Correo del Caroní, autor en Runrun

Correo del Caroni

Exigen celeridad en averiguaciones sobre asesinato de mujer en Ciudad Bolívar
El suceso ocurrió el pasado 7 de junio 

El femicidio de Yohendrys Rodríguez lo lleva una defensa privada, cuyas representantes exigen mayor y mejor atención ante denuncias de violencia contra la mujer.

Los padres de Yohendrys Zulay Rodríguez Reyes nombraron abogadas privadas querellantes para que los represente en el esclarecimiento del femicidio de su hija. El caso lo llevan las abogadas Yamileth Carvajal y Yenis Betancourt, quienes reclaman al Ministerio Público y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) mayor diligencia en las averiguaciones.

Denunciaron que el asesinato de Yohendrys, que ocurrió el pasado 7 de junio por su exnovio, no ha recibido la atención que requiere, por tratarse de un caso de una familia de bajos recursos.

El victimario huyó después de dispararle a la joven de 29 años por negarse a regresar con él. En los ocho meses que tuvieron de relación, Yohendrys fue víctima de violencia física, psicológica y verbal. Sus padres relataron que recibió amenazas de su expareja, José Gregorio Sifontes Niño. Otras personas también son investigadas por presunta complicidad.

La defensa instó a las mujeres víctimas de violencia a denunciar y actuar ante estos casos.

“Se le hace un llamado de atención a los fiscales encargados de esta materia que no saben cómo tratar a las víctimas. Primero empiezan en acoso sexual y los fiscales no les toman las denuncian porque no ha pasado nada e insinúan que ellas son las que incitan para que les pase el acoso o abuso sexual por su vestimenta o por cualquier cosa que diga. En muchos casos estas víctimas son maltratadas en los despachos fiscales, y por eso, al ver que no hay respuesta en el organismo competente, se marchan con toda su moral e integridad por el piso”, denunciaron.

Las abogadas advirtieron que esta es la razón por la que la mayoría de las veces se deja de denunciar, y terminan asesinadas.

“Como abogadas privadas querellantes pedimos que cualquier caso que exista e indicios de alguna situación, se investigue, se tomen las denuncias, se de celeridad al proceso de esas víctimas, no cuando estén muertas (…) seguiremos prestando nuestro trabajo para hacer justicia, no le van a devolver a los padres a sus hijas, pero el asesino debe ser presentado ante los organismos correspondientes y ser juzgado por este lamentable feminicidio”, puntualizaron.

Solo en marzo de 2020 la organización de derechos humanos, Codehciu, registró tres femicidios en el estado Bolívar. En 2019, la ONG reportó un total de 65 mujeres víctimas de femicidio en la entidad. Además denunció sobre otro comportamiento agresivo: la violencia sexual.

Si eres víctima de violencia de género y necesitas asesoría jurídica o ayuda psicosocial en el estado Bolívar, comunícate con Codehciu a través del teléfono: (0286) 961.92.02 y el correo: [email protected].

Más de 500 hectáreas en la Gran Sabana están intervenidas por la minería ilegal
Aunque oficialmente está fuera del Arco Minero del Orinoco, en más de 1.000 hectáreas del Parque Nacional Canaima también se busca oro. Indígenas de la Gran Sabana, forzados por la crisis humanitaria, participan en una actividad que amenaza uno de los rincones más biodiversos de la Tierra

 

En la quebrada Mapaurí el agua es turbia, y en la ondulada Mürümpa que pasaba por Manak-Krü, en el que las mujeres lavaban la ropa y se bañaban, la quebrada se hizo hilo y se volvió un charco. Todas son huellas del efecto de la minería en el sector oriental y los alrededores del Parque Nacional Canaima, mejor conocido como la Gran Sabana, las extensas planicies al sur de Venezuela sobre las cuales se levanta la cadena de tepuyes que hacen de este paisaje uno de los territorios más megadiversos en la formación geológica más antigua de la Tierra.

Depredación minera frente a los ojos del tepuy Roraima, un reportaje de Correo del Caroní y el Centro Pulitzer, en alianza con Prodavinci e Infoamazonia, cuenta cómo la extensa sabana se ha ido transformando en la última década en una zona de excavación minera frente a la corrupción del régimen de Nicolás Maduro y a una inédita emergencia humanitaria en Venezuela.

