Alejandro Armas, autor en Runrun

Alejandro Armas

Alejandro Armas Oct 18, 2019 | Actualizado hace 4 días
Quijotadas andinas, por Alejandro Armas

LAS RELACIONES ENTRE VENEZUELA y Colombia han sido en líneas generales bastante negativas en dos décadas de autoproclamada “revolución bolivariana”. De todos los mandatarios americanos, Álvaro Uribe fue el segundo blanco más común de los dardos verbales de Hugo Chávez, solo superado por George Bush hijo. Nicolás Maduro continuó la tendencia, al punto de que la retórica chavista hiciera de Colombia una de las mayores causantes de los problemas incontables que asolan al venezolano, desde la pulverización del bolívar (“mafias cambiarias de Cúcuta”) hasta la violencia criminal desatada (“paramilitares”). Ahora, con las acusaciones del presidente Iván Duque sobre la presencia de componentes rearmados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio venezolano, el trato entre vecinos se ha enfriado hasta llegar al cero absoluto diplomático. Es una situación incluso peor que la provocación de la corbeta Caldas en 1987.

La cuestión medular es que dos Estados se acusan mutuamente de alojar a grupos de personas que buscan acabar con ellos de forma violenta. Aunque es la primera vez que tal cosa ocurre en un muy largo tiempo, no es algo sin precedentes. “En este clima de acusaciones mutuas, sobre el escalamiento militar entre Colombia y Venezuela, debemos recordar que el uso del territorio vecino por parte de facciones políticas, para lograr sus objetivos es parte de nuestra tradición política bilateral”, expresó recientemente la politóloga Marisela Betancourt en la red social Twitter. En efecto, durante el siglo XIX y principios del XX, cuando Colombia y Venezuela estaban a menudo en conflictos intestinos (condición que lamentablemente se prolongó hasta nuestros días en el caso neogranadino), a veces el bando insurrecto se resguardaba en tierras al otro lado de la frontera para tramar ofensivas y evitar la persecución del enemigo. En ocasiones, contaban con el apoyo del gobierno vecino, si este no tenía una buena relación con el gobierno contra el cual los insurrectos tomaron armas. Un ejemplo muy rudimentario de la noción schmittiana de la política como relación entre amigos y enemigos.

Como nos recuerda Betancourt, la Revolución Restauradora que dio comienzo a más de medio siglo de hegemonía andina casi ininterrumpida en la política venezolana partió de Colombia rumbo a Caracas. De hecho, el fenómeno descrito en el párrafo anterior tuvo sus ejemplos más elocuentes durante el gobierno de Cipriano Castro. Colombia estaba sumida en una de las peores guerras civiles de su historia, la Guerra de los Mil Días. Uno de tantos conflictos entre los bandos conservador y liberal. En Bogotá mandaba el presidente conservador José Manuel Marroquín, cuyas relaciones con Castro al otro lado de la Cordillera Oriental de los Andes se habían deteriorado, ya que los liberales se refugiaban en suelo venezolano con el beneplácito de Caracas.

Por lo tanto, a Marroquín le convenía deshacerse del “Cabito”. Pero recorrer la distancia enorme que separa la frontera oriental y la Sultana de los Andes, sede del poder nacional venezolano, era una empresa imposible para quien ya estaba ocupado con rebeldes en su propia casa. Así que Marroquín se buscó a alguien que le hiciera el favor. Lo encontró en la figura del tachirense Carlos Rangel Garbiras, un ex compañero de armas de Castro contra los gobiernos del “liberalismo amarillo” tardío y seguidor de la causa de José Manuel “el Mocho” Hernández. Exiliado con Castro en Colombia, ignoro por qué Rangel Garbiras no se sumó a la Revolución Restauradora y se distanció de Castro al punto de encabezar una invasión de Venezuela con el apoyo de Marroquín. La operación se realizó entre el 28 y el 29 de julio de 1901. Rangel Garbiras fue derrotado en la Batalla de San Cristóbal por fuerzas leales a Castro, comandadas por los venezolanos Celestino Castro Ruiz, y Román Moreno… Y el notable general liberal colombiano Rafael Uribe Uribe. Fíjense bien: un venezolano entró a Venezuela para derrocar su gobierno con apoyo de Bogotá y fue frenado por un colombiano aliado de Caracas. El intento de Rangel Garbiras no pasó de esa batalla.

Un par de meses más tarde se intercambiaron los papeles. Desde el Zulia, un grupo de soldados neogranadinos invadió la Guajira colombiana con apoyo venezolano, pero fue derrotado en la Batalla de Carazúa. La Guerra de los Mil Días terminó con un resultado favorable a los conservadores colombianos en 1903. Uribe Uribe retomó su carrera política y fungió como senador y embajador de Colombia en varios Estados latinoamericanos. Fue asesinado en 1914. Rangel Garbiras estuvo exiliado hasta que Juan Vicente Gómez desplazó a Castro. “El Bagre” le dio un puesto en su gobierno, pero Rangel Garbiras falleció a los pocos meses.

Desde aquellos días, el vínculo entre Venezuela y Colombia ha sido mucho menos tumultuoso, obviando incidentes como el del referido barco militar en los 80. Hasta que apareció el chavismo. “Y el uribismo”, dirían algunos, sugiriendo que el deterioro se debió al surgimiento de gobiernos de derecha dura, en Colombia, e izquierda dura, en Venezuela, cada uno con igual carga de culpas. Me parece un juicio equivocado. Aunque no soy de ninguna manera admirador del Centro Democrático ni de Álvaro Uribe, ver a la derecha colombiana como un ente tan problemático como el chavismo es un despropósito. Cualquier Estado que comparta una frontera extensa y dinámica, como la que hay entre Venezuela y Colombia, con un régimen que tenga la naturaleza del chavismo tiene toda la razón de sentirse alarmado.

Las aventuras de personajes como Rangel Garbiras hoy nos parecen ridículas y hasta quijotescas por lo mucho que han evolucionado los Estados, las relaciones entre ellos y los movimientos subversivos en estos casi 120 años. Lo que había en ese entonces en buena parte de Latinoamérica era un conjunto de Estados rudimentarios, en los que caudillos de (por lo general) escasa formación ideológica, como Cipriano Castro, competían por el poder tal como mafiosos se pelean por controlar barrios, objetivo para el cual no veían problema en asociarse con delincuentes del cerro contiguo. A duras penas podía pensarse en entes con el monopolio de la violencia legítima, pues los caudillos veían el territorio bajo su control con ojo de hacendado, y no estadista.

No es lo que sucede hoy, al menos del lado colombiano de la frontera. A pesar de todos los problemas asociados con el uribismo (vínculos entre parte de la elite política y paramilitares, violación de DD.HH., etc.), Colombia sigue siendo una democracia enfrentada con grupos terroristas bien vistos por el chavismo. Al margen de las denuncias de la Casa de Nariño, la presencia del Ejército de Liberación Nacional en buena parte del Venezuela ha sido confirmada ampliamente por medios independientes venezolanos y la red internacional de periodistas InSight Crime. En cuanto al componente rearmado de las FARC, su ubicación en Venezuela fue reportada por la prestigiosa revista Semana. En cambio, el régimen chavista es considerado un Estado forajido, antidemocrático y sin ningún respeto por las leyes nacionales e internacionales. Los venezolanos que se le oponen y que han buscado refugio en Colombia son civiles o militares desertores desarmados, cuya presencia no es nada que las autoridades consideren inconfesable.

