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Advierten que ley contra las ONG también afectaría a sindicatos, gremios y fundaciones
La ley contra las ONG que discute el chavismo restringe de facto el derecho de asociación y podría afectar a otras organizaciones, como sindicatos, gremios y fundaciones privadas 

 

El proyecto de ley contra las ONG se lo podrían aplicar también a las organizaciones sindicales «y so la van a ir aplicando a otras formas organizativas que existen en el país», declaró a EFE el coordinador legal de Provea, Marino Alvarado 

La creación de una ley que fiscalice la actuación y el financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro de Venezuela, aprobada recientemente por el Parlamento de mayoría chavista, tiene como meta, de acuerdo con varias ONG, restringir de facto el derecho de asociación, partiendo de la premisa de que cometen algún tipo de ilícito.

El coordinador legal de la ONG Provea, Marino Alvarado, dijo a EFE que este proyecto de ley, que debe pasar por una segunda discusión para su aprobación final, presume que las organizaciones realizan actividades ilícitas o que el financiamiento que reciben es usado para asuntos contrarios a la ley.

«Se parte del criterio (…) de que nosotros somos culpables, entonces nos corresponde, a través de una serie de procesos, demostrar que eso no es así. Se parte del criterio de que recibimos fondos para actividades desestabilizadoras (…) es decir, todo el principio de presunción de inocencia lo revierten, aquí hay un principio de culpabilidad», explicó.

El diputado Diosdado Cabello, considerado número dos del chavismo, presentó la propuesta con el argumento de que las organizaciones no gubernamentales que operan en el país «tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización».

Una ley que limita

Cabello agregó que, luego de una revisión, encontraron 62 ONG que operan con «fines absolutamente políticos» en Venezuela y que «reciben financiamiento de organismos de otras naciones», entre los que mencionó a Provea.

Alvarado sostuvo que el hecho de que ya haya una lista «pone en evidencia, primero, que es una ley que tiene como finalidad la persecución; segundo, es discriminatoria, si ya empiezan a discriminar a qué organizaciones hay que atacar y a qué organizaciones se les pudiera dar cierta permisibilidad».

Además, el proyecto de ley contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.

El director de la asociación Civilis, Mario D’andrea, dijo a EFE que el proyecto legislativo impone una serie de registros de «imposible ejecución».

«Uno de los límites que establece la ley es que si trabajas en Caracas y te registras en Caracas, no puedes trabajar en Bolívar. ¿Qué pasa con esas organizaciones que trabajan con ayuda humanitaria? ¿Tienen que hacer un registro en cada estado donde trabajan? Imagina la burocracia que eso implicaría», comentó.

Explicó que en 2021, hicieron un estudio sobre 60 organizaciones en el que el 90 % reportó algún tipo de limitación para desarrollar su trabajo, porque -afirmó- hay trabas en los registros cuando los objetivos de la asociación son los derechos humanos, civiles y políticos.

D’andrea añadió que el chavismo parte de una «premisa falsa», al decir que las ONG no están reguladas, porque la ley establece los requisitos para que se puedan registrar y adquirir personalidad jurídica, donde se conocen sus miembros y objetivos.

«Si uno mira la Ley de Impuestos sobre el Valor Agregado, la Ley de Impuesto sobre la Renta, la circular de la Sudeban (Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario), más otro número de normativas muy amplias, ves que la sociedad civil (…) ya presta una información al Estado», indicó.

No solo afectará a las ONG 

Ambos activistas señalan que la ley, de aprobarse finalmente, no solo se podrá aplicar a las ONG, al incluir el término «afines» en el título, que puede extenderse, a su juicio, a diferentes tipos de organizaciones y asociaciones, como sindicatos, gremios de profesionales o fundaciones de empresas privadas.

«Aunque se habla de ONG, este es un proyecto de ley que, dentro de poco, se lo van a aplicar también a las organizaciones sindicales y se la van a ir aplicando a otras formas organizativas que existen en el país, porque en el fondo lo que busca es que no haya acción independiente de la ciudadanía y todo esté controlado por el Estado», subrayó Alvarado.

Agregó que la cooperación internacional también le llega a organizaciones que trabajan con el deporte, con la ciencia, y la academia en general.

«Es una ley que termina afectando a las personas más pobres (…) es una ley contra la atención a las personas que más necesitan en un país que tiene una emergencia humanitaria compleja y que, al contrario, el espíritu del Gobierno debería ser contribuir a que todas las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando con los sectores más vulnerables se puedan fortalecer», apostilló.

