Runrun - Periodismo de investigación

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Advierten sobre instalación de nuevos ciclos de violencia en comunidades víctimas de este flagelo
El psicólogo Manuel Llorens afirmó que en las comunidades donde se han vivido episodios de violencia crónica las personas comenzaron a mostrarse profundamente afectadas y reportan miedo, hiperactividad, depresión y malestar general
«Cuando el Estado no es capaz de generar los mecanismos defensivos que posibiliten el logro de la justicia y reparen el daño causado en las víctimas y sus familiares, la impunidad genera en las mismas un estado de inseguridad y pérdida de confianza en los organismos», afirmó Claudia Carrillo, psicóloga de Cofavic

 

@yeannalyfermin | Foto: EFE

 

Ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzosas, asesinatos de seres queridos, desplazamientos por miedo y persecución política son prácticas que dejan huellas en todas las personas que han sido víctimas de la violencia.

Los traumas psicosociales en personas y comunidades que han estado expuestas a largos períodos de violencia, fueron objeto de análisis en el III Congreso de Psicología que se realizó este 29, 30 y 31 de julio vía Zoom, evento que contó con el apoyo de 22 universidades del país y la participación de más de 100 profesionales destacados en el campo de la Psicología en Venezuela y de otros países.

Roger Castro vive en la parroquia El Cementerio, en Caracas, una zona popular que ha estado en zozobra desde hace varios años por la gobernanza criminal de alias «El Koki» y su banda.

Castro comenta que cuando «los de negro» suben para el barrio, se llena de miedo y esconde a sus tres hijos debajo de la cama por el temor de que una bala perdida los alcance.

«Una vez los policías se metieron a mi casa con la excusa de que yo estaba escondiendo algo, me golpearon y se llevaron mi celular. Cuando vienen, a todos en el barrio como que se nos paraliza la vida«, dijo. 

Ciclos violentos que se repiten

Desde el año 2016, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha venido alertando sobre el aumento sostenido de la letalidad policial, situación que según la organización, se ha extendido por varios estados del país, como la única política de seguridad que se ha estado implementando. 

A juicio del psicólogo Manuel Llorens, en las comunidades donde se han vivido episodios de violencia crónica como en Los Valles del Tuy, la Cota 905, y Los Ruíces; donde se vivió una cadena de linchamientos en 2015, las personas comenzaron a mostrarse profundamente afectadas, con miedo, hiperactividad, depresión y malestar general.

«Hemos encontrado personas que bajan la voz para hablar de manera susurrada, lugares donde la cultura del silencio impera, donde la gente dejó de ocupar espacios públicos por miedo, donde hay desconfianza total en los cuerpos de seguridad y donde finalmente se termina naturalizando la violencia», dijo Llorens. 

El psicólogo afirma que en las comunidades que han vivido violencia sostenida y no han tenido apoyo de la justicia, se comienzan a ver soluciones fragmentadas donde se instalan nuevos ciclos violentos y la cultura del más fuerte es la que impera.

«Un ejemplo de esto es lo que sucedió hace algunos años donde una mamá disfrazó a su hijo de Faes, el comando que más ha matado personas», dijo. 

Llorens explicó que vivir en un contexto de violencia hace que las personas pierdan de vista el sufrimiento del otro y se encierren en sí mismos para tratar de protegerse.

«En esa deshumanización se instaura también el crecimiento sostenido de la violencia, porque hemos visto casos donde personas dicen que ‘si los operativos son para matar a los malandros nadie debería molestarse’,  ‘que si lo mataron por ser malandro está bien’, sin conocer si la persona era inocente», explicó Llorens. 

Las huellas de la impunidad 

Giorgina Ramírez no puede ver una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) cerca de su barrio porque inmediatamente comienza a temblar y a revivir lo que ella describe como «el peor día de su vida».

La mañana del 25 de julio de 2017, varios hombres vestidos de negro, con pasamontañas y portando armas largas, irrumpieron en su vivienda, la maltrataron física y psicológicamente, la mantuvieron secuestrada durante al menos dos horas donde una vecina para que no presenciara el asesinato de su hijo menor y, además, le desvalijaron la casa.

«Cuando los veo, revivo la película del asesinato de mi hijo, y aunque ya han pasado cuatro años no olvido ningún momento ni la última mirada que mi hijo me dio. Me aterra el hecho de pensar que puedan volver. Vivo con miedo a pesar de que no les debo nada», dijo Ramírez. 

Para Claudia Carrillo, coordinadora del área psicosocial del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), las violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas dejan profundas huellas tanto en las víctimas como en sus familiares. 

