Correo del Caroní, autor en Runrun

Correo del Caroni

FAN inicia “campaña de reforestación” en los parques nacionales
La organización reiteró que está desplegada en labores de destrucción de campamentos y estructuras de minería ilegal que violentan las leyes venezolanas

 

 

La Fuerza Armada Nacional (FAN) informó sobre el inicio de una “campaña de reforestación” en los parques nacionales Canaima, Yapacana y Caura.

El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofan), general en jefe Domingo Hernández Lárez, dijo este viernes que estos planes de seguridad y defensa se realizan de forma conjunta con el Ministerio de Agua y el Ministerio de Ecosocialismo.

El militar destacó que esos parques “han sufrido depredación ambiental por parte de la minería ilegal”.

La FAN destacó que el Parque Nacional Canaima es uno de los 45 parques bajo Régimen Especial de Seguridad donde está prohibida todo tipo de actividad de explotación minera. La organización reiteró que está desplegada en labores de destrucción de campamentos y estructuras de minería ilegal que violentan las leyes venezolanas.

De acuerdo con el anuncio castrense, hecho a través de las redes sociales, en el Plan General de Conservación “se introducirán las especies foráneas del árbol de Acacia y el Vetiver, previo estudio de los suelos, con la finalidad de filtrar el mercurio elemental y permitir la rehabilitación”.

Este viernes, el Ceofan también informó la detención de dos sujetos armados “dedicados al tráfico y contrabando de material estratégico”.

La organización Control Ciudadano subrayó, en enero, que las operaciones militares en el Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas, no detienen la destrucción ambiental.

“Las causas de la destrucción y actividades ilícitas en el Parque Nacional Yapacana están asociadas a la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes lideran el negocio de la minería ilegal al sur de Venezuela”, puntualizó la ONG en una nota de prensa.

Observatorio Venezolano de Prisiones: Principal problema de cárceles es la alimentación''
Al menos  70% de la población penitenciaria venezolana presenta desnutrición

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que el principal problema de los privados de la libertad de distintos penales de Venezuela es la alimentación. 

Seguimos pasando hambre, seguimos con compañeros con cuadros severos de desnutrición, con enfermos y sin ningún tipo de  atención médica. Hasta ahora no hay una respuesta o una mejoría”, expresan algunos presos que fueron consultados por el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Los internos denuncian que ven llegar camiones con alimentos pero dichas proteínas no las sirven dentro de su alimentación.

Por el contrario, la única forma de comer bien es cuando sus familiares les llevan o compran la comida dentro del penal, donde un plato puede tener un costo de entre cinco y diez dólares.

No todos tenemos dinero para pagar una comida todos los días y la alimentación a través de nuestros familiares es cuando tenemos acceso a la visita, que puede ser dos veces al mes”, aseguran los internos al Observatorio Venezolano de Prisiones.  

Es de resaltar que no todos los privados de libertad reciben visita de sus familiares porque muchos están detenidos en penales fuera de su jurisdicción. Lo costoso de la movilización a otros estados imposibilita la visita de sus seres queridos.

Entre tanto, los privados de la libertad denunciaron que estos pagos se hacen en algunos casos de forma directa a custodios penitenciarios o a presos que trabajan en el área de comida, y ellos supuestamente transfieren el dinero a los funcionarios de los penales. 

Así mismo la ONG, en informes anteriores ha destacado que al menos el 70% de la población de privados de la libertad venezolana presenta desnutrición. 

Convite presentó a indígenas de Maripa plan de seguridad alimentaria
El Consejo de Ancianos Indígenas de Maripa asistió a la presentación del proyecto de seguridad alimentaria, wash y promoción comunitaria de la higiene de la ONG Convite

 

La Asociación Civil Convite presentó al Consejo de Ancianos Indígenas de Maripa (estado Bolívar) el proyecto de Seguridad alimentaria, wash y promoción comunitaria de la higiene; plan que tiene como meta atender a 1.820 personas de la localidad.

El cronograma de exposición e información del proyecto se prolongará por seis meses en los caseríos de los municipios Sucre y Angostura de la entidad suroriental, indicó la organización a través de cuenta en Twitter.

“La debida información, respeto a las costumbres, formas organizativas comunitarias y ancestrales es eje central de nuestro accionar humanitario, lo compartimos con nuestros aliados y lo hacemos parte de nuestro trabajo en red”, aclaró la organización que trabaja junto con la ONG Kapé Kapé.

