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Equipo de Investigación RR

#EnchufaDÍN | Felicita a Tareck El Aissami por su nuevo cargo
En medio de la hiperinflación, Tareck El Aissami asume un tercer cargo dentro de la administración de Maduro, como ministro de Petróleo

En la Gaceta Extraordinaria N° 6.531 se designó a Tareck El Aissami, con fecha del 27 de abril, como ministro de Petróleo, donde tendrá la tarea de reestructurar y reorganizar el despacho, para “proteger” la industria ante la “agresión multiforme, externa e interna, que se ejecuta para afectar la producción y comercialización petrolera del país”.

Runrun.es participa en este proyecto transfronterizo para contar las amenazas que han sufrido los indígenas pemones, representados por Lisa Henrito, a raíz de la minería ilegal que azota su territorio

 

Defender las selvas, montañas, bosques y ríos de América Latina nunca había sido tan peligroso. Seis de los 10 países más hostiles para líderes y comunidades que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales citados en el informe que el Relator Especial Michel Forst presentó a Naciones Unidas en 2016, están en América Latina. Por eso, un equipo de 50 periodistas, desarrolladores y foto/videógrafos de diez países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela) nos juntamos para indagar sobre episodios de violencia contra líderes ambientales y sus comunidades. El resultado de este proyecto investigativo es una base de datos con 2.367 hechos victimizantes en los últimos once años (2009-2019) y 29 reportajes en profundidad.

Por Venezuela, Runrun.es  participa en este especial transfronterizo con la historia de Lisa Lynn Henrito Percy, lideresa del pueblo pemón, quien ha sido acusada por altos mandos militares venezolanos de “secesionista” y “traidora a la patria”. La minería ilegal y el contrabando se suman a las amenazas contra los indígenas en el estado Bolívar, donde se encuentra el Parque Nacional Canaima, patrimonio natural de la humanidad.

El proyecto Tierra de Resistentes, lanzado el 22 de abril de 2020 en ocasión del Día de la Tierra,  fue coordinado por el Consejo de Redacción de Colombia y contó con el apoyo de la Deutsche Welle Akademie  y la Agencia de Cooperación Alemana.

Puede leer el reportaje sobre Venezuela entre las 29  historias de líderes ambientales amenazados de 10 países de Latinoamérica haciendo click en el siguiente enlace: Tierra de resistentes

El país donde los hospitales rechazan a las mujeres en proceso de parto
Fue el primero de América Latina que aprobó una ley para evitar la violencia obstétrica, pero ahora la crisis que vive Venezuela hace que las embarazadas tengan que recorrer varios hospitales hasta encontrar uno donde acepten atenderlas. La historia de Reymar Pinillos revela la cadena de maltratos y abusos que soportan las mujeres para dar a luz en un servicio médico

 

Texto: Alexa Vielma (@Alexavma) y Katherine Pennacchio (@KathyPennacchio). Fotos: Abrahan Moncada (@Monkda92)

 

“Si no tienes un conocido  dentro del hospital que te ayude, es muy complicado que te admitan para la atención de tu parto. Puedes quedarte en un pasadizo desangrándote y nadie hará nada”, cuenta Reymar Pinillos, de 21 años de edad, en la casa de su madre mientras le da de comer a su hijo de apenas seis meses, en el barrio de la parroquia de Caricuao, al suroeste de la ciudad de Caracas.

Cuando Reymar se enteró que estaba embarazada, lloró por varios días. No estaba en sus planes ser madre, pero dice que nunca pensó en abortar. “Si llego a tener otro hijo, será planificado porque en esta ocasión mi esposo pensó que me iba a morir. Yo también lo pensé”, dice. Ella llevó algunos de sus controles prenatales en el hospital  Materno Infantil de Caricuao y en el programa Barrio Adentro de su zona, como se le conoce al programa creado por el expresidente Hugo Chávez para brindar servicio médico gratuito a las personas más pobres. 

En sus últimas evaluaciones, Reymar fue informada de que debía someterse a una cesárea debido a que su pelvis era estrecha y su bebé grande. Con ayuda de su pareja y su familia,  compró el kit de cesárea (guantes, antibióticos, inyecciones, gasas y otros) para la operación en un hospital de Caracas que la admitiera. Este kit cuesta el equivalente a 100 dólares a la tasa del mercado paralelo. Para muchos resulta inalcanzable, pues el salario mínimo es de apenas 1.800 bolívares (unos 6 dólares), devaluados sin cesar por la inflación. 

En el estado de emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, los pacientes deben llevar a los centros de salud públicos todos los medicamentos, e instrumentos médicos, si quieren ser atendidos. 

Sin embargo, para muchas mujeres embarazadas el problema se presenta desde el proceso de admisión en un hospital. Son sometidas a un ruleteo, como se le conoce al recorrido de gestantes por varios hospitales o maternidades hasta encontrar el lugar donde puedan dar a luz. Los primeros casos de ruleteo comenzaron a registrarse antes incluso de la muerte de Hugo Chávez. Pero en los años de mandato del presidente Nicolás Maduro y la crisis económica, el fenómeno se volvió endémico. 

Sin reconocer las precariedades de la salud pública, en julio 2017, el Gobierno anunció un plan de ayuda financiera denominado  “parto humanizado”, dirigido a las futuras madres, a quienes ofrecía 700.000 bolívares mensuales por cada embarazo. Se buscaba atender a unas 460.000 beneficiarias de los programas asistenciales del gobierno, pero más de dos años después, Maduro reconoció que no dio resultados. 

Venezuela fue el primer país en América Latina que contempló la violencia obstétrica como delito. Actualmente, mujeres a diario en el país sufren de violencia cuando van a parir y están lejos de vivir un parto respetado y humanizado.

Cuando Reymar Pinillos ya estaba en proceso de parto, recorrió tres centros de salud pública, pero fue rechazada: el Materno Infantil de Caricuao, la Maternidad Santa Ana y el Hospital General José Ignacio Baldó, también conocido como Hospital El Algodonal, ubicados al oeste de Caracas. En todos, la razón fue la falta de anestesiólogos. Unos 800 de 1.300 médicos con esta especialidad emigraron por la crisis entre 2014 y 2018, según la Sociedad Venezolana de Anestesiólogos. 

Finalmente, Reymar fue atendida en el Hospital Pérez Carreño, uno de los más grandes de Caracas, gracias a que su tío conocía a un enfermero que trabaja en este servicio médico. Esta sería la primera batalla superada, pero vendrían otras más para salvar su vida y la de su bebé de un sistema de extremas precariedades de atención.

Se han dado casos de mujeres que dieron a luz en sus casas y hasta en la calle al no ser recibidas en los centros médicos estatales. A inicios de noviembre de 2019, una mujer fue grabada teniendo a su hijo en cuclillas junto a un árbol frente al hospital de Guaiparo, el más grande de Bolívar. 

Venezuela fue el primer país en América Latina que incluyó la violencia obstétrica como un delito en el 2007 en la Ley Orgánica Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Según esta norma, el personal de salud incurre en violencia obstétrica cuando no atiende de manera oportuna las emergencias obstétricas; obliga a las mujeres a parir en posición horizontal y con las piernas levantadas, pese a que existen las condiciones para ofrecerle un parto de cuclillas o vertical; se obstaculiza el contacto de la madre y el niño apenas ocurre el parto y sin causa médica justificada; y se altera el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento informado de la mujer.

Sin embargo, en un estado de emergencia humanitaria compleja, la promoción de una cultura de parto respetado se desvanece no solo por el colapso del sistema de salud, sino también porque encuentra resistencia en médicos que siguen poniendo en práctica procedimientos invasivos y no consentidos (maniobra de Kristeller o presión en el vientre para inducir la salida del bebé, medicinas para acelerar el parto, episiotomía o corte en el perineo) pese a que la evidencia científica muestra que provocan daños para la mujer y el bebé.

Los avances solo se dan en algunos servicios de atención privada donde se han incorporado doulas, una persona no médico que acompaña y facilita el trabajo de parto. “Antes hubo un esfuerzo del Estado para que las mujeres se empoderen, como se intentó con las promotoras que acompañaban a las parturientas en las barriadas, pero no se masificó. Se usó como bandera política. Por eso ahora vemos casos como el ruleteo, donde van remitiendo a la mujer de un centro a otro, que es un gran problema en este país y se considera violencia obstétrica”, dice la obstetra Carmen Mujica, de la clínica AquaMater ubicada al este de Caracas.

Pinillos fue rechazada de tres centros de salud pública durante su proceso de parto. La razón, la falta de personal, específicamente anestesiólogos. A pesar de haberle sido recomendada una cesárea en su control prenatal, a Reymar le inducieron el parto al llegar al hospital Pérez Carreño.

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“Yo te voy a ayudar una sola vez, me haces el favor y colaboras”, le dijo una enfermera con tono arrogante a Reymar Pinillos mientras le presionaba el vientre durante el proceso de parto en el hospital Pérez Carreño.

Reymar llegó sangrando y lastimada a este servicio médico debido a los tactos vaginales que le habían realizado en los centros anteriores donde fue rechazada. En el Pérez Carreño no le practicaron la cesárea recomendada en su control prenatal, ni siquiera revisaron o preguntaron su historial médico cuando fue internada. Lo primero que hicieron fue inyectarle Pitocin, la hormona artificial oxitocina para inducir el parto, y la pusieron a pujar en una cama en una sala compartida con otras seis parturientas. 

 

Si bien la oxitocina puede ser beneficiosa para evitar un trabajo de parto prolongado, “su uso inapropiado puede provocar una hiperestimulación uterina con efectos adversos como asfixia fetal y ruptura del útero, lo que aumenta el riesgo de una cascada de intervenciones durante el parto”, advierten las guías de la  Organización Mundial de la Salud (OMS).

Reymar se quedó sin líquido amniótico y el bebé sin oxígeno. El médico que la atendió le realizó sin su consentimiento una episiotomía o corte en el perineo para aumentar la abertura vaginal y facilitar la salida del bebé.  Aún así, debido a los más de tres kilos del recién nacido y la estrechez de su pelvis, sufrió un desgarro y tuvo que ser operada para suturar la herida. 

“Me colocaron la anestesia y desperté unas cuatro horas después del nacimiento del bebé. No le habían avisado a nadie de mi familia que me iban a intervenir ni que el niño ya había nacido. Estaba completamente llena de sangre y fue mi mamá quien me ayudó a asearme con un pañito. No me podía parar, no tenía ni ganas ni la fuerza para hacerlo”, cuenta. 

Reymar Pinillos padeció la ausencia de personal médico tanto durante el parto como después de él. Ella permaneció hospitalizada por su bajo nivel de hemoglobina y su bebé pasó al área de cuidados neonatales debido a que sufrió de ictericia (un alto nivel de bilirrubina en la sangre). El trajín para verlo en un hospital con los ascensores malogrados hizo que se le desprendieran los puntos de la sutura de la episiotomía y tuvieran que volverle a coser. “Di a luz el lunes y el miércoles me vio una doctora nueva. Ella leyó el informe y  empezó a regañar a otros médicos y enfermeros porque había tenía un parto vaginal y me habían suturado tan mal”, recuerda.

Poco tiempo después de nacer, el bebé de Reymar fue llevado al área de cuidados neonatales. Ella debía bajar dos pisos de escaleras para amamantar a su hijo, varias veces al día, porque los ascensores en el hospital no estaban en funcionamiento.

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Una experiencia similar vivió Kelinger Colmenares, de 15 años de edad, cuando dio a luz a finales de 2018 en el hospital Magallanes de Catia, al oeste de Caracas. Unos meses antes de quedar embarazada, ella había sido operada de un quiste piramidal en la columna y el coxis y su condición era riesgosa para un parto natural. Por eso, le recomendaron una cesárea. 

Cuando tuvo los dolores de parto fue primero al hospital Materno de Caricuao y luego a la maternidad Concepción Palacios, pero en ambos servicios le dijeron que no podían atenderla porque no había anestesiólogos y material quirúrgico. En el hospital Magallanes de Catia las admitieron, pero las condiciones sanitarias eran tan terribles que su bebé contrajo escabiosis, una infección en la piel conocida como sarna. 

Todas estas carencias y vulneraciones a los derechos de las mujeres han empujado a muchas venezolanas embarazadas a migrar para traer a sus hijos en lugares seguros. Muchas han viajado a pie en los últimos meses a Colombia, Brasil o Perú para dar a luz fuera de Venezuela. 

