Víctor Salmerón, autor en Runrun

Víctor Salmerón

Jubilados de Pdvsa: cuando la empresa se financia con tus ahorros y las pensiones se evaporan
Los extrabajadores de Pdvsa ahorraron en un fondo de pensiones para asegurarse la vejez. Explican que si Pdvsa paga los intereses de la deuda que tiene con el fondo podrían cobrar una pensión de $660 al mes en lugar de $0,8.
 

El pasado 7 de octubre un grupo de jubilados de Pdvsa y Pequiven acudió en representación de los beneficiarios del fondo de pensiones (conocido por sus siglas APJ/PDV) a la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, para exponer la opaca situación del instrumento que debía garantizar una vejez tranquila a 28 mil extrabajadores de la empresa y sus filiales, pero que al contrario de lo planificado, están recibiendo una pensión exigua que no les alcanza para alimentarse apropiadamente o comprar medicinas.

Las pensiones de los extrabajadores de Pdvsa no dependen de las finanzas públicas. En 1993 la empresa constituyó un fondo que a partir de esa fecha se nutrió con el aporte de 3% del salario mensual de los trabajadores y 25% de sus prestaciones sociales. Además, Pdvsa hizo un pago único como compensación por antigüedad.  El dinero se invirtió en inmuebles, terrenos, bonos y acciones en dólares que crearon una cartera administrada por firmas internacionales como Wachovia Securities.

Irma Sosa, abogada e ingeniera y quien formó parte del grupo de extrabajadores, explica que la última información contable que tienen los jubilados de Pdvsa es el balance del fondo de pensiones correspondiente a 2015 auditado por KPMG Rodríguez Velásquez & Asociados, donde quedó registrado que Pdvsa tiene una deuda con el fondo por 2.347 millones de dólares a través de pagarés que reportan intereses anuales a una tasa de 9,5%.

El informe de la firma auditora también señala que el 29 de diciembre de 2016 Pdvsa reestructuró esta deuda y postergó el vencimiento de los pagarés por cinco años hasta 2021, manteniendo la misma tasa de interés, pero la empresa no cancela los intereses, por tanto, los jubilados apenas reciben una pensión mensual que equivale a 0,8 centavos de dólar al tipo de cambio oficial.

La consecuencia es que los jubilados sin hijos que los ayuden o recursos extra transitan la vejez arruinados, alimentándose precariamente con las cajas de comida que Pdvsa reparte de forma irregular y no cubren los requerimientos de una dieta balanceada.

“Estamos exigiendo el pago periódico de los intereses que debe Pdvsa por financiarse con dinero de los jubilados. Cada año los pagarés reportan intereses por 223 millones de dólares que, de ser repartidos de manera igualitaria entre los jubilados como se ha decidido, se traduciría en que cada jubilado recibiría al mes 660 dólares”, dice Irma Sosa.

Al tomar en cuenta todos los intereses atrasados y descontados los pagos efectuados por parte de Pdvsa, los jubilados calculan que al cierre de 2019 la deuda se ubicó en 3.200 millones de dólares.

En otras propiedades el fondo de pensiones posee en Caracas la parcela de terreno y el edificio donde actualmente funciona el Ministerio para el Turismo y 18 oficinas con estacionamiento en el Centro Letonia en La Castellana, que actualmente ocupa Pdvsa sin pagar el arrendamiento debidamente.

La administración

Un aspecto a tomar en cuenta es que la directiva de Pdvsa tiene amplios poderes en la gestión de los recursos. Irma Sosa explica que “estatutariamente, la designación de los integrantes de la Junta Administradora, las políticas de inversión, los cambios en la cartera de inversiones, la modificación de los estatutos y la distribución de los gananciales requieren la aprobación previa del directorio de Pdvsa antes de la aprobación de la Asamblea de la Asociación Civil Administradora de los Fondos de Pensiones”.

 A su vez, los estatutos señalan que la Asamblea está formada por los asociados, que son Pdvsa y sus empresas filiales.

Entre 1993-2004 el fondo de pensiones depositó regularmente las ganancias que obtuvo en las cuentas bancarias de los jubilados, mantuvo el acceso a las actas de las asambleas e informó adecuadamente sobre la gestión del dinero. 

A partir de 2005, con la llegada de Rafael Ramírez a la presidencia de Pdvsa, todo cambió: “el documento estatutario es un documento excelente que blinda y protege a ambas partes, empresa y jubilados; el problema no es del documento sino las personas que administran. Las inversiones en el exterior fueron vendidas, Pdvsa tomó los dólares que pertenecen a los jubilados y las reemplazó por instrumentos de deuda de Pdvsa, primero bonos que posteriormente fueron reemplazados por pagarés”, dice Irma Sosa.

