Lorena Meléndez, autor en Runrun

Lorena Meléndez

Al menos 10 muertos tras fuga masiva del retén San Carlos en Zulia
La cifra de caídos fue confirmada por el alcalde de Colón y la ONG “Una ventana a la libertad”

Unos 84 internos (76 hombres y 8 mujeres) del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de San Carlos, en la localidad de Santa Bárbara, municipio Colón del estado Zulia, al occidente del país, se fugaron del centro de reclusión en horas de la madrugada de este miércoles, 18 de marzo. De ellos, seis fueron recapturados y 10 murieron en medio de presuntos enfrentamientos con la policía. 

En el asalto, según la ONG Una Ventana a la libertad (UVL), “hubo complicidad entre los privados de todos los pabellones, incluyendo el anexo femenino, y los custodios del área externa, adscritos al Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ)”.

Señala una reseña policial que los reclusos sometieron a los dos funcionarios que estaban de guardia, quienes acudieron al pabellón “A” tras escuchar gritos de auxilio. Allí, les quitaron sus armas de reglamento y salieron por la puerta principal.

Funcionarios del Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) iniciaron la búsqueda poco después de la fuga. En el sector Maiquetía, a pocos kilómetros del penal, ubicaron a cinco prófugos, quienes supuestamente se enfrentaron a los uniformados y murieron. En el procedimiento recuperaron cinco escopetas, calibre 12., sin serial visible.

“Horas después, cerca de la jurisdicción de Caja Seca y Machiques, se reportaron otros dos enfrentamientos con dos prófugos muertos. El tercer tiroteo ocurrió a la 1:30 pm en el sector Caricaguey. Uno de los fugados tenía un revólver, calibre 38”, indica una nota de prensa de la ONG.

En horas de la tarde, la cifra de muertos subió a 10, según el alcalde de Colón, Blagdimir Labrador, y el reporte final de UVL.

Entre los fugados están Joel José Dávila Rojas, Yenesor Arturo Canda, Juan Carlos Cardeño Peña, Luis Carlos Dita Jiménez, Kerly Escandela, Mónica Matheus, Mary Adarme, José Sánchez, Daguis Irdaneta,  Michael José Aguirre Herrera, Jefri Fernández, Ricson Abigail Abreu Rodríguez, Andrés Saúl Suárez Campos, Alexis Vera, Danny Darío González Avendaño, Juan Carlos Gómez Moreno, Luis Alejandro Montoya Rivas, Albani Machado, Norbelis del Carmen Lucena Martínez, Dariana Portillo, Rixio Gregorio Cañizalez Sánchez, Jeferson Javier de la Peña Monterrosa, Luis Ángel Ibañez López, Arthur Estives Hernández Machado, Javier Ignacio Castro y Roger Frank Figueroa, Fernando Franco Carreño.

Por el suceso están bajo investigación seis funcionarios de la Policía de Zulia (CPBEZ): el supervisor jefe Ricardo Antonio Semprún Cadena, de 50 años; oficial jefe Osmairo López Cervantes, de 39 años; supervisor jefe Geovanny José García Romero, de 48 años; los oficiales agregados Jorge Luis Carrillo Ocando y Ely Ramón Urdaneta Espinoza, de 29 y 30 años, respectivamente; y el oficial Yugendry Darío Rìncón Mora, de 29 años.

El retén albergaba a una población de 518 reclusos, a pesar de estar construido para 100 internos, según UVL.

“La infraestructura está en ruinas, existen enfermos con tuberculosis, hay acumulación de basura, colapsó el sistema de aguas servidas y los pozos de agua blancas se mezclan con las aguas negras cuando llueve”, indica la nota de la ONG.

Algunos entrevistados por la ONG afirmaron que entre la población había temor por la cuarentena y la posible llegada del Coronavirus al recinto. “Desde la semana pasada se les suspendió la entrada a los familiares. Ellos viven, comen y toman agua de lo que les llevan”, indicó uno de los citados.

