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Designan nuevos presidentes en Minerven, Sidor y Comsigua

EL EJECUTIVO NACIONAL DESIGNÓ NUEVOS presidentes para la Compañía General de Minería de Venezuela, C.A. (Minerven), la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) y el Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua), de acuerdo con los decretos publicados en la Gaceta Oficial N° 41.679 del 22 de julio.

En Minerven fue designado David Alberto Pedreañez Sánchez como presidente de la estatal aurífera, en sustitución de Adrián Perdomo Mata, quien ocupaba el cargo desde julio de 2018 y en marzo de 2019 fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por continuar las operaciones de oro que se nutren de la minería ilegal para sostener al régimen de Nicolás Maduro.

Además de ser sancionado, Perdomo Mata estaba vinculado al recientemente sancionado empresario colombiano Alex Saab, encargado de la importación de alimentos para el programa de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), subsidiado por el régimen de Maduro.

“Alex Nain Saab Moran es un ciudadano colombiano que, junto a su socio de negocios Álvaro Enrique Pulido Vargas, supervisó una sofisticada red de empresas usadas para adquirir, ensamblar y enviar comida a Venezuela en apoyo a los contratos CLAP, todo a la tasa de mayor ganancia para ellos. Saab usó las ganancias generadas por las cajas de comida CLAP para sobornar funcionarios del Gobierno y mantener su acceso a contratos del Gobierno”, indicó el Departamento del Tesoro.

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Más del 90% de los anticonvulsivos están escasos en Venezuela

LA ASOCIACIÓN CIVIL CONVITE, en alianza con otras ONG como Codehciu, Kape Kape, Mulier, Funcamama, entre otras, dio a conocer los resultados del estudio sobre el Índice de Escasez de Medicamentos en Venezuela, correspondiente a febrero de este año. Los anticonvulsivos arrojaron un promedio de 91.2% de escasez en Caracas, Barquisimeto, Mérida, Maracaibo, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, Puerto La Cruz y Valencia, ciudades donde se realizó el monitoreo.

El total ponderado sobre la escasez de medicamentos para la diabetes es de 74%, siendo Caracas donde hay mayor desabastecimiento con 90.1%, seguido de Barquisimeto y Mérida con 88.5$ y 97%, respectivamente.

Barquisimeto también registró un porcentaje rojo en escasez de antihipertensivos (91.1%), cuando el promedio en las ciudades de estudio fue de 64.2%. En cuanto a medicinas para infecciones respiratorias agudas (IRA), el total ponderado fue de 88.1%; Caracas, Barquisimeto, Mérida y Puerto La Cruz superan el 90%.

Los medicamentos para la diarrea tienen un 66.9% de escasez, siendo Caracas la más crítica con 91%. Los antidepresivos tienen un promedio de 86.5% de escasez, siendo Caracas, Barquisimeto, Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz donde la escasez supera el 90%.

Los resultados de Puerto Ordaz fueron los siguientes: diabetes 77.8%; hipertensión 60%, IRA 86.9%, diarrea 69.8%, depresión 90.5%, convulsión 95.2%.

En Ciudad Bolívar la depresión y los trastornos neurológicos que causan convulsiones, son las morbilidades con más ausencia en los anaqueles. Los medicamentos para la diabetes tienen 82.5% de escasez; hipertensivos 63.2%, IRA 88.8%, diarrea 59.6%, depresión 92.6%, y para la convulsión 90.7%.

“A diferencia de lo que mucha gente piensa el área metropolitana de Caracas no es precisamente la mejor abastecida de medicinas, la escasez en febrero fue muy alta para todas las morbilidades que monitoreamos”, indicó la organización Convite en su cuenta en Twitter @conviteac, puesto que su índice de escasez es de más de 90% en todos los tipos de medicamentos de estudio, a excepción de hipertensivos (77.3%).

En general, las medicinas para las infecciones respiratorias agudas y trastornos neurológicos convulsivos son las que muestran los peores dígitos.

