Correo del Caroní, autor en Runrun

Correo del Caroni

Jorge Machuca, abogado del dirigente sindical de Ferrominera, Rubén González, reprobó las promesas incumplidas sobre la excarcelación del trabajador. “Se ha venido corriendo la tesis de que Rubén puede ser liberado en las próximas horas, situación que viene sucediendo desde octubre y noviembre del 2019. Unos voceros políticos han querido abanderarse con esta situación y han dicho que Rubén en las próximas horas va a salir”, desmintió Machuca, refiriéndose a las declaraciones del líder del partido Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, el 14 de enero.

Hace más de un año que el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera) y coordinador de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) permanece recluido en la cárcel La Pica, estado Monagas. Fue detenido el 30 de noviembre del 2018 mientras regresaba de una protesta de los trabajadores de las empresas básicas en la que exigieron al Ejecutivo nacional el respeto a las convenciones colectivas vigentes.

Desde entonces se le acusa de agresión a funcionarios militares, por lo que injustamente ha sido juzgado por un tribunal militar, en violación del derecho penal venezolano. Desde noviembre del año pasado la mesa de diálogo nacional anuncia su pronta excarcelación. Familiares, colegas y abogados continúan exigiendo su libertad plena.

“Unos dicen que le van a dar casa por cárcel, otros que va a salir con libertad plena y hasta ahora no se ha dado ni lo uno ni lo otro. Le han mentido a sus familiares, al pueblo de Venezuela”, reprendió el abogado.

Machuca informó que él, junto con los otros dos abogados de González, introdujo la apelación sobre la audiencia definitiva del dirigente sindical y hasta ahora no ha recibido respuestas, ni del tribunal militar ni del Gobierno nacional.

En contraste con la opinión del abogado de González, Yarudid González, hija del preso político, manifestó que su descontento no está dirigido a Bertucci o la mesa de diálogo sino a la Asamblea Nacional.

“El hecho de que los que están dirigiendo la Asamblea no se pronuncian nos parece bastante incómodo. Desde la mesa de diálogo es que hemos tenido respuesta, en este caso del señor Bertucci o de Claudio Fermín que son los que han mencionado el caso”, sin embargo agrega: “Él (Bertucci) siempre mantiene ese criterio de que le van a dar su libertad, pero no se ha materializado”, enfatizó.

 

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Indígenas denuncian que tienen cinco meses con desabastecimiento de gasolina
El principal medio de transporte de las comunidades indígenas de Sucre es el fluvial

 

Representantes de organizaciones indígenas denuncian que ya tienen cinco meses lidiando con el desabastecimiento de gasolina en el municipio Sucre del estado Bolívar, por lo que suministrar combustible se ha convertido en un mercado negro.

El cacique general de la organización Kuyujani de la Cuenca Caura y Erebato, Cayetano Pérez; y el presidente de Consejo de Pescadores Indígenas del sector Bajo Caura, Enrique Caura, exigieron al presidente Nicolás Maduro, así como al gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri y la alcaldesa Soraida Valor, explicación sobre lo qué está pasando con el abastecimiento de combustible en la zona.

Los líderes de estas organizaciones no se explican por qué dura tan poco la gasolina que llega al municipio, y afirman tener denuncias de que se despacha combustible en las noches cuando la estación está cerrada. “La gasolina se ha convertido en un mercado negro”.

El sustento de decenas de hogares de estos sectores depende de la pesca, no sólo para la venta, sino para el consumo en sus hogares. “Lo que están haciendo es destruirnos cada vez más, tenemos familias que mantener y no podemos estar todo los días en esa inmensa cola porque vivimos distanciados del municipio y se nos hace difícil regresar por la inseguridad que hay en la carretera y por vía fluvial”.

A propósito del tema de la seguridad, denunciaron la presencia de grupos de civiles armados que hacen vida alrededor del municipio, sometiendo a los habitantes de la población.

“Este grupo lo que hace es amenazar a la gente, apoderarse de los fundos y caseríos, quitar nuestras pertenencias. Hemos realizado varias denuncias a los cuerpos de seguridad, lo primero que no dicen es que no tienen transporte para hacer los recorridos por las comunidades y por último dicen que eso no es su correspondencia custodiar y velar por la seguridad de lo que hacen vida en los campos y en las comunidades indígenas”.

En el escrito recuerdan que el principal medio de transporte de las comunidades indígenas de Sucre es el fluvial, por tanto el combustible es de vital importancia para realizar sus actividades diarias.

