Lorena Meléndez, autor en Runrun

Lorena Meléndez

Las familias de 14 de los asesinados durante las protestas de 2017 conformaron la Alianza de Familiares y Víctimas del año 2017 (Alfavic 2017), que exige justicia por los caídos así como el rescate de la memoria de esos días

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El expediente penal de Yorman Bervecía, asesinado en Barinas, está desaparecido desde 2018. 

Aunque hay fotos, videos y hasta una declaración de Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio, que confirma la participación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el homicidio de Juan Pablo Pernalete, ese componente de la Fuerza Armada insiste en que ninguno de sus miembros estaba en el lugar de los hechos aquel 26 de abril de 2017, cuando una bomba lacrimógena lo impactó en el pecho. 

Los familiares de Fabián Urbina, a quien un GNB disparó de frente en una manifestación en el Distribuidor Altamira de Caracas, cuentan que les difirieron 19 audiencias preliminares antes de que el caso del joven pasara a fase de juicio. 

Sobre el victimario de Manuel Sosa, a quien mataron en Cabudare, estado Lara, pesa una orden de captura desde el 21 de junio de 2017, pero todavía no ha sido ejecutada porque se trata de un uniformado. 

Todos, los cuatro jóvenes, fueron víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad del Estado durante las protestas contra Nicolás Maduro en 2017.

Las irregularidades están presentes en cada una de las investigaciones sobre estas muertes. “Esto es un luto permanente. Aparte del dolor que llevamos, nos tenemos que enfrentar a un sistema de justicia viciado que juega a cansarnos. Nos ponen muchas trabas en el proceso, es una lucha diaria. Queremos que sepan que vamos a seguir. No vamos a permitir que nos cansen”, reclama frente a las cámaras Elvira Llovera de Pernalete, madre de Juan Pablo, una de las voceras de la recién creada Alianza de Familiares y Víctimas del año 2017 (Alfavic 2017), una asociación civil sin fines de lucro que “persigue la memoria, verdad, reparación y no repetición de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela”, según dice el comunicado con el que anunciaron su constitución.

El grupo, conformado por 14 familias de víctimas de la acción violenta del Estado contra los manifestantes de 2017, fue presentado ante los medios de comunicación este 10 de diciembre, cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, en medio de un acto frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, donde también están desde septiembre pasado los representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. A ellos les entregaron una carta para informarles que, desde ahora, actuarán unidos.

Alfavic 2017 está integrada por los parientes de Juan Pablo Pernalete, Nelson Arévalo, Fabián Urbina, Luis Guillermo Espinoza, Rubén Darío González, Daniel Quéliz, Leonardo González, Yorman Bervecía, Miguel Castillo, Yoiner Peña, Augusto Pugas, Manuel Sosa, Roberto Durán, Luis Alviárez y David Vallenilla. La mayoría eran jóvenes, menores de 30 años, que salieron a protestar contra un gobierno que menoscabó sus libertades y calidad de vida.

El patrón del desgaste

La unión de las familias sirvió para que también advirtieran los patrones de irregularidades que se siguen en los casos. Una y otra vez les niegan el acceso a las copias certificadas de los expedientes, se desaparecen las solicitudes de arresto, dan tratos preferenciales a los imputados porque los cambian a retenes de los cuerpos de seguridad a los que pertenecen, difieren las audiencias para retrasar los juicios un año o más.

Un ejemplo de ese retardo procesal lo expuso Iván Urbina, padre de Fabián Urbina, quien acababa de salir de la primera audiencia de apertura de juicio del homicidio de su hijo, que fue diferida para el 25 de febrero de 2020 al mediodía. La razón que le dieron para posponerla es que no se notificó de ese acto a los familiares de las otras cuatro víctimas que fueron heridas en el mismo incidente que Fabián.

“De los 14 casos sistematizados en este informe, existen nueve que están prácticamente paralizados. Nos atiende la Fiscalía, pero no hay avances en las investigaciones. En más de dos años de ocurridos los hechos, la impunidad se mantiene (…) Los órganos de seguridad siguen burlándose de nosotros como familiares, siguen negándonos la justicia y el acceso a la verdad de lo que pasó en los hechos de 2017”, leyó Elvira Llovera de Pernalete en una rueda de prensa que se efectuó más tarde. Lo hizo frente a una mesa en la que estaban las medallas deportivas que había recibido su hijo, la franela beige del liceo de Rubén González, las fotos de Vallenilla y Arévalo, una camiseta con el rostro de Urbina estampado.

La madre de Juan Pernalete señala también que, en el caso de su hijo, el fiscal designado por el Ministerio Público ha sido cambiado 14 veces. Cada vez que eso sucede, todo el proceso debe comenzar de nuevo. Por eso no deja de ir todas las semanas a esa instancia para exigir que le soliciten a la Guardia Nacional los libros de novedades, el “parte” de armas usadas y todos los documentos con los que se pueda comprobar que el asesino de su hijo es un militar. La respuesta de la Fiscalía es que la Fuerza Armada no les suministra ninguna información.

En ese juego del desgaste del que se siente víctima, también la criminalizan. “Una vez, cuando fuimos a pedir una copia del documento, dijeron ‘busquen el expediente del guarimbero’. Yo les contesté que donde estaba ese término para referirse a mi hijo. Esa es una situación que no solo nos desgasta emocionalmente. Los órganos encargados de dar justicia no te acompañan, sientes que estás luchando contra un Estado completo, que no tienes instituciones”, asegura.

