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REPORTAJES ESPECIALES

La misoginia avanza a la sombra de las tendencias en redes sociales

Entre enero de 2023 y enero de 2024, ProBox identificó 74.827 menciones como ataque de género hacia María Corina Machado, divididos en tres frentes principales: menosprecio de capacidades (67%) alusiones al cuerpo (21%) y sexualización (12%).

Aunque desde el aparato comunicacional al servicio del oficialismo se despliegan estrategias de difamación contra activistas y políticos, no siempre han logrado opacar la conversación orgánica en defensa de los derechos humanos. Cuando se trata de liderazgos femeninos, estos ataques van más allá de manipular las conversaciones en redes sociales. Por encima de las etiquetas y los trending topics, también se acciona contra las mujeres y se amenaza la participación en espacios de incidencia con equilibrio de género.

El caso de la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y el intento de difamación en su contra es un ejemplo de la estrategia coordinada desde las filas oficialistas para atacar a la activista, aún cuando no había sido confirmada su detención es el más reciente ejemplo de ese intento de socavamiento reputacional.

Una búsqueda en redes realizada por ProBox con algunas palabras claves usadas por el oficialismo sobre del tema (#RocíoNoEsSanta, Rocío San Miguel Helicoide, Rocío San Miguel brazalete blanco y Rocío San Miguel terrorista) identificó 799 menciones en el periodo que va desde el 11 al 17 de febrero. Esta escucha reveló que la conversación en torno a #DóndeEstáRocío generó una mayor y más auténtica interacción que la actividad alrededor de la etiqueta #RocíoNoEsSanta, impulsada desde el chavismo radical, y desde donde se pretendía imponer la narrativa de que San Miguel era una “traidora de la Patria”, justificando así su detención.

No te vistas que no vas

Rocío San Miguel no fue la primera ni la última mujer en ser blanco de ataques y campañas de difamación en redes sociales en Venezuela. Basta con revisar los comentarios o buscar directamente en las plataformas el nombre de cualquier activista o mujer dedicada a la política en el país, para encontrar que gran parte de los mensajes que reciben, más que atacar su rol y liderazgo, se trata de descalificativos o alusivos a su género.

Bajo esta premisa, ProBox realizó un ejercicio previo de social listening en Twitter (ahora X), TikTok, Facebook, Instagram y YouTube junto a la Coalición C-Informa en el marco de las primarias opositoras de 2023, analizando las publicaciones más recientes -para el 28 de septiembre de ese año- vinculadas a tres candidatas (María Corina Machado, Delsa Solórzano y Tamara Adrián) y tres candidatos (Henrique Capriles, Freddy Superlano y Carlos Prosperi).

Las tres candidatas mujeres registraron 60% más ataques en línea vinculados a su género, que los tres candidatos hombres. Teniendo como constante la repetición de palabras como “loca”, «traidora», «no engañes más», «asesina», «sayona», “hipócrita”, «pedazo de perra», «qué buena que estás», «mujerzuela», “se cree mujer”, “no te vistas que no vas” y muchas otras.

Ante este primer hallazgo, desde la campaña #LupaElectoral y gracias al apoyo técnico de la fundación Interpreta de Chile, se profundizó en el estudio analizando las menciones en torno a estos mismos seis liderazgos entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de enero de 2024; recabando casi 12 millones de datos, de las cuales 9,2 millones pertenecen a las mujeres, siendo María Corina Machado la más mencionada en línea.

Al desglosar y categorizar el contenido, se identificaron 74.827 menciones como ataque de género hacia María Corina Machado, divididos en tres frentes principales: menosprecio de capacidades (67%) alusiones al cuerpo (21%) y sexualización (12%).

En el caso de Delsa Solórzano se registraron 3.794 menciones como ataque de género, siendo las alusiones a su cuerpo el tema principal con 59%, seguido por el menosprecio de sus capacidades (37%) y sexualización (4%).

Por su parte Tamara Adrián registró 881 menciones bajo esta misma premisa pero, a diferencia Machado y Solórzano, el 74% de sus menciones hacen alusión a su cuerpo, el 21% son menciones transfóbicas, 3% están dentro de la categoría de sexualización y 2% sobre el menosprecio de sus capacidades.

Si bien los tres candidatos hombres también recibieron menciones sobre el menosprecio de sus capacidades, estas se referían a su trayectoria política por encima de su género.

Sin contemplaciones

Un estudio realizado por la consultora Anova sobre violencia basada en género en la política venezolana concluyó que “hay diferencias significativas en la cantidad de violencia recibida por mujeres y hombres políticamente activos durante las elecciones regionales de 2021 en Venezuela”.

Las activistas políticas recibieron 41% más tweets violentos que sus homólogos masculinos. El tamaño de la brecha de género es uniforme en casi todos los tipos de discurso violento categorizados en nuestro léxico; donde, al igual que en el estudio realizado por #LupaElectoral, la violencia por desprestigio el tipo de violencia más común experimentado por las mujeres. Además, destaca que la violencia por sexualización, instrumentalización y la violencia directa dirigida casi exclusivamente a mujeres.

Toda esta evidencia apunta a que la violencia en las redes sociales también está impregnada por la brecha de género. “En la política se usan palabras que buscan descalificar a las mujeres por sus capacidades y devaluarlas como personas ante la opinión pública”, señaló a El Pitazo, Natalia Brandler, politóloga experta en derechos de las mujeres.

Lo más grave es que, frente al acoso y los mensajes violentos, las mujeres presentan una tendencia mayor a inhibir su discurso político y «representa un obstáculo para lograr un entorno más equilibrado, democrático y seguro para el discurso político venezolano», concluye el estudio de Anova.

Propaganda contra la realidad

Dentro del registro histórico de ProBox de las tendencias en Twitter (ahora X) con contenido sociopolítico en Venezuela desde 2020, la sociedad civil ha impulsado 42,28% de las tendencias vinculadas a mujeres en este período (52 etiquetas), pero solo ha sido responsable de 5,15% de los tweets registrados (375.391 tweets apx.). Esto se debe a que el oficialismo ha participado en esta conversación y, debido a la magnitud de su maquinaria comunicacional, han generado el 80,62% de los mensajes (5.877.479 tweets apx.) en menos etiquetas vinculadas a las mujeres (33 tendencias).

La participación de la sociedad civil gira en torno a exigir la libertad de mujeres presas o detenidas por el régimen venezolano con etiquetas como #LiberenACarol o #LibertadPlenaparaMamaLis, así como otras para denunciar casos de feminicidios en el país a través de etiquetas como #JusticiaParaGeraldineQuintero.

En el caso del oficialismo, la conversación se limita a impulsar propaganda en efemérides como el Día de la Mujer con tendencias como #MujerVanguardiaDeLaRevolución, #MadresDelaPatria y #MujerProtagonistaDeLaPatria. Bajo esta temática resalta el caso de la etiqueta utilizada el 8 de marzo de 2023, #ChávezFeminista, que acumuló más de 2.210.000 tweets pero de acuerdo con el análisis de ProBox el 97,43% de estos mensajes fueron producidos de manera inauténtica; es decir, fueron creados por “tropas digitales” y posibles bots para simular apoyo a esta narrativa.

Entre enero de 2020 y el 09 de marzo de 2024, la oposición posicionó 14 tendencias vinculadas a las mujeres con 52.010 tweets aproximadamente, resaltando temáticas como una campaña en contra de la violencia de género con etiquetas como #VzlaEnDefensaDeLaMujer, #NoMásFeminicidiosVzla y #NiUnFemicidioMasVzla. También hubo presencia de etiquetas en apoyo de Maria Corina Machado con #MCMEsLaLider, #BarinasConMaríaCorina, #YoHabilitoAMariaCorina, entre otras.

Finalmente, las redes anónimas identificadas por ProBox (grupos de cuentas coordinadas entre sí que no tienen una identidad verificable) posicionaron 9 tendencias en contra de mujeres venezolanas, sumando al menos 25.670 tweets con la intención de atacarlas y desprestigiarlas. Etiquetas como #FabianaEnUSA; #CorrupcionDeLuisaOrtega y #ArochaBorracha fueron algunos de los posicionados en el período. Han destacado también etiquetas en contra de María Corina Machado desde Redes anónimas como #MariaCorinaEsLeopoldo con alrededor de 817 tweets y #SonTerroristas con 7.933 tweets apx.

Sin embargo, la conversación orgánica ha resultado lo suficientemente poderosa y elocuente. Las tendencias de ataque a las mujeres no han logrado mantenerse como tendencia por largos períodos de tiempo; no obstante, esto no anula su gravedad. Las manifestaciones de violencia en las redes sociales siguen teniendo efectos negativos desproporcionados sobre las mujeres políticamente activas, lo que puede dificultar aún más su participación en los espacios públicos, sobre todo porque estas plataformas son la primera fuente de información de la mayoría de los ciudadanos; además de un instrumento fundamental para la construcción de la opinión pública.

En el estudio de Interpreta y ProBox para #LupaElectoral, se analizaron menciones de desprestigio y palabras positivas. De las casi 12 millones de menciones recolectadas, alrededor de 1,7 millones pertenecen a estas categorías; no obstante, las palabras positivas predominan sobre las campañas de desprestigio con el 73% de los datos recolectados a nivel general en un año de estudio. Esta tendencia se repite al estudiar en detalle a los seis perfiles incluidos en la muestra: María Corina Machado, Delsa Solórzano, Henrique Capriles, Freddy Superlano y Carlos Prosperi.

El problema sigue siendo la impunidad. Aunque la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia protege explícitamente a las mujeres de este tipo de prácticas, la verdad es que poco está ocurriendo en ese sentido y cada vez es más frecuente que mujeres limiten su participación en el espacio digital.

Ante esto las consecuencias pueden ser de gran alcance. Marwa Azelmat, experta en derechos digitales que participa en movimientos y organizaciones por los derechos de las mujeres alrededor del mundo, afirma que la violencia en línea contra las mujeres «es parte de un espectro de violencia de género que impide que las mujeres gocen de plenos derechos humanos, tanto en línea como fuera de ella».

Por su parte, la abogada y coordinadora de la organización Mulier, Estefanía Mendoza, señala que los ataques misóginos buscan que se refuerce la imagen de que las mujeres tienen limitaciones para participar en la política y que solo deben desempeñarse en otros espacios. Por lo tanto, las atacan por sus emociones, vestimenta y forma de hablar, pero no por su liderazgo.

