Víctor Salmerón, autor en Runrun

Víctor Salmerón

¿Qué va a pasar con la economía en lo que resta de año?
Las perspectivas apuntan a que el dólar siga en alza hasta un nivel en torno a 60 bolívares y mayor presión inflacionaria. Consultoras y entidades financieras esperan que el año culmine con crecimiento del PIB 

 

 

 

Tras un incipiente crecimiento la economía venezolana comenzó a perder fuerzas y en el primer semestre retrocedió en un escenario en el que el colapso de la moneda disminuyó la capacidad de consumo, impactó las ventas y golpeó la producción.

No obstante firmas como Ecoanalítica y Dinámica proyectan que la economía culminará el año en positivo con un crecimiento de 3,4% y 3,9% respectivamente gracias a un mejor desempeño en el segundo semestre.

La apuesta es que el ingreso proveniente de las ventas de petróleo de Chevron y el mayor gasto del gobierno, por canales como bonos a los trabajadores públicos, beneficiará al consumo de rubros prioritarios.

“En el último cuatrimestre del año esperamos una mejora en el consumo focalizado principalmente en alimentos, cuidado personal y salud sobre todo en la región central del país”, explicó Asdrúbal Oliveros director de Ecoanalítica.

En un informe fechado el 23 de agosto Dinámica señaló que “el sector petrolero venezolano en su nueva etapa de apertura hacia Occidente presenta en agosto el triple impacto de mejora en producción, exportación y precios”.

Agregó que “de mantenerse esta tendencia los flujos de divisas proyectados del segundo semestre del año podrían alcanzar el nivel más elevado de la etapa postpandemia”.

Otras firmas observan un escenario menos optimista y esperan crecimiento mínimo, un resultado adverso para una economía que ha perdido tres cuartas partes de su tamaño.

Focus Economics reporta que la proyección de Oxford Economics y Julius Baer es que la economía avance 0,9% este año mientras que Allianz pronostica 0,8%.

El Banco Central oculta las cifras oficiales pero de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas la economía cayó 7% en el primer semestre un resultado muy similar al de la producción de la industria que se contrajo 7,6%.

Daniel Cadenas, director de Oikos Research, considera que la economía atraviesa un ciclo recesivo típico por baja demanda: la caída en el ingreso conduce a un descenso del consumo que golpea las ventas e impacta a la producción. En este entorno la inversión se contrae y la economía desciende.

“Las recesiones por demanda insuficiente o no remiten solas o si lo hacen es de una forma lenta y dolorosa.” explica Daniel Cadenas.

Por ahora el gobierno mantiene políticas que refuerzan el clima recesivo. Para contener la cantidad de bolívares que podría dirigirse a la compra de dólares obliga a la banca a congelar 73% del dinero que gestiona lo que se traduce en muy poco crédito.

Al mismo tiempo el gobierno mantiene altas tasas de impuestos y existen factores que limitan la producción como las fallas de energía eléctrica y combustible.

“La probabilidad de que la economía crezca es baja si no hay cambios en la política del gobierno. Para que la economía cierre en cero, sin aumento ni caída, tendría que crecer 7% en el segundo semestre si tomamos en cuenta la caída que reportó el Observatorio Venezolano de Finanzas en el primer semestre. Crecer parece muy poco probable”, dice Daniel Cadenas.

Dólar al alza

El mayor gasto del gobierno a través del pago de bonos y facturas a contratistas pondrá en marcha una cadena que los venezolanos ya conocen: los bolívares que ingresarán en la caja de comercios y empresas rápidamente se desplazarán a la compra de dólares.

La confianza en el bolívar está rota tras años de devaluación y alta inflación, por lo tanto, la inyección de dinero se traduce en mayor demanda de dólares.

“A partir de octubre veremos la fuerte aceleración estacional del gasto público que es usual en el cuarto trimestre. El incremento de los desembolsos será menos intenso que en 2022, pero habrá presión alcista sobre el tipo de cambio a lo largo del trimestre” dice el último reporte de Síntesis Financiera.

Para evitar que la cotización del dólar se salga de control, como ocurrió a finales del año pasado, el Banco Central está obligado a aumentar la oferta de dólares de manera considerable.

“En el cuarto trimestre de este año será fundamental el rol del Banco Central conteniendo el tipo de cambio a través de una agresiva venta de divisas. Pensamos que en septiembre la intervención del Banco Central será algo menor que 200 millones de dólares y a lo largo del cuarto trimestre se requerirán mil millones de dólares” añade Síntesis Financiera.

Un punto a favor es que el precio del petróleo ha comenzado a elevarse, algo que se traducirá en un aumento en la cantidad de dólares que tendrá a mano el Banco Central para contener la devaluación.

“El alza de los precios del petróleo que comenzó en agosto parece haber dejado atrás precios del crudo Brent inferiores a 80 dólares y augura un cuarto trimestre con un promedio de 85 dólares por barril. Este desempeño será crucial para la defensa del bolívar que desea realizar el Banco Central” explica Síntesis Financiera.

Pero todo apunta a una devaluación importante. La proyección de Ecoanalítica es que el tipo de cambio oficial culmine el año en 61 bolívares por dólar mientras que Dinámica contempla que culmine en 62,4 bolívares.

La inflación

Venezuela es una economía donde conviven el bolívar y el dólar. El bolívar conserva espacio como medio de pago pero los precios se fijan en dólares. Un aspecto importante es que en medio de la caída de las ventas los comercios y las empresas han frenado el aumento de los precios en dólares.

Ecoanalítica indica que este año los precios dólares aumentarán en torno a 25% mientras que el año pasado el salto fue de 52%. Esto implica que las empresas y los comercios están operando con menores márgenes de ganancia.

No todas las empresas y los comercios pueden operar por largo tiempo con menores márgenes sobre todo los que son menos competitivos y eficientes.

Daniel Cadenas indica que “como consecuencia de que se busca mantener las ventas hay una especie de guerra de descuentos y promociones pero esas son medidas que se aplican mientras se instrumenta un plan para salir de la recesión pero eso no es lo que está ocurriendo, por ahora no hay plan”.

“Cada disminución de precios es una reducción del margen del beneficio y llega un momento en que el negocio no es viable. Eso es lo que pasa cuando los gobiernos no hacen nada y dejan que la recesión por demanda insuficiente se resuelva sola: el mercado destruye el exceso de oferta, es decir, cierran negocios”, agrega Daniel Cadenas.

La devaluación aumenta la cantidad de bolívares que se paga por los productos, que en su gran mayoría tienen precios en dólares. Además, está presente la fata de competitividad de las empresas y un entorno hostil.

El Observatorio Venezolano de Finanzas indica que en los primeros ocho meses del año la inflación acumula un salto de 144%. Ecoanalítica proyecta que culmine 2023 con un salto de 228% mientras que Dinámica es más pesimista y contempla 343%.

La opinión mayoritaria de quienes están al frente de las empresas es que los factores que más impactan a la producción son la baja demanda, falta de financiamiento, competencia de productos importados, comercio ilícito y elevada carga tributaria.

Asdrúbal Oliveros resume que los tres elementos clave en este momento es el triángulo conformado por costos crecientes en las empresas, una competencia feroz que incluye importaciones con precios más competitivos y un consumidor con poca capacidad de compra, muy sensible al precio.

Por ahora nada hace pensar que en el corto o mediano plazo se produzca un cambio importante en este triángulo.

La economía ilícita se expande e infecta al mercado
Datos de Conindustria indican que las prácticas ilícitas como contrabando, falsificación o adulteración están presentes en más de la mitad de las transacciones

Víctor Salmerón/ @VSalmeron

 

La economía que gira alrededor de ilícitos creció hasta una magnitud que pone en peligro puestos de trabajo, evade el pago de cientos de millones de dólares en impuestos contamina el mercado con marcas piratas y golpea las ventas de las empresas que operan bajo el marco de las leyes y reglamentos.

De acuerdo con los datos que maneja Conindustria, la cámara que agrupa a la manufactura privada en el país, las prácticas ilícitas están presentes en más de la mitad de las transacciones que se hacen en la economía y en 2018, cuando era menos relevante, el comercio ilícito ya representaba 36% del PIB.

En la encuesta que hizo Conindustria para evaluar el desempeño del sector en el segundo trimestre de este año 53% de las empresas afirmó que los ilícitos son un factor que limita la posibilidad de aumentar la producción.

