Monitor de Víctimas - Runrun

MONITOR DE VICTIMAS

#MonitordeVíctimas | Asesinaron a un comerciante del mercado de Coche para robarle 40 dólares
El homicidio ocurrió en el sector La Hoyada, cerca de la estación del Bus Caracas, donde la víctima esperaba transporte público para ir a su lugar de trabajo

 

@lysaurafuentes | Fotografias Carlos Ramírez

 

El pasado domingo 28 de junio, Raúl Omar Díaz Duarte, de 67 años de edad, salió desde tempranas horas de la pensión donde residía, en la avenida Baralt de Caracas, y se fue caminando hasta La Hoyada para tomar un transporte público que lo llevaría al mercado de Coche.

En La Hoyada, el comerciante fue herido en la cabeza con un objeto contundente, por desconocidos que lo dejaron en grave estado de salud y le robaron un bolso en el que cargaba alrededor de 40 dólares, una suma no precisada de bolívares y el teléfono celular.

Bomberos de Distrito Capital lo auxiliaron y lo trasladaron al hospital Vargas donde fue necesario colocarle un respirador artificial y solicitaron a los familiares la compra de insumos. Sin embargo, pese a los esfuerzos para que sobreviviera, Díaz Duarte falleció.

Los parientes de la víctima revelaron en la morgue de Bello Monte que al no contar con los recursos para el sepelio, el cadáver del comerciante permaneció ocho días en la medicatura forense hasta que sus parientes lograron la donación de una urna y un beneficio social para el traslado y funeraria.

Raúl Omar tenía más de 30 años como comerciante del mercado de Coche. Sus familiares presumen que se resistió al robo. Elizabeth Duarte, hermana de la víctima, pidió a las autoridades mayor presencia policial debajo del elevado de La Hoyada. “Eso es una guillotina, es un lugar de malandros”, dijo.

 

 

el futuro de la juventud en sectores populares

#MonitorDeVíctimas | El presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatra fue degollado en su domicilio
El cadáver fue hallado en la habitación de la víctima por vecinas que notaron que la puerta del apartamento estaba abierta y al llamarlo no obtuvieron respuesta

 

@daigalaviz | Fotografía: Carlos Ramirez

 

El presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, Wilfredo de Jesús Pérez Delgado, de 53 años de edad, fue hallado la mañana de este viernes 10 de julio sin vida. El médico fue degollado en su apartamento ubicado en el sector Terrazas de La Vega, del municipio Libertador, en Caracas. 

La víctima, quien residía en el edificio número 1, piso 4, apartamento 4C, fue encontrada por sus vecinos, quienes notaron que, extrañamente, la puerta de su residencia se encontraba abierta. Lo empezaron a llamar, pero no contestó. Entonces decidieron ingresar a la vivienda de la víctima y lo encontraron muerto en el piso de su habitación. Luego llamaron a las autoridades. 

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se trasladaron hasta el sitio y reportaron el hecho al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) desde donde enviaron una comisión de la División de Homicidios que hizo el levantamiento del cadáver. Preliminarmente observaron que fue degollado y que hubo un forcejeo. 

Las primeras investigaciones de las autoridades indican que Pérez Delgado fue asesinado para robarlo, sin embargo el CICPC no descarta otro móvil del crimen. 

El cuerpo del médico cirujano y también psiquiatra fue trasladado a la medicatura forense de Bello Monte, para la autopsia correspondiente.

Pérez Delgado, además de presidir la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, actualmente se desempeñaba como jefe de la división de la Unidad Técnica Especializada de Atención Inmediata a la Mujer, Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público (MP).

La Sociedad Venezolana de Psiquiatría emitió un comunicado en el que expresó su pesar y tristeza por la muerte de su Presidente y decretó cinco días de duelo.

El psiquiatra era especialista en psiquiatría forense y ejercía la docencia en el Diplomado de Psiquiatría Forense de la Escuela de Fiscales del MP.

 

 

 

el futuro de la juventud en sectores populares

#MonitorDeVíctimas | Mataron un mecánico en Petare
Familiares aseguran que funcionarios del CICPC irrumpieron en su casa y lo ejecutaron

 

@farnzambranor | Foto: Carlos Ramírez

 

A las 6:00 pm de este martes 7 de julio, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), ingresaron a la vivienda de Delvis Valera Fernández, de 23 años de edad, y lo mataron. Horas después, el parte policial aseguraba que Valera había muerto al enfrentarse a una comisión policial.

