Alejandro Armas, autor en Runrun

Alejandro Armas

“Caracas es una burbuja”, dicen. Un lugar donde no se va tanto la luz y el acceso al agua es mucho mayor, comparado con el resto de Venezuela. Sus mercados están repletos de productos de primera necesidad. El acceso a los papeles verdes estampados con los rostros de norteamericanos ilustres es todo lo que hace falta para pagar por estos bienes. La clase media local (especie en peligro de extinción más grave que el que compromete la supervivencia de rinocerontes y cóndores) que se procura la moneda “imperial” puede hacer las transacciones vitales en cadenas tradicionales de proveeduría alimenticia. Otros, más acomodados, pueden hacerlo en los infames bodegones. ¿Qué puede significar el vocablo “Ikabarú” para los habitantes de este domo hídrico? Bien pudieran hablarles de Maribor o de Kandahar, sin que un término los intrigue más que el otro. Para el observador agudo de la cartografía caraqueña, “Ikabarú” es solo una de varias calles que bordean la ladera sobre la que fue erigida la urbanización Colinas de Bello Monte.

Bueno, resulta que esa arteria vial, trazada en lo que el arquitecto Inocente Palacios deseó que fuera un Parnaso del trópico, lleva el nombre de una de las comunidades más remotas de Venezuela. El aislamiento de Santa Elena de Uairén, en el extremo sureste, es bien conocido. Pero, para llegar a Ikabarú hay que rodar unas cinco horas desde aquel poblado fronterizo. Es una localidad en el territorio habitado principalmente por indígenas pemones, en el estado Bolívar, el más rico en minerales de Venezuela, que el régimen chavista decidió convertir en su nueva fuente principal de ingresos luego de haber degollado, cual Quirogas del Caribe, a la gallina de los huevos de oro negro.

Ikabarú es todo aquello que Caracas, incluso esa Caracas que también sufre la calamidad estructural criolla, no es. Un pueblo paupérrimo, sin servicios relativamente eficientes ni bodegones para los privilegiados. Porque los privilegiados no viven ahí. Solo los desesperados por sobrevivir se aventuran a este rincón de las entrañas de Venezuela. Los dispuestos a adentrarse en una selva tan salvaje y peligrosa como las que pululan en los relatos románticos de Kipling y Burroughs. Por unos gramos de oro se exponen a pandemias que habían sido extirpadas de Venezuela, pero tuvieron un regreso triunfal gracias a la decidia chavista. También se exponen a vivir en una tierra sin ley. O mejor dicho, donde la ley es la que imponen quienes incidentalmente manden en una sección cualquiera del territorio, sean bandas dedicadas al delito común, guerrilleros colombianos o miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas (y ni estos se apegan al Estado de Derecho).

Sirva la alusión a las armas para entrar en materia nuclear de este artículo, tras un preámbulo por cuya extensión pido disculpas. La semana pasada ocurrió una masacre en Ikabarú. Al menos ocho personas fueron abatidas por una ráfaga de plomo. La identidad de los perpetradores sigue siendo un enigma. Diferentes testimonios señalan a miembros de una banda hamponil o a organismos públicos de “seguridad”. Como sea, el derramamiento de sangre es responsabilidad del Estado y de quienes ocupan sus instituciones, por acción u omisión.

Los años 70 y 80 fueron buenos para los aparatos de propaganda de la extrema izquierda latinoamericana. Pudieron incorporar a su lista de himnos temas de Silvio Rodríguez, Alí Primera y Mercedes Sosa. Pero también muchas de las canciones del poeta de la salsa, Rubén Blades. “Pablo Pueblo”, “Plástico” y “Tiburón”, solo por nombrar algunas. Uno de estos ñángaras tiene que explicarme por qué insisten en respaldar un régimen bajo el cual ocurren las desgracias narradas en “Plantación adentro”, otro de estos temas.

Veamos cuál es la situación en el llamado “Arco Minero”. ¿Violencia contra indígenas empobrecidos? Sí. ¿Explotación de recursos naturales que solo beneficia a unos pocos dentro de Venezuela? Sin duda. ¿Venta de estos recursos a extranjeros asociados con la elite gobernante, sin ningún beneficio para las masas locales? Por supuesto. Parece un catálogo de las denuncias de Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, fundamento de 99% del discurso chavista. Y sin embargo, todo ocurre en revolución.

El chavismo reclama para sí mismo el monopolio sobre la bandera de los derechos de los pueblos indígenas (y de cuanta causa noble haya sido alguna vez concebida). Asegura ser el único gobierno que ha hecho algo por la suerte de las comunidades amerindias venezolanas. Más que eso, se identifica como promesa indiscutible de prosperidad para ellas. Ha elaborado un discurso recargado de resentimeitno étnico, en el cual los indígenas son unas pobres víctimas de los venezolanos con rasgos europeos más marcados (identificados invariablemente con  la oposición), ignominia de la que fueron resctados por el chavismo, a cambio de lo cual se espera de ellos absoluta lealtad. Todo esto con el propósito de incorporarlos a milicas, “colectivos” y cualquier otro cuerpo que mediante la movilización, violenta de ser necesario, haga de vanguardia del proceso revolucionario… O, lo que es lo mismo, vele por los intereses de la elite gobernante.

Para ser justos, esto no es algo que el chavismo inventó. La extrema izquierda latinoamericana, de la que el chavismo es parte, lo ha hecho desde mucho antes del 4 de febrero de 1992. Con los fines de reclutamiento descritos en el párrafo anterior, se ha identificado como la única que puede enmendar siglos y siglos de injusticias, racismo y explotación. Por eso su retórica invoca tanto las atrocidades cometidas contra indígenas durante la colonia, al punto de cometer la locura de “someter a juicio” iconoclasta una estatua de Cristóbal Colón. Por eso también se cree la única con derecho a rememorar otras barbaridades, como la Campaña del Desierto en Argentina, especie de limpieza étnica que barrió con los nativos de la Patagonia en el siglo XIX. O la Masacre de Cataví, homicidio en masa de mineros bolivianos en 1942.

Esa misma extrema izquierda es la que calla ante una matanza en un pueblo igualmente minero, pero ajeno al Altiplano de mediados del siglo XX (o al de Jeanine Áñez, para efectos de lo que a estos ñángaras les interesa destacar). Como está en Venezuela, no le conviene subir el tono. Ni siquiera le perturba que la masacre en Ikabarú no sea la primera de su naturaleza. En febrero de 2019, varios pemones fueron ultimados por militares por tratar de recibir la ayuda humanitaria que tan desesperadamente necesita Venezuela.

Aunque no cabe esperar nada del régimen y sus apologistas, me sorprende la reacción limitada del venezolano corriente ante los hechos en Ikabarú, incluso entre aquellos que frecuentan las redes sociales y tienen acceso a lo que los medios tradicionales censuran. Hubo mucho más indignación hace apenas tres años por la matanza en Tumeremo, un hecho similar. Quienes vivimos en las grandes ciudades de Venezuela o en el extranjero no podemos hacernos la vista gorda ante las aberraciones que cada cierto tiempo se dan en Guayana. La Paragua, Tumeremo e Ikabarú son síntomas de la explotación delictiva de nuestros recursos naturales. Un mal que, como la nueva epidemia de malaria, es incurable mientras sigamos gobernados por la misma gente.

Son varias las fechas que compiten por estar escritas en la partida de defunción de la URSS. Una de ellas es el 21 de diciembre de 1991, el día en que nací. Llegué al mundo cuando no solamente el socialismo soviético estaba expirando, sino que la “tercera ola” de democratización de Huntington estaba alcanzando su máxima altura y Fukuyama auguraba el triunfo definitivo de la democracia republicana. Latinoamérica no era la excepción. Para 1991, Cuba y Haití eran los últimos regímenes autoritarios en pie en al sur de Texas. Así que, como latinoamericano, por mucho tiempo me preguntaba cómo se sentiría atestiguar el fin de una dictadura en el vecindario.

