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Calculan que 2023 cerrará con más de 32.000 muertes por cáncer en Venezuela
De acuerdo con las cifras de la SAV, Venezuela cerrará 2023 con 32.229 decesos y 80.698 nuevos casos de cáncer
Próstata, mama y pulmón son los tipos de enfermedades oncológicas que ocupan los primeros lugares en incidencia y mortalidad en Venezuela
En la mujer venezolana, las enfermedades oncológicas que le afectan están apareciendo en edades más tempranas, al igual que los fallecimientos

 

El cáncer se mantiene como la segunda causa de muerte en Venezuela, después de las enfermedades cardiovasculares, y se calcula que la mortalidad se ubique en 32.229 personas para el cierre de 2023, mientras que la incidencia alcance a 80.698 nuevos casos en el año, según los datos proyectados por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV).

Dichas cifras fueron incluidas en el boletín general anual que presentó la SAV durante el primer día de las
recientes Jornadas Científicas realizadas por la institución a finales del mes de noviembre. 

El presidente de la SAV, doctor Cono Gumina, precisó que “a nivel mundial la incidencia y la mortalidad por cáncer cada día aumenta más, y son pocos los países en los que se ha logrado disminuir la cantidad de
decesos por esta enfermedad”.

Para el 2023, de acuerdo con las estimaciones mundiales, se registrarán unas 13 millones de muertes a causa de esta enfermedad y unos 24 millones de casos nuevos. 

Próstata, mama y pulmón lideran las estadísticas en Venezuela

La investigadora del Centro de Estadística y Matemática Aplicada (CEsMA) de la Universidad Simón Bolívar (USB), doctora Desireé Villalta, indicó que, en Venezuela, los tres tipos de cáncer más destacados por incidencia y mortalidad son el de próstata, mama y pulmón.

Aclaró Villalta que por cáncer de próstata se calcula que la mortalidad se ubique en 3.994 personas y que la incidencia alcance 8.921 casos; por cáncer de mama se estiman 3.515 fallecimientos y una morbilidad de 8.691, mientras que por cáncer de pulmón se pronostican 2.807 defunciones masculinas y 2.185 femeninas y 3.401 casos nuevos en hombres y 2.271 en mujeres.

 Villalta precisó que para el informe se evaluaron 14 tipos de cáncer: de próstata, mama, cuello uterino, cuerpo del útero, ovarios, colorrectal, colon, recto, estómago, pulmón, hígado, páncreas, esófago y leucemia.

De acuerdo con el estudio conjunto de la SAV y el CEsMa, el grupo etario con mayor incidencia de cáncer es el de 55 a 64 años, mientras que se prevé que la mayoría de los decesos suceda después de los 75.

El cáncer está apareciendo más temprano en las venezolanas

El informe llamó la atención sobre el hecho de que en la mujer venezolana, las enfermedades oncológicas que le afectan están apareciendo en edades más tempranas, al igual que los fallecimientos.

Por ejemplo, la incidencia del cáncer de mama se ubica principalmente entre los 45 y 54 años, y la mortalidad entre los 55 y 64. Asimismo, los nuevos casos de cáncer de cuello uterino están sucediendo entre 35 y 44 años, y los decesos entre los 45 y 54 años.

Añadió que, aunque no es la clase de cáncer más común, la leucemia también se está presentando con mayor frecuencia en edades tempranas, de modo que su incidencia se ubica en menores de 15 años, y se calcula que la mortalidad ocurra después de los 75.

Claves │Tasa de escolaridad actual es la más baja desde 2014
De acuerdo con datos revelados por la Encovi 2022, solo 63 de cada 100 personas entre 3 y 24 años asistían a un centro educativo, siendo la tasa de escolaridad más baja desde 2014

Foto: Caleidoscopio Humano 

Caleidoscopio Humano, junto con Monitor Descave, publicó el pasado noviembre su cuarto informe sobre  la crisis del sector educativo en Venezuela. En el mismo se apuntó a diversos ítems que han trastocado la tasa de escolaridad en la educación básica, media y superior del país.

«Pocas semanas han transcurrido desde que iniciaron las actividades escolares en Venezuela y son varios los obstáculos a los que se enfrentan los estudiantes que no se pueden pasar por alto», así da inicio el texto que habla sobre deterioro de las infraestructuras, falta de profesores, deserción y hasta falencias en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

De acuerdo al informe, escuelas públicas, e incluso privadas, carecen de las competencias mínimas en algunas áreas. Por lo que muchos alumnos son reprobados en matemáticas y habilidades verbales, tanto en el país como fuera de él.

Desde Runrun.es resumimos en las siguientes claves lo más destacado del informe Educación en Crisis: retos y desafíos en el acceso a la educación en Venezuela.

Abandono de las aulas de clase

Las principales consecuencias de la crisis en el sistema educativo se han visto reflejadas, directamente, en tres puntos: alumnos, profesores y la economía.

En el informe de Caleidoscopio Humano se menciona que el 43% de los planteles reportó falla de profesores. Sobre todo en educación inicial y primaria. «Más del 50% de los docentes han abandonado las aulas debido a, entre otros factores, la precarización salarial».

Asimismo, para agosto de 2023, Antonio Hannawi, director principal de la cadena de librerías “El Mundo del Libro”, sostuvo que la demanda de útiles escolares registró una disminución del 40% con respecto al 2022, y aseguró que a los padres se les dificulta adquirir las listas escolares completas.

Esto factores se ve reflejados directamente en los números de los estudiantes. Según estimaciones de la organización Hum Venezuela, el abandono de los niños del sistema educativo se «incrementó de un 13% a un 21,4% en 2021, descendiendo la asistencia educativa a 3,6 millones de niños, niñas y adolescentes entre 2020 y 2021».