#MonitorDeVíctimas | Seis personas participaron en el asesinato de un hombre en Maca
La víctima trabajaba con organizaciones de derechos humanos y ayudaba a rescatar a jóvenes que vivían en la calle y consumían drogas

Lorena Meléndez G. @loremelendez / Fotografías: Carlos Ramírez

Marlín Barreto presenció cómo mataron a su hermano menor el pasado sábado 7 de marzo, a las 3:00 am, en la puerta de su casa. Tenía a su hijo de 8 años de edad en sus brazos y ni siquiera por esto logró persuadir a los seis atacantes que lo golpearon con puños, con la cacha de un revólver, lo apuntaron con un escopetín y, finalmente, le dispararon con el arma corta varias veces hasta que le impactaron un brazo y el pecho. Su nombre era Carlos Andrés Barreto Maldonado y tenía 39 años de edad.

Cuenta Marlín que todo comenzó cuando su hermano saludó al dueño de una licorería de la calle Los Mangos en Las Colinas de Maca, en Petare, con quienes los victimarios habían tenido varias discusiones y peleas en el pasado. Ese gesto enfureció tanto a los atacantes, que estaban ebrios al momento del suceso, que de inmediato reclamaron a Barreto Maldonado por el acercamiento.

Todos se conocían desde hace años porque eran vecinos. En medio de la discusión, uno de los hombres le rompió una botella en la cabeza a Barreto Maldonado. El agredido entró a su casa para limpiarse la sangre, se bañó y al rato salió nuevamente a la calle. Fue allí cuando entre los seis, entre ellos una mujer, comenzaron a golpearlo.

“A mi hermano lo lincharon, prácticamente. Un ser humano no puede matar a otro como si fuera un perro, ni porque sea un delincuente”, dijo Marlín, quien acotó que luego de haber denunciado el homicidio, las autoridades arrestaron a dos de los implicados, pero estos fueron liberados. El resto de los participantes está en fuga.

 

La víctima dictaba talleres en la Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos y también ayudaba a muchachos que vivían en la calle y que consumían drogas. Él mismo había cruzado hace años ese camino y fue su hermana Marlín quien lo ayudó a dejar su adicción. Las organizaciones con las que laboraba le permitieron reinsertarse en la sociedad.

 Asesinado en Maca

Barreto Maldonado era el menor de siete hermanos y padre de una joven de 18 años de edad. Trabajaba como cocinero en un restaurante. Su hermana afirma que él llevaba meses ahorrando para pagar una operación que ella necesita por ser paciente crónico renal: un cateterismo en cada riñón.

De acuerdo con datos recogidos por Monitor de Víctimas, durante 2019 ocurrieron al menos 58 homicidios motivados por riñas o peleas en el sitio. La mayoría de esas muertes, doce en total, sucedieron en la parroquia Petare del municipio Sucre del estado Miranda, donde también mataron a Barreto Maldonado.

Kumarakapay: las huellas de una masacre contra un pueblo en resistencia
A un año de la matanza del Ejército contra los pemones de la Gran Sabana, Runrun.es reconstruye lo sucedido a partir de las voces de quienes se quedaron en el pueblo y de los que han vuelto a pesar del miedo

@loremelendez

 

La casa donde vivían Zoraida Rodríguez y Rolando García con sus cinco hijos está llena de cicatrices. La fachada contuvo decenas de disparos de armas largas que hoy están cubiertos con cemento gris. Los boquetes se ven detrás de los móviles que la familia hacía para vender a los turistas que pasaban por Kumarakapay. Son círculos del tamaño de un limón y destacan en medio del verde pastel que cubre las paredes de la vivienda. Uno de los muros laterales quedó atravesado por la grieta que dejó un balazo. Muy cerca de allí, cayó Zoraida con tres tiros en el pecho. Su esposo Rolando se desplomó a pocos metros, justo cuando avanzaba para ayudar a un familiar a quien también lo habían alcanzado los proyectiles. Ambos fueron víctimas fatales de la masacre que el 22 de febrero de 2019 por primera vez manchó de sangre a la Gran Sabana, en el sector oriental del Parque Nacional Canaima.