“Mientras más cerca estén las mujeres del poder se van a recrudecer los ataques. Eso es parte de la intención que tiene el sistema machista de aleccionar a las mujeres para que no se salgan de lo que se consideran sus labores y que no tienen nada que ver en nuestra sociedad con la política”, afirmó Mendoza en declaraciones ofrecidas a El Pitazo.

Más allá de Venezuela

La sociedad ha retrocedido en el trato hacia las mujeres e internet alimenta nuevas formas de misoginia. Así lo asegura la lingüista e investigadora de la universidad de Oxford Deborah Cameron en su último libro, Language, Sexism and Misogyny (Lenguaje, sexismo y misoginia). Para algunas mujeres que tienen un alto perfil público en la política, el activismo o los medios de comunicación, la misoginia “se ha convertido en un problema, porque el miedo a ser bombardeadas con amenazas de muerte, insultos o violaciones está llevando a muchas a excluirse de la vida pública o a medir sus intervenciones porque el lenguaje de las mujeres está vigilado”, dice Cameron.

La violencia machista digital es una prolongación de la violencia ejercida contra las mujeres fuera de Internet. La elección de delegadas y delegados para la Convención Constitucional, representó para Chile un hecho inédito, entre otras cosas, porque es la primera vez que existieron escaños reservados para los pueblos indígenas y que se emplea un mecanismo para que las candidaturas y los resultados de la elección sean paritarios.

Un estudio realizado por Interpreta y Corporación Humanas analizó las diferentes formas de violencia que enfrentan mujeres y disidencias por su edad, origen étnico o racial, conocimientos y experiencia política y clasificó las diferentes manifestaciones de violencia en dos grandes categorías: expresiones discriminatorias y desprestigio. Del total de 257.792 publicaciones registradas, 23.967 corresponden a mensajes con algún tipo de violencia explícita. Respecto a las principales manifestaciones de violencia identificadas, 69% corresponde a expresiones de discriminación, mientras que el 31% corresponde a desprestigio. Las candidatas feministas fueron el blanco predilecto de la violencia digital y recogieron 6.246 menciones (8,2%) con algún tipo de violencia explícita. Las candidatas que se auto identifican como disidencias sexuales de manera pública recibieron 1.022 menciones violentas.

En España la situación no es distinta. Las mujeres políticas del país europeo han sido víctimas de desinformación y ataques que buscan ridiculizarlas. A diferencia de los ataques que reciben sus homólogos hombres, están más enfocados en atacar lo personal o lo físico que a sus capacidades como funcionarias. Además, el tema más recurrente para desinformar sobre las políticas españolas suele ser atribuirles declaraciones falsas sobre el machismo o los hombres en general, para aumentar los ataques hacia las funcionarias.

Acceso a datos

El acceso a datos abiertos es clave para combatir la violencia de género online en todas las redes sociales, incluyendo las políticas internas de tratamiento de comentarios y conductas abusivas y estadísticas sobre posts bloqueados y denunciados, los cuales hoy en día no son compartidos públicamente. El Estado tiene el rol fundamental de exigir transparencia a las redes sociales, considera Laila Sprejer, quien lideró un monitor que midió en tiempo real las agresiones online que recibieron las precandidatas al Congreso de la Nación de Argentina en Twitter en 2021.

La clave, según Sprejer, está en mejorar la cooperación entre los gobiernos, el sector tecnológico, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y la sociedad civil, con el fin de fortalecer las políticas. Es necesario «subsanar las carencias en materia de datos para conocer mejor los factores que impulsan la violencia y los perfiles de los agresores, así como para proporcionar una base empírica a las iniciativas de prevención y respuesta».

En ese sentido también propone elaborar y aplicar regulaciones con la participación de las supervivientes y las organizaciones de mujeres; elaborar normas de rendición de cuentas para el sector tecnológico a fin de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas sobre la violencia digital y el uso de datos.

Se considera necesario reforzar la acción colectiva de las entidades públicas y privadas y de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, pero sobre todo, «empoderar a las mujeres y las niñas para que participen y ejerzan un papel de liderazgo en el sector tecnológico, con el objetivo de aportar información valiosa para el diseño y el uso de herramientas digitales seguras y de espacios libres de violencia”.

Finalmente, la misoginia digital no se queda únicamente en las redes, tiene un impacto en la vida real de las mujeres que reciben los ataques o están expuestas a estos, independientemente de su rol en la sociedad. Este tipo de situaciones forman parte de la violencia invisible y las formas implícitas que conforman el iceberg de la violencia de género, una herramienta difundida por Amnistía Internacional que ayuda a comprender la profundidad de este fenómeno y la importancia de actuar ante lo invisible y no únicamente ante las formas explícitas de violencia.

Entre enero y septiembre de 2023, el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 201 casos de femicidios consumados y 107 casos de femicidios en grado de frustración en Venezuela. Según datos del Monitor de Víctimas de Runun.es, el porcentaje de mujeres víctimas de la violencia aumentó de 5% en 2018 a 8 % en 2022 y la mayoría de las veces la causa es la violencia de género. A pesar de la gravedad de los datos, ninguno aparece en las conversaciones impulsadas por cuentas oficialistas, ni siquiera en el discurso de las que dicen asumir la causa feminista.

Para más información sobre estos temas puedes buscar la etiqueta #LupaElectoral en redes sociales o seguir las cuentas oficiales de ProBox, RunRunes, El Pitazo, Tal Cual, Redes Ayuda, Medianálisis y EsPaja.

Aniversario de la #PurgaMadurista: así se repartieron las sillas vacías

Comenzaba la tarde del 17 de marzo de 2023, cuando el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez, publicó en Twitter un comunicado de la Policía Nacional Anticorrupción que anunciaba procedimientos contra funcionarios del gobierno por violar el “sagrado juramento de honestidad, moral y ética que realizaron para asumir las responsabilidades asignadas”.

En las horas y días siguientes se conocerían los nombres de los implicados en la #PurgaMadurista: decenas de funcionarios de alto y mediano rango de compañías estatales, instituciones, los tribunales penales de la República, y dos alcaldías, así como empresarios de ramos diversos.

En el centro de todo el escándalo estaba Tareck El Aissami, quien era ministro del Petróleo y luego se señalaría como presunto responsable del desfalco de 5.500 millones de dólares a Pdvsa.

Tres días después del inicio de los arrestos, El Aissami dimitió a su cargo. Nunca se supo si lo detuvieron y su paradero hoy es un misterio. 

 

Los sustitutos de la #PurgaMadurista

Tras un año de la #PurgaMadurista, la opacidad se ha mantenido en los procesos de cada detenido. El último balance señaló que el Ministerio Público solicitó el pase a juicio de 22 de los 61 arrestados (sin revelar nombres).

Ese mismo documento apuntó que, para julio de 2023, todavía no se habían ejecutado 20 órdenes de aprehensión. Runrun.es pidió información sobre estos procesos judiciales a la Fiscalía General de la República y Pdvsa, pero al cierre de este reportaje no se había obtenido respuesta.

Los funcionarios que rápidamente ocuparon las docenas de sillas vacías que dejó la #PurgaMadurista estuvieron previamente en ministerios e instituciones al mando de las más altas esferas del poder.

Esta investigación revisó los perfiles y trayectorias profesionales de 35 de las personas designadas en los cargos abandonados por los implicados, y en otros que surgieron tras la sacudida, y determinó que por lo menos la mitad de ellos ha estado en posiciones cercanas al actual Presidente de la República, pero también a la vicepresidenta Delcy Rodríguez; a su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, entre otros.

Descubre quiénes son los sustitutos de la #PurgaMadurista al hacer clic en esta imagen:

portada purga madurista aniversario

Mega apagón en Venezuela: cinco años después las fallas continúan

Por Ahiana Figueroa, Brian Contreras, Jhoalys Siverio, Marisabel Díaz

Con información del Correo del Caroní, La Verdad, La Mañana, El Impulso y Yaracuy al Día

Daniela estaba en casa de su mamá aquel 7 de marzo de 2019 porque no tenía internet en su apartamento, ubicado en el estado Bolívar. En el transcurso del día, se fue informando por las redes sociales de cómo el país se iba apagando poco a poco.

«No me preocupé en ese momento. Lamentablemente solemos pensar que si no me afecta, no pasa nada. Recuerdo que le dije a mi mamá: bueno, si se va la luz, al menos tenemos gas porque con la cocina eléctrica sería triste para nosotras», recordó.

Se fue a dormir con la idea de que Bolívar no sería afectado por la falla eléctrica. Esta región alberga al embalse El Guri, el cual se encuentra delimitado por la represa del mismo nombre y en donde se encuentra la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. Sin embargo, pasadas las 10:00 p.m., le tocó el turno, luego de un corte eléctrico en una fase y a las 12:00 de la medianoche todo el estado quedó completamente a oscuras.

«Sentí mucha incertidumbre. Fue cuando caí en cuenta de que todo el país estaba sin luz. No sabía qué pasaba porque hasta perdí señal telefónica. Solo agradecía porque en casa de mi mamá habían surtido gas y teníamos comida», agregó.

Este jueves 7 de marzo se cumplen cinco años del mega apagón que dejó a millones de venezolanos sin servicio eléctrico por casi una semana en 20 de los 23 estados del país y, que a su vez afectó los sistemas de telecomunicaciones y de suministro de agua potable. Hoy, en 2024, Venezuela padece de un apagón
continuado, al ejecutarse desde el Estado un plan de racionamiento eléctrico que se extiende más allá de las horas programadas, al ocurrir continuas fallas en el servicio que duran desde minutos hasta horas, y tras las explosiones e incendios de plantas o transformadores.

Nueve años antes del mega apagón, el fallecido presidente Hugo Chávez había decretado una emergencia eléctrica para solventar las fallas de la infraestructura a través del financiamiento y acuerdos con empresas privadas, para compras de equipos sin necesidad de llamar a licitación. Lo ocurrido en 2019, evidenció que este plan fue un absoluto fracaso.

Desvío de recursos que derivó en oscuridad

Un reporte de la ONG Transparencia Venezuela determinó que 61% de los recursos destinados al sistema eléctrico fue desviado en hechos irregulares. La investigación detectó que entre 1999 a 2016 se erogó un monto de 37.600 millones de dólares, en planes donde se descubrieron «sobreprecios» y actos de corrupción estimados en $23.033 millones.

