Correo del Caroní, autor en Runrun

Correo del Caroni

Se deteriora salud de pemones detenidos en cárcel de El Rodeo II
No se les ha aplicado una prueba para descartar tuberculosis

Abogados de los 12 pemones, aún detenidos en El Rodeo II tras el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla del municipio Gran Sabana a finales de 2019, denunciaron que al menos cuatro indígenas están padeciendo síntomas similares a los que originaron la muerte de Salvador Franco a comienzos de año.

La abogada de la organización Foro Penal, Stefania Migliorini, indicó que los pemones no han sido trasladados a un centro asistencial, pese a la orden del juez en noviembre de 2020, para el traslado de los 13 pemones a un hospital.

Por otro lado, Olnar Ortiz, abogado de Foro Penal y coordinador de Pueblos Indígenas, declaró que a los pemones se les hizo una prueba de despistaje de COVID-19 la semana pasada, en la que dieron negativo, pero no se le ha realizado prueba de tuberculosis, enfermedad de la que murió Franco.

Además de esto reafirmó que continúan sin la revisión médica en un centro de salud como lo ordenó el juez el 27 de noviembre en la audiencia preliminar. Ortiz expresó que la semana entrante van a solicitar que se ejecute la orden de traslado para la revisión médica de los 12 pemones restantes, así como nuevamente solicitar cambio del sitio de reclusión.

Sin investigación

La abogada señaló que la Fiscalía hasta los momentos no ha empezado una investigación sobre el caso de Franco. Migliorini aseguró que están realizando denuncias y acciones legales para que representantes del Ministerio Público ejerzan acciones penales contra los posibles responsables de la muerte del indígena y se pueda resguardar la salud física y mental de los que siguen privados de libertad.

“Una vez revelada la autopsia se demuestra la responsabilidad del Estado, es por ello que el caso se va a llevar como una petición ante las relatorías de detención arbitraria de la ONU, la relatoría de Pueblos Indígenas, así como ante la CPI”, expresó Ortiz.

Salvador, detenido el 29 de diciembre de 2019, murió el 3 de enero debido a una tuberculosis y un cuadro de desnutrición. En este período nunca recibió atención médica ni se les brindaron garantías de alimentación o agua potable. Pese a la muerte de Franco, nada ha cambiado.

Similares condiciones de reclusión

“Todo sigue estando igual (…) en ese estado tan inhumano en el que se encuentran, ahí no hay agua, no tienen baño, no les dan el alimento adecuado, de verdad que están pasando trabajo”, relató Migliorini.

Los cuatro indígenas están decaídos, con tos y pérdida del apetito sin que les permitan acceder a medicamentos con facilidad, denunció la abogada. La defensa subrayó que los 12 pemones tienen temor de contagiarse de tuberculosis y sufrir lo mismo que Franco.

Migliorini dijo que desde el penal han puesto múltiples trabas para no realizar el traslado de los pemones, entre esas la falta de transporte, gasolina y hasta cauchos. “Antes del fallecimiento de Salvador los familiares trataron de colaborarle a ellos en lo que necesitaban… necesitaban carro, le consiguieron”, relató.

Incluso los parientes de Salvador hicieron gestiones para conseguir gasolina y trasladar al indígena, sin embargo, la última excusa antes de fallecer fue que no tenían autorización de la ministra de centros penitenciarios para llevarlo hasta un centro asistencial. “Un centro penitenciario al ver el estado de salud de uno de los privados no necesita ni autorización de un tribunal”, denunció Migliorini.

Felicia Pérez, madre de Amílcar, Oscar y Pantaleón Pérez, tres de los 12 pemones aún presos y que se ha mantenido en Caracas entregándole alimentos a los apresados, manifestó: “Tenemos miedo de que se contagien de tuberculosis”.

A su vez subrayó que seguirán reclamando por justicia y que “no quede impune la muerte de Salvador”.

Advierten sobre actos delictivos a universidades públicas en inicio del 2021
Aula Abierta señala que durante la cuarentena de 2020 contabilizaron por lo menos 175 actos delictivos en 12 universidades de Venezuela

Tan solo en la primera semana de 2021, la ONG Aula Abierta contabilizó ocho actos vandálicos en contra universidades públicas del país, incluyendo el incendio que en el edificio de Fundageominas, en la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Oriente (UDO), en Ciudad Bolívar.

