Reportajes Especiales - Runrun

REPORTAJES ESPECIALES

Estado venezolano tenía documentos que alertaban los desastres en la Cordillera de la Costa
Las dificultades de la población venezolana para acceder a datos climáticos y de gestión de riesgos potencia las posibilidades de sufrir y no poder prevenir desastres socioambientales. El alud que arrasó con Las Tejerías desnuda esta y otras vulnerabilidades
Advierten que el Estado venezolano no publica evaluaciones de amenazas y riesgos socioambientales y tecnológicos en el país desde el 2016
Aunque casi de la mitad de los desastres en Venezuela se relacionan con las lluvias, los registros sobre los desastres socioambientales están entre los más opacos en el país

Foto: Ronald Peña

Los deslaves en Venezuela exponen una torrente de vulnerabilidades (parte 2)

Texto: Joshua De Freitas | Fotografías: Ronald Peña | Contenido Gráfico: Elsy Torres

El gobierno venezolano sabía que en las ciudades de Las Tejerías, El Castaño, Caraballeda y Puerto La Cruz, zonas donde hubo desastres socioambientales en 2022, se debían implementar protocolos de prevención de riesgos. Y las pruebas de que tenía conocimiento de la condición de vulnerabilidad se encuentran en el «Atlas Nacional de Exposición frente a Amenazas Naturales y Tecnológicas», un documento público –en teoría– elaborado en 2016 y que nunca salió a la luz.

El informe concluye que «28% (del territorio) de Venezuela se halla expuesto a un alto potencial de inundación», equivalentes a 256.604,6 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la población venezolana expuesta a las inundaciones y aludes torrenciales —o deslaves— es cercana al 52,33% (cerca de 14.478.431 habitantes), según el censo del 2011. Las zonas que concentran mayor cantidad de habitantes tienen el mayor riesgo.

Las regiones andina y costera del país son las más propensas a sufrir desastres socioambientales como inundaciones o un alud torrencial. Los estados con mayor frecuencia histórica de estas amenazas son Aragua, Carabobo, Mérida, Miranda y Zulia. Justamente, donde el impacto de las lluvias que azotaron al país en los últimos dos meses ha sido más perjudicial.

«Una de las zonas más expuestas a amenazas como los aludes torrenciales se encuentra desde La Guaira hasta el Lago de Valencia. Tanto por los registros históricos que hay sobre los casos como por la gran densidad poblacional que aún puede existir allí, se sabe que si hay precipitaciones más elevadas que el promedio histórico en esas zonas, va a ocurrir una crecida (de los ríos).  No nos podemos engañar. Eso ocurre con los ríos El Limón, Mariara y San Julián, en las quebradas de Anauco, de Macuto…», advirtió uno de los autores del informe, quién solicitó el anonimato a la Alianza Rebelde Investiga (ARI). 

«La región de El Limón, Maracay, El Castaño y Las Tejerías tenían proyectos de medición y prevención, como sistemas de alerta temprana. Pero nunca se actualizaron o se llevaron a cabo o vieron la luz pública», dijo el experto. 

Para el ingeniero en gestión de riesgos, si el Atlas Nacional hubiera estado a disposición de los expertos y las instituciones competentes quizás los desastres en Aragua se hubieran evitado. «Aunque el documento tenga seis años «engavetado» en los ministerios, es una herramienta que puede, y debe, usar la comunidad científica y civil para localizar las zonas de Venezuela más vulnerables y prevenir sus riesgos», insistió el entrevistado.

El Atlas fue un proyecto entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz junto a el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo adscrito a la ONU. El proyecto fue anunciado por la PNUD, pero no está disponible en ninguna página oficial del gobierno o de las organizaciones no gubernamentales. 

En un recorrido realizado en las sedes de  Protección de Distrito Capital, Miranda, Aragua y Mérida —donde se ha reportado la mayoría de aludes torrenciales en los últimos 3 años—, los funcionarios dijeron que no tenían el Atlas en su posesión. ARI también consultó a 8 expertos venezolanos en materia de gestión de riesgos y admitieron no poseer el Atlas, aunque sabían que el proyecto existió, y confirmaron que no se ha publicado un documento similar desde entonces

«Entre el 2010 y 2016 el Ministerio realizaba un mínimo de 4 proyectos al año para mejorar nuestra gestión de riesgos, desde la planificación hasta la comunicación, pero la mayoría nunca vieron la luz pública por decisiones gubernamentales», dijo el experto en evaluación de desastres. 

De acuerdo con los expertos entrevistados por ARI, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz tenía planes de análisis y comunicación en la gestión de riesgos, pero nunca se llevaron a cabo a nivel público por roces ideológicos entre las instituciones.
De acuerdo con los expertos entrevistados por ARI, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz tenía planes de análisis y comunicación en la gestión de riesgos, pero nunca se llevaron a cabo a nivel público por roces ideológicos entre las instituciones.

Venezuela expuesta a las lluvias

El último documento público que hace alguna referencia a la necesidad de implementar y mejorar sistemas de alerta temprana frente a los riesgos climáticos se encuentra en la Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático publicada en 2017. Allí, el país se comprometió a mejorar su sistema de medición climática e implementación de sistema de alerta temprana. 

Hasta los momentos, solo un pluviómetro ofrece datos públicos sobre la cantidad de precipitaciones en la zona comprendida entre los estados Carabobo, Aragua, Distrito Capital, La Guaira y Miranda. El pluviómetro, además, no pertenece a la administración pública, sino a la Universidad Central de Venezuela, en su sede de Caracas. Tampoco se tiene un registro de mantenimiento o construcción de sistemas de alerta temprana en la región desde el año 2006 en La Guaira. 

«Si nos vamos por las recomendaciones internacionales, sobre todo por las recomendaciones del gobierno de Japón y Cuba que hemos tenido en los últimos 10 años, debería haber un pluviómetro por cada kilómetro cuadrado de territorio nacional», dijo el ingeniero y colaborador del Atlas. «Además, esos pluviómetros deben ser telemétricos; es decir, que den información minuto a minuto a través de tecnología inalámbrica para detectar cuándo existe una anomalía en las lluvias, en este caso, y enviar un mensaje preventivo a la comunidad afectada». 

Las ciudades del estado Aragua, que se encuentran entre el Lago de Valencia y el Parque Nacional Waraira Repano, eran una de las más enfocadas en proyectos de alerta temprana. Entre el año 2020 y 2022 las urbanizaciones o ciudades aragüeñas de El Limón, El Castaño y Las Tejerías sufrieron de un alud torrencial cada una.

«El caso de Las Tejerías y El Castaño duele mucho, porque se pudieron haber prevenido fácilmente», lamentó el entrevistado. «Todos los países están expuestos a amenazas, pero se necesita información para poder convivir ante el peligro. La gestión de riesgos en Venezuela ha sido la misma por muchos años por incidencia política. Con opacidad y sin información no se puede convivir con el peligro».

Hacer clic en la imagen o en este texto para interactuar con el gráfico en otra ventana y explorar otros estados y municipios

Grandes limitaciones

De acuerdo con las fuentes consultadas, el proyecto iba a ser digitalizado en una base de datos de uso público. Un proyecto similar se encontraba en una sección de la página web de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) (http://www.estudiosydesastres.info.ve/), que desde el año 2019 no se encuentra operativo.

«Este Atlas de por sí tiene muchos vacíos», advirtió el evaluador de riesgos socioambientales. «En una infinidad de reuniones con distintos funcionarios públicos para que facilitaran la información no se daban datos: o no asistieron, o no facilitaban la información, o la data que nos daban tenía muchos de detalles —como la falta de fechas o coordenadas— o simplemente te la daban y decían que no podía ser pública. También, hubo problemas en la investigación de campo porque grupos armados, en especial el Tren de Aragua, no permitían el acceso». 

ARI pudo recuperar parte de los datos obtenidos en la base de datos de Funvisis con la herramienta digital WayBack Machine y constató que la mayoría de los desastres registrados por el Estado venezolano son de origen hidrometeorológico, como inundaciones, desbordamientos de ríos, aludes torrenciales y sequías. El Estado reconoce que cerca de 4.891 casos de inundaciones con pérdidas humanas y materiales en Venezuela desde 1641 hasta 2019. El total que tiene registrado fue de 10.399. 

Mientras tanto, la base de datos de la PNUD sobre desastres en Venezuela identifica, al menos, otros 11 casos de inundaciones y aludes torrenciales en Venezuela desde el 2019 hasta octubre de 2022. La organización multilateral expresa que, en el caso venezolano, los datos se obtienen de publicaciones de la prensa nacional e internacional y de análisis de imágenes satelitales, ya que el Estado no hace un balance público.

Más del 47% de los desastres registrados en Venezuela son de origen hidrometeorológico y climático. Mientras tanto, la segunda distinción más frecuente en desastres son de origen tecnológico (o antrópico), con más del 31% de registros oficiales hasta el 2019. «Sin embargo, estas dos categorías son las más opacas en la política e institucionalidad nacional»

Por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales afirmó que, entre 2016 y 2021, se documentaron 199 derrames petroleros en Venezuela fuera de la vocería pública. Del mismo modo, no hay un registro público del impacto y la vulnerabilidad del proyecto Arco Minero del Orinoco en los casos de contaminación.

El 5 de diciembre de 2022 se registró un derrame de hidrocarburos en las costas de la ciudad de Lechería del estado Anzoátegui. La Alcaldía del municipio Urbaneja, donde se encuentra Lechería, anunció el cierre de las playas Los Canales, Lido y Cangrejo por tiempo indefinido para limpiar el petróleo de las costas. Manuel Ferreira, alcalde del municipio Urbaneja, precisó en sus redes sociales que hasta la fecha «aún no hay una declaración oficial que indique que ya se contuvo (el derrame)». 

Del mismo modo, el portal web Prodavinci documentó que Venezuela es el primer país con más incendios por superficie en 2020, todo bajo un subregistro público. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, los incendios forestales e industriales son catalogados como desastres tecnológicos por ser provocados por la actividad humana en la mayoría de los casos. 

«En el ministerio existían al menos 4 grandes proyectos de análisis de vulnerabilidad y amenazas con financiamiento de organismos como la PNUD o el Banco Interamericano de Desarrollo, pero se “engavetaron” todos», dijo el ingeniero. «Una de ellas es el Atlas Nacional de Amenazas, que tuvimos que en un principio iba a ser de vulnerabilidad, pero la falta de datos impidió que se consolidara en ese enfoque. Se tenía previsto actualizar y mejorar el documento, pero clausuraron el proyecto», agregó.

Una de las mayores limitaciones que tiene el documento es la ubicación exacta de las infraestructuras públicas expuestas a inundaciones y aludes torrenciales. En el Atlas se estima que cerca de 297 hospitales y 1626 escuelas están expuestas a inundaciones a nivel nacional. «El problema surge cuando no se sabe si esas instituciones aún están activas y atendiendo gente, eso también se mantenía en opacidad. Por eso en el documento no se especifica dónde se encuentran ubicados». 

Aunque el Atlas Nacional de Exposición frente a Amenazas Naturales y Tecnológicas indica que «todo el territorio nacional está expuesto ante las amenazas de las inundaciones», existen poblaciones con mayor riesgo que otras. «En realidad cada ciudad debe tener un mapa de vulnerabilidades y de riesgos. Pero eso en Venezuela no ha sucedido desde hace años, eso no es nuevo. Las mejores aproximaciones que se pueden hacer es a través de los municipios». 

Para el 2016, se calculó que 222 municipios que tienen exposición directa a las inundaciones y aludes torrenciales. «Eso es más de la mitad. También se debe tomar en cuenta que son los municipios que pueden tener mayores pérdidas, no que no hayan tenido casos de inundaciones, porque, de ser así, casi todo el mapa estaría comprometido. Pero con el conteo de casos no es suficiente, si la nación quiere tener un buen manejo de riesgos debe tener mapas cartográficos y censos actualizados», dijo el entrevistado.

