratorios y equipamiento de bibliotecas”.

A pesar de que la solicitud de presupuesto excluyó estas necesidades, entre 2015-2019 el monto aprobado para la principal universidad pública del país fluctuó entre 17% y 56% de lo solicitado y para este año apenas representa 2,2%.

En otros casos el presupuesto dejó de existir. Mario Bonucci, rector de la Universidad de Los Andes, explica que “seguimos haciendo nuestro proyecto de presupuesto pero el gobierno no lo pide, simplemente nos asigna una cantidad”.

Fallas de gerencia

En las cuentas de las universidades sobresale el elevado número de obreros, personal en funciones de administración y jubilados. En la Universidad de Los Andes, por ejemplo, laboran 2.021 profesores, 2.460 empleados y 2.157 obreros; es decir, la cantidad de empleados y obreros supera en 128% a los profesores.

“Nosotros autoadministramos todos los servicios, vigilancia, comedor, aseo, mantenimiento, jardinería; en una universidad norteamericana o europea estos servicios son licitados y los realizan empresas privadas”, dice Mario Bonucci.

“Traté de licitar un comedor y la reacción más virulenta contra la medida la obtuve del Ministerio de Educación Universitaria, era como luchar contra el sistema”, agrega Bonucci.

 

El personal jubilado en la Universidad de Los Andes, que aparte de los profesores incluye a empleados administrativos y obreros, suma 7.009 personas y supera en 371 personas al personal activo.

Bernardo Méndez indica que “en la Universidad Central de Venezuela más de 60% es personal jubilado que permanece en la nómina, eso le da estabilidad al personal jubilado pero el pago de personal absorbe alrededor de 80% del presupuesto”.

Si empresas privadas se encargaran de las labores administrativas y de mantenimiento, las universidades no asumirían los pasivos laborales de obreros y empleados.

Leonardo Carvajal, investigador y doctor en educación, considera que en las universidades hay fallas graves de gerencia: “no se evalúa adecuadamente a los profesores que reciben la mitad del salario por investigar. Además, la jubilación debería ser después de 35 años de servicio y no tras 25 años, es un despilfarro jubilar a un investigador a los 55 años”.

“Muchas carreras podrían cursarse en cuatro años en vez de cinco. Para acabar con la duplicación de esfuerzos y recursos las universidades deberían funcionar integradas en redes regionales y muchas universidades solo trabajan 32 de las 52 semanas del año”, dice Leonardo Carvajal.

Añade que “sin cambios profundos aun si hipotéticamente aumentara la producción petrolera y se disparara el precio del barril, no funcionaría el modelo porque es despilfarrador e irracional”.

Vida propia

Las universidades podrían disminuir la dependencia del gobierno si incrementan los ingresos por asesoría, producción de tecnología y servicios a empresas privadas; pero en medio de la depresión de la economía esta opción es limitada.

De acuerdo con Conindustria, seis de cada diez empresas afirman que no contemplan invertir este año en investigación y desarrollo. En promedio, la industria utiliza la quinta parte de su capacidad instalada y el principal objetivo es sobrevivir a la recesión.

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti) contempla que las empresas con ingresos brutos anuales sobre 100.000 unidades tributarias deben pagar entre 0,5% y 2% de sus ganancias para financiar actividades de investigación.

Hasta 2010 las empresas eligieron los proyectos, pero ese año el gobierno cambió la ley y los recursos ingresaron al agujero negro de las finanzas públicas.

Giuseppe Giannetto, quien se desempeñó como rector de la Universidad Central de Venezuela entre 2000-2004, explica que a lo interno también hay limitaciones. “Tras años de poco presupuesto los equipos como los laboratorios de ciencia y tecnología se han deteriorado y sin esa infraestructura no se puede prestar mayor servicio al sector privado”.

Agrega que “la educación de calidad es muy costosa, los gastos son muy elevados. La Universidad Central de Venezuela ha creado una serie de empresas que prestan servicios, pero lo que pueden generar como ingresos es una gota de agua en un océano”.

 

Mario Bonucci indica que “en la Universidad de Los Andes tenemos ingresos propios, pero en conjunto cubren alrededor 5% de los gastos de funcionamiento, sin incluir el pago del personal”.

“Nuestros laboratorios hacen trabajos que permiten reparar algún equipo o reponer algún reactivo. Tenemos dos fincas que producen leche, pero los ingresos alcanzan para el mantenimiento de la finca”, explica Mario Bonucci.

Las regulaciones burocráticas obstaculizan alternativas como dictar cursos o seminarios de manera virtual e impiden obtener ingresos en divisas.

“Podríamos crear un seminario sobre normas internacionales de contabilidad a egresados nuestros que están en Chile. Un profesor nuestro viaja a Chile e imparte cursos de manera presencial y el resto se hace vía online. El costo por estudiante podría ser de 200 dólares, que es bastante accesible”, dice Mario Bonucci.

“Pero por las regulaciones el pasaje aéreo tendría que licitarse, algo que podría tardar tres meses. Además, el manejo de divisas por parte de las instituciones públicas es casi imposible; estas cosas tienen que cambiar”, agrega Mario Bonucci.

Cobrar al estudiante

El artículo 103 de la Constitución sostiene que la educación impartida en “las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario”, pero tras el quiebre del modelo de financiamiento este dogma y los métodos de enseñanza son temas a debatir.

Leonardo Carvajal indica que “no comparto la idea de que la universidad puede autofinanciarse por completo, no se autofinancia el ejército o un hospital, las cosas públicas las financia el Estado. Creo en un autofinanciamiento parcial y creciente hasta cierto nivel”.

Desde su punto de vista una alternativa es el cobro a la salida. “Mantener la gratuidad, pero una vez que el estudiante se gradúa y obtiene empleo que pague un impuesto, podría ser de 1% del salario, en función de las nuevas generaciones”.

Mario Bonucci indica que “el concepto de educación gratuita debe cambiar a un modelo donde el que tiene dinero contribuye: ¿si pagas por tu hijo en un colegio privado por qué no puedes contribuir cuando llega a la universidad?”.

Giuseppe Giannetto señala que “la educación de calidad, el desarrollo de ciencia y tecnología implica una gran inversión por parte del Estado; podríamos estudiar esquemas como becas que el estudiante pague con plazos flexibles cuando termine su educación, pero con el desastre actual no lo veo factible”.

 

El control académico también está en discusión. Mario Bonucci destaca que “el estudiante tiene que entender que se hace un gran esfuerzo en educarlo y debe haber una respuesta apropiada. En las universidades públicas hay estudiantes con diez o doce años dentro de la universidad, el que no rinde debe irse”.

Leonardo Carvajal es partidario de “un tiempo para culminar la carrera, luego del cual el estudiante comienza a pagar. Por ejemplo, si la carrera es de cinco años, transcurridos siete años y medio si no has terminado pagas por el tiempo que falta”.

Mario Bonucci indica que la manera de transmitir conocimientos debe modificarse. “El modelo de universidad tiene que cambiar. Desarrollar la educación a distancia, incluir métodos virtuales, mezclar metodologías. Al igual que formamos a un médico en un hospital podemos formar a un ingeniero civil en una constructora”.

La medicina indica que cuando un miembro es amputado se sigue sintiendo durante un tiempo como si permaneciera en su sitio, es lo que se denomina sensación del miembro fantasma: el sistema en el que operó la universidad pública de calidad desapareció, pero los venezolanos aún no reconocen esta realidad.

La crisis agiganta la desigualdad en Venezuela
La quiebra del Estado y el colapso de la economía dan paso a una sociedad de extremos:muy pocos arriba, muchos descolgados por debajo y la proletarización de la clase media. Se instala una distribución más regresiva de la riqueza.

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Tras el colapso del socialismo del siglo XXI emerge una economía despiadada y contrastante. Se consolida una cotidianidad de pensiones simbólicas, trabajadores públicos con salarios precarios y ausencia de garantías sociales; pero al mismo tiempo, en Caracas, crecen las opciones para el consumo: tiendas repletas de productos importados, nuevos restaurantes y servicio de internet por fibra óptica.

Discretamente, sin modificar leyes, Nicolás Maduro aplica un severo ajuste con recorte sin precedentes del gasto público, liberación de precios, apertura de espacios a la empresa privada y libre circulación del dólar. Quienes pueden subirse al tren de la nueva economía respiran, pero la mayoría siente que la cadena de la prosperidad está rota.

Los pobres se quedan sin oportunidades, la clase media retrocede y aumenta la distancia con los grupos privilegiados.