La ONG precisó que de estos ocho actos delincuenciales, tres fueron en sedes de la UDO, tres en la Universidad de Los Andes (ULA), tres en la Universidad del Zulia (LUZ) y uno en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

Al menos 12 universidades públicas del país han sufrido constantes hurtos y destrozos a sus sedes desde marzo del año pasado cuando comenzó la cuarentena por la pandemia de la COVID-19. Desde entonces se registraron al menos 175 actos vandálicos contra estas casas de estudios, de acuerdo con datos del Observatorio de Derechos Universitarios.

Las universidades más afectadas durante la cuarentena en 2020 fueron la Universidad del Zulia (50), Universidad de Oriente (35), Universidad Central de Venezuela (33) y Universidad de Los Andes (30).

“Estos actos comprometen seriamente el desarrollo de actividades docentes y de investigación académica. Además representan una violación a la autonomía universitaria y la libertad académica”, denunció la ONG a través de su cuenta en Twitter @AulaAbiertaVE.

En Bolívar, el Observatorio de Derechos Universitarios registró también dos hurtos o intentos de robos en la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG).

Incendio en la UDO

La noche del 4 de enero se registró un incendio donde funcionaba Fundageominas, en la Escuela de Ciencias de la Tierra de la UDO en Ciudad Bolívar. La decana María Coromoto Casado y bomberos municipales descartaron que se tratase de un incendio espontáneo, y afirmaron que fue provocado.

En el lugar, desde hace meses estaban sin cableado de alta tensión, a consecuencia de un hurto anterior, era de noche y no había ningún tipo de material inflamable.

Espacios de esa escuela y la de Ciencias de la Salud han sido las más violentadas, desde el hurto y destrozo de techos, ventanales, puertas, material de laboratorio y desmantelamiento del comedor.

La decana ha resguardado parte del mobiliario, y desde el año pasado cuando sucedió el incendio en la biblioteca de la UDO en Sucre, movimientos estudiantiles realizaron una jornada de resguardo de libros de la biblioteca en la sede de Ciudad Bolívar.

Después del incendio en Fundageominas, los movimientos ProUdistas, Adelante UDO y Más Udista intensificaron las jornadas de recuperación y resguardo de los espacios y bienes de la universidad.

“Acá están los estudiantes, acá está la luz que se interpondrá ante estas tinieblas que hoy pretenden consumir las casas de estudios, acabar con la pluralidad, el libre saber y la democracia. Seguimos defendiendo nuestras universidades desde cualquier espacio. Y a los que hoy pretenden acabar con nuestras instituciones, les digo que no lo van a lograr y que para nosotros rendirse jamás será una opción”, manifestó Hernán Adonis Bethelmy, dirigente estudiantil de ProUdistas.

La dirigencia estudiantil instó a los estudiantes a mantenerse en lucha constante por el rescate de esta casa de estudios y a no abandonar los espacios académicos.

“Nuestro país hoy pasa por una de las más grandes crisis política, económica y social en toda su historia. Y la manera de evitar que esto continúe es formándose en cada salón, en cada laboratorio de nuestras instituciones educativas”, agregó.

Alan Tafur, dirigente de Adelante UDO, manifestó: “Nuestro compromiso de mantener la academia no será mermado así nos golpeen, humillen, pretendan quemar nuestras instalaciones y aunque la situación se torne cuesta arriba, acá está una dirigencia comprometida con la lucha de una mejor universidad, de una excelencia académica. Hoy activamos planes de contingencia, hoy quizás no estaremos funcionando de una manera normal, pero mientras sigamos generando nuevamente las condiciones y sigamos comprometido lo vamos a lograr”.

 
 
El sistema de justicia en Venezuela trabajó menos de 10% durante 2020
La pandemia terminó por colapsar el sistema judicial en Venezuela, cuyos mecanismos digitales no contemplaron evitar los retardos procesales. De acuerdo con el monitoreo del Observatorio Venezolano de Prisiones, durante 2020 fallecieron al menos 10 internos de la cárcel de El Dorado

La cuarentena por la pandemia de la COVID-19 incidió en un mayor retardo en todos los procedimientos civiles y penales en Venezuela. El sistema de justicia venezolano estuvo paralizado en más de 90%, pese a que en sus resoluciones, el Tribunal Supremo de Justicia dijo que estaría 100% activo.

El coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones en Bolívar, el abogado Luis Manuel Guevara, destacó que todo el sistema de justicia, tanto en casos civiles como penales, se vio afectado.

Para el 2 de julio, el TSJ implementó el sistema a distancia a través de su plataforma digital y empezó con Anzoátegui, Nueva Esparta y Aragua en el plan piloto hasta octubre cuando lo extendió a todo el país.

“En cuanto a la Fiscalía del Ministerio Público, ajustaron un horario especial a la semana, lunes, miércoles y viernes de 8:00 am a 11:00 am, a veces cuando era semana flexible hasta la 1:00 pm. Lo que no se paralizó fue la Fiscalía que siempre estuvo de guardia para casos de personas detenidas por primera vez”.

Agregó que “el TSJ emitió ocho resoluciones donde decía que el sistema de justicia no se iba a paralizar, pero en la realidad es otra cosa. Solamente se hacían audiencias de presentación si la persona salía en libertad, pero si la persona quedaba presa, pasaba a engrosar la lista de retardo procesal a nivel nacional”.

La ONG Acceso a la Justicia denunció a finales de octubre que “pese a que durante la semana de flexibilización se estableció que todos los tribunales laborarían, eso no ha ocurrido en la práctica. Algunos juzgados aún están sin personal o en inventario, a la vez que en la semana de no flexibilización no hay despacho, salvo amparos y ciertos actos en materia penal”.

Ausentismo laboral

Guevara se refirió también al colapso del sistema judicial por falta de personal. “Hay muy poco personal porque muchos de los que trabajan dentro del sistema de justicia se han autoexcluido, se han ido del país, han buscado otras formas de vida”.

De acuerdo con Acceso a la Justicia, muchos empleados no se reintegraron a sus labores, principalmente por los míseros salarios que devengan, ya que ni siquiera les permite cubrir los gastos del pasaje diario. Los salarios del personal de apoyo a los jueces están entre los 3 y 10 dólares, aproximadamente.

Para 2021 se prevé que el gobierno implemente nuevamente cuarentena radical. El reinicio de actividades en tribunales está planteado para el 18 de enero, pero dependerá de las medidas que tome el Ejecutivo nacional con respecto a la pandemia.

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Impresión de bolívares sin respaldo dispara el dólar en vísperas de diciembre
El significativo incremento de la moneda estadounidense devino luego de un supuesto aumento salarial de 400.000 bolívares a 1.200.000 bolívares

En los últimos 23 días el tipo de cambio del dólar ha aumentado más de 400 mil bolívares. Para comienzos de noviembre se necesitaban 520 mil bolívares para comprar un dólar. Luego de tres semanas un venezolano necesita 967 mil para comprar la misma cantidad, un incremento de 87% con respecto a principios de mes.

Comerciantes y pensionados son los más afectados de todo este aumento que devino luego de un supuesto aumento salarial de 400.000 bolívares a 1.200.000 bolívares, que alcanzan -si acaso- para medio cartón de huevos. Pese a que trabajadores del sector público y pensionados han recibido dicho monto, ninguna autoridad del Gobierno nacional ha oficializado el incremento que intenta fallidamente paliar la hiperinflación que comenzó a finales de 2017.

El economista y director del Capital Market Finance Jesús Casique explicó que el aumento en el tipo de cambio se debe al incremento de la base monetaria, es decir, la impresión de bolívares sin respaldo y dado el aumento de la liquidez monetaria que representa el dinero disponible que tienen los ciudadanos para su uso.

Sumado a esto, señaló que el último trimestre del año son meses estacionales donde suben los precios y las personas jurídicas o naturales buscan coberturas. Es decir, donde las personas buscan reducir riesgos económicos en monedas más seguras como el euro o el dólar.

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Asamblea Nacional contabiliza 162 militares presos por motivos políticos
La mayoría son de la Guardia Nacional y el Ejército

La presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, diputada Adriana Pichardo, presentó el informe sobre los presos políticos militares en Venezuela.

El observatorio contabiliza a la fecha 162 presos políticos militares, de los cuales 67 son de la Guardia Nacional (41,36%), 66 del Ejército (40.74%), 18 de la Aviación Militar (11.11%), 7 de la Armada (4.32%) y otros 4 (2.47%) sin identificar.

