Lorena Meléndez, autor en Runrun

Lorena Meléndez

Fincen Files: El supuesto testaferro de Diosdado Cabello nunca salía sin “ella”

Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro en 2017 reportaba que los estados de cuenta de su cliente venezolano, Rafael Sarría, registraban hasta entonces dos millones y medio de dólares en pagos sospechosos. El derroche con sus tarjetas de crédito lo financiaba la cercanía al número dos del chavismo, a quien había conocido más tres décadas antes en la Academia Militar. Sarría abandonó la carrera castrense y no pudo acumular soles en las charreteras, pero sí propiedades y empresas que se han multiplicado en la última década, al menos hasta 2018, cuando fue objeto de sanciones de Washington.

@loremelendez

Quizás si Rafael Sarría Díaz se hubiera graduado en la Academia Militar, su destino hubiese sido diferente. Probablemente hubiese actuado en la intentona golpista que Hugo Chávez encabezó el 4 de febrero de 1992. Quizás, ya en la Quinta República, se hubiese convertido en miembro del gabinete de gobierno. Es posible que todavía hoy detentara algo de poder e influencia y que desde julio pasado hubiese formado parte del lote de militares que pasó a retiro por orden de Nicolás Maduro.

Pero hasta allí el juego de Si hubiera. En la realidad su camino fue distinto: no completó la carrera militar y, en lugar de convertirse en una figura de gobierno en un régimen de marcado perfil castrense, pasó a estar a la sombra de quien es considerado el segundo hombre más poderoso de Venezuela: el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), teniente del ejército -ascendido a capitán, aunque inactivo, en 2013 Diosdado Cabello. Y aún en esa penumbra quedó al descubierto: Estados Unidos señala abiertamente a Sarría de ser el testaferro del número dos del chavismo.

Fue el 18 de mayo de 2018 cuando Sarría Díaz quedó al desnudo. Ese día se confirmó lo que periodistas, websites informativos y reportes de inteligencia venían denunciando desde hacía años. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista negra -la Special Designated Nationals List, también conocida como la Lista Clinton- el mismo día que también inscribió a Cabello, a su esposa, la ex ministra de Turismo y de Obras Públicas, Marleny Josefina Contreras Hernández; y a su hermano, el superintendente para el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello. El presunto testaferro quedó así sancionado, con sus activos congelados, mientras que varias de sus empresas y propiedades en Estados Unidos fueron bloqueadas para hacer negocio alguno con un ciudadano o compañía de ese país.

Pero hasta entonces Sarría se había dado la gran vida en Estados Unidos, con un tren de gastos saudí. O boliburgués. Al menos es lo que dejaba entrever, un año antes de las sanciones, la edición de la semana del 10 al 16 de marzo de 2017 del Kleptocracy Weekly, una semanario interno de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro.

El boletín, incluido en la filtración de los FinCEN Files -2.100 documentos obtenidos por BuzzFeed News, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y otros 110 medios de 88 países, entre ellos, Runrun.esArmando.info– recoge el seguimiento que para la fecha American Express hacía a los altos pagos efectuados por Sarría a tres de sus tarjetas de crédito. Entre el 2 de marzo de 2015 y el 3 de marzo de 2017, por ejemplo, los plásticos habían recibido más de 317.000 dólares por medio de 33 operaciones hechas a través de una cuenta del UMB Bank, una entidad bancaria nacida en Kansas, en el medio oeste norteamericano, y con sucursales en Missouri, Illinois, Colorado, Oklahoma, Nebraska y Arizona.

El informe también destacaba que, desde que American Express hacía el monitoreo de las tarjetas de Sarría -un período que el documento no acota-, se habían registrado gastos por poco más de 2,6 millones de dólares.

A Sarría se le vigilaba por la magnitud de las transacciones y por sus vínculos con el jerarca chavista, quien hasta 2015 presidió la Asamblea Nacional de Venezuela. el Parlamento venezolano. Pero el boletín también le señala de estar a cargo del manejo de “las finanzas de la red venezolana de tráfico de drogas, el Cártel de los Soles”.

American Express no respondió a peticiones de comentarios enviadas por el ICIJ.

 

De escolta a contratista del Estado

En mayo de 2018, al momento de las sanciones de la Ofac, el organismo distribuyó desde Washington una nota de prensa en la que se aseguraba que Sarría “ha lavado dinero para funcionarios venezolanos con la compra de inmuebles desde 2010. Sarría actúa para y en nombre de Cabello como su principal testaferro, asesorando, asistiendo y beneficiándose de las ganancias corruptas y los ingresos ilegales de Cabello”.

Aún antes, en 2017, un informe del American Enterprise Institute llamado Kingpins and Corruption (Capos y corrupción) apuntaba a Sarría como el más importante prestanombres del ex militar, vicepresidente del partido de Gobierno, ex gobernador del estado Miranda y ex vicepresidente ejecutivo de la República, entre otros cargos: “Han surgido numerosas acusaciones de que Cabello controla varias empresas venezolanas y emplea a múltiples testaferros fuera de Venezuela para administrar los ingresos de sobornos, malversación de recursos estatales y tráfico de drogas. Su testaferro más importante, según fuentes estadounidenses y venezolanas, es Rafael Sarría, considerado el cerebro que maneja la red ilícita de negocios de Cabello y sus intereses económicos. Sarría mantiene un perfil bajo, prácticamente invisible en los registros públicos tanto dentro como fuera de Venezuela”, se lee en el documento.

Sin embargo, los lazos de Sarría con Cabello y el chavismo vienen de mucho antes.

Se remontan a la Academia Militar de Venezuela, de donde egresó Hugo Chávez y los uniformados que lo acompañaron durante su gobierno. Sarría comenzó su carrera militar junto a Cabello en agosto de 1983. Aunque nunca se graduó, la amistad entre los dos contemporáneos tampoco se desvaneció.

Esa promoción, llamada “General de División Tomás Montilla” sería a la larga una especie de quién-es-quién de la administración chavista. Con ella egresaron en 1987, además de Cabello, Jesús María Mantilla Oliveros, actual segundo comandante y Jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, y Jesse Alonso Chacón Escamillo, hoy embajador de Venezuela en Austria y ex ministro de Energía Eléctrica, Relaciones Interiores, Comunicación e Información, entre otras carteras. También lo hicieron figuras como José Gregorio Vielma Mora, ex gobernador del estado Táchira, ex Superintendente del Servicio Nacional de Administración Tributaria (Seniat) y actual vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv, partido de gobierno) para Atender Asuntos Religiosos; y Carlos Alberto Rotandaro Cova, ex ministro de Salud y ex presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), hoy en el exilio y buscado por la justicia venezolana por presuntos casos de corrupción. Todo ese grupo, conocido como los Montilleros a propósito del nombre de la promoción, obtuvo cargos importantes durante la administración de Chávez de la mano de Cabello, quien fue el segundo de su clase.

Aquel paso por la Academia Militar llevó a Sarría a ser, en 1998, escolta de Chávez durante la campaña electoral con rumbo a la presidencia. El equipo de seguridad era coordinado en ese entonces por Cabello.

La conexión de Sarría y Cabello siguió más adelante. Sarría se convirtió en vendedor de seguros y luego en contratista del Estado durante el paso de Cabello por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entre 2000 y 2003, y el Ministerio de Infraestructura, entre 2003 y 2004. Esa relación continuó cuando Cabello fue elegido como gobernador de Miranda (2004-2008). Luego vendrían los negocios internacionales que el testaferro asumiría como propios.

A Sarría se le vincula usualmente con la compra de dos medios de comunicación venezolanos: el circuito radial FM Center, del que, según las versiones, adquirió 40% de las acciones, y el diario El Universal de Caracas, un tradicional periódico estándar fundado en 1909. En ambos casos su representante fue el ingeniero Jesús Abreu Anselmi, un ex funcionario público de gobiernos anteriores al chavismo y asesor empresarial, quien estuvo como director suplente en la emisora y como presidente de la junta directiva en el periódico hasta 2019, cuando cambió de propietarios. Fuentes de la radio negaron que el testaferro haya sido parte de la compañía, aunque sí estuvo interesado en entrar en el negocio. Esta investigación no obtuvo documentos al respecto.

