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Equipo de Investigación RR

ESPECIAL⎜Covid-19: Siete gobiernos de Latinoamérica rechazan desclasificar contratos para vacunas por más de US$3.747 millones

Las autoridades de Colombia, Ecuador, México, Perú, Panamá, Venezuela y Argentina se niegan a dar acceso a los contratos o suministrar información sobre las condiciones de contratación con las empresas farmacéuticas. Los pedidos surgen de una iniciativa entre medios que conforman la alianza ‘Vigila la pandemia’ y diferentes ONG del continente para que la ciudadanía conozca las exigencias e imposiciones de los proveedores internacionales para proporcionar sus vacunas contra el coronavirus

 

Por Alianza Vigila la Pandemia

 

A pesar de que se destinarán al menos 3.747 millones de dólares en planes de vacunación contra el Covid-19 en siete países de América Latina, hasta la fecha se mantiene un cerco infranqueable sobre la mayoría de las condiciones de los contratos suscritos por los gobiernos de Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, México y Venezuela con empresas farmacéuticas que producen las vacunas y las comercializan, según pudo establecer la alianza de medios latinoamericanos Vigila la pandemia’, que coordina Convoca.pe.

Diferentes entidades públicas de los referidos países se negaron a proporcionar copias de los documentos contractuales e información relevante de estos acuerdos sobre las vacunas, que son un insumo central para avanzar en la batalla contra el nuevo coronavirus e inmunizar a la población mundial. En la mayoría de los casos, las autoridades se resisten a informar el precio de cada dosis, el cronograma de entregas de los productos y otros aspectos comerciales, solicitados por la red periodística mencionada a través de pedidos formales de acceso a la información, realizados entre enero y abril de este año.

El ranking de inversión en vacunas es liderado por México, que anunció que destinará 1.660 millones de dólares para la adquisición de dosis. Le sigue Colombia, con acuerdos por unos 497 millones de dólares y Argentina, en tercer lugar, que firmó hasta el momento contratos por más de 478 millones 254 mil dólares. Ecuador, por otra parte, alcanza el cuarto puesto, con la cifra de 458 millones de dólares.

Perú es el quinto país de la lista que más fondos destina a las vacunas: 408 millones de dólares. Luego, Venezuela, con más de 230 millones 309 mil dólares, según los datos analizados por ‘Vigila la Pandemia’. Los montos por país fueron obtenidos, en la mayoría de los casos, a través de información oficial proporcionada por cada Estado a pedido de la alianza de periodistas y diferentes ONG, así como mediante el registro de anuncios, comunicados e información oficial.

México: Cláusulas con fecha de vencimiento

En México, donde se proyecta el desembolso de 1.660 millones de dólares en vacunas anticovid-19, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de los contratos para adquirir las dosis, con el argumento de que hay acuerdos de confidencialidad suscritos con las farmacéuticas, de acuerdo con resoluciones oficiales analizadas como parte de este proyecto periodístico.

En ese país, la reserva de información, que incluye a los expedientes, archivos y bases de datos en torno a la campaña de vacunación, está garantizada por al menos diez resoluciones de los comités de transparencia de la Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores. A la fecha, México tiene acuerdos y contratos suscritos con los laboratorios Pfizer, de Estados Unidos; AstraZeneca, del Reino Unido; CanSino y Sinovac, de China; y Sputnik V, de Rusia. Todos los esquemas —salvo el de CanSino— requieren la aplicación de doble dosis.

La primera resolución para reservar la información de la compra de vacunas fue tomada por el gobierno mexicano en septiembre de 2020, en relación a un convenio suscrito con los laboratorios CanSino Biologics y Walvax Biotechnology de China.

Uno de los cargamentos de vacunas contra el coronavirus que llegó a suelo mexicano. Foto: Gobierno de México

Desde entonces se garantizaron una serie de reservas tanto en la Secretaría de Salud como en la Cancillería, que protegen la información de todas las farmacéuticas con las que se han suscrito acuerdos, convenios o contratos para la inmunización. Todas las resoluciones argumentan que hay un acuerdo de confidencialidad y que la difusión de información pone en riesgo, además, la seguridad nacional.

Para mantener esa situación, que alcanza la operación del programa de vacunación, la Secretaría de Salud mexicana alegó que la información podría ser utilizada por grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o ejerciendo algún tipo de violencia”. En México, los registros de muertes por la pandemia superan los 200 mil y más de 2.3 millones de contagios.

 

Velo chavista

En Venezuela, para el gobierno de Nicolás Maduro la falta de transparencia es una postura oficial. Lo que se conoce de los estragos de la pandemia en este país es en base a discursos de voceros oficialistas que emiten información con gruesas omisiones e incluso contradictoria. Las estadísticas epidemiológicas y otros indicadores de salud están restringidas desde 2017 por disposición del Gobierno.

No obstante, con el fin de conocer sobre los contratos, cantidades de dosis y las condiciones aceptadas por el Estado venezolano para acceder a las vacunas contra el Covid-19, la alianza “Vigila la pandemia” envió el 5 de abril último dos solicitudes de información: a la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del Covid-19, presidida por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez; y al Ministerio de Salud. A la fecha, ninguna de las autoridades ha enviado respuesta.

El 29 de diciembre, el gobierno de Maduro firmó el contrato para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, fabricada por el Centro Gamaleya, con una inversión de 200 millones de dólares. Pero, hasta ahora, del país euro-asiático se han traído sólo 380.000 dosis, que llegaron al país entre el 13 de febrero y el 24 de abril. Es apenas el 3,8% de lo acordado.

En el gobierno de Maduro se difunde información sobre la pandemia con notorias omisiones e incluso versiones oficiales contradictorias. Foto: Prensa Presidencial

 

De la escasa información oficial, ha trascendido que Venezuela aspira a comprar 25 millones de vacunas contra el coronavirus antes de finalizar 2021. De esa manera, se busca proteger a 70% de la población venezolana, según declaró el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Además, el 2 de marzo último, este país recibió una donación procedente de China: 500.000 biológicos Vero Cell de Sinopharm, elaborada por Beijing Institute of Biological Products. Los detalles del convenio sobre este producto chino, cuyos resultados de la Fase III de sus ensayos clínicos no han sido publicados en revistas especializadas, también permanecen bajo reserva.

De los lotes de vacunas provenientes de Rusia se beneficiaron con la inmunización diputados y líderes políticos chavistas, entre ellos el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores. También, la exprimera dama, Marisabel Rodríguez, quien estuvo casada con el fallecido presidente Hugo Chávez.

 

El primero de junio de 2020, el gobierno interino de Venezuela presidido por el diputado de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, anunció al país que habían alcanzado un acuerdo con Maduro que permitiría el acceso al país de las vacunas disponibles a través del mecanismo Covax Facilty y trascendió que los representantes de Maduro tuvieron que aceptar un requisito impuesto por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que según la versión oficial del gobierno interino implicaba “que los actores de la dictadura se comprometieran a no poner obstáculos a la ejecución del programa y se garantizara que los recursos destinados pudiesen ser ejecutados”.

Con ese aval en mano, a mediados de marzo de 2021 se hizo público el monto que pagaría Venezuela, a través del gobierno interino, para acceder al mecanismo Covax: 30 millones 309 mil 40 dólares para acceder a 12 millones de dosis. Sin embargo, el acuerdo fracasó el 24 de marzo cuando la vicepresidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez, informó al país que la “comisión presidencial científica ha decidido no incluirla [vacuna de AstraZeneca] en los esquemas de tratamiento en Venezuela ni en los esquemas de vacunación”. Esa es la marca que Covax Facility se encuentra distribuyendo en la región.

 Evasivas en Perú

En el Perú, donde más de 153 mil personas fallecieron por la pandemia y cerca de 1 millón 800 mil se contagió con el virus, el gobierno transitorio de Francisco Sagasti ha realizado contratos o acuerdos para compra de vacunas por al menos 408.8 millones de dólares, de acuerdo información difundida por el Ministerio de Salud.

En tal sentido, el Ejecutivo ha suscrito contratos con tres laboratorios: Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca. Además, firmó un convenio con la iniciativa Covax Facility, que busca garantizar el “acceso equitativo” a las vacunas en el mundo.

Pfizer se lleva el principal acuerdo con Perú: el contrato es por 237.6 millones de dólares a cambio de 20 millones de dosis, según información oficial. Se estima que el costo por cada dosis sería de 11,88 dólares.

El segundo acuerdo más importante en Perú es el de Covax Facility, aunque ésta actúa como intermediaria con distintos productores de vacunas. Se le abonará 106 millones de dólares por dosis destinadas a 6.6 millones de personas. Sigue en la lista, el contrato por 39.2 millones de dólares por 14 millones de dosis con AstraZeneca, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

El primer lote de vacunas contra el Covid-19 que llegó al Perú fue del laboratorio chino Sinopharm. Foto: Difusión

El acuerdo con Sinopharm es por 26 millones de dólares a cambio de un lote de 1 millón de dosis, es decir 26 dólares la dosis.

