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Revelan cartas con las que Maduro intentó proteger a Alex Saab
Una de las misivas que presentan es la carta credencial firmada por el canciller Jorge Arreaza que confiere el rango de “enviado especial”, cargo que al parecer ejercía desde 2018 y del que nadie supo

 

Este viernes, 22 de enero, el periodista Roberto Deniz publicó un hilo en su cuenta en Twitter en los que detalla alguna de las cartas que las la administración de Nicolás Maduro produjo para intentar justificar la inmunidad diplomática y los supuestos servicios que el empresario colombiano Alex Saab estaba haciendo por Venezuela cuando fue detenido el 12 de julio de 2020 en Cabo Verde.

Una moción presentada por la defensa internacional de Saab -encabezada por el exjuez español Baltazar Garzón- ante un tribunal de Florida, en Estados Unidos, donde se le sigue la causa por la que se giró la orden de Interpol que condujo finalmente a su detención en Cabo Verde, incluye el recuento de algunos de los “poderes” que se le confirió al barranquillero. De esta manera se intenta evitar que la justicia estadounidense actúe sobre él.

Además, se buscaría proteger los “secretos” que empresario colombiano, a quien Maduro le asignó nacionalidad venezolana, sabría sobre sobre los negocios de Maduro, que ahora incluyen los relacionados con ventas petroleras, en los cuales aparecen también Alessandro Bazzoni y Francisco D’agostino -cuñado de Henry Ramos Allup-, ambos sancionados por el Departamento del Tesoro.

Una de las misivas que presentan es la carta credencial firmada por el canciller Jorge Arreaza que confiere el rango de “enviado especial” de la administración de Maduro a Alex Saab, cargo que al parecer ejercía desde 2018 y del que nadie supo –ni siquiera la bancada del PSUV en el parlamento– sino hasta unos días después de consumarse su arresto. De acuerdo con Deniz, esta designación coincide con el periodo en el que se dedicaba a proveer al gobierno de cajas CLAP, lo cual sería una violación a las leyes que impiden que un funcionario sea contratista del Estado.

En la moción de la defensa de Saab también se incluye una carta con la rúbrica de Maduro y que es dirigida al Ayatolá Alí Jameini, el líder supremo de Irán. Este documento debía ser entregado a las autoridades persas donde se comentaba el tema del suministro de gasolina, un negocio que también se hizo con el sello del colombiano, según Deniz.

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Sanciones no tuvieron impacto negativo en compra de comida y medicinas
Hubo un aumento en la importación de alimentos y farmacos por el orden de los $ 44 millones y $ 21 millones, respectivamente

La firma de consultoría Anova elaboró un informe el miércoles 20 de enero en el que si bien las sanciones impuestas por Estados Unidos a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en 2017 sí tuvieron impacto sobre la producción de crudo en el país, hubo un efecto positivo sobre las importaciones de alimentos y medicinas a nuestra nación, lo que permitió la existencia en los anaqueles de los insumos humanitarios básicos. Es decir, que las medidas coercitivas no perjudicaron la compra de comida y fármacos.

Anova detalla que la estrategia de sanciones sobre Pdvsa es responsable de la caída parcial de la producción petrolera en Venezuela. Al aplicarse estas medidas financieras en 2017, refiere el informe que se registró una «discontinuidad en la trayectoria» de la elaboración de crudo de unos 131 mil barriles de petróleo diarios (bpd) al momento de generarse la penalización, o un 6,2% de la producción que había en el momento.

Entre agosto de 2017 y diciembre de 2019, la producción de crudo cayó 1,24 millones de bpd. En ese sentido, este mecanismo de sanciones produjo la caída en 45,2% de la producción. Por otro lado, los análisis revelan que tras la entrada en vigencia de las sanciones por parte de EEUU hubo un aumento en la importación de alimentos y comida por el orden de los $44 millones y $21 millones respectivamente.

Además, disminuyó la velocidad mensual en la caída de las importaciones de alimentos de unos $6,5 millones al mes, mientras que de medicinas hubo un efecto similar por el orden de los $5,8 millones al mes, lo que según su análisis corresponde a una estabilización en el consumo de estos productos, considerados humanitarios.