Con información de EFE

Nueve casos de COVID-19 y un fallecido en el balance oficial del #08Feb
En la jornada se reportó un caso menos que en el día previo

 

 

En el balance oficial de este 8 de febrero se notificaron nueve casos de COVID-19 en toda Venezuela y un fallecido.

En Zulia, murió un hombre de 60 años debido a complicaciones de la enfermedad. Mientras que los casos detectados se encuentran en Aragua (3), Caracas (2),  y en Yaracuy, Sucre, Cojedes y La Guaira, uno en cada entidad.

En la actualidad hay 513 casos activos de COVID-19 en Venezuela y 40 pacientes están internados en Unidad de Cuidados Intensivos. 

A 1.060 días de la pandemia por COVID-19, los casos totales confirmados ascendieron a 551.666 y los fallecidos a 5.851.

 

El Mañanero del #9Feb: las ocho noticias que debes conocer

Las reservas internacionales, el tanque de divisas que el Banco Central utiliza para pagar importaciones, cancelar la deuda de la república y ofertar dólares a la economía se ubica en mínimos históricos tras la venta de buena parte del oro y el ínfimo monto del efectivo.

Alertan que grupos armados intentan invadir comunidad indígena en Amazonas
Miembros de la comunidad Pendare Autana, en Amazonas, denunciaron que grupos irregulares quieren invadir sus territorios. De ese lugar era Virgilio Trujillo, el líder indígena asesinado en junio de 2022 por desconocidos
La guardia territorial indígena exige la presencia de los cuerpos de seguridad y del Ministerio Público

 

Indígenas de la comunidad de Pendare Autana denunciaron que grupos armados estarían intentando invadir sus territorios  en Amazonas.

En su cuenta en Twitter el coordinador de Pueblos Indígenas del Foro Penal, Olnar Ortiz, reportó que   “grupos irregulares” han estado “hostigando” a los residentes de la referida comunidad.

Radio Fe y Alegría informó que un grupo de civiles indígenas organizados y sin armas de fuego, al que denominan la Guardia Territorial Indígena, han logrado, por ahora, disuadir a los irregulares. 

No obstante, la comunidad indígena exige la presencia de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.

El territorio afectado fue el que defendió en vida Virgilio Trujillo

Ortiz Bare precisó que el grupo irregular está intentando tomar el mismo territorio que, en vida,  defendió el líder yanomami, Virgilio Trujillo.

Como se recordará Trujillo fue asesinado por desconocidos el 30 de junio de 2022 en Puerto Ayacucho, capital de Amazonas.

A Trujillo se le atribuía la  creación de la Guardia Territoriales Indígenas en Sipapo, su comunidad natal.

El concepto del grupo era defender el ambiente de sus tierras y frenar el paso de combustible y provisiones que se trasladan al Alto Guayapo.

Ese lugar, especifica Fe y Alegría, es una de las zonas mineras de mayor explotación ilegal por parte de grupos irregulares extranjeros y nacionales, de acuerdo con las denuncias de los indígenas Uwottuija.

El caso de Trujillo sigue sin resolverse. Hasta la fecha, no hay capturados por el caso.

Comisionado de la ONU denunció situación de pueblos indígenas

Al terminar su visita a Venezuela, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el pasado 28 de enero la situación de los pueblos indígenas en el país.

En sus declaraciones, denunció que  “ven amenazados sus medios de vida, su cultura, e incluso,su propia existencia debido a las operaciones mineras, las organizaciones dedicadas al narcotráfico y los grupos armados ilegales”.

Venezolanos, la tercera nacionalidad que más ha cruzado el Darién en lo que va de 2023
Más de 31.000 migrantes irregulares han cruzado el Darién en lo que va de 2023. Los nacionales de Haití son el grupo migrante más numeroso hasta ahora con 12.585 personas, seguido de Ecuador (8.240), Venezuela (3.535),  India (641) y Colombia (465)
En 2022, la nacionalidad venezolana (150.327) lideró el paso histórico por el Darién con 248.284 migrantes irregulares por la selva. Pero desde octubre de ese año, la cifra se ha reducido de forma importante tras las medidas migratorias de EEUU

 

Más de 31.000 migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica han cruzado en lo que va de año la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, casi la misma cantidad que en los primeros 5 meses de 2022, de acuerdo con las estadísticas oficiales panameñas.

Desde el 1 de enero hasta la madrugada de este miércoles un total de 31.610 migrantes en movilidad habían atravesado la jungla, de 266 kilómetros, según datos facilitados a EFE por el Servicio Nacional de Migración (SNM). Entre enero y mayo de 2022 la cifra llegó a 33.819.

