Un mes después de que saliera en Gaceta Oficial la providencia, el Gobierno de Nicolás Maduro echó para atrás la iniciativa que pretendía regular los servicios de entrega o delivery en Venezuela.
A través de un comunicado emitido por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, la medida que proponía el cobro de 1% a las empresas de entrega quedó “sin efecto”.
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No es la primera vez que el chavismo mete el retroceso a algo que ya era oficial, el ejemplo más memorable fue el recule del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) luego de emitir las sentencias 155 y 156 que proponían disolver la Asamblea Nacional en abril de 2017, en ese entonces con mayoría opositora.
En el comunicado expresan que “la decisión fue tomada con beneplácito por parte de las empresas prestadoras de delivery”.
En la misiva que fue difundida en redes sociales se lee que “se acordó conformar una Comisión de Trabajo y Seguridad junto a organismos del Estado venezolano, que enlazará los Cuadrantes de Paz con los prestadores de delivery”.
Acordaron mantenerse en “constante diálogo para que el beneficiario sea el pueblo venezolano”.
Ñáñez indicó que el pasado lunes sostuvieron un encuentro con las empresas dedicadas al servicio de delivery, el cual fue calificado por el Gobierno como “cordial y fructífero”.
El pasado lunes 26 de febrero, trascendió que el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) sería el ente que regularía los servicios de entrega en el país.
De acuerdo a la Gaceta Nro. 42.813 del pasado 5 de febrero la providencia tenía como objeto “dictar las normas que regulen el servicio de entregas a domicilio, efectuado mediante la utilización de plataformas digitales, redes sociales, postales o comerciales”.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez lideró una reunión con representantes de Ridery, Yummy, Pedidos Ya, Chamos Exprés y otras empresas, donde según el canal de propaganda del Estado “ambas partes quedaron satisfechas”.