Estatutos socialistas

Tras gestiones en el registro público, los jubilados lograron constatar que los estatutos del fondo fueron modificados el 27 de julio de 2009 cuando se modificaron varios artículos, entre ellos el artículo 33. La modificación fue ratificada el 5 de agosto de 2013 en una asamblea extraordinaria a la que asistieron las autoridades de entonces: Rafael Darío Ramírez, presidente de Pdvsa; Eulogio Del Pino, por la Corporación Venezolana de Petróleo; Asdrúbal Chávez, por PDV Marina; Fadi Kabboul, por Pdvsa Ingeniería y Construcción; Ower Manrique por Bariven y Héctor Pernía por Pdvsa Naval. La Asamblea fue presidida por Víctor Aular en su condición de presidente de la Asociación Civil Administradora de los Fondos de Pensiones.

El cambio de los estatutos, protocolizado en el registro público el 26 de noviembre de 2014, tiene consecuencias. En la versión anterior a la modificación queda establecido que los haberes del fondo pertenecen a los beneficiarios, es decir, a los jubilados y en la nueva versión se habla de los “haberes de los asociados”, es decir, Pdvsa y sus empresas filiales.

“Fue una modificación de los estatutos para atribuirle a Pdvsa la propiedad de los haberes de los beneficiarios, con lo cual se pretendería eliminar la deuda y legalizar la situación de hecho que venía ocurriendo desde años atrás”, dice Irma Sosa.

Inmediatamente agrega que “la facultad de la Asamblea de efectuar modificaciones a los estatutos, que es el argumento que nos alega Pdvsa, jamás puede ser contraviniendo preceptos constitucionales y legales. Esta modificación estatutaria violenta preceptos contenidos en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas suscrita por Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo, en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral, en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en el Código Civil”.

El acta de la asamblea extraordinaria donde se modificaron los estatutos, en poder de los jubilados obtenida en la Oficina de Registro Público, explica que el cambio se produjo para “garantizar que la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela pueda instruir libremente a la Asamblea de la Asociación (Administradora de los Fondos de Pensiones) la forma en que serán distribuidos los rendimientos y cualesquiera otros beneficios”.

Añade que la idea es “establecer formas de distribución de los rendimientos (cuando los haya) que respondan a verdaderos principios de justicia social, solidaridad e igualdad” para llevar a cabo el proceso de redistribución del ingreso nacional.

El caso Illaramendi

En noviembre de 2003 Francisco Illaramendi, un venezolano que trabajaba para Credit Suisse, se conectó con el chavismo cuando diseñó para el Ministerio de Finanzas de entonces, bajo la batuta de Tobías Nóbrega, una emisión de bonos en dólares. Posteriormente, Illaramendi comenzó a asesorar a Pdvsa y en 2006 fundó la firma Michael Kenwood Group, en Connecticut.

El fondo de pensiones le entregó a Francisco Illaramendi 380 millones de dólares para que los administrara, pero en 2011 Michael Kenwood Group se declaró en quiebra y las autoridades de Estados Unidos descubrieron un esquema fraudulento. Illarramendi fue sentenciado a trece años de prisión tras declararse culpable en marzo del 2011 de cinco cargos, entre ellos fraude, fraude electrónico, conspiración para obstruir a la justicia y estafa a la Comisión de Valores de Estados Unidos. 

Pdvsa se hizo parte del juicio en Estados Unidos y los jubilados temen que el dinero que pueda recuperarse se extravíe en la caja de la empresa. “Los fondos que pudieran estar bloqueados a Pdvsa por recuperación de activos relacionados al proceso judicial en Estados Unidos contra Michael Kenwood Group relacionados al fondo de pensiones son recursos privados y por consiguiente solo pueden destinarse para los jubilados”, dice Irma Sosa.

Petición a la Asamblea

En un documento entregado a la Asamblea Nacional, los jubilados solicitan que el Parlamento apruebe un acuerdo que reconozca que los haberes del fondo de pensiones les pertenecen y deje constancia de la deuda de Pdvsa.

Además, solicitan “que se tenga presente en las gestiones realizadas por la Asamblea Nacional, relativas a fondos congelados o bloqueados en el exterior” que los dólares recuperados por la quiebra de Michael Kenwood Group solo debe destinarse a cubrir la deuda de Pdvsa con el fondo de pensiones. 

Una parte del dinero del fondo de pensiones podría estar en Novo Banco, una entidad financiera de Portugal, donde la administración de Nicolás Maduro tiene 1.500 millones de dólares bloqueados por las sanciones económicas.