Memoria en lugar de sobornos

La nueva Alianza también rechazó que desde el gobierno se les haya querido sobornar con ayudas económicas. Así sucedió cuando la asamblea nacional constituyente conformó la Comisión de la Verdad, presidida por Delcy Rodríguez, órgano que convocó a reuniones a los familiares para ofrecerles sueldos mínimos de por vida, la cobertura de los gastos funerarios e incluso viviendas, con tal de que no continuaran exigiendo justicia. Ninguno de los miembros de Alfavic 2017 aceptó.

“Nosotros lo que buscamos es justicia y la no repetición de los hechos que marcaron a nuestros familias. Queremos crear memoria histórica de lo que pasó en 2017, cuando nuestros hijos salieron a protestar y fueron asesinados por los organismos del Estado”, señaló Iván Urbina. “Los jóvenes asesinados tenían historias, tenían familia y fueron tildados de delincuentes y terroristas, de criminales, todo por ejercer sus derechos fundamentales”, añadió Llovera de Pernalete.

Los familiares también reclamaron haber sido víctimas de acoso y hostigamiento. Olga González, esposa de Leonardo González, el payaso de hospital que fue acribillado por policías de Naguanagua, explicó que nunca recibió respuesta ante la solicitud de medida de protección que pidió a los tribunales, aun cuando vio que los oficiales acusados por el asesinato de su marido estaban libres.

A la familia Pernalete le fue otorgada una orden judicial para que la Policía Nacional se hiciera cargo de su seguridad, pero en ningún momento este cuerpo de seguridad se las ha ofrecido.

A Yoinier Peña, joven  con discapacidad cognitiva asesinado por colectivos en Barquisimeto,  estado Lara, lo custodiaron militares mientras estuvo hospitalizado antes de morir. “Los guardias iban y venían y él temblaba. Cuando yo me iba a buscar los medicamentos, también me observaban”, recordó su mamá, Yaneth Hernández.

A Zulmi Espinoza, madre de Luis Guillermo Espinoza, muchacho de 15 años a quien mataron en Carabobo, la persiguió la GNB poco después de ofrecer una declaración en un centro comercial, y un episodio similar se repitió cuando dio en su casa unas entrevistas a varios medios de comunicación. “Cuando los reporteros se fueron, pasaron unas 10 motos, con hombres vestidos de negro, frente a la casa. Nosotros tememos por nuestras vidas porque sabemos que estamos peleando contra gente que nos garantiza ese derecho”, afirmó.

Cambio de sitio a última hora

Rodolfo Montes de Oca, abogado de Provea que ayudó a la nueva organización, informó que la rueda de prensa debió cambiar de lugar a última hora. El lugar anunciado para el evento había sido la Sala Cabrujas, que depende de la Alcaldía de Chacao y está a pocos metros de la sede del PNUD en donde se entregó la carta. En horas de la tarde del lunes, 9 de diciembre, el coordinador de Programación del recinto informó que “por órdenes de arriba” el acto no se podría efectuar allí.

Al final, el encuentro con los medios se hizo en las oficinas de Chacao del LaboCiudadano, otra de las organizaciones que colaboró con Alfavic 2017 en su presentación.

Entre las próximas acciones, la Alianza prevé ejercer presión sobre las instituciones al acompañar a los familiares cuando haya audiencias, reunirse con representantes de las embajadas de países que pertenecen al Consejo de Seguridad de la ONU y hacer un par de visitas al Comité de Derechos Humanos de la misma organización en Ginebra, Suiza. Esperan que a su nueva Alianza se unan más padres y familiares de los 158 asesinados durante las protestas de 2017.

#MonitordeVíctimas | Lo asesinaron por una deuda de 10 dólares
Al joven de 21 años lo mataron en Carapita. Al día siguiente, en horas de la madrugada, otro muchacho de 20 años cayó por un disparo en la cabeza

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Una discusión entre conocidos terminó en una tragedia. Kelvin José Pérez Benítez, de 21 años, fue asesinado por un hombre al que le debía 10 dólares poco después de tener un altercado en plena calle, a las 4:00 pm.

El hecho ocurrió el sábado 30 de noviembre en el sector 1 de Mayo de Carapita. Pérez Benitez estaba allí cuando fue sorprendido por su victimario, que comenzó a reclamarle la deuda. Poco después sacó una pistola y le disparó cuatro veces. Le quitó todas sus pertenencias.

El muchacho fue trasladado por vecinos hasta el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. Allí lo ingresaron y operaron. Pero, después de la cirugía, murió. Eran las 11:30 pm

El joven trabajaba en una fábrica de zapatos y vivía alquilado en una habitación en Carapita desde hacía tres meses. Era el mayor de tres hermanos.

Muerto cuando celebraba su cumpleaños

En la calle principal de El Cerrito en Mesuca, Petare, ocurrió otro homicidio. Allí amaneció el cadáver de César Antonio Acosta Tanier, de 20 años, el pasado domingo 1 de diciembre. Tenía un disparo en la cabeza que, según la versión de los vecinos, le fue propinado alrededor de las 3:00 am. Aunque escucharon los disparos, nadie salió a auxiliarlo. El cuerpo fue recogido 8 horas después, a las 11:00 am.