Algo así como ver a los militares argentinos entregando el poder a Alfonsín o el derrocamiento de Stroessner en Paraguay. Finalmente pude experimentar esa sensación al comienzo de esta semana, cuando el régimen de Evo Morales se derrumbó cual castillo de naipes. Aunque fuera Bolivia y no Venezuela, quedé conmovido. No solo por mi rechazo a los despotismos de toda índole, sino por ser Morales un aliado firme del chavismo, que ha recibido regalitos pagados con dinero de todos los venezolanos.

Y hablando de venezolanos y Bolivia, como suele suceder cuando un dictador cae en cualquier lugar del mundo (sea Ucrania o Sudán), no tardaron en aparecer las interpretaciones de los hechos en el Altiplano señalando similitudes y contrastes con la causa opositora nuestra. Y, de nuevo, como suele suceder, algunas de las más repetidas entre dichas interpretaciones quedaron prêt-à-porter para las narrativas particulares de los sectores opositores. Me voy a referir a dos, argumentando que ambas están erradas por omitir diferencias clave entre los casos venezolano y boliviano.

La primera es fomentada por el bloque opositor que insiste en que los diálogos incondicionales y la participación en cualquier elección constituyen las únicas formas efectivas de lograr el cambio político en Venezuela. De acuerdo con este grupo, los bolivianos demostraron que las elecciones sí pueden ser el catalizador de la implosión de regímenes autoritarios, aunque las condiciones sean abrumadoramente desfavorables para la disidencia. Después de todo, los adversarios de Morales acudieron a las urnas con las mismas instituciones sometidas al Ejecutivo, produjeron aun así un resultado desfavorable para el Presidente y, cuando este lo desconoció, tomaron las calles en protesta hasta forzar una renuncia.

En otras palabras, demostraron que “si votamos, ganamos”, como rezó la consigna comicial de Henri Falcón el año pasado. Así que, de no haber sido por los “abstencionistas radicales”, Venezuela en 2018 hubiera vivido lo mismo que Bolivia hoy.

 

Tal explicación omite que, a diferencia de Falcón y compañía, la oposición boliviana sí tenía un plan para trascender el mero acto de votar en condiciones adversas. Una estrategia para sobreponerse a los posibles intentos de fraude que en efecto ocurrieron. La ciudadanía confió en la dirigencia, fue a votar en cantidades importantes, y cuando Morales trató de revertir el desenlace, se alzó para exigir el fin de los atropellos que niegan la democracia. Falcón, no me canso de repetirlo, no tenía tal estrategia. Cuando comenzó 2018, la oposición aun tenía mal sabor de boca por el fiasco de las regionales del año anterior.

Los partidos de la MUD tomaron parte y llamaron a votar alegando ser capaces de superar las trampas, tal como en las parlamentarias de 2015. En realidad no la tenían, y pasó lo que pasó. En ese contexto, Falcón lanzó su quijotesca candidatura. Pese a la experiencia de las regionales, no hizo más que seguir los pasos de la MUD. Se dieron las elecciones, Falcón denunció el resultado señalando los vicios que desde un principio se le advirtió que habría y…. Listo. Caso cerrado. No hizo más nada. No llamó a la ciudadanía a exigir que el proceso fuera declarado inválido, como sí pasó en Bolivia. Los niveles altos de abstención, excusa predilecta de este sector opositor para atribuir a otros el fracaso, en realidad no lo eximen de responsabilidad. Falcón tuvo que haber aprendido de la experiencia anterior para diseñar una campaña que sí generara confianza sobre la conveniencia del voto y capacidad para defenderlo. No lo hizo y su indisposición a llevar el reclamo postelectoral más allá de la palabra terminó de condenarlo.

Bien, veamos la otra interpretación. Esta sostiene que una dirigencia que aliente la protesta masiva es por sí sola capaz de destruir cualquier dictadura. Los bolivianos (y antes fueron los ucranianos, los sudaneses, etc.) manifestaron hasta ver a Morales caer. No hubo negociación de ningún tipo con el enemigo.

 

De acuerdo con este paralelismo, si el liderazgo opositor venezolano hubiera mantenido su llamado a protestar en las calles luego de las elecciones de 2013, Nicolás Maduro habría corrido la misma suerte que su amiguito boliviano. Era irrelevante que el país estuviera dividido en partes prácticamente iguales y que el chavismo representara a la mitad. Lo mismo sucede hoy en Bolivia y, no obstante, la disidencia se impuso sobre Morales.

En este caso, la diferencia obviada radica en los militares. Las Fuerzas Armadas bolivianas, aunque habían aceptado los abusos previos de Morales para mantenerse en el poder, resultaron ser mucho más institucionales y menos alineadas con la elite gobernante. En cambio, para 2013, los uniformados venezolanos estaban al servicio pleno del chavismo. Para muestra su reacción represiva a las protestas del año siguiente (y no veo razones para suponer que hubo un cambio determinante en apenas doce meses). Odio reconocerlo, porque supone un argumento cuasi pretoriano, pero los militares, como entidad capaz de ejercer la mayor coerción, tienen un papel determinante en estas situaciones. Si en Bolivia no se hubieran negado a suprimir las protestas opositoras ni instado a Morales a renunciar, el hombre seguiría hoy en el Palacio Quemado.

Se ha dicho que la disidencia boliviana no tenía el apoyo de las FF.AA., ni de ningún otro factor de poder, cuando salió a la calle. Empero, sí supo detectar que los vínculos entre el evismo y los militares no eran tan fuertes como para resistir la presión ciudadana exigiendo respeto al orden constitucional. Cambió la voluntad de una institución castrense que se había negado antes a apoyarla. Eso es poder en el más puro sentido weberiano. La oposición en Bolivia pudo desalojar al opresor sin negociar nada con él (excepto su salida del país) simplemente porque pudo, y me perdonan la tautología. Poder. Pregúntese usted si la oposición venezolana tiene ese poder. Naturalmente, no.

Por eso, es más probable que la movilización interna tenga éxito si se le combina con un elemento de presión adicional, como las sanciones internacionales, inexistentes en 2013. Y, también por eso, una salida negociada con el chavismo sigue siendo mucho más probable que otra en la que no se hagan concesiones.

 

Aun queda por ver el final de la película boliviana. No basta con haber expulsado a Morales. Ahora tiene que haber una transición que desemboque en elecciones libres y justas. Esperemos que así sea. Esperemos, y esforcémonos, porque los venezolanos también lleguemos a una situación en la que podamos sentirnos encaminados hacia un cambio para bien.

@AAAD25

Muy lamentablemente, la causa democrática venezolana perdió un aliado en el Gobierno argentino luego de los comicios presidenciales del domingo pasado. Aunque, por razones geopolíticas, Buenos Aires no es tan importante para dicha causa como Bogotá o Brasilia (ni hablar de Washington), todo abandono del Grupo de Lima por parte de un Estado miembro supone un nuevo obstáculo para la presión internacional sobre el régimen chavista. Por otro lado, ese mismo domingo hubo también comicios presidenciales al otro lado del Río de la Plata que llamaron mucho menos la atención. Hay razones para suponer que su secuela sea un cambio favorable para Venezuela.

Los uruguayos la tienen la tranquilidad de vivir en el país más democrático de América Latina y uno de solo dos que califican como democracias plenas en el Democracy Index (excusen la cacofonía helénica) de la revista The Economist. Con una economía que no ha dejado de crecer desde 2003, excepto por el período 2014-2016, los uruguayos pueden darse el lujo de elegir a sus líderes sin caer en muchas de las discusiones incómodas de la política en otras sociedades latinoamericanas.