Las principales causas señaladas que afectan la tasa de escolaridad son la migración forzada, la deserción escolar y la pandemia de covid-19.

Con hambre no se puede estudiar bien

Uno de los puntos más llamativos del texto pasó por la poco balanceada alimentación que reciben los niños, niñas y adolescentes en los recintos educativos. «Harina amarilla, arroz, pasta, arveja, café, mortadela en lata y pollo. Estos son algunos de los escasos alimentos que están llegando a las escuelas públicas a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE)», detallan.

Esta dieta, afirma el informe, se traduce en que los «niveles de desnutrición y malnutrición en Venezuela son alarmantes». En el último informe anual presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la inseguridad alimentaria en Venezuela pasó de un 2,5% (2010-2012) a un 22,9% (2019-2021). Un incremento de más del 20%.

Elizabeth Lizcano, nutricionista del Hospital Universitario de Los Andes, señaló que es común encontrar niños con malnutrición en los centros educativos y, tras consumir alimentos no adecuados y bebidas como café en niños menores de 12 años.

Esto último se correlaciona directamente con lo expuesto en un informe de Cáritas Venezuela: el 28,1 % de los infantes menores de 5 años en Venezuela tienen retraso en el crecimiento.

Minorías escolares lo tienen aún peor

En Venezuela cerca de 140.000 personas tienen alguna discapacidad. Consorven reveló que, de 176 personas con discapacidad, el 88% disminuyó sus actividades académicas en la cuarentena por fallas de conectividad o las barreras comunicacionales en el contenido.

De acuerdo al informe, aproximadamente el 50% de las personas con alguna discapacidad no tienen el carnet de calificación y certificación de discapacidad (carnet Conapdis. Esto trae como consecuencia que los jóvenes que no cuentan con el documento se le niega el acceso a derechos como la educación, atención médica adecuada y obtención de beneficios socioeconómicos.

«Las niñas, niños y jóvenes venezolanos se ven obligados a abandonar el sistema educativo tradicional ante la inacción del Estado frente a sus realidades», aseveran el informe.

También se destacó el registro de 305 violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad entre enero y diciembre del 2022, llevado a cabo por la Confederación de Sordos de Venezuela.

La gran deuda: derechos de los profesores en Venezuela

A principios de octubre la ministra de Educación de Venezuela, Yelitza Santaella, aseguró que en el año escolar 2023-2024 se implementaría un código QR en los planteles educativos para revisar la asistencia de los docentes.

En respuesta, los profesionales de la educación rechazaron este nuevo mecanismo, calificándolo como una grave vulneración a sus derechos labores y considerándolo como una acción de persecución ante el gremio que ha protagonizado las principales protestas en el país en los últimos dos años.

Recordemos que, de acuerdo al economista Manuel Sutherland, «el salario venezolano es el cuarto más bajo del planeta, detrás de Ruanda, Burundi y Uganda». Esto ha sido un punto clave de las constantes protestas de los profesores por sus derechos en el último par de años.

Decadencia en la infraestructura de las instituciones

Finalmente, en cuanto al estado de los distintos recintos educativos en el país, los datos no fueron más alentadores. «Las fallas eléctricas están presentes en el 38 % de las escuelas encuestadas, el 72,2% reporta deterioro o ausencia del servicio de conexión a internet y 49,6 % tiene un mal servicio o no dispone de suministro de gas».

Por si fuera poco, el 46% de las escuelas cuenta con un servicio de agua insuficiente para atender a la matrícula y el 25% no reciben servicio de agua. Se acusa a esta problemática como la causa más recurrente de la suspensión de clases.

Estados como Bolívar, Lara, Miranda, Zulia y Anzoátegui son las más afectadas por la falla del servicio de agua.

Hace tan solo unos meses, La Federación Venezolana de Maestros (FVM), advirtió en octubre que el primer día de clases se registró un 80% de inasistencia de estudiantes en las aulas y que las escuelas no estaban en condiciones para recibir jóvenes.

La educación superior no escapa de esta realidad. FUNDAREDES, en su informe De la excelencia a la decadencia, compartió que en la última década el gobierno venezolano ha disminuido en casi un 98 % el presupuesto de 72 universidades públicas del país.

ONG en Venezuela cargan con el peso de la defensa de los derechos humanos
Ante la incompetencia del Estado, las organizaciones no gubernamentales han asumido la lucha por los derechos fundamentales del venezolano como acceso a la justicia, alimentación, salud, salario digno y libertad de expresión 
En el Día Universal de los Derechos Humanos, ONG celebran el compromiso de sus empleados y voluntarios en pro del rescate de la calidad de vida del venezolano

 

Cada 10 de diciembre se celebra en el mundo el Día Universal de los Derechos Humanos, en vista de que en una fecha como esta en París durante 1948 fue proclamada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la declaración universal de los DDHH que establece respeto a los derechos fundamentales de todas las personas independientemente de su raza, género, creencia religiosa, posición política, idioma o tendencia sexual.  

En Venezuela, diversas organizaciones nacionales e internacionales han denunciando que constantemente el Estado viola los derechos básicos de la población, persigue y encarcela a la disidencia política, criminaliza la protesta, incumple el mandato constitucional de garantizar un salario digno, acceso a la salud y servicios básicos. Además, es investigado en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad que incluyen supuestos asesinatos sistemáticos en el marco de protestas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles e inhumanos a privados de libertad.

En Runrunes consultamos a varios miembros de ONG encargadas de velar por el respeto a los derechos humanos y expusieron sus alcances, desafíos e igualmente el trabajo que se debe hacer para recuperar la calidad de vida del venezolano en el marco de una emergencia humanitaria compleja.

