Monitor de Víctimas, autor en Runrun

Monitor de Víctimas

#MonitorDeVíctimas | Verónica Zubillaga: “Con la actuación de las FAES hay una maquinaria de la atrocidad”
Detrás de la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana se percibe “una maquinaria de la atrocidad”.

 

@MonitorVictimas

La socióloga Verónica Zubillaga afirma que detrás de la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana, se percibe “una maquinaria de la atrocidad”.

El asesinato de dos comunicadores comunitarios en el estado Zulia “no puede verse de forma aislada, señala la investigadora. Identifica un patrón de actuación sistemática en el que los jefes y responsables estimulan y aúpan, incluso, exigen las muertes, en los operativos policiales mientras los subordinados obedecen órdenes.

En entrevista para TalCual, Zubillaga, también profesora de la Universidad Simón Bolívar (USB) e integrante de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), puntualiza que en Venezuela hay un avance del Estado penal y del Estado punitivo, en medio de una situación muy inestable.

Usted ha señalado que, desde el año 2010, y sobre todo desde 2015, se registra un proceso de militarización de la seguridad ciudadana en el que los militares tienen un rol fundamental. ¿Qué consecuencias ha tenido esta política?

– Hay una tradicional impronta militarizada en nuestras fuerzas policiales. Desde la década de los 80 del siglo pasado, los trabajos de Tosca Hernández denunciaban el patrón de actuación militarizado de la policía. Concretamente, con la serie de redadas que se practicaban en los barrios y el abuso de la fuerza. ¿Qué ha sucedido en estas dos décadas? Durante la revolución bolivariana, el problema de la policía ha sido complejo porque estuvo tomado por la politización y la polarización. Hubo un serio esfuerzo en el proceso de reforma de la policía, en tratar de transformar una policía con esta impronta militarizada, en una policía de orientación civil. Se intentó estandarizar los reglamentos policiales y, notablemente, hubo un esfuerzo muy importante en la regulación del uso progresivo de la fuerza.

Terror con mano izquierda

Pero, paralelamente a los esfuerzos de la reforma policial, también se registró una avanzada importante de la militarización. Digamos que, para usar una metáfora que nos encanta a los científicos sociales, por un lado, con la mano izquierda, se desarrolló la reforma policial; y con la mano derecha, al mismo tiempo, se comienzan a desplegar operativos militarizados como el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise), en el año 2010. A este siguió otro operativo terrible, como fue Madrugonazo al Hampa, luego el Plan Patria Segura. Durante todos estos años las tasas de homicidios no hicieron sino aumentar.

– ¿Ocurrió igual con las Operación para la Liberación del Pueblo (OLP)?

– En el marco de esta serie de operativos militarizados, en lugar de producirse un descenso en las tasas de crímenes, y notablemente en las tasas de homicidios, se produjo un aumento. Además, se generó una reorganización del mundo criminal.

Los criminales no se sintieron disuadidos, sino que, por el contrario, se armaron más; decidieron responder a la declaración de guerra.

Solo en su primera actuación en la Cota 905, la OLP tuvo como resultado al menos 14 muertos, porque los vecinos cuentan que son más. Este evento inauguró dos años de operativos sistemáticos bajo la OLP. La exfiscal Luisa Ortega declaró que el número de homicidios superaba las 21.000 muertes violentas para el año 2016, y denunció que al menos 4667 muertes fueron ocasionadas por las diferentes fuerzas policiales. Imagínese la letalidad de estos operativos.

Maquinaria de muerte

– El fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, dijo que los comunicadores comunitarios Andrés Eloy Zacarías Nieves y Víctor Manuel Torres, en el estado Zulia, “podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales”. Han sido detenidos varios funcionarios de las FAES. El hecho se suma a los atropellos y excesos con los que se asocia a esta fuerza de seguridad. ¿Evidencia esto un patrón sin control por parte del Estado?

– Por supuesto. Sí. Justamente con los asesinatos de los muchachos de Guacamaya TV, las autoridades están respondiendo como si fuesen casos aislados. Y tenemos al fiscal declarando que ya se tienen señalados a los responsables. Pero, cuando uno mira en conjunto la actuación de la OLP y de las FAES, se puede percibir una ‘maquinaria de la atrocidad’, como nos apunta la antropóloga brasilera Martha Huggins. Es decir, no son casos aislados, sino un patrón de actuación sistemática en el que los jefes y responsables estimulan y aúpan, incluso, exigen las muertes en los operativos policiales y los subordinados también obedecen órdenes. Esta maquinaria genera dinámicas en donde las actuaciones individuales de las policías comienzan a salirse de control.