Los estados con mayor registro de desastres socioambientales y tecnológicos son Distrito Capital (con 1817 casos) y  Miranda (con 1615) y Zulia (con 852). Los estados con menor cantidad de desastres documentados son Cojedes (con 62 casos, 44 de ellos relacionados a las lluvias intensas), Delta Amacuro (con 19 casos) y Amazonas (con 14 registros).  A excepción de la capital venezolana, cerca de la mitad en todos los registros de Funvisis del 2019 son desastres relacionados con fenómenos hidroclimatológicos (lluvias intensas o aludes torrenciales). 

Las sequías: un riesgo latente

Los registros sobre la escasez de la lluvia en el país son aún más escasos que el de las inundaciones. Los expertos entrevistados por ARI coinciden en que, históricamente, los datos son reducidos y en la actualidad no se evalúa el fenómeno frente a los pronósticos de un aumento de la aridez en Venezuela estrechamente relacionada al cambio climático. 

«Antes de crearse el Viceministerio para la Gestión de Riesgo y Protección Civil; es decir, antes del 2013; existían macroproyectos para monitorear el clima y desastres socioambientales que no se llevaron a cabo. Entre ellos existía un proyecto de una red nacional de estaciones meteorológicas telemétricas, que brindan información a tiempo real de forma digital, y el reforzamiento de la gestión de riesgos. Todo eso se perdió», comentó el experto. 

En el Atlas se estima que la región noroccidental del país será una de las más expuestas en sequías y aridez. Los estados Falcón, Lara, Trujillo y el Zulia mantienen un bioclima seco naturalmente, por lo tanto son los más expuestos, junto a los estados Anzoátegui, Guárico, Monagas Sucre y Nueva Esparta, de sufrir daños por las sequías, tanto a corto como a largo plazo. 

En el país se ha registrado un mínimo de 70 sequías entre 1526 hasta 2022. Para 2016, cerca del 50% de la población venezolana (14.375.709 habitantes) tenía una alta exposición a las sequías distribuidas en 30% del territorio nacional (274.766 kilómetros cuadrados) en los extremos nororiental y noroccidental del país.

«El riesgo de grandes zonas con desertificación, hasta ahora, parece lejano. Eso tomando en cuenta que el término se refiere a la pérdida total de nutrientes en el suelo y alta aridez», aclaró el ingeniero. 

«Pero, un riesgo más latente de las sequías, y que afecta a 60% de la población, sería los bajos niveles de las represas hidroeléctricas, como la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (antes conocida como Raúl Leoni). El mantenimiento de esa represa es incierto, algo muy preocupante, porque el agua del embalse del Guri es ácida y cuando está a niveles bajos, arrastra mucho sedimento», agregó. 

Uno de los casos de sequías más extremas en Venezuela fue el periodo entre 2015 y 2016, cuando el fenómeno El Niño tuvo la mayor intensidad en la historia. En ese momento, el país sufrió de apagones constantes debido a los bajos niveles de la represa del Guri. Hasta los momentos, no hay una estimación de las pérdidas económicas relacionadas con la producción agrícola y del mantenimiento del sistema hidroeléctrico nacional. 

«También el mantenimiento de nuestros embalses está en opacidad. Para el 2016, existían al menos 53 embalses expuestos a estas zonas de climas secos y a sequías fuertes. El exceso o escasez de lluvias afectan al suministro de agua potable y el servicio eléctrico en todo el país», advirtió el entrevistado. «La gestión de riesgos va mucho más allá de establecer qué zonas están expuestas a amenazas, sino la transparencia de las instituciones para que los expertos puedan calcular y mejorar la calidad de vida de la población. En definitiva, no hay una vigilancia a las zonas que ya fueron afectadas por inundaciones», concluyó el entrevistado. 

***

Debido a la importancia del documento en temas humanitarios, ARI decidió subir a internet el «Atlas Nacional de Exposición frente a Amenazas Naturales y Tecnológicas» (2016) y su informe técnico para la consulta pública. Solo debe hacer clic en las frases resaltadas o en las imágenes de la portada de cada informe para descargar los documentos. 

 

Los deslaves en Venezuela exponen un torrente de vulnerabilidades (parte 1)
Las dificultades de la población venezolana para acceder a datos meteorológicos y climáticos potencia las posibilidades de sufrir y no poder prevenir desastres socioambientales. El alud que arrasó con Las Tejerías hace un mes desnuda esta y otras vulnerabilidades
En toda la región central del país el pluviómetro de la Universidad Central de Venezuela es el único que brinda información pública para prevenir solo a la población de Caracas de inundaciones y aludes torrenciales
La región norte de Sudamérica, donde se encuentra Venezuela, es una de las más expuestas  a amenazas socioambientales relacionadas con el clima para las próximas décadas debido a su posición geográfica y a la falta de información climática y de gestión de riesgos, de acuerdo con el IPCC 

 

 

Texto: Joshua De Freitas | Fotos: Ronald Peña | Contenido gráfico: Mayerlin Perdomo y Elsy Torres

El 12 de octubre, cuatro días después de que ocurriera el deslave que casi arrasó con el pueblo de Las Tejerías, en el estado Aragua, aún seguía lloviendo. Julio Riera, un joven de 33 años, se dirigía en su camioneta Terios a prestar auxilio a los habitantes de la localidad ubicada en la región central de Venezuela.

Se desplazaba por la Carretera Panamericana, que conecta a Caracas con su destino, a 68 kilómetros de distancia. El agua le llegaba hasta el capó, cubría casi un metro de altura. Mientras más se acercaban a Las Tejerías, el agua se convertía en barro y escombros. Julio iba junto a la ONG llamada Ángeles de Las Vías, un grupo de paramédicos y voluntarios que atienden casos de emergencia en las calles de Caracas. Llevaban agua y comida a los afectados. 

Habían llegado al Barrio El Béisbol, uno de los lugares más afectados por el alud. Julio cuenta que al llegar al poblado, tuvo la sensación de que una bomba había arrasado el lugar. El lodo pintaba todo: las casas, los carros, los tractores limpiando las carreteras, las personas, las mascotas… Aunque seguía una llovizna en la zona que se llevaba un poco la tierra, Julio no pudo describir otro color en el ambiente que no fuera el ocre en ese momento. 

Su grupo se instaló frente a un puente que pasa por encima de la Quebrada Los Patos. Cerca de ellos un grupo de Protección Civil escarbaba la tierra debajo del puente para liberar las quebradas que habían crecido por las lluvias días antes y arrastraron a las casas cercanas a su cauce. 

Julio y sus compañeros comenzaron a entregar los víveres, pero un alarido sumado al llanto de una mujer los hizo voltear la mirada hacia el puente. Vio cómo sacaban un cuerpo del lodo. Luego desenterraron dos cuerpos más. La gente se amontonaba en la escena para ayudar a mover los cadáveres envueltos en sábanas. Esas tres víctimas eran parte de las más de 60 personas fallecidas que el gobierno venezolano ha contado hasta ahora como consecuencia de ese desastre socioambiental. De ese grupo, solo 37 han sido identificadas. Otras 8 siguen desaparecidas después de un mes.  

Julio recordó que, antes de que él llegara, en las redes sociales había reportes de inundaciones en toda la cordillera de La Costa y los Andes venezolanos y que los militares llegaron a Las Tejerías días antes y mencionaron que había llovido en todo un mes lo que llovió en un día. Pero, antes del desastre, nadie sabía exactamente cuánto había llovido en la zona

—¿Sabrás cuándo dejará de llover? —Julio logró escuchar a una mujer en la multitud, tratando de distraerse de la escena—. Si esto sigue así… 

—No sé, creo que nadie sabe —le respondió otra mujer—. Ya le temo a la lluvia, le temo no saber nada de ella… 

La muletilla del cambio climático

Un par de días después de la tragedia, que cumplió un mes el 8 de noviembre, Nicolás Maduro y sus militantes caminaban junto a la prensa estatal venezolana por las calles cubiertas de barro, en Las Tejerías. Era el 10 de octubre del 2022 cuando Maduro visitó el poblado aragüeño, dos días antes de la visita de Julio Riera. 

Frente a las cámaras de la televisión estatal venezolana, Maduro advirtió que el alud, y las pérdidas que ocasionó, son consecuencia de la «crisis climática» y las intensas lluvias en Venezuela. Alegó que durante sus 25 años como dirigente político en el país no había visto un torrencial de lluvias similar

«Sin lugar a dudas, el cambio climático tiene que ver con toda esta perturbación que tienen las lluvias, en el mundo entero, no solo aquí», dijo.

 

No es la primera vez que los mandatarios venezolanos mencionan la crisis climática mundial como el principal motor de las pérdidas humanas y de infraestructuras que ha vivido Venezuela en los últimos años.

Sin embargo, activistas y expertos en el tema afirman que no hay suficientes datos meteorológicos públicos en el país, tanto históricos como recientes, para corroborar que la temporada de lluvias del 2022 y el alud de Las Tejerías están relacionados directamente con el cambio climático. 

«El cambio climático es un fenómeno global, causado por la especie humana. Estamos viendo algunas repercusiones a nivel general. Pero, en el caso de Venezuela, y muy específicamente en el caso de la variación de las lluvias, no podemos decir ni calcular el impacto porque no hay estaciones que nos brinden información para saber los riesgos que corremos», explicó Alicia Villamizar, miembro fundador de la Secretaría Académica de Cambio Climático de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (Acfiman). 

Esa falta de datos hace al país más vulnerable a fenómenos climáticos futuros. «Necesitamos información de los últimos 40 años, como mínimo, para sacar una conclusión. Al no tener esa información, estamos menos preparados para prevenir los impactos de eventos climatológicos extremos, por lo que somos más vulnerables a los efectos del cambio climático», agregó la experta. 

Días antes del deslave en Las Tejerías, el 6 de octubre, Maduro se reunió con varios dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela para evaluar los daños estructurales en 120 municipios del país causados por inundaciones y las corrientes de los vientos. 

En esa trasmisión estatal, Maduro advirtió que las lluvias «muy fuertes», y los daños que genera, son un producto directo del cambio climático. 

«Estamos en la onda tropical número 41, se calculan que serán 65. (…) Este año, particularmente, las lluvias han caído muy fuerte. El cambio climático sin lugar a dudas se refleja», dijo Maduro.

A principios del 2021, en el «XX Foro del Clima del Oeste de Sudamérica», el director del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), José Pereira, advirtió que «está lloviendo de manera muy intensa en corto tiempo» debido a la variabilidad climática y a consecuencia del cambio climático. 

«En Las Tejerías, la gente decía que tenía miedo a las lluvias, pero sabían que no eran el único origen del desastre», contó por teléfono Julio Riera. «Cuando regresé de Las Tejerías a Caracas ese día, como a las 07:00 pm, mi camioneta se volvió a inundar. Entre todo el equipo de Ángeles de las Vías vigilamos que nadie se quedara atrás. Pasamos como 20 carros varados en todo el trayecto, inundados por el agua. Allí me di cuenta de que la lluvia no es el problema, sino que no sabemos manejar el problema. Somos vulnerables frente a ella, y eso aterra», opinó. 

El caso de Las Tejerías no fue el único. En un mes, la región central del país sufrió al menos otros 3 deslizamientos de tierra o aludes torrenciales producto de las lluvias constantes: en la urbanización de El Castaño el 18 de octubre, en Aragua, a 40 minutos de Tejerías, que dejó cuatro muertos y varias pérdidas; en el barrio 23 de Enero de Caracas el 24 de octubre, donde hubo 162 familias afectadas tras el desplome de unas casas, y en la urbanización Catia La Mar, donde se desbordaron los ríos del Estado Vargas, una mujer y dos hijos murieron por un alud cerca de su casa y los daños materiales de la zona aún se están contando. 