 

Planes que chocan con la realidad

El presidente Nicolás Maduro –siguiendo la línea de Hugo Chávez, quien más de una vez se declaró «feminista»– creó el plan nacional de formación feminista “Argelia Laya”, el proyecto de maternidad deseada, segura y feliz. Y recientemente se sumó el Plan Parto Humanizado y el Órgano Superior del Plan Nacional Parto Humanizado y Lactancia Materna, que integrará a los Ministerios de Salud, Mujer e Igualdad de Género, Comunas, Educación y Alimentación. Según las palabras de Maduro, todo esto buscando proveer «atención integral a las barrigonas de la Patria».

Pese a estos avances en materia de implementación de políticas públicas, la realidad muestra un panorama menos alentador. Según el informe de julio de 2019 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en Venezuela hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando un desabastecimiento total. En ciudades como el Área Metropolitana de Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Mérida y Porlamar,  durante el período agosto-diciembre 2018, había 100% de escasez en parches anticonceptivos, aros implantables y dispositivos intrauterinos.  

Todo ello aumenta el riesgo de embarazos no deseados y de embarazos en adolescentes. El informe también resaltó el problema de la mortalidad materna debido a la falta de personal cualificado para atender el parto, la falta de suministros médicos y las condiciones en los hospitales. 

 

El parto mortal de Roickmar González

La mañana del lunes 20 de mayo de 2019, Roickmar González, de 19 años, empezó a sentir dolores de parto, pero un cuadro de fiebre alta por una infección en la placenta (corioamnionitis) complicó su estado de salud. En esas condiciones, debía buscar un hospital que aceptara atenderla, en la ciudad de Macuto, en el litoral central de Venezuela. 

Cuando llegó al Hospital Materno Infantil Ana Teresa de Jesús Ponce, la rechazaron y la derivaron al Seguro Social de La Guaira. En el primero no fue atendida porque no había neonatólogos. Solo le dieron un reporte médico que decía: “Paciente neonatal potencialmente séptico”. Mientras que en el segundo hospital, a pesar de haber llegado con ese diagnóstico, tuvo que esperar más de 12 horas para ser atendida. 

Roickmar González fue sometida a una cesárea, pero murió en la operación. Su hija Oriana sobrevivió, aunque presentó problemas respiratorios que la tuvieron dos semanas en el hospital. “Cuando el doctor salió diciendo: ‘la perdimos’, yo no lo creía”, dice Yiraldy Briceño, abuela de Roickmar. Su nieta murió a las once y media de la noche por un “estado de embolismo del líquido amniótico y desprendimiento prematuro de la placenta”, según el acta de defunción. La familia de Roickmar presentó una denuncia contra el personal médico que la atendió ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Ministerio Público.

Dos mujeres mueren al día por complicaciones relacionadas con su embarazo en Venezuela y la extrema precariedad de los servicios materno-infantiles, según un informe de las ONGs Codevida y Provea con datos de 2016.  

 

Este reportaje forma parte del proyecto “El parto robado: el lado más doloroso de dar a luz en América Latina”, liderado por la plataforma colaborativa Salud con Lupa, con apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).

El abandono de las gestantes seropositivas en los servicios de salud
En el estado de emergencia humanitaria que vive Venezuela, dar a luz ya es complicado para las mujeres sanas. Mucho peor es para las portadoras del VIH: deben comprar su propio kit de bioseguridad y soportar el rechazo y maltratos del personal médico

 

Texto: Alexa Vielma (@Alexavma) y Katherine Pennacchio (@KathyPennacchio). Fotos: Abrahan Moncada (@Monkda92)

 

Cuando iba por su quinto mes de embarazo, a Andreina Pérez* le dieron una noticia pesada como una losa: era VIH positivo. Por falta de recursos, no había podido realizarse exámenes antes.

—Pensaba que me iban a remitir un centro que pudiera ayudarme en mi condición, ninguno se quería lanzar a esa aventura de realizarme una cesárea. Me decían que había que desinfectar el cuarto antes, que era complicado operarme, o cualquier excusa. 

Andreína terminó en el servicio de infectología de la Maternidad Concepción Palacios, uno de los principales centros públicos materno-infantiles al oeste de Caracas. Allí recibió tratamiento antirretroviral los últimos dos meses de gestación y se le programó una fecha para la cesárea, tal como se recomienda para evitar la transmisión lineal del virus madre-hijo. 

—Mientras unos doctores eran amables, otros decían: «¿Por qué me tocó esta paciente?», «¿Por qué ella está aquí?» —recuerda—. Fue un proceso muy difícil.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las tasas de transmisión del VIH de una madre seropositiva a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia son de un 15% a un 45% si no se las somete a una cirugía. Sin embargo, si se toman medidas eficaces se pueden reducir esas cifras a niveles inferiores al 5%. 

Entre las medidas recomendadas está la detección lo más temprana posible del virus durante el embarazo, que las mujeres seropositivas tomen medicamentos contra el VIH durante la gestación y el parto y –en determinadas circunstancias– las cesáreas programadas. Por último, los bebés deben recibir medicamentos contra el VIH en las primeras 4 a 6 semanas de vida y no pueden tomar leche materna. 

Ante la falta de las pruebas médicas, insumos, fórmulas lácteas y antirretrovirales, las madres dependen de que los hospitales sigan los protocolos y puedan otorgarle una atención adecuada frente a su condición y peligros que representa el parir con VIH.

Para madres en la condición de Andreina, la violencia obstétrica –como ahora se identifica el maltrato y los abusos contra las mujeres en los servicios de salud sexual y reproductiva– empieza cuando se enteran que están embarazadas y no tienen acceso a los controles prenatales necesarios para cuidarse y evitar que transmitan el VIH a sus bebés. 

Venezuela fue el primer país de América Latina que aprobó una ley para prevenir y sancionar la violencia obstétrica, pero en un estado de emergencia humanitaria, la realidad es completamente distinta a lo que plantea la legislación para proteger los derechos fundamentales de las mujeres.  

—Se supone que una paciente embarazada debería tener una prueba de VIH en el primer trimestre —señala Moraima Hernández, infectóloga y fundadora del servicio de infectología en la Maternidad Concepción Palacios— y nos hemos encontrado con pacientes que tienen la prueba desde hace tiempo y llegan justo antes de parir, cuando ya no hay oportunidad de darles el tratamiento previo al parto.

La mayor parte de los casos de transmisión del VIH madre-hijo ocurren a través del canal vaginal durante el parto, explica la infectóloga y pediatra María Graciela López. Por eso –agrega–, los protocolos de atención establecen que el nacimiento en estos casos debe ser mediante cesárea electiva, planificada antes del inicio del trabajo de parto. 

Pero las condiciones en Venezuela no garantizan estos protocolos. Según cifras presentadas por Raul Leonett, jefe del Programa Nacional de Sida del Ministerio del Poder Popular para la Salud, entre enero y octubre de 2019 se registraron 665 casos nuevos de VIH en niños, niñas y adolescentes menores de 14 años; es decir, 612 más que en 2018. De ese grupo, 184 de los niños tenían entre 0 y 5 años.

La mayoría de las mujeres no tienen control prenatal durante el embarazo. Esto complica el diagnóstico y tratamiento para que el bebé nazca sano.

Andreina ingresó el 25 de marzo de 2019 a la maternidad, pero su intervención planificada terminó coincidiendo con un apagón eléctrico de escala nacional en Venezuela. Finalmente, dio a luz a una niña, el 28 de marzo.

 

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Antes de dar a luz, a Andreina la hicieron esperar en un cuarto, aislada, según sus palabras, «en el rincón más remoto del hospital». El piso era solo compartido por otras parturientas que tenían la misma condición u otra enfermedad de transmisión sexual, como sífilis. Andreína dice haber sentido discriminación y miedo por no habérsele permitido el estar acompañada de sus familiares. Temía que su trabajo de parto comenzara antes de ser intervenida, lo que pondría en riesgo a su bebé.

Finalmente, la cesárea electiva de Andreina se llevó a cabo. No todas las mujeres en Venezuela tienen esa suerte. Es el caso de Karina García*, quien se enteró de que tenía VIH a las 34 semanas de embarazo. 

El estrés de enterarse este diagnóstico provocó que los dolores de parto de Karina comenzaran cuando apenas tenía 36 semanas de embarazo. Llegó a la maternidad de alto riesgo Comandante Supremo Hugo Chávez, en el estado Carabobo, con tres centímetros de dilatación. Pero, aunque ya tenía programada una cesárea para un par de días después, no había médico que la quisiera atender ante la emergencia. 

—Uno de los médicos no quería ni tocarme porque no tenía el kit de seguridad. Esperé tantas horas que terminé pariendo en quirófano. Cuando deciden hacerme la cesárea ya tenía nueve centímetros de dilatación.

El kit de bioseguridad consta de dos batas quirúrgicas, lentes de seguridad, guantes, gorro, botas y campos quirúrgicos. La asignación de estos equipos debe llevarse a cabo por el Programa Nacional de SIDA/ITS, de acuerdo a la valoración de cada caso en particular. Sin embargo, en la situación de emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela, no hay asignación de kits en los centros de salud públicos. Los médicos optan por solicitar a sus pacientes que ellos los compren. Según los precios mostrados en Mercado Libre –la empresa dedicada a compras, ventas y pagos por Internet– adquirir todos los productos del kit puede costar 370 mil bolívares, unos 5 dólares al cambio oficial. Eso es casi un salario mínimo mensual (que actualmente está en el equivalente a 6,7 dólares mensuales).

Representantes de ONGs han denunciado en varias oportunidades que los médicos se niegan a atender a personas seropositivas aduciendo la falta del kit, lo que constituye un acto de discriminación y deshumanización. 

—Muchos opinamos que pedir el kit de bioseguridad para atender pacientes con VIH es un acto discriminatorio. Porque dada las limitaciones para obtenerlo hace que se vea restringida la atención—, explica la infectóloga María Graciela López.  

Por lo demás, la reglamentación técnica vigente en Venezuela sobre procedimientos de bioseguridad establece que el personal de salud debe usar las precauciones de acuerdo a los estándares universales y las normas ya explicadas ante cualquier paciente, al margen de que sea VIH positivo o no.

A Karina la dejaron parir de manera natural, lo que constituye un serio riesgo para su bebé.

—A las mujeres con VIH, aquí en Carabobo, no las dejan usar el baño,  las tienen en un cuarto de aislamiento, las monitorean con sus tratamientos, no dejan que toquen a sus bebés. Se ha llegado al punto de que a los bebés le ponen el cartel en las incubadoras que dice «bebé recién nacido expuesto a VIH» —cuenta Heidy Fernández, fundadora y representante de las mujeres, niños, niñas y adolescentes con VIH de la Fundación Mavid, una organización no gubernamental creada para contribuir en la orientación de las personas que viven con el VIH.

En la emergencia humanitaria que vive Venezuela, los pacientes deben llevar a los centros de salud públicos todos los medicamentos, entre otros instrumentos médicos, si quieren ser atendidos.

Heidy también es portadora del VIH. La diagnosticaron a los 22 años, cuando estaba embarazada de la que sería su primera hija. Ella también recuerda que las enfermeras no querían tocarla, los médicos se negaban a hacerle cesárea y le impedían usar el baño. Ahora, desde Mavid, denuncia la discriminación y el maltrato que sufren otras mujeres como ella.

En Venezuela, el artículo 7 de la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y sus Familiares señala que está prohibido «todo acto o conducta de discriminación cometido por cualquier persona natural o jurídica, de naturaleza pública o privada, contra las personas con VIH/SIDA, y sus familiares, fundado en su condición de salud». Y el artículo 37 de la misma ley establece sanciones a quienes violen los derechos de las personas seropositivas: en el caso de personal de salud, cabe la suspensión del ejercicio profesional.

 

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Karina García recuerda que luego de dar a luz en la maternidad de Carabobo la aislaron junto con otra paciente con VIH en una habitación donde ninguna enfermera entraba. Nadie pasaba ni siquiera a ver, ni a revisarles la vía, menos  a suministrarles algún medicamento. Pero lo que más le dolió fue la clasificación que le dieron a su bebé en la zona neonatal. 

—Le pusieron una cruz en color fucsia, indicando que era seropositivo. 