Cascarones vacíos

Para Laura Louza, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, las instituciones en Venezuela son una especie de cascarones vacíos: «No responden a las peticiones de los ciudadanos”, dijo la abogada.

Louza sentenció que desde su fundación, la misión de Acceso a la Justicia es la de denunciar irregularidades que se cometen en materia legal. 

“Explicar temas complejos como lo de la Corte Penal Internacional, para que estemos conscientes de los derechos que tenemos, estamos atentos en todo momento a lo que hace el Estado”, agregó.

De acuerdo con Louza, la falta de institucionalidad en Venezuela ha acelerado la emergencia humanitaria compleja.

“El Gobierno no asume responsabilidades y se escuda en pretextos como las sanciones internacionales, quizás en el mediano plazo el poder tenga que cambiar su manera de gobernar, pareciera que hay un descontento grande, al final le pedimos al Gobierno que recapacite, que se dedique al ciudadano”, sumó.

La abogada aseveró que este año, el Gobierno venezolano quedó expuesto ante organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminacion contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés), la CPI, la Misión de Determinación de Hechos y la oficina del Alto Comisionado para los DDHH.

“Las recomendaciones de cada uno de estos cuerpos son muy valiosas, cada vez se abren más mecanismos para tomar en consideración los atropellos que se cometen en Venezuela. Nuestra expectativa es que el Gobierno entienda que no son críticas destructivas sino constructivas. No importa quién esté en el poder, lo importante es que se respeten los DDHH, que no se reprima a la gente por pensar distinto ni por reclamar derechos fundamentales”, recalcó. 

Recordar también es hacer justicia

Estar al lado de las víctimas y sus familiares es la labor de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, cuya coordinadora general es Martha Tineo.

“En la búsqueda de justicia tanto en instancias nacionales como internacionales. En el caso de los presos políticos, procurar que sean liberados y que los crímenes de tortura sean juzgados y condenados, que no haya impunidad, propiciar garantías de no repetición”, amplió Tineo al explicar la misión de su organización. 

Tineo indicó que la capacidad de atención a las víctimas y familiares de JEP en comparación con la del aparato gubernamental es mínima: “No podríamos pretender reemplazar al estado en sus funciones”.

La experta en sistemas de justicia expuso que la organización que dirige ha hecho esfuerzos, especialmente en el marco de la emergencia humanitaria compleja, para documentar casos de violaciones a DDHH ante instancias como la Misión Independiente de la ONU.

“No podemos garantizar justicia a las víctimas, lo que hacemos es que ante esa omisión por parte del Estado, documentamos, preparamos a las personas para enfrentar procesos en instancias internacionales”, acotó. 

Tineo sentenció que gracias a la labor de las ONG, las víctimas han podido exponer sus casos ante instancias internacionales en pos de conseguir justicia.

“A pesar de que ha sido un año duro hemos avanzando, lamentablemente eso no se traduce en la obtención de justicia, pero a partir de actuaciones independientes de las ONG, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó al Fiscal a seguir su investigación sobre Venezuela, la Fiscalía determinó que el Estado es incapaz de avanzar en procesos judiciales, transparentes, legítimos y conformes a derecho”, recordó.

La abogada indicó que en el Estado venezolano no existe voluntad de juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de protestas antigubernamentales: «Para las víctimas ser recordadas es importante, nuestra organización trabaja bajo el lema de recordar es una forma de hacer justicia”.

Tineo dijo que JEP no solo asesora y acompaña a las víctimas en materia jurídica.

También los apoyamos emocionalmente. Entendiendo que el dolor nos une, podemos transformar ese dolor en una fuerza. Este año inauguramos el primer museo virtual de la memoria y la represión en Venezuela, para conocer los rostros de las víctimas fatales desde 2014, es una forma de honrar a sus familiares», mencionó. 

Según Tineo en 2024 puede incrementarse la ejecución del patrón de persecución por tratarse de un año electoral

“Recientemente, detuvieron a un miembro de Súmate, a otro del partido Encuentro Ciudadano y a un líder sindical en Anzoátegui, esa persecución está siendo cada vez más selectiva, hay un ánimo de un castigo ejemplarizante, hacen público las torturas al estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, John Alvarez, es una afrenta”, alertó. 

Para Tineo es fundamental no solo obtener justicia desde la denuncia, documentación y difusión, sino reconstruir al país: «No es poca cosa que Venezuela siga siendo objeto de interés en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en medio de la situación caótica mundial”  

Organizaciones han salvado vidas

A juicio de Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, el trabajo de incidencia de diversas organizaciones y voluntarios ha hecho que la hecatombe que vive Venezuela en materia de salud sea menor.

“Han disminuido el riesgo tan grande que tenemos, el trabajo ha sido excelente a pesar de las circunstancias adversas, ellas han estado trabajando en pro de los venezolanos”, indicó. 

Contreras sostuvo que pese a la indolencia oficialista, aspira a que el Gobierno entienda que la salud es algo fundamental para que el enfermo pueda reinsertarse en una fase productiva.

“Hoy los hospitales están afectados por más del 80% de déficit de enfermería producto de los bajos salarios, esto es algo que incide negativamente en los pacientes, no tenemos más tiempos de espera, los hospitales tienen que dar una respuesta oportuna, no podemos seguir viendo a niños muriendo por la escasez”, lamentó. 

El vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, Huniades Urbina Medina, aseguró que en Venezuela se violan diariamente los derechos a la salud.

“No hay programas adecuados, se abandonó el de la lucha contra la malaria, el de protección a la mujer y el adolescente, no hay equipos suficientes para hacer diagnóstico de cáncer de mama y uterino (la primera causa de mortalidad de mujeres en Venezuela)”, detalló.

