Al menos 44 presos políticos son afectados por el cambio de facultades del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en Terrorismo
Al menos 18 presos políticos, cuyos casos están bajo las decisiones de la jueza Alejandra Romero, piden atención médica urgente por padecer enfermedades crónicas o tener un estado de salud crítico
Por Joshua De Freitas y Carla Espinosa | Infografías: Mayerlin Perdomo
«A un mes y diez días de que cambiaran las facultades del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo, ningún abogado defensor ha recibido notificación oficial que diga cuándo se reiniciarán las audiencias para los presos políticos», denunció el abogado Joel García, uno de los especialistas en derecho penal que defiende al periodista y preso político Roland Carreño.
El 15 de julio del 2023 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretó la transferencia de las facultades de la mencionada instancia para evaluar los casos de más de 40 presos políticos acusados de terrorismo por el gobierno madurista.
Aunque el Poder Judicial venezolano dio la orden, no ha salido una declaración pública. Fueron los abogados Alonso Medina Roa, Gonzalo Himiob y Martha Tineo quienes confirmaron la orden judicial e informaron por redes sociales.
«Si el TSJ no publicó la resolución respectiva, no queda clara la razón de esa decisión. Esto denota falta de transparencia y no deja la posibilidad de defenderse a quien esta decisión le afecte», afirmó Laura Louza, abogada y directora de la ONG Acceso a la Justicia.
Nótese que escribo “juicio” y no “proceso”. Lo que tendría que comenzar de nuevo es el juicio (no la investigación), con todo lo que esto implica, sobre todo para personas que ya han superado los límites legales máximos fijados (Art. 230, COPP) para su detención preventiva.
La jueza Alejandra Romero, perteneciente al Tribunal N° 29 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, llevará las audiencias de los casos que arrastra el Tribunal Tercero con competencia en terrorismo desde hace 6 años.
«Es decir, se vuelven a iniciar estos juicios que ya estaban por concluir», explicó Louza. «Se extiende aún más el caso de cada una de las personas afectadas por ello, lo que vulnera su derecho al debido proceso en toda su extensión. Se trata, sin duda, de una medida perversa y arbitraria. Es una forma de denegación de justicia, violación al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, así como la vulneración de los derechos de los familiares al seguir bajo la persecución, las amenazas y la presión económica para que los detenidos puedan subsistir porque el Estado no los protege».
44 presos políticos deberán reiniciar sus audiencias por tercera vez consecutiva. De ese grupo, 7 personas son militares o militares retirados. Al menos 17 de esas personas están detenidas desde el año 2017 y tuvieron su primera audiencia de juicio con el tribunal en el año 2021. Otras 2 personas que estuvieron presas por temas políticos y ahora tienen medidas cautelares frente al tribunal también deben reiniciar su régimen de presentaciones, obligándolos a mantenerse en el país.
También, dentro del grupo de afectados, se encuentran los casos del militar Jhon Wladimir Jaimes García, de 37 años de edad, quien fue detenido arbitrariamente en 2019 y hasta la fecha no se ha presentado a su primera audiencia de juicio.
Los «jueces-tribunales» a la medida
Para García, la jurisdicción o competencia para sentenciar las imputaciones de terrorismo en Venezuela no están ligadas a una institución, sino a las personas que designa el TSJ.
Según Acceso a la Justicia, los tribunales con competencia en terrorismo se crearon en 2013 bajo una sentencia del TSJ en la Gaceta Oficial N° 40.092. Desde allí se estableció que los foros con competencia en terrorismo no serían instituciones fijas en distintas regiones del país, sino jueces designados por el Poder Judicial que vivan y trabajen en Caracas.
Hasta ahora, los jueces designados comparten tanto la jurisdicción de su tribunal de origen como la jurisdicción de casos de terrorismo. Por eso, la jueza Alejandra Romero tendrá las facultades del Tribunal N° 29 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas y del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo al mismo tiempo.
«Esa resolución promueve que el gabinete madurista busque la fidelidad de las personas para atender estos casos de forma parcializada», advirtió García. «En este momento hay cuatro jueces de control con competencia en terrorismo, tres jueces en los tribunales de juicio y seis juristas en las salas de apelaciones. Todos están en Caracas».
Un reinicio constante
No es la primera vez que más de 40 privados de libertad en Venezuela reinician sus audiencias para lograr un veredicto. El caso de José Javier Tarazona Sánchez, activista de la ONG FundaRedes y uno de los presos políticos más recientes bajo el Tribunal Tercero, ha repetido más de dos veces sus audiencias.
«Existe el principio de inmediación, que está previsto en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, donde establece que el juez que presencia el debate, que presencia las pruebas, es el mismo que debe dictar sentencia. Un tribunal que no haya visto el debate no puede, ni debe, dictar sentencia. Cuando suspendes el juicio por un tiempo determinado se rompe con ese principio de inmediación, y cuando cambias las competencias de un tribunal para atribuirlo a otro también rompes con ese principio», explicó Gonzalo Himiob, abogado de la ONG Foro Penal.
De acuerdo con la más reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal del 2021, un juicio no debería suspenderse por más de 10 días. Si se pasa de ese periodo, las audiencias y el proceso deben reiniciarse.
#ALERTA | El tribunal 8vo. de Juicio del Área Metropolitana de Caracas y 3ero con competencia en terrorismo, a cargo del Juez Aquiles Vera conocía las causas denominadas: Espía Americano (Guillermo Zárraga y otros) Paramacay (Gabriel Barros Romero y otros) Operación Aurora…
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) July 15, 2023
Al demorarse el proceso, los privados de libertad se quedarán en un estatus de «detención preventiva» por parte de las autoridades venezolanas, situación que mantienen 17 personas desde el 2017 bajo ese tribunal.
«¿Qué es lo que debería ocurrir en justa ley? Visto que esta es una demora del proceso que no es atribuible a la defensa ni a los acusados, se les debería afrontar el juicio en libertad. Ellos están amparados por la presunción de inocencia: ellos no han sido condenados todavía. Pero, lamentablemente, todo indica a que esa medida no se va a tomar», agregó Himiob.
El abogado de Foro Penal recuerda otros casos relevantes donde el Poder Judicial venezolano ha reiniciado procesos para demorar las sentencias: el caso de 11 jóvenes en 2014 que protestaban contra el gobierno de Nicolás Maduro que, presuntamente, tenían campamentos en las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Caracas.
«Justo cuando se iban a terminar el juicio, el juez finalizó una audiencia y dejó pasar el plazo para romper el principio de inmediación. Allí no hubo cambio de facultades de un juez, pero el daño es el mismo: se tuvo que volver a comenzar el proceso», dijo Himiob. «Estas son unas maniobras claras dirigidas a demostrar, en mi criterio, que en Venezuela el proceso penal no está al servicio de la justicia, como una herramienta para la determinación de la verdad, sino como una herramienta para el castigo anticipado».
Los privados de libertad no se enfrentan solo a un retardo procesal, también sufren de un desamparo humanitario. 18 personas afectadas por el cambio del tribunal denuncian una atención médica urgente por enfermedades crónicas —como diabetes o hipertensión— o estados de salud críticos durante su reclusión —cuadros depresivos o hernias inguinales e inflamación en los genitales—.
El Observatorio Venezolano de Prisiones destaca en su informe más reciente que el servicio de agua y salud es casi inexistente en los centros penitenciarios venezolanos.
«De acuerdo con los testimonios de reclusos del Internado Judicial Región Capital “Rodeo III” (donde están 7 de los 42 privados de libertad afectados por el cambio de juez), en mayo del 2022, ya tenían varios meses sin contar con el servicio (de agua), por lo que debían pagar entre 30 y 50 dólares por una cisterna», resalta la ONG. «La situación ha llegado al punto que algunos reclusos deciden vender el agua que logran almacenar al precio de un dólar por tobo».
En el caso de la atención sanitaria, el Observatorio analizó que no existe un personal dentro de las instalaciones, «lo que representa un mayor peligro para su salud».
Casos afectados
Larry Enrique Briceño Hinestroza
Uno de los civiles detenidos desde 2017 por presuntamente estar involucrado en la «Operación David», un presunto ataque militar al fuerte Paramacay en Valencia, estado Carabobo. Briceño, junto a otros 16 civiles y un militar, quedó bajo la jurisdicción del Tribunal Tercero de Juicio mientras los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, como Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, los acusaban de terroristas y afirmaban que debían «cumplir con la máxima condena».
No pudieron con la FANB, con su moral ni con su conciencia constitucional; ahora pretenden agredirla con ataques terroristas. No podrán!!! https://t.co/kDOphuvskr
Su primera audiencia de juicio ocurrió dos años y nueve meses después de su detención y se ha reiniciado al menos tres veces desde el 2021. Aunque es un civil, estuvo recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. En 2022 lo trasladaron al Internado Judicial Región Capital “Rodeo II” sin ninguna órden judicial.
Briceño es uno de los presos políticos que requiere una asistencia médica urgente. Según las denuncias de sus familiares, padece de diabetes tipo 2 y el Estado no brinda ningún tipo de apoyo.
Guillermo Jose Zárraga Lázaro
Exsindicalista de Petróleos de Venezuela de 59 años de edad. Fue detenido arbitrariamente en noviembre del 2020 por estar presuntamente involucrado en una trama de espionaje de Estados Unidos y conocer a Mathew Heat, el principal acusado del caso por parte del gobierno madurista.
Según declaraciones de su hijo, Diego Zárraga, Guillermo fue víctima de extorsiones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado: le decían que aceptara los cargos que lo imputaban si quería su libertad.
La primera audiencia de juicio ocurrió nueve meses después de su detención, luego tuvo al menos tres reseteos judiciales. De acuerdo con la abogada de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, la semana en la que cambiaron las facultades del tribunal del juez Aquiles Vera coincidió con la audiencia que le daría el veredicto final a Guillermo Zárraga.
En mayo del 2023 Amnistía Internacionalle exigió al Estado venezolano medidas humanitarias para Guillermo Zárraga: sufrió un síncope cardíaco en marzo del 2023 y presenta un cuadro de desnutrición y de anemia. El 16 de mayo de 2023, el Tribunal Octavo de Juicio del Área Metropolitana de Caracas ordenó su traslado a un centro médico, pero fue el 14 de agosto, casi tres meses después, que al fin tuvo su traslado, según informan sus familiares.
