Lorena Meléndez, autor en Runrun

Lorena Meléndez

Siete claves del informe de Bachelet sobre ambiente y pueblos indígenas en Venezuela
El documento publicado este lunes por la oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclama al Estado su inacción ante la minería ilegal, los ‘sindicatos’ mineros, los derrames petroleros y el impacto de sus políticas sobre los aborígenes venezolanos

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En su más reciente informe, la oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, cuestionó la violación de derechos ambientales y de los pueblos indígenas en Venezuela, los cuales se han visto afectados por la minería ilegal, la acción de las bandas armadas y los constantes derrames petroleros.

El documento, titulado “Situación de los derechos humanos y la asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela”, está basado en las observaciones hechas por la oficina de Bachelet entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021. A través de dos apartados, la institución reclama desde el incumplimiento de las leyes por parte del propio Estado, hasta la inacción ante las amenazas que ambiente e indígenas reciben por igual. Aquí siete claves para entender las alertas hechas por la ONU a la administración de Nicolás Maduro.

 

Marco legal de adorno

El documento subraya que aunque los derechos ambientales están consagrados en el marco legal venezolano como “derechos constitucionales” y establecen “obligaciones específicas del Estado en materia de protección ambiental, transparencia, participación, fiscalización, reparación y formas específicas de responsabilidad penal por daños ambientales”, el Estado y sus instituciones incumplen lo que parece solo estar en el papel.

“Informes de la sociedad civil indican una falta de aplicación de las normas ambientales, de rendición de cuentas públicas, y de reparación de los daños ambientales, en particular en las industrias petrolera y minera”, se lee en el informe de Bachelet. 

¿Y Escazú?

El ACNUDH insta a Venezuela a firmar y ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el acuerdo de Escazú, que entró en vigor el pasado 22 de abril de 2021 y que ha sido aprobado por 24 países. Venezuela está entre las cinco naciones de la región que no participan en la iniciativa. Para Bachelet, es imperativo que el país se sume.

Arco Minero, otra vez

Aunque no es la primera vez que se menciona en un informe, la oficina de Bachelet también expresó preocupación por la situación de los derechos humanos en los más de 113 mil kilómetros que ocupa el Arco Minero del Orinoco.

Acerca del tema, se hace una mención especial sobre el riesgo de los pueblos indígenas ante la minería, ya que el ACNUDH recibió más denuncias de muertes y amenazas contra líderes aborígenes en estas zonas por parte de los grupos armados conocidos como ‘sindicatos’. “Por ejemplo, el 5 de abril, en la ‘Mina 49’ en Yapacana (estado Amazonas), un hombre indígena Jivi habría sido muerto por grupos no estatales que operan la mina (…) Las muertes y las denuncias de amenazas deben ser investigadas de forma independiente, y los autores deben ser llevados ante la justicia”, recalca. 

El documento también revela que tiene información sobre la participación de agentes del Estado que hacen parte de las operaciones de la minería ilegal junto con los ‘sindicatos’.

En el informe se subraya que, al respecto, ya la ONU hizo recomendaciones al Estado venezolano para que se acabara con la falta de transparencia de empresas públicas que llevan a cabo operaciones en la zona, y que se dieran a conocer los procesos de participación y consulta, estudios de impacto ambiental y sociocultural, y las acciones públicas “para frenar la minería ilegal y las actividades de grupos armados no estatales que operan en las zonas mineras”. Pero estos problemas persisten y, por eso, vuelve a señalar la necesidad de que el marco regulatorio ambiental se aplique en la zona.

Indígenas cercados

El ACNUDH insiste en que la expansión de la minería ilegal, impulsada de acuerdo con expertos y organizaciones no gubernamentales, con la creación del Arco Minero del Orinoco, ha impactado negativamente sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, en particular sobre sus derechos sobre la tierra y los recursos de estas, sus derechos ambientales, a vivir en paz y seguridad, así como sus derechos económicos, sociales y culturales. Si bien la actuación de los grupos armados mantiene en zozobra a los aborígenes y trastoca sus estilos de vida, el reclamo del organismo se dirige más bien al Estado y al hecho de no acordar y aprobar junto con las comunidades la explotación de los territorios que ocupan. 

La oficina de Bachelet exige a la administración de Maduro que cumpla con “la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, de buena fe y a través de sus propias instituciones y representantes legítimos, para la adopción o aplicación de cualquier decisión, actividad o medida que pueda afectarlos”. 