 

Una de las razones por las que la democracia uruguaya ha tenido tanto éxito, es que en ese país los extremos no han tenido éxito.

 

Desde 2005 la república oriental ha estado gobernada por el Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda que, pese a su membrecía en el Foro de Sao Paulo, es más cercana a la socialdemocracia tradicional y no ha incurrido en las prácticas populistas o autoritarias que caracterizan a los integrantes de aquel grupo. El Partido Nacional  (tradicionalmente llamado “Partido Blanco”), mayor fuerza opositora, es de derecha asimismo moderada. No hay muchos asuntos que dividan irreconciliablemente a las principales organizaciones políticas. Empero, el director de la consultora de opinión pública Facum, Eduardo Bottinelli, advirtió en una nota de Reuters que uno de esos temas que sí han creado una brecha enorme es la relación de Uruguay con los regímenes latinoamericanos de extrema izquierda, sobre todo con el de Nicolás Maduro. 

Mientras que la oposición ha rechazado dicho régimen inequívocamente, el oficialismo ha mantenido una actitud de neutralidad deleznable. Por un tiempo, en 2017, parecía que Uruguay se sumaría a los gobiernos americanos que finalmente se dieron cuenta sobre la naturaleza del chavismo y su indisposición a aceptar que el orden constitucional sea restaurado en Venezuela si no se le presiona. Por desgracia, no fue así.

 

Se ha negado a reconocer a Juan Guaidó y rechazado todos los mecanismos de presión potencialmente efectivos.

 

Insiste en diálogos, sin condiciones, para salir de la crisis, como si no hubiera sido harto demostrado que con esa modalidad el chavismo nunca hará concesiones que comprometan su estadía en el poder.

No podemos esperar nada de las dictaduras cubana y nicaragüense, ni del régimen híbrido de Evo Morales en Bolivia, camino a engrosar la lista de autoritarismos plenos en Latinoamérica luego de los dudosos resultados del proceso electoral de hace un par de semanas. Pero, como vimos, Uruguay está a kilómetros de ser una dictadura. Por lo tanto, es una verdadera lástima que la democracia más sólida de América del Sur le rehúya a los compromisos que pueden ayudar a aquel vecino que perdió toda su democracia. Al parecer en Montevideo no hay nada parecido a la Doctrina Betancourt, la filosofía de política internacional atribuida al destacado político venezolano consistente en aislar a los regímenes autoritarios y esforzarse con firmeza por producir transiciones democráticas en ellos. 

Los uruguayos saben muy bien lo que significa el yugo de una dictadura militar. Uno de esos tristes especímenes se apoderó de la nación entre 1976 y 1985. La izquierda uruguaya debería entenderlo mejor que nadie, pues fue su principal víctima.  Durante esta período aciago en la historia del Cono Sur, Venezuela fue un refugio para argentinos, chilenos y uruguayos perseguidos por sus posiciones políticas. La apertura y recepción de los gobiernos democráticos venezolanos tuvo en Uruguay el que tal vez haya sido su ejemplo más notable. Se trata de un relato que bien pudiera inspirar el guion de un thriller político. Una instancia de nobleza en nuestra política exterior de la cual debemos sentirnos muy orgullosos, razón por la cual creo que merece mayor difusión y un lugar fijo en la memoria de todo aquel que se considere demócrata.

Esta es la historia de Elena Quinteros, una maestra y activista política uruguaya de militancia anarquista. En 1976, mientras la dictadura militar se consolidaba, sus agentes emprendieron una persecución contra Quinteros. Ella logró introducirse en la Embajada de Venezuela en Montevideo para pedir asilo.

 

Ya estaba técnicamente en jurisdicción extraterritorial, pero aun así sus perseguidores irrumpieron en la embajada para aprehenderla.

 

Hubo un forcejeo con el personal diplomático venezolano, que intentó proteger a Quinteros y hacer valer su jurisdicción. Pero, al final, los esbirros se la llevaron a la fuerza. La mujer más nunca fue vista. Apenas tenía 30 años. Fue una de tantos desaparecidos por las tiranías castrenses del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980. Caracas protestó el abuso de las autoridades uruguayas y rompió relaciones temporalmente.

Cabe hacer una digresión y preguntarse por qué Quinteros escogió específicamente nuestra embajada para intentar refugiarse. Tal vez lo hizo porque sabía que Venezuela era uno de los pocos oasis de democracia en América del Sur. En aquel entonces gobernaba Carlos Andrés Pérez, uno de los mandatarios “de ultraderecha neoliberal y lacayos del imperialismo, que fueron mucho peores que las dictaduras del Cono Sur persiguiendo y suprimiendo a militantes de izquierda”, según la versión chavista de la historia patria. El hecho de que una joven militante de izquierda haya optado por ese “gobierno de extrema derecha” como su protector choca un poco con la narración chavista, así que no extraña que no figure nunca en sus evocaciones del pasado.

No tengo la menor duda de que los integrantes del Frente Amplio uruguayo no han olvidado el nombre de Elena Quinteros. Después de todo, ella fue una compañera de los izquierdistas que tuvieron más suerte, sobrevivieron la dictadura y hoy, con canas y arrugas, gobiernan su país por elección popular. Uno esperaría algo más de solidaridad con la nación que le hizo frente al despotismo para proteger a una compañera, así como a otros que lograron huir de Uruguay y establecerse en Caracas. Por desgracia, la política a menudo no es noble.

Sin duda, lo que más conviene a la causa democrática venezolana es que el oficialismo uruguayo sea derrotado. En los comicios del domingo, ninguno de los candidatos obtuvo el respaldo necesario para imponerse en primera vuelta, así que dentro de tres semanas habrá un balotaje entre Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou, abanderado del Partido Blanco.

 

En la primera ronda, Martínez consiguió 39,17% de los votos; Lacalle Pou, 28,59%. De ninguna manera es un margen insalvable.

 

Si la oposición se coaliga en torno a Lacalle Pou, este tiene una gran oportunidad de ganar. Una muy buena primera señal es que Ernesto Talvi, el tercer candidato más votado con 12,32%, anunció su apoyo a su rival blanco apenas se conocieron los resultados del domingo. Un triunfo opositor pondría fin a tres lustros de gobiernos de centroizquierda en Uruguay, que quizá se sume entonces al esfuerzo efectivo por lograr una transición democrática en Venezuela.

Si Elena Quinteros hubiera conseguido el asilo que buscó en Venezuela y mantenido un sentimiento de gratitud hacia nuestro país, quizá hoy se sentiría muy apesadumbrada por lo que el chavismo ha hecho con él. Y quizás le resultaría paradójico que la ayuda de Uruguay a Venezuela pase por una derrota de sus compañeros izquierdistas. Nunca hablo por quienes no pueden alzar su voz y decirme “Cállate la boca, que yo no pienso eso”. Estas son solo suposiciones.

Alejandro Armas Oct 18, 2019 | Actualizado hace 2 meses
Quijotadas andinas, por Alejandro Armas

LAS RELACIONES ENTRE VENEZUELA y Colombia han sido en líneas generales bastante negativas en dos décadas de autoproclamada “revolución bolivariana”. De todos los mandatarios americanos, Álvaro Uribe fue el segundo blanco más común de los dardos verbales de Hugo Chávez, solo superado por George Bush hijo. Nicolás Maduro continuó la tendencia, al punto de que la retórica chavista hiciera de Colombia una de las mayores causantes de los problemas incontables que asolan al venezolano, desde la pulverización del bolívar (“mafias cambiarias de Cúcuta”) hasta la violencia criminal desatada (“paramilitares”). Ahora, con las acusaciones del presidente Iván Duque sobre la presencia de componentes rearmados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio venezolano, el trato entre vecinos se ha enfriado hasta llegar al cero absoluto diplomático. Es una situación incluso peor que la provocación de la corbeta Caldas en 1987.