El contraste no termina aquí. Cuando Duque denunció que los comandantes de las FARC rearmadas estaban en Venezuela, algunos pensaron que esa sería la justificación de Colombia para intervenir directamente en territorio vecino. Mes y medio después, el gobierno de Duque sigue insistiendo en que no planea tal cosa. Y es que las operaciones militares en suelo extranjero hoy pueden ser mucho más costosas para quien las ejecuta. No era muy difícil armar una montonera arcaica en los Andes a principios del siglo XX y poner al frente a un “general chopo ‘e piedra” (así los llamó el historiador Manuel Caballero) cualquiera. Hoy, en cambio, con las nuevas tecnologías bélicas, la historia es otra. Recordemos que el régimen chavista se ha apertrechado con utensilios castrenses rusos y chinos que, si bien no necesariamente están en la vanguardia de las vanguardias, sí pueden suponer un desafío para cualquiera que las ponga a prueba sin ser una potencia militar, como es el caso de Colombia. Por otro lado, como Colombia lleva décadas en un estado de conflagración permanente, ver a jerarcas chavistas amenazando arrasarla resulta cuanto menos risible. Estos no son tiempos para un Amadís de Gaula tachirense. Ni siquiera para un caricaturesco Alonso Quijano caribeño, por más que a algunos en la elite chavista les guste fanfarronear.

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¡Suelten esa botella de vino chileno! por Alejandro Armas

ESTA COLUMNA SE ACERCA A SU CUARTO ANIVERSARIO. Recuerdo con algo de nostalgia uno de los primeros artículos que escribí para ella. Se acercaban las elecciones parlamentarias de 2015 y argumenté sobre la importancia del voto como catalizador de transiciones políticas en entornos no democráticos. Para ello, me valí de una comparación con el plebiscito de 1988 en el que se les preguntó a los chilenos si aprobarían que Augusto Pinochet siguiera gobernando su país por al menos nueve años más. Muchos pensamos entonces que si la oposición venezolana conquistaba la Asamblea Nacional, sería un cataclismo político que eventualmente obligaría al chavismo a dejar el poder de forma pacífica y ordenada. Luego vino el desengaño y la pérdida de ingenuidad. Quedó claro que el régimen no estaba dispuesto a ceder por tener a la inmensa mayoría del país en contra. Algo más era necesario. 

Desde entonces, la pretensión de usar la transición chilena como una guía para la causa democrática venezolana ha sido duramente criticada. Sobre todo el sector radical de la oposición venezolana ha rechazado hasta la más mínima similitud entre las condiciones de Chile entonces y Venezuela hoy. Para ellos, no existe ninguna posibilidad de que el régimen acepte salir como lo hizo el viejo general oriundo de Valparaíso, y solo la fuerza directa lo apartará. Mientras tanto, otra parte de la oposición insiste en invocar el símil para justificar la participación en cuanto proceso electoral sea convocado bajo el control absoluto del chavismo, ya que “si todo el mundo sufraga, no habrá forma de desconocer el resultado”. ¿Quién tiene la razón en este embrollo? Ninguno. Para variar, lo correcto está en un punto medio entre estos dos extremos.

Tienen algo de razón quienes denuncian el símil entre la dictadura militar austral y el chavismo, puesto que el segundo está implicado en un catálogo de crímenes mucho más diverso que la primera. Pero es falso que los dos no tengan nada en común. Partamos de la premisa de que el pinochetismo y el chavismo son total o parcialmente regímenes autoritarios del tipo burocrático-militar, de acuerdo con la taxonomía del politólogo Juan Linz. El chavismo tiene además elementos del tipo totalitario abortado. Pero ambos tienen su principal sustento en las Fuerzas Armadas. La principal crítica al símil es que, si bien ambos cometieron graves violaciones de DD.HH., el chavismo por añadidura tiene alianzas con grupos terroristas (e.g. el Ejército de Liberación de Nacional colombiano) y está involucrado en denuncias de narcotráfico, por lo que su costo de salida es mucho mayor.

No obstante, esto minimiza las violaciones a los DD.HH. perpetradas por los militares chilenos. Hablamos de miles de torturados, asesinados y desaparecidos. Más que suficiente para que a los responsables les aterrara dejar el poder y quedar vulnerables a la justicia. No era necesario que tuvieran un prontuario tan amplio como el que se atribuye al chavismo para sentirse alentados a gobernar hasta el fin de los tiempos. Aun así, con los incentivos correctos (presión y expectativas de recompensa) la dictadura cedió y aceptó su fin por la vía pacífica. 

El componente desagradable, pero común en este tipo de transiciones, fue la impunidad para Pinochet y compañía. Solo tras la consolidación de la democracia empezaron los procesos de justicia. Tuvieron que pasar tres años luego del fin de la dictadura para que se enjuiciara a Manuel Contreras, director de la infame Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y acaso el peor de los esbirros, mientras que la mayoría de los casos judiciales contra el resto de los involucrados fue abierta entre las décadas de 2000 y 2010. El propio Pinochet no estuvo tras barrotes. Durante su detención en el Reino Unido, en medio de la batalla judicial con España por la fallida solicitud de extradición que formuló el juez Baltasar Garzón, Pinochet estuvo bajo arresto domiciliario. Lo mismo pasó durante el proceso que le abrieron en su propio país. No se pudrió en una cárcel. Falleció en relativa comodidad. Ah, y no crean que llegar a este resultado de laxitud penal fue fácil. La Corte Suprema de Chile inicialmente rechazó la imputación en su contra alegando su incapacidad mental para ser sometido a juicio. Esa decisión fue revertida dos años más tarde, pero en su momento el fiscal Hugo Gutiérrez, a cargo de procesar a los responsables de violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura militar, describió la situación con palabras muy acertadas: “Nuestro país tiene el grado de justicia que la transición política nos permite tener”. Es decir, doce, léase bien, doce años después del fin de la dictadura, ciertas consideraciones sobre estabilidad política seguían dificultando la administración de justicia.

Debo ser enfático en este punto: la impunidad por naturaleza es injusta y, por lo tanto desagradable e indignante. Sin embargo, resulta curioso que el sector opositor que más rechaza una hipotética transición negociada en Venezuela, y que justifica esta posición señalando la impunidad que implicaría, manifieste una tendencia a ver en Pinochet un “dictador que no fue tan malo”, puesto que “salvó a Chile del comunismo” y luego entregó el poder de forma pacífica. ¿Entonces la impunidad implícita en esa transición sí fue aceptable? ¿Creen acaso que a los sobrevivientes de torturas y a los familiares de los asesinados no les dolió ver a Pinochet entregar la Presidencia a Patricio Aylwin sin pagar por el dolor inmenso que les causó? O, peor, ¿desprecian su dolor porque la mayoría de las víctimas era de izquierda y hacerlas sufrir fue “un mal necesario”?

Bien, ya vimos el error del sector radical al despreciar completamente la comparación. Pasemos ahora a quienes insisten en usarla de forma abusiva y manipuladora.  El abuso del símil consiste en que no se puede simplemente esperar a que haya un evento electoral como el plebiscito del 88 para derrotar al chavismo y obligarlo a entregar el poder mediante el sufragio. Ya demostraron, repito, no estar dispuesto a eso. 

Los chilenos tuvieron suerte de que la presión para que el pinochetismo aceptara irse fuera relativamente poca. En primer lugar, por el fin de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos dejó de ver necesario respaldar dictaduras anticomunistas. Para 1988, la democracia había sido restaurada en Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, dejando a Chile y Paraguay como únicas dictaduras militares en América del Sur. El aislamiento internacional iba en aumento. Chile podía terminar siendo un Estado paria, como la Sudáfrica que casualmente por esos días vivía la etapa final de una oligarquía racista. Mientras tanto, puertas adentro la situación social no era del todo positiva. A mediados de la década, la economía fue estabilizada tras la crisis del 82 y el fracaso del experimento monetarista del los Chicago Boys. Pero el daño ya estaba hecho y se manifestó sobre todo en el campo social: cerca de la mitad de los chilenos era pobre.

Este por supuesto no es el caso en Venezuela. El chavismo ha mostrado estar dispuesto a aislar el país con respecto al resto de Occidente y a entenderse solo con aliados como Rusia, China, Turquía, y Cuba. Además, es evidente que las penurias de la población le importan un comino. A eso debemos agregar que las FF.AA. chilenas, a pesar de sus crímenes, eran mucho más institucionales que las venezolanas. 