Solo en 2019 se registraron 65 detenciones arbitrarias de militares. “Por rango militar de los hoy secuestrados políticos militares el 40,74% representa a sargentos, el 27,78% a tenientes, 9,6% a coroneles, el 8,64% a capitanes, 6,79% generales, el 4,94% son mayores, 1,23% tenientes coroneles y un soldado que representa el 0,62%”, especificó Pichardo.

Distrito Capital, Monagas y Aragua ocupan los primeros tres lugares de estados donde se registraron el mayor número de aprehensiones, con 91, 17 y 15 casos, respectivamente. En Bolívar contabilizan cinco arrestos a militares por razones políticas que equivalen a 3,09% del total.

“Estas no solo son cifras, son las familias, son víctimas con derechos humanos. Detrás de estas 162 personas hay torturas, hay violación al debido proceso. Nosotros vamos a continuar elevando la voz y denunciando estos hechos”, manifestó la legisladora.

En cuanto a los sitios de reclusión, el 51.85% se encuentran en la cárcel de Ramo Verde, 25.31% en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta-Caracas, y 9.88% en La Pica. El resto se ubica en Fuerte Tiuna, Helicoide, hospital militar, cárcel 26 de Julio, cárcel de Santa Ana, Dgcim Táchira, arresto domiciliario, y tres casos sin especificar.

Pichardo destacó que el Observatorio de DD HH de la AN fue creado el 17 de julio 2020 con el fin de “documentar y visibilizar las violaciones de los DD HH a los que ha sido sometidos la población venezolana y crear una memoria histórica sobre estos hechos que puedan servir de insumo a las instancias nacionales e internacionales”.

Acotó que para la próxima semana prevén presentar un informe sobre los encarcelamientos por razones políticas a civiles.

El informe de la misión

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano se refirió al informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, y destacó que a diferencia del documento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet -que se limita a la descripción de los hechos sin determinar responsables-, este especifica la responsabilidad de las violaciones de DD HH y crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“Se refiere en primer término a lo que tiene que ver con la persecución y violación de DD HH de los parlamentarios y sus familiares. Son más de 100 los diputados perseguidos o sometidos a acoso. El informe establece desde sus primeras páginas un nexo entre corrupción y violación de DD HH, destacando que los principales motivos para llevar a cabo los crímenes son para recibir beneficios económicos, es decir, corrupción”, destacó.

Recordó que en el informe expresa el ilegal allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados a través del Tribunal Supremo de Justicia, y no de la Asamblea Nacional como constitucionalmente corresponde.

Se refirió también a los señalamientos en contra del Sebin y Dgcim, como dos de los órganos principales de represión en el país. Señaló el caso de Roberto Marrero como un ejemplo de fabricación de pruebas en contra de un ciudadano. “El exdirector del Sebin dijo que había recibió órdenes directas de Nicolás Maduro para sembrar armas en su casa, al mismo tiempo que declaró que era Maduro quien decidía quién era detenido, liberado y torturado”, indicó Solórzano.

“Además la comisión tiene el caso de una joven que ya no se encuentra en el país y que fue obligada a ingerir más de 10 litros de cloro. Ella es familiar de un preso político y casi la matan”, agregó.

El informe de la misión contienen más de 400 páginas con las que sustenta los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y sus responsables, e insta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a actuar oportunamente para hacer justicia a las víctimas.

Exigen celeridad en averiguaciones sobre asesinato de mujer en Ciudad Bolívar
El suceso ocurrió el pasado 7 de junio 

El femicidio de Yohendrys Rodríguez lo lleva una defensa privada, cuyas representantes exigen mayor y mejor atención ante denuncias de violencia contra la mujer.

Los padres de Yohendrys Zulay Rodríguez Reyes nombraron abogadas privadas querellantes para que los represente en el esclarecimiento del femicidio de su hija. El caso lo llevan las abogadas Yamileth Carvajal y Yenis Betancourt, quienes reclaman al Ministerio Público y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) mayor diligencia en las averiguaciones.

Denunciaron que el asesinato de Yohendrys, que ocurrió el pasado 7 de junio por su exnovio, no ha recibido la atención que requiere, por tratarse de un caso de una familia de bajos recursos.

El victimario huyó después de dispararle a la joven de 29 años por negarse a regresar con él. En los ocho meses que tuvieron de relación, Yohendrys fue víctima de violencia física, psicológica y verbal. Sus padres relataron que recibió amenazas de su expareja, José Gregorio Sifontes Niño. Otras personas también son investigadas por presunta complicidad.

