Alejandro Armas, autor en Runrun

Alejandro Armas

Una pequeña muestra de majestad perdida, por Alejandro Armas

(@AAAD25)

No tener, no tener. No tengo ninguna duda de que Juan Guaidó no tenía hace cinco años ni la más remota idea de dónde estaría hoy. Hablamos de alguien que apenas estaba lanzando su carrera política. Un joven que venía del movimiento estudiantil y que compitió por una curul del estado Vargas. Sí sabía que no tenía (excusen la repetición; les juro que es hasta aquí) muchas esperanzas. El sistema estaba amañado y su litoral natal era, para colmo, una zona donde tradicionalmente el chavismo predominó. Aunque finalmente fue parte de la avalancha opositora que tomó la Asamblea Nacional, nadie estaba muy seguro de qué saldría de aquella Caja de Pandora y, por lo tanto, cabía estar preparado para lo inverosímil, nadie, ni siquiera el propio Guaidó, asumió que la persecución de otros en la jerarquía de su partido lo llevarían a tomar las riendas del Parlamento en condiciones tan peculiares, a convertirse en el principal líder de la disidencia y a conversar directamente con varios de los jefes de Estado más poderosos del mundo. De la política universitaria y los recorridos de campaña en Catia la Mar y Chuspa hay un trecho impensablemente largo hasta Capitol Hill, donde el Presidente de Estados Unidos y el Congreso norteamericano en pleno emitieron su aplauso.

Tengo 28 años, ocho menos que Guaidó. Todas nuestras vidas como adultos han transcurrido bajo el chavismo. Apenas tengo unos recuerdos muy vagos y difusos sobre un envejecido Rafael Caldera portando la banda presidencial. Ni hablar de Ramón J. Velásquez o Carlos Andrés Pérez, quien enfrentó el infame golpe del 4 de febrero (devenido en principal efeméride del régimen, que hoy ni sus seguidores celebran con entusiasmo, como quedó claro esta semana) cuando yo no había cumplido ni dos meses. Nunca me he sentido representado por quienes ocupan el poder en Venezuela. Imposible, cuando a mí y a otros millones nos ven como escoria prescindible desde Miraflores. Imposible, cuando ese poder ha sido usado para destruir las instituciones republicanas y democráticas. Imposible, cuando mi país se ha hundido en la peor decadencia política, económica, social y cultural de toda su historia, mientras quienes lo gobiernan ríen y bailan. Por lo tanto, la majestad que inspiran las figuras de autoridad nacionales, derivada de su representación de la soberanía popular, siempre me ha sido ajena, incluyendo sus manifestaciones allende nuestras fronteras… Hasta hace unos pocos días.

Por todo lo que relaté en el párrafo anterior, no imaginan lo refrescante que me resultó ver a Guaidó ser recibido con los honores conferidos a una máxima autoridad republicana. En Bogotá, Londres, Bruselas, París, Ottawa y Washington. Sobre todo en la capital norteamericana. No es baladí haber sido invitado al Discurso del Estado de la Unión, acaso el acto más solemne de la república más antigua del planeta aún en pie. Quienes están al tanto de la política estadounidense saben lo difícil que es que, hoy, demócratas y republicanos aplaudan al unísono. Fue un momento estremecedor. También lo fue la recepción de Guaidó en la Casa Blanca. Hasta el hecho de que se haya alojado en la Blair House, el edificio oficial destinado a los invitados del Presidente de Estados Unidos, transmite un mensaje. Un mensaje de majestad, y no de la majestad emanada de un monarca ante el cual hay que arrodillarse, sino, al contrario, de un servidor público con las más importantes responsabilidades, y que es reconocido como tal por sus pares de otras latitudes.

Es algo que se perdió en estos 21 años de revolución. Las formas han estado en perfecta concordancia con el fondo, por decirlo en términos coloquiales. La dignidad de las instituciones republicanas fue desplazada por la chabacanería. El líder populista tiene que lucir una cara despojada de distinciones, que lo haga una encarnación de la cotidianidad confianzuda, única en la que el trato soez es admisible, por su inherente relajación divorciada del trabajo en las más altas esferas del Estado. Paradójicamente, entre tanto, dicho líder es erigido como una deidad. Las deidades tienen poderes de los que los mortales no gozan y, ergo, privilegios de los que los morales no gozan. De eso se ha tratado la pérdida de la noción del servidor público, que pone al Estado a trabajar por la sociedad, en vez de usarlo como una mina de oro privada. Sin esa noción, tampoco existe la majestad que la rodea.

La ausencia la podemos ver también en las relaciones del régimen, no con quienes lo repudian, ¡sino con sus aliados! Con socios de los que cabría esperar un trato entre iguales. No lo hay. Me parece que he abordado el punto antes en esta columna. No importa, porque cabe ser reiterativo al respecto. Nicolás Maduro y los demás integrantes de la elite chavista se la pasan yendo a La Habana, Moscú y Pekín. En cambio, las visitas de las mayores autoridades cubanas, rusas o chinas a Caracas se pueden contar con los dedos de una mano. Hay una relación de dependencia muy obvia.

Pero no siempre fuimos así. Hubo una época cuando nuestros representantes tenían el barniz majestuoso, dentro y fuera del país, que les corresponde idealmente. Es fácil adivinar cuál fue ese período. Sólo en democracia la legitimidad legal y racional weberiana tiene aquel halo. Ciertamente, el primer jefe de Estado venezolano en viajar al extranjero, Isaías Medina Angarita, no era un demócrata, pero sí fue alguien que nos acercó a la democracia tanto como nunca antes se hizo, lo cual era bastante en una época en la que el internacionalismo liberal democrático todavía no se había globalizado.

Después de eso, hubo abundantes visitas oficiales de mandatarios venezolanos a otras tierras, siempre con el reconocimiento digno que estas figuras ameritaron. Rómulo Gallegos estuvo en Estados Unidos en 1948, al igual que su tocayo y pupilo Betancourt en 1963. Como Guaidó, Rafael Caldera fue invitado al Congreso norteamericano en 1970, y tuvo el honor de dar un discurso ante ambas cámaras. Carlos Andrés Pérez fue un activo viajero: estuvo en México en 1975; en cuatro naciones árabes, Irán y Austria, en 1977; en EE.UU., en 1990; y en Suiza, por el Foro de Davos, en 1992 (justo antes del golpe de febrero). Por su parte, Luis Herrera, acudió a Colombia en 1984, poco antes de concluir su mandato, mientras que Jaime Lusinchi viajó a Argentina, Uruguay, España y Portugal en 1986; a México, Dominica, Santa Lucía, Barbados, Granada y Guyana en 1987; y a Japón, Italia, Yugoslavia, Egipto y San Vicente y las Granadinas en 1988.

A diferencia del Estado paria y sin trato igualitario por parte de sus aliados que Venezuela es hoy, en democracia nuestra nación recibió numerosas visitas de los más diversos jefes de Estado y de gobierno. Célebre fue la de John F. Kennedy en 1961. Le siguió la del Presidente de Francia, Charles de Gaulle, en 1964 (se dice que quedó impresionado con el Paseo Los Próceres); el Presidente de Chile, Salvador Allende, en 1972; los reyes españoles Juan Carlos y Sofía, así como el Presidente de Senegal, Léopold Sédar Senghor, en 1977; el Presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en 1978; el Presidente de El Salvador, José Napoleón Duarte, en 1984; el papa Juan Pablo II y los mandatarios de Uruguay y Países Bajos (Julio María Sanguinetti y Rudd Lubbers, respectivamente) en 1985; los jefes de gobierno de Trinidad y Tobago y Noruega (George Chambers y Gro Harlem Brundtland) en 1986; la reina holandesa Beatriz y los presidentes de Brasil, Perú y Guyana (José Sarney, Alan García y Desmond Hoyte, respectivamente) en 1987; los presidentes de México, España y Francia (Carlos Salinas de Gortari, Felipe González y François Mitterand, respectivamente) en 1989; el Presidente de Estados Unidos, George Bush, en 1990; de nuevo, el pontífice Juan Pablo II en 1996; y el Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en 1997.

