Para el abogado Alí Daniels, el artículo 13 de la ley habla de «participar directa o indirectamente», lo cual, aseguró, viola «el principio de tipicidad» porque los delitos tienen que ser «claramente señalados»
Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, manifestó que la nueva ley de protección de activos, que aprobó el Parlamento chavista, «no otorga nuevas competencias o unidad especiales capacidades al Estado para actuar».
En un audio difundido por la organización, Daniels explicó que en Venezuela, una noticia sería una ley que dé poderes al gobierno que no tenga.
Ante eso, explicó que decir que esta ley «habilita» o da «competencias al Estado» no es correcto y que no se entiende «cuál es la finalidad de la ley» porque no otorga esas nuevas competencias.
Por otra parte, indicó que son preocupantes los últimos tres artículos que incluyen la parte sancionatoria, lo que considera que «realmente corresponden a los fines de la ley».
«En el artículo 12 se habla de que toda persona que es usurpador, atribuyéndose la representación de la República, participe de cualquier modo de actuación en negociaciones ofertas vinculadas al tema de los manejos del manejo de activos en el exterior será sancionado penalmente (…) Y entonces se agrega un párrafo aparte, que dice que los bienes efectos de personas que se hace referencia en este artículo será un objeto al procedimiento de extinción de dominio», señaló Daniels.
Para el abogado, es que la ley no dice es «lo preocupante», porque la norma debió decir que «si esa persona tiene beneficios» y esos podrían ser objeto de la ley de extinción de dominio.
«Tal y como está el artículo pareciera que todos los bienes de una persona vinculada a estas actividades pueden ser objeto de la de la Ley de Extinción de Dominio», alertó Daniels.
Asimismo, explicó que esa situación podría generar sanciones que no han tenido «ningún lucro por este tipo de actividades», pero que por participar en las mismas puedan perder bienes que hayan generado de sus actividades lícitas.
Penas sumamente altas
Alí Daniels señaló que el artículo 13 de la ley establece que cualquier persona que directa o indirectamente haya actuado en este tipo de actuaciones de manejo de activos en el exterior, «serán sancionados con prisión de 15 a 20 años».
«En todo lo que tiene que ver con persecución política, las penas son altísimas, en este caso de 15 a 20 años. Pero, por ejemplo, las penas para la corrupción en el país son muchísimos más bajas, es decir, el que roba 3.000 millones, la pena máxima será de 3 de 10 años», cuestionó.
Además, dijo que lo más preocupante de este artículo es que habla de «participar directa o indirectamente», lo cual, aseguró, viola «el principio de tipicidad» porque los delitos tienen que ser «claramente señalados».
«Al hablar de que se participa de manera indirecta, queda entonces ahí una gran discrecionalidad a considerar ¿qué es indirecto?», señaló.
Lo más grave
Para el codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, lo «más grave» de la ley de protección de activos en el exterior está en el artículo 11.
«El Ejecutivo creará un registro de personas que pretendan ejecutar o realicen actos jurídicos en contraposición de las disposiciones de la ley», señaló.
Sobre lo anterior, explicó que este no es un registro hecho con «condenados por la ley de personas que hayan sido objeto de un juicio y que haya sido condenados por ellos, sino personas que pretenden es decir que tengan la intención de», dijo.
En ese sentido, advirtió que «con una simple sospecha de que alguien va a actuar en una negociación de activos en el exterior puede ser incluida en el registro». y eso además genera una consecuencia de formar parte.
A pesar de que desde el año 2010 está vigente la Ley Orgánica de Registro Civil, que permite el cambio de nombre, se ha denunciado en múltiples ocasiones que a las personas trans se les ha impedido poder cambiar su identidad
El Observatorio de Violencias LGBTIQ+ documentó 60 casos de agresiones contra personas de la comunidad entre los meses de enero y abril del año 2023, incluyendo el asesinato a una mujer trans de la etnia wayú en el estado Zulia
“Para una persona trans es difícil por el solo hecho de no tener identidad reconocida el acceder a la salud, a la educación, a la alimentación, acceder a todos los derechos fundamentales y a los servicios públicos que se supone deben estar garantizados para todas las personas en condiciones de igualdad”, indicó Richelle Briceño, abogada y defensora de DDHH
@Andrea_GP21
“Mi cédula muestra una identidad que no va de acuerdo con mi apariencia”, cuenta Tristán Key, un hombre trans bisexual de 20 años que vive en Venezuela, quien comenzó publicando videos en TikTok sobre todo su proceso y se convirtió en un activista que defiende los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.
Casi al cumplir los 17 años, el joven decidió revelar sobre su identidad de género y cuenta que recibió “mucha aceptación” por parte de sus amistades, quienes en su mayoría forman parte de la comunidad LGBTIQ+.
