Correo del Caroní, autor en Runrun

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Acceso a la Justicia cuestiona efectividad de comisión para investigar violaciones a DD HH
A juicio de la ONG, dicho instrumento se perfila como un intento por frenar las averiguaciones que la Fiscalía de la CPI

La ONG Acceso a la Justicia cuestionó la efectividad y real independencia de una comisión para la investigación de violaciones de derechos humanos, creada mediante una ley por la Asamblea Nacional electa en 2020, debido a su conformación y capacidad para llevar a cabo su labor.

La Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos aprobado en diciembre de 2021 es un texto que, según el Parlamento, tiene la “finalidad de promover el respeto, garantía y protección de los DD HH de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación”.

A juicio de Acceso a la Justicia, dicho instrumento se perfila “como un intento por frenar las averiguaciones que la Fiscalía de la CPI viene adelantando en el caso venezolano”, al crear una Comisión de Justicia y Reparación que, aparentemente, tiene la misión de ayudar al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país y proponer medidas para reparar a los afectados.

“Una revisión del texto arroja dudas sobre la capacidad de la comisión para llevar a cabo su labor y hace temer que la misma no sea más que una simulación de justicia y un nuevo organismo burocrático”, aseguró la ONG en un análisis de esta ley.

Respecto a la independencia de dicha instancia, Acceso a la Justicia cuestiona “la gran injerencia” que tendrá la Asamblea Nacional, mayoritariamente oficialista, sobre el nombramiento de los integrantes de la comisión, incluyendo a su presidente.

La comisión deberá estar integrada por siete personas, dos de ellos diputado y el resto de organizaciones o movimientos en defensa de los derechos humanos. “Habrá que ver si esto sucede en la realidad, porque por lo general el Gobierno venezolano no trabaja con organizaciones no gubernamentales (ONG) reconocidas ni con defensores de derechos humanos independientes, y menos aún toma en cuenta sus recomendaciones”.

Acceso a la Justicia también refirió la poca claridad en las funciones y su propia naturaleza. La comisión podrá “estudiar, evaluar y verificar el funcionamiento de la justicia”, además de investigar presuntos delitos “contra los derechos humanos que impliquen afectaciones a la dignidad humana, vida, integridad personal física, psíquica y moral, libertad personal y libertad de conciencia, pensamiento y opinión”.

Para la ONG esto forma parte de un ensayo de justicia transicional que no cumple con estándares internacionales. “Si se pone en marcha un mecanismo alternativo de justicia transicional el mismo debería ser producto de un consenso con la sociedad civil y no como ocurrió en este caso, que ni siquiera la ley que lo crea fue sometida a debate público para su conocimiento y discusión en la población venezolana”.

Codehciu: 17 casos de agresiones contra mujeres en enero marcan violento inicio de año en Bolívar
En 2021 hubo 210 mujeres víctimas

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) alertó que en enero de 2022 hubo 14 mujeres adultas víctimas de diferentes tipos de agresiones, según el monitoreo de medios de comunicación en el estado Bolívar.

Hubo 10 casos de violencia física y uno de violencia patrimonial, precisó la organización a través de una nota de prensa. Otras dos mujeres recibieron amenazas, mientras que hubo un reporte sobre una mujer desaparecida.

Además la organización no gubernamental alertó sobre tres niñas y adolescentes que fueron vulneradas mediante actos lascivos y agredidas físicamente, lo que hace un total de 17 registros solo en medios de comunicación.

La oenegé destacó que los golpes, empujones y cachetadas son algunas demostraciones de agresión propiciadas por victimarios. La violencia física es una de las agresiones más comunes que sufren mujeres, niñas y adolescentes. Esta también tiene consecuencias psicológicas como sentimientos de tristeza, aislamiento social, depresión, ansiedad, que perjudican la calidad de vida de ellas, y empeoran la supervivencia en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.

Estos hechos vulneran cada mes los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas. El equipo de atención psicosocial de la organización defensora de derechos humanos alertó sobre el crecimiento de las agresiones a nivel psicológico en los hogares bolivarenses, a partir de maltrato físico contra mujeres.