Familiares del joven desconocen la razón del asesinato, aunque no descartan que se haya tratado de un robo porque le quitaron sus documentos y teléfono. Su padre, Elvis Acosta, habló con él la noche del sábado 30 de noviembre, pues estaba de cumpleaños. Alrededor de las 9:00 pm, el muchacho le comentó que estaba celebrando en la calle con unos amigos. “Yo le dije que se fuera para la casa, que era muy tarde, pero no me hizo caso. En la mañana, me avisaron que estaba muerto”, contó Elvis Acosta.

Acosta Tanier trabajaba en el Mercado de Mesuca, donde tenía un puesto de venta de comida procesada. Era padre de un niño y el menor de sus tres hermanos.

 

#MonitorDeVíctimas | Su pareja lo mató con un cuchillo por haberla engañado
Marco Jordán Camacho Villalobo se desangró en la calle luego de haber recibido tres puñaladas: una en el cuello, otra en el brazo y una más en el pecho. Su victimaria fue detenida por el Cicpc horas después del suceso

 

@loremelendez | Fotografía Carlos Ramírez

 

Dicen que cuando llegó la policía a su casa, ella lo negó todo a pesar de que todavía tenía rastros de la agresión en la cara. A pesar de que había dormido con las sábanas impregnadas de sangre. Ella no recordaba nada. Pero sus hijos, de 9 y 17 años, además de su cuñado, de 16 años, lo habían visto todo. Ella, Xiomara del Valle Martínez Rodríguez, de 39 años, había asesinado a su pareja la noche anterior.

El viernes 29 de noviembre, Martínez Rodríguez y su pareja, Marco Jordán Camacho Villalobo, de 35 años de edad, bebían alcohol en la casa donde vivían, en Ciudad Tiuna, urbanismo de Misión Vivienda en la parroquia Coche, al suroeste de Caracas. Pero con el transcurrir de las horas, cuando ya eran las 2:00 am del día siguiente, comenzó una discusión mientras estaban en su habitación. Ella le reclamaba por una pareja anterior y lo acusaba de haberla engañado. Él, al final, confesó que sí le había sido infiel.

La confirmación provocó que Martínez Rodríguez se abalanzara sobre su pareja con un cuchillo casero y se lo clavara en el cuello. Pero Camacho Villalobo no sintió nada. Siguió la discusión y le aseguró que la había engañado con muchas otras mujeres. La mujer lo hirió entonces nuevamente en el brazo.

Mientras todo pasaba, el hijo menor de Martínez Rodríguez le pedía a gritos que no lo matara. Su hijo mayor y su cuñado intentaban detenerla, pero ella no se dejaba acorralar.

“Yo me voy a comprar el lío, te voy a matar”, le dijo al hombre, a quien le clavó el cuchillo en el pecho. Finalmente, Camacho Villalobo cayó y su hermano lo tomó en sus brazos. Entre él y el hijo mayor de Martínez Rodríguez lo llevaron a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) cercano, pero nunca les abrieron las puertas.

“Lo llevaban cargado, pero él estaba muy mal. La sangre se disparaba a chorros por todos lados”, contó un familiar de la víctima en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Caracas, conocido como morgue de Bello Monte.

Poco después, Camacho Villalobo murió en la calle sin poder ser asistido. Su hermano intentó contener la hemorragia y le dio respiración artificial varias veces, pero no aguantó. Ningún carro se atrevía a trasladarlo a otro centro de salud. 

En casa se quedó Martínez Rodríguez quien, según los parientes de la víctima, durmió sin limpiar la sangre de su pareja, que había quedado en el colchón de la habitación y en el suelo. La mañana del 30 de noviembre, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) arribaron a la vivienda donde ocurrió el hecho y detuvieron a la mujer.  El caso lo lleva la Fiscalía 55º del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

Camacho Villalobo se dedicaba a vender golosinas en la calle y también trabajaba como barrendero en el plan “Juntos todo es posible”, que depende del Gobierno del Distrito Capital.

De acuerdo con Monitor de Víctimas, en 2018 hubo dos casos en los que las víctimas de violencia de género fueron hombres. 

 

 

Fiscalía anuncia detención de ocho presuntos implicados en masacre de Ikabarú y líder indígena lo desmiente
Transcurrieron casi dos semanas para que las autoridades divulgaran información sobre la matanza que, de acuerdo con los pobladores de la zona, fue ejecutada por las fuerzas de seguridad del Estado y no por una banda criminal, como dice la versión oficial

@loremelendez / Foto: Correo del Caroní

 

Trece días después de la masacre de Ikabarú, el Ministerio Público venezolano informó sobre la detención de ocho presuntos implicados en el suceso que se registró en esa comunidad del sur del estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil, y que dejó ocho mineros asesinados. Se trata de la primera declaración pública que ofrece esta instancia sobre el hecho desde que ocurrió.

Tarek William Saab, fiscal general de la República nombrado por la asamblea nacional constituyente, informó que desde el 23 de noviembre, un día después de la matanza, su despacho designó a los funcionarios de la Fiscalía 6ª de Bolívar para que se encargaran del caso y estos se trasladaron al sitio el día 24 en la mañana. Posteriormente, añadió, fueron designadas 3 fiscalías nacionales y una regional con competencia en derechos humanos.

La versión oficial señala que el crimen fue perpetrado por la banda liderada por Reiniero Alberto Murgueytio Bastardo (apodado El Ciego), quien tiene orden de aprehensión pendiente por el delito de homicidio intencional. Sin embargo, pobladores de la zona insisten en que los victimarios fueron funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado.