A sus padres les había revelado ser bisexual unos años antes, lo que significó que se volvieran “más abiertos” respecto al tema. Esto generó que, cuando decidió revelar que es un hombre trans, su madre lo aceptó rápidamente pese a que no entendiera muy bien todo lo que eso significaba. Su papá, por su parte, sí estuvo más reacio con su identidad, pero después de acudir con una psicóloga, un paso requerido para iniciar un tratamiento hormonal, y que esta efectivamente confirmara que sí es trans, comenzó a aceptarlo más.
Acceder a tratamientos hormonales es “un privilegio”
Tristán estaba por cumplir los 19 años cuando comenzó el tratamiento hormonal. Para ese momento, dice, ambos padres estaban convencidos de su seguridad con respecto a su identidad. “Me aceptaban plenamente”.
A pesar de que Tristán es plenamente aceptado por su familia y amigos, el poder llevar a cabo su tratamiento hormonal ha sido muy difícil, “llegando incluso a ser un privilegio”, dice. Considera que acceder a las hormonas es muy difícil para la población trans venezolana.
Pero, además, señala que no solo se necesitan los tratamientos hormonales, que no se consiguen en todos lados, sino que además debe realizarse con frecuencia controles médicos que no son económicos.
Los controles a los que asiste Tristán los recibe de parte de médicos asociados a la Fundación Unitrans.
En el caso contrario está Liohan Delgado, una mujer trans no binaria de 21 años, también activista, quien no ha podido iniciar sus tratamientos hormonales debido a que le es imposible costearlos.
“Actualmente no estoy en tratamiento hormonal y la razón es precisamente por lo difícil que es mantenerlas, lo costosas que son aquí y lo irregular que puede ser el servicio para ofrecerlas”, declaró en entrevista con Runrun.es.
Liohan explicó que además de las hormonas, se necesitan diferentes estudios y exámenes médicos que garanticen una transición exitosa y saludable y, aunque conoce personas que han iniciado este proceso “sin el debido asesoramiento”, tiene temor de poner su salud en riesgo.
Sin acceso a la identidad
Desde el año 2010 está vigente la Ley Orgánica de Registro Civil que permite el cambio de nombre. Sin embargo, a las personas trans se les ha impedido poder cambiar su identidad para que vaya acorde con la que poseen.
En noviembre de 2022, la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro se comprometió a exhortar al Consejo Nacional Electoral (CNE) a aplicar el artículo 146 de dicha ley, que establece en parte de su escrito que:
“Toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador o la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”.
Sin embargo, la abogado y activista Tamara Adrián, afirmó que el cambio de nombre a personas trans “no es un reconocimiento de identidad”.
“Esto no es suficiente, esto no es un reconocimiento de identidad. Es un simple cambio de nombre, no implica el cambio de sexo en la documentación”, aclaró Adrián.
En esa misma línea, Tristán Key señala que su identificación todavía lo mantiene con el género que le fue asignado al nacer. “Mi cédula muestra una identidad que no va de acuerdo con mi apariencia”.
Aunque confiesa que nunca ha tenido que vivir discriminación para tramitar este documento en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), conoce muchas personas a las que sí.
Tristán Key frente al Saime de la avenida Baralt de Caracas / Foto: Cortesía
Elegir no trabajar presencial por temor a la discriminación
Liohan Delgado cuenta que dejó de buscar empleos presenciales para “huir de la discriminación” desde que comenzó su transición, pues siente miedo de exponerse constantemente a las personas en la calle “a la ignorancia y a la transfobia”.
“Antes de empezar mi transición estaba en un trabajo y a mí me estaba matando por dentro no poder ser yo y expresarme libremente en el trabajo”, relató.
Liohan es modelo y actriz, pero señala que en el medio en el que trabaja también se ve la discriminación.
“No ha sido tampoco fácil encontrar oportunidades y también ha habido ciertas amenazas a mi salud mental en esos aspectos, porque el medio de la actuación siempre usa a las personas trans para que su rol sea ser trans, entonces nunca tengo el rol de ser una mujer”, contó.
Para Liohan, siempre existe una presión de tener que cumplir constantemente “con el estándar femenino y cis heteronormado de la mujer”. Precisamente, ese estándar es difícil de cumplir, dice, pues al no ser una mujer trans con muchos ingresos, se hace cuesta arriba mantenerlos y siempre estar “bajo el yugo de un afeitadora, un láser estar constantemente cuidándote la cara cuando lo que quieres es evitar que te salga más pelo”.
“He mantenido un poco mi distancia de mis otras oportunidades laborales en lo que me gusta, precisamente porque a pesar de todo siempre hay una amenaza para la comunidad trans y para las mujeres trans”, señaló.
60 casos de violencia contra personas LGBTIQ+
El Observatorio de Violencias LGBTIQ+ documentó 60 casos de agresiones contra personas de la comunidad entre los meses de enero y abril del año 2023.
«Hasta la fecha, tenemos documentados 60 casos contra personas LGBTIQ+. Es importante destacar que, adicional a estos 60 casos, 21 se encuentran en proceso de indagación para determinar si, efectivamente, los mismos corresponden a las características de nuestra documentación», señaló Gloria Pérez, integrante del observatorio.