Acreedores rodean a Venezuela, el país más endeudado del planeta
Trasnacionales e inversionistas con facturas sin cobrar avanzan en el terreno legal y solo esperan por algún cambio en la política de protección de activos que mantiene Estados Unidos para embargar acciones de Citgo. La deuda equivale a 16 veces las exportaciones anuales.

 

@vsalmeron

 

El pasado 30 de septiembre la juez Analisa Torres, a cargo de un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, decidió a favor de dos pequeños fondos y una firma poco conocida de Florida -Pharo Gaia Fund, Pharo Macro Fund y Casa Express- que exigen a Venezuela el pago de 390 millones 682 mil dólares por capital e intereses vencidos de la deuda, soportada en bonos, que el gobierno venezolano no les paga desde 2018.

Ocho días después Altana Credit Opportunities, una compañía que principalmente opera en las Islas Caimán, introdujo una demanda similar por 108 millones de dólares en el mismo distrito de Nueva York apoyándose en el fallo de la Juez Analisa Torres, que desestimó la petición de los abogados del gobierno interino, liderado por Juan Guaidó, de postergar cualquier decisión hasta tanto no se restaure la democracia en Venezuela.

“Los derechos de los demandantes no se pueden suspender en espera de desarrollos geopolíticos que pueden ocurrir o no”, argumentó la juez Analisa Torres.

Estas escaramuzas forman parte de la batalla legal que libra Venezuela por el atraso en el pago de capital e intereses de bonos que, en su mayoría, fueron emitidos por el gobierno y Pdvsa durante la administración del expresidente Hugo Chávez. A la lista de acreedores se suman trasnacionales a las que el Socialismo del Siglo XXI les arrebató empresas sin pagar por ellas. 

Las demandas de los acreedores exponen a Venezuela al embargo de activos en el exterior como cuentas bancarias y las acciones de Citgo, la filial de Pdvsa en Estados Unidos, que le facilita la venta de petróleo en este estratégico mercado.

Por ahora, la única barrera que impide el embargo de Citgo es la política exterior de Estados Unidos. La administración de Donald Trump, al igual que una larga lista de países, considera fraudulentas las elecciones que Nicolás Maduro esgrime como piso para su reelección en mayo de 2018 y reconoce como presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó, el actual presidente del Parlamento.

Tras desconocer al gobierno de Nicolás Maduro Estados Unidos aprobó una serie de sanciones y medidas de protección que impiden a los acreedores cobrarse la deuda con activos de Pdvsa en el exterior, sin la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).

Pero los acreedores avanzan en sus demandas a la espera de cambios en el gobierno de Estados Unidos.

Dos en uno

En la deuda venezolana hay un juicio clave: el de Crystallex en la Corte del Distrito de Wilmington, Delaware, en Estados Unidos, a cargo del juez Leonard Stark. Crystallex acudió al Centro de Arbitrajes del Banco Mundial (Ciadi) y obtuvo una decisión a favor, que le permite cobrarle a Venezuela 1.400 millones de dólares porque en 2008 le fue expropiada la mina de oro Las Cristinas en Guayana, sin compensación alguna.

Posterior a este fallo Crystallex, una compañía canadiense, recibió un pago de 400 millones de dólares por el gobierno de Nicolás Maduro, pero continúa reclamando el resto. Para cobrarlo introdujo una demanda en Estados Unidos y el juez Leonard Stark decidió en 2018 que Pdvsa y el gobierno venezolano son una misma entidad, por tanto, Crystallex puede cobrar la deuda mediante una subasta de acciones de la filial de Pdvsa, PDV Holding, propietaria de Citgo Holding.

La decisión según la cual Pdvsa y el gobierno de Venezuela son una misma entidad, conocida jurídicamente como la tesis del alter ego, sentó un precedente del cual pueden apoyarse todos los acreedores en sus demandas.

 El Supervisor especial

Tres acreedores de peso concentran sus acciones en la Corte de Delaware: Crystallex, ConocoPhillips y Owens Illinois. Fuentes que siguen de cerca el proceso explican que el pasado 17 de septiembre Crystallex le solicitó al juez Leonard Stark que apruebe la subasta de acciones cuanto antes, porque tras este paso solo la licencia de la OFAC le impediría cobrar la deuda.

ConocoPhillips obtuvo un fallo a favor por dos mil millones de dólares de la Cámara de Comercio Internacional, tras la disolución anticipada de contratos de asociación con Pdvsa. En 2018 Conoco firmó un acuerdo con Pdvsa para cobrar este monto, pero argumenta que Pdvsa incumplió el trato y le solicita al juez Stark que reconozca su deuda y le otorgue prioridad sobre Crystallex en la eventual subasta de acciones de PDV Holding.