El desastre socioambiental de Las Tejerías es el que tiene mayor número de víctimas y pérdidas materiales hasta ahora.

Vulnerabilidad a ciegas

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advirtió que Venezuela es uno de los países más vulnerables del continente americano frente a los eventos socioambientales relacionados al clima

En su informe titulado Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, el IPCC califica a la región Norte de Sudamérica (NSA) como la segunda zona más vulnerable a los efectos del cambio climático en toda América. Se estima que la zona que engloba a Venezuela, Surinam, Guayana Británica, Guayana Francesa, el norte de Brasil y el sureste de Colombia mantiene una «alta inseguridad» frente a los eventos socioambientales debido a la alta exposición a extremos de calor y la falta de preparación para sobrellevar el clima. 

«El NSA es una de las subregiones más vulnerables, después de Centroamérica. Esto se evidencia en la alta exposición a riesgos y vulnerabilidades en 4 de las 6 variables evaluadas por el Panel (seguridad alimentaria, infraestructura urbana, suministro de agua dulce, estilo de vida y pobreza, suministro de agua potable y sustentabilidad en los ecosistemas terrestres y de agua dulce)», se lee en el capítulo 12 del informe

 

El grupo de expertos avalado por la ONU especifica que la región NSA tiene un incremento significativo en la intensidad y frecuencia en extremos de calor anual, en las ondas de calor y en la frecuencia de inundaciones y aludes torrenciales severos y anómalos por las lluvias. «Pero la falta de coberturas de datos en las tendencias de  precipitaciones y sus eventos extremos resulta en una confianza baja para mantener un consenso en el punto de las inundaciones y aludes de tierra». 

Entonces, ¿cómo se puede establecer una alta vulnerabilidad cuando se tiene pocos datos para un consenso definitivo?

«Bueno, la vulnerabilidad obedece a dos razones: primero, al fenómeno climático per sé —es decir, a las lluvias intensas—, y lo segundo es la condición socioeconómica de los poblados, dónde están ubicados y la calidad de la infraestructura que los prepara para los eventos climatológicos extremos», explicó Juan Carlos Sánchez, miembro fundador de la Cátedra Libre de Cambio Climático de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y antiguo asesor de la delegación venezolana para IPCC.

«El caso específico de Las Tejerías se puede ampliar a otras ciudades venezolanas de la Cordillera de La Costa y de Los Andes. Las poblaciones están ubicadas muy cerca de los márgenes de los ríos y quebradas. Pero eso no es todo: lo más importante, y lo que agudiza el riesgo, es la pobreza. La infraestructura y los patrones de población improvisados en la mayoría de las localidades no los resguardan de estos fenómenos extremos. Entonces, toda la población de la Cordillera de La Costa y de los Andes venezolanos es altamente vulnerable a estos eventos», agregó.

El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, informó el 28 de octubre que 26.000 familias se han visto afectadas, en diferente medida, por las intensas lluvias en Venezuela solo en el mes de octubre del 2022. Los estados con mayor registro de afectaciones son La Guaira, Miranda, Mérida y Táchira.

La fragilidad humanitaria en Venezuela

De acuerdo con el reporte del IPCC, Venezuela combina dos escenarios poco favorables: está dentro de una de las regiones con mayores pronósticos de amenazas socioambientales ligadas al clima y es una de las regiones más vulnerables del continente.

Si bien se estima que la región Centroamericana (CA) es más insegura para sobrellevar el cambio climático que el Norte de Sudamérica (NSA), la región donde se encuentra Venezuela es la que mantiene más proyecciones de amenazas socioambientales relacionadas con el clima para las próximas décadas, como inundaciones por lluvias y el aumento del nivel del mar, olas de calor y sequías extremas, incendios forestales, entre otros. En esa categoría está a la par con el este de Brasil, con 10 amenazas cada uno. 

Del mismo modo, el extremo este de Brasil (conocido en el informe como el Noreste Sudamericano o NES) es menos vulnerable que Venezuela en eventos climáticos extremos porque el país tiene una infraestructura política, económica y pedagógica mejor que el país caribeño.

«Para medir la vulnerabilidad de una región frente al clima se debe medir qué tan preparados están los países para sobrellevar o prevenir los desastres», explicó Sánchez. «Para ello, el Panel toma como referencia el Índice de Desarrollo Humano para comparar qué tan eficiente llevaría un país una emergencia humanitaria ligada al clima a través de su economía, su infraestructura política y sanitaria, así como la educación para la prevención de riesgos en todos sus niveles». 

Venezuela tiene el peor Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Sudamérica para el año 2021 – 2022, según la ONU. Ante los ojos de la comunidad internacional, Venezuela no puede sobrellevar una crisis climática de forma adecuada porque ya está sumergida dentro de la emergencia humanitaria compleja sin resolver desde 2016. El deterioro en el Producto Interno Bruto y la hiperinflación del país en los últimos 10 años, junto a su fragilidad en los sistemas sanitario, político y educativo, son los principales factores que evalúa el grupo de expertos de la ONU para sugerirle a los gobiernos qué medidas tomar para mitigar riesgos ambientales. 

Dentro de la región Norte de Sudamérica (NSA), Guyana Francesa es el mejor posicionado según el IDH (con una puntuación de 0,903 de 1) y Venezuela es el último en ese ranking que mide la calidad de vida de la población frente a riesgos humanitarios, socioambientales o tecnológicos, como aludes torrenciales, derrames de petróleo, guerras y pandemias (con una puntuación de 0,691 de 1).

Juan Carlos Sánchez advirtió que en Venezuela no se cumple con las «políticas de control de la erosión ni contra la deforestación”. De igual forma, la falta de limpieza de las quebradas y los desagües  «aumenta la vulnerabilidad y la fragilidad de las poblaciones frente a eventos climáticos relacionados a las lluvias».

«Además, en el país no se respetan las normativas, porque existen reglamentos que prohíben las construcciones cercanas a los márgenes de ríos y quebradas, pero, sencillamente, no se hace cumplir la norma y muchas veces hasta se dan los permisos. El incumplimiento legal, la falta de datos meteorológicos y las necesidades económicas de la población, que nace de los altos niveles de pobreza, desarrollan este tipo de situaciones de vulnerabilidad», abundó.

El IPCC advirtió la posición geográfica de incidencia de El Niño y La Niña (ENOS) frente a la falta de datos y la precariedad socioeconómica y urbanística del país lo posiciona como una de las naciones más vulnerables de la región NSA.

«La pobreza es el factor más importante de la vulnerabilidad, pero no es el único. La no existencia de una gestión preventiva de los riesgos hidroclimáticos —tanto en sequías como en inundaciones— es otro factor clave. Desafortunadamente, en Venezuela tenemos estos dos factores, por lo cual muy probablemente seamos el país más vulnerable de la región NSA», advirtió Sánchez. 

Las lluvias que no se pueden medir

Para Juan Andrés Arévalo Groening, ingeniero hidrometeorologista y profesor de la UCV, las lluvias en este año 2022 sí se pueden considerar un evento climático extremo, pero no un efecto ligado al cambio climático debido a la falta de información

«Existen muy pocas estaciones meteorológicas que te brinden datos históricos», afirmó Arévalo. «Recordemos que el cambio climático es un hecho estadístico, no es una cosa del día a día. Se debe analizar una gran cantidad de datos, normalizarlos —llevarlos a un promedio— y ver dónde existen variaciones e identificar si los eventos extremos y poco comunes están aumentando su frecuencia». 

El ingeniero hidrometeorologista afirmó que las estaciones pluviométricas dan como mínimo la cantidad de lluvia, el espacio geográfico del pluviómetro y el tiempo de recepción de las precipitaciones para identificar las tendencias de lluvias en el país. Pero reconoce que existen muchos factores que modifican las lluvias en una zona. Dentro de esas variables están: 

El aumento de los asentamientos urbanos y pérdida de bosques, que generan olas de calor localizadas.

La influencia de los fenómenos de El Niño y La Niña (cocido como El Niño-Oscilación del Sur —ENOS—), que disminuye o aumenta los vientos alisios (que soplan de este a oeste) y las precipitaciones en Venezuela respectivamente.

La temporada de Huracanes en el Atlántico y en el Caribe, que en contadas ocasiones, comienzan como tormentas o depresiones tropicales en Venezuela entre los meses de junio y noviembre de cada año, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

«En ciertas ocasiones, las lluvias del pacífico ecuatorial se pueden ver influenciadas por el “coletazo” de una tormenta, depresión tropical o huracán. Cada categoría le viene dada por la velocidad del viento y la intensidad de sus lluvias. Esas perturbaciones tienen un efecto indirecto en las lluvias de Venezuela», advirtió Arévalo.

Los efectos locales en la orografía y la circulación del viento o la incidencia del viento y la ubicación de la estación meteorológica, «normalmente ocurren precipitaciones en las laderas de las montañas que dan hacia el barlovento, donde soplan las corrientes de viento, que de sotavento, la cara más protegida por el viento. Aunque haya dos estaciones muy cercanas, su ubicación en las laderas dará datos diferentes».

La distribución espacial de la temperatura promedio de una zona determinada.

«El clima, estadísticamente hablando, es un sistema no lineal: un estímulo no produce siempre un mismo resultado. También puede haber un fenómeno similar pero se produce por distintas causas. Si no tenemos datos suficientes no podemos saber cuál es la variabilidad observada de la lluvia y cuánto pudiera haber cambiado en el tiempo», explicó Arévalo. «Es por eso que no se puede precisar una variabilidad climática o extremos climáticos atribuibles al Cambio Climático si no hay suficientes estaciones que brinden información diaria y constante. De ahí viene la importancia de medir adecuadamente».

 

En la página web del Inameh no se pueden consultar las mediciones de las precipitaciones diarias, ni de mes a mes ni los promedios históricos. El instituto anuncia que tiene un mínimo de 53 estaciones pluviométricas en Venezuela, pero solo ofrece sus datos de ubicación geográfica. 

Para el momento de publicación de esta nota, el Inameh no respondió a las solicitudes de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) para evaluar el historial de lluvias de al menos siete estaciones pluviométricas cercanas a Las Tejerías: seis en el estado Aragua y una en el estado Miranda (Los Teques). Los datos más recientes que tiene el Instituto es un almanaque meteorológico que, pese a decir que es del año 2022, presenta datos climáticos entre 1961 y 1990

«En mi experiencia buscando extremos climáticos en Venezuela, no existe una literatura ni datos actuales para establecer una confianza alta de que las lluvias que estamos viendo están relacionadas directamente al cambio climático. Conseguir datos diarios es muy difícil, apenas cinco estaciones meteorológicas dan datos históricos completos. Entonces, ¿cómo puedes reflejar una realidad climática con tan poquitas estaciones?», dijo Arévalo. 

Las tendencias que sabemos

Tanto Arévalo como Sanchez y Villamizar coinciden en que existen dos tendencias que pueden influir en las lluvias copiosas del 2022: el aumento de la temperatura promedio y la influencia de un fenómeno La Niña (como parte del El Niño – Oscilación del Sur, ENOS) particularmente largo e intenso durante el año. 

«En estos casos uno recurre al proceso de reanálisis, que consiste en recoger los datos estimados de varias fuentes externas, como organizaciones internacionales, y procesarlos con varias técnicas de la estadística», expone Arévalo. 

Una de las fuentes más referenciadas en el tema del aumento de la temperatura a nivel internacional es la base de datos de la organización estadounidense Berkeley Earth y la plataforma europea Copernicus. 