«Puede ser el caso que la asociación estadística aquí encontrada entre sanciones y disponibilidad de alimentos /medicinas no tenga carácter causal, al menos de manera directa, considerando que el inicio del evento estudiado (sanciones) coincide con otro evento que ha sido omitido del análisis: la liberalización de la economía venezolana. Se sabe que a partir del segundo semestre de 2017, el gobierno abandonó de facto sus políticas de controles de precios y de cambio, y permitió la libre importación de bienes y servicios, lo cual probablemente impactó la trayectoria observada», detalla Anova en su informe.

En la misma línea, argumentó que la flexibilización de los controles de la economía que había impuesto la administración de Nicolás Maduro pudo ser un resultado de estas sanciones.

Las medidas contra Petróleos de Venezuela son un mecanismo que el gobierno del expresidente Donald Trump utilizó para forzar la salida de Maduro del poder, argumentando siempre que no se les impedía comprar alimentos y medicinas a las autoridades venezolanas; considerando que en general buscan recursos tanto para el enriquecimiento personal como para actividades irregulares.

Sin embargo, desde el Ejecutivo se considera que en efecto, se les coarta la libertad de utilizar recursos en el extranjero para poder comprar los insumos que necesitan los ciudadanos que hacen vida en nuestra nación.

Volver al voto, iniciativa que clama por rescatar la institucionalidad del sufragio

Un grupo conformado por ciudadanos, dirigentes políticos, académicos, activistas sociales y gremiales, suscribieron un manifiesto denominado “Volver al voto”, en el que buscan impulsar la iniciativa de que para generar cambios reales, debe rescatarse la institucionalidad del sufragio a través de la recuperación de la vía electoral.

En el escrito, fechado en enero de 2021, se afirma que la vía de concretar un cambio político en corto tiempo -como se planteó con la proclamación de un gobierno interino liderado por Juan Guaidó, que invitaba primero la salida de la administración de Nicolás Maduro antes de cualquier otra acción- no tuvo éxito y tras ese revés, existe la apertura a una nueva etapa en la lucha democrática que debe aprovecharse.

Recordó que la Asamblea Nacional electa en 2015 -y que afirma permanecer en funciones debido al precepto de “continuidad constitucional”- fue declarada en desacato desde casi el inicio de su funcionamiento, sus diputados fueron perseguidos y muchos se encuentran en el exilio. Además, los partidos políticos fueron judicializados y “se creó un ambiente hostil para ejercer la política que, junto a los errores” llevaron a los venezolanos a la abstención.

Aseveró que la percepción actual de la población es que se está más lejos de la salida a la crisis política, social y económica que atraviesa el país que en 2015, por lo que es importante que la oposición venezolana haga un verdadero balance de sus acciones de los últimos cinco años.

El texto destaca que a los venezolanos “hay que hablarles con la verdad. No se desconocen los esfuerzos hechos, pero se necesita una explicación por parte de sus dirigentes de las razones por las cuales no se pudo hacer realidad el cambio político. No con la idea de destruirnos mutuamente, sino para superar los errores cometidos”.

Mientras ese debate ocurre, es esencial enfocarse y permanecer en el objetivo de continuar la lucha democrática en Venezuela. Por ende, subrayan que la misma, así como el cambio político que se espera, solo es producto de “un trabajo organizativo permanente, tesonero, responsable y consistente dentro del país”, que debe realizarse basándose en una estrategia de unidad y de acumulación de fuerzas.

Sobre el voto, el escrito puntualiza que “es el principal instrumento de lucha ciudadana para manifestar el descontento” y la herramienta que tienen los venezolanos, junto a la protesta ciudadana, las que han dado logros palpables. Por ende, “no podemos renunciar a su ejercicio, aún en las circunstancias más difíciles. Se impone rescatar su valor ciudadano, en oposición al uso distorsionado y perverso que el autoritarismo hace del mismo”.

Por ello, el concepto de las elecciones no solo se traduce en ejercer el derecho al voto, sino que es todo un proceso compuesto por luchas cívicas, hacer política y «es un llamado a luchar dejando de lado la fantasía», porque hay que abocarse a un trabajo de organización para reactivar y recuperar el tejido de la sociedad democrática.

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AN de Maduro instala comisión preliminar para nombrar nuevos rectores del CNE
José Gregorio Correa, afirmó que el presidente de la comitiva, Giusseppe Alessandrello, presentó un cronograma que se hará público a partir de la próxima semana debido a que deben agrupar ahora a los diez integrantes de la sociedad civil

Este miércoles 20 de enero se instaló la comisión preliminar para la conformación del Comité de Postulaciones Electorales y las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional (AN) de Maduro, electa en los cuestionados comicios del 6 de diciembre.