Owens Illinois exige el pago de 400 millones de dólares por la expropiación de dos plantas en Venezuela en 2010 y también le solicita al juez Stark que le permita cobrarse subastando acciones de la propietaria de Citgo.

El juez Stark evalúa nombrar un Special Master, un supervisor especial, para que se encargue de llevar adelante la eventual subasta de acciones, en este caso, ni los deudores ni Pdvsa tendrían bajo su control las acciones de Citgo.

Un aspecto clave en las próximas decisiones a tomar en Delaware y en la OFAC respecto a Crystallex, es que Estados Unidos podría estar impidiendo que se cumpla con una decisión del Centro de Arbitrajes del Banco Mundial, algo que de acuerdo a fuentes consultadas comienza a generar preocupación en la administración de Donald Trump.

Acto de Estado

La presión sobre Citgo también proviene de un grupo de inversionistas. En diciembre de 2016 el gobierno de Nicolás Maduro hipotecó a Citgo al emitir unos bonos de Pdvsa que vencen en 2020 que, a diferencia de otras obligaciones, está garantizado con el 50.1% de las acciones del holding que controla la empresa.

El gobierno interino, presidido por Juan Guaidó, considera ilegal la emisión de estos bonos, bajo el argumento de que no podía comprometerse el 50,1% de las acciones de Citgo Holding sin la autorización de la Asamblea Nacional, por lo tanto, introdujo una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que todavía evalúa el caso.

Un aspecto que puede indicar que comienza a enfriarse la protección de activos es que el pasado 16 de septiembre el gobierno de Estados Unidos decidió no opinar sobre un aspecto clave en el juicio de los bonos: si aplica o no la doctrina de acto de Estado, que establece que sus tribunales deben abstenerse de decidir sobre la validez o no de decisiones tomadas por un Estado extranjero en su territorio.

“Estados Unidos respetuosamente no toma posición sobre la cuestión de si la doctrina del acto de Estado se aplica en este caso, a la luz de cuestiones de hecho y del derecho venezolano”, dice el escrito entregado a la juez.

Todo cambia

José González, especialista en mercados emergentes y quien ha participado en el diseño de bonos de Pdvsa, explica que el escenario es incierto: “Si Joe Biden gana las elecciones del próximo 3 de noviembre cambiarán los funcionarios de la OFAC y si no continúa la protección de activos, cosa que todavía no sabemos, el embargo de Citgo será inmediato. Por otro lado, nada garantiza que Donald Trump, en caso de continuar en la Casa Blanca, no cambie de opinión”.

“Otro aspecto relevante es el juicio por los bonos de Pdvsa respaldados con acciones de Citgo, allí es probable que la Corte sentencie a favor de los inversionistas. Hasta ahora a estos inversionistas se les deben intereses, pero el próximo 27 de octubre caerá en incumplimiento el pago del principal, esto hace que la ejecución de un eventual embargo sea más rápida”, dice José González.

“Creo que Citgo está prácticamente perdida, salvo que la declaren en quiebra. La quiebra detiene todo embargo”, agrega José González.

Maduro intenta jugar

El pasado 12 de octubre el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior emitió un comunicado oficial donde prorroga hasta el próximo 13 de noviembre el plazo para que los inversionistas que tienen en sus portafolios bonos de la República, Pdvsa y La Electricidad de Caracas, firmen un acuerdo que extiende el período en el que los deudores pueden tomar acciones legales.

José González explica que “la administración de Nicolás Maduro con esta acción busca obtener reconocimiento de los inversionistas, dice que reconoce la deuda y que está dispuesto a pagar, pero nadie va a renunciar a su derecho a litigio”.

En un reporte enviado a sus clientes Credit Suisse afirma que la deuda venezolana está emitida con base a la ley de Nueva York y Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente, por lo tanto, “no hay fundamentos legales para que los bonistas negocien con sus funcionarios”.

La deuda inútil

Entre 2004 y 2014 Venezuela disfrutó del boom petrolero más largo de su historia, pero Hugo Chávez, para ese entonces presidente de la república, disparó el gasto con tal intensidad que la lluvia de petrodólares quedó pequeña y la deuda en divisas se quintuplicó a una velocidad centelleante. Tras no crear un fondo de ahorro, malbaratar buena parte del dinero y sufrir una catastrófica caída de la producción de petróleo -el producto que provee 96 de cada 100 dólares que ingresan al país- la bancarrota es un hecho.

