Equipo de Investigación RR, autor en Runrun

Equipo de Investigación RR

#EnchufaDÍN | Felicita a Yelitze Santaella por su nuevo cargo
Yelitze Santaella gobernó durante dos períodos consecutivos el estado Delta Amacuro. Posteriormente, fue diputada hasta que obtuvo la gobernación del estado Monagas

Yelitze Santaella, administradora de profesión e integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que se inclina hacia la facción de Diosdado Cabello, gobernó durante dos periodos en el estado Delta Amacuro y, posteriormente, el estado Monagas. Ahora, asumirá el Ministerio de Educación, ente que asumirá con problemas estructurales sin solución anterior como los bajos salarios de los maestros y la decadencia en la educación en el país, que empeoró con la pandemia de COVID-19.

#EnchufaDÍN | Felicita a Remigio Ceballos por su nuevo cargo
El almirante Remigio Ceballos Ichaso es ahora el nuevo ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Remigio Ceballos Ichaso, quien fue edecán del fallecido presidente Hugo Chávez y forma parte de la casta militar del lado de Vladimir Padrino López, se ha destacado dentro de la las Fuerzas Armadas ocupando diversos cargos que van desde comandante del Ceofanb al último para el cual fue designado: ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz como sucesor de Carmen Meléndez. Ahora, tiene la tarea de ser la cara de un ministerio donde varios de sus representantes han estado salpicados con acusaciones de represión y ejecuciones extrajudiciales.

A Venezuela no le queda más que esperar por la decisión del nuevo Fiscal de la CPI
Según el abogado del Foro Penal, en Venezuela no hay un cambio de escenario, solo queda esperar a que el nuevo Fiscal de la CPI se pronuncie
Amnistía Internacional, Un Mundo sin Mordaza, Defiende Venezuela y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad esperan un rápido pronunciamiento de Karim Khan

Por: @yeannalyfermin y @Andrea_GP21

 

El pasado 15 de junio se esperaba que la exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) se pronunciara sobre el caso Venezuela I. Sin embargo, el hecho no sucedió. Fatou Bensouda no anunció si abriría o no una investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad que cometieron las fuerzas de seguridad del Estado, durante las protestas de 2017 en contra del gobernante Nicolás Maduro.

El Caso Venezuela I se encuentra actualmente en la fase III, y fue en diciembre de 2020 que Bensouda informó que tras llevar a cabo un examen preliminar, se encontraron fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno cometieron crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos”. 

El avance del caso hacia la fase IV, está ahora en manos del nuevo Fiscal de la CPI, el británico Karim Khan y para ello, no hay límites temporales establecidos, esto puede tardar días, meses y hasta  años. 

Gonzalo Himiob Santomé, abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), afirmó que la situación del Caso Venezuela I, está exactamente igual a como estaba hace dos semanas. 

“El examen preliminar sobre el caso Venezuela I sigue en curso. No hay plazos establecidos para que los exámenes preliminares terminen, así que lo que le toca hacer al nuevo fiscal es recoger toda la información, todas las evidencias que se han aportado y tomar la decisión, pero para la toma de esta decisión no hay plazo, estamos en la misma situación. No hay cambio de escenario”, afirmó Himiob. 

 

Sobre el pronunciamiento del nuevo Fiscal Karim Khan, Himiob aseguró que sí debe pronunciarse en cualquier momento. “En principio uno pudiera anticipar que ya hay suficientes elementos para que se solicite a la sala de cuestiones preliminares la apertura formal de una investigación, pero estas evidencias, documentos e investigaciones entregados previamente, deben ser evaluados por el fiscal para tomar una decisión, pero para esto, no hay límites temporales”

A juicio del abogado y director de la ONG Defiende Venezuela, Carlos Briceño, “viene una etapa donde todavía el Estado tiene múltiples facultades procesales de las cuales probablemente va a hacer uso para tratar de suspender la investigación o de retrasarla considerablemente, por lo que vamos a estar en un periodo de meses o años en los cuales se van a estar debatiendo estos asuntos preliminares de admisibilidad antes de que podamos ver casos concretos y escenarios efectivos a las intereses de la justicia que son los que la sociedad civil se ha estado imaginando”.

Gonzalo Himiob afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro seguirá esforzándose en demostrar que en Venezuela están dadas las condiciones para investigar hechos como si se tratasen de crímenes de lesa humanidad lo cual es totalmente falso.

“No es cierto que en Venezuela haya la independencia y la imparcialidad judicial que se necesita para establecer este tipo de responsabilidades, tampoco existe un marco legal completo que permita que se investiguen los hechos como crímenes de lesa humanidad y eso impide que definitivamente la jurisdicción venezolana pueda conocer de estos sucesos”, aseguró el abogado del Foro Penal. 

Piden el pronunciamiento de Khan

Luego de que el mundo se quedara esperando por el pronunciamiento que realizaría Fatou Bensouda sobre el Caso Venezuela I, varios organismos, instituciones y personalidades políticas se pronunciaron para pedirle a Karin Khan, que lo antes posible anuncie la decisión del caso. 

Es el caso de la organización mundial pro derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), quien a través de una carta instó al nuevo Fiscal de la CPI a tomar una decisión lo antes posible sobre el examen preliminar por los supuestos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela.

La secretaria general de AI, Agnés Callamard, le pidió a Kahn que no siga sometiendo a las víctimas a la incertidumbre de un examen preliminar interminable. 

“En Venezuela, AI ha documentado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y muertes causadas por fuerza excesiva por parte de agentes del gobierno o grupos de civiles armados progubernamentales, muchos de los cuales la Fiscalía ya ha concluido que constituyen crímenes de lesa humanidad, y esperábamos para hoy -15 de junio- una decisión de su oficina que concluya su examen”, afirmaba la misiva.

 

Organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos en Venezuela como Un Mundo sin Mordaza, Defiende Venezuela y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, a través de un comunicado expresaron que están expectantes sobre cualquier anuncio de Karim Khan sobre el caso. 

“Estamos expectantes al anuncio y continuaremos adelante con la labor que nos caracteriza que no es más que un compromiso indeclinable de apoyo a todas las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos, como son los presuntos crímenes de lesa humanidad que se encuentran bajo examen preliminar”, se lee en el comunicado.

“Esperamos que el nuevo fiscal asuma con responsabilidad esta tarea, la de investigar qué es lo que está pasando en el caso Venezuela I y tomar su resolución a la brevedad posible”, expresó Gonzalo Himiob. 

El comisionado para las Relaciones Exteriores del equipo de Juan Guaidó, Julio Borges, se pronunció a través de su cuenta en Twitter sobre el silencio de Bensouda y dijo que espera que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan acelere el proceso en el caso de Venezuela.

Parece fácil, pero no es

Que la exfiscal Fatou Bensouda no se haya pronunciado sobre el Caso Venezuela I, no significa que el trabajo que ya lleva adelantado la CPI sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad se haya perdido. Aún queda un largo y engorroso camino por recorrer que, como afirmaba Himiob y Briceño, puede tardar años. 

La decisión está ahora en manos de Karim Khan, quien según un análisis de EFE, tiene en principio, dos posibles salidas: clausurar el expediente o convertir el actual examen preliminar en una investigación por crímenes de lesa humanidad.

La situación, ahora, depende de la Sala de Cuestiones Preliminares, pues los elementos obtenidos hasta el momento deben ser presentados ante la misma y esta debe decidir  si la información presentada cumple con las condiciones para comenzar una investigación que resulte en un juicio penal, lo que sería la fase IV. 

De Khan avanzar en el Caso Venezuela I, allí se decidirá si se procede a la recolección de pruebas, citación de testigos, realización de cuestionarios a los acusados, exhumación de cadáveres, y cualquier otro elemento de investigación criminalística que respalde las denuncias presentadas.

Pese a esto, el Caso Venezuela I también podría enfrentarse a otras limitaciones propias de la CPI. Una de ellas es que la Corte no tiene fuerza propia policial y depende de la cooperación de los Estados para implementar las órdenes de arresto que emite. 

Otra limitación es que la cooperación de los Estados es de suma importancia para las investigaciones. Si los Estados no facilitan el proceso de investigación a la Corte, esta no puede realizar su trabajo. 