Guillermo Wallis, presidente de la Asociación de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim) explica que erróneamente se piensa que los ilícitos se limitan al contrabando pero la lista de irregularidades que desplaza a productos elaborados en el país, a través de una competencia desleal, es extensa.

Por mencionar a los más importantes explica que la economía subterránea se caracteriza por la evasión, es decir, productos que no pagan impuestos, no poseen patente, se negocian sin facturas y carecen de licencias. Además, se encuentran los productos clandestinos porque no cumplen con las normas de elaboración y de aspecto sanitario.

Agrega el contrabando que consiste en el ingreso de mercancía al país sin pagar impuestos o aranceles. También en el mercado se detecta la falsificación, la presencia de productos que simulan ser de determinada marca a través de empaques que confunden al consumidor. Asimismo está presente la usurpación, es decir, la venta de productos de marcas reconocidas sin autorización.

Finalmente hay que considerar la adulteración donde se añaden componentes, incluso tóxicos, a productos que representan un riesgo para la salud del consumidor.

La rueda del comercio y la producción consiste en que un distribuidor vende materia prima a una empresa que la usa para fabricar un empaque. Luego el empaque es vendido a la empresa que envasa el producto. El producto es vendido a un mayorista, luego al minorista y finalmente al consumidor final.

Seis transacciones en las que, actualmente, existe una alta probabilidad de que en alguna de ellas esté presente algún ilícito.

Los productos que se mueven de manera ilícita, al evadir impuestos, regulaciones y normas son colocados en el mercado a menor precio y compiten de forma desleal con las empresas que laboran en el sector formal de la economía.

“El encadenamiento productivo está en peligro por la competencia desleal. Por ejemplo en el caso de una botella de champú que se fabrica en el país participan las empresas que elaboran el empaque y la etiqueta, quienes proveen las materias primas, el fabricante del producto, hay pagos en la economía, uso de bancos, de seguros, en fin puestos de trabajo”, dice Guillermo Wallis.

Mercado contaminado

Los ilícitos impactan de distintas formas. “Las salchichas que se producen en Venezuela tienen un valor proteico mínimo exigido por la ley, las salchichas que están llegando de manera ilícita no lo tienen. La mayonesa que ingresa de forma ilegal desde Colombia y Brasil no cumple con lo que establece la Comisión Venezolana de Normas Industriales (Covenim)”, explica Guillermo Wallis.

Menciona otros casos. “Productos como aceite, azúcar y pollo llegan sin control por las fronteras. El sector lácteo enfrenta la competencia de productos importados que desconocen abiertamente la normativa sanitaria en Venezuela. El 70% de las bebidas alcohólicas que circulan en el país son parte del comercio ilícito”.

“El 60% del mercado de cosméticos podría ser piratería por práctica de contrabando, usurpación de los códigos correspondientes a los certificados y falsificación. El monto de la evasión fiscal por el cigarrillo que entra por contrabando es de alrededor de 200
millones de dólares al año”, dice Guillermo Wallis.

Las empresas de sectores como plástico, vidrios, autopartes, pinturas, lubricantes, textil, calzado e higiene personal también están afectadas.

Los refrescos

Datos de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber) indican que cada mes ingresan al país más de 2 millones 100 mil cajas de colas negras sin cumplir con controles, normas sanitarias, etiquetado y metrología. Además sin pagar impuestos nacionales y municipales como lo hace la industria formal.

En buena parte los refrescos son producidos en Colombia por la empresa Postobón y una vez que ingresan al mercado colombiano son desviados a Venezuela. El impacto se siente con fuerza en los estados Zulia y Táchira

Postobón envasa Pepsi en Colombia y en Venezuela lo hace Empresas Polar. Las licencias comerciales indican que solo Empresas Polar puede envasar y vender Pepsi en Venezuela, es decir, aun si los productos de Postobón no ingresaran a través del contrabando seguiría siendo ilegal su venta en el país.

“El contrabando de productos fabricados por Postobón en Colombia equivale a un actor más de la industria nacional. Este fenómeno ha venido creciendo a un ritmo muy importante” dice Carlos Palumbo director ejecutivo de Anber.

“A esta velocidad, estamos proyectando que en los próximos meses el contrabando se convertirá en el actor más relevante del mercado, desplazando a la industria nacional formal”, agrega.

Las estadísticas indican que actualmente el 43% de las colas negras que se consumen en el Zulia ingresan de manera ilegal al país. “Con esta realidad, ya no tiene sentido para las empresas mantenerse produciendo en este estado”, dice Carlos Palumbo.

Postobón reconoció el problema y explicó en un comunicado que “en los últimos años algunas de las marcas insignes de esta empresa de bebidas y sus registros sanitarios han sido falsificados y registrados ilegalmente ante las autoridades venezolanas por organizaciones delictivas”.

Añadió que esta práctica “ha facilitado el contrabando de estos productos de Colombia a Venezuela, afectando no solo a los participantes de este mercado, sino también a las marcas y la reputación de Postobón”.

Los aranceles

Guillermo Wallis explica que una medida que podría incentivar la producción de las empresas venezolanas, en promedio la industria nacional solo está utilizando 30% de su capacidad, es eliminar los aranceles a la importación de materia prima.

“Si quitamos los aranceles la materia prima será más barata, transformarla en producto terminado va a ser más económico y el producto final llegará de manera más económica a los anaqueles”, dice Guillermo Wallis.

Ante la observación de que esa medida se traduciría en una ventaja respecto a las importaciones indica que “me estarías dando una ventaja pero hay impuestos que se pagan en Venezuela que no existen en otros países. Lo que pedimos es que se igualen las condiciones. Aun con esta medida la cancha seguiría inclinada hacia el otro lado”, recalcó.

Actualmente el gobierno permite la importación de 1.500 ítems exonerados del pago de aranceles. Guillermo Wallis señala que “la materia prima para fabricar esos 1.500 ítems en Venezuela paga aranceles. Entonces hay un desbalance”.

Agrega que otra medida que podría impulsar la producción y las exportaciones, metas que el gobierno ha planteado como prioritarias, es disminuir los trámites administrativos y revisar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras que por cobrarse en cascada tiene un impacto de 18% en el producto final.

El pasado 26 de junio Nicolás Maduro afirmó que “el contrabando es muy nocivo para el productor nacional, entonces estamos hablando de crear un organismo de la FANB para identificar dónde están las mafias del contrabando”.

Luego, el 10 de julio, Delcy Rodríguez anunció la creación del Estado Mayor contra el Contrabando donde participará el gobierno nacional, los gobiernos regionales, las Fuerzas Armadas y los empresarios.

“Esto hay que celebrarlo y esperamos que funcione, esto sería una muy buena noticia”, dice Guillermo Wallis.

Víctor Salmerón Jul 18, 2023 | Actualizado hace 2 meses
La dolarización retoma el impulso
El rebrote de la inflación le da nuevos bríos al uso del dólar como medio de pago en las transacciones comerciales

Por: @vsalmeron

Tras un período en el que la administración de Nicolás Maduro tuvo éxito en su intento de aumentar el uso del bolívar en los pagos al comercio el dólar comienza a recuperar el terreno perdido en medio de un agudo rebrote de la inflación.

El estudio de dolarización de Ecoanalítica precisa que entre marzo de 2021 y noviembre de 2022 el uso del dólar en las transacciones comerciales cayó desde 67% hasta 46%, pero en mayo de este año se elevó hasta 52,7%.

El repliegue del dólar ocurrió gracias a un período de medidas expresas para desalentar su uso como el impuesto de 3% a los pagos en divisas en efectivo en una gran cantidad de comercios denominados contribuyentes especiales (IGTF).

Además, el gobierno mantiene una serie de restricciones al uso del dólar a través de los bancos, como la prohibición de los créditos en divisas y el bloqueo a las transferencias en dólares de un banco a otro.

“El elemento central del uso del dólar sigue siendo la inflación. La aceleración inflacionaria entre el año pasado y este es un factor clave en el regreso a un mayor uso de los pagos en dólares. La aceleración de la inflación es un indicador para los agentes económicos de la mayor pérdida de confianza en el bolívar”, dice Asdrúbal Oliveros director de Ecoanalítica.