La economía venezolana, en recesión desde 2014, se ha reducido a menos de la mitad y las exportaciones se han derrumbado. De acuerdo con las proyecciones de Miguel Ángel Santos, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, la deuda supera 16 veces a las exportaciones anuales, una relación que convierte a Venezuela en el país más endeudado del mundo.

El equipo económico del gobierno interino considera que al cierre de 2019 la deuda venezolana, tomando en cuenta bonos, créditos de otros países y un estimado por los fallos del Centro de Arbitraje del Banco Mundial, se ubicó en 140 mil millones de dólares.

En 1999, cuando Hugo Chávez se convirtió en presidente de la República, la deuda de Pdvsa por la emisión de bonos era insignificante, de apenas tres mil millones de dólares y al cierre de 2016 se ubicó en 32 mil millones. Este endeudamiento no se tradujo en mayor producción de petróleo, al contrario, todos los planes de “siembra petrolera” quedaron en el papel y en los largos discursos del presidente.

Ecuador y Argentina

Cuando los países no están en capacidad de pagar la deuda inician un proceso de negociación con los acreedores, que tiene como meta una reestructuración de largo alcance que suele incluir una rebaja en el monto adeudado, plazos más largos, nuevo financiamiento, un período de gracia en el que no hay que realizar amortizaciones y tasas de interés más favorables.

Para Venezuela será imposible recuperar su economía sin una reestructuración que, de acuerdo con la mayoría de los analistas, necesitará del aval del Fondo Monetario Internacional y un plan sólido de reformas que garantice el crecimiento.

Las dos últimas reestructuraciones de deuda en América Latina indican que Argentina logró una reducción importante en el monto de la deuda de 45% a valor presente neto y Ecuador logró una rebaja de 52%.

José González considera que “las últimas reestructuraciones de deuda nos dicen que Venezuela podría ir a una negociación fluida y es posible que haya cambios en el corto y mediano plazo que la permitan”.

“Joe Biden ha dicho que considera a Nicolás Maduro como un dictador, pero también ha dicho que va a reabrir las negociaciones con Cuba. Si Biden gana las elecciones y esto se concreta, se abre una ventana con Venezuela y las sanciones podrían disminuir en su rigor. Si esto ocurre viene una negociación. Si se va Trump puede cambiar todo”, añade José González.

Dado que Venezuela es un país petrolero muy probablemente los deudores, en caso de llegarse a una negociación, pondrán sobre la mesa la opción de firmar un acuerdo donde el país se compromete a pagar más en la medida en que recupera su producción de petróleo y el precio del barril aumente.

 

La quiebra del Estado arrastra a los pensionados
En la Venezuela sin petróleo no hay lugar para los ancianos. La caída del ingreso convirtió a los pensionados y jubilados en una carga inmanejable para las finanzas públicas. Una generación de venezolanos transita la vejez con pensiones paupérrimas. La emigración complica la posibilidad de construir un sistema contributivo.

 

@vsalmeron

 

El 17 de abril de 2018 Nicolás Maduro afirmó que el gobierno alcanzó la meta de otorgar pensión de vejez a todos los adultos mayores a través del sistema de seguridad social y la Misión Amor Mayor: “Somos el único país de América Latina con 100% pensiones, ¡más de cuatro millones de pensionados!”, festejó el mandatario.

 Si bien distintas mediciones indican que la cobertura es elevada y en este momento nueve de cada diez ancianos reciben una pensión de vejez, el monto se ha convertido en un pago simbólico en medio de una hiperinflación que trituró las pensiones y los sistemas de jubilación.

 Al cierre de septiembre la pensión equivale a 0,9 dólares al tipo de cambio oficial. El gobierno intenta compensar el deterioro con la entrega de bonos, pero las cantidades siguen siendo ínfimas: en lo que va de año los bonos oscilan entre 2 y 4 dólares al mes.

La ruina

En teoría el sistema de pensiones de Venezuela es de reparto, una modalidad donde quienes trabajan aportan parte del salario para costear las pensiones de la población en edad de retiro; pero como los salarios son muy bajos y buena parte de los trabajadores no cotizan porque están en el sector informal de la economía, las pensiones dependen del Estado.

Las cuentas no cuadran. La principal fuente de ingresos del Estado es el petróleo, que provee nueve de cada diez dólares que ingresan al país y la producción ha caído hasta niveles de 1940 tras años de pésima gerencia en Petróleos de Venezuela y el impacto de las sanciones de Estados Unidos. La consecuencia es un Estado arruinado.

En este entorno, durante los últimos tres años el Banco Central de Venezuela ha disminuido a niveles ínfimos la oferta de dólares. Entonces, la cotización de la moneda estadounidense aumenta a un ritmo feroz que dispara la inflación y pulveriza el valor en dólares de las pensiones.