«Las afectaciones van desde varias áreas, el área física que compromete la salud de las personas afectadas, cambios a nivel cognitivo, dificultades en la atención, memoria, concentración y orientación, cuadros depresivos, ansiosos y conductuales. El temor a hablar de la situación, miedo a nos ser comprendidos, confusión y miedo a no poder enfrentar la situación son algunas de las consecuencias que dejan las violaciones y abusos a los derechos humanos», dijo Carrillo. 

La coordinadora psicosocial de Cofavic aseguró que cuando el Estado no es capaz de generar los mecanismos defensivos que posibiliten el logro de la justicia y reparen el daño causado en las víctima y sus familiares, la impunidad genera en las mismas un estado de inseguridad, de perdida de confianza en los organismos y también manda una negativa señal en materia de convivencia y paz social.

Acompañamiento en los procesos de justicia 

En la actualidad, hay muchas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que se ocupan de defender los derechos de las víctimas de la violencia, tal es el caso de Cofavic y Provea, ambas con una basta trayectoria en la documentación de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Venezuela desde el año 1988. 

Para la psicóloga Claudia Carrillo, el acompañamiento psicojuridico constituye un trabajo integral que le permite a las personas afectadas fortalecer sus recursos personales para enfrentar las frustraciones inherentes a los procesos judiciales y les garantiza condiciones mínimas para que el proceso de litigio tenga ese efecto sanador. 

Carrillo también explicó que un buen acompañamiento a las víctimas debe ir desde antes, durante y después de los procesos jurídicos porque permite ubicar a la persona en el momento en el que está, brindándole orientación para que puedan presentar su testimonio, reconstruir nuevas experiencias y no se queden anclados en el lugar de víctimas. 

Sobre este punto, el psicólogo Manuel Llorens afirmó que a las víctimas de violencia por parte del Estado se le debe facilitar la atención que requiera sin quitarle su protagonismo ni minimizarle su situación. 

«Escuchar las historias sin juzgar, la compañía, el silencio y la humanización tienen un efecto sanador y contribuyen a la recuperación de quienes han sido afectados por la violación a los derechos humanos o han sido víctimas de eventos violentos», dijo Llorens. 

Alicia Neuburger, psicóloga, Universidad de Buenos Aires y ponente en el Congreso de Psicología, destacó que los sistemas de justicia en la mayoría de los países de America Latina lo que hace es agravar la condición de las víctimas de la violencia. 

Por su parte, el abogado Carlos Ayala Corao enfatiza que la búsqueda de la justicia es importante en todas aquellas personas que han sido víctimas de la violencia para que ocurra el proceso de sanación.

«Hay una obligación de los estados de proveer protección a las víctimas, a los familiares de la víctimas y cualquier persona que funcione como defensor de derechos humanos», afirmó Corao.

El jurista destacó que no hay que ver las etapas de frutración que puede sufrir una víctima de la violencia en Venezuela. «Hay que saber que hay justicia más allá de las instancias que conocemos», refiriéndose a los organismos internacionales que velan por los derechos humanos. 

FOTOS | Con récord olímpico y mundial, Yulimar Rojas gana medalla de oro en #Tokio2020
Desde el primer salto de Yulimar, sus rivales se vieron resignadas a luchar por el segundo puesto

 

Fotos: EFE 

 

Yulimar Rojas, doble campeona mundial de triple salto, conquistó en Tokio su primer oro olímpico con un nuevo récord mundial, 15,67 metros en su último intento.

El registro de Yulimar Rojas mejoró en 17 centímetros el récord mundial establecido por la ucraniana Inessa Kravets el 10 de agosto de 1995 en los Mundiales de Gotemburgo (Suecia).

La venezolana es la única atleta del mundo que había superado los 15 metros en el último ciclo olímpico (y además 17 veces antes de hoy, incluidas sus seis competiciones de este año), había prometido «un gran espectáculo» en la final, pese a que no había público para disfrutar del show.

En su primer salto se fue a 15,41 metros, ubicándose fuera del alcance de todas sus rivales, y despidió el concurso con el mejor salto de la historia.

La portuguesa Patricia Mamona, con 15,01 en su cuarto salto, se alzó con la presea de plata, y Ana Peleteiro, batiendo su récord nacional primero con 14,77 en el segundo turno y luego con 14,87 en el quinto, se fue con el bronce.

Nadie tenía la menor duda sobre la victoria de la criolla, por su calidad, su garra competitiva y su físico impresionante (192 centímetros de estatura, 72 kilos). Yulimar, adiestrada, como Ana Peleteiro, por el cubano Iván Pedroso en su campamento español de Guadalajara, estaba más de medio metro por delante de todas las demás.

La premiación del salto triple iniciará este domingo a las 8:00 pm, hora de Venezuela.