En ambos casos, las anomalías de la temperatura en Venezuela y las desviaciones de la temperatura promedio del país van en una tendencia hacia el calor, pese a que en los años en los que se presenta el fenómeno de La Niña en Venezuela la temperatura debería ser más baja. 

Si bien la temperatura promedio en Venezuela ha subido cerca de 1 grado centígrado en los últimos 40 años, las anomalías de la temperatura, o desvíos del promedio histórico, son cada vez más frecuentes hacia el alza. El Berkeley Earth establece que desde 1846 hasta 2020 se registraron un mínimo de 28 anomalías (o distribuciones espaciales de la temperatura) entre 0,4 y 1,2 grados centígrados de incremento, de los cuales, la mayoría se reúnen de forma recurrente a partir de 1998. 

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«Este aumento en las anomalías en la temperatura puede afectar a los microclimas en las ciudades, reduciendo la capacidad de absorción del suelo y aumentando la evaporación del agua que producen las plantas. Eso sin contar que en la zona no haya deforestación o un aumento de los asentamientos urbanos improvisados. La humedad de la zona estaría desbalanceada, aumentando el riesgo a estos aludes cuando existen periodos de lluvia prolongados», expresó Sánchez.  

Entre los años 2020 y 2022 Venezuela ha estado inmersa en el fenómeno climático La Niña. Durante ese período el ENOS expresa una temperatura baja de los océanos cerca de La Línea del Ecuador y una frecuencia mayor de los vientos alisios, que soplan del este al oeste. 

La Niña se traduce en Venezuela normalmente en temperaturas más bajas y lluvias más frecuentes e intensas de lo normal. Mientras tanto, El Niño tiene un efecto contrario: se expresa con la subida de las temperaturas y menos lluvias de lo normal. Esto es debido a que, tanto La Niña como El Niño, intervienen en el patrón de los vientos alisios en el Océano Pacífico en su latitud ecuatorial, lo que se traduce en Venezuela como un periodo reducido de lluvias, en el caso de El Niño, o un aumento en las precipitaciones, en el caso de La Niña.

Familiaridad con ENOS

Arévalo comentó que el intercambio cíclico entre El Niño y La Niña (que se reduce con el acrónimo de ENOS) es un fenómeno de variabilidad climática global y natural. El ingeniero hidrometeorologista indicó que  existe evidencias del aumento de las temperaturas en el océano Atlántico y que La Niña disminuye las cizalladuras en la latitud del trópico —o cambios bruscos en dirección del viento que tienden a impedir tormentas— para aumentar la probabilidad de crear huracanes. Pero hasta ahora no existe un «consenso internacional fuerte» que declare al cambio climático como factor directo del «periodo de retorno» de las lluvias torrenciales en el país.

«Sabemos lo que pasa a nivel global, pero no en lo local. Mientras más cerramos el lente, tanto en el espacio como en el tiempo, se necesita más precisión. Y eso no lo tenemos todavía», aseveró Arévalo. «Para precisar el periodo de retorno de un fenómeno específico se necesita, una vez más, analizar los datos en un gran periodo en el tiempo y ver cuándo la magnitud de un fenómeno se repite».

Sin embargo, los expertos advierten que se tiene experiencia al relacionar el ENOS en Venezuela, cuando está en La Niña, con aludes torrenciales a lo largo de la cordillera de La Costa y de Los Andes. La estación meteorológica del Departamento de Hidrometeorología de la UCV es uno de los puntos donde se brinda información pública y constante sobre las lluvias de la zona. 

En esa estación, ubicada en Caracas, se ha evaluado la intensidad y permanencia en el tiempo que han tenido las manifestaciones del ENOS en la variación de la temperatura del Océano Pacíficodonde se evidencia más el fenómeno— y cuánto duró el periodo de lluvias o sequía en la capital. 

Aunque los datos de la estación de la UCV reflejan exclusivamente el panorama climático de la capital, se describen las tendencias propicias para aumentar la probabilidad de que ocurran los deslizamientos de tierra: la exposición a lluvias por largos periodos de tiempo. 

«El Departamento de la UCV advirtió que existiría una alta probabilidad de deslizamientos de tierra por las lluvias en las zonas cercanas a Caracas», recordó Arévalo. «Si bien no se puede evaluar las lluvias del caso de Las Tejerías porque la estación de la UCV está fuera de su zona de influencia (por una separación de 68 kilómetros), las condiciones parecidas a otras inundaciones o aludes torrenciales en la Cordillera de La Costa eran evidentes: un periodo de La Niña largo e intenso, lo que aumentaba el riesgo». 

De acuerdo con la NOAA, las condiciones del Índice Niño Oceánico (ONI) para el trimestre agosto-septiembre-octubre marcaban una variación a la baja de 1 grado centígrado, lo que indicaba un fenómeno de La Niña ligeramente intenso. Además, el pluviómetro de la UCV registró que septiembre de 2022 fue un mes lluvioso, con 6 días consecutivos de lluvias y una cantidad mensual que lo posicionó como el decimoquinto septiembre más lluvioso en Caracas desde 1949. Ese mes cayó 41,23% más agua que el promedio de todos los septiembres de los años registrados. Ese contexto climatológico era parecido a otros trimestres en el pasado donde ocurría un fenómeno de La Niña con varios días de lluvias seguidos. 

Bajo esas condiciones, el Departamento de hidrometeorología esperaba que en otras partes cercanas al pluviómetro de la UCV se presentarían aludes torrenciales. Pero no podían expandir sus pronósticos debido a que los datos de ese pluviómetro no abarca otras zonas fuera de Caracas. Esa estación es el único marco de referencia, dada la falta de datos históricos oficiales de forma pública

«No podíamos decir dónde ocurriría un deslizamiento ni cuándo de forma específica, pero sí advertir que las condiciones estaban dadas para ello. Debajo de las nubes no se puede predecir nada por la falta de actualización pluviométrica. Pero sí se puede ver el contexto en una región específica», agregó Arévalo. 

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En su boletín sobre el mes de octubre del 2022, el Departamento de Hidrometeorología de la UCV indicó que el mes estuvo por encima del promedio histórico registrado para Caracas en los últimos 78 años, pero no es un récord o extremo histórico. Advierten que los suelos siguen saturados en la zona, por lo que aún existe una alta probabilidad de aludes torrenciales en la región Centro Norte Costera, donde el equipo de investigadores pueden ampliar sus predicciones. 

La Niña seguirá

Existe una gran probabilidad de que el fenómeno La Niña siga afectando a Venezuela hasta febrero del 2023. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) estableció que las condiciones climáticas de los últimos meses favorecen en gran medida el primer «episodio triple» de La Niña en el siglo XXI; es decir, que se mantendrá un periodo de lluvias por tercer año consecutivo. 

«La probabilidad de que el episodio de La Niña se mantenga durante el período de septiembre a noviembre de 2022 es de aproximadamente el 70 %, la probabilidad de que se instauren unas condiciones neutras con respecto al ENOS es del 30 % y la probabilidad de que se forme un episodio de El Niño es casi nula», se lee en el informe de la OMM publicado en octubre de este año. «La probabilidad de que el actual episodio de La Niña persista hasta el próximo invierno boreal (de diciembre de 2022 a febrero de 2023) es del 55 %». 

En ninguna plataforma u organización climática internacional se pronostica un número determinado de tormentas tropicales, como lo mencionó Maduro en cadena nacional. 

«En Venezuela somos vulnerables porque no tenemos ni historia, ni presente ni futuro a nivel climático para alertar a la gente de forma oportuna y analizar», concluye Arévalo. «Lo que debería pasar es que en las zonas donde están ocurriendo los desastres, como Las Tejerías o en Maracay con la quebrada Palmarito, deberían ir hidrólogos, geólogos, trabajadores sociales, psicólogos sociales, biólogos y cualquier cantidad de gente de la comunidad científica para estudiar estos eventos y precisar qué ocurrió para mantener un registro y prevenir a la población en el futuro».

Para Juan Carlos Sánchez, los aludes e inundaciones en Aragua este año reflejan un panorama donde aumentaría la frecuencia de las pérdidas humanas y estructurales por la falta de gestión de riesgos en temas climáticos. Sánchez, en un esfuerzo personal frente a la opacidad del Estado, decidió armar su propio registro de desastres socioambientales a través de las publicaciones de los medios de comunicación. 

«Puedo decir, por ejemplo, que durante la segunda mitad del siglo pasado se registraba un evento de este tipo cada 10 años. Mientras que entre el 2000 y 2010 aumentó a un evento cada tres años. Ahora, la frecuencia de aludes que no son alertados de forma oportuna es uno cada año», dijo el experto en cambio climático. 

«Con los más recientes, me refiero al ocurrido en El Limón, Aragua, en el 2020; al de Tovar, en Mérida, en 2021 y en 2022 al de Las Tejerías (y Maracay)», agregó. «El IPCC alertó de este aumento en las frecuencia de desastres socioambientales al Estado venezolano desde el 2007, pero han hecho caso omiso a la comunidad científica para mejorar la gestión de riesgos en el país».

El Niño por venir

Una de las preocupaciones de Alicia Villamizar, más allá de la vulnerabilidad frente a las lluvias intensas y la gestión de riesgos, es la preparación que tiene el país frente al aumento de las olas de calor y la desertificación de los ecosistemas. 

«Sea  que estemos frente a una variable climática —que es natural— o un extremo climático o un evento relacionado por el cambio climático —que es producto de la actividad humana—, debemos estar trabajando para mitigar el impacto que tienen esos fenómenos en nuestra sociedad», advirtió Villamizar. «Un error que cometemos todos es pensar que esto está desligado de nosotros, y es todo lo contrario. El cambio climático es producto de la alteración de los ecosistemas sin regulaciones: talando bosques, urbanizando áreas para agricultura o ciudades, contaminar y cambiar cuerpos de agua, etcétera. Internacionalmente se está trabajando y algunos gobiernos están tomando medidas». 

La Aficman estableció en su informe Compromisos de Venezuela con el Convenio de París (parte 1) que las vulnerabilidades del venezolano frente a las olas de calor están más documentadas que las de las lluvias. Entre los problemas a los que el país está expuesto por el aumento de las temperaturas y la pérdida de las lluvias están: 

La proliferación de insectos transmisores de enfermedades tropicales (como la Malaria y el Mal de Chagas), aumentando el riesgo de contagios.

La pérdida de ecosistemas por la desertificación y la reducción de cuerpos de agua dulce.

El aumento del nivel del mar, que inunda a las poblaciones costeras del país. 

La pérdida de impermeabilidad de los suelos, que genera un ciclo más fuerte de inundaciones si llueve y no hay suficiente humedad en el suelo para absorber el agua. 

Desbalance en los ciclos de siembra y cosecha.

Venezuela no fue ajena a los impactos de una gran sequía. En 2015 y 2016 se registró la temporada más intensa de El Niño hasta la fecha y en el país se evidenció con daños a la infraestructura hidroeléctrica —privando aún más del servicio eléctrico a la población—, en el incremento de casos del Zika, Dengue y Chikungunya, así como pérdidas en la producción ganadera que, hasta el día de hoy, no han sido calculadas en su totalidad. 

«¿Quién está preparado para un periodo de El Niño fuerte?», cuestionó Villamizar. «Después de que pase este periodo de La Niña no sabemos si va a entrar un periodo de El Niño fuerte. No sabemos si va a ocurrir todavía, pero tampoco estamos preparados. La falta de información estadística en materia climática, en materia de economía y de producción, en gestión de riesgo y demográfica nos envuelve en una incertidumbre y nos expone a una vulnerabilidad inmensa. Se necesitan mapas de riesgo actualizados que nos indique cuánta población está expuesta a estos escenarios climáticos para poder establecer cuánto riesgo estamos expuestos para dar el primer paso hacia la preparación ante sus peligros y amenazas. Esa información tampoco la tenemos, no es pública». 