La moneda oficial es el bolívar, pero luego de tres años en hiperinflación y el fin del control de cambio los precios y las transacciones giran alrededor del dólar. Las empresas usan sus divisas libremente para importar materia prima, cancelar a proveedores y en algunos sectores de la economía, los trabajadores reciben parte del salario o bonos en divisas.

Además, una capa de la población tiene ahorros en dólares que utiliza para complementar sus ingresos, mientras otros obtienen remesas o ayudas de familiares en el exterior.

El acceso al dólar es el ticket para mayor consumo y bienestar. Un estudio de Datanalisis con cifras a diciembre de 2020 precisa que 68,8% de las familias tiene acceso a divisas y 31,2% permanece al margen y solo cuenta con ingresos en bolívares, una moneda moribunda al punto que el nuevo billete de un millón de bolívares equivale a 0,5 dólares.

Pero hay una gran disparidad en los montos de acceso al dólar: según Datanalisis de la porción de la sociedad que obtiene divisas 2,7% de las familias dispone para sus gastos en el país de un promedio de 1.614 dólares al mes, es la capa de alta renta. El 66,1% restante dispone de solo 191 dólares al mes.

Nuevos proletarios

Tras siete años consecutivos de recesión, la economía venezolana se volvió enana y el cierre de empresas, la salida de trasnacionales, una industria que trabaja a la cuarta parte de su capacidad y la destrucción de puestos de trabajo bien remunerados ha desatado un proceso de proletarización de la clase media.

En el recuerdo queda la clase media que viajaba al exterior, compraba vehículos, no tenía problemas para reponer electrodomésticos y cubría sin sobresaltos el costo de las clínicas privadas. Este segmento se empobreció y mira desde más abajo a las familias de alta renta.

“Soy ingeniero de sistemas, tengo 37 años y vivo con mi madre. La empresa para la que trabajo me paga un bono en dólares que complementa mi salario en bolívares, que alcanza para muy poco. Si se daña la nevera no podría comprar otra, tampoco podría pagar una operación quirúrgica en una clínica privada y me queda muy poco de mis ahorros” dice Oswaldo Gutiérrez quien vive en El Cafetal, una zona de clase media en Caracas.

 

El estudio de la firma ORC Consultores con alcance nacional, con datos a diciembre de 2020, es elocuente: el 76% de quienes se califican como clase media afirma que en el último mes el dinero no le alcanzó para reparar el vehículo, a 92% para cambiar o reparar electrodomésticos y a 40% para pagar el servicio de televisión por cable o internet.

En Residencias Lorena, un conjunto de tres edificios situado en Chuao, otra zona de clase media en Caracas, un tercio de los propietarios se atrasa todos los meses en el pago del condominio y por falta de mantenimiento el cerco eléctrico para reforzar la seguridad está roto, las luces de emergencias se fundieron y en las paredes se está cayendo el friso.

Un estudio de la firma Anova Policy Research, publicado en febrero de este año por el Banco Interamericano de Desarrollo, basado en distintas fuentes como el Censo Nacional de Población y Vivienda, la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) que tiene datos hasta marzo de 2020, concluye que hay una “caída abrupta y sistemática en el tamaño de la clase media venezolana”.

Anova utiliza distintas metodologías para cuantificar el retroceso de la clase media. Una de ellas, con alcance relativo, determina que la porción de la población que vive en la franja intermedia de la distribución del ingreso se redujo desde 64,5% en 2012 hasta 41,7% en 2020, es decir, el reparto de la renta desmejoró en la última década. (1)

Otra considera que la clase media son familias en una franja de ingresos que provee protección frente adversidades y cierto grado de estabilidad económica. De acuerdo a este criterio el porcentaje de la población que se ubica en este rango se redujo desde 62% en 2010 hasta 15,5% en marzo de 2020. (2)

Una tercera metodología considera que la clase media son las familias que no son pobres y tampoco son ricas. De acuerdo con este criterio la clase media se redujo desde 72,0% de la población en 2010 a solo 5,3%. (3)

Omar Zambrano, economista principal de Anova, explica que “en la reducción de la clase media tenemos que mencionar el colapso del salario y la mortandad de puestos de trabajo. El sector industrial es el mejor remunerado, allí se concentraba 18% del empleo en Venezuela y hoy es 2% del empleo; eso ilustra lo que ha pasado en el sector productivo”.

Brecha sideral

Una cascada de decisiones desafortunadas produjo un resultado trágico. Tras no ahorrar durante los años en que el barril de petróleo se cotizó a niveles récord, no invertir para mantener la producción petrolera, endeudarse masivamente, malbaratar el dinero y perder el crédito internacional, la revolución Bolivariana evaporó el ingreso de divisas y hundió a la economía en una profunda recesión.

Entonces, ante la caída en la recaudación de impuestos y el declive de los petrodólares el gobierno recurrió a la creación de dinero y estalló la hiperinflación que destruyó la capacidad de compra de la moneda. Luego las sanciones de Estados Unidos, que junto a una larga lista de países considera fraudulentas las elecciones en las que Nicolás Maduro se reeligió como presidente en 2018, profundizaron la debacle.

Quienes dependen del Estado sienten que caen al vacío desde la cima de una montaña rusa, la brecha con los grupos privilegiados ahora es sideral. La bancarrota del gobierno pulverizó las pensiones y el salario de los trabajadores públicos. La supervivencia de las universidades gratuitas está en jaque y se agrava el deterioro de la salud pública.

Los profesores de las universidades públicas reflejan la destrucción del salario. Claudio Briceño es doctor en historia y profesor titular en la Universidad de Los Andes. Explica que “este mes mi sueldo equivale a dos dólares. Para sobrevivir he trabajado como taxista y con un emprendimiento de venta de hamburguesas. Quiero emigrar a Argentina, donde hice mi doctorado, o a Chile”.

De acuerdo con la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) en enero de 2001, cuando Hugo Chávez apenas iniciaba la Revolución Bolivariana, el salario de un profesor titular equivalía a 2.659 dólares.

 

El 8 de marzo FAPUV afirmó en un comunicado que “al no remunerar el trabajo, el Estado ha roto unilateralmente la relación de trabajo, razón por la cual declaramos la emergencia laboral en las universidades venezolanas y llamamos a nuestros agremiados a no aceptar trabajar en condiciones de oprobio”.

La seguridad social es simbólica. Cinco millones de ancianos cobran una pensión mensual que equivale a menos de un dólar, cantidad que el gobierno complementa con bonos que reparte todos los meses y cajas de comida que principalmente tienen carbohidratos como harina de maíz, arroz y pasta.

De acuerdo con Datanálisis 28,4% de las familias no tiene acceso a divisas y mediante salario, bonos y cajas de comida cuenta con un ingreso equivalente a aproximadamente 34 dólares mensuales.

Pero hay quienes viven en peores condiciones: 2,8% de las familias no tiene acceso a divisas y tampoco recibe ayuda del gobierno, por lo que dispone de un ingreso mensual que equivale a menos de 20 dólares proveniente de salario y dádivas.

Tiempos bárbaros

La producción petrolera cayó a niveles de 1940 y el otrora poderoso petroestado se desmoronó. El Estado pobre se traduce en peor educación pública, menos acceso a una sanidad digna, deterioro de las carreteras y mínimas oportunidades para los pobres.

Luis Pedro España, director del Proyecto Pobreza de la Universidad Católica Andrés Bello, señala que “el gobierno no tiene cómo planificar la transición de una economía que dejó de ser petrolera, el gasto público es mínimo”.

“Pasamos del control de la economía y la sociedad mediante la distribución de la renta petrolera a un proceso de liberalización obligada donde el Estado no puede controlar nada. No hay políticas de compensación para los perdedores del mercado, para los que no pueden pagar una escuela privada o un seguro privado en dólares”, agrega Luis Pedro España.

Apoyándose en los datos de la última Encovi afirma que el índice de Gini, un número que va de cero, la igualdad perfecta, a uno, la máxima desigualdad, se ubicó en 2020 en 0,51 el más elevado en la región después de Brasil. En 2015 el coeficiente era de 0,42.

Alejandro Grisanti, quien se ha desempeñado como analista de Barclays Capital para Latinoamérica y formó parte de la junta directiva de Pdvsa por el gobierno interino, considera que “los mecanismos de redistribución de la riqueza están muy deteriorados, prácticamente no hay compensación, en alimentación, educación y acceso a la salud”.