Christi Rangel, coordinadora de Transparencia Venezuela, sostiene —además— que en el sector eléctrico se han tomado decisiones que afectaron al sistema. Por ejemplo, las termoeléctricas que funcionaban como Planta Centro, sufrieron daños con las obras de ampliación que se llegaron a ejecutar y por utilizar un combustible no apto para su operatividad.

«Las termoeléctricas nuevas como la Luis Zambrano de Mérida, tampoco aportó la energía necesaria. En Mérida debía funcionar con gas y para ello se debió instalar un gasoducto que nunca se construyó. Entonces la pusieron a funcionar con gasoil y quedó inoperativa en muy poco tiempo», acotó.

La estatización de las empresas del sector ocurrió con la creación de la Corporación Eléctrica Nacional en 2007. El control total se alcanzó en 2010 cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que convirtió a Corpoelec en el operador único en los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización.

Rangel agregó un tema que ha sido recurrente: los recursos que se destinan al sistema eléctrico a través de las leyes de presupuesto y de endeudamiento. En los documentos oficiales de los ejercicios fiscales de cada uno de los últimos años, se aprueban financiamientos para las mismas obras de los cuales no hay avances.

«El proyecto de la Central Hidroeléctrica de Tocoma ha aparecido en las leyes especiales de endeudamiento como receptor de recursos desde hace varios años, aunque está paralizada la obra. Incluso en la Ley Especial de Endeudamiento de este año 2024, tiene una asignación de 66 millones de dólares. Esta obra junto con
otras de electricidad recibirán recursos por deuda de 661 millones de dólares», explicó.

Un punto importante a destacar es que la administración de Nicolás Maduro no rinde cuentas sobre la ejecución del gasto público, por lo que es difícil hacer contraloría a la forma en que se administran los recursos.

Para el Gobierno, el mega apagón tiene un culpable: factores internos y externos que sabotearon el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para generar zozobra y angustia en la población. Algo que no ha podido ser demostrado a pesar de que sus instalaciones se encontraban custodiadas por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. La presencia de militares en la infraestructura eléctrica fue ordenada desde la gestión de Chávez.

Un trauma que no se supera

El deterioro del servicio de electricidad que derivó en el mega apagón significó un antes y un después en la vida de los venezolanos. Mucho se ha informado sobre el por qué se llegó a esa monumental falla en 2019, pero también es necesario recalcar que los ciudadanos tuvieron que ingeniárselas para salir airosos de esa
situación y otros aún no se recuperan del trauma que les generó.

Ricardo trabajaba de barista en un café de Puerto Ordaz en Bolívar. El local contaba con planta eléctrica, lo que le permitió al menos tener carga en su celular y ver qué pasaba en la ciudad.

«Mucha gente llegó pidiendo el favor de poder cargar su celular. Otros consumían un refresco, un agua o alguna merienda que nos quedara, mientras cargaban sus teléfonos y laptops y, aprovechaban para trabajar. Fue complicado porque en ese año era un rollo el tema del vuelto para pagos en dólares. Casi que obligabas al cliente a tener que gastar el billete completo, pero la gente ese día compraba hasta hielo», detalló.

Bolívar fue el último estado en apagarse, aquella noche del 7 de marzo. Al día siguiente, la electricidad comenzó a restablecerse a partir de las 10:00 a.m. Desde entonces, el servicio no ha mejorado. Donde hay mayor incidencia es en los municipios del sur y oeste. No hay cortes programados, pero en zonas como El
Callao, hay apagones de ocho y hasta 12 horas en un día.

El presidente (e) de Fedecámaras Bolívar, Austerio González, señaló que hacia los municipios del sur «la luz se va, por lo menos, una vez a la semana. A veces esas interrupciones pueden prolongarse por tres, cuatro o cinco horas, lo que significa indudablemente que puede ocasionar daño de alguna mercancía, especialmente en los alimentos perecederos».

Agregó que en los tres principales municipios (Caroní, Angostura del Orinoco y Piar), que representan más de 80% de la población, no se percibe esta misma realidad. En cambio, en El Palmar, municipio Padre Chien, los reportes de cortes eléctricos son al menos una vez a la semana, y en ocasiones dos veces por semana.

Para González, el hecho de que en las zonas más remotas se perciba en mayor medida el problema eléctrico, obedece a que la capacidad de respuesta se concentra menos hacia el resto de la región; aunque también puede influir la distancia, grietas en la vialidad, escasez de combustible, entre otros.

Las fallas eléctricas también se relacionan con transformadores dañados o que colapsan en su capacidad. El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, por ejemplo, declaró en varias oportunidades que la población, y por ende la demanda, creció debido a la actividad minera en el municipio. Ello influyó en el colapso de transformadores en comunidades como Nacupae o El Perú.

Lugo admitió que la Alcaldía de El Callao carece de las condiciones económicas para asumir los gastos de respuesta para el sector eléctrico. Incluso, que la Gobernación tampoco tendría solvencia, sino únicamente el Gobierno nacional.

De la «burbuja» al caos

A pesar de que Caracas suele ser considerada como una «burbuja» que no padece los mismos problemas que las regiones en materia de servicios, la capital del país no queda al margen de la precariedad eléctrica y las deficiencias estructurales de la distribución energética. Las fallas son constantes en distintos sectores de la ciudad, muchas veces estando vinculadas con explosiones de transformadores en subestaciones eléctricas, así como otras infraestructuras de Corpoelec.

Desde el mega apagón de marzo hasta la actualidad, medios caraqueños han registrado no menos de 15 incidentes a la infraestructura eléctrica, entre detonaciones de transformadores que incendian subestaciones eléctricas, cortos circuitos en líneas de alta tensión y explosiones en torres de Corpoelec.

El discurso oficial de las autoridades tiende a señalar a presuntos hechos de «sabotaje» como causantes de estas explosiones y diversas fallas en las subestaciones del país. Sin embargo, en enero de 2022, el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, ordenó la creación de una «sala de investigación contra los sabotajes», con la cual contemplaban incrementar la supervisión en estas estaciones, instalando incluso cámaras de vigilancia. Desde este anuncio, se incrementó el registro de este tipo de incidentes, al menos en Caracas, con ocho reportes hasta la fecha.

Los caraqueños no estaban acostumbrados a las fallas del servicio en 2019, por lo que el mega apagón fue un shock significativo al no estar preparados para este tipo de eventualidades. En algunas zonas de la capital la interrupción del servicio duró tres días, pero en otras áreas llegó a casi una semana.

«Para nosotros fue todo un caos. Lo más traumático fue abastecernos de agua. En casa tenemos un tanque subterráneo que opera con máquinas, así que tuvimos que amarrar un tobo con un mecate para sacar agua, tal como lo hace mucha gente en los pueblos que van a un pozo. Era una tarea complicada porque requería fuerza, y lo pudimos hacer hasta que el nivel del agua nos lo permitió», contó Carmen Rosales desde el municipio Baruta.

Las consecuencias del mega apagón, así como la de otras fallas similares, redundan en otras áreas que llegan a afectar la calidad de vida. Para el ingeniero Nelson Hernández, hay dos términos que se deben tomar en cuenta y que son estándares mundiales: la pobreza energética y la seguridad energética. Asegura
que el gobierno no puede garantizar, a plenitud, las necesidades energéticas de la población venezolana.

«La pobreza energética se refiere a la accesibilidad a los servicios energéticos modernos, y la seguridad energética es referida a la confiabilidad del suministro de dichos servicios. Venezuela, hoy, con todos los racionamientos energéticos por los cuales atraviesa (electricidad, GLP, diésel, gasolina, etc.) sufre inseguridad energética. Pero lo que sí debe quedar claro, y aunque suene como un trabalenguas, es que, si la inseguridad energética no es atendida, se convierte en pobreza energética», dijo.

En Lara persiste la incertidumbre

Ernesto García, habitante de Barquisimeto en el estado Lara, recordó las dificultades que enfrentó durante el mega apagón. «En nuestro caso tuvimos una semana sin luz, nos bañamos en un río, se nos dañó la comida y no teníamos agua», relató.

El ingeniero Hernández enumeró las causas de las frecuentes fallas del servicio: fuerte deterioro, y continuo, de las líneas de transmisión por efecto de la sobre carga (sobre todo las líneas de 765 y 400 kV) para poder transmitir carga hacia las zonas donde la generación autóctona no puede suplir la demanda; colapso del sistema de distribución, producto de la sobre carga por no existir reemplazo de los que se dañan y de los que han cumplido su vida útil y, deficiencia en el suministro de combustibles (gas, diésel y fuel oíl) para la generación termoeléctrica.

Milagro de Ocanto, residente del sector La Estación (Lara), coincide con García en la gravedad del apagón de 2019. «Cinco días sin luz en donde nuestros alimentos se dañaron. Pasamos muchas dificultades», contó.

En comparación con 2019, Ocanto afirmó que el servicio ha mejorado, con menos interrupciones y una duración menor de las mismas. No obstante, la incertidumbre sobre el futuro del sistema eléctrico persiste. «Hay bajones, sí. Hay muchos bajones. El servicio no es que sea óptimo», reflexionó.

En Lara sostienen la necesidad de soluciones urgentes y sostenibles para el problema eléctrico en Venezuela. Destacaron que es prioritario promover la inversión tanto pública como privada para fortalecer la infraestructura y aumentar la generación de energía.

«El sistema eléctrico requiere un cambio importante, una inversión«, afirmó el presidente de Fedecámaras Lara, José Manuel Alejo. «Ya creo que tenemos 17, 18 años con un monopolio estatal, que es Corpoelec, yo creo que ya es tiempo suficiente para evaluar de que no ha sido la mejor forma de administrarlo», argumentó.

Señaló que las interrupciones del servicio, que pueden durar hasta cinco horas, impactan negativamente al sector empresarial, generando costos adicionales y una disminución en la producción. «Para nadie es un secreto, tenemos apagones constantes», recalcó.

Al recordar el apagón de marzo de 2019, señala que muchos empresarios tuvieron grandes pérdidas. «Más allá del tema de que no pudiesen vender, quienes ya tenían sistemas de generación de energía manejaron mejor la situación, pero quienes no la tenían, tuvieron pérdidas graves y en general la gente tuvo una situación difícil», apuntó Alejo.