A Andreina Pérez le dieron de alta de la Maternidad Concepción Palacios una semana después de su cesárea. Cuando le entregaron a su niña, la pediatra de turno le dijo que a la bebé le habían hecho las pruebas y también tenía el virus, que no había nada que pudiera hacer. 

Lloró. No entendía cómo después de haber seguido tratamiento antirretroviral y de habérsele practicado la cesárea preventiva podía haber infectado a la niña. Decidió darle lactancia materna a la bebé.

—No le estaba dando pecho, como me había dicho un doctor, pero llegó esta pediatra y me dijo eso. La niña lloraba mucho por el hambre, no tenía fórmula y yo tenía los senos a reventar.

Las personas con VIH en Venezuela afrontan el permanente desabastecimiento de reactivos para exámenes de anticuerpos contra el VIH, conteo de CD4/CD8, carga viral y genotipo. Tampoco se consiguen reactivos para realizar pruebas de VDRL cuantitativo, tal como establece el Informe Conjunto de Organizaciones de Defensa del Derecho a la Salud al Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas de mayo de 2015. 

Otro problema que agrava la situación está en la escasez de servicios especializados en VIH y médicos tratantes en todos los estados del país. «Las embarazadas con VIH en Venezuela son víctimas de violencia obstétrica y no hay productos sustitutos de leche materna para niñas y niños de madres con VIH, desde hace varios años», explica uno de los más recientes informes de Naciones Unidas.   

 

La infectóloga Moraima Hernández señala que desde hace cuatro años el programa VIH/Sida no da fórmulas lácteas ni ha proporcionado los exámenes vitales para las personas que viven con esta condición. Esto, pese a que existe un amparo constitucional, vigente desde 1999, que protege a las personas con VIH y SIDA en sus derechos a la vida, la salud, la libertad y seguridad personales, la no discriminación y el acceso al beneficio de la ciencia y la tecnología.

—Nosotros, desde el hospital les damos algunas veces fórmulas lácteas cuando conseguimos donaciones por terceros, se las damos a las madres para que los bebés no se contagien —dice.

Días después del nacimiento de su bebé, Andreina se dirigió al Hospital de Niños J. M. de los Ríos​, en el centro de Caracas. Allí, una infectóloga-pediatra le explicó que, aunque la prueba de su hija haya salido positiva, eso no significaba que su bebé era portador del VIH. Un bebé nacido de una mujer VIH positiva obtendrá resultados positivos para la prueba de anticuerpos por los primeros 12 a 18 meses de vida. Pasados los 18 meses, el bebé elimina los anticuerpos de la madre. 

Andreina está esperando que el tiempo pase y pueda tener resultados más precisos sobre el estado de su hija. Toma antirretrovirales y recibe fórmula materna, pero solo cuando estos llegan al hospital. Su historia, como la de Karina, son claros ejemplos lo que pueden sufrir las mujeres embarazadas en Venezuela. Y si resulta que la mujer tiene VIH, entonces el sufrimiento se multiplica por una combinación de discriminación, desidia, escasez e ignorancia.

 

* Las madres que dieron su testimonio para este reportaje están identificadas con nombres ficticios a su pedido.

 

Este reportaje forma parte del proyecto “El parto robado: el lado más doloroso de dar a luz en América Latina”, liderado por la plataforma colaborativa Salud con Lupa, con apoyo del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).

Más de 73 toneladas de oro de Venezuela salieron en 33 vuelos rumbo a Dubai y Turquía en 2018
BCV vendió 73,2 toneladas  de oro a empresas de Emiratos Árabes y Turquía sin la reglamentaria aprobación de la Asamblea Nacional
De este total, Maduro envió 21,8 toneladas de oro a una empresa de Dubai investigada por comercio de “oro de sangre” y contrabando en Uganda. Casi 24 toneladas se mandaron a una compañía que, con un capital de 1 millón de dólares, pudo exportar el equivalente a 900 millones de la moneda americana

@boonbar / @loremelendez

 

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN PAÍSES tan distantes como Venezuela, Bahamas, Irlanda, Marruecos, Dubai y Turquía? Que forman parte de la velada ruta comercial del oro venezolano que salió por el aeropuerto internacional de Maiquetía en 2018 como producto de  exportación.

73,2 toneladas de oro fueron vendidas por el Banco Central de Venezuela hasta diciembre de 2018 a dos empresas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y una de Turquía,  sin la aprobación de la Asamblea Nacional, tal como obliga la Constitución Nacional en su artículo 187. La denuncia, presentada en febrero de 2019 por el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, recordó que el Ejecutivo no puede celebrar contratos de interés público nacional con Estados o sociedades extranjeras sin el visto bueno del parlamento.

Runrun.es tuvo acceso a una filtración que detalla cómo salió del país el oro del BCV a lo largo de 2018. Los datos fueron contrastados con los rastreos reflejados por Flightradar24.com, una web pública de información en tiempo real sobre el tráfico aéreo alrededor del mundo, que permitió comprobar el trayecto que siguió cada avión así como las referencias de cada vuelo. Algunos de estos traslados se hicieron en aeronaves privadas. Otros, en la aerolínea turca Turkish Airlines, que tiene una ruta turística sin escalas de Caracas a Estambul desde finales de 2016.

En los registros aduanales a los que tuvo acceso Runrun.es, las 73,2 toneladas de lingotes de oro fueron vendidos entre la empresa emiratí Noor Capital (27.396 kilos), la turca Sardes Kiymetlí Madenler A.S (23.994 kilos) y la belga domiciliada en EAU, Goetz Gold LLC (21.886 kilos). 33 cargamentos de lingotes fueron transportados en 27 vuelos de la aerolínea pública Turkish Airlines (Turquía) y cinco de las privadas Copa Airlines (Panamá), Solar Cargo (Venezuela), Rotana Jet Airlines y E-Cargo Airlines (ambas de Emiratos Árabes Unidos).  Sólo uno de los 33 vuelos y su respectiva compañía no logró ser identificado.

El total de toneladas de oro exportadas por el BCV en 2018 supera ocho veces las 8,64 toneladas que el organismo oficial registró como producción interna hasta mayo de 2018.

Se desconoce si las 73 toneladas de oro exportadas por Venezuela en 2018 proceden de las reservas del BCV o de la producción no reportada del Arco Minero del Orinoco.

Si bien se ha registrado un desplome de 56% de las reservas desde que Nicolás Maduro asumió el poder el 2013, a finales del año pasado tuvieron un ligero incremento de 11 toneladas al pasar de  150,216 toneladas de oro en enero a 161,22 toneladas en septiembre de 2018, según datos del Consejo Mundial del Oro. Dentro de esta cifra entrarían las oficiales 8,6 toneladas que ingresaron al BCV como producción interna en 2018.

Desplome de 56%: Las reservas de oro de Venezuela cayeron de 367,64 toneladas en el tercer trimestre  de 2013 a 161,22 toneladas en mismo período de 2018)

 

Negocios con “oro de sangre”

21,8 de las 73,2 toneladas de oro que exportó el Banco Central de Venezuela (BCV) en 2018 fueron compradas por Goetz Gold LLC, empresa de origen belga con sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y hoy bajo cuestionamiento. Es investigada por organizaciones anticorrupción de Europa y África por formar parte de una red de tráfico de “oro de sangre”, entendido como el metal precioso explotado en zonas conflictivas que financia crímenes, guerras  y promueve la violación de derechos humanos.

Goetz Gold LLC forma parte del grupo Tony Goetz https://www.tonygoetz.com/) cuya casa matriz se encuentra en Amberes, Bélgica, conocida internacionalmente como la ciudad de los diamantes. Se trata de un emporio familiar dedicado a la comercialización, análisis y procesamiento del oro desde 1984 con representación internacional y una capacidad de producción de 85 toneladas al año. En el mercado de la joyería, son famosos sus brazaletes de oro con incrustaciones de perlas con el logo TG.    

El heredero de esta corporación es el belga Alain Goetz, magnate del oro que en 2017 creó la empresa Goetz Gold LLC en Dubai como oficina representativa de Tony Goetz en la llamada “Capital del Oro” para atender clientes internacionales.

Goetz Gold está bajo sospecha por formar parte de una red de tráfico ilegal de minerales conflictivos. La empresa exporta a Europa y Estados Unidos toneladas de oro procesado por la compañía African Gold Refinery (AGR) de Uganda, la refinería más grande de África subsahariana, que a su vez pertenece en su totalidad al mismo magnate belga. Parte del material con el que esta fábrica produce  los lingotes proviene del contrabando de la República Democrática del Congo (RDC), donde 100% de la actividad minera es ilegal y sirve como fuente de financiamiento para compra de armamento en un país de alta inestabilidad política, social y económica desde hace décadas.

Los señalamientos se basan en sendas investigaciones: “Lavandería dorada”, publicada en octubre de 2018 por The Sentry, organización anticorrupción con sede en Washington que monitorea los negocios que causan masacres en África, coofundada por el actor estadounidense George Clooney. También, el  informe de Global Witness que identificó a Goetz Gold como parte de un esquema de corrupción, ineficiencia y tráfico de influencias que socava el sector minero y amenaza a la población y el ambiente en los países africanos.

Pero el oro que refina la AGR no sólo proviene de sus vecinos de África. Recientemente, la companía ugandesa admitió que recibe material de América del Sur sin detallar el país de origen. Pero los medios de comunicación oficiales de Uganda asomaron que se trataría de Venezuela, que hoy se vale de las ventas de oro para obtener liquidez ante su colapsada economía y evadir las sanciones de Estados Unidos y Europa. Autoridades policiales de Uganda declararon el 13 de marzo de 2019 que están investigando a la refinería sobre la legalidad de la importación de 7,4 toneladas de oro en marzo de 2019 por un valor de unos 300 millones de dólares.   

Esta empresa belga con sede en Kampala, Uganda,  bajo investigación por el grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU, fue la misma que compró 21,8 toneladas de oro a Venezuela en 2018, cantidad  que representa 30% del total de las ventas del BCV al exterior del año pasado. Salieron por el aeropuerto de Maiquetía en tres vuelos en diferentes fechas: el cargamento mayor, de 15,6 toneladas, se registró el 3 de diciembre de 2018, después que EEUU anunciara sanciones a todo aquel que hiciera transacciones con el oro venezolano.

El oro adquirido por Goetz Gold fue transportado desde Maiquetía por la aerolínea emiratí  Rotana Jet (domiciliada en Abu Dhabi, EAU) y la rusa E-Cargo, con sede en el aeropuerto internacional Domodedovo de Moscú. Ninguna de las dos empresas cubren rutas comerciales en Venezuela.

Una de las dos misteriosas incursiones de Rotana Jet en Venezuela que registran los archivos a los que accedió Runrun.es fue revelada por el periodista Javier Ignacio Mayorca en abril de 2018. Detalló que el avión Airbus A319, siglas A6-RRJ fletado a la aerolínea emiratí despegó del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Caracas) la madrugada 28 de marzo con  2,1 toneladas de oro provenientes de las bóvedas del BCV. La descripción de la ruta coincide con el documento: aunque Dubai era el destino final de las 57 cajas con lingotes, la aeronave hizo escalas en Nassau (Bahamas) y Belfast (Irlanda del Norte).

Runrun.es intentó consultar la versión de Goetz Gold mediante un email dirigido el 14 de febrero de 2019 a  su presidente, Alain Goetz, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

El papel de las aerolíneas en el contrabando de oro  en países mineros fue destacado en un informe del Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 4 de agosto de 2017.   El estudio advierte que vuelos entre países como RDC, Etiopía y Dubai han permitido el transporte del oro en bruto sin restricciones y sin supervisar requisitos como certificado de origen, permiso de exportación, autenticación de la identidad de los transportistas y revisión del equipaje, por no mencionar el pago de sobornos a las autoridades aduanales.

 

 

Turquía y el oro que no se refina

En diciembre de 2018, Ahmet Ahlatci tuvo por un instante sobre sus hombros las manos de dos presidentes: a la izquierda, la del turco Recep Tayyip Erdoğan, un amigo al que suele dar consejos económicos, y a la derecha la de Nicolás Maduro. Estaba en el Palacio de Miraflores, en Caracas, a la salida de una reunión del gobernante venezolano con empresarios de Turquía.