En cuanto al índice de morbilidad, 74% es por diabetes, 64.2% por hipertensión, 88.1% por IRA, 66.9% por diarrea, 86.5% por depresión y 91.2% por falta de medicamentos para convulsiones.

Desigualdad, abusos y violaciones a DD HH: la realidad de las reclusas venezolanas

Una Ventana a la Libertad (UVL) presentó este lunes el estudio Situación de las mujeres privadas de libertad en Venezuela. (Una narrativa desde las vivencias), el cual expone la situación que viven las mujeres reclusas en su vida cotidiana dentro de los diferentes centros de detención preventiva (CDP) a nivel nacional, los anexos femeninos de las prisiones para hombres delincuentes y las instituciones de mujeres para que las reclusas cumplan sus condenas en el país.

De acuerdo con el informe, estas mujeres han logrado acercarse a la igualdad pero por debajo: lo malo para los malos y lo peor para las peores. Detenidas en centros de reclusión inapropiados y sin el más mínimo respeto al estado de derecho y al debido proceso para acceder a la justicia, es lo que caracteriza la situación carcelaria o penitenciaria de las mujeres que han llegado al sistema.

No necesariamente son culpables según las historias que nos han compartido, pero muchas de ellas pagan una pena anticipada a lo largo del proceso que puede durar años, y que sea cual sea el delito cometido, cumplirán detenidas ya sea en una cárcel, prisión o en un centro de detención preventiva.

Lo menos que tenemos en Venezuela hoy son prisiones. Los centros de detención de mujeres son básicamente anexos a las principales prisiones masculinas como es el caso del Centro Penitenciario de Oriente La Pica, la Penitenciaria General de Venezuela en Guárico, el Centro Penitenciario de Occidente en el estado Táchira, el Centro Penitenciario de la Región OccidentalUribana en Lara, el Centro Penitenciario de Aragua Tocorón, entre otros.

Centros de reclusión exclusivos de mujeres son muy pocos, entre ellos están en el estado Nueva Esparta el Centro Penitenciario Femenino de la Región Insular (antes anexo femenino del Penal de San Antonio) y en el estado Miranda el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), la más antigua en el país. Sin embargo, al igual que con la población masculina el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario suspendió el traslado de personas detenidas preventivamente en los centros especiales, dependientes de policías municipales o de la Policía nacional, de las alcaldías y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a los centros de reclusión, lo cual ha desplazado los graves problemas de las prisiones a estos centros de detención

Entre mentiras y olvido

En 2018, en las entrevistas a detenidas en estos centros la falta de visitas es una queja constante y dolorosa. “Un hombre cae preso y las mujeres los visitamos. La mujer cae presa y la familia se olvida de ella”.

“No estamos en capacidad de afirmar que las olvidan, pero sí que muchas veces cuando ellas están detenidas sus madres y/o hermanas son las que cuidan a sus hijos y no pueden visitarlas frecuentemente. Aquí vemos el sesgo de género que la cultura nos ha impuesto, ellas los visitan y cuidan si ellos están presos pero, a ellas nadie las cuida y menos las visitan”, explica la ONG.

No hay ningún cumplimiento del llamado debido proceso. Este es absolutamente obviado en la práctica diaria en la vida dentro de las prisiones, cárceles y centros transitorios de detención. De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan la problemática de las prisiones y las y los reclusos, las mujeres constituyen un 6% del total de las personas presas en el país.

Así, en una evasión de responsabilidad permanente, mujeres y hombres sufren la violación de sus derechos ante la impasividad de los diferentes entes institucionales tanto policiales a nivel nacional, regional o local. Todo esto sucede a pesar de que la ministra de Servicios Penitenciarios declaró en junio del año de su nombramiento -2011- que “ya tenemos los terrenos y los recursos. En agosto comienza la primera etapa con los ocho primeros centros para procesados”, aseguró Varela en ese momento, agregando “esos centros para procesados, además de canchas deportivas y áreas verdes, contarán con salón de usos múltiples donde se puede instalar un tribunal si se requiere”.