Urbina sostuvo que las carencias y la poca disponibilidad de cupo en los hospitales es una de las principales violaciones del derecho a la salud.

“No hay servicios de farmacia, de dieta, los pacientes no pueden protestar en los hospitales, no hay vacunas suficientes, en Venezuela el porcentaje vacunal es de 50,8%, no hay agua potable…Tenemos que seguir visibilizando los problemas y hacer denuncias a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, indicó el médico pediatra intensivista. 

Trabajadores unidos por sus derechos humanos

La organización del sector trabajador en defensa de sus derechos e intereses y la participación activa en las próximas elecciones presidenciales son claves para lograr una mejora laboral según el analista del Observatorio de Conflictividad Laboral del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), José Calma.

Calma expresó que la insuficiencia del salario mínimo, que tiene más de 600 días sin ser aumentado por el Ejecutivo nacional, vulnera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al no permitir «vivir con dignidad y cubrir para sí y la familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales» tal como dicta el texto. 

Cuestionó que el Gobierno argumente una presunta incapacidad de incrementar los salarios. 

“El sector público es grande en cuanto a número de empleados y se busca sopesar las carencias salariales con aportes de bolsas de comida. Esto lleva a la ambivalente valoración: garantiza el Gobierno directamente las necesidades básicas o se está cumpliendo con esa noción teórica de esclavitud de trabajar por comida”, opinó.

Calma expresó que el conflicto territorial con Guyana, con una enorme inversión de propaganda a favor del referendo consultivo del 3D, ha relegado a un segundo plano los titulares en medios de comunicación sobre vulneración de derechos humanos.

“Sin embargo, las distintas ONG dedicadas a la defensa de los DDHH no han dejado de alzar la voz para reclamar atropellos a los venezolanos, que pasan por sectores como el estudiantil o el sindical”.

El especialista en materia sindical indicó que los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Venezuela ha ratificado, dan un importante marco jurídico en favor de los trabajadores.

Pero el sistema de justicia interno es lento, tardío y no necesariamente se traduce en decisiones justas para todo aquel que reclama lo que considera jurídicamente válido”.

Calma sostuvo que la expectativa o esperanza para los venezolanos en materia salarial sigue siendo compleja: “Aspectos como la actual economía, la situación sociopolítica, la enorme diáspora venezolana, el incremento de la economía informal, la deserción escolar, el desinterés por la profesionalización ante las pocas oportunidades laborales para los jóvenes junto a la priorización de oportunidades de producción económica rápida, dan un panorama de complejidad”.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, enfatizó que los gremios de trabajadores en Venezuela seguirán insistiendo en la necesidad de un justo incremento salarial.

Porque en una relación laboral existen dos partes y la responsabilidad es del patrono. Solo estamos pidiendo al Gobierno que cumpla con el artículo 91 de la Constitución, que habla de la obligación de establecer un salario mínimo en perfecta armonía con el costo de la canasta básica, que supera los 500 dólares. Tenemos el sueldo más bajo del mundo desde hace dos años, eso coloca en riesgo las prestaciones sociales y los contratos colectivos”, recordó. 

Contreras indicó que en Venezuela no puede ser considerado un delito ejercer la protesta sindical

“Hemos visto con mucha preocupación como se ha judicializado la protesta, dirigentes sindicales han sido privados de libertad por reclamar el derecho de los trabajadores, pero nosotros hemos convertido el miedo en una fuerza para seguir adelante”. 

Caos penitenciario tiene solución

Para Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad,  el caos que vive el sistema penitenciario en Venezuela tiene solución, pero no ha habido voluntad política.

“Y eso tiene que ver con la corrupción en las cárceles, Elio Gomez Grillo (abogado y criminólogo) decía que las prisiones eran un negocio tan productivo como Pdvsa”, manifestó Nieto Palma.

El abogado informó que este 10 diciembre UVL cumple 26 años de fundada: «Fuimos la primera organización en monitorear a las personas privadas de libertad, cuando la elaboración de la Constitución del 99 colaboramos en la redacción de los artículos que tienen que ver con cárceles”.

Nieto Palma aseveró que la misión principal de UVL es hacer seguimiento a la situación de los reclusos respecto a sus DDHH

“Denunciamos las violaciones a los DDHH en las prisiones que en los últimos tiempos se han acrecentado, tenemos un departamento de asesoría legal para brindar atención gratuita a presos y familiares, organizamos jornadas de salud, hemos atendido a 5.000 presos en 5 años”, describió. 

Nieto Palma dijo que en los últimos años se ha acrecentado la crisis en los centros de detención preventiva o calabozos, donde hay hacinamiento y por ende enfermedades y violencia.

“Estamos constantemente dando información a organismos internacionales como la ONU y la CIDH, en Venezuela hay una especial falta de interés por parte de los entes encargados en torno a la salud del preso”, denunció. 

Atropello a derechos humanos empieza en Venezuela

La socióloga y fundadora del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Ligia Bolívar, dijo que la labor de las ONG ha contribuido a que en los países de acogida se vele por la protección de los derechos humanos del migrante venezolano.

“Están trabajando tanto en la parte humanitaria como en la legal, para ayudar a la gente a que reciba asesoría en pro de resguardar su estatus migratorio y sus derechos humanos”, comentó. 

Bolívar indicó que hay otro grupo que labora en función de la integración de la diáspora venezolana a las naciones receptoras:

Esas son organizaciones que trabajan a nivel comunitario, se buscan políticas de integración que no desconozcan las necesidades de la población local y que progresivamente se busquen fórmulas para que los venezolanos se integren, especialmente a los niñas, niños y adolescentes que están en ámbito escolar, son operaciones a gran escala porque hablamos de casi 8 millones de personas”.