Ciertamente, también por Maiquetía entraron mandatarios autoritarios: Alejandro Lanusse (1972), Mohammad Reza Pahlavi (1975), Josip Tito (1976), Jorge Rafael Videla (1977), Hugo Banzer (1977), Chadli Bendjedid (1985), Zhao Zinyang (1985) y, por supuesto, Fidel Castro (1989 y 1997). Pero claramente son minoría ante los demócratas, y la diversidad ideológica de este conjunto despótico da cuenta de la independencia de la política exterior venezolana de aquel entonces. Algo muy diferente a lo que dice la propaganda chavista sobre los “lacayos del imperio”.

Pido disculpas si buena parte de este artículo tiene un formato enumerativo tedioso que rompe con el estilo ensayístico que toda columna de opinión debe tener. Quise ser acucioso (a pesar de lo cual no dudo que varios datos se me escaparon) resaltadno el punto sobre el reconocimiento del Estado venezolano, como un ente respetable, por las democracias del mundo durante la democracia. Yo no lo viví. Otros sí, y seguramente la novedad que para mí significó la gira de Guaidó, para aquellos más bien fue nostalgia por un pasado imperfecto, pero mucho mejor que el presente. Esta gira, me parece, nos ha dado algo más de ánimo sobre la posibilidad de que nuestro futuro también mejore.

 

Estimado lector, en caso de no lo haya hecho, es momento de aceptarlo: nuevamente se ha subestimado la habilidad del chavismo para mantenerse en el poder. Esto es lo único que le interesa a la elite gobernante, aquello a lo que consagra absolutamente todos sus esfuerzos, lo cual indica en parte por qué Venezuela hoy es un desastre total. Entretanto, la oposición ha optado acertadamente por una estrategia que combina presiones interna y externa. Pero no ha logrado ser constante con la primera y se ha conseguido con obstáculos inesperados en la segunda, que es en la que me voy a enfocar.

La presión externa consiste fundamentalmente en sanciones internacionales impuestas por los gobiernos que favorecen la causa democrática venezolana, contra los cabecillas del régimen y sus fuentes de ingresos. La mayoría proviene de Estados Unidos, que es precisamente el que tiene mayor capacidad para presionar por esta vía, considerando el tamaño de sus mercados y sistema financiero, cuyo acceso las sanciones restringen. Empero, las sanciones no han sido tan efectivas como pudieran ser, debido, en primer lugar, a la falta de multilateralidad (otros gobiernos aliados de la oposición venezolana no han adoptado medidas similares) y, en segundo lugar, a la interferencia de un tercero severamente nocivo: Rusia.

Los politólogos Steven Levitsky y Lukan Way, en un maravilloso ensayo de investigación publicado en 2006, sostienen que la capacidad de una potencia para presionar a un Estado más débil en dirección hacia la democratización se ve coartada si otra potencia interviene a favor del régimen autoritario presionado. Eso es exactamente lo que Rusia ha estado haciendo, erigiéndose así en la máxima protectora del chavismo y cooperando con este para eludir las sanciones norteamericanas o minimizar sus efectos. Por ejemplo, manteniendo el flujo de exportaciones petroleras pese a que Pdvsa está penalizada por Washington. No digo que sea la única razón, pero estoy convencido de que es una de las principales por las que el régimen venezolano está a punto de cumplir un año resistiendo sanciones. Si bien la alianza entre el Kremlin y Miraflores no es cosa nueva y desde un principio cabía esperar que Vladimir Putin le echaría una mano a su beneficiario caribeño, a principios del año pasado la creencia generalizada (incluyendo la mía, lo admito), era que no llegaría tan lejos.

Hasta EE.UU., en boca del enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, Elliott Abrams, reconoció en declaraciones recientes que subestimaron la participación rusa en el tablero venezolano.

Ahora bien, cabe preguntarse por qué Rusia ha insistido tanto en respaldar al chavismo y mantener un pie en Venezuela. Después de todo, el trópico suramericano está bastante lejos de su zona de influencia en Europa Oriental y Asia Central. Hay diferentes explicaciones para esta conducta desde el punto de vista de distintas teorías de relaciones internacionales. Personalmente, me inclino por aplicar al caso venezolano los postulados de Kimberly Marten, politóloga e internacionalista, con especialidad en Rusia. Según Marten, la política exterior de los Estados en buena medida está determinada por la forma en que se ejerce el poder dentro de ellos mismos. En Rusia, dicho ejercicio del poder históricamente ha estado caracterizado por redes de clientelismo, mediante las cuales los gobernantes, para asegurar su estabilidad, actúan como patrones, protegiendo, a menudo de manera no transparente, los intereses de un conjunto de privilegiados que fungen de clientes. Estos a su vez reproducen el esquema con sus propias redes de clientelismo.

Es un fenómeno de orden político y económico que se remonta a los zares, perseveró durante la era soviética y sigue manifestándose hoy.

Putin, como parte de sus ambiciones por hacer de Rusia una potencia mundial, ha replicado el esquema en diversos puntos del globo, con regímenes clientes, casi todos ellos autoritarios. Un buen patrón es aquel que genera confianza demostrando que intercede a favor de sus clientes cuando ellos se sientan amenazados. Si no lo hiciera, los clientes no tendrían razones para confiar en el patrón. Eso no solo impediría a Rusia captar clientes nuevos allende sus fronteras, sino que además socavaría la confianza de los clientes de Putin dentro de la propia Rusia, lo cual pondría en entredicho su estabilidad.

De cara a unos Estados Unidos que ya no están tan dispuestos a hacer de “policía del mundo”, Rusia ha aumentado su influencia global y ha captado nuevos clientes, sobre todo en el Medio Oriente y el África Subsahariana. El régimen chavista, por desgracia, se ha vuelto uno de esos clientes. Tal vez Putin no tomó la iniciativa en este caso. Es probable que haya sido el chavismo quien, anticipando su aislamiento del mundo democrático, haya comenzado la aproximación.

Como sea, hoy figuran en la lista de protegidos de Moscú. Y, por las razones expuestas en el párrafo anterior, Putin puede llegar bastante lejos en la defensa de sus protegidos.

Veamos a Siria, el cliente ruso más prominente. La relación clientelar no es nueva. Se remonta a los años 60 del siglo pasado, cuando el “baatismo”, una suerte de panarabismo moderadamente socialista, llegó al poder en Damasco. Su antipatía hacia Occidente, sobre todo Estados Unidos, hacía de esta ideología una aliada natural de la Unión Soviética. La cooperación incrementó sobre todo luego del golpe de Estado de Hafez Al Assad en 1970. Ventas de armas, entrenamiento de soldados sirios en la URSS, el establecimiento de una base naval soviética en el Mediterráneo árabe (heredada por Rusia y aún ocupada), etc. Literalmente, el vínculo ya era cosa de familia cuando Assad murió en el año 2000 y lo sucedió su hijo, Bashar, el actual sátrapa de Damasco.

Cuando se desató aquella reacción en cadena que pasó a la historia como la Primara Árabe y tocó las puertas de Damasco, parecía que Bashar Al Assad sería el siguiente eslabón en romperse, luego de la caída de los déspotas de Túnez, Egipto y Libia. Pero ahí sigue el hombre, casi una década después. En vez de una revolución fugaz, Siria se sumió en una guerra civil que está entre los conflictos más cruentos y destructivos en lo que va de sigo XXI. Para 2015, el régimen de Assad controlaba más o menos un tercio del territorio sirio. El resto estaba en manos de la oposición armada y del grupo terrorista Estado Islámico.  Sin embargo, en septiembre de ese año, Rusia, que hasta entonces se había limitado a apoyar a su cliente con asesorías políticas y bélicas, comenzó a intervenir directa y militarmente en la guerra civil, despachando un número limitado de tropas de tierra y, sobre todo, bombardeando desde el aire posiciones castrenses (y civiles) en zonas controladas por los rebeldes. También han hecho de las suyas en Siria los paramilitares del llamado Grupo Wagner (empresa de mercenarios cercana a Putin y a las Fuerzas Armadas rusas).