En lo que va de año el precio del dólar, de acuerdo al tipo de cambio oficial, acumula un salto de 800% y Macroconsultores proyecta en su último informe “que la inflación a final de año puede estar entre 1.200 y 1.500%”, un rango que mantendrá a Venezuela como el país con la mayor inflación de América Latina y el mundo.

Comer poco

Marta González trabajó durante 28 años en el Ministerio de Educación y a sus 74 años recibe al mes, entre pensión, bonos y primas por antigüedad, un monto equivalente a cuatro dólares al tipo de cambio oficial: una cantidad que no alcanza para comprar dos kilos de carne.

Su alimentación depende de las cajas de comida que reparte el gobierno a las personas de bajos ingresos. Cuenta que la última caja solo trajo dos kilos de arroz, dos paquetes de harina para hacer arepas, tres kilos de pasta, tres kilos de garbanzos y dos kilos de café.

“En la mañana me como una arepa con mantequilla y un poquito de café. Al mediodía y en la noche como arroz con garbanzos. Tengo mucho tiempo sin comer carne o pescado”, dice Marta quien tiene dos hijos, pero vive sola en una pequeña casa en Catia, al oeste de Caracas.

La implosión

De acuerdo a las leyes vigentes, las mujeres con 55 años o más y los hombres con 60 años o más que hayan realizado al menos 750 cotizaciones semanales al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), tienen derecho a una pensión de vejez.  

A las pensiones del IVSS se añaden las que el gobierno otorga a través de la Gran Misión Amor Mayor, un plan diseñado en 2011 para proteger a los ancianos que no cotizaron al seguro social y en especial, a los sumergidos en la pobreza.

Carlos Aponte, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo y autor del trabajo Pensiones de Vejez en Emergencia, distingue dos grandes etapas en los últimos veinte años: “En la primera, los datos del IVSS, el Instituto Nacional de Estadística y el Sistema Integrado de Indicadores Sociales nos dicen que la administración de Hugo Chávez incrementó la cobertura de manera importante. En el período 1998-2012 la proporción de adultos mayores de 60 años con pensión de vejez aumentó desde 12% hasta 58%”.

“Durante la segunda etapa el gobierno de Nicolás Maduro continúa el esfuerzo por ampliar la cobertura, pero la capacidad adquisitiva de la pensión prácticamente desaparece”, agrega Carlos Aponte.

Desde 2000 las pensiones son iguales al salario mínimo, un parámetro que se ha desvanecido. “Las pensiones al igual que el salario mínimo prácticamente han desaparecido y se han sustituido por un precario sistema de bonos y cajas de comida”, explica Carlos Aponte. 

“Con una visión voluntarista, improvisada, en la que también influyó el objetivo electoral, el chavismo quiso construir un sistema universal de pensiones sin prever sus fuentes de financiamiento, bajo el estímulo de una bonanza petrolera transitoria”, añade Carlos Aponte.

En su investigación sobre las pensiones precisa que tras ajustar por la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas el valor real de las pensiones, incluyendo los bonos que reparte el gobierno, experimenta una caída de 90% entre 2011-2019.

Los jubilados

El Estado permitió la aparición de distintos sistemas de jubilación en la administración pública, creando una tupida telaraña a través de leyes generales, leyes especiales, resoluciones ministeriales, empresas del Estado, institutos autónomos, leyes de las entidades federales, ordenanzas municipales y contratos colectivos.

El economista e investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, Ricardo Villasmil, explica en un trabajo sobre el sistema de pensiones publicado en 2008: “Se estima la existencia de unos 400 regímenes especiales dentro de la administración pública, y el conocimiento de su situación financiera se dificulta por la ausencia de balances y por la autonomía administrativa de muchos de los entes que manejan estos fondos”.

Absalón Méndez, doctor en ciencias sociales, afirma en su trabajo publicado por la Universidad Central de Venezuela en 2016 que “se carece en el país de un registro de todos los regímenes de jubilaciones y pensiones existentes”.

Si bien estos sistemas especiales otorgan pensiones por jubilación de mayor monto a las del IVSS, la hiperinflación evaporó su capacidad de compra, dejando a los ancianos que las reciben sin mayor protección.

Oscar Rodríguez es economista y trabajó durante 28 años para el Banco Central de Venezuela donde alcanzó el rango de jefe de departamento y explica que su pensión prácticamente ha desaparecido: “Mi pensión al tipo de cambio actual equivale a ocho dólares y el promedio de las pensiones en el Banco Central es de apenas 5,9 dólares”.