Violencia física y psicológica

Las cifras anuales del monitoreo alertan que durante el 2021 hubo 210 mujeres víctimas. De este número se desprendieron 95 sobrevivientes de agresiones físicas.

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia consagra en su artículo 15, numeral 4, que la violencia física es “toda acción u omisión que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer”.

Sobre la violencia psicológica, la misma ley enuncia que se trata de “toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento (…) comparaciones destructivas, amenazas y actos que conllevan a las mujeres a disminuir su autoestima”.

Control Ciudadano denuncia opacidad en el manejo de Camimpeg a seis años de su creación
La organización destacó que la administración de la explotación de servicios petroleros, de gas y explotación minera, “implica enormes recursos de la Nación, entregados al manejo de los militares, sobre los cuales debe existir transparencia, memoria y cuenta que no se está rindiendo al país”

El 10 de febrero se conmemoraron seis años de la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg). En este lapso ha habido opacidad sobre el manejo de esta empresa militar, resaltó la organización Control Ciudadano a través de un comunicado.

El estatus legal a la nueva empresa del Estado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, fue publicado en el decreto N° 2.231. “Una decisión de Nicolás Maduro, con todas las características de incentivo de lealtad para la Fuerza Armada Nacional, que entregó a los militares por cincuenta (50) años el monopolio para efectuar todo lo relativo a las actividades de ‘servicios petroleros, de gas y explotación minera en general’, en asociación con empresas nacionales y extranjeras, sin limitación alguna, de acuerdo a los estatutos”.

Sin embargo, Control Ciudadano advirtió que poco se sabe de esta compañía. Lo escaso que se ha difundido es:

  1. Apenas el decreto de creación, en febrero de 2016, mediante el cual se le otorgan más de medio centenar de funciones en materia petrolera, de gas y minera.
  1. Que la junta directiva informaría a los ciudadanos, de acuerdo al acta constitutiva, sobre la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que integran el patrimonio de la empresa, cuya administración les corresponde, sin que eso se haya cumplido hasta la fecha.
  1. Que en el año 2019, Camimpeg es autorizada a realizar una alianza estratégica para la exploración, explotación y comercialización de coltán (columbita tantalita) en el Arco Minero del Orinoco, Área 1, según la página web del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico.
  1. Que en diciembre de 2020, según Gaceta Oficial, modifica sus estatutos para otorgar mayores poderes de gestión y de administración de recursos al presidente de la compañía, de manera autónoma.
  1. Que actualmente su junta directiva es la siguiente:

Para Control Ciudadano, la administración de la explotación de servicios petroleros, de gas y explotación minera, implica enormes recursos de la Nación, entregados al manejo de los militares, sobre los cuales debe existir transparencia, memoria y cuenta que no se está rindiendo al país. A seis años de la creación de esta empresa militar, el país sigue sin conocer el manejo y alcance de las operaciones de Camimpeg. 

Familiares piden apoyo para buscar a joven desaparecida en las minas desde hace un año
Camila Alves, de 21 años, fue vista por última vez en el kilómetro 88 del municipio Sifontes en septiembre de 2020.
 
Una nueva Ley de Universidades “puede afianzar la política de Estado en contra de la autonomía”
Karla Velazco Silva, subdirectora de Aula Abierta y profesora de la Universidad del Zulia, manifestó preocupación debido a que el 31 de enero está prevista la primera reunión de la comisión que elaborará el proyecto

La Asamblea Nacional (AN) anunció hace unas semanas la creación de una comisión para elaborar una nueva Ley de Educación Universitaria en Venezuela, lo que ha generado preocupación en algunos sectores de la educación superior en el país.

A través de una nota de prensa, se conoció que la comisión está integrada por rectores, diputados, representantes profesorales y estudiantiles. “Su instalación marca el inicio de un proceso que llevará a la presentación de un proyecto de ley a la Asamblea Nacional (AN) que reemplace a la actual originariamente aprobada en 1958 y reformada en 1970”, se lee en el comunicado que reseñó el portal El Pitazo.