 

Propietario con ‘P’ de poder

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Sarría y Cabello habían mantenido “una relación comercial ilícita desde al menos 2010”, cuando registraron sociedades y corporaciones en Panamá. Sarría, dice la nota en la que se anunció su sanción, poseía varios inmuebles en Florida, Estados Unidos, que estaban registrados con su nombre.

“En realidad, Sarría actuó como el representante designado de Cabello en la propiedad de estos bienes inmobiliarios. A partir de 2015, continuó administrando múltiples propiedades y arreglos financieros para Cabello, y en 2016 estuvo involucrado en actividades de tráfico de drogas en su nombre. A partir de 2018, Sarría asesora y ayuda a Cabello, y se beneficia de la inversión de su riqueza obtenida de manera corrupta”, añade el boletín de prensa.

El texto emitido por la Ofac detalla las lujosas residencias que tenía el presunto testaferro en Boca Ratón y Pembroke Pines (referencia removida en septiembre), en Florida, además de un apartamento en un moderno edificio de la prestigiosa Park Avenue de Manhattan, en Nueva York.

 

El edificio donde está el departamento de Rafael Sarría en Park Avenue, Nueva York. Captura de Google Maps

Las direcciones de las casas de Florida (5599 NW 23rd Avenue en Boca Raton y 9410 NW 14 ST, en Pembroke Pines) son las mismas de empresas que Sarría registró en las últimas dos décadas en Estados Unidos. A la de Boca Ratón, por ejemplo, están vinculadas 11420 Corp. (mayo, 2009) y Noor Plantation Investments LLC (enero, 2010), dos de las tres compañías que fueron incluidas en la lista Ofac desde el 18 de mayo de 2018. Ambas también están en otro domicilio que se repite: 11420 NW 4 Street, Plantation, FL 33325.

 

La residencia de Rafael Sarría en Boca Ratón, Florida. Google Maps.
Frente de la casa de Rafael Sarría en Boca Ratón, Florida

Estas dos empresas tienen todavía más elementos en común. Al momento de sus respectivas constituciones, en las dos figuró como agente Incorp Services Inc., un servicio empresarial que desde 1998 opera en Estados Unidos como registrador de empresas. Michael Freeman, empleado de esta, fue el firmante de los documentos. La otra revelación de las actas de fundación de las compañías es que Frank Holder, un consultor de seguridad estadounidense y experto en investigaciones de lavado de dinero, aparece como director.

Fachada y vista aérea de la casa de Rafael Sarría en Plantation, Florida. Google Maps.

Holder, especializado en temas de corrupción, fraude y transparencia empresarial, y actual director para Latinoamérica de la firma de consultoría de estrategia Berkeley Research Group (BRG), ha tenido episodios escandalosos en su trayectoria que lo han llevado a separarse, por ejemplo, de FTI Consulting, de donde supuestamente fue despedido por conflictos internos en 2015. Esa empresa supuestamente estuvo al frente de las relaciones públicas de los llamados bolichicos, ex directivos de Derwick Associates como Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López, o del ex tesorero de la nación Alejandro Andrade, condenado a diez años de prisión en Estado Unidos por cargos de corrupción. En reciente publicación de esta serie, Ricardo Fernández Barrueco, el otrora Zar de Mercal caído en desgracia con el chavismo en 2009, admitía haber trabajado con Holder.

Al domicilio de Pembroke Pines están vinculados otros dos negocios de Sarría: Global Tech Group INC (noviembre, 2006) y Nazo Enterprises LLC (enero, 2018). La primera está inactiva, pero la segunda fue reactivada en 2019 tras la sanción. Es la única de Sarría que permanece abierta, aunque con un solo empleado: él como director.

SAI Advisors INC fue la otra empresa de Sarría sancionada en mayo de 2018. Fundada en septiembre de 2009 en Fort Lauderdale, Florida (450 East Las Olas Boulevard, Suite 730), es la única en donde el propio Sarría aparece como firmante, mientras que como directores están Holder y Albino Ferreras Garza, abogado de Sarría y socio senior del bufete venezolano Ferreras & Bello SC.

A nombre de Sarría estuvieron también dos empresas que no fueron incluidas en la lista Ofac por haber estado inactivas previamente: Grober & Vertiz, INC, fundada en agosto de 1993 y cerrada en 2003, que tuvo como domicilio un departamento en la lujosa zona de Brickell, en Miami (1101 Brickell Avenue, Suite 400). Allí, el testaferro fungió como director junto a su hermano Edgar Sarría; su esposa, Mireya Carolina Hidalgo de Sarría, y Jorge Martínez. Con esa misma dirección fue registrada Globalcorp Investment, INC en agosto de 2002.

El mismo año de la fundación de Grober & Vertiz, Sarría registró en Curazao la empresa Globco Group Finance N.V., con un capital de 6 .000 dólares. Lo hizo junto a Carlos E. Santaella, un consultor financiero vinculado a compañías bancarias y de seguros ‑quien en 2012 fue director legal de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg)‑ y Salvador Itriago. De toda la operación de apertura se encargó la arubana EuroTrust International N.V., que estaba dentro de la junta directiva y apareció vinculada a 114 entidades citadas en la investigación Paradise Papers del ICIJ. Globco, de acuerdo con documentos consultados del Registro Comercial de Curazao, dejó de estar activa en 2008 y finalmente fue disuelta en marzo de 2020.

El nombre de Mireya Hidalgo, esposa de Sarría, aparece relacionado en Venezuela a la Asociación Cooperativa Embelleciendo Marín CA, creada para labores de limpieza y mantenimiento de edificaciones y áreas verdes y con sede en el barrio Marín de la parroquia San Agustín, en Caracas. La empresa fue inscrita en el Registro Nacional de Contratistas en septiembre de 2011 y actualmente está inhabilitada para realizar contrataciones con el Estado.

Desde julio de 2018, la esposa de Rafael Sarría es la gerente de SCI 3, empresa ubicada en París, Francia, con un capital de 320.000 euros.

A Sarría también le fueron registradas dos viviendas en Madrid, España: una en La Moraleja, urbanización en la zona norte de la ciudad, considerada una de las más seguras y con mayor renta per cápita de toda la nación, y otra en Mirasierra, al noroeste de la capital española, en una calle ciega y discreta rodeada de pinos.

A la izquierda, la residencia de Rafael Sarría en la calle de la Peña Pintada. Google Maps

 

Entrada de la residencia de Rafael Sarría en la calle de la Peña Pintada, Madrid. Google Maps.

En Venezuela, su casa está en Valle Arriba, en el municipio Baruta de Miranda, en una calle ciega de un barrio de viviendas ostentosas rodeadas de altos muros que protegen sus jardines y patios con piscina. Todas las casas de Sarría, de acuerdo con Estados Unidos, fueron adquiridas entre 2010 y 2015 con dinero proveniente de la corrupción.

El 25 de septiembre de 2018, Edgar Sarría Díaz fue sancionado por el Departamento del Tesoro junto a la primera dama de la república, Cilia Flores; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez y el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Allí también se mencionó al piloto José Omar Paredes, un empleado de la Agencia de Vehículos Especiales Rurales y Urbanos (Averuca CA), empresa venezolana de Rafael Sarría ubicada en la urbanización Las Mercedes de Caracas (Calle Paris, Torre Global, Piso 5), que también fue agregada a la lista Ofac ese día, así como el jet privado Gulfstream G200 (siglas N488RC) que estaba a nombre de esta, valorado en al menos cuatro millones de dólares. Quiana Trading Limited, otro de los negocios del testaferro en un paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas, fue igualmente ingresado al listado.

 

Las sanciones al hermano del testaferro alcanzaron a una cafetería/bar que estaba a su nombre pero que había cerrado años atrás: Panazeate SL, registrada en Valencia (Calle Nou d’Octubre, 18-BJ), España.

Una década atrás, Edgar Sarría había abierto en Estados Unidos un par de empresas: Corposeguros International INC (mayo, 2009), que cesó al año siguiente y que tenía en su junta directiva a su hermana, María Isabel Sarría Díaz, y Corposeguros USA INC. (enero, 2010), inactiva desde 2011. Las dos estaban domiciliadas en Coral Gables (153 Sevilla Avenue), Florida y el firmante, al momento de su apertura, fue nuevamente Michael Freeman.