Maripa se ubica al noroeste del municipio Sucre y del estado Bolívar, y al este del río Caura. Comunidades indígenas yekwana y piapoco residen en esta localidad.

En julio de 2021, diez familias yekwanas de Maripa quedaron bajo el agua por la crecida del río a causa de las intensas lluvias.

Asociación Civil Convite (Convite A.C.) es una organización sin fines de lucro creada el 2 de febrero de 2006. Tiene como finalidad “luchar por la justicia e igualdad” y visibilizar las violaciones de los derechos humanos a sujetos o grupos vulnerados.

Embarazo con VIH en Venezuela: entre el estigma y la esperanza
Venezuela suma unos 100 mil contagiados con el virus de VIH, según un informe del Ministerio de Salud publicado en 2020, que precisa que del total, 73.147 conoce su estado serológico y 56.038 recibe tratamiento de forma gratuita

 

María nació hace 22 años de una madre seropositiva pero nunca contrajo el virus gracias al tratamiento oportuno que ambas recibieron durante el embarazo y en los primeros días después del nacimiento.

Fue la Fundación Innocens, una la ONG en el estado Zulia, oeste de Venezuela, que coordinó todo, desde los medicamentos, pasando por la cesárea obligatoria y el suministro de la leche maternizada.

Pero la mayoría de las mujeres en esta condición dependen del sistema público de salud, en crisis perenne, plagado de estigmas, sin un proceso estandarizado y muy “a discreción” del tratante.

María, que pidió cambiar su nombre, recién se enteró a los 14 años de la condición de su madre, es ahora voluntaria en la ONG que les brindó asistencia y que desde hace tres décadas atiende a miles de mujeres en uno de los principales hospitales de Maracaibo, la capital del Zulia.

Su madre “cumplió el tratamiento al pie de la letra y así fue como nací completamente sana”, relata la joven a la AFP.

Venezuela suma unos 100 mil contagiados con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), según un informe del Ministerio de Salud publicado en 2020, que precisa que del total, 73.147 conoce su estado serológico y 56.038 recibe tratamiento de forma gratuita.

“Estigma y discriminación”

Un total de 404 mujeres embarazadas con VIH fueron atendidas en la red pública en 2020, otras 75 fueron diagnosticadas después de dar a luz y sus bebés pasaron a recibir el protocolo para expuestos al virus; 2,8% de los recién nacidos fueron seropositivos ese año, refleja el reporte oficial.

“Se logró incrementar la entrega de antirretrovirales a las mujeres que fueron diagnosticadas durante su etapa de gestación”, según el informe.

No obstante, María Graciela López, expresidenta de la Sociedad de Infectología de Venezuela, estima que “la atención a las embarazadas seropositivas queda a discreción de los profesionales de cada centro” de salud.

La organización especializada Acción Solidaria ha denunciado por su parte “estigma y discriminación” hacia la mujer infectada en los hospitales.

“Fortalecer el programa”

En el Zulia, otrora capital petrolera venezolana, el protocolo común en centros de salud ha sido remitir a las pacientes a Inoccens, que Cecilia Bernardoni fundó en 1994 como una promesa al primer niño con sida que atendió como odontóloga tras el rechazo de otros colegas, temerosos de contagiarse.

“Necesitamos fortalecer el programa de prevención en las maternidades”, insiste esta mujer de 79 años bautizada como el “ángel de los niños con VIH”. “No solo es atenderlos sino garantizarles la vida, que puedan continuar viviendo”.

“El programa solo se cumple acá” en Inoccens, critica por su parte Arelis Lleras, infectóloga de la fundación.

Los casos no obstante han saltado en la fundación en los últimos años: de 30 en 2019 a 64 en 2021 y en lo que va de este año ya suman 68. El confinamiento por el COVID-19, la falta de controles y la imposibilidad de trasladarse a centros asistenciales impulsaron el salto.

“Hemos tenido semanas con casos nuevos todos los días”, alerta por su parte Clara Urbina, psicóloga de la ONG.

“Uno de ellos”

Más allá de la detección, tratamiento y cesárea, la leche maternizada es un verdadero dolor de cabeza para Inoccens, pues el bebé no puede ser amamantado para evitar el contagio.

“Son siete potes mensuales por niño, por aproximadamente nueve meses, y llevamos 68 cesáreas”, explica Bernardoni. “Antes les dábamos todo, pero ya no podemos”.