Se me informa que en horas de la mañana fue trasladado al hospital a mi papá, ING Guillermo Zarraga. Preso político en Yare 2
— ● Diego Zárraga #LiberenAGuillermo (@DZeta14) August 14, 2023
Darío Pastor Estrada Perozo
Detenido en diciembre del 2022 por presuntamente estar involucrado en un atentado contra la Asamblea Nacional vigente de mayoría chavista. Lo detuvieron junto a otros 4 civiles y quedó bajo la jurisprudencia del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo.
Según declaró su madre a Foro Penal, estaba de reposo por un contagio por covid-19 el mismo día que lo detuvieron, y en ningún momento se ha confirmado si recibió asistencia médica al respecto. Tampoco tiene atención médica para tratar su síndrome de Asperger. Su familia es quién maneja los costos de su tratamiento.
La Madre del Preso Político Dario Estrada, quien es AUTISTA, pide una ayuda económica para poder visitarlo ya que vive a más de 400 kilómetros de Caracas donde el régimen miserable lo tiene injustamente preso
— La Abuela del Casco Rojo (@AbuelaCascoRojo) August 14, 2023
Franklin Alfredo Caldera Martínez
Aunque el militar retirado estaba fuera de Venezuela, lo apresaron y lo imputaron por estar presuntamente involucrado en una sublevación militar en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar en diciembre del 2019.
Estuvo sin juicio hasta el año 2021. Aún así, el primer juez que atendió su caso, José Mascimino Márquez García, amenazó con que «se iba a pudrir en la cárcel», según denuncia Franklin Caldera (padre). En febrero del 2023, Márquez fue acusado por el Estado venezolano de mantener una trama de corrupción y hoy se encuentra detenido.
Mientras estaba privado de libertad, le agregaron un nuevo cargo imputado relacionado con la «Operación Gedeón», una supuesta intervención militar ocurrida en las costas de Macuto (estado Vargas o La Guaira) en mayo del 2020. Con el reciente despojo de facultades del tribunal, este sería el tercer juez que atiende su caso antes de dar un veredicto.
Franklin Caldera hijo mantiene una herida de bala en su pierna izquierda, debajo de la rótula, y una herida en su pierna derecha debido a una puñalada que obtuvo durante su detención y se agravaron con las torturas que sufrió. Expresa calambres y dolores al caminar o levantarse. Sus familiares también denuncian que sufre de ansiedad. Debido al mal servicio de agua potable y aguas residuales, él sufre también de vómitos, diarrea y deshidratación.
A través de un documento obtenido por Runrunes se pudo conocer que la Policía Nacional Bolivariana creó una oficina para asistir a funcionarios imputados, investigados o penados
La oficina tiene como objetivo garantizar el derecho a la defensa de los funcionarios haciendo valer todas las pruebas, acciones o excepciones
La categoría más común entre las investigadas es hurto con 147 casos. Otros 97 funcionarios son investigados por violencia de género y 82 por estafa
A través de un documento obtenido por Runrun.es se pudo conocer que el 5 de mayo de 2023, el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, bajo el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, creó la Oficina de Alegación al Funcionario Policial.
La oficina tiene como objetivo garantizar el derecho a la defensa de los funcionarios haciendo valer todas las pruebas, acciones o excepciones; mantener el seguimiento y control de todos los expedientes y causas asignadas y solicitar inspecciones administrativas, avalúos e informes de campo.
De acuerdo con el documento, desde la creación de la sucursal, 815 funcionarios policiales han sido atendidos por la oficina. De ellos, 674 funcionarios policiales se encuentran bajo investigación por diferentes cuerpos de seguridad, se desconoce cuáles son.
De acuerdo al informe, la comisario en jefe, Antoine Elizabeth, es quien dirige la nueva oficina, que está conformada por tres divisiones:
División para la defensa del funcionario, conformada por la Coordinación de defensa del funcionario en materia administrativa y la Coordinación de defensa del funcionario en materia penal.
División de apoyo a la investigación, conformada por la Coordinación de apoyo a la investigación.
División de estadística, conformada por la Coordinación de registro y análisis estadístico y Archivo.
«La nueva oficina debe brindar atención e información a los familiares del funcionario o funcionaria que se encuentren en condición de imputado, acusado o penado», señala el documento.
Investigados por corrupción y violencia de género
Desde mayo, 815 funcionarios policiales han sido atendidos por la Oficina de Alegación para asesorarse y representarse jurídicamente. El estado con mayor cantidad de funcionarios atendidos es Distrito Capital, con 130, le siguen Anzoátegui, con 93, Miranda, 87; y Bolívar 73.
Según el informe obtenido por Runrun.es, los miembros de la PNB son investigados por delitos económicos, corrupción, abigeato, solicitados, tráfico y comercio ilícito de recursos y materiales estratégicos, hurto, violencia de género y una categoría identificada como «otros».
La categoría más común entre las investigadas es hurto, con 147 casos. Otros 97 funcionarios son investigados por violencia de género y 82 por estafa. Otra de las categorías señaladas es una que se define como «otros», con 185 casos.
Tres de las cinco obras que la Constructora HP tiene en Las Mercedes fueron paralizadas luego de que los operativos anticorrupción de la administración de Nicolás Maduro detuvieran a dos de los socios de la empresa. Pero no son las únicas que están paradas y así lo constató un recorrido por las obras de la urbanización hecho por Runrun.es
De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, la nueva Ley de extinción de dominio no en ningún artículo “cómo serán las garantías a los bienes incautados a los detenidos o señalados por corrupción”
En el cruce de la calle París y la avenida Orinoco de Las Mercedes –la urbanización al este de Caracas que es escenario de una “explosión” inmobiliaria de edificios corporativos–, está la Torre Sena con su fachada de cristal azulado. Durante diciembre, en su planta baja resaltaba una tienda que cubría sus vidrieras con luces navideñas de colores. Pero cuatro meses después, no hay ni una lámpara encendida dentro del negocio. Allí solo destacan cuatro conos anaranjados y dos personas de seguridad con camisas azules. “Materiales HP está cerrada hasta nuevo aviso”, indicaron en sintonía un par de vigilantes a periodistas de Runrun.es.
El local de Materiales HP, propiedad de la Constructora HP, ha permanecido con las santamarías abajo desde que dos de sus dueños, Rafael y Roger Perdomo, fueron encarcelados en medio de la purga que la administración de Nicolás Maduro comenzó el pasado 17 de marzo contra funcionarios y contratistas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartón de Venezuela, el poder judicial, y los lazos de los implicados con bandas criminales y hasta supuestas redes de prostitución al servicio de políticos y empresarios. Hoy, con la Ley Orgánica de Extinción de dominio publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.745 del 28 de abril de 2023, el destino de esa tienda y del resto de las otras obras de la empresa HP en Las Mercedes es incierto.
No solo este almacén está cerrado en Las Mercedes. Durante un recorrido por la urbanización, Runrun.es identificó el estatus de las construcciones de HP y confirmó que tres de las cinco obras en ejecución están paralizadas: la Torre JLM (calle París) está detenida desde hace mes y medio, el Centro Empresarial Guayana (avenida Principal de Las Mercedes) está en pausa desde inicios de marzo, mientras que la Torre Victoria (avenida Orinoco) tampoco está en movimiento.
No hay certezas sobre la situación de las otras dos edificaciones. Mientras que se pudo comprobar que la Torre Haya (calle Madrid) está custodiada por vigilantes sin que esto signifique que la construcción está activa, en la Torre Onyx (calle Madrid) no se pudo confirmar el estatus de la obra porque está cubierta por una pared de ladrillos que impide ver si está en ejecución.
La otra obra con destino incierto es la Torre ATB (calle Mucuchíes), propiedad de la Constructora ATB, cuyo socio Bernardo Arosio Hobaica también fue detenido por la purga madurista. Dentro de este edificio solo se observaron dos camiones de escombros, un carro y dos camionetas sin que se viera movimiento de empleados.
Diez construcciones en pausa
Durante un recorrido a lo largo de Las Mercedes, Runrun.es visitó 17 construcciones en desarrollo, donde contabilizó 13 construcciones completadas pero no completamente habitadas.
A pesar de ser obras concluidas, la Torre Jalisco, Torre Ávila, Torre Torca, Torre Toldeca, Centro Financiero Madrid, Torre SMA (San Miguel Arcángel), Torre Luxor, Torre Gerencial Las Mercedes, Torre 302, Torre Centro Empresarial HTO, Torre Sena, Torre Vertical 184 y Edificio Galería Avanti/ Frigilux no están completamente habitadas. Estas edificaciones representan 43,34% de las nuevas obras en la zona.
De 15 obras en construcción que hay en la zona, 10 están en pausa: Torre ATB, Torre JLM, Torre Haya, Torre MM (Hotel Madrid), Torre 151, Torre 152, Torre ECO, Torre Victoria, Centro Empresarial Guayana y Torre Gerencial Orinoco equivalen a más de la mitad (58,82%) de edificaciones que falta por terminar en la urbanización y a 33,34% del total de edificios de Las Mercedes que se han levantado en los últimos años.
Actualmente, solo cinco obras siguen operativas en la urbanización. Estas son las construcciones de la Torre Premier Residence, Edificio Láser, Torre 442, Hotel 335, Centro Guaraní y de la Torre Nest, que representan 16,67% del total de obras nuevas en Las Mercedes.
Adicionalmente, el equipo de Runrun.es evidenció que a pesar de que la estructura del Edificio The Box parece terminada, la torre está completamente deshabitada. Incluso se puede observar que no tiene inmuebles ni sistema de iluminación instalado (solo el cableado en las primeras plantas). La parte arquitectónica parece estar culminada, pero está abandonada para ser habitada.
En el caso de la Torre Onyx, no se pudo apreciar el avance de la modificación del terreno o algún vigilante u obrero en la zona de construcción. Su estatus está aún en incertidumbre. Comparado con fotografías presentadas en el especial “Las Mercedes se calienta con un lujo abrasador”, pareciera que las cabillas que deberían ser el esqueleto de las bases del edificio fueron desmanteladas.
La mayoría de las construcciones paradas están en la zona sur de Las Mercedes desde los mapas satelitales —más alejadas de la Avenida Río de Janeiro—, a excepción de la Torre ATB. Mientras tanto, las torres que se acercan más a la Avenida Río de Janeiro y al Tolón siguen en construcción —de nuevo, a excepción de la Torre ATB—.