Alirio Díaz es ingeniero en telecomunicaciones y trabajó durante 35 años en Pdvsa. Explica que por manejos poco transparentes en la administración del fondo de pensiones actualmente los jubilados de Pdvsa solo están recibiendo un pago de 400 mil bolívares mensuales, que equivalen a menos de un dólar.

“Somos 30.000 jubilados y algunos simplemente no tienen cómo alimentarse o comprar sus medicinas, si no tienen hijos que los mantengan viven de la caridad; nosotros queremos recuperar nuestro fondo de pensiones al que tenemos derecho porque cotizamos con parte de nuestro salario mientras estuvimos trabajando para Pdvsa”, dice Alirio Díaz quien dirige a los jubilados en el oriente del país.

País de viejos

Al comenzar este siglo los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) afirmaban que entre 2000 y hasta 2045 la población venezolana tendría una estructura irrepetible: los venezolanos en edad de trabajar y producir superarían a los jóvenes menores de 15 años y a los mayores de 65 años. Esta condición, que se denomina bono demográfico, ocurre una sola vez en la historia de los países y permite reducir los recursos destinados a la crianza de los hijos o a los ancianos y disponer de más mano de obra para impulsar el crecimiento y el desarrollo.

Pero no ocurrió así. La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, indica que las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas señalan que en 2020 la población de Venezuela es de 28,4 millones de habitantes: cuatro millones menos de lo proyectado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), como resultado de la emigración de jóvenes a otros países.

La emigración de población joven se traduce en que el país envejeció, perdió el bono demográfico y en este momento la cantidad de menores de 15 años y mayores de 65 años superan a quienes tienen edad de trabajar.

El impacto de este cambio es profundo. Carlos Aponte explica que “se ha perdido una parte muy grande de la fuerza de trabajo que podría financiar las pensiones. De cara al futuro será muy importante la porción de la población joven que regrese y población migrante que quiera venir a Venezuela en caso de que el país se convierta en un destino apetecible, algo que no pareciera que va a ocurrir rápidamente”, dice Carlos Aponte.

“Reconstruir el sistema de pensiones que ha quedado en ruinas requiere un cambio profundo en la conducción de la economía; sin crecimiento y sin mejora del ingreso de los trabajadores no hay posibilidad de recuperación, mientras más tarde Venezuela en lograr este cambio el impacto en los ancianos será mayor”, afirma Carlos Aponte.

El BCV aflojó las riendas del crédito: ¿qué va a pasar con el dólar?
Al efecto del descuento en el encaje se añade la posibilidad de que el gobierno aumente el gasto en medio de la campaña electoral. Analistas coinciden en un dólar en torno a un millón de bolívares para finales de año

@vsalmeron

 

El directorio del Banco Central de Venezuela tomó una decisión que amenaza con darle un impulso extra a la escalada del dólar, algo que tendría un impacto instantáneo en el precio de una larga lista de productos básicos y servicios como consultas médicas o reparación de vehículos.

La medida aumenta la cantidad de bolívares que los bancos pueden prestar, con lo que todo queda preparado para una cadena que el mercado conoce: el crédito va a empresas que compran dólares para pagar importaciones o que pagan deuda a proveedores que, también, utilizan los bolívares para comprar billetes verdinegros.

La consecuencia es mayor demanda de divisas en momentos en que la oferta es muy pequeña, una fórmula que se traduce en incrementos en la cotización de la moneda estadounidense.

El rompecabezas

Para abrir o cerrar la llave del crédito el Banco Central modifica la proporción de los depósitos que los bancos no pueden prestar y tienen que congelar a manera de reserva, es lo que técnicamente se conoce como el encaje. Actualmente de cada 100 bolívares en depósitos los bancos inmovilizan 93 y el crédito está muy restringido.

Pero el 17 de septiembre el directorio del Banco Central redujo en 30 billones el monto de los bolívares que los bancos tienen que inmovilizar y el descuento abre espacio para un incremento del crédito durante las próximas semanas.

Los 30 billones de bolívares no irán por completo al crédito porque existe un grupo de bancos a los que les ha sido imposible cumplir con el encaje, por lo tanto, utilizarán la rebaja para ponerse al día y evitar las multas que pagan por el incumplimiento.

Al considerar este detalle, el monto extra que tendrán los bancos para prestar se reduce a 11 billones de bolívares, una magnitud que, si bien es menor al monto original, tiene potencial para incidir en la cotización del dólar.

 

Fuentes del Banco Central explican que la rebaja en el encaje busca aliviar la situación del grupo de bancos con problemas de liquidez y un alza discreta del crédito que debería canalizarse hacia las empresas que producen alimentos.

