El número de venezolanos regularizados como refugiados en tan solo un día prácticamente dobla las 11.231 concesiones de refugio a ciudadanos de todos los países ofrecidas por Brasil entre 1997 y 2018
El Gobierno brasileño le concedió este jueves el estatus de refugiado a 21.432 venezolanos que ingresaron a Brasil huyendo de la crisis económica, política y social de su país, en una decisión masiva e inédita que abre un precedente para casos similares en el futuro, informaron fuentes oficiales.
El número de venezolanos regularizados como refugiados en tan solo un día prácticamente dobla las 11.231 concesiones de refugio a ciudadanos de todos los países ofrecidas por Brasil entre 1997 y 2018, dijeron a Efe voceros del Comité Nacional para los Refugiados (Conare).
«Es un marco histórico en términos de regularización migratoria, un divisor de aguas que abre precedentes para facilitar procesos semejantes en adelante», afirmó el portavoz de la Conare, un organismo interministerial coordinado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Social y responsable por la concesión de ese estatus a los refugiados.
La masiva concesión de refugios fue oficializada en un acto en la sede del Ministerio de Justicia en Brasilia que contó con la participación de representantes de la Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que elogiaron la iniciativa.
De acuerdo con la Conare, la decisión fue posible gracias a un decreto de junio pasado por el que el Gobierno de Brasil clasificó a Venezuela como un país en situación de «grave y generalizada violación de los derechos humanos», lo que facilita la concesión del estatus de refugio a migrantes que aleguen tal condición.
«La Conare usa el criterio de persecución subjetiva tras dar por hecho que en Venezuela hay una violación masiva, grave y generalizada de los derechos humanos», según el coordinador general del Conare, Bernardo Laferté.
Brasil le concede el estatus de refugiado, que le permite regularizar su situación en el país en condiciones especiales, a personas que han huido de su nación de origen por «fundados temores de persecución» por motivo de su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social.
La masiva regularización también fue posible, según el vocero consultado por Efe, gracias a herramientas de inteligencia e informática que permiten cruzar datos de diferentes solicitudes, agrupar los casos semejantes y establecer un flujo para un juicio conjunto.
Según los datos del Conare, el número de peticiones de refugio de venezolanos en Brasil saltó en un 245 % el año pasado, desde 17.685 en 2017 hasta 61.681 en 2018, cifra ya superada este año pese a que aún no se conocen los datos oficiales.
El aumento de las solicitudes hizo que los venezolanos pasaran a representar el 52 % del total histórico de extranjeros que ha solicitado refugio ante el Gobierno brasileño, además del 77 % de los que lo hicieron en 2018.
El 81 % de las peticiones de refugio de venezolanos el año pasado fue presentado en Roraima, estado amazónico que cuenta con el único paso fronterizo entre los dos países y en donde se ha concentrado la mayoría de los ciudadanos de Venezuela que ingresan a Brasil huyendo de la crisis humanitaria en su país.
El número de venezolanos admitidos como refugiados no incluye a los miles de ciudadanos del país vecino que en lugar del refugio solicitan residencia en Brasil, una herramienta prevista en los acuerdos del Mercosur con las naciones andinas y que igualmente permite a los extranjeros regularizar su situación.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, al menos 75.220 venezolanos contaban con residencia permanente en el país hasta abril pasado.
La concesión masiva de refugio a venezolanos coincidió con la divulgación de un informe en el que la organización internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció que al menos 529 niños y adolescentes venezolanos ingresaron a Brasil sin la compañía de un adulto en los últimos seis meses, por lo que carecen de protección del Estado en el país.
Estos menores, en su mayoría entre 13 y 17 años, no tienen acceso a educación o salud en Brasil debido a que no cuentan con un adulto o responsable legal que los represente, y terminan viviendo en las calles, en donde están expuestos a la violencia o al reclutamiento de grupos criminales, según HRW.