Desde el Palacio Federal Legislativo, el diputado y segundo vicepresidente de la comisión para la conformación del comité electoral, José Gregorio Correa, afirmó que el presidente de la comitiva, Giusseppe Alessandrello, presentó un cronograma que se hará público a partir de la próxima semana debido a que deben agrupar ahora a los diez integrantes de la sociedad civil.

“Somos un comité preliminar que permitirá hacer y coadyuvar a que el pleno de la Cámara apruebe a los diez postulados por la sociedad civil, luego seríamos el comité de postulaciones que está integrado por 21 personas”, dijo.

El comité de postulaciones electorales es quien impulsa el proceso designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. En 2020 correspondía la designación de nuevos árbitros, pero pese a que la Constitución establece que es la AN la que debe hacerlo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombró unas autoridades temporales, por la supuesta omisión legislativa del Parlamento.

El diputado José Gregorio Correa aseveró que el comité tendrá como objetivo recuperar la confianza en la ciudadanía en los procesos electorales. Señaló que es necesario que la sociedad entienda que el voto es lo que hace importante la democracia y que es la única forma para materializar cambios políticos en la nación.

“No son ni las salidas violentas, invasiones o golpes. Lo que existe es el voto, por eso creo que la comisión tiene gran compromiso de generar confianza en el”, agregó.

En la sesión del martes 19 de enero fueron designados los diputados Giusseppe Alessandrello, Desirée Santos Amaral, José Gregorio Correa, como presidente, primera vicepresidenta y segundo vicepresidente, respectivamente de la comisión.

También fueron designados como integrantes de la misma Nosliw Rodríguez, Gladys Requena, Didalco Bolívar, Luis José Marcano, Miguel Salazar, José Villarroel, Luis Augusto Romero y Cilia Flores.

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Trump en su despedida: Hicimos lo que vinimos a hacer y mucho más
Trump condenó nuevamente el asalto al Capitolio que ocurrió el pasado 6 de enero

El saliente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes su último discurso como mandatario norteamericano, donde agradeció a los miembros de su gabinete la participación dentro de su administración y resaltó los logros de su mandato.

“Compatriotas estadounidenses: Hace cuatro años, lanzamos un gran esfuerzo nacional para reconstruir nuestro país, renovar su espíritu y restaurar la lealtad de este gobierno a sus ciudadanos. En resumen, nos embarcamos en una misión para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, para todos los estadounidenses”, expresó Trump en el mensaje grabado y publicado en la red social YouTube.

Asimismo, el mandatario agradeció al pueblo estadounidense por haber confiado en él, lo que calificó como “un privilegio”. “Ser su presidente ha sido un honor indescriptible. Gracias por este extraordinario privilegio. Y eso es lo que es: un gran privilegio y un gran honor”, señaló.

De la misma manera, el aún jefe de Estado manifestó sentirse orgulloso de ser el primer mandatario estadounidense “en décadas” en “no haber iniciado nuevas guerras”.

En el video de casi 20 minutos de duración Trump repasó los hitos de su administración, entre ellos la reducción de impuestos, el acuerdo comercial con Canadá y México, la construcción de más de 700 kilómetros de muro en la frontera con México, la muerte del líder del grupo terrorista ISIS, Abu Bakr Al Baghdadi, y del jefe de la fuerza Quds del regimen iráni, Qassem Soleimani, y los “Acuerdos Abraham” en Medio Oriente, entre otros.

“Todos los estadounidenses quedaron horrorizados por el asalto al Capitolio. La violencia política es un ataque sobre todo los que los estadounidenses defienden. No puede ser nunca tolerada”, señaló sobre los eventos del 6 de enero, cuando miles de seguidores de Trump irrumpieron en el edificio del Congreso, dejando un saldo de cinco muertos y decenas de heridos.

Tras el incidente, las cuentas de Trump en las diferentes redes sociales fueron vetadas, luego de que las compañías argumentaran que el presidente las había usado para arengar a sus seguidores para que actuaran con violencia, en una polémica medida que para muchos afecta la libertad de expresión.

Al respecto, Trump consideró que “sólo si nos olvidamos de quienes somos y cómo llegamos aquí es que podemos permitir la censura política y las listas negras en Estados Unidos”.