Para que el chavismo acepte salir pacíficamente del poder hace falta una mayor presión que la que hubo en Chile. A ello aspiran las sanciones internacionales. Dado que a la elite gobernante no le importa mandar sobre una población misérrima, el objetivo de las medidas punitivas es comprometer sus intereses egoístas, dejándolos sin socios con los cuales hacer transacciones, negándoles acceso a los sistemas financieros occidentales, restringiendo sus ingresos y vetando su presencia de los destinos más demandados por razones residenciales, educativas, de negocio o recreativas. En resumen, poniendo su estilo de vida privilegiado en jaque. Así, los aliados internacionales de la causa democrática venezolana esperan lograr un quiebre de la cúpula que precipite una transición. Sin dicho quiebre, no habrá elección que valga. Los “voto o nada” pueden olvidarse de emular a los chilenos prescindiendo de él. Podemos aprender algunas cosas de nuestros vecinos del sur, pero no se emborrachen con el Cabernet Sauvignon del Valle del Maipo. ¡Suelten esa botella!

 

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Salami de Budapest en Caracas, por Alejandro Armas

BASTÓ Y SOBRÓ QUE JUAN GUAIDÓ diera por agotada y clausurada la mesa de negociación auspiciada por Noruega para que el régimen chavista convocara a un grupo de políticos a la antigua residencia presidencial que da a la Plaza Bolívar, para firmar un acuerdo por el que las partes se comprometen a un supuesto diálogo. El tufo a “Plan B” no lo disimuló ni el mejor desodorante (porque, claro, los jerarcas del régimen sí tienen acceso a este producto higiénico, a menudo vedado para las masas bien sea por la escasez o por la inflación). De esa forma aspira el chavismo a desacreditar la presión internacional que se cierne sobre sus nada atléticos (ni “atlásticos”) hombros y estimular las ya amargas divisiones en la oposición.

No es nada que deba sorprendernos de la cúpula roja. La atención más bien se la llevaron los copartícipes del pacto, los señores Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Felipe Mujica y Luis Augusto Romero (en representación del partido de Henri Falcón). Ardió la Troya caribeña con acusaciones de traición y colaboracionismo. No me sumé, ni me sumaré por ahora, al coro airado. No me consta que estos sujetos, y las organizaciones políticas que representan, estén actuando motivados por ofertas materiales hechas por el régimen. Ni siquiera sé si a cambio de sus autógrafos les prometieron una cuota de poder (el chavismo siempre ha sido notablemente mezquino hasta con aliados como el Partido Comunista de Venezuela). Tampoco descarto que, aunque sea una posición ruidosamente absurda, crean que esta es la mejor forma de avanzar hacia la recuperación de Venezuela. El tiempo irá aclarando esos pormenores, aunque no hay que extrañarse si vemos cosas peores, como reza el pasaje popular del libro de Ezequiel.

Una posible explicación de las fuerzas macabras que operan detrás de esta jugada política puede ser ilustrada con un bien alimenticio que usted verá en cualquier charcutería (bueno, quizá no en las de Venezuela). A saber, un salami. “Táctica salami” es el nombre que se le da a una modalidad del viejo truco “divide et impera”. Se atribuye la expresión al líder comunista húngaro Mátyás Rákosi. Estamos hablando de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, cuando los fieles de Marx estaban consolidando sus respectivas dictaduras en Europa del Este. Pese al apoyo absoluto del tío Stalin desde Moscú, estos fueron procesos que no se llevaron a cabo de la noche a la mañana. Acabar con la oposición y establecer regímenes de partido único tomó tiempo.

En la tierra de los magiares, Rákosi hizo uso de una herramienta retórica que sonará familiar a los venezolanos. Empezó a acusar sistemáticamente a sus detractores de ser fascistas. Un señalamiento sensible para un país ocupado poco antes por nazis. Por temor a ser percibida como muy radical, la disidencia marginó a su ala más derechista. Pero Rákosi no paró. Luego la oposición hizo lo mismo con su grupo más cercano al centro y, finalmente, con los militantes de la izquierda no comunista. En palabras del propio Rákosi, los rebanó como un salami. Al final solo quedó una dizque oposición incapaz de disentir efectivamente. Así, los comunistas se adueñaron del poder absoluto y establecieron una de esas mal llamadas “repúblicas populares”.

El chavismo entiende perfectamente que una oposición fraccionada es más débil, sobre todo si, además de no coincidir en nada, los sectores se hacen la guerra entre ellos. Sus maniobras para fomentar el disenso no son pocas y ahora pudieran haberse leído el manual del camarada Rákosi. Después de todo, en lo que va de año han hecho guiños reiterados a las organizaciones políticas que no son parte de su coalición pero tampoco se sumaron a la estrategia encabezada por Juan Guaidó. Quienes sí lo hicieron, en la verborrea chavista, son unos facinerosos tan desesperados por obtener el poder, que se lanzaron a una aventura demencial. De esa gente, insisten en Miraflores, el país no puede esperar nada, pues su intento de epopeya no tiene otro destino que el fracaso. En cambio, agregan, los opositores que no respaldaron el dislate son personas sensatas que entienden que el poder lo tienen las autoridades chocantes pero legítimas y que si va a haber un cambio será de acuerdo con sus reglas. Este ha sido el mensaje desde enero.

No es ningún secreto que la euforia que siguió al acto apoteósico en Chacao ha sido en buena medida desplazada por la decepción y la angustia ante el hecho de que el régimen sigue en pie, mientras la calamidad socioeconómica muerde. Así que probablemente los señores Falcón, Fermín y demás pensaron que en efecto es una tontería radical lo que Guaidó está haciendo. De ser ese el caso, pudo resultarles tentador presentarse como los que sí ponen soluciones (que no opciones) sobre la mesa, aunque para ello tuvieran que pactar con el régimen.

Pero estas “soluciones” son un espejismo. Cambiar las autoridades del Consejo Nacional Electoral a mi juicio no devolverá al ciudadano común la confianza en el sistema. Pueden sacar a Tibisay Lucena y poner a quien quieran como árbitro. Muy pocos serán lo que crean que cualquier selección en la que participe un chavismo que no ha dado absolutamente ninguna señal de estar dispuesto a dejar el poder evitará los abusos y trampas de los procesos comiciales anteriores. Es más, ya una vocera del régimen, Gladys Requena, dijo que solo reemplazarán a los rectores con período vencido. Por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia emitida en 2016, el número de rectores con plazo vencido es cero, como advirtió el periodista Eugenio Martínez. Es decir, si el chavismo no modifica su propia narrativa, no habrá ningún cambio.

En cuanto al planteamiento de establecer un programa de intercambio de petróleo por alimentos, otro punto en el pacto con el régimen, me remito a las impresiones del economista Francisco Rodríguez, quien ha hecho propuestas similares. Rodríguez señaló que esta iniciativa no es viable sin el visto bueno de Guaidó y del Gobierno norteamericano. Añadió que en las actuales circunstancias, la comida obtenida por esa vía caería en las mecanismos de distribución del chavismo, claramente politizados. Sería como otro CLAP.

Vemos entonces que, aunque hayan actuado sin intereses oscuros, es poco o nada lo que los cosignatarios del acuerdo con el régimen conseguirán. En cambio, pienso que es mucho lo que pierden por haberse dejado rebanar como una salchicha curada. Desde 2017 he hecho exhortos constantes a que todos los sectores de la oposición se unan en torno a una estrategia compartida con miras al cambio político que tanto urge. Eso incluye al sector que gira en torno a María Corina Machado y Antonio Ledezma, aquel que sigue más o menos amalgamado como Mesa de la Unidad Democrática o Frente Amplio y, por último, a los que firmaron el acuerdo en la Casa Amarilla. Pues bien, sea cual sea su intención, al haberse integrado a un sabotaje contra los esfuerzos del grueso de la oposición y el plan con mayores posibilidades de éxito, cruzaron una línea (no podía ser de otro color) roja. A partir de ahora, aunque se retracten, quedarían descalificados para volver a los esfuerzos mancomunados de democratización de Venezuela, puesto que no hay razón para concederles confianza. Triste final para una vida política. Si sus decisiones fueron desinteresadas, les deseo lo mejor en otro ámbito, caballeros.