La defensa instó a las mujeres víctimas de violencia a denunciar y actuar ante estos casos.

“Se le hace un llamado de atención a los fiscales encargados de esta materia que no saben cómo tratar a las víctimas. Primero empiezan en acoso sexual y los fiscales no les toman las denuncian porque no ha pasado nada e insinúan que ellas son las que incitan para que les pase el acoso o abuso sexual por su vestimenta o por cualquier cosa que diga. En muchos casos estas víctimas son maltratadas en los despachos fiscales, y por eso, al ver que no hay respuesta en el organismo competente, se marchan con toda su moral e integridad por el piso”, denunciaron.

Las abogadas advirtieron que esta es la razón por la que la mayoría de las veces se deja de denunciar, y terminan asesinadas.

“Como abogadas privadas querellantes pedimos que cualquier caso que exista e indicios de alguna situación, se investigue, se tomen las denuncias, se de celeridad al proceso de esas víctimas, no cuando estén muertas (…) seguiremos prestando nuestro trabajo para hacer justicia, no le van a devolver a los padres a sus hijas, pero el asesino debe ser presentado ante los organismos correspondientes y ser juzgado por este lamentable feminicidio”, puntualizaron.

Solo en marzo de 2020 la organización de derechos humanos, Codehciu, registró tres femicidios en el estado Bolívar. En 2019, la ONG reportó un total de 65 mujeres víctimas de femicidio en la entidad. Además denunció sobre otro comportamiento agresivo: la violencia sexual.

Si eres víctima de violencia de género y necesitas asesoría jurídica o ayuda psicosocial en el estado Bolívar, comunícate con Codehciu a través del teléfono: (0286) 961.92.02 y el correo: [email protected].

Más de 500 hectáreas en la Gran Sabana están intervenidas por la minería ilegal
Aunque oficialmente está fuera del Arco Minero del Orinoco, en más de 1.000 hectáreas del Parque Nacional Canaima también se busca oro. Indígenas de la Gran Sabana, forzados por la crisis humanitaria, participan en una actividad que amenaza uno de los rincones más biodiversos de la Tierra

 

En la quebrada Mapaurí el agua es turbia, y en la ondulada Mürümpa que pasaba por Manak-Krü, en el que las mujeres lavaban la ropa y se bañaban, la quebrada se hizo hilo y se volvió un charco. Todas son huellas del efecto de la minería en el sector oriental y los alrededores del Parque Nacional Canaima, mejor conocido como la Gran Sabana, las extensas planicies al sur de Venezuela sobre las cuales se levanta la cadena de tepuyes que hacen de este paisaje uno de los territorios más megadiversos en la formación geológica más antigua de la Tierra.

Depredación minera frente a los ojos del tepuy Roraima, un reportaje de Correo del Caroní y el Centro Pulitzer, en alianza con Prodavinci e Infoamazonia, cuenta cómo la extensa sabana se ha ido transformando en la última década en una zona de excavación minera frente a la corrupción del régimen de Nicolás Maduro y a una inédita emergencia humanitaria en Venezuela.

Todas las operaciones mineras que se observan en las riberas de los ríos Yuruaní, Aponwao y Kukenán están atentando de forma irremediable contra los recursos biológicos de la nación. La investigación, desarrollada en un periodo de seis meses, analiza las causas estructurales que explican por qué el turismo fue desplazado y cómo la omisión del Ejecutivo ha colaborado para que el pueblo pemón participe en la actividad extractivista.

Un análisis detallado, hecho en colaboración con expertos en sensores remotos para esta investigación, con énfasis en el sector oriental del área protegida y validado con visitas de campo en el primer trimestre de 2020, permitió detectar 21 sitios de operación minera adicionales a los 33 detectados por la ONG SOSOrinoco en 2018. Las imágenes satelitales del sensor Sentinel permiten concluir que, solo en el sector oriental, hay 515 hectáreas de pérdida de cobertura vegetal, degradación de suelos, contaminación por mercurio y otros metales pesados y agentes contaminantes como aceite y gasolina.

Junto a la afectación en el sector occidental —donde está el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo—, los daños suman 1.033 hectáreas del Parque Nacional Canaima intervenidas por actividades mineras ilegales hasta el primer trimestre de 2020.