Yaracuy teme que se repita la historia

En Yaracuy poco ha sido la mejora en el servicio eléctrico. Yudit Dávila, habitante de Cocorote, dijo que el 7 de marzo de 2019 marcó un cambio de paradigma. En esa oportunidad había también había escasez de gas doméstico y le tocó vivir esta experiencia sin luz y sin gas para poder cocinar.

«Prácticamente lo que comíamos eran pan donde se podía conseguir. A veces mis vecinos me ayudaban y en otros casos nos reuníamos todos y cada quien ponía algo para cocinar con leña», recordó. También señaló que sus hijos iban al Farmatodo a cargar el teléfono celular. Como el establecimiento contaba con planta eléctrica, era la forma en la que podían comunicarse, aunque la señal era paupérrima.

«Esa situación fue muy angustiosa porque no se sabía nada, ni por qué se había ido la luz, no nos quedó de otra que esperar con paciencia, y aún la tenemos, porque la situación no mejora en nada. La estamos viviendo peor porque todos los días hay fallas constantes», afirmó Dávila.

Nicolás Santos, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del estado Yaracuy, dijo que desconocen las causas de los constantes apagones. «Corpoelec no ha emitido un comunicado para explicar la situación y lo poco que conozco es que los cortes programados los hacen para prevenir que algunos transformadores en la ciudad fallen y tengan sobrecarga, ya que de lo contrario la avería sería mayor», explicó.

Refirió que desde el sector productivo del estado han expuesto la necesidad de entablar una reunión con Corpoelec para establecer cortes programados para tomar previsiones, pero eso no se ha logrado. Apuntó Santos que en el centro de la ciudad casi todos los días se va la luz, hay municipios en el que se va en la mañana y en la noche, lo que deja entrever que el servicio es deficiente y costoso.

«Como gremio estamos preocupados porque el servicio es deficiente, costoso y no responde por los daños a los equipos y productos que algunos requieren de refrigeración», amplió.

David Hernández, también habitante de Cocorote, coincidió en que la situación no ha mejorado. Recordó que aquel día se tuvo que ir a casa de un hijo en San Felipe, porque no quiso estar solo y porque lo poco que tenía en la nevera se le iba a dañar. «Esa semana me fui a casa de mi hijo porque él temía que no iba a poder comunicarse conmigo y que era mejor que estuviera con él», recordó.

Hernández continuó rememorando cómo todo se paralizó. Había poco tráfico y muy pocas personas en la calle. Las que salían, lo hacían a cargar los teléfonos donde había planta eléctrica. «Fueron unos días duros y el temor que hay en la población es que esto vuelva a suceder porque estamos claros de que el servicio eléctrico, lejos de mejorar, es deficiente cada día y sigue golpeando a las familias y a los comerciantes», afirmó.

Alba Infante, habitante de Independencia, añadió que se le dañó la comida que tenía en la nevera, además de los helados que vendía en esa oportunidad, por lo que considera fueron días traumáticos y de pérdidas. Calificó la situación como una bomba de tiempo, porque no ve mejorías en el sistema sino fallas todos los días.

«Es un trauma. Cuando veo que hay fallas por largas horas me pregunto si será que se va a ir otra vez. Son traumas que le quedan a una», dijo.

Economía también quedó sin luz

El apagón nacional se suele recordar como un día individual, sin embargo, no solo se produjo una falla nacional, sino cuatro. Tres ocurrieron en marzo y la última ocurrió el lunes 22 de julio de 2019. En todos estos casos, el país quedó completamente a oscuras, paralizado, no por unas horas, sino por un día entero; en algunos casos, varios días o hasta una semana.

La suma acumulada de todas estas interrupciones totales del servicio eléctrico representó un duro impacto para la economía. Significó paralizar las plantas industriales, es decir, dejar de producir durante semanas enteras; restringió brutalmente el comercio al reducir los medios de pago al uso exclusivo de dólares en efectivo y anuló el sistema bancario nacional.

El parón productivo y comercial produjo pérdidas importantes para un país que ya afrontaba un abismo económico con una caída sostenida de su Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 52% entre 2014 y 2018, de acuerdo con la data del Fondo Monetario Internacional (FMI), utilizada en ausencia de las cifras oficiales que debe publicar el Banco Central de Venezuela (BCV). Esa misma carencia de datos oficiales es la que impide determinar, con exactitud, el impacto que tuvo ese oscuro marzo para el PIB venezolano. Sin embargo, economistas asomaron diversas estimaciones por aquel entonces.

Los cálculos más conservadores eran los de Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, que mencionaba unas pérdidas por el orden de $1.098 millones entre el 8 y 15 de marzo, la semana del primer y más prolongado apagón. Por aquel entonces, la cifra representaba 1,3% del PIB venezolano.

Otras estimaciones fueron menos optimistas, como la del economista Ángel Alvarado, quien por aquel entonces formaba parte de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), pues proyectó unas pérdidas por el orden de $4.000 millones, equivalentes a más de 4% del PIB del país.

Más allá de la precisión numérica, lo cierto es que el apagón constituyó un golpe contundente para la economía, no solo por su impacto inmediato, sino también por sus consecuencias a largo plazo. El SEN nunca ha acabado de recuperarse y las fallas eléctricas son constantes en todo el país, lo que acaba por complicar la actividad en casi toda parcela productiva del país.

El economista y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), José Guerra, desmenuzó los problemas que genera un servicio eléctrico precarizado para Venezuela y que dan paso a un efecto recesivo.

«Los cortes eléctricos significan, evidentemente, un menor crecimiento del PIB. Las plantas se apagan, disminuyen las ventas porque los negocios tienen que cerrar. Eso tiene un efecto recesivo en la economía», sostuvo.

La economía es un todo y los problemas que afecten a un sector, acaban por tener repercusión en otro de la cadena productiva. Es por eso que los problemas energéticos perjudican incluso a la industria petrolera, de la cual el sistema económico venezolano es dependiente. Sin una mejora en este ámbito, la producción encontrará dificultades para mantener un crecimiento progresivo.

«La electricidad también afecta la actividad petrolera, porque las bombas en las que están los pozos petroleros, donde está la extracción, se mueve con electricidad. Es uno de los grandes problemas que tiene la actividad petrolera al momento de aumentar la producción», acotó Guerra.

El otrora diputado de la AN también hizo énfasis en que el problema no quedó en 2019, sino que ha tenido repercusiones cada vez que la actividad se paraliza debido a los constantes apagones. Según estimaciones de la OVF, los cortes de electricidad durante todo 2020 generaron una pérdida de aproximadamente $7.000 millones ese año.

En el ámbito de la producción nacional, el presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), Luigi Pisella, opta por ver el apagón como un hito que obligó al empresariado venezolano a estar mejor preparado para este tipo de contingencias, pues impulsó a las empresas a mitigar el impacto de los cortes mediante la autogeneración de energía.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Coyuntura Industrial de Conindustria, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, 89,5% de la pequeña y mediana industria cuentan con plantas eléctricas para generar energía de forma autónoma. Claro está, es un sistema complementario al servicio tradicional, pues 99,2% de estas industrias siguen contando con Corpoelec como principal proveedor de energía eléctrica.

Esta alternativa no es una solución definitiva al problema. Pisella advierte que acudir a las plantas eléctricas para mantener la operatividad disminuye la eficiencia de la producción, incrementando los costos y sumándose a una enorme lista de factores que restan competitividad a la producción venezolana.

«Para nosotros no es una fecha grata. Padecimos lo que todo el país, pero de ahí en adelante hubo un antes y un después. La industria se fue preparando paulatinamente para autogenerarse su electricidad. Desde aquel entonces hasta ahora, es lo que hemos venido haciendo. Si bien, los problemas eléctricos no nos detienen, sí nos hacen ser menos eficientes y menos competitivos con muchos de los productos que son importados al país», resaltó.

Como parte de ese todo, la misma industria petrolera que padece los problemas eléctricos, impide que las plantas eléctricas sean una solución óptima al problema, pues estas consumen un diésel que no se produce en cantidades suficientes para satisfacer la demanda. Al acudir al mercado negro para adquirir este insumo, los productores deben pagar el doble o el triple de su precio. Así, se forma un círculo vicioso que acaba por encarecer cada vez más la producción y hacerla menos competitiva. En este sentido, la industria propone alianzas entre públicos y privados para que, con la inyección de capital de inversionistas, puedan concretarse las adecuaciones que requiere el sistema eléctrico nacional.

«Tenemos que reestablecer la energía termoeléctrica en estados fundamentales. Lo que hemos propuesto es que haya alianzas con sectores privados para invertir puntualmente en esa generación eléctrica y no depender tanto de lo que se produce en Bolívar», remarcó.

El representante de las industrias venezolanas recordó que, mediante las negociaciones entre chavismo y oposición, se había acordado la creación de un fondo fiduciario —vigilado por la ONU— con dinero de Venezuela que se mantenía custodiado en Estados Unidos. Parte de esos recursos, unos $1.200 millones, estaban dedicados a recuperar el servicio eléctrico en el país.

«Aquí siempre caemos en el tema de la flexibilización de las sanciones. Estaba pautada la liberación de $1.200 millones hace más de un año. Esos recursos, que son de Venezuela, deben ser invertidos en el sistema eléctrico», destacó.

Apagón en el campo

No contar con un servicio público confiable, aún en la actualidad, sigue siendo un factor que incrementa los costos de las empresas, disminuye la productividad y reduce la rentabilidad. «Los sectores rurales son los más afectados en Zulia, ya que no hay ninguna posibilidad de que estos puedan sobrepasar esta problemática de las fallas de electricidad. En nuestro caso como productores de leche y carne, son alimentos inocuos que necesitan electricidad para que exista la calidad del producto en los centros de consumo», refirió Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga).

A su juicio, las fallas se deben a la mala generación y la distribución de la electricidad, debido a que tienen que balancear las cargas entre unos y otros municipios y estados. «Hasta donde tengo entendido, la termoeléctrica no está generando energía. Apenas ahora se están cambiando unos cables de alta tensión que son los que atraviesan el lago de Maracaibo desde la Costa Oriental del Lago hacia el occidente. Esto nos va a generar más electricidad, lo que pasa es que, como estaban deteriorados, los van a suplantar y a darles mantenimiento», destacó Chacín.

Mientras se logra este plan, el sector agrícola y pecuario en la región sigue persistiendo a innumerables problemas, por lo que se han visto obligados a hacer cambios en su modelo de negocio.