En los primeros seis meses de este año la inflación, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, acumuló un salto de 108%, cifra que representa una aceleración relevante respecto al 38% acumulado en el mismo período del año pasado.

La penetración

“Los pagos en dólares cobraron relevancia en las operaciones domésticas abarcando en promedio más de la mitad de las transacciones registradas en el país el pasado mayo, siendo realizadas en su mayoría mediante dólares en efectivo”, dice el estudio de Ecoanalítica.

En el uso del dólar existe una gran diferencia entre ciudades. En Mérida el billete verdinegro se emplea en 30% de las transacciones comerciales, en Maracay 39,8%, Barquisimeto 41,7%, Valencia 43,7%, Caracas 49,9%, Maracaibo 59,8%, Lecherías 70,6% y Nueva Esparta 71,3%.

En San Cristóbal el estudio no mide el uso del dólar sino el significativo impacto del peso colombiano que está presente en 87% de las transacciones comerciales. Esta es la ciudad donde menos se utiliza el bolívar.

Al evaluar en qué tipo de transacciones se emplea el dólar el estudio indica que las principales categorías son el pago de electrodomésticos con 87%, productos electrónicos 81%, repuestos 71%, ropa y calzado 64%, alimentos 51%, productos de cuidado personal 46% y servicios de salud 41,6%.

Un aspecto relevante es que el 70% de los pagos en dólares en el comercio se realizan con dólares en efectivo.

La enfermedad

La aceleración de la inflación ocurre en un entorno en el que el gobierno ha tenido una caída en los ingresos, gracias a las irregularidades en el cobro de las exportaciones del petróleo, al poco incremento de la producción y a un menor precio del barril.

Para cubrir parte del gasto, la administración de Nicolás Maduro recurre al Banco Central, que crea dinero para financiar a Pdvsa, la empresa petrolera del Estado.

Una vez este dinero ingresa a la economía a través de las distintas tuberías del gobierno genera presión inflacionaria porque se traduce en más bolívares detrás de pocos productos o una demanda de dólares que propicia la depreciación de la moneda.

Las estadísticas del Banco Central indican que en los primeros seis meses de este año la cantidad de bolívares en la economía se duplicó gracias al financiamiento del Banco Central al gobierno.

El dinero requiere confianza en el gobierno y las instituciones que lo respaldan y, en Venezuela, la fe en la moneda está rota. Tras la constante pérdida de capacidad de compra del bolívar, las empresas y las familias buscan deshacerse de él lo antes posible comprando dólares o cualquier cosa.

“La principal causa de la inflación es la pérdida de confianza en el bolívar, eso hace que cualquier aumento adicional de la oferta monetaria presione al alza los precios. El Gobierno ha tenido una merma en los ingresos y esto ha hecho que tenga que recurrir en mayor medida al financiamiento monetario” dice Asdrúbal Oliveros.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que la demanda de divisas catapulta el precio del dólar y este incremento se transfiere automáticamente a los precios. En los últimos doce meses la cotización del dólar en el mercado oficial aumento 415%, un dato que reafirma el descalabro de la moneda.

“La capacidad de poder sostener la tasa de cambio se ha visto limitada, se está permitiendo un deslizamiento de la tasa de cambio y esos factores contribuyen a acelerar la inflación”, resume Asdrúbal Oliveros.

Los trabajadores

La presión en el mercado cambiario podría ser mayor pero para dosificarla el gobierno recurre principalmente a dos medidas que tienen un alto costo en materia de crecimiento de la economía y el bienestar de las familias.

La primera es restringir el crédito obligando a la banca a engavetar más de dos tercios del dinero que gestiona. Esto se traduce en que la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas tienen que sobrevivir con mínimo financiamiento.

Al mismo tiempo el gobierno recorta el gasto, pero concentrándose en la remuneración de los trabajadores públicos. Básicamente ha mantenido inalterable el salario mínimo, que es la base de cálculo para beneficios como el bono vacacional.

La consultora Síntesis Financiera deja en claro el efecto y explica cómo opera el mecanismo: “Es imprescindible recordar por qué el gobierno asumió el costo político de no aumentar el salario mínimo en mayo”. También, calcula el impacto en el bono vacacional pagado a los trabajadores de la educación pública la semana pasada.

“De haberse producido un aumento del salario mínimo a 30 dólares mensuales, el desembolso por dicho bono habría sido de 12 millardos de bolívares en lugar de los tres millardos de bolívares” que canceló el gobierno la semana pasada, precisa Síntesis Financiera.

Más dinero

En un intento por aumentar la caja del gobierno el Seniat, el organismo encargado de recaudar impuestos, se dispone a endurecer las condiciones para las importaciones a través de la modalidad de “puerta a puerta” que cuentan con condiciones bastante laxas que han permitido importaciones comerciales con una mínima carga tributaria.

Estas importaciones en casos como las autopartes han tenido un impacto relevante para las empresas que operan en el país, porque se han convertido en una competencia desleal que les resta mercado.

La consultora Dinámica indica en su último reporte que on esta misma orientación de generar ingresos de recaudación inmediata, «se viene avanzando en los ajustes de los precios de la energía: gas con fines industriales, gasoil y en materia de electricidad, se ensayan algunos incentivos para mejorar la recaudación del sector residencial”.

Asdrúbal Oliveros indica que el aumento de la carga tributaria en las importaciones “puerta a puerta” puede obligar a muchos actores que estaban usando esta modalidad a que tengan que utilizar vías formales de nacionalización, pagar los impuestos. Advierte que esto puede tener un impacto en la inflación.

“Estamos proyectando una aceleración de la inflación de cara al último trimestre y mantenemos nuestro estimado de 230% de inflación para este año, que para los estándares internacionales es un nivel bastante elevado”, explica Asdrúbal Oliveros.

El reporte de julio de Focus Economics, que agrupa las proyecciones de 19 bancos y consultoras como Oxford Economics, Dinámica y Julius Baer señala que el promedio de todas las estimaciones para la inflación de este año en Venezuela se ubica en 298%.

Citgo recupera 49,9% de sus acciones pero sigue bajo asedio
Tras dos años de gestiones y la amenaza de recurrir a un tribunal en Nueva York Rosneft aceptó devolver el certificado de las acciones. Se mantienen negociaciones con los inversionistas del bono 2020 y Crystallex para tratar de alcanzar un acuerdo de pago

Por: Víctor Salmerón/ @Vsalmeron

En 2016 bajo el gobierno de Nicolás Maduro Citgo recibió un préstamo de la empresa rusa Rosneft por 1.500 millones de dólares y entregó en garantía 49,9% de sus acciones. El dinero ingresó a través de Citgo Holding, una filial a la que Citgo transfirió activos como patios de tanque, poliductos y algunos terminales.

Desde entonces esta porción de las acciones de Citgo dejó de estar bajo el control de sus administradores, pero el escenario cambió la semana pasada. Desde 2019, a raíz del surgimiento del gobierno interino de Juan Guaidó, Citgo está bajo la dirección de la oposición venezolana que tras dos años y medio de acciones legales logró recuperar el control de las acciones.

El gobierno interino designó una junta directiva ad hoc de Pdvsa, la empresa que controla a PDV Holding, compañía que a su vez es propietaria de Citgo Holding. Horacio Medina, presidente de la junta ad hoc de Pdvsa, se limita a resumir sobre la recuperación del control de las acciones que “no fue un acto voluntario de Rosneft, esto fue una presión muy fuerte de los abogados de PDV Holding”.

Fuentes enteradas del proceso explican que como Rosneft es una empresa que cotiza en el mercado bursátil está obligada a publicar balances auditados y allí comenzó a reflejar que la deuda de Venezuela disminuía de manera importante, por lo que se infirió que Rosneft estaba cobrando el préstamo, probablemente, a través de envíos de petróleo por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Rosneft hizo el préstamo a Citgo Holding a través de Rosneft Trading, una de sus subsidiarias que tiene sede en Suiza. Al ser contactados por los abogados de PDV Holding los administradores de Rosneft Trading argumentaron que no conocían el estado del préstamo porque habían vendido todos sus activos a otra compañía controlada indirectamente por el gobierno ruso.

Algo que ayudó a los abogados de PDV Holding a presionar es que el certificado de las acciones estaba bajo custodia en Nueva York y por tanto el proceso se regía por las leyes de Estados Unidos.