 

Son los Estados Partes los que aprueban el presupuesto de la CPI. Los mismos tienen la responsabilidad de decidir el aumento o no del presupuesto, esto interfiere principalmente en que la Fiscalía debe decidir qué casos son prioritarios. 

Desde su creación y puesta en funcionamiento en el año 2002, la CPI ha iniciado 14 investigaciones, mantiene seis exámenes preliminares abiertos: Bolivia, Colombia, Guinea, Filipinas y dos en Venezuela, y ha dictado 36 órdenes de arresto.

Una de las últimas sentencias que ha emitido la CPI fue en el año 2008, contra el expresidente de Sudan, Omar al-Bashir, -el primer jefe de Estado que es señalado de crímenes de lesa humanidad estando en funciones- pero cuyo juicio se ha retrasado por su capacidad de evadir la justicia (dos órdenes de arresto en una década).

A pesar de haber sido derrocado del poder el abril de 2019, y que la actual junta de gobierno del país acordó entregarlo a la CPI en La Haya en febrero de 2020, la pandemia los obligó a retenerlo en Sudán y forzar el juicio en el país africano.

Otro caso donde la CPI se ha tardado para ejercer es el caso de Colombia y el conflicto interno que vivieron por unos 40 años, y que permanece aún en la etapa de investigación desde 2004.

Caso Venezuela I a la espera de la decisión de la Corte Penal Internacional
La Fiscal saliente de la Corte Penal Internacional debe pronunciarse sobre el Caso Venezuela I que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país durante las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro
De iniciarse la fase IV en Venezuela, el Gobierno de Maduro tiene en sus manos múltiples recursos para tratar de suspender la investigación o de retrasarla
El 13 de febrero del año 2020, el canciller chavista, Jorge Arreaza, denunció a los Estados Unidos ante la CPI por crímenes de lesa humanidad, debido a las sanciones económicas impuestas a su país

Por: @Andrea_GP21 y @yeannalyfermin

 

Venezuela está a la expectativa de la decisión que podría emitir la saliente Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda, sobre el caso Venezuela I. 

Teniendo en cuenta que el 15 de junio termina su período, se espera que antes de esa fecha Bensouda haga públicos “los nuevos hallazgos” que su Oficina ha adelantado sobre el caso, y también que informe si se abrirá o no una investigación en Venezuela por los presuntos crímenes de lesa humanidad que cometieron las fuerzas de seguridad del Estado, durante las protestas de 2017 en contra del gobernante Nicolás Maduro.

El próximo pronunciamiento de Bensouda sobre el Caso Venezuela I, el cual se encuentra en fase 3, es uno de los más importantes, pues con el avance hacia la fase 4, la Fiscalía deberá abrir una investigación formal en contra de individuos concretos, con lo que Nicolás Maduro podría convertirse en el primer presidente latinoamericano en ser investigado por la Corte Penal Internacional. 

En diciembre de 2020, Fatou Bensouda informó tras llevar a cabo un examen preliminar sobre el Caso Venezuela I, que se encontraron fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”. 

El pasado 8 de junio, y a pocos días de entregar su cargo, Bensouda en declaraciones a EFE, afirmó que las pesquisas de la Fiscalía de La Haya “han avanzado significativamente”. Aseguró también que “el asunto está ahora a la espera de los jueces y que no hay mucho más que pueda decir”.

Un proceso largo

La Fiscalía de la CPI ha recibido denuncias sobre violaciones a los derechos humanos desde el año 2014, pero la gestión de Bensouda se ha centrado en investigar el uso de la fuerza por parte del gobierno oficialista para reprimir las manifestaciones ocurridas desde abril del 2017.

El motor de estas denuncias ha sido La Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Lima, varias organizaciones no gubernamentales (ONG), diputados, dirigentes opositores venezolanos, la fiscal destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz, entre otros.

Hay una serie de antecedentes y eventos que ocurrieron a lo largo de los años, los cuales permitieron visibilizar todas estas denuncias ante la CPI, incluyendo las que ha presentado el gobierno de Nicolás Maduro.

El equipo de Runrun.es elaboró una línea de tiempo para detallar cada uno de estos eventos, que incluso datan de cuando Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, todavía se encontraba en el poder.

 

Tres escenarios 

La tarde de este lunes, 14 de junio, se esperaba que la fiscal Bensouda se pronunciara sobre el Caso Venezuela I, como sí lo hizo con el caso Filipinas. 

A juicio del abogado y director de la ONG Defiende Venezuela, Carlos Briceño, después de esto, se pueden generar, ahora, tres escenarios para Venezuela.

Un primer escenario sería que este 15 de junio, último día de Bensouda en el cargo, anuncie que se abrirá una investigación formal contra los supuestos responsables de crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma.

De iniciarse la investigación formal, el abogado explicó que la Fiscalía puede realizar investigaciones más detalladas sobre los hechos, visitar el país en cuestión para recabar evidencias y dependiendo de los hallazgos, se puede solicitar una orden de comparecencia o arresto en contra de los individuos señalados.

 

Luego de la identificación del presunto responsable y su eventual captura, la Fiscalía debe presentar los cargos y delitos que se le imputan para dar inicio a la fase de juicio.

Un segundo escenario para el Caso Venezuela I sería que el examen no se abra. Con esto no significa que el examen terminó, significa que con la llegada de Karim Kahn, el grupo de trabajo de la Asamblea de Estados Partes deberá seguir trabajando en el caso, tratando de modificar las políticas de la Corte Penal Internacional en materia de Examen preliminar. La opinión pública jugará un papel importante.

Un tercer escenario sería la dilación del caso. Carlos Briceño explicó que el silencio de Bensouda podría deberse a los recursos introducidos por el Gobierno venezolano, específicamente por Tarek William Saab, en donde el fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, el pasado 25 de Mayo envió una Solicitud de Control Judicial ante la Sala de Cuestiones Preliminares, “para que se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase del examen preliminar y corrija el trato desigual que se le da a los países afectados, que en el caso de Venezuela, está siendo paradigmático”.

Luego, el 9 de junio Saab pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que convoque una reunión con las partes, «de conformidad con la norma 30 del Reglamento de la Corte”, lo que a su juicio constituía “una oportunidad única para que se contribuya a asegurar que el trato que se dé a los países objeto de un Examen Preliminar sea justo e igualitario”.

“Se puede decir que la táctica del Estado venezolano de solicitar este recurso de interpretación ya sobre el final del examen preliminar, ha logrado dilatar la apertura de la investigación y lo más probable es que la apertura no se produzca en el periodo de la fiscal Bensouda que termina mañana, sino que esto se retrasaría hasta que asuma el nuevo Fiscal Karim Khan”, explicó Briceño.

 

El abogado afirmó que incluso si se da la apertura de la investigación, todavía el Gobierno de Nicolás Maduro puede, basándose en el artículo 18 del estatuto de Roma, pedirle a la Fiscalía que se inhiba de iniciar las labores investigativas demostrando (como lo ha venido haciendo con las decisiones sobre los casos del concejal Fenándo Albán y del joven juan Pernalete) que tiene capacidad para investigar, juzgar y que se encuentran haciendo las investigaciones pertinentes.

Sobre la solicitud de inhibición que puede hacer el Estado, la Fiscalía de la CPI puede negarse, pero tendría que ir a la Sala de Cuestiones Preliminares para que la misma la autorice a continuar investigando sin inhibirse. “Hay un lapso de un mes que se le da al Estado después de iniciada la investigación para pedirle a la fiscalía la inhibición, es decir, para que no avance en la investigación demostrando que tiene la capacidad para juzgar él mismo los crímenes”, expresó el director de Defiende Venezuela.

Lo peor para Venezuela I

Carlos Briceño afirmó que si la investigación continúa, bien porque la Fiscalía le pida a la sala de cuestiones preliminares que la exima de inhibirse demostrando que el Estado realmente no tiene la capacidad y voluntad de juzgar, pasaría que, de acuerdo al artículo 19 del Estatuto de Roma, pudiera controlar la admisibilidad de la situación, es decir, que pudiera demostrar que tienen la capacidad para investigar los crímenes de forma genuina.