Venezuela está de fiesta 

Las redes sociales estallaron la mañana de este domingo, con la victoria de Yulimar Rojas quien no solo se alzó con la medalla de oro, sino que además, rompió récord olímpico y récord mundial en Tokio 2020. Muchas personalidades del mundo artístico y deportivo se unieron a la celebración y le expresaron sus felicitaciones a la atleta: 

Las mejores fotos de Yulimar en Tokio 2020

Yulimar Rojas Yulimar Rojas Yulimar Rojas

15 fallecidos y 1.040 nuevos contagios de Covid-19 reportó el gobierno este #31deJulio
Apure fue donde se registró la mayor cifra de contagios

15 fallecidos y 1.040 nuevos contagios de Covid-19 reportó la noche de este sábado 31 de julio a través de su cuenta de Twitter la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. 

Los fallecidos fueron un hombre de 69 años y cuatro mujeres 65, 73, 69 y 58 años, en Anzoátegui; tres hombres de 71, 59 y 62 años, en Miranda; dos hombres de 57 y 47 años, en Aragua; dos mujeres de 71 y 65 años, en Caracas; una mujer de 59 años y un hombre de 42 años, en Sucre; y una mujer de 67 años, en Amazonas.

El estado donde en las últimas horas se registraron la mayor cantidad de nuevos contagios fueron Apure (147) seguido de las entidades: Miranda (132) y Barinas (126).

Según la funcionaria de los 1.040 contagios 1.033 son de “transmisión comunitaria” y siete importados.

Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, Venezuela suma un total de 305.766 contagios y 3.591 fallecidos. 

Daniel Dhers le dio a Venezuela la tercera medalla de plata en Tokyo 2020
Quedó segundo en la modalidad de BMX Freestyle 

Daniel Dhers se alzó este sábado 31 de julio con la medalla de plata en la competencia de BMX en la modalidad de Freestyle de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Es la tercera medalla para Venezuela en esta cita deportiva, luego de las dos preseas en levantamiento de pesas. 

Dhers consiguió la marca de 92.05 en su segundo intento en la pista, lo que le garantizó el segundo lugar en el podio de ganadores, seguido por el británico Declan Brooks, con 90.80.

La categoría terminó encabezada por el australiano Logan Martin con 93.30 puntos.

«Segundo lugar, plata, no se pudo el oro. Pero se pudo la plata: hice todo lo que pude. Les dije que iba a dejar mi corazón en la pista. Hice todo lo que pude. Yo estoy demasiado feliz. No pensé en mi carrera que iba a venir a uos juegos olímpicos y ahora gané una medalla», dijo Dhers en redes sociales. 

Carlos Fernández: “El país tiene que regresar a la modernidad”
 Carlos Fernández asume la presidencia de Fedecámaras en medio de una crisis que pulverizó la economía y el bienestar. Los problemas son muchos, pero el principal es la pérdida de ingreso de los trabajadores, un descalabro para el que confiesa que los empresarios no tienen solución. Recalca que sin instituciones no habrá inversión privada

Fotos: Abrahan Moncada

A una semana de empuñar las riendas de Fedecámaras, el principal gremio empresarial del país, Carlos Fernández se toma un tiempo para analizar la coyuntura. La relación con el gobierno, el colapso del salario, la ausencia de crédito, las sanciones, son temas que afloran, pero recalca la necesidad de consensos y de asumir el fin del modelo de desarrollo sustentado en la renta petrolera.

¿Cómo visualiza el camino que tiene que recorrer Venezuela en los próximos años?

El regreso a la modernidad que principalmente significa fortaleza institucional, empoderamiento ciudadano, prosperidad, inclusión, economías donde el trabajo está en función del hombre y donde el ser humano tiene acceso a los beneficios de la modernidad y la formalidad. Tecnologías de punta, pleno respeto de los derechos humanos.

Habla del regreso a la modernidad.

Éramos una sociedad inclusiva, en los años sesenta teníamos una enorme movilidad social, un profesional podría comprarse una casa a los tres años de trabajo, los servicios públicos funcionaban bastante bien. La modernidad es un estado que tuvimos, que perdimos, una vocación y una actitud. Entre todos tenemos que convencer al país de que hay un futuro mejor a lo que existe actualmente.

En su discurso al asumir la presidencia de Fedecámaras dijo que la destrucción que vive el país es responsabilidad de todos, pero no en partes iguales, afirmó que hay unos que tienen más responsabilidad que otros. ¿Quiénes son los que tienen más responsabilidad?