Construcciones con vitaminas
A la detención de los hermanos Perdomo y de Bernardo Arosio se suma el arresto de dos funcionarios de la Alcaldía de Baruta vinculados con las obras en ejecución en Las Mercedes: Juan Carlos Posner, director general del despacho, y Harold Sosa, director de Ingeniería Municipal. Mientras que el alcalde Darwin González anunció el pasado 15 de abril, mediante un comunicado, que pronto explicaría el por qué estos empleados son investigados –algo que todavía no ha hecho–, ni el gobierno ni el Ministerio Público han aclarado por qué están implicados en la purga.
Sin embargo, un hecho parece señalar las razones de estos arrestos. Días después de la detención de los funcionarios municipales, el diputado a la Asamblea Nacional oficialista, Diosdado Cabello, cuestionó el “súbito crecimiento” en las edificaciones que se han levantado en Las Mercedes en los últimos años.
«Por eso hay que investigar a fondo, los edificios tenían un tamaño, por disposición y variables urbanas y de seguridad. De repente, le pusieron vitaminas a los edificios y crecieron. De seis pisos pasaron a torres. ¿Cómo fue eso? ¿cómo fue ese procedimiento?, ¿a quién le consultaron?, ¿qué variables tomaron en cuenta?», preguntó Cabello en una alocución del canal estatal Venezolana de Televisión el pasado 18 de abril, cuando presentó la Ley Orgánica de Extinción de Dominio frente al Parlamento.
Diez días después de las declaraciones de Cabello, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio fue aprobada según la Gaceta Oficial número 6.745.
Para el abogado y cofundador de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, este documento jurídico en realidad disfraza intenciones políticas relacionadas a una aparente “herramienta de persecución”.
“En esta ley no se menciona en ningún artículo cómo serán las garantías a los bienes incautados a los detenidos o señalados por corrupción. No se expresa cómo se tasarán los dominios, cómo se notificarán, cuál es su destino… Tampoco dice nada sobre su mantenimiento. Todos los bienes están en peligro de ser abandonados y sin liquidación de acuerdo a los costos del mercado”, afirmó Daniels.
La ley, además de regular las acciones del Ministerio Público en casos de incautación de bienes presuntamente adquiridos por acciones de corrupción, exige la creación de un Servicio de Bienes Recuperados por parte del ejecutivo nacional, pero hasta la fecha de redacción de este texto no existe una declaración o documento oficial que indique la consolidación de esa institución pública, quiénes la manejan y dónde se ubican sus actividades administrativas.
“En un país donde el Estado de Derecho y el debido proceso está muy deteriorado, las posibilidades de que las Torres de Las Mercedes y otras construcciones similares en el futuro queden abandonadas es muy alta, porque la ley tampoco es clara en los tiempos que debe incurrir el Ministerio Público y los Tribunales competentes en mantener o liquidar estos bienes”, expresó el abogado.
El cofundador de Acceso a la Justicia recalcó que la legislación venezolana no sigue los parámetros premeditados por la Oficina Contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidos (UNODC), donde se especifica y sugiere que parte de los bienes incautados deben dirigirse a un fondo para apoyar a las víctimas de Derechos Humanos o al propio Estado para beneficio de la población.
“Los artículos 13 y 24 de esa ley apuntan al beneficio de los funcionarios públicos o de individuos que denuncien un caso potencial de corrupción, y aún así no dicen la proporción o cantidad de los bienes que les serían otorgados en esos casos. Un tribunal puede decidir que todo el bien sea otorgado a un funcionario público sin ningún problema”, dijo Daniels en una entrevista a Runrun.es.
“En el supuesto de bienes no concluidos, se deben vender para que se terminen y sean liquidados, pero tampoco hay especificaciones de ello. La Ley no parte de la garantía de pérdida mínima al Estado, sino todo lo contrario: puede generar aumento del daño tanto al bien como a las pérdidas que representa para todo el Estado —gobierno, territorio y población—. Ese es uno de los grandes peligros de esta ley”, agregó.
En su intervención televisada el pasado 18 de abril, Cabello reveló que hasta el momento hay más de 10 mil bienes incautados y cerca de 19 aeronaves. Sin embargo, no se sabe con exactitud cuál es la naturaleza de cada bien mencionado por el representante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) fueron contactadas para conocer qué impacto puede causar esta ley sobre las construcciones en desarrollo de Las Mercedes. Hasta el momento de publicación de este trabajo, no se obtuvo la declaración de ninguna de estas instituciones.
Quiénes son los implicados
Dentro de la lista de 80 detenidos en los diferentes frentes de investigación de la purga madurista, destacan cuatro personas vinculadas a las construcciones en Las Mercedes.
Rafael y Roger Perdomo Rodríguez
El 20 de marzo de 2023, los hermanos Rafael Guillermo y Roger Vicente Perdomo Rodríguez fueron arrastrados por la ola de detenciones impulsada por Maduro. Ambos son empresarios y socios mayoritarios desde 2010 de la Constructora HP, que ha levantado seis edificios nuevos en Las Mercedes.
Aunque todavía no se ha aclarado el porqué de su aprehensión, se presume que su arresto está vinculado con los servicios de reparación y mantenimiento de muelles e instalaciones del Centro de Refinación Paraguaná (Falcón) y el Complejo Petroquímico de Jose (Anzoátegui), que pertenecen a Pdvsa, que prestaron a la estatal en 2021 bajo la firma Constructora 2PTO.
Según Armando.info, Constructora HP mantuvo contratos con Pdvsa desde el 2012. Los contratos estaban bajo PDV Puertos, filial de la petrolera estatal creada en 2020 y bajo el escrutinio administrativo y financiero del coronel Antonio José Pérez Suárez, el vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) que fue uno de los primeros arrestados de la purga madurista. La empresa Constructora 2PTO tiene registros más directos de actividades con Pdvsa desde el año 2016.
Antes de la Constructora HP, los Perdomo fueron dueños de un autolavado llamado Autoservicios Las Acacias Express, C.A., en la urbanización de clase media Las Acacias, cercana al del sur de Caracas, y en donde las propiedades tienen un valor significativamente menor al de Las Mercedes.
El Ministerio Público confirmó la detención de los hermanos Perdomo el 25 de marzo. Hasta la fecha de publicación de este reportaje, se desconoce el lugar donde permanecen tras las rejas.
Bernardo Arosio
Junto a su hermano Tadeo, Bernardo Andrés Arosio Hobaica es socio de ATB Constructores, compañía responsable de la edificación de distintas torres residenciales y empresariales en Los Palos Grandes, Altamira y Campo Alegre y posadas en Galipán y Los Roques, esta última levantada en un área prohibida del parque nacional. Además de eso, es el accionista mayoritario de Prodata Energy, empresa venezolana a la que se le adjudicó la exportación de gas desde Venezuela hasta Colombia en 2022, de acuerdo con una investigación de Armando.info. El medio también reveló que los Arosio estaban detrás de Walker International Dw-Llc, una compañía registrada en Emiratos Árabes Unidos, que también ha comercializado petróleo venezolano.
Juan Carlos Posner
Es el director General de la Alcaldía de Baruta. Según Luis Omaña, director de comunicaciones de la Alcaldía de Baruta, Posner entró al equipo de ente gubernamental en 2022. Fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el 13 de abril. TalCual Digital reseñó que Juan Carlos Posner fue buscado por el Sebin y acudió con los funcionarios a su sede para “declarar voluntariamente”.
El mismo día de la detención de Posner, Freddy Ñañez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, informó que se realizó la audiencia de presentación de varios funcionarios vinculados a tramas de corrupción en la alcaldía de Baruta y Pdvsa – Cripto. Ahí se vio a Posner en una braga color naranja.
Juan Carlos Posner Pimentel, Director Adjunto de la Alcaldía de Baruta
Además de su puesto en la alcaldía, Posner indica en su perfil de LinkedIn que es el director general de operaciones de una empresa llamada Inversiones Venefood, SL, desde 2010. La compañía forma parte del registro mercantil de Barcelona, España, el cual indica que fue creada el 15 de mayo de 2006 e indica que el cargo de directivo y administrador solidario es Posner.
El Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) señaló que Inversiones Venefood C.A es una empresa de alimentos e ingredientes alimenticios, pulpa de fruta, legumbres en conserva, secas y cocidas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.
Harold Sosa
Director del departamento de Ingeniería de la Alcaldía de Baruta desde el año 2019. Egresado de la Universidad Metropolitana de Caracas como ingeniero civil. También fue detenido el 13 de abril junto a Ponser y apareció en la televisora estatal el mismo día con bata naranja.
Miembros de la Alcaldía de Baruta, que solicitaron mantener anonimato a Runrun.es, afirmaron que Sosa entró a la alcaldía justo después de aprobarse una ordenanza municipal sobre la zonificación de Las Mercedes y Chuao, que permitía las construcciones de más de ocho pisos en la zona. El documento fue emitido el 28 de octubre del 2019 sin la aprobación del alcalde de Baruta, Darwin González, y hasta la fecha no ha sido derogado.
Poco después, en septiembre del 2022, otra ordenanza municipal le dio toda la responsabilidad a la Dirección de Ingeniería Municipal de Baruta de emitir sanciones a aquellas estructuras que violen las especificaciones de las zonificaciones del municipio. Se consideraron como infracciones «medias» aquellas edificaciones que aumenten la densidad poblacional de la zona prevista y sean más altas que lo estipulado en las ordenanzas municipales.
«Hasta ahora no sabemos de los cargos que se les imputan a Sosa y a Posner», dijo el director de comunicaciones de la Alcaldía de Baruta, Luis Omaña. Advirtió que la institución solo tiene conocimiento que están siendo investigados, sin la oportunidad de acceder cuál es su estatus mientras está recluido junto a Posner.
Hasta el 27 de abril, el Ministerio Público aseguró haber detenido a 80 personas en el marco de la purga madurista
El 17 de marzo, el Estado venezolano inició una ola de detenciones contra funcionarios presuntamente responsables de corrupción, malversación de fondos y otros hechos delictivos. Jueces, alcaldes, diputados, funcionarios de organismos del Estado y empresarios han puestos tras las rejas tras estas acciones.
Hasta el 27 de abril, el Ministerio Público aseguró haber detenido a 80 personas en el marco de la denominada purga madurista. El equipo de investigación de Runrun.es ha identificado a 66 personas.
Entre los detenidos se encontraban Leoner Azuaje, presidente de Cartones de Venezuela, quien falleció el 20 de abril de 2023 bajo la custodia del gobierno venezolano.