Ya desde el 2021, el gobierno había acordado oficialmente, reformar la Ley de Universidades de Venezuela. El 29 de enero en una reunión entre la comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional de la AN y algunos rectores de las universidades públicas y privadas del país, se acordó “redactar una nueva Ley de Universidades que incluya a las instituciones de educación superior en el sistema productivo y se trabaje con miras a la superación del modelo rentista petrolero del país”.

“Queremos construir una Ley de Universidades que mire hacia el futuro, que se pueda ir adaptando a los nuevos tiempos, que las universidades se inserten en el sistema productivo nacional y en la construcción de una economía, un sistema de producción nacional que se aleje del rentismo petrolero”, dijo Jorge Rodríguez en esa reunión.

Primera reunión el lunes 31

En relación con la comisión, Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), informó en una entrevista en la emisora Adulto Joven 88.1 FM, que el próximo 31 de enero se llevará a cabo la primera sesión de la Comisión Mixta sobre esta ley, que fue elaborada por el oficialismo, y que en ese encuentro van a participar representantes de las universidades autónomas.

El secretario de la UCV indicó que la comisión se reunirá cada 15 días y explicó que ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena, informó que la instalación de la comisión tendría un carácter paritario entre las casas de estudios que forman parte de la Asociación Venezolana de Rectores (Averu) y las universidades experimentales.

La autonomía universitaria en peligro

En cuanto a los cambios que podrían darse en el marco de la nueva ley, Karla Velazco Silva, abogada y subdirectora de proyectos de la ONG Aula Abierta, comentó a Crónica.Uno que está en peligro la autonomía universitaria, que “es un principio constitucional y está previsto en el artículo 109 de la Carta Magna, por lo tanto, dichas instituciones académicas son entes constitucionales y que cualquier norma que pretenda regularlas debe respetar dicho apartado de la Constitución.

En cuanto a la conformación de la comisión, dijo que desconoce si se incluyó o no a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y/o a los representantes de las federaciones de centros universitarios de las universidades autónomas ni a otros actores del sistema de educación superior. “Ellos son indispensables para discutir cualquier propuesta de ley en la materia”, indicó.

La subdirectora de Aula Abierta alertó acerca de que “una nueva Ley de Universidades pueda afianzar la política de Estado en contra de la autonomía universitaria y la libertad académica y otros derechos universitarios”.

La ONG se pronunció el 24 de enero e hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional sobre los “intentos de la Asamblea Nacional para reformar el marco legal de la educación superior en Venezuela”.

Aunque oficialmente no se ha dado conocer el proyecto, Velazco indicó que parte de las denuncias que ha hecho la organización derivan desde la imposición de cupos a nuevos ingresos por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), las suspensiones de los procesos electorales universitarios por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el déficit presupuestario para las casas de estudio y la creación del Sistema de Evaluación Supervisión Acompañamiento (SESA).

La subdirectora de Aula Abierta y profesora de la Universidad del Zulia (LUZ) reiteró su preocupación ante la propuesta de la nueva Ley de Universidades porque “trastoca la autonomía universitaria, tanto académica, administrativa, organizativa y financiera prevista en la Constitución”.

Agregó que esos supuestos cambios eliminarían la capacidad legal de las universidades para funcionar como instituciones de educación superior y daría marco legal a situaciones vividas recientemente, como por ejemplo la designación de los vicerrectores de la Universidad Simón Bolívar (USB) por parte del Consejo Nacional de Universidades el pasado 16 de septiembre de 2021.

Aumento de violencia de género en Bolívar derivó en 19 casos de femicidios durante 2021
Datos de la organización Codehciu sobre los diferentes tipos de vulneraciones hacia niñas, adolescentes y mujeres, advierten sobre un panorama alarmante de violaciones de derechos humanos

El estado Bolívar cerró el 2021 con 19 femicidios reportados por medios de comunicación regionales, según el monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu). La cifra es parte del total de víctimas de diferentes tipos VBG que la organización no gubernamental (ONG) registró durante el 2021.