La deuda de la demarcación

A pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en vigencia desde 1999, estableció que para 2001 ya debían haberse demarcado todos los territorios indígenas, la realidad es que 20 años después esa meta, apenas se ha alcanzado en 15%, mientras que el Gobierno solo ha entregado 102 títulos de propiedad y hábitat a los pueblos aborígenes que corresponden a 3,22% del territorio nacional. Así lo reporta el documento de la ONU, que además critica la demora excesiva de las respuestas de entes oficiales hacia las solicitudes de autodemarcación y expedición de títulos, también incluidas en la carta magna. “En un caso, la respuesta oficial de la Procuraduría General de la República ha estado pendiente por más de 15 años, cuando el plazo legal aplicable es de 30 días”, resalta el informe.

“La demarcación justa y eficaz de los territorios indígenas es un derecho y un requisito para el pleno disfrute de otros derechos humanos de los pueblos indígenas. Debe realizarse sin demora, de forma transparente y participativa, y con las autoridades indígenas legítimas”, sostiene el documento.

En el apartado de las recomendaciones, el ACNUDH pide al Estado la adopción de medidas que permitan actuar con celeridad en el reconocimiento de todos los territorios indígenas y derechos colectivos a la tierra, con énfasis en las iniciativas de autodemarcación.

No más derrames

Otra de las denuncias contenidas en el informe se refiere al aumento de los vertidos accidentales de hidrocarburos en Venezuela que se registra desde 2014. “El ACNUDH recibió alegaciones de derrames de petróleo en ríos, lagos y zonas costeras, muchas de ellas protegidas, como el Parque Nacional Morrocoy y el Refugio de Vida Silvestre del Cuare. Entidades públicas habrían actuado para contener los impactos y reparar los daños, dentro de los recursos disponible”, dice en el escrito.

Para la oficina de Bachelet, es “imperativo” que la administración de Maduro se asegure de implementar el marco regulatorio ambiental sobre la industria petrolera y que informe cómo lo hace efectivo. 

 

El aporte

La oficina de Bachelet destaca que en este período colaboró con la Defensoría del Pueblo  para evaluar y capacitar a la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, “a fin de mejorar su capacidad para prevenir eficazmente la tortura y malos tratos”. 

La misma institución “ofreció capacitaciones virtuales a la Defensoría del Pueblo sobre temas específicos, como derechos de los pueblos indígenas y cooperación con personas defensoras de los derechos humanos, y acompañó a la Defensoría del Pueblo en la aplicación de un nuevo sistema de recopilación de datos”, indica el documento.

La explosión de un transformador en una subestación de Aragua desató un incendio que dejó a varios estados sin luz ni internet

 

El viceministro de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, informó este domingo, 12 de septiembre, que en horas de la tarde hubo un «nuevo ataque» al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual devino en repetidas fluctuaciones de luz y, finalmente, en un apagón en parte de Caracas y varios estados del país.

La falla ocurrió cuando explotó un transformador 230/115 KV en la subestación Aragua, en el sector Santa Cruz de ese estado que quedó a oscuras. El incendio, según el funcionario, fue controlado por los bomberos locales.

A las 8:30 pm, Reverol informó que personal de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) había restablecido la electricidad en la región capital y que trabajaba para restaurar el servicio en entidades afectadas parcialmente por el corte de luz como Zulia, Mérida, Táchira, Nueva Esparta y Falcón.

El funcionario de Nicolás Maduro apuntó que el «ataque terrorista» está concebido dentro de un «plan de sabotaje permanente que forma parte de una guerra multiforme».

Con la falla eléctrica vino también una caída de la conectividad que afectó, además de los estados mencionados, a Apure, Barinas, Cojedes, Yaracuy, Miranda, Trujillo y La Guaira, donde el servicio de internet continuó sin funcionar incluso cuando ya había sido restablecido el servicio.

Las respuestas de los funcionarios de Maduro contra Duque tras ataque del ELN en Arauca
Los ministros de Maduro salieron al paso con insultos contra el presidente colombiano luego de que este asegurara que el atentado fue planeado en Venezuela

 

Durante la madrugada de este sábado, 11 de septiembre, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) perpetró un ataque con explosivos, ráfagas de fusil y ametralladora, contra el ejército colombiano que dejó al menos cinco militares muertos y seis heridos en el departamento de Arauca, en la frontera colombo-venezolana. Poco después de la noticia, el presidente de ese país, Iván Duque, aseguró que todo había sido planeado en Venezuela. Los funcionarios de Nicolás Maduro salieron a responder casi de inmediato.

«Nos duele el asesinato y lesión de varios de nuestros héroes. Esto, claramente, se trata de un acto entre ELN y las disidencias de las FARC planificado desde Venezuela», escribió en Twitter Duque, cuyo gobierno ha indicado, reiteradas veces, que jefes de las FARC y del ELN son protegidos de Maduro y desde territorio venezolano ordenan atentados contra la población civil, las fuerzas de seguridad del Estado, la infraestructura eléctrica y petrolera de Colombia.