Luego de dos años de gestiones y con la amenaza de recurrir a un tribunal en Nueva York Rosneft aceptó devolver el certificado de las acciones. Fuentes explican que aparte de que Rosneft muy probablemente cobró el préstamo la garantía de acciones de Citgo perdió atractivo cuando senadores de Estados Unidos advirtieron que no permitirían que Rusia controlara a una compañía energética que opera en suelo estadounidense.

Citgo posee 4 mil 200 bombas de gasolina en Estados Unidos, plantas en Luisiana, Illinois y Texas, además de una red de refinación con capacidad para procesar 797 mil barriles diarios de petróleo.

Las negociaciones

Si bien la junta ad hoc de Pdvsa ha logrado un avance importante al rescatar el control de 49,9% de las acciones de Citgo, la situación de la compañía está lejos de resolverse. Empresas expropiadas durante la gestión del expresidente Hugo Chávez e inversionistas que compraron bonos a Pdvsa mantienen un constante asedio para embargar a Citgo y cobrar por esta vía.

En diciembre de 2016 el gobierno de Nicolás Maduro emitió bonos de Pdvsa por el orden de 3 mil millones de dólares que vencieron en 2020 y no han sido pagados. Estos bonos están garantizados con el 50,1% de las acciones de Citgo y los inversionistas buscan el control de la garantía en tribunales.

El gobierno interino consideró ilegal la emisión de estos bonos, bajo el argumento de que no podía comprometerse el 50,1% de las acciones de Citgo sin la autorización de la Asamblea Nacional e introdujo una demanda en Estados Unidos que tras pasar por distintas instancias está pendiente de la decisión de la Corte Superior de Nueva York.

Pero la junta de Pdvsa ad hoc intenta alcanzar un acuerdo de pago. Horacio Medina explica que en 2022 a raíz de que el proceso cayó en manos de la Corte Superior de Nueva York “se nos abrió un espacio y dijimos este es un buen momento para negociar con los bonistas y en enero comenzó un proceso de negociación”.

Otro caso urgente es el de Crystallex en la Corte de Delaware a cargo del juez Leonard Stark. Crystallex acudió al Centro de Arbitrajes del Banco Mundial (Ciadi) y obtuvo una decisión a favor, que le permite cobrarle a Venezuela 1.400 millones de dólares porque en 2008 le fue expropiada la mina de oro Las Cristinas en Guayana.

Para cobrar Crystallex introdujo una demanda y el juez Leonard Stark decidió en 2018 que Pdvsa y el gobierno venezolano son una misma entidad, por tanto, Crystallex puede cobrar la deuda mediante una subasta de acciones de Citgo. Esto es lo que legalmente se conoce como la tesis del alter ego.

Un aspecto relevante es que Crystallex vendió 85% de la deuda con Venezuela a Tenor Capital Management, un fondo de inversión estadounidense. Horacio Medina explica que tanto con los inversionistas de los bonos 2020 como con Crystallex y Tenor Capital se mantienen las negociaciones.

“Estamos en un proceso de negociación. Nosotros hemos hecho ofertas, ellos las han rechazado y han venido con una contraoferta y en ese proceso estamos. Eso no está parado, seguimos las conversaciones. Próximamente vamos a tener un nuevo contacto con los bonistas y Crystallex para una nueva oferta”, dice Horacio Medina.

El gobierno de Nicolás Maduro pagó parte de la deuda a Crystallex en 2019, por lo tanto, lo que reclama junto a Tenor Capital es un monto inferior al del fallo del Ciadi. “Ellos admitieron que lo que quieren cobrar en este momento son 914 millones de dólares”, precisa Medina.

Mayor presión

Crystallex es el único acreedor con una medida de embargo que ya no es apelable y se espera que el juez Stark inicie en el corto plazo el proceso para subastar las acciones de Citgo. El 23 de marzo, a raíz de la demanda de otros acreedores que buscan cobrar su deuda subastando acciones de Citgo, el juez Stark reafirmó la tesis del alter ego.

ConocoPhillips, que actualmente mantiene un litigio contra el Gobierno venezolano para cobrar una deuda de 8 mil 700 millones de dólares más intereses, también ha avanzado en la corte de Delaware y espera recibir una orden de embargo de acciones de Citgo igual a la que ya tiene Crystallex.

Horacio Medina explica que con ConocoPhillips «no hay negociación como tal pero sí hay conversaciones» y que se están haciendo otras diligencias.Agrega que a través de negociaciones y acuerdos de pago existe la posibilidad de atender las demandas de Crystallex, los inversionistas de los bonos 2020, ConocoPhillips y los reclamos de las compañías Dresser-Rand y Red Tree.

Gracias a lo que Horacio Medina llama inversiones inteligentes, al incremento de los precios del combustible en 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania y mantenimiento preventivo Citgo obtuvo una ganancia neta en 2022 de 2 mil 800 millones de dólares.

Si en definitiva el juez Stark ordena la subasta de las acciones de Citgo se trataría de un proceso largo y complicado. José Ignacio Hernández, quien se desempeñó como procurador del gobierno interino que presidió Juan Guaidó y antes de serlo actuó como testigo experto en el juicio de Crystallex, por lo que tuvo que inhibirse, calcula que podría tardar alrededor de doce meses.

“Es tremendamente complicado el proceso de embargar una empresa en marcha”, afirma, y añade un tema a considerar. Desde su punto de vista tras la eliminación de la figura del presidente encargado no está claro quién representa al gobierno de Venezuela en el exterior y el gobierno de Maduro podría argumentar, en caso de un hipotético acuerdo con Crystallex, que el pago no lo hizo la legítima representación de Venezuela.

La administración de Nicolás Maduro considera ilegal la decisión del alter ego y considera que el gobierno de Estados Unidos pretende apoderarse de Citgo.

No podemos aceptar que sea saqueada, que sea robada, que Venezuela sea despojada de uno de sus activos sencillamente por el filibusterismo imperial, que impone reglas de juego que van más allá del derecho internacional”, dijo Nicolás Maduro el 8 de mayo.

Agregó que el gobierno de Estados Unidos secuestró a la empresa “porque está en su propio territorio y ahora pretende saquearla, robarla y entregarla en manos de esta oposición de extrema derecha que se esconde, pero que es responsable de todas las sanciones, de todas las medidas coercitivas unilaterales que hay contra Venezuela”.

La vaca

En total las demandas contra el estado venezolano y Pdvsa, de acreedores que esgrimen el alter ego y buscan cobrarse a través de Citgo suman 21 mil millones de dólares, una cifra inmanejable.

“Eso tiene que ser parte de una reestructuración de la deuda del país”, dice Horacio Medina.

Su visión es que una subasta forzosa de las acciones de Citgo no tiene sentido: “Es como que me entregas en custodia una vaca famélica que con tratamiento y buenas prácticas se recupera y comienza a dar leche y ahora que está dando leche me dices vamos a matarla para que algunos cobren la deuda”.

 

La economía se debilita y crece el riesgo de una recesión
La contracción en las ventas, la caída de la producción industrial y los bajos salarios que limitan la demanda crean un entorno de fragilidad. La actividad petrolera emite signos de mejoría pero necesita reformas para crecer de forma sostenida

@VSalmeron

 

Tras un incipiente crecimiento que despertó el optimismo, la economía venezolana comenzó a flaquear en el segundo semestre del año pasado. El colapso del bolívar aceleró la escalada de los precios, las familias redujeron el consumo y la caída en las ventas golpeó al comercio y las empresas recortaron la producción.

El Banco Central oculta las cifras oficiales pero el Observatorio Venezolano de Finanzas reporta un declive de la economía de 8,3% en el primer trimestre mientras que el índice de ventas del comercio en Caracas que elabora Ecoanalítica registra caídas consecutivas en los seis meses del lapso diciembre-mayo de este año.

Regresó la percepción de crisis. Datanálisis indica que en abril ante la pregunta ¿cómo evalúa la situación del país en la actualidad? El 77,8% de los venezolanos se inclina por negativa, un aumento de 22 puntos porcentuales respecto a octubre de 2022.

¿Qué va a ocurrir en lo que resta de año? Todo apunta a un escenario de mínimo crecimiento en el que no se descarta la posibilidad de retroceder a una recesión, es decir, que la economía deje de crecer y se reduzca.