Discriminación y abusos

El ejercicio del derecho a la sexualidad es sólo privilegio masculino. Siempre en Venezuela ha sido así, lo cual se ha convertido en un problema más serio de lo que muchos imaginan. Una afirmación de una joven de 24 años recluida en el centro de detención preventiva de la Policía del municipio Zamora del estado Miranda, y que es madre de dos hijas, afirma que “no tienen visita conyugal. Las presas dicen que ellas mismas tienen que resolver. Se masturban y algunas tienen sexo entre ellas mismas”.

La Regla 27 de Bangkok señala: en caso de que se permitan las visitas conyugales, las reclusas tendrán el mismo derecho a ellas que los reclusos de sexo masculino. En Venezuela no se permiten estas visitas porque no se reconoce el derecho al ejercicio de la sexualidad femenina, lo cual genera conductas sexuales que pueden ser realizadas para satisfacer una necesidad.

Las exreclusas y las presas actuales que fueron entrevistadas en el anexo femenino de la cárcel de La Pica coinciden en que este no es un problema en dicho anexo. A ellas sólo las separa una reja que ha sido violentada muchas veces, de la cárcel de los hombres. Esto ha sido causa de embarazos cuando las mujeres van a reunirse con sus compañeros en la prisión masculina.

La ONG registró también intercambio de comida y seguridad a cambio de favores sexuales.

Una exreclusa del anexo femenino de Tocorón entrevistada nos hace visible otro elemento que tiene que ver con la Regla 4 de Bangkok y que habla de la más absurda discriminación de género dentro de la prisión. “Asegura que las áreas de disfrute como la piscina y los parques que tienen los del anexo masculino son solo para ellos. Las mujeres no tienen acceso a ellas”.

El no tener acceso a centros de reclusión que permitan la visita constante de las integrantes de la familia, y especialmente de los hijos e hijas de las reclusas, puede llevar a decisiones muy problemáticas y de consecuencias negativas para ellas. Pero a la larga estas experiencias quedan registradas en ellas como una lucha por sus derechos. Otro aspecto muy importante que aparece señalado varias veces en las entrevistas es la historia de violencia intrafamiliar de parte de los esposos o compañeros de vida de estas mujeres y su vinculación con los delitos que ellas han cometido, ya sea por decisión, ignorancia o por miedo.

Una joven entrevistada contó que se vio involucrada en el delito en compañía de su pareja al que conoció cuando él estaba en la prisión. Esta situación se repite, las mujeres establecen parejas con presos en diferentes situaciones, y luego se ven voluntaria o involuntariamente inmersas en la vida delictiva de su compañero de vida.

En este caso, el delito era parte de las experiencias de su familia de origen. Cuando la mujer iba a visitar a su familiar, conoció a su novio, con quien estableció vínculos en ese centro de detención preventiva y, cuando salió en libertad, formalizaron su noviazgo. Ambos participaron en un caso de extorsión y posteriormente fueron privados de libertad. El hermano de la presa fue asesinado hace año y medio en Guarenas en un ajuste de cuentas por drogas.

Las presas denunciaron falta de agua constantemente, tanto para tomar como para su higiene personal, lo cual es considerado un problema crónico tanto en Uribana como en Fénix, pues carecen de suministro de agua por tuberías y sólo se surten con camiones cisternas. Es decir, las condiciones en este anexo femenino parecerían no tener nada que envidiarle a los centros de detención preventiva.

En relación con el anexo femenino del Centro Penitenciario Fénix se encuentran 195 mujeres reclusas todas cumpliendo sentencia, contrario a lo que podríamos esperar por los retrasos procesales que son constante queja de las demás reclusas. En este anexo la información del número de reclusas proviene de la Pastoral Penitenciaria de Barquisimeto que pertenece a la Arquidiócesis de Barquisimeto, quienes todos los domingos ofician misa en el lugar y están en constante trabajo dentro de la comunidad penitenciara.