«Estos hechos cobardes son producto del desespero ante la presión militar. Por la memoria de nuestros héroes seguiremos atacando al narcoterrorismo y desmantelando sus estructuras», concluyó Duque.

Muy poco después, el ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, respondió a Duque con insultos. 

“Resultaba tan predecible la próxima jugada de Duque y su banda de narcotraficantes instalados en el palacio de Nariño, que el escenario del falso positivo no podía faltar luego de su atormentado intento de torpedear la mesa de Diálogo en México. El desespero los iba a llevar a dispararse en los pies. Por eso, juegan con candela con el blof (sic.) de mover tropas a nuestra frontera para expiar sus culpas a través de un tercero. Piensan que así van a ocultar la raíz de todos los males cultivados en Colombia” comentó en un par de mensajes.

En otro más, escribió que Bogotá está angustiada porque oposición y gobierno aceptaron enfrentar juntos la diatriba del Esequibo. “Es una fortaleza que les pone lejos sus pretensiones de violar nuestra soberanía. En todo caso, aquí te estamos esperando para darte una bienvenida”, añadió.

A través de un retuit con comentario a los mensajes del ministro de Defensa, la Fuerza Armada Nacional se sumó a las respuestas.

“La FANB se solidariza con el pueblo colombiano por los sucesos en donde perdieron la vida dignos Soldados del @COL_EJERCITO; hacemos votos por la paz de Colombia y el cese de la violencia que durante décadas ha afectado tanto a los países vecinos cobrando vida de inocentes”, se apuntó desde la cuenta de la institución.

El canciller de Maduro tampoco se quedó callado. “Rechazamos las calumnias y falsas acusaciones sin fundamento de Iván Duque. Es desde Colombia, la fábrica de mercenarios, que se destruye la región y otras latitudes. Es en Colombia, la cuna de la violencia, desde donde se amenaza a su propio pueblo”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, en un tuit que fijó en su perfil.

El titular de la cartera de Exteriores recordó que hay más de 10 millones de colombianos desplazados” por una guerra de más de 70 años. Usar a Venezuela para desviar la atención de quienes negaron la paz al pueblo colombiano es irresponsable y demuestra el mayor de los cinismos”, recalcó.

Los comentarios de Plasencia continuaron y no dejaron por fuera el presunto magnicidio que se planificó en la frontera contra Maduro.

“En Colombia planificaron los magnicidios contra los Presidentes Maduro y Moïse. Desde Colombia se atacó población de La Victoria en Apure y se entrenó mercenarios para operación Gedeón. El Estado Colombiano es responsable de una guerra de 70 años que quiere exportar al continente”, enfatizó.

Freddy Ñánez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de Maduro y presidente del canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV), no quiso quedar fuera de los ataques virtuales contra Duque y afirmó que la declaración se trataba de “otro viejo falso positivo” y que la “mafia” que gobierna Colombia trabaja para “exportar la guerra y expandir las redes de narcotráfico por el continente”.

“El gobierno de los falsos positivos, de las masacres. El gobierno que deshizo la paz y revivió la guerra. El que persigue y desaparece líderes sociales y apaga las protestas con plomo, insiste en desviar la atención. Todo nuestro rechazo a este personaje y sus oscuras maniobras”, acotó.

#MonitorDeVíctimas | Denuncian que la PNB mató a vendedor de tequeños en una fiesta en Coche
Parientes de la víctima aseguraron que los funcionarios llegaron a la reunión y abrieron fuego

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A «Ficha» o «Pito», como apodaban a Ernesto Antonio Flores Ríos, de 30 años, lo conocían como vendedor de tequeños desde hace años. El hombre murió el pasado sábado 4 de septiembre cuando, según la versión de sus familiares, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo señalaron como delincuente y lo mataron.

El hecho ocurrió durante una fiesta en el sector El Estanque, en la parroquia Coche del Distrito Capital. Parientes de la víctima contaron que eran las 3:00 a.m. cuando arribaron los uniformados y comenzaron a disparar. Aseguraron que durante el procedimiento policial murieron otras tres personas, pero esta información no pudo ser confirmada.

Flores Ríos tenía tres hijos menores de edad y era el sostén de una familia de cuatro miembros. También mantenía a un hermano con discapacidad.

De acuerdo con las cifras de Monitor de Víctimas, durante los 6 primeros meses de 2021 al menos 24 personas han muerto en presuntas ejecuciones extrajudiciales en Caracas. Según familiares de esta última víctima el caso de Flores Ríos también se trató de una ejecución.