Las primeras averiguaciones, según Saab, condujeron a la detención de Braunis González Miranda, quien fue capturado en Los Caribes, a unos 15 kilómetros de Ikabarú; y de Jhonny Youseth López Marcano, arrestado en Santa Elena de Uairén. Ambos fueron presentados y privados de libertad por homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, robo agravado, robo agravado de vehículo automotor y agavillamiento.

En las últimas horas fueron detenidos otros seis implicados en el caso, informó el Ministerio Público. Entre ellos están Luis Eloy Acosta Castillo y Evimael Ozanin (indocumentado de nacionalidad brasileña), a quienes se les decomisó un pistola con seriales devastados y 198 municiones de distintos calibres. En otro procedimiento fueron capturados Derwins Casanova, Juan Carlos Valdemar, David Medina y José Ángel Morales, a quienes se les incautó una pistola.

El miércoles en la tarde fue el gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri, quien habló sobre el caso desde la Base Aérea Teófilo Méndez, en Puerto Ordaz, a donde arribaron cuatro de los detenidos.

Según Noguera, para aprehender a los presuntos autores materiales de la masacre se aplicaron “maniobras de desgaste”. Explicó que, en lugar de dispararles, los efectivos de la  Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Guayana y de la Zona de Defensa Integral (Zodi), junto a la Guardia Nacional, aislaron a los supuestos victimarios y les conminaron a estar sin comida ni posibilidad de movilización hasta que se rindieron.  

“Poco a poco se fueron entregando”, afirmó Noguera Pietri quien insistió en que en medio de los trabajos de inteligencia y las operaciones “no letales”, ocurrieron enfrentamientos entre la presunta banda armada y los funcionarios, pero no se registraron muertos ni heridos.

Para el gobernador, la masacre se produjo por “una disputa entre grupos por querer apropiarse de lo que hay en el entorno minero”. “Es posible que haya sido para apropiarse del tráfico de oro, combustible o drogas, pero ya eso queda en manos del Ministerio Público”, indicó.

Horas antes de esta declaración, el líder indígena Ricardo Delgado, exalcalde de Gran Sabana ahora en el exilio, aseguró que las detenciones eran un montaje hecho por el gobierno y que a cada uno lo llevaban con el rostro tapado, lo que dificultaba que la comunidad supiera a quien inculpaban.

Vía redes sociales, Delgado afirmó que López fue herido durante la masacre y el gobierno le ofreció trasladarlo hasta el hospital de Boa Vista, en Brasil, para que pudiera tratarse. Sin embargo, fue arrestado al momento de pasar la frontera.

El líder indígena señaló que la versión sobre la detención de José Ángel Morales es que este iba desde la comunidad de Playa Blanca hasta Ikabarú, cuando guardias nacionales lo bajaron de su vehículo y lo apresaron en la entrada del pueblo. “Ese mismo libreto cubano”, apuntó Delgado, se repitió con las aprehensiones de Franklin Fernández y Leandro Girón, cuyos nombres no aparecen entre los difundidos por el Ministerio Público.

Ikabarú en claves: De bloque especial del Arco Minero a escenario de una masacre
Ocho personas fueron asesinadas en el pueblo minero, próximo a la frontera con Brasil. Mientras Nicolás Maduro mantiene silencio sobre la matanza, los habitantes de la zona piensan que fue perpetrada por fuerzas de seguridad del Estado que actuaron encubiertas. Runrun.es reúne datos sobre las víctimas, presuntos victimarios y circunstancias que rodean el tercer hecho de sangre ocurrido en el municipio Gran Sabana en menos de un año

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(Nota actualizada el 6 de diciembre de 2019)

¿Qué pasó?

La noche del viernes 22 de noviembre de 2019, entre las 7:00 y 8:00 pm, un grupo de hombres armados y vestidos de negro arribó al pueblo de Ikabarú, en el Sector 7 del Territorio Pemón, y asesinó al menos a ocho personas a balazos y dejó herida a una más.

Ikabarú está a pocos kilómetros de la frontera con Brasil. Para llegar por tierra hasta esta zona, hay que tomar un desvío en Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, y conducir durante cuatro o cinco horas (pese a los cálculos de Google Maps) a través de una carretera nacional. Se trata de un área que desde hace décadas se dedica a la minería de oro. Entre los años 80 y 90 se instalaron allí sedes de empresas de procesamiento de minerales.

De acuerdo con la versión oficial, la masacre fue perpetrada supuestamente por integrantes de la banda “El Ciego”, el pran las zonas mineras de La Paragua y El Manteco, a más de 900 kilómetros de distancia del lugar de la matanza. Con el paso de los días, lugareños sospechan que, en realidad, se trató de una operación comandada por cuerpos de seguridad del Estado que pretenden militarizar los territorios indígenas para apropiarse de estos y sus recursos.

Las víctimas

Dos semanas después de la masacre no se había publicado ninguna lista oficial de víctimas. A los 13 días posteriores, el Ministerio Público confirmó la información que se había filtrado a través de reportes de activistas y líderes indígenas: se consiguieron ocho cadáveres. De acuerdo con imágenes de los cuerpos difundidas a través de servicios de mensajería y redes sociales, la mayoría recibió disparos en la cabeza.

Uno de los muertos fue un sargento retirado de la Guardia Nacional llamado Antonio José Perera Flores, de 46 años. En la zona era una de las personas más conocidas y respetadas porque fue durante años instructor de Instrucción Premilitar en el Liceo Nicolás Mesa, el principal centro educativo del municipio Gran Sabana.Cursó una licenciatura en Letras, mención Portugués – Español, en la Universidad Federal de Roraima, producto de un convenio educativo entre Brasil y Venezuela. Cada viernes, se iba a las minas de Ikabarú para ganar algo de dinero. Una fuente de la zona contó que le dispararon cuando tomaba fotografías de los victimarios. Lo enterraron sin hacerle autopsia.

