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Equipo de Investigación RR

Huella digital | Gladys Gutiérrez sabe cómo neutralizar poderes autónomos
La abogada del Chávez golpista, candidata con dos reveses electorales, exprocuradora y quien construyó una  trayectoria diplomática en España por su cercanía con el fallecido comandante forma parte del “selecto grupo” de  magistrados repitientes en el “nuevo” TSJ aunque la  Constitución se lo prohíbe 
Gutiérrez asumió un segundo mandato al frente del máximo órgano judicial con un historial de polémicas sentencias que, entre otras cosas, implicaron la anulación de las atribuciones constitucionales del parlamento opositor electo en 2015  y echaron por tierra las denuncias de fraude tras las comicios de 2013

 

Gladys Gutiérrez Alvarado se convirtió el pasado 26 de abril de 2022 en una de los 12  magistrados repitientes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  que la Asamblea Nacional de corte oficialista designó con retraso de un mes respecto al lapso contemplado en la Ley Orgánica del TSJ.

El artículo 264 de la Constitución solo permite un período único de 12 años para el ejercicio del cargo de magistrado. Pero esto no ha sido un impedimento para que Gutiérrez repita como togada y, además, para que se anote otro período al frente del máximo órgano de justicia del país. 

El pasado 27 de abril, la Sala Plena del “nuevo” TSJ la designó como la mandamás de la institución en sustitución de Maikel Moreno. Gutiérrez fue designada como magistrada por primera vez el 9 de diciembre de 2010. Y llama la atención que, al revisar su perfil biográfico y su carrera dentro del TSJ en el sitio web oficial del órgano, no se menciona que Gutiérrez ya lo había presidido. Dato curioso, si se toma en cuenta la envergadura del cargo que antes ostentó. 

El 9 de mayo de 2013, Gutiérrez se convirtió en la tercera mujer en ocupar la Presidencia del principal juzgado del país, tras relevar el mandato de siete años de Luisa Estella Morales.

La abogada y jueza, egresada de la Universidad Central de Venezuela y nativa de la ciudad de Punto Fijo, Falcón, se ha paseado por distintos cargos durante las gestiones de gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre los que figuran: procuradora general de la República, embajadora ante el Reino de España, cónsul de Venezuela en Madrid y ministra consejera de la  Embajada de Venezuela en España.

Su trayecto en España comenzó un año después de que Hugo Chávez asumiera como presidente, cuando fue designada como consejera del consulado venezolano. En solo un año, escaló hasta ser cónsul en Madrid y necesitó dos años más para alzarse como embajadora en España,  cargo en el que se mantuvo hasta 2005. 

A su regreso a Caracas, en 2006, fue designada como procuradora general, un puesto que ocupó hasta diciembre de 2010, cuando fue electa magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 

Desde el año 2011, estuvo al frente de la Comisión Judicial, una instancia del TSJ que designa y remueve, sin procedimiento alguno, a los jueces provisorios.

El primer intento de Rodríguez de ingresar a la vida política pública por el chavismo fue en 1999, cuando fue candidata a gobernadora de Nueva Esparta, pero no tuvo éxito en sus aspiraciones. Ese no fue el único cargo de elección popular al que aspiró: también intentó lograr un curul en el extinto Congreso de la República, pero fracasó por segunda vez en su intento, hasta que en 2005 consiguió un escaño en la Asamblea oficialista como diputada suplente de Ibrahím Velásquez.

La catapulta de Chávez

“Suprema Injusticia”, un proyecto de la organización Transparencia Venezuela, reseña que la carrera judicial de Gutiérrez antes de ser electa magistrada por la Asamblea de 2010 había pasado sin pena, ni gloria.

“No se desempeñó como juez en ninguna materia, ni como fiscal o defensor público, asimismo, se desconoce si litigó de manera privada o por lo menos en su hoja de vida, disponible en el sitio web del máximo juzgado, no se informa al respecto. Su primer cargo relacionado con el derecho fue el de Procuradora General de la República”, se lee en una de las publicaciones de Suprema Injusticia, disponible en el siguiente enlace: https://supremainjusticia.org/quien-es-gladys-gutierrez/

 

Este dato es llamativo, porque una vez más, comprobaría que la llegada y ascenso de Gutiérrez en el TSJ ha sido a espaldas de lo que dictamina la Constitución. La Carta Magna establece que los aspirantes a magistrados tengan una carrera de, al menos, 15 años como jueces o docentes universitarios.

Antes de ser una figura política, de su carrera como abogada se conoce poco. Solo que participó como asesora en la redacción de la Constitución “bolivariana” de 1999 y que fue una de las juristas  que asumió la defensa de Hugo Chávez en el juicio por el golpe de Estado frustrado contra Carlos Andrés Pérez. De hecho, se afirma que  Chávez vivió en un apartamento que tenía Gutiérrez Alvarado en el sureste de Caracas durante los meses de la intensa campaña presidencial de 1998. 

Cuando el dirigente del MVR llegó al poder, Gutiérrez comenzó a ganar notoriedad en su círculo cercano y, como revelan  periodistas especializados en la fuente política, llegó a ser una funcionaria de “alta estima” del presidente fallecido. Gutiérrez fue jefa de la Oficina de Secretaría del Consejo de Ministros hasta el año 2000, cuando fue trasladada a España para iniciar carrera diplomática

De Gutiérrez se popularizaron unas declaraciones que dio desde España en el año 2001, en las que resume su simpatía con el líder «revolucionario» y con su proyecto de gobierno:  “Con Chávez, los excluidos sienten que forman parte de la sociedad y que se les toma en cuenta”.

Luego de su retorno al país, la abogada se convirtió en la procuradora del gobierno de Chávez durante 5 años. Desde ese puesto, fue parte de la comisión que dirigía la entonces diputada Cilia Flores para avanzar en el proyecto de reforma constitucional que el electorado venezolano rechazó en un referéndum en el año 2007.

Además, a principios de 2011, a Gutiérrez le encomendaron ser representante del Poder Judicial ante la “Misión Justicia Socialista”, ideada por Chávez para “facilitar asistencia legal a consejos comunales, comunas y ciudadanos”.

Transparencia Venezuela  denunció que la presidenta del TSJ favoreció a la familia de Chávez en cargos judiciales. Le atribuyen el hecho de ser, en 2013, la principal promotora de la designación de Argenis Chávez como director de la Magistratura, “desde donde administró el 85% de los fondos del Poder Judicial”. 

 

Tres visitas bastarán para “doctorarse” 

Una nota publicada por el diario El Español el 29 de mayo de 2016 reseñaba que Gutiérrez se doctoró en la ciudad de Zaragoza con tan solo tres visitas a la ciudad. 

De acuerdo con esta versión, la lectura de su tesis tuvo lugar en el año 2011, ante un tribunal con dos profesores de Podemos, uno de ellos justamente era Juan Carlos Monedero, de la Universidad Complutense, fundador del partido morado y quien fue apartado de esa tolda política en el año 2015 tras descubrirse una transferencia de  425.150 euros desde el Banco del Tesoro a una empresa creada por él mismo para recibir ese dinero.

Un veterano profesor zaragozano de identidad no revelada comentó al medio entonces: “Me enteré de la noticia por la prensa. No sabía quién era, ni que se había doctorado aquí”.

El medio aseguraba que a Gutiérrez solo le bastaron tres visitas a Zaragoza para obtener su doctorado: dos para hablar con el director de su tesis, el profesor de Derecho Constitucional Francisco Palacios, y otra para defender su proyecto, titulado El nuevo paradigma constitucional latinoamericano. El jurado le concedió un grado de cum laude por unanimidad. Aseguran que, en dos de los periplos, durmió en su casa en la ciudad de Madrid y que en el tercero, cuando presentó la tesis, descansó por todo lo alto, en uno de los hoteles cinco estrellas más exclusivos de la ciudad: el Palafox. 

El tema fue polémico y dio pie a muchos debates en los medios de comunicación españoles. En un programa de televisión del 17 de febrero de 2017 afirmaban que esta titulación «exprés» que denunciaban habría sido «cuadrada» con tres personas, entre las que mencionaban a Monedero,

«Se tuvo que venir para acá, ya que no podía sacar el doctorado en  sus universidades amañadas y lo necesitaba para que la pudiesen poner en el régimen chavista como responsable del TSJ», se escucha de parte de uno de los denunciantes.

 

Un historial de sentencias polémicas

La primera presidencia de Gutiérrez en el TSJ se concretó en un año de convulsión política en Venezuela en el que se produjo la  muerte del presidente Hugo Chávez, lo que llevó a la celebración de unos comicios especiales para escoger a su sucesor en la silla de Miraflores.  

En una ajustada contienda, que fue denunciada de fraudulenta por la oposición venezolana, el Consejo Nacional Electoral declaró el triunfo de Nicolás Maduro  con apenas 1,49% de los votos por encima de su contrincante, Henrique Capriles Radonski. 