Las preocupaciones de Villamizar se evidencian en el informe «Calor extremo: Preparándose para las olas de calor del futuro», elaborado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC). 

En el texto se menciona que las olas de calor y la sequía extrema serán uno de los problemas más comunes en el futuro y alientan a los estados a «intervenir en las brechas de datos para tener una mejora crítica en el entendimiento y respuesta de estos fenómenos (…) para así adaptar el sistema humanitario a los riesgos actuales y futuros de las olas de calor». 

 

El 16 de septiembre, el Inameh anunció que se instalarán monitores de sequía en colaboración con el programa multilateral EUROCLIMA+. Pero, hasta los momentos, el Instituto no ha dado más detalles de las zonas estratégicas donde se ubicarán dichos monitores o qué variables específicas medirán. 

«El Estado debe actualizar sus leyes frente al control de emisiones de gases de efecto invernadero y la publicación de datos climáticos. Existe un gran retraso en el país para cumplir sus compromisos internacionales como el Acuerdo de París, el Acuerdo de Kioto y los convenios con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para fortalecer la gestión de desastres tanto a nivel preventivo como forense. Estamos desprotegidos», concluyó Villamizar.

Balancear responsabilidades

Frente a todo este panorama opaco a nivel informativo, distintas organizaciones ambientalistas denuncian que el uso del cambio climático como el único responsable de los desastres socioambientales es inapropiado

Para Liliana Buitrago, investigadora del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, el discurso mediático y político debe enfatizar que los desastres socioambientales relacionados con la crisis climática son producto de la actividad del hombre a través del tiempo.  

«La Niña y El Niño son fenómenos climáticos, y cuando estamos dentro de un contexto de crisis climática mundial, estos fenómenos se manifiestan con mayor intensidad, independientemente de que tengamos cifras o no. Esto no es un efecto aislado y devenido así de la naturaleza, es producto de la actividad del hombre, de la actividad antropogénica», afirmó Buitrago. «Los Estados y los gobiernos son responsables y tienen que actuar de inmediato. Ahora bien, cuando se utiliza el cambio climático como excusa, y no para no asumir compromisos y responsabilidades, se está incurriendo en una terrible irresponsabilidad». 

«Es importante enfatizar que la responsabilidad del cambio climático y la mitigación y adaptación de sus efectos está bajo los Estados y los gobiernos. Frente a esto, precisamente, se debe hacer mucha mayor presión para poder implementar las acciones de protección de inmediato», agregó.

La OMM estableció en su informe Estado del clima en América Latina y el Caribe 2021 (publicado este año) que todos los Estados del continente debe afinar sus sistemas de alerta y de medición «para reducir los efectos adversos de los desastres relacionados con el clima y apoyar las decisiones relativas a la gestión de los recursos y la mejora de los resultados, se necesitan servicios climáticos, sistemas de alerta temprana de extremo a extremo e inversiones sostenibles, que aún no son adecuados». 

«Venezuela sufre un mal parecido al resto de la región: no separan las instituciones relacionadas con los pronósticos climáticos de la gestión de riesgos», opinó  climatólogo José Antonio Marengo, director del Centro de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales de Brasil, autor principal del informe de la OMM. 

«Es una deuda pendiente que tiene el país. Tiene que establecer una institución que se encargue solo de medir el clima y otra solo de emitir y gestionar sistemas de alerta temprana y otro que se encargue de la gestión de riesgos en el momento y después de los desastres. Pero el país tiene la responsabilidad de estructurar sus instituciones a corto plazo». 

Especial | Covid-19 en Venezuela: el subregistro del colapso pandémico
Runrun.es cuenta en este especial cómo el subregistro de muertes en Venezuela por Covid-19 quedó sepultado, mientras que el desplome del país se palpaba desde los hospitales hasta los cementerios. Las escenas revisitadas configuran la emergencia sanitaria de una nación con unas estadísticas oficiales de fallecimientos y contagios que nunca correspondieron con la realidad

Volver a los titulares de la prensa nacional e internacional sobre Venezuela entre marzo y abril de 2021, es repasar la tragedia. Centros de salud rebasados, aumento de muertes del personal sanitario, largas filas de personas para comprar oxígeno medicinal y para cremar cadáveres, se emparejaban con los reportes que por redes sociales y por Whatsapp hacían los usuarios para contar cuántos de sus familiares estaban infectados o habían fallecido por el virus que ocasionó la pandemia.

Los números también hablan sobre ese período. Según datos oficiales, en abril de 2021 se registró el mayor número de muertes por covid-19 en Venezuela: 534. Pero la OMS apunta que hubo 4,4 veces más de lo que anunciaron los voceros de Nicolás Maduro. Ese, sin embargo, no fue el mes con el más alto subregistro de fallecimientos por el virus en el país. En agosto de 2020, durante la primera ola mortal, las cifras reales de decesos fueron casi ocho veces mayor que las declaradas en los reportes del gobierno.

La OMS no fue la única institución que habló del subregistro de muertes en Venezuela durante la pandemia. Ya en marzo de 2022, una investigación del académico Dmitry Kobak, de la Universidad de Tubingen en Alemania, situó al país entre una veintena de naciones con inconsistencias en sus datos de muertes sobre la enfermedad. 

A través de la revisión de las estadísticas de la OMS, en este especial se expone cómo, mes a mes, el subregistro de muertes en Venezuela quedó sepultado, mientras que en hospitales, clínicas privadas, registros civiles, cementerios y crematorios se palpaba la realidad de un país que colapsaba en medio del confinamiento. 

 

 

Para esta investigación se visitaron las sedes de los registros civiles de los cinco municipios de la zona metropolitana de Caracas. A pesar de que en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Registro Civil de Venezuela está consagrado el derecho que todos los ciudadanos tienen de acceder a los archivos, en cada una de estas oficinas públicas, a excepción de Chacao, fue negado el permiso de revisarlos sin razón alguna.

El acceso a los libros de actas de defunción de los años 2019, 2020 y 2021 de Chacao, permitió constatar que los fallecimientos por enfermedades respiratorias, no reportados como covid-19, fueron mayores durante la pandemia. En 2019, 16% de las muertes registradas en Chacao fueron causadas por enfermedades respiratorias. En 2021, ese porcentaje se elevó a 22%. 

Otro dato que llama la atención es la poca cantidad de actas de defunción que durante 2020 reflejaron al Covid-19 como causa de muerte. En agosto de ese año, cuando se registró el primer pico de la pandemia en Venezuela, solo nueve de los 20 fallecimientos por enfermedades respiratorias fueron consecuencia del virus. A través de testimonios obtenidos en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (la principal morgue de Caracas) se conoció que varias de las actas de las personas que murieron por la enfermedad generada por el nuevo coronavirus, y a las que se le habían practicado exámenes que lo confirmaban, no señalaban a este en el recuadro de la causa de muerte.

 

 

Tres fuentes médicas consultadas coincidieron en que esa negación podría estar vinculada a la necesidad de agilizar los trámites funerarios por parte de las familias, quienes podían pasar varios días para cremar a los suyos cuando morían por el virus, debido al colapso de cementerios y crematorios. Sin embargo, con esa falta se ignoraron las directrices que la OMS dictó en medio de la pandemia sobre el llenado de los certificados de defunción.

Esta investigación fue realizada en alianza con Data Crítica y gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Conoce más de este especial haciendo clic en la imagen:

Venezuela: Odebrecht elevó 600% el costo de una obra en el Metro de Caracas y la usó para pagar sobornos en otros países
La obra que el gobierno de Hugo Chávez adjudicó a la constructora brasileña Odebrecht en 2006 se ha transformado en el emblema del mecanismo de corrupción de la compañía en Venezuela. Confesiones de sobornos y sobreprecios de una obra que nunca concluyó y aún así terminó costando casi 9 mil millones de dólares. Su abandono ya ocasionó 5 muertos y 17 lesionados. Una investigación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI)* para el especial de la red colaborativa ‘Investiga Lava Jato’ comprobó cómo los sobrecostos en el metro superan los sobreprecios totales de otras 50 obras en 7 países.

Por Alianza Rebelde Investiga*

 

Luz Marina Velásquez acumula casi la mitad de sus 48 años recorriendo los 30 kilómetros que separan a la estación Parque del Este en Caracas de su casa en Guarenas, estado de Miranda, a 45 minutos de la capital venezolana. La vida se le va en un ida y vuelta continuo, de lunes a viernes, en transporte público. En este trayecto puede tardar de dos a cuatro horas dependiendo del lugar donde trabaja como empleada doméstica. Todo un trajín que la desvela y le quita el tiempo que bien podría disfrutar con sus hijos.

En 2008 vio por primera vez a un grupo de hombres con cascos y máquinas pesadas a un costado de la autopista que conduce a Guarenas. También padeció las largas colas de automóviles que se formaban por la interrupción constante del tráfico debido a las obras. Sin embargo, la esperanza aliviaba sus molestias. Se imaginaba montada en el vagón del Metro Caracas-Guarenas-Guatire.

“Uno pensaba que el traslado sería más rápido. Que íbamos a dormir un poquito más y a tener más tiempo para compartir con la familia, con mis hijos”, recuerda Luz Marina. No sospechaba que esas enormes columnas de concreto que permanecen sobre la autopista formarían parte de la pieza clave del mecanismo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, en la cual se gastaron casi 9 mil millones de dólares, producto de la sobrefacturación, sin que nunca empezara a andar. 

Parte de lo que queda de la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatire, que debía estar terminada en 2019 y jamás se concretó. Ronald Peña/El Pitazo.

Lo que sí comenzaron a rodar cuesta abajo fueron las esperanzas de Luz Marina. Sintió cómo su ilusión se desvanecía en cuestión de seis años, desde que vio los primeros trabajos del sistema de transporte en 2008 hasta 2014, cuando cayó en cuenta de que el Metro Caracas-Guarenas-Guatire era otra promesa descarrilada del chavismo.

“Fue pasando el tiempo y uno veía esas columnas levantadas y que le montaban los rieles a unos tramos. Creía que de verdad se estaba haciendo un trabajo. Pero también veía que las columnas de otros tramos seguían sin terminar. Yo recuerdo que en 2014 mi hermana siempre me decía que ‘en la autopista para Caracas no están haciendo nada, no hay columnas ni túneles’. Era verdad. Entonces entendí que a eso todavía le faltaba mucho”, relata la mujer desde su casa en la urbanización Menca de Leoni, en Guarenas.

En realidad, al Metro Caracas-Guarenas-Guatire no le falta mucho sino casi todo. Según Transparencia Venezuela, hasta 2017 la obra presentaba apenas 27% de avance. Hoy de esos 8 millones 972 mil dólares entregados a Odebrecht entre 2006 y 2015 mediante contratos complementarios, solo quedan unas columnas que los políticos locales usan para pegar afiches en épocas de elecciones y que los alcaldes pintan como si fueran grandes logros de la gestión. 

Según Transparencia Venezuela, hasta 2017 la obra presentaba apenas 27% de avance. Ronald Peña/El Pitazo.

 

 

Una base de datos multimillonaria

Las cifras de la inversión asignada al Metro Caracas-Guarenas-Guatire corresponden a una base de datos que registra los documentos hallados durante dos allanamientos realizados el 14 de febrero de 2017 en dos oficinas de Odebrecht en Caracas.

La documentación encontrada por los fiscales y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fue revisada y procesada por un equipo conformado por  tres  expertos auditores, quienes organizaron toda la información en una tabla Excel, que recoge 275 contratos firmados por la constructora brasileña con el chavismo desde 2002 hasta 2015.