Familiares que esperaban su cadáver en las afueras de la morgue de Bello Monte, desmintieron esta versión.

Dijeron que Delvis se encontraba con sus abuelos cuando los funcionarios irrumpieron en su casa ubicada en el sector 2 de la calle Diego de Losada de Petare, municipio Sucre del estado Miranda y lo mataron. Su cuerpo presentó cinco disparos por la espalda.

La víctima era ayudante de mecánico y el mayor de tres hermanos. Un niño de 8 años de edad quedó huérfano por su partida. Había estado detenido por el delito de porte ilícito de armas. 

 

el futuro de la juventud en sectores populares

#MonitorDeVíctimas | Denuncian que funcionarios del CICPC asesinaron a un técnico en refrigeración
“Fue un ajusticiamiento lo que hicieron, porque él ni siquiera antecedentes tenía”, aseguró una hermana de la víctima

Anderson Piña Pereira @AnderPinap

“Un momento, esperen que yo abra la puerta, yo no tengo nada que ver, si quieren me revisan”, fueron las palabras que dijo con las manos alzadas, Carlos Julio Linarez Vargas, de 27 años de edad, antes de ser ajusticiado el pasado 2 de julio, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), en el sector Los Rastrojos del municipio Palavecino en el estado Lara.

De acuerdo a las versiones policiales, Linarez Vargas era parte de una red de extorsión con artefactos explosivos que se encarga de buscar “objetivos” entre los comerciantes larenses, especialmente dueños de concesionarios de vehículos.

Sin embargo, su hermana Glendys Vargas, quien se encontraba en la morgue del hospital central Antonio María Pineda, de Barquisimeto, desmintió que Carlos Julio perteneciera a la mencionada banda y que hubiera muerto al enfrentarse a la comisión, como se leía en la minuta policial.

Vargas narró que los funcionarios llegaron a la residencia de su mamá a las 6:00 am, donde estaba su hermano. Posteriormente lo arrodillaron y esposaron, a pesar de las súplicas de su madre, quien decía: “Por favor, no me le vayan hacer nada, está la niña (hija de Carlos) adentro”.

Minutos después, sacaron a su mamá de la casa y a Carlos Julio se lo llevaron hacia la parte de atrás de la vivienda, donde “los policías hicieron su show, porque golpearon la puerta y simularon el enfrentamiento, lo mataron y le colocaron un revólver, que no era de él, porque él era un muchacho trabajador y no tenía armas”, dijo la mujer.

Linares Vargas, conocido como El Niño, era técnico de refrigeración y todos los días se levantaba a las 6:00 am para salir a trabajar, oficio con el cual mantenía su hija de siete años de edad y a su madre.

Glendys también aseguró que cuando llegó a la sede del CICPC no firmó la declaración, porque decía que Carlos Julio se enfrentó a la comisión, cuando los hechos no ocurrieron así. “Fue un ajusticiamiento lo que hicieron con mi hermano, porque él ni antecedentes tenía”, afirmó.

Un sobrino de Carlos Julio quien también fue testigo del hecho, contó que a él, junto a la hija de su tío, los encerraron en cuartos diferentes, mientras en la casa se escucharon varias detonaciones. Luego un funcionario le dijo que saliera y sacara a la niña de siete años de edad y, al observar por el pasillo que da al patio trasero de la casa, pudo ver cómo estaba su tío tirado en el piso boca abajo

#MonitorDeVíctimas | Decapitan a recluso en una riña ocurrida en calabozo del CICPC de Lara
Es el segundo preso asesinado en un mes en centros de detención preventiva de Barquisimeto, estado Lara

Liz Gascón

Un arma blanca fue utilizada para decapitar a Jhonny José Rodríguez Silva, de 28 años de edad, durante una pelea por comida ocurrida este martes 7 de julio, en un calabozo del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Barquisimeto, estado Lara.

Según la minuta policial, los funcionarios iniciaron una requisa después del suceso.