La mayoría de los economistas considera que una recesión comienza cuando el valor de los bienes y servicios producidos en un país, conocido como el producto interno bruto, cae durante dos trimestres consecutivos.

Petróleo limitado

El petróleo juega un rol clave como fuente de divisas e ingresos para la caja del gobierno, al mismo tiempo que impulsa la actividad de las empresas que les proveen servicios. Por ahora, el escenario es de precios inferiores a los del año pasado y una producción que está creciendo pero que necesita reformas para continuar en alza sostenida.

El 13 de junio el barril de crudo Brent, la principal referencia en el mercado, se cotizó en 74 dólares, una magnitud que se traduce en un descenso de 39% respecto a los 122 dólares de hace doce meses.

Si bien analistas esperaban un rebote importante en los precios, por ahora los recortes de producción de la OPEP no han tenido mayor efecto, la demanda de China no crece lo suficiente como para generar un impacto relevante y Rusia, a pesar de las sanciones, sigue exportando petróleo a China e India.

El Oxford Institute for Energy Studies espera un aumento del precio en el segundo semestre pero a un nivel muy inferior a los del año pasado. El instituto proyecta que este año el precio del Brent promediará 85 dólares el barril y Ed Morse, director de investigación de materias primas de Citigroup, coincide con esta visión.

Desde su punto de vista el precio promedio del Brent no superará los 82 dólares el barril este año y el próximo estará por debajo de este nivel.

Un elemento clave es que Venezuela, por las sanciones y la calidad de sus crudos, coloca en el mercado sus barriles con un enorme descuento respecto al Brent. Para que el petróleo impulse el crecimiento de forma importante entonces se requiere un alza relevante en la producción. Que no luce factible.

De acuerdo con la información entregada por el gobierno a la OPEP, en abril la producción de Venezuela se ubicó en 810 mil barriles diarios y en mayo aumentó ligeramente hasta 819 mil barriles. Esto se traduce en aumentos de 4,5% y 11% respecto a los mismos meses de 2022.

Tras años de pésima gerencia, corrupción rampante, desinversión y el impacto de las sanciones de Estados Unidos la producción llegó a ubicarse por debajo de 400 mil barriles diarios, pero gracias al uso de capacidad ociosa aumentó hasta 750 mil barriles. Además, recibió el impulso de Chevron que obtuvo una licencia de Washington para que incremente sus operaciones en el país.

Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de la Universidad Rice, explica que el escenario cambió: “Ya no hay capacidad ociosa y eso nos indica que llegamos a un techo”.

Una posibilidad es que Chevron impulse la producción, pero hay limitaciones. “La licencia no le permite perforar nuevos pozos. Gracias a la reapertura del campo Boscán su producción aumentó desde 55 mil barriles diarios hasta 125 mil barriles. Su presidente dice que llegará a 150 mil barriles este año pero para alcanzar los 200 mil barriles necesitará otra licencia que depende de las conversaciones políticas”, dice Francisco Monaldi.

La consultora Rystad pronosticó que en 2024 la producción de Venezuela alcanzará el millón de barriles diarios pero el crecimiento que esperaba para este año no ha sucedido.

“Ellos preveían una licencia más expansiva a Chevron. Todavía eso puede ocurrir pero el techo de la producción se acerca más a los 850 mil barriles diarios si no hay cambios en la licencia”, explica Francisco Monaldi.

El tema cambiario

Entre octubre y febrero el bolívar se hundió y la cotización del dólar se disparó desde 8 bolívares hasta 24 bolívares. Pero en los últimos tres meses el gobierno logró detener el colapso y actualmente el tipo de cambio oficial es de 27 bolívares por dólar.

La estabilidad del dólar transmite confianza y ayuda a desacelerar el alza de los precios en un entorno de bajos salarios y retroceso del consumo. Por ahora, el gobierno ha contenido al dólar reduciendo la cantidad de bolívares en la economía, mediante el control del gasto y con la oferta de dólares provenientes del Banco Central y Chevron, que vende divisas para cubrir gastos en bolívares.

Pedro Palma, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, considera que la estabilidad del dólar no es sostenible. “La verdad es que no vemos la posibilidad de que el anclaje del dólar se pueda mantener. El Banco Central no tiene suficientes reservas y nadie quiere conservar bolívares”.

“El gobierno está entrampado. Cuando se ve obligado a aumentar el gasto inyecta bolívares que se desplazan a la compra de dólares porque nadie quiere mantener bolívares”, agrega Pedro Palma.

Un elemento a considerar es que a pesar del salto que hubo en el tipo de cambio, el precio del dólar está barato porque ha aumentado menos que el resto de los productos en la economía; esto favorece las importaciones e impulsa la demanda de divisas.

“La sobrevaluación es alta, a 27 bolívares el dólar es barato, se compra más en el exterior que en Venezuela con un dólar”, dice Pedro Palma.

Ecoanalítica proyecta que este año el tipo de cambio oficial seguirá en aumento y alcanzará 61 bolívares por dólar mientras que la inflación acumulará un salto en el año de 228%.

Entorno difícil

El informe del Sistema de Información Estadística de Conindustria, el gremio que agrupa a la manufactura privada, reportó que en el primer trimestre la producción registró un descenso de 1,5% respecto al mismo lapso de 2022.

El declive acabó con la cadena de ocho trimestres consecutivos de crecimiento pero lo más inquietante es el grado de paralización que sigue habiendo en el sector: en promedio la industria solo está utilizando 31% de su capacidad instalada, una magnitud enana comparada con otros países de la región.

En Brasil la industria privada está utilizando 63% de su capacidad instalada, en Perú 63%, Argentina 65% y Colombia 78%.

El informe indica que entre los factores que inciden en la producción destacan la baja demanda, la falta de financiamiento, los excesivos tributos fiscales y parafiscales, la competencia con productos importados y la precariedad en los servicios públicos que recientemente se agravó por la escasez de combustible.

Ante la poca producción se estancaron las remuneraciones. En promedio los obreros recibían al cierre del primer trimestre el equivalente a 173 dólares versus 171 dólares en el tercer trimestre de 2022.

“Las remuneraciones se estancan, ya que la industria no crece. Al detenerse, se dificulta el consumo de los hogares y esto hace que la actividad económica en general se paralice. Urge diseñar y ejecutar políticas que dinamicen a la industria manufacturera, que es la fuente empleadora de más de 510 mil trabajadores de manera directa e indirecta”, dice el informe.

Las perspectivas

Las distintas variables apuntan a un crecimiento débil o una recesión. José Guerra, director del Observatorio Venezolano de Finanzas, indica que “hay signos preliminares, de alerta, sobre una posible recesión. La actividad comercial cayó a comienzos de año, la manufactura no da señales de recuperación y la falta de combustible es un elemento adicional porque paraliza el transporte de carga”.

“La caída del comercio se debe al estancamiento de la demanda, esto sería una eventual recesión por insuficiencia de la demanda, por los bajos salarios. Esto podría mitigarse con el aumento de la producción petrolera que se ha recuperado gradualmente por el efecto de Chevron pero está por verse si esto puede compensar la caída en el precio del barril”, agrega José Guerra.

“Los precios del barril han caído más de lo que han aumentado las exportaciones petroleras, de tal forma que tengo la impresión de que el efecto neto en términos fiscales se redujo, esto impacta la disponibilidad del gobierno para gastar. A ello se añade que hay una restricción al crédito bancario por lo elevado del encaje. Estos son los elementos que explican por qué la economía puede entrar en una recesión a partir del segundo trimestre de este año”, detalló. 

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, considera que en el segundo semestre habrá un mejor desempeño y la economía culminará el año con un crecimiento de 3,4% que supondría una desaceleración respecto al 7,6% de 2022, pero no una recesión.

“La recuperación tiene que ver con la comparación con el segundo semestre del año pasado en el que tuvimos un retroceso importante. Esperamos una leve mejora del consumo por la desaceleración de la inflación respecto al año pasado y el efecto de los bonos que decretó el gobierno, que es muy pequeño, pero como la economía está muy reducida tienen algún un impacto”, dice Asdrúbal Oliveros.

“En el tema petróleo no vemos un incremento importante de la producción, pero sí creemos que puede mejorar un poco el tema de provisión de combustible y eso tiene incidencia en la dinámica económica. También consideramos que habrá una mayor ejecución de gasto público en el segundo semestre”, agrega Asdrúbal Oliveros.