La cuestión medular es que dos Estados se acusan mutuamente de alojar a grupos de personas que buscan acabar con ellos de forma violenta. Aunque es la primera vez que tal cosa ocurre en un muy largo tiempo, no es algo sin precedentes. “En este clima de acusaciones mutuas, sobre el escalamiento militar entre Colombia y Venezuela, debemos recordar que el uso del territorio vecino por parte de facciones políticas, para lograr sus objetivos es parte de nuestra tradición política bilateral”, expresó recientemente la politóloga Marisela Betancourt en la red social Twitter. En efecto, durante el siglo XIX y principios del XX, cuando Colombia y Venezuela estaban a menudo en conflictos intestinos (condición que lamentablemente se prolongó hasta nuestros días en el caso neogranadino), a veces el bando insurrecto se resguardaba en tierras al otro lado de la frontera para tramar ofensivas y evitar la persecución del enemigo. En ocasiones, contaban con el apoyo del gobierno vecino, si este no tenía una buena relación con el gobierno contra el cual los insurrectos tomaron armas. Un ejemplo muy rudimentario de la noción schmittiana de la política como relación entre amigos y enemigos.

Como nos recuerda Betancourt, la Revolución Restauradora que dio comienzo a más de medio siglo de hegemonía andina casi ininterrumpida en la política venezolana partió de Colombia rumbo a Caracas. De hecho, el fenómeno descrito en el párrafo anterior tuvo sus ejemplos más elocuentes durante el gobierno de Cipriano Castro. Colombia estaba sumida en una de las peores guerras civiles de su historia, la Guerra de los Mil Días. Uno de tantos conflictos entre los bandos conservador y liberal. En Bogotá mandaba el presidente conservador José Manuel Marroquín, cuyas relaciones con Castro al otro lado de la Cordillera Oriental de los Andes se habían deteriorado, ya que los liberales se refugiaban en suelo venezolano con el beneplácito de Caracas.

Por lo tanto, a Marroquín le convenía deshacerse del “Cabito”. Pero recorrer la distancia enorme que separa la frontera oriental y la Sultana de los Andes, sede del poder nacional venezolano, era una empresa imposible para quien ya estaba ocupado con rebeldes en su propia casa. Así que Marroquín se buscó a alguien que le hiciera el favor. Lo encontró en la figura del tachirense Carlos Rangel Garbiras, un ex compañero de armas de Castro contra los gobiernos del “liberalismo amarillo” tardío y seguidor de la causa de José Manuel “el Mocho” Hernández. Exiliado con Castro en Colombia, ignoro por qué Rangel Garbiras no se sumó a la Revolución Restauradora y se distanció de Castro al punto de encabezar una invasión de Venezuela con el apoyo de Marroquín. La operación se realizó entre el 28 y el 29 de julio de 1901. Rangel Garbiras fue derrotado en la Batalla de San Cristóbal por fuerzas leales a Castro, comandadas por los venezolanos Celestino Castro Ruiz, y Román Moreno… Y el notable general liberal colombiano Rafael Uribe Uribe. Fíjense bien: un venezolano entró a Venezuela para derrocar su gobierno con apoyo de Bogotá y fue frenado por un colombiano aliado de Caracas. El intento de Rangel Garbiras no pasó de esa batalla.

Un par de meses más tarde se intercambiaron los papeles. Desde el Zulia, un grupo de soldados neogranadinos invadió la Guajira colombiana con apoyo venezolano, pero fue derrotado en la Batalla de Carazúa. La Guerra de los Mil Días terminó con un resultado favorable a los conservadores colombianos en 1903. Uribe Uribe retomó su carrera política y fungió como senador y embajador de Colombia en varios Estados latinoamericanos. Fue asesinado en 1914. Rangel Garbiras estuvo exiliado hasta que Juan Vicente Gómez desplazó a Castro. “El Bagre” le dio un puesto en su gobierno, pero Rangel Garbiras falleció a los pocos meses.

Desde aquellos días, el vínculo entre Venezuela y Colombia ha sido mucho menos tumultuoso, obviando incidentes como el del referido barco militar en los 80. Hasta que apareció el chavismo. “Y el uribismo”, dirían algunos, sugiriendo que el deterioro se debió al surgimiento de gobiernos de derecha dura, en Colombia, e izquierda dura, en Venezuela, cada uno con igual carga de culpas. Me parece un juicio equivocado. Aunque no soy de ninguna manera admirador del Centro Democrático ni de Álvaro Uribe, ver a la derecha colombiana como un ente tan problemático como el chavismo es un despropósito. Cualquier Estado que comparta una frontera extensa y dinámica, como la que hay entre Venezuela y Colombia, con un régimen que tenga la naturaleza del chavismo tiene toda la razón de sentirse alarmado.

Las aventuras de personajes como Rangel Garbiras hoy nos parecen ridículas y hasta quijotescas por lo mucho que han evolucionado los Estados, las relaciones entre ellos y los movimientos subversivos en estos casi 120 años. Lo que había en ese entonces en buena parte de Latinoamérica era un conjunto de Estados rudimentarios, en los que caudillos de (por lo general) escasa formación ideológica, como Cipriano Castro, competían por el poder tal como mafiosos se pelean por controlar barrios, objetivo para el cual no veían problema en asociarse con delincuentes del cerro contiguo. A duras penas podía pensarse en entes con el monopolio de la violencia legítima, pues los caudillos veían el territorio bajo su control con ojo de hacendado, y no estadista.

No es lo que sucede hoy, al menos del lado colombiano de la frontera. A pesar de todos los problemas asociados con el uribismo (vínculos entre parte de la elite política y paramilitares, violación de DD.HH., etc.), Colombia sigue siendo una democracia enfrentada con grupos terroristas bien vistos por el chavismo. Al margen de las denuncias de la Casa de Nariño, la presencia del Ejército de Liberación Nacional en buena parte del Venezuela ha sido confirmada ampliamente por medios independientes venezolanos y la red internacional de periodistas InSight Crime. En cuanto al componente rearmado de las FARC, su ubicación en Venezuela fue reportada por la prestigiosa revista Semana. En cambio, el régimen chavista es considerado un Estado forajido, antidemocrático y sin ningún respeto por las leyes nacionales e internacionales. Los venezolanos que se le oponen y que han buscado refugio en Colombia son civiles o militares desertores desarmados, cuya presencia no es nada que las autoridades consideren inconfesable.

El contraste no termina aquí. Cuando Duque denunció que los comandantes de las FARC rearmadas estaban en Venezuela, algunos pensaron que esa sería la justificación de Colombia para intervenir directamente en territorio vecino. Mes y medio después, el gobierno de Duque sigue insistiendo en que no planea tal cosa. Y es que las operaciones militares en suelo extranjero hoy pueden ser mucho más costosas para quien las ejecuta. No era muy difícil armar una montonera arcaica en los Andes a principios del siglo XX y poner al frente a un “general chopo ‘e piedra” (así los llamó el historiador Manuel Caballero) cualquiera. Hoy, en cambio, con las nuevas tecnologías bélicas, la historia es otra. Recordemos que el régimen chavista se ha apertrechado con utensilios castrenses rusos y chinos que, si bien no necesariamente están en la vanguardia de las vanguardias, sí pueden suponer un desafío para cualquiera que las ponga a prueba sin ser una potencia militar, como es el caso de Colombia. Por otro lado, como Colombia lleva décadas en un estado de conflagración permanente, ver a jerarcas chavistas amenazando arrasarla resulta cuanto menos risible. Estos no son tiempos para un Amadís de Gaula tachirense. Ni siquiera para un caricaturesco Alonso Quijano caribeño, por más que a algunos en la elite chavista les guste fanfarronear.