 

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La manía de las comparaciones incompletas sobre sanciones, parte 2, por Alejandro Armas

SI USTED ES DE LOS QUE me honra con la lectura habitual de esta columna, probablemente notó en la entrega pasada que el título acababa con una la palabra “parte” y el guarismo “1”. Si mal no recuerdo, es la primera vez que escribo un artículo para este espacio en dos porciones. Me pareció que era lo conveniente, dada la extensión del texto. Antes de entrar en materia, haré lo mismo que los programas de televisión transmitidos por episodios. Es decir, un breve recuento de lo visto en la emisión anterior, para quienes se la perdieron. La semana pasada hice un ejercicio comparativo entre el régimen venezolano y otros cuatro que han sido objeto de sanciones norteamericanas para demostrar que, a diferencia de lo que muchos han sugerido, el hecho de que las experiencias ajenas no hayan precipitado un cambio político no significa que el caso criollo necesariamente tendrá igual suerte. Hay circunstancias diferentes, como el nivel de vinculación con las democracias occidentales y  la dependencia de ciertos recursos para obtener ingresos, que hacen que cada aplicación de sanciones se dé en un contexto único. No son solo las sanciones, sino ellas mismas más su contexto.

Ahora bien, si es equivocado asumir que las medidas punitivas contra Miraflores están condenadas al fracaso, es igualmente desacertado creer que su éxito es una garantía. Tal seguridad fue transmitida recientemente por John Bolton, el agresivo asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump. Para reforzar su argumento, Bolton evocó las sanciones impuestas en los años 80 a Nicaragua y Panamá. En ambos casos, la década concluyó con el fin de regímenes autoritarios (o cuasi autoritario en el caso nicaragüense), la realización de elecciones y el ascenso al poder de opositores. Bonito, ¿no? Ni los hermanos Grimm ni Disney pudieron pensar en finales más felices. Pero cabe preguntarse, por supuesto, cómo se llegó a eso y si realmente las sanciones estadounidenses fueron el impulsor definitivo.

La verdad es que las sanciones económicas son un aspecto relativamente poco conocido de la política de Washington hacia el gobierno de Daniel Ortega y la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Mucho más recordadas, por lo drásticas, son otras medidas que veremos más adelante. Reagan llegó a la Casa Blanca en 1981 decidido a hacerles la guerra a dos cosas: el socialismo revolucionario y el narcotráfico. Respectivamente, estos objetivos impulsaron los conflictos con Nicaragua y Panamá. En el primer caso, Washington rápidamente impuso un embargo comercial como parte de sus esfuerzos por extirpar como fuera el sandinismo, ante el temor de que hubiera una nueva Cuba en América Central. En cuanto a la nación istmeña, los vínculos de Noriega con la venta de estupefacientes y su rechazo a la restauración del orden democrático llevaron a Estados Unidos a suspender la cooperación económica y militar con Panamá a partir de 1987, así como otras penalidades económicas. Tanto en Nicaragua como en Panamá, las sanciones y otros factores produjeron daño económico severo.

Sin embargo, en ambos casos hubo factores adicionales que los alejan considerablemente de Venezuela hoy. Dos años tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio “Tachito” Somoza, Nicaragua se vio envuelta en una guerra civil horripilantemente cruenta entre el gobierno sandinista y la “contra”, rebeldes de derecha financiados por Estados Unidos. Esta carnicería, con violaciones de Derechos Humanos a la orden del día, tuvo su propio impacto en la economía, más allá de las sanciones. Asimismo, el gobierno de Ortega tomó una serie de medidas destructivas, incluyendo controles de precios y la emisión de dinero sin respaldo (los venezolanos conocemos bien los efectos de ambos). Según cifras del Banco Mundial, entre 1985 y 1990, el producto interno bruto se redujo a menos de la mitad. El país cayó en hiperinflación. Se disparó el porcentaje de personas en situación de pobreza. Nicaragua estaba exhausta y arruinada en todos los sentidos para 1990, cuando hubo elecciones en un clima de tensión enorme y que dieron la victoria a la opositora Violeta Barrios de Chamorro. Ortega cedió el poder… Aunque lamentablemente nunca dejó de buscarlo de nuevo.

En Panamá no hubo guerra civil, pero sí otro pequeño detalle: una intervención militar estadounidense. Entre 1987 y 1989, de acuerdo con una investigación de la Universidad de Stanford (Acosta, 2008), el PIB se desplomó casi 25%. El Banco Mundial estima una contracción mucho más modesta (13%), pero de todas formas estremecedora para un bienio. Aun así, Noriega siguió aferrado al poder, con una actitud desafiante (su perorata esgrimiendo un machete pasó a la historia). Muy a pesar de sus orígenes como agente de la CIA, intentó procurarse el respaldo de Cuba y Nicaragua para hacer frente a Washington. En mayo de 1989 hubo elecciones que Guillermo Endara, candidato al frente de una coalición disidente, estaba ganando hasta que la dictadura suspendió el proceso. Finalmente el sucesor de Reagan, George Bush padre (quien conocía bien a Noriega por haber sido brevemente director de la CIA), decidió enviar tropas al istmo en diciembre para poner fin a la crisis. Esa fue la “Operación Causa Justa”. Las tropas estadounidenses ocuparon Panamá por poco más de un mes. Noriega fue capturado y enviado al norte para ser procesado por sus delitos. Endara fue juramentado como Presidente. Entre más o menos 250 y 800 panameños (depende de la fuente de las cifras), murieron, más 23 estadounidenses y un periodista español.

Conclusión: Tanto en Nicaragua como en Panamá hubo situaciones de violencia armada que en un caso contribuyeron y en otro caso forzaron la salida del poder de sus sendos regímenes. Por ello, los símiles de Bolton están lejos de ser completos y rigurosos. No sirven para asegurar el éxito de las sanciones dirigidas al chavismo. Naturalmente, solo cabe esperar que los propios autores de esta política punitiva auguren que saldrán airosos. Ningún gobierno toma medidas admitiendo en público que duda sobre su efectividad. Pero nosotros, los ciudadanos comunes que intentamos interpretar lo que los gobiernos hacen, no tenemos esas restricciones.

Hay señales de que las sanciones anunciadas la semana pasada sí han inquietado al régimen. En primer lugar, por primera vez fue el chavismo el que se retiró de las negociaciones con la oposición, probablemente convencido de que no le sirven para deshacerse de las penalidades y de que, por el contrario, tendría que dialogar bajo presión severa hasta hacer concesiones significativas. Un reporte de la agencia Bloomberg reveló este jueves que Ziraat, el mayor banco de Turquía (controlado por el Estado) suspendió sus servicios al Banco Central de Venezuela por temor a las represalias de desafiar las sanciones de Washington, muy a pesar de que el gobierno de Recep Tayip Erdogan ha insistido en defender al chavismo. No hay alianza incondicional y más aliados clave, como Rusia y China, podrían eventualmente darle la espalda a Nicolás Maduro y sus camaradas. No obstante, seguimos en la zona de la incertidumbre.

