Equipo de Investigación RR, autor en Runrun

Equipo de Investigación RR

En la mira de la ONU | 46 funcionarios señalados de violación de DDHH en Venezuela
Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Néstor Reverol e Iván Hernández Dala encabezan la lista del informe de la Misión de la ONU, sobre señalamientos por violación a los derechos humanos
La GNB, PNB, FAES, la Dgcim, el Cicpc y el Sebin también fueron señalados como responsables de torturas, tratos crueles e inhumanos y ejecuciones extrajudiciales
Entre las autoridades que más nombra la ONU en su informe destacan Nicolás Maduro (335 veces) y Diosdado Cabello (66)

Por: @Andrea_GP21 y @Yeannalyfermin

 

Nicolás Maduro y otros 45 funcionarios de su administración figuran en el informe que presentó la Misión Internacional de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), donde se investigaron las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.

Entre los funcionarios de mayor jerarquía más mencionados destacan Nicolás Maduro, presidente cuestionado por la comunidad internacional; Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz; Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); entre otros.

De acuerdo con el informe, publicado este miércoles, 16 de septiembre, “la Misión tiene fundamentos razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados, y teniendo la capacidad efectiva de hacerlo, no tomó medidas preventivas y represivas”.

La Misión también precisó por nombre y cargo a distintos funcionarios, civiles y militares, que “conocían, debían conocer y contribuyeron” a la comisión de crímenes como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles contra los ciudadanos.

Los cuerpos de seguridad que figuran son la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).

Asimismo, se menciona a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Nacional de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

“La Misión también tiene motivos razonables para creer que autoridades de alto nivel dentro del Sebin y la Dgcim cometieron, ordenaron o contribuyeron a violaciones, o sabían que subordinados las estaban cometiendo y, teniendo la autoridad para hacerlo, no las previnieron ni reprimieron”, dice el texto.

 

En su informe, la Misión de la ONU también resalta varios casos de violación a los derechos humanos que en su oportunidad fueron destacadas por los medios de comunicación, que marcaron al país y que hasta ahora, la mayoría, no han obtenido justicia.

La masacre de Barlovento, en 2016, donde cuatro hombres fueron ajusticiados. El asesinato del joven David Vallenilla durante las protestas de 2017, en La Carlota y de Daniel Alejandro Queliz en Carabobo. Las detenciones arbitrarias de Gilber Caro, Nixon Leal, Sairam Rivas, Antonio Ledezma, Leopoldo López y Roberto Marrero, son algunos de los hechos donde prevaleció el abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, según el informe.

Runrun.es preparó una base de datos de los nombres de aquellos funcionarios de la administración de Maduro que, a juicio de la Misión de la ONU, son responsables, directos o indirectos, de la comisión de todos los crímenes mencionados en el informe.

Dos casos que no señalan

Luisa Ortega Díaz

La fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz, aparece como una de las personas que colaboró a la Misión con distintas declaraciones para la realización de este informe. Sin embargo, a pesar de que se le menciona en reiteradas ocasiones durante el periodo que estuvo frente al Ministerio Público, tiempo en el que se cometieron diversos crímenes, no hay señalamientos en su contra.

En abril de 2014, cuando estaba frente al MP, Ortega Díaz informó que el coordinador nacional del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, fue acusado por los delitos de “instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir”. La Misión considera que la detención de López es arbitraria.

Asimismo, en abril de este año, la abogada Tamara Sujú publicó unos mensajes en Twitter, donde señaló a Ortega Díaz y dijo que durante el tiempo que fue fiscal general “indujo, accionó y permitió gravísimas violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad”.

Manuel Cristopher Figuera

Fue director del Sebin desde el 2018 hasta el levantamiento contra Nicolás Maduro, registrado el 30 de abril del 2019, conocida como la “Operación Libertad”, donde dio apoyo logístico para liberar a Leopoldo López, quien tenía arresto domiciliario en ese momento. Después de eso, tuvo que huir del país.

Figuera también aparece mencionado en el informe de la ONU, pues además de ofrecer declaraciones a la Misión, también se habla durante algunos hechos ocurridos en medio de su gestión, pero, al igual que Ortega Díaz, no hay señalamientos en su contra.

