Lorena Meléndez

Los jóvenes Jackson Rondón Ramírez y Vicente Hernández Patiño habían asistido a una fiesta callejera en un sector cercano a donde vivían. Eran conocidos por auxiliar a los jeeps que sirven como transporte público en el sector

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Jackson José Rondón Ramírez, de 20 años, y Vicente Fermín Hernández Patiño, de 28, se conocían desde niños y, con el tiempo, se volvieron amigos, de esos que acostumbran a describirse como inseparables. Ambos nacieron y se criaron en el sector Terraza F de la parroquia Caucagüita, del municipio Sucre, estado Miranda. 

Allí también trabajaban en el taller mecánico del padre de Vicente. «En todas las fotos que se tomaban estaban juntos», aseguró un allegado sobre el par que laboraba, comía y rumbeaba casi sin separarse. 

La noche del domingo 4 de junio, alrededor de las 10:00 pm, los dos se fueron a una fiesta callejera en el Sector La I, cerca de donde vivían. A la mañana siguiente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantaba sus cuerpos baleados para llevarlos a la morgue de Bello Monte de Caracas. Los mataron en la madrugada.

No era la primera vez que Jackson y Vicente iban a la zona en la que fueron asesinados. La frecuentaban porque allí viven muchos conductores de jeeps, que solían llamarlos al taller en busca de sus servicios. «Por eso se fueron tan confiados. Allí todos sabían quiénes eran ellos», comentó un conocido de una de las víctimas. 

Los familiares de los jóvenes supieron de la tragedia al mediodía del lunes 5 de junio de 2023. Como ninguno aparecía, uno de los hermanos de Vicente lo llamó para tener noticias suyas. El teléfono lo atendió un policía y, por eso, lo primero que pensó el muchacho fue que los habían apresado. Del susto, colgó. En una segunda llamada, supo que a Vicente lo habían asesinado junto a Jackson.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, los dolientes de las víctimas desconocen las circunstancias del doble homicidio. «Los detectives sospechan que fue una venganza. Pero, ¿por qué? Ninguno tenía enemigos», se preguntó un pariente, quien prefirió no revelar su identidad por temor a represalias, a las afueras de la morgue.

La suposición de los investigadores se apoya en la forma en la que los mataron: cada uno fue baleado con, al menos, una decena de tiros en la cara. No les quitaron sus pertenencias.

«Lo que queremos es que todos los cuerpos de seguridad hagan su trabajo y descubran quiénes fueron esos psicópatas que los mataron así», reclamó un allegado de los jóvenes. Jackson era el segundo de tres hermanos. Vicente era el menor de tres y padre de una niña de tres años.

De acuerdo con datos de Monitor de Víctimas, hasta este doble homicidio, en Caucagüita solo se había registrado un asesinato durante 2023: el de un barbero y pastor de la Iglesia Pentecostal, a quien una banda mató para robarlo en marzo pasado. Durante 2022, hubo 20 víctimas de la violencia en esa parroquia.

Esa Comisión Electoral debe elaborar un sistema que permita a los venezolanos registrarse para votar en las primarias, por medio de una plataforma tecnológica y de puntos presenciales

Siete organizaciones vinculadas a derechos electorales y conformadas por venezolanos en el exterior presentaron esta semana una serie de propuestas a la Comisión Nacional de Primarias de la oposición para garantizar el voto de los migrantes de cara a los comicios de octubre de este año. Entre estas ideas destaca la creación de una comisión electoral enfocada en el sufragio de los migrantes.

El documento titulado «Propuesta de parte de la sociedad civil electoral en EE UU para la participación de la diáspora a nivel mundial», fue firmado por las organizaciones Lucha Democrática (Washington D.C. y Texas), Red Democrática Internacional, Aerovotar (2015) y Voto Donde Sea (Miami), Venezuelan Human Rights (Washington, DC), Voto Boston (Boston) y Venezuelan Alliance (Nueva York), que aseguran tener años de experiencia en eventos electorales.

«Estamos convencidos de que no atravesar este camino crítico con una estrategia que busque garantizar el derecho al voto de todos los venezolanos, llevaría de facto a la negación de los derechos políticos a la cuarta parte de la población de Venezuela que hoy reside en el exterior», señala un comunicado de los firmantes.