Durante el último mes, el Ministerio Público y la Policía Anticorrupción han indagado en cuatro frentes de investigación. Entre ellos destacan malversación y corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), corrupción en el poder judicial, vínculos con bandas, redes de prostitución al servicio de políticos y empresarios.
A un mes y 10 días del inicio de la ola de detenciones, personajes del Gobierno de Nicolás Maduro, como Tarek El Aissami, han salido de la palestra pública. Tras la renuncia del dirigente político como ministro del Petróleo se desconoce su paradero.
A continuación, Runrun.este cuenta lo que ha ocurrido desde que inició la purga madurista.
El diputado a la AN oficialista cuestionó el «súbito crecimiento» en las edificaciones que se han levantado en Las Mercedes en los últimos años
«En Las Mercedes, y por eso hay que investigar a fondo, los edificios tenían un tamaño, por disposición y variables urbanas y de seguridad. De repente, le pusieron vitaminas a los edificios y crecieron. De seis pisos pasaron a torres. ¿Cómo fue eso, cómo fue ese procedimiento, a quién le consultaron, qué variables tomaron en cuenta», preguntó Cabello
En un especial de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) publicado en 2022 se reseñó que las edificaciones construidas en Las Mercedes en los últimos cinco años se ampararon en las «reiteradas modificaciones de las ordenanzas de zonificación apoyadas por la Alcaldía de Baruta y el Concejo Municipal, sin la previa consulta a los vecinos»
Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado a la Asamblea Nacional oficialista, cuestionó el pasado 18 de Abril el «súbito crecimiento» de las edificaciones que se han levantado en la urbanización Las Mercedes, en Caracas.
«Acá en Las Mercedes, y por eso hay que investigar a fondo, los edificios tenían un tamaño, por disposición y variables urbanas y de seguridad. De repente, le pusieron vitaminas a los edificios y crecieron. Se fortalecieron. De seis pisos pasaron a torres.¿Cómo fue eso, cómo fue ese procedimiento, a quién le consultaron, qué variables tomaron en cuenta», preguntó Cabello en una sesión en la que presentó la ley de extinción de dominio, que permitirá al gobierno disponer de los bienes incautados en la trama de corrupción de la #PurgaMadurista de forma más expedita.
ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello pide “investigar a fondo negocios” tras crecimiento exponencial de edificaciones en Las Mercedes: “¿cómo fue eso, cómo fue el procedimiento?” https://t.co/GcblZOAyA1pic.twitter.com/CKoeOpB7U0
«Quien incurra en delitos de narcotráfico, corrupción, debe saber que se va a enfrentar a la ley, y también deben saber sus cómplices y testaferros que se van a enfrentar a la ley», sentenció Cabello.
En su intervención, Cabello reveló que hasta el momento hay más de 10 mil bienes incautados y cerca de 19 aeronaves. Dijo que serán utilizados para financiar el funcionamiento de sistemas de protección social del gobierno de Maduro.
«Vamos adonde estén los bienes, así eso haya ocurrido 15 o 20 años atrás. Si alguien sabe que alguna persona adquirió bienes de hechos ilícitos puede denunciarlo para nosotros seguir avanzando», emplazó
El lujo abrasador que calentó Las Mercedes
El llamado de Cabello a investigar las altas construcciones de lujo en Las Mercedes llega seis meses después de la publicación de un trabajo especial de la Alianza Rebelde Investiga, conformada por Runrun.es, El Pitazo y Tal Cual.
La investigación advertía que en menos de un par de décadas, en algunas zonas de Las Mercedes, la temperatura supera los 30 grados. Expertos aseguraron que el incremento estaba relacionado tanto con las construcciones que se levantan en la zona como con la disminución de la vegetación del lugar
«Las edificaciones de Las Mercedes de los últimos cinco años, con sus altas fachadas de cristal y cemento, amenazan con ampliar esas zonas cálidas», concluyó el trabajo especial.
Abundaron que estas construcciones se ampararon en las «reiteradas modificaciones de las ordenanzas de zonificación apoyadas por la Alcaldía de Baruta y el Concejo Municipal, sin la previa consulta a los vecinos».
Nicolás Maduro cumple este #19Abr diez años de haber sido juramentado tras ganar unos comicios tildados de «fraudulentos» por la oposición. Una década signada por la inflación más alta del mundo, emergencia humanitaria compleja, el éxodo de más de 7 millones de ciudadanos y una represión sistemática que le costó la apertura de una investigación en la CPI
Aunque el chavismo sigue responsabilizando a la Cuarta República de casi todos los males de la nación, lo cierto es que Nicolás Maduro ya acumula más años en el poder que Carlos Andrés Pérez
Hace 10 años, cuando a Nicolás Maduro le imponía la banda presidencial la hija mayor de Hugo Chávez, el candidato presidencial opositor Henrique Capriles aseguraba que el gobierno de su rival sería un “mientras tanto” y que vendrían “tiempos buenos” para Venezuela. Su pronóstico falló.
203 años del 19 de abril de 1810,hoy celebraremos con música!Este Gobierno es un "mientras tanto" Vienen tiempos buenos pronto
Ese 19 de abril de 2013 Maduro juró ante la Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello que su gobierno trabajaría por una patria de “felicidad, independencia y socialismo”. Pero la felicidad nunca llegó. En lugar de eso, los venezolanos fueron testigos de un colapso económico sin precedentes que propició la emergencia humanitaria compleja, escasez, hiperinflación, hambre, falta de gasolina y apagones, situación que los volcó a las calles en repetidas ocasiones en donde terminaron siendo víctimas de una política de represión sistemática.
En los años siguientes millones de venezolanos tomaron el amargo camino del éxodo en las circunstancias más apremiantes con la misión de sobrevivir en otras tierras.
De la mano de Maduro, el país entró a una etapa de umbra prolongada y a una década de crisis de la que nunca ha salido y quese resume a continuación, año por año.
2013: Un comienzo ensombrecido
El Consejo Nacional Electoral bajo el mando de Tibisay Lucena proclamó a Maduro ganador en 2013 por un ajustado margen tras unos comicios plagados de denuncias de ventajismo oficial, voto asistido, cierre de fronteras, votación obligada tras el cierre de centros, daños de máquinas, violencia y retiro a la fuerza de observadores y testigos en algunos centros.
El gobierno de Maduro inició con esa sombra del “fraude” a cuestas, pero fue consolidado por polémicas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que desechó al menos diez recursos que intentó la oposición.
Con la página del fraude sin pasar, Maduro enfrentó una nueva polémica: la de su nacionalidad. El exembajador panameño ante la OEA, Guillermo Cóchez, difundió un documento que registraba que el mandatario había nacido en Cúcuta y no en Caracas. La Constitución establece que el presidente de Venezuela no puede tener otra nacionalidad.
Meses después, la fallecida Tibisay Lucena defendía a Maduro y mostraba en Globovisión la certificación del libro del registro en donde supuestamente fue presentado en La Candelaria.
Con Maduro en Miraflores la economía venezolana aceleró su caída libre. En sus primeros seis meses de gobierno el dólar se devaluó en más de 165%. En agosto de 2013, la entonces presidenta del BCV admitía que al menos $15.000 millones de las divisas vendidas a precio oficial habían sido desviadas a través de prácticas corruptas.
Con la inflación anual por encima del 50%, Maduro denunciaba que era víctima de una conspiración en forma de “guerra económica”, a la que atribuía todos los males que surgían o se acentuaban. Las colas por productos de primera necesidad como harina de maíz y papel higiénico debutaron. El país comenzaba a apagarse a diario, con cortes eléctricos prolongados en distintos estados.
La popularidad ya disminuida de Maduro mermaba y a dos semanas de los comicios municipales apeló a una fórmula populista para captar votos y eludir la responsabilidad del chavismo en el descalabro económico. Tras días acusando a los comerciantes de “usureros”, Maduro ordenó agresivas fiscalizaciones y la ocupación por parte de la GNB de la red de tiendas de electrodomésticos Daka por supuesto sobreprecio en sus productos.
“He ordenado la ocupación y la venta de los productos a precio justo. Que no quede nada en los anaqueles”, sentenciaba Maduro. Su orden se cumplió: largas colas y hasta saqueos se registraron en esas jornadas, que pasaron a la historia como “El Dakazo”.
En este contexto, el partido oficialista ganó 196 alcaldías frente a 53 de la oposición en los comicios municipales del 8 de diciembre, lo que amplió los tentáculos de control del gobierno para silenciar y reprimir las cada vez más espontáneas protestas ciudadanas.
2014: «La Salida» y el inicio de la represión sistemática
El12 de febrero de 2014 marcó un antes y un después en la historia de los derechos humanos en Venezuela.
Ese Día de la Juventud, los líderes opositores María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López convocaron a una marcha hacia la Fiscalía General de la República en la urbanización caraqueña de La Candelaria en el marco de una serie de movilizaciones contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro que recibió el nombre de “La Salida”.
Pasadas las 3 de la tarde de ese 12 de febrero,Bassil Da Costa se convirtió en la primera de las 43 víctimas que fueron asesinadas ese año en las calles y avenidas del país.
La ola de manifestaciones, asesinatos y detenciones hizo que la Fiscalía controlada en ese entonces por la posteriormente destituida por la asamblea nacional constituyente, Luisa Ortega Díaz, emitiera una orden de captura contra el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López por supuesta instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendios.
López se entregaría a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana el 18 de febrero en la plaza Brión de Chacaíto ante miles de manifestantes.
“Si mi encarcelamiento vale para un despertar del pueblo y para que la mayoría de los venezolanos que queremos cambio podamos construirlo, valdrá la pena”, dijo.
2014 también se caracterizó por ser un año donde la administración madurista se encargó de censurar a varios medios de comunicación. El canal de televisión por cable NTN24 (Colombia) fue el primero en abandonar la parrilla y dio pie a una política sistemática de persecución que aún se mantiene.
2015: Ciudadanos desabastecidos y amenazados
En enero de 2014 Maduro promulgó la Ley Orgánica de Precios Justos que establecía un margen mínimo de ganancia de 30% para los actores de la cadena de comercialización. En 2015 se acentuaron los problemas económicos que profundizó tanto la aplicación de este texto legal como los ajustes en el régimen cambiario y otras decisiones económicas.