Donald Trump triunfó en las elecciones presidenciales de 2016 tras enfrentarse a la demócrata Hillary Clinton, y asumió su mandato el 20 de enero de 2017. Su victoria significó la vuelta al poder del Partido Republicano tras los ocho años del gobierno de Barack Obama y revitalizó al campo conservador en la política estadounidense.

“Hace cuatro años, vine a Washington como el único outsider verdadero en ganar la presidencia. No había pasado mi carrera como político, sino como constructor mirando horizontes abiertos e imaginando infinitas posibilidades. Me postulé para presidente porque sabía que había nuevas cumbres imponentes para Estados Unidos esperando ser escaladas. Sabía que el potencial de nuestra nación no tenía límites siempre y cuando pusiéramos a Estados Unidos en primer lugar”, expresó.

El mandatario aseguró que la dirección económica de EEUU se encontraba en el sitio correcto después de los acuerdos con Canadá, México y China; pero que la pandemia por coronavirus “los obligó a cambiar de vía”.

“Peleé por Estados Unidos y todo lo que representa, para que sea segura, fuerte, orgullosa y libre. Ahora, mientras me preparo para hacer el traspaso de mando a una nueva administración el miércoles al mediodía, quiero que sepan que el movimiento que fundamos está apenas comenzando”, indicó.

“Dejo este sitio majestuoso con un corazón leal y dichoso, un espíritu optimista y la confianza suprema en que lo mejor está por llegar para nuestro país y nuestros hijos. Gracias y adiós, Dios los bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos de América”, concluyó.

Rafael Uzcátegui: Documentacion de violaciones a DDHH es una factura que nos quieren cobrar
El coordinador de Provea dijo que de marzo a octubre de 2020 hubo 216 detenciones por razones políticas 

El inicio del año 2021 ha sido de gran intensidad en materia de DDHH. Desde el gobierno chavista se han ejecutado acciones contra medios de comunicación y ONG de defensa de derechos fundamentales, todo ello mientras desde la Asamblea de Nicolás Maduro se habla de la posibilidad de reconciliación y se constituye una comisión para el diálogo.

El pasado 8 de enero, una delegación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) allanó la sede del canal por internet VPI, sin orden judicial, e incautaron los equipos pertenecientes a este medio de comunicación, que debido a ello tuvo que suspender sus transmisiones. Asimismo, el ente recaudador estatal, Seniat, clausuró por cinco días la sede del diario Panorama, en el estado Zulia, supuestamente por incumplimientos en los compromisos tributarios de la empresa, pero afectando el funcionamiento del periódico digital.

El martes 12 de enero, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (Sipez) allanaron la sede de la ONG Azul Positivo en Maracaibo, estado Zulia, aparentemente en una operación administrativa. No obstante, detuvieron a cinco trabajadores de la ONG, entre ellas su director, Juan León. Este miércoles 13 de enero se informó que los detenidos serán presentados a tribunales militares; aunque éstos declinaron la competencia y será un juzgado civil el que conocerá del caso.

En la línea de fuego

Paralelamente a estas acciones, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, fustigó a ONG defensoras de DDHH, entre ellas a Provea. En su programa Con el Mazo Dando aseguró que estas ONG incluso “dan golpes de Estado”.

El mismo 8 de enero, en un supuesto enfrentamiento con bandas armadas, unas 23 personas fueron abatidas por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente por parte de las FAES, mientras las ONG defensoras de derechos humanos comenzaron a alertar sobre la posibilidad de que se estuvieran cometiendo ejecuciones extrajudiciales, toda vez que no se registró ni un herido entre las filas de los funcionarios policiales, algo que comúnmente ocurre cuando hay un enfrentamiento.

Para el director general de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción (Provea), Rafael Uzcátegui, toda esta acción desde el oficialismo demuestra que las ONG y los medios de comunicación “están en la línea de fuego”, del gobierno de Nicolás Maduro y que se ha entrado en una nueva etapa de represión y censura en el país. En entrevista con TalCual, expresó no creer en los supuestos llamados a la reconciliación por parte de dirigentes oficialistas.

-En un operativo policial realizado el 8 de enero en La Vega resultaron muertas más de 20 personas. ¿Cuál es el balance que ha hecho Provea de este hecho y qué conocen que sucedió en realidad?

