Lorena Meléndez, autor en Runrun

Lorena Meléndez

Las perlas de Maduro durante la Memoria y Cuenta 2022

Nicolás Maduro acudió este sábado, 15 de enero de 2022, a la sede del Poder Legislativo para ofrecer su Memoria y Cuenta 2022 ante los diputados de la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2020. Allí, en los jardines del Palacio Federal Legislativo, dejó caer sus perlas sobre distintos temas.

 

Perlas económicas

«El tercer trimestre de este año, ya la economía logró un crecimiento de 7,6 % y las instituciones especializadas estadísticas proyectan un crecimiento en 2021 superior al 4 % de la economía venezolana, lo cual es un logro maravilloso de nuestro país».

«El año 2021, luego de cinco años de persecución financiera, hemos logrado activar las fuerzas económicas reales de la sociedad venezolana. Venezuela ha recuperado el camino del crecimiento económico».

«En 2021 tuvimos 201 millones de transacciones registrando un incremento de 65 % en las transacciones económicas, en la moneda nacional, el bolívar, porque hemos ido logrando mecanismos que vayan permitiendo la defensa del bolívar, su recuperación futura y la coexistencia con el dólar y con las otras divisas y criptomonedas que funcionan en la economía nacional».

«Venezuela no ha renunciado ni renunciará jamás a su moneda».

 

Claperlas

«96% de los productos del Clap son producidos por la industria nacional».

«La conspiración contra el diplomático venezolano Alex Saab nació para destruir los CLAP y la importación de insumos».

 

Perlas coronavíricas

«Venezuela creó un método propio: el 7+7, que fuimos perfeccionando y que permite combinar la cuarentena y la flexibilización. Siempre ha dado resultados».

«En la última semana de diciembre y primera semana de enero, Venezuela logró un récord en la disminución de los casos de covid-19 y llegamos a 5 casos por 100.000 habitantes, pero después se expresó la ‘hora loca’ y hoy, 15 de enero, tengo que decir que hemos llegado a 18 casos por 100.000 habitantes. Es exponencial, en 15 días pasar de 5 a 18 es preocupante»

«Afortunadamente, tenemos suficientes vacunas para vacunar a toda la población venezolana mayor de 2 años todo 2022».

 

Perla-promesa

«Vamos a una expansión del crédito, del financiamiento de todos los emprendedores del país».

«Pobreza extrema cero 2025. Llueva, truene o relampaguee. Por eso tenemos que reforzar los planes de ayuda económica».

«Hay que establecer plenamente el servicio del agua, el servicio eléctrico (…) que aumente la frecuencia del servicio de gas (…) Hemos dado algunos pasos de mejoría, pero todavía no satisfacemos a un pueblo que se acostumbró a tener sus servicios públicos de calidad y casi gratuitos».

«Hay que acabar con las mafias de las estaciones de servicio de gasolina».

 

Para Guaidó

«Bien lejos que estás y nunca jamás entrarás a ese despacho. Imbécil, golpista delincuente».

Desafíos ambientales de Venezuela en 2022: acción ciudadana para defender los parques nacionales y actuar ante el cambio climático
El 2022 será un año decisivo para la defensa y futuro de los parques nacionales, entre ellos El Ávila y el Archipiélago Los Roques, que enfrentan el avance y presión de los proyectos inmobiliarios impulsados por el propio Estado
Defender el arbolado urbano, reforestar e impulsar una agenda de adaptación y mitigación ante el cambio climático son algunas de las tareas que han asumido los ciudadanos, ante la inacción y desdén del poder Ejecutivo y los gobiernos locales
Científicos e integrantes de organizaciones no gubernamentales coinciden en que entre los desafíos están el obligar al propio Estado a cumplir las normativas ambientales, pero también trabajar para que la sociedad identifique que la degradación de los recursos naturales tiene consecuencias en su cotidianidad y en las generaciones futuras

 

Este artículo es una colaboración periodística entre Runrun.es  y Mongabay Latam

 

Las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales vinculadas a temas ambientales parecieran haber llegado a un punto de hartazgo con respecto a las exigencias que hacen ante el Estado venezolano. Es precisamente desde el Poder Ejecutivo —tanto nacional como local— de donde provienen los permisos y hasta los proyectos que atentan contra los parques nacionales, alientan la economía extractivista o eliminan el arbolado urbano. Por eso, los desafíos ambientales de 2022 vienen con la impronta de una ciudadanía activa que busca impedir más  daños a los recursos naturales.