Por supuesto al final la responsabilidad mayor cae en los gobiernos, pero el tema venezolano no puede ser que la culpa es del presidente, todos tenemos una cuota y tenemos que asumirlo, si no lo asumimos no vamos a salir de las dinámicas que nos trajeron donde estamos. Hemos dicho que tenemos que ir a una economía productiva e inclusiva. ¿A dónde vamos ahorita? ¿Cuál es el modelo que tiene el país? A mí eso me mortifica.

El gobierno tiene uno, el socialismo del Siglo XXI.

¿Pero por qué todo lo que tiene el gobierno es lo que tiene que ser? ¿Por qué siempre tiene que ser lo que dicen allá?

Porque tienen el control.

Pero la movilización social, la presión ciudadana y la articulación también hace que la gente cambie de opinión, o modere. La respuesta no puede ser lo que el gobierno quiere: ¿Puede? ¿La tiene tan fácil? ¿Es tan sencillo llegar allá? ¿Si el país no lo acompaña qué sucede? Yo sé que quieren muchas cosas, está el Plan de la Patria, eso está muy bien, pero eso es lo que quiere una parte del país. Tiene que ser una cosa que acompañemos la gran mayoría. 

Me parece interesante que cuestione el modelo y diga que necesita cambios porque hay una parte del país que piensa que Fedecámaras ha hecho un acercamiento con el gobierno y ya no tiene planteamientos críticos.

Lo que no quiero es que el modelo sea impuesto. A mí ese modelo no me gusta para nada, pero de lo que trato de convencerte es que porque ellos quieran no es que va a ser así, la sociedad es mucho más grande.  No vas a obligar a la sociedad a que te acompañe, la tienes que enamorar de la idea.

Actualmente tenemos un modelo rentista que ya no tiene renta, pero el gobierno no termina de aceptar que colapsó.

Voy más allá, creo que el gobierno y buena parte del país cuando leen los números entienden que el modelo rentista en buena parte se acabó, pero sigue aquí (se toca el corazón) y aquí (se toca la sien). Inclusive en el sector nuestro. Nos toca convencer a los nuestros y decirle no existe, tienes que ver cómo sales adelante porque el que te ayudaba no tiene cómo ayudarte. Vamos a suponer que siga queriendo, ¿pero de dónde?

 ¿El gobierno no puede imponer un modelo si no es consensuado con la mayoría del país?

El país debe aprovechar el acercamiento, las conversaciones, el acompañamiento internacional de Noruega para que después de resuelto el tema institucional se quede la instancia que se creó para abordar otros temas como el modelo de desarrollo económico.

Para el gobierno en buena parte la crisis es producto de las sanciones. ¿No es así?

Creo que también es así, el país está sancionado esa es una realidad que tenemos que manejar, lo que pasa es que muchas veces cuando afrontamos la realidad lo hacemos con el enfoque de buscar culpables y tenemos que superar ese tema. Prefiero solucionar los problemas y después ver quiénes son los culpables.

¿Qué propuesta tienen para el tema de las sanciones?

El gobierno debe estudiar las causas, determinar si las cosas son mejorables, si estuviera en el gobierno trataría de ver cuáles son las razones y las causas, sentarme a negociar.

La causa de las sanciones es clara: esos países consideran que la reelección del presidente fue mediante una elección no legítima.

Pero ellos consideran que sí es legítima, entonces hay que hacer una discusión. Creo que es un tema diplomático.

¿Fedecámaras considera que las sanciones deben ser levantadas?

Considera que es un tema que tiene que resolverse y estamos dispuestos a participar en esquemas de conversaciones.

Abrahan Moncada

La vicepresidenta Delcy Rodríguez invitó a los empresarios a invertir bajo la Ley Antibloqueo. También está por aprobarse la Ley de Zonas Económicas Especiales y un plan de sustitución de importaciones. ¿Habrá una respuesta positiva?

Si hay éxito en el proceso de negociaciones, acuerdos y vuelta a la institucionalidad. Se necesita la reinstitucionalización del país para generar confianza. Si la prosperidad económica fuera un asunto de leyes todos los países fueran prósperos.

 Todo apunta a que el gobierno tendrá que desprenderse de empresas públicas que ya no puede sostener y que los grupos que podrían beneficiarse de esta transferencia de activos son los más cercanos al poder. ¿El capitalismo de oligarcas no es un peligro real?

Creo que ese es un peligro, pero hay otra forma de abordarlo. Tiene que ser un proceso transparente, donde se le de participación a todo el que reúna las condiciones mínimas y en el caso de las empresas intervenidas, expropiadas, respetar el derecho de los antiguos propietarios.  El Estado debe entender que se reservó para sí muchos sectores de la economía que pueden ser atendidos por la iniciativa privada.