En primer lugar, los involucrados proponen la «constitución de la Comisión Electoral para el voto de los Venezolanos en el Exterior», similar a las que se han creado para otros comicios y con la mira en «establecer un reglamento del proceso y prever la logística necesaria para el mismo». El grupo, afirman, deberá estar integrado por partidos políticos y la sociedad civil con trayectoria en estos eventos, además de vincular a observadores internacionales.

Esta Comisión Electoral será la encargada de elaborar un «sistema práctico y seguro» que permita a los venezolanos registrarse para votar en las primarias, por medio de una plataforma tecnológica que facilite el proceso en línea y se complemente con puntos presenciales. La acción irá acompañada de una campaña de difusión y movilización de votantes.

Las organizaciones también llaman la atención sobre la necesidad de preparar con antelación la votación manual, desde los locales que se usarán, pasando por los voluntarios, así como la permisología requerida.

Finalmente, el grupo añadió que la Comisión Electoral garantizará la calidad del proceso, contará con observación independiente, y con un equipo preparado para contar los votos, reportar resultados de forma oportuna y custodiar adecuadamente los registros del proceso (cuadernos, actas y similares). 

Mientras que el canciller colombiano Álvaro Leyva apuntó que el acuerdo para un cronograma electoral y un levantamiento de sanciones debe ser «entre venezolanos», Gerardo Blyde subrayó la importancia de regresar al diálogo en México

¿Qué pasó?

El gobierno del colombiano Gustavo Petro conversó este sábado, 22 de abril, en la residencia presidencial de Hato Grande, cerca de Bogotá, con una delegación de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela.

La cita es un paso previo a la «Conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela«, convocada por Petro, que se hará el próximo martes 25 de abril en la capital colombiana y que pretende impulsar el diálogo entre gobierno y oposición que se inició en México el año pasado. Según el colombiano, el objetivo central del encuentro es: «más democracia, cero sanciones«.

Al evento del martes, en el que se darán cita los representantes gubernamentales de una veintena de países de América Latina, la Unión Europea, además de Canadá y Estados Unidos, no está invitada la oposición venezolana ni la administración de Nicolás Maduro.

¿Quiénes estuvieron?

En el encuentro en Hato Grande, por la parte colombiana, Petro estuvo acompañado de su canciller Álvaro Leyva Durán.

De parte de la Plataforma asistió el coordinador de la delegación, Gerardo Blyde, así como Claudia Nikken, Tomás Guanipa, Stalin González, Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón, Alejandro Mora y Roberto Enríquez.

En días previos, Petro se reunió con Maduro y también con el presidente estadounidense Joe Biden, con quien conversó sobre el tema venezolano. «He creído por mucho tiempo que Colombia es una piedra angular para el hemisferio, y creo que tenemos una oportunidad si trabajamos juntos para tener un hemisferio occidental que esté unido, equitativo y democrático y próspero económicamente», aseveró.

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¿Qué dijo Colombia?

«Estamos en vísperas de la gran conferencia en la que 20 países hablarán sobre Venezuela y cada uno expresará lo que considera con respecto a una solución, pero obviamente sobre la base de que el acuerdo tiene que ser entre venezolanos, lo que implica naturalmente un cronograma electoral con garantías y levantamiento de sanciones en paralelo«, afirmó el canciller colombiano.

«Queremos ser unos precipitadores y garantizadores de un acuerdo que yo tengo el pálpito de que se va a dar. El momento es este, no hay otro, y por eso lo queremos hacer de forma acelerada, la coyuntura está dada», agregó.

«Es una oportunidad para el país vecino, va a haber un encuentro de una misma familia que debe redundar en democracia y en reglas de juego claras para todas la partes que quieran participar libremente en unas elecciones que naturalmente no podemos postergar», apuntó Leyva acerca de la necesidad de establecer garantías para las futuras elecciones venezolanas.

¿Qué dijo la oposición?

«Consideramos importantísimo que de esa cumbre salga un exhorto para que las partes regresemos al proceso de negociación de México, que constituye sin duda la herramienta fundamental que tiene nuestro pueblo para salir de la crisis política, económica y social que lo azota», afirmó el coordinador de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde.

«Nuestra intención sigue siendo llegar a acuerdos (…) para que haya elecciones libres, para que haya condiciones para que pueda recuperarse la economía venezolana y para que no haya presos políticos ni perseguidos y cesen las violaciones de derechos humanos en nuestro país, todo eso está contenido en la agenda del memorando de entendimiento firmado en México», añadió Blyde.