Aunque esta zona no forma parte del Arco Minero del Orinoco, creado en 2016 por el régimen de Nicolás Maduro, la actividad crece sin control sirviéndose en los últimos meses de combustible facilitado principalmente por uniformados militares a precio de oro.

El trabajo se divide en seis secciones y cuenta con un mapa con información satelital y la localización de todos los sectores mineros en el Parque Nacional Canaima, además de fotografías exclusivas y visitas de campo a zonas mineras que no habían sido documentadas anteriormente, y en las que la actividad se ejecuta con conocimiento de las autoridades indígenas.

Para leer el trabajo completo, haz clic acá.

Comunidad de Cambalache indignada por asesinato de warao
Familiares no tenían como enterrar el cadáver debido a la escasez de gasolina

“¡Este es un atraco!”, contó Juan que escuchó decir a tres criollos que cada vez se acercaban más al sitio donde él y su compañero Merecio Torres de 25 años estaban pescando, en la laguna El Bañador, aguas del Orinoco, territorio de Macapaima. Era un sábado 11 de abril a las 9:00 de la mañana.

De inmediato Juan, warao de la comunidad de Cambalache como Merecio, soltó el tren de pesca que tenía en sus manos, y sintió un pinchazo en la oreja: uno de los criollos le había enterrado una puya durante el atraco. “Llévate el pescado, llévate los trenes, pero déjanos tranquilos, déjanos en paz”, decía asustado, pero los delincuentes se llevaron más que eso: mataron a su compañero de pesca.

Merecio intentó defenderse del asalto, y con canaleta en mano le asestó un golpe en la frente a uno de los asaltantes. Fue tal hazaña lo que marcó el final de sus días, pues resuelto a no dejar pasar la afrenta, otro criollo lo golpeó con saña en la nuca. Lo sometió de tal forma que pudo amarrarlo, meterle un pedazo de camisa en la boca y luego ahorcarlo con un mecate hasta arrancarle el último aliento de vida. Todo esto a 100 metros de la laguna a la que tantas veces fue con Juan a pescar, a buscar alimento para sus familias, la misma laguna donde pesca de 20 a 30 curiaras en promedio, diariamente.

Un sobreviviente de esa mañana, Juan Beria, lo recuerda: “Esa gente mató a este hombre como matar a un animal (…) a él lo matan casi encima de mí, lo mataron, lo ahorcaron con un mecate, y así está ahorita, como lo dejaron ellos ahí, amarrado ahí”.

Es que el cuerpo de Merecio, para el martes 14 de abril, aún yacía en Macapaima, territorio del estado Anzoátegui. Al ser un asesinato, le corresponde al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantar el cuerpo, cumplir con la autopsia, entregarlo a la familia, y estos no cuentan ni con gasolina ni con dinero para trasladarse.

A Juan lo dejaron amarrado de pies y manos junto al muerto. También tenía un trapo metido en la boca que gracias a la providencia -como él atribuye- se le salió. Solo así logró que el domingo 12 de abril, también en la mañana, unos cazadores de venado lo rescataran y lo llevaran de vuelta a Cambalache. “Si no, yo estuviera deshaciéndome, así como está mi compañero”.

Más de 20 curiaras pescan juntas en la laguna donde ocurrió el hecho, y Juan todavía atribuye el ataque a que ellos tenían más suerte en la pesca que los criollos que optaron por agredirlos, robarles sus trenes de pesca y la comida del día. Para aquella mañana ya tenía medio saco lleno de pescado.

“Ellos tiraban sus trenes, pero no cogían nada porque las mallas eran grandes y los pescados salían por la malla”, intervino emocionado el cacique de la comunidad, Venancio Narváez, empeñado en ayudar a Juan a reconstruir nuevamente el relato como si él mismo presenció los acontecimientos.

“Esas son bastantes curiaras que pescan ahí, ahí todo el mundo pesca. A lo mejor ellos pensarán que estábamos en la laguna de ellos”, continuaba relatando Juan.

Amarrado junto a su amigo muerto

Mientras Juan contaba lo sucedido, mostraba sus muñecas y piernas rotas por la fricción del mecate con el que lo amarraron de pies y manos junto al cadáver de su compañero. Así permaneció por más de 24 horas sintiendo cómo el cuerpo inerte a su lado se descomponía.

