Lorena Meléndez, autor en Runrun

Lorena Meléndez

COVID-19 en Venezuela: solo 4 casos se registraron el sábado #28E según reporte oficial
No se informó sobre nuevos fallecimientos por el virus en esta jornada

La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID-19, encabezado por la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, informó la noche del sábado 28 de enero de 2023, que durante las últimas horas se detectaron cuatro nuevos contagios en Venezuela.

Los estados en donde se localizaron los nuevos casos fueron Bolívar, Caracas, Nueva Esparta y Yaracuy.

De acuerdo con el reporte oficial, el total de contagios desde que se decretó el confinamiento en marzo de 2020, alcanzó los 551.412. Actualmente hay 724 casos activos. El total de fallecidos continúa en 5.845.

Desafíos ambientales para Venezuela en 2023: controlar la minería ilegal en la Amazonía y mitigar riesgo de deslaves
Los verdaderos lineamientos que definen la propuesta de defensa de la Amazonía, promovida por Nicolás Maduro y Gustavo Petro en la COP27, se conocerán a lo largo de un año en el que también se espera que Venezuela se comprometa a expulsar a los grupos armados que operan en el sur del país, sobre todo donde está el Arco Minero del Orinoco
La mitigación de los riesgos a través de la reactivación de estaciones hidrometeorológicas en todo el territorio, será clave para salvar vidas en caso de que se repitan las lluvias torrenciales que sacudieron al país en 2022

Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Runrun.es de Venezuela.

Lorena Meléndez G. @loremelendez 

 

Para Venezuela, 2023 comienza con promesas gubernamentales inéditas. La presencia del presidente Nicolás Maduro en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), en Egipto, le permitió mostrar una postura nunca antes vista: la de férreo defensor de una Amazonía que él, a través del decreto del Arco Minero del Orinoco en 2016, transgredió al poner el extractivismo por encima del ambiente. La propuesta es examinada por científicos y activistas que, a la expectativa de detalles que den luces sobre hacia dónde apunta la estrategia del gobierno, afirmaron que cualquier plan debe incluir acciones que el mandatario y su equipo probablemente no estén dispuestos a cumplir.

En la cumbre COP27, Maduro fue uno de los líderes que aupó el acuerdo para el financiamiento de pérdidas y daños climáticos, porque en breve su gabinete presentará solicitudes de recursos económicos para proyectos ante el Fondo Verde del Clima, un mecanismo financiero creado en 2010 por las Naciones Unidas para ayudar a países en desarrollo en su adaptación y mitigación del cambio climático. Expertos opinan que, para alcanzar esos recursos, Venezuela debería comprometerse con el desarrollo de una economía más verde y aminorar los riesgos a los que millones de venezolanos se exponen ante las lluvias torrenciales que solo en 2022 dejaron al menos un centenar de muertos. 

En el estado de Bolívar hay 198 comunidades indígenas y varias de ellas se ubican en territorios de grandes depósitos de coltán, como sucede en la zona de Parguaza. Foto: Bram Ebus

A estos desafíos para el nuevo año, se suman la insistencia en la defensa de las áreas protegidas, donde las construcciones ilegales no cesan, y de los pueblos indígenas acorralados por el extractivismo. 

Los retos de 2023 se deben cumplir en un país carente de cifras y datos oficiales en materia ambiental.

En el Arco Minero del Orinoco se desconoce oficialmente cuántos venezolanos se dedican al extractivismo ilegal. Además, no hay un organismo oficial que lleve la cuenta de la cantidad de derrames petroleros que anualmente afectan al país. Asimismo, se desconocen los detalles de los informes de impacto ambiental que se presentan ante el Ministerio de Ecosocialismo cada vez que se planifica hacer una nueva construcción dentro de un parque nacional. Las pocas estaciones meteorológicas operativas no recolectan los datos suficientes para predecir las lluvias y prevenir desastres. Ante esta ausencia de información, planificar soluciones acorde con la realidad es más complejo.

Para hablar de los desafíos ambientales que Venezuela tiene en el 2023, Mongabay Latam conversó con activistas, ambientalistas y científicos. Ellos están convencidos en su tarea de documentar y denunciar lo que pasa en el país.

Uno de los desafíos de 2023 será hacer seguimiento a las promesas de Maduro en la COP27. Crédito: Prensa Presidencial.

 

 

Compromisos que deberían asumirse en la Amazonía venezolana

Nicolás Maduro volvió a una COP tras ocho años de ausencia, un período en el que se mantuvo cercado y alejado de las cumbres internacionales en medio de los cuestionamientos a su gobierno por la violación de los derechos humanos; las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá y hasta una recompensa de 15 millones de dólares americanos por su captura. Esta vez, su discurso estuvo enfocado en culpar a las “elites negacionistas” por ignorar el cambio climático y endilgarles los avances del mismo a lo largo de 30 años. Citó también cómo el exmandatario venezolano Hugo Chávez y el cubano Fidel Castro advirtieron sobre la degradación del planeta, al tiempo que abogó por la aprobación de la creación de un fondo de financiamiento de pérdidas y daños climáticos. Este es un mecanismo financiero para que los países en desarrollo puedan acceder a recursos económicos como compensación por afectaciones relacionadas con el fenómeno global.

Dicho interés va de la mano con los proyectos que su gobierno presentará ante el Fondo Verde del Clima, creado en 2016 con el Acuerdo de París con el objetivo de financiar las iniciativas contra el cambio climático en los países en desarrollo. Estos proyectos serán supervisados por una comisión presidencial que Maduro creó a finales de noviembre de 2022.

Antes de poder beneficiarse con algún fondo climático, los expertos señalan que Maduro debería asumir compromisos que avalen que el país se decanta hacia lo sustentable y eviten que la cuota de emisiones de metano –que, junto al dióxido de carbono, es el principal gas de efecto invernadero– se eleve (la estimación del Banco Mundial la ubicó en 119.240 para 2019, pero la reciente reactivación de la industria debe haberlas aumentado). Pese a que el Acuerdo Global de Metano, anunció en 2021 en el marco de la COP26 en Glasgow, Escocia, la promesa de reducción de 30% de estas emisiones para 2030 con la rúbrica de más de un centenar de países, el Estado venezolano no lo ha suscrito. Para el sociólogo y miembro del Observatorio de Ecología Política, Emiliano Terán Mantovani, Venezuela “pudiera, debiera y le convendría” dar un viraje en este sentido y apostar por una diversificación de la economía.

“Nosotros podemos enrumbar una recuperación económica que no dirija, otra vez, las inversiones únicamente hacia intereses extractivos petroleros y mineros”, afirmó. Apuntó que desde el gobierno se debe reevaluar el potencial agrícola y turístico del país.