La pauta letal del Estado

Pareciera existir un patrón bajo la mirada del Estado

– Sí y tanto es así que hay un patrón. Uno va a las comunidades y registra sistemáticamente esta pauta de actuación. Es decir, durante las OLP, por ejemplo, entraban masivamente los funcionarios con pasamontañas, tomaban por asalto las viviendas, sacaban a los hombres y dejaban a las mujeres en las viviendas. A las mujeres por supuesto las insultaban de “alcahuetas”, “chismosas” por defender a sus familiares varones. Además, robaban en las viviendas alimentos, enseres, teléfonos celulares, tabletas. Y tenemos, así como también lo tienen otras organizaciones, el registro de muchachos que fueron asesinados impunemente.

Ya en el año 2017, la fiscal Ortega Díaz denunciaba que el 21 % de las muertes violentas estaban perpetradas por la Policía: ¡Esa proporción es enorme!

El hecho de que en un país la Policía sea responsable de la cuarta parte de las muertes violentas, varios años seguidos, significa que constituye un actor letal de importancia.

En el año 2018, de acuerdo con los trabajos de Keymer Ávila, 26 % de las muertes violentas fueron perpetradas por las fuerzas policiales. Es decir, no solo no disminuyen, sino que hay un aumento. También se verifica en el registro de las muertes violentas que ocurren en Caracas, realizado por Monitor de Víctimas. Hay parroquias como El Paraíso, Santa Rosalía, Altagracia, San Agustín, donde más de la mitad de las muertes violentas son perpetradas por funcionarios policiales.

El paraguas de la impunidad

En el caso de los comunicadores comunitarios asesinados, el fiscal dijo que nunca van a estar de acuerdo con que funcionarios usen uniformes, insignias, armas y vehículos otorgados por el Estado para robar y matar.

– En nuestra experiencia cuando hacemos trabajo de terreno, lo más duro es que, de inmediato, no tienes ni siquiera que investigar largo tiempo; tienes los relatos de las madres cuyos hijos fueron asesinados, y que estos asesinatos están en completa impunidad.

Se trata, como decía antes, de una maquinaria de la atrocidad, donde además en las instancias oficiales como la Fiscalía no las atienden debidamente; y se experimenta una nueva victimización institucional, entre los familiares sobrevivientes que están buscando justicia.

¿En el caso de las FAES, qué es lo que ustedes han observado? ¿Hay un patrón de actuación?

– Ocurre que luego de tantas denuncias por la OLP, la actuación de las FAES, es una “actuación”, y lo coloco entre comillas, más profesionalizada. Quiere decir que ya no son invasiones masivas en territorios, sino que son acciones mucho más dirigidas, específicas, pero con la misma orden de eliminar.

“La orden es matar”

El comisario de las FAES, Miguel Domínguez, tras el reciente enfrentamiento que hubo en la Cota 905, dijo que “las zonas de paz promovidas por el gobierno, es una figura que no existe dentro de la revolución”. ¿Esta afirmación pudiera corroborar los patrones con los que ellos actúan?

– Esta declaración es indicador, al mismo tiempo, de la profunda fragmentación en el Estado venezolano. Porque, en efecto, la Cota 905 fue declarada como zona de paz; notablemente salió en la prensa, se conocieron los acuerdos a los que llegaron las autoridades y los líderes de las bandas; se acordó una tregua. ¿Qué es lo que pasa? Otra de las grandes causas del descontrol, de la impunidad y de esta violencia letal es esta fragmentación y luchas internas desatadas en el seno del Estado. Por ejemplo, un indicador: hace meses hubo enfrentamientos en la Autopista Prados del Este entre funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de las FAES. Esto sencillamente es un indicador trágico de esas luchas intestinas que hay en el seno del Estado.

¿En ese contexto las FAES se pueden considerar como la fuerza más letal?

– Sin duda. Actúan con impunidad. Incluso en discursos públicos de autoridades y en conversaciones con algunos agentes policiales se evidencia que la orden es matar. Ese tipo de lineamientos se ve también reflejada en las experiencias de los vecinos en estas comunidades, cuando te dicen: “es que antes se los llevaban presos, ahora los asesinan y arman el show del enfrentamiento”, hablando de sus hijos.

