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De acuerdo con cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), para 2019, en las universidades solo estaban matriculados 775 mil estudiantes, lo que representaba 24,7% de los más de tres millones de jóvenes entre 18 y 24 años que había en el país

La Alianza Nacional Todos por la Educación aseguró que las universidades venezolanas se han visto obligadas a modificar sus mecanismos de ingreso, como las pruebas de admisión, a causa de la deserción de estudiantes.

Una de las universidades que ha tenido que cambiar su estrategia es la Universidad de Los Andes, núcleo Táchira (ULA-Táchira), de acuerdo con un reportaje publicado por TalCual.

Según Omar Pérez, vicerrector de esta casa de estudios, en la ULA-Táchira se puede ingresar por alto rendimiento académico, condición de artista destacado y pruebas de selección hechas por especialistas.

Al respecto, Pérez explicó que estas pruebas no aplican para las carreras de menor demanda como Matemáticas, Castellano y Literatura y Educación, «en la que están los casos más graves».

También, el vicerrector reveló que, en estas licenciaturas, de 130 cupos disponibles, «se postulan siete alumnos». 

De acuerdo con cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), para 2019, en las universidades solo estaban matriculados 775 mil estudiantes, lo que representaba 24,7% de los más de tres millones de jóvenes entre 18 y 24 años que había en el país.

Medicina, Idiomas Modernos y Comunicación Social, las carreras más solicitadas, tienen sus propias formas de ingreso. En el caso de Medicina, los candidatos deben pasar una prueba psicológica antes de presentar la prueba de conocimientos.

No obstante, prosigue el artículo, estos sistemas de ingreso quedan sujetos a modificaciones. Este año 2023, por ejemplo, se solicitó que el ingreso fuese principalmente por el alto rendimiento académico.

Omar Pérez resaltó que en los últimos años han ingresado muchos estudiantes con bajo rendimiento, lo que es consecuencia de las deficiencias del sistema educativo en todos sus niveles.

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Según el Comité de Afectados por Apagones entre enero y mayo de este año se han registrado 31.123 fallas eléctricas en todo el territorio nacional 

El Comité de Afectados por Apagones ha registrado un aumento continuado en el número de cortes de luz, pasando de 3.296 cortes en enero a 10.013 en el mes de mayo. En declaraciones para EFE, la presidenta del comité, Aixa López, dijo que han repuntado en los

últimos meses las fallas y esto se debe a la falta de atención en el sistema eléctrico nacional.

Para los expertos, la crisis generada tras el colapso de 2019 no ha mermado y es el resultado de la falta de atención, mantenimiento e inversión en el sistema.

Entre enero y mayo de este año se han registrado 31.123 fallas eléctricas en todo el territorio, una cifra que, según el Comité de Apagones, demuestra «la desatención permanente del sistema eléctrico».

“No se pueden seguir colocando pañitos calientes. Se debe dar una solución para todo el entramado de generación, distribución y transmisión», dijo.

El estado Zulia encabeza la lista de los cortes registrados por esta ONG, que asegura que esta región es una de las más afectadas. En esta entidad se documentaron 2.010 fallas en mayo, que contrastan con las 423 contabilizadas en enero pasado.

No obstante, aunque los apagones se acusan más en poblaciones del interior, ocurren también en la capital, en donde se cuentan, en lo que va de año, 613 cortes del suministro eléctrico.

El descontento por los constantes cortes de energía se refleja en numerosas manifestaciones, pues el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 38 protestas por fallas eléctricas durante los primeros tres meses de 2023.

El problema alcanza también a comunidades indígenas de Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), donde la ONG Kapé Kapé denunció recientemente «constantes y prolongados cortes».

El ingeniero mecánico y exviceministro de la extinta cartera de Energía y Minas Víctor Poleo explicó a EFE que la crisis eléctrica es «estructural» y data de 2007, cuando las empresas de esta área fueron absorbidas por la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

«Construir el sector eléctrico del siglo XX tomó 50.000 millones de dólares. Valga decir, hasta el 2015 se despilfarró y se corrompió dos veces la cantidad de dinero que nos tomó construir el sistema eléctrico en el siglo XX», aseveró el especialista.

Destacó que Venezuela fue uno de los países que en los años 80 ya contaba con «un sistema robusto de interconexión eléctrica nacional», con capacidad instalada de unos 23.000 megavatios, de los que hoy solo puede generar unos 9.000, según sus datos.

