Correo del Caroni

Tras la llegada de la junta interventora de la CVG, los trabajadores exigieron que los funcionarios se presentaran en la empresa, solicitud que fue cumplida, pero que hasta ahora no ha arrojado ningún beneficio

Trabajadores de Planta Casima denunciaron haber «perdido la confianza» en la junta interventora de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) tras enviar más de 15 comunicaciones y no obtener respuesta.

De acuerdo con un artículo de Correo del Caroní, estas comunicaciones se han enviado para evidenciar las múltiples irregularidades y abusos que la directiva comete contra el personal. Sin embargo, hasta ahora no han obtenido respuesta.

La junta interventora está compuesta por Héctor José Silva Hernández, en la presidencia; y Alexis José Cabello como vicepresidente, ambos designados tras la detención del expresidente de la CVG, Pedro Maldonado.

Pese a que Planta Casima fue una de las primeras fábricas que visitó la nueva directiva, según los afectados, desde entonces nada ha cambiado en cuanto al acoso y amedrentamiento al que son sometidos por los gerentes de la empresa.

También, manifestaron que durante abril consignaron varios documentos en el edificio de la CVG, ubicado en Alta Vista, los cuales tampoco han generado acción por parte de las autoridades.

“En lugar de aportar soluciones, se han convertido en parte del problema. Acá en la planta hay abusos, terrorismo, maltrato contra los trabajadores. El principal ejecutor ha sido el gerente general de operaciones, Juan Díaz. De esto está al tanto la junta interventora y no hace nada por sanear, poner orden y devolver la paz a los trabajadores”, afirmaron los obreros.

Despidos injustificados y recorte salarial

Tras la llegada de la junta interventora de la CVG, los trabajadores exigieron que los funcionarios se presentaran en la empresa, solicitud que fue cumplida, pero que hasta ahora no ha arrojado ningún beneficio.

De acuerdo con los obreros, durante el último año se han suscitado 34 despidos injustificados, 4 trabajadores han sido sacados de planta forzosamente, y 3 obreros tienen medida de separación de cargo en la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro.

La inspectoría ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por los obreros de las distintas empresas básicas de Guayana como un “brazo ejecutor” del Estado, que no atiende ni da respuesta oportuna a las denuncias.

“En este caso, responsabilizamos a la gerente de recursos humanos Glenda Sirit y también a los trabajadores del Departamento de Nómina, por ser cómplices de esta atrocidad. Se ha quitado el beneficio de alimentación a un numeroso grupo de trabajadores y de todo esto está al tanto la junta interventora, ya que les hemos hecho llegar comunicaciones”, afirmó Freddy Acosta.

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La reducción salarial de los pensionados les dejó apenas 65% de sus sueldos, monto que empezaron a recibir a pesar de que aún no les cancelan sus liquidaciones

Créditos: Correo del Caroní. Foto: William Urdaneta / Correo del Caroní

Un grupo de jubilados de Ferrominera Orinoco protestaron frente al Edificio Administrativo número II de la estatal y, además, consignaron una denuncia en la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro, en la que señalan a la compañía como responsable de violentar sus derechos laborales, amedrentarlos en sus áreas de trabajo, jubilarlos forzosamente y someterlos a la pobreza debido al impago de prestaciones sociales.

El grupo está conformado por jubilados entre los años 2018 y 2023. La empresa no cancela prestaciones sociales a sus extrabajadores desde hace cinco años. Asimismo, los afectados señalan a las autoridades de la estatal como responsables de no cumplir la ley y someter al empleado a condiciones inseguras.

En el documento expresa que la empresa, afiliada a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), cerró sus puertas cuando «el personal se había dedicado toda su vida a ella». Los trabajadores jubilados destacaron que la mayoría estuvo como personal no requerido durante dos años debido a la pandemia del covid-19, cobrando solo salario base, y ahora son jubilados sin pago de prestaciones y perciben un porcentaje salarial de 65 %.

Exigen que se cumpla la ley y cobrar 80 % del sueldo.