Al igual que en Uribana los traslados masivos son debido a protestas de las mujeres en el anexo. En un motín conjunto de reclusos y reclusas en 2017 secuestraron a la directora y 5 funcionarios. Por ello fueron trasladadas 100 reclusas fuera de la zona lo cual las alejó de sus parientes.

En mayo del 2018 después de un motín en la prisión de varones se produjo otro conflicto en el área del anexo femenino. Luego de esa reyerta, familiares de las privadas de libertad denunciaron que las presidiarias pasaron 20 días siendo maltratadas dentro del área de reclusión. Aseguran que mujeres miembros del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodia (GRIC), en especial la jefa de dicho grupo descargó la ira contra ellas por haber perdido a un compañero.

Mujeres funcionarias, custodias o guardias nacionales. Estos grupos especiales militares o policiales, en Venezuela producen rechazo y miedo por su libre ejercicio de la violencia. En el caso de las prisiones se encargan de realizar las requisas para la búsqueda de drogas, armas, municiones, etc., y también para sofocar motines.

Consideraciones finales

La principal causa de ingresos de mujeres a las prisiones se debe al tráfico o venta de drogas ilícitas. En segundo lugar, la extorsión. La alta frecuencia de la violencia de pareja en los casos de las mujeres reclusas y la vinculación de su pareja con los delitos de los cuales se le acusa parece un patrón.

Estas mujeres afirman que no solamente ellas, sino muchas de las que se encuentran recluidas en cualquiera de los diferentes centros, son mujeres inocentes inculpadas por su compañero de vida o su esposo, quienes delinquen y las acusan o simplemente las utilizan en especial en el tráfico de drogas, sin su conocimiento o participación voluntaria. \

Con información de Una Ventana a la Libertad

No hay detenidos por los siete asesinatos en la Gran Sabana

SIETE MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS se han contabilizado hasta el 6 de marzo, como consecuencia de las arremetidas militares del régimen entre el 22 y 23 de febrero en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar. De los más de 60 detenidos, ninguno ha sido por los asesinatos cometidos a manos de funcionarios del Ejército y la Guardia Nacional.

El Ministerio Público designó a cuatro fiscales para investigar estos crímenes: fiscal 91 indígena, 54 con competencia plena, segundo de derechos humanos y sexto de delitos comunes. Sin embargo, hasta ahora no hay ni un funcionario militar apresado.

Este miércoles la Asamblea Nacional debatió sobre los hechos ocurridos al sur de Bolívar, donde se han contabilizado cuatro pemones asesinados (tres de ellos de la comunidad Kumarakapay) y otros tres criollos, luego que militares les dispararan.

“El día 22 de febrero, los pemones fueron atacados, mataron a una mujer (Zoraida Rodríguez), hubo 14 heridos, los diputados nos dirigimos al hospital, los heridos fueron llevados a Boa Vista, en Brasil, porque en el hospital no tenían cómo atenderlos”, recordó la diputada Gladys Guaipo.

Fueron al menos 20 lesionados los trasladados hasta Boa Vista y Pacaraima. Entre el 27 de febrero y el 3 de marzo murieron tres de ellos: Kliver Pérez (27 de febrero), Rolando García (2 de marzo) y Jorge González (3 de marzo). Los dos primeros eran pemones de Kumarakapay, víctimas del ataque del Ejército la madrugada del 22 de febrero.

Rolando García, además, era esposo de Zoraida Rodríguez, la primera víctima de ese día. Jorge González era oriundo de Upata, municipio Piar, y resultó herido en los hechos del 23 de febrero en Santa Elena de Uairén, poblado al que había viajado para comprar un repuesto del carro.