#MonitorDeVíctimas | Mujer embarazada fue asesinada al golpes en Hoyo de la Puerta al parecer por su pareja
A la mujer le destrozaron el hígado y le desprendieron varios órganos. El supuesto agresor fue detenido horas después del hecho junto a los dos hijos de la víctima, quienes estaban en casa cuando ocurrió la golpiza

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«Eso se veía venir, compadre», le dijo un conocido a Carlos Rodríguez cuando este se enteró del asesinato de su hija, Eskirly Geraldine Rodríguez Rivera, una joven de 25 años de edad que murió luego de ser brutalmente golpeada, al parecer por su pareja, un individuo cuyo nombre se corresponde con las siglas N.R.

De acuerdo con la familia de la víctima, no era la primera vez que el hombre la maltrataba. El señalado agresor tenía un historial de violencia contra ella que incluso lo había obligado a mudarse.

La mujer, que tenía 21 semanas de embarazo, vivía con el supuesto responsable del crimen en el sector La Balgrés de Hoyo de la Puerta, en el municipio Baruta del estado Miranda. Hasta allá se habían mudado hace tres meses luego de que al hombre lo denunciara y desalojara el consejo comunal de una invasión en Caujarito, Charallave, municipio Cristóbal Rojas de Miranda, precisamente por golpear a la joven.

El pasado sábado 4 de septiembre a las 2:00 am, Rodríguez Rivera arribó al Hospital Materno Infantil «Hugo Chávez», en El Valle, municipio Libertador del Distrito Capital, a bordo de un taxi. Había huído de la golpiza que, aseguran, le había propinado su pareja. Esto habría ocurrido mientras sus dos hijos, de 7 y 2 años, estaban dentro de la casa. Fueron los médicos de este centro quienes le avisaron al padre de Rodríguez Rivera lo que había pasado.

La muchacha tenía el hígado destrozado y varios órganos desprendidos, contó el padre a Monitor de Víctimas. El feto también murió durante la paliza. En las actas policiales reza que la causa de la muerte fue «traumatismo por violencia». La joven murió el domingo en la madrugada.

Rodríguez Rivera y el señalado responsable de su muerte habían estado juntos durante los últimos tres años. Él es el padre del niño de 2 años que tenía la pareja y del bebé que venía en camino. La joven era ama de casa y la mayor, junto a un mellizo, de tres hermanos.

El papá de la muchacha les había comprado un rancho en Caujarito, cerca de su casa. Fue mientras hacían vida en ese lugar que le llegaron los primeros comentarios sobre las agresiones que recibía su hija. Cuando el consejo comunal lo denunció por violencia de género, Rodríguez se llevó a su hija a su residencia y le dijo al hombre que no quería verlo por la zona. Pero tiempo después, la pareja se unió nuevamente.

Tras lo ocurrido este familiar de la víctima pidió ayuda a la comunidad de Hoyo de la Puerta para dar con el paradero del supuesto asesino. El hombre fue hallado en un rancho de la zona junto a los dos niños.

En el confinamiento aumentaron los casos

El informe 2020 de Monitor de Víctimas reveló que durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 se exacerbaron las distintas formas de violencia contra la mujer, pues las víctimas que se vieron obligadas a convivir y a quedarse aisladas con sus agresores.

De los 52 homicidios de mujeres que se registraron el año pasado en el Área Metropolitana de Caracas, 17 se consideraron femicidios, debido a que las víctimas fueron asesinadas por su condición de mujeres. Las parejas o exparejas fueron los victimarios en la mayoría de los casos. Entre enero y julio de 2021, nueve mujeres han muerto por violencia de género.

¿De dónde provino el tumbao’ venezolano de la cuenta en Twitter de los Juegos Olímpicos de Tokio?
¡Yulimar, eres tú EN HD y 4K!” oLo que consiguió Keydomar Vallenilla es arrechísimo” fueron algunas de las frases que se publicaron en la cuenta @Tokyo2020es. Aquí contamos cómo se construyeron esos tuits que supieron llegar al orgullo de los venezolanos que tuvieron varias alegrías durante las Olimpiadas

 

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Solo fueron cuatro palabras en mayúsculas: “Chama, eres récord mundial”. Así, sin imagen, ni GIF, ni video alguno.

Aquel tuit que la cuenta en Twitter #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) lanzó poco después de que la reina del salto triple, Yulimar Rojas, ganara la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de este año con una nueva e histórica marca mundial, fue el mensaje en la red social que más éxito tuvo en ese perfil: casi 8.000 retuits y más de 25.000 likes. Detrás de esos caracteres, hay una historia que une a Venezuela, Argentina y Japón en una frase que conectó directamente con el sentimiento de millones de venezolanos.

