Decir que los empresarios pueden colaborar con el gobierno y a la vez pretender que al hacerlo están exentos de que los cuestionen por una supuesta obligación es un argumento de mala fe
Quienes me conocen en persona o leen esta columna regularmente saben que una opinión mía, nada exenta de polémica, es que cabe esperar que los grandes entes de la sociedad civil mantengan trato cordial con la elite chavista mientras no se vea un cambio de gobierno en el horizonte. Así sea solo para sobrevivir. Debido a la intolerancia extrema del chavismo a la crítica, lograr aquella cordialidad pasa necesariamente por abstenerse de criticarlo, lo que a su vez supone en términos prácticos abstenerse de hablar de política venezolana en general. Así, desde una posición neutral, pueden entenderse con Miraflores y procurar que el poder cree o mantenga las mejores condiciones posibles para sus respectivas actividades. Si el resultado en tal sentido es subóptimo, no importa, ya que la alternativa es el reclamo que puede desatar la furia gubernamental y la consecuente posible aniquilación.
Pero siempre he dejado claro que hay un límite ético para esta postura, un punto a partir del cual el cuestionamiento se vuelve inevitable. Y es cuando los entes de la sociedad civil, en vez de evitar “meterse en política”, intervienen en respaldo de la elite gobernante. Lamentablemente, ya está ocurriendo. Se ve sobre todo en las grandes organizaciones patronales, representantes de las elites empresariales del país. No solamente porque repiten la propaganda chavista sobre las sanciones internacionales como culpables del empobrecimiento de las masas, sino además porque promueven con entusiasmo sus actos, aunque sea evidente que, como todo lo que hace este gobierno, el propósito es en beneficio exclusivo de los poderosos y no del país entero. Verbigracia, llamaron a votar en la “consulta” sobre el reclamo del Esequibo, aunque su objetivo no fuera realmente fortalecer la posición de Venezuela en la disputa, sino desviar la atención puesta en la exitosa elección primaria de la oposición y tratar de movilizar ciudadanos a favor del chavismo.
Ahora tenemos a Fedecámaras tomando parte en las reuniones convocadas por la elite chavista para definir el cronograma de las “elecciones” presidenciales y emergiendo de las mismas sin más que un tímido y anfibológico llamado a que se mantengan los llamados Acuerdos de Barbados y un tácito consentimiento de los planes de llevar a cabo el proceso excluyendo a la candidata unitaria de la oposición, María Corina Machado.
Hasta donde yo sé, la propia organización ha preferido ignorar el torrente de repudio resultante. Pero no le han faltado terceros que acudan en su defensa. Entre sus argumentos está algo que más o menos refleja la premisa en el primer párrafo de este artículo, pero que ignora el límite ético. Si usted sospecha que me refiero a conspicuos devotos del fetichismo electoral y edulcorantes del panorama político para justificar a una oposición de mentira, pues acierta. Dicen, pues, estos señores que los empresarios están obligados a involucrarse en la simulación de democracia porque lo contrario sería un desplante que el chavismo vería con muy malos ojos y que los expondría a represalias que harían daño a lo que queda de sector privado. Dado que son empresarios y no dirigentes políticos opositores, pues es natural que hagan lo que tengan que hacer para velar por sus intereses empresariales. No se les puede juzgar porque actúan más allá de la política.
¿Es esto cierto? En primer lugar, hay que decir que la elite chavista no necesita de ninguna manera que Fedecámaras le legitime sus argucias. Le basta con que la organización, así como el público en general, no lo estorbe con gestos de oposición. En otras palabras, la tesis sobre una supuesta obligación es espuria y era posible que la patronal se quedara, digamos, en neutro. Pero no. Prefirieron tomar partido. Al hacerlo, se convirtieron en actores políticos. Y todo actor político, que interviene a favor o en contra de un orden público cualquiera, está sujeto a crítica por el público afectado. No se vale inventar privilegios metafísicos de “actor político que trasciende la política”.
Aquellos señores decidieron involucrarse en los planes antidemocráticos del gobierno. Esa escogencia es el quid de la cuestión. Actuaron libremente. Sartre consideraba que los seres humanos siempre actúan libremente pero que, a veces, para no lidiar con las posibles consecuencias negativas de sus decisiones, aducen que factores externos los forzaron. Es un autoengaño y un intento de renegar de la libertad propia para no asumir responsabilidades. Sartre lo llama “mala fe”. Decir que los empresarios pueden colaborar con el gobierno y a la vez pretender que al hacerlo están exentos de que los cuestionen por una supuesta obligación (cuya existencia, repito, resulta dudosa) es un argumento de mala fe.
Tenemos una elite gobernante a la que la inmensa mayoría de la población atribuye, con toda razón, el desplome de su calidad de vida. Ergo, quien se asocie con ella con miras a mantener el statu quo seguramente se ganará una opinión no precisamente favorable por parte de la ciudadanía. De manera que los órganos de la sociedad civil pueden escoger entre las recompensas materiales de la cercanía al poder arbitrario o el aprecio y la deferencia de la población. Pero no contar con ambas cosas. Creo que, en el caso de las elites empresariales, ya escogieron y la selección es obvia. Sus apologistas deberían tener al menos la dignidad de no lloriquear por el desdén de la gente en un país marcado por exclusiones injustamente grotescas.
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