Un envase de fórmula cuesta entre 5 y 13 dólares, inalcanzable para muchos en un país con un salario mínimo equivalente a unos 10 dólares. Muchas les dan a los bebés agua con avena, plátano o arroz, lamenta Bernardoni, que llama a donaciones.

María evita hablar en la universidad de la condición de su mamá, de nuevo por el estigma en este país conservador, pero sigue fiel a su trabajo voluntario. “Cada vez que veo a un niño que nace con el virus se me eriza la piel, porque yo pude ser uno de ellos”.

Fiscalía en silencio tras hallazgo de cuatro fosas clandestinas en minas de Bolívar
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre el avance de las averiguaciones, la ubicación exacta de las fosas y la cantidad de cadáveres encontrados en el territorio minero

 

Foto: Domingo Hernández Lárez

 

El portal web Correo del Caroní reseñó que el Ministerio Público (MP) se mantiene en silencio tras el hallazgo de cuatro fosas clandestinas en las minas de Bolívar. 

Durante las incursiones militares de noviembre e inicios de diciembre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reportó vía redes sociales el hallazgo y aseguraron que las osamentas humanas fueron encontradas en lugares controlados por el grupo delincuencial Las 3R.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre el avance de las averiguaciones, la ubicación exacta de las fosas y la cantidad de cadáveres encontrados en el territorio minero.

Cifras compiladas por oenegés muestran que más de 150 personas vinculadas con la minería ilegal han desaparecido en Bolívar desde 2012. 

Según Correo del Caroní, en dicho estado han ocurrido más de cuatro masacres, más de 90 desaparecidos, líderes indígenas asesinados, pueblos desplazados y más de 3.500 mujeres víctimas de explotación sexual y laboral, producto del patrón de violencia inherente a la explotación de minerales.

Ronnie Boquier, abogado y coordinador del área jurídica de la ONG Cofavic, declaró en entrevista que los familiares de estas personas que están ahí enterradas no son los únicos afectados. “Es la sociedad entera la que necesita respuestas. ¿Por qué hay fosas comunes en el sur? Se debe llegar a la verdad”, dijo.

“Es probable que estas personas fueron ejecutadas de manera arbitraria, y se tienen que aplicar los protocolos necesarios para determinar la manera en que murieron y quiénes fueron los responsables de estos hechos”, agregó.

 

El portal web destaca que el MP está en la obligación constitucional de abrir una línea de investigación amplia para determinar muertes potencialmente ilícitas, desapariciones forzadas y demás delitos que impliquen o no la participación directa de funcionarios del Estado involucrados, tal como lo establece también el Protocolo de Minnesota sobre muertes potencialmente ilícitas.

 

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Medidas de rendición de cuentas en diálogo de México propone Transparencia Venezuela
La organización emitió un comunicado en el que propone incluir un mecanismo que garantice la participación de la sociedad civil

 

Con motivo del reinicio de las conversaciones de negociaciones entre representantes de la administración de Nicolás Maduro y de la Plataforma Unitaria en México, la organización Transparencia Venezuela emitió este sábado un comunicado en el que resalta una serie de medidas que tienen como propósito fortalecer la propuesta contra los posibles riesgos de abuso, conflictos de interés, corrupción e ineficiencias, a fin de obtener los mejores resultados objetivos (reales y verificables); que generen la confianza de los venezolanos en el liderazgo de las organizaciones internacionales que están sirviendo de facilitadores y de posibles gestores de recursos públicos.

El documento resalta que “todo proceso de negociación debe incluir un mecanismo que garantice la participación de la sociedad civil, con la posibilidad de formular propuestas y realizar contraloría social una vez aprobado el fondo”.

Entre las medidas destacan la transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas del Fondo de Protección Social, la necesidad de priorizar el destino de los recursos del fondo. “Sería eficiente dirigirlos a paliar necesidades vitales, como salud, alimentación, y electricidad, que por su nivel de deficiencia en Venezuela impacta en el resto de los sectores prioritarios para el bienestar social y el desarrollo económico”.

Asimismo destaca la necesidad de priorizar el destino de los recursos del fondo y propone un acuerdo de gobernanza que incluya políticas y prácticas de transparencia en la gestión del convenio suscrito y del Fondo de Protección Social, basado en las convenciones internacionales contra la corrupción de Naciones Unidas, la Convención Interamericana y las buenas prácticas internacionales señalan la obligación de publicar información y datos completos de manera oportuna y veraz de cada paso, en cada fase, a fin de como factor reducir posibles puntos de riesgos, lagunas en procedimientos, privilegios indebidos, entre otros.
En Santa Elena de Uairén tienen dos semanas sin señal telefónica: usan wifi brasileño
Además de Cantv, en el lugar solo funcionan Movistar y Movinet, señales que quedan sin servicio cada vez que hay una falla eléctrica

 

Habitantes de Santa Elena de Uairén, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, cumplieron este martes 14 días sin señal telefónica, y sin tener respuesta de las compañías prestadoras del servicio.