La mayoría de los productos que se consumían en el país eran importados y el control de cambio complicaba a los empresarios el acceso a las divisas adquirirlos. Ante la alta demanda y los anaqueles vacíos, las colas se multiplicaron. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 502 protestas derivadas de la escasez durante el primer semestre de 2015, así como 132 saqueos o intentos de saqueo.
El 13 de julio del mismo año, el gobierno venezolano dio inicio a una serie de despliegues policiales en respuesta al incremento de la violencia en el territorio, denominada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), caracterizados por la participación masiva de cuerpos policiales y militares, en compañía de grupos paramilitares.
El primer operativo se desarrolló en la Cota 905 con el objetivo de capturar a Carlos Luis Revete, alias ‘’el Koki’’. El criminal no fue detenido, pero 20 personas fueron asesinadas por enfrentarse a los cuerpos de seguridad, según la versión oficial. En al menos siete casos, los familiares de los fallecidos desmintieron este hecho, según Provea.
La ONG registró denuncias sobre ‘’presuntas ejecuciones policiales, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas detenidas, hurtos masivos y destrozos en viviendas, presuntos forjamientos de pruebas, maltratos físicos y verbales y amenazas de muerte (…)’’
Ese año, Runrun.es documentó 218 víctimas de la OLP y, para junio de 2017, mediante una investigación realizada en alianza con CONNECTAS, recopilaron un total de 560 asesinatos con intervención de funcionarios públicos, en al menos 44 masacres.
El 15 de noviembre del 2017, la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Holanda, una querella donde informó estos hechos y sumó las denuncias sobre las víctimas de las protestas de 2017. Responsabilizó a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol Torres, Gustavo González López y Antonio Benavides de ejecutar delitos de lesa humanidad.
En diciembre de 2015, y en medio de la creciente impopularidad de Maduro y su gobierno, la oposición ganó por primera vez unas elecciones legislativas en la era chavista y obtuvo la mayoría calificada del Parlamento.
2016: La economía toca fondo, Arco Minero y revocatorio truncado
En 2016 la economía venezolana registró su peor caída en 13 años, con una contracción de 18.6% y una inflación récord que cerró en 799.9%. Las colas para comprar productos básicos controlados se multiplicaron y el éxodo de ciudadanos comenzó a masificarse.
Diferentes ONG consideran que para ese año la Emergencia Humanitaria Compleja ya alcanzaba una escala que ameritaba activar una respuesta coordinada por las Naciones Unidas, pero el gobierno de Maduro no la reconocía y dejó de publicar estadísticas sociales y económicas que pudieran evidenciar la grave situación.
En diciembre, Nicolás Maduro dictó de manera intempestiva una medida que sacó de circulación al billete de 100 bolívares, el más utilizado en el país. La medida fue revertida tras dos días de protestas con decenas de heridos, al menos tres fallecidos y saqueos en varias ciudades por la falta de efectivo y la imposibilidad de comprar con el billete o canjearlo.
La inflación no fue lo único que aumentó en ese año. La violencia en Venezuela también repuntó en 2016. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la crisis económica fue uno de los catalizadores de estos indicadores. El país registró 28.479 asesinatos, una cifra que superó los 27.875 casos documentados en 2015. El índice de homicidios fue de 91,8 por cada 100.000 habitantes.
En materia ambiental, 2016 fue un año crítico. En agosto, el gobierno de Maduro entregó concesiones mineras en 112.000 kilómetros cuadrados que abarcan una parte de la región norte de los estados Bolívar y Amazonas, al sur del río Orinoco. En el Arco Minero del Orinoco, empresas nacionales y extranjeras pueden hoy explotar legalmente coltán, oro y diamante.
Mongabay reseñó que desde el inicio, ambientalistas y científicos se opusieron a esta decisión porque el Estado venezolano no hizo un estudio de impacto ambiental del Arco Minero ni consultó previamente a los pueblos indígenas, como indica la Constitución. Cuatro secciones de Bolívar que forman parte de esta zona minera se superponen con reservas ambientales y territorios indígenas protegidos legalmente.
En materia política, el intento por activar un revocatorio contra Maduro fue frenado desde los tribunales y obstaculizado por decisiones del CNE. La Asamblea Nacional de mayoría opositora aprobó en abril de ese año una ley de referendos con la que buscaba aclarar los procesos que deberían seguir las consultas populares. En octubre, tribunales de varios estados anularon las firmas que había entregado la oposición en mayo para cumplir con uno de los pasos del revocatorio.
2017: Aquellos días de calle, furia e impunidad
Vidrios quebrados en las calles, gas lacrimógeno en los ojos, humo de cauchos y basura quemada en el aire, ráfagas de disparos en medio de consignas. Desde el 1 de abril y hasta el 31 de julio 2017, esas escenas se repitieron a diario en cientos de pueblos y ciudades de Venezuela. Una oleada de protestas comenzó luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera dos sentencias que dejaron sin poderes a la Asamblea Nacional y otorgaron nuevas licencias a la máxima corte y al presidente Nicolás Maduro. En respuesta, millones de venezolanos salieron a las calles para exigir la liberación de todos los presos políticos, la apertura del canal humanitario, un cronograma electoral para los comicios vencidos y el restablecimiento del Parlamento de mayoría opositora. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, hubo 6.700 movilizaciones en ese período.
Pero con los reclamos llegó la fatalidad. Aquellos días terminaron con 158 muertos –de los cuales 65 % (103) eran menores de 30 años– más de tres mil detenidos y otros tantos miles heridos por una represión oficial que convirtió el uso de armas de fuego en las manifestaciones en una costumbre e hizo de la tortura una constante. En Distrito Capital, Miranda, Táchira, Lara y Carabobo se produjo 67% de los homicidios ocurridos en medio del conflicto.
La acción de los cuerpos de seguridad del Estado, paramilitares o colectivos armados y los episodios de violencia registrados en medio de las movilizaciones, vulneraron una y otra vez los derechos humanos y hoy son objeto de escrutinio en la Corte Penal Internacional por la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad. Esto, a la larga, podría significar la cárcel para los altos jerarcas del gobierno chavista.
Lo único que detuvo las protestas de 2017 fue la celebración de las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, creada para sustituir a la defenestrada Asamblea Nacional opositora. Los intentos de los ciudadanos para evitar que los comicios se llevaran a cabo hizo que la respuesta oficial se recrudeciera y dejara dos de las jornadas más sangrientas de todo el período de manifestaciones. Entre el 30 y 31 de julio mataron a 21 personas en menos de 48 horas.
Desde el exterior, las críticas hacia Nicolás Maduro arreciaron y aumentaron las manifestaciones en solidaridad con quienes protestaban. Pero las reacciones internacionales más importantes y contundentes llegaron después la aprobación de la Constituyente. En agosto de 2017, Estados Unidos aprobó las primeras sanciones financierascontra el gobierno de Venezuela al prohibir que se negociaran nuevas emisiones de deuda y bonos por parte del Ejecutivo y de Pdvsa, así como el pago de dividendos a la administración de Maduro. En noviembre de ese mismo año, la Unión Europea dio el visto bueno a un embargo de armas y material destinado a la represión. Sin embargo, la calma y el desasosiego que vino después de las manifestaciones empujaron a miles a migrar a pie por las fronteras terrestres en medio del hambre y la destrucción.
Mientras las calles ardían, la escalada de precios se desató y ese tendencia continuó todavía después de la violencia. Durante el último trimestre de 2017, la inflación mensual llegó a 56,7% y así se convirtió en hiperinflación. De acuerdo con el Banco Central de Venezuela, la inflación anual cerró 863%.
2018: Ejecución de Óscar Pérez e intento de magnicidio en vivo y directo
Durante el primer mes del 2018 ocurrió la “Masacre de El Junquito”. Fuerzas policiales del gobierno madurista ejecutaron la “Operación Gedeón”, que terminó con el asesinato de Óscar Pérez, exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y su grupo rebelde.
En la madrugada del 15 de enero de ese año, funcionarios del Conas, Sebin, Dgcim, GNB, FAES, PNB y Policaracas tomaron por asalto El Junquito en búsqueda de Pérez, quien meses antes había tenido participación en acciones comandos contra instituciones del gobierno. ¿El resultado? Diez personas muertas: siete miembros del grupo rebelde, dos oficiales del CPNB y un líder de los llamados colectivos.
A pesar de los videos públicos en los que el grupo mostraba su rendimiento, todos terminaron muertos con tiros de gracia.Un expediente sobre estas muertes fue consignado en diciembre de 2019 ante la Corte Penal Internacional.
Un día como hoy, hace cinco años, la dictadura de Nicolás Maduro cometió una ejecución extrajudicial en vivo y directo contra el inspector Óscar Pérez y su equipo, entre las que se encontraba una mujer civil embarazada. Las imágenes de la "masacre de El Junquito" no se olvidan. pic.twitter.com/NWfalvj0T5
Un año que comenzó con un hecho impactante continuó con la elección de Nicolás Maduro para un segundo período constitucional. La legitimidad de este proceso fue cuestionada por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
El 20 de mayo del 2018 se celebró la “megaelección” (que incluía las presidenciales, de forma adelantada) que carecía de garantías electorales por las inhabilitaciones políticas, falta de transparencia, denuncias por los puntos políticos cercanos a los centros electorales, y la parcialidad del CNE. Esta situación generó la más alta abstención en la historia de las presidenciales desde la llegada de la democracia a Venezuela.
Un año que comenzó con un hecho impactante continuó con la elección de Nicolás Maduro para un segundo período constitucional. La legitimidad de este proceso fue cuestionada por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
El 20 de mayo del 2018 se celebró la “megaelección” (que incluía las presidenciales, de forma adelantada) que carecía de garantías electorales por las inhabilitaciones políticas, falta de transparencia, denuncias por los puntos políticos cercanos a los centros electorales, y la parcialidad del CNE. Esta situación generó la más alta abstención en la historia de las presidenciales desde la llegada de la democracia a Venezuela.
Dos meses y medio después de que Maduro fuera declarado vencedor en las presidenciales del 2018, el 4 de agosto ocurrió un presunto atentado contra el líder oficialista cuando dirigía un discurso en la Avenida Bolívar de Caracas, a propósito del 81 aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
El acto se vio interrumpido por la explosión de un octacoptero que sobrevolaba cerca a la tarima presidencial, lo que obligó a la seguridad presidencial a escudar a Maduro con los chalecos de kevlar.