En aquella cita fue el propio Erdoğan quien enfatizó frente a Maduro que Ahlatci había alcanzado una “escala mundial” en la producción y comercio del oro y que era el hombre indicado para crear una relación de negocios que fuese beneficiosa para las dos naciones. Ya para ese momento, casi 24 toneladas (23.994 kilos) de oro venezolano habían salido a Estambul a bordo de 28 vuelos realizados entre enero y septiembre de 2018, de acuerdo con datos de la filtración obtenida por Runrun.es .

Aquella mención de Ahlatci en la reunión no quedó en vano. Durante la segunda semana de febrero de 2019, Erdoğan anunció que el destino que tendría el metal del BCV – que desde 2018 ha llegado a esta nación – sería la refinería Ahlatci Metal de Ahlatci Holding, grupo con un volumen de negocios anual de 8 mil millones de dólares americanos, ubicada en la Zona Industrial Organizada de Córum (provincia situada al norte de ese país).

“El oro venezolano se refinará en Córum… Desarrollaremos Córum para el comercio del oro y a la ciudad hacia una mejor posición en este campo”, aseguró Erdoğan en una declaración reseñada por la agencia china Xinhua el pasado 12 de febrero.

Antes de aquella afirmación, un reporte de la agencia Bloomberg explicó que tal operación no se había llevado a cabo porque el mismo Ahlatci tuvo miedo de hacer tratos con personas y gobiernos sancionados por Estados Unidos.

Fue Marshall Billingslea, subsecretario de Financiamiento del Terrorismo en el Departamento del Tesoro del país norteamericano, quien advirtió al empresario en una visita a Estambul que no hiciera negocios con el “oro de sangre” de Tareck El Aissami, vicepresidente del Área Económica, quien en enero pasado había hecho un recorrido para conocer la compañía de Ahlatci.

Tras salir de Venezuela, ese “oro de sangre” – extraído de yacimientos que son escenarios de masacres y están tomados por bandas criminales que controlan la actividad y asesinan a los trabajadores que muestran algún desacuerdo con ellos – no fue a parar directamente a las manos de Ahlatci, sino que fue destinado a la empresa privada turca Sardes Kiymetlí Madenler A.S, con la que el gobierno de Maduro pactó ventas a través del BCV, según denunció el diputado Paparoni a inicios de febrero.

En una rueda de prensa, el parlamentario describió a Sardes Kiymetlí Madenler A.S como una de las compañías con menos conocimiento en la inversión en el negocio del oro. Sin embargo, reportes de la prensa turca lo contradicen: de acuerdo con el periódico Gazete Vatan se trata de una de las empresas más importantes del mercado aurífero en esa nación en el último año.

Esa relevancia, no obstante, la ha obtenido en tiempo récord. En realidad, Sardes Kiymetlí Madenler A.S no siempre se llamó así. Su nombre original era Ilborcan Elektronik Ve Kiymetlí Maden Pazarlama Ticaret Anonim Sirketi y fue fundada en 2009 por Fikriye Emek, Vecdi Mencekoglu, Keziban Turker, Harun Buke, Ali Sait Erdogmu, de acuerdo con la edición 7.285 del Boletín Oficial del Registro de Comercio turco de abril de ese año, un documento obtenido a través del Investigative Dashboard.

Documento de registro de Ilborcan Elektronik Ve Kiymetlí Maden Pazarlama Ticaret Anonim Sirketi by runrunesweb on Scribd

El objeto de la compañía era tan amplio que abarcaba desde “todo tipo de comercio, ventas, importación y exportación, comercialización al por mayor y comercio de todo tipo de productos a base de hierbas, todo tipo de joyas, todo tipo de bordados, chatarra, metales preciosos, metales preciosos, chatarra”, hasta campañas de marketing y comunicaciones.

En diciembre de 2017, solo un mes antes del primer envío de oro desde Venezuela, la edición 9.474 del Boletín Oficial del Registro de Comercio turco reseñó el cambio de nombre de Ilborcan Elektronik a Sardes Kiymetlí Madenler A.S. Esa fue solo la primera modificación.

El mismo documento apunta que la compañía incrementó su capital de 100 mil a 5 millones liras turcas (de 18.600 a más de 957 mil dólares americanos –USD- aproximadamente), lo que representa un aumento de 5.045 %.  A pesar de no tener un patrimonio superior a USD 1 millón, Sardes fue capaz de obtener en su primer año de operaciones las casi 24 toneladas de oro venezolano que equivalen a USD 900 millones.

El objeto de la empresa también mutó a finales de 2017. Sardes se alineó a los principios establecidos en las leyes turcas, determinados por la Oficina del Tesoro del Primer Ministro, para entrar en el mercado del comercio del oro. Así, declaró ser apta para realizar desde combinaciones de metales y piedras preciosas tratados o no, hasta la compra, venta, importación y exportación de los mismos. Tales operaciones están destinadas, según reza en el registro, a “obtener préstamos a corto, mediano y largo plazo de instituciones financieras nacionales y extranjeras en mercados extranjeros, firmar transacciones de crédito, dar garantías y obtener préstamos con garantía”, además de adquirir inmuebles o invertir en actividades intermedias relacionadas con el ramo.

Documento de registro de Sardes Kiymetlí Madenler A.S by runrunesweb on Scribd

De todos los accionistas de Ilborcan Elektronik, en Sardes solo se mantuvo Vecdi Mencekoglu, quien se juntó con Tarik Dogan, Fikri Caglar, Yakup Sahin y Serdar Sarac para refundar la compañía.

Sarac es también accionista de una compañía dedicada al comercio del oro: Sergold Kiymetli Madenler Anonim Sirketi, fundada en noviembre de 2017 y en el mismo domicilio de Sardes: el número 4/3132 del “Taller Central” de Kuyumcukent, la llamada “Ciudad de los orfebres”, considerado como el mayor mercado de joyería del mundo con más de 2.000 talleres, fábricas, mayoristas y minoristas del metal. El lugar está situado en Bahçelievler, un suburbio de clase media en el lado europeo de Estambul, capital del país.

De acuerdo con datos del Mercado de Valores de Estambul, Sardes se hizo miembro de esa organización el 26 de diciembre de 2017, plataforma que le permite desde entonces participar en el libre intercambio de gemas y metales preciosos. Sardes, sin embargo, no cuenta con una página web activa, lo que dificulta el acceso a la información sobre la misma y tiene apenas escasos reportes online sobre sus vínculos y negocios.

Apuntan los documentos obtenidos por Runrun.es que en cada uno de los viajes de oro para Sardes se transportaron entre 226 y 3.721 kilogramos de oro. La mayoría de estos trayectos, 27, se hicieron a través de la aerolínea nacional de Turquía, Turkish Airlines, que comenzó a operar en Venezuela en diciembre de 2016 y que apenas un año después incrementó su número de vuelos de tres a cinco días por semana.

Solo una de estas travesías se hizo a través de otra línea aérea: la panameña Copa Airlines, cuyo nombre aparece en la filtración obtenida por Runrun.es. Según los datos, en este vuelo del martes 20 de marzo de 2018 se transportaron 543 kilos de oro. 

La compañía del istmo aclaró a este medio que no había hecho este viaje. “Copa Airlines no realizó dicho traslado de cargaAdemás, nuestros servicios se concentran en 81 destinos dentro de 33 países ubicados en el Norte, Centro y Sur América y el Caribe”, señaló la empresa a través de un correo electrónico.

La explicación de este itinerario, no obstante, puede hallarse por medio del acuerdo de código compartido que Turkish y Copa firmaron en abril de 2017. Ambas compañías, que son miembros de la red global de aerolíneas Star Alliance, se juntaron para ofrecer rutas más largas por medio de vuelos en conexión que les permiten llegar a más países. Por esta razón, de martes a domingo, existe un par de vuelos de Copa que salen de Maiquetía, hacen transbordo en Panamá y luego continúan a Estambul en un avión de Turkish Airlines. Así fue el vuelo de aquel martes 20.

Fue en marzo de 2018, mes del traslado de Copa, cuando se registró la mayor cantidad de vuelos con el oro vendido: 8 en total.

Mientras esto sucedía, corría el último mes del bloqueo del tránsito aéreo y marítimo que el gobierno de Venezuela impuso contra las islas Aruba, Bonaire y Curazao como medida de freno del contrabando de ”material estratégico”; el BCV anunciaba que vendería al público “mini lingotes de oro” a partir de los cinco gramos, cuyo precio se regiría por el mercado internacional; y la canadiense Gold Reserve certificaba que en Bolívar estaba la cuarta mina de oro más grande del mundo. Un mes antes, en la mina Cicapra de Guasipati, en el estado Bolívar, se denunció la matanza de 18 mineros en manos del Ejército. Tales acciones ocurren con frecuencia en el sur venezolano y han sido señaladas por dirigentes políticos como operaciones de “despeje” de los yacimientos: desplazar a las bandas criminales para dar paso a los guerrilleros.

La mayoría de los traslados de oro, 23 de 28, ocurrieron en la primera mitad del año. Solo hasta mayo ya se habían llevado hasta Estambul 21.3 toneladas, cifra solo un poco mayor a las 20,15 toneladas que Venezuela exportó a Turquía en el mismo período, de acuerdo con datos del Instituto de Estadísticas turco citados por Reuters. Tal cantidad equivalía a 779 millones de dólares americanos. La misma agencia asegura que los envíos alcanzaron el equivalente a 900 millones de dólares en todo el año.

La base de datos Importgenius también registró exportaciones del metal dorado a Turquía que se acercan a lo expuesto en la filtración. Según esta web, durante el primer trimestre de 2018, se despacharon desde Caracas a Estambul 17,2 toneladas de oro (con un precio estimado de 462,5 millones de dólares americanos). Los documentos obtenidos por Runrun.es apuntan que fueron 13,4 toneladas de oro.

El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, reconoció en julio pasado que el BCV comenzó a exportar oro hacia Turquía para refinarlo, un proceso que hasta ahora no se ha dado. Tampoco hay reportes de que ese oro haya vuelto al país.

Anteriormente, la operación de refinación se cumplía en Suiza, pero luego de las sanciones que Estados Unidos aplicó contra funcionarios venezolanos y aquellos que acordaran mercadear con el oro de la nación, el país europeo se desentendió de tal práctica.

No es la primera vez que Turquía establece relaciones comerciales con países sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense. Un caso es Irán que, de acuerdo con Bloomberg, vende “miles de millones de dólares de combustible” a ese país cada año. El dinero de estas transacciones se destina a cuentas turcas en donde queda “atrapado” por las restricciones internacionales. En el pasado, se aplicaron esquemas que utilizaron el oro en físico para financiar el comercio exterior de la república islámica. De acuerdo con una nota de la BBC, existen sospechas de que el metal precioso venezolano podría estar en territorio iraní.

Noor Capital: conexión Emiratos

55,7% del oro que salió del BCV rumbo a Dubai en 2018 fue comprado por Noor Capital, empresa creada en 2005 con sede en Abu Dhabi. 27,3 toneladas de oro de un total de 73,2 toneladas exportadas el año pasado fueron trasladadas en dos vuelos  que salieron del aeropuerto internacional de Maiquetía el 31 de agosto de 2018 y el 28 de noviembre de 2018.

Noor Capital estaba dispuesta a continuar estas compras hasta el 24 de enero de 2019 cuando decidió detener las operaciones “hasta que se estabilice la situación en Venezuela”.

La empresa confirmó que hasta el el 21 de enero 2019 había comprado 3 toneladas de oro al BCV, aclarando que la adquisición de los lingotes no era una “operación ilegal o prohibida”.

 

El 1ero de enero, el diputado Carlos Paparoni confirmó vía Twitter que Noor Capital había interrumpido transacciones con el BCV.

Solar Cargo: de Valencia a Canadá

Los  registros aeroportuarios indican  que el traslado de 11,6 toneladas de oro de la empresa Noor Capital del 31 de agosto de 2018 correspondió a Solar Cargo, compañía fundada en Valencia, estado Carabobo,  el 9 de febrero de 2001. Este vuelo charter fue realizado por uno de los dos DC10-30F que conforman su flota, pero que fue fletado a la empresa KF Cargo de Canada, empresa que desde abril de 2016 alquila el avión para ampliar sus conexiones a Latinoamérica, entre ellas Caracas, Bogotá y Lima desde, según la plataforma CH Aviation.

