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El Mañanero del #21Sep: las ocho noticias que debes conocer

Pese a que se estima que el “Tren de Aragua” opera en la cárcel de Tocorón desde 2007, el Gobierno de Nicolás Maduro esperó hasta este miércoles 20 de septiembre para llevar a cabo un operativo con el objeto de desarticular las bandas criminales instaladas en ese recinto penitenciario, casualmente el mismo día que la Misión Independiente de la ONU iba a presentar su informe sobre derechos humanos en Venezuela.

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«Los cuerpos de seguridad reciben cualquier cantidad de recursos para mantener el terror que tienen contra el pueblo. Cualquiera que levante la voz contra la circunstancias que vivimos, por un sueldo digno, por una mejor educación, por una mejor salud, nos responden con cárcel en este país». Karina Molina, miembro del Comité para la Libertad de los Luchadores Sociales, 

Misión de la ONU señala a funcionarios de gobierno de emitir declaraciones para incriminar a opositores
La Misión documentó varios casos de personas opositoras que fueron acusadas y procesadas por difamación o incitación a la intolerancia

 

La Misión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU señaló en su cuarto informe que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que conducen programas de televisión utilizan estos espacios para emitir declaraciones incriminatorias sobre opositores.

El informe se refirió específicamente al programa «Con el Mazo Dando», conducido por Diosdado Cabello, vicepresidente del partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).

«Las declaraciones del vicepresidente del Psuv «amenazan la seguridad de las personas contras las que van dirigidas, ya que en ocasiones han desencadenado procesos penales arbitrarios», señaló el informe publicado este miércoles 20 de septiembre.

El texto agrega que este tipo de programas «crean una imagen negativa en la opinión pública contra los medios de comunicación independientes, las personas defensoras de los derechos humanos y las ONG».

La Misión documentó varios casos de personas opositoras que fueron acusadas y procesadas por difamación o incitación a la intolerancia. A continuación, algunos casos mencionados en el informe

Diosdado Cabello es uno de los funcionarios que regularmente ha acusado a miembros de la sociedad civil de corrupción y robo, según la Misión de la ONU. Por ejemplo, en su programa del 19 de diciembre de 2020, Cabello señaló una lista de ONG de haberse robado dinero de Venezuela y de tener cuentas a nombre de empresas fantasmas para el lavado de dinero.

En el programa del 19 de enero de 2022, señaló nuevamente a varios miembros de la sociedad civil, periodistas y comunicadores, que habían publicado críticas contra el Gobierno e información sobre derechos humanos, mostrando carteles con sus fotos y con la inscripción “Se busca” y “Ladrón”.

El informe de la Misión refiere que el  27 de enero de 2023, el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, atacó al periodista Alexander González y al dueño del Diario de los Andes, Eladio Muchacho Unda, después de que el periódico publicara tres notas informativas sobre el acoso a trabajadores públicos obligados a participar en manifestaciones progubernamentales.

Durante su programa radial “Háblame Gerardo”, emitido por ocho emisoras desde la radio Paisana 92.5 FM, radio oficial de la gobernación de Trujillo, Márquez señaló al periodista y al dueño del periódico de formar parte de un “plan de golpe de Estado”.

El 12 de abril de 2023, el programa Con El Mazo Dando difundió una compilación de videos de supuestos “ataques contra Venezuela”. Esta compilación de videos mostraba a varios líderes políticos de la oposición asociándolos a presuntos actos terroristas, según Cabello.

Las declaraciones denigrantes y difamatorias más comunes entre las documentadas por la ONU son las que tildan a una persona de traidora a la patria simplemente por haber criticado al Gobierno, o las que resaltan supuestos vínculos entre estas personas y algún “enemigo de Venezuela”, como, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos.