Desde aquella mañana, cuando decenas de efectivos del Ejército arremetieron a tiros contra sus habitantes, Kumarakapay nunca volvió a ser la misma. Tres de sus pobladores murieron y otros 14 fueron baleados. Los lesionados que se quedaron en el pueblo son hoy los únicos heridos de bala que han vivido en Kumarakapay desde que se fundó, a inicios de 1930. A varios de ellos se les reconoce porque cojean. Otros, como Onésimo Fernández, quedaron postrados en sus camas.

Los pobladores de la comunidad indígena, conocida también como San Ignacio de Yuruaní y situada muy cerca de las famosas “cataratas” del mismo nombre, aseguran que al menos 80 de sus hermanos huyeron a Brasil para escapar de la persecución que se desató luego de la masacre. Ese número representa alrededor de 5% de  1.500 habitantes. Los hijos de Zoraida y Rolando están entre los que se fueron.

José, de 23 años y el mayor de los cinco hijos, ya se había ido de Kumarakapay antes de la balacera. Llevaba varios meses en un pueblo del Arco Minero del Orinoco, a donde se fue a explotar oro para poder mantener a su esposa y tres hijos. Pero cuando sucedió la masacre, estaba de visita en la casa de sus padres. Fue testigo de cómo Zoraida y Rolando fueron arrasados por las balas, al igual de Clíver, su primo, quien también murió por el ataque de aquella mañana. La primera en caer fue su mamá.

Zoraida acostumbraba a levantarse alrededor de las 4:30 am para meterse en la cocina y preparar las empanadas que ofrecía a los viajeros que estaban de paso por Kumarakapay. Ese 22 de febrero hizo lo mismo: se despertó y preparaba todo para comenzar la faena en la cocina grande que tenía al lado de su casa: un galpón con medias paredes de color pálido que sirvió de comedor tiempo atrás, cuando los pemones de la Gran Sabana podían vivir exclusivamente del turismo. Cerca de las 6:00 am, llegaron los convoyes militares al puesto de la guardia pemón que los indígenas habían montado en plena carretera: la Troncal 10, la misma que conecta a Venezuela con Brasil. José, al escuchar el ruido, se levantó.

No era la primera vez que los vehículos militares intentaban pasar por allí. Alrededor de las 3:00 am, hicieron lo mismo. Un testigo recuerda que buena parte de Kumarakapay esperaba la llegada de la ayuda humanitaria y que, por esa razón, en el punto de control de los guardianes pemones se conminó a los uniformados a regresar. Los efectivos se devolvieron, pero solo 4 kilómetros: los convoyes se quedaron en el desvencijado puente metálico sobre el río Yuruaní. Un par de horas después, volvieron con más tropa y dispuestos a disparar.

“Mamá estaba rastrillando cuando llegaron los militares”, rememora José, quien se levantó para ayudarla. Fue Zoraida quien le confirmó que habían comenzado a pasar los convoyes. Eran cerca de las 6:00 am. 

Tres de los camiones cargados de militares ignoraron el punto de control pemón y pasaron hasta estar casi al frente de la casa de Zoraida y Rolando. Uno se quedó atrás y los indígenas obligaron a sus conductores a bajarse. Desde los otros vehículos militares respondieron con fuego.

“El Ejército vino a tomar todo y la gente trancó la calle. Les dijeron que no respetaban a la comunidad”, acota José. Uno de los uniformados era un pemón de otra comunidad. Los guardianes indígenas intentaron mediar en la situación y discutieron en el punto de control. 

Zoraida no corrió a esconderse. “Mi mamá se quedó afuera y empezó a reclamarles a los militares de los convoyes que estaban frente a su casa. ‘¿Por qué ustedes apoyan la sinvergüenzura?, ¿ustedes no ven la realidad?, la frontera está llena de venezolanos, ¿no les da pena?’, les decía”, cuenta José. Luego de confrontarlos, se volteó para seguir hacia la cocina. En ese momento, dispararon de nuevo. Cuando ella volteó, tres balazos se clavaron en sus senos. Las manos le quedaron llenas de la masa que había manipulado poco antes para hacer los pasteles que pensaba vender más tarde aquella mañana. En el sitio donde la hirieron, nacieron flores amarillas silvestres.