“A los indígenas no les perdonan que tengan una pancarta que diga presidente Juan Guaidó en la entrada de la comunidad. No les perdonan su resistencia al saqueo del oro en sus tierras (…) ellos heredaron la difteria, paludismo, sarampión, sida, enfermedades que no eran registradas en la Gran Sabana y el pueblo pemón. Quienes usurpan el poder quieren usurpar las tierras de los pemones para saquear sus tierras. El alcalde Emilio González es perseguido, tiene orden de captura, está a punto de ser destituido, están buscando la forma, así como persiguen a los capitanes indígenas que se han rebelado contra la narcodictadura”, denunció el diputado Américo De Grazia.

La diputada Olivia Lozano, quien junto a otros 14 parlamentarios estuvo en Santa Elena de Uairén, recordó que “esta no es la primera vez que sucede una masacre, ha habido muchas en el estado Bolívar. En Santa Elena de Uairén, el ministerio de propaganda del régimen se ha declarado defensor de los indígenas, pero es solo una pantomima”.

“Quieren destruir la voluntad del pueblo, los quieren aniquilar. Hoy (6 de marzo) la frontera sigue cerrada, sigue la persecución, Justo Noguera quiere tomar a la fuerza ese pueblo, pero jamás tendrán control de la tierra ancestral. Es una masacre continuada la que se está dando en Santa Elena de Uairén y el sur de nuestro país, más de 10 días que no reciben alimentos en la zona”, intervino el diputado Ángel Medina.

Mientras la frontera con Brasil sigue cerrada, al igual que la vía a la altura del Fuerte Escamoto en Santa Elena de Uairén, la población se ha mantenido en zozobra por la militarización del pueblo. Niños que estudian en Pacaraima tampoco han podido asistir a clases. En territorio brasileño quedan venezolanos varados, a la espera de poder ingresar a Venezuela.

Violencia represiva deja dos asesinados en Santa Elena de Uairén durante manifestaciones por la ayuda humanitaria

TESTIGOS DE AMBOS CRÍMENES aseguran que militares y civiles dispararon contra las protestas. Al hospital de la capital de Gran Sabana ingresaron 22 heridos de bala. Un piquete militar en la Troncal 10 impidió el paso de la ayuda humanitaria a Bolívar.

Los habitantes de Santa Elena de Uairén esperaban recibir este sábado los camiones con el cargamento de ayuda humanitaria que entraría a Venezuela desde Brasil. Lo que recibieron, en cambio, fue represión, gas lacrimógeno y balas.

El día terminó con dos asesinados: José Hernández y otra víctima masculina, sin identificar. Ambos fueron baleados durante manifestaciones a favor del ingreso de la ayuda humanitaria.

Las protestas se concentraron en la Troncal 10, en frente del Fuerte Roraima, a unos seis kilómetros de la frontera entre Venezuela y Brasil. Su idea era caminar hasta la línea fronteriza para recibir los camiones. Cuando llegaron se encontraron con un piquete de la Guardia Nacional.

Los militares reprimieron y, según los testigos, hubo disparos tanto de los militares como por parte de civiles que estaban escondidos en los costados de la vía, quienes estaban antes con los uniformados. En ese momento cayó asesinada la primera víctima.

“Él estaba corriendo para resguardarse en uno de los lados y le dispararon en el pecho. Nosotros le preguntamos que dónde le dieron, pero ya estaba muerto”, dijo una testigo. Hasta la noche, el asesinado no había sido identificado.

Caos hospitalario

A los heridos los trasladaron, con ayuda de otros manifestantes, al Hospital Rosario Vera Zurita. Los médicos contaron 22, y al menos tres de ellos fueron trasladados al centro asistencial de Boa Vista, en la vecina Brasil, por la gravedad de las lesiones: en Santa Elena no había insumos para atenderlos.

“Aquí no hay ni anestesia”, dijo uno de los médicos. A ese hospital también llevaron a José Hernández, de 24 años, quien murió asesinado de un balazo en la cabeza.

Hernández estaba en una protesta en el casco central de Santa Elena, a pocos metros de la Alcaldía de Gran Sabana. Testigos aseguran que un militar le disparó. “¡Asesinos, asesinos!”, le gritaron los manifestantes a los militares, minutos después de que el joven cayera al piso.