Sin embargo, antes de aquel levantamiento, en febrero del 2019, Figuera fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos junto a otros, en la lista de funcionarios venezolanos sancionados. Estas sanciones fueron retiradas tras deslindarse de Maduro y escapar hacia Colombia.

 

En el caso de Figuera, la abogada Tamara Sujú hizo distintas acusaciones en su contra. En marzo del 2019, lo calificó como un “torturador”, asegurando que incitó y ordenó “detenciones arbitrarias y violencia sexual” en la Dgcim y de dirigir “centros de torturas clandestinos”.

Periodismo fue determinante para conocer y documentar casos del informe de la ONU
El documento de la misión de la ONU cita 17 trabajos de RunRun.es que fueron publicados en el lapso que evalúa el informe y que recogen algunos casos, que constituyen un ejemplo de los delitos atribuidos a Maduro y a los funcionarios de su gobierno. 

Imágenes: Abrahan Moncada.

El registro y la documentación de casos, la verificación hechos y la difusión de las violaciones de derechos humanos realizadas por los medios de comunicación venezolanos en los últimos seis años ha sido una herramienta clave en la construcción del informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, que afirma que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros de Relaciones Interiores y Defensa han cometido delitos de Lesa Humanidad.

“La misión lamenta profundamente no haber podido visitar Venezuela y realizar una investigación en el país”, se lee en en el punto seis de la introducción al informe de conclusiones detalladas. Por esa razón, para realizar el documento de 443 páginas que detalla los delitos de ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; detenciones arbitrarias; torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos entre 2014 y 2020, la misión internacional independiente se valió de diversas fuentes de información. 

En este caso, destaca el rol del periodismo de rigor en la documentación de las historias de las víctimas de los crímenes cometidos por autoridades y funcionarios del Estado venezolano. 

Para Andrés Cañizález, periodista, académico y activista de la libertad de expresión en Medianálisis, el informe reivindica el trabajo de dos grandes actores en Venezuela: las organizaciones de derechos humanos y el periodismo independiente. “Las denuncias que venían haciendo las ONG encuentran hoy su legitimidad al ser incorporadas como fuentes en ese informe y la producción periodística sobre las violaciones a derechos humanos también”, aseguró. 

“Ha habido iniciativas en donde los propios medios solos, o en alianzas con ONG, han tratado de generar datos ante la opacidad y la ausencia de información del Estado. Esto demuestra que el periodismo en Venezuela ha hecho un abordaje no solo de las denuncias, que ya es importante en materia de derechos humanos, sino que también ha apostado por construir bases de datos y darle seguimiento a ciertos temas. Desde ese punto de vista el informe termina dándole un espaldarazo a ese trabajo de varios años”, agregó Cañizález. 

Asimismo, indicó que ahora los medios de comunicación tienen como reto generar un clima de opinión pública favorable en el mundo de la sociedad civil organizada, que están activas en redes sociales y tienen capacidad de multiplicar el mensaje. “Aunque sea algo limitado, es importante, es algo significativo”, sentenció. 

El documento de la misión de la ONU cita 17 trabajos de RunRun.es que fueron publicados en el lapso que evalúa el informe y que recogen algunos casos, que constituyen un ejemplo de los delitos atribuidos a Maduro y a los funcionarios de su gobierno, mientras que otros igualmente evidencian patrones que encajan dentro de los crímenes de lesa humanidad denunciados por los investigadores internacionales. 

Ejecuciones extrajudiciales: De la OLP a la FAES

Runrun.es viene reportando casos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela desde 2015, cuando comenzó la Operación de Liberación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). El seguimiento a los casos similares de ejecuciones extrajudiciales continuó con la creación de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes).  

También, a través del proyecto Monitor de Víctimas, realizado en alianza con Mi Convive, se lleva un registro de las muertes violentas cometidas en el área metropolitana de Caracas, que incluye los casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones cometidas por los cuerpos de seguridad del Estados. Los informes de 2018 y 2019 (con los nombres de las víctimas) fueron usados como fuentes en el documento. 