“Viene una etapa de comienzo de investigación donde todavía el Estado tiene múltiples facultades procesales de las cuales probablemente va a hacer uso para tratar de suspender la investigación o de retrasarla considerablemente, por lo que vamos a estar en un periodo de meses o años en los cuales se van a estar debatiendo estos asuntos preliminares de admisibilidad antes de que podamos ver casos concretos y escenarios efectivos a las intereses de la justicia que son los que la sociedad civil se ha estado imaginando”, aseguró el abogado.

El peor escenario para Venezuela es que se retrase el examen, incluso si la sala de cuestiones preliminares no falla a favor de Venezuela y no se establece el deber de la Fiscalía de continuar en el examen preliminar para que el Estado venezolano juzgue los crímenes ya esté habrá conseguido retrasar la apertura de la investigación lo que podría traducirse en varios meses o incluso años.

Caso Venezuela II

El 13 de febrero del año 2020, el canciller chavista, Jorge Arreaza, denunció a los Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, debido a las sanciones económicas impuestas a Venezuela.

Posteriormente, el 17 de febrero del 2020, la Fiscalía notificó a la Presidencia de la CPI la recepción de la remisión. En la notificación, la presidencia señaló que las dos remisiones relacionadas con Venezuela que la Fiscalía había recibido parecían superponerse geográfica y temporalmente, y podrían por consiguiente ser asignadas a la misma Sala de Cuestiones Preliminares, “pero que esto debía ser sin perjuicio de una posterior determinación acerca de si el referido alcance de las dos situaciones está suficientemente conectado para constituir una única situación”.

De acuerdo con un informe de la CPI, la remisión afirma que puesto que las medidas adoptadas por los Estados Unidos tienen consecuencias sobre el territorio de un Estado Parte (Venezuela), “la CPI puede ejercer su competencia territorial respecto de los presuntos crímenes de competencia de la CPI en relación con la situación imperante en el territorio de Venezuela”.

 

“La remisión señala que las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos constituyen un ataque generalizado o sistemático a una población civil, en los términos del párrafo 1 del Artículo 7 del Estatuto de Roma”, explica el informe.

Al recibir la remisión, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició un examen cuidadoso e independiente de la información suministrada por el gobierno de Venezuela. “La Fiscalía se ha centrado durante este período en la recolección de información relevante para la situación, tal como está definida en la remisión, con respecto a los elementos específicos de los crímenes del Estatuto de Roma, con el objetivo de informar su análisis material”, señala el informe de la CPI.

En tal sentido, la CPI informó que tiene la intención de concluir su análisis de la competencia material durante la primera mitad de 2021, con el objetivo de determinar si existe fundamento razonable para proceder a un análisis sobre admisibilidad.

Reporte Venezuela II by Andrea González Parra on Scribd

Ciclismo en el Ávila: una amenaza al patrimonio natural con aprobación de Inparques
Las bicicletas en el  Waraira Repano están prohibidas con justificación: degradan y deterioran el Parque Nacional, sostienen los ambientalistas. A pesar de ello, Enduro Series Venezuela se encargó de organizar una competencia que contaría con la participación de 150 ciclistas y la aprobación Inparques. ¿Qué intereses hay detrás de la competencia prohibida?

María Josefa Maya y Valeria Pedicini

La carrera de bicicletas montañeras que se realizaría en el Parque Nacional Waraira Repano (El Ávila) a mediados de marzo de 2021 se tropieza con varias contradicciones.

No solo se trata de un evento deportivo que subvierte el reglamento que rige al monumento natural sino que también cuenta con la aprobación de las autoridades de Inparques, organismo oficialmente encargado de velar por el cumplimiento de la normativa y proteger a la montaña que identifica a Caracas. 

En el camino, el organismo ha aprovechado la competencia para agilizar las discusiones para modificar el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional El Ávila (PORU), saltándose procedimientos contemplados en la ley y con la evidente intención de permitir a los ciclistas en la zona sin importar el daño que su existencia causen en la naturaleza. 

*La carrera ciclística fue organizada por una empresa privada, cuyos propietarios reconocen la ilegalidad del uso de las bicicletas en la montaña caraqueña pero defienden su formalización para dejar de prestar servicio a unos pocos y convertirse en un bien común, alegan. Se trata de una compañía con un nombre de pasado dudoso: fue fundada por un empresario prófugo de la justicia venezolana imputado por corrupción, un militar del Ejército contratista del Estado y un comerciante de insumos médicos.

¿Qué se pretendía hacer? 

Una carrera de bicicletas de montaña, organizada por Enduro Series Venezuela, pretendía poner a competir en la primera válida a 150 ciclistas por más de cuatro horas en 20 kilómetros de recorrido en el Parque Nacional Waraira Repano el viernes 19 de marzo de 2021. Serviría como clasificatorio para participar en el mundial de Enduro World Series (EWS)

Las inscripciones de 80 dólares se agotaron días antes de la competencia, mientras que una decena de patrocinantes como Scott Venezuela, Pedal Power, Redbull, Gatorade y Alimentos Mary adornaban los afiches de promoción del evento.

A ninguno parecía importarle que las bicicletas están prohibidas en El Ávila.

Según el decreto 276 del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y el artículo 28.b numeral 9 del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional El Ávila (PORU), el uso de bicicletas no está permitido en el Waraira Repano. La medida está respaldada por la resolución N.° 00012 del 4 de marzo de 2011 del Ministerio del Ambiente que prohibió la actividad en parques nacionales y monumentos naturales.

Ecologistas denunciaron que todo un sendero fue ampliado para la carrera y se crearon plataformas cerca del Hotel Humboldt. Raíces, árboles, y cualquier elemento del entorno que fuese obstáculo fue eliminado. 

 
 
 
 
 
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Aunque la carrera fue pospuesta, nadie sabe hasta cuándo, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, el Observatorio de Ecología Política y grupos ecológicos como Café Naiguatá y Acampar Ávila señalaron que los ciclistas siguen rodando en el parque nacional a sus anchas con conocimiento de todos, incluso de las autoridades. 

En El Ávila es la cosa

Un mapa del Ávila decora una de las paredes de la tienda Scott Venezuela, ubicada en Las Mercedes, Caracas. En él están identificadas las zonas más emblemáticas de la montaña: Papelón, Refugio Matamoros, Pajarito, Piedra El Indio, Cachimbo, No te apures. Pero lo que más resalta del dibujo son las figuras de objetos que corresponden a la naturaleza del lugar: pequeñas bicicletas en una montaña en la que, en teoría, están prohibidas. 

Los dueños del negocio están al tanto de esta prohibición, pero eso no les ha impedido subir al Ávila en bicicleta cientos de veces desde hace un par de años. No solo lo han hecho como deportistas, sino que desde hace un tiempo promueven que cambie la ordenanza para que las competencias de ciclismo de montaña resulten beneficiadas.   

La carrera de ciclismo en el Ávila pospuesta fue planeada por Enduro Series Venezuela (ESV). Su portal web señala que es una organización con siete años de experiencia que se encarga de llevar a cabo una serie de carreras de montaña en modalidad de Enduro que sirven de trampolín para participar en el Mundial de Enduro. 

Enduro Series Venezuela y Scott Venezuela tienen algo en común: el mismo dueño, Sergio Martínez, quien también tiene una empresa más a su nombre: Pedal Power. 

La historia del nombre Pedal Power tiene como inicio el año 2005, cuando Francisco José Blasini, Juan Alberto Guerrero Martín y Nerni Johan Gamez Laya registraron la empresa Pedal Power C.A. La crearon con el objetivo de realizar la compra y venta al detal y mayor, importación y exportación de artículos deportivos, bienes y mercancía, según indica su expediente de registro mercantil.

Blasini es el accionista mayoritario con 3.400 acciones, equivalentes a 3.400.000 bolívares. Mientras que Gamez y Guerrero poseen 3.300 acciones cada uno, equivalentes a 3.300.000 bolívares. 

 
 
 
 
 
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Además de Pedal Power C.A, otras cuatro empresas están registradas bajo el nombre de Francisco Blasini: Chocodreamer Limited, Terre Primitive LTD, Montelmo Holding LTD, Droguería Corporación Medicatel C.A. 