Para acceder a los contratos y conocer sus condiciones, la alianza ‘Vigila la pandemia’ envió pedidos de información al Ministerio de Salud, al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y al Ministerio de Economía y Finanzas. Ninguna de estas entidades respondieron de forma positiva sobre el valor de cada dosis, bajo el argumento de que esta información se encontraba restringida por las cláusulas de confidencialidad de los acuerdos contractuales. Los contratos suelen incluir garantías extra al valor de las vacunas.

Cenares evitó contestar respecto a los cronogramas de entrega de los productos de las mencionadas farmacéuticas. El organismo público señaló que esos datos estaban clasificados como confidenciales por decretos de urgencia emitidos para facilitar la adquisición de vacunas anticovid-19 y también se amparó en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa misma explicación dio el gobierno de Argentina: las fechas de entrega acordadas son secretas.

“La publicación de esta información no podrá afectar los acuerdos y/o cláusulas de confidencialidad de la información, por tiempo determinado, que haya suscrito el Estado para la compra de vacunas contra la COVID-19”, indicó la entidad citando la norma vigente.

 

 

El 15 de enero pasado, el Gobierno emitió el Decreto de Urgencia N° 003-2021, el cual señala que la información referida a este tema debe ser publicada en el portal oficial del Ministerio de Salud. Se trata de “información de alcance general, en el marco de su labor de prevención de la pandemia y la aplicación del programa de vacunación o similares, respecto a las vacunas contra el Covid-19”.

En relación a las vacunas se han presentado irregularidades e incluso hechos de posible connotación ilícita. A inicios de febrero último, se reveló que dosis experimentales de la vacuna de Sinopharm fueron aplicadas indebidamente a decenas de funcionarios, pues las dosis tenían como destino a los voluntarios y científicos que participaban en el ensayo clínico en Fase III del producto chino. Entre los implicados se encuentran el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Mazzetti, y otros exfuncionarios que incluso participaban en las negociaciones para comprar lotes de vacunas a Sinopharm.

 

Negativa en Colombia

El gobierno de Iván Duque ha destinado 497 millones de dólares en total para la adquisición de vacunas, de acuerdo con el análisis de cuatro resoluciones oficiales disponibles. Sin embargo, estas disposiciones no informan el número de dosis que es posible comprar con ese monto desembolsado. Tampoco incluyen todos los laboratorios que Colombia ha contratado para avanzar en su plan de inmunización.

Como parte del proyecto periodístico ‘Vigilia la pandemia’, se hizo un pedido de información al Ministerio de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (encargada del manejo de los recursos en la emergencia). Pero los funcionarios de estas entidades aún no han proporcionado datos ni registros sobre las condiciones impuestas por los laboratorios al Estado colombiano en los contratos por las vacunas.

La respuesta oficial del Ejecutivo es que no se puede entregar información alguna en relación a los convenios, contratos, cantidades ni condiciones de las vacunas adquiridas por la existencia de acuerdos de confidencialidad.

En Colombia se ha proyectado que inmunizar a cada ciudadano de este país costará 21 dólares. Foto: Difusión

Este argumento fue esgrimido también para contestar de forma negativa a otras peticiones de información realizadas por medios de comunicación, congresistas y organizaciones de la sociedad civil, además de órdenes de jueces.

El gobierno de Colombia ha comprado 66.5 millones de dosis de la vacuna anticovid-19. Esa cantidad alcanzaría para inmunizar al 78.8% de la población del país (porcentaje que equivale a 37 millones 750 mil personas), de acuerdo con cifras oficiales.

En el Plan Nacional de Vacunación se estima que vacunar a cada colombiano costará 21 dólares. Según las previsiones de compras divulgadas por el propio Ejecutivo, el objetivo va más allá de lo que el gobierno colombiano ha comprado: la meta es vacunar a 27.7 millones de personas (para alcanzar la inmunidad del rebaño). A 21 dólares cada persona (dos dosis por habitante), se requeriría de unos 582 millones de dólares.

 

Silencio oficial en Ecuador

En Ecuador, la administración presidencial de Lenín Moreno dispuso la asignación de 108 millones de dólares del erario público para la vacunación de sus ciudadanos, así como la obtención para ese fin de alrededor de 350 millones de dólares de parte de organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. En total, el gobierno ecuatoriano busca destinar unos 458 millones de dólares, según surge de los datos oficiales. Se conoce que se llegó a acuerdos comerciales con los laboratorios Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

En la búsqueda de los detalles de las contrataciones de vacunas, la alianza periodística latinoamericana presentó dos solicitudes de acceso a la información pública el 24 y 25 de febrero último, pero el Ministerio de Salud nunca respondió. Así, permanecen en la nebulosa los datos sobre las condiciones de los contratos y convenios que el Estado ha aceptado ante los proveedores de vacunas.

Presidente ecuatoriano Lenín Moreno y el ministro de Salud Pública, Camilo Salinas Ochoa. Foto: Difusión

La falta de información alcanza al plan de vacunación del país, respecto al cual el mandatario Lenín Moreno ha brindado declaraciones contradictorias. Moreno dejará el cargo el 24 de mayo y lo entregará al nuevo presidente, Guillermo Lasso, electo en segunda vuelta el domingo 11 de abril. Durante su campaña, Lasso se comprometió a vacunar a nueve millones de personas en 100 días.

Hasta el momento, Ecuador recibió 11 lotes, por un total de 1 millón 498 mil 410 dosis que deberían servir para llegar al 8.6% de la población, pero menos del 1% ha sido inmunizado.

 

Argentina: información a medias

En el caso de Argentina, donde se suscribieron contratos por al menos 478 millones de dólares para acceder a cerca de 59 millones de dosis de vacunas anticovid-19, el Ministerio de Salud considera que desclasificar los contratos con los laboratorios proveedores y la difusión de las condiciones de estos acuerdos comerciales “pone en riesgo la salud y la vida de los y las habitantes” en suelo argentino.

Esa fue la respuesta de la entidad estatal ante una solicitud de acceso a la información pública realizada el 19 de marzo por elDiarioAR en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), como parte del proyecto ‘Vigila la pandemia’.

Ante nuestra solicitud de información, del 14 de abril, el Ministerio de Salud reconoció que los proveedores de las vacunas contra el coronavirus impusieron las cláusulas de secreto y confidencialidad para poder concretar la compra-venta. Estas alcanzan los cronogramas de entrega, los pagos por adelantado y dejan en evidencia la falta de sanciones ante posibles incumplimiento por parte de las farmacéuticas, según permitieron reconstruir fuentes con acceso al contenido de los contratos.

El laboratorio ruso entregó el 17,5% de las dosis contratadas por el gobierno de Alberto Fernández. Foto: Difusión

En el país se sancionó además una ley especial para legalizar la firma de estos contratos de vacunas COVID.19. La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas).

Además, como en México, este país también dictó resoluciones especiales para garantizar el secreto. En este caso, se trata de dos disposiciones del Ministerio de Salud.

“El cronograma de entregas se encuentra (también) incluido en el marco de los contratos que, debido a sus cláusulas, revisten carácter confidencial”, alegó el ente público sobre uno de los aspectos centrales que permitiría saber si los proveedores están cumpliendo con lo pactado con el Estado.

El Ministerio de Salud solo accedió a informar sobre la cantidad de dosis contratadas; las compañías y organizaciones con las que se celebraron convenios; las fechas en que se firmaron y los precios por unidad, como se adelantó en la publicación del domingo último.

 

El gobierno de Alberto Fernández firmó cinco contratos, entre octubre de 2020 y marzo de 2021, para acceder a 58 millones 924 mil dosis de parte de AstraZeneca (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China) y Covishield (India), es decir un promedio de 10.62 dólares la dosis por habitante. Los números permiten concluir que los proveedores solo entregaron el 16,4% de las vacunas comprometidas (9.683.143 dosis), de acuerdo con cifras oficiales hasta el 28 de abril. Si este jueves se completa el envío de Sinopharm, entonces las entregas llegarían al 16,7% de lo contratado.

Según pudo establecer la investigación de “Vigila la Pandemia”, las cláusulas de confidencialidad aceptadas por Argentina incluyen no sólo el acceso a los distintos contratos sino también a la correspondencia entre los funcionarios y las compañías; el contenido de las negociaciones.

 

 Caso panameño

En Panamá, el gobierno de Laurentino Cortizo ha negociado la compra de más de 9 millones de dosis de vacunas de empresas farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca y también mediante la iniciativa Covax Facilty, pero no responde a los pedidos para acceder a los contratos con estos laboratorios a pesar de que deberían ser públicos, según la norma vigente. La información oficial de enero último habla de una inversión total de 76 millones de dólares en vacunas contra el Covid-19.

Desde el 30 de diciembre, el diario La Prensa requirió al Ministerio de Salud copia simple de los contratos suscritos por el Estado panameño. Sin embargo, transcurridos los 60 días que establece la Ley de Transparencia panameña para responder peticiones extensas, no se facilitó información alguna.