“En nuestras comunidades tenemos ambulatorios, escuelas, pescadores, programas sociales y trabajos comunitarios que en estos momentos se encuentran paralizados y afectados por falta de este líquido para seguir contribuyendo para la comunidad y atender nuestra gente”.

Bolívar entre los estados con mayor corrupción según Transparencia Venezuela
93% de los encuestados considera que está frente a un Estado corrupto

 

En el ranking de corrupción, Venezuela está en primer lugar en América Latina, seguido de República Dominicana, Perú, Trinidad y Tobago, Panamá, Brasil, Chile, Honduras y Colombia, de acuerdo con la ONG Transparencia Venezuela.

Datos de la ONG precisan que el 93% de venezolanos encuestados considera que se está frente a un Estado corrupto; el 87% considera que la corrupción ha ido en ascenso.

El 50% de encuestados pagó sobornos para acceder a servicios públicos; el 19% experimentó extorsión para recibir pasaporte, cajas CLAP, entre otros beneficios. El 26% recibió sobornos a cambio de votos.

En Venezuela, no hay un caso de corrupción investigado, pero internacionalmente sí, por lo menos 50 casos y se estiman 27 mil millones de dólares desfalcados.

Bolívar es uno de los estados con mayor índice de corrupción en el país, señala la coordinadora de Transparencia Venezuela en la entidad, Alba Perdomo.

Además de la corrupción en las empresas básicas, otras de las áreas fuertes son el pranato minero al sur de Bolívar, negocios ilícitos en el tema de la gasolina, drogas, armas, prostitución y trata de personas. Por contrabando de combustible se ha perdido en el país más de 30 mil millones de dólares.

Perdomo destacó que atacar este problema requiere de un sistema educativo y toma de conciencia ciudadana sobre su participación y establecer mecanismos anticorrupción, como rendición de cuentas y gobierno abierto.

Designan nuevos presidentes en Minerven, Sidor y Comsigua

EL EJECUTIVO NACIONAL DESIGNÓ NUEVOS presidentes para la Compañía General de Minería de Venezuela, C.A. (Minerven), la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) y el Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua), de acuerdo con los decretos publicados en la Gaceta Oficial N° 41.679 del 22 de julio.

En Minerven fue designado David Alberto Pedreañez Sánchez como presidente de la estatal aurífera, en sustitución de Adrián Perdomo Mata, quien ocupaba el cargo desde julio de 2018 y en marzo de 2019 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por continuar las operaciones de oro que se nutren de la minería ilegal para sostener al régimen de Nicolás Maduro.

Además de ser sancionado, Perdomo Mata estaba vinculado al recientemente sancionado empresario colombiano Alex Saab, encargado de la importación de alimentos para el programa de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), subsidiado por el régimen de Maduro.

“Alex Nain Saab Moran es un ciudadano colombiano que, junto a su socio de negocios Álvaro Enrique Pulido Vargas, supervisó una sofisticada red de empresas usadas para adquirir, ensamblar y enviar comida a Venezuela en apoyo a los contratos CLAP, todo a la tasa de mayor ganancia para ellos. Saab usó las ganancias generadas por las cajas de comida CLAP para sobornar funcionarios del Gobierno y mantener su acceso a contratos del Gobierno”, indicó el Departamento del Tesoro.

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Más del 90% de los anticonvulsivos están escasos en Venezuela

LA ASOCIACIÓN CIVIL CONVITE, en alianza con otras ONG como Codehciu, Kape Kape, Mulier, Funcamama, entre otras, dio a conocer los resultados del estudio sobre el Índice de Escasez de Medicamentos en Venezuela, correspondiente a febrero de este año. Los anticonvulsivos arrojaron un promedio de 91.2% de escasez en Caracas, Barquisimeto, Mérida, Maracaibo, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, Puerto La Cruz y Valencia, ciudades donde se realizó el monitoreo.

El total ponderado sobre la escasez de medicamentos para la diabetes es de 74%, siendo Caracas donde hay mayor desabastecimiento con 90.1%, seguido de Barquisimeto y Mérida con 88.5$ y 97%, respectivamente.

Barquisimeto también registró un porcentaje rojo en escasez de antihipertensivos (91.1%), cuando el promedio en las ciudades de estudio fue de 64.2%. En cuanto a medicinas para infecciones respiratorias agudas (IRA), el total ponderado fue de 88.1%; Caracas, Barquisimeto, Mérida y Puerto La Cruz superan el 90%.