Todas las operaciones mineras que se observan en las riberas de los ríos Yuruaní, Aponwao y Kukenán están atentando de forma irremediable contra los recursos biológicos de la nación. La investigación, desarrollada en un periodo de seis meses, analiza las causas estructurales que explican por qué el turismo fue desplazado y cómo la omisión del Ejecutivo ha colaborado para que el pueblo pemón participe en la actividad extractivista.

Un análisis detallado, hecho en colaboración con expertos en sensores remotos para esta investigación, con énfasis en el sector oriental del área protegida y validado con visitas de campo en el primer trimestre de 2020, permitió detectar 21 sitios de operación minera adicionales a los 33 detectados por la ONG SOSOrinoco en 2018. Las imágenes satelitales del sensor Sentinel permiten concluir que, solo en el sector oriental, hay 515 hectáreas de pérdida de cobertura vegetal, degradación de suelos, contaminación por mercurio y otros metales pesados y agentes contaminantes como aceite y gasolina.

Junto a la afectación en el sector occidental —donde está el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo—, los daños suman 1.033 hectáreas del Parque Nacional Canaima intervenidas por actividades mineras ilegales hasta el primer trimestre de 2020.

Aunque esta zona no forma parte del Arco Minero del Orinoco, creado en 2016 por el régimen de Nicolás Maduro, la actividad crece sin control sirviéndose en los últimos meses de combustible facilitado principalmente por uniformados militares a precio de oro.

El trabajo se divide en seis secciones y cuenta con un mapa con información satelital y la localización de todos los sectores mineros en el Parque Nacional Canaima, además de fotografías exclusivas y visitas de campo a zonas mineras que no habían sido documentadas anteriormente, y en las que la actividad se ejecuta con conocimiento de las autoridades indígenas.

Para leer el trabajo completo, haz clic acá.

Comunidad de Cambalache indignada por asesinato de warao
Familiares no tenían como enterrar el cadáver debido a la escasez de gasolina

“¡Este es un atraco!”, contó Juan que escuchó decir a tres criollos que cada vez se acercaban más al sitio donde él y su compañero Merecio Torres de 25 años estaban pescando, en la laguna El Bañador, aguas del Orinoco, territorio de Macapaima. Era un sábado 11 de abril a las 9:00 de la mañana.

De inmediato Juan, warao de la comunidad de Cambalache como Merecio, soltó el tren de pesca que tenía en sus manos, y sintió un pinchazo en la oreja: uno de los criollos le había enterrado una puya durante el atraco. “Llévate el pescado, llévate los trenes, pero déjanos tranquilos, déjanos en paz”, decía asustado, pero los delincuentes se llevaron más que eso: mataron a su compañero de pesca.

Merecio intentó defenderse del asalto, y con canaleta en mano le asestó un golpe en la frente a uno de los asaltantes. Fue tal hazaña lo que marcó el final de sus días, pues resuelto a no dejar pasar la afrenta, otro criollo lo golpeó con saña en la nuca. Lo sometió de tal forma que pudo amarrarlo, meterle un pedazo de camisa en la boca y luego ahorcarlo con un mecate hasta arrancarle el último aliento de vida. Todo esto a 100 metros de la laguna a la que tantas veces fue con Juan a pescar, a buscar alimento para sus familias, la misma laguna donde pesca de 20 a 30 curiaras en promedio, diariamente.

Un sobreviviente de esa mañana, Juan Beria, lo recuerda: “Esa gente mató a este hombre como matar a un animal (…) a él lo matan casi encima de mí, lo mataron, lo ahorcaron con un mecate, y así está ahorita, como lo dejaron ellos ahí, amarrado ahí”.

Es que el cuerpo de Merecio, para el martes 14 de abril, aún yacía en Macapaima, territorio del estado Anzoátegui. Al ser un asesinato, le corresponde al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantar el cuerpo, cumplir con la autopsia, entregarlo a la familia, y estos no cuentan ni con gasolina ni con dinero para trasladarse.

