Correo del Caroní, autor en Runrun

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Costo de la canasta básica alimentaria sigue aumentando de acuerdo a Codhez
El estudio se centra en el precio y disponibilidad de 25 de los alimentos más importantes dentro de la canasta básica en el país

Loiralith Chirinos, coordinadora de documentación de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), informó que en este año de una manera paulatina, los precios de la canasta alimentaria han ido en aumento constante, no solo en precios expresados en bolívares sino también en dólares.

Precisó que su estudio se centra en el precio y disponibilidad de 25 de los alimentos más importantes dentro de la canasta básica en el país, especialmente las canastas del área metropolitana de Maracaibo, en la costa oriental del lago de Maracaibo, Barquisimeto y San Cristóbal.

Chirinos indicó a través del programa En Este País por Radio Fe y Alegría Noticias que en el área metropolitana de Maracaibo para la última quincena del mes de julio identificaron que la canasta posee un monto global de 390,28 bolívares.

“Si lo comparamos con el mes de marzo, esta misma canasta tenía un valor de aproximadamente de 298,88 bolívares. Estamos hablando de una diferencia de casi 100 bolívares entre una y otra en un margen de aproximadamente 4 meses, siendo bastante representativo frente al poder adquisitivo del ciudadano”, explicó.

San Cristóbal con más carestía

Pero en el mes de julio, la activista manifestó que la canasta de San Cristóbal fue la que reflejó una mayor incidencia inflacionaria al tener un valor de 419,35 bolívares, que equivale a unos 72,49 dólares.

“Con esto pudimos evidenciar que hay un incremento del 6,40% en cuanto al pago es en bolívares, y 3,92% cuando el pago es en dólares”, expresó.

Resaltó que además en San Cristóbal, capital del Táchira, también calcularon el valor en moneda colombiana, teniendo un valor de 285.717,20 pesos.

“Esto dado que es una costumbre en este estado fronterizo la adquisición de bienes y servicios por medio de este tipo de moneda”, destacó.

Codehciu registró 37 desapariciones y 43 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Bolívar
65% son hombres y 35% mujeres 

 

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) presentó su informe sobre personas desaparecidas en el Arco Minero del Orinoco, en el que registraron 37 reportes de desapariciones en siete municipios de Bolívar entre septiembre de 2021 y abril de 2022.

En Sifontes hubo 17 reportes de desaparecidos, 3 en Sucre, 3 en El Callao, 2 en Gran Sabana y 1 en Piar, además de 9 ciudadanos de las que se desconoce su ubicación.

La ONG detalló que “del total de los registros, 30 personas permanecen desaparecidas y sólo dos aparecieron sin vida”.

El 65% son hombres entre 20 y 58 años de edad y 35% son mujeres entre 18 y 55 años. De 15 personas del registro se desconoce la edad.

Las fallas en el acceso a las comunicaciones también se registró como un patrón, ya que por esta misma razón, los desaparecidos solían pasar largo tiempo sin comunicarse con familiares.

Por otra parte, “al menos tres personas desaparecieron en pleno traslado a las minas. Otros iban por primera vez pero desaparecieron en un contexto de violencia, como en presuntos enfrentamientos armados o bajo la presunción de un secuestro. El 30% de los familiares informaron que no denunciaron la desaparición de su ser querido ante los órganos competentes por falta de confianza en el accionar del Estado y desconocimiento de las funciones de organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)”.

De manera extraoficial, funcionarios habrían confesado a parientes de los desaparecidos no contar ni con el personal suficiente, ni con vehículos y demás recursos para la búsqueda.

El trabajo de la minería no es exclusivo del estado Bolívar, y desde hace varios años se da una migración interna de ciudadanos de todo el país, en busca de mejorar su economía a través del oro.

Codehciu señaló que de las personas reportadas como desaparecidas, 11 son de Bolívar, 2 de Anzoátegui, 2 de Apure, 1 de Sucre, 1 de Yaracuy, 1 en Monagas y 1 en Zulia. Del resto no se tiene información de su procedencia.

Codehciu exhorta al Estado venezolano no solo a pronunciarse y asumir la responsabilidad sobre las desapariciones que ocurren en el Arco Minero del Orinoco, también a “diseñar un protocolo de búsqueda para personas desaparecidas en contextos violentos, garantizar la no repetición de estos actos y proteger la dignidad de los familiares”.

Ejecuciones extrajudiciales

En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, la ONG contabilizó al menos 43 casos. Caroní, El Callao y Piar fueron los municipios con más registros, con 16, 11 y 5 muertes respectivamente.