¿Entonces, también se habla de ajusticiamiento?

– Sí. En ese sentido, trágicamente, comenzamos a ver en nuestro país organizaciones de madres, cuyos hijos fueron asesinados por agentes policiales. Allí tienes a las mujeres de la  Organización de Familiares de Víctimas de Derechos Humanos, que reúne madres cuyos hijos fueron asesinados por las fuerzas policiales.

La dimensión del problema es tan serio, que comenzamos a tener asociaciones, grupos de víctimas que se aglutinan por estas tragedias, por estas atrocidades sistemáticas.

La guerra la pierden los pobres

El Estado ha ignorado las recomendaciones de la alta comisionada por los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la eliminación de las FAES.

– Eso es lo que sucede cuando hay una militarización extensiva; la situación de criminalidad se plantea como de guerra y de enemigos. Bajo esta lógica se justifica todo este tipo de atropellos. Bajo esta lógica se utilizan palabras, digamos, hiperbólicas, como que las FAES están destinadas a luchar contra los grupos paramilitares, terroristas. En realidad, lo que tenemos es una población hambrienta; tenemos una población masculina joven que, al hallarse la economía devastada, se inserta en redes de economías ilícitas que son las que, digamos, pueden garantizar cierta inserción para la sobrevivencia económica.

Entonces, es como este dicho que tenemos los científicos sociales: “se culpa a la víctima”. Quiero decir, los jóvenes en los sectores populares vulnerables, en lugar de tener apoyos en términos de oportunidades económicas, inclusión social, se hallan sumamente desamparados. Por supuesto buscan canalizar sus necesidades a través de las únicas redes que los pueden absorber, que son las redes de las economías ilícitas y luego, en consecuencia, son los culpables y las víctimas de todas estas políticas de mano dura que generan ese abuso de la fuerza y descontrol policial; el sufrimiento de la población. Y ahora tenemos un nuevo drama social, los miles de víctimas y familiares sobrevivientes de la violencia policial.

El pavor como control social

¿El hecho de que no se acatan esas recomendaciones de disolución de estos organismos, tiene que ver con un patrón del que quizás el Estado no se puede deslastrar?

– Digamos que, a partir del año 2014, cuando se verifica el colapso de los precios petroleros y hay mucho menos dinero que repartir, y además Nicolás Maduro ya no tiene el carisma que tenía el presidente Hugo Chávez para aglutinar y pacificar, viene el avance de este tipo de políticas de control de la población ante la conflictividad esperable por la situación económica y social. Es el avance del Estado penal, el Estado punitivo, frente a una situación muy inestable. Porque se tiene hambre, se tiene escasez, se tiene inflación.Es decir, una situación potencialmente muy explosiva se responde con la bota militar.

¿Las FAES se están empleando no solamente para estos operativos de seguridad en algunas zonas, sino también para perseguir a la disidencia?

– Hay algunos eventos e indicadores de que, en efecto, las FAES se están utilizando como forma de control frente al descontento social y político. Una evidencia fue en enero del año 2019. Cuando comenzaron las protestas en los sectores populares, fueron las FAES quienes respondieron. Entre enero y febrero del año 2019 se tuvo que al menos 40 personas fueron asesinadas en los sectores populares por las FAES y diferentes grupos armados. Fue en los barrios populares donde comenzaron las protestas. Allí hay una clara actuación de las FAES como grupo de control.

Organización civil contra la opacidad estatal

Además de vulnerabilidad e impunidad, también hay opacidad sobre la actuación de las FAES.

– Sin duda. Desde el año 2009, al menos, se suspendió el otorgamiento de información pública. De paso, el acceso a la información es un derecho que está consagrado en la Constitución de 1999. Se tiene todos los años la declaración del Ministro de Interior y Justicia otorgando cifras generales, pero no hay publicación de cifras detalladas.

Si uno como investigador quisiera acceder a información para establecer relaciones, tendencias, establecer dinámicas locales de violencia letal, e incluso tener una relación de interlocución con las autoridades, no es posible porque no hay acceso a la información. No se tienen menos aun cifras oficiales sobre la actuación de las FAES. Pero hay registros de victimización alternativos. Por ejemplo, Monitor de Victimas, que tiene un trabajo sistemático de recolección de información en la morgue. La sociedad organizada lleva registros paralelos.