A Juan lo dejaron amarrado de pies y manos junto al muerto. También tenía un trapo metido en la boca que gracias a la providencia -como él atribuye- se le salió. Solo así logró que el domingo 12 de abril, también en la mañana, unos cazadores de venado lo rescataran y lo llevaran de vuelta a Cambalache. “Si no, yo estuviera deshaciéndome, así como está mi compañero”.

Más de 20 curiaras pescan juntas en la laguna donde ocurrió el hecho, y Juan todavía atribuye el ataque a que ellos tenían más suerte en la pesca que los criollos que optaron por agredirlos, robarles sus trenes de pesca y la comida del día. Para aquella mañana ya tenía medio saco lleno de pescado.

“Ellos tiraban sus trenes, pero no cogían nada porque las mallas eran grandes y los pescados salían por la malla”, intervino emocionado el cacique de la comunidad, Venancio Narváez, empeñado en ayudar a Juan a reconstruir nuevamente el relato como si él mismo presenció los acontecimientos.

“Esas son bastantes curiaras que pescan ahí, ahí todo el mundo pesca. A lo mejor ellos pensarán que estábamos en la laguna de ellos”, continuaba relatando Juan.

Amarrado junto a su amigo muerto

Mientras Juan contaba lo sucedido, mostraba sus muñecas y piernas rotas por la fricción del mecate con el que lo amarraron de pies y manos junto al cadáver de su compañero. Así permaneció por más de 24 horas sintiendo cómo el cuerpo inerte a su lado se descomponía.

Las extremidades del pescador seguían hinchadas a pesar de haber pasado dos días y en ocasiones mientras relataba los hechos se le escapaba una mueca de dolor. Todavía no ha recibido atención médica porque en su comunidad no hay módulos operativos. “Logro calmar el dolor con una pastilla que me dio una comadre”.

Juan es uno de los indígenas waraos que viven de la pesca en aguas del Orinoco, ahora está tan magullado que no puede mover un canalete, sin embargo, no conoce otra forma de ganarse el pan, o el de sus hijos. Y ahora la pesca no es segura.

La última vez que salió a la faena a la laguna de Macapaima le costó la vida de su compañero, cuya familia ahora culpa a Juan de lo sucedido. “De esa familia él es el único interesado que él tenía, fue cuatro veces conmigo a pescar, a la cuarta vez fue cuando nos asaltaron”, dijo.

Del otro lado del sitio donde Juan, sentado y rodeado de su familia contaba por al menos quinta vez lo sucedido, estaba la suegra de Merecio, Elena Navarro, con el rostro ensombrecido por el luto. Sentada en un chinchorro lloraba indignada, con la mirada perdida como quien acababa de perderlo todo. Necesita al menos 40 litros de gasolina para buscar el cadáver.

La suegra del difunto es parte de la población flotante que viene desde el Delta del Orinoco. Es parte de los miles de waraos que abandonan sus hogares y se desplazan a las ciudades en busca de comida, medicinas y mejores condiciones de trabajo. Hasta hace unos meses muchos de ellos vivían del contrabando de gasolina, pero la escasez del combustible y la persecución del negocio, terminó con ese sustento para la comunidad. Son cada vez más los indígenas que se desplazan desde los caños del Orinoco hasta las urbes de otros estados como Bolívar, e incluso otras fronteras como Brasil, así lo ha monitoreado la asociación civil Kapé Kapé.

Sin gasolina para enterrar a Merecio

La familia de Elena, y del difunto Merecio llegó a Cambalache a inicios de enero, como otros tantos buscando mejorar sus condiciones de vida. Lo que en el momento ella no sabía es que la comunidad que sería su destino estaba en peores condiciones que la que dejó atrás.

“No tenemos gasolina, no tenemos motor, no tenemos curiara”, decía Elena mientras se sujetaba la cara entre las manos y mecía la cabeza de un lado a otro. Venancio la interrumpió para consolarla con sus palabras, para decirle que la concejala indígena, Yamilet Beria, prometió el pasado martes que haría todo lo posible para llegar allá y poder enterrar al muerto.

“Ve lo que comen, una auyama porque presa no tienen. La mayoría entre hombres y mujeres estamos viviendo así en la cuarentena”, decía Venancio al tiempo que señalaba las cacerolas vacías en la casa de Elena, que en realidad son cuatro troncos sin techo, a la orilla del río, con bolsas de ropa alrededor y un periquito amarrado a la trenza de un zapato.