“El informe sobre el monitoreo de estas muertes, que abarca desde septiembre de 2021 hasta abril de 2022, alertó que el órgano con más registros sobre estos hechos es la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con 20 víctimas en Bolívar”.

En el caso del Cicpc se reportaron como autores de seis presuntas ejecuciones extrajudiciales, y tres reportes cada uno para el Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Sipeb) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La organización advirtió que en Bolívar, tres hombres murieron bajo custodia del Estado: uno en la cárcel de Vista Hermosa y dos en los calabozos del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo. 

Ejecuciones en Monagas

Durante el mismo período, hubo 28 víctimas en seis municipios de Monagas. Codehciu alertó que 23 ciudadanos murieron en presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad en Monagas. De ellas, 8 fueron ejecutadas por la PNB; 7 la GNB y 6 el Cicpc.

“En el estado Monagas suele haber una cifra menor de ejecuciones extrajudiciales que no debe traducirse en una menor incidencia de la letalidad policial y militar, pues siempre habrá un subregistro de casos que no trascienden a la prensa regional”, alertó Codehciu. 

 

(Con información de Prensa Codehciu)

Muerte de cuatro indígenas yanomami a manos de militares sigue impune a tres meses del hecho
A tres meses del suceso, los testigos claves siguen aislados arbitrariamente en el Hospital Militar Carlos Arvelo en Caracas
La muerte violenta de los indígenas fue denunciada ante distintos organismos internacionales

 

Hace tres meses cuatro indígenas yanomami murieron a manos de militares en el sur de Amazonas. Pero el delito sigue impune.

El medio regional aliado Correo del Caroní informó que los testigos claves del hecho siguen aislados arbitrariamente en el Hospital Militar Carlos Arvelo en Caracas.

En trabajo de la periodista Laura Clisánchez reseñaron que Seyoma Silva, madre de Borges Sifontes, -adolescente de 16 años herido en los hechos denunció formalmente ante el fiscal superior del estado Amazonas  la retención arbitraria de su hijo.

En redes sociales Olnar Ortiz, abogado y coordinador nacional de pueblos indígenas de la organización Foro Penal, ofreció detalles de la denuncia el 24 de junio. 

Traslado arbitrario a Caracas

El asesinato los indígenas ocurrió el 20 de marzo de 2022 en  Parima B, municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.

En esa fecha, hubo un enfrentamiento entre indígenas yanomami y efectivos de la Aviación Militar de una base de seguridad fronteriza.

Esto debido a que los castrenses negaran el uso o devolución de un router para acceso a internet que era propiedad de los indígenas.

Tras los hechos, a dos de los heridos, Borges Sifontes y su hermano Gabriel Silva, los llevaron al Hospital Militar de Caracas. Y ni la familia, defensa legal o diputados pueden tener libre acceso a la habitación de los testigos. 

«Se les prohíben las visitas y salir del cuarto (…) Antes del traslado, Sifontes fue operado tres veces en el Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho. Y requería otra cirugía, pues presenta una fractura expuesta de hombro izquierdo, herida de bala en la pierna derecha y anemia severa (…) Ortiz denunció que al muchacho solo le administraban calmantes«, explica el Correo del Caroní.

El medio también recuerda que a los militares heridos también los sacaron de Amazonas tras pasar cinco días retenidos por la comunidad indígena.

Según denuncias de ONG, el Estado ha intentado «negociar con la comunidad y ocultar los hechos».

Por otra parte, el caso fue denunciado ante la relatoría de derechos de los pueblos indígenas de la ONU,  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional.

Pero, a nivel de la justicia local, no hay avances.

Lea el trabajo completo en el medio aliado regional Correo del Caroní

Familiares piden a autoridades retomar búsqueda de hombre desaparecido hace cinco años
151 reportes de personas desaparecidas hay entre 2012 y agosto de 2021 

 

La última vez que los familiares vieron a Robert Arguello, de 29 años de edad, fue el 24 de octubre de 2017, cuando salió de su casa -ubicada en Upata, municipio Piar- en el estado Bolívar hacia las minas del sur de la entidad.

Aunque el 26 de febrero de 2018 José Salazar, padre de Arguello, puso la denuncia por desaparición ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no percibe avances en la investigación, al contrario, presiente que las autoridades engavetaron el caso. Los familiares de Arguello piden al Estado retomar la búsqueda del muchacho.