Entre las víctimas reportadas por periodistas de la zona también está Máximo Jeremy Muñoz Solano, de 17 años, apodado como “Coquito”, el único menor de edad reportado muerto hasta ahora; Luis Alejandro Fernández Gómez, de 28 años; Richard Antonio Rodríguez Galvis, de 30 años; Eslie Ezequiel Basanta, de 33 años y Edison Ramón Soto Suárez, de 46 años, conocido por el apodo de “Báquiro”, quien era el único indígena del grupo.

Durante la mañana del lunes 25 de noviembre se hallaron otros dos cadáveres en la mina La Sabanita, cercana al pueblo de Ikabarú. Según los pobladores, eran los de Cristian y Cristóbal Ruiz Barrios. A este último era supuestamente a quien buscaban los victimarios antes de comenzar a disparar.

Cristóbal Ruiz Barrios y su hermano llevaban varios años en Ikabarú. Ambos provenían de Santa Elena de Uairén, de donde se fueron para trabajar como mineros. Quienes conocieron a Cristóbal, lo describen como un hombre poderoso en el negocio aurífero de la zona. Otros, en cambio, se refieren a él como un joven de clase media, hijo de un tornero, que se fue a las minas por necesidad. Ricardo Delgado indicó que a algunos de los vecinos de los hermanos asesinados les sorprendió la forma súbita en la que se enriquecieron tras comenzar a trabajar con el oro.

En el suceso también hubo un herido: Johnny López, de 25 años.

Los victimarios

La versión oficial sobre los hechos apuntó que los autores de la masacre habían sido los miembros de la banda de “El Ciego”, cuyo líder es un hombre de 32 años llamado Reiniero Alberto Murgueytio Bastardo, quien durante el último lustro se convirtió en uno de los “pranes” del oro más poderosos del estado Bolívar. Su mote es uno de los más mencionados en las zonas donde se explota el mineral en esa entidad.

El Ministerio Público informó que Murgueytio Bastardo no había sido capturado aunque tenía una orden de aprehensión pendiente por el delito de homicidio intencional. Sin embargo, otras ocho personas fueron detenidas por la matanza: Braunis González Miranda, Jhonny Youseth López Marcano fueron los primeros en ser presentados y privados de libertad por homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, robo agravado, robo agravado de vehículo automotor y agavillamiento.

Durante la segunda semana posterior a la masacre, se llevaron a cabo más aprehensiones: a Luis Eloy Acosta Castillo y Evimael Ozanin (indocumentado de nacionalidad brasileña) se les decomisó un pistola con seriales devastados y 198 municiones de distintos calibres. En otro procedimiento fueron capturados Derwins Casanova, Juan Carlos Valdemar, David Medina y José Ángel Morales, a quienes se les incautó una pistola.

“El Ciego” había sido integrante de la banda de Wilmer José Brizuela Vera, conocido como “Wilmito” o el “pran de pranes”, quien fue asesinado el 1 de abril de 2017 en el Centro Penitenciario de Aragua (cárcel de Tocorón). Ambos se aliaron mientras estuvieron recluidos en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, o cárcel de Vista Hermosa, donde el supuesto autor de la masacre de Ikabarú estuvo preso por un robo cometido en 2009.

De su poder da fe el informe sobre la masacre de Tumeremo que elaboró la comisión especial de la Asamblea Nacional designada para investigar el suceso. El grupo, conformado por los diputados Américo De Grazia, Luis Silva, Olivia Lozano, Rachid Yasbek y José Hernández, incluyó en los antecedentes de la matanza un documento, con fecha de enero de 2016, que el entonces comisario jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), José Gregorio Lezama Gómez, remitió a su superior: el director de ese cuerpo de inteligencia, Gustavo González López. Allí señalaba que el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, a través de su director policial, Julio César Fuentes Manzulli, otorgaba credenciales policiales y armamento a bandas delictivas que, a su vez, tenían la “responsabilidad de control” de diversos yacimientos. Entre los beneficiados estaba “El Ciego”, que era el encargado de las minas de El Manteco y La Paragua, además de controlar la capital: Ciudad Bolívar.

Desde 2017, “El Ciego” estaba en la mira del Cicpc. Este año cayeron varios de los integrantes de la banda en un par de operaciones policiales en El Manteco y Puerto Ordaz. En enero fue detenido, junto a otras cuatro personas, Charle David Lazo Pérez, quien supuestamente era el tercero al mando del grupo criminal. En agosto pasado, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se enfrentó a Yelitza Romero Salmerón, José Gregorio Contreras y un hombre no identificado, cuando presuntamente mantenían secuestrado a un comerciante dentro de su carro. Los tres murieron y fueron señalados como miembros como secuaces de “El Ciego”

La motivación de la banda para cometer la masacre sería la de desplazar a los actuales jefes mineros y tomar el mando de la zona. Pero una fuente en Santa Elena insiste en la hipótesis de las fuerzas de seguridad del Estado como responsables. “Aquí todos somos víctimas del terror después del 22 y 23 de febrero, pero nadie ni siquiera menciona a ‘El Ciego’”, dice.