Agustín Ceñal (@aguscenal) y Julián Polo (@polojuli), los dos social media manager de la cuenta que pertenece al Comité Organizador del evento estaban en Tokio. Ellos, argentinos, tuvieron una aliada con quien consultaban cada vez que iban a postear un contenido sobre los atletas venezolanos. Daniela Morales (@soydanimorales), la novia de Ceñal, es marabina y vive en Buenos Aires desde hace casi tres años. A ella le pedían que echara un último vistazo antes de lanzar los tuits que cosecharon más interacciones a lo largo de las Olimpiadas.

Ya Ceñal conocía varios venezolanismos, pero afirma que Morales fue clave para darles “estructura” y saber cuál era el mejor momento para usarlas. “Yo tengo el ‘dialecto’ incorporado por los dos años de relación que tenemos. Ya me sabía las frases, porque se las había escuchado, aunque ella a veces no se da cuenta de cuándo las dice”, cuenta el argentino desde la capital nipona, donde vive desde enero de 2020. Así que antes de poner aquellos vocablos venezolanos en una oración, necesitaba más certezas. Y por eso acudía a su Morales.

Ese proceso de consultas entre Ceñal, Polo y Morales ocurrió con frecuencia durante los Juegos Olímpicos. A veces, era ella quien proponía algunas líneas, como el “¡A ponerse las alpargatas que lo que viene es joropo!”, que tuitearon para anticipar la salida del sensei Antonio Díaz en su búsqueda por la medalla de bronce. Otras, ellos lograban dar con la palabra que encajaba en ese instante del evento deportivo. 

El perfil #Tokio2020 en Español seguía, y aupaba, a todos los atletas de habla hispana. Por eso, cada día que había participación de deportistas de países de Latinoamérica y España con posibilidad de medalla estaba planificado. Ya sabían que Yulimar Rojas era la favorita para llevarse la presea de oro y que Julio Mayora tenía posibilidad de subirse al podio. Cuando el pesista Keydomar Vallenilla ganó la plata, Ceñal y Polo consultaron a Morales si escribir sobre un festejo con comida era apropiado pese a la crisis alimentaria que atraviesa el país. Así fue que se publicó el mensaje: “¡Esta noche Keydomar Vallenilla y Venezuela celebran con arepas!”.

“Todo se dio de forma muy orgánica y dependió del timing y del momento”, explica Morales desde Buenos Aires. Ella, quien es consultora de marcas y especialista en marketing para empresas, ya había estado vinculada al periodismo deportivo cuando trabajó en Caracas con DirecTv Sports, Circuito X, Caraota Digital y agencias de representación de deportistas en el país. “En digital todo es conectar y esta experiencia fue volver a lo simple (…) Al final, el usuario lo que quiere encontrar es ese sentido de pertenencia que te hace pensar ‘este pana se toma una malta con nosotros’”, señala Morales. 

La curiosidad de los venezolanos por saber si había un criollo detrás de la cuenta era tan insistente, que hasta un usuario se lo preguntó a Daniel Dhers durante un live en Instagram.

Con ningún otro país la cuenta de los JJOO conectó tanto y tan bien. Y eso lo ve Ceñal, quien también apela al sentido de pertenencia y a la respuesta de los venezolanos, a quienes considera usuarios amables, ingeniosos, amplios conocedores de Twitter y muy agradecidos. Ríe mientras recuerda aquellos mensajes que bromeaban sobre premiar a los community managers con una arepa y hasta con entregarles el estado Vargas. “Fue increíble lo que pasó (…) Yo soy hincha número uno de Venezuela, por mi novia, aunque nunca he estado allá”, comenta Ceñal, quien aplaude la actuación de los atletas criollos en los Juegos Olímpicos.

#MonitorDeVíctimas | Aseguran que mototaxista que mató el Cicpc no era miembro de la banda del Koki

Fotoleyenda: El Cicpc aseguró que Manuel Antonio Marrero Marrero era un “peligroso secuestrador de la Cota 905”

 

El hombre, de 27 años, prestaba sus servicios a algunos miembros de la banda, aunque no la integraba. Sin embargo, aseguran que el cuerpo policial lo ejecutó y lo señaló como un «peligroso secuestrador»

 

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El pasado 20 de julio, el director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó en su cuenta de Instagram que sus funcionarios se habían enfrentado a un hombre apodado «el peke», a quien catálogo como un «peligroso secuestrador de la Cota 905». El presunto delincuente terminó muerto ante los uniformados de la División contra Secuestro. 

El hecho, de acuerdo con lo publicado en la mencionada cuenta, ocurrió en el sector Las Cumbres de la Cota 905, en la parroquia El Paraíso de Caracas. En el procedimiento incautaron un revólver .380.

Rico afirmó que el cuerpo policial estaba tras la pista del hombre porque «estaba involucrado en más de cuatro secuestros y tenía varios expedientes relacionados con los delitos de robo y secuestro». 