En esa misma época, una de las empresas de Édgar Sarría fue intervenida por el Estado venezolano. Se trató de Globalcorp Casa de Bolsa C.A, a la que se le abrió una investigación administrativa a finales de 2009 y, meses después, en abril de 2010, fue obligada a cesar sus operaciones por mandato de la Comisión Nacional de Valores. Ramón Ramos Acevedo, nombrado como liquidador de otras casas de bolsa como Banvalor, Venevalores, Intertrust y Caja Ibérica de Valores, fue designado como el interventor de esta.

La razón de la sanción, según se explica en la Gaceta 39374 del 25 de febrero de 2010, Globalcorp no tenía actualizados los registros mínimos de información y archivo de cada uno de sus clientes. La resolución que anuncia su intervención indica, en cambio, que el motivo principal es la “situación crítica de la entidad”, por la cual podría incumplir sus obligaciones como corredor de títulos valores y producir desajustes en el sistema de mercado de capitales, provocando violaciones a la ley. Lo cierto es que fue parte de la razzia llevada a cabo por el régimen chavista ese año contra todo el sector bursátil.

Hoy, Rafael Sarría vive en Madrid, donde las sanciones parecen no haberle tocado. En su residencia de Caracas no hay señales de él. La oficina de Averuca, en la urbanización Las Mercedes, sí se mantiene activa. Allí se entregó una petición de comentarios para este reportaje el 28 de agosto y no se obtuvo respuesta.

Venezuela: el líder indígena que enfrentó a la minería y acabó exiliado
  • El líder de la etnia pemón lleva más de ocho meses lejos de su casa. Huyó no solo del peligro que representan los mineros para la comunidad y el parque nacional Canaima, sino de la criminalización de la cual es víctima
  • Detrás de él está el aparato gubernamental que lo culpa de un alzamiento militar en el que no participó

Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Runrun.esde Venezuela.

Desde finales de 2019, Juvencio Gómez vive en una de las carpas que la Organización de Naciones Unidas dispuso para los refugiados en la frontera entre Venezuela y Brasil. “Ya me voy a construir pronto una casa”, comentó optimista quien dejó su vivienda en Kumarakapay, a unos 200 kilómetros de distancia, para vivir en una nueva comunidad indígena que poco se parece a la que dejó atrás.

Hasta allí, a Tarauparu, llegó huyendo porque se supo perseguido: lo vincularon al fallido asalto armado al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, conocido como el Fuerte de Luepa, por la zona en la que está, una fortaleza militar dentro del sector Gran Sabana del Parque Nacional Canaima (declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO), al sur del estado Bolívar de Venezuela. El hecho ocurrió la madrugada del pasado 22 de diciembre, cuando un grupo de militares e indígenas —que habían prestado servicio militar— se unió para emprender un ataque y apropiarse de un armamento que fue recuperado horas después por efectivos de la Guardia Nacional. Todo formaba parte de la “Operación Aurora”, una sublevación de uniformados contra Nicolás Maduro que dejó un soldado muerto y otro herido, además de 18 detenidos y 15 órdenes de aprehensión. Una de estas es la de Juvencio Gómez, líder indígena de la etnia Pemón-Taurepán, quien lleva décadas en la defensa de su territorio y con una férrea posición en contra de la minería.

Gómez, desde el principio, negó su enlace con lo sucedido en diciembre. Pocas horas después del asalto, fue detenido en un punto de control de tránsito de Santa Elena de Uairén, la capital del municipio Gran Sabana. Allí defendió su inocencia frente a los militares y aclaró que, aunque los jóvenes pemones que habían participado en el asalto solían reunirse en su casa, él no tenía nada que ver con lo que había pasado.

Juvencio Gómez está fuera de su comunidad desde hace más de ocho meses. No sabe cuándo podrá volver. Foto: Glorimar Fernández.

“Ese mismo día yo hablé con el general (Adolfo) Rodríguez de la Guardia Nacional (Comandante de la Zona Nº 62 de ese cuerpo militar). Después me llevaron a Luepa para explicar mi posición. Allí estaban el gobernador (Justo Noguera) y el Jefe de la Zona de Defensa Integral Guayana, Humberto Núñez, y el de la Región Estratégica de Defensa Integral. Estuve cuatro horas conversando y pidiendo que dejaran libre a los muchachos”, comentó Gómez en una entrevista con Mongabay Latam y Runrun.es. Al final del día, los uniformados lo liberaron.

Pero la calma duró poco. El 28 de diciembre unos militares le confirmaron lo que había comenzado como un rumor: un tribunal militar había ordenado su detención. Debía escapar si no quería caer preso, porque lo señalaban como planificador. A los pemones ya capturados los acusaron semanas después por conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación.

Gómez salió ese mismo día de Kumarakapay por la Troncal 10, la carretera que conecta a Venezuela con Brasil, con rumbo a Santa Elena de Uairén. De allí tomó una trocha de más de cien kilómetros hasta Ikabarú, en el límite con Brasil. Así cruzó la frontera hasta arribar a Tarauparú, la misma comunidad indígena pemón-taurepán de donde proviene su padre.

Gómez tenía a donde llegar. En esa comunidad viven varios de sus familiares y por eso no le era totalmente ajena. Días después de instalarse, arribaron su esposa y sus cuatro hijos (de 21, 19, 8 y 5 años de edad). Hoy, a ocho meses de haber abandonado Kumarakapay y sin posibilidad de regresar a su hogar en un futuro cercano, ya se ha hecho a la idea de quedarse en Brasil durante más tiempo del que esperaba. Sabe que atrás quedó su casa, parte de su familia y amigos, aquel conuco o parcela donde sembraba plátanos y las 50 reses que tenía y que su suegra cuida en su ausencia.

¿En qué momento se convirtió Juvencio Gómez en un obstáculo para el gobierno?¿Qué tiene que ver el Arco minero del Orinoco y la defensa del parque Canaima con su desplazamiento? Mongabay Latam y Runrun.es contactaron al líder indígena pemón en Tarauparú y desde allí reconstruyeron la serie de eventos que lo llevaron a este exilio no deseado. Para este reportaje se contactó al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y a la Fiscalía General Militar a fin de buscar su versión sobre la persecución contra Gómez y la etnia pemón, pero no se obtuvo respuesta.

De la lucha a las amenazas

La historia de Juvencio Gómez en la defensa de su territorio se remonta al siglo pasado. Era un veinteañero cuando fue elegido capitán de Kumarakapay y sucedió a su padre en el cargo en el que había permanecido por seis años. Aunque al principio no estaba convencido, tomó el mando en 1994 y allí estuvo hasta 2002. Fue en ese período cuando se enroló en la lucha en contra de dos proyectos que para los pemones atentaban contra sus derechos y territorios: Turisur y el tendido eléctrico sobre la Gran Sabana.

Juvencio Gómez y su padre, ambos capitanes de Kumarakapay. Crédito: libro La Historia de los Pemón de Kumarakapay

La construcción del Complejo Hotelero Empresa Nacional de Turismo del Sur (Turisur) era un ambicioso proyecto privado que se instalaría en la entrada norte de la Gran Sabana y que amenazaba con convertir la puerta de ingreso al parque nacional en un resort de lujo. A los propietarios les habían otorgado los permisos a través de Inparques, pero nunca se consultó a los indígenas. Gómez, junto a líderes como Silviano Castro y Alexis Romero, encabezó las manifestaciones que los pemones hicieron en Ciudad Bolívar y Caracas. Finalmente, el Ministerio del Ambiente detuvo el proyecto en octubre de 1996 tras determinar que la edificación violaba el Plan de Zonificación de Canaima.

La pelea contra la instalación del tendido eléctrico no tuvo el mismo resultado. Tras la elección de Hugo Chávez, quien promocionaba una agenda en pro de los derechos indígenas, y en medio de trancas y protestas, el proyecto se convirtió en un hecho.