Las extremidades del pescador seguían hinchadas a pesar de haber pasado dos días y en ocasiones mientras relataba los hechos se le escapaba una mueca de dolor. Todavía no ha recibido atención médica porque en su comunidad no hay módulos operativos. “Logro calmar el dolor con una pastilla que me dio una comadre”.

Juan es uno de los indígenas waraos que viven de la pesca en aguas del Orinoco, ahora está tan magullado que no puede mover un canalete, sin embargo, no conoce otra forma de ganarse el pan, o el de sus hijos. Y ahora la pesca no es segura.

La última vez que salió a la faena a la laguna de Macapaima le costó la vida de su compañero, cuya familia ahora culpa a Juan de lo sucedido. “De esa familia él es el único interesado que él tenía, fue cuatro veces conmigo a pescar, a la cuarta vez fue cuando nos asaltaron”, dijo.

Del otro lado del sitio donde Juan, sentado y rodeado de su familia contaba por al menos quinta vez lo sucedido, estaba la suegra de Merecio, Elena Navarro, con el rostro ensombrecido por el luto. Sentada en un chinchorro lloraba indignada, con la mirada perdida como quien acababa de perderlo todo. Necesita al menos 40 litros de gasolina para buscar el cadáver.

La suegra del difunto es parte de la población flotante que viene desde el Delta del Orinoco. Es parte de los miles de waraos que abandonan sus hogares y se desplazan a las ciudades en busca de comida, medicinas y mejores condiciones de trabajo. Hasta hace unos meses muchos de ellos vivían del contrabando de gasolina, pero la escasez del combustible y la persecución del negocio, terminó con ese sustento para la comunidad. Son cada vez más los indígenas que se desplazan desde los caños del Orinoco hasta las urbes de otros estados como Bolívar, e incluso otras fronteras como Brasil, así lo ha monitoreado la asociación civil Kapé Kapé.

Sin gasolina para enterrar a Merecio

La familia de Elena, y del difunto Merecio llegó a Cambalache a inicios de enero, como otros tantos buscando mejorar sus condiciones de vida. Lo que en el momento ella no sabía es que la comunidad que sería su destino estaba en peores condiciones que la que dejó atrás.

“No tenemos gasolina, no tenemos motor, no tenemos curiara”, decía Elena mientras se sujetaba la cara entre las manos y mecía la cabeza de un lado a otro. Venancio la interrumpió para consolarla con sus palabras, para decirle que la concejala indígena, Yamilet Beria, prometió el pasado martes que haría todo lo posible para llegar allá y poder enterrar al muerto.

“Ve lo que comen, una auyama porque presa no tienen. La mayoría entre hombres y mujeres estamos viviendo así en la cuarentena”, decía Venancio al tiempo que señalaba las cacerolas vacías en la casa de Elena, que en realidad son cuatro troncos sin techo, a la orilla del río, con bolsas de ropa alrededor y un periquito amarrado a la trenza de un zapato.

A San Francisco de Guayo, la comunidad de Elena, no hay otra vía de acceso que la fluvial, su yerno ya no estaba para ayudarla, y no podía volver a su hogar: Tobe Wabanok. “No podemos salir a ninguna parte porque los criollos ya nos tienen a azotes por ahí. Andan matando a los muchachos, hay madres que quedan solteras con 10 hijos”, intervino Carmen Díaz, la sobrina de Juan que también hizo de intérprete. Ella comentó que la pesca ya no era segura, a los indígenas que salen a pescar, o los roban o los matan.

“Por favor, tráiganme a mi esposo, para yo verlo por última vez, que su hija también lo vea, como es mi esposo, necesito que lo traigan, que lo ayuden”, dijo en warao María Reina Torres, mientras la sobrina de Juan, Carmen Díaz, traducía. “No hay nadie que me ayude, ¿qué voy a hacer?”, dice su esposa en su lengua nativa, con un hilo de voz que casi no necesitaba traducción.

Elena siente que Juan tiene la culpa de que su yerno ahora esté muerto. “No es que me los llevé a juro (para la laguna a pescar), es que ellos estaban pasando necesidad y no había quién les diera comida”. Para Merecio, pescar con Juan significaba proveer no solo para su esposa e hija (Yumirde, 6 años), sino para los ocho hijos de su suegra.

En la familia nadie entiende, solo saben que esas muertes ya son rutina en los caños: “Nos están cazando”.