Según Conindustria el salario promedio en la industria privada es de 78 dólares para un obrero, 172 el de los profesionales y 414 en el caso de los gerentes. ¿Hay una propuesta para recuperar la relación trabajo-salario?

La insuficiencia de ingreso del trabajador es el principal problema económico y nosotros no tenemos la solución.  Tiene que ver con la hiperinflación, con el achicamiento de la economía, con la pérdida de ingresos externos y con la formación de precios, es un tema sumamente complejo. Con modificaciones legales, institucionales, acuerdos internacionales, podrías comenzar a generar dinámicas para que el ingreso se vaya recuperando.

El ingreso es ínfimo pero los precios son internacionales.

Buena parte de la industria está trabajando al 20% de la capacidad instalada y hay estructuras mínimas por mantener.  Por ejemplo, antes los costos los soportaba una producción de cien mil bolígrafos y hoy solo produces 100 bolígrafos. Entonces al final cuando haces traspaso de costos terminas teniendo precios elevados. Se pierde la economía de escala y la productividad.

Hay un problema de reducción del mercado y un sector privado que difícilmente podrá exportar en el corto o mediano plazo en términos relevantes. ¿Esas plantas industriales que están utilizando 20% de su capacidad instalada tendrán que achicarse y vender sus máquinas?

Tienen que hacer todo eso y mucho más, el país tiene más activos de los que necesita y de los que va a utilizar en el corto plazo, pero no es fácil venderlos. No nos va a quedar otra que en la medida en que se recupere la demanda ir abriendo mercados internacionales. Un aspecto importante es que actualmente no hay acuerdos comerciales, el único que existe es Mercosur y está suspendido.

Ha dicho que la Ley del Trabajo es una rémora. ¿Por qué?

La Ley del trabajo nació en una realidad distinta, en 2012 estábamos en la mayor efervescencia del consumo, era otro país. Tiene un enfoque donde se busca proteger a quien tiene trabajo, pero no está pensada para estimular la creación de empleo.

El gobierno ha optado por asfixiar el crédito para contener el ascenso del dólar. ¿Qué opina de una economía tan pequeña que las empresa funcionan con su propio dinero?

La economía está pequeña porque no hay crédito. El gobierno tomó el camino de restringir la oferta monetaria para bajar la presión sobre el dólar y quizás lo ha logrado, pero a un costo que ha sido importante para el dinamismo de la economía.

La visión del gobierno es que el crédito se va a la compra de dólares y se acentúa la devaluación del bolívar.

Hay que entender que la estructura económica de Venezuela tiene un alto componente de productos importados, se compran dólares por el proceso productivo. Entonces, quizás por creer que la gente estaba especulando terminaste de ahogar el aparato productivo.

Delcy Rodríguez dijo: “Quien controle la moneda controla un país. Estados Unidos lo tiene muy claro, la Reserva Federal lo tiene muy claro” e hizo un llamado a los empresarios a no dejarse controlar. ¿Es posible revertir la dolarización de facto?

Es una pregunta complicada. Creo que es difícil y en todo caso llevaría mucho tiempo, pero no lo descarto de plano, siempre hay un sentimiento sobre la moneda nacional. Es algo que llevaría mucho tiempo, porque el dinero es fiducia, confianza.

¿Si se hace por la fuerza?

Peor, aquí estaba prohibido el dólar hasta hace nada, pero la dolarización ya existía. La necesidad se impuso.

Keydomar Vallenilla sumó otra medalla de plata para Venezuela en Tokyo 2020
La delegación criolla consiguió su segunda presea plateada en los Juegos Olímpicos 

El pesista Keydomar Vallenilla logró la medalla plata en la categoría de los 96 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En su primer intento Vallenilla levantó 172 kilogramos, mientras que en el segundo logró 175, acumulando 347.

El caraqueño de 21 años de edad y oriundo de la Cota 905 arrancó el envión con 210 kilogramos y en el segundo y tercer intento falló respectivamente con 215 y 216 Kg.

Vallenilla fue superado por el catarí Faris Ibrahim, quien consiguió el record olímpico y la medalla dorada

Es la segunda presea de plata para Venezuela en los Juegos y la numero 19 en la historia, luego que el igualmente pesista Julio Mayora consiguiera la suya en los 73 kilogramos. 

Es la primera vez que Venezuela logra dos medallas de plata en una misma edición. 