-Eso ratifica la alta letalidad de las fuerzas de acciones especiales y que no están diseñadas para realizar políticas de seguridad ciudadana. La última cifra es de 23 personas fallecidas, y de los cuerpos de seguridad no hay ningún herido ni fallecido. No es que uno lo desee, pero cuando hay un enfrentamiento con ese poder de fuego que se dice, lo normal es que hayan bajas de lado y lado. En el proceso de reforma policial de 2007, se dejó claro que, cuando las víctimas están en un solo lado, se trata de un operativo de ejecución.

La actuación de las FAES no ha disminuido niveles de inseguridad en nuestro país. Es un instrumento de control territorial. El hecho es una consecuencia de una situación en que el Estado ha cedido el control de territorios dentro de Venezuela a terceros, a individuos, y esta estrategia, como la de las zonas de paz, y también la de las cárceles, donde grupos delincuenciales tienen su propia agenda. Si estos grupos pudieron haber sido controlados en algún momento por el Ejecutivo, ya están fuera de control y se disputan zonas. Todo ello nos habla de un nivel de degradación de la situación de violencia y seguridad en Venezuela y configura un cuadro de daño antropológico, que fractura a la sociedad.

-El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que las ONG de Derechos Humanos conspiran y dan incluso golpes de estado. ¿Qué tiene que decir al respecto?

-Eso forma parte de la campaña de persecución a las organizaciones de DDHH en Venezuela. La estrategia que creo que se está desarrollando contra la sociedad civil es una que ya tuvo eficiencia en el ámbito político. Buscan una sociedad civil lo menos beligerante posible, que coopere con los planes del gobierno y para ello buscan fracturarla, evitando que siga denunciando y visibilizando. La estrategia es continuar la separación que ha sido efectiva para el gobierno.

Creo que nuestro trabajo va a continuar siendo éste de denunciar y documentar los hechos de violaciones a los DDHH. Es una factura que nos quieren cobrar, la de la Comisión de Verificación de Hechos de la ONU, trabajo que resultó en un informe contundente. Nos la van a cobrar. Estarán buscando el mejor momento, en que haya el menor costo político, pero se ha iniciado una fase donde continúan las represalias contra quienes hacen trabajo humanitario.

Varios miembros de ONG del estado Zulia, Azul Positivo, han sido detenidos por la Dgcim, investigando fuentes de financiamiento. El gobierno está intentado intimidarnos. Hay bastante temor que todos estos caminos de documentación terminen en la apertura de un caso formal en la CPI. La fiscal anunció que a finales de este semestre tomará una decisión. Ante la inminencia, se está intentando intimidar a las organizaciones y activistas de DDHH. Hay defensores que han optado por irse del país o bajar el perfil, pero en el caso de organizaciones con mayor visibilidad continuamos fortalecidos.

-La semana pasada confiscaron equipos del canal VPI y acusaron a otros medios de recibir financiamiento. ¿En general cómo ve la situación de la libertad de expresión en Venezuela? El medio impreso Panorama también fue objeto de medidas

-El Estado de alarma (por la covid-19) no es para atender las necesidades sanitarias de la población, sino aprovechar la circunstancia para aumentar los mecanismos de control y censura. Cuando vemos la cifra de personas detenidas durante ocho meses de la pandemia. Hasta octubre, que contamos con datos consolidados, el principal sector que había sufrido detenciones era el de periodistas y trabajadores de medios. Hubo 216 detenciones por razones políticas, y de ese total de detenciones arbitrarias, 66 fueron contra periodistas, es decir, el 30,5%. Es el principal perfil de persecución en Venezuela.

Es la necesidad de controlar y aumentar los niveles de censura y autocensura. Eso tiene no solo un efecto cascada contra otros medios de comunicación sino a lo interno del medio. Ha habido un proceso de persecución sistemática, y tiene que ver con que muchos periodistas se han ido del país. Es una situación que no ha sido visibilizada porque tienen temor a que, si dicen que se han ido por temor, sus familiares puedan sufrir alguna consecuencia.