“Pasamos de una economía que perseguía al sector privado bajo la consigna del socialismo del Siglo XXI a una de la supervivencia del más apto. El Estado ha sido incapaz de crear arreglos sociales para aminorar la desigualdad”, dice Alejandro Grisanti.

 

Añade que “este año la economía no va a seguir cayendo, debería estabilizarse en el foso, pero un tercio de la población va a mejorar un poco y dos tercios seguirán empeorando. Tendremos una sociedad donde un tercio de la población va a llevarse una porción mayor de la torta y dos tercios se quedarán con una porción más pequeña”.

Los cimientos están destruidos. La magnitud de la debacle apunta a que sea cual sea la salida a las dificultades, lleguen cuando lleguen, por mucho tiempo los venezolanos no volverán al punto anterior al colapso del socialismo del siglo XXI. Toma forma una sociedad de extremos que se alejan del centro: muy pocos arriba y muchos descolgados por abajo.

(1) La franja intermedia son hogares con ingresos per cápita en una banda entre 50% y 150% de la mediana de los ingresos per cápita de la economía.

(2) Este rango tiene un piso de 10 dólares per cápita por día y un techo de 50 dólares per cápita por día, ajustados por un tipo de cambio de paridad de poder de compra que permite comparar cuánto dinero se requiere para adquirir una canasta de bienes y servicios en distintos países.

(3) Esta metodología utiliza como límite superior el utilizado por el Banco Mundial de 50 dólares per cápita por día, ajustados por un tipo de cambio de paridad de poder de compra y como umbral inferior la línea de pobreza moderada oficial de Venezuela hasta 2015 y su ajuste por inflación para los años posteriores.

Venezuela: La misma hiperinflación con tres billetes nuevos
El Banco Central estrena billetes en medio de una severa escasez de efectivo. Tomando en cuenta los ocho ceros que Chávez y Maduro restaron a la moneda el nuevo billete de un millón de bolívares sería de 100.000.000.000.000, es decir, cien billones que no compran un kilo de café

 

@vsalmeron

 

El incesante incremento de los precios pulveriza la moneda y obliga a los venezolanos que necesitan efectivo a acudir continuamente al banco para retirar billetes con una exigua capacidad de compra.

En un intento por aliviar este desequilibrio el Banco Central de Venezuela pondrá en circulación a partir de esta semana tres billetes de mayor denominación: 200 mil, 500 mil y un millón de bolívares; este último multiplica por veinte al billete de 50 mil que, hasta ahora, fue el de mayor valor.

La devaluación es de tal magnitud que este billete de un millón de bolívares apenas equivale a 0,52 dólares al tipo de cambio oficial, pero por un tiempo las nuevas piezas podrían atenuar la escasez de efectivo y facilitar el pago del transporte público, una de las principales preocupaciones de los venezolanos de menos recursos.

Ante el meteórico incremento de los precios el Banco Central no fue capaz de abastecer de suficientes billetes a la economía, generando una severa escasez de efectivo que castiga a la población que no tiene cuenta bancaria, está fuera del sistema de pagos digital o utiliza busetas y autobuses.

“Con el billete de un millón de bolívares podría pagar tres pasajes, actualmente el de mayor valor es de 50 mil y necesito seis para un solo pasaje. Veremos cuántos billetes de un millón me entregan en los bancos”, dice Leticia Flores quien trabaja como cajera en un supermercado al este de Caracas.

Ante la escasez de efectivo los bancos aplican un anárquico racionamiento en la cantidad de billetes que se puede retirar diariamente en las agencias y en los cajeros automáticos.

“Mi día libre lo dedico a recorrer bancos para juntar para el pasaje, tengo que hacer colas de dos y tres horas en por lo menos tres agencias para retirar lo que necesito, ojalá ese billete del millón llegue rápido y el pasaje no aumente mucho, aquí los precios suben todos los días”, dice Leticia Flores.

El Banco Central envió un comunicado a las entidades financieras donde les indica que “la distribución especial de efectivo será realizada desde el 8 hasta el 31 de marzo de 2021”, lo que sugiere que los nuevos billetes tardarán al menos tres semanas en estar completamente disponibles.

Las cifras oficiales precisan que al cierre del 26 de febrero el efectivo representaba 1,8% de la liquidez monetaria (que aparte de monedas y billetes incluye los depósitos en la banca que se mueven por medios digitales) y en condiciones normales debería representar al menos 10%.

El Banco Central relajó las normas que restringen la liquidez para que los bancos compren los nuevos billetes con mayor facilidad.

El cohete

El mar de fondo es la hiperinflación. De acuerdo con el Banco Central de Venezuela en 2020 los precios acumularon un salto de 2.959% y en diciembre el avance fue de 77,5%. A este ritmo en poco tiempo se requerirá un fajo de billetes de un millón de bolívares para pagar el transporte público y la moneda seguirá desdibujándose. 

José Guerra, exgerente de investigación del Banco Central y miembro de la comisión de finanzas de la Asamblea elegida en 2015 explica que “al cabo de tres meses, de persistir los niveles de alzas de precios, el valor de los nuevos billetes se habrá pulverizado irremediablemente”.

Técnicamente Venezuela ingresó al túnel de la hiperinflación en diciembre de 2017. Para diagnosticar esta enfermedad la mayoría de los economistas emplea la definición que en 1956 estableció Phillip Cagan: un país sufre hiperinflación cuando la inflación alcanza 50% en un mes y culmina cuando en un período de doce meses no ha habido otro mes de 50%.

Tras no ahorrar durante el período de los altos precios del petróleo, endeudarse masivamente, no realizar las inversiones necesarias para mantener la producción petrolera y caer en una profunda recesión que merma la recaudación de impuestos, el gobierno se quedó sin recursos para cubrir el gasto y recurrió a la creación de dinero.

La economía es un juego de contrapesos y la inyección de dinero dinamitó el equilibrio entre la oferta y la demanda disparando los precios y la cotización del dólar.

En agosto de 2018 Nicolás Maduro admitió que “tuvimos que ir a la emisión de dinero para respaldar las misiones socialistas, la construcción de viviendas, el sistema de bonos, los aumentos bimensuales de salarios. Así es la vida, nos tocó jugar así”.

Inmediatamente prometió “una disciplina fiscal prusiana” para controlar la inflación, pero la caída en la recaudación de impuestos se profundizó y las sanciones de Estados Unidos, que consideran ilegítimas las elecciones en las que Maduro se reeligió como presidente en 2018, aceleraron el declive de la producción petrolera.

El ajuste

Para quitarle gasolina a la hiperinflación en 2020 el gobierno disminuyó el ritmo en la creación de dinero al punto que de acuerdo con Ecoanalítica el gasto público descendió a 15 puntos del PIB, el nivel más bajo en veinte años. Además, con severas regulaciones asfixió el crédito para evitar que la banca inyecte fondos a la economía.

El informe del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello precisa que el declive del gasto “ha ocurrido principalmente por la suspensión del pago de los intereses de la deuda pública externa, el recorte de los gastos en inversión pública, mantenimiento y adquisición de insumos, el atraso en el pago a proveedores y la caída del valor real de los salarios, pensiones y bonos del Sistema Patria”.

Pero la hiperinflación no ha cesado porque a pesar del ajuste, el déficit en las cuentas del gobierno se mantiene en 8 puntos del PIB y la administración de Nicolás Maduro, aunque en menor medida, sigue creando dinero.

En este entorno la hiperinflación, que experimentó un salto de 9.586% en 2019 perdió impulso en 2020, pero continúa fuera de control y en niveles muy elevados. Según el último informe de Focus Economics, la firma AGPV proyecta que este año acumulará un avance de 2.230% y Fitch Solutions de 2.149%.

Sin opciones

José Guerra afirma que “no hay salida a la hiperinflación porque ante la caída del ingreso petrolero y la falta de financiamiento, el gobierno tiene que financiarse con la emisión de dinero del Banco Central”.

“En promedio el gobierno recibía unos 48 mil millones de dólares por exportaciones petroleras, esto ha caído a niveles en torno a 4 mil millones y tras siete años de recesión la recaudación de impuestos es muy baja. Esto no tiene solución sin financiamiento no inflacionario que tendría que venir de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo”, agrega José Guerra.

Luis Zambrano Sequín, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y Leonardo Vera, profesor de la Universidad Central de Venezuela, escriben en un análisis que “la situación de extrema precariedad de las finanzas públicas indica que la única vía para darle a la gestión fiscal un impulso mínimo vital inicial es acudiendo al financiamiento y la ayuda internacional”. 