Esta misma solicitud la efectuó el abogado Ernesto Cedeño, pero a la Contraloría General de la República —que por normativa digitaliza toda la información del Estado— y también lo pidió la organización Fundación para la Libertad Ciudadana. Hasta la fecha, tampoco fueron atendidas ninguna de estas dos solicitudes.

Como vemos, este panorama nos habla de la pandemia del secretismo en América Latina a pesar que están en juego miles de millones de dólares en la adquisición de las vacunas para inmunizar a la población del continente.

(*) La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).

ESPECIAL ⎜El Acuerdo de Escazú: oportunidad de América Latina para salvar el planeta
El 22 de abril, Día de La Tierra, entra en vigor el tratado más importante en materia ambiental que han firmado los países de América Latina. Aunque solo once lo han ratificado, muchos esperan que sea un instrumento esencial para evitar los asesinatos de líderes ambientales y permitir que, contrario a lo que ha sucedido en las últimas dos décadas, se proteja el medioambiente
Como parte del proyecto Tierra de Resistentes, periodistas de 10 países de América Latina se unen para  realizar el reportaje colaborativo y transnacional  ¿Quién le teme a Escazú?,  coordinado por el Consejo de Redacción de Colombia con la financiación de Ambiente & Sociedad.  Runrun.es revisa la posición de Venezuela en este pacto regional para salvar al planeta 

Sergio Silva Numa

Cuenta Andrea Wulf que cuando el célebre Alexander von Humboldt estaba explorando los territorios de Latinoamérica se llevó una amarga sorpresa. Mientras recorría ese nuevo mundo observando minuciosamente la geografía, las plantas y los animales, se dio cuenta de que algo no marchaba bien. La explotación de recursos naturales, a manos del poder colonial, anotó después, había causado un verdadero caos. Los misioneros trataban a los locales de forma brutal, la búsqueda de materias primas estaba acabando con el medioambiente y las desigualdades sociales se multiplicaban. Sudamérica, apuntó en su Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, estaba siendo destruida a manos de sus conquistadores. 

Cuando en 2015 Wulf, británica, historiadora, publicó La invención de la naturaleza, el libro en el que condensó la vida de Humboldt, los países de América Latina aún buscaban la fórmula para resolver el mismo problema que tenían cuando vino el célebre naturalista en el siglo XIX. La explotación de materias primas, base de sus economías, continuaba siendo el origen de cientos de conflictos sociales. Pese a las promesas, ningún gobierno se había resistido al “boom”, ese anglicismo que usamos para describir los altos precios del petróleo, el oro, el carbón, el cobre o el níquel.

“Porque si algo compartimos los países latinoamericanos es la riqueza de recursos naturales y la conflictividad, la exclusión y las desigualdades que ha generado su explotación”, dice Daniel Barragán, director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) de la Universidad de los Hemisferios, en Ecuador. 

“Aunque somos países muy diferentes compartimos una larga lista de conflictos ambientales. Miras a Perú, a Colombia, a Chile o a México y en todos hay una gran conflictividad. Ésa es nuestra realidad compartida”, complementa Aida Gamboa. “Por eso, en parte, el 22 de abril será un día histórico”.

Gamboa es politóloga y parte del equipo de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), una organización civil que lucha por la protección de la Amazonía peruana. A lo que se refiere es a que hoy, después de 9 años de conversaciones, entra en vigor un acuerdo que se ha ido popularizando en la región, el Acuerdo de Escazú, cuyo verdadero nombre es imposible de memorizar:  Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

“Estamos muy optimistas”, cuenta Érika Castro, abogada y PhD en Ambiente y Ordenación del Territorio. Desde Colombia, donde es investigadora de la Universidad de Medellín, tiene una buena manera de resumir lo que significa este día: “Tal vez es el inicio para superar esta crisis ambiental. No podemos actuar como lo veníamos haciendo”.

Pero para entender la complejidad que esconde este acuerdo y no perderse por las confusas ramas del Derecho, hay que echar un vistazo al pasado y entender por qué América Latina lo necesitaba con urgencia luego de hacer boom.

Boom

Joan Martínez Alier es un tipo que no necesita presentación. Catalán y doctor en Economía, ha sido profesor visitante en las universidades de Stanford, Yale y California. Su libro La ecología de la economía es un clásico que ha sido traducido a varios idiomas y con frecuencia es invitado a dar charlas en los congresos de ciencias sociales. Aunque no vive en América Latina, puede hablar con soltura de cualquier conflicto ambiental en Bolivia, Ecuador o Brasil.

Cuando estuvo en Bogotá hace un par de años, conversamos por más de una hora sobre las dificultades de la región. Le parecía asombroso que los Gobiernos de izquierda que empezaron a surgir en la primera década de este siglo no hubiesen prestado más atención a la protección ambiental. “Impermeables” era el adjetivo con el que describía tanto a Evo Morales y Juan Manuel Santos como a Rafael Correa y Cristina Fernández. No se explicaba por qué no reconocían como suyos a los “héroes de la justicia ambiental”.

Martínez Alier empezó a cobrar popularidad fuera de los pasillos de la academia cuando en 2014 lanzó el Atlas de Justicia Ambiental. Con el apoyo de organizaciones internacionales y una larga lista de universidades y ONG, había decidido organizar en una sola plataforma los conflictos sociales relacionados con el ambiente. Hoy, siete años después, el mapa muestra 3385 casos en todo el planeta. Es difícil saber con precisión cuántos hay en Latinoamérica, pero la siguiente imagen resume mejor la compleja situación. La mayoría de problemas parecen provenir de la actividad minera, la extracción de combustibles fósiles y la gestión del agua.

Como lo muestra el Atlas de la Justicia Ambiental, Brasil es el país de la región con más conflictos (173). Le siguen México, con 149, y Colombia, con 129. Después están Perú (97), Ecuador (65) y Bolivia (42). “Todo este asunto tiene que ver con la riqueza que tiene cada país”, advertía Martinez Alier.

Junto a Mariana Walter, lo explicaba mejor en un libro (Environmental Governance in Latin America) meses después. Desde 1970, escribían que la explotación de materias primas en América Latina se había intensificado. Mientras ese año se extrajeron 2400 millones de toneladas, en 2013 esa cifra fue de 8300 millones de toneladas. La extracción de minerales metálicos, después de la producción de biomasa, era la actividad que más había crecido. Para 2012, cuando los precios estaban en su mejor época, los países de la región cubrían el 45 % de la demanda mundial de cobre, 50 % de la de plata, 21 % de la de zinc y 20 % de la de oro. “Extractivista” era la mejor palabra para definir este pedazo de continente.

“Creemos que esa tendencia estuvo relacionada con el boom de los conflictos en América Latina”, expresaban Walter y Alier en una de sus conclusiones. 

Esta ha sido la extracción de materias primeras entre 19070 y 2010.

Quienes se han dedicado a estudiar ese proceso suelen usar un término para describir una de las más grandes paradojas que genera ese boom de las materias primas: “la maldición de los recursos naturales”. En palabras sencillas, lo que sugiere es que, a pesar de tener abundantes recursos, esos países no siempre logran un buen desarrollo económico. Además, en ocasiones debilitan la economía al volverla dependiente de una sola fuente de ingresos, al tiempo que motivan numerosos conflictos sociales.  

Las consecuencias, como señalaba el Banco Mundial en 2014, se pueden resumir en un par de cifras: el 93 % de la población de América Latina y el 97 % de su actividad económica reside en países que son exportadores netos de ‘commodities’. La noticia no tan mala era que la dependencia había disminuido del 86 % en 1970 al 50 %.

En la otra cara de la moneda, como escribió el economista y experto en asuntos de política energética Francisco J. Monaldi, en la revista Harvard Review of Latin America, el boom de las materias primas que vivió el planeta desde los primeros años de este siglo y 2014, aproximadamente, permitió que América Latina “tuviera el mejor desempeño económico en décadas, ayudando a aumentar su gasto público, reduciendo la pobreza y expandiendo la clase media”.  

Pero, como también apuntaba Monaldi, “los logros macroeconómicos y sociales no pueden ocultar los significativos desafíos y los efectos negativos”. “Por años se le dio prioridad a los resultados económicos y políticos, mientras lo social y ambiental quedaron relegados”, cuenta ahora la abogada Érika Castro. “Muchos se trataron a espaldas de las comunidades y de la sociedad civil. No tuvieron acceso a nada de información. Fue la negación del otro”.

Fue justo cuando los minerales y el petróleo alcanzaban precios históricos en 2012 (US$120 por barril; US$1,742 por onza de oro) que empezaron unas conversaciones en Río de Janeiro, Brasil, para encontrar una salida a la difícil situación latinoamericana. Mientras se desarrollaba la Conferencia Río+20 de Naciones Unidas, los representantes de los países se pusieron de acuerdo para crear un tratado pionero en protección ambiental y en derechos humanos. 