En Caracas se deberán unir esfuerzos contra una promesa presidencial que amenaza al principal e icónico pulmón vegetal de la capital venezolana: el Parque Nacional El Ávila, donde Nicolás Maduro pretende erigir una “ciudad comunal” que va a tono con el proyecto de Ley de Ciudades Comunales que se discute en la Asamblea Nacional. Según este instrumento, esa ‘ciudad’ no es más que la articulación de las comunas que ya existen en la zona de Galipán, una de las pocas áreas pobladas del parque, pero ambientalistas y defensores de derechos humanos apuntan a que así se favorecerá a quienes buscan  levantar más construcciones en el lugar. A esto se suma que está todavía en evaluación la modificación del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de este parque, en el que podrían aceptarse nuevos asentamientos y actividades prohibidas como el ciclismo.

En el interior venezolano, donde los derrames petroleros continúan, la clave será seguir informando para ejercer presión sobre las instituciones que deben actuar ante un problema que afectará a las generaciones futuras. Lo mismo aplica para el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, donde se levantan nuevas edificaciones que violan las normativas y atentan contra los delicados ecosistemas de esta área protegida.

Estos son los desafíos ambientales de 2022 en Venezuela.

Al archipiélago Los Roques lo protege una barrera de arrecifes coralino que peligra por el avance de las construcciones. Foto: Lorena Meléndez G.

1.Resistir e insistir en Los Roques

Desde 2019, distintos frentes han denunciado el levantamiento de nuevas construcciones en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques en áreas no permitidas y con diseños que violan lo establecido en las normativas vigentes. La pandemia no fue excusa para que estas edificaciones se retrasaran. Durante los 10 meses en los que este territorio estuvo completamente confinado, las únicas vías para arribar fueron los vuelos y embarcaciones oficiales y así, de acuerdo con habitantes de la zona, llegaron los materiales necesarios para que estas operaciones no se detuvieran. Muestra de ello es que un hotel, de los varios que se construyen, está cerca de ser inaugurado. Las otras construcciones privadas han seguido su avance y están casi terminadas.

“El problema con estas construcciones es de fondo y tiene que ver con la violación de la zonificación del parque nacional. Al lado de la pista de aterrizaje (donde están las nuevas estructuras) no se podía construir nada, ni siquiera algo eco amigable. No es un asunto de diseño, ni de impacto visual, sino de la lógica del ordenamiento del uso del espacio”, reclamó José Ramón Delgado, oceanógrafo, director de la Fundación Caribe Sur y miembro venezolano de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

 

 

El experto explicó que para hacer cualquier construcción dentro de Los Roques debía cumplirse con dos pasos: el primero, referido a la ocupación del territorio, contempla que todo lo que se planee debe ser en concordancia con el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) y con una aprobación del Instituto Nacional de Parques (Inparques), que es la autoridad en el lugar. El segundo es mostrar todos los detalles de la construcción en cuanto a forma y  dimensiones, y un estudio de impacto ambiental que certifique que el proyecto será realizado con la menor intervención posible a la naturaleza. Esto también debe tener la aprobación de Inparques. A pesar de que las construcciones no se hicieron en concordancia con el PORU, provocaron la tala de mangle y pusieron en riesgo los frágiles ecosistemas de la zona, todo siguió adelante.

“El problema apunta a un solapamiento de las autoridades. En el pasado hubo una autoridad única de área, luego se impusieron las figuras de varias autoridades y ahora (desde 2011) tienen un jefe del Territorio Insular, que es algo militar. Eso evidencia un conflicto de poderes y el que tiene mayor poder es el que hace cumplir su deseo. Pero es un parque nacional y hay que respetar lo que dice la norma”, recalcó Delgado.

Las nuevas construcciones en Los Roques dejaron una laguna turbia con manglares talados. Foto: Lorena Meléndez G.

El oceanógrafo subrayó que la lejanía de Los Roques con respecto a la costa (a 176 kilómetros al norte de Caracas) impide que se pueda hacer una vigilancia ambiental efectiva, sobre todo ante el supuesto “movimiento de construcciones de posadas” en los cayos, que también prohíbe el PORU.

Ante todas estas amenazas contra el parque nacional, el experto insistió en que la resistencia a estas construcciones debe hacerse desde el apego a las normativas. Aseguró que ya hay  denuncias de estos hechos ante el Ministerio Público, pero ningún fiscal ambiental ha actuado para detenerlas. Queda, entonces, continuar la labor de alertar e informar a la población sobre lo que sucede, y presionar a las instituciones  para evitar más daños ambientales.