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Dos de los contagiados son menores de edad

La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID-19 informó la noche de este sábado, 3 de abril, que en las últimas horas se registraron tres nuevos contagios en Venezuela, dos de ellos en menores de edad.

De acuerdo con la información publicada por la presidenta de la Comisión y vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, los estado donde se detectaron los nuevos casos fueron Bolívar, con dos personas con el virus, y Distrito Capital, con otro contagiado.

Para esta fecha, el total de personas que han contraído el virus ha llegado a 552.476. Actualmente hay 292 casos activos. La cifra de fallecidos en el país desde que comenzó la pandemia es de 5.856.

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Los funcionarios llegaron, el pasado lunes 3 de abril de 2023, a la casa en la que dormía Yonaiker José Moreno Fuenmayor; la desalojaron de sus parientes y le dispararon dentro de la vivienda

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Tres días después de la masacre ocurrida en el barrio San Blas de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, funcionarios policiales regresaron a la parroquia. Esta vez, el escenario fue el barrio Bolívar, donde efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) mataron a Yonaiker José Moreno Fuenmayor, de 24 años.

De acuerdo con el relato de los familiares, el hecho ocurrió a las 5 de la mañana del lunes 3 de abril de 2023, cuando Moreno Fuenmayor dormía. Los oficiales arribaron a la casa de unos parientes, en la que él se había quedado la noche anterior. Sacaron al resto de los ocupantes y le dispararon al joven dentro de la vivienda.

«Yo lo había mandado para allá, porque él tuvo unos problemas con unos malandros de Filas de Mariche», contó un familiar que pidió mantener su identidad en reserva. Moreno Fuenmayor había estado detenido y perteneció a una banda armada. Hace un año había salido en libertad. No trabajaba y, según sus allegados, no tenía ningún arma. Por eso, los suyos ponen en duda que se haya enfrentado a los policías.

El joven deja huérfana a una niña de dos años. Era el séptimo de ocho hermanos. 

De acuerdo con cifras de Monitor de Víctimas, esta fue la novena persona que murió a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, entre el 31 de marzo y el 3 de abril de este año.

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Funcionarios de la Brigada Motorizada del cuerpo policial habían apresado meses antes a Carlos Alberto Perdomo Machado, cuando era menor de edad, por no llevar su cédula de identidad. Le inventaron un antecedente criminal y lo mantuvieron detenido por un mes. A finales de marzo, lo acorralaron en un callejón y lo mataron

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Un día del último trimestre del año 2022, Carlos Alberto Perdomo Machado cargaba las bombonas de gas que habían llegado a la zona donde vivía –la parte alta del barrio Guaicaipuro de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda–. Funcionarios de la Brigada Motorizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo detuvieron y le pidieron su cédula de identidad, según relataron sus familiares. Pero el muchacho, que para entonces tenía 17 años, solo vestía una franelilla y un short sin bolsillos. No llevaba sus documentos. Ese hecho le supuso una sentencia que marcó el resto de su vida.

Los policías llevaron al joven a la comisaría con la excusa de verificar si tenía algún antecedente criminal. A pesar de que su expediente estaba limpio, Perdomo Machado tardó un mes en salir de la cárcel, porque los PNB dijeron que era miembro de una banda de la zona y que, al atraparlo, cargaba una escopeta. El arma nunca apareció. 

Luego de recuperar su libertad, Perdomo Machado y su familia tenían miedo de que el episodio se repitiera. Casi no salía de la casa y hasta habían pensado en sacarlo del país. Solo dejaba su vivienda para ir a presentarse semanalmente a los tribunales con un documento que atestigua que trabajaba con el Comité Local de Alimentación y Producción (CLAP), en la entrega de las bolsas de comida y las bombonas de gas. Esa había sido la condición impuesta por la juez del caso, hasta que cumpliera la mayoría de edad. 

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El sábado 25 de marzo de 2023, el joven celebró sus 18 años. Sus familiares pensaron que todo había acabado. Pero tres días después, sus mayores temores se hicieron realidad.

El martes siguiente, 28 de marzo, alrededor de las 10 de la mañana, funcionarios encapuchados, de la misma brigada que lo apresó meses atrás, entraron disparando al callejón donde vivía el muchacho.