RunRun.es hizo un seguimiento exhaustivo a los procedimientos de la OLP y el impacto en las víctimas. Esta cobertura abarca desde la publicación de operativos diarios, como este 9 muertos y 50 detenidos tras despliegue de OLP en Los Jardines de El Valle, hasta la elaboración de la investigación OLP: la máscara del terror oficial en Venezuela, que está citada en el informe de la misión. Este reportaje además obtuvo el primer lugar en el premio Ipys de periodismo de investigación de Venezuela y diversos reconocimientos internacionales.

En 2019 RunRun.es publicó un trabajo en el que habla sobre el actual jefe de las Faes, a quien se le señala de haber sido miembro de un colectivo, el comisario Miguel Domínguez, quien fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos. 

El informe también hace referencia a una investigación sobre la doble función del líder de un colectivo, que también formaba parte de la Faes, y murió en el mismo procedimiento donde fue ejecutado el exinspector del Cicpc, Oscar Pérez, el 15 de enero de 2018 en El Junquito.

Para documentar la realidad de las zonas de paz se citan algunos trabajos publicados sobre la Cota 905

La masacre de Barlovento, llevada a cabo en octubre de 2016, fue documentada en dos trabajos

Las masacres cometidas por funcionarios policiales incluyen pero no se limitan a: 

En el marco de las protestas de 2014 y 2017 también se reportaron excesos policiales que conllevaron a la muerte de cientos de venezolanos. Algunos trabajos publicados en RunRun.es son: 

Desapariciones forzadas: se los llevan y no se sabe nada de ellos

En la masacre de de Barlovento (octubre de 2016), los cuerpos de los fallecidos fueron hallados 10 días después de haber salido de sus casas y 40 días después de haber sido detenidos, respectivamente. En este trabajo se resumen las similitudes de ambos eventos. 

La Misión concluyó que la masacre de Barlovento estuvo precedida por la desaparición forzada de las víctimas.

Detenciones arbitrarias: no hay orden judicial

Las detenciones arbitrarias documentadas en el informe desde el año 2014 también han sido investigadas y reportadas en RunRun.es. Algunos artículos citados en el informe o que tratan el tema son los siguientes: 

Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes 

El cuarto delito de lesa humanidad identificado en el informe de la misión de la ONU también ha sido investigado en RunRun.es. 

Tanto el Sebin como la Dgcim han recibido múltiples denuncias de ser órganos policiales que utilizan la tortura, los tratos cureles y degradantes como prácticas comunes en sus intalaciones. 

Tal señalamiento se evidenció en el siguiente trabajo, en el que se detallan las versiones oficiales y contradictorias sobre la muerte del concejal y defensor de derechos humanos, Fernando Albán, quien cayó del piso 10 de la sede del Sebin, ubicada en Plaza Venezuela. 

También hay por lo menos dos trabajos en los que se documenta la cohersión y tratos crueles a detenidos en Venezuela: 

El informe hace énfasis en las violaciones sistemáticas de derechos humanos que comenzaron a ocurrir luego de los hechos del 12 de febrero de 2014. Sobre el tema, RunRun.es realizó un especial a un año de los acontecimientos, en el que detalla quiénes son los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado involucrados en el uso excesivo de la fuerza, y el estatus de impunidad de esa investigación judicial. También un trabajo sobre la conspiración entre el Sebin y los colectivos en esa fecha. 

#EnchufaDÍN | Felicita a Delcy Rodríguez por su nuevo cargo
La vicepresidenta ahora también será la ministra de Economía

Delcy Rodríguez sigue sumando cargos dentro de la administración de Nicolás Maduro, quizás porque la crisis en el país aumenta. Además de ser vicepresidenta y la persona encargada de ofrecer -con muchas dudas- los datos de COVID-19 diariamente, también tendrá la oportunidad de  maquillar las cifras en el Ministerio de Economía.

Traición a la patria y rebelión son los delitos más comunes en los 110 “indultados”
En Venezuela el juzgamiento de civiles por tribunales militares se ha convertido en una práctica generalizada desde 2014. 