Gómez continuó como líder de su comunidad hasta que fue elegido presidente de la Federación Indígena de Bolívar, una posición que ocupó hasta 2003. De allí salió con la mira puesta en el Consejo Legislativo, que integró hasta 2008. El poder y los intereses dentro de la política del gobierno chavista lo desilusionaron.

“Para mí era un avance ese reconocimiento, pero después fue solamente retórica, discurso. Me di cuenta de eso estando en el consejo legislativo”, confesó.

Tras terminar su período, Gómez regresó a su comunidad y así volvió a sus orígenes: nuevamente fue capitán de Kumarakapay hasta 2014. Ideológicamente, se mantuvo en la oposición al gobierno, una postura que le ganó varios enemigos.

Ya para aquel momento, comenzaron las preocupaciones de algunos líderes indígenas sobre la minería en la zona. Gómez asegura que en la Gran Sabana se practicaba a una escala muy pequeña. Pero lo que realmente le inquietaba era el alcance que tendría el decreto del Arco Minero del Orinoco, ideado por Chávez y dictado por Nicolás Maduro, que declaró casi 112 mil kilómetros cuadrados en el estado Bolívar como aptas para la exploración y explotación de múltiples minerales, incluyendo el oro.

 Nicolás Maduro muestra una barra de oro supuestamente excavada y procesada en el Arco Minero de Venezuela. Foto: Prensa Presidencial .

“Es inconcebible que dentro del Parque Nacional Canaima se desarrolle la actividad minera y menos aún si esta área está protegida como Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Muchos de los efectos de esta actividad son irreversibles y afecta tanto a la biodiversidad del parque como a sus habitantes. El gran potencial turístico de esta zona es una alternativa que ha sido evaluada como una fuente de ingresos importante en la región si se realiza de manera controlada, pero se está perdiendo con la minería”, destaca la consultora ambiental y presidenta encargada de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Isabel Novo.

El parque nacional tiene una importancia crucial por las cuencas hidrológicas que lo surcan. Está ubicado en la cuenca alta y media del río Caroní y toca parte de las cuencas del Cuyuní (Sierra de Lema) y del Mazaruni (Kamorián y sus afluentes). “Estas aguas, además de ser la materia primordial para la generación de Guri y Macagua (embalses que generan más de 70% de la energía eléctrica que sostiene a Venezuela), son utilizadas para el consumo humano y son el hábitat de peces, mamíferos, reptiles y aves. En esta área protegida han sido reportadas 52 especies de peces de las cuales 14 son especies endémicas”, recalca Novo.

La bióloga recuerda, además, que Canaima cumple con los cuatro criterios de selección establecidos por UNESCO en la Convención sobre Protección de Patrimonio Mundial: “es una muestra relevante que representa las mayores etapas de la historia de la evolución de la tierra; es un ejemplo sobresaliente que representa significativos procesos geológicos y biológicos actuales en la evolución y desarrollo de ecosistemas terrestres y acuáticos y de comunidades de plantas y animales; contiene fenómenos naturales raros o únicos, así como formaciones y áreas de excepcional belleza (como los Tepuyes), y es hábitat en donde sobreviven poblaciones de especies de plantas y animales raros o en peligro de extinción, además de poblaciones indígenas”.

A pesar de estos argumentos, la minería ilegal y la devastación de la zona continuó.

 

Arco Minero: el comienzo de una pesadilla

“Yo nunca he estado de acuerdo con el Arco Minero del Orinoco…Siempre pensé que si la minería artesanal había destruido el ambiente, cómo sería un proyecto autorizado por el gobierno. Quienes lo defienden dicen que es minería ecológica. Pero eso es mentira, no creo eso”, afirma Gómez.

El antiguo capitán de Kumarakapay relató que en las reuniones indígenas, las autoridades comunitarias sí estaban a favor del Arco Minero porque apoyaban al gobierno y estaban ganados a respaldar cualquier iniciativa del Ejecutivo. Fue en esas asambleas en las que comenzó a exponer su posición contraria a la explotación de minerales.

“Ellos contaban a quienes tenían en contra del proyecto. En Kumarakapay no se hicieron manifestaciones para frenar la minería, pero sí se debatía siempre en las asambleas”, dice. Los primeros señalamientos en su contra surgieron en estas reuniones.

Salto Soroape Gran Sabana, Parque Nacional Canaima. Foto: Lorena Meléndez.

De esas rencillas da cuenta Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE), quien durante sus visitas a la Gran Sabana pudo ver cómo la política enfrenta a los pemones. Mientras los pro oficialistas aceptan todo lo que se ordena desde el gobierno, los opositores se resisten a cumplir con medidas como, por ejemplo, el pago en “gramas” de oro para los traslados en avionetas de sus alimentos. Los roces, precisa, han alejado a comunidades y a miembros de una misma familia.

Para sobrevivir, Gómez siempre se dedicó a la educación y a la actividad turística de la Gran Sabana. Pero sabía que varios pemones se decantaban por la minería y, para eso, iban a Imataca o a Ikabarú, en los límites del parque nacional.

“Algunos hermanos que vivían de la minería nos cuestionaban por eso, porque nos dedicábamos al turismo y no necesitábamos la mina. Yo mantenía mi posición pese a las críticas. En Kumarakapay no se veía la minería y por eso nos cuestionaban. ‘No se metan en ese asunto’, nos decían”, precisa.

La minería se ha expandido tanto por el parque nacional que organizaciones no gubernamentales como SOS Orinoco han registrado que más de 1000 hectáreas de este Patrimonio Natural de la Humanidad han sido destruidas por la práctica extractivista. Tan solo entre 2018 y 2020, los 33 sectores mineros que habían sido identificados por SOS Orinoco pasaron a 59. Es decir, en solo un par de años, la cantidad de puntos de extracción de oro dentro de Canaima creció 78%.

“Teniendo en cuenta la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela y la política de Estado abiertamente minera y desconsiderada con las leyes ambientales, se hace necesario que UNESCO incluya a Canaima en la Lista de Sitios de Patrimonio Mundial en Peligro, como una acción política que empuje a las autoridades a actuar de forma decisiva y asertiva para lograr el cese de las operaciones extractivistas”, dijo SOS Orinoco en un comunicado emitido en junio pasado.

La misma institución apuntó que la fiebre del oro ha sido promovida por la administración de Nicolás Maduro a través del Arco Minero del Orinoco.

“Esta es la ‘marca’ de una política de apertura total a la minería, pero que tiene como ambición principal el oro, el coltán y cualquier otro mineral que pueda ser fácilmente traficado”,  y que busca ampliar el ámbito de operación hasta “abarcar todo el sur del Orinoco más allá de las zonas que muestran los mapas oficiales, como es el caso del Parque Nacional Canaima”, señala la organización.

La presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE) explica que las imágenes satelitales de Canaima previas a la instauración del Arco Minero comprueban que la actividad extractivista se intensificó luego de este. “Hubo evaluaciones que se hicieron entre 2007 y 2008 en las que la minería aparecía como una amenaza al parque, pero era algo muy puntual”, señala.

La bióloga menciona iniciativas gubernamentales como la Misión Piar, que desde 2011 se orientó a dotar de maquinaria a la pequeña minería de los pueblos que están al norte del parque. Ese movimiento de equipos se hizo todavía mayor con el Arco Minero.

“El Arco Minero coincide con la escalada de la crisis humanitaria que azota al país. Entonces, tienes una conjunción de cosas. Están estas misiones, como la Misión Piar, donde empezaron a darle motobombas a la gente y, mientras haces eso, el país se está viniendo abajo”, añade la especialista, que sumó al problema el abandono de los conucos por parte de comunidades que habían estado volcadas al turismo durante los últimos años y que ahora, con la caída del flujo de viajeros, no pueden sustentarse.

Los venezolanos llegan de todos lados para trabajar extrayendo coltán, oro y diamante en el Arco Minero de Venezuela. Foto: Jorge Benezra.

En Canaima, la minería utiliza diversas técnicas para extraer el oro y en todas se emplea el mercurio. Mientras que la minería aluvial se practica en las “bullas” o pequeños yacimientos, en los ríos se usan las “balsas mineras”, que arrasan con el lecho de los ríos del parque.