@AAAD25

¡Suelten esa botella de vino chileno! por Alejandro Armas

ESTA COLUMNA SE ACERCA A SU CUARTO ANIVERSARIO. Recuerdo con algo de nostalgia uno de los primeros artículos que escribí para ella. Se acercaban las elecciones parlamentarias de 2015 y argumenté sobre la importancia del voto como catalizador de transiciones políticas en entornos no democráticos. Para ello, me valí de una comparación con el plebiscito de 1988 en el que se les preguntó a los chilenos si aprobarían que Augusto Pinochet siguiera gobernando su país por al menos nueve años más. Muchos pensamos entonces que si la oposición venezolana conquistaba la Asamblea Nacional, sería un cataclismo político que eventualmente obligaría al chavismo a dejar el poder de forma pacífica y ordenada. Luego vino el desengaño y la pérdida de ingenuidad. Quedó claro que el régimen no estaba dispuesto a ceder por tener a la inmensa mayoría del país en contra. Algo más era necesario. 

Desde entonces, la pretensión de usar la transición chilena como una guía para la causa democrática venezolana ha sido duramente criticada. Sobre todo el sector radical de la oposición venezolana ha rechazado hasta la más mínima similitud entre las condiciones de Chile entonces y Venezuela hoy. Para ellos, no existe ninguna posibilidad de que el régimen acepte salir como lo hizo el viejo general oriundo de Valparaíso, y solo la fuerza directa lo apartará. Mientras tanto, otra parte de la oposición insiste en invocar el símil para justificar la participación en cuanto proceso electoral sea convocado bajo el control absoluto del chavismo, ya que “si todo el mundo sufraga, no habrá forma de desconocer el resultado”. ¿Quién tiene la razón en este embrollo? Ninguno. Para variar, lo correcto está en un punto medio entre estos dos extremos.

Tienen algo de razón quienes denuncian el símil entre la dictadura militar austral y el chavismo, puesto que el segundo está implicado en un catálogo de crímenes mucho más diverso que la primera. Pero es falso que los dos no tengan nada en común. Partamos de la premisa de que el pinochetismo y el chavismo son total o parcialmente regímenes autoritarios del tipo burocrático-militar, de acuerdo con la taxonomía del politólogo Juan Linz. El chavismo tiene además elementos del tipo totalitario abortado. Pero ambos tienen su principal sustento en las Fuerzas Armadas. La principal crítica al símil es que, si bien ambos cometieron graves violaciones de DD.HH., el chavismo por añadidura tiene alianzas con grupos terroristas (e.g. el Ejército de Liberación de Nacional colombiano) y está involucrado en denuncias de narcotráfico, por lo que su costo de salida es mucho mayor.

No obstante, esto minimiza las violaciones a los DD.HH. perpetradas por los militares chilenos. Hablamos de miles de torturados, asesinados y desaparecidos. Más que suficiente para que a los responsables les aterrara dejar el poder y quedar vulnerables a la justicia. No era necesario que tuvieran un prontuario tan amplio como el que se atribuye al chavismo para sentirse alentados a gobernar hasta el fin de los tiempos. Aun así, con los incentivos correctos (presión y expectativas de recompensa) la dictadura cedió y aceptó su fin por la vía pacífica. 

El componente desagradable, pero común en este tipo de transiciones, fue la impunidad para Pinochet y compañía. Solo tras la consolidación de la democracia empezaron los procesos de justicia. Tuvieron que pasar tres años luego del fin de la dictadura para que se enjuiciara a Manuel Contreras, director de la infame Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y acaso el peor de los esbirros, mientras que la mayoría de los casos judiciales contra el resto de los involucrados fue abierta entre las décadas de 2000 y 2010. El propio Pinochet no estuvo tras barrotes. Durante su detención en el Reino Unido, en medio de la batalla judicial con España por la fallida solicitud de extradición que formuló el juez Baltasar Garzón, Pinochet estuvo bajo arresto domiciliario. Lo mismo pasó durante el proceso que le abrieron en su propio país. No se pudrió en una cárcel. Falleció en relativa comodidad. Ah, y no crean que llegar a este resultado de laxitud penal fue fácil. La Corte Suprema de Chile inicialmente rechazó la imputación en su contra alegando su incapacidad mental para ser sometido a juicio. Esa decisión fue revertida dos años más tarde, pero en su momento el fiscal Hugo Gutiérrez, a cargo de procesar a los responsables de violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura militar, describió la situación con palabras muy acertadas: “Nuestro país tiene el grado de justicia que la transición política nos permite tener”. Es decir, doce, léase bien, doce años después del fin de la dictadura, ciertas consideraciones sobre estabilidad política seguían dificultando la administración de justicia.

Debo ser enfático en este punto: la impunidad por naturaleza es injusta y, por lo tanto desagradable e indignante. Sin embargo, resulta curioso que el sector opositor que más rechaza una hipotética transición negociada en Venezuela, y que justifica esta posición señalando la impunidad que implicaría, manifieste una tendencia a ver en Pinochet un “dictador que no fue tan malo”, puesto que “salvó a Chile del comunismo” y luego entregó el poder de forma pacífica. ¿Entonces la impunidad implícita en esa transición sí fue aceptable? ¿Creen acaso que a los sobrevivientes de torturas y a los familiares de los asesinados no les dolió ver a Pinochet entregar la Presidencia a Patricio Aylwin sin pagar por el dolor inmenso que les causó? O, peor, ¿desprecian su dolor porque la mayoría de las víctimas era de izquierda y hacerlas sufrir fue “un mal necesario”?

Bien, ya vimos el error del sector radical al despreciar completamente la comparación. Pasemos ahora a quienes insisten en usarla de forma abusiva y manipuladora.  El abuso del símil consiste en que no se puede simplemente esperar a que haya un evento electoral como el plebiscito del 88 para derrotar al chavismo y obligarlo a entregar el poder mediante el sufragio. Ya demostraron, repito, no estar dispuesto a eso. 

Los chilenos tuvieron suerte de que la presión para que el pinochetismo aceptara irse fuera relativamente poca. En primer lugar, por el fin de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos dejó de ver necesario respaldar dictaduras anticomunistas. Para 1988, la democracia había sido restaurada en Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, dejando a Chile y Paraguay como únicas dictaduras militares en América del Sur. El aislamiento internacional iba en aumento. Chile podía terminar siendo un Estado paria, como la Sudáfrica que casualmente por esos días vivía la etapa final de una oligarquía racista. Mientras tanto, puertas adentro la situación social no era del todo positiva. A mediados de la década, la economía fue estabilizada tras la crisis del 82 y el fracaso del experimento monetarista del los Chicago Boys. Pero el daño ya estaba hecho y se manifestó sobre todo en el campo social: cerca de la mitad de los chilenos era pobre.

Este por supuesto no es el caso en Venezuela. El chavismo ha mostrado estar dispuesto a aislar el país con respecto al resto de Occidente y a entenderse solo con aliados como Rusia, China, Turquía, y Cuba. Además, es evidente que las penurias de la población le importan un comino. A eso debemos agregar que las FF.AA. chilenas, a pesar de sus crímenes, eran mucho más institucionales que las venezolanas. 

Para que el chavismo acepte salir pacíficamente del poder hace falta una mayor presión que la que hubo en Chile. A ello aspiran las sanciones internacionales. Dado que a la elite gobernante no le importa mandar sobre una población misérrima, el objetivo de las medidas punitivas es comprometer sus intereses egoístas, dejándolos sin socios con los cuales hacer transacciones, negándoles acceso a los sistemas financieros occidentales, restringiendo sus ingresos y vetando su presencia de los destinos más demandados por razones residenciales, educativas, de negocio o recreativas. En resumen, poniendo su estilo de vida privilegiado en jaque. Así, los aliados internacionales de la causa democrática venezolana esperan lograr un quiebre de la cúpula que precipite una transición. Sin dicho quiebre, no habrá elección que valga. Los “voto o nada” pueden olvidarse de emular a los chilenos prescindiendo de él. Podemos aprender algunas cosas de nuestros vecinos del sur, pero no se emborrachen con el Cabernet Sauvignon del Valle del Maipo. ¡Suelten esa botella!