Gladys Gutiérrez asumió la presidencia el mayo de 2013, casi un mes después de las polémicas elecciones, con la meta, según declaró de «profundizar en los avances que había tenido el TSJ en su empeño porque la justicia llegue a todos los sectores de la sociedad». Cuando le preguntaron sobre el destino de la denuncias interpuestas ante el TSJ  por un supuesto fraude electoral, Gutiérrez respondió: «Los jueces hablan con sus decisiones (…) se les dará la adecuada respuesta, escrupulosamente apegada a la Constitución y a las leyes».

Su predecesora, Luisa Estella Morales, había negado antes a la oposición un recuento manual de los votos de las controversiales presidenciales, bajo el supuesto argumento de que el sistema electoral era automatizado: «El conteo manual no existe, se ha engañado a aquellas personas que han pensado que esto podía producirse. Debemos llamar a la seriedad y a la sindéresis. Cuando solicitamos un imposible, como el conteo manual, estamos llamando a que se comience una lucha de calle sin fin y, por eso, hay que establecer responsabilidades».

La Sala Constitucional regida por Gutiérrez declaró inadmisibles al menos diez recursos en los que la oposición denunciaba  fraude en el proceso electoral del 14 de abril de 2013, con lo que consolidó judicialmente a Maduro en el poder. 

En ese momento, Gutiérrez declaró que la Sala Constitucional  “era la máxima intérprete de la Constitución de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna” y que por ello resolvieron, por decisión unánime,  asumir las causas relacionadas con las impugnaciones  que cursaban en la Sala Electoral y presentadas por la oposición: «Ejercimos la facultad extraordinaria que atribuye el artículo 25, numeral 16 de la Ley Orgánica del TSJ». 

En una alocución pública de casi 20 minutos, Gutiérrez habló sobre los 10 recursos y justificó que, por la «relevancia que tenían para la sociedad venezolana», el TSJ resolvió que las decisiones de estas causas fueran conjuntas, es decir, la redacción y deliberación se hizo de manera «colectiva»: «Cada magistrado y magistrada de la Sala hizo los aportes que se requerían».

La magistrada justificó detalladamente por qué rechazaron cada causa. Por ejemplo, y respecto a la decisión sobre uno de los recursos introducidos por la oposición para invalidar los comicios que llevaron a Maduro a Miraflores, Gutiérrez justificó que no se explicaron detalladamente los hechos ni las irregularidades demandadas. 

“Es inadmisible el recurso contencioso electoral intentado (…) por cuanto la parte accional no mencionó al extracto cuya impugnación solicita, ni consignó los documentos indispensables. Los demandantes no describieron conductas concretas que, a través de nexos causales adecuados, demostraran que hubiesen engañado a otro para alcanzar un determinado resultado electoral capaz de modificar la elección en un sentido diverso al deseado por la mayoría de la población”, sentenciaba Gladys Gutiérrez en una alocución pública. 

Por otra parte, y con relación a la propuesta de repetir los comicios en las mesas en las que hubo fraude, alegó que la apelación de la oposición a decisiones previas «no se presentó a tiempo», por lo que se declaró la «cosa juzgada».

El TSJ tampoco admitió los recursos que solicitaban nulidad de acto de votación y proclamación de Maduro por incorporar a votantes que no debían hacerlo, bajo el alegato de que la impugnación era extemporánea, porque un año antes había concluido el lapso para cuestionar el registro electoral.

De igual manera, descartaron la denuncia sobre la supuesta nacionalidad de Maduro: «No alegaron hechos más allá de opiniones particulares y opiniones políticas, que configuran un juicio de valor del recurrente», leyó Gutiérrez. 

El máximo órgano del Poder Judicial también rechazó otros recursos en los que cuestionaban su independencia y los acusaban de favorecer a Maduro: «La demanda debe ser declarada inadmisible por contener conceptos ofensivos e irrespetuosos«, sostenía Gutiérrez. 

 

No conforme con rechazar los argumentos presentados por el excandidato presidencial Capriles Radonski, la Sala Constitucional del TSJ le impuso una multa de cien unidades tributarias y hasta remitió copa del fallo al Ministerio Público para que el ente resolviera si el político había incurrido en delito en sus expresiones contra el máximo órgano judicial del país. 

La respuesta de Capriles a la declaración de inadmisibilidad a las impugnaciones contra las presidenciales fue la siguiente: «Inadmisible es la falta de justicia en nuestro país, más de 50 venezolanos asesinados cada día, inadmisible es la corrupción del Gobierno».

Con sus pronunciamientos contra las denuncias de fraude electoral en Venezuela se iniciaba una larga lista de  sentencias polémicas que llevarían su firma o su visto bueno.

Gutiérrez estampó su rúbrica en una sentencia sobre las prótesis mamarias fabricadas por la empresa francesa Poly Implant Prothése (PIP) en la que se ordenó a las clínicas y hospitales  retirarlas a las pacientes afectadas. También, en febrero de 2014,  el Tribunal Supremo de Justicia decidió, en una resolución encabezada por Gutiérrrez, designar los jueces penales “cuando lo considerara necesario” para los casos que definiera como complejos en 18 de los 23 estados del país, lo que abrió las puertas para que en esas entidades, la justicia fuese controlada desde Caracas.

Pero los fallos más controversiales siempre fueron los relacionados con el tema político,  porque implicaron la destitución y condena de autoridades electas, como el exalcalde de San Diego, Enzo Scarano, y el exalcalde de San Cristóbal y militante de Voluntad Popular, Daniel Ceballos, en el marco de intensas protestas ocurridas en esas ciudades en el año 2014. 

En el caso de Ceballos, el 31 de marzo de 2014, la Sala Constitucional declaró el desacato al mandamiento de amparo constitucional que había dictado la misma instancia en los casos de los exalcaldes Gerardo Blyde y David Smolansky. 

La Sala del Alto Juzgado, en ponencia conjunta, sancionó a Daniel Ceballos a cumplir 12 meses de prisión. Al dar lectura de la sentencia, Gutiérrez además dijo que Ceballos cesaba en el ejercicio de su cargo como alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira.

Justo en el marco de esas manifestaciones, Gutiérrez criminalizó públicamente las protestas, al calificarlas como “guarimbas incompatibles con la Constitución”. 

«En Venezuela está garantizado totalmente el derecho a la manifestación, pero no de la forma como se han producido», recalcaba.

En junio de 2015, Gutiérrez fue la magistrada ponente de una sentencia que apoyó la destitución de la alcaldesa del municipio José Antonio Páez (Guadualito) del estado Apure, Lumay Barreto, electa por el partido Voluntad Popular en las municipales de diciembre de 2013. 

El máximo tribunal aceptó una denuncia de concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del 27 de febrero de 2015, quienes denunciaron  “graves irregularidades” y un “vacío de autoridad” que habría “quebrantado el normal funcionamiento de la Administración Pública Municipal”.

Con su decisión, Gutiérrez validó la tesis de que la alcaldesa de Guasdualito se ausentó de su despacho sin cumplir con los trámites legales pertinentes. 

 

El 7 de abril de 2015, Gutiérrez desechó en una sentencia una demanda presentada contra la utilización del sistema biométrico – captahuellas- para la compra de medicinas y alimentos.

El recurso fue intentado en septiembre de 2014 por el presidente del partido Copei, Roberto Enríquez y otro grupo de ciudadanos, quienes pidieron al  TSJ que refrendara la “inaplicabilidad del sistema biométrico o captahuellas”.

En la demanda de amparo por intereses colectivos y difusivos denunciaban que el sistema atentaba contra  los derechos a la salud, a disponer de bienes y servicios de calidad y a la seguridad alimentaria y advertían que, en lugar de solucionar el problema alimenticio, el Estado dificultaba el acceso a los venezolanos el acceso a los bienes esenciales con este «engorroso» mecanismo».

Pero la presidenta del TSJ consideró que  los argumentos que planteaban los denunciantes carecían «de un mínimo de pruebas que avalen la pretensión y que, por ende, permitan advertir la existencia de la señalada amenaza para la población, de manera que no pueda evaluarse el perjuicio que pudiera ocasionar la implementación de este sistema biométrico de identificación, en especial, en los derechos invocados por los accionantes, como lo son los derechos a la salud, a la alimentación  y a disponer de bienes y servicios de calidad”.

 

En enero del 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó revisar la detención del comisario Coromoto Rodríguez,  jefe de seguridad del Presidente de la Asamblea Nacional, pese a las denuncias de su abogado, quien sostuvo que estuvo casi seis meses tras las rejas de forma ilegal por cuanto el Ministerio Público no lo acusó ni imputó por delito alguno.

De acuerdo con lo que publica Transparencia Venezuela, la Sala Constitucional del TSJ consideró que no tenía ningún sentido analizar el caso en virtud de que el exfuncionario de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) “se encontraba  en libertad”.