Los medicamentos para la diarrea tienen un 66.9% de escasez, siendo Caracas la más crítica con 91%. Los antidepresivos tienen un promedio de 86.5% de escasez, siendo Caracas, Barquisimeto, Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz donde la escasez supera el 90%.

Los resultados de Puerto Ordaz fueron los siguientes: diabetes 77.8%; hipertensión 60%, IRA 86.9%, diarrea 69.8%, depresión 90.5%, convulsión 95.2%.

En Ciudad Bolívar la depresión y los trastornos neurológicos que causan convulsiones, son las morbilidades con más ausencia en los anaqueles. Los medicamentos para la diabetes tienen 82.5% de escasez; hipertensivos 63.2%, IRA 88.8%, diarrea 59.6%, depresión 92.6%, y para la convulsión 90.7%.

“A diferencia de lo que mucha gente piensa el área metropolitana de Caracas no es precisamente la mejor abastecida de medicinas, la escasez en febrero fue muy alta para todas las morbilidades que monitoreamos”, indicó la organización Convite en su cuenta en Twitter @conviteac, puesto que su índice de escasez es de más de 90% en todos los tipos de medicamentos de estudio, a excepción de hipertensivos (77.3%).

En general, las medicinas para las infecciones respiratorias agudas y trastornos neurológicos convulsivos son las que muestran los peores dígitos.

En cuanto al índice de morbilidad, 74% es por diabetes, 64.2% por hipertensión, 88.1% por IRA, 66.9% por diarrea, 86.5% por depresión y 91.2% por falta de medicamentos para convulsiones.

Desigualdad, abusos y violaciones a DD HH: la realidad de las reclusas venezolanas

Una Ventana a la Libertad (UVL) presentó este lunes el estudio Situación de las mujeres privadas de libertad en Venezuela. (Una narrativa desde las vivencias), el cual expone la situación que viven las mujeres reclusas en su vida cotidiana dentro de los diferentes centros de detención preventiva (CDP) a nivel nacional, los anexos femeninos de las prisiones para hombres delincuentes y las instituciones de mujeres para que las reclusas cumplan sus condenas en el país.

De acuerdo con el informe, estas mujeres han logrado acercarse a la igualdad pero por debajo: lo malo para los malos y lo peor para las peores. Detenidas en centros de reclusión inapropiados y sin el más mínimo respeto al estado de derecho y al debido proceso para acceder a la justicia, es lo que caracteriza la situación carcelaria o penitenciaria de las mujeres que han llegado al sistema.

No necesariamente son culpables según las historias que nos han compartido, pero muchas de ellas pagan una pena anticipada a lo largo del proceso que puede durar años, y que sea cual sea el delito cometido, cumplirán detenidas ya sea en una cárcel, prisión o en un centro de detención preventiva.

Lo menos que tenemos en Venezuela hoy son prisiones. Los centros de detención de mujeres son básicamente anexos a las principales prisiones masculinas como es el caso del Centro Penitenciario de Oriente La Pica, la Penitenciaria General de Venezuela en Guárico, el Centro Penitenciario de Occidente en el estado Táchira, el Centro Penitenciario de la Región OccidentalUribana en Lara, el Centro Penitenciario de Aragua Tocorón, entre otros.

Centros de reclusión exclusivos de mujeres son muy pocos, entre ellos están en el estado Nueva Esparta el Centro Penitenciario Femenino de la Región Insular (antes anexo femenino del Penal de San Antonio) y en el estado Miranda el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), la más antigua en el país. Sin embargo, al igual que con la población masculina el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario suspendió el traslado de personas detenidas preventivamente en los centros especiales, dependientes de policías municipales o de la Policía nacional, de las alcaldías y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a los centros de reclusión, lo cual ha desplazado los graves problemas de las prisiones a estos centros de detención

Entre mentiras y olvido

En 2018, en las entrevistas a detenidas en estos centros la falta de visitas es una queja constante y dolorosa. “Un hombre cae preso y las mujeres los visitamos. La mujer cae presa y la familia se olvida de ella”.

“No estamos en capacidad de afirmar que las olvidan, pero sí que muchas veces cuando ellas están detenidas sus madres y/o hermanas son las que cuidan a sus hijos y no pueden visitarlas frecuentemente. Aquí vemos el sesgo de género que la cultura nos ha impuesto, ellas los visitan y cuidan si ellos están presos pero, a ellas nadie las cuida y menos las visitan”, explica la ONG.