Todo lo que debe pasar para que Maduro sea procesado por la CPI
La causa de Venezuela, que ya lleva casi tres años en la Corte Penal Internacional, puede tardar un par de años más, o una década entera. El complejo litigio, de cuatro fases, debe asegurar lo esencial: que los señalamientos sobre los medios y altos mandos sean, más allá de dudas razonables, incuestionables. Runrun.es presenta, a través de cuatro infografías, cómo es el proceso ante el máximo tribunal del mundo

@loremelendez        

 

En 2012, el líder militar congolés Thomas Lubanga se convirtió en la primera persona condenada por la Corte Penal Internacional (CPI), fundada el 17 de julio de 1998. La institución lo sentenció a 14 años de prisión por crímenes de guerra cometidos en su país, donde reclutó y sometió a entrenamientos militares a niños menores de 15 años para obligarlos a participar en hostilidades y ser guardianes de los altos cargos de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. El proceso entero, desde que el gobierno de la República Democrática del Congo pidió en 2004 que se investigaran los crímenes de los rebeldes, duró ocho años. 

Pero no todos los casos ante la CPI tardan el mismo tiempo. Hay otros que permanecen en investigaciones todavía más años y los señalados, al final, resultan exculpados. Así sucedió con Jean Pierre Bemba, líder del Movimiento para la Liberación del Congo, la milicia que, junto con el gobierno de la República Centroafricana, participó a finales de 2002 en una operación de cinco meses en la que cientos de civiles fueron asesinados, violados y saqueados. La causa llegó a la Corte en 2004 y Bemba fue condenado 12 años más tarde, en 2016. Pero a los dos años fue absuelto porque se determinó que no podía ser considerado penalmente responsable de los crímenes cometidos por sus tropas.

Venezuela está apenas en la primera parte de un proceso complejo que podría durar más de una década. Al cabo de casi tres años de que los gobiernos de Argentina (que se retiró de la demanda este año), Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaran a la fiscalía de la CPI que investigara supuestos crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos por la administración de Nicolás Maduro desde abril de 2014, la “situación” “Venezuela I” todavía no es considerada un caso dentro del máximo tribunal internacional.

 

Más allá de toda duda

Para la abogada especializada en derecho internacional y derechos humanos, Sara Fernández, hay que hacer un “manejo de expectativas” en torno a lo que significa que Venezuela esté bajo la mira de la CPI. Se debe saber que el fin de este proceso tendrá un rol muy pequeño en la resolución de la crisis humanitaria. La Corte determinará las responsabilidades en casos muy específicos y se limitará a señalar a cinco o seis personas de todo el gobierno de Maduro.

Pese a lo que podría apuntar el proceso, Fernández aclara que en muchos casos el fiscal –tal como sucedió con Bemba- no ha logrado probar los hechos y sus responsables, más allá de toda duda razonable. Esto podría pasar también con Venezuela si las pruebas no logran ser convincentes. 

“Es difícil establecer una situación que sirva como espejo con respecto a la situación de Venezuela. Sin embargo, creo que puede decirse que guarda cierta similitud, únicamente con algunos de los crímenes de Kenia y la situación, en tanto que allí se estaba en un contexto de violencia post-electoral, lo que conllevó a la comisión de crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y deportación o traslado forzoso. También, en esa situación, quienes resultaron imputados ante la Corte Penal Internacional eran altos funcionarios del gobierno, como el Jefe de Estado, Uhuru Kenyatta y el vicepresidente de Kenia, William Ruto. A su vez, esta situación permite observar lo difícil que es juzgar a un jefe de Estado en ejercicio, puesto que, la Oficina de la Fiscalía no pudo recabar las pruebas”, señaló Omar Piñango, abogado y coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad  de la ONG Defiende Venezuela.

Fernández, en cambio, recuerda que el caso de Costa de Marfil podría convertirse en un espejo. El ex presidente, Laurent Gbagbo, tras ser acusado de cuatro cargos de crímenes de lesa humanidad (asesinato, violación y otros actos inhumanos o – alternativamente – intento de asesinato y persecución), quedó absuelto. La Fiscalía no pudo demostrar que el entonces mandatario en ejercicio, tras cuestionar los resultados electorales que lo condenaban a la derrota y que daban como ganador a su rival, Allasane Ouattara, orquestó una ola de violencia política y étnica que solo culminó con la intervención de Francia y la asunción de Ouattara.

“La falta de pruebas de la Fiscalía no estaba en lo que se necesitaba para confirmar que se había cometido un delito, la dificultad estuvo en demostrar la cadena de mando, en señalar que el alto mando tuvo responsabilidad en esos hechos porque ordenó su comisión o tuvo que ver en esa decisión”, sentenció la especialista. 

Fernández también adelantó que, a partir del caso de Costa de Marfil, la fiscalía adoptó la estrategia de construir casos desde mandos medios a altos para explicar cómo se dio y ejecutó la orden. “La fiscalía ha aprendido de estos casos”, añadió.

Para la búsqueda de pruebas, en el caso Venezuela, la diáspora será crucial. 