El director del Cicpc aseguró que la labor del hombre en la banda delictiva era el de «pistero», que consistía en informarle a los otros miembros si en el camino que transitaban había policías o alcabalas que tuvieran que evadir mientras trasladaban a los cautivos.

Pero los allegados al hombre muerto desmienten al Cicpc. Según fuentes consultadas por Monitor de Víctimas, el joven, llamado Manuel Antonio Marrero Marrero, de 27 años, trabajaba como mototaxista en el barrio.

«¿Usted cree que si ese muchacho fuese un secuestrador, su familia hubiera pedido plata a la Alcaldía de Caracas para poder enterrarlo? Los policías ni siquiera sabían cómo se llamaba, le preguntaron el nombre y lo que hacía antes de matarlo. La foto que pusieron en redes sociales la sacaron ellos (los funcionarios) de su teléfono», afirmó una de las fuentes.

De acuerdo con el relato de testigos, Marrero Marrero estaba en su habitación junto con su pareja y su hija de 8 meses ese martes, a las 10:30 am, cuando llegaron los uniformados. Una familiar abrió la puerta en cuanto tocaron, pero los policías sacaron a la fuerza a las mujeres y a los seis menores de edad que había en la casa: tres adolescentes y tres niños menores de 8 años.

A Marrero Marrero lo sacaron del cuarto y lo llevaron a una casa vecina, donde vive su madre. Según lo dicho por los testigos, lo mataron en la sala. De la vivienda del hombre  se llevaron celulares, una radio, dinero en efectivo, ropa y un radio.

De acuerdo con cifras de Monitor de Víctimas, Marrero Marrero está en la lista de los 63 presuntos delincuentes que murieron desde que comenzó el operativo Gran Cacique Indio Guaicaipuro en la Cota 905 el pasado 10 de julio, que además se ha extendido a zonas fuera de Caracas como los Valles del Tuy y los Altos Mirandinos.

Todo lo que debe pasar para que Maduro sea procesado por la CPI
La causa de Venezuela, que ya lleva casi tres años en la Corte Penal Internacional, puede tardar un par de años más, o una década entera. El complejo litigio, de cuatro fases, debe asegurar lo esencial: que los señalamientos sobre los medios y altos mandos sean, más allá de dudas razonables, incuestionables. Runrun.es presenta, a través de cuatro infografías, cómo es el proceso ante el máximo tribunal del mundo

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En 2012, el líder militar congolés Thomas Lubanga se convirtió en la primera persona condenada por la Corte Penal Internacional (CPI), fundada el 17 de julio de 1998. La institución lo sentenció a 14 años de prisión por crímenes de guerra cometidos en su país, donde reclutó y sometió a entrenamientos militares a niños menores de 15 años para obligarlos a participar en hostilidades y ser guardianes de los altos cargos de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. El proceso entero, desde que el gobierno de la República Democrática del Congo pidió en 2004 que se investigaran los crímenes de los rebeldes, duró ocho años. 

Pero no todos los casos ante la CPI tardan el mismo tiempo. Hay otros que permanecen en investigaciones todavía más años y los señalados, al final, resultan exculpados. Así sucedió con Jean Pierre Bemba, líder del Movimiento para la Liberación del Congo, la milicia que, junto con el gobierno de la República Centroafricana, participó a finales de 2002 en una operación de cinco meses en la que cientos de civiles fueron asesinados, violados y saqueados. La causa llegó a la Corte en 2004 y Bemba fue condenado 12 años más tarde, en 2016. Pero a los dos años fue absuelto porque se determinó que no podía ser considerado penalmente responsable de los crímenes cometidos por sus tropas.

Venezuela está apenas en la primera parte de un proceso complejo que podría durar más de una década. Al cabo de casi tres años de que los gobiernos de Argentina (que se retiró de la demanda este año), Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaran a la fiscalía de la CPI que investigara supuestos crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos por la administración de Nicolás Maduro desde abril de 2014, la “situación” “Venezuela I” todavía no es considerada un caso dentro del máximo tribunal internacional.

 

Más allá de toda duda

Para la abogada especializada en derecho internacional y derechos humanos, Sara Fernández, hay que hacer un “manejo de expectativas” en torno a lo que significa que Venezuela esté bajo la mira de la CPI. Se debe saber que el fin de este proceso tendrá un rol muy pequeño en la resolución de la crisis humanitaria. La Corte determinará las responsabilidades en casos muy específicos y se limitará a señalar a cinco o seis personas de todo el gobierno de Maduro.

Pese a lo que podría apuntar el proceso, Fernández aclara que en muchos casos el fiscal –tal como sucedió con Bemba- no ha logrado probar los hechos y sus responsables, más allá de toda duda razonable. Esto podría pasar también con Venezuela si las pruebas no logran ser convincentes. 