De acuerdo con las cifras de la organización, marzo de 2023 fue el mes con más casos de violencia registrados, entre los cuales destacaron los discursos de odio y el lenguaje discriminatorio emitidos por funcionarios del Estado o figuras públicas.
En este periodo, la organización documentó el asesinato a una mujer trans de la etnia wayú y el caso de otra mujer trans wayú, que “resultó violentada y con lesiones físicas graves”, ambos casos en Zulia.
AHORA, EN EL 2023…
Hasta la fecha, tenemos documentados 60 casos de violencia contra personas LGBTIQ+.
El mes de Marzo ha sido el mes con mayoría de casos documentados, en el que destacaron los discursos de odio emitidos por funcionarios del Estado o figuras públicas.
— Observatorio 🇻🇪 de Violencias LGBTIQ+ (@ovlgbtiq) May 18, 2023
Una de las peores situaciones de Sudamérica
Richelle Briceño, educadora, abogada, activista de DDHH y política, comparó la situación de las personas trans en Venezuela con la de otros países de Sudamérica como Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. “Es de las peores situaciones que podemos encontrarnos”, advirtió en entrevista concedida a Provea.
Según señala Briceño, las personas trans en Venezuela siguen “sin identidad, irrespetadas, no reconocidas por el Estado”, a la par de que tampoco son protegidas al no ser reconocidas.
“Para una persona trans es difícil por el solo hecho de no tener identidad reconocida el acceder a la salud, a la educación, a la alimentación, acceder a todos los derechos fundamentales y a los servicios públicos que se supone deben estar garantizados para todas las personas en condiciones de igualdad”, indicó Briceño.
Sin embargo, considera que no se puede desmayar la lucha contra la discriminación, pues erradicarla en la sociedad genera una “mejor calidad de vida, una sociedad más respetuosa, más incluyente, donde las diferencias no sean motivos para marginar o segregar poblaciones en situación de vulnerabilidad”.
“Nos corresponde a cada persona hacernos eco de la importancia de la defensa de los DDHH y asumir la tarea de educarnos y formarnos, y a través de la pedagogía formar a otras personas”, añadió Briceño.
Piden aumentar la participación de personas trans en cargos públicos
La ONG Caleidoscopio Humano instó el pasado miércoles 17 de mayo a que el Estado venezolano aumente la participación de personas trans en cargos públicos.
Para la organización, es importante que cada vez más personas trans puedan aspirar a cargos públicos en Venezuela, “a pesar de la fuerza de los grupos radicales que están en contra de los derechos de la comunidad LGBTIQ+”.
En el año 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al gobierno venezolano para que tome medidas efectivas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+.
El gobierno aplica una política que impacta el crecimiento, el empleo y el salario en momentos en que la economía se debilita y podría encaminarse a una recesión
Lo normal en Venezuela es sentir que la moneda es de hielo y se derrite a diario. En octubre del año pasado los venezolanos compraban un dólar con ocho bolívares y a principios de febrero necesitaban 24 bolívares, pero a partir de marzo el Banco Central contuvo el colapso y actualmente el dólar se cotiza en 26,2 bolívares en el mercado oficial.
La mayor estabilidad del dólar, que ayuda a desacelerar el alza de los precios, tiene costos. Para disminuir la demanda de dólares el gobierno y el Banco Central aplican una estrategia que tiene impacto en el crecimiento, el empleo y el salario en momentos en que la economía pierde fuerzas y podría encaminarse a una recesión.
Básicamente el plan consiste en disminuir la cantidad de dinero, en lograr que haya menos bolívares disponibles para comprar dólares. Para alcanzar este objetivo la administración de Nicolás Maduro mantiene controlado el gasto del gobierno a fin de inyectar pocos bolívares por esta vía.
De acuerdo con Síntesis Financiera el gasto público de los primeros cinco meses del año equivale a 3 mil 213 millones de dólares, tan solo 3% más que en el mismo lapso de 2022. En la contención del gasto juega un rol clave la decisión de no aumentar el salario mínimo y en general sustituir el ingreso de los trabajadores por bonos que no tienen incidencia en el cálculo de beneficios como las vacaciones y las utilidades.
En julio del año pasado, al cancelar el bono vacacional a los educadores, el gobierno inyectó bolívares que rápidamente se desplazaron a la caja de comercios que inmediatamente elevaron la demanda de dólares porque tras la hiperinflación y continuos períodos de debaclela confianza en la moneda está rota.
Consciente de este desequilibrio el gobierno se ha negado a aumentar el salario. Síntesis Financiera explica que “no prevemos que se repita en julio el choque cambiario que hubo en agosto del año pasado con el pago del bono vacacional a educadores, pues ese pago está basado en un salario cuyo monto está fijo en bolívares”.
A la contención del gasto público y la sustitución del salario por bonos se suma la restricción del crédito a fin de que no haya préstamos de bolívares que puedan emplearse para comprar dólares. El encaje, la proporción del dinero que los bancos no pueden prestar, se mantiene en 73% el más elevado en América Latina.