Bolívar recordó que la mayoría de los migrantes no salieron de Venezuela por voluntad propia.

 “La violacion de sus DDHH no empieza en los países de acogida, la violacion de DDHH comienza en Venezuela, salen de Venezuela porque precisamente aquí no se le garantizan los derechos fundamentales”.

 

 

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Qué hacer y dónde acudir en caso de amenazas o vulneraciones a los derechos humanos
Ante la fragilidad de las instituciones del Estado, el trabajo de las ONG que atienden a víctimas de violaciones de derechos humanos ha cobrado mayor importancia en los últimos años

 

Se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en Venezuela,  bajo la administración de Nicolás Maduro los retrocesos en esta materia son hoy motivo de alarma en todo el mundo.

Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela y Amnistía Internacional, han documentado que el país atraviesa por una “grave crisis de masivas violaciones de derechos humanos” que van desde la pérdida de la calidad de vida, vulneración al derecho a la alimentación, la salud y la libertad de expresión, hasta la  violencia, represión y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. 

Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) investiga al Estado por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado por centenares de casos de detenciones, arbitrarias, asesinatos, represión, torturas, violencia sexual y persecución política. 

Ante la fragilidad de las instituciones del Estado, el trabajo de las ONG que atienden a víctimas de violaciones de Derechos Humanos cobra mayor importancia ya que son ellas las que documentan las violaciones, asesoran  y en muchos casos acompañan a víctimas en sus procesos de defensa y reparación. 

Derechos para todos 

Los Derechos Humanos pueden ser civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Todos tienen la misma importancia y el objetivo principal es cuidar y preservar la dignidad humana, tal como lo indica la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) establecida el 10 de diciembre de 1948.

Un total de 195 países, entre ellos Venezuela, suscribieron este documento que ha sido traducido a más de 500 lenguas y que marcó un hito al proclamar que toda persona tiene derechos que son indivisibles, inalienables y universales. Esto se traduce en que aceptan y se comprometen a garantizar los derechos humanos de todos sus ciudadanos. Sin embargo, los medios de comunicación y las ONG documentan un repunte sistemático de violaciones en todos los órdenes.

En Runrun.es recopilamos algunos de los derechos fundamentales y las organizaciones a las que puede acudir cualquier ciudadano en Venezuela en caso de que sean vulnerados:

 

Venezuela y Guyana se reunirán para tratar su disputa territorial
Se prevé que el 14 de diciembre sea la reunión entre los países caribeños. El evento se concreto luego de que el presidente de Brasil expresara su preocupación por una escalada del conflicto por el Esequibo

Con información de EFE

El Gobierno de Venezuela anunció este 9 de diciembre que «en los próximos días» celebrará una reunión de alto nivel con el Ejecutivo de Guyana para abordar el litigio territorial entre ambos países, atendiendo propuestas hechas por el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) a inicios de ese día.

En un comunicado, Caracas informó en ese sentido de recientes conversaciones del presidente Nicolás Maduro con Lula da Silva, así como con el presidente de la Celac y primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, aseguró en su cuenta de X (Twitter) que el Presidente de Guyana aceptó la propuesta sobre diálogo. De acuerdo con el gobierno de San Vicente y las Granadinas, el diálogo se hará en su país el próximo 14 de diciembre.

«En dichas conversaciones se recibió la propuesta de realizar una reunión de alto nivel con Guyana, que será anunciada en los próximos días, con el fin de preservar nuestra aspiración de mantener América Latina y el Caribe como una zona de paz, sin interferencia de actores externos», reza el comunicado de la cancillería venezolana.

Venezuela, que el 3 de diciembre aprobó en un referendo unilateral anexionarse la zona en litigio, ha asumido la convocatoria a esta reunión «con beneplácito y compromiso».

En el escrito también se señala que, en las conversaciones con Lula da Silva y Gonsalves, Maduro ratificó «la posición histórica sobre los incuestionables derechos» de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, el área de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa.

Sobre la conversación con Guterres, el texto indica que el secretario general de la ONU «se comprometió en impulsar los esfuerzos en favor del diálogo directo entre las partes» y «recordó que siempre ha ofrecido sus buenos oficios para la solución de la controversia», que data del siglo XIX.

El conflicto cobró vigor desde 2018, en vista de la admisión del caso por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ha pedido a Venezuela no completar acciones que alteren la dinámica actual sobre el área, administrada por Guyana.

Sin embargo, Maduro rechaza la mediación de la CIJ en este asunto, un alegato que también se vio reforzado con el referendo, en el que los venezolanos acordaron no reconocer la jurisdicción del tribunal internacional que, de cualquier modo, emitirá una decisión vinculante para las dos naciones en los próximos meses.

 

El sol nace en el Esequibo, por Asdrúbal Aguiar
La Corte Internacional de Justicia fue siempre la carta que se reservó Venezuela dada la fuerza jurídica de nuestro reclamo. Ahora la queremos obviar, mientras nos solazamos en el jolgorio

 

@asdrubalaguiar

Tras el referéndum consultivo realizado en Venezuela sobre la cuestión de la Guayana Esequiba es sorprendente el grado de confusión en el debate. Media una peligrosa reescritura y se repiten los errores como el mal alegado sentido de patria –al cabo esta solo es ser libres como debemos serlo– que nos llevara a las pérdidas territoriales del siglo XIX.