En enero de 2021 se emitieron señalamientos contra varias ONG, medios de comunicación y sindicatos, que presuntamente recibieron fondos del Gobierno de Reino Unido para sus actividades legítimas de informar y defender derechos humanos. El portal de noticias de Globovisión, con línea editorial progubernamental, acusó a estas organizaciones de recibir financiamiento del gobierno británico para derrocar al Gobierno del presidente Maduro.

La Misión identificó que las declaraciones injuriosas y las acusaciones infundadas descritas arriba son regularmente hechas por las más altas autoridades del Estado, como el gobernante Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el diputado y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Muchas veces, estas declaraciones se hacen durante eventos oficiales como ruedas de prensa del presidente, actos públicos del Gobierno, y sesiones de la Asamblea Nacional.

En varias ocasiones, las autoridades venezolanas han difamado, hostigado y criminalizado a Provea y sus integrantes por su labor de defensa de los derechos humanos.

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El Mañanero del #20sep: las ocho noticias que debes conocer

La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) se opuso a la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro de que el fiscal Karim Khan paralice la investigación sobre Venezuela. En el escrito, que se publicó el 13 de septiembre y está firmado por Pasolina Massida, consejera principal,  la oficina pidió a la Sala de Apelaciones que desestime este recurso «en su totalidad».

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TSJ desestima denuncias de violencia de género dentro de las FANB

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Exigen a la FANB precisar número de aeronaves de narcotráfico neutralizadas en los últimos años

 

 

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Los venezolanos tenemos que entender que Citgo es importante para el futuro de la industria petrolera para la colocación de nuestros crudos pesados y para país, y si la perdemos, los únicos culpables serán los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por haber confiscado a empresas y emitido bonos de deuda poniendo a Citgo como garantía». Gente del Petróleo y Unapetrol.

Exigen a la FANB precisar número de aeronaves de narcotráfico neutralizadas en los últimos años
La ONG exhortó al comando castrense a «publicar oficialmente el registro de inutilización y derribo de aeronaves provenientes del narcotráfico»

La ONG Control Ciudadano exigió este lunes, 18 de septiembre, que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) aclare la información sobre las aeronaves vinculadas al narcotráfico que han sido neutralizadas en los últimos años.

Mediante una nota de prensa, la organización explicó que esta solicitud se da a fin de «hacer creíble la política de derribo e inutilización» de estos vehículos aéreos.

También, la ONG aseguró que el comando militar «no ha aportado detalles sobre la matrícula de las aeronaves inutilizadas, procedencia de las mismas, identidad de las tripulaciones, localización geográfica de las operaciones realizadas y las razones por las cuales las aeronaves fueron consideradas vinculadas al narcotráfico».

El pasado jueves, 14 de septiembre, el jefe del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez, indicó que la institución militar ha neutralizado un total de 39 aeronaves vinculadas al narcotráfico en lo que va de 2023, para un total de 362 durante un período de tiempo que no especificó, lo que Control Ciudadano pidió también precisar.

 

Además, la ONG exhortó al comando castrense a «publicar oficialmente el registro de inutilización y derribo de aeronaves provenientes del narcotráfico, aportando el mayor número de datos, para un efectivo control democrático de esta actividad, en defensa de la seguridad y defensa nacional».

El ministro de Interior, Remigio Ceballos, informó el miércoles de la detención de dos brasileños por traficar 455 kilos de cocaína en una avioneta que fue obligada a aterrizar en una «pista clandestina utilizada para el tráfico internacional de droga» en el estado Falcón.

Las fuerzas de seguridad han incautado 33,5 toneladas de drogas en lo que va de año, tiempo en el que 11.612 personas fueron detenidas, producto de 8.954 procedimientos, por delitos relacionados con el tráfico de estas sustancias, según datos oficiales.

*Con información de EFE

Oficina de defensa de las víctimas se opone a paralizar investigación sobre Venezuela en la CPI
La oficina declaró «no justificados» los argumentos del Estado venezolano de que la Fiscalía solo se limitará a indagar sobre hechos ocurridos a partir de abril de 2017

La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) se opuso a la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro de que el fiscal Karim Khan paralice la investigación sobre Venezuela.