 

@AAAD25
La manía de las comparaciones incompletas sobre sanciones (parte 1), por Alejandro Armas

Los periodistas tenemos el vicio de querer enterarnos de todo al instante. Si pasamos mucho tiempo desconectados de nuestras fuentes de información, podemos hasta ponernos ansiosos e irritables. En mi caso, me fastidia un poco saber que no podré entrar a Twitter por un par de horas cuando por ejemplo voy a ver un concierto o una obra de teatro. Me acosa el temor, admito que irracional, de perderme de algo importante mientras tanto. Me sucedió este lunes, cuando tras ver una película me enteré de la nueva oleada de sanciones de Estados Unidos contra el régimen venezolano.  The Wall Street Journal fue el primer medio en dar a conocer la noticia. Se refirió al conjunto de medidas punitivas como un “embargo”, y mencionó que colocaban (perdón si molesto con este verbo) a Venezuela en una posición igual a la de Cuba, Siria, Irán y Corea del Norte.

La noticia desató el pánico entre algunos lectores. “Embargo” es una palabra que los latinoamericanos asociamos con la política norteamericana hacia la dictadura castrista desde los años 60. El símil con esta y otras satrapías en The Wall Street Journal confirmó los temores. Después de todo, el punto de comparación era un conjunto de naciones donde sus respectivos déspotas siguen mandando, sin que las penalidades impuestas por Washington se hayan acercado siquiera a precipitar un cambio político, mientras los ciudadanos comunes sufren económicamente. No obstante, cuando la orden ejecutiva con las sanciones, firmada por Donald Trump, fue publicada, pudimos ver que el alcance de las medidas era mucho más limitado que lo que se pensaba, por lo cual el término “embargo” no es adecuado. Expertos en Derecho internacional se han encargado de explicar el rango de restricciones de las sanciones, mientras que economistas han señalado cuáles pudieran ser sus consecuencias para el venezolano ajeno al régimen. En este artículo me propongo ahondar en las diferencias entre Venezuela y otros países que han sido objeto de sanciones norteamericanas.

Aunque ya vimos que no se trata de un embargo, varias personas con algo de ligereza han insistido en señalar hacia La Habana, Teherán y los otros aludidos para sentenciar que las sanciones nunca funcionan en el desalojo de regímenes autoritarios. En realidad no basta con recordar casos pasados. Si Ortega y Gasset dijo “Yo soy yo y mi circunstancia”, lo mismo aplica a los Estados. Cada país tiene un contexto y unas cualidades que lo distinguen de los demás en cualquier coyuntura. Si se quiere establecer paralelismos, habría que hacer un ejercicio comparativo mucho más riguroso que la mera indicación de experiencias ajenas. En efecto, la situación venezolana actual tiene varios elementos que han estado totalmente ausentes de los otros casos. Son estos factores, combinados con las sanciones, los que podrían hacer la diferencia.

En tres de los cuatro países no ha habido una oposición capaz de desafiar seriamente al respectivo régimen. Además, pese al repudio que estos regímenes han recibido por parte de las democracias del mundo, siguen siendo reconocidos como gobiernos legítimos, sin que nadie les haya arrebatado con éxito esa legitimidad ante los ojos del orbe. En otras palabras, no existe un Juan Guaidó iraní o norcoreano. La excepción es Siria, pero ahí la guerra civil con intervención de las dos mayores potencias militares del mundo es sui generis y domina todas las demás variables, inclinando el juego a favor de la tiranía de la familia Assad.

Otra diferencia importante parte de dos conceptos esenciales en la bibliografía sobre cambios de régimen por presión internacional: leverage y linkage, que pudiéramos traducir respectivamente como “influencia” y “conexión”. Los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way trataron el tema en un maravilloso ensayo de investigación publicado en 2006. Leverage es la capacidad que tiene un país de influir en las decisiones de otro. Por ejemplo, si la economía de un Estado depende considerablemente de las exportaciones al otro, el segundo tiene leverage sobre el primero y puede presionarlo restringiendo el comercio entre ambos. El linkage es el conjunto de vínculos sociales, culturales y comunicacionales entre dos Estados. Suele estar determinado por factores como la proximidad geográfica y cultural. Verbigracia, las naciones latinoamericanas tienen linkage mucho mayor entre ellas y con los Estados Unidos y Europa (sobre todo España y Portugal) que con el Medio Oriente o las islas del Pacífico. Que las sociedades civiles de dos países tengan lazos sólidos (e.g. que haya una población numerosa oriunda de uno viviendo en el otro, o que muchos ciudadanos de uno se hayan formado en las universidades del otro) es indicio de un linkage fuerte. Levitsky y Way argumentan que se necesita una combinación de leverage y linkage formidables para que un país pueda presionar a otro hacia una transición democrática plena.

Vayamos de la teoría a la realidad empírica. Estados Unidos históricamente ha tenido poco leverage sobre Siria, Irán y Corea del Norte si consideramos solo el ámbito bilateral. Con todos ellos sus relaciones han sido pésimas desde hace décadas y estas naciones han buscado socios comerciales alternos. Ahora bien, la aplicación de sanciones secundarias, que castigan a todo aquel que trate con el sancionado aunque no sea un ciudadano o ente norteamericano, ha revolucionado el alcance punitivo. Por eso, que las sanciones contra Irán impidan a Europa comprar su petróleo se ha traducido en un golpe duro a la economía de Teherán.  En cuanto al linkage entre los tres países asiáticos y EE.UU., es débil. Todos son distantes y sus vínculos sociales y culturales son pocos. Ello podría explicar en parte que las sanciones no produjeran los efectos deseados.

Cuba es diferente. Cuando Washington le impuso un embargo en los años 60, la economía antillana dependía enormemente del comercio con el vecino del norte. Sólido leverage. Dado que la isla era poco más que un satélite estadounidense desde finales del siglo XIX, el linkage antes de la revolución era igualmente fortísimo. Siguió siéndolo después de 1959, gracias al legado del período anterior y al exilio cubano, que se constituyó como una de las comunidades latinoamericanas más políticamente influyentes en Estados Unidos. Cabe preguntarse entonces por qué la dictadura de los barbudos no se fue a pique. Levitsky y Way señalan que un leverage alto puede desvanecerse si alguien toma el lugar del país del cual el otro depende… Y eso fue exactamente lo que pasó. La Unión Soviética no perdió la oportunidad de poner un pie en las narices del enemigo y de inmediato se convirtió, junto con sus dependencias en Europa Oriental, en el principal comprador de productos cubanos vetados por Estados Unidos. Tras la desaparición de la URSS, la isla pasó por el oscuro Período Especial, una época de muchísima carestía que tuvo su punto álgido en el llamado “Maleconazo”, un estallido de descontento popular en La Habana como ninguno que se haya visto desde el triunfo de Fidel Castro, y del cual se acaban de cumplir 25 años, pero que no bastó para derribar al régimen. Luego apareció Hugo Chávez con su chequera petrolera y el resto es historia. El Período Especial ha quedado como ejemplo de que a veces ni siquiera la combinación de leverage y linkage altos son suficientes para precipitar transiciones democráticas.

Fácilmente podemos ver que Venezuela difiere de los casos asiáticos tanto en leverage como en linkage. Este último es elevado debido a los lazos sociales y culturales con Estados Unidos que se remontan a más o menos un siglo. Aunque bajo el chavismo parte de las exportaciones petroleras a EE.UU. fueron remitidas a otros destinos (probablemente en previsión de que se llegara a la coyuntura actual), para enero de 2019, cuando Trump paró en seco la compra de crudo venezolano, esas ventas seguían constituyendo por mucho la mayor fuente de ingresos para el Estado venezolano. Es decir, el leverage seguía siendo relativamente alto. Las sanciones secundarias obstaculizan el surgimiento de alternativas comerciales, lo cual es reforzado por las medidas punitivas anunciadas este lunes. Además, como expliqué en una entrega de esta columna en febrero, el hidrocarburo del cual el régimen venezolano es tan dependiente pudiera ser mucho menos atractivo para sus amigos poderosos que el azúcar cubana, dado que Rusia ya es uno de los mayores productores de petróleo del mundo y China cuenta con muchos otros proveedores (sin mencionar que el crudo vendido a estos dos es para el pago deudas y no genera caja). Debo confesar, empero, que Pekín y sobre todo Moscú se han mostrado más dispuestos a seguir respaldando a su aliado suramericano que lo que imaginé hace unos meses, aunque eso no convenga a sus bolsillos. De todas formas, es obvio que las sanciones han afectado al régimen. Si no, no se esforzarían tanto por zafárselas. Quizá la pregunta clave es si puede resistir los efectos y arreglárselas para mantener satisfechos, pese al ingreso mermado, a los grupos que lo mantienen en el poder. Y quizá, volviendo a uno de los puntos iniciales, las circunstancias especiales del caso venezolano marquen la diferencia con respecto a la enigmática durabilidad del castrismo durante el Período Especial.