Acoso digital y laboral

«Se nos obligaba verbalmente a colocar en nuestras redes sociales videos manipulados de producción. Y si no los publicabas te reducían el salario. Las autoridades de la empresa hacían seguimiento a las redes sociales del trabajador. Además no se nos informó que estábamos jubilados de manera oportuna ni como lo establece la Ley General de Seguridad Social», manifestaron los denunciantes.

Maribel Muñoz, una de las representante de los jubilados, alegó que el grupo le exige al gobierno el pago de inmediato de sus prestaciones sociales, el cual por ley debió ser cancelado cinco días después de su jubilación.

«Hasta el momento no hemos recibido ningún pago. Somos hombres y mujeres con familias que el gobierno no solo jubiló de la empresa, sino de la vida. No tenemos dinero para alimentos, para medicinas, para darle educación a nuestros hijos. La respuesta que nos dan aquí en la empresa es que eso depende del Sistema Patria. Señores, nosotros no hicimos contrato con Patria, sino con la empresa Ferrominera Orinoco. Todos nosotros cobramos 200 bolívares que no alcanzan para nada», aseveró Muñoz.

Los afectados aseguran que, desde un primer momento y sin haber cobrado su liquidación, fueron trasladados a la nómina inactiva de la industria; pese a haber sufrido reducción salarial, y desde hace más de 6 meses esperan el pago de sus prestaciones, las cuales no les han sido canceladas.

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Honorarios bajos

Según los adultos mayores, ninguno de sus salarios supera los 300 bolívares, asimismo, sus liquidaciones oscilan entre 1.800 y 5 mil dólares, según los documentos que les fueron proporcionados en el proceso. No obstante, la empresa no ha liquidado estos pasivos.

«La mayoría tenemos familiares enfermos y el sueldo no alcanza para comprar pañales ni medicinas. En el 99% de los casos, la farmacia del Hospital Dr. Américo Babó no cuenta con las medicinas y por fuera son muy costosas. Algunos tenemos hijos en escuelas, liceos y universidades y como no contamos con los recursos suficientes para cancelar las cuotas, hemos tenido que sacarlos. Del aporte educativo de nuestros hijos la empresa no está pagando el 100 %», reza la denuncia consignada en las autoridades laborales.

«No estamos pidiendo limosna, es nuestro derecho. Cumplimos con nuestros deberes, dimos nuestra mejor versión en esta empresa. Batimos récord de producción en esta empresa. No somos culpables del quiebre de estas empresas y exigimos nuestros derechos», cerró una de las perjudicadas.

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En el estado Bolívar 48 mujeres sufrieron violencia basada en género en 2023. Del total de víctimas, 13 se reportaron en el mes de enero, 17 en febrero, 7 en marzo y 11 casos en abril. Aunque la disminución de los casos este año ha sido significativa, comparándolo con el 2022 cuando se registró en los primeros cuatro meses un total de 163 víctimas, no hay evidencias de que se deba a la falta de violencia, sino más bien al miedo de las sobrevivientes de denunciar debido a la dificultad que existe al acceso a la justicia.

Hubo 40 víctimas que experimentaron violencia física, siendo este el tipo más recurrente en lo que va de año. De igual manera, 8 sufrieron amenazas, 4 violencia psicológica, hubo 3 casos de femicidios, 2 mujeres desaparecidas, y 1 caso de violencia patrimonial y económica. Es importante destacar que una mujer puede experimentar más de un tipo de violencia, es por eso que el registro ya mencionado es superior al total de las víctimas.

Los casos de femicidio que se registraron en el primer trimestre del 2023 corresponden al de Mirla Brito, de 54 años; Yelyana Edmelins Guerrero, de 31 años, y Gladiuska Ilianny Llovera, de 26. De acuerdo con utopix.cc, un femicidio está ocurriendo cada 45 horas en 2023 en el país.

La violencia persiste en Monagas

Monagas no reportó casos de violencia contra la mujer en el primer trimestre del año. Sin embargo, en el mes de abril se registraron 5. Todas las víctimas sufrieron violencia física, de las cuales 1 también sufrió violencia psicológica, y otra sobrevivió a un intento de femicidio. De igual manera, 4 de los hechos de violencia se ejecutaron en el municipio Maturín y 1 en Ezequiel Zamora. 