El vuelo KF Cargo del 31 de agosto de 2018 salió de Caracas rumbo a Bogotá, según FlightRadar24.com, coincidiendo con la base de datos que indica el cargamento de 11,6 toneladas de Solar Cargo. El resto de la ruta no está registrado por esta base de datos.

El 15 de octubre de 2018,  mes y medio después de aquel vuelo dorado, KF Cargo anuncia la suspensión de sus operaciones de carga con el DC 10 fletado a la venezolana Solar Cargo. Según FlighRadar24.com, el último vuelo de esta nave fue el 6 de junio de 2018, en la ruta Miami -Lakelaland,Florida.

Runrun.es intentó contactar a Solar Cargo en Caracas vía telefónica, pero no obtuvo respuesta.  

Hasta el cierre del primer bimestre de 2019, el BCV no ha publicado las exportaciones de oro ni ha actualizado las compras internas. Los vuelos dorados siguen siendo clandestinos y su carga sale camuflada entre turistas.

La vecindad que construyó Raúl Gorrín con empresas, socios y lavado de dólares en Miami
Entre los propietarios de los 11 apartamentos del condominio de Coral Gables que fueron incautados al dueño de Globovisión, figuran familiares y su socio Gustavo Perdomo. Los inmuebles fueron registrados por un mismo agente y tuvieron como vecino a un periodista y analista político del canal de televisión venezolano

@boonbar   Fotos: @tamoac  Diagrama: @kathypenacchio

CASI LA MITAD DE LAS 24 PROPIEDADES INCAUTADAS al empresario venezolano Raúl Gorrín por el Departamento de Justicia en Estados Unidos, se encuentran en el edificio 4100 de la calle Salzedo de Coral Gables, en el estado de Florida. Los 11 apartamentos, que suman $4.772.569 según la compañía de datos inmobiliarios Zillow, no sólo tienen en común el mismo domicilio sino que también son los más económicos de todos los inmuebles decomisados tanto en Miami como Nueva York al dueño del canal Globovisión y de la compañía Seguros La Vitalicia, acusado por los delitos de pago de sobornos y lavado de dinero.

Una revisión de estos apartamentos permite identificar parte de la red de negocios y relaciones que tejió el empresario en los últimos años y de cómo practicó mediante la compra de bienes raíces uno de los delitos que se le imputan: lavado de dinero.

En la entrada del edificio 4100 de Salzedo Street no hay personal de seguridad que anuncie a los visitantes. En la misma calle que desemboca al elegante mall de Merrick Park de Coral Gables, diez de los 11 apartamentos incautados a Gorrín, cuyo valor promedio oscila entre 400 mil y 500 mil dólares cada uno,  están a nombre de ocho empresas, entre las cuales se encuentran Rim Group Investment (dueña del apartamento 1010), Rim Group Investment I (apartamentos 608 y 807) y Rim Group Investment II (apartamentos 813 y 913). Según certifica Sunbiz.org, base de datos del Departamento de Corporaciones de Florida, las tres firmas, aún activas, pertenecen a Raúl Antonio Gorrín Belisario y María A. De Perdomo, su esposa y a la vez hermana de su socio, Gustavo A. Perdomo Rosales.  

Otras empresas dueñas de las propiedades incautadas son Maydonna Ventures of Florida (apartamento 809), Harmonie Trading of Florida (apartamento 811), Edelbas Enterprises (apartamento 903 y 904) y Magus Holding LLC (apartamento 804). Este último está actualmente a nombre de su socio y cuñado Gustavo A. Perdomo Rosales, presidente de Globovisión y de su hermana María Carolina Perdomo Rosales.

Solo uno de los apartamentos incautados, el 909, no pertenece a una empresa sino a dos particulares: Cosme de la Torriente y Cecilia M. de la Torriente, quienes a su vez tienen registrados dos apartamentos más a su nombre en Miami (ver diagrama).

La vinculación De La Torriente con Gorrín no se queda en el apartamento incluido en la lista de incautaciones. Es también el agente registrador de las empresas Maydonna Ventures of Florida, Harmonie Trading of Florida, dueñas de sendos apartamentos  de los 11 decomisados en el condominio 4100.

De La Torriente fue además agente registrador de una  de las empresas emblemáticas del emporio Gorrín, Rim Group Investments a partir del 15 de abril de 2011, en sustitución de Jorge Gurian. Estuvo en ese cargo hasta el 1ero de marzo de 2014, cuando fue suplantado por Julio de Armas hasta la actualidad.

El mismo 15/04/2011, De La Torriente se convirtió además en agente registrador de la empresa Magus Holding, cuando aún la esposa de Perdomo, Mayela Tarascio de Perdomo, era gerente de la empresa.

Ambos salieron de Magus Holding  el año en curso. Tarascio de Perdomo permaneció en el cargo de gerente hasta el 31 de octubre de 2018, cuando fue sustituida por María Carolina Perdomo Rosales, hermana de Gustavo Perdomo. También en esta actualización de registro, Mirna Díaz, de la firma Abias Consulting, asume como agente registrador en sustitución De la Torriente.  

A una puerta de distancia

En el 4100 de Salzedo Street también hay propiedades que, si bien no entraron en la lista de incautaciones ordenadas por el Departamento de Justicia de EEUU, guardan alguna relación con la directiva de Globovisión. Entre los decomisados apartamentos 809 y 811 ubicados en el piso 8 del condominio de Coral Gables, se encuentra el 810, que pertenece a la firma Telemann Investing of Florida, indica MiamiDade.gov, base de datos oficial del estado de Florida.

 

Hely Vladimir Villegas, periodista y conductor del programa Vladimir a la Una del Globovisión y su esposa, Egilda Gómez figuran como los propietarios  de Telemann Investing of Florida, registra la ficha de la empresa alojada en Sunbiz.org. Ambos ocupan los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente.  

Según el expediente, la empresa puede asumir cualquier actividad de negocios permitida bajo las leyes de Estados Unidos  y del estado de Florida. Fue fundada con un capital de 50 mil dólares conformado por 50 mil acciones de un dólar cada uno, indica el documento.

Certificado de incorporación de Telemann

El registrador de la empresa Telemann Investing of Florida es Cosme De La Torriente, el mismo agente registrador de las empresas de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo en el condominio 4100 de Salzedo Street.  

 

   

Entre dos Floridas

El 4100 no es precisamente un condominio de lujo, aunque se encuentra en el barrio de Coral Gables, al sur de Miami, distinguido por sus mansiones rodeadas de jardines, calles impecables, sofisticados comercios y edificios de pretendido estilo mediterráneo. Por un precio de $399 mil, el apartamento número 810 fue comprado el 14 de enero de 2016, ocho días después de ser registrada la empresa Telemann Investing of Florida por los esposos Villegas.

La anterior dueño de ese inmueble fue la firma Barabash Investing Limited Corp, cuyo propietario es el abogado venezolano Juan Rafael Rodríguez  Reggeti. Esta compañía estaba domiciliada en el mismo edificio 4100 de Salzedo St. pero el apartamento número 413, dirección que confirma la última actualización de la compañía el 26 de marzo de 2018 en el registro de Florida.

Rodríguez Reggeti protagonizó un escándalo hace 20 años cuando era novio de la ex reina de belleza, Alicia Machado. En 1998 fue acusado por ser el principal sospechoso del intento de asesinato de su cuñado, Francisco Sbert Mouckso.

Rodríguez Reggeti también fue el representante legal en el caso del decomiso de 1,3 toneladas de cocaína del vuelo de Air France en el aeropuerto internacional de Maiquetía, ocurrido el 11 septiembre de 2013. Asumió la defensa del adjunto a la gerencia de operaciones de la aerolínea,  Juan Alberto Chirinos.

El registrador Cosme de la Torriente vuelve a aparecer en esta estructura de operaciones inmobiliarias pues fue la persona encargada de crear la compañía Barabash Investing Limited en 2012, cuya dirección inicial era 155w 25 Road, Miami 33129, según Sunbiz.org.

A su vez, De La Torriente fue el registrador de la empresa Rowtree Properties Inc, que vende el 30 de marzo de 2012 el apartamento 810 a Barabash Investing Limited, con sede principal en el piso 15 del 1441 Brickell Avenue.

 

Antes de Barabash Investing Limited Corp, la propietaria del apartamento 810 fue Rowntree Properties el 30 de marzo de 2012, que pertenecía a Raúl Gorrín, indican los registros inmobiliarios asentados en Miami Dade. Es decir, que el propietario de Globovisión también fue dueño hasta 2012 del apartamento 810 que hoy pertenece a la empresa de Villegas.

 

El 7 de enero 2016, justo un día después de ser registrada la compañía en Miami, Villegas respondió a las amenazas de Maduro contra Globovisión en Venezuela. “Están desatados. Ustedes ven cómo está Televen, cómo está Globovisión. Uno ve a Globovisión y a Televen y cree que es 9 de abril de 2002. Se van a equivocar, y después no vale arrepentimiento”, fueron las palabras del presidente venezolano.

Villegas salió al paso asegurando que no buscaba controversia ni convertirse en noticia: “Queremos respetar el derecho de los venezolanos a estar informados. No queremos confrontar con nadie, solo cumplir nuestra labor de informar. Esperamos tener siempre a todas las voces diversas, hoy tenemos a Julio Borges, ayer a Tania Díaz”, dijo al comenzar su programa Vladimir a la Una de aquel día.

Villegas fue consultado para esta nota pero prefirió no dar su versión.

El periodista denunció el 26 de noviembre, a través de su cuenta en Twitter @Vladi_VillegasP, que las acusaciones “salen de fuentes identificadas o no identificadas”, detrás de las cuales puede haber  “una industria especializada en la destrucción de reputaciones”. En otro tuit agregó: “No me someto ni me someteré a ese “tribunal” que sesiona en el albañal de la canallada, al final la verdad se defenderá sola. Sin tener necesidad de alimentarle el ego a las teclas pre pagadas que pretenden erigirse en certificadoras o descertificadoras de la honestidad”.

“No soy testaferro de nadie”

Días después de la publicación de este reportaje -para el que se intentó obtener su versión varias veces- Villegas publicó un comunicado que comienza diciendo que hay “una campaña de descrédito” orquestada en su contra.
Después de asegurar que vive de su trabajo como profesional del periodismo, menciona sus otras fuentes de ingreso: conferencias, asesor político y comunicacional, analista de entorno y hasta incursionó en el stand up comedy.

“No acepto que impunemente se mancille mi honor y el de mi familia. No soy testaferro de nadie, ni nadie me lo ha ofrecido o insinuado”, dijo en el comunicado.

Piso 10: el “comité de bienvenida” del Sebin

Mucho se ha documentado acerca de las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que ocurren en La Tumba, en el sótano de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Plaza Venezuela, pero poco se sabe de lo que pasa en el piso 10

La muerte del concejal Fernando Albán hizo llamar la atención sobre ese lugar en el que, según testimonio de otros detenidos, es donde se hace el “check in” para “ablandarlos” antes de decidir su destino

 

Equipo de Investigación Runrun.es

 

EN EL CRISTIANISMO SE REPITE EL NÚMERO DIEZ en innumerables situaciones: los diez mandamientos, los diez antepasados que comparten Adán y Noé. Para los hebreos, la Yod, que equivale al diez, es la primera letra que forma el nombre de Dios. Y en la Cábala, el número diez, juega un papel importante como orden y plan de estructuración divino. Para el imaginario colectivo venezolano, en la última semana, el número diez  ha cobrado otro significado: misterio.

El lunes 8 de octubre, se conoció la muerte de Fernando Albán, concejal y defensor de derechos humanos, al presuntamente arrojarse del piso número diez de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela, en la capital venezolana, según versión oficial.

El por qué se encontraba en ese lugar, qué oficinas específicas y funcionarios hacen vida en el décimo piso, así como los detalles de su muerte son, aún, preguntas sin responder por parte del oficialismo.

“Esta es La Tumba, donde llegas con vida pero no sabes si sales vivo o muerto” fueron las primeras palabras que escuchó Eugenia* cuando ingresó en una camioneta, junto a un grupo de funcionarios, al estacionamiento de la sede del Sebin en plaza Venezuela. Su delito era conocer y haber dado alimentos y ropa a “guarimberos”, mote usado por el Gobierno para descalificar a protestantes.