En esa tabla -de la cual se informarán más detalles en una próxima entrega del especial de Investiga Lava Jato- figuran los montos de los contratos, adendas, modificaciones de los presupuestos, los ministerios y empresas del Estado clientes de Odebrecht y los funcionarios firmantes tanto de Venezuela como de Brasil.

Otro tramo de la obra inconclusa: columnas de concreto que los políticos locales usan para pegar afiches en épocas de elecciones y que los alcaldes pintan como si fueran grandes logros de la gestión. Ronald Peña/El Pitazo.

La información confidencial, a la que tuvo acceso la Alianza Rebelde Investiga (ARI), es reveladora. En el caso específico del Metro Caracas-Guarenas-Guatire evidencia el derroche y la corrupción que esconden las columnas de concretos abandonadas. La obra comenzó con un presupuesto de 1.303 millones de dólares y aplicó la fórmula de los sobreprecios para convertirse en la pieza clave del mecanismo de desfalco de Odebrecht en Venezuela. 

El 2006, Hugo Chávez aprobó un presupuesto de 1.303 millones de dólares para la obra y el monto fue firmado el 21 de diciembre de ese año por el entonces presidente del Metro de Caracas, Gustavo González López. Tras 24 modificaciones al presupuesto inicial, la mayoría de los cambios aprobados a través de puntos de cuentas -memos oficiales- firmados por el propio Chávez entre 2006 y 2012, el monto creció hasta los $8.981 millones. Se sumaron $7.678 millones en sobrecostos. Es decir, el valor de la obra se incrementó 589%. Terminó costando siete veces más.

González López, quien es actualmente director de la policía política (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin), suscribió cinco contratos relacionados con esta obra entre 2006 y 2008, mientras ocupaba la presidencia del Metro de Caracas. 

 

Uno de los puntos de cuenta -memos oficiales- presentados por Elías Jaula al entonces presidente Chávez en febrero de 2012 describiendo “decisiones estratégicas” para varias obras del metro que implicaron aumentos de presupuesto.

El contrato inicial por 1.303 millones de dólares en realidad era un presupuesto mixto expresado en dos monedas: bolívares y dólares (Bs. 1.423 millones; $640,7 millones). 

Transparencia Venezuela identifica que la fórmula mixta de los presupuestos, que en algunos casos, como el del Metro Caracas-Guarenas-Guatire, contemplaban euros además de bolívares y dólares, también se prestaba para las distorsiones en los pagos adicionales. Con el mismo criterio concuerda uno de los fiscales que investigó el caso, entrevistado para este reportaje.

Según expertos en contratos consultados por Transparencia Venezuela, en las modificaciones de los montos reflejados en diferentes monedas se encuentra un posible mecanismo de corrupción en los acuerdos con la constructora brasileña (Informe Odebrecht 2018). 

Quince adendas referentes a las “modificaciones de cláusulas de contrato” fueron las que recibieron mayores asignaciones, un total de 6.369 millones de dólares. Prácticamente la totalidad de ese monto por modificaciones (6.353 millones de dólares) fue aprobado por Haiman El Troudi como representante del Estado venezolano, según revela la base de datos sobre las obras de Odebrecht en Venezuela a la que tuvo acceso ARI. 

 

El exgerente general de Odebrecht en Venezuela Alessandro Gomes declaró ante los fiscales de Brasil que la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatire la constructora tenía “un lucro líquido real en torno a 23%, que fue reducido, por medio de los contratos ficticios”. Ronald Peña/El Pitazo.

Además, los datos demuestran que el presupuesto asignado para esta sola obra del gigante brasileño en Venezuela supera los 6.000 millones de dólares en sobrecostos de 50 obras de Odebrecht en siete países de Latinoamérica y África, develado en 2017 por la investigación de la Alianza Investiga Lava Jato, bajo la coordinación de Convoca. 

Además, el Metro Caracas-Guarenas-Guatire recibió otros aportes extra a las adendas. Según la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre, publicado a 9 años de que se firmara el contrato de construcción, esta obra recibió un crédito adicional de 7.267 millones de bolívares (más de 1.153 millones de dólares, a tasa de cambio oficial de la época), señala el decreto 1.639 publicado en la Gaceta Oficial 40.607 del 24 de febrero de 2015.

Por eso, cobra especialmente sentido la declaración que dio en diciembre de 2016 el exgerente general de Odebrecht en Venezuela, Alessandro Gomes, ante la Procuraduría de Brasil. Como parte de su acuerdo de cooperación en la investigación del Lava Jato, Gomes aseguró: “La obra que más generó para la Caja 2 (administración paralela desde donde se pagaban los sobornos) fue la de Caracas-Guarenas-Guatire, pues era la de mayor margen de lucro”.

Desde Brasil, Odebrecht respondió ante la consulta de la Alianza Investiga Lava Jato que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. “La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía.

 

La fiscal Raiza Sifontes, exdirectora encargada de Anticorrupción en la Fiscalía General de Venezuela, viajó a Brasil en julio de 2017 para reunirse con los fiscales del equipo Lava Jato y no pudo regresar a Venezuela. CREDITO: César Batiz

El mecanismo de Odebrecht

Gomes explicó el mecanismo que usaron para alimentar las cuentas para el pago de extorsiones o sobornos, la llamada “Caja 2”, a cargo del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña.

El ex ejecutivo brasileño menciona tres obras fundamentales para la Caja 2: Metro Los Teques Línea 2, Metro de Caracas Línea 5 y Metro Caracas-Guarenas-Guatire. “Estimo que, en el periodo de 2011 a 2015, el valor de la Caja 2 fue (de) entre 120 y 140 millones de dólares en estas obras del metro”, afirmó en su declaración en referencia al lucro obtenido a través de estos proyectos.

Las siguientes palabras del testimonio de Gomes son aún más claras: “En esta obra teníamos un lucro líquido real en torno a 23%, que fue reducido, por medio de los contratos ficticios y, como consecuencia, la generación para la Caja 2 fue de 13%. Las demás obras del metro, que tenían márgenes menores, en torno a 9% a 18% (sic), la posibilidad de generación de Caja 2 era muy menor”. Es decir, el margen de lucro para Odebrecht se reducía en la medida en que la compañía pagaba sobornos a través de los contratos ficticios realizados con empresas asociadas a los sobornados.

 

El exvicefiscal venezolano Zair Mundaray aspira, como sus colegas exiliados, a que llegue el momento de que se haga justicia en el caso Odebrecht. CREDITO: César Batiz

La fiscal Raiza Sifontes, exdirectora encargada de Anticorrupción en la Fiscalía General de Venezuela, corroboró esa información cuando viajó a Brasil en julio de 2017, en una misión oficial junto a su colega Pedro Lupera, uno de los fiscales encargado de la investigación. El objetivo era interrogar a los involucrados en el caso Lava Jato. 

Aunque Sifontes no pudo completar su tarea e incluso jamás logró regresar a Venezuela, debido a las amenazas de detención contra ella y Lupera, sí conoció que con ese lucro generado por el proyecto Metro Caracas-Guarenas, Odebrecht no solo pagó los sobornos en Venezuela, sino también en otros países de Latinoamérica, de acuerdo con el testimonio de los ejecutivos de CNO que colaboraron con la justicia de Brasil.

La del Metro Caracas-Guarenas-Guatire es la historia de un tren multimillonario que aumentó casi 600% su valor sin mover nunca ni un solo vagón. Forma parte del grupo de 24 obras de un total de 33 encargadas a Odebrecht que jamás fueron terminadas, según determinó Transparencia Venezuela. Debía haber sido entregada el 15 de noviembre de 2019, de acuerdo con la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre. 

 

El origen del mal: la amistad de Chávez y Euzenando Azevedo

Pocas veces una amistad debió resultar tan costosa para un país. De acuerdo con el registro de Transparencia Venezuela en el Informe Odebrecht 2018, el total de sobrecostos de las obras de la empresa brasileña en Venezuela alcanzó los 29.974 millones de dólares.

Esa cifra tuvo su origen en la amistad entre Hugo Chávez y Euzenando Azevedo, gerente general de Odebrecht en Venezuela.

La ciudad de Guarenas, en el estado de Miranda, se encuentra a 45 minutos de la capital venezolana en automóvil, pero a los venezolanos de esa localidad el trayecto puede llevarles de dos a cuatro horas en transporte público los días hábiles. Ronald Peña/El Pitazo.

La relación comenzó a fraguarse en la campaña presidencial de 1998, de acuerdo con el relato de los fiscales venezolanos que forman parte del expediente que adelantaba el Ministerio Público antes de la destitución de Luisa Ortega Díaz. 

El exgolpista participó en una reunión para presentar su candidatura a los miembros de la Cámara Venezolana de la Construcción. Tras culminar su intervención, Chávez recibió el saludo de un brasileño. Era Euzenando Azevedo, con quien conversó durante 15 minutos.

En diciembre de 1998, ya con Chávez como presidente electo, Rafael Caldera, mandatario saliente, se alistaba a firmar un contrato con una empresa española para la construcción de la línea 4 del Metro de Caracas, pese a que, según dijo Azevedo a Chávez, la licitación la ganó Odebrecht.

Azevedo buscó a Chávez para contarle lo sucedido. Conversaron sobre la obra y Chávez le hizo una promesa: «Voy a hablar con Caldera porque no sería ético que él firmara un contrato de este tamaño, el mayor del país, cuando yo ya gané las elecciones». Agregó que revisaría la licitación y si Odebrecht era la ganadora, le sería adjudicado el proyecto, destaca uno de los informes de los fiscales basado en declaraciones de Euzenando. 

Así nació una amistad muy costosa para los venezolanos, de acuerdo con la información revelada por los exintegrantes del Ministerio Público venezolanos que tuvieron acceso a la declaración del exgerente de Odebrecht en Venezuela.

 

Chávez, Maduro y Cilia Flores, en el piso legal

El siguiente paso en la fragua de tan cara amistad también estuvo relacionado con el expresidente venezolano Caldera, pero no con su segundo y último mandato, sino con el primero y un documento que dio piso legal a la entrega a dedo de las obras a Odebrecht.

 

Estación del Metro de Caracas. Ronald Peña/El Pitazo.

En 1973, Rafael Caldera, en el último año de su primer periodo, aprobó el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre los gobiernos de Venezuela y Brasil, el cual fue publicado en Gaceta Oficial en febrero de 1974.

En septiembre de 2005, 32 años más tarde, el chavismo modificó el acuerdo complementario número 1, para incluir obras de infraestructura en las regiones Amazónica y Orinoquense de Venezuela. En ese momento, Lula Da Silva acumulaba tres años en la presidencia de Brasil.

Con ese piso legal y al menos unos cuatro memorándums de entendimiento para la construcción de infraestructura, sector eléctrico, agrario y cooperación de vivienda y hábitat, se facilitó la aprobación de proyectos, no solo a un país, sino específicamente a una empresa, Odebrecht.

Los cuatro memorándums de entendimiento fueron refrendados entre 2007 y 2009, en la época en que Chávez era el presidente; Maduro, el canciller; y Cilia Flores se encontraba al frente de la Asamblea Nacional.

“Y es mediante el mandato del presidente Hugo Chávez Frías (F) que se generaron las condiciones legales para que la empresa Odebrecht interviniera en la totalidad de los proyectos de mayor importancia de las últimas décadas en el país y en diferentes áreas que comportaran grandes obras de infraestructura, todo lo cual se hizo por adjudicación directa”, apuntan los fiscales venezolanos en un informe al que accedió ARI. 

 

Los puntos de cuenta

Para completar la faena, se necesitaba una forma de asignar recursos sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Chávez encontró la fórmula al utilizar el excedente petrolero. El barril de petróleo lo presupuestaron a un monto siempre inferior a lo que terminaba marcando el promedio anual. 

Punto de cuenta -memo oficial- de febrero de 2012 para el metro, en el que Elías Jaua afirma que la obra empleaba a más de mil personas.