Pero el empresario parece distar del espíritu deportivo: es un prófugo de la justicia venezolana. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó el 21 de diciembre la solicitud de extradición a Italia del venezolano Francisco José Blasini De Velazco, acusado de varios delitos relacionados con presunta corrupción en Petromonagas, una de las empresas mixtas que forman parte de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El caso que involucra a Blasini se basa en investigaciones hechas por el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades con la empresa Mabca 2001 C.A. Esta empresa estaba representada, entre otros, por Blasini y formó parte del proceso licitatorio efectuado bajo la modalidad de contratación directa relacionado con una adquisición de cabezales integrales de producción para la campaña de pozos nueva generación 2016 del Centro Operativo Petromonagas.

El segundo socio de Pedal Power C.A es el teniente coronel de la Fuerza Armada Bolivariana Juan Alberto Guerrero Martín, quien fue  director general de Administración y Finanzas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en 2007 y contratista del Estado. 

Guerrero es el vicepresidente de Inversiones GVE C.A que tiene como objeto principal la compra-venta, importación, exportación, elaboración, comercialización e inversión, planificación, supervisión de todo lo relacionado con la industria de la construcción y metalúrgicas. El estudio y construcción de obras civiles, eléctricas, mecánicas, metalúrgicas, sanitarias e hidráulicas, movimientos de tierra, carreteras, acueductos, puentes, vialidad, aceras, brocales, cloacas, parques, jardines, canchas, piscinas, urbanismos y viviendas. Esta empresa debe participar en el fondo social de PDVSA.

Nerni Gamez Laya es el tercer socio de Pedal Power C.A, quien  forma parte de la empresa Suministros Brío, C.A, una compañía de ingenieros consultores en Caracas que tiene como objeto la compra y venta, al mayor y al detal, de productos de computación y artículos de oficina en general. 

En el Registro Mercantil aparece otra empresa con similar nombre: Pedal Power Import C.A, creada en 2013 por Sergio Martinez y a Ricardo Rojas Rivero. Fue registrada con un capital de 200 mil bolívares y 20 mil acciones. Según Martínez, esta compañía fue disuelta en 2018. “En un momento importamos bicicletas. La cerramos hace como tres o cuatro años. No tiene que ver nada con Enduro Series. Enduro Series es una empresa que funciona por sí sola”, señaló. 

¿Cuál es la relación de Pedal Power C.A con la carrera del Ávila? Martínez señaló a Runrun.es que él compró la marca de Pedal Power «a sus antiguos dueños» a Blasini  y pasó a convertirse en Pedal Power Group. El portal web señala que es una empresa que se dedica a la importación y ventas al mayor de bicicletas, repuestos y accesorios relacionados con el ciclismo desde 2007. Además son los distribuidores exclusivos de la marca Scott en Venezuela. 

Documentos del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) indican que no existe ninguna marca en Venezuela registrada bajo el nombre de Pedal Power. Tampoco se encontró una marca registrada bajo el nombre de “Enduro Series Venezuela”. 

Martínez aseguró desconocer que los dueños originales de la empresa que lleva el nombre de Pedal Power, «la marca» que compró, eran Blasini, Guerrero y Gamez. 

Sin embargo, el número telefónico de contacto que aparece en el portal web de la carrera de Enduro Series Venezuela es el mismo de la tienda de bicicletas Scott Venezuela, ubicada en Las Mercedes. Y el RIF que muestra la puerta del local comercial pertenece a la empresa de Blasini y compañía.

Desde el 18 de mayo de 2021, pocos minutos después de que Runrun.es conversara con Martínez, no se puede acceder al portal de Enduro Series Venezuela, www.enduroseriesvenezuela.com. Hasta el momento de publicación de este trabajo, la página web continúa fuera de línea. 

Rodar más allá del asfalto

La presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, Vilisa Morón, indicó que el ciclismo montañero se caracteriza por ser una actividad que requiere rutas de variada dificultad para que sean atractivas a los usuarios. Algunos ciclistas prefieren transitar por senderos ya demarcados, anchos y cómodos para disfrutar del paisaje y del aire libre. Otros buscan nuevos caminos con mayor inclinación y curvas de ángulos cerrados para mayor desafío. 

Sin embargo, estos nuevos caminos no se encuentran en cualquier montaña. En ciertos casos, ni siquiera existen tales rutas. Morón señaló que los ciclistas arman rutas y no necesariamente es un ingeniero quien las diseña. 

“Las rutas deberían ser trazadas por un especialista para que cuente con la inclinación adecuada y los ángulos correctos en las curvas”, indicó Morón. 

Un factor importante al momento de crear estas rutas, es tener en cuenta que este deporte no puede realizarse en cualquier espacio por el impacto que puede causar en el terreno. Uno de estos lugares es el símbolo de la capital de Venezuela, el Parque Nacional Waraira Repano, mejor conocido como “El Ávila”. Es la referencia principal de la ciudad de Caracas y fue decretado Parque Nacional el 12 de diciembre de 1958. Cuenta con una superficie inicial de 66.192 hectáreas que en 1974 fue ampliada a 81.900 hectáreas.  Está ubicado en la zona central de la Cordillera de la Costa, al norte de Venezuela, y comprende el área montañosa entre el Mar Caribe y los valles de Caracas, Guatire, Guarenas y Barlovento. 

A pesar de que las áreas naturales protegidas de Venezuela abarcan cerca de 34,45% del territorio, según la Dirección de Áreas Naturales Protegidas (Anapro), la insistencia de hacer la carrera de bicicletas en el parque nacional no cesa. El Ávila como el verdadero trofeo de la competencia. “El Ávila es el escenario ideal para este evento de calidad mundial. Es el mejor lugar para hacerlo por muchas razones”, expresó Martínez.

Doblemente ilegal

El PORU señala que la circulación de bicicletas es una actividad prohibida en El Ávila. A pesar de ello, la idea de una carrera ciclista en el ícono caraqueño no es nueva: Enduro Series ha organizado dos carreras de ciclismo en este espacio. Una de ellas se llevó a cabo en 2019, otra estaba programada para 2021, pero fue suspendida hasta nuevo aviso debido a la pandemia de COVID-19. Ambas han contado con la aprobación del ente rector, Inparques, adscrito al Ministerio de Ecosocialismo.

 
 
 
 
 
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En 2019, la competencia contó con 100 atletas y abarcó 14 kilómetros del parque nacional. Fue la segunda válida de una serie de carreras por todo el país. 

Martínez aseguró que Enduro Series sí obtuvo la autorización  para realizar la carrera, en la espera de la modificación del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso. “El permiso se otorgó por una vía de excepción. No se ha violentado ninguna ley”, dijo. 

La autorización otorgada por Inparques para realizar la carrera fue solicitada a Martínez. Hasta el momento de publicación de este trabajo, no se ha recibido el documento solicitado. 

Sin embargo, Edgar Yerena, biólogo de la Universidad Simón Bolívar (USB) sostiene que el problema es que la vía de excepción no se otorga por cualquier cosa. «Desde el punto de vista legal jurídico, se tiene que justificar que se va saltar una norma. Los PORU existen para que nadie se salte la norma. Para que todo esté en blanco y negro y el administrador, en este caso Inparques, no haga mas que simplemente verificar, chequeando el reglamento, si lo que están pidiendo se puede o no se puede”, indicó.

Yerena explicó que para otorgar un permiso por una vía de excepción, se amerita que sea algo extraordinariamente importante para la sociedad. El experto agrega que este tipo de competencia deportiva no tiene ningún interés general y que bien puede realizarse en cualquier otro lugar que no sea un parque nacional. “Hay alternativas, y si hay alternativas, no se justifica la vía de excepción”, reiteró.

La polémica sobre aquella competencia subió de volumen luego de que el logo de Inparques apareciera en la publicidad del evento entre los patrocinantes, respaldando la competencia. 

Desde ese momento se activaron las alarmas de ambientalistas y defensores del parque, quienes rechazaban y buscaban ser escuchados para lograr la cancelación del evento. 

José Gregorio Matute y Marlene Sifontes, secretarios del Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos de Inparques (Sunep-Inparques), entregaron una carta dirigida al presidente de la institución Josué Lorca Vega expresándole que la carrera no podía celebrarse. 