En el escrito, que se publicó el 13 de septiembre y está firmado por Pasolina Massida, consejera principal,  la oficina pidió a la Sala de Apelaciones que desestime este recurso «en su totalidad».

Además, el texto refutó los seis motivos esgrimidos por el Gobierno para cuestionar la legalidad de la decisión de la Sala, que en junio dio luz verde a Karim Khan para reanudar sus averiguaciones sobre lo ocurrido en el país.

La instancia no halló motivos para considerar que la reactivación de las investigaciones por parte de la Fiscalía haya supuesto de «hecho o derecho» una violación a las disposiciones del Estatuto de Roma y de los procedimientos que regulan a la Corte, como en cambio alegó el gobierno venezolano.

 

«El número limitado de casos presentados por Venezuela ya proporciona una fuerte indicación de la ausencia de investigaciones internas pertinentes», se lee en el documento.

En tal sentido, según una nota de prensa de Acceso a la Justicia, de acuerdo con el principio de complementariedad, «los organismos judiciales internacionales como la CPI solo pueden actuar cuando los sistemas legales nacionales no lo hacen, cuando se demuestra que no están dispuestos o no pueden llevar a cabo realmente los procedimientos».

Sobre el cuándo y sobre lo hecho

La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas tampoco vio motivos para considerar que haya dudas sobre el alcance temporal de las investigaciones.

El  fiscal Khan desea investigar los hechos ocurridos al menos desde abril de 2017, pero las peticiones que recibió su despacho tanto de la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, como de un grupo de países de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentaban casos ocurridos en 2014.

En este sentido, la oficina declaró «no justificados» los argumentos del Estado venezolano de que la Fiscalía solo se limitará a indagar sobre hechos ocurridos a partir de abril de 2017, por cuanto en distintas comunicaciones le ha pedido información sobre otros casos anteriores.

«[El Estado] No puede argumentar razonablemente que no ha sido informado del alcance temporal de la investigación prevista por el Fiscal», señaló Massida en su escrito.

 

Otro argumento esgrimido por las autoridades venezolanas fue que la oficina desechó fue el relacionado con la «supuesta ignorancia de pruebas» que demuestren que la justicia nacional está llevando a cabo «investigaciones efectivas».

TSJ desestima denuncias de violencia de género dentro de la FANB
La máxima instancia de justicia en el país se lavó las manos en el caso de la teniente de la Aviación Daniela Correia y solo le permitió su reenganche   

 

La teniente de la Aviación, órgano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Daniela Alexandra Correia Chacín, denunció haber sido víctima de violencia de género por parte de su superior directo el coronel Luis Eduardo Padrón González, por supuestamente someterla a “violencia psicológica, acoso, hostigamiento, amenazas y violencia laboral”.

Aunque la uniformada expuso ante los investigadores y otras instancias castrenses la situación y notificó que la Fiscalía 144 con Competencia en Defensa para la Mujer le otorgó una medida de protección, nadie dentro de los cuarteles tomó cartas en el asunto.

La FANB justificó su actuación alegando que no es un órgano receptor de denuncias y que el asunto estaba en manos de la justicia penal.

El artículo 5 la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reza que “el Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar el cumplimiento de esta Ley y garantizar los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia”.

Ante la denuncia de Correia Chacín, el Tribunal Supremo de Justicia se limitó a “instar” a la institución armada a corregir esto.

«Esta Sala garante del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (…) insta al Consejo de Igualdad y Equidad de Género de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ciegfanb), para que en casos como el presente, coadyuve al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a favor del cumplimiento del dispositivo de esta decisión y oriente a los Consejos de Investigación de los componentes y a los diversos niveles de órganos de investigación y sustanciación de expedientes dentro de la Administración militar a que tomen en cuenta la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que aun no siendo órganos receptores de denuncias, las denuncias que reciban sean atendidas y conlleven la debida orientación”, reza la sentencia del TSJ.