“En un momento de creciente incertidumbre y profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales, los países de América Latina y el Caribe han demostrado el valor de la acción regional”, escribió años después Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el prefacio de ese documento que hoy, 22 de abril, entra en vigor y fue bautizado popularmente como el Acuerdo de Escazú.

Vientos de cambio

El 4 de marzo de 2018 en Escazú, en San José (Costa Rica), hubo un minuto de silencio. Los delegados de 33 países y de varias organizaciones de la sociedad civil decidieron cerrar esa reunión con un homenaje a Berta Cáceres, la activista indígena asesinada en 2016 en Honduras por oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”. La enorme foto suya también recordaba que los líderes ambientales de América Latina estaban pasando por un mal momento.

Berta Cáceres, líder hondureña asesinada el 3 de marzo de 2016. Crédito: Goldman Prize.

El año en el que se llevó a cabo ese histórico encuentro, que culminó con la firma del Acuerdo de Escazú, mataron a 164 personas en el mundo por su liderazgo ambiental. Los datos, recopilados por la ONG inglesa Global Witness, indicaban que la mitad de los homicidios había ocurrido en Latinoamérica. Colombia, donde asesinaron a 24 personas, estaba en el segundo lugar del listado mundial, seguido por Brasil. 

Las alarmas y los titulares de prensa no habían servido para nada. En 2019 asesinaron a otros 212 líderes ambientales. Colombia, con 64 crímenes, pasó a ocupar el primer lugar, seguido de Filipinas (43). De hecho, entre los diez primeros países de esa lista, otros seis más eran latinoamericanos: Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.

Líderes ambientales asesinados en América Latina en 2019 por país.

Cuando le pregunto a Berlin Diques, líder asháninka y presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), en Perú, para qué cree que sirve el Acuerdo de Escazú, la primera parte de respuesta que se le viene a la cabeza tiene que ver, justamente, con esa situación: “Es una herramienta indispensable para garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y el ambiente”.

En Ucuyali, desde donde habla, mataron a dos líderes a principios de este año. Herasmo García Grau y Yenser Ríos Bonzano murieron baleados por oponerse a actividades ilegales y querer frenar la deforestación. Al primero, según medios locales, también lo secuestraron y torturaron. 

ーPero, ¿cree que esa situación va a cambiar con el Acuerdo de Escazú?

ーLos pueblos indígenas esperamos que sí. Pero sabemos que nuestras comunidades poco o nada le han importado a los Gobiernos de turno. Para ellos somos un grupo de humanos en un segundo nivel de la sociedad. Por eso, así entre en vigor el Acuerdo, tenemos claro que vamos a seguir luchando para que escuchen nuestra vozー responde Diques. 

Berlin Diques, líder asháninka y presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU). Crédito: Cortesía ORAU.

Su temor lo comparten muchos. Aunque el documento final que fue firmado en Costa Rica es, de alguna manera, revolucionario, falta un largo camino para que empiece a surtir efecto. Daniel Barragán, del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio, en Ecuador, prefiere, por ejemplo, pararse del lado de la prudencia. 

Se ha generado una gran expectativa, pero tenemos que ser claros: el 22 de abril no van a cambiar las cosas. Tenemos que ser conscientes de que el Acuerdo plantea un proceso de implementación. Cada país deberá hacer reformas políticas y normativas. La región no parte de cero, pero hay que ver cómo aterrizamos ese documento en los territorios. Los cambios no se darán de la noche a la mañana”, explica.

“A partir de hoy empieza una segunda fase de implementación y entrada en vigor. Es un largo camino. Pero ha sido un proceso que va a tener un gran impacto en el derecho y la democracia ambiental”, dice, por su parte, Mauricio Madrigal, director de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, en Colombia. 

Para explicar en qué consiste el Acuerdo y no perderse en los términos de las leyes y los códigos, Madrigal usa una analogía. Imagínese, asegura, “que se establecieron unos ‘pisos mínimos’ que deben tener los países en ciertos asuntos, los cuales permiten fortalecer la democracia ambiental en la región. Además, lo importante es que fueron construidos con la participación de muchas personas de la sociedad civil y representantes de gobiernos. Eso permitió consolidar algo clave en este proceso: una gran red de cooperación”.

Esos “pisos mínimos” sobre los que se deberían parar los Estados latinoamericanos se podrían dividir, como escribió el constitucionalista Rodrigo Uprimny en 2019, en cuatro grandes grupos. El primero permite incrementar la transparencia en asuntos ambientales, pues fortalecerá el acceso a la información. El segundo reforzará la democracia ambiental, ampliando la participación ciudadana en todas las discusiones. El tercero mejorará la justicia ambiental al crear mecanismos judiciales ambientales. Y, finalmente, el cuarto será esencial para que no vuelvan a suceder crímenes como los de Berta Cáceres, Herasmo García Grau o Yenser Ríos Bonzano. “Establece”, apuntaba Uprimny, “una protección especial a los defensores ambientales”. 

En otra palabras, escribió Madrigal junto al abogado Luis Felipe Gumán-Jiménez en el libro Información Participación y Justicia Ambiental (2020), el Acuerdo de Escazú “pretende generar estándares comunes en materia de información ambiental, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos medioambientales para cerca de 500 millones de personas en la región”. 

En este punto la gran pregunta es ¿qué sucede si un país, simplemente, no lo quiere cumplir? Como explica Barragán, el acuerdo no plantea sanciones porque no tiene un enfoque punitivo. “Las infracciones se juzgan con la normativa interna de cada país; pero, en términos internacionales, no se creó una jurisdicción ambiental internacional, entonces no se puede llevar a ningún Estado a ninguna corte en caso de incumplimiento”, dice Érika Castro.

Sin embargo, coinciden todos los que fueron entrevistados para este texto, el Acuerdo ayudó a crear algo mucho más importante que un listado de artículos esperanzadores. Como en su construcción participaron muchos líderes, organizaciones y académicos que vigilaron el proceso y sugirieron cambios (tenían voz pero no voto), eso permitió, cuenta Castro, la creación de una gran plataforma de actores ambientales de toda Latinoamérica.

“Eso es importante porque viene un trabajo de mediano y largo aliento para la sociedad civil. Nos corresponde hacer seguimiento y garantizar que no se quede en pacto de papel. La idea es que haya una co-creación entre el Estado y la sociedad y un espacio de diálogo permanente. Nosotros tenemos que impulsarlo”, agrega Aida Gamboa, de DAR. 

Daniel Barragán tiene una buena manera de sintetizar esas reflexiones: “Lo que plantea el Acuerdo es cambiar la relación entre el Estado y la ciudadanía”. En palabras un poco más prácticas, eso quiere decir que, en el mundo ideal, los Gobiernos de Jair Bolsonaro, de Alberto Fernández o de Sebastián Piñera, no podrían o no deberían impulsar nuevos proyectos de explotación de recursos naturales sin tener en cuenta la participación de las comunidades. Tampoco podrían ocultar ningún tipo de información. Si no eluden sus responsabilidades, los Gobiernos también deberían, como anotaron Madrigal y Guzmán, adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los ataques y amenazas contra los defensores del medio ambiente. 

En 2018 el abogado argentino especialista en asuntos ambientales Gastón Médici Colombo publicó un extenso artículo en la revista Catalana de Derecho Ambiental en el que detallaba el proceso detrás del Acuerdo de Escazú. Había, a sus ojos, muchos puntos para destacar. Además de lo que significará este tratado como herramienta de cooperación entre países y como un instrumento para instituciones internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, había para él algo muy valioso que debía ser subrayado. 

“Difícilmente”, anotaba, “el resultado hubiese sido el mismo sin la magnífica participación del público” que acompañó (como Érika Castro, Aida Gamboa, Daniel Barragán o Mauricio Madrigal) todos los encuentros, “exigiendo estándares y recordando los compromisos asumidos”. “Merecen todo el reconocimiento”, concluía.

Ahora que el Acuerdo de Escazú entra en vigor, ellos solo esperan que todos los países de América Latina lo ratifiquen, pese a las campañas de desinformación, los juegos políticos y los cambios de presidentes. Hasta el momento solo lo han hecho doce: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, y más recientemente, Argentina y México. Faltan más de la mitad. 

Para leer el especial completo #QuiénLeTemeAEscazú haga click en la imagen

 

 

Chavismo Inc: El desfalco a Venezuela con ramificaciones globales

Fiscalías y parlamentos de 21 países han iniciado o concluido 86 procesos sobre casos de corrupción asociados a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La investigación Chavismo INC. coordinada por Transparencia Venezuela, Connectas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI) examinó cada una de esas causas y encontró una trama de sobornos, contratos públicos privilegiados y lavado de dinero que permitió que millonarios flujos de recursos públicos originados en Venezuela se dispersaran por todo el mundo

Por: María Fernanda Sojo

El capítulo sobre Venezuela de la investigación transnacional Chavismo Inc examina la trama de corrupción establecida por actores y modos de captar, mover y esconder el dinero de los venezolanos fuera del país bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en las últimas dos décadas.  Estos son los principales hallazgos:

-La investigación Chavismo Inc. descubrió que los integrantes del gobierno señalados en denuncias de corrupción y sus vinculados integran una trama de 5.534 personas naturales y jurídicas que suman 20.054 interacciones en conjunto. Por esas interacciones y otras violaciones a derechos humanos, 198 personas fueron sancionados por 57 gobiernos del mundo. De ellas, 182 son venezolanas.