Perdomo Machado estaba a las afueras de su casa con su madre, mientras limpiaba la acera que su perro había ensuciado. Le alcanzó un disparo en el torso, pero la adrenalina le permitió correr. 

«Voy herido, voy herido», le gritó a una vecina que estaba en la vía, y ella comenzó a insultar a los uniformados para tratar de disuadirlos. Todo fue en vano. 

El joven continuó la huida hasta una casa cercana y se subió al techo. Al mirar hacia abajo, la dueña de la vivienda le rogó que se bajara de allí para que no mataran a sus hijos. Sangrando, el joven descendió y los policías lo acorralaron y volvieron a dispararle. 

La madre de la víctima, que se fue corriendo tras los uniformados, no pudo pasar a la escena del crimen. El cuerpo fue llevado al Hospital Ana Francisca Pérez de León de Petare. A la 1 de la tarde de ese mismo día, el cadáver ya estaba en la morgue de Bello Monte.

«A esos desgraciados hay que denunciarlos, porque ya basta de tanta injusticia. Matan al que no se está metiendo en nada. A los malandros no vienen a matarlos. Lo único que hacen es quitarles plata y volverlos a soltar», reclamó una vecina que se acercó a dar el pésame a la familia.

A los parientes de Perdomo Machado le dieron los restos, tres días después del hecho. «A mi sobrino me lo entregaron de una manera que ni a los perros entregan así, en una sábana, como si lo tuviese que tirar en una fosa», contó Evelyn Silva, tía de la víctima. El caso pasó a la Fiscalía de Derechos Fundamentales. 

«Estamos dispuestos a correr el riesgo de denunciar. Miedo no tenemos (…) No podemos dejar eso así, porque eso sería darle la espalda a mi sobrino, aunque él no siente nada en donde está. Pero en nuestra conciencia, sería un peso que nunca se va a quitar», acotó Silva.

De acuerdo con cifras de Monitor de Víctimas, entre enero y febrero de 2023 se reportaron 9 homicidios a manos de las fuerzas públicas del Estado, en el Área Metropolitana de Caracas. La Policía Nacional Bolivariana está señalada en 4 de estas muertes.

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La relación entre Tareck El Aissami y la tercera parte de los militares involucrados en la más reciente trama de corrupción del chavismo no nació en Pdvsa, sino mucho antes

Tres de los ocho uniformados implicados pasaron por empresas manejadas por el Ministerio de Industrias y Producción Nacional, justo cuando el exgobernador, exministro y expresidente de la compañía petrolera del Estado fue titular de esa cartera

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Viceministros, presidentes y directores de juntas directivas, miembros de comisiones de contrataciones. De los ocho militares detenidos en la purga madurista que ha sacudido a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en las últimas dos semanas, al menos la tercera parte ocupó previamente cargos de confianza en empresas del Estado que estuvieron vinculadas a Tareck El Aissami.

Entre funcionarios públicos, jueces y empresarios ligados a la trama, ya son 27 los arrestados desde el 17 de marzo pasado cuando se conoció la detención del vicepresidente territorial del PSUV en Nueva Esparta y exdiputado, Hugbel Roa, y del Superintendente nacional de criptoactivos y actividades conexas (Sunacrip), Joselit Ramírez, dos figuras clave del entorno de El Aissami, quien pocos días despúes dejó su cargo en la Presidencia de Pdvsa. Los últimos en ser encarcelados fueron Jackeline Perico y José Lima, pertenecientes a la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Tres días después de que comenzara la operación de la Policía Nacional contra la Corrupción, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, publicó un comunicado en el que admitió que efectivos de la Fuerza Armada Nacional estaban envueltos en la trama. “Lamentablemente, en tales hecho también figuran algunos profesionales militares que cumplían comisión de servicio en al Administración Pública Nacional, específicamente en Pdvsa, quienes han violentado el ordenamiento jurídico, así como las tradiciones y principios éticos que caracterizan a la institución armada, lo que merece el más categórico rechazo”, explicó en el escrito sin mencionar un solo nombre. 