Por ese hecho fue detenido Juan Requesens, dirigente de Primero Justicia (PJ), tras ser acusado de ser sospechoso del presunto intento de magnicidio.
En paralelo, la crisis económica seguía agobiando a los ciudadanos. En septiembre de 2018 Venezuela registró la mayor inflación mensual con 233.3% consecuencia en parte de la estrepitosacaída de producción petrolera que inició en 2017 y se deterioró en 2018.
En un intento aparente por estabilizar la deteriorada economía, el Ejecutivo aplicó una reconversión monetaria en agosto de 2018, designando el nuevo cono monetario llamado “bolívar soberano”, el cual establecía la eliminación de cinco ceros a la moneda.
2019: Dos gobiernos y un país en la oscuridad
El desconocimiento internacional al segundo mandato de Nicolás Maduro tras los comicios presidenciales adelantados de 2018, calificados de inconstitucionales por la comunidad internacional, propició una serie de eventos políticos que desembocaron en la juramentación del diputado Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela el 23 de enero de 2019.
En una manifestación en Chacaíto y rodeado de una multitud, Guaidó sustentó su juramentación en los artículos 233 y 333 de la Constitución y sentenció que el objetivo de su interinato sería lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. A pocas horas del acto, el gobierno de Estados Unidos lo reconoció como Presidente, a lo que se sumaron las reacciones en cadena de otros gobiernos del mundo que hicieron lo propio.
Un mes después, el interinato asumía una cruzada para mostrar su liderazgo y buscando un quiebre de la FANB: el intento de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela por sus fronteras con Brasil y Colombia.
Pero la situación terminó en represión por parte de las fuerzas militares y de choque de Maduro. Con decenas de heridos en varios estados, la peor ración de violencia la sufrieron los indígenas de la comunidad pemón en Santa Elena de Uairén, atacados por el Ejército para tomar el control de la zona. Una mujer y otras dos personas más murieron por disparos de bala y al menos 30 resultaron heridos.
Llegó así el mes de marzo de un atropellado año en donde la oscuridad se apoderó del país por varios días. Los venezolanos sufrieron megapagones el 7 de marzo (duró entre cinco y siete días), el 25 de marzo y el 29 de marzo (cuatro días de duración) que dejaron en evidencia el colapso del sistema eléctrico, aunque la tesis del gobierno de Maduro fue nuevamente la de un “sabotaje técnico y cibernético”. Fueron días de angustia ciudadana, de ciudadanos desesperados por la conservación y procura de alimentos, de pacientes muriendo en hospitales por las fallas generalizadas del suministro eléctrico (según Médicos por la Salud, al menos 17 personas fallecieron solo en el primero de los apagones, el más largo de todos)
Después de tres convulsos meses, el 30 de abril los venezolanos fueron madrugados por el anuncio de Juan Guaidó. En un mensaje en sus redes informaba sobre el “comienzo del cese definitivo de la usurpación” desde la Base Aérea de La Carlota, junto a militares y al líder de VP, Leopoldo López, quien había estado preso entre Ramo Verde y su residencia desde 2014.
Venezuela: ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe pic.twitter.com/Awm6P09ZM0
López luego aclaraba que fue liberado por “militares a la orden de la Constitución y Guaidó” e instaba a los ciudadanos a salir a las calles para concretar la “Operación Libertad”. Tras horas sin conocerse el paradero de Maduro, el entonces ministro de Comunicación Jorge Rodríguez informaba que el gobierno estaba “enfrentando y desactivando a un reducido grupo de militares traidores”.
La jornada terminó con un muerto y 109 heridos según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y con Maduro sin ser desplazado de la silla presidencial.
Posteriormente, se reveló que el exdirector del Sebin, Cristopher Figuera, algunos comandos de ese servicio y militares formaron parte del fallido plan para derrocar al sucesor de Chávez. Tras exiliarse en Estados Unidos, Figuera reveló detalles de la operación y señaló que el entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el ministro de la defensa, Vladimir Padrino López también estuvieron vinculados al plan.
2020: La doble epidemia venezolana, entre lo viral y la opacidad
El Estado enfermó aún más el Poder Legislativo entre el 5 y 7 de enero del 2020. Tras un nombramiento «de facto» con el propósito de desmontar el interinato de Guaidó, Luis Parra se juramentó como el presidente de la Asamblea Nacional (AN), apoyado por del Gran Polo Patriótico, mientras que varios periodistas y dirigentes de la oposición venezolana, entre ellos el propio Guaidó, trataban de saltar las barricadas humanas de la Guardia Nacional Bolivariana en los alrededores del Palacio Federal Legislativo.
Días después de ese evento, el gobierno de EEUU incluyó a Parra a la lista de sancionados y Guaidó tomó juramento para un próximo período como presidente de la AN en la sede del periódico El Nacional.
Tras el avance del coronavirus en el mundo, el 16 de marzo de 2020 se decretó la cuarentena por la pandemia del covid-19 en Venezuela. Un confinamiento radical marcado por la restricción casi absoluta de la movilidad de los ciudadanos. Denuncias de matraqueo policial y militar en las alcabalas que se instalan abundaban en los meses posteriores, mientras el gobierno a través de sus voceros controlaba estrictamente la difusión de cifras y restringía la masificación de las pruebas en los centros de salud.
Para muchos, la verdadera causa de la radicalización de la cuarentena era la escasez de gasolina, que se propagó más velozmente que el virus por todo el país y dificultó a los ciudadanos trasladarse libremente por más de cuatro meses. El derecho a la educación de los menores de edad se vio obstaculizado con las cuarentas radicales y flexibles criticadas por el gremio docente. Pese a las restricciones por la cuarentena en el espacio público, los venezolanos protestaban por la constante escasez de los servicios que debe brindar el Estado.
En mayo de 2020, el gobierno denunció una incursión marítima para supuestamente derrocarlos, a la que denominaron la «Operación Gedeón» y que dejó al menos 33 presos políticos.
Otro reportaje de Runrunes constató que los reportes sobre los datos epidemiológicos de COVID-19 (contagios, muertes atribuibles al virus y las coberturas de inmunización) estaban centrados en el poder ejecutivo, no en los expertos, y no eran constantes, factores que la OMS atribuye a una mala administración de la comunicación de riesgos y una violación a los derechos humanos a la salud y al acceso de la información.
Maduro, incluso, llegó a discriminar a los extranjeros y venezolanos migrantes en alocuciones oficiales de ser portadores del virus al país, «casos importados» y «bioterroristas».
Hasta abril de 2023, el Estado no había anunciado la derogación oficial de la cuarentena en Venezuela.
En noviembre de ese año, la Corte Penal Internacional (CPI), que estaba presidida por la fiscal Fatou Bensouda, anunció que existían «fundamentos razonables» para creer que en Venezuela habían ocurrido «delitos de competencia de la Corte».
A partir de ese día la CPI se enfocaría más en los casos registrados en los expedientes denominados «Venezuela I», que expone las violaciones a los derechos humanos ocurridos entre 2014 y 2018. El gabinete de Nicolás Maduro tiene otro caso ante la CPI, «Venezuela II», que inició su proceso preliminar de análisis en febrero del 2020 y aún sigue en esa fase.
2021: Pico pandémico, colapso, muertes y desastrosa gestión de las vacunas
El número oficial de decesos por COVID-19 en el país se sitúa actualmente en 5.856, de acuerdo con datos compilados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sin embargo, la cifra es apenas un subregistro y no refleja el verdadero impacto de la pandemia en la población, oculto tras un velo de opacidad en el manejo y reporte de las estadísticas internas por parte del gobierno de Venezuela a organismos internacionales.
La compra, distribución y puesta en marcha de las campañas de inmunización contra el Covid-19 fue errática e ideologizada: Venezuela autorizó el uso de cloroquina —cuyo uso para el tratamiento contra el Covid-19 probó ser inefectivo— y adquirió vacunas en etapa experimental a sus aliados, China y Rusia, cuando no habían culminado la fase 3 de los protocolos clínicos.
La polarización y pugna entre grupos políticos también fue un signo de la pandemia. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, había aprobado en marzo 30 millones de dólares para la compra de vacunas AztraZeneca, desarrolladas en Oxford, Reino Unido. Pero rápidamente la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que no se otorgarían los permisos necesarios para su uso en el país.
En abril de 2021, la administración de Nicolás Maduro decidió no aceptar la vacuna de AstraZeneca y solicitó modificar la modalidad de comprar para elegir qué vacuna podía adquirir, lo que fue aceptado por el mecanismo COVAX (del inglés Covid-19 Vaccines Global Access), un fondo global de acceso equitativo a vacunas contra el Covid-19, integrado por 190 países. El gobierno procedió al pago adelantado de 100 millones de dólares.
La politización de los mecanismos de protección a la población se hizo evidente: se rechazaron miles de dosis de vacunas con eficacia probada, mientras el gobierno anunciaba también la llegada y pruebas con dosis en etapa experimental desarrolladas en Cuba para estudios clínicos.
Entre marzo y mayo de ese año la multiplicación de casos de covid-19 colapsó los centros de salud en un país en el que el sistema sanitario, de atención primaria, preventiva y hospitalaria ya se encontraba en franco deterioro y sin recursos necesarios para hacer frente a una pandemia. Organizaciones no gubernamentales denunciaron la nula preparación y protección del personal sanitario en el país, que expuso a médicos, enfermeras y demás profesionales al virus, causando cientos de muertes.
El 29 de octubre, la organización no gubernamental Médicos Unidos reveló que al menos 526 médicos y 162 enfermeras habían muerto a causa del COVID-19, con el mayor número de decesos de personal sanitario en Zulia con 155, seguido de Caracas con 108, Carabobo con 68, Bolívar con 61, Aragua y Anzoátegui con 45 y Lara con 38, según reseñó DW con data de la ONG.
2022: Venezolanos, protagonistas del éxodo por Darién
El éxodo venezolano que se había frenado en los años con mayor limitación de movilidad por la pandemia se reactivó con fuerza en 2022.
Esta vez la migración no estaba dirigida hacia los países de Latinoamérica, como en años anteriores. En esta oportunidad, los venezolanos decidieron ir tras el sueño americano sin importar los peligros a los que debían enfrentarse.
Huyendo de la peor crisis económica en toda la historia del país, del desempleo, la hiperinflación y la violencia; tan solo en 2022, 248.284 venezolanos se lanzaron a la temible aventura decruzar la selva del Darién, una zona boscosa e inhóspita, plagada de animales salvajes y grupos armados, que ha sido el escenarios de abusos, extorsiones, tráfico de personas, violaciones, muertes accidentales y asesinatos.