“Los recursos deben provenir de fondos internacionales de tipo concesional, preferiblemente, créditos puentes, donaciones y otras fuentes de recursos de desembolso rápido y sin pesada condicionalidad. Esto mientras Venezuela gestiona ante los organismos multilaterales un paquete de préstamos”, explican.

El aislamiento internacional del gobierno de Nicolás Maduro mantiene cerrada esta posibilidad y todo apunta a que la creación de dinero no se detendrá.

La digitalización

Consciente de que en poco tiempo los nuevos billetes perderán todo significado el gobierno quiere disminuir el uso del efectivo y ampliar los medios de pago digitales, en especial en el transporte público. El 26 de febrero Nicolás Maduro señaló que “tenemos una sorpresa: el bolívar digital. Ya daremos más detalles de eso”.

La idea es crear un sistema con tarjetas prepagadas que los usuarios del transporte público podrán comprar y recargar mediante pago móvil, tarjeta de débito en los puntos de venta o trasferencia bancaria. Las autoridades del Banco Central les solicitaron a las entidades financieras privadas un plan en este sentido.

La posición de la banca es que existen limitaciones importantes: deficiente servicio de internet, constantes fallas en el sistema eléctrico, población no bancarizada en una magnitud relevante y atraso tecnológico por años de poca inversión en el sistema financiero.

En el transporte público es fundamental la rapidez en el pago para evitar largas colas y retrasos en el servicio, por eso se emplean tarjetas con un chip y antena incorporada que permiten pagar con solo acercar la tarjeta a un lector. Es lo que se conoce como pago sin contacto.

La mayoría de los bancos venezolanos no tienen esta tecnología y cambiar las tarjetas actuales por las de contacto implicaría una inversión importante en momentos en que las ganancias del sistema financiero han caído a niveles ínfimos en medio de la contracción del crédito.

Resta de ceros

Convencido de que la economía había ingresado en un ciclo virtuoso, en una nueva etapa que necesitaba un símbolo suficientemente representativo, en enero de 2008 el directorio del Banco Central puso en circulación al “bolívar fuerte”, restándole tres ceros a los billetes, monedas y todos los precios de la economía.

Pero la economía tomó un camino muy distinto al señalado aquel día y el bolívar fuerte sucumbió a manos de la inflación. Ante la muerte de la moneda, la noche del 17 de agosto de 2018 Nicolás Maduro lanzó el bolívar soberano, restando otros cinco ceros.

Pero el bolívar soberano se ha hundido velozmente y la disparada de los precios hace que los equipos informáticos en las empresas y los bancos, así como los puntos de venta en el comercio, tengan severos problemas para procesar cifras con una larga fila de ceros a la derecha.

Fuentes del Banco Central explican que el gobierno contempla la posibilidad de una nueva resta de ceros durante el primer semestre de este año a fin de evitar el colapso de las transacciones.

Si los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro no hubiesen restado ocho ceros a la moneda, el billete de un millón de bolívares que comenzará a circular esta semana sería de 100.000.000.000.000, es decir, cien billones de bolívares que prácticamente no valen nada y no alcanzan para comprar un kilo de café.

Maduro se aleja del socialismo: ¿quiénes ganan y quiénes siguen en el foso?
El gobierno afloja el control de la economía y genera una mejoría focalizada. Datanálisis indica que entre 35% y 40% de la población califica su situación en positivo. Fondos de inversión extranjeros evalúan opciones en el país. El petroestado agoniza y comienza un cambio estructural

 

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Atrás quedan los tiempos en que un océano de petrodólares mantenía a flote a la economía controlada y subsidiada. Con las manos vacías, sin financiamiento y bajo el impacto de las sanciones de Estados Unidos, Nicolás Maduro recurre a la empresa privada para contener el deterioro y alienta una apertura que oxigena a sectores específicos, mientras otros permanecen en el foso de la crisis.

La mayoría de las leyes aprobadas para maniatar al mercado siguen vigentes, pero en la práctica, el mandatario venezolano está enterrando la ilusión en el socialismo del siglo XXI: no hay regulación de precios, el dólar circula libremente, hay incentivos para las exportaciones, diálogo con los empresarios y la agenda del gobierno contempla la privatización de empresas públicas.

Tras siete años consecutivos de recesión, la economía venezolana es un tercio de lo que era en 2013 y la mayoría de los analistas espera que en 2021 se estabilice en la miseria, con crecimiento o decrecimiento del PIB en torno a uno por ciento. Pero en determinadas áreas, la desregulación crea oportunidades de negocios e incremento del ingreso.

“Hay un cambio substancial, el gobierno ya no puede controlar la economía y permite una apertura de facto que genera ganadores y perdedores. Existen los que pueden desarrollar negocios y ganar dinero, los que siguen fuera del juego y los que están obligados a producir cambios fundamentales en sus empresas o de lo contrario saldrán del mercado”, explica Luis Vicente León, director de Datanálisis.

La bendición de exportar

En Portuguesa, la provincia con las tierras más fértiles de Venezuela, agricultores están exportando frijol chino a Vietnam, Turquía y China. “Las tierras nuestras son muy buenas para el frijol, el precio aumentó en el mercado internacional y los costos de producción son bajos”, dice Daniel Dorazio, quien administra una finca.

Como se trata de un negocio que genera ingresos en divisas y no necesita créditos en cantidades elevadas, el financiamiento bancario, bastante escaso para otras actividades, fluye adecuadamente. “Al principio había solo dos empresas, pero ahora hay alrededor de diez que compran el frijol chino, lo limpian y exportan”, dice Daniel Dorazio.

Aparte del frijol chino las exportaciones de otros productos como ron, cacao, camarones y colas de langosta están creciendo. Luis Vicente León explica que “quienes exportan productos con precios elevados respecto a sus costos de producción tienen una gran ventaja y están aumentando sus ventas, este año este tipo de exportaciones podría alcanzar los tres mil millones de dólares”.

 Los exportadores conservan 80% de los dólares que les ingresa y el resto las ofertan en el mercado de divisas que, a diferencia del pasado, tiene un tipo de cambio que no está controlado y fluctúa diariamente.

El contraste

Formalmente la moneda sigue siendo el bolívar, pero el gobierno permitió una dolarización de facto. El dólar se utiliza para calcular los precios y crecientemente como medio de pago. En el sistema financiero, los bancos reciben depósitos y otorgan créditos en dólares a través de sus agencias en el país o sucursales en el exterior.

Las empresas emplean sus dólares libremente para importar materia prima, pagar bonos a los trabajadores y cancelar a sus proveedores. Además, una capa de la población tiene ahorros en el exterior y otros reciben remesas.  El flujo de divisas también recibe aportes de la venta de oro, las menguadas exportaciones petroleras, las exportaciones de productos como el frijol chino y la economía negra: contrabando, narcotráfico y extorsión.

El resultado es un mercado dual, en dólares y en bolívares, donde quienes tienen ingresos en divisas consumen más que los que están fuera de este circuito y sobreviven con un ingreso precario. De acuerdo con un estudio de Datanálisis elaborado en noviembre de este año entre 35% y 40% de los venezolanos manifiesta que su situación personal es buena o muy buena. En febrero de 2019 solo 15% tenía una visión positiva.

“Estas personas sienten una mejora relativa en su situación personal por la apertura y dolarización de la economía. No se comparan con el pasado lejano, sino con el reciente; no consideran que la situación del país es buena. Mayoritariamente evalúan de manera negativa la gestión del gobierno”, explica Luis Vicente León.

Profesionales como médicos, odontólogos e ingenieros ahora calculan sus tarifas en dólares y compensan de mejor manera el impacto de la inflación, que continúa a un ritmo de dos dígitos al mes.

Alfredo Guzmán, gastroenterólogo, explica que “antes de la dolarización cobraba en bolívares y mi consulta equivalía a tan solo 20 dólares, hoy cobro 120 dólares por consulta. Atiendo a menos pacientes, pero mis ingresos han aumentado”.

El consumo

La dolarización, con su efecto en el consumo y la liberación de precios, que permite que las empresas ajusten sus costos, beneficia principalmente a los sectores de alimentos básicos, medicinas y artículos de cuidado personal.

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, explica que “hay una base de consumo que principalmente se dirige hacia esas áreas. Son sectores que en esta coyuntura pueden tener signos positivos”.