No obstante destaca que para una economía que se contrajo 80% entre 2014 y 2021 «estos niveles de crecimiento tan exiguos en realidad reflejan una estabilización en el foso, no se trata de un crecimiento que permita recuperar parte de lo que se ha perdido”.

“Es un crecimiento concentrando en la región central con énfasis en Caracas, en pocos sectores, en segmentos de la población que probablemente puedan tener sus ingresos dolarizados; eso es lo que está motivando esa tasa de crecimiento que esconde una economía muy precaria”, dice Asdrúbal Oliveros.

¿Es sostenible la estabilidad del dólar?
El gobierno aplica una política que impacta el crecimiento, el empleo y el salario en momentos en que la economía se debilita y podría encaminarse a una recesión

 

@vsalmeron

 

Lo normal en Venezuela es sentir que la moneda es de hielo y se derrite a diario. En octubre del año pasado los venezolanos compraban un dólar con ocho bolívares y a principios de febrero necesitaban 24 bolívares, pero a partir de marzo el Banco Central contuvo el colapso y actualmente el dólar se cotiza en 26,2 bolívares en el mercado oficial.

La mayor estabilidad del dólar, que ayuda a desacelerar el alza de los precios, tiene costos. Para disminuir la demanda de dólares el gobierno y el Banco Central aplican una estrategia que tiene impacto en el crecimiento, el empleo y el salario en momentos en que la economía pierde fuerzas y podría encaminarse a una recesión.

Básicamente el plan consiste en disminuir la cantidad de dinero, en lograr que haya menos bolívares disponibles para comprar dólares. Para alcanzar este objetivo la administración de Nicolás Maduro mantiene controlado el gasto del gobierno a fin de inyectar pocos bolívares por esta vía.

De acuerdo con Síntesis Financiera el gasto público de los primeros cinco meses del año equivale a 3 mil 213 millones de dólares, tan solo 3% más que en el mismo lapso de 2022. En la contención del gasto juega un rol clave la decisión de no aumentar el salario mínimo y en general sustituir el ingreso de los trabajadores por bonos que no tienen incidencia en el cálculo de beneficios como las vacaciones y las utilidades.

En julio del año pasado, al cancelar el bono vacacional a los educadores, el gobierno inyectó bolívares que rápidamente se desplazaron a la caja de comercios que inmediatamente elevaron la demanda de dólares porque tras la hiperinflación y continuos períodos de debacle la confianza en la moneda está rota.

Consciente de este desequilibrio el gobierno se ha negado a aumentar el salario. Síntesis Financiera explica que “no prevemos que se repita en julio el choque cambiario que hubo en agosto del año pasado con el pago del bono vacacional a educadores, pues ese pago está basado en un salario cuyo monto está fijo en bolívares”.

A la contención del gasto público y la sustitución del salario por bonos se suma la restricción del crédito a fin de que no haya préstamos de bolívares que puedan emplearse para comprar dólares. El encaje, la proporción del dinero que los bancos no pueden prestar, se mantiene en 73% el más elevado en América Latina.

La consecuencia es menos bolívares para comprar dólares, pero también poco crédito para las empresas y las familias en momentos en que la economía se debilita. Tras la fuerte devaluación del bolívar a comienzos de año la inflación se aceleró y las ventas cayeron creando un clima recesivo.

El índice de actividad económica que elabora el Observatorio Venezolano de Finanzas experimentó una caída de 8,3% al comparar el primer trimestre de este año con el mismo lapso de 2022. 

Daniel Cadenas, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, explica que “hay una caída de la demanda y un exceso de oferta por lo que estamos en el inicio de una recesión. Como la política del gobierno es de corte recesivo va a agravar el problema”.

Añade que “no tiene sentido restringir el crédito y mantener una política monetaria restrictiva para estabilizar el tipo de cambio y desacelerar la inflación cuando hay un exceso de oferta y una caída del consumo que mitiga el alza de los precios. Estamos viendo promociones por todos lados en la desesperación de las empresas y los comercios por vender”.

Flujo de divisas

A la estrategia para reducir la cantidad de dinero en la economía se añade un mayor margen de maniobra en la oferta de dólares que alimenta al mercado oficial gracias al impacto de Chevron. El gobierno de Joe Biden otorgó una licencia a la petrolera estadounidense para que aumente sus operaciones en Venezuela y la empresa necesita vender dólares para cubrir pagos en bolívares.

Síntesis Financiera estima que en marzo los dólares que vendió Chevron y que aumentaron la oferta de divisas sumaron unos cien millones de dólares que ayudaron a que el tipo de cambio se mantuviera estable. Tesoreros de bancos señalan que en abril y mayo los dólares provenientes de Chevron han seguido ingresando y son un factor que ayuda a la estabilidad.

Otro elemento a tomar en cuenta es que el Banco Central usualmente vende en el mercado oficial alrededor de 50 millones de dólares a la semana, pero en las últimas dos semanas, en las que el gobierno pagó bonos a los trabajadores y aumentó la cantidad de bolívares en la economía, duplicó el monto.

La presión

¿Va a continuar la paz cambiaria? Una pieza clave es que la contención del gasto público podría perder rigor a medida que avance el calendario y el país se acerque a las elecciones presidenciales previstas para 2024 o que aumente la protesta de los trabajadores por incrementos de salarios.

“Cualquier emisión de bolívares crea presiones en el tipo de cambio porque nadie quiere conservar bolívares”, dice Daniel Cadenas.

El tanque de dólares para mantener la oferta de divisas en el mercado oficial también genera dudas. Al cierre del 30 de mayo el Banco Central indica que tiene reservas internacionales por 9 mil 685 millones de dólares, pero de este monto solo tiene disponibles 980 millones en efectivo y 1.700 millones en barras de oro, un monto bastante bajo.

El resto de las reservas internacionales corresponde a Derechos Especiales de Giro que la administración de Nicolás Maduro no puede emplear porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) no lo reconoce como presidente de Venezuela. Otra porción corresponde a oro en litigio depositado en el Banco de Inglaterra.

Las irregularidades en la administración de Pdvsa, la empresa del Estado que maneja el negocio petrolero, también cuenta. En marzo quedó al descubierto una red de corrupción que se tradujo en envíos de petróleo no cobrados que afectaron el ingreso de dólares.

Reuters reportó que una auditoría a los contratos de Pdvsa reveló que la empresa acumuló cuentas por cobrar por 21 mil 200 millones de dólares y que habría facturas potencialmente irrecuperables por 3 mil 600 millones de dólares.

El tipo de cambio paralelo también influye. El mercado oficial no satisface toda la demanda de dólares y las pequeñas empresas o compradores de montos bajos acuden al mercado paralelo donde se forma un precio que supera al tipo de cambio oficial.

La experiencia indica que si la cotización del dólar en el mercado paralelo se distancia en gran medida de la cotización del mercado oficial se pierde la fe en la estabilidad y aumenta la presión. En mayo la brecha entre las dos cotizaciones aumentó desde 3% hasta 7%.

“El mercado paralelo refleja la inercia de los fuertes desembolsos destinados al pago del aumento en el ingreso mínimo, así como cierta reanimación de expectativas de depreciación” dice Síntesis Financiera.

Daniel Cadenas indica que “los factores que presionan al tipo de cambio van a continuar y es probable que al igual que el año pasado veamos una mayor devaluación en el resto del año. Lo que puede hacer que no haya una desestabilización similar a la de 2022 es que la demanda de dólares para importaciones está cayendo por la caída en las ventas”.

Focus Economics, una empresa que elabora reportes con las proyecciones de veinte bancos y consultoras como Moody’s Analytics y BancTrust indica en su informe de mayo que en promedio se espera que el tipo de cambio oficial culmine este año en 61 bolívares por dólar.

 

Dólar

¿Qué está pasando con el consumo y los consumidores en Venezuela?
Las proyecciones de Datanálisis contemplan que tras la caída del primer trimestre el consumo se estabilice y recupere el crecimiento para cerrar el año con un alza de 4%

@VSalmeron

El surgimiento de una sociedad con enormes diferencias obligó a Datanálisis a replantearse la manera de evaluar al consumidor y a generar una segmentación que refleje el giro hacia un mercado muy disímil, donde los distintos estratos tienen poco o nada en común.