La ruta del terror la terminaban cruzando el Río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos. Varios connacionales, adultos y niños, perdieron la vida en el intento.
Según cifras del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, el paso de migrantes venezolanos por la selva del Darién, que comunica a Colombia con Panamá, aumentó un 85,6 % en 2022, en comparación con el año 2021, cuando se registraron 133.726 personas.
A pesar de las restricciones que impuso el Gobierno de Estados Unidos a migrantes venezolanos en octubre de 2022, la migración está lejos de frenarse, pues tan solo desde el 1 de enero al 31 de marzo, unos 87.390 migrantes cruzaron la selva del Darién, 6,3 veces los registrado en el primer trimestre del 2022.
Frente a este inmenso drama que ha cobrado la vida de al menos 30 personas y que ha dejado al menos 76 desaparecidos, la respuesta de Nicolás Maduro ha sido negar la tragedia y culpabilizar a los medios de comunicación de promover noticias falsas que “atentan contra la imagen de su gobierno y del país”.
Pero la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) refuta con sus datos la matriz de opinión: casi 7,24 millones de venezolanos han abandonado el país, lo que sería el 20% de la población total que tenía Venezuela en el 2016. Esto ubica a Venezuela como el segundo país con más refugiados en todo el mundo.
2023: La purga madurista
El pasado 17 de marzo se reveló uno de los mayores escándalos de corrupción en Venezuela que involucra a altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro.
Corrupción, malversación de fondos, mafias y crimen organizado fueron los detonantes para que se iniciara el operativo anticorrupción “caiga quien caiga”. Hasta el 18 de abril de 2023, se informaban oficialmente 58 detenidos por distintos frentes de corrupción en Pdvsa, la CVG y Cartones de Venezuela.
El pasado 10 de abril, el fiscal designado por la constituyente de 2017, Tarek William Saab, informó que se estaban investigando 31 tramas de corrupción dentro de Pdvsa. Sin embargo, hasta los momentos se desconoce si Tareck El Aissami, ministro de Petróleo que renunció en medio de la controversia, está siendo investigado o si está detenido, pues desde que se separó de su cargo para “colaborar con la investigación” no se sabe nada de él.
Saab explicó en rueda de prensa que las investigaciones realizadas detectaron una red de funcionarios que se valían de su cargo para «ejecutar operaciones petroleras paralelas a Pdvsa», lo cual se hizo a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). Estas personas habrían incurrido en comercialización ilegal de crudo y el incumplimiento con los pagos correspondientes de la estatal. Hasta ahora se maneja que el desvío de fondos fue por más de $3.000 millones, pero se estima que la cifra sea mucho más alta.
Por la trama de corrupción en Pdvsa fueron detenidos Joselit Ramírez Camacho, exjefe de la Sunacrip, el coronel Antonio Pérez Suárez, quien desde 2020 se desempeñaba como vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa y el exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología Hugbel Rafael Roa Caruci, además de otros funcionarios.
Por corrupción en el Poder Judicial están detenidos el presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret, el juez cuarto de control con competencia en delitos asociados al Terrorismo, José Mascimino Márquez García y el juez primero de Control del estado Falcón, Jorwis Bracho.
La trama de corrupción también tenía otros nudos. La agencia AFP reveló inicialmente que Hugbel Roa, uno de los detenidos en la purga, también tenía una red de «testaferros» entre los que se encontraba el empresario Alejandro Arroyo, Daniel Prieto y Johanna Torres y quienes supuestamente estaban a cargo de una red de “prostitución”.
El fiscal general confirmó en rueda de prensa posterior que mujeres jóvenes eran captadas para incluirlas en la red de lavado de activos de Pdvsa y las premiaban con una vida «suntuosa».
Aunque el Ministerio Público solo ha divulgado la identidad de 65% de los arrestados, se sabe que al menos 12 de ellos son propietarios de 42 sociedades. De estas, 26 están vinculadas al ámbito energético
Lorena Meléndez G. (@loremelendez) y Joshua De Freitas (@Joshuadfh)
Un mes después del comienzo de la Purga Madurista que, oficialmente, pretende castigar a los presuntos responsables del desfalco de miles de millones de dólares de las Arcas de Petróleo de Venezuela (Pdvsa), los arrestos ejecutados por la Policía Nacional contra la Corrupción y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) no han parado. Desde aquel 17 de marzo, ya son 58 los detenidos de acuerdo con el Ministerio Público, institución que ha imputado al menos a 20 funcionarios públicos, un diputado, un alcalde, dos jueces y 12 empresarios.
La trama de corrupción ha significado la cárcel para figuras relevantes del chavismo como el vicepresidente territorial del PSUV en Nueva Esparta y exdiputado, Hugbel Roa; al exgobernador de Trujillo, exministro y presidente de la empresa estatal Cartones de Venezuela, Hugo César Cabezas Bracamonte; y al Superintendente nacional de criptoactivos y actividades conexas (Sunacrip), Joselit Ramírez; todos amigos cercanos del expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami, quien presentó su renuncia poco después del inicio de los arrestos.
En medio de la opacidad que ha habido sobre el caso, datos recogidos por Runrun.es señalan que públicamente solo se ha reconocido la identidad de 65% de los apresados. Los 12 empresarios –que equivalen a 20% de las detenciones y tienen perfiles poco o nada se vinculan con el área energética – son propietarios de al menos 42 sociedades. De estas, 26 están ligadas a la estatal de hidrocarburos. Tras las rejas, amén de tres operadores financieros identificados por el chavismo, están el expresidente de un club de fútbol venezolano, tres propietarios de constructoras, un hacker y dos socios del presunto testaferro de Nicolás Maduro.
A la cabeza de esta lista está el colombiano Álvaro Enrique Pulido Vargas, un nombre que se ha vuelto recurrente cuando se mencionan los negocios de su paisano Álex Naim Saab Morán, el hombre que Nicolás Maduro defiende como representante diplomático venezolano y que Estados Unidos señala de ser su testaferro, además de estar detrás de escándalos como la importación de alimentos sin nutrientes y de pésima calidad para ser repartidos entre los más pobres por medio de los Comités Locales de Producción (CLAP). Desde 2020, al menos 19 compañías de origen mexicano, chino y ruso, en donde figuran Pulido Vargas y Saab Morán, están entre las principales deudoras de la estatal.
Los registros de empresas consultados por Runrun.es indican que cuatro compañías, propiedad de los detenidos, están radicadas en Venezuela, mientras que hay otras ocho de origen panameño. También se confirmó que hay tres sociedades estadounidenses, dos británicas, una chipriota y otra emiratí.
Estos son los perfiles de los empresarios vinculados a la purga madurista:
Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho
Superintendente nacional de criptoactivos y actividades conexas (Sunacrip), adscrita a la Vicepresidencia Sectorial de Economía (encabezada por El Aissami), desde 2018. En 2017 fue nombrado director general de la Vicepresidencia de la República, cuando El Aissami estaba en ese cargo. Esa misma dependencia lo puso al frente de la Fundación Patria en 2018. Exsecretario del Despacho y director de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Gobernación de Aragua, también cuando El Aissami estuvo al frente del estado.
Según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE), está vinculado con el tráfico de drogas. Coordinó viajes para funcionarios sancionados por la OFAC y blanqueó pagos para los actos ilícitos mencionados mediante contrabando de dinero en efectivo a granel desde Caracas hacia Nueva York. Es investigado por un Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el que también es señalado El Aissami.
Joselit Ramírez aparece en la dirección de la empresa Panavenflot Corp., abierta en Panamá en 2010 y creada durante la presidencia de Hugo Chávez, cuando Rafael Ramírez estaba como ministro del Petróleo. La compañía, que en un principio estuvo adscrita a Pdvsa, todavía está vigente en ese país pese a que en 2020 era una de las candidatas a ser liquidada en medio de la reestructuración de la petrolera encabezada por El Aissami. Como vicepresidente de Panavenflot Corp. hay otro involucrado en la trama de corrupción actual: Pedro Maldonado Marín, el ex presidente de la CVG detenido en abril. Otros directores de Panavenflot son el hoy Tesorero de la Nación, Christian Moisés Hernández Verdecanna y el actual presidente del Instituto Nacional de los Espacios. Acuáticos (INEA), César Vladimir Romero Salazar.
Álvaro Enrique Pulido Vargas
Álvaro Pulido. Crédito: El Tiempo
Socio de Alex Saab, el empresario colombiano detenido en Estados Unidos y señalado como testaferro de Nicolás Maduro. Días antes de su detención, su residencia en la urbanización Country Club de Caracas había sido allanada. De acuerdo con una investigación de Armando.info, 19 sociedades en manos de Pulido y Saab adeudan a Pdvsa al menos 1.500 millones de dólares. Entre estas compañías están las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group.
Fue accionista y presidente de equipo de fútbol Mineros de Guayana entre los años 2016 y 2018. Poco después estuvo como director técnico de ese equipo Laydecker Navas, «un exdirigente del Instituto del Deporte del estado Portuguesa y admirador confeso de Tarek El Aissami». La agencia de noticias AFP reveló a través de un informante que Arroyo mantiene una red de trata de personas y de corrupción junto al exgobernador de Cumaná, estado Sucre, Edwing Rojas. Señalado de ser uno de los testaferros de Hugbel Roa.
Arroyo Pérez tiene bajo su poder un par de empresas en el exterior: Bluewolf Trading LTD (Chipre) y Kronos Commodities LTD (Reino Unido). Esta última está inactiva desde 2020.
Arroyo en su época con Mineros de Guayana FC.
Daniel Ricardo Prieto Prieto
Abogado egresado de la Universidad Metropolitana, especializado en petróleo y gas, de acuerdo con su perfil en Linkedin. En la misma red social figura como el director de Nuevos Negocios de dos empresas chinas que han firmado contratos con Pdvsa: Wison Engeneering y Kerui Petroleum.
Una nota de prensa de la petrolera venezolana indica que, desde 2011 y al menos hasta 2017, Wison trabajó en el proyecto de Conversión Profunda de la Refinería de Puerto La Cruz, Anzoátegui, para transformar el crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, «en productos ultralimpios, amigables con el ambiente y con calidad de exportación», pero este nunca se culminó. En 2019, la misma empresa negó versiones periodísticas sobre un supuesto «contrato de trueque» para reparar el Complejo de Refinación de Paraguaná a cambio de petróleo.