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El precandidato a las primarias recibió apoyo luego de los ataques de los que fue víctima el pasado viernes 2 de junio en Carabobo

«Rechazo», «repudio», y «barbarie» son los términos que se repiten en los tuits y publicaciones de partidos políticos, líderes de oposición y personalidades públicas del país al comentar el ataque que recibió este viernes 2 de junio en Carabobo Henrique Capriles Radonski, exgobernador de Miranda y precandidato a las primarias opositoras del 22 de octubre.

Nuevamente los grupos violentos mandados por Maduro y su lacayo Rafael Lacava, sabotean una actividad en una comunidad apelando a mujeres, esta vez en Santa Inés de la parroquia Rafael Urdaneta en el estado Carabobo.

El PSUV intenta callarnos pero ¡NUNCA NOS CALLARÁN!… pic.twitter.com/eXgU0D54jn

— Henrique Capriles R. (@hcapriles) June 2, 2023

La Plataforma Unitaria y los también precandidatos a las primarias de 2023, César Pérez Vivas, Andrés Velásquez, Andrés Caleca, Carlos Prosperi, Freddy Superlano y Roberto Enríquez fueron de los primeros en condenar el suceso.

La tarde de viernes 2 de junio, durante un recorrido por Santa Inés, Valencia (estado Carabobo) Capriles Radonski fue golpeado por una mujer. El suceso quedó registrado en un video que publicó el exgobernador de Miranda en su cuenta en Twitter, en horas de la noche del viernes.

«Nuevamente los grupos violentos mandados por Maduro y su lacayo Rafael Lacava, intentaron sabotear una actividad en una comunidad apelando a mujeres, esta vez en Santa Inés de la parroquia Rafael Urdaneta en el estado Carabobo. El PSUV intenta callarnos, pero nunca nos callarán», denunció Capriles.

«Rechazamos rotundamente, los hechos de violencia contra Capriles en Carabobo, perpetrados por pequeños grupos violentos que siguen órdenes de quienes tienen miedo a perder el poder», publicó la Plataforma Unitaria en Twitter.

Velásquez y Pérez Vivas calificaron el suceso de «vil, cobarde y canalla»; mientras que Caleca, Enríquez y Prosperi rechazaron y pidieron cesar «la violencia el odio y el conflicto».

«Hemos luchado toda la vida por la no violencia a la mujer que cuando vemos al régimen de Maduro maltratar a la mujer cuando la usa para la violencia a Capriles. Condenable totalmente», trinó Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015.

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También el expresidente interino, Juan Guaidó, se pronunció sobre el hecho: «Solidario contigo Henrique y con todos los líderes de la alternativa democrática que han sido perseguidos y agredidos». Por último, envió un mensaje al mandatario Nicolás Maduro: «A ti Maduro te digo: mandas a atacar e intimidar a los que están recorriendo el país promoviendo la Unidad a través de las primarias porque sabes que después del 22 de octubre seremos un solo equipo que te va a derrotar», afirmó.

El Gobierno guarda silencio

Este sábado 3 de junio ningún funcionario del Gobierno ni institución del Estado, Ministerio Público o Defensoría del Pueblo, tampoco la Gobernación o Alcaldía de Valencia se había pronunciado sobre el hecho.

No es la primera vez que una actividad del precandidato se ve envuelta en actos de violencia, el pasado 29 de mayo, en Los Teques (Miranda), su visita fue entorpecida por gritos y consignas en contra del líder político. Este suceso también fue denunciado por Capriles, haciendo mención a Tarek William Saab, fiscal impuesto por la extinta Constituyente; pero tampoco recibió respuesta.

Capriles: «Sabemos quiénes están de tras de esto»

El precandidato publicó un mensaje en su cuenta en la red social del pajarito, en el que rechazó la violencia, indicó saber quiénes fueron los autores del suceso, agradeció los mensajes de solidaridad y prometió seguir visitando las comunidades más vulnerables del país y continuar su recorrido por Carabobo.

«Yo voy a seguir visitando los barrios y las comunidades más pobres de nuestro país (…) Lo de ayer no nos va a parar (…) Sabemos quiénes están de tras de eso, y sabemos también que son minoría«, dijo.

Aquí estamos, nada ni nadie detendrá nuestra lucha que es la de millones de venezolanos. Nuestra causa es sacar a Venezuela y a los venezolanos del fracaso a donde nos han llevado los que pretenden usar la violencia para mantenerse.