Además de Cantv, en la zona solo funcionan las compañías de telefonía móvil Movistar y Movilnet, cuyas señales también quedan fuera de servicio cada vez que hay un corte eléctrico.

Hagler Rojas, residente de Santa Elena de Uairén y dirigente de Un Nuevo Tiempo, detalló que se mantienen comunicados por conexiones a wifi brasileño que opera en la zona.

“Tenemos comunicación gracias al wifi brasileño. En este caso por empresas como Pronet, que funciona aquí dentro de la localidad, y otras que su extensión en red llegan hasta acá a Santa Elena de Uairén. De resto, no tenemos servicio de internet, ni telefonía fija o móvil de alguna compañía venezolana”, explicó.

“Muchos de los que tenemos comunicación con wifi brasileño es porque algunos amigos o vecinos gentilmente nos prestan su conexión y nos colaboran”, agregó otra habitante de Gran Sabana.

Mientras la población de Santa Elena de Uairén está sin servicio telefónico y la troncal 10, vía internacional que comunica al sur de Bolívar con Brasil, sigue cayéndose a pedazos, el gobernador Ángel Marcano inauguró recientemente un casino en el municipio Gran Sabana.

Según Marcano, se trata de nuevos espacios que “coadyuvan en la economía local, promueven el turismo y generan empleo”. Sin embargo, no hizo mención a los más de 10 días sin servicio telefónico que tiene la zona donde inauguró el casino.

El municipio también padece por cortes eléctricos y un restringido despacho de gasolina. Se mantiene el sistema de terminal de placas, lo que ocasiona que los conductores pueden cargar combustible a sus vehículos una vez al mes, aproximadamente.

El problema de las comunicaciones se extiende a otras zonas del sur de Bolívar. Pobladores de Tumeremo, en el municipio Sifontes, también reportaron tener más de una semana sin servicio de señal Movilnet.

Reportan 85 accidentes laborales en CVG Venalum durante 2022  por falta de equipos de protección
Entre los accidentes hay un caso de un trabajador que perdió un ojo en medio de su rutina laboral

La asociación Parlamento Obrero de Base, que agrupa varias empresas de Guayana, denunció que han ocurrido al menos 85 accidentes en la planta de la CVG Venalum.

De acuerdo con un artículo publicado por el Correo del Caroní, Omar Amezquita, coordinador del Parlamento Obrero de Base, señaló que existe inseguridad laboral en la planta.

«La situación actual de los accidentes ocurre porque, primeramente, los supervisores han perdido su autonomía y están acatando órdenes de sacar la producción a toda costa: ponen a laborar a un trabajador en condiciones inseguras sabiendo lo que puede ocurrir», dijo.

El trabajador entregó al citado medio un documento proveniente de la Gerencia de Carbón, en la que se desglosan los accidentes laborales ocurridos en los últimos 10 meses.

De acuerdo con estos datos, se contabilizan 85 accidentes dentro de planta.  Según el documento entregado por Amezquita, la mayoría de los accidentes no fueron reportados ante el Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laboral (Inpsasel).

Los trabajadores alegan que no ocurrirían accidentes si contaran con guantes de seguridad, lentes y material correspondiente.

Los accidentes laborales en la CVG Venalum comprenden casos de maquinarias incendiadas que propinaron corrientazos al trabajador. Entre los accidentes, además, hay un caso de un trabajador que perdió un ojo en medio de su rutina laboral.

“Trabajamos en condiciones inhumanas, en celdas con 1.000 grados de temperatura sin chaquetas, delantales, botas… No entregan botas, el trabajador debe conseguir botas usadas. Los lentes tampoco los entregan», denunció Amezquita.

Los miembros de la organización denuncian que la Gerencia de Seguridad de Venalum actúa en complicidad con la directiva para no denunciar los accidentes.

El Parlamento Obrero de Base ha consignado las denuncias en la Inspectoría del Trabajo, Inpsasel, Fiscalía y demás autoridades competentes.

Puede leer la nota completa aquí