Todo el monto que superaba lo presupuestado quedaba a disposición del líder del chavismo, quien con solo una firma, que él mismo llamaba “la rabo de cochino”, decidía a qué obras y qué monto se le asignaba, como lo contó Gomes a la Fiscalía de Brasil.

Ese artilugio del derroche fue utilizado por Chávez para favorecer a Odebrecht. Incluso, en 2012, un año antes de su muerte, firmó puntos de cuentas -memos oficiales- que favorecieron la gerencia de Azevedo, como por ejemplo para dar más recursos para la construcción de los talleres del Metro Caracas-Guarenas. De esa obra no existe nada en la actualidad, comprobaron en el lugar los reporteros de la alianza.

En 2011, con el apoyo de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo, Chávez y Odebrecht encontraron otra fuente para seguir con el pago de los contratos. Se trata del fideicomiso que generaron con la venta de nafta liviana, gasolina, que Pdvsa realizó a Braskem SA, la petrolera perteneciente al grupo Odebrecht, que cobraba las deudas con la nafta exportada. 

Con esos recursos financiaron obras como el Tercer Puente sobre el Río Orinoco (nunca entregado) y, por supuesto, el inacabado Metro Caracas-Guarenas-Guatire.

 

En 2011, con el auxilio de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo, Chávez y Odebrecht idearon un fideicomiso que generaron con la venta de nafta liviana para financiar los contratos a la constructora, entre ellos el del metro. Ronald Peña/El Pitazo.

Ese fideicomiso lo constituyeron el 10 de mayo de 2011, de acuerdo con documentos de la investigación de los fiscales Sifontes y Lupera, el mismo año en el que Azevedo observó dificultades para cobrar los montos que reclamaba.

ARI consultó al expresidente de Pdvsa, quien aseguró que “el hecho de que se haya se haya establecido algún fondo con Brasil para pagar con petróleo o productos alguna obra (no recuerdo esto del metro), era un mecanismo usual entre los países y era una manera de aumentar el intercambio comercial y penetrar mercados, pero siempre era a precios de mercado”.

 

Del lobbista a Haiman El Troudi

Chávez, aún presidente, se encontraba en tratamiento médico por el cáncer. La administración de los recursos estaba en manos del funcionario multicargos Elías Jaua, Maduro y otros que lideraban el Gobierno.

A raíz de esa situación, el gerente general de Odebrecht en Venezuela contrató a un lobbista para ayudar a cobrar y recibir nuevos contratos. En la declaración de Gomes reluce el nombre Luis Enrique Delgado Contreras por la eficiencia de su trabajo y por los montos que cobraba.

 

El metro Caracas-Guarenas-Guatires forma parte del grupo de 24 obras -de un total de 33- encargadas a Odebrecht y que jamás fueron terminadas, según Transparencia Venezuela. Ronald Peña/El Pitazo.

Gomes recordó que en 2011 Azevedo le dio la instrucción de manejar la relación con Delgado, un hombre de negocios, quien tenía una oficina en Las Mercedes, en la que ya no opera.

“Luis Delgado usaba su poder de influencia para la aprobación de recursos para nuestros proyectos. Consecuentemente recibía las facturas de la compañía cuyo pago estaba atrasado; y en la aprobación de contratos adicionales que fueran de nuestro interés”, contó Gomes.

El alcance de las gestiones del lobbista permitía a los gerentes de Odebrecht conocer el contenido de los puntos de cuentas -memos oficiales- antes de que fueran firmados y, por lo tanto, cambiar y poner a su favor lo que les interesaba. 

En los allanamientos de febrero de 2017 a las oficinas de Odebrecht, los funcionarios encontraron documentos que solo debían estar en los archivos de la presidencia del Metro de Caracas y Los Teques, del Ministerio de Transporte y Comunicación o del Palacio de Miraflores.

Delgado recibió una comisión de 2% de todo lo que ingresó a las cajas de Odebrecht. Gomes precisó que de 2011 a 2015, la empresa tuvo ingresos por 7,7 millones de dólares, mientras que el lobbista obtuvo 100 millones de dólares.

El segundo lobbista fundamental en esta historia es Héctor Dáger, un abogado que gestionó el cobro de facturas y proporcionó información a Odebrecht sobre el proyecto Tocoma y la empresa Electricidad del Caroní (Edelca). 

Aunque también cobraba 2% de todo el dinero que ingresaba a la compañía brasileña gracias a su actividades e influencias, entre 2006 y 2009, llegaron a sus cuentas 28 millones de dólares, según la información de los fiscales venezolanos en el exilio. Es decir, 72 millones de dólares menos que lo atribuido a Delgado. 

ARI trató de contactarlos, pero en las oficinas asociadas a sus nombres negaron que estuvieran o los conocieran.

 

El presidente electo de Brasil, Lula Da Silva, junto a Chávez y Maduro. El mandatario brasileño fue clave en el desembarco de empresas brasileñas como Odebrecht en América Latina.

Luis Delgado también fue fundamental en la relación con Haiman El Troudi, expresidente del Metro de Caracas y exministro de Transporte y Comunicación. El Troudi aprobó 14 de las 25 modificaciones realizadas al contrato inicial en su gestión frente al Metro de Caracas.

Los testimonios documentales recogidos por fiscales brasileños y venezolanos y un proceso abierto en la Fiscalía General de la República establecen que existió un vínculo de negocios entre Delgado y El Troudi; con la esposa del exministro, María Eugenia Baptista Zacarías; y con su suegra Elita del Valle Zacarías. El proceso en la Fiscalía General terminó cerrado durante la gestión de Tarek William Saab en el Ministerio Público.

A las dos mujeres les enviaron 16,3 millones de francos suizos desde la cuenta de la empresa Alfa International SA, una de las firmas usadas por Odebrecht para repartir comisiones en los lugares donde tenían obras acreditadas en América Latina y África, de acuerdo con el testimonio de Euzenando Azevedo en Brasil.

ARI intentó contactar al exministro El Trouddi en la casa que le reconstruyen en el centro norte de Caracas, pero no fue posible ubicarlo. De acuerdo con información de personas cercanas al exfuncionario, hoy exonerado por la Fiscalía de cualquier investigación, su esposa y él pasan los días entre Aruba, Santa Lucía, San Martin y un barco con autonomía para navegar por un mes en el Caribe.

Obra paralizada por segunda vez

Odebrecht en Venezuela erigió impunidad. La fiscal Sifontes y el exvicefiscal Zair Mundaray aspiran a que llegue el momento de que se haga justicia. Saben perfectamente que mientras el chavismo se encuentre en el poder jamás se adelantarán las investigaciones que concluyan con el castigo para los responsables de un sobrecosto total en las obras de la compañía brasileña de más de $29.000 millones, según Transparencia Venezuela.

 

La exfiscal general Luisa Ortega Díaz encabezó el equipo de fiscales del caso Odebrecht en Venezuela. En 2017 viajó con uno de sus colegas a reunirse con los fiscales del Equipo Lava Jato en Brasil. Ese día, la hija y el nieto del esposo de la funcionaria fueron secuestrados. Foto: Presidencia Venezuela.

“De acuerdo con el relato de Alessandro Gomes, Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro fueron copartícipes del delito de corrupción”, afirmó Mundaray para este reportaje. En febrero de 2017, el exvicefiscal, hoy exiliado en Colombia, viajó a Brasil con la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Se encontraban en ese país cuando secuestraron en Caracas a una de las hijastras y a un nietastro de la jefa del Ministerio Público.

Para un miembro de la Fiscalía que conoció el caso muy de cerca, la investigación no debió enfocarse solo en el pago de comisiones a los funcionarios públicos. Asegura que ese monto se acercó a los 1.000 millones de dólares y no se quedó en los 98 millones que los ejecutivos de Odebrecht reconocieron ante las autoridades de Brasil y Estados Unidos en diciembre de 2016, cuando estalló el caso Lava Jato en América latina. Venezuela encabezó entonces la lista de países con mayor flujo de sobornos de la constructora brasileña en la región, aparte de Brasil.

Según el exintegrante de la Fiscalía, el chavismo pagó todas las obras en 2012, pero se intentó refacturar montos más elevados para seguir sacando dinero de Venezuela.

En octubre de 2021 y en enero de 2022, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la reanudación de las obras del metro pero la Alianza Rebelde Investiga (ARI) comprobó en el lugar que la supuesta reactivación quedó congelada en fotos oficiales. 

Hacia el final de esta ruta, no hay movimientos en la Justicia, o al menos noticias de ellos. De la construcción del Metro Caracas-Guarenas, solo queda el registro de las columnas levantadas para colocar sobre ellas el riel del tren, ubicadas en la autopista Guarenas-Guatire, que comprueban que la corrupción mata: en 2021, autoridades policiales registraron cinco fallecidos y 17 lesionados en 13 choques contra esas estructuras. 

Metodología

Las cifras publicadas en este reportaje corresponden a la filtración de una base de datos contentiva de los documentos confidenciales recabados durante dos allanamientos autorizados por el Ministerio Público en las oficinas de Odebrecht en Venezuela el 14 de febrero de 2017. Hasta hoy permanecían bajo la custodia del equipo de fiscales (hoy en el exilio) que hasta ese año investigaban el caso de la constructora brasileña en el país. Los datos debieron ser depurados, ordenados y clasificados en Excel para poder procesar las totalizaciones de contratos y adendas de 33 megaproyectos encargados a Odebrecht entre 2002 y 2015. 

Para este especial, se analizó en específico el proyecto del Metro Caracas-Guarenas-Guatire como emblema del mecanismo de corrupción de Odebrecht en Venezuela. En vista de que el presupuesto era mixto (expresado en en tres monedas: bolívares, dólares y euros) se concretó un solo monto convirtiendo los euros y bolívares en dólares calculados a la tasa oficial según la fecha de cada proyecto. 

Con la categorización de los datos, no sólo fue posible descubrir a los principales funcionarios que manejaron mayor número de contratos y recursos y la cantidad y tipo de adendas que se agregaron al presupuesto inicial sino que también permitió comparar que los exorbitantes montos de una sola obra en Venezuela superaban con creces el total de sobreprecios de 50 obras en 7 países calculados por la alianza transfronteriza Investiga Lava Jato, de la que forman parte Runrunes y El Pitazo

*La Alianza Rebelde Investiga (ARI) está integrada por los medios Runrunes, El Pitazo y TalCual. En este especial, los periodistas que integran la red para el especial “El costo de la corrupción” de Investiga Lava Jato son Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz. Base de datos: Carmen Riera. Fotos: Ronald Peña

Especial ARI | Las Mercedes se calienta con un lujo abrasador
En menos de un par de décadas, en algunas zonas de Las Mercedes, la temperatura supera los 30 grados. Expertos aseguran que el incremento está relacionado tanto con las construcciones que se levantan en la zona como con la disminución de la vegetación del lugar

Alianza Rebelde Investiga

 

Desde el año 2010 doce constructoras se han encargado de modernizar a la urbanización Las Mercedes, al este de Caracas. Las torres lujosas que ahora se levantan en la urbanización, que otrora se distinguía por sus casas de estilo neovasco, la han consolidado como un importante punto comercial y empresarial en la ciudad. Pero ese cambio se hizo sin tomar en cuenta los parámetros mundiales de planificación de ciudades sostenibles. Y las consecuencias se sienten en la piel.

Un mapa de calor del año 2020 revela que las zonas más cálidas de la urbanización no solo han aumentado su temperatura, sino que se han expandido a lo largo de las últimas dos décadas. Karenia Córdova, investigadora del Instituto de Geografía y Desarrollo Regional de la Universidad Central de Venezuela (UCV), asocia esta variación con el fenómeno de la isla de calor, en el que el auge de las construcciones sumado a la pérdida de la vegetación produce un incremento de la temperatura.