El coronavirus, en el caso de las empresas de alimentos, ha traído algunos beneficios. Empresarios explican que la pandemia ha hecho que disminuyan las importaciones de productos básicos como arroz, leche y harina, ayudando a que aumenten las ventas.

Pequeñas compañías que prestan servicios en el área de las telecomunicaciones también comienzan a capitalizar el efecto de la dolarización. “Ha aparecido algo de oferta en el sector de tecnología y telecomunicaciones. Nichos como el internet móvil, internet por fibra e inalámbrico. Les ha favorecido el relajamiento en los controles hacia el sector”, dice Asdrúbal Oliveros.

En los centros comerciales emblemáticos de Caracas como Tolón y San Ignacio se evidencia un aumento en el alquiler de los locales. Fuentes del sector explican que este año la ocupación promedio, que cayó por el impacto de la pandemia y la recesión, podría superar 85%.

En el radar de los fondos

El 10 de noviembre de 2020 Cargill, la multinacional estadounidense productora de alimentos, vendió sus plantas en Venezuela de harina, aceites, grasas y pastas al fondo Phoenix Global Investment y al grupo local Puig. La transacción podría ser el inicio de un proceso donde fondos de capital de riesgo inviertan en compañías venezolanas que buscan compradores o socios para fortalecerse.

Oscar Doval, presidente de Moore GSF, una firma que gestiona mandatos de fondos de inversión explica que “Venezuela se ha vuelto un país apetecible para fondos que invierten en países riesgosos en búsqueda de altos rendimientos; hay interés de fondos latinoamericanos, norteamericanos, asiáticos y del Medio Oriente”.

“En Venezuela el precio de los activos en compañías que están en sectores como alimentos o productos de cuidado personal es atractivo. La inversión se puede recuperar en tres o cuatro años, es un país que está prácticamente dolarizado y hay poca vocación de controles estatales por el momento”, añade Oscar Doval.

El interés por vender o asociarse no es solo de las empresas privadas. Desde el pasado 12 de octubre el gobierno cuenta con la Ley Antibloqueo que le otorga amplios poderes para privatizar o transferir la gestión de empresas públicas.

La agonía del petroestado

Durante los últimos cien años la economía venezolana giró en torno a la distribución que hacía el Estado de la riqueza petrolera empleando una cantidad excesiva de trabajadores, vendiendo dólares artificialmente baratos que impulsaban el consumo, subsidiando elementos clave como el costo de la energía y contratando a empresas privadas.

Este esquema es cosa del pasado y su fin es la causa principal de que la economía, más allá de áreas específicas, continué sumergida en sectores fundamentales como petróleo, industria y construcción que tienen un peso determinante en el PIB.

Tras años de mínima inversión, fallas de gerencia y corrupción rampante, la producción de petróleo comenzó a caer velozmente en 2017 y en 2019 las sanciones de Estados Unidos aceleraron la debacle. La consecuencia es que el país produce, de acuerdo con las cifras entregadas por el gobierno a la OPEP, 430 mil barriles diarios, el nivel más bajo desde 1935 y 87% menos desde que en 1999 Hugo Chávez inició la era de la Revolución Bolivariana.

El ingreso proveniente del petróleo se esfumó y las perspectivas de recuperarlo en términos relevantes lucen mínimas con Pdvsa, la empresa petrolera del Estado, en situación deplorable y una transición energética a escala global que implica un declive gradual en el consumo de combustibles fósiles.

Las empresas del plástico reflejan la nueva normalidad. La industria del plástico transforma insumos provenientes de la petroquímica y en 2006 el expresidente Hugo Chávez anunció faraónicas inversiones para ampliar la capacidad de la petroquímica en el país. Además, los empresarios del plástico recibieron créditos y divisas baratas con las que importaron máquinas para competir con Brasil, Alemania y Japón en el mercado global.

Pero el gobierno no concretó la ampliación de la petroquímica; Pequiven, la planta existente, opera precariamente y la demanda en el país de los productos elaborados con plástico se desplomó. Actualmente, las máquinas de la industria del plástico trabajan al 15% de su capacidad.

Sin las compras del Estado y sin el impacto en el consumo que tenía el ingreso petrolero el mercado se redujo a su cuarta parte y las plantas de la industria en sectores como metalmecánica, plástico, automotriz y pinturas tienen un tamaño desmesurado.

Luis Vicente León resume que “las empresas dirigidas al consumo de la Venezuela en esplendor del gasto petrolero tienen escalas de plantas que no van a poder utilizar de nuevo. Están en peligro, algunas podrán superar el reto cerrando plantas, produciendo cosas nuevas o exportando. Pero convertirse en exportador no es simple”.

“El sector de la construcción está muy afectado porque no está en el juego, el gobierno está más preocupado por comida y medicinas que de construir una carretera o arreglar un puente. En el futuro puede ser que por la apertura se privaticen todos los sectores de construcción pública”, agrega Luis Vicente León.

Asdrúbal Oliveros considera que “el colapso de servicios esenciales para la producción como el de la energía eléctrica, el déficit de combustible y un sistema financiero enano colocan un techo muy bajo al crecimiento de la economía”.

El dos de febrero Nicolás Maduro afirmó que “2021 debe ser el año del nuevo crecimiento económico, debe ser la consolidación del proyecto Bolivariano”. Por ahora, todo apunta a un sistema donde algunos respiran y la mayoría continúa hundida en la crisis. Mientras tanto, discretamente, el plan socialista se desvanece.

Sudeban frena los créditos en dólares: ¿Qué está pasando en la banca?
Un grupo de bancos comenzó a prestar en divisas, pero la Superintendencia prohíbe los créditos sin su autorización previa. Seis bancos controlan 88% de los depósitos en dólares. Los excluidos del sistema financiero operan en un submundo de maletines y tasas exorbitantes

 

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El 21 de enero la Superintendencia de Bancos contuvo el avance de la dolarización al enviar una circular a las entidades financieras donde prohíbe otorgar créditos en moneda extranjera “sin la previa autorización del Banco Central de Venezuela y de esta Superintendencia”.

En vista de que los depósitos en dólares representan una porción sustancial de las captaciones, un grupo de bancos comenzó a otorgar préstamos en divisas a clientes que consideran de bajo riesgo; pero las autoridades han intervenido en el proceso.

La esencia del negocio bancario es captar dinero y prestarlo. Banqueros explican que los depósitos en dólares, que crecen día a día a través de las cuentas en divisas, pronto serán la columna principal del balance; por lo tanto, si las autoridades limitan los créditos en dólares la banca se reducirá a una plataforma que solo facilita pagos, transferencias y retiros de efectivo.

Leonardo Buniak, analista de riesgo bancario y director de la firma Buniak & Company, considera que “la Superintendencia busca formalizar lo que de manera informal ya estaba ocurriendo, la intermediación en dólares es una realidad”.

Formalmente la moneda sigue siendo el bolívar, pero avanza una dolarización de facto, similar a la que ocurrió en los años noventa en países como Perú y Bolivia, donde la hiperinflación desquició la economía. 

Estudios del Fondo Monetario Internacional demuestran que un paso crucial para la profundización de la dolarización es que al menos la mitad de los depósitos y créditos del sistema financiero estén en dólares y la banca venezolana camina en esta dirección.

Los depósitos en divisas que tienen “libre convertibilidad” y se emplean para otorgar créditos corresponden al Convenio Cambiario Uno. Buniak & Company precisa que al cierre de diciembre de 2020 estos depósitos se ubicaron en 234 millones de dólares.

El ranking de captaciones elaborado por Buniak & Company indica que seis bancos controlan 88% de los depósitos de libre convertibilidad: Nacional de Crédito BNC es líder con 36,9%, seguido de Mercantil con 17,2%, Venezuela 11,5%, BOD 9,7%, Bancaribe 8,6% y Banesco 4,46%.

Crédito en gotas

Por ahora el financiamiento bancario es incipiente en dólares e ínfimo en bolívares. Víctor Zapata es arquitecto y tiene una Visa Signature con la que no puede comprar un refresco. La tarjeta le financia hasta un máximo de un millón de bolívares que equivalen a poco más de medio dólar y una Coca Cola de dos litros cuesta un dólar y medio.

“También tengo una Master Black que tampoco sirve para nada. La verdad es que el crédito desapareció”, dice Víctor Zapata quien dice que hace dos años hacía mercado con una de sus tarjetas.

Entre las causas que explican el poco crédito destaca que el Banco Central lo limita con la idea de disminuir los préstamos para la compra de divisas y contener el aumento en la cotización del dólar que, desde el punto de vista de las autoridades, es la principal causa de la inflación que se mantiene a un ritmo de dos dígitos al mes.