También, en la sentencia número 1102 del 15 de diciembre de 2016, cuyo fallo redactado por la Gladys Gutiérrez, no se analizaron las irregularidades denunciadas por la defensa con relación a que Rodríguez permaneció detenido ilegal y arbitrariamente por decisión del juez Miguel Graterol.

Coromoto Rodríguez estuvo en una celda del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a pesar de que los fiscales Alfredo Caufman y Griolinda Morales rechazaron procesarlo por los disturbios ocurridos el 18 de mayo de 2016 en Caracas.

El primer brazo de Maduro para neutralizar el Parlamento opositor

Gutiérrez fue señalada por Estados Unidos de contribuir con el gobierno de Maduro a través de sentencias que socavaron el funcionamiento del Parlamento de mayoría opositora electo en el año 2015. 

Los fallos impidieron a los diputados opositores, entre otras cosas, revisar la designación a destiempo de magistrados por parte de la mayoría oficialista que los precedió en la Asamblea. En ese convulso mes final del año, el oficialismo pisó el acelerador para nombrar a 13 nuevos magistrados del TSJ en sesiones extraordinarias durante el asueto navideño, una jugada con la que se inició un camino de sentencias tendenciosas con las que el TSJ anuló las capacidades y alcances constitucionales del nuevo Parlamento.

La arremetida  contra la nueva asamblea comenzó a pocos días del triunfo electoral opositor de diciembre de 2015. El 30 de ese mes, la Sala Electoral suspendió las proclamaciones de cuatro diputados del estado Amazonas, tres de la MUD y el 1 del PSUV. El 11 de enero de 2016, la misma sala ordenó desincorporar a los diputados de Amazonas -quienes habían optado por juramentarse pese al veto judicial- y tres días después, la Sala Constitucional a la que pertenecía Gutiérrez convalidó las decisiones de la Sala Electoral TSJ sobre esos parlamentarios. 

Con esta decisión, la Asamblea de mayoría opositora perdía la mayoría calificada que había alcanzado legítimamente en las urnas y que era imprescindible para aprobar reformas estructurales que pudiesen propiciar un camino a la reinstitucionalización del país. 

El 11 de febrero de 2016,  en una ponencia conjunta de la Sala Constitucional de la que Gutiérrez era presidente y en respuesta a un recurso de interpretación introducido por el Ejecutivo,  el TSJ validó decreto de emergencia económica presentado por Nicolás Maduro, pese al  rechazo de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. 

La Sala Constitucional de TSJ declaró que el Estado de emergencia económica estaba «en vigencia desde la publicación del fallo» y que su validez y legitimidad permanecían «intactas», con lo que anulaba el acuerdo de la Asamblea Nacional del 22 de enero de 2016 con el que el Parlamento se opuso a que Maduro adoptara medidas especiales durante 60 días. 

El 29 de marzo de 2016, la Sala Constitucional también decidió que la AN no podía revocar las designaciones de magistrados del TSJ, una limitación de las atribuciones que la Constitución otorga al Poder Legislativo.

“La Sala Constitucional emitió numerosas sentencias de Estado en las que se vertieron estudios y análisis pertinentes desde el derecho constitucional para dar solución a la situación suscitada por el poder legislativo (…) Decisiones indispensables para el normal funcionamiento del poder público nacional y el desenvolvimiento de la vida democrática del país, tales como omisiones inconstitucionales, examen inconstitucional de leyes y decretos, entre otros”. Así justificaba Gutiérrez las actuaciones contra la AN del TSJ a su mando en la apertura del año judicial 2017.

Su arremetida contra la AN fue la causa de la sanción que le impuso el gobierno de Estados Unidos, junto con otros siete magistrados, por usurpar funciones legislativas.

La AN en bandeja de plata para Maikel Moreno

El 24 de febrero de 2017, Gladys Gutiérrez fue reemplazada en el Tribunal Supremo de Justicia por Maikel Moreno, después de dejar herida a muerte la autonomía del Poder Legislativo y servirle en bandeja de plata el “remate”  al nuevo mandamás del órgano. 

Un mes después, el país entraría en una prolongada crisis política con protestas masivas que fueron reprimidas con violencia por parte de los cuerpos de seguridad.

Uno de los motivos que lanzó a la gente a las calles, y que se sumó al malestar por padecer al  menos dos años de una dramática situación económica y humanitaria, fue una primera sentencia, de fecha 28 de marzo, en la que se declaró en desacato a la AN por supuesta “injerencia de una autoridad extranjera” y que le otorgó a Nicolás Maduro la “habilitación legislativa” en cualquier materia penal. 

Veinticuatro horas después, la Sala Constitucional también decidió asumir las competencias de la AN mientras durara el “desacato” y cuatro días más tarde, retiraron el apartado sobre inmunidad parlamentaria. 

Tras abandonar el puesto como presidenta del TSJ, se conoció que Gutiérrez se fue a vivir a España. En junio de ese año, la magistrada no había asistido a más de dos salas plenas, y se barajó entonces la posibilidad de activar  a su magistrado suplente, reseñaba la publicación del medio aliado Tal Cual “Magistrada en fuga”.

De magistrada a rectora electoral

Gladys Gutiérrez pasó a ocupar un bajo perfil entre 2018 a 2020. Un rastreo digital ubica contadas referencias noticiosas suyas en esos años. 

En redes sociales fue viral el afectuoso saludo a Maduro, con beso y abrazo incluidos, cuando este se fue a juramentar como presidente para el período 2019-2025, tras las polémicas elecciones presidenciales de 2018 desconocidas por la comunidad internacional. Ese desconocimiento hizo que un año después, más de 50 países reconocieran a Juan Guaidó como presidente interino. 

Cuando Gutiérrez acudió a ese acto, en redes aseguraron que ella había estado ejerciendo su cargo como magistrada de forma ilegal y que mandaba su firma para las sentencias a distancia.

También, fueron repetidas las menciones sobre sus  viajes constantes  a la isla de Curazao, donde supuestamente era hospedada por la cónsul Marisol Gutiérrez. 

En momentos puntuales de esos años, Gutiérrez vuelve a ocupar titulares por medidas de algunos países en su contra. 

Panamá la sancionó en mayo 2018, tras considerarla “de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva»

Mientras que, en diciembre de 2019, fue incluida en la lista de 29 venezolanos, políticos y empresarios sancionados por países firmantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) por colaborar con el régimen de Nicolás Maduro.

En el año de inicio de la pandemia, 2020, Gladys Gutiérrez  reapareció y para formar parte, otra vez, de un zarpazo a la AN opositora. En el mes de junio fue juramentada como rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), junto a Indira Maira Alfonzo Izaguirre (presidenta del máximo ente comicial),  Rafael Simón Jiménez Melean (vicepresidente del CNE) y los rectores principales Tania D’Amelio Cardiet y José Luis Gutiérrez Parra.

“Chávez la dejó en el testamento, definitivamente”, comentaba sobre este nuevo cargo de Gutiérrez el periodista venezolano Nehomar Hernández, tras recordar que los méritos académicos de la magistrada-rectora habían sido puestos en duda por la forma “exprés” en la que habría obtenido su doctorado. 

Para ese momento, la Asamblea Nacional era presidida por Juan Guaidó. Por norma constitucional, ese debió ser el ente encargado de designar las nuevas autoridades del CNE para las parlamentarias que se celebrarían ese mismo año, pero la decisión se tomó desde el TSJ, presidido entonces por Maikel Moreno. Con esta decisión se despojó al Parlamento de otra de sus atribuciones legales: la de nombrar a las autoridades electorales.

Gutiérrez participó en la organización de los comicios parlamentarios de 2020 que llevaron nuevamente al chavismo a controlar  el poder legislativo, pese al desconocimiento de la comunidad internacional de esta elección.

La exrectora recibió prontamente una gratificación del mismo parlamento que ayudó a constituir. En mayo de 2021, dicha AN aprobó por unanimidad su designación como embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ y otros organismos internacionales con sede en el reino de Países Bajos. 

La  abogada Tamara Sujú,  defensora de los derechos humanos, criticó esta designación y recordó que Gutiérrez formó parte  de la  “represión sistemática” del régimen de Nicolás Maduro. 

El retorno de Gutiérrez a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia comenzó a ser anticipado a principios de 2022, así como también la nula posibilidad de que el órgano judicial actúe de forma independiente bajo su mandato: su historial político no permite tener muchas esperanzas.

Antes de la designación de magistrados por parte de la AN oficialista, la organización Acceso a la Justicia mantuvo una campaña permanente para denunciar que Rodríguez y otros 29 magistrados activos aspiraban a la reelección pasándole por encima a lo que contempla la  Constitución. 

El abogado Perkins Rocha advertía que Gutiérrez buscaría reeditar desde el TSJ que nuevamente dirige lo que, a su juicio, hizo en su breve paso por el CNE: la permanencia del régimen de Nicolás Maduro.