Qué esperar del TIAR, por Alejandro Armas

La noticia de la semana, al menos hasta el momento en que estas líneas fueron escritas, ha sido la aprobación de una ley por la Asamblea Nacional que reincorpora a Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. (TIAR), del cual nos retiramos en 2013 por una de tantas decisiones del régimen chavista que responde más a sus intereses ideológicos que a las necesidades internacionales de la República. Juan Guaidó ya había adelantado hace unas semanas que el Parlamento aprobaría la medida, mencionando sin embargo que no se trata de una solución mágica que precipite una salida inmediata y radical a la crisis política nacional.

¿A qué se debe esta advertencia del guaireño Guaidó? Podemos asumir que tiene que ver con el hecho de que desde hace meses ha corrido en la opinión pública una noción, promovida por algunos de los más entusiastas impulsores de la medida, en la que regresar al TIAR proveería a gobiernos del continente americano con un instrumento geopolítico legítimo para intervenir directamente y por la fuerza en suelo venezolano con miras a poner fin al régimen, lo cual es lo único que les hace falta para meterse por esa senda. Algo parecido al tan manido artículo 187 de la Constitución. Guaidó ha tenido desaciertos desde que asumió en enero la posición en la que se encuentra, pero su advertencia sobre el TIAR no es uno de ellos. Es insensato creer que volver al seno del pacto es una luz verde para que se produzca una intervención como la señalada. Ni siquiera después de una invocación del tratado y las consiguientes respuestas acordadas en su ente rector, la Organización de Estados Americanos.

La asistencia recíproca del TIAR supone la búsqueda de la seguridad en el continente americano. Eso significa que, si la seguridad de un Estado firmante se ve amenazada o violentada, todos los demás miembros tienen el deber de brindarle apoyo. Cuando el tratado es invocado, el Consejo Consultivo de la OEA tiene que reunirse para decidir cómo ayudarán al socio amenazado o agredido. El respaldo militar es ciertamente una de las posibles respuestas, pero no es una obligación. Y de hecho, aunque el TIAR ha sido invocado en una veintena de ocasiones a lo largo de más de setenta años, nunca jamás se ha traducido en una acción de fuerza militar.

El TIAR fue suscrito en una reunión de Estados americanos en Río de Janeiro en 1947. Estamos hablando de los inicios de la Guerra Fría, de la Doctrina Truman para la contención del socialismo revolucionario de corte soviético. Por su propia seguridad e intereses en la región, a Estados Unidos le convenía fomentar este tipo de alianzas (probablemente fue este contexto originario lo que impulsó la decisión del chavismo y gobiernos afines como, los de Daniel Ortega y Evo Morales, de retirar a sus sendas naciones del pacto). En una nota en el portal Prodavinci, las periodistas Francis Peña e Indira Rojas enumeraron algunas de las invocaciones del TIAR, incluyendo un caso de 1960 a propósito del magnicidio frustrado contra Rómulo Betancourt, planificado por el sátrapa dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Empero, hay que insistir, nunca el TIAR produjo una acción militar.

Probablemente el ejemplo más recordado es el de 1982 en la Guerra de las Malvinas. Argentina apeló al tratado en busca de respaldo para su intento de tomar por las armas el archipiélago austral controlado por el Reino Unido. Casi ninguno de los otros miembros del TIAR movió un dedo a favor del socio. Particularmente tajante en su decisión fue EE.UU., que más bien apoyó a los británicos. Desde entonces la Guerra de las Malvinas ha sido usada como ilustración para argumentar que “el TIAR está muerto”, lo cual parte de premisas incorrectas. Se argumentó entonces que Argentina fue la agresora, no la agredida. Además, Washington se encontró en una situación un tanto paradójica, entre dos pactos defensivos. Por un lado estaba el TIAR y, por el otro, el Tratado del Atlántico Norte, del cual el Reino Unido es parte. Dado que Gran Bretaña es el principal aliado geopolítico de EE.UU. y que Ronald Reagan tenía una relación particularmente cercana con Margaret Thatcher, no era difícil suponer de qué lado se pondrían los estadounidenses. Respaldar a Argentina hubiera sido de paso dar un espaldarazo a una dictadura militar sanguinaria que habría usado la victoria en las Malvinas para legitimarse ante los ciudadanos bajo su yugo. Antes de pasar al presente, me permito una digresión para recordar que el gobierno de Luis Herrera Campins fue uno de los pocos que brindó al menos apoyo retórico a Argentina, lo cual cabe tener en cuenta cada vez que la insufrible verborrea chavista mencione a los “gobiernos lacayos del imperialismo” en la mal llamada “cuarta república”.

Recorrido este historial, la idea de que el tratado llevará a una intervención directa en Venezuela por parte de los vecinos de la región es cuanto menos dudosa. Sin la voluntad de cada Estado miembro del TIAR por recurrir a ese uso de la fuerza, el pacto no obliga, como ya vimos. ¿Existe esa voluntad? Por ahora, los indicios apuntan a que la respuesta es “no”. En todo caso, los propios voceros de estos gobiernos han dejado claro que tal vez, en un futuro no precisado, pudieran hacerlo, pero justo ahora no.

Por razones que no es necesario detallar en esta columna, el país con mayor capacidad para presionar al régimen venezolano es Estados Unidos. A estas alturas de su presidencia, la aversión de Donald Trump a las intervenciones internacionales es clara, muy a pesar de que se rodee de “halcones” como John Bolton. Si Trump optara por acciones directas en Venezuela, por el TIAR no será. Su desprecio por los pactos internacionales que no se acomodan a sus planes es bien conocido. Ejemplos sobran, como el Acuerdo de París sobre el cambio climático y el trato con Irán para el control del desarrollo nuclear en la teocracia chiita. De nuevo, es la voluntad de los gobiernos lo que da fuerza a pactos como el TIAR. Las potencias como EE.UU. a veces ni siquiera apelan a acuerdos internacionales cuando están decididas a ejercer su voluntad. Washington no lo hizo al momento de intervenir en República Dominicana, Granada y Panamá. En los dos primeros casos se excusó en la necesidad de contener el comunismo, y en el último, en la lucha contra el narcotráfico. Pero en todos había lo fundamental: voluntad.

Entonces, ¿significa que la reincorporación al TIAR no incide de ninguna manera en la crisis venezolana? No necesariamente. La sola decisión de la AN puede servir como elemento de presión en las negociaciones entre el régimen y la oposición. Si los demás signatarios en virtud del tratado acuerdan nuevas medidas de apoyo a Guaidó y su equipo, irían en la misma dirección. Por eso me parece incorrecto interpretar las últimas declaraciones de Elliott Abrams, Mike Pompeo y otros funcionarios estadounidenses que tratan la situación venezolana, así como el más reciente pronunciamiento del Grupo de Lima, como llamados de atención para poner fin a los encuentros en Noruega y Barbados y pasar a una etapa de acciones más directas y fugaces cuyo punto de partida sería el TIAR. Al contrario, creo que todo esto lo que busca en el plazo inmediato es articularse con las negociaciones para ver si así sí dan fruto, posibilidad que ya había señalado en la entrega anterior de esta columna. Más temprano que tarde veremos las consecuencias.