¡Seguimos, nuestro país siempre valdrá la… pic.twitter.com/IvivIkH8Ln

— Henrique Capriles R. (@hcapriles) June 3, 2023

A finales de abril Maduro aseguró que su gobierno tenía clasificado, «semana por semana», el comportamiento climatológico de los próximos meses. Detalló que serán 65 ondas tropicales las que llegarán a Venezuela este año

Llegaron las lluvias, y comenzaron los estragos. Entre los días 21 y 22 de mayo se reportaron afectaciones por precipitaciones en Distrito Capital y estados como Carabobo, Zulia, Táchira, Mérida y Aragua.

En Catia, en Caracas, usuarios reportaron el regreso de las lagunas. En Carabobo se registraron anegaciones en arterias viales. En Aragua se denunció que zonas cercanas al Lago de Valencia como Mata Redonda, Los Cocos, La Morita y Linares Alcántara se inundaron. En Táchira, en tanto, según el director de Protección Civil (PC), Yesnardo Canal, se documentaron afectaciones en el eje metropolitano relacionadas con el socavamiento de suelos. También se ha informado sobre crecidas de ríos.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) apenas estamos en la etapa inicial de la temporada de lluvias. Pese a que las lluvias forman parte de un ciclo históricamente predecible, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció de manera tardía los planes para mitigar riesgos y hacer frente a las precipitaciones, sobre todo el hecho de que estos trabajos van más allá de la limpieza superficial de ríos, quebradas o cunetas.

A finales de abril Maduro aseguró que su gobierno tenía clasificado, «semana por semana», el comportamiento climatológico de los próximos meses. Detalló que serán 65 ondas tropicales las que llegarán a Venezuela este año.

Informó que el Consejo de Vicepresidentes, dirigido por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, revisó los planes para apoyar a todos los estados, con recursos y equipos ante la llegada de las precipitaciones, aunque hasta el momento no se han dado pormenores sobre los planes para la prevención de riesgos que se han puesto en marcha. 

«Van tarde los planes de Maduro»

Para el ingeniero civil José María de Viana, los planes de prevención de Maduro van tarde. Asegura que los operativos de reparación y mantenimiento a los sistemas de drenajes primarios y secundarios requieren como mínimo seis meses.

De Viana resalta que en Caracas, durante la temporada seca, debió atenderse el sistema de drenaje secundario. A su juicio, el hecho de que en las principales arterias viales de la ciudad siempre se formen las mismas lagunas cada vez que llueve desmiente los supuestos planes del Ejecutivo.

Sobre las políticas preventivas que se deben ejecutar, José Luis López Sánchez, investigador del Instituto de Mecánica de Fluidos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), tilda de necesario que se haga remoción de sedimentos en los vasos de las presas de los ríos y quebradas. 

El mantenimiento y la gestión de riesgos no se limita a la limpieza superficial de ríos y cauces. De acuerdo con López Sánchez, también Individuo de Número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, es menester atender los cauces naturales y las obras canalizadas.

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La reducción del sector asegurador venezolano se evidencia en los números de este mercado. De acuerdo con las cifras de Sudeaseg, correspondiente a abril de este año, el saldo de operaciones cerró en 6,5 millones de dólares; mientras que en el mismo mes de hace ocho años fue de $261,5 millones.

La presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, María del Carmen Bouffard, sostuvo que en los últimos ocho años el sector perdió entre 60% a 70% de sus clientes debido a varios factores que afectaron por igual al resto de la economía. Recalcó que el contexto económico afectó a este mercado porque el venezolano perdió su poder adquisitivo, por lo que ha priorizado la alimentación y la medicina.

«El seguro ha quedado después que tiene sus necesidades básicas cubiertas. Esto hizo que el sector perdiera una importante cartera de clientes, podemos estar hablando de 60% a 70%. Entre los factores destacan los que emigraron de Venezuela, empresas que cerraron o que redujeron el número de empleados, que a veces además tenían beneficios como las pólizas colectivas», dijo.

La reducción del sector asegurador venezolano desde 2015 se evidencia en los números de este mercado. De acuerdo a las cifras de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) correspondiente a abril de este año, resalta que el saldo de operaciones cerró en 6,5 millones de dólares; mientras que en el mismo mes de hace ocho años fue de $261,5 millones.

Los resultados indican que con relación a las primas netas cobradas, el mercado se encuentra hoy más atomizado en pocas aseguradoras. Según los datos oficiales, en abril de 2023 finalizaron en Bs 5.798 millones y de este total, 10 compañías de 50, ostentan 85% del mercado con Bs 4.938 millones. Este porcentaje es mayor a la del año 2015 cuando las 10 primeras empresas de 48 en el ranking dominaban 68,7% del mercado.