Además, el bolívar se ha devaluado aceleradamente y su capacidad de compra se evaporó al punto que el billete de mayor denominación equivale a 0,02 dólares.

Para cerrar el grifo del crédito el Banco Central obliga a las entidades financieras a congelar a manera de reservas la mayoría del dinero que reciben en depósitos. En vista de que disponen de menos fondos para prestar, los bancos reducen el financiamiento a quienes quieren protegerse comprando dólares, pero también a las empresas que intentan producir, a los comercios y a las personas.

Hasta la semana pasada los bancos estaban obligados a inmovilizar como reservas -mediante lo que técnicamente se conoce como el encaje- 93% de los depósitos; pero la insuficiencia de liquidez de un grupo de entidades financieras encendió las alarmas y obligó al Banco Central a disminuir la proporción hasta 85%. En la mayoría de los países el encaje es inferior a 20%.

Un aspecto clave es que para reducir la posibilidad de que el crédito se utilice para compra divisas el directorio del Banco Central aplicó otras medidas. Ahora, prácticamente todos los préstamos en bolívares están indexados y el monto del crédito fluctúa de acuerdo a la cotización del dólar en el mercado oficial. Además, la tasa de interés máxima aumentó desde 6% hasta 10%.

En estas condiciones la disminución del encaje tendrá un impacto leve. Síntesis Financiera explica en su informe El Tesorero que “la reducción de la tasa de encaje es una medida en la dirección correcta: aumenta la liquidez disponible para el financiamiento. Pero no basta con estimular la oferta crediticia, toda vez que es pequeño el universo de empresas que está en condiciones de asumir el riesgo de financiarse con créditos indexados al dólar”.

Leonardo Buniak señala que los bancos estaban incumpliendo el encaje en 75 billones de bolívares y en primera instancia utilizarán la liberación de fondos para cubrir este déficit.

Datos de la consultora Ecoanalítica indican que el total de préstamos de la banca venezolana es enano y representa menos de medio punto del PIB, mientras que en el resto de los países de América Latina asciende a 30 puntos. 

Techo bajo

Tras seis años consecutivos en recesión, la actividad de las empresas se redujo y muchas utilizan la quinta parte de su capacidad. Un número relevante de compañías financia la producción con capital propio, en vista de que necesitan montos bajos, pero el esquema comienza a agotarse en un entorno donde sectores como alimentos y productos de cuidado personal han tocado fondo y tienen la posibilidad de aumentar las ventas este año.

Francisco Acevedo, vicepresidente de Conindustria, explica que “las empresas se redujeron mucho y han podido financiar la actividad con capital propio, pero a medida que haya algún crecimiento se va a sentir la falta de financiamiento”.

El poco crédito de la banca fluye por dos vías. En el primer esquema, las compañías con músculo financiero reciben créditos en divisas a través de las sucursales que los bancos venezolanos tienen en otros países como Panamá, República Dominicana y Curazao.

La Superintendencia de Bancos no controla las sucursales en el exterior por lo que esta autopista sigue libre, pero solo disponible para empresas con recursos, capaces de colocar en garantía una suma en dólares que, en la mayoría de los casos, asciende a más de la mitad del crédito que reciben.

Quienes no califican para recibir créditos de las sucursales en el exterior tienen como opción los préstamos en bolívares indexados al dólar, que resultan bastante costosos. Francisco Acevedo explica que se reciben bolívares que hay que cambiar en divisas para obtener materia prima y este es un paso que implica costos transaccionales, los plazos son cortos, generalmente pagarés de treinta o sesenta días y la banca cobra comisiones. 

“Al tomar en cuenta todos estos aspectos, el costo del financiamiento puede alcanzar una tasa de 24% anual en dólares”, dice Francisco Acevedo.

El mercado de capitales

Otro grupo de empresas utiliza el pequeño mercado de capitales, que comienza a resurgir de sus cenizas y se financian a un costo inferior al crédito bancario colocando papeles comerciales en bolívares. Este es el caso de compañías como Topenca, Y&V Ingeniería, Novaro Foods o Alimentos FM.

En este momento están en proceso de colocación papeles comerciales por un monto de 592 mil millones de bolívares y en diciembre Ron Santa Teresa colocó papeles comerciales en divisas por 300 mil dólares.

“El tema con el mercado de capitales es que es muy pequeño, hablamos de montos que están muy por debajo de las necesidades de las empresas”, dice Francisco Acevedo.

 Los intermediarios

 Los operadores del mercado informal de créditos se han dolarizado a tasas exorbitantes y ante la virtual desaparición de los préstamos para personas en la banca, tienen un nicho a explotar. Un intermediario, quien dice representar a un grupo de inversionistas, me explica las condiciones para un crédito en divisas: tasa de interés entre 10% y 15% mensual más una comisión de 15%. Además, debo entregar mi vehículo como garantía mediante un contrato de venta pura y simple. 

El monto del crédito debe ser menor a la mitad del valor de mercado del vehículo y el dinero se transfiere a una cuenta en dólares, en un banco nacional o en el exterior.

“Aparte se hace un documento privado donde consta que es un préstamo y las condiciones. A los inversionistas no les interesa quedarse con el vehículo, esto es un negocio”, agrega el intermediario.

También actúan intermediarios para “bancarizar” dólares en efectivo. Uno de ellos, que exige reservar su identidad, me explica que opera con comercios que reciben dólares en efectivo y necesitan transferirlos a una cuenta en el exterior, desde donde pagan sus importaciones.

“Si se trata de comercios pequeños los bancos no les prestan el servicio de transferirles las divisas al exterior. Entonces, los dólares en efectivo los recibo en maletines y les transfiero a su cuenta en el exterior. Por este servicio cobro una comisión de 4% sobre el monto del efectivo”, explica.

La dolarización de facto generó un área gris donde afloran mecanismos para suplir el poco crédito y las trabas para movilizar el dinero.

 

“El gobierno está atado de manos para manejar la economía”
Luis Zambrano Sequín, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, explica que la dolarización de facto y la caída del ingreso de divisas restan poder a la administración de Nicolás Maduro que teje alianzas con el sector privado. La Ley Antibloqueo atraerá inversiones que buscarán alta rentabilidad en el corto plazo y tendrán un impacto limitado

 

@vsalmeron | Fotos: Manuel Sardá/Comunicaciones UCAB

 

Nicolás Maduro ha ganado fortaleza en el terreno político. La oposición está fragmentada, las sanciones de Estados Unidos no lo desalojaron del Palacio de Miraflores y mediante unas cuestionadas elecciones tiene un parlamento aliado. Pero en el frente económico su gobierno es frágil y no tiene más opción que permitir mayor protagonismo al capital privado.

Luis Zambrano Sequín, Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello, analiza este escenario, sus implicaciones y las perspectivas a futuro.

La renta petrolera se esfumó, el gobierno es pobre y el sector privado gana espacio: no hay control de cambio ni de precios y la Ley Antibloqueo incluye esquemas de privatización. ¿El resurgir de la lógica del mercado mejorará la calidad de vida visto que el PIB real per cápita en los últimos seis años cayó a niveles de 1940?

La economía se redujo 70% en seis años, al cierre de 2020 el tamaño de la economía de Colombia es casi 5,5 veces la economía venezolana, la de Chile 5 veces, la de Perú 4 veces y la de Ecuador 2 veces. Es un mercado muy pequeño y el empobrecimiento produjo una elevada desigualdad. La torta se convirtió en un ponqué mucho peor distribuido. De haberlo, será un crecimiento determinado por el poco tamaño de la economía y la peor distribución del ingreso.

Un aspecto clave al pensar en un rol protagónico del sector privado es que tiene baja capacidad para generar ingresos en divisas y se enfrenta a problemas de infraestructura de servicios básicos y escasez de combustible. ¿Eso no crea una gran debilidad?

Del lado de la demanda incide el empobrecimiento y la desigualdad, pero hay nichos, hablamos de una economía de 15 mil millones de dólares, hay sectores con capacidad de compra de ciertos productos. Del lado de la oferta hay fallas de servicios básicos, de infraestructura, déficit de gasolina y pérdida de capital humano por la emigración. Empresas del Estado que suministraban insumos al sector privado ya no están. Es difícil decrecer más, se llega a un mínimo y a partir de allí puede haber tasas positivas, pero el límite para crecer y sostener ese crecimiento es muy reducido.