Contra todo pronóstico, la carrera de bicicletas de montaña fue pospuesta para el 19 de octubre de ese año y se llevó a cabo. Inparques no emitió palabra alguna al respecto. La empresa organizadora amarró cintas a los árboles para identificar la ruta, colocaron un puente colgante para las bicicletas, pusieron vallas publicitarias, vendieron bebidas alcohólicas en el monumento Boyacá, en la autopista Cota Mil que bordea la montaña y hasta subieron camionetas 4×4 hacia los senderos para recoger las bicicletas que se habían accidentado. Guardaparques y personal de Inparques estaban a lo largo de toda la ruta, resguardando la carrera. 

Trabajadores de Sunep-Inparques recogieron las pruebas de la realización de la carrera y fueron hasta el Ministerio Público en octubre de 2019 para hacer la solicitud de una medida cautelar para la suspensión de las carreras ciclísticas en el Waraira Repano por la violación continuada y sistemática del PORU. Asimismo, pidieron al entonces ministro de Ecosocialismo Oswaldo Barrera la destitución de Lorca Vega. 

«Ha habido denegación de justicia porque hasta la fecha no han recibido respuesta de la Fiscalía», indicó Sifontes.

La respuesta de Inparques en ese momento fue anunciar que se retomarían las discusiones para la revisión y actualización del PORU. La promesa fue que para la cuarta reunión presentarían el diagnóstico del parque nacional, pero eso no pasó. Durante dos años no se volvieron a hacer reuniones para la discusión del PORU, hasta abril de 2021 cuando se anuncia la segunda carrera de Enduro Series.. 

El diagnóstico es el estudio y uno de los requisitos técnicos que permite conocer las condiciones del sitio contemplado en la la Constitución de Venezuela y en la Ley Orgánica de la Administración Pública. 

En un documento realizado por Elides Sulbarán,  ingeniero forestal con maestría en Ordenación y Territorio y profesor ad honorem de la Universidad de los Andes, sobre las consideraciones para la modificación del reglamento explica que “someter a consulta el proyecto de PORU o su revisión y actualización, previa información de sus contenidos, en un proceso amplio de participación ciudadana, es un derecho constitucional que debe exigirse y defenderse”. En la consulta se deben dar las facilidades, garantías y oportunidades para que los ciudadanos puedan analizar, discutir y proponer ideas, las cuales deben ser consideradas y aprobadas si son viables técnica, social y legalmente. 

“La consulta no es el simple cumplimiento de un requisito, de una formalidad o concesión; es la garantía de que el documento resultante goce de viabilidad en todos los sentidos”. 

El experto plantea que la revisión y actualización del PORU sea un proceso planificado, ordenado en una programación de acciones, a cargo de un equipo técnico. Pero se desconoce en qué fases o estructuración del proceso, quiénes lo integran y cuántas mesas de trabajo lo integran.

Asimismo, una vez elaborado el documento se someterá a consulta pública para garantizar el derecho de participación de las personas. Sin diagnóstico y consulta pública no habrá modificaciones.

Denuncias de asistentes a las discusiones de modificación del PORU señalaron que las autoridades no consultaron sobre el diagnóstico -que no fue presentado- sino que se limitaron a informar que la reforma del reglamento va, justificando que los ciclistas hacen vida en el parque nacional desde hace muchos años, a pesar. Incluso, en esas reuniones, Inparques presentó una serie de rutas propuestas para los ciclistas en horario comprendido entre 6:00 a.m. y 9:00 a.m.

Cárcavas, erosión y pequeños deslaves

Las bicicletas en el Waraira Repano están prohibidas con justificación, rezan los expertos: degradan y deterioran el Parque Nacional. 

“Sostenemos que el impacto que genera la bicicleta es muy bajo en comparación al que generan los senderistas”, reiteró Martínez.

Sin embargo, Vilisa Morón contrasta esta defensa con la siguiente explicación: a medida que las bicicletas ruedan sobre la montaña se compacta el suelo, y por ende, se generan deslizamientos de tierra, que ocasionan que se formen muchas cárcavas en esos caminos. Con el tiempo y uso, esas grietas se profundizan cada vez más si no se realiza el mantenimiento adecuado a las rutas destinadas para el ciclismo. 

La también bióloga indicó que si se quita la cobertura vegetal, queda expuesto el suelo y con la lluvia, es más fácil que el agua corra por donde no hay vegetación, es decir, por el camino de los ciclistas en este caso. “Cuando se ven las rutas de ciclistas, uno se da cuenta que no hay ese mantenimiento requerido”, dijo. 

“El ciclista está acostumbrado a la adrenalina de la montaña pero no a la responsabilidad que implica mantener esa ruta de ciclista. Ese es el comportamiento usual, no de todos pero, de la mayoría de los ciclistas”, expresó Morón. 

La bióloga reiteró que el agua no va a correr uniforme, si no por donde fluya más rápido “lo que va generando cárcavas y con el pasar de las bicicletas por el camino, se profundizan. En el cerro El Volcán (el pico más alto del municipio El Hatillo) se puede evidenciar. Hay zonas donde es difícil caminar porque están estas grietas abiertas y profundas”, dijo. 

“Hay procedimientos ingenieriles donde se puede disminuir la velocidad con la que se generan estas grietas. Eso le da más vida útil a la ruta y evita que los ciclistas tengan que irse a otro lugar porque las cárcavas no les permite rodar”, reiteró Morón.

La Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) también alerta sobre estos daños a los ecosistemas. En un comunicado explica que la práctica de ciclismo y el uso de bicicletas de montaña dentro del Parque Nacional Waraira Repano debe estar terminantemente prohibida.

Señalan que el uso de bicicletas con fines recreacionales, deportivos o de competencia, es incompatible con el sentido, razón de ser y concepto de un parque nacional.

“El ciclismo de montaña, MBK o MTB, como también se le conoce, es una actividad elitista que sólo puede ser practicada por personas que tienen un relativamente alto poder adquisitivo. Es excluyente de los peatones, excursionistas y observadores de aves, por ser ruidosa, por perturbar la experiencia natural a las que estos últimos tienen el mejor derecho, y por ser además un riesgo a la seguridad por los consabidos sobresaltos y accidentes por atropellamiento que con frecuencia ocurren en senderos donde ambos concurren”, reza el comunicado. 

A pesar de que Martínez aseguró que El Ávila es el único lugar idóneo para la práctica del Enduro, por tener descensos largos, los científicos consultados señalaron que el impacto que causaría el ciclismo en un área protegida como El Ávila no es menor: erosión el suelo, amplía el ancho de los senderos, se multiplican las picas bicicleteras, produce efecto “capas de cebolla” (surcos profundos), aleja a la fauna, genera barreras físicas, deteriora el paisaje, genera pasivos nunca pagados a la gestión del parque nacional, atrae delincuencia e impide el disfrute de los caminantes. 

Las especies silvestres también son afectadas

Además de causar cierto impacto sobre el suelo y la vegetación, la práctica del ciclismo en el Parque Nacional El Ávila también afecta a especies silvestres de la zona. Lapas, picures, roedores y felinos pequeños, como cunaguaros, son algunas de las especies presentes en el Parque Nacional. 

Especies Ávila de Runrunes

Un permiso que no es válido

El 16 de marzo de 2021, tres días antes de la competencia, Enduro Series Venezuela pospuso el evento. Alegaron que se apegaban a la semana de cuarentena radical por el coronavirus, decretada por Nicolás Maduro.

La cuenta de Instagram de Enduro Series Venezuela borró todas las publicaciones en las que aparecían los logos de los patrocinantes. Algunas de las marcas indicaron que el logo fue usado sin permiso, como Gatorade y Hammer. Alimentos Mary  respondió a un usuario de Instagram que la marca no respaldará ninguna actividad que afecte al ambiente. Por lo que decidieron revisar de nuevo la permisología presentada por el organizador de la carrera. 

Enduro Series Venezuela publicó un comunicado el 19 de marzo, día en el que se haría la carrera, que en 2019 realizaron una carrera en el Waraira Repano porque contaban con el permiso de Inparques. “Hecho que fue posible por la presentación antes y después del evento de estudios e informes que demostraron el máximo cuidado y ninguna alteración natural de este Parque Nacional”. Según señalan en la publicación, para la competencia de 2021 también tenían “permiso oficial”.