Lo primero de puntualizar es que algunos de los asuntos puestos sobre la mesa y presentados como audaces son plagios del pasado. El Ilustre Americano, Antonio Guzmán Blanco, en 1884 y en el marco de su contención con la Gran Bretaña por el Esequibo –antes separó a su negociador en Londres, el marqués de Rojas– procede a la creación del Territorio Federal Delta, limitando en el sureste con la Guayana Británica, a saber, hasta el río Esequibo. No se había dictado aún el Laudo arbitral del despojo de 1899. Y allí, como lo reseña González Guinan, Guzmán opta por dar concesiones y “crear intereses norteamericanos en el Gran Delta del Orinoco, propendiendo a la fundación de la Compañía Manoa, como para interponer entre la débil Venezuela y la usurpadora Inglaterra, la poderosa industria norteamericana” (Memoria del gobierno de La Aclamación, 1886-1887).

Si se trata del anunciado mapa oficial que incorporará a la Guayana Esequiba, ya hacia 1965 lo ordenó la Cámara de Diputados para acompañar las gestiones diplomáticas del gobierno de Raúl Leoni y su canciller Ignacio Iribarren Borges en Londres y Ginebra. Alirio Ugarte Pelayo, presidente del cuerpo, le hizo entrega de este a la nación y, de modo simbólico –advirtiendo sobre el descuido que nuestros programas educacionales de geografía e historia han acusado– lo puso en manos de los jefes de las comisiones parlamentarias, Carlos Andrés Pérez, Alberto Bustamante, Arístides Beaujon, y Dionisio López Orihuela.

Pero no le bastó a Ugarte lo simbólico, pues juzgaba de necesario despejar la conseja que tanto daño nos hacía y se ha prorrogado hasta alcanzar el verbo del fallecido Hugo Chávez: “Le será fácil al lector deshacer con el simple examen de los mapas y la lectura de las representaciones del excanciller Marcos Falcón Briceño ante la ONU, otra falacia también muy divulgada en estos días, según la cual nuestras reclamaciones son parte de una conspiración interimperialista para abatir el movimiento independentista de la Guayana Británica”, dice (Cámara de Diputados, La Guayana Esequiba, 1965).

La izquierda de ayer y en insurgencia, esa que hoy desgobierna sobre el territorio nuestro rasgándose las vestiduras, era la responsable de esa narrativa antinacional, estimulada desde Cuba.

Lo otro y de no menor importancia es la aporía que se insiste en introducir entre la defensa del Acuerdo de Ginebra de 1966 y el conocimiento del diferendo por la Corte Internacional de Justicia. Se trata de algo de fondo y que nos pone de espaldas a la verdad histórica. Y lo primero de decir es que, la primera queja presentada ante Gran Bretaña por Venezuela al objeto del alcanzar el señalado acuerdo –tal como reza el memorándum entregado por el canciller Falcón Briceño en Londres y al referirse a la manida sentencia de París– es que “no fue una línea de derecho sino una de compromiso político”. “Venezuela respeta y se atiene a todas y cada una de las disposiciones del Tratado de Arbitraje de 1897”, agrega. “He expuesto cómo en el Laudo Arbitral de 1899 se desconocieron y se violaron las normas de Derecho de ese tratado”, recuerda el señalado canciller ante la Comisión Especial de la ONU reunida para conocer del asunto, en 1962.

La perspectiva original venezolana es, pues, esencialmente jurídica y no solo transaccional. Tanto así que, sucesivamente, al ser presentado ante el Congreso de la República el milagroso acuerdo suscrito en el Lago de Leman –ese que nos saca las castañas del fuego luego de un atropello histórico casi irreversible– declara Iribarren Borges lo siguiente: “Venezuela propuso que se encomendara la función de escoger los medios a la Corte Internacional de Justicia… no habiendo sido aceptada esta propuesta por los británicos… [; dado lo cual] Venezuela propuso encomendar aquella función al Secretario General de las Naciones Unidas”.

Sucesivamente, agrega Iribarren lo vertebral: “De acuerdo con los términos del artículo 4, el llamado Laudo de 1899, en el caso de no llegarse antes a una solución satisfactoria para Venezuela, deberá ser revisado por medio del arbitraje o el recurso judicial” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Reclamación de la Guayana Esequiba, 1962-1981).

De modo que, encallar, sin más, en la tesis de la “solución práctica y recíprocamente satisfactoria”, obvia que esta fue una escala apropiada y útil para la política exterior y de Estado de Venezuela ante una ex Guayana británica atrincherada en que lo único debatible, de entrada, era la validez o no del Laudo de París. Por lo que, agotada y sin destino como se demostró tal solución, por obra del Acuerdo quedó abierta la otra fase, la del mandato otorgado al secretario de la ONU para que resolviese él, directamente, sobre la vía para la solución final de la cuestión del Esequibo. Por eso estamos en la Corte.

Sin embargo, hay quienes de buena fe insisten en la otra aporía insoluble, a saber, que habiendo resultado inviable el acuerdo entre las partes y, de suyo, abierta la compuerta que nos conduciría hasta la ONU y de aquí hasta La Haya, lo correcto es volver otra vez a la mesa fallida para que las partes se acuerden sobre el medio ya dispuesto por el secretario general.

La Corte Internacional de Justicia, en suma, fue siempre la carta que se reservó Venezuela dada la fuerza jurídica de nuestro reclamo. Ahora la queremos obviar, mientras nos solazamos en el jolgorio. Nada nuevo bajo el sol. Entre tanto avanza Guyana con frialdad y alega ante los jueces. Apuesta a nuestra ausencia y contumacia.

correoaustral@gmail.com

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DDHH Olvidados | El «delito» de Yosida Vanegas es ser la madre de un preso político
Una venezolana jubilada de 67 años denunció por cinco años las torturas del preso político Juan Carlos Monasterios, su hijo. Ahora ella cumple cuatro meses de estar detenida arbitrariamente en el INOF esperando su primer juicio

Yosida María Vanegas de Monasterios, una venezolana jubilada de 67 años, viajaba en carretera por La Pedrera, en la frontera entre el estado Táchira y Colombia. Era el 15 de agosto del 2023 y ella quería visitar a su hijo, Juan Carlos Monasterios, un preso político que recién lo habían operado de la vesícula. 