La consecuencia es menos bolívares para comprar dólares, pero también poco crédito para las empresas y las familias en momentos en que la economía se debilita. Tras la fuerte devaluación del bolívar a comienzos de año la inflación se aceleró y las ventas cayeron creando un clima recesivo.
El índice de actividad económica que elabora el Observatorio Venezolano de Finanzas experimentó una caída de 8,3% al comparar el primer trimestre de este año con el mismo lapso de 2022.
Daniel Cadenas, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, explica que “hay una caída de la demanda y un exceso de oferta por lo que estamos en el inicio de una recesión. Como la política del gobierno es de corte recesivo va a agravar el problema”.
Añade que “no tiene sentido restringir el crédito y mantener una política monetaria restrictiva para estabilizar el tipo de cambio y desacelerar la inflación cuando hay un exceso de oferta y una caída del consumo que mitiga el alza de los precios. Estamos viendo promociones por todos lados en la desesperación de las empresas y los comercios por vender”.
Flujo de divisas
A la estrategia para reducir la cantidad de dinero en la economía se añade un mayor margen de maniobra en la oferta de dólares que alimenta al mercado oficial gracias al impacto de Chevron. El gobierno de Joe Biden otorgó una licencia a la petrolera estadounidense para que aumente sus operaciones en Venezuela y la empresa necesita vender dólares para cubrir pagos en bolívares.
Síntesis Financiera estima que en marzo los dólares que vendió Chevron y que aumentaron la oferta de divisas sumaron unos cien millones de dólares que ayudaron a que el tipo de cambio se mantuviera estable. Tesoreros de bancos señalan que en abril y mayo los dólares provenientes de Chevron han seguido ingresando y son un factor que ayuda a la estabilidad.
Otro elemento a tomar en cuenta es que el Banco Central usualmente vende en el mercado oficial alrededor de 50 millones de dólares a la semana, pero en las últimas dos semanas, en las que el gobierno pagó bonos a los trabajadores y aumentó la cantidad de bolívares en la economía, duplicó el monto.
La presión
¿Va a continuar la paz cambiaria? Una pieza clave es que la contención del gasto público podría perder rigor a medida que avance el calendario y el país se acerque a las elecciones presidenciales previstas para 2024 o que aumente la protesta de los trabajadores por incrementos de salarios.
“Cualquier emisión de bolívares crea presiones en el tipo de cambio porque nadie quiere conservar bolívares”, dice Daniel Cadenas.
El tanque de dólares para mantener la oferta de divisas en el mercado oficial también genera dudas. Al cierre del 30 de mayo el Banco Central indica que tiene reservas internacionales por 9 mil 685 millones de dólares, pero de este monto solo tiene disponibles 980 millones en efectivo y 1.700 millones en barras de oro, un monto bastante bajo.
El resto de las reservas internacionales corresponde a Derechos Especiales de Giro que la administración de Nicolás Maduro no puede emplear porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) no lo reconoce como presidente de Venezuela. Otra porción corresponde a oro en litigio depositado en el Banco de Inglaterra.
Las irregularidades en la administración de Pdvsa, la empresa del Estado que maneja el negocio petrolero, también cuenta. En marzo quedó al descubierto una red de corrupción que se tradujo en envíos de petróleo no cobrados que afectaron el ingreso de dólares.
Reuters reportó que una auditoría a los contratos de Pdvsa reveló que la empresa acumuló cuentas por cobrar por 21 mil 200 millones de dólares y que habría facturas potencialmente irrecuperables por 3 mil 600 millones de dólares.
El tipo de cambio paralelo también influye. El mercado oficial no satisface toda la demanda de dólares y las pequeñas empresas o compradores de montos bajos acuden al mercado paralelo donde se forma un precio que supera al tipo de cambio oficial.
La experiencia indica que si la cotización del dólar en el mercado paralelo se distancia en gran medida de la cotización del mercado oficial se pierde la fe en la estabilidad y aumenta la presión. En mayo la brecha entre las dos cotizaciones aumentó desde 3% hasta 7%.
“El mercado paralelo refleja la inercia de los fuertes desembolsos destinados al pago del aumento en el ingreso mínimo, así como cierta reanimación de expectativas de depreciación” dice Síntesis Financiera.
Daniel Cadenas indica que “los factores que presionan al tipo de cambio van a continuar y es probable que al igual que el año pasado veamos una mayor devaluación en el resto del año. Lo que puede hacer que no haya una desestabilización similar a la de 2022 es que la demanda de dólares para importaciones está cayendo por la caída en las ventas”.
Focus Economics, una empresa que elabora reportes con las proyecciones de veinte bancos y consultoras como Moody’s Analytics y BancTrust indica en su informe de mayo que en promedio se espera que el tipo de cambio oficial culmine este año en 61 bolívares por dólar.
Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, aseguró que hay pocas opciones para los pacientes, pues la posibilidad de que la donación sea de vivo a vivo es «excepcional», entre otras cosas, por las carencias en los hospitales públicos que impiden la ejecución de estas intervenciones
Varias ONG y activistas iniciaron una campaña para exigir al Estado venezolano la reactivación del programa de trasplantes de órganos procedentes de personas fallecidas, que cumple seis años suspendido este jueves, 1 de junio.
Las organizaciones también piden al gobierno que garantice el derecho a la salud de quienes requieran este tipo de intervención.
«Hoy, 1 de junio de 2023, se cumplen seis años de la suspensión del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT). Exigimos que el Estado cumpla con garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas que requieren un trasplante en Venezuela», publicaron en Twitter organizaciones como Prepara Familia, Codevida y Amigos Trasplantados.
La directora de la ONG Prepara Familia, Katherine Martínez, dijo a EFE que, durante la campaña, se realizarán actividades para exponer la situación que viven los pacientes que esperan por un trasplante.
Además, Martínez aseguró que hay pocas opciones para los pacientes, pues la posibilidad de que la donación sea de vivo a vivo es «excepcional», entre otras cosas, por las carencias en los hospitales públicos que impiden la ejecución de estas intervenciones.
Indicó que el cierre del sistema de donación de órganos de cadáver a vivo ha derivado en la muerte de 79 niños con deficiencias renales, atendidos en el principal hospital infantil de Venezuela, ubicado en Caracas.
«No tenemos las cifras de fallecimientos de adultos debido a la gran opacidad que existe en Venezuela, pero en el caso de los niños, niñas y adolescentes del servicio de Nefrología del Hospital J.M de los Ríos estamos hablando de 79 niños, 75 niños hasta diciembre y cuatro niños que han fallecido en lo que va de año», aseveró.
Hoy #1Jun de 2023 se cumplen 6 años de la suspensión del Sistema de Procura de Organos y Tejidos (SPOT).
El pasado 16 de mayo, organizaciones exigieron al gobierno reactivar el programa de transplantes, recordando que este es un tema de derechos humanos.
Anabell Arminio, asesor médico de la Organización Nacional de Trasplantes (ONTV), aseveró que el tema de los trasplantes compromete la salud y esta es necesaria para desarrollar un proyecto de vida.
La especialista señaló que, aunque el programa de procura de órganos se suspendió desde el 2017, ya desde el 2014 muchos centros hospitalarios se vieron obligados a suspender estas operaciones por las precarias condiciones del sistema de salud.
En un afán por generar recursos, en unidades de la Policía Nacional se está imponiendo un régimen de corrupción y extorsión que va desde los jefes hasta el agente de cada esquina
El 29 de mayo, la Inspectoría General de la Policía Nacional suspendió a tres comisarios que estaban al frente de la unidad de Servicio Aeroportuario de ese cuerpo en el aeropuerto de Maiquetía.
La información, conocida a través de una de esas minutas que describen “incidencias negativas”, involucra a una comisaria y dos efectivos de la misma graduación en lo que se conoce como el sistema de cuotas. Según fuentes de la propia institución, los oficiales que se desempeñan en plazas codiciadas, como la del principal terminal aéreo del país, periódicamente deben tributar dinero en efectivo a los superiores en la unidad: los del nivel operacional, cinco dólares; diez dólares los del nivel táctico y veinte dólares los encargados de la supervisión.
Eso explica por qué, en la denuncia difundida a través de las redes sociales, estos jefes policiales de Maiquetía hablaban sobre los detalles del asunto como si se tratara de algo normal y cotidiano. Confirmaban así la sospecha de que ellos no inventaron esta cadena de pagos, ni fijaron las tarifas. Los sancionaron porque se dejaron grabar.
En la minuta sobre el inicio del expediente administrativo contra los tres jefes policiales se indica que ellos extorsionaban a los subalternos. Realmente, los funcionarios que estaban más abajo en la cadena de mando de Maiquetía también formaban parte del sistema de corrupción. Eran ellos los que hacían la colecta. Los extorsionados eran los comerciantes y viajeros que utilizan el aeropuerto o tienen algún local allí, y que deben pagar las cuotas, pues de lo contrario no llegarían a tiempo al vuelo o no les permitirían operar sus comercios.
Pero la cosa va mucho más allá. Desde febrero, circulan las informaciones que explicaban cómo en la región policial de occidente (Redip Occidental) presuntamente se exigió a los jefes de cada unidad el aporte de ciertas cantidades para el financiamiento de un evento navideño. Eso pasaba por la entrega de una cuota extraordinaria, distinta de la que regularmente se debe consignar para continuar con las operaciones dentro de esa jurisdicción.
Es lo que han denominado “autogestión” en las filas de la Policía Nacional. Los agentes de a pie, los patrulleros, miembros de servicios especiales y, desde luego, los jefes de las unidades deben agenciárselas para mantener el servicio en funcionamiento.
“Esa autogestión implica que si lo envío a Ud. de jefe de la dirección contra la Delincuencia Organizada en Yaracuy le asigno cinco unidades que tienen los motores quemados. Y usted verá cómo las arregla, y como arregla el comando”, explicó un exfuncionario con conocimiento directo del problema.