Desde Sunep-Inparques asistieron a principios de marzo de 2021 al despacho de Tarek William Saab para consignar «prueba útil y pertinente» para establecer responsabilidad penal sobre los ilícitos ambientales cometidos en El Ávila. Hasta la fecha, no han recibido respuesta. 

Enduro Series Venezuela afirmó que han participado en las mesas de trabajo para la actualización del PORU, “con la intención de adaptarlo a los tiempos actuales y a todos los usuarios del parque, en procura de una reglamentación y normativa de uso acordes con todos los grupos que hacen vida en el Waraira Repano”. 

Después de más de un año sin mencionar las discusiones para la modificación del PORU, el 22 de marzo Inparques publicó un comunicado en el que afirmaban que “debido a la preocupación mostrada por distintos grupos”, se daría inicio al proceso de actualización del PORU. Ni una palabra de la carrera de Enduro Series Venezuela ni de los permisos. 

Las mesas de trabajo iniciaron en el mes de abril, tres semanas después de la suspensión de la carrera. El presidente de Inparques Josué Lorca inició la reunión vía Zoom del 9 de abril explicando que, aunque el encuentro estaba planificado para el segundo semestre de 2021, fue adelantado por “premura ministerial ante la presión de un grupo”. 

En esa misma reunión, el coordinador de El Ávila, Ramón Campos, informó que en 2019 Inparques emitió una autorización a la empresa Enduro Series para usar “algunas rutas del parque” para una carrera de bicicletas a través de una “vía de excepción” que fue firmada por las altas autoridades de la institución. Permiso que no se ha hecho público. 

 
 
 
 
 
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Elides Sulbarán explicó a Runrunes que el uso de bicicletas está prohibido en todo el parque y que no puede ser objeto de autorización. “El que da las autorizaciones es Inparques. No puede darlo porque la norma lo prohíbe. Si existe cualquier autorización, es nula de nulidad absoluta. El agravante de esto es que en la Ley Penal del Ambiente, si un funcionario otorga autorizaciones contra las normas, es objeto de sanciones. Aquí hay un delito porque no puede permitirse algo que legalmente está prohibido, eso es algo que debe quedar absolutamente claro”. 

El biólogo, abogado y ambientalista Edgar Yerena, quien fue jefe de planificación en la Dirección de Parques Nacionales, menciona que los funcionarios de Inparques que firmaron esa autorización para la carrera podrían ser sometidos a una sanción, amonestación o escrito por parte del Ministerio de Ambiente o la Contraloría. 

“El permiso tuvo que haber pasado por al menos cuatro manos de Inparques: consultor jurídico, el que puso la firma, el director y el coordinador del parque nacional. La sanción más obvia es anular el acto y recae al administrador, al que permitió la carrera, pero también al de la firma. No creo que sea sanción penal, pero sí de tipo administrativo que quedan en el expediente del funcionario”, señala. 

Para Marlene Sifontes del sindicato de Inparques, no queda clara la intención de la actualización de la ley. “¿Quién está haciendo la modificación del PORU, las mismas autoridades que han permitido las carreras de bicicletas? ¿Por qué en todo este tiempo no se había hablado de la modificación? ¿Cómo es que existiendo toda una problemática en el Parque Nacional, Inparques diga que se va a revisar el PORU por la carrera? Llama poderosamente la atención”. 

En caso de realizarse la modificación del PORU, ocurriría lo mismo cuando un delito deja de existir: no habría ilegalidad por parte de Inparques, la ley no es retroactiva. “En el momento en el que el PORU sea cambiado, lo que hoy es un hecho sancionable, que es haber dado un permiso, deja de ser un acto ilícito. “Es una forma de lavarse la responsabilidad”, expresa Yerena. 

Para Sifontes, la noticia del nombramiento de Lorca Vega como el nuevo ministro de Ecosocialismo los deja más desamparados que antes. “Le habíamos pedido al ministro la destitución del director de Inparques y ahora él es el ministro. ¿A dónde vamos a acudir nosotros si el que viola la norma es el mismo? ¿ A qué instancia puede acudir el ciudadano para defender a su parque? 

Al cierre de esta investigación, Inparques aún no ha mostrado el diagnóstico para la modificación del PORU. El 2 de junio, publicó el anteproyecto de la modificación del PORU que efectivamente pretende incorporar a las las bicicletas en el Parque Nacional Waraira Repano. Si deseas leer el anteproyecto ingresa aquí. Además de publicar anteproyecto, Inparques llamó a consulta pública para discutir la normativa, que estará disponible para su revisión hasta el 2 de julio. 

 

 

 

Vacunas COVID-19 en Venezuela: contratos secretos, cifras opacas y escasos resultados a la vista
En Venezuela, el plan de vacunación oficial es un inventario de opacidad. Apenas  3,8% de las 10 millones de dosis de la Sputnik V de Rusia prometidas por el gobierno de Nicolás Maduro han llegado al país, mientras se postergan las fechas para el proceso de inmunización de los venezolanos
Ni el Ministerio para la Salud ni la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención de la Covid-19 respondieron la solicitud de información sobre contratos, convenios e inversión para enfrentar la pandemia. Se desconocen las concesiones ofrecidas por Juan Guaidó para lograr la firma del “Plan de cooperación técnica para atender la crisis humanitaria del coronavirus”

 

Por Armando Altuve, Gitanjali Wolfermann,

Lisseth Boon y Grisha Susej Vera  

 

Nicolás Maduro carga sobre sus hombros un pesado expediente sobre su gestión, que sigue sumando páginas ante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Su gobierno restringe desde 2017 estadísticas epidemiológicas y otros indicadores de salud y además tomó y centralizó la vocería sobre el curso de la pandemia en el país. Las contradicciones y omisiones abundan en el discurso de los voceros oficialistas al momento de comunicar sobre el nuevo coronavirus. 

El Pitazo, Runrunes y la ONG Alianza Venezolana por la Salud enviaron el 5 de marzo de este año dos solicitudes de información: a la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención de la COVID-19, presidida por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez; y al Ministerio de Salud. A la fecha, ninguna de las autoridades ha respondido lo requerido: datos sobre los convenios y contratos; cantidades de dosis pactadas y las condiciones que ha aceptado el Estado venezolano para acceder a las vacunas.

Las mismas solicitudes fueron presentadas por medios de Perú, Ecuador, Colombia, México, Panamá y Argentina ante sus respectivos gobiernos, en el marco de la alianza “Vigila la Pandemia”, que integran Runrunes y El Pitazo. En ninguno de estos países, las autoridades acceden a mostrar los contratos con los proveedores de este insumo central. Tampoco informar las condiciones acordadas con las farmacéuticas.

En Venezuela, 193.721 personas contrajeron el patógeno , de los cuales 2.082 fallecieron por sus complicaciones, según las cifras oficiales reportadas hasta el 27 de abril de 2021. Pero el manto de opacidad que envuelve a la información oficial sobre la cifra de casos y fallecidos por COVID-19 (puesta en duda por académicos, científicos y médicos) también se extiende sobre las entregas de vacunas pactadas por el Gobierno. 

Con pocos detalles acerca del proceso, el 2 de octubre de 2020, Maduro anunció que Rusia, un histórico aliado del gobierno chavista, comenzaría a probar una vacuna en Venezuela contra el COVID-19, en el marco de la fase III de los ensayos clínicos para comprobar la seguridad y eficacia del producto. Se trata de la vacuna Sputnik V, fabricada por el Centro Gamaleya, que se aplicaría a 2.000 personas. 

Dos meses después, el 29 de diciembre, en una alocución transmitida por televisión, el gobierno de Maduro firmó el contrato para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna rusa con una inversión de 200 millones de dólares y la promesa de que en 90 días serían aplicadas a la población, con especial prioridad a médicos y otros trabajadores de salud. Pero, hasta ahora, del país euro-asiático se han traído sólo 380.000 dosis, que llegaron al país entre el 13 de febrero y el 24 de abril. Es apenas el 3,8% de lo acordado. 