Morón indica que los indígenas desconocen los efectos de la actividad minera sobre la salud y que los mecanismos para controlar la exposición al mercurio son inexistentes. “Desde el punto de vista ambiental, es un desastre. A donde consiguen la ‘bulla’, se van y, como las hormigas, dejan el rastro de lo que hicieron (…) Se ven a lo largo de los caminos pequeños cráteres con agua azul que están cerca de morichales, en el tope de las lomas en la sabana y están desperdigadas por todos lados. Entonces, no hay un cierre de mina y todos esos químicos que están en los pozos van percolando y pueden afectar a los morichales o riachuelos que están al lado (…) No ven el efecto a largo plazo ni la distancia a la que pueden ir esos contaminantes a través de los ríos”, refiere Morón.

Juvencio Gómez insiste en que el extractivismo en la Gran Sabana está motivado por la necesidad. “En el Parque Nacional Canaima, con grandes potencialidades recreativas y turísticas, se pueden desarrollar y fomentar otras actividades económicas sin necesidad de explotar la mina”, indica. Pero de inmediato aclara que en su territorio se acabaron las garantías para desarrollar esas otras actividades y por eso, la explotación minera se impuso. “Ahora más, porque el gobierno la fomenta. Hay muchos involucrados en la cuestión de la minería”, denuncia.

“Un importante número de pueblos y comunidades indígenas se han opuesto a la destrucción producida por la creciente invasión de la minería de depredación en sus territorios. Sobre eso hay una cantidad importante de declaraciones, denuncias y pronunciamientos por parte de organizaciones indígenas Ye’Kwana, Hottuja, Pemón, y Yanomami, entre otros. Estas voces críticas han sido debilitadas principalmente a través del hostigamiento, amenazas, cooptación de sus organizaciones y desarticulación entre las mismas (…) Estas últimas situaciones aceleradas por las profundas distorsiones que genera la economía minera”, señala Alejandro Álvarez Iragorri, defensor de derechos ambientales y coordinador general de la ONG Clima21.

Vista de los tepuyes —mesetas con paredes verticales— que se encuentran en el sudeste de Venezuela, zona donde se encuentra el Arco Minero de Venezuela. Foto: Antolín Martínez A. bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.

Al experto le preocupa que la violencia sobre las comunidades indígenas haya generado, “además de muerte, encarcelamiento, tortura y daños sobre personas, un progresivo proceso de ruptura del tejido social, aculturación, enfrentamientos internos y desconocimiento de los modos de organización tradicional de cada uno de los pueblos indígenas”. De esa manera, explica, se destruye su identidad y modos de ser. “A largo plazo estas situaciones, en conjunto con el resto de los daños generados por la minería, pueden llevar a un etnocidio”, concluye.

Para Juvencio Gómez, lo que pasó en Kumarakapay —donde 3 pemones murieron y 14 fueron baleados, tras apoyar el ingreso de cargamentos de ayuda humanitaria a través de la frontera— ha sido un punto de fricción política para el gobierno y por eso han aplicado una “presión psicológica” contra el pueblo, que van desde la masacre hasta la presencia constante de militares en la zona.

Diez meses después de esta masacre, Gómez saldría de su pueblo para evitar que lo apresaran al relacionarlo con el alzamiento militar de Luepa.

Aunque las mafias y bandas armadas del Arco Minero del Orinoco todavía no controlan los yacimientos del parque nacional, la violencia en la zona ha aumentado. Los cuerpos de seguridad del Estado tienen choques constantes con los pemones. Tras la masacre de Kumarakapay, ocurrió en noviembre la de Ikabarú, un enclave minero en los límites del parque en donde mataron a ocho personas vinculadas con la actividad extractivista. Un mes después, sucedió la “Operación Aurora” que provocó la huida de Gómez.

Los ataques no han parado. El pasado 27 de julio, la Guardia Nacional irrumpió en la comunidad de San Antonio del Morichal, en la frontera con Brasil, para amedrentar a los pemones que denunciaban estar aislados en medio de la “cuarentena radical” impuesta por el gobierno a raíz de la pandemia.

Esta violencia es la que obligó al líder indígena pemón a desplazarse con su familia a cientos de kilómetros de su comunidad y la que lo mantiene en el exilio.

La esperanza en una casa de madera

En esa nueva vida que se forja lejos de su tierra, Juvencio Gómez tiene una pequeña siembra de yuca y plátano, y ha empezado a beneficiarse de algunas políticas del Estado brasileño que le han aportado tarjetas para comprar alimentos, educación gratuita para los niños, e incluso unas piezas de madera que le servirán para construir la vivienda que tanto desea levantar.

“Pronto vamos a hacer una casa de madera con unas tablas que nos dieron y la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA, organización humanitaria de la Iglesia Adventista del Séptimo Día) nos dio 60 tejas. Vamos a inventar cómo ampliarla y conseguir más madera. Además, aquí la tierra es buena para sembrar”, asegura.

A pesar de haber tenido que dejarlo todo, está agradecido de haber salido de la comunidad. “Estábamos pasando mucha necesidad. Aquí al menos se consigue comida en Pacaraima y a bajo costo. Allá está muy dura la situación, no hay combustible (…) Aquí nos han apoyado mucho”, apunta.

Aunque la pandemia ha hecho que todo se paralice, sus hijos menores han continuado estudiando dentro de la comunidad, a donde les envían los materiales que necesitan para su educación y cada 15 días entregan sus deberes. En julio pasado, les instalaron internet inalámbrico para ayudarlos con las tareas. A Gómez, que fue docente, le han ofrecido la posibilidad de dar clases en Brasil, lo mismo que a su esposa. Pero ambos necesitan que les traduzcan sus documentos que se quedaron en Kumarakapay para que les puedan homologar sus estudios. Su segundo hijo cursa actualmente una nivelación para que le reconozcan su bachillerato.

Kumarakapay, el pueblo pemón en la Gran Sabana donde ocurrió el asalto militar que dejó cuatro indígenas muertos y 13 heridos. Foto: Lorena Meléndez.

Aunque no se hizo una prueba, Gómez está seguro de que sufrió de COVID-19 en mayo pasado: estuvo dos semanas con dolor de cabeza, fiebre y con pérdida absoluta del gusto y el olfato. Para combatirlo, se bañaba con hojas de plantas, tomaba té con limón y antigripales. Un primo suyo, de 70 años y residente de Tarauparu, no corrió con la misma suerte. Lo mató el virus tras un cuadro que se complicó porque padecía de diabetes.

Gómez sabe que volverá a Kumarakapay y por eso intenta ver el vaso medio lleno pese a las circunstancias. “Uno extraña sus cosas: mi cama, mi cocina, mi televisor, las comodidades de la casa, pero nos hemos adaptado (…) Cuando uno sale de su comunidad motivado por cualquier presión no es nada agradable, uno lo hace por su seguridad. Es triste dejar tu sitio, tu casa, la familia (…) Pero cuando quieres conservar tu vida, tu libertad, lo tienes que hacer con la esperanza de volver a tu casa cuando termine todo”, añade.

Asegura que la religión le ha dado fuerzas para seguir de pie. “Él no nos va a abandonar. Creo que estamos aquí por la voluntad de Él (…) y cuando tenga que regresar lo haremos por la voluntad de Él. Cuando se presente el momento, vuelvo, porque de que regresamos, vamos a regresar”, pronunció completamente convencido el antiguo capitán de Kumarakapay.

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Mongabay Latam reúne en el especial Defensores ambientales: la violencia del desplazamiento seis historias de líderes ambientales en ColombiaMéxicoHondurasGuatemala y Venezuela que han tenido que abandonar sus territorios para proteger sus vidas y a sus familias. Algunos se han desplazado en varias ocasiones, otros permanecen en el exilio y hay quienes han decidido volver a pesar del peligro que supone su regreso. 