Represión continua

Las protestas continuaron durante la tarde y la noche. En varias calles de Santa Elena había cauchos quemados y barricadas. La respuesta fue la misma: represión con bombas lacrimógenas y perdigonazos.

En la noche, a través de redes sociales se difundió el rumor de que los diputados de la legítima Asamblea Nacional que estaban en Santa Elena estaban detenidos. Era falso.

Lo que hubo fue una suerte de toque de queda en todo el pueblo. Las calles cerradas y los piquetes de la Guardia Nacional impedían la circulación. Fue el final de una jornada cruenta.

Maduro critica daños ambientales en Canaima, pero no menciona los del Arco Minero

NICOLÁS MADURO, PRESIDENTE DEL REGIMEN, aseguró este miércoles que el Ejecutivo está en un combate contra la minería ilegal en todo el país, pero principalmente en el estado Bolívar, a propósito del reciente ataque armado de un componente de seguridad pública en una mina del Parque Nacional Canaima, en donde un indígena pemón resultó muerto. Una vez más acusó a los dirigentes del partido La Causa R Andrés Velásquez y Américo De Grazia de estar detrás de las mafias del oro en Guayana.

“Los daños en el Parque Nacional Canaima y el sistema de ríos circundantes son dolorosos”, dijo.

En una rueda de prensa con medios internacionales, sostuvo que es doble delito para un indígena, ante las leyes de la República y ante las leyes de Dios, involucrarse en mafias, “que destruyan el río, el parque, su comunidad y que van a dejar en la orfandad absoluta a sus familias y a su comunidad en los años que están por venir”, afirmó.

“Estamos obligados a liberar todos los parques nacionales del estado Bolívar y todas las regiones mineras de mafias ecocidas, porque es un ecocidio lo que se está cometiendo allí”, agregó.

Maduro no se refirió a los daños ambientales que ocasiona la creciente minería ilegal en zonas que forman parte del proyecto estatal Arco Minero del Orinoco y que son dominadas por grupos violentos y por irregulares que han sido vinculados al Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN). Tampoco se refirió a la creciente actividad minera en estados como Amazonas, en donde se ha documentado la presencia de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN. Si bien la crisis minera existe desde hace décadas, se ha acrecentado en los últimos años debido al descontrol del Ejecutivo y la complicidad militar en el negocio de extracción de minerales como oro, coltán y diamante.

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Casi 7 mil personas afectadas en Bolívar por crecida del Orinoco que se aproxima a su cota de alerta roja

 

 

Para este martes 7 de agosto, el reporte de Protección Civil indicó que la cota del río Orinoco en Ciudad Bolívar llegó a los 17.80 msnm, a 20 centímetros de la alerta roja y 23 de su nivel histórico de 1943. El crecimiento ha estado entre 6 a 10 centímetros diarios en promedio, por lo que no descarta que 2018 repita una cota histórica.

Para el domingo, el gobernador Justo Noguera Pietri reportó 6.523 personas atendidas en todo el estado Bolívar, por las afectaciones de las inundaciones. Este martes la cifra incrementó a 6.893.

Los sectores más afectados en Ciudad Bolívar han sido La Toma, con al menos 180 familias perjudicadas; la calle Guzmán Blanco de Perro Seco con 15 familias; y nueve en El Mereyal.

El dirigente de Voluntad Popular en Bolívar Jorge Francisco Sambrano manifestó que hasta ahora no han podido cuantificar la pérdida de enseres de los afectados. “En los recorridos vimos televisores flotando, escaparates rotos, neveras. Solo en La Toma, que ha sido la zona más afectada, se han dado entre dos y cuatro casos de paludismo”.

El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri,  admitió que no hay plan de reubicación para las familias afectadas, sino reestructuraciones de viviendas para cuando el río comience a descender.