Salazar relató en entrevista con Correo del Caroní que, antes de partir, el muchacho no precisó a cuál sector minero se dirigía, “él tenía amigos que querían irse a las minas. Yo sé que él quería hacer su vida, pero se escuchan tantas cosas de ese mundo…”, expresó.

Contó que la familia lo ha buscado por sus propios medios desde Roscio hasta Gran Sabana, hasta ahora sin resultados. “Ni siquiera tenemos la certeza de que llegó con bien a su destino”, lamentó.

La madre de Arguello trabaja en la terminal de pasajeros de Upata como vendedora de alimentos, como el lugar es concurrido, carga consigo una foto de su hijo para mostrarla en caso de que alguien la reconozca.

“Y sí lo reconocieron, dicen que lo vieron por última vez en El Miamo (ubicado en Roscio) pero no conseguimos nada. Aun así, estamos convencidos de que está vivo”, manifestó Salazar.

Robert Arguello es de tez morena, mide 1,70 metros de altura, tiene el cabello crespo y oscuro y es sordomudo. No tiene ni tatuajes ni cicatrices. De tener información sobre su paradero, parientes ponen a disposición el número de teléfono: 0412-6940130.

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, muchas personas aún migran a las minas para procurar ingresos que les permitan costear lo básico para sus familias. En el proceso muchos no regresan a casa.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en alianza con Correo del Caroní contabilizó 151 reportes de personas que desaparecieron entre 2012 y agosto de 2021 en zonas mineras de Bolívar.

Hasta ahora, nadie más que familiares y allegados de las víctimas de desaparición buscan a sus parientes, en medio de un contexto de violencia impuesta por grupos armados y funcionarios militares inherente a la extracción de minerales promovida por el Arco Minero del Orinoco (AMO).

No hay protocolos de búsqueda definidos y, con frecuencia, funcionarios desestiman los casos o alegan no tener recursos para emprender las labores correspondientes.

Acceso a la Justicia cuestiona efectividad de comisión para investigar violaciones a DD HH
A juicio de la ONG, dicho instrumento se perfila como un intento por frenar las averiguaciones que la Fiscalía de la CPI

La ONG Acceso a la Justicia cuestionó la efectividad y real independencia de una comisión para la investigación de violaciones de derechos humanos, creada mediante una ley por la Asamblea Nacional electa en 2020, debido a su conformación y capacidad para llevar a cabo su labor.

La Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos aprobado en diciembre de 2021 es un texto que, según el Parlamento, tiene la “finalidad de promover el respeto, garantía y protección de los DD HH de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación”.

A juicio de Acceso a la Justicia, dicho instrumento se perfila “como un intento por frenar las averiguaciones que la Fiscalía de la CPI viene adelantando en el caso venezolano”, al crear una Comisión de Justicia y Reparación que, aparentemente, tiene la misión de ayudar al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país y proponer medidas para reparar a los afectados.

“Una revisión del texto arroja dudas sobre la capacidad de la comisión para llevar a cabo su labor y hace temer que la misma no sea más que una simulación de justicia y un nuevo organismo burocrático”, aseguró la ONG en un análisis de esta ley.

Respecto a la independencia de dicha instancia, Acceso a la Justicia cuestiona “la gran injerencia” que tendrá la Asamblea Nacional, mayoritariamente oficialista, sobre el nombramiento de los integrantes de la comisión, incluyendo a su presidente.

La comisión deberá estar integrada por siete personas, dos de ellos diputado y el resto de organizaciones o movimientos en defensa de los derechos humanos. “Habrá que ver si esto sucede en la realidad, porque por lo general el Gobierno venezolano no trabaja con organizaciones no gubernamentales (ONG) reconocidas ni con defensores de derechos humanos independientes, y menos aún toma en cuenta sus recomendaciones”.

Acceso a la Justicia también refirió la poca claridad en las funciones y su propia naturaleza. La comisión podrá “estudiar, evaluar y verificar el funcionamiento de la justicia”, además de investigar presuntos delitos “contra los derechos humanos que impliquen afectaciones a la dignidad humana, vida, integridad personal física, psíquica y moral, libertad personal y libertad de conciencia, pensamiento y opinión”.

Para la ONG esto forma parte de un ensayo de justicia transicional que no cumple con estándares internacionales. “Si se pone en marcha un mecanismo alternativo de justicia transicional el mismo debería ser producto de un consenso con la sociedad civil y no como ocurrió en este caso, que ni siquiera la ley que lo crea fue sometida a debate público para su conocimiento y discusión en la población venezolana”.