Delgado recordó el proyecto en el que la fundación que representa ha insistido durante años: la creación de un corredor ecológico marino transfronterizo que comprenda los espacios marítimos de Venezuela (tanto insulares como continentales) y de Países Bajos (Curazao y Bonaire) y proteja la alta biodiversidad de la zona y su buen estado de conservación. Esto, como instancia internacional, limitaría el avance de este tipo de proyectos.

 

 

“Este corredor refuerza los lazos entre ambos países y genera un espacio de conservación dentro de un esquema de conectividad ecológica. Además, posee un importante potencial para ser incluido en la Lista del Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO, lo cual sería un paso significativo hacia la sostenibilidad de esta ecorregión”, señala un documento que explica la importancia de esta iniciativa.

“Pareciera que las personas se olvidan que para disfrutar de Los Roques, tal como está ahora, se necesitó un esfuerzo muy largo de horas hombre, dinero, capacitación, de estudio, no fue un capricho. Los Roques se convirtió en parque nacional porque era un lugar donde la pesca no estaba regulada y podía poner en peligro esa cuna de recursos. Luego entraron variables como el turismo y se acordó que todo debía estar supeditado al PORU que se aprobó en 1991”, rememoró. La insistencia de las denuncias públicas es la vía que queda para evitar cualquier avance.

Las fugas de petróleo salen desde las instalaciones de Pdvsa en tierra firme hacia el Lago de Maracaibo. Foto: @diodon321

2.Derrames petroleros como problema generacional

La falta de mantenimiento de las instalaciones petroleras en una industria en declive como la venezolana ha traído como consecuencia que los derrames de hidrocarburos, tanto en el Lago de Maracaibo como en las costas, sean una constante que poco impacto genera en la opinión pública. Sin embargo, hay quienes como el biólogo marino Eduardo Klein, confían en que mientras más información tengan los ciudadanos sobre los impactos de estas fugas, más fuerte será la presión sobre los organismos que deben actuar y no lo hacen.

“Aquí hay un problema estructural. El causante principal de los derrames es la industria petrolera que está bajo el control del Estado y todas las instituciones (ministerios, institutos ambientales) que, de alguna manera, deben vigilar las operaciones de esta industria también están sometidas a la políticas del Estado. Entonces, no hay un contrapeso de organizaciones gubernamentales que te ayude a solventar ese problema”, afirmó Klein, quien también es profesor universitario y coordinador del Centro de Biodiversidad Marina de la Universidad Simón Bolívar (USB). “Básicamente, todo el mundo está alineado en no hacer nada en relación con los derrames”, lamentó.

 

 

Pese al desaliento, el experto valoró el trabajo de organizaciones no gubernamentales y de la prensa nacional que insiste en denunciar la ocurrencia de estos eventos. “Eso hay que mantenerlo, hay que identificar a los actores más involucrados en el tema de los derrames y mantener el nivel de información de la gente al día, porque no contamos con información oficial”, puntualizó.

Los derrames de petróleo están provocando diversos daños a ecosistemas como los lagos y ríos. Foto: Cortesía

El biólogo consideró que “bombardear a la sociedad con información más detallada posible” sobre los derrames es una alternativa para hacer que, cada vez más, las instituciones responsables actúen en pro de evitar los vertidos. Se trata, dijo, de una presión externa debido a que la interna no ha sido efectiva.

En esa comunicación, advirtió al experto, siempre se debe destacar la gravedad de los derrames. “Hay que mantener la conciencia de la gente, no es un problema más sino un problema serio. La contaminación y la continua afectación del ambiente es un problema generacional. Eso no nos está afectando solamente a nosotros sino que va a afectar a tus hijos, porque el efecto del ambiente va a ser tan duradero que tus hijos son quienes van a encontrar un ambiente deteriorado como consecuencia de estos derrames”, acotó.

Esa información, además, sirve como insumo para varias organizaciones no gubernamentales que llevan un monitoreo de los vertidos y pueden actuar ante instancias internacionales, valiéndose no solo de la perspectiva ambiental sino de los derechos humanos ambientales que son violentados con estas fugas que no se detienen y que, incluso si se paran ahora, tardarán años en resolverse. “Es un problema enorme del país y presión enorme del ambiente marino en Venezuela”, insistió Klein.