Sólo garantías de confidencialidad

 

Sobre las cláusulas y condiciones del contrato no hay rastros. El Gobierno no ha informado, a la fecha, el monto por el que se compraron las vacunas rusas ni el mecanismo instrumentado para cumplir con el pago de los productos biológicos. Solo se sabe que el Ejecutivo aspira a comprar 25 millones de vacunas contra el coronavirus antes de finalizar 2021. Con dichas dosis, pretende proteger a 70% de la población venezolana, según declaró el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Junto a las dosis rusas, arribaron otras vacunas de fabricación china. Venezuela recibió el 2 de marzo último una donación de 500.000 biológicos Vero Cell de Sinopharm, elaborada por Beijing Institute of Biological Products. El avión aterrizó con el cargamento en el aeropuerto de Maiquetía un día después de que, sorpresivamente, el Ministerio de Salud informara por su cuenta en Twitter la aprobación del uso de la vacuna en el país como parte de los lazos de cooperación que Venezuela tiene con China. 

No hay detalles sobre la negociación para adquirir estas vacunas, cuyos resultados de la III fase de sus ensayos clínicos no han sido publicados en revistas especializadas. En octubre, Maduro asomó que se probaría en el país una dosis de China con «miles de voluntarios», pero, en ese momento, no detalló cuál era la marca de la dosis.

Los pocos datos públicos impiden hacer un seguimiento de los acuerdos. En la carta enviada el 5 de marzo a las autoridades, El Pitazo, Runrunes y la ONG Alianza Venezolana por la Salud solicitaron, tanto al Ministerio de Salud como a la Vicepresidencia, una copia del Plan Nacional para la introducción y despliegue de la vacuna contra el COVID-19 de febrero de 2021. También se solicitó la copia de los convenios y contratos firmados por el Estado venezolano para la compra de las vacunas Sputnik V del Centro Gamaleya; Vero Cell de Sinopharm y las vacunas candidatas EpicVacCorona (Rusia) y Soberana 02 y Abdala (Cuba). 

La misma falta de respuesta obtuvo la organización Transparencia Venezuela, que escribió una comunicación el 22 de febrero de 2020 tanto al ministro de Salud, Carlos Alvarado, como a la Comisión Presidencial. A la fecha, la entidad sigue esperando respuestas. En Venezuela aún no ha sido aprobada una Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, pero en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente desde 1999, se establece el derecho de todo ciudadano venezolano de solicitar información a una institución o autoridad sobre asuntos relacionados con sus competencias. Los funcionarios están obligados a responder de forma oportuna y adecuada. 

Personal esencial en riesgo

 

Mientras el Gobierno no da información, en los hospitales no solo se alerta sobre el colapso de sus espacios por la cantidad de pacientes, sino también se reclama por las muertes, el déficit de insumos de bioseguridad y la ausencia de vacunas para el COVID19 que aún no son aplicadas a médicos y enfermeras. 

En las alocuciones oficiales, pocos datos se asoman sobre la cantidad de médicos vacunados con las dosis rusas. El Gobierno sostiene que Venezuela ha destinado 750.000 vacunas rusas y chinas a médicos y profesores. 

Pero el pasado 5 de abril, en un informe sobre Venezuela, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) informó que apenas 98.000 trabajadores sanitarios habían sido inmunizados con 250.000 vacunas Sputnik V. El número representa el 31% del  total de 315.000 miembros del personal de salud censados por la organización Médicos Unidos de Venezuela. 

Hasta el 15 de abril, Médicos Unidos de Venezuela contabilizó 485 muertes de personal de salud por COVID-19. Para ellos, las vacunas no llegaron a tiempo.

De los lotes de vacunas provenientes de Rusia se reservaron dosis que fueron aplicadas a diputados y líderes políticos chavistas, incluidos el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores. También fue vacunada contra el virus la exprimera dama, Marisabel Rodríguez, quien estuvo casada con el fallecido presidente Hugo Chávez. Así lo dio a conocer en Twitter con una imagen que colgó, y luego borró, ante la polémica generada en la red social.

Maduro dijo en febrero que las jornadas de vacunación masiva contra el COVID-19 comenzarían en abril de 2020, pero la fecha se corrió para julio. El plan oficial contará con una vacuna cubana cuyos estudios clínicos son desconocidos. La Academia Nacional de la Medicina urgió al Gobierno a iniciar un plan de vacunación equitativo con criterios técnicos y alejado de clientelismos políticos, mientras el país cursa una segunda ola de contagios que se expande con una nueva mutación del coronavirus identificada en Brasil.

Obstáculos para el acceso al mecanismo Covax

 

El primero de junio de 2020, el gobierno interino de Venezuela presidido desde 2019 por el diputado de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, anunció al país que tras meses de negociación con representantes de Maduro habían alcanzado un acuerdo que permitiría el acceso al país de las vacunas disponibles a través del mecanismo Covax, diseñado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para garantizar una distribución equitativa de las vacunas a nivel mundial. 

Se desconocen las concesiones ofrecidas por Guaidó para lograr la firma del “Plan de cooperación técnica para atender la crisis humanitaria del coronavirus”, pero sí trascendió que los representantes de Maduro tuvieron que aceptar un requisito impuesto por la OPS, que según el verbatim del gobierno interino implicaba “que los actores de la dictadura se comprometieran a no poner obstáculos a la ejecución del programa y se garantizara que los recursos destinados pudiesen ser ejecutados”. 

Con ese aval en mano, a mediados de marzo de 2021 se hizo público el monto que pagaría Venezuela, a través del gobierno interino, para acceder al mecanismo Covax: $30.309.040 distribuidos en dos objetivos: 18.199.040 dólares para pagar el acceso a la plataforma Covax y otros 12.110.000 dólares para la inversión en la cadena de frío necesaria para el plan de vacunación nacional. 

Con esta inversión, la OPS garantizaba la entrega de las dosis reservadas para Venezuela: entre 1,4 millones y 2,4 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, las cuales llegarían al país a finales de marzo. 

La importancia que tiene para los venezolanos acceder al mecanismo Covax no es menospreciable, ya que a través de esa plataforma se podrían obtener hasta 12.000.000 de vacunas para inmunizar a seis millones de personas, informó el diputado Miguel Pizarro, quien funge como comisionado del gobierno interino para la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Pese a haber aceptado el requisito de la OPS, el acuerdo se fue al traste el 24 de marzo cuando la vicepresidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez, informó al país que la “comisión presidencial científica ha decidido no incluirla [vacuna de AstraZeneca] en los esquemas de tratamiento en Venezuela ni en los esquemas de vacunación”. Rodríguez sostuvo que la razón para bloquear la entrada de estas vacunas eran los efectos secundarios que varios países europeos habían reportado en los días previos. 

Sin embargo, el 10 de abril (mes y medio después), la misma vicepresidenta anunció que Venezuela abonó más del 50 por ciento del pago total para adquirir vacunas a través del mecanismo Covax.

«El país depositó 53.8 millones de euros, equivalentes a 64 millones de dólares, como anticipo para garantizar 20% de la vacunación de la población venezolana», informó en una rueda de prensa. 

A doce días del anuncio de Rodríguez, el 22 de abril, Guaidó informó a través de su cuenta de Twitter que el gobierno interino había aprobado 100 millones de dólares adicionales para la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Se trata de recursos del Banco Central de Venezuela que fueron congelados por el Gobierno norteamericano como parte de un paquete de sanciones contra funcionarios de la gestión de Maduro.  

“Este esfuerzo se suma a lo que ya hemos hecho poniendo a disposición el pago para entrar al mecanismo COVAX, la donación a la OPS y Cruz Roja para proteger al sector salud y el bono Héroes de la Salud. La vacuna urge en Venezuela y ratificamos nuestro compromiso en ese sentido”, explicó Guaidó. El presidente interino no ofreció detalles acerca de la fecha en la que se recibirían las vacunas o sobre la cantidad de dosis que llegarían al país tras este nuevo pago.  

Transparencia Venezuela solicitó en abril al director del mecanismo Covax para América Latina, Santiago Cornejo, que entregue información específica sobre el acuerdo con Venezuela, como cantidad asignada y cronograma de entrega al gobierno, según un comunicado de la organización. También requirió datos sobre las deudas que tiene Venezuela con la Organización Panamericana de la Salud (OPS); el monto abonado por adelantado a la alianza Gavi; “la moneda que usó el gobierno para hacer el depósito; la procedencia del dinero; la lista de los funcionarios venezolanos que participaron en las negociaciones; el plan de distribución; y los mecanismos de transparencia que se van a aplicar cuando lleguen las dosis al país”, afirmó Transparencia Venezuela. 