En la sentencia nro. 721 del pasado 1 de agosto, el TSJ declaró “parcialmente con lugar” la demanda de nulidad que los abogados de Correia Chacín interpusieron contra el procedimiento disciplinario que terminó costándole su puesto en la Aviación en 2020.

Denuncias sin investigación

La separación de la FANB fue anulada por la Sala Político Administrativa del máximo juzgado, sin embargo, las denuncias hechas por la teniente nunca fueron investigadas en el seno castrense.

La Sala Político Administrativa anuló el despido de la oficial y ordenó su reenganche, tras considerar «falaz» el argumento de las autoridades militares de que forjó los informes médicos para evadir realizar actividades físicas

El Consejo de Investigación (tribunal disciplinario militar) concluyó que Correia Chacín incurrió en la falta prevista en el numeral 4 del artículo 37 de la Ley de Disciplina Militar que castiga el “ocultar, encubrir o falsear la verdad en cualquier asunto o acto del servicio”.

El TSJ halló que este razonamiento era incorrecto, porque ciertamente desde el Hospital Militar Coronel Elbano Paredes Vivas y el Centro de Adiestramiento Fisiológico y Medicina Aeroespacial se emitieron informes médicos en los que se aseguraba que la teniente sancionada no estaba en condiciones de realizar.

La impunidad de la violencia contra la mujer queda en evidencia en informes de la sociedad civil, donde se expone que en lo que va de 2023 se han registrado 121 femicidios y el Ministerio Público ha contabilizado 628 desde 2018.

Con información de Acceso a la Justicia

 

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Alertan que Citgo está en riesgo de perderse por deudas contraídas irresponsablemente por la revolución
El gobierno de Hugo Chávez ofreció a Citgo como garantía ante un préstamo ruso y unos bonos emitidos por Pdvsa

Las organizaciones Gente del Petróleo y la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus Derivados (Unapetrol) advirtieron que la corporación Citgo está en riesgo de perderse por deudas contraídas «irresponsablemente» por la revolución.

Mediante un comunicado, las ONG consideraron importante que los venezolanos conozcan la historia de Citgo como empresa venezolanapara comprender la situación real que vive esta corporación.

«Cuando se nacionalizó el petróleo en 1976, uno de los problemas fundamentales a resolver fue el mercadeo de los crudos pesados. En 1982, Pdvsa inició la exitosa política de Internacionalización, que consistía en comprar refinerías en el extranjero para facilitar la difícil colocación de crudos pesados. El crudo fluiría desde los pozos en Venezuela, hasta las refinerías en el extranjero y de allí, directamente a los centros de consumo más importantes del mundo occidental», señala el texto.  

 

Entre las instalaciones adquiridas estaba Citgo en Estados Unidos. Se trata de un conjunto de refinerías, terminales y centros de distribución que servían a miles de gasolineras. Ya para 2005, Citgo poseía 8 refinerías, 60 terminales y una red de distribución conformada por casi 15.000 estaciones de servicio, más del 10 % del mercado norteamericano. Además, tenía contratos por más de 1 millón de barriles diarios por diez años.

Sin embargo, en 2006 el gobierno de Hugo Chávez vendió buena parte de Citgo. «Su gobierno no consideraba estratégicas las refinerías en el extranjero. Realmente no les interesaba una Pdvsa de primer mundo y en el primer mundo, sino una en vías de extinción como la que padecemos. Debido a ese procedimiento irracional Citgo comenzó a funcionar al ritmo de la decadente Pdvsa revolucionaria», alertaron.

 

Ya para el 2016, alertaron Gente del Petróleo y Unapetrol, el chavismo «utilizó a Citgo como caja chica, al igual que había hecho por años con Pdvsa en Venezuela».