 

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Salami de Budapest en Caracas, por Alejandro Armas

BASTÓ Y SOBRÓ QUE JUAN GUAIDÓ diera por agotada y clausurada la mesa de negociación auspiciada por Noruega para que el régimen chavista convocara a un grupo de políticos a la antigua residencia presidencial que da a la Plaza Bolívar, para firmar un acuerdo por el que las partes se comprometen a un supuesto diálogo. El tufo a “Plan B” no lo disimuló ni el mejor desodorante (porque, claro, los jerarcas del régimen sí tienen acceso a este producto higiénico, a menudo vedado para las masas bien sea por la escasez o por la inflación). De esa forma aspira el chavismo a desacreditar la presión internacional que se cierne sobre sus nada atléticos (ni “atlásticos”) hombros y estimular las ya amargas divisiones en la oposición.

No es nada que deba sorprendernos de la cúpula roja. La atención más bien se la llevaron los copartícipes del pacto, los señores Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Felipe Mujica y Luis Augusto Romero (en representación del partido de Henri Falcón). Ardió la Troya caribeña con acusaciones de traición y colaboracionismo. No me sumé, ni me sumaré por ahora, al coro airado. No me consta que estos sujetos, y las organizaciones políticas que representan, estén actuando motivados por ofertas materiales hechas por el régimen. Ni siquiera sé si a cambio de sus autógrafos les prometieron una cuota de poder (el chavismo siempre ha sido notablemente mezquino hasta con aliados como el Partido Comunista de Venezuela). Tampoco descarto que, aunque sea una posición ruidosamente absurda, crean que esta es la mejor forma de avanzar hacia la recuperación de Venezuela. El tiempo irá aclarando esos pormenores, aunque no hay que extrañarse si vemos cosas peores, como reza el pasaje popular del libro de Ezequiel.

Una posible explicación de las fuerzas macabras que operan detrás de esta jugada política puede ser ilustrada con un bien alimenticio que usted verá en cualquier charcutería (bueno, quizá no en las de Venezuela). A saber, un salami. “Táctica salami” es el nombre que se le da a una modalidad del viejo truco “divide et impera”. Se atribuye la expresión al líder comunista húngaro Mátyás Rákosi. Estamos hablando de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, cuando los fieles de Marx estaban consolidando sus respectivas dictaduras en Europa del Este. Pese al apoyo absoluto del tío Stalin desde Moscú, estos fueron procesos que no se llevaron a cabo de la noche a la mañana. Acabar con la oposición y establecer regímenes de partido único tomó tiempo.

En la tierra de los magiares, Rákosi hizo uso de una herramienta retórica que sonará familiar a los venezolanos. Empezó a acusar sistemáticamente a sus detractores de ser fascistas. Un señalamiento sensible para un país ocupado poco antes por nazis. Por temor a ser percibida como muy radical, la disidencia marginó a su ala más derechista. Pero Rákosi no paró. Luego la oposición hizo lo mismo con su grupo más cercano al centro y, finalmente, con los militantes de la izquierda no comunista. En palabras del propio Rákosi, los rebanó como un salami. Al final solo quedó una dizque oposición incapaz de disentir efectivamente. Así, los comunistas se adueñaron del poder absoluto y establecieron una de esas mal llamadas “repúblicas populares”.

El chavismo entiende perfectamente que una oposición fraccionada es más débil, sobre todo si, además de no coincidir en nada, los sectores se hacen la guerra entre ellos. Sus maniobras para fomentar el disenso no son pocas y ahora pudieran haberse leído el manual del camarada Rákosi. Después de todo, en lo que va de año han hecho guiños reiterados a las organizaciones políticas que no son parte de su coalición pero tampoco se sumaron a la estrategia encabezada por Juan Guaidó. Quienes sí lo hicieron, en la verborrea chavista, son unos facinerosos tan desesperados por obtener el poder, que se lanzaron a una aventura demencial. De esa gente, insisten en Miraflores, el país no puede esperar nada, pues su intento de epopeya no tiene otro destino que el fracaso. En cambio, agregan, los opositores que no respaldaron el dislate son personas sensatas que entienden que el poder lo tienen las autoridades chocantes pero legítimas y que si va a haber un cambio será de acuerdo con sus reglas. Este ha sido el mensaje desde enero.

No es ningún secreto que la euforia que siguió al acto apoteósico en Chacao ha sido en buena medida desplazada por la decepción y la angustia ante el hecho de que el régimen sigue en pie, mientras la calamidad socioeconómica muerde. Así que probablemente los señores Falcón, Fermín y demás pensaron que en efecto es una tontería radical lo que Guaidó está haciendo. De ser ese el caso, pudo resultarles tentador presentarse como los que sí ponen soluciones (que no opciones) sobre la mesa, aunque para ello tuvieran que pactar con el régimen.

Pero estas “soluciones” son un espejismo. Cambiar las autoridades del Consejo Nacional Electoral a mi juicio no devolverá al ciudadano común la confianza en el sistema. Pueden sacar a Tibisay Lucena y poner a quien quieran como árbitro. Muy pocos serán lo que crean que cualquier selección en la que participe un chavismo que no ha dado absolutamente ninguna señal de estar dispuesto a dejar el poder evitará los abusos y trampas de los procesos comiciales anteriores. Es más, ya una vocera del régimen, Gladys Requena, dijo que solo reemplazarán a los rectores con período vencido. Por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia emitida en 2016, el número de rectores con plazo vencido es cero, como advirtió el periodista Eugenio Martínez. Es decir, si el chavismo no modifica su propia narrativa, no habrá ningún cambio.

En cuanto al planteamiento de establecer un programa de intercambio de petróleo por alimentos, otro punto en el pacto con el régimen, me remito a las impresiones del economista Francisco Rodríguez, quien ha hecho propuestas similares. Rodríguez señaló que esta iniciativa no es viable sin el visto bueno de Guaidó y del Gobierno norteamericano. Añadió que en las actuales circunstancias, la comida obtenida por esa vía caería en las mecanismos de distribución del chavismo, claramente politizados. Sería como otro CLAP.

Vemos entonces que, aunque hayan actuado sin intereses oscuros, es poco o nada lo que los cosignatarios del acuerdo con el régimen conseguirán. En cambio, pienso que es mucho lo que pierden por haberse dejado rebanar como una salchicha curada. Desde 2017 he hecho exhortos constantes a que todos los sectores de la oposición se unan en torno a una estrategia compartida con miras al cambio político que tanto urge. Eso incluye al sector que gira en torno a María Corina Machado y Antonio Ledezma, aquel que sigue más o menos amalgamado como Mesa de la Unidad Democrática o Frente Amplio y, por último, a los que firmaron el acuerdo en la Casa Amarilla. Pues bien, sea cual sea su intención, al haberse integrado a un sabotaje contra los esfuerzos del grueso de la oposición y el plan con mayores posibilidades de éxito, cruzaron una línea (no podía ser de otro color) roja. A partir de ahora, aunque se retracten, quedarían descalificados para volver a los esfuerzos mancomunados de democratización de Venezuela, puesto que no hay razón para concederles confianza. Triste final para una vida política. Si sus decisiones fueron desinteresadas, les deseo lo mejor en otro ámbito, caballeros.