«Más del 80% de lo que producíamos en leche iba a la industria. Hoy tenemos que hacer queso, que son métodos artesanales para poder, de alguna u otra manera, garantizar nuestras unidades de producción. De esta manera, la industria tiene mucho menos leche para poderla procesar. Estas son medidas que se toman en vista de que no sabemos cuándo es el corte eléctrico, no sabemos cuándo va a llegar nuevamente la luz y no sabemos las causas», dijo Chacín.

Hace más de 20 años, los venezolanos bromeaban con que Zulia es el estado más frío del país, debido al uso frecuente de aires acondicionados para mitigar una región altamente calurosa. Desde el mega apagón y los continuos cortes ya ese chiste se olvidó.

Maritza Rodríguez, de 58 años de edad, vive en la parroquia Caracciolo Parra Pérez, en Maracaibo. Para el momento del apagón, vivía con sus dos hijas y su esposo.

«Recuerdo que durante el apagón sacábamos los colchones para el garaje. A mi esposo, que estaba en cama, lo trasladamos para la sala y así dormíamos, en el suelo». Su familia fue una de las tantas en el país que tuvo cocinar con leña. «Entre los vecinos hacíamos arepas, huevos, bistec y cosas sencillas. Recuerdo que tomábamos agua caliente y ya después de unos días nos repugnaba. Deseábamos tomar agua fría. Eso fue toda una calamidad. De noche era todo oscuro. Las conversaciones eran largas y parecía como si estuviésemos en la Edad de Piedra».

Maritza considera que el servicio eléctrico no ha mejorado desde entonces. «Es una falta de respeto que quiten la electricidad cuando les parece, no avisan. La quitan hasta dos veces al día. Pasamos hasta dos, tres, cuatro, cinco y seis horas sin luz. Así las personas no pueden planificar bien su día y la quitan porque sí, porque la quitan y punto».

 

Venezuela News y el arte de vender desinformación
La Coalición Informativa C-Informa investigó las significativas conexiones entre Venezuela News, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el oficialismo venezolano

Por C-Informa

Un “medio independiente”, frecuentemente señalado por difundir propaganda y desinformación, tiene claros vínculos con el PSUV y el gobierno venezolano. Una investigación de C-Informa detalla sus tácticas de influencia y su papel en la amplificación de narrativas progubernamentales

El nombre de la agencia informativa Venezuela News resonó por primera vez, en la esfera digital, el 17 de noviembre de 2021. En su campaña de lanzamiento, impulsada en redes sociales de manera organizada bajo la etiqueta #NaceVenezuelaNews, destacó la participación de presentadores del canal Venezolana de Televisión (VTV) —el canal insignia del Estado venezolano— y comunicadores del Movimiento Free Alex Saab, justo un mes después de la extradición del empresario a Estados Unidos desde Cabo Verde.

Desde su lanzamiento, Venezuela News se presentó como un “medio independiente de poderes públicos y económicos” creado con el objetivo de combatir la desinformación y “mostrar la verdad de Venezuela”. Sin embargo, más allá de informar, ha difundido narrativas y propaganda a favor del gobierno venezolano, una tendencia que ha llevado a que varias organizaciones venezolanas de verificación de datos la señalen como una fuente habitual de desinformación sociopolítica.

La Coalición Informativa C-Informa investigó las significativas conexiones entre Venezuela News, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el oficialismo venezolano. Además, se evidenciaron tácticas de manipulación digital, incluyendo el uso de “influenciadores” y cuentas en redes sociales con seguidores no auténticos con las que intenta proyectar una influencia mayor a la real.

Al profundizar en el papel que cumplen portales como Venezuela News en el escenario informativo nacional, se evidencia un esquema coordinado diseñado para la diseminación sistemática de propaganda y desinformación progubernamental.

Una agencia entre la “verdad”, la propaganda y la desinformación

El surgimiento de Venezuela News, respaldado y promocionado por cuentas que amplifican propaganda gubernamental, levantó sospechas inmediatas. La presencia en la “agencia” de periodistas conocidos por su trabajo en medios progubernamentales que, en múltiples ocasiones, difundieron desinformación, señalaba que era parte de un esfuerzo bien orquestado para establecer un “medio” con objetivos de influencia, disfrazado de independencia.

En una breve nota publicada en su web durante su lanzamiento se aseguraba que, para enfrentar los numerosos rumores y falsedades que estaban dañando a Venezuela, era vital responder rápidamente en el mundo de la comunicación. Por esta razón el portal había sido creado, para “contar hechos de significación social, con rigurosidad científica y sin palangre”.

En uno de sus videos promocionales, Venezuela News cuidadosamente evitó mostrar vínculos directos con el oficialismo venezolano, optando por una imagen atractiva y positiva del país. La estrategia incluía la sutil mención de su colaboración con una red de “influencers” para amplificar sus contenidos, sugiriendo más una campaña de influencia que un esfuerzo periodístico auténtico. No obstante, poco tiempo después de este intento de neutralidad, el portal rápidamente se inclinó hacia la difusión de contenido progubernamental, llegando en ocasiones a utilizar rumores y desinformación en sus publicaciones.

“Necesitamos disputar la narrativa sobre nuestra realidad y mostrar al mundo ese país en positivo que somos. Necesitamos contar la verdad de Venezuela (…) contamos con un ejército de YouTubers, tuiteros e influencers, capaces de desmontar prejuicios y fake news y difundir otras formas de percibirnos. Venezuela News es un espacio de investigación, información y cultura creado para asumir la vanguardia en la disputa por la opinión pública (…)». Video presentación de Venezuela News, 18 de noviembre de 2021.

La premisa inicial que dio génesis a la agencia es, de entrada, una manipulación. Durante años, el gobierno venezolano ha sostenido ser blanco de una “guerra comunicacional” o “cognitiva” atribuida a adversarios tanto externos como internos, incluyendo a Estados Unidos y a la oposición local. En su esfuerzo por contrarrestar esta alegada ofensiva, se ha valido de medios públicos y otros que aparentan independencia, como Venezuela News, que pueden ser considerados medios “proxy”.

En el contexto de la desinformación, un «medio proxy» es un aparente “medio de comunicación” que actúa como intermediario para difundir propaganda o desinformación en nombre de otra entidad, como un gobierno o una organización, una dinámica que se refleja claramente en numerosas investigaciones realizadas sobre el ecosistema de desinformación progubernamental de países como Rusia.

A pesar de que en Venezuela News se publica una cantidad significativa de noticias de forma neutral en temas como deportes, espectáculos, economía y política, es notable su tendencia a promover propaganda y desinformación. Esto se hace evidente debido a su promoción constante de narrativas favorables al gobierno, el tono negativo con el que cubre declaraciones o eventos relacionados con líderes o partidos de la oposición, así como por los múltiples casos de desinformación y rumores que ha promovido para respaldar estas narrativas.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2021 hasta finales de diciembre de 2023, cinco organizaciones y medios venezolanos que estudian el fenómeno de la desinformación publicaron 37 chequeos o verificaciones sobre casos de desinformación sociopolítica cuyo origen fue Venezuela News, o que fueron amplificados por el portal, observándose con claridad un patrón desinformativo.

La versión ampliada de este trabajo de investigación de C-Informa está disponible en este enlace.

Desplazados por la salud, la realidad de los migrantes venezolanos en Brasil

La frontera sur de Venezuela, esa línea limítrofe amazónica entre el estado Bolívar y el estado de Roraima en Brasil, está siendo testigo de un flujo histórico de migrantes y refugiados: 17.690 solo en agosto de 2023, la mayor cifra de ingresos de venezolanos desde 2020 cuando inició la pandemia por COVID-19.

Brasil no ha sido la opción predilecta del éxodo venezolano, pero esa tendencia cambió en 2023. Es ya el tercer país de acogida de migrantes venezolanos con necesidades de protección internacional, después de Colombia y Perú, de acuerdo con los datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

Las razones que impulsan el éxodo venezolano son diversas y no han cambiado. Pero en la etapa más sombría del acceso a la salud en el sector público venezolano, numerosos son los casos de nacionales que cruzan la frontera, después de largas caminatas y trayectos de más de 20 horas, para salvarse.

La Red de Periodistas de la Amazonía Venezolana junto al medio Correo del Caroní publican el seriado Frontera Sur, una frágil línea entre la vida y la muerte que revela los pormenores de la migración de venezolanos por razones de salud y cómo esa posibilidad de atención médica en Brasil es cada vez más endeble. La historias cuentan con testimonios de trabajadores de escuelas públicas, solicitantes de transplante, un funcionario del Sebin, un Guardia Nacional, mineros, pacientes VIH, mujeres víctimas de violencia, e indígenas desplazados.

Aunque pacientes oncológicos, renales y con VIH, entre otras enfermedades crónicas, migran en busca de tratamientos y medicinas, el sistema público de salud de Brasil está al límite y presionado por la alta demanda.

La narrativa oficial en Brasil insiste en responsabilizar a la migración venezolana del colapso, pero la introducción de este seriado de ocho reportajes coteja datos que muestran que el sistema tiene deficiencias que son previas al aumento del flujo migratorio, consecuencia de la crisis política y social en el país con las reservas más grandes de petróleo del mundo: Venezuela.

“Existen, sí, migrantes de salud. Aquí en Roraima hay muchos venezolanos que vienen solo por eso, y vienen por eso hace mucho tiempo y a pesar de que están llegando no se ha dado una solución específica y es un público extremadamente vulnerable. Vienen generalmente con enfermedades crónicas y no tienen nada más que hacer que ser atendidos”, sostiene Alba González, una de las promotoras del Movimiento para la Paz y la Ciudadanía Voz Migrante.

 

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En Venezuela los efectos del cambio climático se exacerban con la inacción gubernamental
¿Un desayuno sin arepas? ¿Un pabellón incompleto? ¿Ir a la playa y no encontrar el pescado de siempre? Las proyecciones mundiales sobre el aumento de temperaturas y cambio de patrones de las precipitaciones no son favorables para el trópico, del que hace parte Venezuela
Estudios locales estiman que en los próximos años caerá la producción de arroz y maíz, entre otros cultivos; paralelamente, un coral invasor aleja a las especies marinas de la costa y disminuye considerablemente la pesca. Ante un escenario donde el Estado no toma medidas de forma oportuna, las consecuencias podrían modificar nuestras dinámicas alimentarias, sociales y económicas en un futuro no tan lejano

Por: Johanna Osorio Herrera

Emily nació en una familia de cocineros. Desde su primer hermano hasta ella, la novena, todos aprendieron el arte de cocinar con su mamá. Ahora, con más de 40 años, cuando recuerda la comida de su madre, piensa inmediatamente en dos platos: el pabellón —una bandeja de origen campesino que se consume en todo el país y que contiene arroz, carne, caraotas (frijol negro) y tajadas fritas de plátano— y la hallaca —un plato navideño cuyo principal ingrediente es la masa de maíz, rellena con diversas carnes, envuelta en hojas de plátano en las que se hierve—, similar al tamal que se consume en otros países de la región.