Como consecuencia de lo anterior, «la empresa se endeudó, y le enviaron al gobierno venezolano, bajo la figura de dividendos sin haber obtenido ganancias para soportar esos dividendos, 2,200 millones de dólares, que vaya usted a saber en qué se gastaron y además contribuyeron a debilitar a la empresa».

Pero además, la revolución ofreció a Citgo como garantía ante un préstamo ruso y unos bonos emitidos por Pdvsa. «Casi se pierde Citgo en manos de los deudores y de la proverbial ineficiencia del régimen», añade el texto.

En el 2019, Citgo pasó a manos de Pdvsa ad hoc. Según las ONG, «venezolanos capaces, con experiencia y una honestidad a toda prueba, comenzaron su recuperación».

«Bajo su nueva gerencia Citgo empezó a revertir sus nefastos resultados a pesar de los problemas ambientales y la pandemia. Gracias a la sana administración de Pdvsa ad hoc desde 2019, el valor de Citgo se multiplicó casi por tres, de 4.000 a 11.000 millones de dólares, e incrementó su capacidad de procesamiento al porcentaje récord en su historia de 97 %», dice el comunicado.

 

Sin embargo, algunas empresas expropiadas por el chavismo, cuyos dueños no fueron compensados (confiscadas), han acudido a los tribunales norteamericanos y están autorizadas a partir de octubre, a comenzar procesos de embargo contra las acciones de Citgo que detenta Pdvsa.

Ante esta situación, Pdvsa ad hoc «está intentando negociar las deudas para salvar la empresa de esas demandas, que se estima crezcan con el tiempo. En ese sentido, apeló ante la Corte Suprema de Justicia de EEUU la decisión del tribunal de Delaware».

Finalmente, las organizaciones Gente del Petróleo y Unapetrol reconocen que Citgo «está en riesgo de perderse por deudas contraídas irresponsablemente por la revolución».

«Los venezolanos tenemos que entender que Citgo es importante para el futuro de la industria petrolera para la colocación de nuestros crudos pesados y para país, y si la perdemos, los únicos culpables serán los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por haber confiscado a empresas y emitido bonos de deuda poniendo a Citgo como garantía».

*Nota de prensa

En los primeros siete días de septiembre hubo una acción femicida cada 24 horas
Tres femicidios consumados y cuatro en grado de frustración, son los casos que ha registrado la organización en apenas siete días del mes de septiembre 

 

El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) informó este lunes que en los primeros siete días del mes de septiembre se registraron tres femicidios consumados y cuatro en grado de frustración en Venezuela.

De acuerdo al monitoreo que realiza el observatorio, se pudo determinar que en promedio, hubo una acción femicida cada 24 horas.

El Observatorio Digital de Femicidios insistió en que la comprensión del feminicidio o femicidio depende, en gran medida, “de la existencia de información mediante registros detallados y fiables que permitan identificar las características de la víctima, el victimario, la relación entre ellos, el entorno, las motivaciones y las pautas de comportamiento, entre otros aspectos”.

La organización además reiteró que las investigaciones, la recolección de datos y su análisis, son fundamentales para evaluar la situación de la violencia contra las mujeres y desde sus resultados realizar propuestas para las diferentes intervenciones del Estado venezolano.

 

Alerta Femicidios Septiembre 2023 TWITTER

Agosto violento 

Según cifras de Cepaz, en los primeros siete meses del 2023 se documentaron 160 femicidios consumados y 93 femicidios en grado de frustración, es decir, cada 19 horas hubo una acción femicida en el país. 

En su informe publicado el 11 de septiembre, la ONG registró que las regiones con más acciones femicidas fueron el Zulia (con 20 femicidios consumados y 7 femicidios frustrados), Distrito Capital (con 17 consumados y 10 frustrados) y Bolívar (con 10 asesinatos motivados al género de la víctima y 15 acciones femicidas).

La ONG constató que los casos de femicidios a menores de edad ya sobrepasó el registro de todo el año pasado. El 2023 ya supera en 13 % a todo lo registrado el año pasado. 

primeros siete días