La actitud de Zoraida frente al poder siempre había sido frontal y eso, explica José, se debía en parte a que era adventista: insumisos, protestantes. La otra parte le venía de familia. “Mamá tenía el carácter de mi abuelo y por eso decía las cosas directamente. No se callaba, siempre decía lo que pensaba”.

José corrió para auxiliar a su mamá cuando se desplomó y logró llevársela a la cocina en donde ella preparaba las empanadas. “Hijo, saca a los niños, váyanse de aquí”, le dijo ella cuando pudo hablar. Cuando logró alzar la cabeza en medio del tiroteo, José vio cómo caían otros de sus paisanos, entre ellos, su primo Clíver Pérez, la segunda víctima fatal de la masacre de Kumarakapay. 

Poco después de aquella escena, quien cayó fue su padre, Rolando, que había salido de la casa para ayudar a Alfredo, uno de sus cuñados que también había sido herido. Pero mientras andaba, lo alcanzó un disparo en el torso. “Yo vi que mi papá corrió. Cuando me volteo, venía agarrado (presionando su abdomen) y gritando. Pensé que iba a aguantar porque era alto y gordo”, comenta José.

Rolando era guía turístico y también llevaba las riendas de su conuco, donde sembraba yuca y batata, entre otros tubérculos. Su hijo José lo recuerda como un líder en su familia, porque incluso sus cuñados seguían sus decisiones y consejos. Era él quien laboraba junto a ellos en cada conuco que sembraban.

“Papá era un hombre de autoridad. Él decía que el que trabajaba, comía, y el que no, que buscara qué hacer. A pesar de eso, era cariñoso con nosotros, compartía mucho con la familia de mi mamá, porque la suya estaba en Brasil. Son pemones brasileños”, apunta José.

Si algo sorprendió al pueblo de Kumarakapay, fue la actitud de los militares. “Venían ya como para no perdonar”, señala Pablo Delfonso, un primo de Rolando y ex capitán de Kumarakapay (2006-2008), que vivía a pocos metros de su casa. A él lo despertaron los balazos de las 6:00 am, pero más temprano había estado despierto por el movimiento de convoyes que hubo a las 3:00 am. El sonido de los tiros lo tomó por sorpresa, no entendía lo que pasaba. Cuando salió de su casa, ya Rolando y Zoraida estaban en el suelo. A otros de sus paisanos también los habían baleado.

Otro testigo, a quien lo despertó el bullicio del trancón, vio cómo se armaron los uniformados. Justo antes de llegar a la carretera, observó una fila de militares que disparaba con sus fusiles al aire. Sin embargo, los pemones que estaban cerca comenzaron a caer por los balazos. A la moto en la que iba la impactaron tres proyectiles. Él corrió a refugiarse.

“Ya nos están matando, nos están matando –pensé- porque ninguno de nosotros tenía armamento para defenderse, no teníamos nada. Vi a la gente cayendo, llorando a las mujeres, a las señoras, niños, niñas, todos. La gente gritando que nos estaban matando”, relata. 

Detrás de aquellos uniformados, había más: otros efectivos se habían escondido tras del convoy. Asegura el testigo que estos fueron quienes dispararon directamente a los indígenas. Los mismos que lo balearon en la pierna cuando él, al pensar que el fuego había cesado, se movió para refugiarse en otro lugar. Le dieron cerca del glúteo, y le perforaron el fémur. Para salvarse, debió arrastrarse hasta un restaurante a donde estaban llevando a todos los heridos. En el suelo vio los cuerpos heridos de decenas de sus pemones.

Al cabo de unos minutos, vino por fin la calma. Los convoyes continuaron su camino hacia la frontera. Había pemones heridos de bala a lo largo de la carretera. A todos los reunieron en un restaurante a orillas de la vía y de allí los llevaron al ambulatorio de Kumarakapay. Zoraida murió poco tiempo después de ingresar. 