A San Francisco de Guayo, la comunidad de Elena, no hay otra vía de acceso que la fluvial, su yerno ya no estaba para ayudarla, y no podía volver a su hogar: Tobe Wabanok. “No podemos salir a ninguna parte porque los criollos ya nos tienen a azotes por ahí. Andan matando a los muchachos, hay madres que quedan solteras con 10 hijos”, intervino Carmen Díaz, la sobrina de Juan que también hizo de intérprete. Ella comentó que la pesca ya no era segura, a los indígenas que salen a pescar, o los roban o los matan.

“Por favor, tráiganme a mi esposo, para yo verlo por última vez, que su hija también lo vea, como es mi esposo, necesito que lo traigan, que lo ayuden”, dijo en warao María Reina Torres, mientras la sobrina de Juan, Carmen Díaz, traducía. “No hay nadie que me ayude, ¿qué voy a hacer?”, dice su esposa en su lengua nativa, con un hilo de voz que casi no necesitaba traducción.

Elena siente que Juan tiene la culpa de que su yerno ahora esté muerto. “No es que me los llevé a juro (para la laguna a pescar), es que ellos estaban pasando necesidad y no había quién les diera comida”. Para Merecio, pescar con Juan significaba proveer no solo para su esposa e hija (Yumirde, 6 años), sino para los ocho hijos de su suegra.

En la familia nadie entiende, solo saben que esas muertes ya son rutina en los caños: “Nos están cazando”.

Violencia de género puede incrementarse en cuarentena
Varias ONG resaltan importancia de que las mujeres conozcan sus derechos y las redes de apoyo

Una sobreviviente de violencia basada en género es más propensa a recibir maltratos físicos, psicológicos y sexuales durante el aislamiento, además de que este puede provocar secuelas de estrés o ansiedad.

En aislamiento social, el hogar de esta población vulnerable puede ser inseguro al convivir diariamente con su agresor.

Organizaciones no gubernamentales como Codehciu, Unfpa, Red Naranja y Tinta Violenta resaltan la importancia de que las mujeres conozcan sus derechos, las redes de apoyo a las que pueden acudir y cómo denunciar durante la cuarentena, pues de esto puede depender su vida.

Dónde refugiarse

No hay casas de abrigo en el estado Bolívar, que son sitios destinados para albergar a mujeres en situación de violencia en caso de que su domicilio implique amenaza inminente a su integridad.

Sin embargo, la abogada y monitora en Codehciu, Norkys Salazar, informó que cuando las mujeres denuncian, el Inamujer las puede referir a organizaciones que prestan el servicio.

Las casas de abrigo, según el artículo 32 de la Ley Orgánica para el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia deben estar ubicadas en cada dependencia de los institutos regionales y municipales de la mujer en el país.

Su ausencia impide que los mecanismos de respuesta sean eficientes. “Esto es una falta grave del Estado y pone en riesgo la vida de las mujeres y sus hijos. Las mujeres que se encuentran en esta posición normalmente residen o suelen quedarse en casa de un familiar o pariente cercano”, manifestó Salazar.

Codehciu recomienda que se realicen redes de apoyo entre amigos y vecinos para enfrentar este problema durante la cuarentena.

Hasta febrero de este año, el Monitor de Femicidios de Venezuela contabilizó 43 asesinatos a mujeres, en enero se registraron 34 femicidios. Se debe tomar en cuenta que, según organizaciones internacionales, el femicidio, que es la manifestación más grave de violencia contra la mujer, puede y debe prevenirse aún en estados de emergencia.

El lugar más peligroso

En este sentido, y tomando en cuenta que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que el lugar más peligroso para mujeres y niñas es su hogar, aún antes de la cuarentena, es imprescindible que los Estados fortalezcan mecanismos de respuesta y planes de emergencia con enfoque de género durante la contingencia por la pandemia.

Algunos países han implementado incluso otros mecanismos de respuesta aparte de habilitar centros de llamadas para prevenir femicidios, y evitar el aumento de casos de violencia basada en género dentro de los hogares durante la cuarentena por el Covid-19.