Maduro, en Galipán, durante el anuncio de constitución de una ciudad comunal en el Ávila. Foto: Prensa Presidencial

3.La defensa del Ávila

Hay dos amenazas que se ciernen sobre el Parque Nacional El Ávila, la gran montaña verde al norte de Caracas: que el ciclismo, actividad prohibida hasta ahora dentro de sus lides, se legalice; y que se construya una “ciudad comunal” en ese territorio, tal como lo anunció el presidente de la república, Nicolás Maduro, en una alocución televisada, sin que se dieran más detalles sobre ese plan. En el pasado, las acciones ciudadanas han detenido el avance de ciertas actividades. En 2022, está por verse si estas surten o no efecto.

“Creo que todos los ciudadanos, caraqueños o no, tenemos que manifestarnos, al menos con la duda, para saber cuál es el impacto de ciertas actividades en el parque nacional. Debemos estar alertas, manifestarnos, defender la constitución y las leyes que preservan este ambiente”, afirmó Alejandro Luy, director de la ONG ambientalista Tierra Viva.

 

 

Para el biólogo es fundamental que se respete el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) de esta área protegida y que se sepa que todavía está vigente, a pesar de que durante el primer semestre de 2021 se realizaron una serie de charlas y talleres con el fin de hacer modificaciones a esta normativa. El nuevo PORU continúa en evaluación.

Luy insistió en que hay dos instituciones que, desde el Estado, tienen responsabilidades sobre estas amenazas y pueden actuar: el Ministerio Público, a través de los fiscales especializados en Defensa Ambiental, y el Instituto Nacional de Parques (Inparques), que al ser el encargado de la administración del parque, también debe garantizar la seguridad y el orden dentro del mismo.

Ciudadanos protestaron en el parque nacional poco después del anuncio de Maduro. Foto: Cortesía

“El Estado debe velar por el cumplimiento de la Constitución de la República y las leyes. Los organismos del Ejecutivo deben ser técnicos y no ideológicos para que, en el marco de lo que establecen las leyes, respeten los fines para los cuales crearon los parques nacionales. No es otra cosa lo que ambas partes tenemos que pedir. El manejo técnico con el que se les puede explicar a los ciclistas por qué no se puede hacer ciclismo en el Ávila, también funciona para indicar al Ejecutivo por qué no se puede construir una ciudad”, apuntó Luy.

El experto insiste en que, a pesar de que hasta ahora ha ocurrido lo contrario, lo que se debe esperar es que quienes están detrás de la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Ecosocialismo o Inparques defiendan los lineamientos legales basados en criterios técnicos. “Para el manejo ambiental de Venezuela, lo primero que debemos recuperar es una institucionalidad ambiental donde la movilización de los principales actores del Estado esté fundamentada en lo que dicen las leyes, no en excepciones, no en quién manda más”, recalcó.

 

 

4.Sociedad civil contra el cambio climático

El informe presentado por el Estado venezolano en la más reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021 (COP26) recibió duras críticas por parte de la comunidad científica venezolana que vio en este documento una serie de “contribuciones” que no fueron tales.

“El documento que actualiza la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) de Venezuela, se define en el marco de una política nacional de ‘acción para el empoderamiento climático’ que, en realidad, no toma medidas hacia una transición justa para superar el modelo de desarrollo. Las contribuciones presentadas se orientan a la ‘remediación’ de algunos de los impactos del extractivismo depredador, reconocidos en el documento, presentando falsas soluciones como una supuesta ‘ecologización’ de la política minera, o la revitalización o mantenimiento de proyectos prácticamente inexistentes o que no se encuentran activos, como el parque eólico de Paraguaná, mientras persiste la insistencia con la ampliación de la explotación del carbón en el norte del estado Zulia”, dice el artículo “COP26 de Glasgow y el rol de Venezuela ante la crisis climática: un balance crítico”, publicado por el Observatorio de Ecología Política de Venezuela.

En 2021, las fuertes lluvias afectaron a cientos de viviendas en Mérida, Venezuela. Foto: Gobernación de Mérida

Además, la delegación venezolana “no suscribió el acuerdo para frenar la deforestación y la degradación de los bosques globales, ni tampoco el del impulso para salir del carbón, ni el de reducción de emisiones de metano, así como tampoco fijó la fecha para alcanzar el ‘cero neto’ de emisiones, quedándose así al margen de los pocos acuerdos contraídos en esta COP”, añade la nota.

Pero hay quienes no esperan al Estado para actuar contra el cambio climático. Por esa razón, una veintena de organizaciones no gubernamentales, universidades e instituciones académicas se unieron durante 2021 en la Alianza para la Acción Climática Venezuela, a fin de articular acciones contra este problema y buscar en 2022 “incidir en la agenda de adaptación y mitigación ante la emergencia climática del país”.