La ONG advierte que no solo el contexto de emergencia humanitaria compleja (EHC) o la pandemia por COVID-19 afecta en gran parte la disminución considerable de la calidad de vida de niñas, adolescentes y mujeres en el estado. “La violencia basada en género (VBG) cobra vidas todos los años y continúa aumentando conforme el Estado venezolano sigue sin garantizar los derechos humanos de ellas. Asimismo, las víctimas registradas en 2021 revelan un panorama de vulneraciones”, manifiestan.

Explican que la cifra de femicidios representa solo una parte de la realidad narrada por los medios de comunicación, y alertan que esto no resta importancia al contexto de vulnerabilidad que viven las bolivarenses.

Entre enero y diciembre de 2021, el monitoreo de Codehciu registró 210 mujeres víctimas de diferentes tipos de agresiones (además de los femicidios) como la física, sexual, amenazas, trata de mujeres, actos lascivos, y demás. Todos tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 15.

La violencia física registró 95 víctimas y fue el tipo de agresión con más reportes en medios de comunicación regionales.

Indican que este tipo de violencia se caracteriza por ser toda acción u omisión que está dirigida a ocasionar daño físico a las mujeres. Esto puede evidenciarse en lesiones internas o externas, quemaduras, empujones, o cualquier otra forma de maltrato que afecte su integridad física, como lo destaca la ley orgánica.

Vulneración de derechos 

La violencia sexual es el segundo tipo más registrado en el monitoreo anual de Codehciu. La ley orgánica la describe como toda conducta que vulnere el derecho de ellas a decidir voluntariamente su sexualidad. Puede referirse a toda forma de contacto sexual, genital o no genital, como la violación o los actos lascivos.

Según registros de años pasados, la organización defensora de derechos contabilizó 179 víctimas en 2019, y 185 en 2020.

Codehciu denuncia que ha registrado un aumento de casos de VBG entre 2019 y 2021 en el estado Bolívar. “Este registro es un reflejo de la realidad ignorada por los órganos competentes para educar, prevenir y sancionar a los agresores. Esta falta de respuesta, advierte la organización, es una vulneración a los derechos humanos de las mujeres”, condenan.

Por otro lado, alertan que la búsqueda de justicia por parte de las mujeres sobrevivientes se ve dificultada por la crisis humanitaria.

“De acuerdo a los testimonios recibidos en la sede de la organización, el camino para poder recibir una respuesta digna tiene obstáculos como: tratos revictimizantes por parte de funcionarios, caso omiso a solicitudes de protección; algunas no han tenido acceso al estatus de su caso, y otras han sido víctimas de tratos degradantes en centros de salud”, explican.

Hasta noviembre del año pasado, 162 mujeres sobrevivientes de violencia fueron atendidas de manera psicosocial en la sede de Codehciu en el municipio Caroní.

Femicidios durante 2021 

El Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, define al femicidio como “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.

El último boletín informativo de la organización, publicado en diciembre de 2021, refleja algunos nombres de víctimas de femicidios registrados hasta noviembre.

Juana Manrique fue asesinada por su hijo de 20 años a principios de agosto tras recibir múltiples golpes en su cuerpo, en el municipio Angostura del Orinoco.

Por otro lado, Luzdani Paola Bravo Ramos, de 35 años, fue asesinada por su expareja. Su victimario lanzó el cuerpo de la mujer al río Caroní en el Parque Cachamay.

La joven Karla Rivero, de 21 años, fue asesinada con arma de fuego por un hombre. Días después, durante septiembre, la cabeza decapitada de Jersis Fernández fue hallada en un bolso en El Callao; se dedicaba al comercio informal y se trasladó desde Falcón para mejorar sus condiciones económicas.

En junio de 2021 la organización también alertó sobre 4 femicidios más: Dorialcely del Valle Tocuyo, de 29 años, y Martha Aristizábal, de 37 años: ambas asesinadas la primera semana de junio en el municipio El Callao. Claritza Cova, de 45 años, y Alexandra López Cova, de 16 años: ambas asesinadas el 11 de junio en el municipio Padre Pedro Chien.