En caso de emergencia o de necesitar apoyo psicológico, el Instituto Nacional de la Mujer y oenegés ponen a disposición de sobrevivientes de violencia mecanismos de asistencia y denuncia.

El Instituto Nacional de la Mujer promueve la campaña Cuarentena Libre de Violencia, y pone a disponibilidad de las sobrevivientes el número telefónico VEN 911, 0800 – Mujeres (0800 6853 737) y *112 Movilnet, disponibles las 24 horas del día.

Para atención psicológica y social, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (Unfpa) y HIAS habilitaron los números de teléfono 0424-9024700 con un horario de atención de 9:00 am hasta las 5:00 pm y 0412- 2610851 de 8:00 am a 5:00 pm.

 

 

Impuesto para compras en divisas busca oxigenar arcas gubernamentales
La reforma de la ley del IVA con el tributo adicional de 5% a 25% para las compras en moneda extranjera circuló este viernes en Gaceta Oficial. La fecha de la aplicación aún es incierta, pues depende de la publicación del decreto que fije la nueva tasa.

El nuevo impuesto para las compras en moneda extranjera, criptomonedas y criptoactivos fue oficializado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.507 del 29 de enero de 2020, que circuló este viernes. El documento indica que la alícuota adicional que podrá ser modificada por el Ejecutivo estará comprendida entre un mínimo de 5% y un máximo de 25% y aplicará para los bienes y prestaciones de servicios pagados en esas monedas.

La alícuota impositiva, propuesta por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente en un contexto de dolarización creciente, será aplicada cuando la venta de bienes muebles, bienes inmuebles o la prestación de servicios sea pagada en moneda distinta a la de curso legal en el país, o en criptoactivo o criptomoneda, establece el artículo 62 de la reforma parcial.

La tasa entrará en vigencia a los 30 días de la publicación en Gaceta Oficial del decreto del Ejecutivo nacional que establezca la alícuota aplicable, una precisión aún pendiente.

Lea la noticia completa en Correo del Caroní

Jorge Machuca, abogado del dirigente sindical de Ferrominera, Rubén González, reprobó las promesas incumplidas sobre la excarcelación del trabajador. “Se ha venido corriendo la tesis de que Rubén puede ser liberado en las próximas horas, situación que viene sucediendo desde octubre y noviembre del 2019. Unos voceros políticos han querido abanderarse con esta situación y han dicho que Rubén en las próximas horas va a salir”, desmintió Machuca, refiriéndose a las declaraciones del líder del partido Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, el 14 de enero.

Hace más de un año que el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera) y coordinador de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) permanece recluido en la cárcel La Pica, estado Monagas. Fue detenido el 30 de noviembre del 2018 mientras regresaba de una protesta de los trabajadores de las empresas básicas en la que exigieron al Ejecutivo nacional el respeto a las convenciones colectivas vigentes.

Desde entonces se le acusa de agresión a funcionarios militares, por lo que injustamente ha sido juzgado por un tribunal militar, en violación del derecho penal venezolano. Desde noviembre del año pasado la mesa de diálogo nacional anuncia su pronta excarcelación. Familiares, colegas y abogados continúan exigiendo su libertad plena.

“Unos dicen que le van a dar casa por cárcel, otros que va a salir con libertad plena y hasta ahora no se ha dado ni lo uno ni lo otro. Le han mentido a sus familiares, al pueblo de Venezuela”, reprendió el abogado.

Machuca informó que él, junto con los otros dos abogados de González, introdujo la apelación sobre la audiencia definitiva del dirigente sindical y hasta ahora no ha recibido respuestas, ni del tribunal militar ni del Gobierno nacional.

En contraste con la opinión del abogado de González, Yarudid González, hija del preso político, manifestó que su descontento no está dirigido a Bertucci o la mesa de diálogo sino a la Asamblea Nacional.

“El hecho de que los que están dirigiendo la Asamblea no se pronuncian nos parece bastante incómodo. Desde la mesa de diálogo es que hemos tenido respuesta, en este caso del señor Bertucci o de Claudio Fermín que son los que han mencionado el caso”, sin embargo agrega: “Él (Bertucci) siempre mantiene ese criterio de que le van a dar su libertad, pero no se ha materializado”, enfatizó.