Por: Saraí Coscojuela @saracosco y Gabriela Henríquez @gchenriquez1 // Diseño: Abrahan Moncada @Monkda92 

El médico traumatólogo, José Alberto Marulanda, pasó dos años en Ramo Verde, luego de ser imputado por los delitos de instigación al odio y traición a la patria. El 20 de mayo de 2018 funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo llevaron detenido y el pasado 1 de septiembre salió en libertad, luego de que Nicolás Maduro otorgara la medida de “indulto” a 110 ciudadanos.

Marulanda además, como relata El Pitazo, fue imputado por un tribunal militar y su “pecado” fue mantener una relación sentimental con una oficial, que presuntamente, participó en reuniones para llevar a cabo un levantamiento militar en contra del gobierno de Maduro.

Pero Marulanda no es el único imputado por “traición a la patria”. A partir de una base de datos realizada por RunRun.es, se determinó que 21% (24) de los liberados esta semana, fueron acusados de ese delito y 23% (25) lo fue por “rebelión”. 

La traición a la patria está contemplado como delito tanto en el Código Penal como en el Código Orgánico de Justicia Militar. En ambos la pena es la misma, máximo 30 años y además en el primero, según el artículo 128, los ciudadanos no tienen derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena.

En el Código Militar se establece que los funcionarios castrenses serán sancionados con las penas de expulsión de la Fuerza Armada, previa degradación o anulación de clases según sea el caso.

En cuanto al delito de rebelión, solo está contemplado en el Código Orgánico de Justicia Militar, pero según el artículo 486 “la rebelión es un delito militar aún para los no militares” si incurren en circunstancias como que los “rebeldes” estén bajo el mando de militares, que formen partidas militarmente organizadas y compuestas por más de 10 individuos o que aún siendo de menos de 10 personas, existan en otros puntos de la República partidas o fuerzas que se propongan para el mismo fin.

Ensañamiento contra los diputados y dirigentes

De las 24 personas acusadas de traición a la patria 21 son diputados de la Asamblea Nacional, y también 21 de los acusados de rebelión son parlamentarios. 

En la mayoría de estos casos, los diputados no fueron procesados por tribunales ya que se fueron al exilio o decidieron resguardarse en embajadas de otros países, ubicadas en Venezuela. 

Este fue el caso de Mariela Magallanes, diputada por el estado Aragua, que primero se refugió en la embajada de Italia y luego de siete meses, fue desterrada -al igual que Américo De Grazia- y abandonó el país para irse a Italia. También Freddy Guevara, diputado por el estado Miranda, asilado en la embajada de Chile. 

En los casos de los diputados Renzo Prieto, Gilber Caro y Antonio Geara, la suerte fue distinta. A Prieto le imputaron delitos de financiamiento de terrorismo, promoción del odio y asociación para delinquir; a Caro lo llevaron a un tribunal con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, pero nunca se informó formalmente cuáles fueron los delitos imputados; y a Geara los delitos de tenencia de artefactos explosivos, tráfico de armas de guerra y legitimación de capitales. 

Otro caso emblemático fue el del sindicalista Rubén González, a quien se le imputaron los delitos de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional, el pasado 30 de noviembre de 2018 en un tribunal militar. Luego el 13 de agosto de 2019 fue condenado a 5 años 9 meses de cárcel por el Tribunal Militar 5to de Control de Maturín. 

Esta fue su segunda condena, ya que en 2017 había recibido una pena de siete años, seis meses y dos días de prisión. Sin embargo, dos días después fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia. 

“Justicia” militar

En un informe hecho por la Comisión Internacional de Juristas, en Venezuela el juzgamiento de civiles por tribunales militares se ha convertido en una práctica generalizada desde 2014. 

“Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017, más de 600 civiles detenidos en el contexto de protestas y marchas estaban siendo procesados por tribunales militares, acusados de delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, como los de “rebelión” y “traición”, explicaron. 

En el artículo 261 de la Constitución se establece que la jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial. “La comisión de delitos comunes, violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.

Igualmente en el artículo 49, numeral 4, se indica que toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias. 