La falta de información sobre las afectaciones de las actividades extractivistas parecen demostrar el desinterés del gobierno de Maduro en la protección del medio ambiente. La organización venezolana sin fines de lucro Clima21 publicó una investigación que documentó la ocurrencia de 199 derrames de crudo de 2016 a 2021, un tiempo en el que apenas se tuvo información oficial sobre cada evento. En el informe se señala “una creciente desinformación” sobre el tema y la sospecha de que “la frecuencia de estos accidentes parece seguir incrementando en los últimos años (…) Esta situación indica que el Estado venezolano está desconociendo sus obligaciones derivadas del marco internacional de los derechos humanos, así como de las leyes nacionales y los acuerdos y compromisos internacionales en materia de gestión y conservación ambiental”, apuntó el documento. 

En la COP27, Maduro también prometió encabezar, junto con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, una iniciativa para salvar la Amazonía. Pero ninguno de los dos mandatarios reveló, o siquiera ha adelantado, las estrategias detalladas que implementarán para llevar a cabo esta idea. Expertos apuntaron que lo primero que debe cambiar, al menos en Venezuela, es la perspectiva desde donde se mira la pérdida de los bosques tropicales.

Deforestación por incendio provocado en la Sierra de Aroa, Venezuela. Foto: Delvis Romero.

Para Alejandro Álvarez, biólogo, ambientalista y director de la organización venezolana sin fines de lucro Clima21, dedicada a la defensa de los derechos humanos ambientales, el primer trabajo que debe hacerse es que se comprenda a la deforestación de la Amazonía como un tema que trasciende lo nacional y llega a ser global. “Tenemos que dejar de pensar que es un problema del sur de Venezuela. Hay que hacer un esfuerzo, entre distintos grupos de personas, y comunicar el valor que esa selva tiene para la supervivencia (…) Su pérdida va a ser un lastre extraordinariamente grave para todos”, subrayó.

En agosto de 2022, el informe de Clima21 “Bosques en desaparición: Deforestación en Venezuela 2016-2021” reveló que Venezuela es el país que más se ha acelerado la pérdida de bosques naturales con respecto a cifras de años anteriores. La cifra de casi 49 mil hectáreas deforestadas anuales en los últimos cinco años no es alentadora. Las estadísticas de Global Forest Watch expusieron que, entre 2002 y 2021, Venezuela perdió 556 000 hectáreas de bosque primario húmedo, que equivale al 26% de la cobertura arbórea que perdió en ese mismo periodo de tiempo. Sin embargo, en términos de extensión de las áreas deforestadas, el promedio de Venezuela sigue siendo inferior al de otros países de la cuenca amazónica.

Deforestación por incendio provocado en la Sierra de Aroa, Venezuela. Foto: Delvis Romero.

Álvarez enfatizó la necesidad de actualizar la política ambiental del país acorde con los tiempos que corren. “Aquí hay una especie de simulación de política ambiental y los factores políticos de oposición tampoco la tienen, sino que tienen unos planes tan desarrollistas como el propio gobierno, como si estuviésemos en los años 80, como si no hubiera pasado nada, como si el cambio climático no fuese la mayor amenaza sobre la Tierra”, sentenció. 

Para la bióloga Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, cualquier convenio sobre la Amazonía venezolana debe incluir tres acciones contundentes: la primera, la eliminación de la minería en todos los parques nacionales. Segunda, la desmovilización de los grupos de crimen organizado y la guerrilla, que hoy controlan los territorios donde se explota el oro bajo la mirada de los militares y vulneran los derechos de los pueblos indígenas. Y tercero, la inversión en sistemas de monitoreo y control sobre este basto territorio, que vayan de la mano con la optimización de los centros de investigación universitarios.

 

 

Alternativas a la minería

El avance de las empresas extractivas del Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, al sur del país, promete más devastación y contaminación en los próximos años, pese a la continua denuncia de organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales y medios de comunicación sobre la situación. La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro durante el último trimestre de 2022 fue militarizar la zona e incluso hacer incursiones en parques nacionales que están dentro de la Amazonía venezolana como Canaima, también en el estado Bolívar, y Yapacana, en Amazonas, en donde se anunció el decomiso de armas, arresto de mineros, y la destrucción de embarcaciones y equipos usados con fines extractivistas. No hay información pública que evalúe el éxito de dichas estrategias militares para contener la minería ilegal.

Así se ve la degradación ambiental por minería ilegal en Yapacana, Venezuela. Crédito: MAAP program of Amazon Conservation

No se sabe exactamente el área de cobertura vegetal con la que ha arrasado la minería ilegal en el país, pero el informe “Bosques en desaparición: Deforestación en Venezuela 2016-2021” de Clima21, detalló que “de los cinco estados que concentran 57 % de la deforestación nacional, hay dos (Bolívar y Amazonas) severamente afectados por el extractivismo del oro”. Se trata de una industria en la que trabajan miles de venezolanos, bajo el control de grupos criminales armados y las guerrillas colombianas o disidencias de las FARC, que produce anualmente unas 35 toneladas de oro. De esto, apenas 30% van a las manos del Estado, de acuerdo con estimaciones de la organización internacional Transparencia Venezuela, dedicada a investigar la corrupción global.

Los verdaderos efectos de estas acciones se verán en el transcurso de 2023. Por eso, desde el activismo y los pueblos indígenas, las soluciones para contrarrestar la fiebre del oro, coltán y otros minerales, y salvar vidas, parten de los ciudadanos y no de un Estado que durante años ha ignorado su situación.

Balsa minera en el río Cuyuní, en el pueblo de El Dorado, en el estado Bolívar. Crédito: Investigación «Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco», de Runrun.es.

 

 

Protección a los pueblos indígenas

Para Eligio DaCosta, indígena baniva y coordinador general de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), la llegada de la minería legal al estado Amazonas –donde está decretada su prohibición desde 1989– está cada vez más cerca. Allí, Mongabay documentó cómo esta actividad minera en el parque Yapacana se conecta a la economía ilegal del departamento de Guainía en Colombia y el desastre ambiental que supone en medio de un absoluto abandono de las instituciones de ambos países.

“Nos están asomando al Arco Minero por allí y nosotros nos estamos preparando para resistir a esa situación, porque hacia allá va el ojo del Estado, porque este es un territorio estratégico”, sentenció quien en años anteriores denunció  la apertura de una oficina gubernamental de minería y la existencia de una valla publicitaria que promocionaba una empresa de insumos mineros en la entidad. Los reclamos de las comunidades lograron que ambas iniciativas fueran frenadas. Pero la amenaza continúa, advirtió DaCosta.

El líder baniva llevó al Congreso de la Nueva Época Capítulo Indígena, organizado por el Ministerio de Pueblos Indígenas, la idea de acelerar las demarcaciones de territorio que están en deuda desde 1999, a través de la declaración de tierras colectivas en donde hacen vida distintas etnias.

Militares venezolanos desactivan balsa minera en el Parque Nacional Yapacana, en Amazonas. Prensa FANB.