El líder indígena y ex alcalde de Gran Sabana, Ricardo Delgado, sigue esa misma corriente y asegura que la operación fue ejecutada por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

“Muchos testigos dicen que ellos (los victimarios) salieron por la parte de atrás de la Medicatura de Ikabarú y allí lo que está es el Comando de la Guardia Nacional, es decir, tenían tiempo allí planificando, viendo todo y por supuesto sabían a quién iba a matar porque no fue una masacre masiva, sino selectiva”, asevera Delgado.

Los hombres armados, según el ex alcalde, se trasladaron en vehículos Toyota “chasis largo” y sin placas, que son comúnmente usados por organismos de seguridad venezolanos.

Para Delgado, las detenciones anunciadas por el Ministerio Público son un montaje hecho por el gobierno. Afirmó que a cada uno de los capturados lo llevaban con el rostro tapado, lo que dificultaba que la comunidad supiera a quien inculpaban.

El exalcalde  aseveró que uno de los arrestados, Jhonny Youseth López Marcano,  fue herido durante la masacre. El gobierno le ofreció trasladarlo hasta el hospital de Boa Vista, en Brasil, para que pudiera tratarse. Sin embargo, fue arrestado antes de pasar la frontera.

El líder indígena tiene también otra versión sobre la detención de José Ángel Morales, quien iba a bordo de una moto desde la comunidad de Playa Blanca hasta Ikabarú, cuando guardias nacionales lo bajaron de su vehículo y apresaron en la entrada del pueblo. “Ese mismo libreto cubano”, apuntó Delgado, se repitió con las aprehensiones de Franklin Fernández y Leandro Girón, cuyos nombres no aparecen entre los difundidos por el Ministerio Público.

“Pasan cosas que advierten que va a ocurrir otro desastre allí”, recalca Delgado, quien cuenta que días antes de la tragedia, el gobierno había movilizado hasta Santa Elena de Uairén varios autobuses, cargados de presuntos miembros de “colectivos” chavistas, para amedrentar a quienes asistieran a la manifestación del sábado 16 de noviembre, convocada por el presidente encargado de la República y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Se presume que parte de ese contingente participó en la masacre.

Esas movilizaciones de personas, sostiene Delgado, suelen suceder en medio de coyunturas políticas. “Son un patrón”, alerta, y recuerda que la masacre de Guasipati (municipio Roscio del estado Bolívar) del 16 de mayo de 2018 –que dejó más de seis muertos y al menos una decena de heridos- se ejecutó cuando el gobierno trasladó hasta Ciudad Guayana a cientos de mineros a propósito del cierre de campaña presidencial. En el mitin estaría Nicolás Maduro, entonces candidato a la reelección, quien prometería a los trabajadores dejarlos seguir con la actividad extractivista. Según el diputado a la AN, Américo De Grazia, esa circunstancia fue aprovechada por las bandas criminales de la zona minera para enfrentarse al Ejército y a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que custodiaban los yacimientos.

Delgado también advierte que, antes de la masacre, miembros de la seguridad pemón reconocieron en un punto de control a agentes de la DGCIM dentro de un grupo que se dirigía hacia Ikabarú. Una fuente en Santa Elena de Uairén, consultada por Runrun.es, apuntó que semanas atrás había corrido el rumor por el pueblo de que sucedería una tragedia similar a la de Kumarakapay. 

Esa alarma se había comunicado a la Guardia Nacional y al Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, organización que se define como defensora de los derechos de los indígenas y que fue creada a raíz del auge minero. Pero ninguna instancia tomó medida alguna para resguardar a la población.

Desde Colombia, la Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aseguró tener pruebas que culpan de la matanza al gobernador de Bolívar, Justo Noguera, y almirante William Serantes Pinto, quien desde julio pasado está al frente de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana.

Antecedentes

  • En 2013, a Ikabarú se le concedió un título de propiedad colectiva que, de acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, se otorgó sin el saneamiento de las tierras que exige la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI). No obstante, la entrega de documento permitió a las autoridades del sector la administración de sus tierras.

  • En febrero de 2016, durante el acto en el que Nicolás Maduro decretó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, el gobernante mencionó que Ikabarú sería parte de un Bloque Especial del proyecto aunque dentro del documento publicado en Gaceta Oficial tal disposición no aparece por ningún lado.
  • Tal anuncio, aunado a la agudización de la emergencia humanitaria, provocó que hacia esa zona arribaran miles de personas para trabajar en las minas. Los indígenas, entonces, tomaron medidas.

  • En septiembre de 2017, y en virtud de que el ingreso de personas foráneas a la zona había incrementado la inseguridad, así como de las amenazas de muerte que había recibido el capitán general del Sector 7, Juan Gabriel González, la Coordinación de Seguridad del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Indígena Pemón suspendió la entrada de quienes no residieran ni trabajaran en el área.

  • En el municipio Gran Sabana han ocurrido otros dos ataques armados en menos de un año. En el sector Occidental del Parque Nacional Canaima, Sector 2 (Kamarata – Kanaimö) del territorio pemón, hubo una incursión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el 8 de diciembre de 2018 que dejó un muerto y dos heridos. El gobierno justificó la acción al señalar que se trataba de la “Operación Tepuy Protector”, que había llegado para erradicar la minería dentro de la zona protegida. Runrun.es confirmó, meses después del episodio, que el extractivismo seguía practicándose en la zona.