No hay ningún cumplimiento del llamado debido proceso. Este es absolutamente obviado en la práctica diaria en la vida dentro de las prisiones, cárceles y centros transitorios de detención. De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan la problemática de las prisiones y las y los reclusos, las mujeres constituyen un 6% del total de las personas presas en el país.

Así, en una evasión de responsabilidad permanente, mujeres y hombres sufren la violación de sus derechos ante la impasividad de los diferentes entes institucionales tanto policiales a nivel nacional, regional o local. Todo esto sucede a pesar de que la ministra de Servicios Penitenciarios declaró en junio del año de su nombramiento -2011- que “ya tenemos los terrenos y los recursos. En agosto comienza la primera etapa con los ocho primeros centros para procesados”, aseguró Varela en ese momento, agregando “esos centros para procesados, además de canchas deportivas y áreas verdes, contarán con salón de usos múltiples donde se puede instalar un tribunal si se requiere”.

Discriminación y abusos

El ejercicio del derecho a la sexualidad es sólo privilegio masculino. Siempre en Venezuela ha sido así, lo cual se ha convertido en un problema más serio de lo que muchos imaginan. Una afirmación de una joven de 24 años recluida en el centro de detención preventiva de la Policía del municipio Zamora del estado Miranda, y que es madre de dos hijas, afirma que “no tienen visita conyugal. Las presas dicen que ellas mismas tienen que resolver. Se masturban y algunas tienen sexo entre ellas mismas”.

La Regla 27 de Bangkok señala: en caso de que se permitan las visitas conyugales, las reclusas tendrán el mismo derecho a ellas que los reclusos de sexo masculino. En Venezuela no se permiten estas visitas porque no se reconoce el derecho al ejercicio de la sexualidad femenina, lo cual genera conductas sexuales que pueden ser realizadas para satisfacer una necesidad.

Las exreclusas y las presas actuales que fueron entrevistadas en el anexo femenino de la cárcel de La Pica coinciden en que este no es un problema en dicho anexo. A ellas sólo las separa una reja que ha sido violentada muchas veces, de la cárcel de los hombres. Esto ha sido causa de embarazos cuando las mujeres van a reunirse con sus compañeros en la prisión masculina.

La ONG registró también intercambio de comida y seguridad a cambio de favores sexuales.

Una exreclusa del anexo femenino de Tocorón entrevistada nos hace visible otro elemento que tiene que ver con la Regla 4 de Bangkok y que habla de la más absurda discriminación de género dentro de la prisión. “Asegura que las áreas de disfrute como la piscina y los parques que tienen los del anexo masculino son solo para ellos. Las mujeres no tienen acceso a ellas”.

El no tener acceso a centros de reclusión que permitan la visita constante de las integrantes de la familia, y especialmente de los hijos e hijas de las reclusas, puede llevar a decisiones muy problemáticas y de consecuencias negativas para ellas. Pero a la larga estas experiencias quedan registradas en ellas como una lucha por sus derechos. Otro aspecto muy importante que aparece señalado varias veces en las entrevistas es la historia de violencia intrafamiliar de parte de los esposos o compañeros de vida de estas mujeres y su vinculación con los delitos que ellas han cometido, ya sea por decisión, ignorancia o por miedo.

Una joven entrevistada contó que se vio involucrada en el delito en compañía de su pareja al que conoció cuando él estaba en la prisión. Esta situación se repite, las mujeres establecen parejas con presos en diferentes situaciones, y luego se ven voluntaria o involuntariamente inmersas en la vida delictiva de su compañero de vida.

En este caso, el delito era parte de las experiencias de su familia de origen. Cuando la mujer iba a visitar a su familiar, conoció a su novio, con quien estableció vínculos en ese centro de detención preventiva y, cuando salió en libertad, formalizaron su noviazgo. Ambos participaron en un caso de extorsión y posteriormente fueron privados de libertad. El hermano de la presa fue asesinado hace año y medio en Guarenas en un ajuste de cuentas por drogas.

Las presas denunciaron falta de agua constantemente, tanto para tomar como para su higiene personal, lo cual es considerado un problema crónico tanto en Uribana como en Fénix, pues carecen de suministro de agua por tuberías y sólo se surten con camiones cisternas. Es decir, las condiciones en este anexo femenino parecerían no tener nada que envidiarle a los centros de detención preventiva.