Cuatro semanas

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, explica que “si los 11 billones de bolívares que quedan disponibles van al crédito y la banca los presta rápidamente podríamos ver un aumento en la demanda diaria de dólares durante las próximas tres o cuatro semanas que podría estar en torno a 25%, algo que influiría en el mercado”.

Un punto de comparación podría ser abril de este año, cuando el Banco Central redujo el encaje y en poco tiempo el precio del dólar se duplicó. No obstante, hay que considerar que esta rebaja es menor proporcionalmente y el Banco Central, si bien cuenta con muy pocos recursos tras la debacle de las exportaciones de petróleo, podría aumentar la oferta de divisas para evitar que el dólar se dispare.

La firma Síntesis Financiera explica en su informe El Tesorero que “en lo que respecta al efecto de la modificación en el encaje sobre el precio del dólar, la experiencia de abril permite anticipar que la demanda de divisas aumentará rápidamente, pero hay que tener presente que la política de intervención cambiaria del Banco Central es hoy más incisiva que lo que era en abril y es razonable esperar intervenciones más intensas para evitar disparadas en el precio del dólar”.

Rumbo al millón

Un elemento clave es que aparte del crédito el gobierno también inyecta bolívares a través del gasto público, por ejemplo, reparte bonos que la población gasta en comercios y, rápidamente, los comerciantes buscan cambiar los bolívares a dólares.

Todo apunta a que al efecto del descuento en el encaje se añadirá un mayor gasto por parte de la administración de Nicolás Maduro en lo que resta de año, sobre todo, durante los meses previos a las elecciones legislativas programadas para diciembre. Los analistas tienen muy en cuenta esta posibilidad al momento de analizar cuánto podría aumentar el precio del dólar en el corto y mediano plazo.

Tras el descuento en el encaje, el precio del dólar en el mercado paralelo, tomando como referencia el promedio de distintos indicadores, registra un salto de 9,4% y se ubica en 410.194 bolívares, mientras que el tipo de cambio oficial ha experimentado un alza de 6% y se ubica en 392.128 bolívares.

La firma Dinámica Venezuela indica en su último reporte que no espera un efecto relevante tras el descuento del encaje y considera que en las próximas cinco semanas el dólar en el mercado tendrá un ascenso moderado.

“Proyectando el patrón observado durante la pandemia hasta finales del mes de octubre, encontramos que el tipo de cambio podría ubicarse en un rango entre 458.000 bolívares hasta 674.000 bolívares por dólar. Todo dependerá del inicio de la ejecución del gasto de finales de año y particularmente si por razones electorales decidieran acelerar anticipadamente la ejecución del presupuesto”, dice el reporte de Dinámica.

 

Asdrúbal Oliveros explica que para lo que resta de año “el escenario más probable es una ejecución de gasto moderada porque las elecciones de diciembre no son competitivas, entonces no hay un gran incentivo para elevar el gasto en grandes magnitudes. En este escenario en Ecoanalítica proyectamos que el dólar cerrará este año en el mercado paralelo entre 900 mil bolívares y un millón de bolívares”.

Agrega que si el gobierno aumenta el gasto en una magnitud mayor, presionado por la circunstancia política, “el dólar finalizaría este año en torno a los dos millones de bolívares, en este escenario el gasto público en el cuarto trimestre aumenta de una manera muy importante respecto al mismo lapso de 2019, pero le doy menos probabilidades que al de un gasto moderado”.

Latin Focus coincide con el escenario moderado de Ecoanalítica y explica en su informe de septiembre que proyecta un tipo de cambio oficial en torno a un millón de bolívares para finales de este año

Banca pulverizada

El descuento del encaje no modifica de manera relevante la decisión del gobierno de reducir el crédito a fin de evitar que una importante inyección de bolívares en la economía impulse con mayor fuerza al dólar y acelere la escalada de los precios, por lo tanto, continuará la pulverización de la banca.

La contracción del crédito y la devaluación de la moneda han triturado el valor en dólares de los préstamos que gestionan los bancos venezolanos convirtiéndolos en los enanos del continente: de acuerdo con Global Scope al cierre de junio de este año lo créditos de todo el sistema financiero representaban 159 millones de dólares y Caja de Ahorros, el octavo banco de Panamá, gestiona 3 mil millones de dólares.

“Los bancos nos hemos convertido en simples medios de pago, ya no tenemos una función relevante en la economía” dice el presidente de una entidad financiera.

 

Los reportes de la Superintendencia de Bancos confirman esta afirmación: el ingreso proveniente de las comisiones por servicios como transferencias entre cuentas, puntos de venta y uso de tarjetas duplican al ingreso proveniente de los créditos.