El cuerpo de Rodríguez fue trasladado a la morgue del hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto y seguía sin ser reconocido por sus familiares hasta el mediodía de este martes. Estaba preso en el centro de detención preventiva desde mayo de 2018.

En el Eje de Homicidios del CICPC en Barquisimeto hay 190 presos en cuatro celdas. Según familiares, no todos los detenidos se alimentan diariamente porque sus allegados viven fuera de la ciudad, tienen problemas para trasladarse a la sede o no cuentan con los recursos para cubrir esos gastos. También denunciaron condiciones de hacinamiento en los calabozos.

Inician averiguaciones

El general José Santiago Moreno Martínez, comandante de la Zona Operativa de Defensa (ZODI) del estado Lara, informó en cadena regional que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público iniciaron las averiguaciones para precisar quién fue el homicida. Atribuyó la riña a «problemas de convivencia» entre los reclusos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió a las autoridades esclarecer este hecho que calificó como dantesco.

Segundo asesinado en un mes

Jhonny José Rodríguez Silva es el segundo recluso asesinado en un centro de detención preventiva de Barquisimeto en un mes. El 7 de junio en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Pat’e Palo mataron de una puñalada a Ángel Gustavo Crespo Durán, de 25 años de edad, quien llevaba tres meses privado de libertad por robo.

El OVP reportó en junio de 2020 que en esta sede de la PNB hacían “coliseos” una vez a la semana. “Se trata de una pelea entre presos en la que usan armas blancas y es efectuada un día a la semana para saldar disputas entre ellos. Es de resaltar que esta práctica fue instaurada en la cárcel de Uribana en Barquisimeto y actualmente se ha trasladado a los centros de detención policial de la región”, alertó la organización.

#MonitorDeVíctimas | Mujer celosa mató a su marido de dos cuchilladas
La pareja estuvo consumiendo licor desde la noche de viernes hasta la mañana del sábado. Se desconoce el paradero de la homicida

 

@SandraGuerrero1 | Foto: Carlos Ramírez

 

Annie González, de 42 años de edad, le quitó la vida a su pareja, Juan José Sánchez, de 35 años. Dos cuchilladas, en la tráquea y un pulmón, fueron suficientes para dejarlo herido de muerte. El crimen ocurrió a las 8:00 am del sábado pasado, en el domicilio donde convivían, ubicado en el sector González Cabrera, kilómetro 8 de la carretera a El Junquito, municipio Libertador.

Desde la noche anterior, ambos habían estado consumiendo licor junto con amigos, en el porche de la casa. A las 8:00 am del sábado entraron a la vivienda y González inició una discusión por motivo de celos. González se alteró, fue a la cocina y tomó un cuchillo con el cual agredió a Sánchez y huyó. Al parecer las peleas eran frecuentes entre ellos.

El portazo que dio al salir llamó la atención de una hermana de la víctima que al ver a Sánchez herido pidió ayuda para llevarlo al hospital Pérez Carreño, pero murió en el trayecto.

La homicida, cuyo paradero se desconoce, tiene seis hijos de uniones anteriores y trabajaba como ayudante de cocina en un colegio de la zona. Sánchez trabajaba como técnico de celulares y tenía una hija de 16 años de edad.
La relación entre víctima y victimaria comenzó hace un año y medio.

 

el futuro de la juventud en sectores populares

#MonitorDeVictimas / Mataron a un comerciante informal en La Hoyada
Desconocidos le propinaron un golpe en la cabeza y murió cuatro días después

Francisco Zambrano @franzambranor / Fotografía: Carlos Ramírez

De un traumatismo severo en la cabeza falleció el pasado martes 30 de junio, Raúl Díaz, de 66 años de edad. 

Su hermana Nelly Díaz, en la morgue de Bello Monte, aseguró que personas desconocidas atacaron a Díaz con un objeto contundente el pasado sábado 27 de junio a las 3:00 am en las inmediaciones de La Hoyada.

Fue llevado a un centro asistencial donde murió cuatro días después.

Díaz era comerciante informal del Mercado de Coche y vivía solo en una pensión en el centro de Caracas.

Dejó a una hija mayor de edad que emigró a República Dominicana.