“Tenemos dos territorios priorizados: el del pueblo ancestral Uwottüja de la cuenca del Sipapo y el Yabarana en el municipio Manapiare. Y de allí vamos con todos los pueblos (…) Eso nos ayudará a minimizar la minería porque los pueblos acordarán la protección de sus tierras y hará que prevalezca la paz. La destrucción del territorio también la hace nuestra misma gente”, aclaró DaCosta, convencido de que el documento permitiría la expulsión de los grupos armados que operan en la zona.

La otra línea en la que trabaja ORPIA es la economía indígena, que contempla el fomento de los trabajos ancestrales que no destruyen la naturaleza: desde la siembra de conucos –pequeñas parcelas de tierra dedicadas al cultivo– y el comercio de sus productos hasta la artesanía. 

Para Alejandro Álvarez es necesario que estas iniciativas tengan apoyo de fondos internacionales. “Muchos grupos indígenas están yendo a la minería por el empobrecimiento y eso los empuja a lo único que tienen para poder conseguir dinero”, subrayó.

El biólogo y ambientalista destacó que su organización trabaja, junto con el Observatorio para la defensa de la vida (Odevida), en la elaboración de un mecanismo de protección a personas bajo amenaza en su propio territorio, sobre todo luego de la aparición de grupos armados vinculados con el tráfico de drogas en Amazonas, quienes serían los presuntos autores del asesinato del coordinador de los Guardianes Territoriales Uwottüja, Virgilio Trujillo, en junio de 2022.

Organizaciones indígenas del estado de Amazonas participaron en el Congreso de la Nueva Época en Caracas. Crédito: Facebook Orpia.

 

 

Mitigar el riesgo

En el central estado Aragua ocurrió, en menos de un par de semanas, la tragedia de Las Tejerías –que dejó más de 60 muertos y 1.400 familias afectadas según la organización de promoción y asistencia de la Iglesia Católica, Cáritas Venezuela– y la inundación de Los Castaños, que mató a cuatro personas y destrozó medio centenar de viviendas. En los andes venezolanos, al occidente de la nación, los desbordamientos de ríos y quebradas azotaron pueblos de Mérida y Táchira, e hicieron lo mismo en zonas de centro occidente, como en los estados Lara y Falcón. Las lluvias también rompieron puentes en el Litoral. Todo dejó al descubierto la vulnerabilidad de la población ante los deslaves torrenciales que azotaron Venezuela durante 2022. La gestión del riesgo es una asignatura pendiente para 2023. Lo único que evitará más muertes y pérdidas será la prevención.

Un primer paso en este sentido lo dio el gobierno venezolano el pasado diciembre de 2022 cuando inauguró la Sala de Batalla Multidimensional “Hugo Chávez”, que tiene entre sus objetivos la generación de alertas tempranas en materia de gestión de riesgo. Pero la efectividad de esta instancia dependerá del funcionamiento de los instrumentos que ayuden a pronosticar los eventos extraordinarios y prevenir las catástrofes. 

Para el ingeniero e investigador del Instituto de Mecánica de Fluidos de la Universidad Central de Venezuela, José Luis López, el fortalecimiento de la red de mediciones hidrometeorológicas es fundamental. El experto estima que, de acuerdo con la información disponible en línea, en los últimos 15 años, la operatividad de las estaciones que recopilan estos datos se redujo un 86%. Por eso considera crucial su recuperación, sobre todo las que están en áreas prioritarias y más afectadas por las precipitaciones, así como informar cuántas y cuáles están activas, y cuáles son sus características. 

Para evitar una tragedia como la de Las Tejerías es crucial la reactivación de las estaciones meteorológicas. Crédito: Rossana Batistelli, Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual.

“Las estaciones deben ser telemétricas, es decir, que hagan las mediciones en tiempo real y no cada 24 horas, como hoy trabajan algunas. Esta es la única forma en la que pueden dar alertas”, subrayó. Insistió López en que se deben determinar los umbrales críticos de lluvia para cada cuenca, porque de acuerdo con estos valores se pueden crear alertas de preparación o evacuación, según sea el caso.

Para el ingeniero hidráulico también se debe actuar directamente en las zonas afectadas. En Las Tejerías, por ejemplo, recomendó el diseño y construcción de canalizaciones de quebradas y presas. Todo debe ir acompañado de una campaña en medios de comunicación y otras vías, que eduquen a la población sobre el riesgo y eviten el levantamiento de viviendas en los márgenes de los ríos y quebradas.

Expertos recomiendan campañas para educar a la población para prevenir desastres como el de Las Tejerías. Crédito: Rossana Batistelli, Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual.

 

dicaprio

 

En defensa de las áreas naturales protegidas

Las amenazas de construcciones ilegales contra las áreas naturales protegidas en el último lustro no hacen más que aumentar cada año y en 2022, la mira estuvo sobre los tepuyes de Canaima, en el sureño estado Bolívar, gracias a la excéntrica celebración de cumpleaños del empresario Rafael Oliveros, vinculado con el chavismo. Pero también estuvo en las playas de Mochima, al nororiente del país; en las montañas de Sierra Nevada, en el andino estado Mérida, y  en el Cerro María Lionza, en el centro occidente de la nación. Ni siquiera la declaración de parques nacionales o monumentos naturales ha evitado que en estos espacios que custodia el Estado se aprueben planes que van en detrimento de las normativas para su preservación.

Uno de los proyectos turísticos que se prevé construir en el Parque Nacional Mochima. Crédito: Sunep Inparques.

Esa constante violación de los reglamentos es el reflejo de una institucionalidad perdida. Por eso, la bióloga Vilisa Morón, insistió en su recuperación. “Sin eso es limitada la acción, tanto de los funcionarios responsables como de la ciudadanía”, recalcó.

Con este planteamiento coincide José Ramón Delgado, oceanógrafo, experto en gestión de zonas costeras y director de la Fundación Caribe Sur, una organización venezolana enfocada en contribuir con la conservación y difusión del patrimonio natural y cultural de esta región. Delgado sostiene que las afectaciones en el parque nacional Mochima, donde se inauguró una posada dentro de una isla prohibida, y los planes de múltiples desarrollos turísticos en la Isla La Tortuga, tienen un mismo origen: “el incumplimiento de las leyes y la idea de querer adoptar modelos no cónsonos con la realidad ecológica venezolana”.

 

 

El otro desafío recae, según Morón, sobre la participación ciudadana: una suerte de alianza entre academia, empresa, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil que se familiarice con las leyes ambientales y la importancia de un “capital natural” que es capaz de mitigar el cambio climático, proteger las cuencas, estabilizar y aportar fertilidad al suelo.

“El mayor reto para 2023 es poder continuar las labores del activismo ambiental, haciendo seguimiento, alertando y denunciando las ocurrencias de quienes solo quieren hacer un buen negocio y no consideran si es el proyecto es apropiado, oportuno, sustentable y, sobre todo, jurídicamente viable, respetuoso del ambiente y de las leyes”, indicó Delgado. Todas estas acciones las debe emprender una sociedad civil organizada con un difícil panorama económico y una academia que apenas tiene recursos monetarios y humanos para sostenerse.