Consciente de que la sociedad civil no sustituye al Estado, la Alianza se propone desde la realización de estudios e investigaciones, hasta acciones dirigidas a la “incidencia, formación y comunicación sobre el cambio climático”, indicó Antonio De Lisio, investigador, geógrafo y presidente del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp), una de las organizaciones que forma parte del grupo.

 

 

“Para 2022, vamos a trabajar en esas áreas para fortalecer las posiciones de la sociedad civil venezolana en esta materia porque, hasta ahora, el cambio climático lo ve como una cuestión que todavía no es parte de su cotidianidad cuando sí lo es”, sentenció De Lisio. “Se piensa, por ejemplo, que el problema del suministro del agua en Venezuela es porque no hay mantenimiento de las tuberías. Y es cierto que no lo hay, pero también hay un problema de deforestación. En una evaluación que hicimos en 2019 identificamos que hay 30 kilómetros cuadrados que están alrededor de 100 represas en Venezuela donde hace falta mejorar la cobertura vegetal”, detalló.

Para De Lisio, el retroceso en la gestión ambiental que existe en el país se manifiesta también en un rezago en el cambio climático. El investigador apuntó que la reciente adición de la Alianza a la Climate Action Network de América Latina (CANLA) —una red global de organizaciones no gubernamentales que trabajan contra las causas y efectos nocivos del cambio climático—, les ayudará a incidir en una agenda mundial en la cual Venezuela es un estado ausente.

Parte de las actividades de la Alianza se centran en incidir, a través de redes sociales, en el público joven. Pero próximamente ejecutarán procesos de educación no formal y otras acciones que persiguen crear conciencia sobre la disminución de los gases de efecto invernadero vinculadas a hábitos y sistemas de producción.

La Alianza está conformada por las organizaciones Acción Campesina, CIDIAT ULA, CISP, Clima 21 Ambiente y DDHH, Colectivo de Montañismo Ecológico Tatuy, Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica, Escuela de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería UCV, Dirección de Sustentabilidad Ambiental de la UCAB, Foro para el Estudio del Cambio Climático de la Universidad de Los Andes (FECC-ULA), Todos por el Futuro Universidad Nacional Experimental del Táchira, Fundación Desarrollo Sustentable de Venezuela, Fundación Tierra Viva, Grupo Social CESAP, INVESP, Más acciones más planeta y Provita. La intención, afirmó De Lisio, es que en 2022 esta red sea cada vez más robusta y más amplia.

Los árboles mutilados se convirtieron en paisaje cotidiano. Foto: @QPEV

5.Por una Caracas reforestada

El sábado 27 de noviembre de 2021 ocurrió un hecho inédito en Caracas: decenas de ciudadanos se reunieron para manifestarse y marchar en favor de los árboles que, durante los últimos meses, habían sido mutilados o eliminados del paisaje urbano por orden de las alcaldías que componen el Área Metropolitana de la capital venezolana. 

Antes de comenzar la caminata, uno de los convocantes tomó un megáfono para leer un documento: “Casi a diario el sonido de la motosierra nos perturba cerca de casa o desde el altavoz del celular denunciando una nueva tala en algún lugar de la ciudad. Suele ser este ruido feroz un alerta que nos conmina a defender nuestros árboles, pero hasta ahora un paso atrás de los perpetradores que, en grosera exhibición de poder, nos convierten en espectadores de lo irreversible: la tala, el desmoche, la poda severa, la desfiguración, la ridiculización del árbol”, pronunció José “Cheo” Carvajal, periodista, activista y director de la asociación civil Ciudad Laboratorio @ciudlab.

 

 

Él mismo aseguró a Mongabay Latam que la eliminación de árboles sucede porque ninguna institución protege a la vegetación urbana y los gobiernos locales solo responden a las demandas de vecinos, comercios e inmobiliarias sin hacer evaluaciones pertinentes.

De esa crítica, poco después, vino un llamado a la acción. “Si nosotros los ciudadanos no ponemos una parte de nuestros esfuerzos en el fortalecimiento de las instituciones que deben proteger nuestros árboles a escala local, estatal y nacional, si no desarrollamos una acción pedagógica sostenida, en todos los ámbitos posibles, pero sobre todo en las escuelas, poco lograremos reforestando la ciudad, pues de antemano todos los árboles que sembremos quedarán bajo sospecha y amenaza”, leyó Carvajal.