 

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#MonitorDeVíctimas | Caracas - Río de Janeiro, hermanadas por el terror policial, por Héctor Navarro y Guillermo Sardi 

@miconvive 

Alfredo Espinoza, de 23 años, fue buscado por la policía en su casa en horas de la madrugada mientras dormía. Los funcionarios llegaron tocando la puerta de su hogar a las 6:00 a. m. en un operativo antinarcóticos en su comunidad.

Vinieron encapuchados, lo único que se le veían eran los ojos y sus armas largas, me preguntaron por una foto de un muchacho que se parecía a mi hijo, pero no era él, supuestamente lo estaban buscando por tráfico de drogas” comentó María de 55 años, madre de Alfredo quien vivía con él en una casa de dos habitaciones.

Dos ciudades bajo el terror de Estado

Alfredo muere en las escaleras fuera de su casa en manos de la policía. Los funcionarios alegaron haber encontrado en su cuarto sustancias ilícitas, armas y que se había resistido al arresto. María fue sacada a la fuerza de su hogar mientras que los funcionarios buscaban a su hijo. Lo próximo que supo de Alfredo es que llegó al hospital sin signos vitales.

La historia de Alfredo, lamentablemente, la han vivido cientos de jóvenes. En Latinoamérica en especial, destacan los casos ocurridos en Caracas y en Río de Janeiro, dos lugares con cuerpos de seguridad altamente letales.

La anécdota previamente descrita es una reconstrucción a partir de diferentes testimonios que se escuchan a diario en estas dos ciudades. Urbes cuyos habitantes difieren en cultura y lenguaje, pero que comparten experiencias muy similares con sus cuerpos de seguridad.

De acuerdo con Monitor de Víctimas, en 2019 fueron registradas 340 muertes violentas en manos de fuerzas de seguridad del Estado. En Río de Janeiro, 1814 fueron asesinadas por estas mismas razones el año pasado. Sus tasas de homicidio a manos de la policía por cada 100.000 habitantes son similares: 11.6 en Caracas y 11 en Río.

La muerte se ceba en los jóvenes

En ambas ciudades, las circunstancias donde usualmente ocurrieron este tipo de sucesos fueron similares. Petare fue, en el caso de Caracas, el lugar donde ocurrieron con mayor frecuencia estos eventos. En esta parroquia está el mayor conjunto de asentamientos espontáneos dentro de la ciudad. En la zona norte de Río de Janeiro, también conformado por comunidades populares, es donde ocurren la mayoría de las muertes en manos de la policía.

A su vez, en ambas ciudades la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de entre 15-29 años que viven en este tipo de comunidades. Tomando en cuenta estas similitudes, también observamos coincidencias y diferencias en la manera como los discursos de las autoridades, y la conformación de las fuerzas de seguridad están concebidas en estas dos ciudades.

En ambas, las autoridades hacen referencias reiterativas a enemigos internos, justifican el uso de la fuerza a toda costa para garantizar un “orden” y “paz” y arman a los funcionarios con equipamiento de guerra.

El discurso de las autoridades: entre los criminales y la “paz”

Cuando observamos declaraciones de las autoridades detrás de los 1814 cariocas y 340 caraqueños que perdieron la vida a manos de la policía en el 2019, vemos dos formas distintas de comunicar las violaciones de derechos humanos.

De las autoridades brasileñas Wilson Witzel, gobernador del estado de Río de Janeiro, y de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, escuchamos declaraciones directas y confrontativas como las siguientes:

“Un criminal bueno es un criminal muerto”

“Los delincuentes morirán como cucarachas”

“Cavaremos sus tumbas de ser necesario”.

Por otra parte, desde Venezuela, Néstor Reverol y Nicolás Maduro hacen las siguientes afirmaciones:

“Nuestra premisa inquebrantable fue, es y será siempre garantizar seguridad ciudadana y la paz social, respetando los derechos humanos”

“Hay que fortalecer al grupo FAES para defender al pueblo, para construir la seguridad del país junto al, los consejos comunales, vamos a fortalecerla, ampliarla, expandirla y profesionalizarla cada vez más”

Como podemos notar, en Venezuela el discurso pareciera apuntar a mantener una institucionalidad, búsqueda de garantía del bienestar ciudadano y correcto proceder, para garantizar la “paz del pueblo”. Observamos, de esta manera, la convivencia de dos ideas que parecieran incongruentes: una paz a través de lo bélico.