¿Tiene sentido dialogar?, por Alejandro Armas

HENOS OTRA VEZ ANTE LA PALABRA que más polémicas agrias desata entre los opositores del régimen chavista: diálogo. Nuestro Caso Dreyfus, que nos divide en bandos antagónicos al parecer incapaces de, irónicamente, dialogar entre ellos con respeto y altura. Estamos obligados a ser “beatas colaboracionistas” o “guerreros del teclado mayameros”. Raro es conseguirse con una evaluación desapasionada de los intentos de establecer una negociación que ponga fin a la agonía venezolana. Pero el esfuerzo vale la pena y es lo que la edición presente de esta columna se propone.

Comencemos con una pregunta sencilla. ¿Es siquiera ético dialogar con la élite chavista? Uno de los cuestionamientos más recurrentes a las conversaciones es el enunciado de que “con criminales no se dialoga” (la palabra “criminales” puede ser reemplazada por cualquier variante que denote un delito específico). Vista desde una perspectiva moral convencional, el planteamiento es axiomático. En cambio, en nuestro contexto sucede algo distinto. La acción política, que naturalmente afecta a millones de personas con diversos intereses, tiene una moral propia que a veces exige sacrificios a la moral tradicional si con ello se consigue el bien común, como argumentó Maquiavelo. Además, en la política el poder es mucho más importante que el deseo, aunque el segundo sea justo y noble. Una ambición política enorme, como lo es un cambio de régimen fugaz y extremo, requiere un poder igualmente enorme. Nadie que se involucre en la política es ajeno a estas consideraciones sobre ética especial y capacidades. Hasta la mayor potencia militar del planeta y un gran promotor de la democracia liberal debe hacerlas. El ejemplo de las negociaciones entre Washington y Hanoi, al calor de los bombardeos de napalm y mientras el Vietcong cometía atrocidades, es a menudo citado (no es casual que Henry Kissinger haya sido un notable practicante de la realpolitik maquiavélica). Más recientemente vemos al gobierno de Donald Trump dialogando con los talibanes en Afganistán, aunque nadie ha olvidado el horror que estos fanáticos religiosos impusieron a sus conciudadanos en los años 90. En conclusión, dialogar con sujetos de naturaleza perversa puede ser ético en algunas circunstancias.

Léase bien: en algunas circunstancias, lo cual nos lleva al caso específicamente venezolano, ya superada la cuestión general. En efecto, las experiencias ajenas no implican que sea correcto dialogar con el chavismo hoy. Si estamos dispuestos a negociar con el régimen pese al sinfín de hechos por los que es responsable, la única excusa es que por esa vía se llegará al bien común, que en este contexto es la transición democrática para Venezuela. Pero eso es especular. Aunque muchos aparentemente tienen el don de la clarividencia, pues afirman sin temor a equivocarse lo que va a ocurrir, el autor de estas líneas reconoce, muy avergonzado, no contar con tales facultades. Me tomo la libertad de hablar por todos quienes no gozamos de las habilidades de Casandra y digo pues que nos es imposible saber si una negociación puede precipitar la transición que tanto nos urge.

Afortunadamente, aunque no podemos ver el futuro, sí podemos ver el pasado. En tal sentido, el panorama no es nada alentador. Diálogos hubo en 2014 y 2017 que no se tradujeron en ninguna ganancia para la causa democrática. El régimen siempre estuvo indispuesto a hacer concesiones que comprometieran tu permanencia en el poder y solo accedió a liberar a varios presos políticos, cuyas celdas pronto fueron ocupadas por otros. Por ello, es totalmente razonable ser escéptico sobre la ronda actual. No obstante, para hacer una comparación completa es indispensable tener cuenta las circunstancias que rodearon las experiencias pasadas y contrastarlas con las de hoy. Hay varias diferencias importantes.

Es indiscutible que el régimen atraviesa actualmente un cúmulo de dificultades sin precedentes. La más notable sin duda es la presión internacional. Si bien una parte sustancial de la comunidad internacional acompañó los procesos de diálogo anteriores, nunca antes la inmensa mayoría del mundo democrático había desconocido la legitimidad del régimen chavista. Los ingresos de la elite gobernante se han visto afectados enormemente por sanciones que comprometen su capacidad para vender los recursos naturales que controlan (petrolíferos, auríferos, etc.). Las exportaciones de dichos recursos han sido en las últimas dos décadas una de las mayores fuentes de fondos, si no la principal, para distribuir entre los miembros de la cúpula y los entes que la mantienen en el poder (sobre todo las FF.AA.). Sencillamente, gobernar Venezuela podría dejar de ser el oficio extractor de riqueza que ha sido hasta ahora. Y sus beneficiarios tienen pocos sitios atractivos en donde invertir, debido a las sanciones individuales.

Mientras tanto, un régimen que ha desechado la legitimidad democrática para imponerse mediante la represión y el miedo está sufriendo deserciones importantes en las FF.AA. y sus organismos de inteligencia, los principales responsables de las maniobras coercitivas. Es obvio que no reina la calma en los cuarteles. De lo contrario, no habría tanto oficial detenido y acusado de conspirar. En abril ni más ni menos que el jefe del servicio civil de inteligencia, él mismo un militar, le dio la espalda al régimen y se convirtió en pieza clave de un alzamiento que, aunque fracasó, fue el más grave que el chavismo ha experimentado desde 2002. Cabía esperar una limpieza profunda del Sebin para purgarla de cualquier elemento sospechoso luego de una falla tan grande. Aun así, un par de semanas más tarde se produjo la fuga de Iván Simonovis, uno de los presos políticos más notables, que era custodiado por el Sebin. El mismo prófugo ha dicho que agentes de seguridad colaboraron con su huida.

Nada de esto estaba presente en 2014 o en 2017. La incertidumbre sobre su futuro rodea a los miembros del grupúsculo en el poder. Incertidumbre que es la madre del miedo, aunque frente a las cámaras haya esfuerzos (no siempre exitosos, por cierto) de lucir inmutable. No es descabellado suponer que, impulsados por temores a un desenlace peor, los cabecillas del régimen vean en una salida negociada el camino indicado.

Ojalá la historia terminara aquí, pero no es el caso. La elite chavista bien pudiera atrincherarse, esperar mantener bajo control el descontento entre los ejecutores de su voluntad y resistir los efectos de las sanciones aunque ello represente una pérdida enorme en sus tratos y en su calidad de vida. Por lo tanto, confiar ciegamente en que las nuevas circunstancias precipitarán una transición negociada es ingenuo. Con semejante falta de garantías, queda en el aire la pregunta sobre la conveniencia o inconveniencia de las negociaciones. Considerando todo lo anterior, opino que reabrir ese canal solo tiene sentido si se articula con las diferencias formas de presión internacional, bien sea para crear consenso entre los aliados sobre la indisposición del régimen ha hacer concesiones y así alentar la consideración de otras vías, o emplear hipotéticas formas de presión que no conozcamos para obtener concesiones.

Desde luego, la articulación exige cohesión estratégica con los aliados internacionales y sobre todo con aquellos con mayor capacidad para presionar. Por eso preocupa que recientemente ha habido manifestaciones de frustración con las conversaciones por parte de dos aliados de primer orden: los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. La semana pasada John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump y uno de los funcionarios más públicamente pendientes de Venezuela, afirmó en un tuit que “no puede haber diálogo de buena fe con Maduro”. En cuanto a Bogotá, este domingo Marta Lucía Ramírez, vicepresidente colombiana, cuestionó la reanudación de las negociaciones, también vía redes sociales. Al cabo de unas pocas horas borró el tuit. Si no lo hizo por decisión propia, ello indica que el presidente Iván Duque (único por encima de Ramírez en la jerarquía ejecutiva) no comparte su punto de vista o al menos ve imprudente expresarlo. Igualmente, si tenemos en cuenta que Trump más de una vez se ha opuesto a sus asesores de política internacional, el mensaje de Bolton no necesariamente refleja lo que su jefe tiene en mente. Empero, ambas señales preocupan.