A partir de 2017, las fuerzas leales a Assad comenzaron a recuperar buena parte del territorio perdido. Hoy, controlan aproximadamente dos tercios del país. Si bien ello obedece a diversos factores, incluyendo la pérdida para el Estado Islámico de todo el territorio en sus manos gracias a la ofensiva de Estados Unidos y sus aliados, la intervención rusa fue un factor crucial cambiando la suerte de la dictadura en Damasco. No hay que ser un Napoleón para saber que las guerras suponen gastos millonarios para quienes las emprenden. Además, reportes extraoficiales indican que cientos de rusos (entre soldados formales y paramilitares) han muerto en Siria.

Pero, a pesar de estos costos, Siria es hoy una suerte de protectorado militar del Kremlin. Todo indica que Assad, el cliente satisfecho, no tendrá por lo pronto el mismo destino de otros tiranos en el Medio Oriente.

Mi propósito con este relato es demostrar que, cuando se lo propone, el Kremlin es capaz tomar medidas extremas para proteger a un cliente. No pretendo de ninguna manera asegurar que exista la misma disposición para proteger al chavismo. Como sea, entre los retos de la oposición venezolana y sus aliados internacionales en 2020 está lidiar con el patrón de Miraflores.

 

@AAAD25

Sin pasado notable y con un futuro terrible

La política venezolana siempre puede ser un poco más repulsiva bajo el chavismo. Cada nueva maniobra para retener el poder y los privilegios asociados es una nueva afrenta a la decencia y la moral. Como dice la sabrosa canción de Ray Barretto, testigos fuimos de esta vileza el domingo pasado. El intento de romper el cuórum que Juan Guaidó requería para ser reelecto presidente de la Asamblea Nacional, persiguiendo a un diputado por aquí y corrompiendo a otro por allá, no sirvió. Así que el régimen recurrió a una jugada mucho más brutal al impedir, manu militari, el acceso de la mayoría disidente al Palacio Federal Legislativo, enviar al Capitolio a su propia bancada junto con varios dizque opositores a sesionar sin cuórum verificado e imponer a Luis Parra como “presidente” del Parlamento.

Si esto no fuera lo suficientemente ruin, tengamos en cuenta a qué se debe la ruptura entre aquellos diputados que se hacen llamar opositores y sus ex correligionarios. Hace un mes el portal de periodismo investigativo Armando Info reveló que buena parte de esos parlamentarios realizó gestiones para limpiar en el extranjero la imagen de empresarios investigados por autoridades de varios países a raíz de sus negocios turbios con la importación y distribución de comida para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Hablamos de personas que se han lucrado a partir del hambre de venezolanos empobrecidos, y del control social que pesa como yugo sobre ellos. Parra, de acuerdo con el reportaje, fue el enlace entre los diputados y los beneficiarios de sus gestiones. Visto esto, nadie puede pensar que esos parlamentarios, que aseguran seguir siendo opositores, actúan por ingenuidad o por algún sentido profundamente equivocado de deber patrio.

Dado que la llamada “Asamblea Nacional Constituyente” no recibió la legitimidad que sus creadores pretendían allende nuestras fronteras, parece que ahora esperan que una asamblea nacional paralela cumpla el mismo papel en la realización de aspiraciones que tienen tiempo sobre el tapete. No hablo de legitimidad ante las democracias del mundo que reconocen a Guaidó y que se pronunciaron taxativamente en contra de los hechos del domingo, pero sí ante actores internacionales más afines al chavismo o “neutrales”. Por ejemplo, este parlamento que Parra “preside” pero que el régimen controla de facto pudiera aprobar el crédito de la Corporación Andina de Fomento cuyo propósito supuestamente es recuperar la infraestructura eléctrica venezolana maltrecha, cosa que la AN se ha negado a hacer por cuestionamientos sobre el manejo de fondos. Más importante aun, podría aprobar el aumento de la presencia de capital extranjero, sobre todo ruso, en la industria petrolera, igualmente hecha una ruina, a ver si logran recuperar esa fuente de divisas. En efecto, diputados de oposición (la de verdad) alertaron esta semana sobre tales intenciones, según reportó el portal La Patilla.

Hablando de Rusia, esta nueva “oposición” que el chavismo escogió y que ahora defiende a capa y espada es una muestra más de que la política venezolana ya no se estaría cubanizando, sino rusificando. No es lo mismo, pero tampoco es mejor. Rusia, con su simulación de democracia plural, está ligeramente por debajo de Cuba, un régimen de partido único, en el Índice de Democracia de la revista The Economist

Las dos ediciones inmediatamente anteriores de esta columna estuvieron consagradas a describir las similitudes políticas y económicas entre Caracas y Moscú. Brevemente aludí al hecho de que en Rusia hay dos tipos de oposición. Una es antisistema y permanentemente perseguida, y no se le permite participar en elecciones. Es el caso, solo por mencionar a su dirigente más notable, de Alexei Navalny. La otra oposición sí está habilitada para competir en elecciones y se le conceden cuotas minúsculas de poder, así como las rentas asociadas, siempre y cuando siga las reglas del régimen de Vladimir Putin (diseñadas para mantener al dictador en el Kremlin a como dé lugar) y nunca lo desafíen realmente, por más que emitan discursos en la Duma contra el mandamás.

Un observador de la política rusa pudiera señalar que la comparación no es adecuada, puesto que en el parlamento eslavo la oposición oficial siempre es una clara minoría y nunca es elevada a la posición directiva de la cámara. Esto es irrelevante. Mientras el poder de facto se encuentre en otra parte, toda autoridad titular de la que la oposición goce es un cascarón vacío. De hecho, ha habido casos de figuras disidentes que alcanzan las que se supone que son las máximas posiciones de poder en sus respectivos países luego de negociar acuerdos con quienes realmente ejercen el poder. A continuación veremos un ejemplo desconcertante que me permitirá además dejar de aludir tanto a la tierra de la vodka y el mejor ballet del orbe (pido disculpas sí lo he hecho en exceso por estos días, pero la creciente influencia rusa en Venezuela así lo exige).

Aung San Suu Kyi es un nombre que debería conocer toda persona preocupada por la suerte de la democracia alrededor del mundo, venezolanos incluidos, aunque su país esté al otro lado del globo con respecto al nuestro. Se trata de Myanmar, el Estado en el sureste asiático antes llamado “Birmania”. Casi toda su trayectoria tras el fin de la colonia británica en 1948 ha estado marcada por una dictadura militar espeluznantemente inhumana. Aung San Suu Kyi, hija de uno de los líderes de la campaña por la independencia birmana, se erigió a finales de los 80 como activista por la democracia en su tierra. Por ello, los generales la pusieron bajo arresto domiciliario en 1989. Estuvo intermitentemente confinada a su residencia entre esa fecha y 2010, cuando fue liberada definitivamente. En todo ese tiempo fue acaso la presa política más célebre desde Nelson Mandela, quien culminó su cautiverio poco después que el de ella iniciara. Su actitud constantemente retadora ante la dictadura le valió admiración mundial y el Premio Nobel de la Paz de 1991, entre otros reconocimientos.

Bajo fuerte presión internacional, el régimen castrense emprendió entre las décadas de 2000 y 2010 un conjunto de reformas de liberalización política moderada. El partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, participó en las elecciones parlamentarias de 2015 y logró una victoria aplastante. Suu Kyi asumió al año siguiente el cargo de “consejera estatal”, que en teoría equivale al de primer ministro en las democracias parlamentarias y que en este caso debía supervisar la transición de régimen autoritario a democracia o, al menos, régimen híbrido. De presa política a mandataria. Parecía que la historia de Mandela se estaba repitiendo… Pero no.

Lamentablemente los uniformados han seguido siendo los mayores depositarios del poder en Myanmar, y el margen de maniobra de Suu Kyi es bastante limitado. En 2015, el país salió del foso en el ya referido Índice de Democracia para colocarse (excusas a quienes odian este verbo) en una posición aún baja aunque muy superior a la que hasta entonces tuvo, pero luego volvió a decaer ligeramente. Lo que es peor, Suu Kyi ha hecho apología ante el mundo de algunas de las prácticas más espantosas de los militares. Sin duda la más prominente e infame es la limpieza étnica ejecutada contra los rohingya, una minoría étnica musulmana que habita el oeste del país y que históricamente ha sido detestada por la mayoría budista. Los testimonios sobre asesinatos, violaciones y desplazamiento forzoso que salen de la zona son horrorosos. Suu Kyi, apelando al nacionalismo, ha desestimado la condena internacional de estos hechos.