“En la actualidad, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 5.6 millones de venezolanos y venezolanas se encuentran viviendo en el exterior, cientos de ellos huyeron al ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos por haber sufrido crímenes de encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, y persecución fundada en motivos políticos. Por lo que, estos testimonios de víctimas y testigos, al igual que las evidencias documentales que puedan tener, van a representar gran parte de los elementos de convicción que podrían ser presentados frente a una eventual investigación formal que se abra en la situación de Venezuela I, con los cuales se podría nutrir la investigación”, detalló Piñango.

Fernández señaló que aunque la migración de venezolanos permita la posibilidad de contactar víctimas, localizar testimonios y recabar pruebas para identificar posibles casos que conduzcan a la solicitud de órdenes de aprehensión, no se sabe si la CPI pueda ingresar a territorio venezolano durante la fase de investigación. “Si bien Venezuela ha mostrado apertura e interés en colaborar con la Fiscalía, sabemos que es posible que eso cambie una vez que haya acusaciones”, recalcó.

Apuntó que ese trabajo probablemente recaerá en la sociedad civil que está en el terreno, que deberá establecer una cadena de conservación de la prueba. La CPI también tendrá que  asegurar la cooperación de parte de otros Estados, no solo de Venezuela, así como fortalecer la documentación de la evidencia.

Piñango aclaró que, a medida de que avance el caso ante la CPI, se necesita alcanzar “ciertos estándares de prueba que cada vez son más rigurosos”. 

“En efecto, el estándar probatorio requerido en el examen preliminar es el de “bases razonables”, según el cual se busca únicamente una ‘justificación razonable’ de que uno de los crímenes de lesa humanidad haya ocurrido. Para una etapa de juicio, en la que se está debatiendo la responsabilidad criminal de un individuo, el estándar adoptado es el de ‘más allá de toda duda razonable’, siendo este el más exigente durante todo el procedimiento ante la Corte. Por ello es clave la cooperación del Estado parte con la investigación, pues de lo contrario, la misma se podría ver truncada”, finalizó. 

Las cartas para detener el proceso

La situación Venezuela I sufrió un retraso cuando el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, introdujo ante la Cámara de Cuestiones Preeliminares un documento en el que se quejaba por el escaso apoyo que le había prestado la Fiscalía ante los señalamientos formulados contra la administración de Nicolás Maduro.

“Son técnicas procesales que veremos no solo en esta etapa preliminar, sino que probablemente estén presente también en el supuesto de que se abra la investigación formal. Todavía son muchas las formas en la que el Estado venezolano puede retrasar esta investigación, haciendo uso, por ejemplo, de cuestiones de admisibilidad. La labor es entonces buscar acreditar a través de la documentación, la falta de investigaciones y enjuiciamientos en los hechos relevantes en el contexto bajo examen. La falta de procedimientos genuinos y, en definitiva, la incapacidad del sistema de justicia de conducirlos”, insistió Piñango.

Fernández indicó que, en el supuesto de que Venezuela I pase a ser un caso, la defensa de Maduro podría apelar al artículo 18 (numerales 2 y 3) del Estatuto de Roma, que contemplan que, en el mes siguiente a la apertura de la investigación, el Estado en cuestión podrá demostrar a la CPI que está llevando a cabo un proceso judicial por los crímenes que lo comprometen ante la Corte. El Fiscal podrá volver a examinar nuevamente si se inhibe en el caso.

Pero Fernández duda que la apelación al artículo pueda frenar el avance de Venezuela I en la CPI. Advierte que si bien Afganistán apeló a este artículo, su examen preeliminar había terminado tres años antes y hubo un período largo para que estos procedimientos se produjeran. En cambio, el examen de Venezuela acaba de terminar.

La administración de Maduro también podría cuestionar la admisibilidad de la situación. Pero, de nuevo, la especialista ve improbable que la CPI estime estas acciones como válidas, ya que tendrían que probar que la investigación gubernamental incluye a mandos militares altos y medios.

 

El proceso

 

Fase preliminar

Aquí está “Venezuela I”. En esta primera parte del proceso, los hechos a investigar todavía no se han convertido en casos y se les denomina “situación”. Aquí transcurren las cuatro fases del examen preliminar que, primero, busca estudiar e identificar toda la documentación recibida para determinar que es fidedigna y que se cometieron crímenes que juzga la Corte; luego se dedica a evaluar si el o los crímenes cometidos son de su competencia, posteriormente revisa si se cumplen los principios de complementariedad (si ya existen procedimientos nacionales genuinos y relevantes) y de gravedad (la escala, naturaleza e impacto de los crímenes) y, por último, precisa si existen fundamentos para considerar que la investigación no servirá a los intereses de la justicia.