Sin embargo, dos de los principales ingredientes de ambos platos que, a su vez, son primordiales para otros platos fundamentales en la gastronomía venezolana, como es el caso del maíz blanco para la preparación de la muy representativa arepa, son amenazadas por el cambio climático.

De acuerdo con la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) en Venezuela el cambio climático provocará pérdidas de hasta 25% en cultivos, menor disponibilidad de agua y, sumado a otras secuelas, más personas en pobreza extrema. Esto coincide con lo que ya advertía la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), en su Estudio del impacto del cambio climático sobre la agricultura y la seguridad alimentaria en Venezuela, hace más de una década.

¿Cómo se traduce esto en nuestros platos? ¿Es que acaso el cambio climático cambiará lo que tradicionalmente comemos? ¿Cómo reacciona un país, su gente, ante la pérdida de sus platos más amados?

“La identidad no se decreta, la identidad se vive, se guarda, es parte de la memoria”, asegura Ocarina Castillo D’Imperio, antropóloga experta en antropología alimentaria. Explica, sin embargo, que aunque esta depende de la geografía, experiencias familiares y sociales o con la memoria del gusto, nuestro patrimonio culinario es todavía más amplio y que conocerlo y conservarlo es el camino para cuidar nuestra seguridad alimentaria ante el cambio climático, pero también una oportunidad para el rescate de lo que llamamos identidad.

“Durante los momentos más severos de la crisis, entre 2014 y 2016 (que si bien no estuvieron ligados al cambio climático, nos mostraron escenarios posibles ante la escasez), la gente tuvo que volver a sus recetarios y estrategias familiares, porque era lo que se conseguía. Ante la contracción de las importaciones, la gente tuvo que mirar hacia lo que había, ¿y qué era lo que había? Productos de nuestra despensa originaria”, recuerda la experta. “No había, por ejemplo, uvas ni manzanas ni kiwis, pero había lechosa, guanábana, melón. Muchas personas descubrieron nuestros carbohidratos, nuestros tubérculos, que siguen siendo alimentos económicos y de fácil acceso, pues al ser parte de nuestra agricultura popular tradicional se consiguen y no están sujetos a las cadenas agroalimentarias, no están sometidos al dominio de las semillas importadas”.

Para leer la investigación completa, haga clic acá

¿Encontraremos entonces en nuestras despensas originarias, y en cultivos sostenibles y regeneradores, una alternativa ante estas predicciones agroclimáticas y una oportunidad para el rescate de lo que llamamos identidad?

Mientras hallamos respuestas, el aumento de las temperaturas y el cambio de patrón en las precipitaciones atentan, entre otros cultivos, contra los más consumidos en el país: el arroz y el maíz. Paralelamente, una especie invasora inesperada, producto de la intervención humana, se convierte a la vez en un desastre ambiental inédito y en el némesis de pescadores en casi toda la costa venezolana, mermando considerablemente la pesca. Juntos, y ante medidas estatales insuficientes, atentan contra nuestra seguridad alimentaria, ya golpeada por una Emergencia Humanitaria Compleja que llegó en 2016 y que todavía no parece tener fecha de partida.

“Un pabellón sin arroz no es pabellón”

Para que el arroz tenga gusto, Emily primero hace un sofrito. Pone ajo, pimentón y cebolla en la sartén y cuando se doran y la cocina entera se llena de sus olores, agrega el arroz, que previamente lavó y seleccionó. Lo saltea un poco, dice que así el grano se cuece justo en su punto, ni más ni menos. Luego agrega el agua y tapa la olla. Es lo penúltimo, antes de freír las tajadas de plátano, que prepara cuando hace pabellón: las caraotas y la carne mechada las monta varias horas antes para asegurarse de que todo quede blando y luego bien sazonado.

Aunque parece el ingrediente más simple del plato, es el arroz el que aporta la neutralidad con la que contrastan todos los demás sabores dulces y salados. “Sin arroz no hay pabellón”, dice Emily, y es verdad.

Pero, de acuerdo con proyecciones agroclimatológicas, el arroz del pabellón de Emily —ingrediente infaltable, casi a diario, en el plato de todos los venezolanos— está en riesgo.

“Los principales factores climáticos que afectan a la agricultura son los cambios en la temperatura y la precipitación. Los comportamientos extremos en ambos factores son cada vez más constantes y sus efectos, detrimentales; tal es el caso de las sequías, las inundaciones y las olas de calor extremas, para las cuales es difícil disponer de medidas de adaptación”, explica Aníbal Rosales, ingeniero agrónomo de la organización Grupo Orinoco y parte de los 60 especialistas de diversas áreas que trabajan en el Segundo Reporte Académico de Cambio Climático en Venezuela (Dracc) de la Acfiman.

Rosales advierte que, según proyecciones de una investigación del Grupo de Agricultura del Segundo Reporte del Cambio Climático, en Venezuela habrá, para el año 2060, reducciones de hasta casi 200 mm de precipitación anual para el oriente del país y muy escasa reducción en las regiones occidentales. En lo que respecta a la temperatura, se estiman variaciones en 1,8° C.

Son proyecciones que parecen lejanas, pero estos cambios en la temperatura comenzaron a afectar los cultivos de arroz en el país desde 2018. Ese año y el siguiente, la temperatura nocturna en Portuguesa, Guárico, Cojedes y Barinas, estados de la región llanera del país, ascendió a 25° C.

Este aumento en la temperatura, en un horario en el que las plantas respiran, se tradujo en cosechas perdidas: al calentarse el ambiente, la planta debe respirar más, se estresa y consume más carbohidratos, por lo tanto llena menos las espigas de arroz. El resultado eran plantas inmaduras que no habían logrado formar el grano.

Rafael Javier Rodríguez, experto en agroclimatología, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat y coautor de la investigación que desarrolla la Acfiman, explica al respecto que los cultivos venezolanos enfrentaban en ese momento las secuelas del fenómeno El Niño. Relata que tras la pérdida del rendimiento, “se hicieron estudios etimológicos, fitopatológicos y fisiológicos a los granos inmaduros y se determinó que la causa fundamental del daño fue de índole climatológica”.

Y aunque la situación mejoró los años posteriores, el arroz no se ha salvado por completo de los embates del cambio climático.

Para la elaboración de la Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se “evaluaron las necesidades de riego y el rendimiento de cultivos, en la condición de agricultura bajo secano, representativa del país (es decir, el cultivo en el que se emplea solo el agua de lluvia, sin intervención del riego artificial), para la región conformada por los estados Portuguesa, Barinas y Apure”. De acuerdo con el estudio, en el peor de los escenarios, los cultivos de arroz en Venezuela podrían perder un tercio de su rendimiento en las próximas décadas.

No es poca cosa, si se considera que en el país el rendimiento del arroz ocupaba ya el penúltimo lugar entre los principales países agrícolas de Latinoamérica para el año 2021, de acuerdo con estadísticas de la FAO, superando solo a Bolivia. Para la fecha, estaba por debajo del promedio latinoamericano por aproximadamente 2000 kg/ha. “Es claro el déficit de productividad del arroz en Venezuela, con la paradoja de contar con tierras con muy buena aptitud para este cultivo”, enfatiza Aníbal Rosales.

De acuerdo con la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), en 2022, el rubro del arroz contó con una superficie sembrada de alrededor de 85.000 hectáreas, con una producción estimada en 429.740 toneladas, lo que representó un incremento del 79% con respecto al año anterior. “El crecimiento se concentró básicamente en las áreas de influencia donde el riego es por gravedad, requiere menos combustible y la tarifa del agua es más baja. Los agricultores dispusieron de materiales genéticos nuevos con buenos rendimientos que los estimularon a incrementar el área de siembra. El año climático favoreció el cultivo y las nuevas variedades respondieron productivamente, alcanzándose un rendimiento promedio alrededor de los 5.0000 kg/ha”, detalla el informe, emitido en marzo de 2023.

Aunque los hechos recientes son esperanzadores, Rafael Rodríguez advierte que de consolidarse El Niño para el período 2023-2024 podría revivirse el escenario de 2018, durante los primeros meses del año que viene, por un aumento de la temperatura mínima. Es decir, como en aquel momento, la producción de arroz podría decaer al punto de no cubrir la demanda nacional y el arroz en el plato de Emily —en nuestros platos— podría volver a escasear por causas climáticas.

El coral invasor que nos deja sin pescado

El aceite parece crujir cuando entra en contacto con el pescado y, casi inmediatamente, el olor a Caribe se apodera de toda la cocina. Se fríe y se dora en medio de una faena que comenzó muchas horas antes, cuando los pescadores salieron al mar abierto en su búsqueda. Es destripado, descamado y luego distribuido, primero en la costa, luego en mercados de todo el país. En Venezuela, el pescado frito es un plato indispensable. En la playa a la orilla del mar, en hogares, restaurantes… siempre acompañado de tostones de plátano verde y ensalada.

Pero las especies invasoras no conocen de tradiciones.

El Unomia stolonifera, un coral octocoral originario del indo-pacífico, llegó un día, entre los años 2000 y 2005, al Parque Nacional Mochima, un pueblo costero del oriente del país. La teoría más aceptada por la comunidad de biólogos que estudian su expansión —según hechos relatados por la comunidad— es que un hombre dedicado al comercio ilegal de especies marinas lo sembró para reproducirlo y venderlo; cada tanto volvía para recoger su cuantiosa cosecha. Pero, de repente, el coral comenzó a crecer de una forma inesperada, afectando el fondo marino. Y conforme la biodiversidad comenzó a desaparecer, lo hizo también el responsable, quien hasta el momento no ha sido identificado.