Bienvenidas las vacunas de los países aliados

 

Dos días antes de bloquear la entrada al país de la vacuna de AstraZeneca, Maduro anunció que Venezuela recibiría 60.000 dosis de los proyectos de vacunas cubanas Soberana 02 y Abdala. Serían 30.000 vacunas de cada una para participar en los ensayos clínicos de la Fase III, tal y como ocurrió con la vacuna rusa Sputnik V, que escogió a Venezuela como el primer país de América para sus estudios.

“La Soberana 02 y la Abdala son las vacunas del ALBA”, dijo Maduro en referencia al grupo de países que creó el fallecido presidente Hugo Chávez y que está integrado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, y Venezuela.

Producida por el Instituto Finlay de La Habana, Soberana-2 es una de las cuatro candidatas a vacunas contra el COVID-19 desarrolladas en Cuba. Tiene en contra que pese a estar iniciando la Fase III de los ensayos clínicos, los resultados de las fases anteriores no han sido publicados ni revisados por sus pares en revistas científicas arbitradas. Además de las 30.000 dosis que enviarán a Venezuela, también planean llevar a cabo el ensayo clínico de la Fase III en Irán. 

Nicolás Maduro autorizó que las vacunas cubanas anti-COVID-19 fuesen probadas en venezolanos a pesar de las alertas sobre la ausencia de evidencia clínica sobre su efectividad y seguridad | Cortesía: Prensa Latina. 

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, también con sede en La Habana, es responsable del desarrollo de la vacuna candidata Abdala, que también sería probada en Venezuela como parte de la Fase III. 

Tan pronto se supo que el país formaría parte de estos ensayos clínicos, tanto la Academia Nacional de Medicina como el Centro Nacional de Bioética de Venezuela (Cenabi) manifestaron su preocupación por la decisión de aplicar las candidatas a vacunas en ciudadanos venezolanos. 

“No se conocen los resultados de las Fases I y II que nos dirían si los productos son capaces de inducir en humanos un nivel y calidad de anticuerpos que pueda conferir protección contra el virus. Venezuela sufre una grave epidemia del COVID-19 y en vez de participar en pruebas de productos experimentales con características desconocidas, debe priorizar la traída al país de vacunas de reconocida seguridad y eficacia”, dijo la Academia. 

Delcy Rodríguez informó que se incorporaría al portafolio de vacunas candidatas cubanas la EpiVacCorona, otra candidata desarrollada en Rusia,  que aún no supera la Fase III de los ensayos clínicos. La vicepresidenta designada por Maduro aprovechó para confirmar que llegarían 50.000 dosis adicionales de la vacuna rusa Sputnik-V, las cuales se sumarían a las 100.000 dosis que llegaron a principio de marzo como parte de los convenios establecidos con la Federación de Rusia para supuestamente traer al país 10 millones de dosis durante 2021.

La negativa de los representantes de Maduro a permitir el ingreso de las dosis de AstraZeneca disponibles vía Covax, y la demora en la importación de la vacuna rusa Sputnik V, se enfrenta al clamor de la población venezolana que exige que comience el plan masivo de inmunización de manera inmediata, debido a la creciente ola de casos y defunciones que se ha registrado en el país. Incluso las cuestionadas cifras oficiales de la pandemia evidencian un incremento de la virulencia de la pandemia. 

La respuesta de los representantes de Maduro, entre ellos la vicepresidenta Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza, ha sido esgrimir la misma razón que emplean para justificar el deterioro general del país: la imposibilidad de acceder a los mercados internacionales debido a las sanciones económicas en contra de varios personeros del régimen.   

«Si Venezuela no tuviera sus recursos bloqueados, hubiésemos comprado hace tres meses las 30 millones de vacunas que le hacen falta al país», dijo Arreza en una entrevista a AFP en Caracas.

El canciller insistió en que las sanciones económicas son la razón detrás del déficit de vacunas en Venezuela. «No solo tuviéramos 30 millones de vacunas, sino que hubiéramos vacunado a la mitad de la población si no tuviéramos los mecanismos represados en la banca internacional”, dijo Arreaza. 

*Reportaje publicado como parte del proyecto regional de la Alianza Vigila la Pandemia

Especial | COVID-19 en Venezuela: la pandemia de la opacidad
El número diario de muertes reportadas por la gestión de Maduro ha oscilado invariablemente entre 0 y 12 fallecidos
La ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) comenzó a llevar una estadística para reflejar las muertes por COVID-19 del personal de salud, debido a la opacidad de la información oficial
Durante este primer año en pandemia, solo en dos oportunidades el ministro de Salud, Carlos Alvarado, ofreció el reporte de contagios y fallecidos por COVID-19

 

A un año de la detección del primer caso de COVID-19, Venezuela registra 145.379 casos confirmados y 1.391 muertes, según cifras ofrecidas por la administración de Nicolás Maduro.

La veracidad de cifras son puestas en entredicho porque están alejadas de cualquier comportamiento epidemiológico si se toman en cuenta las proyecciones, la evolución en países con población similar (Perú con 1.358.294 positivos y 47.491 muertes) y los hechos irregulares que se han presentado en el proceso de diagnóstico, prevención y monitoreo de la pandemia.

El virus arribó oficialmente a Venezuela el 5 de marzo en un vuelo proveniente de España bajo el código IBE6673 de la aerolínea Iberia, pero se supo el 13 de marzo, cuando lo anunció la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

El equipo de Runrun.es realizó un recuento gráfico de lo que fue el primer año de COVID-19 en el país. El trabajo se divide en seis capítulos, los cuales cuentan cómo se desarrolló este primer año de la pandemia en Venezuela.

Uno de los puntos abordados en esta investigación es la opacidad de la información oficial sobre la muerte de médicos, enfermeras y personal de salud en general, por lo cual la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) comenzó a llevar una estadística para reflejar las muertes por COVID-19 de los miembros del gremio. Hasta el 8 de marzo de 2021 la organización ha incluido en su estadística a 354 trabajadores de la salud. Esa cifra representa el 25,45% del total oficial de muertes en el país. Con ese porcentaje, el personal de salud venezolano sería por mucho el más afectado por la pandemia en la región.

Por otra parte, desde que se anunció el primer fallecido, el número diario de muertes reportadas por la gestión de Maduro ha oscilado invariablemente entre 0 y 12 fallecidos, patrón que se repite independientemente del número de casos positivos que anuncien.

Venezuela tiene el promedio de casos y fallecidos más bajo de la región, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifras que han sido marcadas por la desconfianza que han generado las declaraciones y estudios de expertos en el área de salud, las denuncias de políticos y personal médico, y el sesgo en el registro de contagios y muertes.

Durante este primer año de contagios, quienes realizaron la vocería de los casos fueron la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez; Freddy Ñañez, ministro de Comunicación e Información; y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y exministro de Comunicación e Información. Solo en dos oportunidades el ministro de Salud, Carlos Alvarado, fue el encargado de dar las cifras oficiales.

En estos 365 reportes oficiales de COVID-19, los voceros revelaron el nombre de 8 de los 1.430 fallecidos. En cuanto al personal de salud fallecido, solo hicieron mención de 27 de los 354 casos reportados por la Organización Médicos Unidos de Venezuela.

Puede acceder al especial completo “COVID-19 en Venezuela: la pandemia de la opacidad” a través de la siguiente imagen:

#EnchufaDÍN | Felicita a Jorge Rodríguez por su nuevo cargo
Jorge Rodríguez es ahora diputado y presidente de la Asamblea Nacional

Jorge Rodríguez ha participado de forma permanente en los procesos de diálogos, como representante del oficialismo. Ahora, como diputado y presidente de la Asamblea Nacional, instaló una nueva mesa de diálogo, aunque ya advirtió que puede haber perdón, pero no olvido, por lo que podría aparecer nuevamente con una presentación de Power Point con presuntas pruebas en contra de algún dirigente opositor.