La responsabilidad del Estado 

Codehciu explica que el Modelo de protocolo Latinoamericano también resalta que estos hechos de violencia tienen sus raíces en “conceptos referentes a la inferioridad y subordinación”; por ende, no se trata de casos aislados, sino de una “situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades”.

“Los femicidios son el reflejo de una cultura de odio y discriminación contra niñas, adolescentes y mujeres”, denuncian.

De acuerdo a la organización, esto implica también una alta responsabilidad del Estado y sus organismos, en un contexto que puede marcar el fracaso del sistema de justicia en alcanzar la sanción de los agresores y la reparación de las víctimas.

Codehciu exhorta al Estado y sus funcionarios a proteger las vidas de niñas, adolescentes y mujeres en este contexto de EMC. Es de suma urgencia que las víctimas o sobrevivientes logren alcanzar la justicia.

“La prevención de la violencia también es un deber de los Estados, para reconocer y asegurar los derechos de las mujeres. Lo que implica combatir el patrón de impunidad y realizar investigaciones imparciales que no busquen revictimizar a las sobrevivientes”, manifiestan.

Aula Abierta: Estado venezolano crece en arsenal militar mientras abandona las universidades públicas
La organización cuestiona que la inversión militar en el país aumente sin haber conflictos bélicos ni rendición de cuentas, mientras las universidades públicas se mantienen en un estado de asfixia presupuestaria

La organización Aula Abierta, monitora de los derechos universitarios en el país, publicó la segunda entrega de su especial MilitaresVsAcademia, donde analiza la basta inversión militar del Estado venezolano en comparación con el paupérrimo presupuesto de las universidades públicas.

En su publicación, explican que, aunque no es algo nuevo que una nación priorice el sector militar por encima de otras áreas vitales, como la educación superior, “no se entiende que las universidades públicas venezolanas se mantengan en un estado de asfixia presupuestaria, mientras la inversión militar crezca sin haber conflictos bélicos ni rendición de cuentas”.

Reconocen que la inversión militar es necesaria, porque alcanza aspectos de jurisdicción de espacios fronterizos, marítimos y aéreos que requiere grandes recursos, sin embargo, consideran que no hay transparencia de recursos en el país.

“Las inversiones militares son necesarias para Venezuela, lo que cuestionamos es la opacidad y la ausencia de una política de defensa nacional”, afirmó Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, en entrevista con Aula Abierta.

El Observatorio de Derechos Universitarios de Aula Abierta explica que es difícil hallar información referente a la distribución general del presupuesto nacional desde el año 2008, porque los portales oficiales del Estado muestran la información parcialmente o los links de acceso no se encuentran en funcionamiento.

Sin embargo, documentaron que en el año 2018 el Ministerio de Defensa estuvo entre los primeros cinco organismos que más recibieron recursos extrapresupuestarios. De acuerdo con los cálculos, entre enero y junio de 2018 al sector militar le fueron aprobados 11 créditos que ascendieron a Bs. 36.131.051.079.471,30. Este presupuesto incluso superó al de la nación que era de Bs. 36.102.059.000.000. Ese mismo año, al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología se le destinaron Bs. 26.670.124.603.782.

“De manera injustificada se reduce el presupuesto de la educación para aumentar el presupuesto de armamento militar a pesar de que el Estado venezolano se encuentra en tiempos de paz, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario”, denuncia la ONG.

Hablan los académicos 

En el especial de Aula Abierta también participan académicos como Molly González, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (APUZ), quien fue enfática al expresar que un gobierno que prioriza el sector militar por encima del sector educativo es un Estado “totalmente fallido” y “fuera de foco”.

“Para que un país pueda desarrollarse, que es lo que buscamos nosotros como sociedad, tenemos que darle prioridad a la parte educativa sobre el sector militar. Primero, porque nosotros no somos un país en guerra. Segundo, porque la diplomacia y las políticas internacionales han cambiado lo suficiente para poder destinar tantos recursos en el tema militar. Tercero, porque el sector militar no va a desarrollar una sociedad”, expresó.