Una vez en el sótano, Eugenia fue llevada directamente a los ascensores. Un funcionario y dos mujeres que describe como “custodios” ingresaron con ella. El ascensor, que sólo funciona con la activación de una tarjeta magnética, los llevó directamente al décimo piso. Lugar del que no salió sino hasta 48 horas después.

Al abrirse las puertas del ascensor del piso 10, la primera parada es un detector de metales custodiado por un funcionario que decide quién entra y quién no. Al pasarlo, se llega a un espacio abierto, con piso de porcelanato gris claro, con cuatro mesones largos de trabajo con computadoras. Otras personas que han estado en el piso lo describen como un lugar de oficinas al estilo bancario con salones amplios e iluminado.

Eugenia fue llevada inmediatamente al lado derecho, en la esquina inferior del piso, a lo que llama “el lugar de tortura” y “donde todo pasa”. Un espacio con mesas redondas de formica blanca. Por horas fue interrogada, le mostraban conversaciones telefónicas, audios, fotos y en una pizarra acrilica veía escrito los nombres de sus familiares, amigos y conocidos. Una y otra vez le pedían que diera la ubicación de algunos protestantes mientras la amenazaban con hacerle algo a su familia.

“Las primeros horas de los presos se pasan allí en el piso 10, es el comité de bienvenida,  luego deciden si te liberan, llevan a La Tumba o al Helicoide” cuenta la entrevistada.

A Eugenia no la dejaron sola en ningún momento. Le permitían dormir en un sofá cama con una custodio a cada lado y si quería ir al baño debía ir acompañada. Un par de veces le permitieron fumar pero era guiada por un funcionario quien abría las ventanas por ella. Las mismas ventanas desde donde, la versión oficial dice, se lanzó Alban.

Versiones oficiales contradictorias

Las contradicciones entre las propias versiones oficiales no han ayudado a develar el misterio. Han propiciado más dudas y especulaciones.

“La versión preliminar que nuestros funcionarios han recogido en el lugar de los hechos, apenas conocimos la noticia, es que el ciudadano solicitó, Albán, ir al baño y estando allí se lanzó al vacío” fueron las primeras declaraciones oficiales que dio el Fiscal General Tarek William Saab al canal Venezolana de Televisión (VTV), a las 3:40 pm del día de la muerte del concejal.

Sin embargo, ocho minutos más tarde, a las 3:48 pm, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, escribía en su cuenta de Twitter oficial:  “En el momento que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte.”

Las reacciones en redes sociales acusando al gobierno de mentir sobre lo ocurrido no se hicieron esperar. Inclusive la periodista venezolana radicada en Miami, Carla Angola, publicó un plano del décimo piso del edificio que desmontaba la tesis de que Albán se había lanzado desde la ventana del baño. Los entrevistados para este reportaje en líneas generales validan el mapa, sin embargo dicen que no se visualiza con claridad el pasillo largo que conduce a los baños.

El miércoles 10 de octubre, Saab declara nuevamente sobre el caso contradiciendo lo que inicialmente había dicho. “En horas del mediodía, al momento del almuerzo, Albán se levantó abruptamente  de la mesa diciendo que él quería ir al baño. Eso nosotros lo explicamos. Él aprovecha esa circunstancia, diciendo que quería ir al baño y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 de la sede del Sebin en plaza Venezuela. Y se lanza al vacío. Aquí nunca se ha dicho que se lanza desde el baño” explicó el fiscal mientras mostraba fotos de la ventana.

Según Eugenia, las ventanas abren en efecto a 30 grados como informó Saab. Sin embargo, las recuerda más altas que en la foto que se mostró en rueda de prensa. Fumaba desde el espacio amplio con computadoras porque en el “lugar de tortura” los funcionarios le dijeron que las ventanas no abren.

Oficialmente, en el piso 10 del edificio del Sebin funcionan las oficinas administrativas de la Dirección de Contrainteligencia. Allí tiene su oficina el jefe de la dirección, el General José Gregorio Gómez Lárez, y su equipo de trabajo; según informó a Runrun.es un ex funcionario del Sebin.

En las declaraciones dadas por Saab sobre el caso el 14 de octubre en el programa de televisión José Vicente HOY  transmitido por Televen , explica que Albán “por ser Concejal estaba en una área administrativa, en una oficina. Él pidió ir al baño… decidió lanzarse al vacío. Allí la autopsia es clave.”

Uno de los sub-entes de contrainteligencia es la llamada Coordinación de Orden Democrático que lleva las decisiones relacionadas al destino de los presos políticos y a la realización de los interrogatorios. Un ejemplo de cómo se ha institucionalizado en el país la violación de los derechos humanos de libertad de conciencia y expresión.

“Estuve tres horas en ese piso. Me llevaron después que me cayeran a golpes para que me chequeara un supuesto médico. Lo que recuerdo es un piso de oficinas sin identificación y allí había una especie de enfermería con una camilla. Sólo estuve allí y en un baño”  explica Rosmit Montilla, diputado a la Asamblea Nacional quien estuvo dos años detenido por participar en las protestas venezolanas de 2014 contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Las personas entrevistadas para este reportaje describen el baño con un piso de granito negro y una suerte de “ventana que se comunica con otro baño pero no con la calle”. Coinciden también con la custodia en todo momento, “me llevaron esposado, sólo me quitaron las esposas cuando iba a entrar al cubículo y el funcionario se quedó esperando frente al lavamanos” dice Mantilla.

 

 

Del gran proyecto urbano de Caracas a un edificio de torturas

En el centro geográfico y urbano más importante de la ciudad de Caracas, en la Zona Rental de la Universidad Central en Plaza Venezuela,  se construyó en 2008 una torre de 13 pisos para albergar la sede de oficinas del Metro de Caracas (Cametro). El espacio era ideal por su centralidad y por ser el sitio donde convergen tres líneas del Metro.

Además del edificio administrativo se planteaba levantar la Estación Central de Caracas, un terminal de buses urbanos y suburbanos con conexión inmediata con el Metro.  El 14 de febrero de 2005, a través de un acuerdo amigable con la Fundación Fondo Andrés Bello, que era dueña del terreno, se procedió a la expropiación de la parcela por causa de utilidad pública. Los trámites legales se extendieron durante años. Cuando finalmente se llegó a un acuerdo, Cametro convocó un concurso interno para el diseño de la sede y procedió a su construcción.

Sin embargo, los funcionarios administrativos del Metro de Caracas nunca pisaron la edificación.  “Cuando Chávez vio el edificio, le gustó, se enamoró y decidió que sería del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)” cuenta el arquitecto Marco Negrón, ex Presidente de la Fundación Fondo Andrés Bello y ex Decano de la Facultad de Arquitectura de la UCV.  

Por lo tanto, el organismo que venía a suplir a la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) hizo uso de las instalaciones en Zona Rental desde su creación el 1 de junio de 2010.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado las diversas torturas de las que son víctimas los presos en la sede del Sebin. Especialmente en uno de los sótanos, cinco pisos bajo tierra, conocido como La Tumba.  “Aislamiento prolongado sin contacto con otras personas, en un espacio confinado de 2×3 metros, con cámaras de vídeo y micrófonos en cada una de sus celdas, sin acceso a la luz del sol o al aire libre” escribe el CIDH  describiendo el lugar en un documento de fecha 2 de marzo de 2015.

Eugenia dice haber corrido con suerte porque no recibió torturas físicas. Sin embargo, las torturas psicológicas aún la persiguen. Mientras daba su declaración de salida escuchaba los gritos del nuevo detenido mientras lo torturaban. “Hasta que no te ablandan, hasta que no te sacan lo que deseen o grabes el vídeo que quieren, no sales del piso 10”.

 

*Se utilizó un nombre ficticio por petición de la fuente

 

 

 

El año en fotos: lo más impactante de un agitado 2017

Foto: Ronaldo Schemidt/Agence France-Presse

 

2017 FUE UN AÑO DE PROTESTAS MASIVAS, brutal represión y ruptura del orden constitucional. También de disidencias dentro del chavismo, resonancia internacional de la crisis venezolana, descalabro económico y agudización de los conflictos sociales. Veinte imágenes captan los momentos más impactantes de un agitado año en Venezuela.

La Fiscal que le reviró a Maduro y arrancó en la moto de la disidencia chavista

El cisma que hizo tronar al chavismo vistió de taller oscuro y blandió la Constitución. 2017 fue el año en el que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se desmarcó definitivamente del gobierno de Nicolás Maduro catalizando con sus cuestionamientos y defensa a las instituciones democráticas la ruptura con el establishment venezolano de una de las funcionarias más emblemáticas de ¨la revolución¨.

De este distanciamiento no salió ilesa. Su desmontaje de las versiones oficiales sobre violaciones a los Derechos Humanos durante las protestas de 2017 y masacres comandadas por fuerzas de seguridad del Estado, sus denuncias de corrupción  así como su defensa a la Asamblea Nacional cuando Maduro intentó que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera funciones parlamentarias le valieron su destitución del cargo por una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. La imagen de la fiscal escapando en moto de la sede de la fiscalía a la que le negaron el acceso es el retrato del deslave institucional del chavismo. Pero también del destino que le depara a quienes osan salirse del carril.

El quiebre de la Fiscal, que comenzó a asomarse un año antes, llevó a que fuese escogida como uno de los personajes más influyentes del año por medios internacionales como la Revista Semana de Colombia y la agencia Bloomberg así como la venezolana revista Zeta. Con su solicitud de enjuiciar a Maduro y 4 militares y funcionarios ligados a los cuerpos de seguridad del Estado presentada el 15 de noviembre ante la Corte Penal Internacional, Ortega Díaz se convierte en la primera fiscal que denuncia en La Haya a altos funcionarios de su país por crímenes de lesa humanidad.

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La OEA, altavoz de la tragedia venezolana

La tragedia venezolana tuvo, finalmente, resonancia internacional en 2017. Y en buena medida por la insistencia de Luis Almagro,  Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, quien asumió cual misión  transcontinental el denunciar los abusos de poder, violaciones de Derechos Humanos y atentados a la democracia del gobierno de Nicolás Maduro.

Quien fuera elegido como secretario general de la OEA el 18 de marzo de 2015, durante 2017 presentó tres de los cuatro informes que su gestión ha dedicado a la crisis venezolana.  En mayo del año pasado, Almagro ya invocaba la aplicación de la Carta Magna contra el país suspendido del Mercosur. Pero en 2017, embistió abiertamente su posición crítica contra Maduro. El 15 de marzo de este año, propuso la suspensión de Venezuela de la OEA si el gobierno del heredero de Hugo Chávez no convocaba elecciones generales en el plazo de un mes, liberaba a los presos políticos, se sustituían a las autoridades corrompidas del CNE y el Tribunal Supremo. Su voz retumbó, pero sus exigencias no se aplicaron.  En la comunidad de naciones, cualquier decisión es coral.

El 25 de septiembre comenzó a alinearse con el sector más duro de la oposición, señalando que no había diálogo efectivo en Venezuela y que el acercamiento entre el gobierno y los opositores no debe basarse en “la distribución del poder”. Almagro no ha dejado de advertir sobre los riesgos para la paz y la seguridad hemisférica que representa un país con grave crisis humanitaria y migratoria, cuyas estructuras del Estado tienen vinculación con el crimen organizado internacional. Al cierre de 2017, ya no es la única figura internacional que lo alerta.

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Borges, el rompe-sentencias

La escena ocurrió el 30 de marzo de 2017 en el patio interno de la Asamblea Nacional. Allí, el presidente del Poder Legislativo, Julio Borges, convocó a una rueda de prensa para pronunciarse sobre las dos sentencias que el Tribunal Supremo de Justicia había dictado esa semana.

 La primera, la 155, del lunes 27 de marzo, establecía que el presidente Nicolás Maduro podía revisar sin el aval del Hemiciclo – y amparándose en el estado de excepción que, todavía hoy, sigue vigente – leyes sobre delincuencia organizada, financiamiento al terrorismo, corrupción e incluso los código penales civiles y militares en aras de evitar las amenazas contra la “estabilidad democrática”. La segunda, la 156, dictada la noche del miércoles 29 de marzo, aprobaba que la Sala Constitucional legislara en nombre de la AN porque esta estaba en desacato. De paso, allanaba la inmunidad parlamentaria. En apenas 48 horas y con dos documentos, el Poder Legislativo venezolano había sido disuelto.