Incluso en la sentencia 403 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, del 16 de noviembre de 2017 y con ponencia del presidente del TSJ, Maikel Moreno, se indicó que “la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares, debiendo limitarse a los denominados delitos propiamente militares”.

Dos sentencias con afirmaciones parecidas se publicaron el pasado 30 de julio. Igualmente la Sala de Casación Penal, estableció en las sentencias 70 y 71 que “el juez militar no es el juez natural para el procesamiento penal de civiles, en razón de no reunir los requisitos constitucionales y legales para el sano desempeño de la función jurisdiccional, respecto a los no militares y menos aún en delitos distintos a la naturaleza militar, en el entendido que la jurisdicción militar tiene como propósito el mantenimiento del orden y la disciplina dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del juzgamiento de los delitos castrenses cometidos por militares en funciones”.

Causas de Maduro

Del total de personas que recibieron “indultos”, 11 son mujeres y 99 son hombres, todos son civiles y las causas comenzaron entre 2016 hasta este año. De 2016 se “indultaron” a 5 personas, todos fueron dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática y se les prohibió salir del país.

En cambio, 7 personas con causas abiertas desde 2017 recibieron la medida. De 2018 son 13 los que recibieron “indulto”, y fueron imputadas o perseguidas por delitos de traición a la patria, rebelión, fabricación de explosivos o ultraje al centinela.

De 2019 el total de indultados es 16, siendo la mayoría diputados de la Asamblea Nacional, a quienes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en conjunto con la constituyente, empezaron a allanar la inmunidad, luego del intento de alzamiento militar del 30 de abril. 

32 ciudadanos recibieron la medida de “indulto”, que además fueron detenidas o perseguidas durante este año. Allí destacan los casos del politólogo Nicmer Evans, imputado por instigación al odio, además de los periodistas Mimi Arriaga y Marco Aurelio Antoima, acusados de manejar cuentas anónimas en Twitter.

Igualmente allí se cuenta el caso del profesor universitario, Fernando Marcano, imputado también de instigación al odio luego de publicar una queja en su cuenta de Facebook, por la fallas de servicios en Nueva Esparta. 

#EnchufaDÍN | Felicita a Jacqueline Faría por su nuevo cargo
Faría regresa al cargo de jefa de gobierno de Distrito Capital

Jacqueline Faría es ingeniera especializada en hidráulica, pero ha desempeñado diversos cargos como presidenta de Movilnet, Cantv, ministra de Comunicación y el más polémico, jefa de gobierno de Distrito Capital, inventado por Hugo Chávez en 2009, luego de que Antonio Ledezma ganara la Alcaldía Metropolitana. Tras la muerte de Darío Vivas por COVID-19, Faría regresa a ese puesto, donde se encargará de que todo en la capital siga igual, incluso el río Guaire. 

Jacqueline Faría

La cúpula chavista no cumplió con la “cuarentena radical”
Desde el 9 de julio hasta el 20 de agosto, se han confirmado 34 casos de COVID-19 entre funcionarios de la administración de Maduro
La lista ha ido creciendo y los últimos en confirmar su diagnóstico han sido Rafael Lacava y Antonio “Potro” Álvarez

Por: Saraí Coscojuela @saracosco y Gabriela Henríquez @gchenriquez1 // Imagen e infografía: Mayerlin Perdomo. 

165 días después de que Venezuela reportara oficialmente sus primeros casos de COVID-19, altos funcionarios de la cúpula del chavismo hicieron público su contagio de la enfermedad.

Luego de ausentarse de su programa Con El Mazo Dando por una supuesta alergia, Diosdado Cabello informó el 9 de julio, en su cuenta de Twitter, que después de realizarse la prueba, dio positivo para COVID-19. 

Ese mismo día le siguió los pasos el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, quien además reconoció, igualmente en su cuenta de Twitter, que es un riesgo que corren los médicos, enfermeros y bomberos. 

En una base de datos hecha por RunRun.es se determinó, a partir del seguimiento de las actividades públicas de los dirigentes, que hasta el momento 34 funcionarios del chavismo se han contagiado de coronavirus y 3 de ellos han fallecido: Darío Vivas, jefe del gobierno de Distrito Capital; el cónsul de Venezuela en Brasil, Faustino Forella; y Orlando Rondón, secretario de administración de la gobernación de Vargas.