Bajo su argumento, el excesivo presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas tiene una consecuencia a futuro: “un país que va a quedar totalmente huérfano en cuanto al desarrollo de la educación y la cultura. Un país donde hay una distorsión de la concepción del hombre. Vamos a tener un país peor del que tenemos ahora”.

“La visión del Estado es minimizar la educación” 

Para el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (Apusb), William Anseume, la razón de que el Gobierno nacional ponga en primer lugar al sector militar se debe a su visión, la cual es “minimizar la educación” y mantener a los órganos de seguridad que los ayuden para estar en el poder y someter a la población.

“Chávez y Maduro han priorizado lo militar por encima de lo civil en términos generales, con la intencionalidad de buscar un sometimiento por la vía violenta; entonces es lógico que se minimice a la educación en general no solo presupuestariamente”, declaró a Aula Abierta.

Violación a los principios sobre libertad académica 

Para Aula Abierta, los Estados tienen en conocimiento que una sociedad no está capacitada si no pasa por un salón de clases y que la democracia no es posible si no existen garantías a los derechos humanos.

Por ello denuncian que el Estado venezolano, dejando en último plano a las universidades, violenta la Declaración de Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en su principio número 1 y 2, por no proteger el derecho a la libertad académica como una necesidad y por no asignar un presupuesto acorde para el funcionamiento de las instituciones. (Con información de Aula Abierta)

Cicpc allanó casa y sometió a tratos crueles a familia en San Félix
Le robaron su carro y lo torturaron frente a sus familiares 

El ciudadano Alexander Marcano, habitante del sector Altamira de San Félix, estado Bolívar, fue víctima de allanamiento ilegal, amenazas, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, el viernes 17 de septiembre de 2021. Fuentes afirmaron a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) querían obligarlo, bajo tortura, a atribuirse hechos delictivos de los que era inocente.

A las 2:00 de la tarde de ese día, seis funcionarios adscritos a la Brigada contra robo del Cicpc ingresaron sin orden de allanamiento ni de aprehensión a la vivienda de Marcano, revisaron todas sus pertenencias y amenazaron de muerte con un arma de fuego a su tío, un señor de la tercera edad. En el hecho también estaban presentes la esposa de la víctima y su hija de 8 meses.

Los funcionarios (de los cuales cuatro no tenían uniforme ni identificación) no encontraron ningún elemento de interés criminalístico, por lo que decidieron la detención arbitraria de Marcano, el cual fue trasladado a la sede del Cicpc en San Félix.

Además, Marcano fue despojado de su vehículo porque presuntamente aparece en un video de seguridad de la cuadra, donde recientemente hubo un hecho de robo. Fuentes aseguran a Codehciu que el vehículo solo transitaba por su ruta habitual para llegar a su hogar.

Luego de cuatro horas de torturas, tratos crueles y degradantes en la sede del Cicpc, los funcionarios decidieron liberarlo y lo citaron para el día siguiente. Pero para la entrega del vehículo, que fue despojado por los mismos cuerpos del Estado en la vivienda de la víctima, le pidieron a Marcano 2 mil dólares.

Marcano fue esposado con las manos en la espalda desde las 2:00 hasta las 6:00 de la tarde de ese viernes 17 de septiembre. En el trayecto hasta la sede del Cicpc fue golpeado en la cabeza, cuello y estómago. Fuentes narraron a Codehciu que cada vez que la víctima expresaba que era inocente la obligaban a atribuirse el delito de robo con el uso de la fuerza física y la intimidación.

Marcano acudió al día siguiente al Ministerio Público para denunciar esta violación de derechos humanos y la oficina de atención a la víctima lo remitió al Servicio de Investigación Penal del cuerpo de la Policía del Estado Bolívar (Sipep). Formuló la denuncia y logró hacerse el examen médico correspondiente.

La denuncia fue remitida a la fiscalía. Marcano hasta la fecha aún continúa sin su vehículo y sigue atemorizado por las torturas y tratos crueles de los cuales fue víctima.

Codehciu exige al Ministerio Público el esclarecimiento de los hechos que lleve a la determinación de los responsables de esta violación de derechos humanos, y que el Estado asegure la no repetición y la devolución del vehículo de la víctima.