 

@AAAD25
La manía de las comparaciones incompletas sobre sanciones, parte 2, por Alejandro Armas

SI USTED ES DE LOS QUE me honra con la lectura habitual de esta columna, probablemente notó en la entrega pasada que el título acababa con una la palabra “parte” y el guarismo “1”. Si mal no recuerdo, es la primera vez que escribo un artículo para este espacio en dos porciones. Me pareció que era lo conveniente, dada la extensión del texto. Antes de entrar en materia, haré lo mismo que los programas de televisión transmitidos por episodios. Es decir, un breve recuento de lo visto en la emisión anterior, para quienes se la perdieron. La semana pasada hice un ejercicio comparativo entre el régimen venezolano y otros cuatro que han sido objeto de sanciones norteamericanas para demostrar que, a diferencia de lo que muchos han sugerido, el hecho de que las experiencias ajenas no hayan precipitado un cambio político no significa que el caso criollo necesariamente tendrá igual suerte. Hay circunstancias diferentes, como el nivel de vinculación con las democracias occidentales y  la dependencia de ciertos recursos para obtener ingresos, que hacen que cada aplicación de sanciones se dé en un contexto único. No son solo las sanciones, sino ellas mismas más su contexto.

Ahora bien, si es equivocado asumir que las medidas punitivas contra Miraflores están condenadas al fracaso, es igualmente desacertado creer que su éxito es una garantía. Tal seguridad fue transmitida recientemente por John Bolton, el agresivo asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump. Para reforzar su argumento, Bolton evocó las sanciones impuestas en los años 80 a Nicaragua y Panamá. En ambos casos, la década concluyó con el fin de regímenes autoritarios (o cuasi autoritario en el caso nicaragüense), la realización de elecciones y el ascenso al poder de opositores. Bonito, ¿no? Ni los hermanos Grimm ni Disney pudieron pensar en finales más felices. Pero cabe preguntarse, por supuesto, cómo se llegó a eso y si realmente las sanciones estadounidenses fueron el impulsor definitivo.

La verdad es que las sanciones económicas son un aspecto relativamente poco conocido de la política de Washington hacia el gobierno de Daniel Ortega y la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Mucho más recordadas, por lo drásticas, son otras medidas que veremos más adelante. Reagan llegó a la Casa Blanca en 1981 decidido a hacerles la guerra a dos cosas: el socialismo revolucionario y el narcotráfico. Respectivamente, estos objetivos impulsaron los conflictos con Nicaragua y Panamá. En el primer caso, Washington rápidamente impuso un embargo comercial como parte de sus esfuerzos por extirpar como fuera el sandinismo, ante el temor de que hubiera una nueva Cuba en América Central. En cuanto a la nación istmeña, los vínculos de Noriega con la venta de estupefacientes y su rechazo a la restauración del orden democrático llevaron a Estados Unidos a suspender la cooperación económica y militar con Panamá a partir de 1987, así como otras penalidades económicas. Tanto en Nicaragua como en Panamá, las sanciones y otros factores produjeron daño económico severo.

Sin embargo, en ambos casos hubo factores adicionales que los alejan considerablemente de Venezuela hoy. Dos años tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio “Tachito” Somoza, Nicaragua se vio envuelta en una guerra civil horripilantemente cruenta entre el gobierno sandinista y la “contra”, rebeldes de derecha financiados por Estados Unidos. Esta carnicería, con violaciones de Derechos Humanos a la orden del día, tuvo su propio impacto en la economía, más allá de las sanciones. Asimismo, el gobierno de Ortega tomó una serie de medidas destructivas, incluyendo controles de precios y la emisión de dinero sin respaldo (los venezolanos conocemos bien los efectos de ambos). Según cifras del Banco Mundial, entre 1985 y 1990, el producto interno bruto se redujo a menos de la mitad. El país cayó en hiperinflación. Se disparó el porcentaje de personas en situación de pobreza. Nicaragua estaba exhausta y arruinada en todos los sentidos para 1990, cuando hubo elecciones en un clima de tensión enorme y que dieron la victoria a la opositora Violeta Barrios de Chamorro. Ortega cedió el poder… Aunque lamentablemente nunca dejó de buscarlo de nuevo.

En Panamá no hubo guerra civil, pero sí otro pequeño detalle: una intervención militar estadounidense. Entre 1987 y 1989, de acuerdo con una investigación de la Universidad de Stanford (Acosta, 2008), el PIB se desplomó casi 25%. El Banco Mundial estima una contracción mucho más modesta (13%), pero de todas formas estremecedora para un bienio. Aun así, Noriega siguió aferrado al poder, con una actitud desafiante (su perorata esgrimiendo un machete pasó a la historia). Muy a pesar de sus orígenes como agente de la CIA, intentó procurarse el respaldo de Cuba y Nicaragua para hacer frente a Washington. En mayo de 1989 hubo elecciones que Guillermo Endara, candidato al frente de una coalición disidente, estaba ganando hasta que la dictadura suspendió el proceso. Finalmente el sucesor de Reagan, George Bush padre (quien conocía bien a Noriega por haber sido brevemente director de la CIA), decidió enviar tropas al istmo en diciembre para poner fin a la crisis. Esa fue la “Operación Causa Justa”. Las tropas estadounidenses ocuparon Panamá por poco más de un mes. Noriega fue capturado y enviado al norte para ser procesado por sus delitos. Endara fue juramentado como Presidente. Entre más o menos 250 y 800 panameños (depende de la fuente de las cifras), murieron, más 23 estadounidenses y un periodista español.

Conclusión: Tanto en Nicaragua como en Panamá hubo situaciones de violencia armada que en un caso contribuyeron y en otro caso forzaron la salida del poder de sus sendos regímenes. Por ello, los símiles de Bolton están lejos de ser completos y rigurosos. No sirven para asegurar el éxito de las sanciones dirigidas al chavismo. Naturalmente, solo cabe esperar que los propios autores de esta política punitiva auguren que saldrán airosos. Ningún gobierno toma medidas admitiendo en público que duda sobre su efectividad. Pero nosotros, los ciudadanos comunes que intentamos interpretar lo que los gobiernos hacen, no tenemos esas restricciones.

Hay señales de que las sanciones anunciadas la semana pasada sí han inquietado al régimen. En primer lugar, por primera vez fue el chavismo el que se retiró de las negociaciones con la oposición, probablemente convencido de que no le sirven para deshacerse de las penalidades y de que, por el contrario, tendría que dialogar bajo presión severa hasta hacer concesiones significativas. Un reporte de la agencia Bloomberg reveló este jueves que Ziraat, el mayor banco de Turquía (controlado por el Estado) suspendió sus servicios al Banco Central de Venezuela por temor a las represalias de desafiar las sanciones de Washington, muy a pesar de que el gobierno de Recep Tayip Erdogan ha insistido en defender al chavismo. No hay alianza incondicional y más aliados clave, como Rusia y China, podrían eventualmente darle la espalda a Nicolás Maduro y sus camaradas. No obstante, seguimos en la zona de la incertidumbre.

 

@AAAD25
La manía de las comparaciones incompletas sobre sanciones (parte 1), por Alejandro Armas

Los periodistas tenemos el vicio de querer enterarnos de todo al instante. Si pasamos mucho tiempo desconectados de nuestras fuentes de información, podemos hasta ponernos ansiosos e irritables. En mi caso, me fastidia un poco saber que no podré entrar a Twitter por un par de horas cuando por ejemplo voy a ver un concierto o una obra de teatro. Me acosa el temor, admito que irracional, de perderme de algo importante mientras tanto. Me sucedió este lunes, cuando tras ver una película me enteré de la nueva oleada de sanciones de Estados Unidos contra el régimen venezolano.  The Wall Street Journal fue el primer medio en dar a conocer la noticia. Se refirió al conjunto de medidas punitivas como un “embargo”, y mencionó que colocaban (perdón si molesto con este verbo) a Venezuela en una posición igual a la de Cuba, Siria, Irán y Corea del Norte.