Darío Vivas además fue uno de los chavistas que se mantuvo más activo antes de confirmar su contagio el 19 de julio. Estuvo haciendo recorridos en distintas parroquias de Caracas, en jornadas de pesquisaje, entregando insumos médicos, jornadas de desinfección y perifoneo para llamar la atención sobre las medidas de prevención para evitar el contagio.

Igualmente sostuvo encuentros con el ministro de Salud, Carlos Alvarado y la alcaldesa del municipio Libertador, Érika Farías el pasado 6 de julio, para discutir sobre la pandemia en Caracas. En una de las imágenes publicadas en su cuenta de Twitter, se ve sin tapabocas. 

Vivas también era acompañado, en algunas de estas actividades, por el constituyente Juan Carlos Alemán, quien confirmó su contagio el 19 de julio y el 1 de agosto aseguró que ya le habían dado el alta médica. 

Alemán tuvo varias actividades de calle antes de confirmar la enfermedad. El 25 de junio estuvo en un acto con el embajador de Irán en Caracas, Hojjatullah Soltani. El 1 de julio estuvo con Darío Vivas en las parroquias de Santa Teresa y San Pedro en un trabajo de asfaltado de calles.

Venezuela agradece al hermano pueblo de Irán por los lazos de hermandad, solidaridad y cooperación, fortaleciendo…

Posted by Aleman72psuv on Thursday, 25 June 2020

El 3 de julio estuvo con Vivas en una jornada de supervisión de una planta de asfalto. Otro contacto que tuvo Alemán fue con Gladys Requena, el 8 de julio, en una entrevista en el Palacio Federal Legislativo para ANTV. 

Siguen las reuniones

El primero de los funcionarios del chavismo en confirmar que se contagió fue el presidente de la anc, Diosdado Cabello. 

Dos semanas antes había estado en la sesión de la Constituyente para discutir sobre la Guayana Esequiba y las sanciones de la Unión Europea. Durante la reunión, Cabello se quitaba el tapabocas de vez en cuando, a su lado estaban Gladys Requena y Tania Díaz.

Luego, el 7 de julio, estuvo reunido con el embajador de Sudáfrica, Joseph Nkosi y al día siguiente informó que no podía hacer el programa de televisión por una “alergia”. Ese mismo día Omar Prieto también confirmó su diagnóstico. 

Antes de informar del contagio, Prieto estuvo reunido con Pedro Carreño, Mervin Maldonado, José Vielma Mora y Carlos Ríos Urbano, comandante de la Zodi en Zulia, quien también anunció su contagio el 16 de julio. Ríos Urbano estuvo presente en el acto del 5 julio al cual asistió también el MG Ovidio Delgado Ramírez, quien informó de su contagio el 31 de julio. 

El gobernador se reunió además con Gerardo Márquez, constituyente que también se contagió de COVID-19 y lo notificó el 11 de julio. Márquez asistió a las reuniones de Omar Prieto y también se encontró con la ministra de Pueblos Indígenas, Aloha Nuñez, el 27 de junio. 

El vicepresidente para el área económica de Venezuela, Tareck El Aissami, informó el pasado 10 de julio, que habría resultado positivo para la prueba de COVID-19. Tan solo cinco días antes, el 5 de julio, el funcionario había estado junto a Nicolás Maduro Moros para indicar los protocolos sanitarios en empresas en donde se habían presentado focos de coronavirus. 

11 días antes se reunió con Jorge Arreaza, canciller de Venezuela; Simón Zerpa, presidente del Banco Central de Venezuela (BCV); Rander Peña, viceministro de la cancillería venezolana; y Raúl Dicaussi, secretario de Petrocaribe, en el marco de una reunión para el relanzamiento de Petrocaribe y del Banco del Alba. Ya para el 23 de julio El Aissami informó que estaba recuperado. 