#EnchufaDÍN | Felicita a Juan Carlos Loyo por su nuevo cargo
Después de 10 años de ser destituido por Hugo Chávez, Juan Carlos Loyo vuelve a ser ministro, esta vez de Maduro

Juan Carlos Loyo, oriundo del estado Carabobo, quien presidió el Instituto Nacional de Tierras y fungió como ministro de Ministerio de Agricultura y Tierras hasta ser destituido por el fallecido presidente Hugo Chávez, conocido también por expropiar unas tierras al sur del Lago portando un arma; volvió 10 años después al gabinete de un gobierno chavista.

Esta vez por intermedio de Nicolás Maduro, quien lo designó para estar al frente del Ministerio de Pesca y Acuicultura, reemplazando a Olga Luisa Figueroa.

A continuación, algunos datos sobre el recorrido de Loyo por los gobiernos chavistas desde el año 2004.

*También puede leer: Maduro designa nuevos ministros de Industrias y de Pesca

América Latina le declara la “guerra” a los refugiados venezolanos
Fronteras militarizadas, disparos, visas y deportaciones son las armas que han utilizado para frenar el ingreso de miles de migrantes que huyen de la emergencia humanitaria compleja que todavía vive Venezuela

Por: @fefamaya y @Andrea_GP21

 

“Perdí a mi hijo. Anoche nos agarró la Guardia Costera. Eso fue plomo y plomo. Me mataron al muchachito en mis manos. A mi hijo le explotaron la cabeza. También me dispararon a mí”, relató la madre de Yoelvis Santoyo Sarabia, un bebé de un año que fue asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago.

Santoyo Sarabia tomó la decisión de emigrar de Venezuela junto a sus dos hijos para reunirse con el padre de los niños y otros familiares en Trinidad y Tobago.

La Agencia de Las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) aseguró que 6,04 millones de venezolanos continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad y amenazas, la escasez de alimentos, medicinas y servicios esenciales.

“La migración venezolana se ha convertido en una de las principales crisis de desplazamiento del mundo”, indicó ACNUR. 

Al igual que la familia Santoyo Sarabia, los venezolanos que han decidido dejar su país forzosamente enfrentan múltiples obstáculos que no solo les dificultan la llegada a los países donde buscan refugio, sino que además ponen sus vidas en peligro.  

La violencia y el sometimiento por parte de grupos criminales es uno de los riesgos a los que se exponen constantemente en las rutas de migración.

Pero además, cada vez con más frecuencia, son atacados por los gobiernos de la región que obvian los tratados y acuerdos internacionales, y han adoptado medidas como la militarización de las fronteras, deportaciones, exigencias de visas y, como en el caso de Santoyo Sarabia, hasta el uso de armas de fuego contra refugiados desarmados. 

 

De 35 países e islas que conforman América, en 25 han implementado acciones para combatir a los venezolanos que buscan refugio.

Llama la atención que se trata de medidas y acciones radicales y de fuerza que no se han implementado ni siquiera contra los grupos de crimen organizado que operan y se expanden por la región.

Disparos contra refugiados venezolanos

El hecho violento contra venezolanos más reciente ocurrió el 6 de febrero de 2022. La  Guardia Costera de Trinidad y Tobago disparó a la embarcación en la que estaba la familia Santoyo Sarabia, según alegaron, “en defensa propia, por aparentar ser una embarcación sospechosa”.

Yoelvis Santoyo Sarabia falleció en brazos de su madre cuando la embarcación recibió los disparos. 

La Guardia Costera trinitense emitió un comunicado en el que asegura que no fue hasta que la embarcación se detuvo que vieron que había migrantes a bordo. Al revisar se dieron cuenta que había una mujer sangrando, a la que trasladaron a un hospital local, pero el bebé que tenía en sus brazos “fue encontrado inconsciente”.

No es la primera vez que se señala al gobierno de Trinidad y Tobago de maltratar a los refugiados venezolanos y violar acuerdo internacionales sobre migración. Las denuncias de diversas ONG, como Amnistía Internacional, han sido frecuentes. 

Militarización de fronteras

El pasado 12 de febrero de este 2022, el gobierno de Chile decretó un “estado de excepción” e inició el despliegue militar en cuatro estados fronterizos con Bolivia y Perú, con el objetivo de frenar la migración irregular.

Esto ocurre unos días después que miles de ciudadanos protestaron en ese país contra la inmigración irregular y para exigir mayor seguridad. La protesta congregó a más de 4.000 personas y ocurrió unos días después que dos venezolanos fueran acusados de asesinar al camionero Byron Castillo, de 25 años de edad.

Durante la protesta hubo momentos tensos, donde incluso los manifestantes atacaron a un inmigrante que los increpó, mientras que en otro un grupo desmontó y destrozó las carpas de algunos migrantes, entre los que había venezolanos, que se encontraban en una zona cercana a la playa.

Se desplegaron 672 militares y 100 policías para el control de las fronteras con Bolivia y Perú, en provincias como Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa, donde miles de migrantes, principalmente venezolanos, cruzan desde el año 2020 por pasos clandestinos que alcanzan hasta los 4.000 metros de altitud.

«Sí a la migración legal, sí a los que vienen diciendo la verdad a nuestras fronteras (…) No a la inmigración ilegal, no a quienes ingresan engañando o faltando a la verdad, usando documentos falsificados, pasando por pasos no habilitados», dijo el presidente chileno Sebastián Piñera, tras anunciar el inicio del despliegue militar en Santiago.

 

-Un precedente

El 24 de septiembre del 2021, funcionarios de seguridad chilenos desalojaron a decenas de familias de inmigrantes que montaron sus tiendas de campaña en la plaza Brasil en Iquique, quienes vivían en condiciones insalubres y precarias. En este grupo había padres y madres con hijos menores.

El desalojo se dio con incidentes y estuvo marcado por enfrentamientos entre Carabineros y los inmigrantes. Terminó con 14 personas detenidas y cinco policías heridos, reseñó El País de España.

 

Un día después, el 25 de septiembre, un grupo de ciudadanos marchó desde la plaza Brasil hacia el palacio de la delegación presidencial en Iquique, donde gritaron consignas antiinmigrantes y cantaron el himno nacional. Esta manifestación terminó en la quema de las pertenencias de los migrantes, donde además de venezolanos, había colombianos.

-ONU pide atención

La Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó «categóricamente» los ataques contra migrantes venezolanos en Chile. “El Sistema de las Naciones Unidas en Chile manifiesta su preocupación por la violencia y los actos de xenofobia que han ocurrido en Iquique y la región de Tarapacá, en el norte del país, que involucran a venezolanos, las comunidades fronterizas y las fuerzas de seguridad”, señaló la organización.

Asimismo, condenaron las “agresiones a funcionarios de las fuerzas del orden público y los actos de discriminación y xenofobia ocurridos” y pidieron que no se utilicen “hechos aislados para fomentar la discriminación y la violencia contra personas refugiadas y migrantes” y que se tomen medidas que eviten “que las tensiones se agraven”, reseñó Venezuela Migrante.

– Lo que dice la Cancillería

Las autoridades de Chile y Bolivia informaron a inicios de febrero de 2022 que se reunirían próximamente para abordar la situación migratoria que enfrentan algunas regiones fronterizas, debido al constante flujo de migrantes que ingresan a través de la desértica frontera.

En un comunicado de la cancillería chilena, el ministerio dijo que Santiago y La Paz acordaron “la celebración de una mesa de trabajo en las próximas horas entre los Ministros de Interior y Seguridad Pública de Chile y el Ministro de Gobierno de Bolivia, junto a sus respectivos Ministerios de RR.EE (Relaciones Exteriores)”.

 

Según señalaron, el objetivo es “enfrentar las difíciles situaciones de seguridad, sanitarias y migratorias que están produciéndose en las regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacá”.

El 22 de febrero medios de comunicación reseñaron que el gobierno chileno desplegó maquinaria pesada para mantener abierta una zanja que separa a Bolivia de Chile, y así dificultar el ingreso de los migrantes venezolanos. 

Panamá

En octubre del 2021, el defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, acudió a Colombia en búsqueda de apoyo para darle una solución a la situación humanitaria de los últimos años de su país.

Esta crisis es precisamente el aumento de la migración, especialmente de venezolanos, que cruzan hacia Panamá a través del Tapón del Darién, corredor selvático que divide a Colombia y Panamá, con el objetivo de seguir su curso hacia otros países como EEUU.

Entre las peticiones que le hizo Leblanc al presidente de Colombia, Iván Duque, fue la de militarizar la frontera con soldados del Ejército colombiano. A juicio del funcionario, con uniformados en la zona se van a combatir los “vándalos que tanto daño le hacen hoy en día a los migrantes, y que mañana, cuando no estén, le harán al resto de gente”.

 

Solo unos meses después, el 11 de febrero del 2022, el gobierno de Panamá reforzó la vigilancia en su frontera selvática con Colombia, para intentar frenar la migración irregular, así como combatir el narcotráfico que azota la región, reseñó El País.