*Crédito de imagen principal: Investigación «Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco», de Runrun.es.

#MonitordeVíctimasCaracas | Bandas de Petare asesinan a joven pelotero

Los parientes de Luis Manuel Romero Alemán dicen que él jugaba pelota desde los tres años de edad. Foto: Cortesía

Durante el último año, Luis Manuel Romero Alemán, de 22 años, había conformado los equipos de La Carlota SBC y Titanes del Softball SBC. Familiares reconocieron el cadáver por un tatuaje

@loremelendez

A Luis Manuel Romero Alemán, de 22 años, le destrozaron el rostro a balazos. Cuando sus familiares llegaron a la morgue de Bello Monte no estaban completamente seguros de si el cadáver de la persona que le mostraban en fotos correspondía al del joven.

Los vecinos les habían asegurado que lo habían matado en un barrio aledaño a donde vivía desde hace tres años, pero nunca pudieron buscar su cadáver, porque la zona estaba tomada por las bandas de delincuentes que llevan varios días enfrentadas en Petare.

Solo una señal les permitió confirmar que se trataba del muchacho. Se trataba de un tatuaje en uno de sus brazos que lo definía por completo: su apellido junto a una pelota de béisbol y una rosa.

Dicen los parientes de Romero Alemán que él jugaba pelota desde los tres años de edad. Su pasión lo llevó a convertirse en profesional y, en los últimos años, había conformado los line up de dos equipos de softball: La Carlota SBC y Titanes del Softball SBC. En este último figuró como centrocampista.

 
 
 
 
 
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El joven era de Cumaná, estado Sucre, pero su padre vivía en Caracas y por eso solía venir con frecuencia. Hasta que en diciembre de 2019 decidió mudarse, definitivamente. Fijó su residencia en la casa de un familiar, en el barrio 24 de Julio, del sector Fechas Patrias de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda. En ese tiempo tuvo una hija que hoy tiene tres años y jugó con varios equipos de la capital.

Romero Alemán fue víctima de los enfrentamientos entre bandas como Wilexys y Los Chicorrios, que mantienen azotado a Petare desde hace días. Aunque no era miembro de ninguna de las organizaciones delictivas, fuentes policiales afirman que lo vincularon a una de estas y sus contrincantes lo asesinaron.

Al joven pelotero le balearon el rostro. Tiene golpes y laceraciones en el costado, por lo que se cree que fue atacado a puños y arrastrado.

Su familia se dividió para buscarlo cuando les llegó la noticia de la tragedia, pero los hombres armados que rodeaban los barrios les intimidaron y por eso desistieron de rescatar el cuerpo. La madre del muchacho, que vive en Cumaná, viajó a Caracas apenas se enteró del homicidio. El crimen ocurrió la noche del sábado entre las 10:00 pm y las 11:00 pm. Cuando la madre de la víctima arribó a Caracas, a las 11:00 am del domingo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) todavía no había podido subir al barrio 5 de Julio, donde lo mataron, a buscar el cadáver.

 

Romero Alemán es la primera víctima que se conoce de este enfrentamiento entre bandas con el que arrancó 2023, pero fuentes extraoficiales aseguran que hay más muertos.

En septiembre de 2022, el operativo Trueno VII de la Policía Nacional, supuestamente dirigido a acabar con las bandas de Wilexys y Los Chicorrios en Petare y La Dolorita, dejó 15 muertos. La mayoría de estos fueron denunciados como ejecuciones extrajudiciales de personas que nada tenían que ver con los grupos de delincuentes.

Mayoría de diputados opositores elimina gobierno interino de Guaidó
La decisión se tomó con 72 votos a favor, 29 en contra y 8 salvados

La mayoría de los diputados que conforman todavía la Asamblea Nacional de 2015, y que integran los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Movimiento por Venezuela, votaron este viernes, 30 de diciembre de 2022, por la eliminación del gobierno interino que encabezaba Juan Guaidó desde 2019.

Durante la sesión extraordinaria y virtual, convocada por Guaidó la tarde de este jueves 29  –y luego de un polémico diferimiento– se aprobó la reforma del Estatuto de Transición que contemplaba la remoción del cargo de Presidente interino, por el de una comisión que cubrirá sus funciones, entre estas, el manejo de los recursos de Venezuela en el exterior.

 

 

Diputados como Miguel Pizarro y Julio Borges, que fueron miembros del gobierno de Guaidó y hoy están en el exilio, votaron a favor de la reforma.

Por el contrario, parlamentarias como Dignora Hernández y Delsa Solórzano, lamentaron la presentación del proyecto y votaron en contra.

Los legisladores acordaron mantener activa la Asamblea Nacional elegida en 2015 para que sea esta instancia la que tome las decisiones sobre la protección de los recursos de Venezuela en el extranjero, que hasta ahora habían sido controlados por la administración de Guaidó.

Antes de la votación, Guaidó advirtió que eliminar el interinato era un «salto al vacío» y reiteró su llamado a la defensa de la «institucionalidad» de su gobierno. La misma advertencia la había hecho una noche antes del acto a través de unas declaraciones vía Twitter.

Guaidó había planteado que se preservara el interinato y se designara una nueva junta directiva en 2023, una propuesta que respaldaron 23 de los diputados que asistieron a la sesión virtual, pero que quedó sin efecto tras la decisión.

Diputados: decisión de diferimiento de sesión que discutiría destino del gobierno interino fue unilateral
Los parlamentarios pidieron a Juan Guaidó una reunión para la tarde de este jueves, a las 3:00 pm, a fin de convocar nuevamente la sesión para este viernes 30 de diciembre de 2022

Un grupo de diputados de la Asamblea Nacional opositora elegida en 2015 se reunió al mediodía de este jueves, 29 de diciembre de 2022, para acordar la petición de una reunión entre las principales fracciones políticas (Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y las minorías) y el presidente del gobierno interino y del órgano legislativo, Juan Guaidó, para exigir que la convocatoria de la sesión donde se discutiría la reforma del Estatuto de la Transición sea fijada para este viernes, 30 de diciembre.

Los parlamentarios aclararon que la decisión de diferir la mencionada sesión, que estaba fijada para la mañana de este jueves, fue unilateral y provino del mismo Guaidó, quien la pospuso para el martes 3 de enero de 2023.

El diputado Alfonso Marquina explicó que no ha habido posibilidad de reunirse a discutir la reforma con Guaidó de «manera civilizada». «Tenemos tiempo para conversar, conciliar, dentro de la armonía democrática», acotó.

La reforma del Estatuto de la Transición persigue eliminar la Presidencia del gobierno interino, que hoy ocupa Guaidó, para que estas responsabilidades recaigan directamente sobre la Asamblea Nacional.

 

 

La diputada Nora Bracho reiteró que «los aliados internacionales más importantes» respetarán la decisión de la mayoría de los diputados y están «dispuestos a acompañar» a la Asamblea Nacional en sus decisiones. Sin embargo, no reveló con cuáles países se ha conversado sobre la reforma.