“Es difícil establecer una situación que sirva como espejo con respecto a la situación de Venezuela. Sin embargo, creo que puede decirse que guarda cierta similitud, únicamente con algunos de los crímenes de Kenia y la situación, en tanto que allí se estaba en un contexto de violencia post-electoral, lo que conllevó a la comisión de crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y deportación o traslado forzoso. También, en esa situación, quienes resultaron imputados ante la Corte Penal Internacional eran altos funcionarios del gobierno, como el Jefe de Estado, Uhuru Kenyatta y el vicepresidente de Kenia, William Ruto. A su vez, esta situación permite observar lo difícil que es juzgar a un jefe de Estado en ejercicio, puesto que, la Oficina de la Fiscalía no pudo recabar las pruebas”, señaló Omar Piñango, abogado y coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad  de la ONG Defiende Venezuela.

Fernández, en cambio, recuerda que el caso de Costa de Marfil podría convertirse en un espejo. El ex presidente, Laurent Gbagbo, tras ser acusado de cuatro cargos de crímenes de lesa humanidad (asesinato, violación y otros actos inhumanos o – alternativamente – intento de asesinato y persecución), quedó absuelto. La Fiscalía no pudo demostrar que el entonces mandatario en ejercicio, tras cuestionar los resultados electorales que lo condenaban a la derrota y que daban como ganador a su rival, Allasane Ouattara, orquestó una ola de violencia política y étnica que solo culminó con la intervención de Francia y la asunción de Ouattara.

“La falta de pruebas de la Fiscalía no estaba en lo que se necesitaba para confirmar que se había cometido un delito, la dificultad estuvo en demostrar la cadena de mando, en señalar que el alto mando tuvo responsabilidad en esos hechos porque ordenó su comisión o tuvo que ver en esa decisión”, sentenció la especialista. 

Fernández también adelantó que, a partir del caso de Costa de Marfil, la fiscalía adoptó la estrategia de construir casos desde mandos medios a altos para explicar cómo se dio y ejecutó la orden. “La fiscalía ha aprendido de estos casos”, añadió.

Para la búsqueda de pruebas, en el caso Venezuela, la diáspora será crucial. 

“En la actualidad, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 5.6 millones de venezolanos y venezolanas se encuentran viviendo en el exterior, cientos de ellos huyeron al ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos por haber sufrido crímenes de encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, y persecución fundada en motivos políticos. Por lo que, estos testimonios de víctimas y testigos, al igual que las evidencias documentales que puedan tener, van a representar gran parte de los elementos de convicción que podrían ser presentados frente a una eventual investigación formal que se abra en la situación de Venezuela I, con los cuales se podría nutrir la investigación”, detalló Piñango.

Fernández señaló que aunque la migración de venezolanos permita la posibilidad de contactar víctimas, localizar testimonios y recabar pruebas para identificar posibles casos que conduzcan a la solicitud de órdenes de aprehensión, no se sabe si la CPI pueda ingresar a territorio venezolano durante la fase de investigación. “Si bien Venezuela ha mostrado apertura e interés en colaborar con la Fiscalía, sabemos que es posible que eso cambie una vez que haya acusaciones”, recalcó.

Apuntó que ese trabajo probablemente recaerá en la sociedad civil que está en el terreno, que deberá establecer una cadena de conservación de la prueba. La CPI también tendrá que  asegurar la cooperación de parte de otros Estados, no solo de Venezuela, así como fortalecer la documentación de la evidencia.

Piñango aclaró que, a medida de que avance el caso ante la CPI, se necesita alcanzar “ciertos estándares de prueba que cada vez son más rigurosos”. 

“En efecto, el estándar probatorio requerido en el examen preliminar es el de “bases razonables”, según el cual se busca únicamente una ‘justificación razonable’ de que uno de los crímenes de lesa humanidad haya ocurrido. Para una etapa de juicio, en la que se está debatiendo la responsabilidad criminal de un individuo, el estándar adoptado es el de ‘más allá de toda duda razonable’, siendo este el más exigente durante todo el procedimiento ante la Corte. Por ello es clave la cooperación del Estado parte con la investigación, pues de lo contrario, la misma se podría ver truncada”, finalizó. 

Las cartas para detener el proceso

La situación Venezuela I sufrió un retraso cuando el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, introdujo ante la Cámara de Cuestiones Preeliminares un documento en el que se quejaba por el escaso apoyo que le había prestado la Fiscalía ante los señalamientos formulados contra la administración de Nicolás Maduro.