El 15 % de los viajeros en lo que va de este año son «personas en especial estado de vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes», precisó este miércoles a EFE la subdirectora del SNM, María Isabel Saravia.

Sólo en enero pasado llegaron a la provincia panameña de Darién 24.634 personas, más del quíntuple que en el mismo mes del año pasado. Y en lo que va de febrero lo había hecho 6.976, de los cuales 1.156 arribaron el martes.

Venezolanos, la tercera nacionalidad que más cruza

Los nacionales de Haití son el grupo migrante más numeroso hasta ahora con 12.585 personas, seguido de Ecuador (8.240), Venezuela (3.535), India (641) y Colombia (465).

El resto de los viajeros proceden de más de 30 países del mundo, incluidos suramericanos, asiáticos y africanos.

«Este año hemos tenido un incremento de ciudadanos extracontinentales, que entran al continente americano por el Sur. Hemos tenido un incremento de ciudadanos colombianos y ecuatorianos», comentó Saravia.

En 2022, la nacionalidad venezolana (150.327) lideró el paso histórico de 248.284 migrantes irregulares por la selva, seguido de Ecuador (29.356) y Haití (22.435); en 2021, fueron los haitianos, y años antes, en la crisis de 2015-2016 fueron los cubanos.

Las restricciones impuestas por Estados Unidos al ingreso de migrantes venezolanos irregulares a mediados de octubre pasado frenó la avalancha de estos, lo que quedó evidenciado en las cifras de viajeros cruzando el Darién: de 59.773 en ese mismo mes cayeron a 16.632 en noviembre de 2022.

La dinámica sobre las nacionalidades que más cruzan la selva «esperamos que sea cambiante a lo largo del año. Va a depender de las políticas (migratorias) de Estados Unidos y Canadá, que son los principales destinos»,así como también de que terceros países «abran libre visado», dijo la subdirectora de Migración de Panamá.

«Calculamos que las cifras en el 2023 no van a bajar por diversas causas: sociopolíticas, geográficas, cambio climático, era poscovid, temas de oportunidades, la guerra» en Ucrania, valoró.

OIM pide no olvidarse de la migración venezolana

El pasado 28 de enero, Ee director de la Organización Internacional de Migraciones (OIM),  António Vitorino, pidió al mundo no olvidarse de la crisis migrante venezolana, una de las más graves de los últimos años.

En entrevista con la agencia EFE, recordó las necesidades urgentes que amerita la crisis migrante venezolana, por su impacto en casi toda América Latina.

Citó Vitorino los casi 2,5 millones de venezolanos en Colombia, los 1,7 millones en Perú, otros 400.000 en Brasil e igual número en Chile, y cerca de 700.000 en Ecuador.

El funcionario de la OIM también recordó que casi 6 de cada 10 personas de quienes arriesgan sus vidas en el Darién son venezolanos.

Con información de EFE

Acceso a la Justicia: Ley contra las ONG es una amenaza para cualquier expresión de la sociedad civil
La ONG advierte que, de la forma en que están redactados los artículos del proyecto, «no solo serán afectadas por el texto organizaciones, sino un universo enorme de organizaciones civiles

 

Este miércoles, 8 de febrero, la ONG Acceso a la Justicia denunció que la ley que impone el gobierno de Nicolás Maduro en contra de las Organizaciones No Gubernamentales, es una amenaza para cualquier expresión de la sociedad civil. 

En una nota de prensa, la ONG aseguró que la amplitud con la que está redactado el texto lo convierte en una amenaza y muestra una vocación totalitaria del partido de Gobierno. 

Acceso a la Justicia aseguró que el chavismo busca controlar a todas las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela, por lo que «afectará a casi la totalidad de las organizaciones civiles sin fines de lucro existentes, sean estas de hecho o de derecho».

«Atañe a casi todas las instancias de la sociedad civil organizada, sin importar si son de derechos humanos, asistenciales, humanitarias, educativas, culturales o se dediquen a cualquier otro ámbito, siempre que no estén reguladas por leyes especiales, tales como sindicatos o gremios», señala el escrito.

Acceso a la Justicia advierte que, de la forma en que están redactados los artículos del proyecto, «no solo serán afectadas por el texto organizaciones (que defienden derechos humanos), sino un universo enorme de organizaciones civiles sin fines de lucro sin importar su objeto».

En este sentido, la ONG cree que fundaciones empresariales, clubes sociales, instituciones y agrupaciones deportivas «serán consideradas organizaciones no gubernamentales y deberán inscribirse en el nuevo registro (previsto en la ley), pues de lo contrario no podrán funcionar».