Conozca todas las historias del especial #HuirParaVivir La otra tragedia de los defensores ambientales en Latinoamérica haciendo click a la ilustración

 

Línea de tiempo | El oro se movió con salvoconducto durante la cuarentena
Mientras el país está confinado y sometido a esquemas de flexibilización que regulan cualquier actividad comercial e industrial, el “motor minero” que sostiene la administración de Nicolás Maduro no se ha apagado
Runrun.es registró, a través de una línea de tiempo, más de 60 hechos que confirman que en el Arco Minero del Orinoco no se pararon ni redujeron las masacres, derrumbes en yacimientos, detenciones arbitrarias y el tráfico del oro, sino que continuaron y se vieron acompañadas por decretos que avalaron la minería en ríos y organismos que ahora cobran impuestos en oro hasta a los indígenas pemones

@loremelendez

 

No importa si los pueblos mineros se han convertido en focos de contagio del COVID-19. Tampoco si allí el suministro de agua es un problema desde hace cinco  años. Y menos si los centros de salud de la zona están dotados o no para atender a quienes caigan enfermos por el virus. En el Arco Minero del Orinoco no ha habido ni hay cuarentena radical como ha ordenado el gobierno de Nicolás Maduro. La muestra es que la violencia y los operativos militares en la zona, así como los accidentes fatales dentro de los yacimientos, han llenado titulares pese al encierro. La producción de lingotes de oro provenientes de la minería ilegal que impera en Bolívar no se ha frenado.

A finales de abril, cuando ya Venezuela había cumplido casi mes y medio en confinamiento, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico dejó claro que seguía su actividad. 

“Ante la pandemia del coronavirus, el ‘motor minero’ continúa su compromiso con el fortalecimiento de la economía venezolana, con el programa Cuarentena Productiva, para garantizar el aporte de este sector a la nación. Los complejos industriales auríferos Manuel Carlos Piar y Domingo Sifontes, se encuentran totalmente operativos, cumpliendo con los protocolos sanitarios para evitar la propagación del COVID-19”, dice una nota de prensa publicada el 28 de abril en la web de la institución. En julio pasado, el propio titular de la cartera, Gilberto Pinto, informó vía Twitter que la agudización de la pandemia no ha detenido el sector.

Para Américo De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional en el exilio, la actividad minera aupada por Nicolás Maduro ha seguido para mantener tanto a los altos funcionarios como a los grupos armados que les rodean y mantienen en el poder.

“La única explicación es la formalización del saqueo. Es más importante que el saqueo no se pare porque si se para, paran también los recursos para los saqueadores. Y los saqueadores están ávidos de oro, diamante, coltán y de mantener sus huestes, o sea, a sus grupos terroristas, paramilitares y violentos que comen todos los días. Le puede faltar la comida a un médico, a un maestro, y eso no le preocupa al régimen. Pero si le falta a uno de los pranes que administra la hacienda minera, eso se puede convertir en un motín armado”, apuntó el parlamentario desde Italia. 

Al inicio de la cuarentena venezolana, el codirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina (Red Coral), Frédéric Massé, dijo a Runrun.es que la hipótesis que manejaba para el momento era que en los sectores mineros más remotos de la región no habría mayor impacto en la producción del oro, porque suelen ser zonas sin cuerpos policiales que ejerzan un control. Sin embargo, advirtió, que “la pandemia podría expandirse a zonas mineras” si llegase algún actor contagiado a la zona.

Eso, según De Grazia, fue lo que pasó, aunque hasta ahora no haya un registro oficial que lo demuestre. Asegura que en los pueblos mineros, las personas mueren de COVID-19 sin mayores protocolos sanitarios para que “siga el saqueo”. 

“Según el régimen, nadie muere de COVID-19 y menos en el sur de Bolívar, ni en Guasipati, El Callao, Tumeremo, Upata, El Manteco. Todas las muertes son por otras razones: infartos, asfixia… Y nadie se atreve a desmentirlo porque hacerlo significa entrar en un conflicto infeliz con el régimen, porque hay persecución y hostigamiento. No vas a tener nunca cifras oficiales, como no se tienen de cuánto ingresa por coltán o diamante. Todos son números bien guardados porque no se registran”, sentenció el diputado.

Oficialmente, Bolívar es el quinto estado con mayor cantidad de contagios de COVID-19 (2.026 al 21 de agosto), pero apenas ha reportado ocho muertes en cinco meses. La administración de Maduro ha explicado que la alta cifra de enfermos corresponde a la cantidad de venezolanos con el virus que han ingresado a través de la frontera con Brasil. No ha mostrado cuántos hay en cada municipio y menos en el Arco Minero.

Lo que sí se conoció en mayo pasado fue que se detectó un caso de COVID-19 en Delta Amacuro y que se trataba de un minero que se había contagiado en Bolívar. En julio, el alcalde del municipio Sifontes (Tumeremo), Vicente Rojas, dijo a los medios de comunicación que en la jurisdicción había un “foco activo” de la pandemia y que había al menos 24 personas con el virus. En declaraciones a El Pitazo, aseguró que todos los mineros cumplían con un protocolo sanitario que consistía en acudir a un centro de salud para ser sometido a una evaluación y así obtener un permiso para entrar a las minas. No se pudo confirmar si esta práctica continúa activa en la zona. 

La autoridad única de Salud de Bolívar y presidente del Instituto de Salud Pública (Ispeb), Franklin Franchi, informó en esos días que ese “foco” provocó una alarma en el estado y motivó una reunión con los alcaldes de la zona minera y distintos actores del lugar. Para ese momento se ordenó el “refuerzo de los protocolos de prevención” (que no se detallaron)  y el aislamiento de los casos positivos de la enfermedad.

 

“El objetivo es crear un conjunto de normativas para prevenir la expansión de cualquier foco comunitario de COVID-19, que se complementarán con las acciones que venimos realizando en la frontera con Brasil y otras zonas vulnerables de la entidad”, indicó Franchi de acuerdo con una nota publicada en la web de VTV. Nunca se dieron a conocer públicamente esas normativas.

 

2020 con tapiados y masacres

Justo antes de que comenzara la cuarentena, los pueblos mineros habían sido noticia por hechos como la masacre de ocho personas en El Manteco, supuestamente a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN); el derrumbe en una mina en El Callao que dejó tres fallecidos; una balacera entre bandas en la que murieron cinco personas en la zona minera de Casacoima, en Delta Amacuro; y la entrada de un contingente de presuntos guerrilleros a Tumeremo, en el municipio Sifontes de Bolívar. La intención del grupo, de acuerdo con los reportes periodísticos de esos días, era apoyar al Ejército venezolano en la captura de los miembros de los “sindicatos” o bandas mineras que operan en la zona. 

Ya en confinamiento, los uniformados (contingentes conformados por la Guardia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM) ejecutaron varias incursiones armadas en las minas y hasta la fecha, de acuerdo con data recogida por Runrun.es, han cobrado la vida de al menos 22 personas y apresado a más de cuarenta entre civiles y militares que supuestamente colaboraban con los presuntos criminales en La Paragua y El Callao. En este último, las bandas mineras de la zona “El Perú” han figurado en la mayoría de los enfrentamientos. 

Parte de estas muertes están dentro de las cifras que la ONG Fundaredes expuso en su estudio “Curva de la violencia en seis estados fronterizos”. Su balance del segundo trimestre de 2020 reveló que Bolívar fue, en ese lapso, la entidad limítrofe con mayor cantidad de homicidios: 186 en total, ocurridos en los municipios Caroní, Sifontes y El Callao. Los dos últimos son jurisdicciones ubicadas dentro del Arco Minero.

La organización también indicó que el estado había sido el segundo de los seis en donde se registraron más supuestos enfrentamientos: 64, con 91 víctimas entre heridos y muertos. “Otro indicador que enciende las alarmas en Bolívar es el salto registrado en el número de desapariciones, 13 casos, al compararlos con los siete que se registraron en el mismo lapso de 2019”, se lee en el documento.

En medio de la cuarentena, el barrio La Caratica de Tumeremo fue el escenario del asesinato del teniente coronel Ernesto Solís, comandante del Fuerte Tarabay, y del sargento segundo Gustavo Flores a manos de bandas de la zona. Ambas muertes desencadenaron una serie de detenciones y arbitrariedades en los yacimientos que fueron denunciados por los pobladores. Solís tenía numerosas denuncias por desapariciones de mineros en la zona. 

En mayo, el homicidio en El Callao del cultor y minero, Carlos Clark, estremeció la región. Sus victimarios supuestamente fueron miembros de la banda de “Toto” y “Zacarías”, quienes controlan la zona de “El Perú” y buscaban apoderarse de la mina que estaba bajo su mando. Sin embargo, días después de su muerte, los militares se apropiaron del molino que manejaba la víctima.