Pues bien, si alguien con la gloriosa trayectoria pasada de Suu Kyi ya está comprometiendo seriamente el lugar que la historia le depara con su comportamiento reciente, imaginen ustedes qué quedará para personajes como Luis Parra y los diputados “opositores” que votaron por él. Cabe prepararnos para verlos a todos, tal como la consejera estatal birmana, cumpliendo con los deseos de la elite chavista a la que dicen adversar, siempre con el pretexto de que deben subordinar sus diferencias a los del bienestar colectivo venezolano y de que los extranjeros no tienen derecho a meter sus narices (a menos, claro, que sea la nariz peterburguesa concebida por Gogol). Como si no lleváramos 21 años gobernados por la clase política más desinteresada por dicho bienestar.

A nadie debería sorprender que aquella asamblea apruebe rápidamente la sustitución de Tibisay Lucena y los demás rectores del Consejo Nacional Electoral (olvídense del cuórum necesario para eso; ya vimos el domingo cómo se toman esa y otras reglas) como pretendido gesto de que las elecciones por venir sí serán libres y justas. Supongamos además que a los partidos de los que Parra y compañía fueron deshonrosamente eyectados les hacen lo mismo que a Copei, y que sus símbolos y siglas quedan en manos de los repelidos. Luego aparecen mágicamente inscritos de nuevo en el CNE y habilitados para elecciones. Se dan los comicios parlamentarios, la oposición liderada por Guaidó se abstiene, la “otra” participa y queda en minoría mientras que el chavismo obtiene la mayoría absoluta. Y así, queda una parlamento multicolor, con buena parte de las banderas “opositoras” presentes. Democracia à la Moscú.

En la edición pasada de esta columna discutimos qué similitudes y diferencias hay entre el retiro informal de controles económicos llevado a cabo por el régimen chavista y las reformas de Mijaíl Gorbachov en la extinta Unión Soviética. Hoy toca discutir otro modelo sobre el cual, hipotéticamente, Miraflores puso el ojo, con el propósito de aproximarnos al tipo de orden que los jerarcas del PSUV aspiran a imponer en Venezuela. De nuevo, es necesario mirar en dirección hacia la tierra de Mussorgsky y el caviar de esturión.

Incluso antes de que Nicolás Maduro ensalzara las virtudes de una dolarización caótica y, con discreción, se interrumpiera la tradición navideña chavista de apretar las tuercas al control de precios y obligar a comerciantes a vender su mercancía con montos ruinosos hacia diciembre, se ha especulado sobre la posibilidad de que el régimen, solo por sobrevivir, reemplazara a Cuba como principal referente por China o Rusia, sus dos grandes amigos mucho más formidables. Sin embargo, emular a la China post Mao luce sumamente cuesta arriba. No hay ningún Deng Xiaoping en la elite chavista. La rapacidad y la ineptitud son tales que la idea de un crecimiento estratosférico como el de Pekín es risible. En el mejor de los escenarios, el chavismo podría aspirar a perfilarse como el equivalente tropical a la Rusia de Vladimir Putin. Es decir, tener una economía mediocre pero considerablemente mejor a la que hoy hay en Venezuela. China creció sin interrupciones durante esta década y el año pasado su producto interno bruto (PIB) fue el triple de lo que era en 2008, de acuerdo con cifras del Banco Mundial. En Rusia, ese mismo indicador ha sido una montaña… rusa, pues, con varios picos y valles. De hecho el PIB cerró el año pasado ligeramente por debajo de lo que alcanzó en 2008. Ello después de haber gozado del mayor boom de precios del petróleo en la historia. Seguramente el relato es familiar para los venezolanos, con la diferencia que la conclusión de los tiempos de vacas gordas en Rusia no supuso una tragedia humanitaria.

En fin, para seguir el ejemplo que Moscú dio, el chavismo tendría que renunciar explícitamente a buena parte de su bagaje ideológico, al menos en la práctica. Cuando la Unión Soviética se desplomó, Rusia, bajo la conducción de Boris Yeltsin, buscó integrarse al orden democrático y capitalista que en aquel entonces Fukuyama y otros creyeron imbatible. Sin embargo, el caos que supuso la desaparición de la URSS se tradujo en una oleada de privatizaciones no precisamente basada en principios de libre mercado. Personalidades que discretamente acumularon poder durante el ocaso del Estado soviético se hicieron con el control de varios de los sectores clave de la economía y los usaron para enriquecerse de forma grotesca. Esta fue la primera generación de los infames oligarcas rusos, que tantos quebrantos de cabeza le dio a Yeltsin, puesto que aplicó su influencia económica enorme para obtener del Gobierno lo que convenía a su bolsillo. En el proceso contribuyó con la durísima debacle de la economía rusa a finales de los años 90 y con la desilusión de sus compatriotas con el ensayo democrático. Se le atribuye a Lenin, otro hábil animal político eslavo, una expresión que describe el poder como un ente suelto por las calles cuando el descontento social es enorme, listo para ser recogido por alguien. En efecto, cuando terminó el segundo milenio después de Cristo, la mesa estaba servida para que un político de bajo perfil pusiera en práctica su talento perverso y oportunista.

En fin, para seguir el ejemplo que Moscú dio, el chavismo tendría que renunciar explícitamente a buena parte de su bagaje ideológico, al menos en la práctica. Cuando la Unión Soviética se desplomó, Rusia, bajo la conducción de Boris Yeltsin, buscó integrarse al orden democrático y capitalista que en aquel entonces Fukuyama y otros creyeron imbatible.

 

Putin centralizó la administración pública en detrimento de los gobiernos regionales, que se aprovecharon de la debilidad de su predecesor para captar ingresos por cuenta propia. También quebró el poder de los oligarcas de la era Yeltsin, persiguiendo a algunos, haciendo tratos con otros y formando su propio entorno de empresarios leales. Desde entonces, buena parte de la economía rusa ha estado en manos de oligarcas millonarios muy dependientes de sus vínculos con el Kremlin. A cambio de permitirles gozar de sus fortunas, tener un estilo de vida colmado de lujos y hasta fomentar agresivamente sus intereses dentro y fuera de Rusia, el gobierno espera de ellos no solo que se abstengan de usar su dinero para financiar actividades opositoras, sino que además colaboren activamente con la permanencia de Putin en el poder. Todo esto en un entorno de corrupción desbordada y dependencia de unos pocos recursos naturales. Un retrato, de nuevo, familiar para los venezolanos.

El chavismo, pese a sus fuertes inclinaciones marxistas, nunca abolió la propiedad privada ni ordenó una colectivización plena de los medios de producción. Es harto sabido la existencia de una élite empresarial favorable al régimen. Maduro los llama “empresarios patriotas”. Formaron organizaciones patronales y gremiales paralelas para mermar la influencia de las tradicionales e independientes. Hasta tienen un espacio en la ANC, el ente que el chavismo lleva dos años usando como intento de legitimación de su “medalaganaísmo”. Ahora, con el retiro de varios controles, estos señores podrían ver su lealtad recompensada en nuevas oportunidades de negocios. Más aun si la elite chavista le toma la palabra a una de sus “estrellas en ascenso”, Rafael Lacava, sobre privatizar servicios públicos. Privatizar en sí mismo no tiene nada de malo, pero no creo que nadie, excepto sus beneficiarios, lo vean como algo bueno si apesta a crony capitalism. No puede esperarse otra cosa. El chavismo no permitirá un empresariado autónomo fuerte, puesto que el empresariado es parte de la sociedad civil, y una sociedad civil autónoma alienta la democracia.

Así que no es descabellado imaginar que el régimen tenga en mente una relajación continua de regulaciones económicas y privatizaciones que sigan el manual de Yeltsin en cuanto a las preferencias por unos pocos empresarios selectos se refiere, pero que mantenga a estos sometidos, como hace Putin. Por cierto, dejando de lado los aspectos económicos, hay otro aspecto de la Rusia actual que el chavismo pudiera estar buscando imitar. En Rusia hay una distinción entre la oposición permitida y la proscrita. La primera está compuesta por todas o casi todas las organizaciones políticas ajenas a Rusia Unida (el partido de Putin) que cuentan con representación parlamentaria. Se les permite participar en elecciones y controlar algunos gobiernos regionales, siempre y cuando sigan las reglas del juego establecidas por el Kremlin y no lo desafíen realmente. Su principal motivación es el acceso a recursos públicos y a cuotas de poder minúsculas.