-La sistematización de los datos arrojó que fiscalías y parlamentos de 21 países de América y Europa han abierto 85 investigaciones relacionadas con la corrupción en las gestiones de Chávez y Maduro. Los hallazgos demuestran patrones claros para captar, mover y esconder dinero de los venezolanos: pago de sobornos a funcionarios clave en organismos del Estado a cambio de contratos multimillonarios, como el de un tesorero del país que recibió 1.000 millones de dólares para beneficiar empresas en operaciones de cambio de moneda; la asignación de grandes proyectos a empresas de amigos de gobiernos aliados, como lo registrado en Haití y en Argentina; y la creación de complejos entramados financieros para lavar el dinero resultado de las operaciones ilegales, como el caso de un exviceministro prófugo de la justicia norteamericana.

-El estudio de cada una de las investigaciones iniciadas fuera de Venezuela arrojó que en los casos de corrupción participaron más de 500 venezolanos y extranjeros, de los cuales Chavismo Inc. identificó a 259 personas quienes habrían usado al menos 103 empresas para concretar sus planes de extraer los recursos venezolanos y borrar su origen real, estas personas a su vez acumulan 3.600 interacciones en la base de datos.

-La evidencia recabada demuestra que solo en 52 de esas causas el patrimonio público venezolano comprometido asciende a Venezuela perdió 30.087 millones de dólares, una cifra absurdamente elevada para cualquier país salvo para Venezuela, que recibió por venta de petróleo más de un millón de millones de dólares en tan solo una década y pese a eso acumula seis años de una catástrofe económica de niveles nunca vistos en un país latinoamericano, donde la hiperinflación pasó el millón por ciento en 2018. Una crisis económica y política que condujo a una humanitaria: la falta de alimentos, de medicamentos, ahora de combustible y otros bienes, llevó a cinco millones de venezolanos a huir y al país a ser el primero en muertes por desnutrición: 3,7 millones de personas presentaban malnutrición en 2018, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El estudio de cada una de las investigaciones iniciadas fuera de Venezuela arrojó que en los casos de corrupción participaron más de 500 venezolanos y extranjeros, de los cuales Chavismo Inc. identificó a 259 personas quienes habrían usado al menos 103 empresas para concretar sus planes de extraer los recursos venezolanos y borrar su origen real, estas personas a su vez acumulan 3.600 interacciones en la base de datos.

-La mayoría de los casos han sido ventilados ante la justicia de Estados Unidos (EE.UU), país con el que el chavismo tuvo pésimas relaciones diplomáticas, pero que terminó siendo uno de los destinos preferidos por los funcionarios del gobierno para guardar el dinero obtenido de manera ilegal. A la luz del inventario realizado por Chavismo Inc, fiscales estadounidenses han abierto 38 investigaciones en las cuales se habría incurrido en un daño patrimonial a Venezuela que ronda los 6.059- 16.049 millones de dólares, principalmente provenientes de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la estatal más importante del país. Por esos casos 40 44 personas se han declarado culpables.

-La información fue obtenida y procesada por Chavismo Inc. tras rastrear casos judiciales, empresas y patrimonio de personas vinculadas al chavismo en 69 países, con los que se construyó una base de datos que muestra una aproximación patrimonial y las relaciones de esas personas. La iniciativa de investigación transnacional de Transparencia Venezuela, capítulo local de Transparencia Internacional, la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y Alianza Rebelde Investiga (ARI) reunió información que da cuenta de la magnitud de las operaciones del chavismo dentro y fuera de su país: los engranajes del capitalismo bolivariano en el mundo

Aquí puede leer la historia completa Venezuela: un desfalco con ramificaciones globales

Para leer todo el especial Chavismo Inc haga click en la imagen: 

Chavismo Inc., la investigación que evidencia los engranajes del “capitalismo bolivariano” en el mundo
Las historias presentadas en esta página web se apoyaron en pesquisas oficiales de 21 naciones, y cuentan el trasegar y el destino de dineros logrados gracias a la cercanía con el poder, dejando empobrecida, con hambre y grandes deficiencias humanitarias a Venezuela

Desde un departamento en un ostentoso rascacielos de la “avenida de los millonarios” en Manhattan, Estados Unidos, casas de fantasía en la paradisíaca Marbella, en España; inversiones en exclusivos proyectos turísticos del Caribe como Punta Cana, República Dominicana; emprendimientos con presupuestos de ensueño en El Salvador; complejas tramas empresariales tejidas en Panamá, conectadas con abultadas cuentas bancarias en el mundo, hasta compañías en Argentina o Uruguay que casi sin capital saltaron de hacer negocios más que discretos a simplemente multimillonarios, sin contar la construcción fallida de una mega refinería petrolera en Nicaragua y la calculada compra de un gigante agroindustrial de Bolivia, todo, todo eso ha estado asociado a una fuente común: los flujos millonarios de petrodólares que salieron del erario de la Venezuela gobernada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en los últimos 20 años.

De eso trata Chavismo INC., proyecto realizado por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas. La página web homónima es el resultado de una investigación colaborativa que evidencia un entramado de negocios, que abultó los bolsillos de unos pocos que ahora se establecen en diversos rincones del mundo, en una diáspora que da cuenta de la proyección internacional del caso venezolano, a través de una serie de reportajes que abarca diez países. La iniciativa se apoyó, entre otros documentos, en pesquisas oficiales realizadas por fiscalías, juzgados y parlamentos de 21 naciones, para contar el trasegar y el destino de dineros que, en algunas oportunidades, se lograron gracias a la cercanía con el poder, mediante acuerdos ventajosos, engañosos, fraudulentos, o que simplemente fueron fruto de sofisticados esquemas, que facilitaron se exprimiera un patrimonio, dejando empobrecida, con hambre y grandes deficiencias humanitarias, a la otrora próspera nación petrolera, que aún conserva las más grandes reservas de crudo en el mundo.

Al menos 86 investigaciones se han abierto fuera de Venezuela. En 52 de estos expedientes, se sigue la pista a más de 30 mil millones de dólares que estarían relacionados con operaciones de lavado de activos, de acuerdo con la información recopilada por Chavismo INC. Mientras, las instituciones controladas por el chavismo en Venezuela, desde hace dos décadas, apenas han hecho esfuerzos por recuperarlos e investigar las denuncias asociadas a cada centavo. En este contexto, la web presenta una base de datos abierta al público, producto de un ejercicio de rastreo de 5.000 personas y entidades que han estado relacionadas, directa o indirectamente, con fondos venezolanos. La búsqueda arrojó un inventario consolidado de 751 agentes de interés por sus conexiones con negocios de los gobiernos del chavismo. Contratistas con acceso al poder, ex altos funcionarios e intermediarios con contactos privilegiados han sido vinculados con más de 3.919 interacciones en sus entornos.

Chavismo INC. promete continuar sus publicaciones con el desarrollo de una interfase, bautizada como Corruptómetro, que pronto propondrá a los lectores un examen de las indagaciones de entidades nacionales, como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional, que identificará los montos comprometidos por la corrupción venezolana y hará un recorrido por casos emblemáticos.

Conoce las historias, consulta la base de datos, entérate de los casos y sus vinculaciones. Visita Chavismo INC

#EnchufaDÍN | Felicita a Tareck El Aissami por su nuevo cargo
En medio de la hiperinflación, Tareck El Aissami asume un tercer cargo dentro de la administración de Maduro, como ministro de Petróleo

En la Gaceta Extraordinaria N° 6.531 se designó a Tareck El Aissami, con fecha del 27 de abril, como ministro de Petróleo, donde tendrá la tarea de reestructurar y reorganizar el despacho, para “proteger” la industria ante la “agresión multiforme, externa e interna, que se ejecuta para afectar la producción y comercialización petrolera del país”.

Runrun.es participa en este proyecto transfronterizo para contar las amenazas que han sufrido los indígenas pemones, representados por Lisa Henrito, a raíz de la minería ilegal que azota su territorio

 

Defender las selvas, montañas, bosques y ríos de América Latina nunca había sido tan peligroso. Seis de los 10 países más hostiles para líderes y comunidades que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales citados en el informe que el Relator Especial Michel Forst presentó a Naciones Unidas en 2016, están en América Latina. Por eso, un equipo de 50 periodistas, desarrolladores y foto/videógrafos de diez países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela) nos juntamos para indagar sobre episodios de violencia contra líderes ambientales y sus comunidades. El resultado de este proyecto investigativo es una base de datos con 2.367 hechos victimizantes en los últimos once años (2009-2019) y 29 reportajes en profundidad.