Hay reducción del mercado nacional y un sector privado que difícilmente podrá exportar en el corto o mediano plazo en términos relevantes. ¿Plantas industriales que están utilizando entre 5% y 20% de su capacidad instalada tendrán que achicarse y vender sus máquinas?

La inversión privada en las últimas dos décadas fue mínima y muchas de esas plantas tienen obsolescencia tecnológica porque no hubo actualización de equipos ni innovación. 

La mayoría de esas empresas funcionó, en sus mejores momentos, con subsidios de todo tipo y créditos baratos, estas condiciones ya no existen. El sector privado tiene que jugar un papel protagónico en el futuro, pero prácticamente en todos los sectores tiene que construirse desde cero.

El mantra sembrar el petróleo suponía una identificación entre industrialización y desarrollo. No nos industrializamos, la industria petrolera se desplomó y los combustibles fósiles pierden protagonismo en el mundo. ¿La idea de un país industrializado está enterrada?

El país tiene que redefinirse, estamos en medio de una transición energética y a la energía producida con base en combustibles fósiles le quedan 10 o 15 años para llegar a su máximo y luego viene un proceso de decadencia. También hay una revolución tecnológica. El tema es cómo transitamos hacia una economía distinta. Eso requiere inversiones, cambios estructurales, recursos humanos. Estos temas están ausentes de la agenda de discusión porque estamos empantanados en una crisis política que nos impide avanzar en lo que va a determinar el largo plazo.

¿Hacia dónde caminar en caso de que lleguen condiciones para avanzar en la transición hacia esa nueva economía?

Alcanzar la mayor capacidad de adaptación, tener buenas telecomunicaciones, puertos, energía eléctrica, infraestructura, crear condiciones para que las empresas privadas puedan adaptarse con rapidez y ser flexibles para amoldarse a los cambios del mercado, pero cuando nos hablan de eso creemos que es ciencia ficción. Nuestros problemas son cómo llegar a la semana que viene.

Aparte de los problemas meramente económicos no hay un engranaje del sector empresarial, el sindical y el político bajo una idea clara de hacia dónde conducir al país. ¿Esto no es clave para generar las reformas que necesita una economía de mercado que funcione para la mayoría de la sociedad?

Una condición no suficiente pero necesaria para sentarte a discutir estas cosas y llegar a consensos es estabilidad política y esa condición la hemos perdido. Venezuela tiene un mercado interno muy reducido y para generar bienestar tiene que convertirse en una economía viable en el contexto internacional. El país se había insertado en la economía mundial a través del petróleo, pero esa es una vía que hoy tiene un gran signo de interrogación que obliga a redefinirse.

Pareciera que el gobierno ha perdido el poder de influir sobre la dirección de la economía, por ejemplo, tras el colapso del ingreso petrolero el Banco Central tiene muy pocas reservas para intervenir en el mercado cambiario, no tiene cómo regular el comportamiento del dólar.

El gobierno perdió instrumentos fundamentales, está atado de manos para manejar la economía, la economía es un avión sin piloto. Ciertamente no puede hacer política cambiaria, porque ni el Banco Central ni el gobierno tienen suficientes ingresos en divisas. Pero tampoco puede hacer política monetaria.

¿Se refiere a que el dólar ha desplazado al bolívar y por tanto el Banco Central ya no puede utilizar la cantidad de dinero como una variable para regular la economía?

Tenemos una economía bimonetaria con predominio clarísimo del dólar, la liquidez monetaria en forma creciente está determinada por la masa de dólares que circula y que el Banco Central no controla, no hay capacidad de hacer política monetaria. Además, el sector financiero se ha vuelto enano, sin capacidad para canalizar recursos hacia la actividad productiva. Por esto, las alianzas con los agentes que podrían tener capacidad para dinamizar la actividad económica tienen un lugar privilegiado en la agenda.

Con la Ley Antibloqueo queda claro que el gobierno va a desprenderse de empresas públicas y todo apunta a que los grupos que se beneficiarán de esta transferencia de activos son los más cercanos al poder. ¿A dónde puede conducir este capitalismo que William Baumol llamó de oligarcas?

La Ley antibloqueo es un cheque en blanco para que el gobierno tome decisiones sin rendir cuenta y sin una discusión pública. Busca dar seguridad jurídica a inversionistas que, principalmente, serán grupos con los que el gobierno pueda negociar y asegurarse de que quienes tomen el control de ciertos sectores de la economía sean agentes aliados que no generen problemas para el control político de la sociedad. Serán alianzas con nuevos agentes, muchos vinculados con gobiernos de países afines.

También esperaría que grupos económicos locales busquen un acercamiento.

Pero también están los viejos agentes que están desesperados y necesitan que se les tolere y facilite su actividad interna. Esos viejos agentes e incluso los nuevos agentes ante la debilidad de la oposición venezolana entienden que si quieren hacer negocios en Venezuela es mejor hacerlo de acuerdo con el gobierno.

¿Qué característica tendrán estas inversiones? 

No hablamos de grandes grupos económicos, son inversionistas que, por las circunstancias del país, con inestabilidad política, indefinición de la economía, inviabilidad del sector petrolero, tienen cortos horizontes. Estarán dispuestos a poner capital en inversiones de maduración corta, fácil recuperación y altos retornos. No va a haber inversiones a largo plazo, que son las que se requieren para desarrollar sectores básicos. Podrían crear cierta reactivación en algunos sectores, pero hablamos de un crecimiento muy espasmódico. 

¿Dejar atrás el estancamiento tras la caída brutal que ha sufrido la economía implica que a pesar de la desregulación y el espacio que se le abre al sector privado es vital contar con un gobierno que tenga acceso al financiamiento internacional y soporte de los organismos multilaterales?

Por eso decía que la condición política es necesaria, tener el soporte para asumir compromisos a largo plazo y recuperar el acceso al financiamiento externo y el respaldo de organizaciones internacionales y de otros gobiernos para generar credibilidad. Sin eso no habrá inversiones de largo plazo. 

Retomemos el tema de la dolarización de facto. Una característica de estos procesos es que tienen un avance relevante cuando lo que realmente importa a las empresas y las personas es la tasa de los precios en dólares. ¿Cree que estamos en ese nivel de dolarización?

Creo que si no estamos en ese escenario estamos muy cerca. Hoy en día el interés se centra en los precios en dólares, el precio en bolívares significa nada para muchos y poco para los otros. Lo que interesa es saber cuántos dólares vale algo. En una economía donde avanza la dolarización también la tasa de cambio pierde relevancia. 

¿Formalmente el bolívar sigue existiendo y el gobierno paga sueldos en bolívares, pero la dolarización es más profunda que meramente transaccional?

Es mucho más avanzada que un esquema donde el dólar es meramente transaccional. La dolarización comenzó hace décadas, buena parte del ahorro de los venezolanos está en dólares y hoy en día se utiliza como medio de pago, ya se están dolarizando los depósitos de la banca. Falta por dolarizarse el crédito y tarde o temprano eso va a ocurrir.

¿El gobierno está obligado a permitir una mayor dolarización en la actividad de la banca para comenzar a cobrar impuestos en dólares en un escenario donde tiene un enorme déficit en sus cuentas?

La dolarización tiene un altísimo costo fiscal porque no hay una estructura para gravar las operaciones que se realizan internamente con dólares o en divisas en general. Entonces se busca cómo hacer tributar las transacciones en dólares. Será muy difícil desdolarizar esta economía. Volver a hacer política monetaria, cambiaria va a tomar mucho tiempo, eso no está a la vuelta de la esquina; allí están las experiencias de Perú y Bolivia, son países que les ha costado mucho desdolarizarse a pesar de décadas de reformas y crecimiento.

La escasez de efectivo ahonda la desigualdad en Venezuela
El efectivo solo representa 2% de la liquidez monetaria. La insuficiencia de billetes deriva en un anárquico control de la cantidad de dinero a retirar en las agencias bancarias. El gobierno contempla tarjetas prepagadas para el transporte público

 

@vsalmeron

 

La insuficiencia de efectivo creó dos realidades: los venezolanos que pueden vivir sin billetes de la agonizante moneda nacional y quienes los buscan desesperadamente para pagar el transporte público o comprar en el comercio informal.

El incesante incremento de los precios pulverizó la capacidad de compra de los billetes al punto que el de 50 mil bolívares, el de mayor denominación, equivale al tipo de cambio oficial a 0,03 dólares y no alcanza para un pasaje.