Así que no es descabellado imaginar que el régimen tenga en mente una relajación continua de regulaciones económicas y privatizaciones que sigan el manual de Yeltsin en cuanto a las preferencias por unos pocos empresarios selectos se refiere, pero que mantenga a estos sometidos, como hace Putin.

En cambio, la oposición proscrita está vetada de los comicios y es perseguida sistemáticamente con el pretexto de que constituye una amenaza para la seguridad del Estado. Su situación es muy parecida a la de partidos políticos venezolanos como Primero Justicia, Voluntad Popular o Vente Venezuela. Mientras tanto, siguen habilitados para elecciones las organizaciones que se han rehusado a desviarse del orden impuesto por el régimen y que “dialogan” con él. No puedo asegurar que lo hacen por motivos crematísticos, pues no me consta, pero, aunque sea por pura ingenuidad, están desempeñando el mismo papel que la oposición “oficial” en Moscú. Qué tristeza que colaboren con la metamorfosis de Venezuela en un pobre intento de Rusia caribeña. Tristísimo cambio para la que alguna vez fue la democracia modelo de América Latina. Recuperarla sigue siendo el deber de todos los ciudadanos.

No me percaté de ello hasta finales de marzo, durante mi última estadía en Caracas. Terminaba el primer trimestre del año sin que el régimen chavista ordenara las rutinarias razzias de la Sundde, esas abominables, injustas y humillantes visitas de burócratas a comercios para exigirles vender sus productos siguiendo las disposiciones de precios ruinosas ordenadas por los “genios” a cargo de la maltrecha economía venezolana, so riesgo de ser tratado como un delincuente para todo el que se resista. Llamativo, pero no había razón para suponer que fuera simplemente un período de tregua más largo de lo normal. Volví a Nueva York, pasaron meses y meses y nada de razzias.

El control de precios dejó de ser aplicado y como consecuencia natural, los anaqueles volvieron a estar ocupados. Pero además, el mercado paralelo de divisas dejó silenciosamente de ser perseguido. Aunque quedó un duro y relativamente nuevo encaje legal sobre la banca, el chavismo, sin ningún escándalo, se desentendió de varios de los controles económicos que por dos décadas estuvieron entre sus banderas. Por último, Nicolás Maduro no solamente aceptó, sino que celebró la irrupción del dólar como medio de pago en Venezuela. Me voy a ahorrar la exposición del descaro de esta afirmación tras 16 años de control de cambio y criminalización de las transacciones informales con divisas, pues eso abarcaría toda la columna.

Mucho más importante es preguntarse hacia dónde va realmente el orden chavista, si así se le puede llamar. La justificación de los controles siempre reposó en un criterio ideológico de inspiración marxista-leninista. A saber, el libre mercado es un sistema inherentemente injusto que favorece la acumulación de riquezas por parte de un puñado de capitalistas, mientras las masas son empobrecidas y explotadas, así que el Estado, controlado por una vanguardia de los trabajadores, tiene el deber de intervenir para revertir este mal. Si el chavismo decidió dejar el ethos comunistoide como algo meramente simbólico, queda la duda sobre qué tipo de sistema político y económico tiene en mente.

Algunos han señalado que el nuevo modelo será China, una de las dos potencias aliadas del régimen. Pero, como explicaré en el próximo artículo, no creo que esto sea posible. Más bien pienso que ahora el objetivo es emular a Rusia, la otra potencia aliada. En tal sentido, hay dos variantes de la experiencia moscovita que los jerarcas del PSUV pudieran querer imitar, parcial o totalmente. En la edición de hoy de esta columna veremos la primera de ellas, que es la etapa final en la historia de la Unión Soviética. En la siguiente, tocará a la segunda.

 

Los cambios recientes en Venezuela han sido llamados perestroika, el concepto más frecuentemente asociado con la URSS en los días de Mijaíl Gorbachov. Perestroika significa “reestructuración”. Fue un conjunto de políticas económicas introducidas por el nuevo liderazgo soviético a mediados de los años 80, como respuesta al estancamiento de la economía arrastrado desde la década anterior. Mientras que Estados Unidos y otros países occidentales, rivales capitalistas y liberales, se recuperaban de la turbulencia de los 70, la URSS se rezagaba. Cada vez le era más difícil satisfacer las necesidades de sus habitantes. No era solo un problema económico, pues el atraso suponía asimismo el riesgo de menor capacidad para innovar tecnológica y militarmente, lo que comprometía la seguridad del Estado soviético en la Guerra Fría. Así que había una necesidad existencial de romper con el statu quo, aunque implicara desechar parte del dogma oficial. Pero el objetivo no era abandonar el socialismo, ni disolver la URSS. Creer esto es un error común. La idea, más bien, era preservar la Unión Soviética haciendo el socialismo “más eficiente”.

Las reformas de Gorbachov permitieron una forma limitada de propiedad privada, algo no visto desde la derogación de la Nueva Política Económica de Lenin en 1928. Por supuesto, las grandes industrias que sostenían la economía, como el petróleo y el gas, siguieron bajo control estatal. Solo se permitió a los ciudadanos administrar algunos negocios pequeños de manera privada. Asimismo se autorizó la formación de empresas mixtas entre el Estado soviético y capital extranjero, algo que el chavismo tiene años haciendo y que pudiera profundizarse próximamente, dado que es este capital el que mantiene a flote lo poco que queda de explotación petrolera. También las empresas públicas soviéticas pudieron ajustar su producción a la demanda, en vez de obedecer las directrices de la planificación central. Sin embargo, se mantuvieron en la URSS los controles de precio, que el chavismo no ha vuelto a aplicar, así como otras regulaciones nocivas para el crecimiento.

Este reformismo de medias tintas no logró de ninguna manera levantar la economía soviética. Las empresas estatales siguieron siendo terriblemente ineficientes y requirieron de un gasto público cuantioso. La escasez y la inflación siguieron siendo elevadas y el descontento poco a poco fue en aumento, hasta llegar al punto en el que las repúblicas menores, donde renació el nacionalismo, se declararon independientes, mientras que en Rusia el hombre de la ruptura con el sistema comunista, Boris Yeltsin, se hizo con el poder, ante la aprobación activa o pasiva de la mayoría de la población.

Aquel descontento pudo estallar más fácilmente gracias a la glasnost, la política hermana de la perestroika presentada por Gorbachov. Significa “apertura” y consistió en una mayor tolerancia a la disidencia. Empezó con los medios de comunicación, a los que por primera vez se les permitió criticar al gobierno. Luego, en 1989, se celebraron las primeras elecciones relativamente libres. Aunque las organizaciones políticas opositoras siguieron prohibidas, los candidatos oficialistas tuvieron un desempeño sorprendentemente negativo ante sus rivales independientes. Ese fue el resultado de no saber competir en comicios, pues nunca se habían visto en la necesidad de hacerlo antes.

Podemos apreciar que algunos de los cambios vistos en el último año en Venezuela tienen algún parecido con la perestroika. Hasta cierto punto, hay un ambiente más favorable para las operaciones del sector privado, pero las industrias venezolanas más importantes siguen en manos del régimen. Así como la perestroika no pudo levantar el aparato productivo soviético, la mayoría de los economistas venezolanos se mantiene escéptica sobre la posibilidad de que haya una mejora significativa en el largo plazo que ponga fin a la crisis humanitaria y devuelva a todo el país condiciones de vida decentes. Como mucho, es posible que siga este nuevo ambiente de mayor actividad económica entre el minúsculo sector de la población con acceso frecuente y relativamente amplio al dólar, lo cual acentuará las desigualdades ya extremas que hay en la nación. El “nuevo orden” del chavismo, que llegó al poder prometiendo acabar con esas desigualdades y la pobreza, solo beneficia a las capas más privilegiadas de la sociedad (cuyos miembros no tienen ninguna culpa, por cierto).