Por Venezuela, Runrun.es  participa en este especial transfronterizo con la historia de Lisa Lynn Henrito Percy, lideresa del pueblo pemón, quien ha sido acusada por altos mandos militares venezolanos de “secesionista” y “traidora a la patria”. La minería ilegal y el contrabando se suman a las amenazas contra los indígenas en el estado Bolívar, donde se encuentra el Parque Nacional Canaima, patrimonio natural de la humanidad.

El proyecto Tierra de Resistentes, lanzado el 22 de abril de 2020 en ocasión del Día de la Tierra,  fue coordinado por el Consejo de Redacción de Colombia y contó con el apoyo de la Deutsche Welle Akademie  y la Agencia de Cooperación Alemana.

Puede leer el reportaje sobre Venezuela entre las 29  historias de líderes ambientales amenazados de 10 países de Latinoamérica haciendo click en el siguiente enlace: Tierra de resistentes

El país donde los hospitales rechazan a las mujeres en proceso de parto
Fue el primero de América Latina que aprobó una ley para evitar la violencia obstétrica, pero ahora la crisis que vive Venezuela hace que las embarazadas tengan que recorrer varios hospitales hasta encontrar uno donde acepten atenderlas. La historia de Reymar Pinillos revela la cadena de maltratos y abusos que soportan las mujeres para dar a luz en un servicio médico

 

Texto: Alexa Vielma (@Alexavma) y Katherine Pennacchio (@KathyPennacchio). Fotos: Abrahan Moncada (@Monkda92)

 

“Si no tienes un conocido  dentro del hospital que te ayude, es muy complicado que te admitan para la atención de tu parto. Puedes quedarte en un pasadizo desangrándote y nadie hará nada”, cuenta Reymar Pinillos, de 21 años de edad, en la casa de su madre mientras le da de comer a su hijo de apenas seis meses, en el barrio de la parroquia de Caricuao, al suroeste de la ciudad de Caracas.

Cuando Reymar se enteró que estaba embarazada, lloró por varios días. No estaba en sus planes ser madre, pero dice que nunca pensó en abortar. “Si llego a tener otro hijo, será planificado porque en esta ocasión mi esposo pensó que me iba a morir. Yo también lo pensé”, dice. Ella llevó algunos de sus controles prenatales en el hospital  Materno Infantil de Caricuao y en el programa Barrio Adentro de su zona, como se le conoce al programa creado por el expresidente Hugo Chávez para brindar servicio médico gratuito a las personas más pobres. 

En sus últimas evaluaciones, Reymar fue informada de que debía someterse a una cesárea debido a que su pelvis era estrecha y su bebé grande. Con ayuda de su pareja y su familia,  compró el kit de cesárea (guantes, antibióticos, inyecciones, gasas y otros) para la operación en un hospital de Caracas que la admitiera. Este kit cuesta el equivalente a 100 dólares a la tasa del mercado paralelo. Para muchos resulta inalcanzable, pues el salario mínimo es de apenas 1.800 bolívares (unos 6 dólares), devaluados sin cesar por la inflación. 

En el estado de emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, los pacientes deben llevar a los centros de salud públicos todos los medicamentos, e instrumentos médicos, si quieren ser atendidos. 

Sin embargo, para muchas mujeres embarazadas el problema se presenta desde el proceso de admisión en un hospital. Son sometidas a un ruleteo, como se le conoce al recorrido de gestantes por varios hospitales o maternidades hasta encontrar el lugar donde puedan dar a luz. Los primeros casos de ruleteo comenzaron a registrarse antes incluso de la muerte de Hugo Chávez. Pero en los años de mandato del presidente Nicolás Maduro y la crisis económica, el fenómeno se volvió endémico. 

Sin reconocer las precariedades de la salud pública, en julio 2017, el Gobierno anunció un plan de ayuda financiera denominado  “parto humanizado”, dirigido a las futuras madres, a quienes ofrecía 700.000 bolívares mensuales por cada embarazo. Se buscaba atender a unas 460.000 beneficiarias de los programas asistenciales del gobierno, pero más de dos años después, Maduro reconoció que no dio resultados. 

Venezuela fue el primer país en América Latina que contempló la violencia obstétrica como delito. Actualmente, mujeres a diario en el país sufren de violencia cuando van a parir y están lejos de vivir un parto respetado y humanizado.

Cuando Reymar Pinillos ya estaba en proceso de parto, recorrió tres centros de salud pública, pero fue rechazada: el Materno Infantil de Caricuao, la Maternidad Santa Ana y el Hospital General José Ignacio Baldó, también conocido como Hospital El Algodonal, ubicados al oeste de Caracas. En todos, la razón fue la falta de anestesiólogos. Unos 800 de 1.300 médicos con esta especialidad emigraron por la crisis entre 2014 y 2018, según la Sociedad Venezolana de Anestesiólogos. 

Finalmente, Reymar fue atendida en el Hospital Pérez Carreño, uno de los más grandes de Caracas, gracias a que su tío conocía a un enfermero que trabaja en este servicio médico. Esta sería la primera batalla superada, pero vendrían otras más para salvar su vida y la de su bebé de un sistema de extremas precariedades de atención.

Se han dado casos de mujeres que dieron a luz en sus casas y hasta en la calle al no ser recibidas en los centros médicos estatales. A inicios de noviembre de 2019, una mujer fue grabada teniendo a su hijo en cuclillas junto a un árbol frente al hospital de Guaiparo, el más grande de Bolívar. 

Venezuela fue el primer país en América Latina que incluyó la violencia obstétrica como un delito en el 2007 en la Ley Orgánica Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Según esta norma, el personal de salud incurre en violencia obstétrica cuando no atiende de manera oportuna las emergencias obstétricas; obliga a las mujeres a parir en posición horizontal y con las piernas levantadas, pese a que existen las condiciones para ofrecerle un parto de cuclillas o vertical; se obstaculiza el contacto de la madre y el niño apenas ocurre el parto y sin causa médica justificada; y se altera el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento informado de la mujer.

Sin embargo, en un estado de emergencia humanitaria compleja, la promoción de una cultura de parto respetado se desvanece no solo por el colapso del sistema de salud, sino también porque encuentra resistencia en médicos que siguen poniendo en práctica procedimientos invasivos y no consentidos (maniobra de Kristeller o presión en el vientre para inducir la salida del bebé, medicinas para acelerar el parto, episiotomía o corte en el perineo) pese a que la evidencia científica muestra que provocan daños para la mujer y el bebé.

Los avances solo se dan en algunos servicios de atención privada donde se han incorporado doulas, una persona no médico que acompaña y facilita el trabajo de parto. “Antes hubo un esfuerzo del Estado para que las mujeres se empoderen, como se intentó con las promotoras que acompañaban a las parturientas en las barriadas, pero no se masificó. Se usó como bandera política. Por eso ahora vemos casos como el ruleteo, donde van remitiendo a la mujer de un centro a otro, que es un gran problema en este país y se considera violencia obstétrica”, dice la obstetra Carmen Mujica, de la clínica AquaMater ubicada al este de Caracas.

Pinillos fue rechazada de tres centros de salud pública durante su proceso de parto. La razón, la falta de personal, específicamente anestesiólogos. A pesar de haberle sido recomendada una cesárea en su control prenatal, a Reymar le inducieron el parto al llegar al hospital Pérez Carreño.

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“Yo te voy a ayudar una sola vez, me haces el favor y colaboras”, le dijo una enfermera con tono arrogante a Reymar Pinillos mientras le presionaba el vientre durante el proceso de parto en el hospital Pérez Carreño.

Reymar llegó sangrando y lastimada a este servicio médico debido a los tactos vaginales que le habían realizado en los centros anteriores donde fue rechazada. En el Pérez Carreño no le practicaron la cesárea recomendada en su control prenatal, ni siquiera revisaron o preguntaron su historial médico cuando fue internada. Lo primero que hicieron fue inyectarle Pitocin, la hormona artificial oxitocina para inducir el parto, y la pusieron a pujar en una cama en una sala compartida con otras seis parturientas. 

 

Si bien la oxitocina puede ser beneficiosa para evitar un trabajo de parto prolongado, “su uso inapropiado puede provocar una hiperestimulación uterina con efectos adversos como asfixia fetal y ruptura del útero, lo que aumenta el riesgo de una cascada de intervenciones durante el parto”, advierten las guías de la  Organización Mundial de la Salud (OMS).

Reymar se quedó sin líquido amniótico y el bebé sin oxígeno. El médico que la atendió le realizó sin su consentimiento una episiotomía o corte en el perineo para aumentar la abertura vaginal y facilitar la salida del bebé.  Aún así, debido a los más de tres kilos del recién nacido y la estrechez de su pelvis, sufrió un desgarro y tuvo que ser operada para suturar la herida. 