Un camión 350 trasladó a los otros heridos al Hospital Rosa Vera Zurita de Santa Elena de Uairén, a casi una hora de distancia. De ellos, solo Rolando, su primo Cliver Pérez y Onésimo Fernández fueron llevados a un hospital en Boa Vista, Brasil, a más de cinco horas y media de Kumarakapay. Seis días después murió Clíver. El 2 de marzo murió Rolando lejos de sus hijos y su casa.

En esos días, los hijos de Zoraida y Rolando corrieron a refugiarse. Se fueron montaña adentro, a donde sabían que los militares no los buscarían. Lo mismo hicieron muchas familiar de Kumarakapay, porque los militares regresaron aquel 22 de febrero, en horas de la noche, para allanar las viviendas.

“Caminábamos de noche hacia los cerros para escondernos cuando nos buscaban y solo nos regresábamos al siguiente día. El Cicpc vino para acá al siguiente día, después de la masacre. Ellos fueron quienes taparon los huecos de la casa”, cuenta José.

Pablo Delfonso, quien también es profesor de la Escuela Técnica Agropecuaria de Kumarakapay, recuerda los días posteriores a la masacre. “Esas semanas fueron una burla a nuestros hermanos, porque nadie se podía mover de Kumarakapay. No podían ir al conuco porque todo estaba cercado por los militares. Como autoridad legítima lo hemos dicho, ellos (los uniformados) no pueden hacer eso. Tienen que informar, porque de repente alguien va a su conuco y lo detienen o tirotean”, indica quien había quedado esos días como capitán encargado de la comunidad. 

El acoso de los militares obligó a muchos a no regresar. “Después de la masacre, tuvimos que dispersarnos. Yo no hallaba cómo defender a mis hermanos. Tenía que defenderlos. Yo soy el mayor y tenía que pensar cómo manejar a una familia. Nos tuvimos que dividir: mis hermanos (de 17, 16, 13 y 12 años, en aquel entonces) se fueron a Brasil y yo, con mis hijos y mi esposa, me fui al Cuyuní”, relata José.

Los hijos de Zoraida y Rolando viven en la frontera brasileña junto a sus tíos, los hermanos de su padre. Ellos le dieron techo, mientras que el gobierno de esa nación les fijó una pensión en tanto estuviesen en su territorio. Ocho meses después, volvieron a su casa en Kumarakapay, pero solo para pasar vacaciones. Saben que quedarse no es seguro, aunque añoran el hogar que tenían junto a sus padres y la vida en la Gran Sabana.

En Kumarakapay poco se ha recuperado. El turismo, que ya había bajado con la crisis, disminuyó todavía más y eso ha incidido negativamente en la vida económica de la comunidad que depende de esta actividad. Pablo cuenta que el acoso de los militares ha bajado. “Pero los primeros, venían con actitud amenazante, por eso lo denunciamos a sus generales y superiores en el Fuerte Luepa (el Batallón de Infantería que fue asaltado el 22 de  diciembre de 2019 por un grupo de pemones)”, reclama. 

Pablo sostiene que el ataque tiene su origen en el interés que tiene el gobierno de invadir las tierras de los pemones para aprovechar sus minerales. Ya en el Sector Occidental del Parque Nacional Canaima, había ocurrido meses antes el asalto de los efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) a los mineros pemones que extraen oro en el río Carrao, que dejó un indígena muerto y otros dos heridos. En noviembre de 2019, ocho personas murieron cuando una presunta banda armada disparó contra ocho mineros de la comunidad indígena de Ikabarú, donde se explota oro y diamantes desde hace décadas. Los pobladores de la zona, sin embargo, aseguran que los autores de la matanza son las fuerzas de seguridad del Estado. 

Lo sucedido hace un año en Kumarakapay dejó tras sí refugiados, pérdidas, desconfianza, miedo. Sin embargo, nada de esto ha amilanado a muchos de los pemones que se quedaron en el pueblo. Hay quienes, como Pablo, lo ven como una oportunidad para unirse ante un destino que parece inexorable. “Lo que pasó más bien ha fortalecido nuestra lucha como pueblo pemón, porque el que lucha tiene que morirse. Es así”, sentencia. 