Las edificaciones de Las Mercedes de los últimos cinco años, con sus altas fachadas de cristal y cemento, amenazan con ampliar esas zonas cálidas. Esta investigación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) indagó en las consecuencias de una transformación que se ampara en las reiteradas modificaciones de las ordenanzas de zonificación apoyadas por la Alcaldía de Baruta y el Concejo Municipal, sin la previa consulta a los vecinos.

El aumento progresivo de la temperatura hará que el consumo de energía se eleve, que el suministro del servicio eléctrico empeore e impacte directamente en todos los servicios públicos. Además, aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del tránsito automotor creciente y de un transporte público deficiente. Todo hará mella en la salud de quienes viven o trabajan allí. A estos factores se suma la ausencia de un plan que vele por las obras patrimoniales que, según expertos, están amenazadas por los nuevos aires de modernidad.  

Los efectos serán mayores si se toma en cuenta que a estas construcciones las rodean palmeras y no árboles, cuyo follaje limitado ofrece menos sombra y menos poder para filtrar el impacto de los rayos del sol que caen directo a la superficie. Un monitoreo hecho por la Plataforma Plantados, creada en defensa del arbolado urbano, revela que hay un déficit de más de 1.700 árboles en toda la urbanización. Todo ello contribuye con las secuelas que deja el calentamiento del planeta en el país y en el mundo que empuja hacia arriba los indicadores de los termómetros.  

Conoce el especial Las Mercedes se calienta con un lujo abrasador al hacer clic en la imagen:

Odebrecht dio un giro a la historia y demandó al menos a cuatro países por más de US$1.600 millones

La constructora brasileña admitió en 2016 el pago de sobornos por 788 millones de dólares en América y dos países de África. El equipo de la red periodística Investiga Lava Jato en Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México -donde se concentraron casi el 80% de las coimas de la región sin incluir los pagos ilícitos de Brasil- determinó que la empresa ha iniciado demandas en cuatro de estos países por un monto cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas hasta el momento en Perú y República Dominicana. Mientras tanto, los avances de las investigaciones penales contra la compañía en la mayoría de estas naciones han sido parciales o nulos. En Venezuela, a seis años de las confesiones de Odebrecht, nuestro equipo revela sobrecostos de hasta 600% en la obra más emblemática de ese país

 

Por Investiga Lava Jato*

A casi seis años de las revelaciones del mayor caso de corrupción de Latinoamérica, la historia del caso Odebrecht ha dado un vuelco. En la mayoría de los países en los que la constructora brasileña admitió el pago de sobornos, las investigaciones penales han avanzado poco o nada sobre escasos acusados. Solo en Perú, las investigaciones tuvieron un avance importante sobre todo antes del inicio de la pandemia gracias a la cooperación internacional con Brasil y la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa. Sin embargo, en gran parte de los países, los casos se estancaron en vericuetos burocráticos mientras que la constructora emprendía litigios civiles e internacionales para demandar a los Estados y recuperar terreno en el negocio de las obras públicas, de acuerdo con la investigación transnacional del equipo periodístico de Investiga Lava Jato, del cual forma parte la Alianza Rebelde Investiga (ARI) de Venezuela, formada por Runrunes, El Pitazo y TalCual . 

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht había ratificado en una corte de ese país el pago de sobornos por al menos 788 millones de dólares en Brasil y otros once países. El expresidente de la empresa Marcelo Odebrecht y sus principales ejecutivos admitieron pagos ilegales por 349 millones de dólares en su país de origen y otros 439 millones de dólares en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, además de Angola y Mozambique, en África. La región latinoamericana recibió un total de 381 millones de dólares en coimas (restando los casi 51 millones destinados a los dos países africanos).

De esos pagos ilegales realizados por Odebrecht fuera de Brasil y África, casi el 80% (298 millones de dólares) se destinaron a funcionarios e intermediarios en seis países: Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. Tiempo después, diversos esfuerzos periodísticos en el continente como la red Investiga Lava Jato determinaron que el monto de los sobornos y los pagos ilícitos para el financiamiento de campañas electorales fueron superiores a los inicialmente confesados.

Esta vez, volvemos a rastrear los expedientes penales y revisar las demandas iniciadas por la constructora por haber sido vetada para seguir participando en licitaciones públicas. El resultado: en la mayoría de los países analizados, fuera de Brasil, la compañía emblema de la corrupción en la región no ha pagado por los hechos de corrupción que protagonizó ni con resarcimientos económicos a los Estados ni con castigos penales por los delitos admitidos. 

*El equipo de Investiga Lava Jato es coordinado por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortega (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).

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ESPECIAL | Violencia contra la mujer: una lucha de muchos anuncios y escasos resultados
Mientras los programas de protección carecen de recursos y buena ejecución, más de 4 mil mujeres mueren por violencia de género en Latinoamérica

Pese a la publicidad oficial y al aumento en el gasto público para atender y prevenir las agresiones contra la mujer en Latinoamérica, las cifras de violencia no bajan. Presupuestos que no se ejecutan, programas abandonados, maquillaje de cifras, escasa transparencia y aprovechamiento político fue lo que encontraron periodistas de once países después de revisar cómo funciona la institucionalidad y cómo se invierten los fondos en la región.

En Guatemala, por ejemplo, unas funcionarias investigadas por corrupción han utilizado la normativa de protección a la mujer para silenciar a los medios que han reportado sobre sus actuaciones.

En México, el 96 por ciento de los recursos comprometidos para programas de género, en realidad se está gastando en iniciativas que no tienen que ver con equidad o prevención de la violencia a la mujer.

En Venezuela desde 2016 el régimen decidió dejar de contabilizar los feminicidios. Tampoco se sabe qué actividades ha realizado o qué presupuesto tiene su programa estrella, Mamá Rosa, que prometía erradicar la violencia de género de ese país.

El programa Ciudad Mujer en El Salvador, que en su momento fue emblemático, redujo el presupuesto, despidió personal y disminuyó sus atenciones bajo el Gobierno de Nayib Bukele.

En Bolivia, más del 40 por ciento de los fondos destinados a la prevención de la violencia de género y la atención de las víctimas no ha sido ejecutado.

Y en Brasil, la administración de Jair Bolsonaro ha venido reduciendo año a año el presupuesto del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. En 2022 llegó a su punto más bajo.

Estos son solo algunos ejemplos revelados en esta investigación, centrada en revisar los programas contra la violencia de género y la institucionalidad en Latinoamérica, y que fue liderada por CONNECTAS con la participación de periodistas en una decena de países en la región y en alianza con Mexicanos contra la Corrupción, El Búho de Perú, ACCESO de Bolivia, Runrun.es de Venezuela y La Prensa Gráfica de El Salvador. Si bien hay administraciones con estructuras eficientes y con algunos resultados, el panorama de los programas liderados por los gobiernos nacionales plantea más interrogantes que certezas.

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Prisiones venezolanas: Repúblicas independientes del crimen
El sistema carcelario de Venezuela ha estado marcado por la corrupción, la violencia y el abandono estatal. Esta realidad consolidó la formación de estructuras criminales complejas que traspasaron los barrotes y las fronteras.
Los penales ahora son castillos desde donde se dirigen más de una docena de negocios ilícitos como narcotráfico, extorsión, minería ilegal y trata de personas, con tentáculos hasta Chile y otros seis países de la región. Allá ha llegado el Tren de Aragua, un grupo que actúa desde la prisión de Tocorón
Esta investigación de Runrunes y CONNECTAS también desnuda una amplia gama de dinámicas inverosímiles que suceden en las prisiones venezolanas gobernadas por “pranes”, como la cría de cerdos, la comercialización de alimentos y la organización de carteleras de boxeo.  Además, muestra la explotación a la que están sometidos los privados de libertad que no son parte del entorno del líder

 

Runrunes y CONNECTAS

 

Un equipo de Runrunes y @CONNECTAS ingresó a varias prisiones venezolanas para investigar las dinámicas y el funcionamiento de siete cárceles gobernadas por pranes, que están en seis estados del país. Estos presos son jefes criminales que han constituido estructuras de delincuencia organizada de alcance continental, como el Tren de Aragua.

La investigación, que tomó casi un año, muestra cómo las cárceles de Tocorón, Tocuyito, Vista Hermosa, Puente Ayala, Trujillo, El Dorado, y el desaparecido Retén de Cabimas (un centro de detención preventiva que fue cerrado en octubre de 2021) están bajo el control de los pranes, pese a que en las áreas externas hay presencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Una serie de visitas a las prisiones estudiadas, además de entrevistas con privados de libertad, exreclusos, familiares, funcionarios policiales y defensores de derechos humanos revelaron que desde las prisiones se coordinan y ordenan más de una docena de delitos: narcotráfico, microtráfico de drogas, minería, contrabando de alimentos, secuestro, delitos informáticos, estafa, extorsión, sicariato, tráfico de armas, robo, trata de personas y tráfico de migrantes.

Los pranes se convirtieron en “empresarios” y “comerciantes” que también obtienen rentas de actividades tan diversas como la venta de agua, la cría de cerdos, la comercialización de alimentos, el cobro de entrada a los familiares de los privados de libertad para ingresar a los penales, y la organización y promoción de eventos deportivos.


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En este último negocio, destaca Alvaro Montila, alias “El Loro”, pran del Internado Judicial de Trujillo, quien tiene su propio gimnasio dentro de la cárcel donde entrena a boxeadores profesionales de talla mundial. También creó la empresa de promoción de boxeo Loro Boxing Round.

Estas economías ilícitas generan a los pranes y su círculo (conocido como el carro) varios millones de dólares al año. Pero el resto de la población del penal no se beneficia, al contrario son las primeras víctimas de esta estructura de explotación. Ellos deben pagar semanalmente la causa, una especie de impuesto o extorsión, en dólares. El que no paga es confinado en áreas inhabitables o sometido a castigos físicos.

En un recorrido por la cárcel de Tocuyito, en Carabobo, es común tropezar en los pasillos con cerdos gigantes que se mueven con libertad por todo el penal. La oferta de drogas es variada y está a la vista, los escoltas del pran –presos identificados como luceros– usan fusiles, pistolas y escopetas para cuidar las entradas de cada torre.

Tocuyito es como cualquier barrio del país, lleno de gente, tarantines de comerciantes informales, música. Pero allí también hay lujos. El pran o principal (como en realidad se identifica a los jefes) es Néstor Richardi, alias “Richardi”, quien ha remodelado el penal.

Otros pranes como Héctor Guerrero, alias “Niño Guerrero”, de Tocorón, han convertido los viejos y deteriorados penales en sus castillos personales, donde hay piscinas, discotecas, gimnasios, zoológicos y restaurantes. Mientras que Junior Yegues, alias “Pata e´queso”, de Puente Ayala, celebró los 15 años de su hija con una gran fiesta dentro de la prisión; y los tres jefes de Vista Hermosa se convirtieron en comerciantes.

Pero, en paralelo, estos jefes carcelarios también lideran delitos que ponen en jaque a las autoridades. El Loro es el cabecilla de la banda que realiza las estafas a través de Marketplace, según un reporte del CICPC, al que se tuvo acceso para esta investigación; y “El Conas”, que es buscado por amenazar al fiscal general, Tarek Williams Saab, era uno de los pranes del Retén de Cabimas.

Además, la investigación identificó como el “pranato” carcelario ha logrado extender sus operaciones mediante alianza con otras organizaciones que operan en distintas regiones del país, como las bandas de “Santanita” (Lara), “El Cagón” (Zulia), “Wilexis” (Miranda), “El Koki” (Caracas), “El Ciego” (Bolívar), “Los Leal”, “Los Meleán” y “Yeiko Masacre” (Zulia).


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