Añadió que en estas situaciones el subalterno se siente coludido, y cumple con las órdenes de hablar con los comerciantes para que les den los galones de pintura y los repuestos de los vehículos.
Pero ese afán por la obtención de recursos ha tenido nuevos giros. En Caracas, se ha visto a efectivos de la PNB cuidando locales nocturnos o comercios en las horas de cierre. También haciendo trabajos de escolta armada. En La Guaira, se les ha visto en funciones de vigilancia privada en locales de una conocida cadena de farmacias.
Igualmente, funcionarios activos de la misma institución participan en el comercio de uniformes. Para ello, se anuncian en foros policiales e incluso en Instagram. Una gorra con logo de la PNB se puede conseguir en diez dólares, y el uniforme azul marino sin las botas por 45 dólares.
Desde luego, mucho de esto se sabe porque todavía la institución cuenta con efectivos capaces de distinguir estas irregularidades, a pesar de los permanentes esfuerzos por dar la impresión de que no tienen nada de malo.
En su exposición de motivos, la norma que dio origen a la Policía Nacional manifiesta el rechazo de los legisladores del momento a las tendencias privatizadoras de la seguridad ciudadana. Eso fue en 2008, cuando el país podía disponer de enormes recursos de la renta petrolera para financiar la creación y consolidación de un cuerpo preventivo de alcance nacional.
Quince años después, y a juzgar por las informaciones conocidas en los últimos días, la entidad modelo de la reforma policial venezolana se encuentra en una situación de “sálvese quien pueda”, donde a un motorizado cualquiera lo confrontan agentes de un punto de control con evidente intención extorsiva, porque no tenía la factura de un destornillador.
En este contexto, el principal perdedor es el ciudadano, que encuentra en situaciones como las aquí descritas nuevas razones para alimentar su desconfianza en las instituciones llamadas precisamente a preservar la civilidad.
Venezuela figura en el grupo de países con los menores índices de ley y orden, según la última medición mundial de Gallup (2022). El puntaje nacional fue de los tres más bajos, junto a Gabón y Afganistán. De igual forma, Venezuela es de los pocos países donde la desconfianza en los cuerpos policiales se ha hecho crónica. Incluso, la imagen de los uniformados no mejoró durante el lapso de la pandemia. Cosa que sí pasó en buena parte del planeta. Y junto a ello, los ciudadanos manifiestan sentimientos de inseguridad que los sacan de las calles apenas cae el sol.
Estamos entonces ante un problema grave y profundo, que no será superado con medidas espasmódicas como la suspensión de tres comisarios del servicio aeroportuario.
El juicio oral contra Clíver Alcalá Cordones fue pautado para el lunes 10 de julio. Este mayor general retirado del Ejército venezolano es procesado en la corte del Distrito Sur de Nueva York porque supuestamente participó en lo que se describe en la acusación como “una corrupta y violenta conspiración narcoterrorista entre el Cartel de los Soles venezolano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC), específicamente la facción denominada Nueva Marquetalia, encabezada por Luciano Marín, alias Iván Márquez. Alcalá es el único detenido por este caso, que también involucra al gobernante venezolano Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y al ex zar de la inteligencia Hugo Carvajal. En marzo de 2020, Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses en Colombia, poco antes de la fallida operación Gedeón, en cuya gestación él reconoció haber participado. Este general cuenta con la defensa de tres bufetes jurídicos: el del abogado César de Castro; Gotlib Law, representada por Valerie Gotlib, y Lewis Baack Kaufmann Middlemiss, de Adam Kaufmann. Este último es el mismo apoderado legal de Francisco Convit Guruceaga, solicitado por lavado de dinero en contrataciones con Petróleos de Venezuela. Cuatro días antes del juicio, Alcalá y sus abogados irán nuevamente a la corte del juez Alvin Hellerstein, para participar en una sesión preparatoria, en la que se discutirán las mociones pendientes.
Los senadores republicanos por Florida Bob Menéndez y Marco Rubio promueven la aprobación de una ley encaminada a restringir aun más la comercialización internacional del oro sustraído del Arco Minero venezolano. El Acta de EE. UU. para el oro legal y la alianza minera parte del principio según el cual todo el metal extraído del suelo venezolano es ilegal por definición, no solo por los métodos utilizados para obtenerlo, sino por los actores que participan en este proceso y en la cadena de distribución y comercialización. En los considerandos del proyecto, se hace especial referencia a la participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Tren de Aragua, que “ha expandido su rol en la minería ilícita, el tráfico y la comercialización del oro para incrementar sus ganancias criminales”. De igual forma, los legisladores estadounidenses destacan que la comercialización del oro está a cargo de la estatal Minerven, una entidad sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
Runrun.es fue el medio venezolano escogido para la fase 2 de la iniciativa de educación y aceleración Amuna Digital Latam de Sembramedia, que cuenta con el apoyo de Meta
La oportunidad de formar parte del programa de aceleración Amuna Digital Latam cobra mayor relevancia, tomando en consideración el contexto de bloqueo y censura en el que Runrun.es cumple a diario con su labor informativa
Runrun.esfue el único medio de comunicación venezolano seleccionado para la fase 2 de la iniciativa de educación y aceleración Amuna Digital Latam, que cuenta con el apoyo de Meta y que busca potenciar el periodismo emprendedor en Latinoamérica.