La consecuencia es que el Banco Central no es capaz de proveer las piezas necesarias para aliviar la escasez de efectivo que castiga a la población que no tiene cuenta bancaria, está fuera del sistema de pagos digital o utiliza autobuses y busetas.

En los primeros diez meses de 2020 el Banco Central introdujo 232 millones de nuevas piezas de billetes, pero como por medios electrónicos crea dinero en grandes cantidades para financiar al gobierno y los precios escalan a un ritmo de dos dígitos al mes, el efectivo está muy lejos de la cantidad adecuada.

Al cierre de la semana pasada el efectivo representaba 2% de la liquidez monetaria (que aparte de monedas y billetes incluye los depósitos en la banca que se mueven por medios digitales) y en condiciones normales debería representar entre 10% y 13%.

Racionamiento bancario

La banca aplica un anárquico racionamiento de efectivo dependiendo de la cantidad de billetes que disponga. El martes de esta semana el Banco de Venezuela, la principal entidad financiera del Estado, permitía retirar 300 mil bolívares en cada agencia, pero en entidades financieras privadas otorgaban la mitad.

Algunos bancos permiten retirar un poco más a través de los cajeros automáticos, pero las colas son kilométricas porque la mayoría no tiene billetes.

Ana Martínez vive en el barrio Las Minas en Caracas y trabaja limpiando apartamentos. “Para llegar a mi trabajo debo tomar dos busetas y cada una me cobra 150 mil bolívares. Dejo de trabajar un día de la semana y camino cincuenta minutos hasta el centro comercial más cercano, allí hago colas de hora y media en agencias de los dos bancos donde tengo cuenta y así obtengo el efectivo para el pasaje. Regreso caminando”.

“Me pagan el equivalente a diez dólares por día en los apartamentos que limpio. Si pudiera trabajara los cinco días de la semana, pero solo trabajo cuatro porque tengo que perder un día completo para buscar efectivo”, dice Ana Martínez.

El dólar buseta

La hiperinflación, que estalló en noviembre de 2017, debilitó en extremo al bolívar y originó una dolarización de facto donde el dólar gana espacio en la economía y se emplea para fijar precios, tarifas o como medio de pago.

Pero la mayoría de los venezolanos no tiene ingresos en dólares o gana un salario exiguo. Además, si bien hay dólares en circulación, escasean los de denominaciones pequeñas y son contados los días en que trabajadoras como Ana Martínez reciben su pago en divisas.

Como los bolívares en efectivo escasean los choferes de las busetas aplican un descuento severo para recibir dólares y dar cambio en bolívares. “Hoy el dólar está a un millón y medio de bolívares y si pagas un pasaje de 150 mil bolívares con un dólar te lo reciben a un millón”, dice Ana Martínez.

Carlos González vive en los Valles del Tuy, una localidad a 67 kilómetros de Caracas. “Yo trabajo cinco días a la semana en un comercio donde ayudo descargando mercancía, me pagan ocho dólares por día. Para llegar a Caracas tengo que tomar un autobús y una buseta que ida y vuelta cuestan dos millones de bolívares”.

Explica que le pagan con billetes de dólares que vendedores de comida en el barrio donde vive se los cambian por bolívares en efectivo, aunque con un descuento de 20% respecto al tipo de cambio vigente.

“Prefiero eso a perder un día de trabajo para buscar efectivo en los bancos o pagarles a los choferes con los dólares porque ellos aplican un descuento mayor”, dice Carlos González.

La escasez de billetes también deriva en que si se paga con bolívares en efectivo alimentos básicos como arroz, café o harina de maíz son más baratos en el comercio informal.

Maduro digital

Para aliviar el malestar que genera la escasez de efectivo las autoridades del Banco Central solicitaron a las entidades financieras un plan que permita ampliar los medios de pago digitales, en especial en el transporte público.

El primero de enero el mandatario Nicolás Maduro afirmó que “nosotros vamos, este año 2021, hacia una economía digital más profunda, más en expansión. Yo he puesto la meta: 100% economía digital, que todo el mundo tenga sus métodos de pago en tarjeta de débito, de crédito”.

Banqueros consultados consideran que ir a un esquema donde desaparezca el efectivo es lo moderno y deseable, pero en Venezuela se intenta de una manera desesperada en medio de una economía sumergida.

La lista de inconvenientes para aumentar la digitalización incluye deficiente servicio de internet, constantes fallas en el sistema eléctrico, población no bancarizada en una magnitud relevante y atraso tecnológico en la banca.

En el interior del país a diario hay cortes en el suministro de energía y en Caracas el deficiente servicio de internet produce fallas en los puntos que procesan las tarjetas de débito y crédito.

En el transporte público es fundamental la rapidez en el pago para evitar largas colas y retrasos en el servicio, por eso se emplean tarjetas con un chip y antena incorporada que permiten pagar con solo acercar la tarjeta a un lector. Es lo que se conoce como pago sin contacto.

“Habría que cambiar las tarjetas y la mayoría de los puntos de venta para ir a un sistema sin contacto, actualmente esa tecnología no la tenemos en Venezuela en una magnitud importante eso cuesta dinero”, dice el presidente de un banco mediano.

Tarjeta prepagada

El gobierno planea ir a un sistema con tarjetas prepagadas que los usuarios del transporte público podrán comprar y recargar mediante pago móvil, tarjeta de débito en los puntos de venta o trasferencia bancaria.

La semana pasada comenzó un plan piloto que incluye a cinco mil transportistas de los Altos Mirandinos que recibieron dispositivos para procesar la tarjeta prepagada. Estos dispositivos no necesitan conexión a internet. Además, comenzó la venta de las tarjetas.

El 12 de enero Nicolás Maduro afirmó que “este año vamos a facilitar el uso de medios de pago, en moneda nacional, para el transporte público a través de sistemas de pago que no necesitan conexión en línea”.

Ejecutivos bancarios explican que el inconveniente es que para comprar y recargar las tarjetas prepagadas se requiere internet y servicio eléctrico eficiente para que funcione el pago móvil, las transferencias y las tarjetas de débito.

El gobierno no ha precisado en cuánto tiempo planea masificar esta iniciativa.

Otra reconversión 

La noche del 17 de agosto de 2018 Nicolás Maduro anunció una nueva era: “Vamos a un proceso virtuoso de crecimiento con justicia, con igualdad, con distribución de la riqueza, el programa de recuperación económica es el más completo, mejor concebido y con la mayor pertinencia con la realidad histórica”.

El programa incluyó el lanzamiento del bolívar soberano, tras restarle cinco ceros a la moneda anterior, el bolívar fuerte. Pero el bolívar soberano, que comenzó a circular a una tasa de 60 bolívares por dólar, hoy se cotiza sorbe el millón de bolívares por dólar y la disparada de los precios ha hecho que los equipos informáticos tengan severos problemas para procesar cifras con una larga fila de ceros a la derecha.

Fuentes del Banco Central explican que el gobierno contempla la posibilidad de una nueva resta de ceros durante el primer semestre de este año o la emisión de billetes de mayor denominación, aunque las sanciones de Estados Unidos complican esta alternativa.

“A nuestro juicio, el anuncio del 100% de digitalización prepara el terreno para la reconversión monetaria que inevitablemente ocurrirá en los próximos meses”, dice el informe El Tesorero de la firma Síntesis Financiera.

Sigue el vértigo

Tras no ahorrar durante el período de los altos precios del petróleo, endeudarse masivamente, no realizar las inversiones necesarias para mantener la producción petrolera y caer en una profunda recesión que merma la recaudación de impuestos, el gobierno se quedó sin recursos para cubrir el gasto y recurrió a la creación de dinero.

En agosto de 2018 Nicolás Maduro admitió que “tuvimos que ir a la emisión de dinero para respaldar las misiones socialistas, la construcción de viviendas, el sistema de bonos, los aumentos bimensuales de salarios. Diría así es la vida, nos tocó jugar así”.

Inmediatamente prometió “una disciplina fiscal prusiana” para controlar la inflación, pero la caída en la recaudación de impuestos se profundizó y las sanciones de Estados Unidos, que consideran ilegítimas las elecciones en las que Maduro se reeligió como presidente, aceleraron el declive de la producción petrolera.

En este entorno el gobierno continuó y todo indica que continuará financiándose con la creación de dinero, por lo que la inflación seguirá a un ritmo acelerado. Según el último informe de Focus Economics, la firma AGPV proyecta que este año la inflación será de 2.230% y Fitch Solutions estima 2.149%.