«Panamá tiene que tomar sus medidas anticipadas, ya que en el año 2021 transitaron 134.000 migrantes (irregulares) y este año ya llevamos más de 5.000», manifestó a periodistas, desde la zona del Darién el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino.

– Cifras de venezolanos que cruzan el Darién

En un informe publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) el pasado 7 de febrero, señalaron que los migrantes y refugiados venezolanos superaron a los haitianos como el principal grupo que transita por el Tapón del Darién.

Según la organización, en el año 2021 los haitianos representaban casi el 80% de los aproximadamente 130.000 migrantes que cruzaron a Panamá por el Darién. En enero, más de la mitad de los 4.700 migrantes que atravesaron la selva eran venezolanos.

La OCHA recordó, además, que a diferencia de las anteriores oleadas de migrantes venezolanos que llegaron a Panamá (donde hay aproximadamente 121.600 migrantes y refugiados venezolanos), los flujos actuales se componen de migrantes que buscan transitar por el país de camino a los Estados Unidos.

Informe OCHA migrantes y refugiados by AndyDeath on Scribd

Deportaciones

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 20% de la población venezolana (más de seis millones de personas), han salido de su país en los últimos seis años y encabezan las peticiones de asilo político en todo el mundo.

Durante los últimos años, a pesar de que muchos países han flexibilizado las medidas migratorias para los venezolanos, se mantienen algunas políticas contra estos como la deportación.

– Estados Unidos

Durante el gobierno de Donald Trump se deportaron a ciudadanos venezolanos desde EEUU a través de terceros países como Trinidad y Tobago, México o República Dominicana, esto debido a que las relaciones entre Washington y Caracas están rotas y no hay vuelos directos entre ambos países desde el 2019, como parte de las sanciones.

De acuerdo con una nota de El País de España, la medida de Trump fue criticada por el actual presidente de EEUU, Joe Biden, cuando estaba en campaña presidencial. Sin embargo, las deportaciones siguieron bajo la administración del demócrata, a pesar de que el año pasado se aprobó el Estatuto Temporal de Protección (TPS por sus siglas en inglés), para los venezolanos que estuvieran en territorio estadounidense y cumplieran con ciertas condiciones.

Recientemente, el 27 de enero, las autoridades de EEUU deportaron a dos venezolanos que antiguamente residían en Colombia. Así lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado enviado a BBC Mundo.

 

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que estas deportaciones se producen basándose en el Título 42, una política instaurada por la administración de Trump y mantenida por la de Biden, que permite expulsar rápidamente a migrantes por la pandemia de COVID-19.

 

En septiembre de 2021, Filippo Grandi, presidente de Acnur, dijo que las expulsiones que se llevan a cabo con base en el Título 42, sin evaluar las necesidades de protección, “son incompatibles con las normas internacionales y pueden constituir devolución”.

Por su parte, tras las deportaciones, la Embajada de Venezuela ante EEUU emitió un comunicado, donde aclararon que dicha institución “no ha autorizado solicitudes que permitan la deportación de ciudadanos venezolanos de territorio americano por razones migratorias, solo de contados casos criminales con decisión de la justicia de EEUU”.

También, un grupo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pidieron a Joe Biden cesar las expulsiones de venezolanos hacia Colombia y cualquier otro país bajo el Título 42.

“Estas expulsiones bajo el Título 42 violan la ley y arriesgan a que se envíen personas de vuelta a condiciones peligrosas, algunas veces las mismas que causaron que fueran en busca de un lugar seguro en primer lugar», indicaron en la carta organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Oxfam, RAICES y Human Rights First.

 

– Chile

Las medidas de las autoridades chilenas contra los migrantes venezolanos aumentan. Además de la reciente militarización de estados fronterizos para frenar el paso de migrantes, en el 2021 ejecutó varias deportaciones de venezolanos.

La primera ocurrió el 6 de junio de 2021. El gobierno de Chile expulsó a 56 migrantes venezolanos a quienes acusó de cometer delitos o ingresar de forma irregular al país, según confirmó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. 

El grupo partió desde el Aeropuerto de Santiago en un avión comercial arrendado por el Gobierno chileno y fueron trasladadas a Caracas, indicó Delgado a la prensa.

 

Luego de esto, organizaciones de defensa de migrantes denunciaron las deportaciones, al tiempo que un grupo de derechos humanos de la ONU indicó en mayo de 2021 que los migrantes «tienen derecho a una evaluación individual de sus casos y a quedarse en el país mientras se considera su situación migratoria».

 

Cabe recordar que en febrero de 2021, Chile expulsó a más de 100 extranjeros, muchos de los cuales ingresaron por pasos no habilitados, cruzando el inhóspito altiplano en la frontera con Bolivia y desafiando al COVID-19, reseñó DW.

Meses después, el 4 de noviembre de 2021, el Gobierno de Chile expulsó a 120 migrantes venezolanos y colombianos en un vuelo chárter, siendo esta la mayor operación de deportación realizada ese año.

En ese momento, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, aseguró que hay intentos de organizaciones de detener estas deportaciones, pero el «Estado de Chile y el Ministerio del Interior cumplen con la ley» y quienes «cometan delitos o entren clandestinamente» serán expulsados.

 

Se conoció que, de ese grupo, al menos 70 personas eran de nacionalidad venezolana y fueron enviadas a su país de origen por entrar a Chile de forma irregular o por haber cometido crímenes que presuntamente iban desde el tráfico de migrantes al homicidio, pasando por el robo con intimidación.

Hasta esa fecha, más de 800 extranjeros habían sido deportados de Chile, con base en una nueva ley de migración más estricta que el presidente Sebastián Piñera promulgó en abril bajo el lema de «ordenar la casa».

«Queremos que Chile sea un país abierto con las personas que vienen de forma legal (…), pero queremos cerrar la puerta a la migración ilegal, a los que entran sin cumplir nuestra leyes», insistió el mandatario al anunciar la ley.

Visas: Una traba más para los venezolanos

Una de las grandes barreras que limitan a venezolanos para viajar a otros países, o emigrar, es la exigencia de visas. Actualmente, 99 países exigen visado a los venezolanos. La lista está conformada por países de todos los continentes del mundo e islas del Caribe.

Los países de América son los que han implementado el requerimiento de visa más recientemente. 

Canadá, Estados Unidos, México, todos los países centroamericanos, Colombia, Guyana, Ecuador, Perú y Chile son los países que exigen documentos, como visas y permisos, a los venezolanos para ingresar a sus territorios. 

Los países americanos que empezaron a sumarse a la iniciativa de imponer visados a los venezolanos recientemente empezaron a hacerlo desde 2017. Los costos de las visas oscilan entre 25 y 250 dólares. Algunas son gratuitas, por ejemplo, los permisos que deben tramitarse para ingresar a Colombia. 

 

Esto se debe al aumento del flujo migratorio venezolano. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Migración (OVM), hay 5.093.987 venezolanos que emigraron forzosamente de su país. Colombia es el principal receptor de migrantes venezolanos. Según el OVM, alrededor de un millón 800 de venezolanos residen en el país vecino.

América está conformado por 35 estados soberanos y 21 dependencias de otras naciones -islas del Caribe-. Para viajar a ellos, los venezolanos deben tramitar visas para 18 países de la región y siete islas.

Costa Rica es el último país que se sumó a la lista de exigir visa a los venezolanos. Según informaron las autoridades de Migración y Extranjería de Costa Rica, esta normativa entró en vigencia el lunes 21 de febrero.

Un mes antes de que entrara en vigencia el visado para Costa Rica, México también decidió solicitar este requisito a los venezolanos. La medida fue aprobada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador argumentando que existe un creciente flujo migratorio de venezolanos en tránsito irregular hacía Estados Unidos.

África es el continente con mayor cantidad de países que exigen visa a los venezolanos para ingresar a su territorio. De 54 países que conforman al continente africano, 31 de ellos exigen visado a los venezolanos.

Suramérica intenta frenar flujo migratorio 

Los países de Suramérica son los que han acogido a mayor cantidad de venezolanos en el mundo. Colombia lidera la cifra con 1.825.687 migrantes en su país. Le sigue Perú con 861.049.

Los principales países receptores han impuesto controles migratorios a los venezolanos para tratar de controlar la cantidad de migrantes que ingresan a sus territorios. Aunque David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, aseguró que para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, no habrá visas que frenen las terribles causas de la migración forzosa venezolana.

 

Chile, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam son los países suramericanos que exigen visa a los venezolanos. Colombia por ahora solo exige permisos de permanencia. 

Chile solicita a los venezolanos que tramiten la visa de responsabilidad democrática para poder ingresar a su territorio. Esta permite a los venezolanos obtener una visa de residencia temporal. Se otorga por un año (prorrogable por el mismo período). Tiene un costo de $60. 