A Kerui Petroleum –compañía implicada en el caso de legitimación de capitales en la Banca Privada d’ Andorra protagonizado por el primo del expresidente de Pdvsa, Diego Salazar, el viceministro de Corpoelec, Nervis Villalobos y el expresidente de la Energía Eléctrica de Caracas, Javier Alvarado– se le asignó en 2016 la recuperación de 595 pozos dentro del plan acelerado de incremento de producción. Dos años después, Pdvsa Intevep firmó un memorandum de entendimiento con la empresa china para «evaluar la factibilidad de proyectos conjuntos y desarrollo de oportunidades de negocios en exploración y producción». Prieto ha sido señalado de ser testaferro de Hugbel Roa, el diputado detenido en la Purga Madurista.
Conocida como la “Reina de las frutas”, tal como se hacía llamar en una enorme valla publicitaria que durante meses estuvo en la autopista Francisco Fajardo, y que promocionaba su negocio de comercialización de frutos y vegetales. Desde marzo del 2021, el Ministerio Público había ordenado su detención por legitimación de capitales y asociación para delinquir bajo testaferros con Pdvsa y el Ministerio de Alimentación, caso en el que también fue detenido ese año su exesposo Valmore Jesús Guevara Rivas. En ese momento le incautaron una vivienda en Lechería (estado Anzoátegui), un restaurante llamado «El Patio VIP» ubicado en Altamira (Gran Caracas) y 11 vehículos (donde se incluye un yate y un avión). Se le atribuye también la especulación de precios en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Anzoátegui desde el 2014. Por su parte, Guevara Rivas aparece como uno de los directores de Titanium Sevices Corp., registrada en Panamá.
#HOY A solicitud del @MinpublicoVE fue acordada por el Tribunal de la causa en el estado Anzoátegui, orden de aprehensión contra la ciudadana Johanna Lisseth Torres Ojeda por los delitos de Legitimación de capitales y Asociación para delinquir. pic.twitter.com/CX2uXheSbg
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) March 31, 2021
Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez
Empresario conocido por presidir la Constructora HP, propietaria de siete modernas torres construidas en la urbanización Las Mercedes, al este de Caracas. Documentos recopilados por Armando.info revelaron que él y sus hermanos están al mando de Constructora 2PTO, que obtuvo contratos en 2021 para reparar y hacer mantenimiento a los muelles e instalaciones del Centro de Refinación Paraguaná (Falcón) y en el Complejo Petroquímico de Jose (Anzoátegui).
Roger Vicente Perdomo Rodríguez
Vinculado con su hermano Rafael Guillermo en los servicios de reparación de muelles de Pdvsa en 2021 bajo la firma Constructora 2PTO. El portal periodístico Armando.info precisó que los contratos que vincula a los hermanos Perdomo con Pdvsa estaban bajo PDV Puertos, filial de la petrolera estatal creada en 2020 y bajo el escrutinio administrativo y financiero del coronel Antonio José Pérez Suárez. También se pudo corroborar que la empresa Constructora HP mantuvo contratos con Pdvsa desde el 2012. En la actualidad, Constructora HP mantiene terrenos donde se están edificando torres empresariales en el sector Las Mercedes de Caracas. Aún así, la empresa Constructora 2PTO tiene registros más directo de actividades con Pdvsa desde el año 2016.
Socio, junto a su hermano Tadeo, de la empresa ATB Constructores, responsable de la edificación de distintas torres residenciales y empresariales en Los Palos Grandes, La Castellana, Las Mercedes y posadas en Galipán y Los Roques, esta última levantada en un área prohibida del parque nacional. Es el acionista mayoritario de Prodata Energy, empresa venezolana a la que se le adjudicó la exportación de gas desde Venezuela hasta Colombia en 2022, de acuerdo con una investigación de Armando.info. El medio también reveló que los Arosio estaban detrás de Walker International Dw-Llc, una compañía registrada en Emiratos Árabes Unidos, que también ha comercializado petróleo venezolano.
Kristhonfer Argenis Barrios Vivas
Es presidente, director, secretario, tesorero y apoderado de una corporación panameño de trasporte marítimo llamado Seaway Management Group, fundado en 2020. La empresa, que según OpenCorporates sigue en funciones, describe entre sus servicios el manejo de logisticas de rutas de buques, el manejo de residuos de embarcaciones y puertos (slops), el manego de embarcaciones en los puertos de Panamá y abastecimiento de buques petroleros.
Fernando José Bermúdez Ramos
De acuerdo con investigaciones de Armando.info, está vinculado con el hombre señalado como testaferro de Nicolás Maduro y hoy detenido en Estados Unids, Alex Saab, y con Álvaro Pulido en las empresas que sirvieron de proveedoras a los CLAP. Su primer rastro aparece en agosto de 2014, cuando creó la compañíaGlobal Foods Trading junto a Emmanuel Rubio González, hijo de Álvaro Pulido, y Amir Nassar Tayupe, abogado en Caracas de Saab. Bajo esa compañía de firma panameña se vendió maíz y trigo con sobreprecio al Estado venezolano. Aunque se informó el pasado sábado 25 de marzo que Bermúdez estaba detenido, otras versiones aseguran que se fue del país días antes de que empezara la purga y que su actual domicilio es Madrid, España.
Leonardo Enrique Torres Naim
En 2018, Torres fundó una empresa en Reino Unido llamada Corona Hill Invesment Limited, que duró un año y cino meses activo.
Juan Manuel Almeida Morgado
Almeida junto a El Aissami. Crédito: @rebeldpatriota
Conocido como N33, el hacker aliado de Tareck El Aissami que durante años ha violentado la seguridad digital de periodistas, políticos, activistas y miembros de la sociedad civil. Sus hermanos Carlos Jesús y Jorge Luis Almeida Morgado, ligados como él al negocio de las granjas de criptomonedas en el centro y centrooccidente venezolano, también fueron detenidos.
Otros tres nombres destacan en la lista de detenidos puesto que son señalados como operadores financieros. De acuerdo con información oficial, estas personas ayudaron a coordinar los negocios entre la estatal y las compañías:
Pedro Alejandro Herrera Araque
Señalado como supuesto socio de Álvaro Pulido. Cuñado del exdiputado Hugbel Roa, uno de los primeros detenidos de la trama.
Rogers Martínez
Señalado por el Ministerio Público como un “coordinador de las operaciones financieras y enlace entre funcionarios públicos y empresarios asociados”
Manuel Enrique Meneses Guevara
Operador financiero de Pdvsa mientras Pérez Suárez estuvo como vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa)
El conocido como hacker N33 fue detenido por la Policía Nacional Contra la Corrupción por estar supuestamente implicado en la trama de Pdvsa-cripto
Está acusado de intervenir teléfonos y cuentas en redes sociales de periodistas
Juan Manuel Almeida Morgado, conocido como el hacker número 33 o N33, fue detenido la madrugada del pasado miércoles 5 de abril por la Policía Nacional Contra la Corrupción (Pncc) por estar supuestamente implicado en la trama de corrupción Pdvsa-cripto.
Almeida es acusado de ser un operador tecnológico de los actos de supuesta corrupción que involucran a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. y la Superintendencia de Criptoactivos.
La detención se llevó a cabo en su residencia ubicada en la urbanización El Orticeño del municipio Libertador en el estado Aragua.
Junto a Almeida fueron aprehendidos sus hermanos Jorge Luis Almeida Morgado y Carlos Jesus Almeida Morgado, quienes fueron presentados este viernes 14 de abril ante un tribunal anticorrupción vistiendo bragas naranja.
De acuerdo con el canal Venezolana de Televisión, Juan Almeida no estuvo con sus hermanos en la audiencia de presentación “dado a que horas antes esta se llevó a cabo en un centro médico en resguardo a su derecho a la salud”.
Según el diario Últimas Noticias al momento de su detención, Almeida Morgado trató de convencer a los funcionarios de la Pncc que lo dejaran en libertad exhibiendo fotos con ministros, diputados, presidentes y directores de instituciones públicas y demás miembros del chavismo-madurismo.
De acuerdo con este medio, al no poder disuadir a los agentes, Almeida presentó “una situación de salud” y fue trasladado a una clínica donde se constituyó el Tribunal Segundo de Control de Caracas.
Hackeador de la información
El periodista Nelson Bocaranda denunció a Almeida en su cuenta de twitter por haberle hackeado sus números telefónicos cuando en 2012 y 2013 daba información sobre la enfermedad del fallecido presidente Hugo Chávez.
1/OJO: Hace unos años (tratando de descubrir quiénes eran mis fuentes sobre enfermedad de Chavez) desde su nicho en Maracay y con la complicidad del mexicano jefe de seguridad de Movistar me hackeó mis cuentas telefónicas +
— Nelson Bocaranda Sardi. (@nelsonbocaranda) April 5, 2023
Almeida también está sindicado de hackear la cuenta en Twitter de la periodista, Berenice Gómez.
Igualmente es acusado de arremeter contra páginas digitales de información para limpiar la imagen del Gobierno venezolano dentro y fuera de nuestras fronteras.
Vinculado a El Aissami
Almedia ejercía como operador digital de Tareck El Aissami cuando este era gobernador del estado Aragua a partir de 2012 y posteriormente le acompañó en sus gestiones al frente del Ministerio de Interior, Justicia y Paz y en el Ministerio del Petróleo.
Habiendo obtenido notoriedad, Almeida pisó fuerte en el negocio de la minería digital e instaló granjas de criptomonedas en varios estados del país.
El pasado martes 11 de abril, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron dos galpones en los municipios Peña y Páez del estado Yaracuy, donde supuestamente se realizaban actividades de minería de criptomonedas. Los galpones aparentemente pertenecen a la empresa Doctorminer.
Según el Ministerio Público, a los hermanos Almeida se les relaciona con operaciones paralelas a la industria petrolera para vender crudo sin que el Estado percibiera las ganancias, transacciones que se hacían desde la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). Por esta vía se habían fugado 3.000 millones de dólares, de acuerdo al régimen madurista.
El Ministerio Público ha imputado a 58 personas en el marco de la operación anticorrupción que involucra Pdvsa-cripto, la Corporación Venezolana de Guayana, Cartones de Venezuela, empresarios, el Poder Judicial y alcaldías.