 

Fase de investigación

Es el momento de profundizar la investigación. Con ese fin, incluso se puede solicitar una visita al Estado implicado, algo que los expertos dudan que ocurra en Venezuela. Es vital que la Fiscalía tenga en cuenta la naturaleza de los crímenes, sobre todo aquellos vinculados con violencia sexual, por razones de género y contra los niños.

En la audiencia de confirmación de cargos, que se produce en esta etapa, el imputado puede estar ausente y, en ese caso, será representado por un defensor. En este acto, no será necesario que el fiscal llame a declarar a testigos, pese a que debe presentar pruebas suficientes para cada cargo.

Mientras que el fiscal podrá modificar o retirar los cargos antes de la audiencia, el imputado podrá impugnar los cargos y las pruebas presentadas por Fiscalía, así como presentar las suyas.

Será la Sala de Cuestiones Preliminares la que determinará si existen pruebas suficientes para enjuiciar al acusado. En este caso, lo asignará a una Sala de Primera Instancia. De lo contrario, no confirmará los cargos o levantará el acto para pedir a la Fiscalía la presentación de más pruebas o la modificación de los cargos.

 

Fase de juicio

La Sala de Primera Instancia es la que rige esta tercera parte del proceso, por eso, más allá del juicio, también celebrará consultas con las partes, determinará el idioma del juicio, dispondrá de la divulgación de información que no haya salido a la luz con anterioridad, indicará si los cargos deben acu

mularse o separarse en caso de que haya más de un acusado, ordenará la comparecencia y declaración de testigos, documentos y otras pruebas; protegerá la información confidencial, al acusado, los testigos y las víctimas, y ordenará más pruebas si lo considera necesario.

Si el acusado se declara culpable, la Sala revisará con el defensor si tal confirmación es voluntaria. Podrá condenarlo si considera que reconoce los hechos esenciales que configuran el crimen. De lo contrario, tendrá la declaración como no formulada y ordenará la continuación del juicio.

 

 

Fase de apelación

En la cuarta y última etapa, la Sala de Apelaciones toma las riendas del procedimiento. Podrá apelar tanto el fiscal (si considera que existe un vicio de procedimiento, un error de hecho o un error de derecho), como el condenado (si cree que existe un vicio de procedimiento, error de hecho, error de derecho o una desproporción entre el crimen y pena) y la Corte (si hay fundamentos para revocar la condena del todo o parcialmente).

Para que el proceso ocurra por completo, la “situación” Venezuela I todavía debe convertirse en un caso y, sobre todo, lograr que a lo largo del tiempo, las dudas razonables sean certezas que incriminen a los cargos medios y altos que están implicados.

Venezuela suma 18 muertes por COVID-19 y 929 nuevos contagios este #30Jul
De acuerdo con el balance oficial, en las últimas 24 horas el total de muertes asciende a 3576 y el de contagios a 304.726

El ministro de Comunicación e Información del gobierno de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, informó vía Twitter la noche del 30 de julio que en las últimas 24 horas se reportaron en el país 18 fallecimientos por COVID-19 y 929 nuevos contagios, todos por transmisión comunitaria. Con estas cifras, el total de muertes asciende a 3576 y el de contagios a 304.726.

Con respecto a los fallecidos, dijo que se reportaron:

3 hombres de 55, 57, 70 años y 2 mujeres de 60, 71 años de Aragua
2 hombres de 56, 68 años y 1 mujer de 58 años de Caracas
2 hombres de 57, 74 años de Miranda
1 mujer de 66 años y 1 hombre de 57 años de Táchira
2 hombres de 50, 63 años del Zulia
1 mujer de 51 años de Bolivar
1 mujer de 59 años de Lara
1 mujer de 87 años de Sucre
1 hombre de 76 años de Trujillo

Los casos comunitarios están ubicados en La Guaira 163, Monagas 131, Yaracuy 90, Miranda 89, Mérida 81, entre otras entidades.

En este sentido, detalló: «La Guaira presenta hoy el mayor número de contagios, en sus 11 Parroquias: Catia La Mar 39, La Guaira 23, Urimare 22, Macuto 17, Maiquetía 17, entre otros».

Refirió que hay 288.864 personas recuperadas, lo que representa el 95% de los contagios. «Contamos con 12.286 casos activos, 12.022 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 264 en clínicas privadas», sumó.

De igual modo, mencionó: «asta la fecha tenemos 6.412 pacientes que se encuentran asintomáticos, 4.679 con Insuficiencia Respiratoria Aguda leve, 797 con Insuficiencia Respiratoria Aguda Moderada y 398 en la Unidad de Cuidados Intensivos».