En el último reporte de la Sudeaseg, las empresas en el país que lideran el mercado son Mercantil Seguros, Seguros Caracas, Pirámide, Mapfre, La Internacional de Seguros, Seguros Constitución, Oceánica de Seguros, Hispana, Banesco y Real Seguros.

Bouffard señaló -además- que 71% de la cartera de aseguradores está constituida por seguros de salud, mientras que 6,5% son seguros de vehículos, «que en 2010 llegó a estar en 35%». Mientras que en el caso de los seguros combinados, residenciales, industrias o comercio solo representan 4%. Los seguros de incendio se ubican en 1,99% y los seguros diversos en 3,45% de éstos últimos.

«Hay un total desequilibrio porque eso nos indica también que las personas no se están asegurando en rubros como automóviles, viviendas, comercios, industrias», afirmó.

Destacó que en los últimos años, después de la pandemia por el covid-19, hubo un leve aumento de venezolanos interesados en contratar seguros de salud para su familia. Sin embargo, apenas 5% de la población cuenta con algún tipo de seguro y, en su mayoría, es de salud.

Los cálculos realizados por la Cámara de Aseguradores indican que en el 2022 se erogaron $363 millones por concepto de cobertura de siniestros en diversos ramos. De ese monto, 91% correspondió a la atención de siniestros en el ramo de salud.

Mientras que 5% del total, equivalente a $18,7 millones, fue destinado a la cobertura de siniestros del ramo de seguros de automóviles, y, el porcentaje restante (4%), se distribuyó en siniestros en otros ramos.

Para el ejercicio de 2022, las primas cobradas alcanzaron un monto aproximado de $720 millones, tomando en cuenta esta cifra, los siniestros pagados equivalen a 50% de las primas cobradas.

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Más de 95 ONG opinan que los protocolos «obstaculizan el acceso a su derecho a solicitar Protección Internacional»

Créditos: TalCual

Ocho organizaciones no gubernamentales vinculadas a la Compañía de Jesús emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su inconformidad por la puesta en práctica de políticas de varios gobiernos latinoamericanos, de común acuerdo con Estados Unidos, que permiten al gobierno de Joe Biden que «externalice» sus fronteras en terceros países, lo que «deshumaniza» el derecho a migrar y obliga a quienes intentan llegar a EEUU a emprender travesías cada vez más peligrosas.

Dicen que «es esencial contar con la participación activa de la sociedad civil que atiende los flujos migratorios» y reivindican que «la vivencia del acompañamiento dignificante» que ofrecen las ONG firmantes les da base para formular sus observaciones. El texto cuenta con la adhesión de otras 95 instituciones sin fines de lucro, entre ellas una decena venezolanas.

Preven que «el probable aumento de personas expulsadas y deportadas» obligará a las ONG a tener mayor coordinación y más recursos.

El documento precisa que esperan que estas «alertas regionales» sirvan para «prevenir y revertir» los impactos de las políticas gubernamentales «restrictivas y securitistas que se han ido replicando en otras fronteras en el intento de contener la migración» sin ningún éxito porque » ninguna de estas medidas de control y contención logra su cometido» dado que las personas migran buscando protección.

Opinan que los acuerdos entre Estados Unidos, España, Canadá «priorizan la migración laboral, omitiendo las circunstancias de riesgo que viven las personas y obstaculizando el acceso a su derecho a solicitar Protección Internacional».

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Aumenta la vulnerabilidad

«Las personas refugiadas, migrantes y desplazadas forzadas en las Américas están viviendo los impactos de políticas nacionales y acuerdos regionales, basados en las estrategias de gestión de las migraciones que, al intentar controlar la migración, la deshumanizan. Estas decisiones están alejadas del enfoque de protección y garantía de Derechos Humanos que afectan también a las comunidades receptoras y de tránsito».

A los Estados y gobiernos, el documento advierte que «los acuerdos entre países aumentan la vulnerabilidad que viven las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados; dentro de ellos, las mujeres, niñas y niños requieren un enfoque diferencial e interseccional de protección».

«El aumento de controles migratorios por parte de militares puede ocasionar mayores violaciones de Derechos Humanos, dado que no es el personal idóneo para gestionar la migración». «Realizar deportaciones y retornos forzados sin garantías utilizando la figura de corredores humanitarios, la desdibujan y pueden generar nuevos flujos migratorios.