Según la página web del Gobierno de Chile, esta visa no puede solicitarse en calidad de turista, porque está orientada a quienes desean radicarse en Chile. Es gratuita. Esta ley entró en vigencia el 15 de junio de 2019.

 

Desde el 26 de agosto de 2019, Ecuador solicita una visa humanitaria a ciudadanos de Venezuela. Se tramita a través de la página web habilitada por el gobierno ecuatoriano. El documento solo se entrega en los consulados de Ecuador en Caracas, Lima y Bogotá. Tiene un costo de $50.

Para ingresar a Perú también se requiere visa humanitaria, solo puede ser tramitada en los consulados de Perú en Venezuela, Colombia y Ecuador.

Desde el 17 de marzo de 2018, Guyana también se sumó a la lista de países que piden visa a venezolanos. En este caso es una visa consultada que cuesta 50 dólares.

Visas para Norteamérica 

Los tres países de Norte América exigen visa a los venezolanos. A Canadá y Estados Unidos se sumó recientemente México.

Los venezolanos que deseen viajar a Canadá deben solicitar una visa turística. La visa de turista tiene una duración de 5 años y permite al titular permanecer en Canadá por 180 días seguidos tras cada entrada al país. Esta tiene un costo de $100 canadienses.

En el caso de Estados Unidos, los venezolanos que estén interesados en entrar al territorio deben tener aprobada una visa B2. Tiene un costo aproximado de $160 estadounidenses. Debido a que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela dejó de estar presente en 2019, los venezolanos deben tramitar esta visa en cualquier otra embajada del país norteamericano en el mundo. 

Hasta diciembre de 2021, la Embajada estadounidense ubicada en Bogotá informó que sus servicios de visa de no inmigrante siguen restringidos debido a la pandemia del COVID-19. Únicamente tramitan visas de estudiantes, de intercambio y basadas en empleo. 

 

En el caso de México, la nación decidió, desde el 21 de enero de 2022, exigir el documento a las personas procedentes de Venezuela que quieran viajar por turismo, tránsito, negocios, estudios y actividades deportivas. 

México es una de las rutas principales con las que Venezuela ha mantenido vuelo directo desde que se impusieron las restricciones de vuelo como medida contra la pandemia de COVID-19. Muchos venezolanos utilizan esta ruta como conexión a otros destinos para los que no hay vuelo directo.

Centroamérica cierra por completo las puertas a venezolanos

Los siete países que conforman Centroamérica también exigen algún tipo de visado a los venezolanos.

Al igual que en el caso de México, República Dominicana es una de las principales rutas que los venezolanos utilizan para hacer conexión a otros países que no cuentan con vuelo directo. 

Desde diciembre de 2019, los venezolanos requieren visa para ingresar al territorio dominicano. Esta se tramita a través del Consulado de República Dominicana. El trámite tiene un costo de 100 dólares para una entrada al país o de 150 para múltiples entradas.

El Pitazo reseñó que el 27 de enero se acordó en un gabinete imponer visa a los venezolanos para que puedan ingresar a Belice. “Aún se desconocen los términos del nuevo requerimiento y cuándo entrará en vigor. Así, Belice se suma a la lista de países que impone el requisito de visa a los venezolanos”, señaló.

 

Por otro lado, Costa Rica anunció que a partir del próximo lunes 21 de febrero solicitará visa a los venezolanos, para garantizar una migración ordenada y segura. 

El Gobierno de El Salvador también exige visas para los venezolanos. Tiene un costo de 40 dólares y son tramitadas a través del consulado de El Salvador en Caracas. Los pasaportes de los venezolanos deben tener una validez mínima de 3 meses a la entrada así como tener la tarjeta de vacunación contra la fiebre amarilla.

Desde el 17 de marzo de 2018, Guatemala también impuso este control migratorio, solicitando a los venezolanos, que para entrar en su territorio, tramiten una visa que tiene un costo de 50 dólares.

Según Proiuris, la Cancillería hondureña implementó en noviembre de 2017 una visa para los venezolanos que deseen entrar al país centroamericano. Se alegó el principio de reciprocidad, puesto que Venezuela también exige visado a los ciudadanos hondureños. Tiene un costo de 100 dólares.

Panamá también es otro destino para el que los venezolanos requieren visa desde el 23 de agosto de 2017. Panamá no presenta opciones de visas humanitarias para los migrantes venezolanos. Según Proiuris el trámite tiene un costo de $60.

Desde el 11 de enero de 2021, los venezolanos deben presentar una visa consultada de categoría “C” para ingresar a Nicaragua.

#EnchufaDÍN | Felicita a Magaly Gutiérrez Viña por su nuevo cargo
El nexo familiar con Cilia Flores le permitió a Gutiérrez Viña escalar desde cargos en la Asamblea que presidió su suegra hasta otros de relevancia en el área social y de salud: presidencia del IVSS, INNAS, Fundación Nacional «El Niño Simón» y misión En Amor Mayor Venezuela

 

 

El pasado 9 de febrero, y tras anuncio de Nicolás Maduro, Magaly Gutiérrez Viña sumó a su largo historial de cargos en el gobierno chavista el de nueva ministra de Salud, en sustitución de Carlos Alvarado.

Maduro anunció en Twitter que desde ese momento tendría la «importante misión» de continuar la lucha contra la pandemia. 

Gutiérrez Viña es desde 2018 presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cargo que hasta los momentos conserva, a pesar de su reciente designación como ministra.

Muchos la señalan por considerar que su mayor mérito para escalar posiciones en cargos de salud y desarrollo social es el nexo familiar con Cilia Flores, ya que fue esposa de su hijo.

Gutiérrez Viña presidió también la  Fundación Nacional «El Niño Simón», el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INNAS), estuvo como jefa de la Gran Misión En Amor Mayor Venezuela y ocupó otros cargos relevantes en la Asamblea Nacional que presidió su suegra entre 2006 y 2011.

 

¿Qué pasó con los implicados en el caso de la maleta de Antonini Wilson?
En el año 2007 el caso ‘Antonini Wilson’ causó repercusión mediática cuando el empresario Guido Antonini Wilson llegó al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, Argentina, el 4 de agosto de ese año, con una maleta que contenía 790.550 dólares que no había declarado a su llegada y que fueron decomisados

El nombre de Guido Antonini Wilson volvió a la palestra pública cuando, en octubre de 2021, el exjefe de inteligencia venezolano, Hugo Carvajal, aseguró que el gobierno de Venezuela envió “dinero sucio” a la Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Las declaraciones de “El Pollo” Carvajal hablan sobre dinero financiado por el petróleo venezolano. Se trataría de 21 millones de dólares que se llevaron en maletas a Argentina, con la finalidad de financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007. 

De acuerdo con una publicación de TN, todos los recuerdos de Carvajal sobre el tema apuntaron a las “valijas de Antonini Wilson” y reavivaron la curiosidad por saber cuál es su paradero actual y qué hace este empresario venezolano.

En su informe, citado por el medio español Ok Diario, Carvajal habría señalado: “Lo que no se sabe es que ese [el vuelo del “valijagate”] era su vuelo número 21, con 20 entregas previas de un millón de dólares cada una y entregadas sin problemas ya que pagaban a funcionarios del aeropuerto argentino que los dejaban pasar sin ningún inconveniente”.

Según un artículo publicado por La Nación de Argentina, este sería el mismo documento en el que el militar venezolano denunció una red de financiamiento ilegal del chavismo “a movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años”.

Al respecto, las declaraciones de Carvajal comprometen también al partido Podemos, aliado con el socialista español Pedro Sánchez, a Lula da Silva de Brasil; a Evo Morales de Bolivia, y a otros gobiernos de Latinoamérica.

“Mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos, son: Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula Da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España”, suman las declaraciones de Carvajal.

Actualmente, Carvajal está en un proceso de extradición desde España hacia los Estados Unidos, tras ser detenido el 9 de septiembre del 2021 por el Cuerpo Nacional de Policía en el domicilio donde se escondía y en el cual estaba protegido por un círculo de hombres de confianza.

Caso Antonini Wilson

En el año 2007 el caso ‘Antonini Wilson’ causó repercusión mediática cuando el empresario Guido Antonini Wilson llegó al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, Argentina, el 4 de agosto de ese año, con una maleta que contenía 790.550 dólares que no había declarado a su llegada y que fueron decomisados.

Este caso coincidió con la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y la presentación del referéndum por parte del expresidente venezolano Hugo Chávez, con el que esperaba cambiar la Constitución de Venezuela, incluyendo normas que le permitirían buscar la reelección. Fue calificado por la opinión pública como el «escándalo de la valija», el «escándalo del maletín», el «maletinazo», el «maletagate» o el «valijagate» e involucró argentinos, uruguayos y venezolanos.