    En febrero de 2019, en medio del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela exigido por Juan Guaidó, presidente de la República y de la Asamblea Nacional, el Ejército atacó la población de Kumarakapay, en el Sector Oriental de Canaima, y mató a tres indígenas. Al día siguiente, durante las protestas, la Guardia Nacional disparó contra la población y asesinó a otras cinco personas. Ambos hechos dejaron decenas de heridos y miles de desplazados, quienes se fueron de la zona por la militarización y persecución que se desató los días siguientes.

Reacciones

Foro Penal, a través de su coordinador de Pueblos Indígenas, Olnar Ortiz, fue la primera ONG venezolana en confirmar los sucesos de Ikabarú el día sábado, horas después de que habían ocurrido.

Provea publicó ese mismo día un informe preliminar sobre la masacre, en el que destacó que existía “tolerancia de estas acciones por parte de organismos del Estado”.  La organización señaló a la GNB de no actuar pese a la alerta de la comunidad.

“Lo que ha ocurrido en Ikabarú ha sido una práctica frecuente en los espacios con territorios con mineras, donde grupos delictivos denominados ‘sindicatos’ se apoderan a través del uso de la violencia para luego implantar un sistema de explotación en la zona con connivencia estatal que luego con la excusa de control toma las zonas para ‘explotación controlada’ (…) La aprobación y expansión del Arco Minero del Orinoco está ocasionando consecuencias en territorios indígenas, no sólo por la destrucción de sus territorios, sino por la apropiación sin consulta de sus tierras, el sometimiento a estructuras paralelas de dominación que actúan con apoyo del Estado, la violencia, el desplazamiento forzado y la pérdida de sus costumbres y culturas (…) Pedimos la investigación de los hechos, sanciones para los responsables y medidas para evitar su repetición”, se lee en el documento.

El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, Humberto Prado, emitió vía Twitter un comunicado sobre su preocupación por la noticia. “Tales hechos deben ser investigados y sus responsables sancionados. Un trabajo para la Comisión de Determinación de Hechos recientemente creada por la ONU para Venezuela, pues la falta de independencia de los poderes en Venezuela no garantiza credibilidad de resultados”, indicó mediante un hilo de mensajes.

El sábado, Guaidó también condenó la masacre. “¡Masacran a nuestros indígenas para robarse el oro de los venezolanos! No lo podemos permitir: hay que ejercer soberanía y hacer lo que sea necesario para defender a nuestra gente (…) El fondo de esta matanza a nuestros pueblos aborígenes y a la comunidad es el control de 8 toneladas de oro mensuales”, rechazó.

El lunes 25 de noviembre, el partido Primero Justicia (PJ), responsabilizó de la matanza a las mafias mineras del estado del sur del país. “El pueblo Pemón ha hecho su minería durante dos siglos de manera artesanal. El poblado de Ikabarú, como toda la Gran Sabana, era la zona de paz y tranquilidad de todo el estado Bolívar. Esta paz ha sido destruida por la fiebre del oro y por el arco minero, un arco destructivo del ecosistema, un arco voraz que busca y quiere tratar sin éxito de suplantar la renta petrolera por la renta del oro”, declaró el diputado Ángel Medina.

La comunidad de Parkupik, también del Sector 7 del territorio pemón, alertó a través de videos y audios sobre la posibilidad de que en la zona se repitiera un ataque como el de Ikabarú. Walter Torres, su capitán indígenas, advirtió que grupos armados merodeaban los alrededores y que la tarde del miércoles había arribado el gobernador de Bolívar, Justo Noguera, con un decenas de militares. 

El 1 de diciembre, las autoridades del pueblo pemón del Sector VI emitieron un comunicado en el que exigieron una investigación sobre el suceso y anunciaron que llevarán el caso a instancias internacionales.

El martes 3 de diciembre, 13 días después de la masacre, se ofrecieron las primeras declaraciones oficiales sobre el suceso. El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, habló desde la Base Aérea Teófilo Méndez, en Puerto Ordaz, a donde arribaron cuatro de los detenidos. Allí explicó que para aprehender a los presuntos autores materiales del hecho se aplicaron “maniobras de desgaste” a través de los efectivos de la  Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Guayana y de la Zona de Defensa Integral (Zodi), junto a la Guardia Nacional. “Fue una operación no letal”, indicó.

El miércoles 4 se pronunció Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, para difundir las identidades de los arrestados.

En silencio permanece Nicolás Maduro, lo mismo que el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, que se creó para defender los derechos de los indígenas.

“Nos sentimos bajo una amenaza. No sabemos qué es lo que pueda ocurrir esta noche”, recalcó el capitán indígena de Parkupik

El capitán de la comunidad indígena pemón de Parkupik del sur estado Bolívar, Walter Torres, informó la noche de este martes, 26 de noviembre, que un grupo armado podría atacar a su pueblo tal como ocurrió hace cinco días en la localidad vecina de Ikabarú, donde se ejecutó una masacre que dejó al menos ocho muertos y un herido.

“No sabemos quién está detrás de todo esto, pero sí sabemos que hay un grupo armado que está tomando el control del Sector 7 (del Territorio Pemón, en el municipio Gran Sabana de Bolívar). Tengo entendido que están cerca de mi comunidad, en Fariñero”, advirtió Torres.  La distancia entre los presuntos atacantes y su pueblo, dijo a través de un audio que envió vía Whatsapp, es de dos kilómetros.

“Nos sentimos bajo una amenaza. No sabemos qué es lo que pueda ocurrir esta noche”, recalcó.