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No es la primera vez que la justicia venezolana señala a militares por corrupción. A principios del siglo XXI, el general Víctor Cruz Weffer fue acusado por desviar millones de dólares del Plan Bolivar 2000, que estuvo a su cargo durante los primeros años de Hugo Chávez en el poder. En 2013, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó juzgarlo por su actuación y cinco años después fue arrestado en territorio venezolano.  El teniente coronel de la aviación, Luis Enrique Pulido, fue acusado por el escándalo de las miles de toneladas de alimentos perdidas y nunca distribuidas a mediados de 2010 mientras era el presidente de Pdval. Otro militar en la mira de la justicia es el exgobernador de Aragua, Rafael Isea, investigado por ese despacho, el Consejo Legislativo del Estado Aragua y la Fiscalía General de Venezuela a raíz de las denuncias de corrupción que hizo en su contra El Aissami, su sucesori. Lo mimo ocurre con Eugenia Sader, médico pediatra, coronela de la Aviación y exministra de salud entre 2010 y 2013, solicitada por peculado doloso propio, sobregiro presupuestario y asociación para delinquir, tras desviar 1.500 millones de dólares.

Tres de los ocho militares tras las rejas por la purga madurista pasaron por empresas del Estado como la Corporación Socialista de Cemento, Venirauto, Corporación Socialista del Sector Electrodomésticos, Planta Yutong Venezuela y Corpivensa. Todas estas son compañías adscritas al Ministerio de Industrias y Producción Nacional, cartera donde El Aissami fue titular entre 2018 y 2021. Su firma aparece en las designaciones de los funcionarios que hoy están arrestados.

Los implicados son miembros del Ejército, la Aviación y la Guardia Nacional, egresaron de la Academia Militar entre 1999 y 2017 y ocuparon posiciones en compañías que poco o nada tenían que ver con sus destrezas como soldados de la patria. Aquí los perfiles de los integrantes del ala verde del escándalo de corrupción que hoy azota al chavismo.

Antonio José Pérez Suárez

Desde febrero de 2020 era el vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa. Allí llegó cuando El Aissami, quien era vicepresidente del Área Económica, fue llamado a hacer una reestructuración dentro de la empresa. Coronel del Ejército, egresado de la Academia Militar en 1999 en el lugar 114 de su promoción «Coronel Miguel Antonio Vásquez”. Durante 2014 fue miembro principal del consejo directivo de la Fundación Nacional El Niño Simón, que dependía del extinto Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo. En 2016 se convirtió en el presidente de la Empresa de Distribución de Productos e Insumos «Venezuela Productiva», C.A., de Venirauto Industrias, C.A. y de la Corporación de Comercio y Suministro Socialista, S.A (COMERSSO), todas estas a cargo del Ministerio de Industria y Comercio a donde un año después llegaría El Aissami como titular de la cartera. Al año siguiente tomó la Presidencia de la Corporación Socialista del Sector Electrodomésticos, C.A. y en 2018 la de la Corporación Socialista del Cemento, S.A. Ese año también fue uno de los directores principales de la Planta de Autobuses Yutong Venezuela, S.A  y director de la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela S.A (Corpivensa). Fue viceministro encargado de Industrias Intermedias y Ligeras. 

Heinrich Chapellín Biundo

Funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa. Egresado de la Academia Militar del Ejército en 2012 en el primer lugar de su promoción «Coronel Diego Jalón». En 2016 fue nombrado miembro principal de la Comisión de Contrataciones de la Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva C.A, perteneciente al Ministerio de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, donde permaneció al menos hasta 2019. En 2018 comenzó a formar parte de la junta directiva de la Corporación Socialista del Sector Electrodomésticos, C.A., perteneciente al Ministerio de Industrias y Producción Nacional que llevaba El Aissami. Esa misma cartera, también en 2018, lo nombró uno de los directores de la Corporación Socialista de Cemento.

Yamil Alejandro Martínez Núñez:

Funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa. Militar de la Aviación. En la Comandancia General de la Aviación fue tripulante permanente de vuelos continentales e intercontinentales a lo largo de 2007. En 2018 fue designado como uno de los directores de la Corporación Socialista del Cemento, regida por el Ministerio de Industrias y Producción Nacional, que entonces estaba en manos de El Aissami.

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José Agustín Ramos Chirinos

Funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa. Gerente general de la Dirección de Seguridad Integral de la Faja Petrolífera del Orinoco. Teniente coronel, egresado de la Academia Militar en 2003 en el lugar 33 de su promoción «Fernando Rodríguez del Toro”.

Odoardo José Bordones Hernández

Funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa. Primer teniente, egresado de la Academia Militar del Ejército en 2015 en el octavo lugar de su promoción «José Félix Ribas II». 