 “Voy a decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia”, dijo Borges antes de hacer una pausa y romper ante las cámaras de televisión y con los diputados de oposición como testigos, las decisiones del máximo tribunal.

 Su alocución continuó instantes después, mientras los parlamentarios aplaudían su acción. “Esto es simplemente basura. Basura de quiénes han secuestrado la Constitución y quienes han secuestrado los derechos, y quienes han secuestrado la libertad del pueblo venezolano. Esto es lo que significa para nosotros la sentencia”, afirmó en un acto que se convirtió en una muestra de desobediencia civil y que marcó el inicio de 4 meses de protestas de calle en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

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Los primeros grandes disidentes

Las sentencias del TSJ que disolvieron el Poder Legislativo, la represión contra las protestas y la convocatoria presidencial a una Asamblea Nacional Constituyente sin la previa consulta electoral, desencadenaron una serie de condenas y señalamientos contra el Gobierno, provenientes de políticos, ex funcionarios y personalidades que se habían considerado, hasta entonces, cercanos al gobierno de Nicolás Maduro.

 La primera en declarar su desacuerdo fue la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, cuando se pronunció contra las decisiones 155 y 156 del máximo tribunal. Hizo lo mismo luego con la actuación de las fuerzas del Estado contra los manifestantes, y continuó en su posición disidente cuando se hizo el llamado a la Constituyente.

 A finales de mayo, la ex defensora del Pueblo, Gabriela Del Mar Ramírez, reclamó la necesidad de preguntar al electorado si realmente quería una nueva Carta Magna. “Ninguna Asamblea puede catalogarse como Constituyente si primero no bebe de la soberanía popular. Sus bases comiciales deben pasar por la aprobación universal y directa de todo el país. Es impensable elegir constituyentistas si todo el pueblo no aprobó antes cuáles serán los términos y condiciones de esa elección. Y luego, esos señores deberán volver a someter a la aprobación popular el producto de su labor”, escribió en un texto que distribuyó en Facebook y que se republicó en los medios de comunicación venezolanos.

 Pero hasta ahí no llegaron los pronunciamientos. En esa misma línea habló Maripili Hernández, ex ministra de la Juventud; el ex alcalde Metropolitano, Juan Barreto, así como los diputados chavistas como Germán Ferrer (esposo de Ortega Díaz) y Eustoquio Contreras, quien advirtió que la Constitución tenía que cumplirse en lugar de modificarse.

 Al rechazo a la Constituyente también se unieron Luis Alfonso Dávila, ex canciller de Hugo Chávez; el ex magistrado Fernando Vegas Torrealba y el Mayor General Alexis López Ramírez, quien renunció a la Secretaría del Consejo de Defensa de la Nación (Codena) por estar en contra de la anc. Todos estos nombres se pusieron en la misma lista que el del politólogo Nícmer Evans, los ex ministros Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio y Jorge Giordani, quienes se habían declarado disidentes durante 2015 y 2016.

 

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Foto: Federico Parra /AFP

De estudiantes a líderes parlamentarios en una década

Los diputados jóvenes de la Asamblea Nacional fueron los protagonistas de las protestas contra el gobierno de Maduro, que se produjeron desde abril de 2017 y concluyeron con las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio. Todos ya estaban entrenados en la calle: también protagonizaron las manifestaciones en 2007, cuando Hugo Chávez cerró el canal RCTV.

Juan Requesens, Miguel Pizarro, José Manuel Olivares, Carlos Paparoni, Juan Andrés de Armas, Juan Guaidó, Jony Rahal y el actualmente confinado en la sede de la embajada de Chile en Caracas, Freddy Guevara, se convirtieron en una especie de frente de batalla en las manifestaciones que dejaron un saldo de 157 muertos, según datos de Runrunes.

Requesens fue herido en la cabeza por unos supuestos colectivos en la inmediaciones de la Defensoría del Pueblo, Paparoni recibió el impacto de un chorro de agua lanzado por la ballena de la GNB y sufrió contusiones en la cabeza y un hombro, a Olivares le pegaron una bomba lacrimógena en la cabeza y Guevara estuvo en la emergencia de una clínica luego que un perdigón le diera en una pierna.

Un video del primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, impidiendo que efectivos de la GNB se llevasen preso a un manifestante en la autopista Francisco Fajardo, se hizo viral en las redes sociales. 

 

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Foto: Miguel Gutiérrez/ EFE

Venezolanos en protesta

Entre abril y julio de este año, Venezuela fue sacudida por la más larga ola de protestas de su historia republicana. Lo que comenzó con la disolución de la Asamblea Nacional, a través de dos sentencias dictadas por el TSJ, terminó con la implantación ilegal de una asamblea nacional constituyente y con la vida de 158 venezolanos –de acuerdo con cifras recogidas por Runrun.es– que cayeron en medio de largas jornadas de conflicto en las que las fuerzas del Estado y grupos de civiles armados pro oficialistas reprimieron y atacaron a quienes levantaron su voz contra el gobierno.

 El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró, durante esos 4 meses, más de 4 mil manifestaciones en las que participaron personas de diversos sectores socioeconómicos en todos los estados del país. Fueron protestas masivas y sostenidas que hicieron que el mundo mirara con atención lo que sucedía y lo que exigían los miles de ciudadanos que se lanzaron a las calles.

 Estos reclamos, que iban desde lo político, hasta lo económico y lo social, se escenificaron en zonas populares y de clase media, en áreas residenciales y comerciales, en ciudades y en zonas rurales, de día y de noche, y estuvieron conectadas con las convocatorias que durante este período hicieron dirigentes de oposición para pedir la restitución del orden constitucional en el país y un cambio de gobierno.

A pesar del recrudecimiento de la represión, en medio de las protestas se vieron actos heroicos de civiles que se desnudaron ante las armas, enfrentaron tanquetas, tocaron instrumentos musicales y idearon formas creativas para manifestarse que fueron desde los cantos de trabajo hasta las pancartas. Los venezolanos se organizaron no solo para asistir a las convocatorias de calle, sino también para dar de comer a quienes marchaban, pero también para auxiliarlos cuando eran heridos por perdigones y balas, o ahogados por los gases lacrimógenos. Los jóvenes de la Resistencia, armados con escudos de madera y metal, se erigieron como un símbolo de lucha durante más de 120 días de conflictividad.

 

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Magistrados de la AN: cazados y condenados al exilio 

El 21 de julio la Asamblea Nacional designó 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, empoderada tras la Consulta Popular en que más de 6 millones de venezolanos emplazaron al poder opositor a renovar los poderes públicos. “A partir de hoy Venezuela está haciendo historia, se comenzará un camino en la recuperación institucional de la nación”, dijo el diputado Carlos Berrizbeitia como presidente del Comité de Postulaciones Judiciales.

La historia no fue como Berrizbeitia la imaginó. Al día siguiente, el magistrado Ángel Zerpa fue detenido por el Sebin y encarcelado por más de un mes en El Helicoide. Con el ejemplo al aire, Maduro juró prisión para todos los magistrados restantes, y oficializó la cacería. El siguiente en caer detenido fue Jesús Rojas.

Desde la oscuridad, pequeños grupos de magistrados se refugiaron en las embajadas de Chile y Panamá, mientras otros salían del país silenciosamente, en busca del exilio para evitar la cárcel. Eventualmente, todos los magistrados refugiados se fugaron en secreto de Venezuela.

Actualmente hay un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio reunido en la Organización de Estados Americanos para ejercer simbólicamente lo único que no han podido vivir desde su nombramiento, la justicia.

Protestas en Venezuela 2017

Más de 7 millones que dijeron sí, no queremos

 7.676.894 venezolanos se expresaron ese día. Si bien existe discrepancia sobre el éxito en número de la jornada del domingo 16 de julio, todos concuerdan en que fue una jornada única. No fue convocada ni organizada por el gobierno, no contó con la presencia del Plan República y no tuvo las medidas preventivas y de seguridad características de este tipo de eventos electorales (sin captahuellas, tinta indeleble o “Ley Seca”). Ese día los venezolanos, incluso los que está en el exterior, volvieron a las urnas después de casi dos años de las últimas elecciones (las parlamentarias de diciembre de 2015) en medio de masivas protestas.

 A través de tres preguntas se le consultó a los venezolanos sobre la legitimidad de la anc, el apoyo de la Fuerza Armada en la instauración del hilo constitucional y la renovación de todos los poderes públicos para así realizar elecciones. En todas ganó con más del 98% el sí. De esa consulta también surgieron, entre otras cosas, un pacto de gobernabilidad que firmaron todos los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, una nueva alianza opositora y una fracción parlamentaria.  

 

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Elecciones bajo sospecha

Después de casi dos años de las últimas elecciones oficiales, un intento de Referendo Revocatorio, llamados internacionales a que se cumpla el cronograma electoral estipulado en la constitución y la muertes de más de 100 venezolanos protestando, entre otras cosas, por la convocatoria de elecciones, el 30 de agosto de este año se llevó a cabo un comicio organizado por el Estado: la elección de 537 constituyentistas.

 Desde un principio, el 1 de mayo cuando el presidente anunció la convocatoria, esta elección constituyente se encontró con muchos con muchos contras, incluso dentro del chavismo, pero una de las consecuencias más grave ocurrió después de el evento. La empresa encargada de los sistemas y la dotación de máquinas para votar en Venezuela desde 2004, Smartmatic, aseguró que esas elecciones habían sido manipuladas. Explicaron que la diferencia entre sus datos y los dados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) era de un millón de votos.

 Sobre esta denuncia no hubo mayor investigación, Smartmatic dejó de prestar el servicio en el país y en los primero días de agosto el CNE hizo la convocatoria para las Elecciones Regionales, elecciones que se debían desde diciembre de 2016 y para la cual se dijo que no había dinero. Si bien los primero reportes aseguraban que se realizarían en diciembre, una propuesta en la anc las movió para el 15 de octubre. A diferencia de la elección de la Constituyente, la Mesa la Unidad Democrática (MUD) y los partidos que la conforman sí decidieron participar. ¿El resultado? La oposición obtuvo 5 gobernaciones frente a 17 del PSUV y la participación se ubicó en 61,14%.

 A las pocas semanas, y con el beneplácito de la anc, el CNE convocó las Elecciones Municipales, a realizarse el 10 de diciembre. El resultado fue igual de desalentador para la oposición, quien en esta oportunidad decidió que no postularía candidatos. El oficialismo se llevó 306 alcaldías de las 335 que se eligieron y la participación fue de 47,32%. Aún quedan por anunciar la fecha de las elecciones presidenciales que, según la Constitución, deberían realizarse en 2018.

 

Tibisay-Maduro-Sancionados

Foto: Prensa Presidencial 

Funcionarios sancionados

 Desde su llegada al poder en enero en 2017, el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, ha sancionado a 41 funcionarios venezolanos. El primero fue el vicepresidente Tareck El Aissami, a un mes de llegar a la Casa Blanca, quien es señalado de tener “un papel fundamental en el tráfico internacional de narcóticos” y fue agregado a la lista OFAC. A partir de este momento se fue agregando representantes de los distintos poderes públicos, siendo el Poder Legislativo (Asamblea Nacional) el único fuera de esta lista. Las razones van desde corrupción, como es el caso del exministro Carlos Osorio, pasando por su apoyo a la asamblea nacional constituyente, como Adán Chávez, o incluso por restringir la libertad de prensa, como es el caso del exministro Ernesto Villegas. Estos funcionarios tienen los bienes y cuentas bancarias en Estados Unidos congelados y se le prohíbe a americanos y socios hacer negocios con ellos.

 Estados Unidos no fue el único en sancionar a funcionarios. Canadá, en dos grandes lotes, también impuso sanciones similares a 56 funcionarios por “graves violaciones de derechos humanos reconocidos internacionalmente”, corrupción, o incluso ambas. La Unión Europea también aprobó a principio de noviembre la base legal para crear una lista de funcionarios venezolanos a quienes congelaría sus bienes y le prohibiría entrar en territorio comunitario. Sin embargo, aún no se conocen nombres pues primero tienen que se aprobados por todos los países miembros.