#MonitorDeVíctimas | Denuncian ejecuciones del Cicpc en El Junquito y Caricuao
En 2019, el cuerpo detectivesco fue la segunda fuerza de seguridad que cometió mayor cantidad de homicidios en el Área Metropolitana de Caracas: 65 en total. Solo fue superado por las FAES

Lorena Meléndez @loremelendez / Fotografía: Carlos Ramirez

Dingenberg Alfredo Jiménez Buissel, de 20 años de edad, ultimaba los preparativos de una verbena que haría al final de la tarde del viernes 28 de febrero, para recoger fondos para la operación de un familiar. Alistaba el sonido de la feria en la platabanda de su casa, en el barrio José Antonio Páez, en el Kilómetro 11 de El Junquito, al oeste de Caracas, cuando una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegó a su vivienda, lo sometió y ejecutó, según denunciaron sus allegados.

“A él lo mataron frente a su hermano que es un menor de edad, tiene 16 años. Ahí también estaban unos primos que son más pequeños todavía”, reclamó un pariente que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias. Contó que esa tarde, alrededor de las 2:30 pm, el Cicpc perseguía a los miembros de una banda, quienes huyeron saltando por los techos y paredes de las viviendas. Pasaron cerca de la casa de Jiménez Buissel, a quien los policías confundieron con los presuntos delincuentes que buscaban.

El allegado también relató que al joven lo detuvieron porque nunca intentó huir. Lo interrogaron, mientras que a su hermano y primos los obligaron a acostarse boca abajo, con la cabeza al suelo. Al final, le dispararon en el tórax. La zona quedó tomada por los uniformados hasta que oscureció. Supuestamente, los funcionarios simularon un enfrentamiento para justificar el asesinato.

Jiménez Buissel era padre de dos hijos. Trabajaba como comerciante: traía ropa y hasta alimentos desde Colombia, que vendía por encargo. No tenía antecedentes penales, de acuerdo con sus familiares.

Esa misma tarde, el Cicpc actuó también en el sector Los Telares, en Caricuao, al suroeste de la capital venezolana. Durante un procedimiento, cayeron Jesús Antonio Mejías Barrios, un buhonero de 25 años de edad que fue herido con dos balazos en la espalda, y un compañero suyo que no fue identificado. Familiares, que no presenciaron el hecho, aseguran que ninguno de los jóvenes portaba un arma.

En enero, cinco personas murieron a manos del Cicpc, cuatro de ellos en un supuesto enfrentamiento en el túnel de Turumo, en el municipio Sucre. En 2019, el cuerpo detectivesco fue la segunda fuerza de seguridad que cometió mayor cantidad de homicidios en el Área Metropolitana de Caracas: 65 en total. Fue solo superado por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), quienes participaron en 245 muertes.

#MonitorDeVíctimas | Matan a sargento de la GNB frente a sus dos hijos
El suceso ocurrió en El Marqués, mientras el militar estaba estacionado a la espera de su esposa

Lorena Meléndez @loremelendez / Fotografía: Carlos Ramírez

La esposa del sargento mayor de segunda de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Héctor José Salas, de 40 años de edad, se enteró que a su pareja le habían dado un tiro mientras ella estaba de compras en el supermercado del centro comercial Unicentro El Marqués. De inmediato salió de allí corriendo en dirección a la avenida Arichuna, justo por la parte trasera del establecimiento, donde él la esperaba junto a sus dos hijos. Cuando llegó, halló a su marido ensangrentado y tendido en el suelo de su carro, un Aveo cuatro puertas de color azul. Los niños de 3 y 5 años de edad habían presenciado el asesinato.

Al militar le dieron un disparo en la cabeza, aquella tarde del sábado 29 de febrero, mientras estaba estacionado. Eran alrededor de las 5:30 pm. Una minuta policial indica que un hombre, que aún no ha sido identificado, sometió a la víctima para robarle su arma de reglamento. Sin embargo, la esposa del GNB afirma que Salas no estaba vestido con su uniforme porque estaba de permiso. Hasta ahora se desconoce cómo el victimario supo que el efectivo llevaba su pistola consigo para robársela.