Si Guaidó no convoca a la sesión del viernes, los diputados a favor de acabar con el interinato recordaron que, de acuerdo con la normativa que rige a la Asamblea Nacional, la mayoría parlamentaria puede llamar a sesiones extraordinarias y así lo harán.

El diputado José Trujillo subrayó la importancia de decidir sobre el interinato antes de que finalice 2022, porque el estatuto de transición caduca este sábado, 31 de diciembre.

«Si no se discute, se corre el riesgo de que, al fenecer el estatuto, los activos en el exterior que están bien resguardados pudieran caer en manos» de Nicolás Maduro, advirtió.

Al finalizar la reunión, Guaidó publicó un par de tuits para defender la «institucionalidad» del interinato. «Hemos reiterado que la Presidencia encargada responde al interés de los venezolanos. Nuestro deber es plantear soluciones y trabajar para lograrlas (…) Esto no es un tema de Juan Guaidó, es un tema enfocado en mantener a una institución que es una herramienta de lucha para lograr la democracia».

 

Deudas ambientales en Venezuela 2022: del deslave más letal de la última década al inesperado viaje de Maduro a la COP27
La presencia de Nicolás Maduro en el evento que busca frenar el cambio climático encendió el debate en un país donde expertos, científicos y organizaciones ambientales señalan que las áreas naturales están a la deriva de las decisiones gubernamentales, mientras que las construcciones ilegales son apoyadas.
Mientras que la minería ilegal continuó su avance devastador por el sur del país, los derrames petroleros tampoco dieron tregua.

*Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y Runrun.es de Venezuela

 

@loremelendez

 

Los habitantes de Las Tejerías, un pueblo del estado Aragua a casi 80 kilómetros de Caracas, relataron que la noche del 8 de octubre de 2022 sintieron un estruendo, proveniente de la montaña, que los estremeció. Después de varios días de tormenta, la quebrada Los Patos se desbordó y la catástrofe vino en forma de agua y lodo a arrasar con todo lo que encontró a su paso: calles, viviendas, fábricas, torres eléctricas y al menos 60 vidas. El deslave recordó a la Tragedia de Vargas que en 1999 dejó centenares de muertes. Así quedó confirmada la vulnerabilidad del país ante cualquier evento climático. Las inundaciones sucedidas semanas anteriores habían sido solo el inicio de una temporada de lluvias que afectó a 17 de los 23 estados del país.

Una vez más, este año, el Estado venezolano demostró que no tiene prisa cuando se trata de atender los daños ambientales causados. Un ejemplo es la tardanza en la atención de los derrames petroleros y la ausencia de fiscalización a las construcciones ilegales dentro de las áreas naturales protegidas. También la devastación en el Arco Minero del Orinoco que no ha parado y las nuevas denuncias de los pueblos indígenas por la reiterada violación de sus derechos. Pero hubo un hecho que destacó entre las noticias y que atraviesa de forma transversal todos los temas que se destacan en este balance: después de ocho años de ausencia, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, apareció en la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), una presencia que, más que hacer frente a una preocupación sobre el planeta, se interpretó como una declaración de intereses particulares totalmente alejados del objetivo central de esta reunión. De este hecho se desprenden varios problemas clave que causaron alarma en el país y que son parte de las deudas ambientales de Venezuela de este 2022.

Maduro y Petro propusieron un frente en defensa de la Amazonía en la COP27. Crédito: Prensa Presidencial.

Lo inesperado: Maduro en la COP27

La última vez que Maduro participó en un evento mundial sobre el ambiente fue cuando asistió a la Cumbre sobre Cambio Climático en 2014 en Nueva York, Estados Unidos. De ahí en adelante, envió a vicepresidentes y ministros a representarlo ante los organismos internacionales. Poco salió del país luego de que en 2020, el expresidente estadounidense Donald Trump ordenara su captura por tráfico de drogas y ofreciera una recompensa de 15 millones de dólares. Sus ausencias se acabaron este 2022.

En noviembre pasado, el mandatario asistió a la COP27 en Sharm el-Sheij, Egipto, y se hizo ver junto a otros mandatarios como Emmanuel Macron, de Francia y Gustavo Petro, de Colombia. El hecho generó un rechazo inmediato de los defensores ambientales venezolanos: no podían creer que el hombre que decretó la creación del Arco Minero del Orinoco, iniciativa marcada por agravar la contaminación por la minería al sur del país; que ha permitido el avance de construcciones dentro de áreas naturales protegidas; que es cuestionado por hacer caso omiso al asesinato de indígenas por el avance de grupos armados y que no ha restablecido el sistema de alertas tempranas ante inundaciones y fenómenos naturales, asistiera al evento ambiental más importante sin dar respuesta a los múltiples problemas de esta índole que atraviesa su nación.

Maduro aprovechó para presentar a Venezuela como un territorio víctima del cambio climático. Aseguró que “la acumulación de calor en el Mar Caribe” generó lluvias torrenciales que causaron tragedias en el país. “Desde este espacio exigiremos desde el sur del planeta que haya un cambio en los sistemas desarrollistas altamente contaminantes de Europa y Estados Unidos”, dijo cuando aterrizó en Egipto. Junto a Petro, propuso la creación de una “gran alianza amazónica” que permita una “recuperación coordinada, eficiente, consciente” de la selva.

Más de 60 muertos dejó la tragedia en el pueblo de Las Tejerías. Crédito: Rossana Batistelli, Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual.

Para el sociólogo Emiliano Terán Mantovani, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP), el objetivo principal de este viaje del presidente venezolano, además de romper con su cerco internacional, iba en contrasentido a la idea de frenar el cambio climático. Su intención, según Terán, fue valerse de la presencia de líderes de todo el mundo para «crear unos caminos más expeditos y eficaces para los acuerdos petroleros».

Maduro, según el sociólogo, también hizo su propio «greenwashing», es decir, lavó su reputación para aparecer como un líder del sur preocupado por el cambio climático, pero sin mencionar en absoluto cómo se gestiona este asunto dentro del país. Para ello, el gobierno prefirió tergiversar varios hechos, como asegurar que la tasa de deforestación decreció en el último año sin explicar qué estrategia se utilizó. El biólogo y director de la ONG Clima21, Alejandro Álvarez, recalcó que no hay ningún dato que soporte tal aseveración. Recordó que la data disponible actualmente, proveniente de imágenes satelitales y otros medios tecnológicos, ni siquiera permite esclarecer el tipo de deforestación que ocurre.

En agosto de 2022, el informe “Bosques en desaparición: Deforestación en Venezuela 2016-2021” de Clima21 y el Observatorio de los Derechos Humanos Ambientales, expusó que durante los últimos cinco años en Venezuela se ha acelerado la deforestación. A pesar de que el país tiene una baja tasa en comparación con el resto de las naciones que conforman la Amazonía, es el que perdió más bosques naturales en toda la región (casi 49 mil hectáreas anuales). “De los cinco estados que concentran 57% de la deforestación nacional, hay dos que han sido severamente afectados por el extractivismo del oro”, señaló el documento.