Tenía cuatro años que no podía visitarlo: había emigrado a Perú.

Pero los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Vanegas en una alcabala. Y, sin decirle nada a ella ni a su familia ni a sus abogados, la llevaron hasta Caracas y estuvo 33 días desaparecida forzadamente. 

Su hija, Giovanna Monasterios, denunció desde Perú que a su madre la detuvieron sin ningún cargo ni acusación.

«Exijo que sea liberada de inmediato y hago responsables de lo que le pueda pasar (a mi madre) a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y Granko Arteaga», recalcó Giovanna, temiendo que su madre sufra la misma suerte que su hermano, quien es uno de los 17 presos políticos condenados entre 8 a 30 años por estar involucrado en un presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018, conocido como «el caso Dron».

«Ahora, a Yosida la terminan involucrando en el mismo caso de su hijo en una supuesta investigación que se ha hecho de forma extendida y la están imputando con acusaciones de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Imputaciones absurdas porque ella, al ser una mujer jubilada, es de los más escasos recursos», explicó Martha Tineo, abogada y Cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en una entrevista a Runrun.es

«Fue trasladada al INOF (Instituto Nacional de Orientación Femenina, en el estado Miranda), esperando, como la gran cantidad de presos políticos, un juicio, sufriendo una pena anticipada. Aún está esperando la audiencia preliminar, no se le ha acusado formalmente en la comisión de esos delitos», agregó. 

«Pareciera que el delito por el cuál ella está siendo apresada es ser madre de un preso político». 

De víctima indirecta a una directa 

Para la Corte Penal Internacional, las amenazas, persecuciones y la responsabilidad penal hacia los familiares de un preso político también son un crimen de lesa humanidad. El Sippenhaft, el término jurídico de origen alemán para referirse a ese crimen, ocurre en al menos 25 casos de presos políticos venezolanos

Incluso la sociedad civil ha documentado la tortura de mascotas de los privados de libertad por parte del Estado para generar más tortura psicológica en los presos políticos.

«En el momento en que su hijo fue detenido y se llevaron a cabo las primeras investigaciones en el denominado “caso Dron”, a Yosida la llevaron para tomar declaraciones. Lo hizo, evidentemente no estaba involucrada con absolutamente nada, y no hubo ninguna decisión contra ella. Es por ello que pudo salir del país en ese entonces», dijo Tineo.

Una amiga de Yosida, que pidió protección a Runrun.es, recordó que el 04 de agosto del 2018, cuando detuvieron a Juan Carlos Monasterios, la Dirección general de contrainteligencia Militar (Dgcim) invadió y vandalizó los hogares de Yosida y su hijo, presuntamente para buscar evidencias. Hasta el son de hoy no se consigue ninguna orden de allanamiento de los hogares de la familia Monasterios Vanegas. 

«Ellos (la Dgcim) les quitaron todo. Les quitaron la casa, en Maracay (estado Aragua), le quitaron los carros, los vehículos que tenían…», explicó la amiga de Yosida Vanegas. «Ella se va en 2019, después de que la Dgcim hizo todos sus allanamientos, todas sus acusaciones. Y ahora dicen que ella estaba solicitada desde el 2018». 

 

Después de ser detenida, Yosida Vanegas estuvo sin paradero en Táchira hasta presentarse en el Tribunal Segundo de Control de ese estado cinco días después. Allí la vincularon con «el caso Dron». Después pasaron 33 días desaparecida forzadamente hasta que notificaron que estaba en el INOF, según la ONG Justicia y Proceso Venezuela

Ella está a la espera del primer juicio bajo el Tribunal Primero de Control contra el Terrorismo, presidido por la jueza Angie Carfi. Hasta los momentos, la defensa aún denuncia que no tienen ninguna orden

de aprehensión. 

Cuidar a un preso político

Aunque ella llevaba años jubilada como administradora en el Instituto Pedagógico de Caracas, se dedicó a denunciar y a visitar a su hijo en la sede de la Dgcim en Boleíta, Caracas, uno de los centros de torturas denunciados por la ONU en sus cuatro informes sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. 

«Desde el momento en que detuvieron a su hijo, como cualquier madre, fue muy activa en denunciar las torturas y todas las violaciones a los derechos humanos de las cuales estaba siendo víctima su hijo», reiteró la cofundadora de JEP.

En Venezuela, los familiares de un preso político deben encargarse de todas las necesidades del privado de libertad. No conformes la condena anticipada, el Estado no les garantiza la alimentación, el acceso al agua, la higiene personal y la salud a los presos políticos. 

En algunos casos, como lo denuncian otras ONG como el Observatorio Venezolano de Prisiones, los familiares deben pagar una cuota, «una vacuna», para ingresar a los centros penitenciarios y ofrecer lo que tienen a los presos políticos.

«Pero, además, las denuncias fueron en un contexto difícil, una situación económica muy difícil que no escapa de la realidad de los más de cinco millones jubilados y pensionados: estar condenados a una pobreza extrema, con una pensión que no supera los cuatro dólares mensuales», explicó Tineo. 