Los derrumbes en los yacimientos siguieron durante el confinamiento. A las tres personas que murieron en una mina en El Callao en febrero y a otros cinco en el yacimiento Arenal de Gran Sabana, se sumó un alud que sepultó en mayo a ocho trabajadores en el sector Nacupay y otro más que hizo lo propio en la mina Remington. Ambos están en el municipio El Callao.

 

Más allá de la violencia

El 8 de abril, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico publicó en Gaceta Oficial la autorización para la explotación de minerales en seis ríos del estado Bolívar: Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní. Semanas antes, el mismo De Grazia había advertido que la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), la operadora minera de las Fuerzas Armadas, estaba a cargo de las operaciones y que la seguridad la proveería el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que semanas después arribó a la región y tomó una posada turística. A ellos se les atribuye un ataque a la Guardia Territorial Indígena en El Caura que dejó al menos un desaparecido en mayo pasado.

La medida fue criticada por organizaciones ambientales y de derechos humanos, que destacaron la importancia de estas fuentes de agua para toda la Amazonía. En Maripa, uno de los pueblos cercanos a estos ríos, hubo varias protestas en rechazo a la decisión que nunca fue consultada a los habitantes de la zona. 

“El régimen no tiene escrúpulos, ni se para, ni planifica. (…) Ya Maduro o el narcomadurismo no tiene la barrera de la política que calcula el costo-beneficio de una medida (…) Los parámetros son otros y en la medida en que sigamos leyendo al régimen como si fuera un gobierno que calcula, estima y prevé, en esa misma medida vamos a equivocarnos en el diagnóstico. El régimen no tiene pudor, ni límites, y todo lo hace conforme al interés superior que es, además del crematístico, el ‘cómo hago para mantenerme un día más en el poder’. Este ni es un gobierno ni es una ideología política, es una organización criminal y se comporta como tal”, opinó al respecto De Grazia.  

Desde la Asamblea Nacional, la respuesta fue de rechazo. El parlamento ilegalizó el decreto del Ministerio y, meses después, declaró que todo metal que se extrajera del Arco Minero sería catalogado como “oro de sangre”, esto con la intención de evitar que países desarrollados entren en el negocio de la compra del mineral. En junio, el hemiciclo dio otro paso en dirección a condenar la actividad extractivista: un acuerdo para declarar al Parque Nacional Canaima “en gravísima emergencia ambiental”, debido a la apertura de yacimientos dentro de este territorio que es Patrimonio Natural de la Humanidad. La decisión sería comunicada a la Unesco.

  

Ejecutivo dorado

En cuarentena, radical o flexibilizada, tampoco menguaron las acciones de la administración de Maduro para traficar oro u obtener réditos de la explotación del mineral en el Arco Minero. Fue así como surgieron denuncias desde distintos sectores sobre las nuevas políticas aplicadas en las zonas mineras, los vuelos internacionales cargados de lingotes, el reparto de parcelas entre funcionarios en varios yacimientos y hasta la disputa por la fracción de las reservas auríferas que están en el Banco de Inglaterra.

Frédérick Masse decía a Runrun.es en abril pasado que a pesar de que la producción minera podría continuar sin problemas en medio de la pandemia, quizás el problema se hallaría al momento de sacar el oro del país, a menos que la operación se hiciera por medio del “contrabando oficial”. El experto explicó que la caída de los precios del petróleo registrada en aquellos meses, probablemente obligaría a la administración de Maduro a vender oro de las reservas o el ilegal que proviene de la zona minera. Y no se equivocó.

Al inicio del confinamiento, medios de comunicación y periodistas informaron sobre los aviones de Turkish Airlines que salieron del país con oro. Ya en la segunda semana de marzo, la agencia Reuters contó que el gobierno habría retirado al menos seis toneladas de oro del Banco Central de Venezuela, valoradas en unos 350 millones de dólares, entre finales de 2019 y principios de 2020. La noticia se confirmó el pasado 17 de agosto, cuando el ente oficial publicó sus estados financieros y anunció que las reservas estaban por debajo de las 100 toneladas, el nivel más bajo desde hace 50 años.

Pero los vuelos dorados no solo salieron con destino a Estambul. La otra ruta de los lingotes fue Irán, país al que se le pagó con el mineral por asesoría petrolera y por los buques de gasolina enviados en mayo pasado. Los aviones de la aerolínea Mahan Air entraban y salían del Aeropuerto Internacional Josefa Camejo, conocido como Las Piedras, en Punto Fijo, en Falcón.

Hubo otros dos episodios llamativos vinculados con la salida del oro del país. El 17 de mayo de 2020, un helicóptero privado proveniente de El Callao debió aterrizar de emergencia en el estadio La Ceiba de San Félix, municipio Caroní de Bolívar, no solo por un desperfecto mecánico sino por la cantidad de oro que llevaba. Tres meses después, un hombre fue arrestado en una alcabala militar cerca de Upata, por tener en su poder casi tres kilos de oro

 

Pero el hecho más grave que afectó al gobierno durante la pandemia fue la detención en Cabo Verde de Alex Saab, el empresario colombiano a quien Estados Unidos señala de ser el testaferro de Maduro. Semanas después del arresto, que hoy día espera la luz verde para cumplir con la extradición a Washington, el diario El Tiempo de Colombia publicó que Saab había hecho un entramado de compañías para extraer el oro venezolano, en el que estaba implicada tanto su novia, la modelo italiana Camila Fabri, como su hermano, Lorenzo Antonelli.

A este hecho se unió la sanción por parte del Departamento del Tesoro americano a los aliados más cercanos del hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, quien presuntamente maneja todo lo vinculado al metal. Los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández fueron considerados por Washington como figuras centrales en el tráfico del oro venezolano.

 

Aranceles en cochano

Abril fue el mes de los nuevos impuestos de la minería. El día 7 se anunció la puesta en marcha del Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera”, un nuevo ente que se encargaría del “control, fiscalización y seguridad” de la actividad extractivista en el país. Paralelo a este anuncio vinieron las quejas de los primeros afectados.

 

Para el 6 de abril, los molineros de oro de El Callao criticaron la imposición, por parte de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), de un pago semanal de 2,5 gramos de oro analizado (procesado). Al día siguiente, fueron los caciques del pueblo pemón quienes publicaron un comunicado para rechazar el cobro en oro del transporte aéreo en el municipio Gran Sabana que había sido ordenado por la misma CVM y el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico.

Para De Grazia, estos tributos carecen de formalidad y legalidad. “Yo no los calificaría de impuestos porque no hay ninguna regulación jurídica que los pueda calificar como tal (…) Es un cobro de vacuna que hacen los ‘organismos oficiales’”, añadió.

El parlamentario lamentó que tales cobros terminen de empujar a más aborígenes a las minas, en donde tiene garantizado por el propio Estado el financiamiento de maquinarias para trabajar en la extracción de minerales. 

“Esto es parte del asalto. La comunidad indígena está siendo recolonizada, porque si tú le dices a un indígena que para tener acceso a la gasolina debe pagar en oro, que para montarse en un avión de Canaima a Ciudad Bolívar para irse a ver con el médico o para mandar al hijo a la Universidad de Oriente, o para hacer una compra de comida o insumos, tiene que pagar en oro, le estás diciendo ‘métete a minero’. Al indígena lo que le queda es abandonar su tradición para meterse en la actividad minera”, advirtió.

Distrito Capital lidera contagios diarios de COVID-19 con casi 400 casos reportados este domingo
El segundo estado con mayor cantidad de enfermos registrados en las últimas 24 horas fue Vargas, con 197

 

Desde hace semanas, el Distrito Capital está a la cabeza de los casos detectados de COVID-19 en Venezuela y este domingo, 16 de agosto, no fue la excepción: en las 22 parroquias que lo conforman se registraron 399 contagiados en las últimas 24 horas.

La cifra es parte de los 1.148 casos reportados este día por la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del COVID-19, la cual hace que ascienda el total de infectados por el virus a 33.755 personas.