En relación con el anexo femenino del Centro Penitenciario Fénix se encuentran 195 mujeres reclusas todas cumpliendo sentencia, contrario a lo que podríamos esperar por los retrasos procesales que son constante queja de las demás reclusas. En este anexo la información del número de reclusas proviene de la Pastoral Penitenciaria de Barquisimeto que pertenece a la Arquidiócesis de Barquisimeto, quienes todos los domingos ofician misa en el lugar y están en constante trabajo dentro de la comunidad penitenciara.

Al igual que en Uribana los traslados masivos son debido a protestas de las mujeres en el anexo. En un motín conjunto de reclusos y reclusas en 2017 secuestraron a la directora y 5 funcionarios. Por ello fueron trasladadas 100 reclusas fuera de la zona lo cual las alejó de sus parientes.

En mayo del 2018 después de un motín en la prisión de varones se produjo otro conflicto en el área del anexo femenino. Luego de esa reyerta, familiares de las privadas de libertad denunciaron que las presidiarias pasaron 20 días siendo maltratadas dentro del área de reclusión. Aseguran que mujeres miembros del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodia (GRIC), en especial la jefa de dicho grupo descargó la ira contra ellas por haber perdido a un compañero.

Mujeres funcionarias, custodias o guardias nacionales. Estos grupos especiales militares o policiales, en Venezuela producen rechazo y miedo por su libre ejercicio de la violencia. En el caso de las prisiones se encargan de realizar las requisas para la búsqueda de drogas, armas, municiones, etc., y también para sofocar motines.

Consideraciones finales

La principal causa de ingresos de mujeres a las prisiones se debe al tráfico o venta de drogas ilícitas. En segundo lugar, la extorsión. La alta frecuencia de la violencia de pareja en los casos de las mujeres reclusas y la vinculación de su pareja con los delitos de los cuales se le acusa parece un patrón.

Estas mujeres afirman que no solamente ellas, sino muchas de las que se encuentran recluidas en cualquiera de los diferentes centros, son mujeres inocentes inculpadas por su compañero de vida o su esposo, quienes delinquen y las acusan o simplemente las utilizan en especial en el tráfico de drogas, sin su conocimiento o participación voluntaria. \

Con información de Una Ventana a la Libertad

No hay detenidos por los siete asesinatos en la Gran Sabana

SIETE MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS se han contabilizado hasta el 6 de marzo, como consecuencia de las arremetidas militares del régimen entre el 22 y 23 de febrero en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar. De los más de 60 detenidos, ninguno ha sido por los asesinatos cometidos a manos de funcionarios del Ejército y la Guardia Nacional.

El Ministerio Público designó a cuatro fiscales para investigar estos crímenes: fiscal 91 indígena, 54 con competencia plena, segundo de derechos humanos y sexto de delitos comunes. Sin embargo, hasta ahora no hay ni un funcionario militar apresado.

Este miércoles la Asamblea Nacional debatió sobre los hechos ocurridos al sur de Bolívar, donde se han contabilizado cuatro pemones asesinados (tres de ellos de la comunidad Kumarakapay) y otros tres criollos, luego que militares les dispararan.

“El día 22 de febrero, los pemones fueron atacados, mataron a una mujer (Zoraida Rodríguez), hubo 14 heridos, los diputados nos dirigimos al hospital, los heridos fueron llevados a Boa Vista, en Brasil, porque en el hospital no tenían cómo atenderlos”, recordó la diputada Gladys Guaipo.

Fueron al menos 20 lesionados los trasladados hasta Boa Vista y Pacaraima. Entre el 27 de febrero y el 3 de marzo murieron tres de ellos: Kliver Pérez (27 de febrero), Rolando García (2 de marzo) y Jorge González (3 de marzo). Los dos primeros eran pemones de Kumarakapay, víctimas del ataque del Ejército la madrugada del 22 de febrero.

Rolando García, además, era esposo de Zoraida Rodríguez, la primera víctima de ese día. Jorge González era oriundo de Upata, municipio Piar, y resultó herido en los hechos del 23 de febrero en Santa Elena de Uairén, poblado al que había viajado para comprar un repuesto del carro.

“A los indígenas no les perdonan que tengan una pancarta que diga presidente Juan Guaidó en la entrada de la comunidad. No les perdonan su resistencia al saqueo del oro en sus tierras (…) ellos heredaron la difteria, paludismo, sarampión, sida, enfermedades que no eran registradas en la Gran Sabana y el pueblo pemón. Quienes usurpan el poder quieren usurpar las tierras de los pemones para saquear sus tierras. El alcalde Emilio González es perseguido, tiene orden de captura, está a punto de ser destituido, están buscando la forma, así como persiguen a los capitanes indígenas que se han rebelado contra la narcodictadura”, denunció el diputado Américo De Grazia.