 

Se niegan a dejar sus casas

En el caso del municipio Heres, comentó Sambrano que -según los testimonios de afectados- la respuesta del alcalde Sergio Hernández fue proponer una reubicación en albergues, las casas serían demolidas, pero desconocen de un plan de reubicación.

Esta es una de las razones por la que la mayoría se refugia en casa de familiares o amigos, y no desalojan por completo su vivienda. Otros se niegan a abandonar sus espacios de toda la vida.

Sobre las anegaciones que se han producido en el Paseo Orinoco, explicó que allí existen unos drenajes para los desagües por lluvias, estos tuvieron que ser tapados debido a que por allí estaba pasando el agua del río. El colapso de estos es lo que ha provocado las anegaciones en algunas calles.

La crecida del Orinoco ha afectado no solo a Bolívar, también a los estados Delta Amacuro, Amazonas, Monagas, Anzoátegui y Apure.

 

Crecida histórica del Orinoco

De acuerdo con el cronista Américo Fernández, en su reseña sobre la crecida del Orinoco, el 4 de agosto de 1976 el río se situó en 18.04 msnm y permaneció estacionado en ese nivel hasta dos días después que inició su descenso en medio de la más angustiosa expectativa.

“El río comenzó a superar la cota de peligro (17 m) el 24 de julio y cuatro días luego ya estaba en 17.42. Durante los cuatro primeros días de agosto la ciudad parecía un campo de guerra con trincheras de sacos de arena a lo largo del paseo, chimeneas de ladrillos en todos los alcantarillados, hundimientos, filtraciones y prohibición del paso de vehículos automotores por el Paseo Orinoco, paralización del comercio del centro en un cincuenta por ciento y miles de damnificados concentrados en la Urbanización El Perú que se hallaba en su etapa final de construcción. Esto sólo en Ciudad Bolívar porque en otras partes como Ciudad Guayana, Moitaco, La Urbana, Caicara, Borbón, también fueron afectadas por el ingente caudal de agua que metió durante ese período el Orinoco”.

Río Caroní alcanza la cota de alerta roja e incrementa las inundaciones en Ciudad Guayana

 

Este viernes la cota del río Caroní alcanzó los 12:60 msnm, lo que indica una alerta roja. El Orinoco se mantuvo en alerta amarilla con 11:65 msnm, según confirmó el director de Protección Civil en el municipio Ángel Rodríguez.

Sectores de las parroquias Cachamay y Dalla Costa son las más vulnerables por su cercanía al río. Para la mañana de este viernes, algunas calles de los barrios José Gregorio Hernández y Los Oleandros, en la franja de Castillito, evidenciaban la crecida del río.

Las aguas no solo han tomado las calles, también algunas viviendas que han tenido que ser desalojadas y las familias ubicadas en refugios temporales, otras se han movilizado a casas de familiares.

Una de las afectadas en Miladis Lares, quien vive en Los Oleandros con otras seis personas. Mencionó que la crecida del río había sido paulatina hasta este viernes, cuando aumentó su preocupación porque el nivel de las aguas crecía cada vez más rápido hasta casi entrar a su casa.

“Queremos que vengan y nos digan para dónde desalojar y no esperar como el año pasado a que el agua se nos metió, no queremos eso. El año pasado pasamos a la Escuela Dr. Wenceslao Monserratte, por lo que vemos otra vez el río se nos va a meter”, comentó.

Protección Civil acudió el jueves, pero señaló que no recibieron una orientación concreta.

“Nos preparamos a que podemos salir de golpe. El Gobierno que se asome aquí, tiene que estar pendiente de lo que ocurre en los barrios, porque no es aquí nada más”, agregó Lares.

En el barrio José Gregorio Hernández, conocido como El Cerrito, Ramón Romero recuerda que todos los años enfrentan la crecida del río. Asegura que han recibido apoyo de las autoridades, pero como ha ocurrido en otros sectores, la promesa de una reubicación sigue sin cumplirse.

 

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