La Comisión, presidida por Delcy Rodríguez, informó que hubo cinco fallecidos por coronavirus durante la jornada, tres de ellos en Aragua: dos hombres de 70 y 72 años, y una mujer de 68. También murió un pensionado de Táchira, de 73 años, presuntamente vinculado con los “pasos irregulares” y una ama de casa del estado Sucre, de 74 años, habitante de la parroquia Altagracia de Cumaná.

Según Rodríguez, 1.097 fueron de origen comunitario y 51 importados, de acuerdo con la división establecida por la administración de Maduro.

El segundo estado en presentar la mayor cantidad de casos fue Vargas, con 197; seguido de Miranda, con 168 y Nueva Esparta con 136.

Del total de los reportados este domingo, 462 son mujeres y 635 son hombres. Entre ellos, 75 son menores de edad.

Rodríguez también detalló que de los 33.755 casos registrados hasta la fecha, 22.700 (67%) se encuentran recuperados.

Canciller turco viene a Venezuela en medio de la pandemia
Las reuniones se llevarán a cabo este martes con Arreaza, Rodríguez y Maduro

 

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, emprendió un viaje que lo llevará a República Dominicana, Haití y Venezuela entre este domingo 16 y hasta el martes 18 de agosto.

Se prevé que Çavusoglu se reúna el martes en Caracas, su tercera parada, con su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, y que sea recibido también por Maduro y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, de acuerdo con un comunicado publicado en la web de la cancillería turca.

Durante la visita, los funcionarios firmarán varios acuerdos bilaterales, cuyos asuntos no fueron especificados, además de hacer una declaración conjunta por los 70 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Turquía.

La administración de Maduro mantiene estrechas relaciones con el gobierno de Turquía, que abarcan desde el ámbito comercial hasta el de la explotación de minerales.

Antes de arribar a Caracas, Çavusoglu asistirá a la toma de posesión de Luis Abinader, nuevo presidente de Dominicana, y se reunirá con varios de sus homólogos en la isla. El lunes estará en Haití, donde conversará con el ministro de Exteriores de ese país, Claude Joseph, el primer ministro Joseph Jouthe, y el presidente Jovenel Moise.

Venezuela registra por quinto día consecutivo más de mil casos de COVID-19 en cada jornada
La cifra de muertos llegó a 276, luego de que se reportaran 10 víctimas del coronavirus este sábado

 

La vicepresidenta de Nicolás Maduro y máxima autoridad de la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del covid-19, Delcy Rodríguez, informó la noche de este sábado, 15 de agosto, que en el país se detectaron 1.226 contagiados del nuevo coronavirus durante las últimas 24 horas, para un total de 32.607 .

La cifra representa la segunda más alta registrada desde el 13 de marzo, cuando en Venezuela se reportaron los 2 primeros enfermos de covid-19. Este es el quinto día consecutivo en el que se reportan más de mil casos en el país.

Rodríguez, que ofreció el número vía Twitter, detalló que de acuerdo con la división de procedencia hecha por la administración de Maduro, se reportaron 1.100 casos comunitarios y 126 importados, es decir, de personas provenientes de Colombia (107) y Brasil (19).

La vicepresidenta de Maduro también anunció la muerte de 10 personas por covid-19 en la última jornada, lo que elevó el total a 276. La mitad de los reportados hoy fallecieron en el estado Mérida: dos hombres de 43 años, un hombre de 70 y dos mujeres de 75 y 71 años, respectivamente. También murió un hombre de 50 años en el Distrito Capital, uno de 60 años en Zulia, otro de 41 años en Cojedes, uno de 90 en Apure y una mujer de 70 años en La Guaira.

Acotó que Distrito Capital nuevamente lideró la lista de casos por estado, pues solo allí se reportaron 351 contagios. Las parroquias con mayor cantidad de casos en Caracas son El Valle, con 62; Catia, con 39; y Antímano, con 24.

Rodríguez también informó que, del total de contagiados, 10.584 están activos, 21.747 recuperados, 6.729 están en hospitales, 3.673 en CDI, 182 en clínicas privadas.

“Es importante informar la condición actual de los casos activos: 6.801 están sin síntomas, 3.404 con insuficiencia respiratoria leve, 294 presentan insuficiencia respiratoria moderada y 85 se encuentran en unidades de cuidados intensivos por insuficiencia respiratoria grave”, mencionó en un tuit.

La vicepresidenta de Maduro indicó que para este domingo se conocerán los resultados de la semana de flexibilización y se anunciarán las acciones que se tomarán sobre el avance del virus.

Defensa de Alex Saab interpone nuevo recurso para evitar su extradición
Para el exjuez español Baltasar Garzón, que hoy defiende al colombiano, el caso tiene un “carácter político”

 

El equipo legal que defiende al empresario barranquillero Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro por Estados Unidos e investigaciones periodísticas, hizo este viernes, 14 de agosto, uso de uno de los últimos recursos para evitar que sea extraditado de Cabo Verde a Washington: una apelación ante el Tribunal Supremo de ese país.

Tanto la agencia Europa Press como el diario colombiano El Tiempo informaron el hecho este sábado y explicaron que el recurso se presentó contra la decisión de extradición que el Tribunal de Apelación de Barlavento dictó el pasado 31 de julio.

De acuerdo con los abogados de Saab, su extradición “conlleva un riesgo para el derecho a un juicio justo con respecto a las normas vigentes en el derecho internacional”, según reseña El Tiempo. La Corte tiene hasta 80 días para pronunciarse sobre este documento.

Para el exjuez español Baltasar Garzón, defensor de Saab, el caso tiene un “carácter político”. “Instamos a las autoridades caboverdianas a reconocer plenamente esta realidad”, dijo por medio de un comunicado, en el que también aseguró que la causa pone en riesgo la vida y libertad “de una persona acusada de fechorías, basado en evidencias de testigos desacreditados”.

Europa Press también recordó que Saab, detenido en junio mientras hacía una escala en Cabo Verde, envió esta semana una carta al primer ministro de esa nación, Ulisses Correia, para pedirle respeto a la “inmunidad diplomática” que tiene a través de Venezuela.

#MonitorDeVíctimas | Muere un PoliMiranda y un presunto delincuente durante enfrentamiento en Petare
El hecho ocurrió el domingo, mientras los funcionarios patrullaban las barriadas de la zona

@loremelendez / Fotografías: Carlos Ramírez

Lidio Jesús Martínez Campo era el nombre del supervisor jefe de la Policía del Estado Miranda que murió durante la madrugada del pasado 2 de agosto en la calle Principal de la Zona 6 del barrio José Félix Ribas de Petare, parroquia del municipio Sucre del estado Miranda, al este de Caracas.

Martínez Campo, de 46 años de edad, cumplía labores de patrullaje junto con otros dos compañeros en el área. Todos, de acuerdo con un reportepolicial, supervisaban que en el lugar no hubiese reuniones sociales en medio de la cuarentena motivada por la pandemia del nuevo coronavirus.

Alrededor de las 2:30 am, la patrulla en la que iba el policía fue atacada a tiros. El oficial recibió cuatro disparos: dos en el rostro, uno en la espalda y otro más en el brazo izquierdo. A otro PoliMiranda, de nombre Edward Armando Blanco Rivero, le dieron un balazo en una pierna.

Martínez Campo fue llevado a la Emergencia del hospital Dr. Domingo Luciani, de El Llanito, pero murió por los múltiples impactos. El otro funcionario herido fue trasladado centro de salud distinto y está estable.

Durante el hecho también murió uno de los presuntos implicados: un hombre joven y moreno que quedó tendido en el suelo por los balazos. Los cuerpos policiales no lo han identificado.

Según una minuta policial, en la escena del crimen se incautó una pistola marca Glock, modelo 17 y se recuperó una motocicleta marca Yamaha, modelo YBR 125 de color negro, placa AAOUO31.

En lo que va de año han asesinado a cinco funcionarios policiales en el Área Metropolitana de Caracas, de acuerdo con cifras recogidas por Monitor de Víctimas. De ellos, tres murieron en medio de robos, uno en una riña y el otro en medio de un suceso no esclarecido. Martínez Campo es, hasta ahora, el único que ha caído en Caracas mientras estaba de servicio.