Además, la perestroika fue una política formal de reformas. Lo que el chavismo ha hecho es dejar de aplicar algunas de sus propias normas catastróficas, dejando que los agentes del mercado actúen sin estas ataduras, pero sin introducir un marco jurídico que garantice la “libertad”. Así como hoy lo permiten, mañana mismo pueden volver a bloquear todo. Considerando el largo historial de desprecio chavista a la ley, incluso si apareciera una Gaceta Oficial eliminando formalmente los controles, la confianza de los agentes económicos, necesaria para el crecimiento, no volvería de la noche a la mañana.

 

Finalmente, hay que decir que esta perestroika chavista viene sin nada de glasnost. La elite gobernante no ha dado ni una muestra de impulso democratizador moderado. Por el contrario, la falta de instituciones democráticas es cada vez peor. La hostilidad a la prensa independiente se agrava, con amenazas a periodistas y bloqueos digitales en momentos delicados para el régimen. Asimismo, no hay ninguna razón para suponer que el chavismo autorizará cambios al sistema electoral que permitan arrebatarle el poder por vía del voto. Sustituir los rectores del CNE, como supuestamente planean, es algo puramente cosmético. Mientras que en la URSS a finales de los 80 la disidencia ingresó por primera vez al Congreso y pudo elevar su voz contra el oficialismo, el régimen venezolano ha proscrito la participación de la mayoría de los partidos opositores, quedando solo aquellos que aceptaron “negociar” con él, en un esquema que no les permite desafiarlo realmente, lo cual veremos con más detalle en el próximo artículo.

Posdata: Notarán que en esta edición de la columna solo se habla de lo que pudiera ser el futuro de Venezuela bajo el chavismo, sin mencionar a la oposición que sí está haciendo algo por frenar al régimen. No es mi intención desestimar sus esfuerzos, pero lamentablemente una vez más está claro que los mismos no tienen el éxito garantizado. Por ello, sin menoscabo del respaldo a la dirigencia opositora, creo que es un deber de quienes estudiamos la política venezolana contemplar la posibilidad de que ese cambio tan deseado no esté a la vuelta de la esquina y hacer nuestro aporte para que quienes siguen en Venezuela puedan tomar decisiones que les permitan llevar vidas tan poco duras como sea posible.

@AAAD25

“Caracas es una burbuja”, dicen. Un lugar donde no se va tanto la luz y el acceso al agua es mucho mayor, comparado con el resto de Venezuela. Sus mercados están repletos de productos de primera necesidad. El acceso a los papeles verdes estampados con los rostros de norteamericanos ilustres es todo lo que hace falta para pagar por estos bienes. La clase media local (especie en peligro de extinción más grave que el que compromete la supervivencia de rinocerontes y cóndores) que se procura la moneda “imperial” puede hacer las transacciones vitales en cadenas tradicionales de proveeduría alimenticia. Otros, más acomodados, pueden hacerlo en los infames bodegones. ¿Qué puede significar el vocablo “Ikabarú” para los habitantes de este domo hídrico? Bien pudieran hablarles de Maribor o de Kandahar, sin que un término los intrigue más que el otro. Para el observador agudo de la cartografía caraqueña, “Ikabarú” es solo una de varias calles que bordean la ladera sobre la que fue erigida la urbanización Colinas de Bello Monte.

Bueno, resulta que esa arteria vial, trazada en lo que el arquitecto Inocente Palacios deseó que fuera un Parnaso del trópico, lleva el nombre de una de las comunidades más remotas de Venezuela. El aislamiento de Santa Elena de Uairén, en el extremo sureste, es bien conocido. Pero, para llegar a Ikabarú hay que rodar unas cinco horas desde aquel poblado fronterizo. Es una localidad en el territorio habitado principalmente por indígenas pemones, en el estado Bolívar, el más rico en minerales de Venezuela, que el régimen chavista decidió convertir en su nueva fuente principal de ingresos luego de haber degollado, cual Quirogas del Caribe, a la gallina de los huevos de oro negro.

Ikabarú es todo aquello que Caracas, incluso esa Caracas que también sufre la calamidad estructural criolla, no es. Un pueblo paupérrimo, sin servicios relativamente eficientes ni bodegones para los privilegiados. Porque los privilegiados no viven ahí. Solo los desesperados por sobrevivir se aventuran a este rincón de las entrañas de Venezuela. Los dispuestos a adentrarse en una selva tan salvaje y peligrosa como las que pululan en los relatos románticos de Kipling y Burroughs. Por unos gramos de oro se exponen a pandemias que habían sido extirpadas de Venezuela, pero tuvieron un regreso triunfal gracias a la decidia chavista. También se exponen a vivir en una tierra sin ley. O mejor dicho, donde la ley es la que imponen quienes incidentalmente manden en una sección cualquiera del territorio, sean bandas dedicadas al delito común, guerrilleros colombianos o miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas (y ni estos se apegan al Estado de Derecho).

Sirva la alusión a las armas para entrar en materia nuclear de este artículo, tras un preámbulo por cuya extensión pido disculpas. La semana pasada ocurrió una masacre en Ikabarú. Al menos ocho personas fueron abatidas por una ráfaga de plomo. La identidad de los perpetradores sigue siendo un enigma. Diferentes testimonios señalan a miembros de una banda hamponil o a organismos públicos de “seguridad”. Como sea, el derramamiento de sangre es responsabilidad del Estado y de quienes ocupan sus instituciones, por acción u omisión.

Los años 70 y 80 fueron buenos para los aparatos de propaganda de la extrema izquierda latinoamericana. Pudieron incorporar a su lista de himnos temas de Silvio Rodríguez, Alí Primera y Mercedes Sosa. Pero también muchas de las canciones del poeta de la salsa, Rubén Blades. “Pablo Pueblo”, “Plástico” y “Tiburón”, solo por nombrar algunas. Uno de estos ñángaras tiene que explicarme por qué insisten en respaldar un régimen bajo el cual ocurren las desgracias narradas en “Plantación adentro”, otro de estos temas.

Veamos cuál es la situación en el llamado “Arco Minero”. ¿Violencia contra indígenas empobrecidos? Sí. ¿Explotación de recursos naturales que solo beneficia a unos pocos dentro de Venezuela? Sin duda. ¿Venta de estos recursos a extranjeros asociados con la elite gobernante, sin ningún beneficio para las masas locales? Por supuesto. Parece un catálogo de las denuncias de Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, fundamento de 99% del discurso chavista. Y sin embargo, todo ocurre en revolución.

El chavismo reclama para sí mismo el monopolio sobre la bandera de los derechos de los pueblos indígenas (y de cuanta causa noble haya sido alguna vez concebida). Asegura ser el único gobierno que ha hecho algo por la suerte de las comunidades amerindias venezolanas. Más que eso, se identifica como promesa indiscutible de prosperidad para ellas. Ha elaborado un discurso recargado de resentimeitno étnico, en el cual los indígenas son unas pobres víctimas de los venezolanos con rasgos europeos más marcados (identificados invariablemente con  la oposición), ignominia de la que fueron resctados por el chavismo, a cambio de lo cual se espera de ellos absoluta lealtad. Todo esto con el propósito de incorporarlos a milicas, “colectivos” y cualquier otro cuerpo que mediante la movilización, violenta de ser necesario, haga de vanguardia del proceso revolucionario… O, lo que es lo mismo, vele por los intereses de la elite gobernante.

Para ser justos, esto no es algo que el chavismo inventó. La extrema izquierda latinoamericana, de la que el chavismo es parte, lo ha hecho desde mucho antes del 4 de febrero de 1992. Con los fines de reclutamiento descritos en el párrafo anterior, se ha identificado como la única que puede enmendar siglos y siglos de injusticias, racismo y explotación. Por eso su retórica invoca tanto las atrocidades cometidas contra indígenas durante la colonia, al punto de cometer la locura de “someter a juicio” iconoclasta una estatua de Cristóbal Colón. Por eso también se cree la única con derecho a rememorar otras barbaridades, como la Campaña del Desierto en Argentina, especie de limpieza étnica que barrió con los nativos de la Patagonia en el siglo XIX. O la Masacre de Cataví, homicidio en masa de mineros bolivianos en 1942.