“Me colocaron la anestesia y desperté unas cuatro horas después del nacimiento del bebé. No le habían avisado a nadie de mi familia que me iban a intervenir ni que el niño ya había nacido. Estaba completamente llena de sangre y fue mi mamá quien me ayudó a asearme con un pañito. No me podía parar, no tenía ni ganas ni la fuerza para hacerlo”, cuenta. 

Reymar Pinillos padeció la ausencia de personal médico tanto durante el parto como después de él. Ella permaneció hospitalizada por su bajo nivel de hemoglobina y su bebé pasó al área de cuidados neonatales debido a que sufrió de ictericia (un alto nivel de bilirrubina en la sangre). El trajín para verlo en un hospital con los ascensores malogrados hizo que se le desprendieran los puntos de la sutura de la episiotomía y tuvieran que volverle a coser. “Di a luz el lunes y el miércoles me vio una doctora nueva. Ella leyó el informe y  empezó a regañar a otros médicos y enfermeros porque había tenía un parto vaginal y me habían suturado tan mal”, recuerda.

Poco tiempo después de nacer, el bebé de Reymar fue llevado al área de cuidados neonatales. Ella debía bajar dos pisos de escaleras para amamantar a su hijo, varias veces al día, porque los ascensores en el hospital no estaban en funcionamiento.

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Una experiencia similar vivió Kelinger Colmenares, de 15 años de edad, cuando dio a luz a finales de 2018 en el hospital Magallanes de Catia, al oeste de Caracas. Unos meses antes de quedar embarazada, ella había sido operada de un quiste piramidal en la columna y el coxis y su condición era riesgosa para un parto natural. Por eso, le recomendaron una cesárea. 

Cuando tuvo los dolores de parto fue primero al hospital Materno de Caricuao y luego a la maternidad Concepción Palacios, pero en ambos servicios le dijeron que no podían atenderla porque no había anestesiólogos y material quirúrgico. En el hospital Magallanes de Catia las admitieron, pero las condiciones sanitarias eran tan terribles que su bebé contrajo escabiosis, una infección en la piel conocida como sarna. 

Todas estas carencias y vulneraciones a los derechos de las mujeres han empujado a muchas venezolanas embarazadas a migrar para traer a sus hijos en lugares seguros. Muchas han viajado a pie en los últimos meses a Colombia, Brasil o Perú para dar a luz fuera de Venezuela. 

 

Planes que chocan con la realidad

El presidente Nicolás Maduro –siguiendo la línea de Hugo Chávez, quien más de una vez se declaró «feminista»– creó el plan nacional de formación feminista “Argelia Laya”, el proyecto de maternidad deseada, segura y feliz. Y recientemente se sumó el Plan Parto Humanizado y el Órgano Superior del Plan Nacional Parto Humanizado y Lactancia Materna, que integrará a los Ministerios de Salud, Mujer e Igualdad de Género, Comunas, Educación y Alimentación. Según las palabras de Maduro, todo esto buscando proveer «atención integral a las barrigonas de la Patria».

Pese a estos avances en materia de implementación de políticas públicas, la realidad muestra un panorama menos alentador. Según el informe de julio de 2019 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en Venezuela hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando un desabastecimiento total. En ciudades como el Área Metropolitana de Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Mérida y Porlamar,  durante el período agosto-diciembre 2018, había 100% de escasez en parches anticonceptivos, aros implantables y dispositivos intrauterinos.  

Todo ello aumenta el riesgo de embarazos no deseados y de embarazos en adolescentes. El informe también resaltó el problema de la mortalidad materna debido a la falta de personal cualificado para atender el parto, la falta de suministros médicos y las condiciones en los hospitales. 

 

El parto mortal de Roickmar González

La mañana del lunes 20 de mayo de 2019, Roickmar González, de 19 años, empezó a sentir dolores de parto, pero un cuadro de fiebre alta por una infección en la placenta (corioamnionitis) complicó su estado de salud. En esas condiciones, debía buscar un hospital que aceptara atenderla, en la ciudad de Macuto, en el litoral central de Venezuela. 

Cuando llegó al Hospital Materno Infantil Ana Teresa de Jesús Ponce, la rechazaron y la derivaron al Seguro Social de La Guaira. En el primero no fue atendida porque no había neonatólogos. Solo le dieron un reporte médico que decía: “Paciente neonatal potencialmente séptico”. Mientras que en el segundo hospital, a pesar de haber llegado con ese diagnóstico, tuvo que esperar más de 12 horas para ser atendida. 

Roickmar González fue sometida a una cesárea, pero murió en la operación. Su hija Oriana sobrevivió, aunque presentó problemas respiratorios que la tuvieron dos semanas en el hospital. “Cuando el doctor salió diciendo: ‘la perdimos’, yo no lo creía”, dice Yiraldy Briceño, abuela de Roickmar. Su nieta murió a las once y media de la noche por un “estado de embolismo del líquido amniótico y desprendimiento prematuro de la placenta”, según el acta de defunción. La familia de Roickmar presentó una denuncia contra el personal médico que la atendió ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Ministerio Público.

Dos mujeres mueren al día por complicaciones relacionadas con su embarazo en Venezuela y la extrema precariedad de los servicios materno-infantiles, según un informe de las ONGs Codevida y Provea con datos de 2016.  

 

Este reportaje forma parte del proyecto “El parto robado: el lado más doloroso de dar a luz en América Latina”, liderado por la plataforma colaborativa Salud con Lupa, con apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).

El abandono de las gestantes seropositivas en los servicios de salud
En el estado de emergencia humanitaria que vive Venezuela, dar a luz ya es complicado para las mujeres sanas. Mucho peor es para las portadoras del VIH: deben comprar su propio kit de bioseguridad y soportar el rechazo y maltratos del personal médico

 

Texto: Alexa Vielma (@Alexavma) y Katherine Pennacchio (@KathyPennacchio). Fotos: Abrahan Moncada (@Monkda92)

 

Cuando iba por su quinto mes de embarazo, a Andreina Pérez* le dieron una noticia pesada como una losa: era VIH positivo. Por falta de recursos, no había podido realizarse exámenes antes.

—Pensaba que me iban a remitir un centro que pudiera ayudarme en mi condición, ninguno se quería lanzar a esa aventura de realizarme una cesárea. Me decían que había que desinfectar el cuarto antes, que era complicado operarme, o cualquier excusa. 

Andreína terminó en el servicio de infectología de la Maternidad Concepción Palacios, uno de los principales centros públicos materno-infantiles al oeste de Caracas. Allí recibió tratamiento antirretroviral los últimos dos meses de gestación y se le programó una fecha para la cesárea, tal como se recomienda para evitar la transmisión lineal del virus madre-hijo. 

—Mientras unos doctores eran amables, otros decían: «¿Por qué me tocó esta paciente?», «¿Por qué ella está aquí?» —recuerda—. Fue un proceso muy difícil.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las tasas de transmisión del VIH de una madre seropositiva a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia son de un 15% a un 45% si no se las somete a una cirugía. Sin embargo, si se toman medidas eficaces se pueden reducir esas cifras a niveles inferiores al 5%. 

Entre las medidas recomendadas está la detección lo más temprana posible del virus durante el embarazo, que las mujeres seropositivas tomen medicamentos contra el VIH durante la gestación y el parto y –en determinadas circunstancias– las cesáreas programadas. Por último, los bebés deben recibir medicamentos contra el VIH en las primeras 4 a 6 semanas de vida y no pueden tomar leche materna. 

Ante la falta de las pruebas médicas, insumos, fórmulas lácteas y antirretrovirales, las madres dependen de que los hospitales sigan los protocolos y puedan otorgarle una atención adecuada frente a su condición y peligros que representa el parir con VIH.

Para madres en la condición de Andreina, la violencia obstétrica –como ahora se identifica el maltrato y los abusos contra las mujeres en los servicios de salud sexual y reproductiva– empieza cuando se enteran que están embarazadas y no tienen acceso a los controles prenatales necesarios para cuidarse y evitar que transmitan el VIH a sus bebés. 

Venezuela fue el primer país de América Latina que aprobó una ley para prevenir y sancionar la violencia obstétrica, pero en un estado de emergencia humanitaria, la realidad es completamente distinta a lo que plantea la legislación para proteger los derechos fundamentales de las mujeres.  

—Se supone que una paciente embarazada debería tener una prueba de VIH en el primer trimestre —señala Moraima Hernández, infectóloga y fundadora del servicio de infectología en la Maternidad Concepción Palacios— y nos hemos encontrado con pacientes que tienen la prueba desde hace tiempo y llegan justo antes de parir, cuando ya no hay oportunidad de darles el tratamiento previo al parto.

La mayor parte de los casos de transmisión del VIH madre-hijo ocurren a través del canal vaginal durante el parto, explica la infectóloga y pediatra María Graciela López. Por eso –agrega–, los protocolos de atención establecen que el nacimiento en estos casos debe ser mediante cesárea electiva, planificada antes del inicio del trabajo de parto. 