Hemos normalizado que las cifras de coronavirus sean irreales y  existe esa invisibilización de la cantidad de periodistas que han migrado por la persecución y hostigamiento, así que creemos que la situación va a permanecer, porque el liderazgo político democrático tiene una situación que quieren resolver y el sector empresarial intenta reactivar la producción y participará en los espacios de negociación con el gobierno, así que el sector que va a quedar para denunciar es la sociedad civil independiente, que incluye a medios de comunicación. Por eso vamos a estar en la línea de fuego, por esta línea de hostigamiento que tenemos y el temor es que se profundice con el inicio de funciones de la Asamblea Nacional, ya que la misma genera leyes y reglamentos para continuar neutralizando el trabajo de la sociedad civil independiente.

-El presidente de la AN de Maduro, Jorge Rodríguez, habló de una posible reconciliación, pero sin olvido. ¿Cree posible una reconciliación política en Venezuela?

-Creemos que la estrategia será la del palo y la zanahoria; el gobierno va a buscar la legitimación de los hechos a través de la AN, cuya elección ha sido desconocida por muchos países, por lo que hay una legitimidad endeble; se creó una comisión de diálogo que va a asumir este discurso que no cuenta con una voluntad sincera, sino el deseo que la AN sea protagonista de esos espacios, donde participarán sectores empresariales y opositores. Esa va a ser la zanahoria, un discurso políticamente correcto que se va a transformar en ley y se va a buscar fracturar a la población sobre si participa o no.

La sociedad va a ser objeto de iniciativas de persecución y neutralización. Hay gente que dice que hay sectores en el gobierno que sabotean, pero yo creo que forma parte de la misma estrategia. Lanzar un mensaje que fragmente a los contrarios y estos espacios, pero a la vez reprimir y perseguir, proceso que el Foro Penal llama “de puerta giratoria”.

En la película Érase una vez Venezuela, seleccionada para representar a Venezuela en los premios Oscar, uno de los mensajes es que el autoritarismo no le sirve ni siquiera al chavismo. La persona que representa ese rol es profundamente afectada por las políticas que apoya. La racionalidad política indica que el gobierno debe negociar para generar un nuevo escenario político, pero creo que la voluntad es la contraria, aferrarse al poder, negar la diversidad democrática, imponer un modelo que ha traído consecuencias lamentables para los venezolanos.

Uno pensaría que hay sectores en el chavismo que creen en la necesidad de la negociación, pero mientras estos sectores no actúen de manera orgánica, van a seguir apoyando esta consolidación del autoritarismo. Estamos convencidos de que los chavistas, porque son varios, van a seguir participando en la sociedad venezolana del futuro, políticamente, pero que tal como está configurando en el poder de Nicolás Maduro, sin una política sincera de generar un gobierno de inclusión donde se respete la independencia de poderes y transitemos será más difícil.

-La primera vicepresidenta de la AN de Maduro, Iris Varela, ha planteado confiscar los bienes de personas que se han ido del país ¿Qué derechos se transgreden con ello y qué se puede hacer para evitarlo?

-Creo en lo personal que intentan desviar atención de otros temas importantes. Hay gente que ha afirmado que Diosdado Cabello ha perdido influencia en la AN, pero creo que la tendencia radical que él representa, la mucho más extrema, ahora va a ser representada por esta funcionaria, que había sido ministra (de Asuntos Penitenciarios), ahora es diputada. Ella va a representar la línea dura, va a tener ese tipo de afirmaciones, algunas se van a cumplir, otras no. Coincido con Luis Vicente León (presidente de Datanálisis), quien dice que al gobierno no le interesa frenar la migración de venezolanos, y es porque le es funcional, ya que desestabiliza a los gobiernos de la región, por demandas de trabajo y servicios, pero para Nicolás Maduro es un factor que puede incidir en la posibilidad de una estabilización económica.

-¿Cree que la Corte Penal Internacional finalmente investigue a funcionarios del gobierno por crímenes de lesa humanidad? ¿Qué perspectivas hay al respecto?

-Tenemos altas expectativas en la posibilidad que se abra una investigación concreta en la Fiscalía de la CPI. Hay elementos que indican esa posibilidad. ¿Qué tanto puede favorecer a un proceso de negociación? Nosotros no hacemos ese cálculo político. Actuamos siempre como defensores y vamos a promover y exigir que los responsables sean puestos ante la justicia. Creemos que mientras más se señalen responsabilidades individuales podría favorecer una ruptura de la coalición dominante, pero también existe la posibilidad de que las cohesione, porque otros funcionarios pueden verse perjudicados.