Disciplina militar

¿Hay algunas medidas que pudieran asumirse sobre las cuales el Estado no ha hecho absolutamente nada de forma concreta?

– Por supuesto que sí. La violencia no es un destino fatal; se puede incidir con grandes acuerdos sociales e institucionales y con políticas públicas destinadas a preservar la vida de los habitantes. Sin ir tan lejos, todo el trabajo que se llevó a cabo en el marco de la Comisión Nacional para la Reforma Policial; en la Comisión Presidencial para el Control de Armas y Desarme y en la Misión a Toda Vida. En todas estas iniciativas se hizo una inversión importantísima en producir los debates necesarios; en elaborar conocimiento e investigaciones; en traer a consultores internacionales. Es decir, que el conocimiento de receta se tiene.

La Comisión Nacional para la Reforma Policial, por ejemplo, elaboró los reglamentos para el uso progresivo de la fuerza. Se forjó un conocimiento muy especializado en torno a la policía deseable. De hecho, cuando se comenzó a organizar y se instauró la Policía Nacional, la verdad, al inicio podría decir que nos sentíamos en confianza. Tristemente duró muy poco, porque muy rápidamente los salarios de los agentes policiales comenzaron a degradarse; se desplegaron los operativos militarizados, como apunté antes, e incluso ya para el año 2015, Nicolás Maduro afirmó que la Policía Nacional tenía que desarrollar disciplina militar.

#MonitorDeVictimas | FAES mata a exrecluso horas antes de viajar a Colombia
En una semana cuerpos de seguridad de Lara asesinaron a once hombres, en diferentes sectores del estado

@MonitordeVictimas

Walter Javier Carrasco y su madre tenían todo preparado para irse a Colombia, pero el 13 de agosto, horas antes del viaje, el joven de 30 años de edad fue asesinado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en el barrio 24 de Julio, ubicado en la zona oeste del municipio Iribarren del estado Lara.

A las 7:00 pm, al barrio Bolívar donde residía Walter con sus familiares, llegaron miembros de las FAES a bordo de un carro Chery Orinoco gris, tumbaron la puerta de la entrada principal y se metieron a la vivienda.

Los testigos del hecho contaron que Walter, al notar que eran policías, salió corriendo hasta el patio de la casa y saltó paredes para tratar de huir. “Las FAES no meten preso, las FAES matan”, dijo un familiar del joven.

“Me decían maldita y otras palabras obscenas. Uno de ellos me dijo que venían en busca de un delincuente apodado El Ratón y que lo matarían por ser un asesino”, relató un pariente de la víctima.

Los funcionarios se fueron detrás de Walter y se metieron arbitrariamente a varias viviendas de la zona. Algunos vecinos relataron que, cuando escucharon los gritos, salieron a ver qué estaba pasando, pero fueron amenazados por el grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

“A él lo atraparon y lo montaron en la maletera del carro en el que se trasladaban y casi de inmediato se escuchó una detonación, como un disparo y se fueron. Todos pensamos que fue así como lo mataron”, relató uno de los testigos del hecho.

Según la versión de las FAES, Walter se enfrentó a la comisión en el barrio 24 de Julio, comunidad aledaña al barrio Bolívar.

Los familiares de Walter no supieron más nada de él esa noche. Pensaron que se había librado de los funcionarios, pero no, el viernes a las 9:00 am, la madre recibió una llamada donde le dijeron que estaba muerto.

La progenitora contó que ellos tenían planeado irse el viernes en la madrugada para Colombia. “Estaba dispuesta a caminar con tal de sacar a mi hijo del país”, reveló.

Walter fue condenado a nueve años de prisión por el delito de robo de vehículos, de los cuales pagó seis en un calabozo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que se encuentra en la avenida Libertador de Barquisimeto.

En junio fue trasladado hasta la Comunidad Penitenciaria Fénix-Lara, pero una semana después la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, le otorgó la libertad mediante el régimen de confianza tutelado.

La mamá de Walter sentía temor de que le pasara algo al muchacho. “Él se quería regenerar”, pero algunos residentes lo señalaban por ser un expresidiario, manifestó.

Los planes de viajar a Colombia comenzaron cuando ella escuchó que en el barrio Bolívar estaban buscando a un hombre que había matado a un joven para robarle el celular. Un allegado a la víctima comentó que se había mencionado el nombre de Walter.