Las pancartas usadas durante la manifestación en defensa de los árboles en Caracas, Venezuela. Foto: @yendrive

Con la lectura de ese manifiesto se presentó públicamente “Plantados”, una plataforma/ coalición de organizaciones ciudadanas en defensa de los árboles de Caracas que lidera Carvajal y que desde ese momento señaló cuáles serían sus actividades concretas para frenar las talas indiscriminadas. La primera es la contención ciudadana y el monitoreo de los árboles, que requerirá el fortalecimiento y ampliación constante de una red que pueda revisar y registrar la situación del arbolado.

Como segunda meta está una reforestación planificada con árboles que, en principio, sean mantenidos en viveros hasta que tengan una altura y fortaleza adecuada para ser plantados sin correr riesgos.

“Ese tipo de cosas las queremos hacer los ciudadanos. El grupo ecológico San Pedro tiene su vivero. Nosotros, como Ciudad Laboratorio, tenemos también un año preparando un vivero y hay otras organizaciones que están en lo mismo y queremos ver cómo ampliar esto como una gran red y ver dónde están las oportunidades y ver cómo podemos empezar a sembrar. Lo ideal es hacerlo de la mano de las instituciones, porque se supone que las alcaldías deben monitorearlo. Pero si estas no están disponibles para ello, tendrán que ser los ciudadanos acompañados de un saber, que afortunadamente lo hay y está reunido en esta plataforma, para hacerlo de manera correcta”, explicó el activista.

La tercera acción será la pedagógica, dirigida tanto a instituciones como a comunidades para que comprendan no solo la importancia y beneficios de un arbolado sano sino también su mantenimiento y cuidado que evite su derribo. Y la cuarta: la presión estratégica para que las instituciones recuperen y asuman su rol de protección del arbolado urbano con miras a una política integral de sostenibilidad. La intención del grupo es discutir los programas y planes de poda y reforestación con los alcaldes y los concejos municipales.

 

#MonitorDeVíctimasCaracas | Un femicidio y un suicidio ocurrieron en Petare en la víspera de Nochebuena
Un hombre asesinó a la mujer que había sido su pareja durante casi dos décadas. Posteriormente se disparó

 

@loremelendez / Foto: Carlos Ramírez

 

Lo que dicen los familiares de Rafael Ramón González Espinosa, de 39 años de edad, y Geraldine Sofía Lagares García, de 33 años, es que peleaban todo el tiempo: discusiones, insultos, objetos rotos… Muchas veces llegaron hasta los golpes. Este año, ella había denunciado a González Espinosa por maltrato. Un tribunal dictó entonces una orden de alejamiento, pero meses después volvieron a vivir juntos. La noche del jueves 23 de diciembre de 2021 los familiares que vivían cerca de ellos escucharon el sonido de tres disparos en la casa de la pareja.

Eran alrededor de las 9:30 p. m. cuando esas detonaciones hicieron que los allegados corrieran a la vivienda que está en el barrio Cuatricentenario, sector La Machaca de Petare, en el municipio Sucre de Miranda. Allí los encontraron. Estaban desangrándose en el suelo de su habitación. El hijo de ambos, un adolescente autista de 14 años que por su condición no habla, estaba en la vivienda. Aseguran que quedó en shock.

De acuerdo con los familiares, González Espinosa, quien solía conducir un camión 350 para ganarse la vida, le disparó dos veces a Lagares García: una bala le alcanzó el abdomen, y otra, la cabeza. Aunque quedó muy malherida, pudo ser trasladada hasta el Hospital Dr. Domingo Luciani, de El Llanito. Allí murió poco después. El victimario, al ver a su pareja en el suelo, se puso el arma de fuego en la sien y se disparó. Murió en el acto.

Lagares García se desempeñó como maestra en la escuela Simón Bolívar del barrio San Blas de Petare, pero debido al confinamiento provocado por la pandemia se había dedicado a la venta de productos por las redes sociales.

González Espinosa y Lagares García estaban juntos desde hacía 19 años: ella era una adolescente cuando comenzaron a salir y él era mayor de edad. “Él estaba como obsesionado. Ella salía y él de una vez se asomaba al balcón para ver adónde iba”, se le escuchó decir a un familiar de la víctima mientras hablaba de la tragedia con otros parientes.