Codehciu: 17 casos de agresiones contra mujeres en enero marcan violento inicio de año en Bolívar
En 2021 hubo 210 mujeres víctimas

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) alertó que en enero de 2022 hubo 14 mujeres adultas víctimas de diferentes tipos de agresiones, según el monitoreo de medios de comunicación en el estado Bolívar.

Hubo 10 casos de violencia física y uno de violencia patrimonial, precisó la organización a través de una nota de prensa. Otras dos mujeres recibieron amenazas, mientras que hubo un reporte sobre una mujer desaparecida.

Además la organización no gubernamental alertó sobre tres niñas y adolescentes que fueron vulneradas mediante actos lascivos y agredidas físicamente, lo que hace un total de 17 registros solo en medios de comunicación.

La oenegé destacó que los golpes, empujones y cachetadas son algunas demostraciones de agresión propiciadas por victimarios. La violencia física es una de las agresiones más comunes que sufren mujeres, niñas y adolescentes. Esta también tiene consecuencias psicológicas como sentimientos de tristeza, aislamiento social, depresión, ansiedad, que perjudican la calidad de vida de ellas, y empeoran la supervivencia en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.

Estos hechos vulneran cada mes los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas. El equipo de atención psicosocial de la organización defensora de derechos humanos alertó sobre el crecimiento de las agresiones a nivel psicológico en los hogares bolivarenses, a partir de maltrato físico contra mujeres.

Violencia física y psicológica

Las cifras anuales del monitoreo alertan que durante el 2021 hubo 210 mujeres víctimas. De este número se desprendieron 95 sobrevivientes de agresiones físicas.

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia consagra en su artículo 15, numeral 4, que la violencia física es “toda acción u omisión que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer”.

Sobre la violencia psicológica, la misma ley enuncia que se trata de “toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento (…) comparaciones destructivas, amenazas y actos que conllevan a las mujeres a disminuir su autoestima”.

Control Ciudadano denuncia opacidad en el manejo de Camimpeg a seis años de su creación
La organización destacó que la administración de la explotación de servicios petroleros, de gas y explotación minera, “implica enormes recursos de la Nación, entregados al manejo de los militares, sobre los cuales debe existir transparencia, memoria y cuenta que no se está rindiendo al país”

El 10 de febrero se conmemoraron seis años de la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg). En este lapso ha habido opacidad sobre el manejo de esta empresa militar, resaltó la organización Control Ciudadano a través de un comunicado.

El estatus legal a la nueva empresa del Estado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, fue publicado en el decreto N° 2.231. “Una decisión de Nicolás Maduro, con todas las características de incentivo de lealtad para la Fuerza Armada Nacional, que entregó a los militares por cincuenta (50) años el monopolio para efectuar todo lo relativo a las actividades de ‘servicios petroleros, de gas y explotación minera en general’, en asociación con empresas nacionales y extranjeras, sin limitación alguna, de acuerdo a los estatutos”.

Sin embargo, Control Ciudadano advirtió que poco se sabe de esta compañía. Lo escaso que se ha difundido es:

  1. Apenas el decreto de creación, en febrero de 2016, mediante el cual se le otorgan más de medio centenar de funciones en materia petrolera, de gas y minera.
  1. Que la junta directiva informaría a los ciudadanos, de acuerdo al acta constitutiva, sobre la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que integran el patrimonio de la empresa, cuya administración les corresponde, sin que eso se haya cumplido hasta la fecha.
  1. Que en el año 2019, Camimpeg es autorizada a realizar una alianza estratégica para la exploración, explotación y comercialización de coltán (columbita tantalita) en el Arco Minero del Orinoco, Área 1, según la página web del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico.
  1. Que en diciembre de 2020, según Gaceta Oficial, modifica sus estatutos para otorgar mayores poderes de gestión y de administración de recursos al presidente de la compañía, de manera autónoma.
  1. Que actualmente su junta directiva es la siguiente:

Para Control Ciudadano, la administración de la explotación de servicios petroleros, de gas y explotación minera, implica enormes recursos de la Nación, entregados al manejo de los militares, sobre los cuales debe existir transparencia, memoria y cuenta que no se está rindiendo al país. A seis años de la creación de esta empresa militar, el país sigue sin conocer el manejo y alcance de las operaciones de Camimpeg. 

Familiares piden apoyo para buscar a joven desaparecida en las minas desde hace un año
Camila Alves, de 21 años, fue vista por última vez en el kilómetro 88 del municipio Sifontes en septiembre de 2020.