Jesús Enrique Salazar

Funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa. Teniente del Ejército, egresado de la Academia Técnica Militar Bolivariana en 2017 en el quinto lugar de su promoción «Bicentenario del natalicio del General del pueblo soberano, General en jefe Ezequiel Zamora».

Rajiv Alberto Mosqueda Fregona

Desde junio de 2018 era el Intendente de Minería digital y procesos asociados, cargo al que lo designa Joselit Ramírez, el exsuperintendente nacional de criptoactivos y actividades conexas detenido que es uno de los más cercanos a El Aissami. Teniente del Ejército, egresado de la Academia Militar en 2007 en el último lugar (194) de su promoción «4 de Febrero de 1992». En enero de 2011 se vio involucrado en una denuncia de extorsión a un comerciante que buscaba la asignación de dólares de CADIVI a través de un gestor, que terminó por señalarlo a él y a otros militares como sus contactos dentro de la institución. Por esta razón fue imputado por los delitos de Asociación para Delinquir y Extorsión en Grado de tentativa, pero posteriormente fue sobreseído. 

Renny Gerardo Barrientos

Funcionario de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados. En 2021, el Tribunal Supremo de Justicia falló en su contra cuando confiscó arbitrariamente los equipos de una empresa de minería. La medida fue considerada como violatoria del derecho al debido proceso, a la propiedad y a la libertad económica. Sargento mayor de primera de la Guardia Nacional Bolivariana.

Los victimarios operaron de la misma manera como los colectivos armados del 23 de Enero lo han venido haciendo durante años: capturaron a la víctima y luego abandonaron su cuerpo baleado en otro sector

@loremelendez

Los familiares de Jonathan José Rodríguez, de 27 años, nunca pudieron hablar con él después de que le dispararon. Se supone que debía regresar a su casa, en el barrio El Observatorio de la parroquia 23 de Enero de Caracas, la noche del viernes 10 de marzo de 2023, pero no volvió.

El sábado, recibieron una llamada desde el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño en la que les notificaron que el joven estaba internado allí con heridas de bala en varias partes de su cuerpo. Cuando llegaron, ya era tarde: los médicos habían intentado sin éxito detener la hemorragia que terminó de matarlo.

Rodríguez trabajaba como buhonero en Chacaíto y a diario vendía chucherías y café. El camino hacia su casa lo había emprendido hacia el final de la tarde, pero en alguna zona de Catia, en la parroquia Sucre de Caracas, que los parientes no supieron precisar, tres hombres armados lo atacaron y se lo llevaron en un carro.

Horas después, lo liberaron en San Martín, en las adyacencias del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de la capital. Tenía tres tiros en las piernas, dos más en el abdomen y uno detrás de su hombro. Se cree que le dieron el último impacto después de lanzarlo del vehículo.

Hasta ahora, familiares desconocen por qué asesinaron a Rodríguez. Sin embargo, la forma en la que actuaron sus victimarios es similar a la que han empleado los colectivos armados afectos al chavismo: capturan a sus víctimas y luego abandonan sus cuerpos baleados en otros sectores.

Antecedentes de este modus operandi

Así ocurrió en febrero de 2014 con Yamir Tovar y Luis Fabián Arianyi García, jóvenes opositores del movimiento Resistencia -que lideraba las protestas antigobierno de entonces-. Los muchachos desaparecieron de las adyacencias de la estación del Metro de Pérez Bonalde, en Catia, y luego fueron hallados maniatados y con heridas de bala en Los Flores, en el mismo sector.

Igual sucedió, en febrero de 2018, con Luis Silva, a quien agarraron en Los Magallanes de Catia; y en junio de 2019, con Johnny Gutiérrez, a quien secuestraron en el 23 de Enero, para luego dejar su cadáver en Coche.

El barrio El Observatorio del 23 de Enero, donde vivía Rodríguez y donde también residían Yamir Tovar y Luis Ariany, es una de las pocas zonas de esa parroquia que no está bajo el control de estos grupos pro gobierno, sino de bandas de delincuentes.

A lo largo de los años, la actividad de los colectivos se ha extendido a Catia, en la parroquia Sucre, donde fue capturada la víctima y donde en 2022 hubo 23 homicidios, de acuerdo con cifras de Monitor de Víctimas.

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