 

Antonini Wilson llegó en un vuelo de Royal Class contratado por la empresa ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) junto al entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti y otros funcionarios. Entrevistado en el pro­gra­ma Le doy mi pa­la­bra, de Ca­nal 26, el empresario ra­ti­fi­có que en el vue­lo que com­par­tió, en­tre otros, con Clau­dio Uber­ti (en­ton­ces ti­tu­lar del Oc­co­vi), ha­bía otra va­li­ja con 4,2 mi­llo­nes de dó­la­res que ha­bría pa­sa­do el con­trol po­li­cial.

Ante la pregunta de si la maleta era de An­te la pre­gun­ta de si «la va­li­ja era de Uber­ti y se la qui­sie­ron car­gar a us­ted”, An­to­ni­ni res­pon­dió: «La va­li­ja era pa­ra la cam­pa­ña pre­si­den­cial”. 

El kirchnerismo siempre negó cualquier relación con Antonini Wilson. “Es un mequetrefe de alquiler. Le han pagado para decir cualquier cosa y entonces se puede esperar cualquier cosa”, llegó a decir el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández.

Sin embargo, Fernández quedó muy mal parado cuando se difundió un vídeo donde se veía a Antonini Wilson en la Casa Rosada dos días después de que la Aduana y la Policía de Seguridad Aeronáutica le incautara la valija el 4 de agosto del 2007.

Claves del proceso judicial

Debido al estricto control cambiario que regía en Venezuela desde el 2003, el entonces fiscal general Julián Isaías Rodríguez designó a dos fiscales, Nelson Mejías y Fernando Hércules, para iniciar una investigación, debido a que Guido Antonini Wilson habría violado los artículos 4.º y 6.º ​de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios.

El dirigente opositor Julio Montoya, del partido Un Nuevo Tiempo, denunció que existen retrasos en la investigación, responsabilizando al fiscal general.

Posterior al alejamiento de Rodríguez de la fiscalía, la Asamblea Nacional designó a la exfiscal Luisa Ortega Díaz para investigar el caso, sobre el quele solicitó a la justicia argentina las declaraciones de Antonini Wilson donde declara de manera expresa que el dinero era de su propiedad.

El 2 de agosto de 2008, la Fiscalía de Venezuela solicitó a Estados Unidos la extradición de Antonini, pero este pedido no ha sido respondido.

En octubre del 2008, cinco empresas, dos casas y varias cuentas bancarias propiedad de Kauffman y Duaran fueron puestas medida de aseguramiento de bienes e incautación: Venoco, Llano Petrol y sus 150 estaciones de servicio, Unicambio, Inversora Comercializadora 2516 y Klim Petro Inversiones (dedicada a servicios de perforación y operación de taladros para la actividad petrolera). ​Sin embargo el proceso no continuó por la ausencia de Guido Antonini Wilson

En diciembre del año 2007 los venezolanos Moisés Maionica, Franklin Durán y Carlos Kauffman, y el uruguayo Rodolfo Wanseele fueron arrestados en Estados Unidos por el FBI, y posteriormente fueron acusados por el fiscal federal estadounidense Thomas Mulvihill de ser «agentes de la República Bolivariana de Venezuela».

El FBI aseguró que Antonini entrevistó el 27 de octubre del 2007 a José Canchica, que habría llegado desde Caracas identificándose con Antonini por medio de la palabra clave Christian. Canchina, que no fue capturado, habría ofrecido los dos millones de dólares de parte del gobierno venezolano, con la condición de que Antonini no revelara que el dinero  estaba destinado “a la campaña presidencial en la Argentina”.

En diciembre del 2007, el fiscal Mulvihill declaró que Franklin Durán habría declarado que el dinero estaba dirigido para la campaña de Cristina de Kirchner, y que fondos adicionales ya habían sido previstos para esta campaña.

El 13 de diciembre del 2007 Cristina Fernández de Kirchner  calificó las denuncias estadounidenses como «operación basura».

Cinco días después, el 18 de diciembre, Hugo Chávez negó que los acusados fueran agentes venezolanos y calificó al proceso judicial estadounidense como un intento del «imperio» de dañar a Venezuela y Argentina.

El 20 de diciembre del 2007 Victoria Bereziuk (exsecretaria de Claudio Uberti), aseguró haber visto a Antonini Wilson en el acto en la Casa Rosada donde el presidente Hugo Chávez firmó los acuerdos petroleros con Argentina, el día 6 de agosto de 2007.

Ya en enero del 2008, Moisés Maionica, uno de los venezolanos detenidos por el FBI, se declaró culpable de ser un agente extranjero en los Estados Unidos. Maionica inicialmente se habría declarado inocente, pero eventualmente cambió su postura, enfrentando una condena de hasta 15 años de cárcel.

El Departamento de Justicia de EEUU emitió un comunicado  donde se aseguraba que el maletín de los 800.000 dólares decomisado a Antonini Wilson en Argentina, no pertenecía a este, quien lo cargaba por requerimiento de otro pasajero del vuelo privado, cuyo nombre no fue especificado.​ El texto señalaba que Antonini ignoraba la naturaleza del contenido del maletín.

 

Los implicados: ¿qué se sabe de ellos?

El caso Antonini involucró a argentinos, uruguayos y venezolanos. Varios de se declararon culpables, otros fueron condenados y de otros se desconoce su paradero.

¿Dónde está Antonini Wilson?

Ya pasaron 14 años desde que el rostro de Antonini Wilson se hizo conocido en la Argentina. Desde entonces no se han publicado fotografías del empresario, cuya traza se perdió en el año 2013, cuando presuntamente fue liberado por EEUU tras colaborar con el FBI, aunque sobre esto no se supo nada públicamente.

El mismo medio señala que la única pista que existe sobre el paradero de Antonini Wilson es la mujer que lo puso contra la pared cuando le ordenó que abriera la famosa valija repleta de dinero: María del Luján Telpuk.

En un reportaje de La Nación publicado en octubre de 2021, la mujer contó que hace tres años recibió un mensaje del empresario. “Él estaba por sacar un libro y quería que yo viaje a Miami para tomar un café y hacer una movida de prensa. Finalmente, él entendió que yo hice mi trabajo, que no le quise cagar la vida a nadie, no sabía ni quiénes eran los que venían en el vuelo, solo sabía que venían de Venezuela, nada más”, dijo.

Asimismo, añadió: “Después de mandarme ese mensaje, me preguntó si me podía llamar y cuando escuché esa tonada venezolana me llevó de nuevo a ese momento, no sabía si reírme o llorar”.

Migrar y morir: 70 femicidios contra venezolanas en el exterior durante 2021
De acuerdo con la Nota de Entendimiento de la Acnur, las personas migrantes y refugiadas, al estar en un estado de vulnerabilidad, requieren protección internacional
Un informe publicado en agosto de 2021 por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), reveló que las migrantes venezolanas son presa fácil de formas de esclavitud moderna, como el trabajo forzado o la explotación sexual

Las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas no tienen fácil la supervivencia fuera de su tierra natal. Factores como la violencia de género, violencia sexual y el femicidio, aunado a las complicaciones generadas por la pandemia de COVID-19, las vuelve aún más vulnerables.

De acuerdo con los informes publicados por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), hasta septiembre de este 2021 se han contabilizado 70 femicidios de venezolanas en el exterior y 7 en grado de frustración, siendo Colombia uno de los países donde más se reportan estos casos.

Desde el año 1981, cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de denunciar la violencia que viven las mujeres en todo el mundo, así como para exigir políticas que conlleven a la erradicación de la misma y según la Organización de Naciones Unidas eso incluye «todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada».

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 30 % de las mujeres  en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida, señalando que la mayor parte de las ocasiones el agresor es la pareja. La OMS añade que 27 % de las mujeres de 15 a 49 años que han estado en una relación informan haber sufrido algún tipo de violencia física y/o sexual por su pareja.

 

Venezolanas víctimas

El pasado 28 de octubre, organizaciones feministas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la realidad que viven las mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela, al no contar con protección social por parte del Estado. Las organizaciones Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), Caleidoscopio Humano, Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), 100% Estrógeno, Uquira, Fundamujer, Fundación Vida Jurídica, y la organización internacional Women’s Link Worldwide fueron escuchadas en el en el 181 Periodo de Sesiones de la CIDH.

Durante la sesión, Carolina Godoy, de la ONG Cepaz, denunció: “Desde el 1 de enero hasta 30 de septiembre de 2021 han ocurrido 207 femicidios consumados, 30 solamente en septiembre, que dejó un saldo de 7 niños huérfanos  y 11 femicidios frustrados”.

Lo anterior se refiere al contexto nacional. Pero, ¿qué pasa con las mujeres migrantes? De acuerdo con un artículo publicado por Mujeres ONU, para muchas mujeres migrantes de todo el mundo, “las desigualdades de género generalizadas, sumadas al racismo sistemático, la violencia y otras formas de discriminación, hacen que la pandemia haya tenido un efecto devastador en sus medios de vida y su salud”.