Soluciones

Parte de esta problemática se debe a las dificultades de los procesos de denuncias y la revictimización constante por parte de los organismos receptores de las denuncias, además de la falta de cifras oficiales del Gobierno venezolano que permitan evidenciar la violencia basada en género.

El Ministerio Público (MP) tiene la obligación de proporcionar datos y cifras oficiales sobre las investigaciones de los delitos que ocurren en el país, ateniéndose a los principios de “honestidad y transparencia” que se estipula en el artículo 141 de la Constitución. Según la asociación civil sin fines de lucro Acceso a la Justicia, en una investigación sobre el desempeño del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela entre el 2000 y 2018, determinó que los informes anuales del MP fueron eliminados en 2017 violando así el derecho a la información de la ciudadanía.

Por esta razón, Codehciu insta al Estado venezolano a capacitar a los funcionarios para evitar estas violaciones de los derechos de las mujeres, a desarrollar programas de atención psicosocial gratuita para sobrevivientes de violencia en el país, y dar a conocer las cifras oficiales para aplicar soluciones realistas ante esta problemática.

Con información de Prensa Codehciu

Ernesto Peñalver, de 29 años, manifestó haber laborado jornadas de hasta 15 horas durante los meses que trabajó en una tienda departamental

Aunque se popularizó la frase «Venezuela se está arreglando», la crisis económica y la falta de oportunidades han propiciado la explotación laboral de los jóvenes venezolanos.

De acuerdo con un trabajo publicado por Correo del Caroní, la población juvenil del país se mantiene como una de las más vulnerables debido a las pocas oportunidades laborales que se ofrecen en Venezuela.

Según la Encuesta Nacional sobre la Juventud (Enjuve) del 2021, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la población inscrita en centros educativos ha retrocedido con respecto a años anteriores, especialmente en el grupo de 18 a 24 años.

Además, en su mayoría, los jóvenes optan por dedicarse a oficios sin contratos ni legalidad, lo que cercena sus oportunidades de tener seguridad social y los deja desamparados ante cualquier situación de abuso, pues sus labores no están reguladas por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).

Para la abogada Eumelis Moya, los trabajos que incumplen con parámetros legales como explotación laboral representan una forma de esclavitud moderna donde el individuo cae en una dinámica de la cual no puede salir, ya sea por presión, amenazas, violencia o necesidad.

“No puedes irte hasta que cerremos”

Un total de 10 jóvenes que laboran en comercios de Puerto Ordaz, estado Bolívar, confirmaron que no pueden retirarse de sus puestos de trabajo hasta que “el dueño decida cerrar”.

Cabe recordar que la Lottt, en su artículo 173, establece que “la jornada de trabajo no excederá de cinco días a la semana y el trabajador o trabajadora tendrá derecho a dos días de descanso continuo y remunerado”.

El joven Ernesto Peñalver, de 29 años, manifestó haber laborado jornadas de hasta 15 horas durante los meses que trabajó en una tienda departamental ubicada en Alta Vista.

Peñalver trabajaba en una tienda que vende línea blanca y su mayor preocupación eran los días de entrega de mercancía, cuando recuerda debía quedarse laborando hasta las 3:00 de la mañana y posteriormente encontrar cómo volver a su residencia, ya que la empresa no ofrece servicio de transporte.

«Estábamos desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la mañana, y teníamos que volver nuevamente a las 8:00 de la mañana. Por esto no nos pagaban horas extra. El sueldo era salario mínimo en bolívares y un bono», contó el joven.

Evasión tributaria: contrataciones informales

Más de la mitad de las personas que entrevistó Correo del Caroní para elaborar el trabajo manifestaron que no contaban con contratación formal, tampoco están inscritos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ni reciben algún tipo de factura o comprobante de salario.

Además, aquellos que contaban con contrataciones formales, señalaron que estos documentos no reflejaban sus salarios verdaderos, sino que contenían el monto correspondiente al salario mínimo. La diferencia era ofrecida por sus patronos como “bonos”.

Natalia Rodríguez laboró durante una semana en un comercio asiático ubicado en San Félix. Esto lo hizo por la necesidad de ganar dinero y aceptó un puesto como cajera de abasto donde trabajaba 14 horas diarias.