“Son técnicas procesales que veremos no solo en esta etapa preliminar, sino que probablemente estén presente también en el supuesto de que se abra la investigación formal. Todavía son muchas las formas en la que el Estado venezolano puede retrasar esta investigación, haciendo uso, por ejemplo, de cuestiones de admisibilidad. La labor es entonces buscar acreditar a través de la documentación, la falta de investigaciones y enjuiciamientos en los hechos relevantes en el contexto bajo examen. La falta de procedimientos genuinos y, en definitiva, la incapacidad del sistema de justicia de conducirlos”, insistió Piñango.

Fernández indicó que, en el supuesto de que Venezuela I pase a ser un caso, la defensa de Maduro podría apelar al artículo 18 (numerales 2 y 3) del Estatuto de Roma, que contemplan que, en el mes siguiente a la apertura de la investigación, el Estado en cuestión podrá demostrar a la CPI que está llevando a cabo un proceso judicial por los crímenes que lo comprometen ante la Corte. El Fiscal podrá volver a examinar nuevamente si se inhibe en el caso.

Pero Fernández duda que la apelación al artículo pueda frenar el avance de Venezuela I en la CPI. Advierte que si bien Afganistán apeló a este artículo, su examen preeliminar había terminado tres años antes y hubo un período largo para que estos procedimientos se produjeran. En cambio, el examen de Venezuela acaba de terminar.

La administración de Maduro también podría cuestionar la admisibilidad de la situación. Pero, de nuevo, la especialista ve improbable que la CPI estime estas acciones como válidas, ya que tendrían que probar que la investigación gubernamental incluye a mandos militares altos y medios.

 

El proceso

 

Fase preliminar

Aquí está “Venezuela I”. En esta primera parte del proceso, los hechos a investigar todavía no se han convertido en casos y se les denomina “situación”. Aquí transcurren las cuatro fases del examen preliminar que, primero, busca estudiar e identificar toda la documentación recibida para determinar que es fidedigna y que se cometieron crímenes que juzga la Corte; luego se dedica a evaluar si el o los crímenes cometidos son de su competencia, posteriormente revisa si se cumplen los principios de complementariedad (si ya existen procedimientos nacionales genuinos y relevantes) y de gravedad (la escala, naturaleza e impacto de los crímenes) y, por último, precisa si existen fundamentos para considerar que la investigación no servirá a los intereses de la justicia.

 

Fase de investigación

Es el momento de profundizar la investigación. Con ese fin, incluso se puede solicitar una visita al Estado implicado, algo que los expertos dudan que ocurra en Venezuela. Es vital que la Fiscalía tenga en cuenta la naturaleza de los crímenes, sobre todo aquellos vinculados con violencia sexual, por razones de género y contra los niños.

En la audiencia de confirmación de cargos, que se produce en esta etapa, el imputado puede estar ausente y, en ese caso, será representado por un defensor. En este acto, no será necesario que el fiscal llame a declarar a testigos, pese a que debe presentar pruebas suficientes para cada cargo.

Mientras que el fiscal podrá modificar o retirar los cargos antes de la audiencia, el imputado podrá impugnar los cargos y las pruebas presentadas por Fiscalía, así como presentar las suyas.

Será la Sala de Cuestiones Preliminares la que determinará si existen pruebas suficientes para enjuiciar al acusado. En este caso, lo asignará a una Sala de Primera Instancia. De lo contrario, no confirmará los cargos o levantará el acto para pedir a la Fiscalía la presentación de más pruebas o la modificación de los cargos.

 

Fase de juicio

La Sala de Primera Instancia es la que rige esta tercera parte del proceso, por eso, más allá del juicio, también celebrará consultas con las partes, determinará el idioma del juicio, dispondrá de la divulgación de información que no haya salido a la luz con anterioridad, indicará si los cargos deben acu

mularse o separarse en caso de que haya más de un acusado, ordenará la comparecencia y declaración de testigos, documentos y otras pruebas; protegerá la información confidencial, al acusado, los testigos y las víctimas, y ordenará más pruebas si lo considera necesario.

Si el acusado se declara culpable, la Sala revisará con el defensor si tal confirmación es voluntaria. Podrá condenarlo si considera que reconoce los hechos esenciales que configuran el crimen. De lo contrario, tendrá la declaración como no formulada y ordenará la continuación del juicio.

 

 

Fase de apelación

En la cuarta y última etapa, la Sala de Apelaciones toma las riendas del procedimiento. Podrá apelar tanto el fiscal (si considera que existe un vicio de procedimiento, un error de hecho o un error de derecho), como el condenado (si cree que existe un vicio de procedimiento, error de hecho, error de derecho o una desproporción entre el crimen y pena) y la Corte (si hay fundamentos para revocar la condena del todo o parcialmente).

Para que el proceso ocurra por completo, la “situación” Venezuela I todavía debe convertirse en un caso y, sobre todo, lograr que a lo largo del tiempo, las dudas razonables sean certezas que incriminen a los cargos medios y altos que están implicados.