 La reacción del gobierno ante estos señalamiento siempre ha sido una nota de protestas calificando a los países que sancionan como “injerencistas” y premiar a los sancionados, en ocasiones con más responsabilidades. Un ejemplo fue cuando el presidente Nicolás Maduro condecoró con una réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar por haber sido “agredidos por el gobierno de Estados Unidos” a Tibisay Lucena, Tarek William Saab, Elías Jaua, Iris Varela, Néstor Reverol, Sergio Rivero, Carlos Pérez Ampueda, Franklin Duque y Simón Zerpa.

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Presos políticos 

2016 terminó con varias liberaciones de presos políticos y dio paso a un 2017 con 107 personas encarceladas por el régimen de Maduro. Sin embargo, la cifra que lleva el Foro Penal Venezolano no demoró en aumentar. Gilber Caro y Raúl Baduel fueron tan solo algunos de los primeros presos que vio el nuevo año.

En abril las protestas multitudinarias concluían en centenares de aprehensiones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, y de violaciones a las leyes, al debido proceso y a los derechos humanos.

Menores de edad, jóvenes estudiantes, alcaldes, dirigentes políticos, adultos y ancianos, tanto hombres como mujeres, pasaron a ser parte de la lista de presos políticos en Venezuela, muchos de ellos denunciando torturas y tratos crueles durante su reclusión.

12.007 venezolanos fueron arrestados por motivos políticos este año, según el Foro Penal,  pero el “efecto de la puerta giratoria”, provocado por las rápidas liberaciones y realización de nuevas detenciones, dejo contabilizado como mayor número de presos a 676 para el 11 de agosto.

Desde entonces, la cantidad de presos ha bajado paulatinamente, aunque las detenciones y la persecución política no se detienen.

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Foto: Raul Arboleda/ AFP

Alcaldes en fuga

Siete alcaldes que estuvieron presos o fueron sentenciados salieron del país. Todos eran opositores y todos, menos el exalcalde metropolitano Antonio Ledezma, fueron acusados de permitir protestas en sus municipios.

Omar Larez. El ex alcalde de Campo Elías en el estado Mérida, huyó luego de que funcionarios de la GNB allanaran su casa el 30 de julio. Desde ese mismo día, uno de sus hijos está privado de libertad como medida de presión, aseguró la ONG Provea. Una sentencia emitida por el TSJ le ordenaba desautorizar protestas en su municipio, sentencia que Larez no acató. Actualmente, se encuentra exiliado en Cúcuta, sin trabajo y viviendo en la casa de un amigo.

Ramón Muchacho. Tras una sentencia de 15 meses de prisión por no impedir que en el municipio chacao protestaran y levantaran barricadas, Ramón Muchacho decidió huir de Venezuela el pasado 1 de agosto. Aunque se encuentra exiliado en Miami, Muchacho aseguró que “desde afuera continuará luchando por la libertad del país”.

Gustavo Marcano. Sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia a 15 meses de prisión por no impedir las manifestaciones de calle en el municipio Lecherías en el estado Anzoátegui, el exalcalde decidió no acatar la sentencia y huyó de Venezuela el pasado 3 de agosto para no ser detenido. Marcano, a su llegada a los Estados Unidos se reunió con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro en Washington, para hablar sobre la persecución de la dictadura venezolana.

David Smolansky. Luego de las protestas que se extendieron durante cuatro meses en todo el país, el ex alcalde del municipio El Hatillo tuvo que abandonar el país el pasado 14 de septiembre luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo condenara a 15 meses de prisión por permitir protestas y cierre de calles. Smolansky se encuentra actualmente en la clandestinidad.

Antonio Ledezma. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fue detenido por efectivos del Sebin el pasado 19 de febrero de 2015 cuando estaba en su oficina. Ledezma, apresado por presunta conspiración en contra del gobierno, decidió huir de Venezuela luego de permanecer más de mil días privado de libertad. El 17 de noviembre la inmigración colombiana confirmó el ingreso de Ledezma al país vecino. Actualmente se encuentra en España.

Delson Guárate. El ex alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, se escapó de Venezuela por la frontera con Colombia. Guárate aseguró a través de unos audios, que se fugó por que el gobierno estaba manejando un plan para enviarlo nuevamente al Sebin. A principios de noviembre, Guárate fue liberado con medidas cautelares junto a Yon Goicoechea. Estaba detenido desde noviembre de 2016 acusado de “financiamiento al terrorismo” y “asociación para delinquir”.

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Foto: Juan Barreto /AFP

Rumores de muerte y casa por cárcel para López

“Información, traslado de Leopoldo Lopez desde Ramo Verde al Hospital Militar, sin signos vitales. Régimen maneja hipótesis de intoxicación”. A las 8:01 pm del 3 de mayo, en plenas protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, el periodista Leopoldo Castillo publicó ese mensaje en su cuenta de Twitter @elcitizen.

Casi a la misma hora, el diputado Diosdado Cabello desmintió los problemas de salud de López en su programa Con el mazo dando, transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión. “Se inventan que a Leopoldo López le hicieron no sé qué cosa, pa’ montar un show lindo y bello”, dijo Cabello. Al poco tiempo, publicaron un video de López, musculoso y de brazos cruzados, como fe de vida.

El 8 de julio, luego de haber permanecido más de tres años detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, a López le fue otorgada la medida cautelar de “casa por cárcel”. El Poder Judicial informó a través de su cuenta en Twitter que la decisión obedecía a problemas de salud.

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FOTO Meredith Kohut, The New York Times

La comida no alcanzó para los niños

La fotografía abrió la portada de The New York Times en la edición del 17 de diciembre: el féretro de un niño, muerto por desnutrición, rodeado de otros tres. Es la historia de Kenyerber Aquino Merchán, de 17 meses, una de las varias de niños que lloran y mueren de hambre que las periodistas Meredith Kohut e Isayén Herrera reportearon para el diario estadounidense

Lo que empezó, hace más de tres años, con escasez de alimentos regulados y obligó a los venezolanos a comprar comida a través de un sistema de racionamiento definido por el terminal de número de cédula -implementado por el gobierno de Maduro- desembocó, debido al desplome de las importaciones, en una crisis humanitaria compleja. Los niños han sido los más vulnerados.

El monitoreo centinela del mes de noviembre de Cáritas, organización de la iglesia Católica, mostró que 15,7% de niños menores de 5 años presentaba desnutrición aguda. En octubre la cifra era la mitad: 8%.

VENEZUELA-CRISIS POLITICA

Foto: Fernando Llano/AP

Ataques al Parlamento

94 diputados, 108 miembros de los medios de comunicación social, 120 trabajadores de la Asamblea Nacional, además de invitados especiales, diplomáticos y músicos quedaron atrapados en el interior del parlamento por casi ocho horas, luego que grupos afectos al chavismo irrumpieran en el marco de la celebración del “Día de la Independencia”, el pasado 5 de julio.

Ante la pasiva mirada del coronel de la GNB, Bladimir Lugo, encargado de la seguridad en el hemiciclo, miembros de colectivos armados con objetos contundentes hirieron a los diputados Armando Armas, Americo De Grazia, Nora Bracho y José Regnault.

Además causaron destrozos en las instalaciones y amenazaron a periodistas. Previamente habían asaltado la sede del congreso el 27 de junio, durante la conmemoración del Día del Periodista. Los asistentes a la sesión debieron abandonar el lugar en horas de la noche, escoltados por funcionarios.  Aunque el presidente Nicolás Maduro ordenó al Ministerio Público investigar los hechos violentos, no hubo detenido alguno.

El jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática en la AN, Stalin González, denunció que la propia GNB abrió las puertas a los grupos simpatizantes del oficialismo.

 

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Óscar Pérez, el inspector más escurridizo

Las fotos comenzaron a rodar por las redes sociales: un helicóptero del CICPC volaba Caracas con un letrero llamando al artículo 350 de la Constitución que invoca la desobediencia civil. Fue el martes 27 de junio, mientras sumaban dos meses de protestas contra el gobierno de Maduro. El helicóptero, de acuerdo con la versión del Gobierno, lanzó una granada al Tribunal Supremo de Justicia y se trató de una plan de “ataque imperial”. El piloto y protagonista de la cinematográfica escena fue el inspector del CICPC Óscar Pérez, también actor y ahora prófugo de la justicia, por el que la propia institución que integró está ofreciendo recompensa. Él, como una sombra de ojos azules, aparece, responde, desaparece, mientras practica su solitaria versión del artículo 350.

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Paramacay, la intentona con mal timing

El 6 de agosto, domingo que siguió a la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, estaba programado el foro “Encuentro en Defensa de la Constitución” organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, en el que participaron los principales líderes de la Mesa de Unidad Democrática y miembros del llamado “chavismo disidente”. Era la primera vez que, públicamente, se agrupaban dentro de un mismo encuadre Julio Borges, Henrique Capriles o Freddy Guevara con chavistas desmarcados del gobierno de Nicolás Maduro como Luisa Ortega Díaz, Gabriela Ramírez y Miguel Rodríguez Torres. Pero esta no fue la noticia del día en un país que, después de 3 meses de protestas, necesitaba concierto de voluntades. La noticia, en cambio, fue una rebelión, de corto aliento y de madrugada, liderada por el excapitán de la Guardia Nacional Juan Caguaripano en el fuerte Paramacay, en Valencia, sede de la 41 Brigada Blindada.

Los alzados, que lograron huir con parte del parque de armas de Paramacay, fueron capturados el 11 de agosto por Polisucre, en un vehículo que transitaba por la urbanización La California, de Caracas. Un encuentro como el de la UCAB no volvió a darse.

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Foto: EFE

Los billetes se multiplicaron por 0 y se anularon

Este año, además de los alimentos y las medicinas, escaseó el efectivo. Como si fuera poca cosa la lucha diaria para conseguir los productos e insumos básicos para la subsistencia, al venezolano se le sumó otro padecimiento: los billetes del cono monetario aparecieron en enero (aunque habían sido prometidos para finales de 2016), se dejaron ver por unos meses y luego comenzaron a escasear. Comenzó, así, el viacrucis por cajeros y agencias bancarias para conseguir dinero circulante. Las colas para retirarlo son tan largas que ahuyentan hasta al más paciente y necesitado.  

 Los ciudadanos batallaban para hacer compras menudas. Comprar un ticket de metro, una canilla o un periódico, pagar un pasaje, el estacionamiento y la gasolina y ofrecer una propina se convirtió en una carrera de obstáculos diaria. Este escenario propició la aparición de una nueva y perniciosa modalidad de intercambio: el avance de efectivo. A finales de año vino a completar el nuevo cono monetario el billete de 100.000 bolívares y su llegada representó un nuevo dolor de cabeza para los venezolanos: ¿cómo comprar con esa nueva pieza si nadie tiene para dar vuelto? Por cierto, aún hay quienes pagan con billetes del viejo cono monetario porque son los que les dan los cajeros (los automáticos y los de carne y hueso). A todas estas, el moribundo billete de 100 bolívares sigue vivito y coleando. Ya lleva 10 reencarnaciones.

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Foto: AFP

El bolívar se desplomó

Si hay una situación constante en Venezuela, además de la crisis, es la devaluación del bolívar. En los cuatro años que lleva Nicolás Maduro en la presidencia, la moneda ha perdido más del 99% de su valor en el mercado paralelo de divisas y es una de las más devaluadas de Latinoamérica, según informe publicado en diciembre de 2016 por el diario español El País.

 A principios de 2017, el panorama económico que esbozaban algunos economistas como Jesús Casique era desolador. “La devaluación es inaplazable”, había dicho en febrero, pronosticando que el gobierno devaluará en 400% la moneda venezolana. Efectivamente, a finales de mayo, tras publicar las bandas entre las que fluctuaría la tasa de cambio del nuevo sistema de asignación de divisas Dicom (subasta de dólares), el BCV devaluó el bolívar 60%. A partir de entonces, se ha venido depreciando frente al dólar (y otras monedas extranjeras) y el costo de productos, insumos y servicios en el país se ha incrementado exponencialmente. Hoy los venezolanos tienen el país con la inflación más alta del mundo, según el FMI.

 Así, cuando el 30 de noviembre el dólar paralelo pegó un nuevo salto y llegó muy cerca de la barrera de los 100.000 bolívares (97.192,71), los venezolanos llevaban meses soportando los embates de una inflación sin frenos. Para ese momento ya era un hecho lo que a principios de 2017 todavía parecía lejano: un solo verde costaría más que la mitad de un sueldo mínimo.