«No cerraban la santamaría a la hora. Eso generaba que más gente viniera y, por supuesto, había malestar de nuestra parte», relató la joven.

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El gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, se pronunció la mañana de este miércoles en rechazo al homicidio del concejal

José Atienza era concejal del municipio Sifontes por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cargo en el que fue reelecto en 2021

Este martes fue asesinado el concejal del municipio Sifontes, José Atienza, cuando llegaba a su residencia en Puerto Ordaz.

El hecho se produjo en la manzana 29 del sector Lomas del Caroní, en la parroquia Unare. La víctima, José Ramón Atienza Moreno, recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con la información oficial, Atienza iba de regreso a su residencia cuando se percató de que lo seguía un vehículo marca Chevrolet, modelo Aveo, color plata. Al bajar de su carro, fue atacado por arma de fuego.

El enlace municipal del partido en El Callao se pronunció mediante un comunicado en el que manifestó sus condolencias. Otros dirigentes de la tolda oficialista, como el diputado del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), Alvin Gorrochotegui, también lamentaron el asesinato del edil José Atienza.

El gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, también se pronunció la mañana de este miércoles en rechazo al homicidio del concejal.

“Cuanto lamento y repudio el asesinato del dirigente del #PSUV y concejal José Atienza. Pido a los organismos de seguridad coadyuven para esclarecer este hecho y todo el peso de la ley a los responsables”, expresó la autoridad

Cuanto lamento y repudio el asesinato del Dirigente del #PSUV y Concejal José Atienza . Pido a los organismos de seguridad coadyuven para esclarecer este hecho y todo el peso de la ley a los responsables . @PartidoPSUV @NicolasMaduro @dcabellor @delcyrodriguezv pic.twitter.com/PyM7pnZFbU

— Ángel Marcano (@amarcanopsuv) April 12, 2023

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El secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, manifestó “en esta investigación los peces gordos no están cayendo, está cayendo solo la parte de abajo, ya que el régimen los protege”

Sindicalistas y trabajadores de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) acudieron a la convocatoria en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para exigir que se amplíen las investigaciones de corrupción en las filiales del holding.

De acuerdo con un artículo de Correo del Caroní, esto ocurre tras la detención de 9 miembros de la junta directiva por incurrir presuntamente en actos de corrupción.

Los obreros rodearon el mismo edificio al cual han acudido durante años para acusar a quienes dirigen la corporación de corruptos. La diferencia es que esta vez sus sospechas fueron confirmadas.

En este sentido, sindicalistas y trabajadores expresaron que cada una de las estatales tiene una dinámica diferente y es necesario intervenirlas por separado.

Cabe recordar que en días pasados fue destituido de Pedro Maldonado como presidente de la CVG. Además, en Gaceta Oficial se informó sobre la instauración de una junta interventora presidida por Héctor Silva y Alexis Rodríguez Cabello (primo de Diosdado Cabello).

“¿Cómo va a quedar el robo que se le hizo a cada uno de los trabajadores de las empresas básicas de Guayana? Ahora se habla de delincuencia, pero esto no es de estos días. Tienen dos décadas robando y saqueando nuestras riquezas», fustigó Gonzáles.

Denuncias engavetadas

El secretario general del sindicato Sunep-CVG, Ramón Gómez, alegó que para los “dirigentes sindicales serios”, el que haya actos de corrupción y blanqueo de fondos dentro del holding no es una sorpresa, por el contrario, es algo que han venido denunciando.

A modo de prueba, a Gómez le asiste una carpeta llena de documentos dirigidos a la directiva de la CVG, recibidas pero nunca contestadas, donde denuncian irregularidades y atropellos hacia los trabajadores.

“El caso de Pedro Maldonado, y hablo como secretario general de CVG, en ningún momento Maldonado atendió las exigencias de los trabajadores o la dirigencia sindical”, alegó Gómez.

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Los primeros dos meses de 2023 hubo 30 víctimas de violencia basada en género,

Femicidios, amenazas, desapariciones, violencia económica, física y psicológica, son algunos de los delitos contra mujeres que se evidenciaron en el monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía.

Los primeros dos meses de 2023 hubo 30 víctimas de violencia basada en género, de las cuales 23 experimentaron violencia física, siendo este el tipo de violencia más recurrente.