“Venezuela es una mezcla heterogénea de distintos segmentos con una diferencia tan marcada que ya no tiene sentido referirse a la media. Ya no podemos trabajar tan fácilmente” dice Luis Vicente León, director de Datanálisis.

Para crear la nueva estratificación del consumidor la firma recolectó datos durante el primer trimestre del año y se apoyó en seis variables: acceso a divisas, situación de la vivienda, medios de transporte, servicios médicos y seguro, consumo de alimentos fuera del hogar y acceso a bienes y servicios.

El acceso a divisas o a un ingreso indexado es clave. El dólar desplazó al bolívar y se utiliza para fijar precios, ahorrar y en buena parte de las transacciones, por lo tanto, esta es una variable fundamental para medir la capacidad de consumo.

Un aspecto relevante es que la estratificación por zonas perdió efectividad. “La segmentación se cruzó. Puede haber alguien en un barrio de Petare, por ejemplo, con capacidad de compra en dólares porque tiene un negocio y un profesional universitario jubilado en un apartamento en El Cafetal, una zona de clase media, con una capacidad de consumo muy limitada”, dice Luis Vicente León.

El ingreso

La nueva estratificación segmenta a la población con base a su capacidad actual de compra y consumo. En el estrato alto se encuentra 3,7% de la población que forma parte de familias con un ingreso mensual superior a 5.560 dólares.

En el segundo peldaño está el estrato denominado como clase media emergente. Se trata de 12,9% de la población que pertenecen a familias con un ingreso entre 1.734 dólares al mes y 5.560 dólares.

En el tercer peldaño se ubica el segmento “medio establecido” que representa 22,7% de la población que forma parte de familias con un ingreso mensual entre 673 dólares y 1.734 dólares.

Sigue el estrato “bajo con oportunidades”, que representa a 26,8% de la población que forma parte de familias con un ingreso mensual entre 376 dólares y 673 dólares.

Finalmente está el estrato “bajo excluido”, donde se ubican 8,9 millones de personas, que representan 33,9% de la población y son parte de familias con un ingreso mensual entre 193 dólares y 376 dólares que no les permite alimentarse de forma adecuada.

Los emergentes

Luis Vicente León explica que la clase media emergente, un segmento inédito, incluye a un sector de la población que se adaptó mejor al cambio del mercado y no encaja en el perfil de la clase media tradicional que básicamente agrupa a profesionales con estudios universitarios.

“Esta clase media emergente no tiene una estructura profesional equivalente a la clase media profesional, puede ser un técnico, alguien que se dedicó a actividades comerciales, un joven que desarrolló un negocio por internet o que está vendiendo seguros alternativos. Son jóvenes, la mayoría alrededor de treinta años y se han adaptado mejor a la demanda”, dice Luis Vicente León.

Agrega que “también debemos considerar que en esta categoría puede haber personas con negocios relacionados a actividades ilegales”.

La geografía

Datanálisis construyó un promedio ponderado donde uno es el estrato bajo excluido, dos el bajo con oportunidades, tres el medio establecido, cuatro el medio emergente y cinco el alto para determinar cómo se clasifican las distintas zonas del país en cuanto a su capacidad de consumo.

El resultado es que Caracas con 2,41 puntos se ubica en la parte superior, seguida del resto de la región central con 2,31, Los Andes 2,29, Zulia 2,28, Oriente 2,18, Centro Occidente 2,14, Guayana 2,08 y Los llanos 1,79.

“Arrastrándola un poco Caracas se ubica en el segmento medio establecido. Es una Caracas sin grandes capacidades de consumo, con pérdida de lo que fue su esplendor del pasado, pero en el segmento medio”, dice Luis Vicente León.

Un dato relevante es que Caracas, Maracaibo y Lecherías en Anzoátegui concentran la mayor cantidad de la liquidez en dólares. En la región de Los Andes, Táchira y la actividad de la frontera, elevan el promedio.

El frenazo

Después de un declive que redujo el tamaño de la economía a la cuarta parte, Venezuela tocó fondo e inició una incipiente recuperación que oxigenó el ingreso y el consumo, pero el colapso de la moneda y la aceleración de la inflación entre el segundo semestre de 2022 y el comienzo de este año impactaron la capacidad de compra y golpearon la confianza del consumidor.

“La pequeña recuperación del consumo en 2022 generó unas expectativas muy altas, el venezolano es pendular. Cuando está en crisis ve todo muy negativo y cuando hay un pequeño respiro sobredimensiona las expectativas. Entonces, con la devaluación se desplomó el índice de confianza y cayó el consumo”, dice Luis Vicente León.

En el primer trimestre de este año el consumo, respecto al mismo lapso del año pasado, cayó 6% y el índice de confianza 22 puntos. No obstante, las proyecciones de Datanalisis contemplan que el consumo se estabilice en el segundo trimestre de este año con una variación cercana a cero y crezca 4,5% en el tercer trimestre y 6,8% en el cuarto trimestre.

Estas proyecciones se basan en que el gobierno tendrá un mayor margen de maniobra para estabilizar el tipo de cambio porque corregirá el flujo de ingresos de Pdvsa, que se vio afectado por la corrupción en la cobranza de los envíos de petróleo y en el ingreso de divisas por las actividades de Chevron.

“En el año, al tomar en cuenta la caída, la estabilización y el aumento de los últimos trimestres, habría un aumento de 4% en el consumo” dice Luis Vicente León.

La caída del consumo se manifestó principalmente en reducciones de compra en ropa, recreación, calzado, salidas a comer y viajes.

Las generaciones

Carlos Jiménez, a cargo del estudio de tendencias digitales en Datanálisis, explica que la estratificación por generaciones en Venezuela es: los baby boomers, nacidos entre 1945-1965, donde se ubica el 13% de la población; la generación X, con los nacidos entre 1965-1980, donde se ubica 18% de la población y los millennial, con los nacidos entre 1980-1995, que representan a 31% de la población.

Siguen la generación Z, que incluye los nacidos entre 1995-2010 y donde se ubica 17% de la población y la generación Alpha, donde están los nacidos a partir de 2010 y representa 21% de la población.

“Los millennials son la mayoría de la población y son los que mayor poder de compra tienen. Pero todos son importantes, por ejemplo, la generación Alpha son los niños y tienen gran influencia en algunas industrias como los alimentos. Por su parte, los de mayor edad, los baby bumers, generan la economía plateada que tiene que ver con los adultos mayores y actividades como servicios de salud”, explica Carlos Jiménez.

“Hay una alta sensibilidad al precio. Entre los valores que los consumidores reconocen en una marca destaca que tenga precios competitivos, que ofrezca productos que resuelven problemas pero que además son accesibles”, agrega Carlos Jiménez.

Acreedores se aproximan a Citgo, el apetecible activo de Venezuela
El giro en la política de Washington favorece a las empresas e inversionistas que demandan en tribunales de Estados Unidos el pago de la gigantesca deuda contraída por el chavismo

 

Por: Víctor Salmerón/@VSalmeron

Los acreedores que batallan por recuperar el dinero invertido en Venezuela mediante la compra de bonos o empresas que les fueron expropiadas han logrado nuevos avances en el objetivo de embargar Citgo, el activo en el exterior más valioso del país.

En el propósito de embargar activos de Venezuela los acreedores tienen tres obstáculos: los juicios, las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) y la política exterior de Washington.

En el tablero de los juicios el curso es lento y cargado de apelaciones por parte de Venezuela, aunque la compañía canadiense Crystallex se aproxima a la última casilla. Pero en el caso de la política exterior de Washington y las licencias de la OFAC hay cambios relevantes que benefician a los acreedores.

La administración de Joe Biden, a través de una carta del Departamento de Justicia fechada el 7 de abril, afirmó en la corte de Delaware que no bloqueará la subasta forzosa de acciones de Citgo o la firma de algún acuerdo que permita a los acreedores cobrar lo que se les debe.

Citgo posee 4 mil 200 bombas de gasolina en Estados Unidos, plantas en Luisiana, Illinois y Texas, se estima que tiene un valor que ronda los 13 mil millones de dólares y el año pasado registró ganancias por 2 mil 800 millones de dólares.

En 2018 la administración de Donald Trump, al igual que una larga lista de países, consideró fraudulentas las elecciones que Nicolás Maduro esgrime como piso para su reelección y reconoció como presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó, en ese entonces presidente del parlamento.