Lo que se traduce en que todas estas organizaciones deberán cumplir «la avalancha de trámites» que contempla el proyecto legal, pues, de lo contrario, podrían ser objeto de multas de hasta 12.000 dólares.

El chavismo ha reiterado que numerosas ONG funcionan como operadores políticos en contra de la revolución bolivariana, por ello busca establecer mecanismos que permitan identificar la procedencia de las donaciones que reciben.

*Con información de Efe

Acnur advierte que hay mayor complejidad en los flujos de migración venezolana
La semana pasada se presentó el capítulo de Ecuador del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2023-2024

Giovanni Bassu, representante residente de Acnur en Ecuador,  advirtió que los flujos de la migración venezolana se han vuelto más complejos.

En entrevista con EFE, Bassu dijo que se requieren 300 millones dólares para atender, solo en este 2023, las necesidades humanitarias y de integración de más de medio millón de venezolanos en territorio ecuatoriano.

Además, señaló que la población venezolana sigue trasladándose hacia el sur, en dirección a Perú y Chile, también hay traslados internos en Ecuador, ingresos desde Perú por la crisis que atraviesa ese país, y también salidas desde Ecuador a Colombia.

También, indicó que aquellos que pasan a Colombia van en la mayoría de casos de retorno a Venezuela, pero «son movimientos pendulares, gente que va por unas semanas o un mes a hacer un trámite administrativo o a visitar a la familia para luego regresar, o a por un documento para seguir después a Estados Unidos».

«La complejidad es enorme. Hay en todas las direcciones, y eso hace la labor humanitaria aún más difícil, porque es mucho más complicado ver dónde es mayor el flujo y cuáles son las necesidades», añadió Bassu-

La integración es la mayor prioridad

La semana pasada se presentó el capítulo de Ecuador del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2023-2024, a cargo del Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes (GTRM), que lideran Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones.

Este plan señala que se necesitan unos 300 millones de dólares solo este año en Ecuador para cubrir las necesidades de este colectivo.

Bassu hizo un llamado a donantes internacionales, especialmente a organismos multilaterales, para que se sumen a dar respuesta a la emergencia, que ahora tiene como principal prioridad la integración, lo que abarca el acceso a servicios básicos.

«Vemos nuestro trabajo como facilitar esta labor de tener todos los recursos humanos de un país enfocados en el crecimiento y recuperación económica», dijo el representante en Ecuador de la agencia de la ONU.

En ese sentido, valoró el proceso de regularización migratoria que emprendió el Gobierno de Ecuador el año pasado para dar un estatus migratorio regular a cientos de miles de venezolanos a los que se les había caducado el anterior permiso de residencia o que, directamente, no tenían uno.

«Ojalá se abra también el proceso pronto también para los que no han tenido visa y han sido irregulares desde su ingreso. La gran mayoría han entrado irregularmente al país», señaló.

*Con información de EFE

Más de 11.000 muertos en Turquía y Siria por los terremotos
Los equipos de ayuda han logrado rescatar a unas 8.000 personas con vida de los casi 6.000 edificios destruidos

 

Más de 11.000 personas han fallecido producto de los devastadores terremotos que ocurrieron el pasado lunes, 6 de febrero, en Turquía y Siria. 

De los 11.200 muertos contabilizados este miércoles, 8.574 se registran en Turquía y 2.662 en Siria. Además hay más de 42.000 heridos y muchos de los servicios básicos en la región están destruidos.

En Turquía, donde tuvieron su epicentro los temblores de magnitud 7,7 y 7,6, el último recuento oficial sitúa la cifra de heridos en más de 38.200.

Los equipos de ayuda han logrado rescatar a unas 8.000 personas con vida de los casi 6.000 edificios destruidos.

Hasta el momento, se han contabilizado 435 réplicas de menor intensidad en las zonas afectadas en las que trabajan más de 60.000 personas en tareas de rescate y desescombro.

En Siria la cifra de muertos por los terremotos ascendió este miércoles a 2.092 y el número de heridos se eleva ya a 4.049, mientras que cientos de personas continúan atrapadas.

Turquía declaró 3 meses de emergencia

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró tres meses de emergencia en las «10 provincias donde ocurrió el sismo como zonas de desastre».

A través de twitter, Erdogan explicó que la medida tiene «el fin de garantizar que las actividades de búsqueda y rescate y las labores posteriores se puedan realizar con rápidez».

*Con información de Efe