Maduro también intentó poner a las áreas naturales protegidas como un logro reciente cuando las denuncias por la violación de sus normativas son una constante, y nunca mencionó que el país no está preparado para los efectos del cambio climático y que por eso ocurren tragedias como la de Las Tejerías.

La falta de datos meteorológicos pudo haber prevenido los deslaves y derrumbes ocurridos a los largo de 2022 en Venezuela. Crédito: Rossana Batistelli, Alianza Rebelde Investiga (ARI) 

Para Olnar Ortiz, indígena baré y abogado especializado en derechos de los pueblos indígenas, la visita de Maduro a la COP27 fue una muestra de «hipocresía» que se resume en dos hechos: el primero es que su gobierno, a través de la minería que ha auspiciado, ha dañado a la Amazonía.

La investigación Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero describe la desolación de la zona: el área de casi 112 mil kilómetros cuadrados que en 2016 fue decretada por Maduro para la explotación de minerales, tiene carreteras cada vez más intransitables por el paso frecuente de camiones que trasladan arenas auríferas. Charcos y hoyos de barro marcan un camino que antes estaba flanqueado por árboles y vegetación. Al lado de estas rutas se han instalado decenas de nuevas empresas de explotación de oro que abrieron sus puertas en medio del aislamiento de la pandemia. En medio de la destrucción, militares venezolanos incursionaron en la zona para atacar la minería ilegal y remover a las bandas armadas que controlan las actividades extractivas. Pero las acciones fueron duramente criticadas por los pobladores, que reclamaron la militarización del territorio y la violación de sus derechos humanos.

El segundo hecho que, según Ortiz, demuestra la hipocresía de Maduro en la COP27, es la violación constante de los derechos de los pueblos originarios. “Maduro fue a Egipto a buscar dinero en nombre de los pueblos indígenas para revertir el cambio climático”, criticó.

Terán Mantovani coincide y dice que el objetivo de Maduro está sobre los fondos de impactos del cambio climático a los países pobres. “Ahí hay grandes intereses en las inversiones climáticas (…) Si quieres recuperar el país y estás buscando inversores en todos lados, no es descabellado ir a los nuevos mercados climáticos porque son de los nichos más poderosos de inversiones globales en los próximos años”, aseguró.

Lo trágico: Venezuela, zona de desastre

Deslaves, rupturas de diques, desbordamientos, deslizamientos de tierras, inundaciones, crecidas de ríos. Durante el último semestre de 2022, esas frases y palabras describieron los estragos de las lluvias en 17 de los 23 estados del país. Casi un centenar de personas murieron en estos eventos que, de acuerdo con cifras oficiales, afectaron a unas 26 000 familias y causaron daños a 14 000 viviendas, además de deteriorar, y en algunos casos destruir, carreteras, centros de salud, edificaciones públicas y privadas, fábricas, así como fuentes y sistemas de abastecimiento de agua potable y electricidad.

El caso de Las Tejerías, en Aragua, fue el más trágico. Más de 60 cadáveres fueron hallados con el paso de los días luego de que un deslave arrasara con buena parte del pueblo. Pocos días después, en la acomodada urbanización El Castaño de Maracay, capital de Aragua, la corriente de lodo de un río desbordado se llevó cercas, muros, postes de luz y casas enteras. Fueron dos hechos que demostraron la vulnerabilidad a la que están expuestos los venezolanos por los fenómenos ambientales que sacuden su territorio.

17 de los 23 estados de Venezuela fueron afectados por las lluvias. Crédito: Rossana Batistelli, Alianza Rebelde Investiga (ARI)

Terán Mantovani destacó que Maduro habló en la COP27 de la mitigación de los efectos del cambio climático, sin mencionar la responsabilidad de cada nación para afrontar estas transformaciones. “Hay cambios en los patrones estacionales de Venezuela. En el Observatorio de Ecología Política tenemos registro de desplazados climáticos por sequía y las inundaciones que nos están generando impactos terribles (…) Las inundaciones van a seguir ocurriendo (…) No tomar previsiones otra vez es un crimen”, recalcó.

Para el ingeniero José Luis López, investigador del Instituto de Mecánica de Fluidos de la Universidad Central de Venezuela, la ausencia de datos es crucial para conocer si los eventos que ocurrieron fueron extraordinarios. “Hay un declive de la información hidrometeorológica”, afirmó, y esto se explica porque de las 600 estaciones encargadas de medir las precipitaciones en el país que funcionaban en 2006, apenas 80 continúan activas, de acuerdo con la data disponible en las páginas web del Estado.

Lo de siempre: fugas que nadie atiende

La muerte de un flamingo cubierto de petróleo de la cabeza a las patas impactó en octubre de 2022 hasta en la prensa internacional. «Le pusimos ‘Vitico Petróleo’ con la esperanza de quitarle el apellido», dijo a la Agencia EFE José Sandoval, el dueño de una agencia de turismo que intentó salvar al animal que lucía debilitado. Cuando lo encontró, en la casa de un pescador que lo rescató dentro del Lago de Maracaibo, la principal ciudad petrolera del país, tenía varias capas de combustible encima. Pocos días después, el ave falleció con el plumaje completamente ennegrecido.

“Vitico” es una muestra de apenas uno de los múltiples efectos sobre el ambiente y la salud de los frecuentes derrames que suceden tanto en el Lago como en otras zonas del país. Mientras la imagen del ave recorría las redes sociales, otras fugas de petróleo se registraban en Falcón, Delta Amacuro y Anzoátegui. Y así ocurrió a lo largo de todo 2022: decenas de eventos similares se reportaron por medio de imágenes satelitales e información de pescadores y pobladores de zonas cercanas a refinerías y complejos petrolíferos. Lo más alarmante: semanas después, la mayoría de estos sucesos continuaban activos.

Cuando ocurre uno de estos eventos en Venezuela –explicó Gaizkale Garay Díaz, educadora especializada en ambiente y directora de la Fundación ambiental Avista–, el daño no se puede calcular fácilmente porque el Estado no aporta datos y tampoco permite el paso de organizaciones ambientales a las zonas afectadas. Nunca se sabe hasta dónde llega el hidrocarburo o cuánto se vierte.

Lo que sí se conoce, apuntó Garay Díaz, es que mientras la sustancia está sobre la superficie, no permite el intercambio de oxígeno con el fondo, expone a especies como tortugas, delfines y ballenas, así como a las aves que están en reposo en el agua o caen en picada para pescar, a respirar y consumir el material oleoso que las envenena. “El fondo marino tendrá esa sustancia química y tóxica que no permitirá vida en ese sitio donde se depositó”. “Aunque se limpie y a la vista se haya recuperado, el daño seguirá allí por mucho tiempo”, completó.