«La práctica de Estados Unidos de externalizar su frontera —y su aceptación por parte de otros países— genera situaciones de vulneración de derechos y obliga a las personas a emplear rutas migratorias cada vez más peligrosas. Por ejemplo, los recientes acuerdos con Guatemala y Colombia para establecer Centros Regionales de Procesamiento estadounidenses en sus territorios constituyen en la práctica acuerdos de terceros países seguros y externalización de frontera».

«La expectativa que se crea con estos Centros puede implicar un efecto llamada que, junto con una baja capacidad institucional, genere escenarios de represamiento y confinamiento en estos países, convirtiéndolos en destinos forzados. Las condiciones de inseguridad y de violencia generalizada que persisten en estos países y en la región les impide ser un tercer país seguro».

El documento titulado «Alertas sobre la gestión migratoria y la protección en las Américas» hace un llamado a los Estados a:

adherirse y fortalecer los mecanismos multilaterales regionales para abordar estas realidades.

recuperar los altos estándares de la región y iii) proponer soluciones desde un enfoque de Derechos Humanos que garantice la Protección Internacional y el Derecho Internacional Humanitario.

En este sentido, la salvaguarda de los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia son esenciales para el cumplimiento del mandato de las agencias de las Naciones Unidas (ACNUR y OIM).

Puede ver más detalles del documento, proponentes y adherentes haciendo clic aquí.

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Quedaron en el aire todos los casos interpuestos por empresas extranjeras contra la República Bolivariana de Venezuela

La filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, Citgo, consigue alargar su vida como activo venezolano frente al riesgo de ser subastada y vendida para que acreedores del gobierno venezolano cobren sus deudas milmillonarias.

Este nuevo round de supervivencia por parte de la petrolera es posible gracias a la decisión del juez federal Paul B. Matey, del Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones, quien acató favorablemente una moción interpuesta por la Junta Administradora Ad-Hoc de Pdvsa, designada por el gobierno interino de Juan Guaidó y que aún es reconocida como legítima por Estados Unidos.

El fallo, al cual tuvo acceso El Estímulo, especifica que se suspenderán temporalmente tanto este como otros seis procesos que exigen el cobro de la deuda a través de Citgo, al menos hasta que el tribunal de una nueva orden.

De esta manera, quedan suspendidos los casos 23-1647, 23-1648, 23-1649, 23-1650, 23-1651, 23-1652, y 23-1781; todos interpuestos por empresas extranjeras contra la República Bolivariana de Venezuela para reclamar deudas que tribunales determinaron por compensación por expropiaciones a activos en Venezuela de esas compañías durante la gestión de Hugo Chávez.

A pesar de que la deuda se le atribuye a la República Bolivariana de Venezuela, y no directamente a Citgo, desde 2018 se empleó en tribunales el argumento de «alter ego» para calificar a Citgo como una representación del gobierno venezolano.

La Junta Administradora Ad-Hoc de Pdvsa y la Procuraduría Especial designada por el gobierno interino de Guaidó intentaron, desde 2019, apelar estas decisiones y defender los activos que ya estaban en riesgo en territorio estadounidense, pero los procesos ya estaban avanzados y en muchos casos era una batalla perdida.

A pesar de que algunos fallos sentenciaron definitivamente a Citgo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que protegía a Citgo de cualquier transacción de sus activos, pero en días recientes la OFAC autorizó la venta de la compañía.

Acreedores se aproximan a Citgo, el apetecible activo de Venezuela

En este contexto, la Junta Administrativa de Pdvsa solicitó suspensión de emergencia bajo el argumento de que se introducirá una apelación el 19 de mayo.

«Esa es la razón por la cual decidimos pedir esta suspensión de emergencia que ha servido de manera importante luego del dictamen absolutamente inconveniente y contradictorio del Departamento del Tesoro que induce, permite o le dice al juez Stark que puede ir al proceso de subasta, cuando nosotros estamos diciendo desde el principio que vamos a ejercer el derecho de apelación el 19 de mayo», razonó Horacio Medina en declaraciones a El Estímulo.

El calendario perentorio establece que los los apelantes deberán presentar sus escritos el 19 de mayo de 2023 o antes; los escritos de respuesta de los apelados deben ser presentados antes del 2 de junio de 2023 y los escritos de réplica deberán presentarse antes del 9 de junio de 2023.

Esta decisión le otorga más tiempo a la Junta Administradora Ad-Hoc de Pdvsa para intentar negociar con los acreedores en busca de un acuerdo que no implique perder a Citgo como activo de Venezuela.

*Con información de El Estímulo