Esa misma extrema izquierda es la que calla ante una matanza en un pueblo igualmente minero, pero ajeno al Altiplano de mediados del siglo XX (o al de Jeanine Áñez, para efectos de lo que a estos ñángaras les interesa destacar). Como está en Venezuela, no le conviene subir el tono. Ni siquiera le perturba que la masacre en Ikabarú no sea la primera de su naturaleza. En febrero de 2019, varios pemones fueron ultimados por militares por tratar de recibir la ayuda humanitaria que tan desesperadamente necesita Venezuela.

Aunque no cabe esperar nada del régimen y sus apologistas, me sorprende la reacción limitada del venezolano corriente ante los hechos en Ikabarú, incluso entre aquellos que frecuentan las redes sociales y tienen acceso a lo que los medios tradicionales censuran. Hubo mucho más indignación hace apenas tres años por la matanza en Tumeremo, un hecho similar. Quienes vivimos en las grandes ciudades de Venezuela o en el extranjero no podemos hacernos la vista gorda ante las aberraciones que cada cierto tiempo se dan en Guayana. La Paragua, Tumeremo e Ikabarú son síntomas de la explotación delictiva de nuestros recursos naturales. Un mal que, como la nueva epidemia de malaria, es incurable mientras sigamos gobernados por la misma gente.

Son varias las fechas que compiten por estar escritas en la partida de defunción de la URSS. Una de ellas es el 21 de diciembre de 1991, el día en que nací. Llegué al mundo cuando no solamente el socialismo soviético estaba expirando, sino que la “tercera ola” de democratización de Huntington estaba alcanzando su máxima altura y Fukuyama auguraba el triunfo definitivo de la democracia republicana. Latinoamérica no era la excepción. Para 1991, Cuba y Haití eran los últimos regímenes autoritarios en pie en al sur de Texas. Así que, como latinoamericano, por mucho tiempo me preguntaba cómo se sentiría atestiguar el fin de una dictadura en el vecindario.

Algo así como ver a los militares argentinos entregando el poder a Alfonsín o el derrocamiento de Stroessner en Paraguay. Finalmente pude experimentar esa sensación al comienzo de esta semana, cuando el régimen de Evo Morales se derrumbó cual castillo de naipes. Aunque fuera Bolivia y no Venezuela, quedé conmovido. No solo por mi rechazo a los despotismos de toda índole, sino por ser Morales un aliado firme del chavismo, que ha recibido regalitos pagados con dinero de todos los venezolanos.

Y hablando de venezolanos y Bolivia, como suele suceder cuando un dictador cae en cualquier lugar del mundo (sea Ucrania o Sudán), no tardaron en aparecer las interpretaciones de los hechos en el Altiplano señalando similitudes y contrastes con la causa opositora nuestra. Y, de nuevo, como suele suceder, algunas de las más repetidas entre dichas interpretaciones quedaron prêt-à-porter para las narrativas particulares de los sectores opositores. Me voy a referir a dos, argumentando que ambas están erradas por omitir diferencias clave entre los casos venezolano y boliviano.

La primera es fomentada por el bloque opositor que insiste en que los diálogos incondicionales y la participación en cualquier elección constituyen las únicas formas efectivas de lograr el cambio político en Venezuela. De acuerdo con este grupo, los bolivianos demostraron que las elecciones sí pueden ser el catalizador de la implosión de regímenes autoritarios, aunque las condiciones sean abrumadoramente desfavorables para la disidencia. Después de todo, los adversarios de Morales acudieron a las urnas con las mismas instituciones sometidas al Ejecutivo, produjeron aun así un resultado desfavorable para el Presidente y, cuando este lo desconoció, tomaron las calles en protesta hasta forzar una renuncia.

En otras palabras, demostraron que “si votamos, ganamos”, como rezó la consigna comicial de Henri Falcón el año pasado. Así que, de no haber sido por los “abstencionistas radicales”, Venezuela en 2018 hubiera vivido lo mismo que Bolivia hoy.

 

Tal explicación omite que, a diferencia de Falcón y compañía, la oposición boliviana sí tenía un plan para trascender el mero acto de votar en condiciones adversas. Una estrategia para sobreponerse a los posibles intentos de fraude que en efecto ocurrieron. La ciudadanía confió en la dirigencia, fue a votar en cantidades importantes, y cuando Morales trató de revertir el desenlace, se alzó para exigir el fin de los atropellos que niegan la democracia. Falcón, no me canso de repetirlo, no tenía tal estrategia. Cuando comenzó 2018, la oposición aun tenía mal sabor de boca por el fiasco de las regionales del año anterior.

Los partidos de la MUD tomaron parte y llamaron a votar alegando ser capaces de superar las trampas, tal como en las parlamentarias de 2015. En realidad no la tenían, y pasó lo que pasó. En ese contexto, Falcón lanzó su quijotesca candidatura. Pese a la experiencia de las regionales, no hizo más que seguir los pasos de la MUD. Se dieron las elecciones, Falcón denunció el resultado señalando los vicios que desde un principio se le advirtió que habría y…. Listo. Caso cerrado. No hizo más nada. No llamó a la ciudadanía a exigir que el proceso fuera declarado inválido, como sí pasó en Bolivia. Los niveles altos de abstención, excusa predilecta de este sector opositor para atribuir a otros el fracaso, en realidad no lo eximen de responsabilidad. Falcón tuvo que haber aprendido de la experiencia anterior para diseñar una campaña que sí generara confianza sobre la conveniencia del voto y capacidad para defenderlo. No lo hizo y su indisposición a llevar el reclamo postelectoral más allá de la palabra terminó de condenarlo.

Bien, veamos la otra interpretación. Esta sostiene que una dirigencia que aliente la protesta masiva es por sí sola capaz de destruir cualquier dictadura. Los bolivianos (y antes fueron los ucranianos, los sudaneses, etc.) manifestaron hasta ver a Morales caer. No hubo negociación de ningún tipo con el enemigo.

 

De acuerdo con este paralelismo, si el liderazgo opositor venezolano hubiera mantenido su llamado a protestar en las calles luego de las elecciones de 2013, Nicolás Maduro habría corrido la misma suerte que su amiguito boliviano. Era irrelevante que el país estuviera dividido en partes prácticamente iguales y que el chavismo representara a la mitad. Lo mismo sucede hoy en Bolivia y, no obstante, la disidencia se impuso sobre Morales.

En este caso, la diferencia obviada radica en los militares. Las Fuerzas Armadas bolivianas, aunque habían aceptado los abusos previos de Morales para mantenerse en el poder, resultaron ser mucho más institucionales y menos alineadas con la elite gobernante. En cambio, para 2013, los uniformados venezolanos estaban al servicio pleno del chavismo. Para muestra su reacción represiva a las protestas del año siguiente (y no veo razones para suponer que hubo un cambio determinante en apenas doce meses). Odio reconocerlo, porque supone un argumento cuasi pretoriano, pero los militares, como entidad capaz de ejercer la mayor coerción, tienen un papel determinante en estas situaciones. Si en Bolivia no se hubieran negado a suprimir las protestas opositoras ni instado a Morales a renunciar, el hombre seguiría hoy en el Palacio Quemado.

Se ha dicho que la disidencia boliviana no tenía el apoyo de las FF.AA., ni de ningún otro factor de poder, cuando salió a la calle. Empero, sí supo detectar que los vínculos entre el evismo y los militares no eran tan fuertes como para resistir la presión ciudadana exigiendo respeto al orden constitucional. Cambió la voluntad de una institución castrense que se había negado antes a apoyarla. Eso es poder en el más puro sentido weberiano. La oposición en Bolivia pudo desalojar al opresor sin negociar nada con él (excepto su salida del país) simplemente porque pudo, y me perdonan la tautología. Poder. Pregúntese usted si la oposición venezolana tiene ese poder. Naturalmente, no.

Por eso, es más probable que la movilización interna tenga éxito si se le combina con un elemento de presión adicional, como las sanciones internacionales, inexistentes en 2013. Y, también por eso, una salida negociada con el chavismo sigue siendo mucho más probable que otra en la que no se hagan concesiones.