Testigos que arribaron al lugar señalaron a las autoridades que el pistolero huyó hacia las escaleras del barrio Campo Rico de Petare, situadas a unos pocos metros del sitio del crimen. Se presume que fueron los niños quienes informaron a los vecinos que su madre estaba en el supermercado, y por eso llegaron hasta allá a buscarla.

Salas ingresó a la GNB cuando tenía 18 años de edad. Actualmente trabajaba en el parque de armas del comando de este cuerpo militar en Caucagua, estado Miranda. Su familia venía de Trujillo y, desde que comenzó a trabajar en el centro del país, se mudó a Caracas.

De acuerdo con Monitor de Víctimas, cinco militares fueron víctimas de homicidio en 2019. Tres de ellos cayeron en medio de robos. El 29 de enero pasado, un guardia nacional fue asesinado cuando un grupo delictivo atacó a tiros el comando militar que está dentro del Cementerio General del Sur, al oeste de Caracas. Rainer Josué Medina Chirinos fue impactado por un disparo en la cabeza.

“Vamos a revisar las tácticas, no podemos permitir que sigan agrediendo así a nuestra gente”, prometió en una transmisión por redes sociales desde Caracas

 

El presidente encargado de la República y líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que hechos como el ataque de colectivos ocurrido este sábado contra la manifestación que él mismo encabezaba en una barriada de Barquisimeto, estado Lara, no lo hará retroceder de su objetivo: lograr la salida del poder de Nicolás Maduro.

“La dictadura pudo haberme matado, pudo haberme asesinado el día de hoy, sin duda. Dispararon armas de fuego, me apuntaron, pero eso no nos va a hacer retroceder. Ni eso, ni detener a familiares, ni perseguir políticamente”, señaló en referencia al arresto de su tío, Juan José Márquez, apresado cuando volvía de su segunda gira internacional.

“Sabemos muy claramente a qué nos enfrentamos”, señaló en una transmisión en directo, a través de redes sociales, y apuntó que tales ataques por parte de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, a quienes llamó “cobardes”, los ejecutan porque “no pueden salir a las calles”. “Nos mantenemos fuertes y por eso nos envían sus asesinos”, recalcó al referirse a los colectivos, a quienes relacionó con grupos terroristas.

Aplaudió a los manifestantes en Barquisimeto y aseguró que, a pesar de la arremetida armada de los colectivos, “nadie retrocedió”. “Tuvimos hoy una acción muy clara para poder avanzar en todos los espacios. Pudimos avanzar con nuestra gente y protegerla a pesar de los heridos”, aseveró.

“Vamos a revisar las tácticas, no podemos permitir que sigan agrediendo así a nuestra gente”, prometió el presidente encargado e insistió en que este tipo de ataques no solo se denunciará, sino que se actuará de de manera organizada para evitarlos.

Las palabras de Guaidó estuvieron dirigidas a definir acciones de cara al 10 de marzo, fecha en la que se anunció una gran marcha nacional contra Maduro.

“Nuestro único límite es el límite físico. Hemos puesto nuestra vida al servicio de esta causa, pero con una sola persona tampoco es suficiente. Por eso lo importante de este mensaje y la necesidad de unirnos”, afirmó.

El líder parlamentario exigió “unificación en torno al pliego nacional de conflicto”, al que se sumarán transportistas, estudiantes y gremios.

Guaidó pidió que “convocar, comunicar y accionar” con miras a la próxima manifestación. “Todos movilizados de cara al 10 de marzo, siempre retando a una dictadura cobarde que no puede salir a las calles y por eso agrede así a la gente”, dijo.

Colectivos atacaron con disparos manifestación de Juan Guaidó en Barquisimeto
Un joven fue herido de bala, mientras que otras personas fueron golpeadas

Grupos armados, conocidos como colectivos, dispararon contra una manifestación convocada por el presidente encargado de la República y líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en el oeste de la ciudad de Barquisimeto, en Lara, alrededor de las 12:30 del mediodía de este sábado, 29 de febrero.