Así, sin depredadores y con condiciones climáticas que lo favorecen, Unomia empezó a crecer a un ritmo de 1 m2 por cada dos meses, en contraste con, por ejemplo, los corales cerebro, que suman apenas 1 cm alrededor de cada dos años. Comenzó a arropar todo a su paso con su textura babosa y maloliente, hasta que ya no pudo pasar más desapercibido.

Pero, ¿por qué su presencia representa un peligro para la seguridad alimentaria, al menos en principio, de Venezuela? Porque el Unomia no solo crece más rápido que nuestros corales locales, los mata; y las especies arrecifales que se resguardan, reproducen y crían en estos espacios se están desplazando a otros para no morir también. ¿El resultado? Una abrupta caída de la pesca.

“Las especies más perjudicadas por el coral son las bentónicas, asociadas al arrecife. Entre las comerciales, es decir, las que afectan directamente al ser humano, están el corocoro, la catalana, el mero, pargo, pámpano, camarón y pulpo”, detalla Mariano Oñoro, coordinador del Proyecto Unomia, fundado por Juan Pedro Ruiz para buscar, en conjunto con expertos de diversas áreas, una posible solución a los que ellos catalogan como “un desastre ambiental de dimensiones inéditas”.

Oñoro explica que ante la cada vez más frecuente ausencia de especies arrecifales, los pescadores de la costa de Mochima, que viven de la pesca artesanal, ahora dependen de las especies pelágicas, es decir, las que llegan en cardúmenes a la costa por temporadas.

De acuerdo con Gloris Muñoz, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de Mochima, el estado Sucre (donde se ubica el parque nacional) genera el 70 % de la pesca del país. Sin embargo, según declaraciones de Sonia Rivero, vocero del Frente de Pescadores del estado Sucre, algunas especies ya han desaparecido por completo. “Antes en la noche pescábamos San Pedro, parguito, rabo rubio, catalana y cherneta, ahora eso ya eso no existe porque se han ido a las profundidades”, aseguró en una entrevista con el medio local Crónica.Uno, donde señaló que la producción bajó a 45 % porque de 16 toneladas de pescado que sacaban del mar cada mes ahora no obtienen ni 500 kilos.

Esto, sumado a reportes de la organización Clima 21, un Observatorio de Derechos Humanos Ambientales, que asegura que en Venezuela la pesca ha caído 80 %, ocasionando la “pérdida de más de 20 mil empleos directos y una reducción promedio del 40 % en el ingreso familiar entre las comunidades asociadas a la explotación de este recurso”, pone sobre la mesa la inminente preocupación de que el Unomia contribuya con la inseguridad alimentaria no solo de la costa sino de todo el territorio nacional.

Caribe bajo amenaza

El Unomia fue descubierto en 2007 por el biólogo marino Juan Pedro Ruiz, director de la Fundación La Tortuga, en la Bahía de Conoma, en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Luego, junto con otros expertos, se logró identificar su especie y origen. Detectaron, así, un peligro inminente: por su rápida reproducción y sus numerosas y fáciles formas de dispersión, Unomia no solo afectaría gravemente a Venezuela, sino que sería un peligro para todo el Caribe.

No se equivocaban. En la actualidad, existen reportes de la presencia del coral en la costa de estados al centro y occidente de Venezuela, y la sospecha de que se ha desplazado a islas cercanas. También la proyección y advertencia de que, de no ser controlado, puede expandirse a Aruba, Curazao, Bonaire, Brasil, Colombia, República Dominicana, México o, incluso, al mar Mediterráneo, a través de aguas de lastre; situación confirmada en Cuba, por ejemplo, donde el coral fue detectado en febrero, en la ensenada de Bacuranao, 16 km al este del puerto y de la refinería de petróleo de La Habana.

La caída de la pesca no es la única secuela del Unomia que afecta las dinámicas económicas y sociales de los pueblos costeros. Su presencia, en muchos casos, desde la orilla de la playa, a escasos 5 cm de profundidad, está afectando el segundo mayor ingreso de estas localidades: el buceo.

“En el fondo del mar hay diferentes tipos de ecosistemas: están los fondos arenosos, rocosos los arrecifes de coral, praderas de pasto marinos, bosques de manglares y, en mayor o menor medida, el Unomia los está afectando a todos”, señala Oñoro. María Olga Sánchez, buceadora profesional que dirige la Fundación Arrecifes de Venezuela, y que colabora con el proyecto Unomia con limpieza subacuática y detección del coral en el centro del país, relata que esto “ha transformado playas paradisíacas en playas con un fondo baboso, que huele muy mal, que es muy desagradable a la vista y al tacto, que mancha la piel”.

Ella y su equipo han sido testigos de la llegada y reproducción del coral invasor, así como de la muerte por falta de oxígeno de toda la vida marina que este cubre, a un ritmo más veloz que el de la búsqueda de soluciones. “La colonia más grande que tenemos en el estado Aragua está en Valle Seco, Choroní. Donde antes había un rompeolas natural lleno de corales bellos, hoy el Unomia ocupa aproximadamente el 80 % de la superficie”.

Aunque las advertencias de biólogos marinos y otros expertos comenzaron en 2011, la respuesta gubernamental llegó apenas en 2017. Actualmente, existe una mesa de trabajo conformada por entes público como el Ministerio de Ecosocialismo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura, junto con entre privados, como investigadores de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, la Universidad de Oriente, la Universidad Occidente, el Instituto Oceanográfico de Venezuela y el Proyecto Unomia, abocados a la búsqueda de una solución.

Se encuentran a la espera de la autorización para probar un método de extracción mecánico: un prototipo experimental que trabaja con ultrasonidos y turbinas, con el fin de pulverizar al coral y enviarlo al fondo marino como materia orgánica. Solo hasta ese momento conocerán su eficiencia y si causa o no daños colaterales. Y solo hasta ese momento sabrán, también, si nuestra biodiversidad y las especies marinas que forman parte de nuestra gastronomía tienen alguna esperanza.

El incierto futuro de la arepa

Con mantequilla y queso, con aguacate y pollo, con mariscos, con caraotas y tajadas de plátano, con huevos revueltos o hechos perico, con pescado guisado, con carne, con cerdo, siempre recién hecha con harina de maíz blanco en el budare calientico… Para el venezolano, la arepa es un plato fundamental. Se come a diario, una o dos veces al día para quien la repite en la cena, y hasta en el almuerzo para acompañar algún sancocho. Sus reemplazos: la empanada o los bollitos hervidos (bolas de masa, a veces condimentada), se hacen con el mismo ingrediente: maíz. Inclusive el plato más representativo de la navidad venezolana, la hallaca, sería imposible de preparar sin este versátil cereal.

Su producción en los últimos años ha tenido altos y bajos y, aunque su panorama actual es favorable con respecto a épocas recientes, su producción en el país solo alcanza para cubrir entre 15 % y 20 % de la demanda interna, que en otrora alcanzó hasta el 80 %.

En 2021, el Instituto Goddard para el Espacio de la NASA y The Earth Institute de la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York, determinaron que como consecuencia del cambio climático, en 2030 los cultivos de maíz podrían caer 24 %. Estos cambios harían más difícil el cultivo de maíz en los trópicos y, por lo tanto, en Venezuela.

“No es lo mismo una reducción de 24 % en un país subdesarrollado, verdaderamente subdesarrollado, como Venezuela. Se debe considerar que para 2030, en el país, el maíz continuará siendo un alimento para la gente, la producción agrícola seguramente continuará siendo escasa, no se cubrirá la demanda y, por lo tanto, se continuará importando para satisfacer el déficit”, señala Aníbal Rosales, quien contrasta el uso que se le da en Venezuela a este rubro, con el de Estados Unidos, donde es mayormente usado para alimentar animales.

El agroclimatólogo Rafael Rodríguez señala que estudios más focalizados proyectan que esta caída en Latinoamérica y el Caribe alcanzará al menos el 10 % para mediados de siglo, extendiéndose también a otros cultivos como el arroz o el frijol. Pero afirma también que es importante considerar que la agricultura responde no solo a aspectos biológicos, sino también a otros no biológicos, como la infraestructura, el uso de combustibles o agroquímicos, cuya planificación es determinante en el rendimiento y producción.

Rosales, por su parte, agrega que “el sector agrícola de la mayoría de los países latinoamericanos ha ocupado un lugar importante en la economía de esos países, aportando una porción importante en su Producto Interno Bruto (…), mientras el sector agrícola venezolano enfrenta déficits en insumos, créditos, maquinarias agrícolas, riego”, enumera y dice que no importa cuántos aportes se hagan desde la ciencia si no existen políticas de Estado que los respalden.

Berno Stanic, directivo de Fedeagro en el rubro del maíz, coincide con ambos expertos en este sentido: “La caída que hubo a partir de 2014 fue por condiciones externas políticas o económicas, por la merma en las áreas de siembra y en el poder adquisitivo de los programas de financiamiento, que no permitieron asistir de manera óptima a los cultivos, por falta de insumos, hasta que en 2018 tocamos fondo”.

Sin embargo, difiere sobre el futuro del cultivo. “Es cierto que en el cinturón maicero hacia el centro de EEUU ha habido una caída en la producción en los últimos años, debido al cambio climático. Pero a nivel mundial, en unas partes esto ha afectado el rendimiento y en otra lo ha beneficiado. El cambio climático afecta de una manera distinta al cono norte y al cono sur, no nos afecta a todos de manera plana. En Brasil, por ejemplo, el rendimiento ha mejorado”.

Admite que esto responde no solo al clima sino a factores estatales, “como políticas de adaptación al cambio climático, que han permitido abrir nuevos campos de siembra en este país, donde el gobierno ha apoyado al sector agrícola”. Pero también es optimista sobre el futuro del maíz en Venezuela. “Desde 2019 hemos tenido una recuperación lenta, pero firme. A partir de la crisis, aprendimos a ser un poco más eficientes en el campo”.

Si bien las importaciones son necesarias para cubrir el resto de la demanda local, Stanic asegura que por la fecha en la que se hacen —en vísperas de la cosecha o justo en plena cosecha— el productor nacional, que trabaja el cultivo en medio de la adversidad, queda relegado. Esto, sumado a que los costos de producción locales son similares a los internacionales, pero la producción está muy por debajo, negando al agricultor la posibilidad de competir con precios de alimentos importados.