“Cuando conoció a ese hombre quedó prendada. Ella se la pasaba con él para arriba y para abajo, y cuando se fue a vivir con él le dije que no lo hiciera, que se quedara, que estudiara, que yo le pagaba los estudios a mi Chiquirruqui”, señaló Sandra Mezú, hermana de la víctima en la Morgue de Bello Monte, donde hacía los trámites para retirar el cuerpo y darle sepultura.

“Lo más grave fueron las habladurías de la gente, que llenaron de odio la cabeza a ese hombre y terminó cometiendo ese crimen tan horroroso”, agregó Mezú. Denunció que personas se habrían enterado antes de las intenciones de González: “Y en vez de denunciarlo a la policía no hicieron nada, y luego de que la mató salieron a decir que ellos lo sabían, que él se los había dicho”.

Los familiares desconocen de dónde salió el arma de fuego con la que el agresor perpetró el asesinato.

Durante los primeros 11 meses de 2021, Monitor de Víctimas registró 15 feminicidios en el área metropolitana de Caracas. En dos de los casos, los victimarios se suicidaron, mientras que en otro el agresor intentó quitarse la vida sin éxito. Y, según el Observatorio de Femicidios que lleva adelante el colectivo Utopix, hasta el mes de noviembre de este año se habían registrado al menos 219 feminicidios en todo el país. Solo en noviembre la ONG registró el asesinato de 19 mujeres.

 

Con datos de Carlos D’Hoy.

#MonitorDeVíctimasCaracas | Murió joven apuñalado en una riña en Santa Cruz del Este
El hecho ocurrió el sábado 18 de diciembre, en el sector El Tripeo

 

@loremelendez / Foto: Carlos Ramírez

 

Las heridas que tiene el cadáver de Oliver Jesús Guatarama Rivero, de 18 años de edad, indican que murió mientras trataba de evitar las cuchilladas que le infligió su victimario. Las lesiones alcanzaron los antebrazos, el intercostal derecho y hasta la cabeza.

Al muchacho, que había empezado a trabajar con su padre como pescadero, lo mataron el sábado 18 de diciembre, entre 8:00 y 9:00 p. m., en el sector El Tripeo de Santa Cruz del Este, parroquia Baruta del municipio homónimo de Miranda.

Se presume que Guatarama Rivero salió de su casa, en la calle Unión del mismo barrio, a bordo de su moto. Iba rumbo a ese sector, pero, cuando se bajó, discutió con un hombre que le dio varias puñaladas. Al muchacho lo llevaron de emergencia al Hospital de El Llanito, pero no llegó vivo. 

Guatarama Rivero era el segundo de tres hermanos. Se desconoce el paradero del victimario.

Entre enero y noviembre de 2021, Monitor de Víctimas registró 38 homicidios en el área metropolitana de Caracas, ocurridos en riñas o peleas iniciadas en el sitio. En 17 de estas se utilizaron armas blancas.

 #MonitorDeVíctimasCaracas | Señalan a la PNB y al Cicpc de actuar en dos ejecuciones extrajudiciales
Los hechos ocurrieron entre el 16 y 18 de diciembre en Filas de Mariches y El Guarataro 

@loremelendez / Foto: Carlos Ramírez

 

Era la madrugada del jueves 16 de diciembre de 2021, cuando a Yoneiker Armando Monasterio Palma, de 25 años de edad, funcionarios del Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) lo sacaron a la fuerza de su casa junto con su pareja y el hijo de ella. Poco después lo obligaron a ingresar nuevamente a su vivienda para ejecutarlo.

El hecho ocurrió en Parquecito, en el barrio El Güinche de Filas de Mariches, en el municipio Sucre del estado Miranda, alrededor de las 3:00 a. m.

De acuerdo con el testimonio de un allegado, a Monasterio Palma lo mataron por estar emparentado con un primo con antecedentes penales. Sin embargo, la versión policial apunta a que se trató de un enfrentamiento. 

“El primo sí era mala conducta, pero él no”, afirmó el pariente, quien aseguró que el joven se desempeñaba como obrero de la construcción desde hacía un año. Antes de eso, estaba desempleado. “Se la pasaba echando broma con su primo. Pero se dejó de eso y se dedicó a su pareja y a su casa”, dijo la fuente.

A Monasterio Palma le dispararon en el pecho mientras su familia estaba fuera de su casa. Su allegado acotó que “estaba limpio”, pues no tenía solicitudes de detención y no había estado en la cárcel. 

De acuerdo con Monitor de Víctimas, entre enero y noviembre de 2021 hubo 17 homicidios en Filas de Mariches, todos con arma de fuego. En seis de estos estuvo involucrado el Cicpc.