El capitán indígena alertó que las comunidades deben “tomar posiciones” y aseguró que enfrentará la amenaza armada con diálogo. “Pero si ellos tienen otras medidas, no tendremos otra opción. Y esa opción es que no vamos a huir de la comunidad, negativo”, sentenció.

Torres llamó a otros capitanes indígenas a estar en guardia ante cualquier ataque. “Nuestro municipio está siendo azotado solamente para poder tomar el control de nuestro territorio”, señaló.

El lunes, Torres dijo en un video que su comunidad estaba amenazada por Justo Noguera Pietri, gobernador del estado Bolívar, y rechazó las “formas de proceder” de esta autoridad  regional en hechos anteriores, como el ataque en Canaima y las matanzas de febrero de 2019, cuando quedaron totalmente desprotegidos.

“Denunciamos públicamente al régimen de Venezuela, comandado por Nicolás Maduro Moros y el gobernador Justo Noguera, como único responsable de cualquier ataque que se le cause a nuestras comunidades indígenas, cuyo único interés es despojarnos de nuestras tierras para sus convenios con otros gobiernos”, insistió.

Desde que ocurrió la masacre, la comunidad de Ikabarú está incomunicada. “Tumbaron las torres de comunicación”, afirmó el ex alcalde de Gran Sabana, Ricardo Delgado, quien hoy está en el exilio.

Cinco días después de la matanza, presuntamente cometida por una banda armada que quiere tomar el control de los yacimientos de oro de la zona, ninguna autoridad regional o nacional se ha pronunciado sobre el asunto. A través de videos difundidos en redes sociales, se supo que el gobernador de Bolívar, Justo Noguera, estuvo en la comunidad para calmar a los pobladores. En la zona se sospecha que el ataque, en realidad, lo hicieron oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que actuaron de forma encubierta, tal como lo hicieron en Canaima el pasado 8 de diciembre de 2018, cuando asesinaron a un pemón e hirieron a otros dos.

Presuntos integrantes de la banda “El Ciego”, que domina la zona minera de La Paragua, arremetieron contra la comunidad para hacerse de los yacimientos mineros

Durante la noche de este viernes, 22 de noviembre de 2019, un grupo de hombres armados atacó el pueblo de Ikabarú, al sur del municipio Gran Sabana del estado Bolívar, y asesinó al menos a seis personas, entre ellos, a un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana.

De acuerdo con reportes de habitantes de la comunidad indígena, quienes dispararon fueron los integrantes de la banda “El Ciego”, que domina la zona minera de La Paragua, a unas tres horas de Ciudad Bolívar, capital del estado. Decenas de ellos arribaron al lugar con armas largas, vestidos de negro y en busca de un hombre llamado Cristóbal, quién supuestamente está a cargo de la mina “Caraota” de Ikabarú. Al no encontrarlo, arremetieron contra sus allegados.

Olnar Ortiz, coordinador de Pueblos Indígenas de Foro Penal, informó que entre los asesinados está Edidson Ramón Soto, de 47 años, un indígena pemón oriundo de Ikabarú. También confirmó la muerte del sargento mayor de la Guardia Nacional, Antonio Perera.

Ikabarú, próxima al parque nacional Canaima, es una comunidad del sector 7 (también llamado Ikabarú) del territorio pemón, en donde habitan tanto indígenas como no indígenas. Se trata de una zona minera reconocida como tal por el Estado desde hace décadas. Quienes controlan los yacimientos son los mismos habitantes de la zona. De hecho, ellos deben pagar un procentaje a los caciques del sector para poder trabajar.

La masacre cometida por la banda armada ocurrió para que este grupo armado tomara el mando de esas minas.

Maduro califica sucesos de Bolivia como
Según el gobernante, la organización dio una “puñalada por la espalda a Evo Morales con el informe que denunció múltiples irregularidades en los comicios del 20 de octubre

 

Para Nicolás Maduro, los sucesos ocurridos durante las últimas horas en Bolivia, que decantaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, son parte de un “golpe de Estado”.

“No se puede estar con medias tintas a esta hora. Es un golpe de estado de derecha y fascista, preparado con saña, odio, violencia y racismo, mucho racismo”, denunció el gobernante la noche de este domingo, 10 de noviembre de 2019, a través de un contacto telefónico transmitido por Venezolana de Televisión.

Maduro también señaló que el opositor boliviano Luis Fernando Camacho era el “fascista mayor” por haber convocado a las protestas antigobierno y al ataque contra la familia de Morales.

Según el mandatario venezolano, el plan para dar el “golpe de Estado” a Morales arrancó hace tres semanas, tras las elecciones generales del pasado 20 de octubre que, de acuerdo con un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), fueron escenario de múltiples irregularidades.

Para Maduro, el documento emitido por la institución, que actuó como observadora en los comicios, “era desencadenante para más violencia”.

“La OEA no es capaz de mostrar una sola irregularidad, pero le mete la puñalada a Evo por la espalda. La OEA, que ha avalado todos los golpes de Estado en América Latina durante 100 años. La OEA forma parte de este golpe de Estado contra Evo Morales”, fustigó.

El gobernante dijo que este domingo “se consumó el golpe” con la desobediencia de los cuerpos policiales, que se acuartelaron como medida de protesta contra el gobierno, y el llamado que hizo el Alto Mando Militar boliviano a Morales para que dimitiera.

“Los movimientos sociales y políticos del mundo nos declaramos en movilización para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del racismo”, escribió Maduro en Twitter tras la renuncia del ahora expresidente.