Cualquier desavenencia en torno al diálogo podría aclararse mediante la ronda de consulta con líderes internacionales anunciada por Juan Guaidó hace dos semanas, sin que se haya vuelto a mencionar nada al respecto en público desde entonces. Son discusiones como esas las que permiten hallar un lugar para el diálogo en la estrategia para lograr el cambio, o cerrarlo definitivamente.

@AAAD25

Alejandro Armas Jun 28, 2019 | Actualizado hace 4 meses
Los fugitivos, por Alejandro Armas

 

“EL PRIMER DEBER DE UN PRESO POLÍTICO ES FUGARSE”. He intentando averiguar quién fue el autor de esta sentencia. Lo mejor que he conseguido es un conjunto de atribuciones, no muy seguras, a Teodoro Petkoff. Ese sí sabía. Lo hizo no una, sino dos veces. La primera fue en 1963. Estamos en el contexto de la insurrección armada del Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria contra el gobierno de Rómulo Betancourt. Petkoff, un clandestino más, había sido detenido en marzo de ese año. En agosto, luego de ingerir medio litro de sangre humana para fingir una enfermedad, fue remitido al Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo, desde donde se escapó descolgándose desde el séptimo piso. Esa es al menos la versión más conocida de los hechos.

 

Mucho más recordada, sin embargo, es la segunda fuga. Petkoff volvió a caer preso en 1964. Lo llevaron al Cuartel San Carlos, la fortaleza del siglo XVIII en el noroeste de Caracas. El cautiverio esta vez fue mucho más largo. Fueron casi tres años de confinamiento. Desde su celda, Petkoff y otros militantes de la extrema izquierda llegaron a la conclusión de que la subversión era un burdo intento de emular la campaña guerrillera exitosa de Fidel Castro y que lo mejor era ponerle fin, para buscar el poder por los medios regulares y constitucionales. Finalmente, en febrero de 1967 se produjo el gran escape. Petkoff no estuvo solo. También se dieron a la fuga Pompeyo Márquez y Guillermo García Ponce, otros dos dirigentes comunistas. Tuve el gusto de escuchar el relato, digno de la serie televisiva Prison Break, en boca del propio Pompeyo, como parte de una asignación universitaria que recuerdo con especial afecto por considerarla mi primera entrevista profesional.

 

La fuga del Cuartel San Carlos es tal vez la huida de presos más famosa en toda la historia venezolana. El recinto castrense fue escenario de un incidente similar en 1975, esta vez protagonizado por Gabriel Puerta Aponte y otros guerrilleros del grupo Bandera Roja. Pero la del 67 la vence por mucho en el arte de ocupar la memoria colectiva, tal vez por el peso histórico de los personajes involucrados. Sobre todo Teodoro Petkoff. Su estadía en el Cuartel San Carlos ha sido asociada con una falsa participación en el asalto al tren de El Encanto, apenas un mes luego del escape del Hospital Militar. Cuando murió a finales del año pasado, varios venezolanos que dicen identificarse con la “derecha dura” no perdieron tiempo en señalar a Petkoff por aquel suceso cruento. Como fue en su momento discutido en esta columna, el fundador de Tal Cual  no tuvo nada que ver con la tragedia del ferrocarril, lo cual ha sido confirmado por el ex guerrillero Luis Correa, uno de los verdaderos autores.

 

En fin, el Cuartel San Carlos, Luben Petkoff en una cárcel trujillana, Clodosbaldo Russián en la Isla del Burro… Parece que los años 60 son ricos en relatos de venezolanos puestos tras barrotes por razones relacionadas con la política y que logran evadirse. Ello se ha prestado para armar una narrativa de “héroes” que contribuye con la versión chavista de la historia nacional, si bien quienes luego renegaron de su militancia en la izquierda radical, como Petkoff, son relegados al rincón de los traidores. Está de más decir que las razones esgrimidas entonces para detener a los señalados son consideradas ilegítimas por el chavismo. Puede que en algunos casos (el de Pompeyo Márquez, por ejemplo), la respuesta de las autoridades haya sido excesiva e injusta. No obstante, a la hora de hacer un balance para el juicio histórico es imprescindible tener en cuenta que se trató de una situación de alzamiento armado y tácticamente respaldado por extranjeros con miras a derrocar gobiernos electos democráticamente.

 

Diría que no hay forma de equiparar el contexto del encarcelamiento de comunistas en los 60 con lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 20 años, si no fuera porque ese no es el objetivo de los propagandistas nacionales internacionales del chavismo. Su propósito es mucho más perverso: invertir completamente los papeles. En otras palabras, caracterizar a los gobiernos venezolanos de aquel entonces como tiranías insufribles e identificar a la clase política actual como un grupo de demócratas que se apegan estrictamente al imperio de la ley. La credibilidad ante casi todo el mundo democrático, sin embargo, hace tiempo que la perdieron, razón por la cual sus contactos con ese cosmos, donde hay tanto negocio sabroso, han mermado enormemente. Obviando incidentes muy puntuales que no se tradujeron en rebeliones generalizadas, como los encabezados por Óscar Pérez y Juan Carlos Caguaripano, la oposición venezolana siempre ha estado desarmada y se ha expresado mediante sus derechos constitucionales al voto y la protesta, ambos confiscados por el régimen (se puede sufragar, pero solo bajo condiciones que garanticen la estadía de la élite chavista en el poder). Dicha disidencia a sido sistemáticamente criminalizada y perseguida por el régimen, con un saldo de cientos y quizá miles de presos políticos a lo largo de dos décadas.

 

Se dice que lo peor que le puede pasar a un preso político es caer en el olvido. Cuando son tantos, lamentablemente la memoria colectiva no puede retener todos los nombres. Algunos, sin embargo, se mantienen siempre presentes. Ese fue el caso de Iván Simonovis, el policía usado como chivo expiatorio por la violencia traumática aquel 11 de abril. A Simonovis lo arrestaron a finales de 2004. El juicio, que duró un lustro, fue ampliamente considerado una farsa por jurisperitos y defensores de Derechos Humanos. No obstante, terminó con una condena de pena máxima. Para un hombre que ya tenía medio siglo a cuestas, una sentencia de 30 años fácilmente puede implicar morir en prisión. En 2012, el ex magistrado Eladio Aponte Aponte confesó haber recibido órdenes del Ejecutivo para manipular el juicio contra Simonovis y los demás señalados. Por supuesto, ello no cambió la suerte de los hombres que ayudó a condenar, pues la elite chavista siempre reacciona a estas denuncias haciéndose la desentendida o desestimándolas como “campañas de mentiras”.

 

Dadas las condiciones deplorables de las cárceles venezolanas, a nadie sorprendió que la salud de Simonovis se deteriora considerablemente mientras estuvo detenido. En 2014 el régimen lo recluyó en su casa, más preocupado por cuestiones de imagen que por razones humanitarias. Recuerdo que ese día a millones de venezolanos los embargó la alegría agridulce que este tipo de prácticas del régimen produce, ya que el afectado puede disfrutar de la calidez de su hogar y ver a sus seres queridos en cualquier momento, pero su preciosa libertad sigue se restringida injustamente

 

Y entonces, un día tras quince años de detención, Simonovis se escapó de sus captores. Su huida fue una bofetada dura a los servicios de inteligencia del régimen, que han cultivado en torno suyo un mito de supuesta infalibilidad en la detección de planes contrarios a los intereses de la elite chavista. Sin duda, ha pasado a engrosar la lista de fugas históricas en Venezuela. Se logró en detrimento de quienes usan otras fugas para sus narraciones de propaganda.

 

Este texto no podía cerrar sin un recordatorio: cinco hombres siguen hoy tras las rejas por el mismo caso de Simonovis. Se trata de los policías Erasmo Bolívar, Marco Hurtado, Héctor Rovain, Arube Pérez y Luis Molina. Prohibido olvidarlos.

 

@AAAD25