En 2019, para apoyar una eventual transición política en Venezuela, Donald Trump estableció una estrategia de protección de activos del país que impide embargos sin licencias de la OFAC.

 Fuentes cercanas al proceso explican que en 2023 Washington comenzó a cambiar su política, ante la evidencia de que no ocurrió la transición, ya no existe la figura del presidente encargado y la oposición venezolana se debilitó.

En la carta que el Departamento de Justicia envió a la corte de Delaware se afirma que la OFAC tiene la Intención de implementar una política de licencias favorable a la ejecución de una venta de acciones de Citgo.

El reloj

En la deuda venezolana hay un juicio clave: el de Crystallex en la Corte de Delaware a cargo del juez Leonard Stark. Crystallex acudió al Centro de Arbitrajes del Banco Mundial (Ciadi) y obtuvo una decisión a favor, que le permite cobrarle a Venezuela 1.400 millones de dólares porque en 2008 le fue expropiada la mina de oro Las Cristinas en Guayana.

Posterior a este fallo Crystallex recibió un pago de 400 millones de dólares por el gobierno de Nicolás Maduro, pero reclama el resto del dinero. Para cobrarlo introdujo una demanda en Estados Unidos y el juez Leonard Stark decidió en 2018 que Pdvsa y el gobierno venezolano son una misma entidad, por tanto, Crystallex puede cobrar la deuda mediante una subasta de acciones de la filial de Pdvsa, PDV Holding, propietaria de Citgo.

Otros acreedores como Rusoro, OI European Group, Northrop Grumman y ACl Investment han logrado decisiones a favor en Delaware. Un aspecto relevante es que en la sentencia del pasado 23 de marzo el juez Leonard Stark esgrime la tesis que tanto la administración de Maduro, en Venezuela, como la del gobierno interino de Juan Guaidó en el exterior, realizaron un manejo de Pdvsa que borró la línea divisoria entre el gobierno y la empresa.

Entre otras cosas la sentencia que reafirmó la tesis de que Pdvsa y el gobierno venezolano son una misma entidad y por tanto los acreedores pueden cobrar a través de una subasta de acciones de Citgo, menciona que la administración de Guaidó utilizó fondos de las filiales de Pdvsa para financiarse y cubrir gastos relacionados a la defensa legal del país.

¿Es inminente el embargo y la subasta de acciones de Citgo?

José Ignacio Hernández, quien se desempeñó como procurador del gobierno interino que presidió Juan Guaidó y antes de serlo actuó como testigo experto en el juicio de Crystallex, por lo que tuvo que inhibirse, explica que esta empresa es el único acreedor con una medida de embargo que ya no es apelable.  

No obstante, estima que el proceso para concretar la venta forzosa de acciones de una empresa en marcha tardaría alrededor de un año.

“Los otros casos son embargos condicionados, apelables. Estos acreedores están en el mismo sitio en que estaba Crystallex en 2018 y Crystallex ha tenido que transitar litigios desde 2018 para estar relativamente cerca del embargo”, dice José Ignacio Hernández.

“Esto es muy importante porque incluso si hoy levantan todas las sanciones mañana no se va a perder Citgo, hay espacio para una defensa judicial, pero todo indica que la situación de Citgo va a estar comprometida en algún momento del año que viene”, explica José Ignacio Hernández.

Los bonos 2020

La presión sobre Citgo también proviene de un grupo de inversionistas. En diciembre de 2016 el gobierno de Nicolás Maduro hipotecó a Citgo al emitir unos bonos de Pdvsa por el orden de 3 mil millones de dólares que vencieron en 2020. A diferencia de otras obligaciones, estos bonos están garantizados con el 50,1% de las acciones de Citgo.

El pasado primero de mayo la OFAC aclaró que no actuará “contra ninguna persona por tomar medidas para preservar la capacidad de hacer cumplir los derechos de los tenedores de bonos sobre las acciones de Citgo que sirven como garantía”.

Pero estos inversionistas aún deben superar escollos. El gobierno interino consideró ilegal la emisión de estos bonos, bajo el argumento de que no podía comprometerse el 50,1% de las acciones de Citgo sin la autorización de la Asamblea Nacional e introdujo una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que todavía evalúa el caso.

La prescripción

La deuda que tiene el país por los bonos emitidos a través del Ministerio de Finanzas y Pdvsa suma 86 mil 317 millones de dólares, incluyendo capital e intereses. En noviembre de 2017 la administración de Nicolás Maduro suspendió el pago. Un detalle clave es que los inversionistas tienen seis años, a partir del comienzo de la mora, para demandar a Venezuela en los tribunales de Estados Unidos.

El lapso para demandar se vence en octubre de este año. Para evitar una seguidilla de demandas el gobierno de Venezuela puede negociar una extensión de esta fecha, pero ¿cuál es el gobierno de Venezuela?

El pasado 30 de marzo la administración de Maduro emitió un comunicado donde notificó a los inversionistas que decidió suspender el plazo en que pueden tomar acciones legales hasta 90 días después de que el gobierno de Estados Unidos retire las sanciones o hasta el 31 de diciembre de 2028.

El problema es que Estados Unidos no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro como legítimo y por tanto, no puede representar legalmente a Pdvsa y al país. El pasado primero de mayo la OFAC emitió una licencia donde autoriza a la Asamblea Nacional elegida en 2015, con mayoría opositora, a negociar con los acreedores.

Tras la eliminación de la figura del presidente interino esta Asamblea Nacional nombró un Comité de Administración y Protección de Activos del país en el Exterior que intentará negociar con los acreedores un acuerdo amistoso que incluya la extensión del lapso para demandar.

No obstante, desde la óptica de José Ignacio Hernández, hay un problema legal de fondo: “La renegociación de la deuda de acuerdo con el artículo 236 numeral 11 de la Constitución es una competencia exclusiva del presidente de la República”.

Agrega que al haber dejado sin efecto la figura del presidente encargado, la Asamblea generó un vacío constitucional «que no lo puede llenar ninguna licencia de la OFAC porque eso es un asunto exclusivo de derecho constitucional. La licencia es insuficiente para permitir un proceso de renegociación de la deuda transparente y legal”.

Desde su punto de vista la Asamblea Nacional elegida en 2015 tendría que designar nuevamente a un presidente encargado y nombrar a una comisión autónoma formada por expertos en manejo de deuda. De lo contrario, afirma, los acreedores, tendrán razones para no creer en la legalidad de la negociación.

La bancarrota

Entre 2004 y 2014 Venezuela disfrutó del boom petrolero más largo de su historia, pero Hugo Chávez, para ese entonces presidente de la república, disparó el gasto con tal intensidad que la lluvia de petrodólares quedó pequeña y la deuda en divisas se quintuplicó a una velocidad centelleante.

Tras no crear un fondo de ahorro, malbaratar buena parte del dinero y sufrir una catastrófica caída de la producción de petróleo, agravada por la corrupción rampante y las sanciones de Estados Unidos, la bancarrota es un hecho.

Entre 2014-2021 la economía venezolana se hundió en la recesión y se redujo a una cuarta parte, las exportaciones se han desplomado y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) estima en su último informe de coyuntura que en 2022 apenas sumaron 14 mil millones de dólares.

La deuda total del país, incluyendo bonos, compromisos pendientes con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, la deuda bilateral con Rusia y China, así como la relacionada con los casos pendientes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial asciende, de acuerdo al informe de la UCAB, a 170 mil millones de dólares.

El monto de la deuda respecto al ingreso proveniente de las exportaciones es un indicador con el que se suele medir la vulnerabilidad macroeconómica. En el caso de Venezuela la deuda supera doce veces al monto de las exportaciones, una relación considerada como crítica por los economistas.

Cuando los países no están en capacidad de pagar la deuda inician un proceso de negociación con los acreedores, que tiene como meta una reestructuración de largo alcance que suele incluir una rebaja en el monto adeudado, plazos más largos, nuevo financiamiento, un período de gracia en el que no hay que realizar amortizaciones y tasas de interés más favorables.

Para Venezuela será imposible recuperar su economía sin una reestructuración que de acuerdo con la mayoría de los analistas, necesitará del aval del Fondo Monetario Internacional y un plan sólido de reformas que garantice el crecimiento.

Por ahora, no hay pasos en esa dirección.