No solamente hay derrames. Hay fugas de lixiviados, de gas, explosiones. Los protocolos de seguridad fueron abandonados”, declaró Terán Mantovani, quien recordó los múltiples efectos que ha tenido sobre el ambiente la reactivación parcial de una industria petrolera que no tiene capacidad para atender los daños que perpetra.

Muchos derrames ocurridos en 2022 tardaban semanas en corregirse. Crédito: Cortesía.

“La recuperación económica no puede centrarse únicamente en la recuperación del PIB y los indicadores macroeconómicos”, resaltó el sociólogo y advirtió que las normas se flexibilizan a favor de los inversores. “Eso implica la supresión de elementos que pueden ser un obstáculo como los controles ambientales. Eso es bastante grave porque para recuperarte económicamente estás haciendo más vulnerable el país en términos territoriales, ambientales y comunitario”, sentenció.

Lo feo: pueblos indígenas en la mira

El año 2022 cierra con más de una decena de pobladores indígenas asesinados en medio de ataques de grupos armados y de fuerzas del Estado. El caso más emblemático es el de Virgilio Trujillo, el líder uwottuja (piaroa) que formaba parte de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (OIPUS) y de la Guardia Indígena Territorial –creada por los propios pueblos originarios para defenderse de las amenazas de la minería y los grupos armados– de su comunidad. El 30 de junio, tras salir de una reunión en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas a más de 700 kilómetros de Caracas, recibió varios disparos en el rostro por parte de desconocidos. Menos de un mes después, tres indígenas jivi del municipio Sucre, también miembros de la Guardia Territorial Indígena, corrieron la misma suerte.

“Desde el momento en el que matan a Virgilio Trujillo, nosotros hemos estado exigiendo justicia y celeridad en ese caso, tanto en el ámbito regional y nacional como en el internacional. En Venezuela no estamos acostumbrados a que se asesine a líderes indígenas”, reclamó Eligio DaCosta, indígena baniva y director de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA). El hecho frenó el trabajo de defensa territorial que venían haciendo las comunidades originarias en la zona, afirmó.

El asesinato de Virgilio Trujillo frenó por meses el trabajo de las organizaciones indígenas en pro de la defensa de sus territorios.

Para DaCosta, hay “factores” (grupos armados irregulares como las disidencias de la guerrilla de las FARC y el ELN) dentro de los territorios que generan zozobra y desplazamientos forzados de los indígenas. La falta de demarcación de sus tierras ha facilitado a los intrusos la activación de distintos focos de explotación aurífera. “Ya no hay paz en las comunidades. Por eso estamos buscando una reunión con el Estado para buscar la forma de que se genere paz en estos territorios, queremos dialogar con el gobierno para ver cómo nos puede ayudar a que nuestros territorios estén tranquilos”, insistió.

En Amazonas también asesinaron a cuatro yanomami de la recóndita comunidad Parima B, cerca de la frontera con Brasil, a mediados de marzo. Una discusión con efectivos militares de la Aviación venezolana que se negaron a prestarles el servicio de internet inalámbrico, a pesar de que el equipo que usaban era de la comunidad indígena, terminó cuando los uniformados les dispararon.

“Hubo un enfrentamiento entre hermanos yanomamis y compañeros del componente aviación acantonados en Parima B, luego de que no se les compartiera el Internet, generando una situación de confrontación que dejó como resultado 4 fallecidos y 5 heridos. Ya las investigaciones del caso están en curso”, admitió el gobernador del estado, Miguel Rodríguez, una afirmación que días después respaldó el Defensor del Pueblo de Amazonas, Gumersindo Castro.

Borges Sifontes, un adolescente de 16 años herido de bala en el tiroteo, fue recluido durante casi cinco meses en el Hospital Militar Carlos Arvelo de Caracas para que se le hiciera una operación. Pero en lugar de recibir una atención médica adecuada, se le confinó en el sitio junto a su hermano Gabriel, quien lo acompañaba. A ambos, considerados testigos clave del hecho, no les dejaban salir de la habitación, ni ver a su abogado ni a su madre, quien fue amenazada tras denunciar el aislamiento. En agosto finalmente fue trasladado a Amazonas sin notificar a sus familiares. Ninguno de estos casos ha recibido respuesta por parte del Estado. No hay ningún detenido.

“Siempre le digo a las instituciones que la vida de un indígena también vale. ¿Por qué no hay ningún pronunciamiento del Estado con respecto a las muertes de los hermanos yanomami?, ¿es que la vida se tiene que negociar? Nosotros no estamos para esto”, recriminó el líder baniva, quien acotó que el 12 de octubre pasado se solicitó desde ORPIA el estatus de la investigación sobre la matanza a los organismos regionales de justicia. Pero el silencio institucional prevalece.

Para el biólogo y activista ambiental Alejandro Álvarez, es muy preocupante el continuo y expansivo proceso de ocupación del territorio yanomami por parte de grupos armados y garimpeiros, los mineros ilegales brasileños. Todo se hace, subrayó, “con la connivencia de la fuerza armada venezolana. Están destruyendo toda esa zona”.

El biólogo considera que la violencia contra los indígenas al sur del Orinoco es “extraordinariamente grave”. “Si continúa la violencia, el hostigamiento y la destrucción de su hábitat, vamos a un etnocidio. Una situación como esta no había ocurrido desde la llegada de los europeos hace más de 500 años. Es como si hubiese una guerra a escala”, alertó.

Lo malo: áreas naturales presionadas

Estos ecosistemas clave de Venezuela están en peligro. En febrero de 2022, circularon en redes sociales fotos del cumpleaños del empresario turístico Rafael Oliveros, conocido por sus vínculos con el chavismo, quien encabezó una extravagante celebración en el Parque Nacional Canaima –declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en los años 90– que incluyó el trasladar a sus invitados abordo de un helicóptero hasta la cima de un tepuy, una formación milenaria y sagrada para los indígenas, sin pedir autorización a ellos y en violación al Reglamento de parques nacionales y monumentos naturales (Decreto No. 276 de 1989) que prohibe el aterrizaje de aeronaves civiles no autorizadas y las aglomeraciones de personas en este tipo de lugares.

La polémica fiesta sobre el tepuy Kusari violó las normativas establecidas para los parques nacionales venezolanos. Crédito: Publicaciones en redes de los invitados a la fiesta.

Un par de meses después de aquel incidente que encendió el debate público y llegó a medios internacionales, la Agence France Press (AFP) confirmó a través de una fuente del Ministerio Público que no hubo daños en el tepuy tras el festejo. Sin embargo, no hubo pronunciamiento alguno sobre el incumplimiento del reglamento.

Más preocupantes que las fiestas sobre montañas milenarias son las construcciones dentro de los parques nacionales, que durante 2022 tampoco dieron tregua. En Mochima, parque marítimo de playas e islotes en el oriente venezolano, se abrió a mediados de año una posada sobre un pequeño montículo de arena en medio del mar abierto: Isla Piscina. Aunque la construcción se autopromociona como ecofriendly, se edificó sobre las ruinas de una casona derribada para sanear la zona luego de que se decretara parque nacional. Este, junto a dos proyectos en maqueta, ponen en jaque la subsistencia de un ecosistema vulnerable.