El foco de VTV

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez informó en su cuenta de Twitter que 45 trabajadores de Venezolana de Televisión (VTV) fueron diagnosticados con COVID-19, incluyendo al presidente Freddy Ñañez. 

El 21 de julio el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que los empleados se encontraban “presos” dentro del canal.

“Trabajadores de VTV que dieron positivos en pruebas de COVID-19 denuncian estar presos en el canal. Algunos duermen en el piso porque no hay suficiente espacio, otros en un sótano sin señal y sus familiares no pueden hablar con ellos”, afirmó el sindicato en su cuenta en Twitter.

Sin embargo al día siguiente, VTV sacó una nota en su página web en la que aseguró que los trabajadores reciben el tratamiento y la atención médica. En un video difundido por Carlos Carreño, empleado de VTV, indicó que se encontraban en el edificio del canal, pero con todos los elementos como comida, medicinas, colchonetas, garantizados. 

Para ese momento Diosdado Cabello y Fidel Madroñero, quienes tienen programas en la planta televisiva, habían anunciado su diagnóstico, al igual que Carolys Hernández, quien además de constituyente es productora del programa de Cabello.

Madroñero estuvo reunido con Nicolás Maduro Guerra, Rodolfo Crespo, Pedro Infante y Héctor Rodríguez el 9 de julio. El encuentro quedó sellado con una foto, en la que todos usan tapabocas, pero se abrazan. Rodríguez también se contagió de COVID-19 y lo informó a través de un video publicado en sus redes sociales el 23 de julio. 

En aumento casos del chavismo

En la lista de funcionarios del chavismo que se han sumado el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, el alcalde del municipio Sucre en Miranda, José Vicente Rangel Ávalos, el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro; el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez; el alcalde de Carrizal, Farith Fraija; el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava y el presidente del Poliedro de Caracas, Antonio “Potro” Álvarez.

Álvarez además fue designado por Nicolás Maduro como encargado del hospital de campaña instalado en el Poliedro, para tratar pacientes asintomáticos. “Te encargo la salud del pueblo”, le dijo Maduro el 1 de agosto.

Días después, en una entrevista en el programa de Kiko Bautista en Globovisión, Álvarez respondió a las críticas que recibió por este nombramiento, indicando que “yo no soy médico pero Guaidó no es presidente”. 

Sin embargo, el “Potro” no está internado en el Poliedro y notificó que está en el hospital de Fuerte Tiuna, porque sí presenta síntomas. 

A la fecha de publicación de este trabajo son 34 los funcionarios del chavismo que han resultado positivo para COVID-19. Para determinar con quiénes se reunieron los afectados RunRun.es hizo una revisión de sus redes sociales 15 antes de haber confirmado que tenían el virus. En este trabajo se muestran los funcionarios que asistieron a un mayor número de actividades públicas y estuvieron en contacto con otras personas. 

#EnchufaDÍN | Felicita a Sandra Oblitas por su nuevo cargo
Oblitas ahora es la rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela

Por 15 años Sandra Oblitas se desempeñó en el Consejo Nacional Electoral donde incluso llegó a ser la vicepresidenta. Será recordada por poner trabas en la celebración de distintos comicios del país, tanto así que en 2017 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por estar presuntamente relacionada a fraudes electorales. 

Ahora ha llegado la hora de reinventarse y buscar nuevos aires como rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), aunque en su currículo no aparece la experiencia como profesora.

#EnchufaDÍN | Felicita a Aristóbulo Istúriz por su nuevo cargo
Istúriz será ahora el nuevo “protector” del estado Anzoátegui

Aristóbulo Istúriz pasó de ser un maestro y dirigente sindical a ser el patrón a través del Ministerio de Educación y de otros tantos cargos en la administración pública. Eso mismo se puede ver en su militancia partidista, ya que empezó en Acción Democrática y luego en cuatro partidos políticos más. 

Como la crisis del país afecta a todos los venezolanos, Istúriz también tuvo que rebuscarse y mientras sigue siendo ministro de Educación, también “protegerá” al estado Anzoátegui, desde una oficina cerca del Parque Nacional Mochima, donde pese a la crisis, todavía se pueden ver algunos yates navegando