«Lamentablemente nada fue fácil, como a millones de venezolanos en el extranjero. Una señora de una edad avanzada que no conseguía un empleo fijo juntaba lo que tenía junto a su hija para mandarlo a Venezuela para que otra persona llevara algo de comida y medicinas o de insumos de higiene a su hijo. Al sentirse tan impotente de no estar al lado de Juan Carlos, de no poder ayudarlo, se fue deteriorando su ánimo y su salud. Es por ello que ella decide volver a Venezuela, para estar cerca de su hijo», agregó. 

Ahora, Giovanna Monasterios es el único familiar directo que puede cuidar a su hermano Juan Carlos y a su madre Yosida Vanegas desde Perú

El desgaste de Yosida Vanegas y otras madres

JEP advirtió que las madres y las esposas de los presos políticos son quiénes sufren los mayores gastos económicos y desgastes de su integridad física y psicológica para cuidar a sus familiares. Al menos 227 de los 276 presos políticos que hay en Venezuela hasta la fecha se identifican como hombres, según la ONG Foro Penal. 

«La mayoría de los presos políticos son los responsables económicos de sus familias: los hijos, los esposos, los padres. Estamos en medio de una emergencia humanitaria compleja desde el 2015, los índices de pobreza en la población se acercan al 80 %. Estas familias no se escapan de esa realidad, que deben dividir sus recursos entre su subsistencia y la del preso político», dijo Tineo. 

Más de 50 presos políticos están en condiciones críticas de salud y el Estado no los atiende. «A ese número lo podemos multiplicar por tres, considerando que cada persona tiene una familia de al menos tres integrantes». 

Yosida Vanegas ya sufría de mareos por la escasa alimentación, artrosis, hipertensión y problemas gastrointestinales antes de ser privada de libertad. Ahora, tanto Giovanna como los abogados defensores piden medidas humanitarias para que, al menos, le den un tratamiento médico.

Como ella, otras madres de presos políticos mantienen cuadros clínicos críticos sin ser atendidas. Edircia Fuenmayor, madre del preso político Ángel Barrios, y Yusleida Pérez, madre del preso político Roberto Romero, requieren de operaciones y tratamientos como la meniscectomía parcial artroscópica, «pero no tienen recursos para hacerlo porque deben velar por la salud de sus hijos». 

«Estas madres, al igual que Yosida, por denunciar, por documentar las torturas y detenciones arbitrarias contra sus hijos fueron perseguidas a tal punto que tuvieron que huir de Venezuela con el corazón partido en dos: medio corazón consigo y medio corazón en la cárcel con sus hijos», denunció la cofundadora de JEP.

«Señoras mayores que se van a otro país con condiciones mínimas para conseguir otro empleo, están en situación de precariedad. Estamos viendo el aumento de estos casos en la medida en que la presión política se ha extendido y el deterioro tanto de los presos como de sus familiares se está agravando. Cuando hay un preso político, toda su familia queda presa con esa persona», concluyó. 

#MonitordeVíctimasZulia | En menos de 24 horas matan a tres hombres en la Costa Oriental del Lago
Hugo Gutiérrez falleció después de recibir una puñalada dentro de su casa, en el municipio Lagunillas. Mientras que Elián Álvarez y Carlos García fueron asesinados de varios disparos en la zona rural de Baralt. Los tres hechos ocurrieron el mismo día: 7 de noviembre de 2023 

 
@mayrethc

Tres hombres fueron asesinados en hechos diferentes en la Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia, el 7 de noviembre de 2023. Los homicidios ocurrieron en menos de 24 horas, en los municipios Baralt y Lagunillas. Las autoridades responsabilizan a bandas que operan en la zona.

El primer hecho ocurrió en la mañana, cuando asesinaron de una puñalada a Hugo Gutiérrez, de 63 años, dentro de su casa en el barrio Libertad de Ciudad Ojeda, en el municipio Lagunillas.

Una fuente policial reveló que, presuntamente, entraron para robar dentro del inmueble y los vecinos llamaron a las autoridades después de escuchar gritos. El herido fue trasladado hasta el Hospital Coromoto de Maracaibo, pero falleció por una hemorragia interna.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no detuvo a responsables por el incidente y sus familiares exigieron justicia. Se conoció que la víctima fue líder de Planificación y Programación de Mantenimiento de Lagoven, en Tía Juana, municipio Simón Bolívar, en la década de los 90.

Doble en Baralt

La noche del 7 de noviembre de 2023, se registró un doble homicidio en la zona rural del municipio Baralt, parroquia General Urdaneta, entre los estados Zulia y Trujillo. Los crímenes ocurrieron con una hora de diferencia por hombres armados a bordo de una moto.

Cerca de las 10:00 pm, sicarios asesinaron a Elián Manuel Álvarez Calpa, de 20 años, de cuatro disparos, dentro de su casa en el sector El Boquete. Mientras que a Carlos Alfredo García Rosales, de 33 años, lo mataron a las 11:00 pm, en la avenida principal del sector Alto Viento.

Uno de sus familiares precisó a Monitor de Víctimas, desde la morgue de Cabimas, que las víctimas eran amigos y que trabajaban como obreros en dos fincas vecinas de la zona.

Una minuta del Cicpc asegura que se les vinculaba con bandas delictivas que operan en el municipio Baralt y que el móvil era venganza. Pero familiares se desvincularon de esta versión y exigieron que sea investigado el caso.

Entre enero y octubre de 2023, según las estadísticas de Monitor de Víctimas, se ha reportado la muerte de 90 personas en el Zulia, con distintos móviles y hechos ocurridos en los 21 municipios.

En ese mismo período, el año pasado (2022), incluso, entre febrero y octubre de 2023, fallecieron en hechos violentos más personas: 142. El equipo de Monitor de Víctimas comenzó a documentar los homicidios en Zulia, en febrero de 2022.

Tres hombres