De estos casos, 4 sufrieron violencia psicológica, 4 amenazas, 2 mujeres desaparecidas, 2 casos de femicidios y 1 víctima de violencia patrimonial y económica.

En cuanto a los municipios, el monitoreo determinó que Caroní es el más violento con 19 víctimas de violencia basada en género, le sigue Sifontes con 7 y por último, Angostura del Orinoco y Piar con 2 cada uno.

El Observatorio Venezolano de Violencia evidenció en su informe anual que hubo 101 homicidios por motivos pasionales en el 2022, esto representa un aumento del 16% con respecto al año anterior en el que se registró 87.

Dentro de los casos de femicidio registrados en el municipio Caroní, se identificaron a las víctimas como Mirla de los Ángeles Brito Fernando, de 58 años, que fue encontrada maniatada, junto con su esposo, y con signos de asfixia mecánica.

También se identificó a Yelyana Edmelins Guerrero, de 31 años, quien fue interceptada por un sujeto que la sometió y con un arma blanca le causó la muerte.

En relación con los casos de desaparecidas; Lennis Coromoto Salazar, de 39 años, a principios de noviembre, avisó a sus familiares que entraría en una mina y que regresaría en diciembre, no se ha sabido nada de su paradero desde entonces. Asimismo, Olimar Arrecoces, de 40 años, fue vista por última vez el 7 de febrero, la mujer tiene cinco meses de embarazo y había salido a trabajar.

Codehciu observa con preocupación los altos índices de violencia contra las mujeres en el estado Bolívar a principios de año y el limitado acceso a la justicia en casos como estos. Son muchas las mujeres que no se atreven a contar sus historias debido a la constante revictimización a la que son sometidas, la falta de procesos legales efectivos y el poco acceso a programas de atención psicológica gratuita para mujeres sobrevivientes de violencia.

El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar los derechos de las mujeres en su totalidad.

En la Declaración sobre el Femicidio del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, se indica que el femicidio es la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.

Con información de Codehciu

Si algún paciente identifica que está utilizando alguno de los productos descritos, el organismo pidió suspender de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para la salud

El Instituto Nacional de Higiene Dr. Rafael Rangel emitió una alerta sobre la circulación de lotes falsificados del medicamento herceptin (trastuzumab), el cual se utiliza en el tratamiento de algunos tipos de cáncer.

De acuerdo con un artículo de Correo del Caroní, se trata de la la alerta sanitaria Nº 001/2023, con fecha del 8 de marzo.

Esa alerta señala que las investigaciones y análisis realizados arrojaron que los lotes N3924B02 y N3927 de herceptin de 440 mg, en polvo liofilizado para infusión intravenosa P.B. 1.164/20, hallados son productos falsificados que representan un riesgo para la salud.

“Al realizar las pruebas de control de calidad a las muestras cuestionadas, se determinó que no contienen el principio activo Trastuzumab, concluyendo que los lotes del producto se encuentran no conformes para su uso y consumo”, explicó el Instituto.

De acuerdo con el organismo, la empresa propietaria del producto original (Laboratorios Roche), a través de su representante en Venezuela (Productos Roche), afirmó que los lotes identificados con los números N3924B02 y N3927 no fueron fabricados por ellos.

Además, el lote N3927 difiere del arte del empaque original que utiliza el laboratorio.

Organizaciones y pacientes han denunciado constantes fallas en la entrega de trastuzumab por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). En el sector privado, una sola ampolla puede costar hasta 1.850 dólares.

Utilizado para tratamiento de algunos tipos de cáncer

Si algún paciente identifica que está utilizando alguno de los productos descritos, el organismo pidió suspender de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para la salud.

El instituto comunicó que las farmacias del Banco de Drogas Antineoplásicas Badan (Fundación Badan) son las únicas que dispensan el producto real.

“Si es adquirido fuera de las farmacias señaladas, notifique al Inhrr a través de la página web y/o el correo electrónico alertasinhrr@gmail.com para validar su autenticidad”, indicó el organismo, que también instó a denunciar a través del mismo correo electrónico a aquellos lugares o personas que distribuyen o comercializan los productos falsificados.

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