No niega los embates del cambio climático y admite que “en el estado Portuguesa, en Santa Rosalía, el corazón del granero de Venezuela, tenemos zonas donde están bastante adelantadas en áreas de siembra, mientras en otras, en el mismo estado, la lluvia no ha permitido sembrar”. Pero exhorta a los expertos a ser cautelosos al respecto. “A comienzo de año, expertos en clima recomendaron, incluso directamente a los agricultores, no adelantar siembras en mayo, como suele hacerse, porque luego vendría El Niño y las perjudicaría. Pero, al contrario, ha llovido muchísimo”.

En este escenario de un Estado silente ante un futuro aparentemente irremediable pero incierto, ¿cuál es entonces la solución para que la arepa se conserve en nuestros platos? Rodríguez asevera que el camino es que “el material o la investigación genética se lleve hacia el uso de materiales que toleren sequías, una arquitectura que tolere los vientos fuertes y se adapten los cultivos a nuestras proyecciones del aumento de la temperatura”.

En pocas palabras, ante las amenazas del cambio climático a nuestros cultivos, todos los expertos coinciden en algo: debemos buscar aquellos alimentos que forman parte de nuestras despensas originarias, cuyos patrones agroecológicos sean sostenibles, con nuevos métodos que sean regeneradores de la tierra y reconocer que nuestro patrimonio culinario es más amplio de lo que pensamos.

También una oportunidad para el rescate de lo que llamamos identidad. “A estas alturas del partido sabemos que lo que genera nuestra memoria alimentaria son estas imágenes que se quedan grabadas en nuestro cerebro y que están asociadas a nuestro pasado y a nuestra vida familiar, a nuestra historia familiar”, afirma Castillo D’Imperio.

“Mi identidad con la arepa viene porque yo la como desde que era niña, y la hacía mi abuela y la hacía mi nana. Y las comprábamos en una fábrica de arepas que las hacía en Catia (cuando todavía se hacían de maíz pilado y no de harina), cerca de mi casa, a donde iba a pie con mi mamá, cuando tenía 5 o 6 años, los sábados en la mañana, y me venía abrazando una bolsita de papel marrón donde venían las arepas calienticas, y yo no sabía que era más sabroso, si traerme la bolsita abrazada con un olor exquisito o comérmela. Esa es la identidad”.

Este proyecto de Historias Sin Fronteras fue desarrollado con el apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes e InquireFirst.

Preescolares entre tepuyes y minas: la odisea de estudiar en el paraíso
En la distante frontera de Venezuela hacia el Brasil, en la Gran Sabana, la educación de la primera infancia surge como el prisma desde el cual mirar la crisis venezolana. La dinámica económica de esta región amazónica, devenida en zona minera, impone particulares desafíos

Morelia Morillo

Alma camina de prisa los 150 metros que separan la Unidad Educativa “Fe y Alegría de Manak Krü” -donde da clases de una materia a ocho secciones de bachillerato- al preescolar donde también ejerce su profesión de docente: el Centro de Educación Inicial “Manak Krü” de Santa Elena de Uairén, la última ciudad venezolana hacia Brasil, a 1.258,4 kilómetros de Caracas. Es junio de 2023 y, por suerte, no llueve. Pero, faltando 20 minutos para las 10:00 de la mañana, el cielo es una pantalla blanca. El sol, entre nubes, abrasa, enceguece. 

En la misma ciudad está el Centro de Educación Inicial “Santa Elena” que luce sobre el marco de una puerta un letrero, hecho a mano, que ofrece tareas dirigidas. Con certeza, las clases las dicta una maestra como parte de su estrategia de sobrevivencia

La caminata apurada de Alma y el letrero en el CEI “Santa Elena” expresan la urgencia de dos mujeres, docentes, por subsistir. Tanto sus salarios como los ingresos de padres y madres son precarios. Sin embargo, de esos adultos depende el funcionamiento de los preescolares y el bienestar de niños y niñas menores de seis años.

 

 

Los maestros, papás y mamás sobreviven estresados, los planteles carecen de mobiliarios y materiales adecuados; pocos niños y niñas asisten con regularidad porque en casa no hay para el desayuno o para comprar sus uniformes; las sedes no cuentan con juegos didácticos, parques, patios ni especialistas para atender a los estudiantes que se ubican dentro del espectro autista.

Los preescolares de Santa Elena de Uairén, la única ciudad venezolana en la frontera con Brasil, en la Gran Sabana, son espacios en donde la crisis venezolana recrudece y permea hacia la primera infancia. De nada vale que este sea el centro urbano de una región en donde se aceleró la economía minera y la importación de alimentos brasileños que entran por esta frontera y van hacia los yacimientos y al resto del país.

El municipio Gran Sabana se asemeja al paraíso, estudiar aquí debería ser maravilloso. Es un área amazónica conformada por 90% de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAES), por su belleza o valor ambiental. Tiene ríos, morichales, selvas, sabanas y unos cerros de cimas planas llamados tepui.

Pero la crisis -esa mixtura deforme de inflación, devaluación, corrupción, conflicto político y sanciones internacionales- alcanzó la economía local: el turismo, el transporte de pasajeros y el comercio, que ocupaban a la población, apenas existen. La mayoría escarba en ríos, sabanas y montañas procurando unos puntos, milésimas partes de gramos de oro, para comer; mientras que los menos se sirven de poderosas máquinas, compran y venden el mineral o invierten en alimentos brasileños que colocan en el interior del país o en las minas. En marzo de 2023, Juan Méndez, director estatal del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, dijo a Primicia, que pasaban 500 unidades de carga diarias por la Troncal 10, la vía que conecta al límite fronterizo con el resto del territorio nacional.

 

 

Acá, cualquier pago, por pequeño que sea, se hace en reales brasileños o en oro

¿Cómo se vive así? ¿Cómo son los preescolares en esta frontera? ¿Qué papel juegan los padres? ¿Y los niños? ¿Cómo afecta durante la primera infancia el vivir al cuidado de padres y maestros bajo presión?

Los preescolares dependen de la ayuda de los padres. Pero, para evitar sanciones, en esos espacios ni se habla ni se formaliza la contribución. En cambio, se usan definiciones como “Una gotita de amor”. De ese amor de gota a gota depende incluso el pago de los suplentes, el desinfectante y el papel sanitario.

En esta ciudad, localizada a 15 kilómetros de la frontera, quien puede pagar transporte (60 dólares mensuales), inscribe a sus hijos en Pacaraima, la localidad brasileña fronteriza con Venezuela, especialmente para iniciar la escuela primaria y a veces, desde preescolar.

Conoce la historia de Alma y de los centros públicos de educación inicial de Santa Elena de Uairén y Pacaraima en el especial: Preescolares entre tepuyes y minas: la odisea de estudiar en el paraíso

preescolares entre tepuyes y minas

 

INVESTIGACIÓN | Los reportes secretos de la corrupción, el fondo sin fondo de Venezuela y Argentina

La sintonía política entre los expresidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez quedó plasmada en julio de 2004, cuando firmaron un convenio bilateral por el cual Argentina podía comprar combustible venezolano a bajo precio y depositar sus pagos en un fondo común que llamaron fideicomiso bilateral. Los empresarios argentinos exportarían distintos productos que necesitara Venezuela y se les pagaría con el dinero del fideicomiso.

En los papeles era un negocio para todos. En la realidad, el acuerdo alcanzó dimensiones multimillonarias y resultó una llave de oro para unos pocos oportunistas.  

Empresarios de ambas orillas se hicieron millonarios con la venta de productos con sobreprecios a empresas públicas venezolanas, ante la vista gorda de los funcionarios que facilitaron las herramientas financieras estatales.

Esos contratos de compra-venta son aún hoy investigados por la justicia argentina, con sospechas de que contribuyeron a desfalcar el patrimonio público en Venezuela, en medio de la emergencia humanitaria compleja que ya empezaba a padecer ese país.

Opacidad profunda entre Venezuela y Argentina 

Una alianza periodística integrada por Transparencia Venezuela y el CLIP, con el apoyo de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Infobae y TalCual, tuvo acceso a una filtración anónima de reportes de la Unidad de Información Financiera de Argentina. Estos documentos revelan los millonarios movimientos de dinero realizados por empresarios luego de vender productos a Venezuela mediante este fideicomiso bilateral.

Por primera vez, esta investigación periodística detalla con ejemplos concretos, cuánto dinero ganaron, cómo ocultaron esos activos, en qué bienes invirtieron y, en muchas ocasiones, cómo aprovecharon el sinceramiento fiscal abierto por Argentina en 2016 para blanquear sus fondos sin dar explicaciones sobre su origen.  

Los reportes, hasta ahora desconocidos, explican cómo los nuevos «bolichicos argentinos» usaron sociedades offshore y otras maniobras financieras para desviar los fondos públicos venezolanos a la compra de distintos bienes, como propiedades, vehículos de lujo y hasta embarcaciones en Miami.

Mientras se sellaban estos negocios, la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina alertó sobre decenas de transferencias bancarias a contramano, es decir, desde cuentas bancarias vinculadas a los empresarios argentinos hacia sociedades en paraísos fiscales, cuyos beneficiarios finales eran venezolanos. Las autoridades sospechaban que estas transferencias podrían esconder coimas.

Los informes ahora revelados exponen el bloqueo del gobierno de Venezuela sobre las causas judiciales abiertas en Argentina, que demora el trámite de los expedientes. A pesar de contar con información precisa sobre balances, contratos y hasta cuentas bancarias, los tribunales argentinos prácticamente no han avanzado en los últimos años en acusaciones concretas contra ninguno de los empresarios.

Aunque existen decenas de casos que huelen a corrupción dentro de este acuerdo, esta investigación periodística expone cuatro ejemplos representativos de posibles delitos que se publicarán entre este domingo 10 de septiembre y el miércoles 13 de septiembre.

Se revela por primera vez que Baldric SA, una empresa de fachada creada por un venezolano en Argentina ganó un contrato a medida por casi US$ 8 millones para reactivar un frigorífico en Machiques de Perijá que nunca repuntó. Esta investigación le da una segunda vida al ya conocido caso de «la embajada paralela» en Caracas, a través de los opacos movimientos de fondos de Ascensores Servas SA. Se completa, por primera vez, la ruta del blanqueo de unos hermanos de Tucumán, que multiplicaron sus bienes por sus negocios con el Estado venezolano. Y, por último, se reconstruye la historia de un empresario venezolano, que infló exportaciones de alimentos desde Argentina para obtener divisas preferenciales, según las autoridades de ese país.

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Venezuela y Argentina. Un fondo sin fondo. Corrupción