 

Aun queda por ver el final de la película boliviana. No basta con haber expulsado a Morales. Ahora tiene que haber una transición que desemboque en elecciones libres y justas. Esperemos que así sea. Esperemos, y esforcémonos, porque los venezolanos también lleguemos a una situación en la que podamos sentirnos encaminados hacia un cambio para bien.

@AAAD25

Muy lamentablemente, la causa democrática venezolana perdió un aliado en el Gobierno argentino luego de los comicios presidenciales del domingo pasado. Aunque, por razones geopolíticas, Buenos Aires no es tan importante para dicha causa como Bogotá o Brasilia (ni hablar de Washington), todo abandono del Grupo de Lima por parte de un Estado miembro supone un nuevo obstáculo para la presión internacional sobre el régimen chavista. Por otro lado, ese mismo domingo hubo también comicios presidenciales al otro lado del Río de la Plata que llamaron mucho menos la atención. Hay razones para suponer que su secuela sea un cambio favorable para Venezuela.

Los uruguayos la tienen la tranquilidad de vivir en el país más democrático de América Latina y uno de solo dos que califican como democracias plenas en el Democracy Index (excusen la cacofonía helénica) de la revista The Economist. Con una economía que no ha dejado de crecer desde 2003, excepto por el período 2014-2016, los uruguayos pueden darse el lujo de elegir a sus líderes sin caer en muchas de las discusiones incómodas de la política en otras sociedades latinoamericanas.

 

Una de las razones por las que la democracia uruguaya ha tenido tanto éxito, es que en ese país los extremos no han tenido éxito.

 

Desde 2005 la república oriental ha estado gobernada por el Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda que, pese a su membrecía en el Foro de Sao Paulo, es más cercana a la socialdemocracia tradicional y no ha incurrido en las prácticas populistas o autoritarias que caracterizan a los integrantes de aquel grupo. El Partido Nacional  (tradicionalmente llamado “Partido Blanco”), mayor fuerza opositora, es de derecha asimismo moderada. No hay muchos asuntos que dividan irreconciliablemente a las principales organizaciones políticas. Empero, el director de la consultora de opinión pública Facum, Eduardo Bottinelli, advirtió en una nota de Reuters que uno de esos temas que sí han creado una brecha enorme es la relación de Uruguay con los regímenes latinoamericanos de extrema izquierda, sobre todo con el de Nicolás Maduro. 

Mientras que la oposición ha rechazado dicho régimen inequívocamente, el oficialismo ha mantenido una actitud de neutralidad deleznable. Por un tiempo, en 2017, parecía que Uruguay se sumaría a los gobiernos americanos que finalmente se dieron cuenta sobre la naturaleza del chavismo y su indisposición a aceptar que el orden constitucional sea restaurado en Venezuela si no se le presiona. Por desgracia, no fue así.

 

Se ha negado a reconocer a Juan Guaidó y rechazado todos los mecanismos de presión potencialmente efectivos.

 

Insiste en diálogos, sin condiciones, para salir de la crisis, como si no hubiera sido harto demostrado que con esa modalidad el chavismo nunca hará concesiones que comprometan su estadía en el poder.

No podemos esperar nada de las dictaduras cubana y nicaragüense, ni del régimen híbrido de Evo Morales en Bolivia, camino a engrosar la lista de autoritarismos plenos en Latinoamérica luego de los dudosos resultados del proceso electoral de hace un par de semanas. Pero, como vimos, Uruguay está a kilómetros de ser una dictadura. Por lo tanto, es una verdadera lástima que la democracia más sólida de América del Sur le rehúya a los compromisos que pueden ayudar a aquel vecino que perdió toda su democracia. Al parecer en Montevideo no hay nada parecido a la Doctrina Betancourt, la filosofía de política internacional atribuida al destacado político venezolano consistente en aislar a los regímenes autoritarios y esforzarse con firmeza por producir transiciones democráticas en ellos. 

Los uruguayos saben muy bien lo que significa el yugo de una dictadura militar. Uno de esos tristes especímenes se apoderó de la nación entre 1976 y 1985. La izquierda uruguaya debería entenderlo mejor que nadie, pues fue su principal víctima.  Durante esta período aciago en la historia del Cono Sur, Venezuela fue un refugio para argentinos, chilenos y uruguayos perseguidos por sus posiciones políticas. La apertura y recepción de los gobiernos democráticos venezolanos tuvo en Uruguay el que tal vez haya sido su ejemplo más notable. Se trata de un relato que bien pudiera inspirar el guion de un thriller político. Una instancia de nobleza en nuestra política exterior de la cual debemos sentirnos muy orgullosos, razón por la cual creo que merece mayor difusión y un lugar fijo en la memoria de todo aquel que se considere demócrata.

Esta es la historia de Elena Quinteros, una maestra y activista política uruguaya de militancia anarquista. En 1976, mientras la dictadura militar se consolidaba, sus agentes emprendieron una persecución contra Quinteros. Ella logró introducirse en la Embajada de Venezuela en Montevideo para pedir asilo.

 

Ya estaba técnicamente en jurisdicción extraterritorial, pero aun así sus perseguidores irrumpieron en la embajada para aprehenderla.

 

Hubo un forcejeo con el personal diplomático venezolano, que intentó proteger a Quinteros y hacer valer su jurisdicción. Pero, al final, los esbirros se la llevaron a la fuerza. La mujer más nunca fue vista. Apenas tenía 30 años. Fue una de tantos desaparecidos por las tiranías castrenses del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980. Caracas protestó el abuso de las autoridades uruguayas y rompió relaciones temporalmente.

Cabe hacer una digresión y preguntarse por qué Quinteros escogió específicamente nuestra embajada para intentar refugiarse. Tal vez lo hizo porque sabía que Venezuela era uno de los pocos oasis de democracia en América del Sur. En aquel entonces gobernaba Carlos Andrés Pérez, uno de los mandatarios “de ultraderecha neoliberal y lacayos del imperialismo, que fueron mucho peores que las dictaduras del Cono Sur persiguiendo y suprimiendo a militantes de izquierda”, según la versión chavista de la historia patria. El hecho de que una joven militante de izquierda haya optado por ese “gobierno de extrema derecha” como su protector choca un poco con la narración chavista, así que no extraña que no figure nunca en sus evocaciones del pasado.

No tengo la menor duda de que los integrantes del Frente Amplio uruguayo no han olvidado el nombre de Elena Quinteros. Después de todo, ella fue una compañera de los izquierdistas que tuvieron más suerte, sobrevivieron la dictadura y hoy, con canas y arrugas, gobiernan su país por elección popular. Uno esperaría algo más de solidaridad con la nación que le hizo frente al despotismo para proteger a una compañera, así como a otros que lograron huir de Uruguay y establecerse en Caracas. Por desgracia, la política a menudo no es noble.

Sin duda, lo que más conviene a la causa democrática venezolana es que el oficialismo uruguayo sea derrotado. En los comicios del domingo, ninguno de los candidatos obtuvo el respaldo necesario para imponerse en primera vuelta, así que dentro de tres semanas habrá un balotaje entre Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou, abanderado del Partido Blanco.

 

En la primera ronda, Martínez consiguió 39,17% de los votos; Lacalle Pou, 28,59%. De ninguna manera es un margen insalvable.

 

Si la oposición se coaliga en torno a Lacalle Pou, este tiene una gran oportunidad de ganar. Una muy buena primera señal es que Ernesto Talvi, el tercer candidato más votado con 12,32%, anunció su apoyo a su rival blanco apenas se conocieron los resultados del domingo. Un triunfo opositor pondría fin a tres lustros de gobiernos de centroizquierda en Uruguay, que quizá se sume entonces al esfuerzo efectivo por lograr una transición democrática en Venezuela.

Si Elena Quinteros hubiera conseguido el asilo que buscó en Venezuela y mantenido un sentimiento de gratitud hacia nuestro país, quizá hoy se sentiría muy apesadumbrada por lo que el chavismo ha hecho con él. Y quizás le resultaría paradójico que la ayuda de Uruguay a Venezuela pase por una derrota de sus compañeros izquierdistas. Nunca hablo por quienes no pueden alzar su voz y decirme “Cállate la boca, que yo no pienso eso”. Estas son solo suposiciones.