El tiroteo dejó al menos un herido de bala y otras personas golpeadas.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación presentes en la protestas, los colectivos que iban a bordo de motocicletas iniciaron una balacera cuando Guaidó recorría el sector La Gallera del barrio La Paz, en la parroquia Juan de Villegas.

El ataque, además de ahuyentar a los manifestantes, tuvo como objetivo a los vehículos de la caravana que trasladó al presidente de la AN. Uno de estos quedó totalmente destrozado por las balas mientras que otro fue presuntamente robados.

Los colectivos también atacaron a los periodistas que cubrían la caminata, quienes debieron refugiarse en casas del barrio porque comenzaron a perseguirlos.

 

En el lugar, señalan los reportes, había presencia de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, señalado por la ONU como un cuerpo represivo y señalado de cientos de ejecuciones extrajudiciales, y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la policía política del gobierno chavista.

El ex alcalde de Iribarren (Barquisimeto), Alfredo Ramos, y el diputado a la AN por Lara, Daniel Antequera, denunciaron que los colectivos emboscaron a la multitud y abrieron fuego pese a que en la marcha había personas de la tercera edad y niños. En pocos minutos, lograron dispersar a los asistentes que habían llegado de varias barriadas de la ciudad.

“Atacaron con armas, con fuego, dispararon balas contra los sectores que veníamos recorriendo esta barriada, pero eso no logró contener el avance incontenible del pueblo larense, del pueblo de Venezuela (…) Lo que ocurrió el día de hoy marca la lucha de calle de todo el país y de todo el pueblo”, señaló Ramos, quien aseguró que los colectivos actuaron bajo las órdenes del actual alcalde de Iribarren, Jonás Reyes, y la gobernadora de Lara, Carmen Meléndez.

“Cuando no les queda gente, lo que les quedan a las dictaduras son las balas y eso fue lo que vivimos el día de hoy. Y si creen que con esto nos van a chantajear, con el ataque a nuestra gente y a los vecinos que estaban ahí, incluyendo menores de edad (…) Si creen que con eso nos van a intimidar de cara al 10 de marzo, están muy equivocados. Si ellos traen violencia, nosotros traemos la voluntad de todo un pueblo, de mucha gente que no se va a acostumbrar, ni se acostumbrará ni rendirá para tener un mejor futuro”, dijo Antequera.

Tanto el ex alcalde como el diputado reiteraron el llamado a la manifestación nacional convocada por Guaidó para el 10 de marzo próximo, no solo para exigir que Nicolás Maduro abandone el poder, sino para pedir la realización de elecciones libres y la instalación de un nuevo Consejo Nacional Electoral.

“El llamado no es a que nos quedemos en nuestras casas, en nuestros espacios, asustados por la violencia. Si nos asustamos, nos encerramos y si nos encerramos, ganan ellos”, proclamó el parlamentario.

Cicpc detuvo a directora de investigaciones de Polichacao por presuntos nexos con la banda de El Coqui
La funcionaria fue arrestada la tarde de este viernes en la sede del cuerpo policial municipal

La tarde de este viernes, 28 de febrero, una comisión adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a la comisionada jefe Doris Rodríguez Piñango, directora de Investigaciones Penales de la Policía de Chacao, por estar presuntamente implicada en la balacera del pasado miércoles, 26 de febrero, entre las Fuerzas de Acciones Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la banda de “El Coqui”.

El arresto, que se produjo a las 5:20 pm, se coordinó con el director de Gestión Policial y la inspectora para el Control de la Actuación Policial del cuerpo de seguridad municipal, quienes fueron informados de que la funcionaria estaba bajo investigación por sus presuntos nexos con Carlos Luis Revette, apodado “El Coqui”, y Garbis Ochoa Ruiz, apodado “El Garbis”, líderes de bandas que operan en la Cota 905, al oeste de Caracas, y responsables del secuestro de un comerciante en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco.

La acción desencadenó una persecución por parte de las FAES contra los supuestos secuestradores en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del distribuidor de la autopista Valle-Coche,  y un enfrentamiento a tiros en plena vía pública, hecho en el que murieron cuatro de los presuntos delincuentes. Otras seis personas, transeúntes de la autopista, fueron heridas de bala.