 

Lo bajaron de la moto para asesinarlo

Dos días después, mataron a José Luis Yépez Hernández, de 27 años, en el sector El Pino del barrio El Guarataro, parroquia San Juan del municipio Libertador del Distrito Capital, en otro suceso que involucró a funcionarios de la PNB (Policía Nacional Bolivariana).

De acuerdo con un familiar de la víctima, el sábado 18 de diciembre, a las 11:00 a. m., Yépez Hernández fue obligado a bajar de una motocicleta, en la iba en el puesto de atrás, por un policía llamado José Tovar, conocido como “Cara e’ Piedra”. Luego, Tovar le disparó al menos seis veces. Uno de estos tiros fue en la cabeza.

El pariente aseguró que hay varios testigos del asesinato y que el hombre fue llevado al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, aunque ya estaba muerto. 

Al igual que en el caso de Monasterio, la versión policial indica que se trató de un enfrentamiento.  

Yépez Hernández era padre de un niño de 1 año de edad.

Monitor de Víctimas registró 28 homicidios en la parroquia San Juan entre enero y noviembre de 2021.

Diario ABC asegura que Pollo Carvajal pidió asilo y detuvo su extradición
El ex jefe de Inteligencia de Chávez hizo la petición el pasado 17 de diciembre, ante su inminente extradición

 

El diario ABC de España informó este martes, 21 de diciembre, que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional paralizó nuevamente la extradición a Estados Unidos de Hugo «El Pollo» Carvajal, ex jefe de inteligencia del gobierno de Hugo Chávez, luego de que este solicitara por segunda vez asilo a España-

Carvajal, reseñó el diario, está en prisión provisional en la cárcel de Estremera desde septiembre pasado a la espera de la extradición, procedimiento que no continuará hasta que se tome una decisión sobre la petición de asilo.

«En una providencia a la que tuvo acceso ABC, el tribunal que preside Alfonso Guevara da cuenta de que ha recibido ‘dos correos electrónicos de la Oficina de Asilo con fecha 17 de diciembre’ en relación a la última solicitud de protección internacional instada por el general. Acuerda ‘estar a la espera de la resolución administrativa correspondiente'».

Más información en ABC España.

Operan a Josnars Baduel en el Hospital Militar por lesiones durante su reclusión
La abogada del hijo del ex ministro de Defensa de Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel, confirmó el traslado al centro de salud

 

La abogada Yasnaía Villalobos, quien está frente al caso de Josnars Adolfo Baduel, informó la noche de este martes 21 de diciembre que su defendido fue trasladado desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) del Helicoide al Hospital Militar, luego haber sido herido durante su presidio.

«Igual que su padre, el Gral. Raúl Baduel, se repite la historia judicial con Josnars Adolfo. Hoy trasadado al Hospital Militar a espaldas de familia y abogada @YVillalobosM,  diagnosticado con requerimiento de cuatro intervenciones quirúrgicas por lesiones ocasionadas en reclusión», escribió Villalobos en la red social Twitter.

Josnars Adolfo Baduel está acusado de conspiración por la operación Gedeón II, el intento de incursión alentado por dos americanos en mayo de 2020 que tenía la intención de derrocar a Nicolás Maduro.

El joven es hijo del ex ministro de Defensa de Hugo Chávez, general Raúl Isaías Baduel, quien murió en octubre de este año por complicaciones derivadas del covid-19 mientras estaba preso en el Helicoide. Esa versión oficial fue rechazada por la familia del militar.

Entre febrero y marzo de 2021, la familia de Baduel aseguraba que el joven había sido víctima de tortura y tratos crueles.

 

México anunció rescate humanitario de 124 migrantes de origen venezolano y cubano
El INM indicó que los migrantes transitaban por la carretera Tapachula-Huehuetán en condición irregular

 

El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación de México anunció el «rescate humanitario» de 124 migrantes de origen venezolano y cubano a través de un comunicado publicado en Twitter.

Según la institución, los migrantes transitaban por la carretera Tapachula-Huehuetán en condición irregular por el municipio de Villa Mazatan, en el estado de Chiapas.

El comunicado señala que fueron 31 mujeres, 39 hombres junto a 29 niñas y 25 niños los auxiliados con agua, alimentos y primeros auxilios.

«Los infantes y quienes viajaban en núcleo familiar quedarán bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la entidad, y las personas adultas fueron trasladadas a la sede del INM para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente», reza el escrito.