Este 31 de mayo Sembramedia dio a conocer el veredicto sobre los 10 medios nativos digitales independientes que serán parte de la fase 2 del programa en su segunda edición, escogidos entre otros 100 medios que participaron en la primera fase. Todos los participantes recibieron entrenamiento para planificar y desarrollar sus medios en sesiones interactivas y con la escuela virtual de SembraMedia.
“En esta nueva etapa los medios accederán a consultorías estratégicas y tácticas además de apoyo financiero para fortalecer e impulsar sus proyectos periodísticos», explicó en un mensaje en su perfil de Twitter Sembramedia, organización sin fines de lucro que apoya a medios independientes y digitales de Iberoamérica a encontrar y desarrollar modelos de negocio sustentables.
🟣 En esta nueva etapa los medios accederán a consultorías estratégicas y tácticas además de apoyo financiero para fortalecer e impulsar sus proyectos periodísticos.
Otros medios escogidos en la fase 2 de Amuna Digital Latam fueron La Nación de Bolivia, Shots de Ciencia y El Cuarto Mosquetero de Colombia, Malvestida y Red es Poder de México, Quórum.gt de Guatemala, la Revista Elementos de El Salvador y Revista Cítrica y Qué digital de Argentina.
Miembros del equipo de Runrun.es felicitaron a los medios seleccionados y agradecieron a SembraMedia por esta oportunidad única.
“Nos complace formar parte de esta iniciativa de aceleración que nos permitirá fortalecer el vínculo con nuestras audiencias y desarrollar y mejorar nuestros productos periodísticos”, expresó Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es.
Para Carmen Riera, directora ejecutiva de Runrun.es, la escogencia cobra mayor relevancia tomando en consideración el contexto en el que ejercemos a diario nuestra labor periodística desde Venezuela, “un país en el que sorteamos en cada jornada el bloqueo de nuestro dominio y recurrimos a alianzas para vencer la censura, alineados con nuestro propósito editorial: Periodismo que desafía el poder para defender tus derechos humanos”.
El Observatorio indicó que son los mismos integrantes de las comunidades quienes resuelven los problemas estructurales de forma autónoma ante las fallas de los servicios públicos
49.7 % de encuestados afirmaron que prefieren resolver el tema de la alimentación por su cuenta. 62 % de los encuestados de los 16 estados del país, perciben que sus comunidades son inseguras
«4,5 % de personas encuestadas se consideran analfabetas. Esto es importante porque el país tenía una tasa reducida, incluso nula, de este fenómeno, y ante la propaganda, que afirma que hay analfabetismo cero», indicó la profesora de Trabajo Social de la UCV, Mirla Pérez.
Este miércoles, 31 de mayo, el Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno (CIP), presentó su informe anual sobre las dinámicas comunitarias, comunal, delincuencial y la migratoria.
Para el informe, presentado en la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Observatorio Convivium realizó 638 entrevistas en 16 estados del país, y encontró que «desafío» es la palabra que sistematiza el gran esfuerzo de la organización para documentar las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja, que no se detiene, sino que cada día se redimensiona dejando cada vez, huellas más profundas.
El primer dato revelador del estudio es que empieza a aparecer con fuerza el anafalbetismo. «Tenemos que 4,5 % de personas encuestadas se consideran analfabetas. Esto es importante porque el país tenía una tasa reducida, incluso nula, de este fenómeno», indicó la profesora de Trabajo Social de la UCV, Mirla Pérez.
🔎 ¿Es Venezuela un territorio libre de analfabetismo?
— Centro de Investigaciones Populares (@cipopulares) May 31, 2023
De los encuestados, solo 11.4 % culminó la primaria, 34.2 % la secundaria, 18.3 % es estudiante universitario, 28.3% es profesional universitario y solo 3.3% posee un doctorado. El CIP señaló que es importante hacer un estudio sobré qué está ocurriendo en las escuelas.
Dinámica comunitaria
El Observatorio Convivium arrojó que son los mismos integrantes de las comunidades quienes resuelven los problemas estructurales de forma autónoma ante los problemas de los servicios públicos.
Según el CIP, 63 % de los encuestados solucionan sus problemas de forma individual, 20 % mediante reuniones comunitarias o soluciones vecinales, 8 % con protestas, 6 % pagan sobreprecio por un servicio y 3 % resuelven con los Clap.
En el tema de la salud, 30 % de los consultados afirmaron que enfrentan las enfermedades en los centros de salud públicos, 19 % con la solidaridad familiar en el país, 13 % con la solidaridad familiar en el extranjero, 14% con salud preventiva o natural y solo un 7 % tiene seguro y acude a consultas privadas.