Pero las condiciones en Venezuela no garantizan estos protocolos. Según cifras presentadas por Raul Leonett, jefe del Programa Nacional de Sida del Ministerio del Poder Popular para la Salud, entre enero y octubre de 2019 se registraron 665 casos nuevos de VIH en niños, niñas y adolescentes menores de 14 años; es decir, 612 más que en 2018. De ese grupo, 184 de los niños tenían entre 0 y 5 años.

La mayoría de las mujeres no tienen control prenatal durante el embarazo. Esto complica el diagnóstico y tratamiento para que el bebé nazca sano.

Andreina ingresó el 25 de marzo de 2019 a la maternidad, pero su intervención planificada terminó coincidiendo con un apagón eléctrico de escala nacional en Venezuela. Finalmente, dio a luz a una niña, el 28 de marzo.

 

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Antes de dar a luz, a Andreina la hicieron esperar en un cuarto, aislada, según sus palabras, «en el rincón más remoto del hospital». El piso era solo compartido por otras parturientas que tenían la misma condición u otra enfermedad de transmisión sexual, como sífilis. Andreína dice haber sentido discriminación y miedo por no habérsele permitido el estar acompañada de sus familiares. Temía que su trabajo de parto comenzara antes de ser intervenida, lo que pondría en riesgo a su bebé.

Finalmente, la cesárea electiva de Andreina se llevó a cabo. No todas las mujeres en Venezuela tienen esa suerte. Es el caso de Karina García*, quien se enteró de que tenía VIH a las 34 semanas de embarazo. 

El estrés de enterarse este diagnóstico provocó que los dolores de parto de Karina comenzaran cuando apenas tenía 36 semanas de embarazo. Llegó a la maternidad de alto riesgo Comandante Supremo Hugo Chávez, en el estado Carabobo, con tres centímetros de dilatación. Pero, aunque ya tenía programada una cesárea para un par de días después, no había médico que la quisiera atender ante la emergencia. 

—Uno de los médicos no quería ni tocarme porque no tenía el kit de seguridad. Esperé tantas horas que terminé pariendo en quirófano. Cuando deciden hacerme la cesárea ya tenía nueve centímetros de dilatación.

El kit de bioseguridad consta de dos batas quirúrgicas, lentes de seguridad, guantes, gorro, botas y campos quirúrgicos. La asignación de estos equipos debe llevarse a cabo por el Programa Nacional de SIDA/ITS, de acuerdo a la valoración de cada caso en particular. Sin embargo, en la situación de emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela, no hay asignación de kits en los centros de salud públicos. Los médicos optan por solicitar a sus pacientes que ellos los compren. Según los precios mostrados en Mercado Libre –la empresa dedicada a compras, ventas y pagos por Internet– adquirir todos los productos del kit puede costar 370 mil bolívares, unos 5 dólares al cambio oficial. Eso es casi un salario mínimo mensual (que actualmente está en el equivalente a 6,7 dólares mensuales).

Representantes de ONGs han denunciado en varias oportunidades que los médicos se niegan a atender a personas seropositivas aduciendo la falta del kit, lo que constituye un acto de discriminación y deshumanización. 

—Muchos opinamos que pedir el kit de bioseguridad para atender pacientes con VIH es un acto discriminatorio. Porque dada las limitaciones para obtenerlo hace que se vea restringida la atención—, explica la infectóloga María Graciela López.  

Por lo demás, la reglamentación técnica vigente en Venezuela sobre procedimientos de bioseguridad establece que el personal de salud debe usar las precauciones de acuerdo a los estándares universales y las normas ya explicadas ante cualquier paciente, al margen de que sea VIH positivo o no.

A Karina la dejaron parir de manera natural, lo que constituye un serio riesgo para su bebé.

—A las mujeres con VIH, aquí en Carabobo, no las dejan usar el baño,  las tienen en un cuarto de aislamiento, las monitorean con sus tratamientos, no dejan que toquen a sus bebés. Se ha llegado al punto de que a los bebés le ponen el cartel en las incubadoras que dice «bebé recién nacido expuesto a VIH» —cuenta Heidy Fernández, fundadora y representante de las mujeres, niños, niñas y adolescentes con VIH de la Fundación Mavid, una organización no gubernamental creada para contribuir en la orientación de las personas que viven con el VIH.

En la emergencia humanitaria que vive Venezuela, los pacientes deben llevar a los centros de salud públicos todos los medicamentos, entre otros instrumentos médicos, si quieren ser atendidos.

Heidy también es portadora del VIH. La diagnosticaron a los 22 años, cuando estaba embarazada de la que sería su primera hija. Ella también recuerda que las enfermeras no querían tocarla, los médicos se negaban a hacerle cesárea y le impedían usar el baño. Ahora, desde Mavid, denuncia la discriminación y el maltrato que sufren otras mujeres como ella.

En Venezuela, el artículo 7 de la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y sus Familiares señala que está prohibido «todo acto o conducta de discriminación cometido por cualquier persona natural o jurídica, de naturaleza pública o privada, contra las personas con VIH/SIDA, y sus familiares, fundado en su condición de salud». Y el artículo 37 de la misma ley establece sanciones a quienes violen los derechos de las personas seropositivas: en el caso de personal de salud, cabe la suspensión del ejercicio profesional.

 

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Karina García recuerda que luego de dar a luz en la maternidad de Carabobo la aislaron junto con otra paciente con VIH en una habitación donde ninguna enfermera entraba. Nadie pasaba ni siquiera a ver, ni a revisarles la vía, menos  a suministrarles algún medicamento. Pero lo que más le dolió fue la clasificación que le dieron a su bebé en la zona neonatal. 

—Le pusieron una cruz en color fucsia, indicando que era seropositivo. 

A Andreina Pérez le dieron de alta de la Maternidad Concepción Palacios una semana después de su cesárea. Cuando le entregaron a su niña, la pediatra de turno le dijo que a la bebé le habían hecho las pruebas y también tenía el virus, que no había nada que pudiera hacer. 

Lloró. No entendía cómo después de haber seguido tratamiento antirretroviral y de habérsele practicado la cesárea preventiva podía haber infectado a la niña. Decidió darle lactancia materna a la bebé.

—No le estaba dando pecho, como me había dicho un doctor, pero llegó esta pediatra y me dijo eso. La niña lloraba mucho por el hambre, no tenía fórmula y yo tenía los senos a reventar.

Las personas con VIH en Venezuela afrontan el permanente desabastecimiento de reactivos para exámenes de anticuerpos contra el VIH, conteo de CD4/CD8, carga viral y genotipo. Tampoco se consiguen reactivos para realizar pruebas de VDRL cuantitativo, tal como establece el Informe Conjunto de Organizaciones de Defensa del Derecho a la Salud al Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas de mayo de 2015. 

Otro problema que agrava la situación está en la escasez de servicios especializados en VIH y médicos tratantes en todos los estados del país. «Las embarazadas con VIH en Venezuela son víctimas de violencia obstétrica y no hay productos sustitutos de leche materna para niñas y niños de madres con VIH, desde hace varios años», explica uno de los más recientes informes de Naciones Unidas.   

 

La infectóloga Moraima Hernández señala que desde hace cuatro años el programa VIH/Sida no da fórmulas lácteas ni ha proporcionado los exámenes vitales para las personas que viven con esta condición. Esto, pese a que existe un amparo constitucional, vigente desde 1999, que protege a las personas con VIH y SIDA en sus derechos a la vida, la salud, la libertad y seguridad personales, la no discriminación y el acceso al beneficio de la ciencia y la tecnología.

—Nosotros, desde el hospital les damos algunas veces fórmulas lácteas cuando conseguimos donaciones por terceros, se las damos a las madres para que los bebés no se contagien —dice.

Días después del nacimiento de su bebé, Andreina se dirigió al Hospital de Niños J. M. de los Ríos​, en el centro de Caracas. Allí, una infectóloga-pediatra le explicó que, aunque la prueba de su hija haya salido positiva, eso no significaba que su bebé era portador del VIH. Un bebé nacido de una mujer VIH positiva obtendrá resultados positivos para la prueba de anticuerpos por los primeros 12 a 18 meses de vida. Pasados los 18 meses, el bebé elimina los anticuerpos de la madre. 

Andreina está esperando que el tiempo pase y pueda tener resultados más precisos sobre el estado de su hija. Toma antirretrovirales y recibe fórmula materna, pero solo cuando estos llegan al hospital. Su historia, como la de Karina, son claros ejemplos lo que pueden sufrir las mujeres embarazadas en Venezuela. Y si resulta que la mujer tiene VIH, entonces el sufrimiento se multiplica por una combinación de discriminación, desidia, escasez e ignorancia.

 

* Las madres que dieron su testimonio para este reportaje están identificadas con nombres ficticios a su pedido.

 

Este reportaje forma parte del proyecto “El parto robado: el lado más doloroso de dar a luz en América Latina”, liderado por la plataforma colaborativa Salud con Lupa, con apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).