La diputada Olivia Lozano, quien junto a otros 14 parlamentarios estuvo en Santa Elena de Uairén, recordó que “esta no es la primera vez que sucede una masacre, ha habido muchas en el estado Bolívar. En Santa Elena de Uairén, el ministerio de propaganda del régimen se ha declarado defensor de los indígenas, pero es solo una pantomima”.

“Quieren destruir la voluntad del pueblo, los quieren aniquilar. Hoy (6 de marzo) la frontera sigue cerrada, sigue la persecución, Justo Noguera quiere tomar a la fuerza ese pueblo, pero jamás tendrán control de la tierra ancestral. Es una masacre continuada la que se está dando en Santa Elena de Uairén y el sur de nuestro país, más de 10 días que no reciben alimentos en la zona”, intervino el diputado Ángel Medina.

Mientras la frontera con Brasil sigue cerrada, al igual que la vía a la altura del Fuerte Escamoto en Santa Elena de Uairén, la población se ha mantenido en zozobra por la militarización del pueblo. Niños que estudian en Pacaraima tampoco han podido asistir a clases. En territorio brasileño quedan venezolanos varados, a la espera de poder ingresar a Venezuela.

Violencia represiva deja dos asesinados en Santa Elena de Uairén durante manifestaciones por la ayuda humanitaria

TESTIGOS DE AMBOS CRÍMENES aseguran que militares y civiles dispararon contra las protestas. Al hospital de la capital de Gran Sabana ingresaron 22 heridos de bala. Un piquete militar en la Troncal 10 impidió el paso de la ayuda humanitaria a Bolívar.

Los habitantes de Santa Elena de Uairén esperaban recibir este sábado los camiones con el cargamento de ayuda humanitaria que entraría a Venezuela desde Brasil. Lo que recibieron, en cambio, fue represión, gas lacrimógeno y balas.

El día terminó con dos asesinados: José Hernández y otra víctima masculina, sin identificar. Ambos fueron baleados durante manifestaciones a favor del ingreso de la ayuda humanitaria.

Las protestas se concentraron en la Troncal 10, en frente del Fuerte Roraima, a unos seis kilómetros de la frontera entre Venezuela y Brasil. Su idea era caminar hasta la línea fronteriza para recibir los camiones. Cuando llegaron se encontraron con un piquete de la Guardia Nacional.

Los militares reprimieron y, según los testigos, hubo disparos tanto de los militares como por parte de civiles que estaban escondidos en los costados de la vía, quienes estaban antes con los uniformados. En ese momento cayó asesinada la primera víctima.

“Él estaba corriendo para resguardarse en uno de los lados y le dispararon en el pecho. Nosotros le preguntamos que dónde le dieron, pero ya estaba muerto”, dijo una testigo. Hasta la noche, el asesinado no había sido identificado.

Caos hospitalario

A los heridos los trasladaron, con ayuda de otros manifestantes, al Hospital Rosario Vera Zurita. Los médicos contaron 22, y al menos tres de ellos fueron trasladados al centro asistencial de Boa Vista, en la vecina Brasil, por la gravedad de las lesiones: en Santa Elena no había insumos para atenderlos.

“Aquí no hay ni anestesia”, dijo uno de los médicos. A ese hospital también llevaron a José Hernández, de 24 años, quien murió asesinado de un balazo en la cabeza.

Hernández estaba en una protesta en el casco central de Santa Elena, a pocos metros de la Alcaldía de Gran Sabana. Testigos aseguran que un militar le disparó. “¡Asesinos, asesinos!”, le gritaron los manifestantes a los militares, minutos después de que el joven cayera al piso.

Represión continua

Las protestas continuaron durante la tarde y la noche. En varias calles de Santa Elena había cauchos quemados y barricadas. La respuesta fue la misma: represión con bombas lacrimógenas y perdigonazos.

En la noche, a través de redes sociales se difundió el rumor de que los diputados de la legítima Asamblea Nacional que estaban en Santa Elena estaban detenidos. Era falso.

Lo que hubo fue una suerte de toque de queda en todo el pueblo. Las calles cerradas y los piquetes de la Guardia Nacional impedían la circulación. Fue el final de una jornada cruenta.