 

*Vea la nota completa en Correo del Caroní

Indígenas denuncian que tienen cinco meses con desabastecimiento de gasolina
El principal medio de transporte de las comunidades indígenas de Sucre es el fluvial

 

Representantes de organizaciones indígenas denuncian que ya tienen cinco meses lidiando con el desabastecimiento de gasolina en el municipio Sucre del estado Bolívar, por lo que suministrar combustible se ha convertido en un mercado negro.

El cacique general de la organización Kuyujani de la Cuenca Caura y Erebato, Cayetano Pérez; y el presidente de Consejo de Pescadores Indígenas del sector Bajo Caura, Enrique Caura, exigieron al presidente Nicolás Maduro, así como al gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri y la alcaldesa Soraida Valor, explicación sobre lo qué está pasando con el abastecimiento de combustible en la zona.

Los líderes de estas organizaciones no se explican por qué dura tan poco la gasolina que llega al municipio, y afirman tener denuncias de que se despacha combustible en las noches cuando la estación está cerrada. “La gasolina se ha convertido en un mercado negro”.

El sustento de decenas de hogares de estos sectores depende de la pesca, no sólo para la venta, sino para el consumo en sus hogares. “Lo que están haciendo es destruirnos cada vez más, tenemos familias que mantener y no podemos estar todo los días en esa inmensa cola porque vivimos distanciados del municipio y se nos hace difícil regresar por la inseguridad que hay en la carretera y por vía fluvial”.

A propósito del tema de la seguridad, denunciaron la presencia de grupos de civiles armados que hacen vida alrededor del municipio, sometiendo a los habitantes de la población.

“Este grupo lo que hace es amenazar a la gente, apoderarse de los fundos y caseríos, quitar nuestras pertenencias. Hemos realizado varias denuncias a los cuerpos de seguridad, lo primero que no dicen es que no tienen transporte para hacer los recorridos por las comunidades y por último dicen que eso no es su correspondencia custodiar y velar por la seguridad de lo que hacen vida en los campos y en las comunidades indígenas”.

En el escrito recuerdan que el principal medio de transporte de las comunidades indígenas de Sucre es el fluvial, por tanto el combustible es de vital importancia para realizar sus actividades diarias.

“En nuestras comunidades tenemos ambulatorios, escuelas, pescadores, programas sociales y trabajos comunitarios que en estos momentos se encuentran paralizados y afectados por falta de este líquido para seguir contribuyendo para la comunidad y atender nuestra gente”.

Bolívar entre los estados con mayor corrupción según Transparencia Venezuela
93% de los encuestados considera que está frente a un Estado corrupto

 

En el ranking de corrupción, Venezuela está en primer lugar en América Latina, seguido de República Dominicana, Perú, Trinidad y Tobago, Panamá, Brasil, Chile, Honduras y Colombia, de acuerdo con la ONG Transparencia Venezuela.

Datos de la ONG precisan que el 93% de venezolanos encuestados considera que se está frente a un Estado corrupto; el 87% considera que la corrupción ha ido en ascenso.

El 50% de encuestados pagó sobornos para acceder a servicios públicos; el 19% experimentó extorsión para recibir pasaporte, cajas CLAP, entre otros beneficios. El 26% recibió sobornos a cambio de votos.

En Venezuela, no hay un caso de corrupción investigado, pero internacionalmente sí, por lo menos 50 casos y se estiman 27 mil millones de dólares desfalcados.

Bolívar es uno de los estados con mayor índice de corrupción en el país, señala la coordinadora de Transparencia Venezuela en la entidad, Alba Perdomo.

Además de la corrupción en las empresas básicas, otras de las áreas fuertes son el pranato minero al sur de Bolívar, negocios ilícitos en el tema de la gasolina, drogas, armas, prostitución y trata de personas. Por contrabando de combustible se ha perdido en el país más de 30 mil millones de dólares.

Perdomo destacó que atacar este problema requiere de un sistema educativo y toma de conciencia ciudadana sobre su participación y establecer mecanismos anticorrupción, como rendición de cuentas y gobierno abierto.