Migración y efectos de la pandemia

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), actualmente hay 5,9 millones de migrantes venezolanos, de los cuales más de 850.000 son solicitantes de asilo, más de 170.000 son refugiados y más de 2,5 millones de personas viven bajo otras formas legales de estadía en las Américas.

Asimismo, Acnur señala que la mayoría de los refugiados y migrantes venezolanos son familias con hijos, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. “A menudo, obligados a tomar rutas irregulares para alcanzar la seguridad, pueden ser víctimas de traficantes, tratantes y grupos armados irregulares”, advierten.

 

Con el objetivo de conocer el impacto que la pandemia ha tenido en los migrantes venezolanos, la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) llevó a cabo una encuesta entre 1200 familias. Los resultados se publicaron en octubre de 2021.

La ONU señala que tres cuartos de quienes perdieron su hogar durante la pandemia empezaron a vivir en la calle, siendo que el 80% eran mujeres quienes, además, en más de la mitad de los casos, eran las proveedoras principales de sus familias.

Violencia y falta de apoyo jurídico

En su informe del 2020, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), analizó las cifras del 2019 capturadas por la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos (DTM), con características demográficas básicas de las mujeres migrantes y refugiadas.

Algunos datos presentados en el documento son:

  • 35% de las mujeres reportó haber sufrido violencia física, el 25% violencia verbal, el 11% violencia psicológica y el 10% violencia sexual.
  • La mayoría de las mujeres que sufrió estas cuatro formas de violencia estaba en el grupo de edad entre 18-34 años y tenía estudios secundarios.
  • Entre las mujeres que viajaron solas, 39% reportó ser víctimas de violencia física, 24% reportó sufrir violencia verbal, 12% dijo ser víctima de violencia sexual y 9% expresó haber vivido violencia psicológica.
  • El 40% de mujeres respondió que había sentido discriminación y el 86% de ellas reportó que había sido con base en su nacionalidad.
  • Las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas reportaron sus necesidades de mayor prioridad de la siguiente manera: ingresos/empleo (28%), apoyo jurídico (19%), asistencia en trámites documentales (16%) y ayuda médica (16%).
  • En cuanto a las principales dificultades durante el viaje reportadas por las mujeres entrevistadas, se relataron las siguientes: falta de recursos (67%), carencia de comida/ agua (35%), falta de medios de transporte (33%) y falta de información (33%).

Violencia de género y factores de riesgo para las migrantes venezolanas by Andrea González Parra on Scribd

Desalojos en contexto de la COVID-19

En un estudio presentado por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), se reveló que el 80% de los encuestados que fueron desalojados eran mujeres, de los cuales 22% estaban embarazadas o lactando. Además, entre las mujeres desalojadas, un 55% proveían el sustento a la familia. Dentro de las mujeres en riesgo de desalojo, un 58% también eran cabezas de hogar. 

“Hogares liderados por mujeres en situación de desplazamiento son más susceptibles a la discriminación, falta de acceso a empleo o asistencia y violencia basada en género – particularmente en sociedades más patriarcales”, advierte la el informe.

El informe añade que los hogares liderados por mujeres venezolanas en el exterior enfrentan obstáculos que se incrementan, al combinarse con las necesidades que requieren asistencia específica, como tener enfermedades crónicas, crianza uniparental, discapacidades o la presión de sostener a una familia extensa. 

“Dentro de los encuestados, casi un tercio de las familias desalojadas o en riesgo de desalojo con mujeres como sostén de la familia tenían tres o más hijos e hijas”, agrega.

Femicidios, trata y esclavitud

El  Centro de Justicia y Paz (Cepaz), que mensualmente publica informes de femicidios en Venezuela, también incluye los femicidios de venezolanas en el exterior. De acuerdo con la organización, entre enero y septiembre de 2021 se registraron 70 muertes violentas de venezolanas en el exterior y seis femicidios en grado de frustración. Abril fue el mes con más femicidios de venezolanas en el exterior (12), donde, en promedio, se registró un femicidio cada 60 horas.

 

En la mayoría de los casos que registra Cepaz, los femicidios de venezolanas en el exterior ocurrieron en Colombia. Otros países donde se registraron estas muertes, según la organización, fueron Perú y Ecuador.

Un informe publicado en agosto de 2021 por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) reveló que las migrantes venezolanas son presa fácil de formas de esclavitud moderna, como el trabajo forzado o la explotación sexual.

El estudio señala que los migrantes venezolanos se exponen a redes de tráfico humano, especialmente en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil al salir del país sin documentos.

De acuerdo con el documento, existen bandas que se aprovechan de mujeres y adolescentes migrantes de Venezuela que salen del país sin dinero, sin pertenencias y, en ocasiones, con signos de desnutrición. Las engañan con la promesa de agilizar permisos migratorios y llevarlos a sitios supuestamente seguros.

 

Asimismo, destaca el CDH-UCAB que el uso de redes sociales y otros medios interpersonales “siguen siendo de las principales herramientas de captación”.

Solo en el Norte de Santander se determinó que el 90% de las trabajadoras sexuales son de nacionalidad venezolana, de acuerdo con el informe.

Pero esta no es una situación que ocurre solo en Colombia y Brasil, pues el documento recuerda que la OIM, en un informe realizado en Panamá, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Costa Rica y Guyana, reveló que el 21% de 4.600 venezolanos encuestados fueron obligado a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración, o fueron retenidos contra su voluntad desde que salieron.

Por otra parte, un trabajo publicado por Runrun.es señaló que 517 mujeres venezolanas fueron rescatadas de redes de trata de personas durante el año 2020, según registró el informe “Libres y Seguras” de la organización civil Mulier Venezuela, presentado en el III Seminario de Trata de Personas, organizado por Éxodo.

La cifra representa una disminución con respecto al año 2019 cuando se documentaron 672 mujeres recuperadas. Sin embargo, Verónica Mesa, coordinadora de investigación de Mulier, señaló que, aunque la cifra se haya reducido, no implica que el delito se reduzca.

Necesidad de protección

En un taller organizado por Cepaz, Acceso a la Justicia y la Red Nacional de Activistas Ciudadanos por los DDHH, Beatriz Borges, abogada y defensora de los DDHH de las mujeres, explicó que las personas migrantes y refugiadas necesitan protección internacional.

Durante su intervención en el evento «Situación de las mujeres venezolanas en movilidad, documentación de casos y acciones de protección y defensa», la directora de Cepaz recordó que, de acuerdo con la Nota de Entendimiento de la Acnur, las personas migrantes y refugiadas de Venezuela requieren protección internacional.

Además, resaltó la definición ampliada de Refugiado Declaración de Cartagena, que considera como refugiado a las personas que “han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

 

Borges citó algunos datos relacionados con las mujeres migrantes, en donde señala que son ellas las que invierten tiempo para buscar y llevar la comida al hogar, migran para dar a luz debido a la falta de recursos en Venezuela y están expuestas a la trata de personas, sobre todo en zonas donde se practica la minería ilegal.

Por otra parte, destaca que las violencias de género como el abuso sexual, la violencia de pareja y la violencia sexual “siguen siendo naturalizadas, silenciadas e invisibilizadas por hombres y mujeres”.

Situaciones como la pobreza, la falta de empleo, las violencias y las distintas manifestaciones de la desigualdad de género son las principales razones por las que se marchan de su país de origen.

#EnchufaDÍN | Felicita a Tibisay Lucena por su nuevo cargo
Tibisay Lucena estuvo al mando del Consejo Nacional Electoral por más de 14 años.  Nicolás Maduro le encomendó ahora la misión de regir el Ministerio para la Educación Universitaria, lo que levantó revuelo en las distintas casas de estudios del país

Cuando se menciona el nombre de Tibisay Lucena en Venezuela, la asociación inmediata son elecciones cuestionadas, con larga espera por los resultados y la imagen de la baranda del CNE como símbolo de incertidumbre.

El pasado 19 de octubre, Nicolás Maduro anunció la designación de la exmandamás del CNE como ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, luego de su breve paso por el mundo académico como rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte).

Como era de esperarse, la designación de Lucena generó el rechazo en la comunidad estudiantil y entre los profesores. Hay temor de que la larga y controversial gestión de Lucena en el CNE se repita al frente de las universidades e incida en el tipo de educación y en la constitución de las autoridades de las máximas casas de estudio.

#EnchufaDÍN | Felicita a Yelitze Santaella por su nuevo cargo
Yelitze Santaella gobernó durante dos períodos consecutivos el estado Delta Amacuro. Posteriormente, fue diputada hasta que obtuvo la gobernación del estado Monagas

Yelitze Santaella, administradora de profesión e integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que se inclina hacia la facción de Diosdado Cabello, gobernó durante dos periodos en el estado Delta Amacuro y, posteriormente, el estado Monagas. Ahora, asumirá el Ministerio de Educación, ente que asumirá con problemas estructurales sin solución anterior como los bajos salarios de los maestros y la decadencia en la educación en el país, que empeoró con la pandemia de COVID-19.