La noticia desató el pánico entre algunos lectores. “Embargo” es una palabra que los latinoamericanos asociamos con la política norteamericana hacia la dictadura castrista desde los años 60. El símil con esta y otras satrapías en The Wall Street Journal confirmó los temores. Después de todo, el punto de comparación era un conjunto de naciones donde sus respectivos déspotas siguen mandando, sin que las penalidades impuestas por Washington se hayan acercado siquiera a precipitar un cambio político, mientras los ciudadanos comunes sufren económicamente. No obstante, cuando la orden ejecutiva con las sanciones, firmada por Donald Trump, fue publicada, pudimos ver que el alcance de las medidas era mucho más limitado que lo que se pensaba, por lo cual el término “embargo” no es adecuado. Expertos en Derecho internacional se han encargado de explicar el rango de restricciones de las sanciones, mientras que economistas han señalado cuáles pudieran ser sus consecuencias para el venezolano ajeno al régimen. En este artículo me propongo ahondar en las diferencias entre Venezuela y otros países que han sido objeto de sanciones norteamericanas.

Aunque ya vimos que no se trata de un embargo, varias personas con algo de ligereza han insistido en señalar hacia La Habana, Teherán y los otros aludidos para sentenciar que las sanciones nunca funcionan en el desalojo de regímenes autoritarios. En realidad no basta con recordar casos pasados. Si Ortega y Gasset dijo “Yo soy yo y mi circunstancia”, lo mismo aplica a los Estados. Cada país tiene un contexto y unas cualidades que lo distinguen de los demás en cualquier coyuntura. Si se quiere establecer paralelismos, habría que hacer un ejercicio comparativo mucho más riguroso que la mera indicación de experiencias ajenas. En efecto, la situación venezolana actual tiene varios elementos que han estado totalmente ausentes de los otros casos. Son estos factores, combinados con las sanciones, los que podrían hacer la diferencia.

En tres de los cuatro países no ha habido una oposición capaz de desafiar seriamente al respectivo régimen. Además, pese al repudio que estos regímenes han recibido por parte de las democracias del mundo, siguen siendo reconocidos como gobiernos legítimos, sin que nadie les haya arrebatado con éxito esa legitimidad ante los ojos del orbe. En otras palabras, no existe un Juan Guaidó iraní o norcoreano. La excepción es Siria, pero ahí la guerra civil con intervención de las dos mayores potencias militares del mundo es sui generis y domina todas las demás variables, inclinando el juego a favor de la tiranía de la familia Assad.

Otra diferencia importante parte de dos conceptos esenciales en la bibliografía sobre cambios de régimen por presión internacional: leverage y linkage, que pudiéramos traducir respectivamente como “influencia” y “conexión”. Los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way trataron el tema en un maravilloso ensayo de investigación publicado en 2006. Leverage es la capacidad que tiene un país de influir en las decisiones de otro. Por ejemplo, si la economía de un Estado depende considerablemente de las exportaciones al otro, el segundo tiene leverage sobre el primero y puede presionarlo restringiendo el comercio entre ambos. El linkage es el conjunto de vínculos sociales, culturales y comunicacionales entre dos Estados. Suele estar determinado por factores como la proximidad geográfica y cultural. Verbigracia, las naciones latinoamericanas tienen linkage mucho mayor entre ellas y con los Estados Unidos y Europa (sobre todo España y Portugal) que con el Medio Oriente o las islas del Pacífico. Que las sociedades civiles de dos países tengan lazos sólidos (e.g. que haya una población numerosa oriunda de uno viviendo en el otro, o que muchos ciudadanos de uno se hayan formado en las universidades del otro) es indicio de un linkage fuerte. Levitsky y Way argumentan que se necesita una combinación de leverage y linkage formidables para que un país pueda presionar a otro hacia una transición democrática plena.

Vayamos de la teoría a la realidad empírica. Estados Unidos históricamente ha tenido poco leverage sobre Siria, Irán y Corea del Norte si consideramos solo el ámbito bilateral. Con todos ellos sus relaciones han sido pésimas desde hace décadas y estas naciones han buscado socios comerciales alternos. Ahora bien, la aplicación de sanciones secundarias, que castigan a todo aquel que trate con el sancionado aunque no sea un ciudadano o ente norteamericano, ha revolucionado el alcance punitivo. Por eso, que las sanciones contra Irán impidan a Europa comprar su petróleo se ha traducido en un golpe duro a la economía de Teherán.  En cuanto al linkage entre los tres países asiáticos y EE.UU., es débil. Todos son distantes y sus vínculos sociales y culturales son pocos. Ello podría explicar en parte que las sanciones no produjeran los efectos deseados.

Cuba es diferente. Cuando Washington le impuso un embargo en los años 60, la economía antillana dependía enormemente del comercio con el vecino del norte. Sólido leverage. Dado que la isla era poco más que un satélite estadounidense desde finales del siglo XIX, el linkage antes de la revolución era igualmente fortísimo. Siguió siéndolo después de 1959, gracias al legado del período anterior y al exilio cubano, que se constituyó como una de las comunidades latinoamericanas más políticamente influyentes en Estados Unidos. Cabe preguntarse entonces por qué la dictadura de los barbudos no se fue a pique. Levitsky y Way señalan que un leverage alto puede desvanecerse si alguien toma el lugar del país del cual el otro depende… Y eso fue exactamente lo que pasó. La Unión Soviética no perdió la oportunidad de poner un pie en las narices del enemigo y de inmediato se convirtió, junto con sus dependencias en Europa Oriental, en el principal comprador de productos cubanos vetados por Estados Unidos. Tras la desaparición de la URSS, la isla pasó por el oscuro Período Especial, una época de muchísima carestía que tuvo su punto álgido en el llamado “Maleconazo”, un estallido de descontento popular en La Habana como ninguno que se haya visto desde el triunfo de Fidel Castro, y del cual se acaban de cumplir 25 años, pero que no bastó para derribar al régimen. Luego apareció Hugo Chávez con su chequera petrolera y el resto es historia. El Período Especial ha quedado como ejemplo de que a veces ni siquiera la combinación de leverage y linkage altos son suficientes para precipitar transiciones democráticas.

Fácilmente podemos ver que Venezuela difiere de los casos asiáticos tanto en leverage como en linkage. Este último es elevado debido a los lazos sociales y culturales con Estados Unidos que se remontan a más o menos un siglo. Aunque bajo el chavismo parte de las exportaciones petroleras a EE.UU. fueron remitidas a otros destinos (probablemente en previsión de que se llegara a la coyuntura actual), para enero de 2019, cuando Trump paró en seco la compra de crudo venezolano, esas ventas seguían constituyendo por mucho la mayor fuente de ingresos para el Estado venezolano. Es decir, el leverage seguía siendo relativamente alto. Las sanciones secundarias obstaculizan el surgimiento de alternativas comerciales, lo cual es reforzado por las medidas punitivas anunciadas este lunes. Además, como expliqué en una entrega de esta columna en febrero, el hidrocarburo del cual el régimen venezolano es tan dependiente pudiera ser mucho menos atractivo para sus amigos poderosos que el azúcar cubana, dado que Rusia ya es uno de los mayores productores de petróleo del mundo y China cuenta con muchos otros proveedores (sin mencionar que el crudo vendido a estos dos es para el pago deudas y no genera caja). Debo confesar, empero, que Pekín y sobre todo Moscú se han mostrado más dispuestos a seguir respaldando a su aliado suramericano que lo que imaginé hace unos meses, aunque eso no convenga a sus bolsillos. De todas formas, es obvio que las sanciones han afectado al régimen. Si no, no se esforzarían tanto por zafárselas. Quizá la pregunta clave es si puede resistir los efectos y arreglárselas para mantener satisfechos, pese al ingreso mermado, a los grupos que lo mantienen en el poder. Y quizá, volviendo a uno de los puntos iniciales, las circunstancias especiales del caso venezolano marquen la diferencia con respecto a la enigmática durabilidad del castrismo durante el Período Especial.