«Cada día es más evidente la intención de irrespetar las áreas protegidas con actividades prohibidas», afirmó Vilisa Morón, bióloga y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, quien pone como ejemplo, entre otros casos, la construcción de una plaza dentro del Monumento Natural Cerro María Lionza, donde se instaló una estatua; o el impedimento que tienen los guardaparques de entrar a algunos sectores del parque nacional Sierra Nevada, donde la empresa estatal Venezolana de Teleféricos (Ventel) está señalada de haber edificado un sendero y un mirador de forma ilegal; o el paso de bicicletas al parque nacional Cerro Ávila, a pesar de estar fuera de la norma que rige este espacio.

El hotel Isla Piscina fue construido sobre los vestigios de una edificación que se derribó para sanear la zona cuando Mochima se declaró parque nacional. Crédito: Hotel Isla Piscina

«Las áreas protegidas fueron reconocidas por su valor ecológico, servicios ambientales y representatividad de la biodiversidad del país”, refirió la especialista, y acotó que su vulneración refleja “la visión extractivista y cortoplacista de una política económica” que debería “planificar, diversificar, buscar la interoperabilidad y la buena gobernanza” en estos territorios fundamentales.

Fuera de las áreas naturales protegidas, está la crítica que despertó la declaración de la Isla La Tortuga, al nororiente del país, como Zona Económica Especial. El plan de Nicolás Maduro es impulsar el turismo a partir del levantamiento de 10 hoteles de lujo y una pista de aterrizaje, que va en detrimento de las actividades de bajo impacto ambiental que, de acuerdo con activistas y científicos, se deben desarrollar allí.

Lo bueno: un primer paso hacia la prevención

Las recientes tragedias de Las Tejerías y Los Castaños, en Aragua, dimensionaron la vulnerabilidad a la que están expuestos los venezolanos ante las lluvias. Y de esto tomó nota el gobierno. Por eso, siete semanas después de la desgracia, se inauguró la Sala de Batalla Multidimensional “Hugo Chávez”, que hará “monitoreo, seguimiento y control constante a los ámbitos de seguridad de nación”, entre estos, a la gestión de riesgo, según lo anunció el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) a través de Twitter.

De acuerdo con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Vicepresidente de Gobierno para la Seguridad Ciudadana, Remigio Ceballos, entre las tareas del nuevo organismo está la generación de “alertas tempranas en materia de gestión de riesgo”. Allí también estará la sede del Centro Nacional para la Coordinación y Control de Emergencias y Desastres junto a todos los equipos del Sistema de Gestión de Riesgo, Bomberos, Protección Civil y jefes de gobierno de estados y municipios.

La gestión de riesgo será uno de los elementos a monitorear por la recién inaugurada Sala de Batalla Multidimensional “Hugo Chávez”. Crédito: Perfil en Twitter del Inameh.

Para José Luis López, este anuncio es positivo, pero no lo es todo: “la alerta que puede dar el Inameh es la que obtienen a través de los satélites, pero no de las estaciones meteorológicas porque estas han sido abandonadas”, declaró. Reveló que el Estado cuenta con una serie de radares meteorológicos que miden la cantidad de agua de las nubes e informan sobre las lluvias que están por suceder. Estos, sin embargo, no han sido utilizados al máximo. Integrarlos a este sistema es prioritario.

López aclaró que, desde el Estado, hubo una respuesta masiva de ayuda para afrontar los desastres por las tormentas, que se contó con centros de alimentación e incluso con atención para quienes se habían quedado sin vivienda. Sin embargo, el reto pendiente es la prevención y hacer que instituciones y ciudadanos estén mejor preparados para eventos climáticos extraordinarios.

La Guaira es el estado con mayor cantidad de casos de Covid-21 este sábado #3D
Actualmente hay poco más de 1.000 casos activos, según el reporte

La presidenta de la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del covid-19 y vicepresidenta de Nicolás Maduro,  Delcy Rodríguez, informó la noche de este sábado  que en las últimas horas se registraron un total de 75 nuevos contagios en el país.

La Guaira es el estado con mayor cantidad de contagios, seguido de Bolívar (12), Caracas (8) y Miranda (4).

El total de contagios hasta ahora es de 547.772, hay 1.111 casos activos y el total de fallecidos es de 5.829.

Militares anuncian desmantelamiento de campamentos de minería en Canaima
Esta es la segunda incursión que hacen los militares en Canaima desde diciembre de 2018, cuando atacaron un campamento de mineros indígenas y asesinaron a uno e hirieron a otros dos. La minería continuó 

El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, informó este sábado, 3 de diciembre, el desmantelamiento de campamentos de minería ilegal en el Parque Nacional Canaima (en el estado Bolívar), declarado patrimonio de la humanidad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Vía Twitter, Hernández Lárez aseguró que los militares están desplegados en el área natural protegida en donde la minería lleva casi una década de haberse instalado. Así lo reveló la investigación de Runrun.es, «Canaima: el paraíso envenenado por el oro«, que explicó el esquema usado en ese entonces para extraer el mineral y traficarlo.

De acuerdo con el efectivo, los campamentos de Canaima son operados por «grupos delincuenciales armados». Sin embargo, la investigación de Runrun.es explicó que los indígenas pemones extraían el oro y lo vendían a un empresario turístico de la zona: César Dias, quien hoy está prófugo de la justicia venezolana.

«Todas las organizaciones que irrespetan el ordenamiento territorial y jurídico serán severamente sancionadas y sus establecimientos desmantelados», dijo en un mensaje de la red social el comandante de la FANB, en el cual publicó imágenes de las operaciones en el parque nacional. Aunque no se detalló, las fotografías presentadas parecen indicar que el operativo ocurre en el sector oriental de Canaima, conocido como la Gran Sabana.  

 

 

Esta es la segunda vez que los militares irrumpen en Canaima para detener la minería ilegal. La primera incursión –en el sector occidental del parque, cerca del Salto Ángel– ocurrió en medio de críticas porque se violó el territorio indígena, se lanzaron bombas lacrimógenas a la población, se mató a un pemón e hirió a otros dos. El extractivismo continuó.

La ONG venezolana SOSOrinoco alertó en febrero pasado que desde el año 2000 se han perdido un promedio de 1.483 hectáreas por año como consecuencia de la minería en Canaima, pero que a partir de 2015 esta tasa alcanzó las 3.600 hectáreas anuales. 

Las operaciones militares de la FANB en Canaima son la continuación de las incursiones militares ocurridas durante las últimas semanas en el Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, para supuestamente acabar con la minería ilegal. Desde la zona se reportaron denuncias por la violación de los derechos humanos tanto de los pobladores de la zona como de los mineros.