Dinámica comunal
El informe señala que de las estructuras comunales, las de carácter organizativos son las que tienen mayor penetración en las comunidades. Entre ellas se encuentran el Clap, consejos comunales y jefes de calle.
«El uso del carnet de la patria es cada vez más extendido. Según nuestro registro, tenerlo no implica recibir los bonos que el régimen de dominación política asigna, de modo que tenemos un sistema eficiente para el control e ineficiente para la asignación», se lee en el estudio.
— Centro de Investigaciones Populares (@cipopulares) May 31, 2023
49.7 % de encuestados afirmaron que prefieren resolver el tema de la alimentación por su cuenta, 43 % también prefiere resolver por sí mismos, pero se ven en la necesidad de recibir la caja; mientras que 7.3 % prefiere recibir el Clap.
Dinámica delincuencial
Sobre el tema de la delincuencia 62 % de los encuestados de los 16 estados del país perciben que sus comunidades son inseguras.
El delito que se señala como predominante es el robo (71 %), seguido del tráfico y consumo de droga (44 %), robo en transporte público (23 %), hurto (19 %), homicidio (9 %) y violaciones (13 %).
La garantía de seguridad debería ser ofrecida por todos los cuerpos de seguridad del estado; sin embargo, 40 % de las personas entrevistadas dicen que los cuerpos de seguridad infringen la ley y que cometen delitos que van desde el abuso de autoridad hasta el soborno.
Sobre la presencia de bandas criminales, 72 % indicó que lo desconocen frente a un 28 % que afirmó que sí existen.
El estudio señala que de los 14 estados monitoreados detectaron, al menos, siete bandas criminales o mega bandas, una por estado.
Dinámica migratoria
Otro dato revelador del estudio de las dinámicas comunitarias, y en especial de la dinámica migratoria, es que el 86 % de las personas entrevistadas dicen tener, por lo menos, un familiar que ha emigrado. El factor económico (71 %) sigue siendo la razón principal para emigrar a otros países.
Solo el 34 % de los entrevistados dicen recibir remesa, de estos, el 80% admiten que esta les ayuda a solventar la crisis.
Otro fenómeno que evidenció el estudio es el despoblamiento de ciudades y pueblos, principalmente en el interior del país, ya sea por migraciones internas o externas. Hasta el 71 % de las casas quedan solas. Igual hay un potencial del 43 % de ser invadidos.
«La vida registrada -en Venezuela- es preocupante, pero estos acontecimientos nos ubica en la tremenda fragilidad socio-familiar que nos toca enfrentar como sociedad y como cultura«, concluye el estudio.
También se evidenciaron 12 ataques en contra de gremios, sindicatos, ONG y demás miembros de la sociedad civil por parte del Estado
La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), a través de un monitoreo realizado en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico, Portuguesa y Táchira, documentó 68 casos de violaciones a los derechos humanos.
El monitoreo arrojó también que durante el primer trimestre de 2023, hubo un incremento de 172 % con respecto al último trimestre 2022,en las vulneraciones a los derechos humanos en la región.
Según el estudio, se registraron tres casos de vulneraciones a la manifestación pacífica, 12 casos de vulneración a la libertad de reunión y de asociación y al espacio cívico y democrático, ocho vulneraciones a la libertad personal; detenciones arbitrarias, secuestro y retención, cinco casos de vulneración al acceso a la información y a estar informado (emisoras y programas cerradas), tres casos de vulneración a la libertad de expresión (intimidación a periodistas) y un caso de vulneración al derecho a la integridad física.
En el proceso de documentación, Fundehullan detectó que prevalece la política de criminalización contra la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos.
Ataque a las ONG
También se evidenciaron 12 ataques en contra de gremios, sindicatos, ONG y demás miembros de la sociedad civil por parte del Estado.
La aprobación por los diputados de la Asamblea Nacional en primera discusión el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, representa una «amenaza al funcionamiento de la sociedad civil organizada en Venezuela», advirtieron en el reporte.
Según cifras de la organización, en el mes de enero registró el mayor índice de vulneraciones en cuanto al derecho a la libertad de asociación y el derecho a reunión de los ciudadanos específicamente en los llanos y andes, con un 75% (9 casos), seguido por el mes de marzo con el 17% (2 casos) y por último febrero con el 8% (1 caso).
Vulneración a la libertad de expresión
Para el primer trimestre de 2023, se contabilizaron tres emisoras cerradas, dos programas de radio y tres ataques contra periodistas, los últimos mencionados, denunciaron que fueron víctimas de amenazas y denuncias por presuntamente difundir información falsa.
En cuanto a las incidencias y vulneraciones contra el derecho a la manifestación pacífica, el estado Barinas reflejó 69% (27 casos), seguido de Guárico con el 10% (4 casos), Táchira con el 8% (3 casos), Apure con el 5% (2 casos), al igual que el estado Portuguesa con un 5% (2 casos) y por último el estado Cojedes 3% (01 caso).