A pesar de las diferencias entre las declaraciones de los diferentes funcionarios, parece haber una conclusión identificable: sin importar si el discurso es confrontativo o busca mantener una mentira con una paz bélica, se busca justificar el uso de la fuerza como forma de proceder en la seguridad ciudadana.

Cuerpos policiales armados para la guerra

En Río o en Caracas, al escuchar términos como: “escuadrones de la muerte”,  “el batallón de la muerte” o “el terror de los delincuentes” para ningún ciudadano quedan dudas de a quién se refieren: al Batallón 41 de la Policía Militar o a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), respectivamente. Ambos han sido los responsables de la mayor cantidad de casos de letalidad policial en Río y Caracas.

Al evaluar sus formas de actuar, encontramos muchas similitudes que traen como consecuencia violaciones sistemáticas de derechos humanos.

A nivel interno, la situación de las FAES es preocupante. Se tiene conocimiento incluso de que funcionarios previamente condenados como delincuentes forman parte sus filas. De acuerdo a Monitor de Víctimas, en 2017 la proporción del uso de armas largas apenas era de 1 %. En 2020, asciende hasta el 20 %.

En Río de Janeiro, hay múltiples denuncias que apuntan al deficiente entrenamiento de los funcionarios y, ademas, la Policía Militar ha hecho propio el uso del ParaFAL, un fusil de combate. Con capacitación deficiente, ningún tipo de filtro a lo hora de elegir sus integrantes y haciendo uso de armas propias de una guerra, estos cuerpos de seguridad son los encargados de “proteger y salvaguardar la paz” en sus respectivas ciudades.

Trabajos periodísticos, investigaciones y cientos de testimonios de familias brasileñas y venezolanas son prueba de lo antes descrito.

Las FAES y el Batallón 41 son muestra de cómo las fuerzas policiales asesinan indiscriminadamente en Caracas y Río con armas usadas para la guerra.

Ya sea en un barrio o en una favela, la policía mata. Y el ciudadano está vulnerable ante ella.

Se rompe el nexo entre Estado y ciudadanía

El desarrollo de este tipo de discursos y políticas públicas trae como consecuencia aumentar la desconfianza de la población hacia el Estado, sobre todo en las comunidades donde mayor se concentra el crimen.

Hacer referencia a la seguridad ciudadana con un lenguaje bélico, como si fuera una guerra de las fuerzas del Estado contra sus propios ciudadanos, y armar a la policía con armas largas para subir a comunidades populares, tapándose la cara, con la excusa de buscar delincuentes, genera miedo y rompe los lazos de cooperación entre los ciudadanos y los funcionarios.  

Según los últimos resultados de ENCOVI, en Venezuela el 64 % de la población no denuncia cuando es víctima de un delito y el 57 % califica la labor de la policía como mala o muy mala. En Brasil, de acuerdo con la Fundación Getúlio Vargas, apenas el 35 % de la población confía en los funcionarios policiales.

Esto significa que al menos 6 de cada 10 víctimas de crimen en nuestro país nunca llegan a ser reconocidas por el Estado y recibir la justicia que merecen. Adicionalmente, si las fuerzas policiales nunca se enteran de cuáles son los crímenes, aunque tengan la intención de darle respuesta, no tienen manera de prevenirlos o presentar a los culpables ante la justicia.

En el 2018, el equipo de Caracas Mi Convive realizó una investigación con familiares de personas que fueron asesinadas por fuerzas de seguridad del Estado. Un padre, con mucho dolor y rabia, nos comentó lo siguiente acerca del rol de las policías:

De verdad que son peor que el hampa, porque al menos el hampa no se mete en tu casa… Roban, secuestran por ahí, pero no se meten en tu casa, estos tipos sí.” 

Esta frase nos refleja la dura realidad de las familias que viven en las comunidades más afectadas por la violencia.

Viven en medio de una guerra de la cual no forman parte, pero son las principales víctimas. El terror policial rompe el nexo entre ciudadanía y Estado.

Necesitamos transformar la cultura policial, a una policía aliada de la comunidad. Que en vez de sacar un arma de fuego, escuche a la gente honesta y trabajadora para protegerla.