Nosotros seguimos alimentando el trabajo de la Comisión de Verificación de Hechos, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Sería algo histórico en América Latina (que se inicie una investigación formal), porque casi todas se han dado en países del continente africano y otros como Colombia y México, que han esperado muchos años para que el examen preliminar pase a investigación formal. En el caso venezolano hay muchos elementos que deberían ameritar una situación concreta.

Es un proceso que no ha sido fácil, pero creemos que todo el trabajo que se ha realizado llevará a ello. Lamentablemente es la única instancia jurídicamente vinculante, porque está basada en el compromiso de los estados, pero como hemos visto la racionalidad del gobierno venezolano no es esa, y nos queda esta posibilidad de la apertura de una investigación concreta.

 

Seis personas han muerto por explosión de bombonas en Monagas

Durante la madrugada de este viernes 15 de enero se confirmó la sexta víctima de la explosión de 100 bombonas de gas registrada en el municipio Piar del estado Monagas que ocurrió a finales de diciembre.

Se trata de Migloris Ramos, una mujer de 60 años que había estado luchando por su vida en los últimos días, tras ser internada en la sala para quemados del estado Bolívar por quemaduras en el 37% de su cuerpo.

Este jueves 15 de enero se cumplen 18 días desde que ocurrió aquel fatídico incidente en el que explotaron 161 cilindros de gas doméstico, hecho ocurrido en la comunidad Caño de los Becerros, ubicado en el municipio Piar del estado Monagas.

Al menos 46 personas resultaron afectadas por tras esta explosión a finales de diciembre de 2020. Todos llegaron al hospital central de la entidad con serias quemaduras en gran parte de sus cuerpos; solo tres fueron devueltos a sus casas por no tener heridas de gravedad, mientras que el resto debió permanecer hospitalizado, entre ellos nueve niños.

Desde el 1° de enero los heridos han comenzado a morir. Laura Figuera de 28 años y su hija Xavielis Gil de cinco años, fueron identificadas como las primeras víctimas fatales de esta explosión. La madre murió el pasado 1° de enero en el hospital central de Monagas, mientras que la menor fue traslada a la unidad de quemados del hospital Ruíz y Páez del estado Bolívar.

Posteriormente se registró el deceso de Emilys Leonett Romero, de 11 años de edad, durante la madrugada del 5 de enero. La menor estaba recluida en el Hospital Central de Ciudad Bolívar y de acuerdo a la periodista Natacha Sánchez, murió debido a las heridas causadas durante el incidente.

La información la dio a conocer el presidente de Cáritas Maturín, Manuel Gerónimo Sifontes, quien explicó además que a este adulto mayor sus pulmones ya se le habían llenado de líquido, luego de sufrir serías quemaduras en su cuerpo.

CIDH amplía medidas cautelares a veinte personas con esclerosis múltiple en Venezuela
De acuerdo con la representación, las personas se encuentran en una situación de riesgo ante la falta de tratamiento médico adecuado para atender sus condiciones médicas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió este miércoles, 13 de enero, las medidas cautelares a favor de veinte personas con esclerosis múltiple, tras considerar que sus derechos a la vida, integridad personal y salud se encuentran en una situación de gravedad en Venezuela.

De acuerdo con la representación, las personas se encuentran en una situación de riesgo ante la falta de tratamiento médico adecuado para atender sus condiciones médicas, a lo que agregaron que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) no estaría entregando los medicamentos prescritos que deberían recibir en atención a sus condiciones médicas, “pese a las acciones iniciadas para obtenerlos”.

Tras analizar las declaraciones presentadas por los representantes, la Comisión consideró que se ha demostrado “prima facie” que las personas identificadas se encuentran en una “situación de gravedad y urgencia”, toda vez que sus derechos “a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable”.

En este sentido, la Comisión solicitó al Estado de Venezuela “adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias” mediante la adopción de acciones inmediatas que posibiliten “el acceso a un tratamiento médico adecuado”, incluyendo a los medicamentos necesarios de conformidad con lo “prescrito por los médicos correspondientes”.

“Así como los diagnósticos y exámenes que permitan evaluar de manera regular su estado de salud, según los estándares internacionales aplicables”, reseña la misiva.

Finalmente, la CIDH resaltó que de acuerdo con el artículo 25 (8) de su Reglamento, la ampliación de la presente medida cautelar, y su adopción por el Estado “no constituyen prejuzgamiento sobre violación alguna de los instrumentos aplicables”.