“Las FAES no fue creado para investigar homicidios. ¿Cómo es que sabían que, supuestamente, Walter era el responsable?, es el CICPC el que investiga. Ellos buscaban a un tal Ratón, pero mi hijo no se apodaba así”, dijo la madre de la víctima.

En una semana mataron a once

Funcionarios de las FAES y CICPC mataron a once hombres en los municipios Iribarren y Morán de la región larense, entre el 10 y 15 de agosto.

El mismo día que asesinaron a Walter, murió Carlos Alberto Suárez Parra, de 36 años de edad, quien se encontraba en su casa situada en el caserío Pueblo Nuevo de El Tocuyo, municipio Morán del estado Lara, cuando funcionarios de la Base de Inteligencia Territorial (BTI) de las FAES llegaron tumbando puertas y amenazando a las personas que allí estaban.

Esa madrugada, alrededor de siete funcionarios, le ordenaron a Carlos que se vistiera y luego lo sacaron de la casa con rumbo desconocido.

Dos horas después, un conocido los llamó para avisarles que el cuerpo de Carlos estaba en el hospital de El Tocuyo y que había recibido un disparo en el pecho. Los funcionarios alegaron en el centro asistencial que se trató de un enfrentamiento.

Carlos estuvo preso en el Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana por cinco años y en el año 2019 salió con libertad plena. Allegados a la familia contaron que, luego de salir de la cárcel, comenzó a sembrar papas para ganar dinero y mantener a sus cuatro hijos.

Carlos se convirtió en el segundo exrecluso que muere en manos de las FAES, durante la semana.

Los otros diez muertos fueron: Silvestre Rafael Rodríguez Piña, de 30 años de edad, y Romel Antonio Valera Campis, de 25 años de edad, quienes fueron ejecutados por integrantes de la BTI; Jhon Douglas Daza Rodríguez, de 22 años de edad, quien murió en supuesto enfrentamiento con miembros del Eje de Vehículos del CICPC; mientras que las FAES mataron a Robinson Alexander Escudero, de 26 años de edad; Daiver Antonio Pérez Pineda, de 23 años de edad; Jhon Javier Hernández; Eudee Jesús Hernández; Roberto Antonio Galíndez; y Jesús Eduardo Vargas Mosquera, de 36 años de edad.

#MonitorDeVíctimas | Asesinaron a dos comerciantes de Catia que estaban secuestrados
Sus familiares pagaron el rescate, pero no los liberaron. Los encontraron el domingo 26 con disparos en la cabeza

En una zona boscosa ubicada entre el sector Las Acacias y San Agustín, municipio Libertador, fueron hallados este domingo 26 en horas de la tarde, los cuerpos de Anthony Godoy y Pedro Méndez, quienes vendían y compraban oro en Catia y estaban secuestrados desde el 23 de julio. Aunque la  esposa de uno de ellos pagó el rescate, los comerciantes fueron asesinados de un disparo en la cabeza cada uno.

Según familiares de las víctimas, los socios salieron el jueves 23 de julio, después de las 5:00 pm, para reunirse con un hombre que les vendería unas prendas de oro, que luego comercializarían en el local que ambos tenían en Catia, parroquia Sucre.

En la noche, recibieron un mensaje telefónico en el que se adjuntaba una foto de Godoy y Méndez sentados en una zona boscosa: Méndez tenía sangre en la sien derecha y Godoy estaba a su lado aparentemente bien. Les exigían una cantidad no precisada en dólares para liberarlos.

Una vez que acordaron el sitio donde se pagaría el rescate, la esposa de una de las víctimas llevó el dinero hasta el sitio que le indicaron los secuestradores, estos lo recogieron y se fueron. Los familiares se quedaron en el lugar un rato largo a la espera de que los comerciantes llegaran, pero esto no ocurrió y perdieron todo contacto con los delincuentes.

Desesperados colocaron las fotos de ambos en las redes sociales así como números telefónicos a los que comunicarse si alguien daba con su paradero. Pero fue el domingo 27 de julio en horas de la tarde, cuando transeúntes avistaron dos cuerpos en la zona antes mencionada y avisaron a los Bomberos del Distrito Capital, quienes pocas horas después recuperaron los cadáveres en avanzado estado de descomposición.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llevó los cuerpos a la medicatura forense de Bello Monte para la autopsia de rigor.

Funcionarios del CICPC, pertenecientes al Eje de Homicidios, se encuentran investigando el hecho para dar con los responsables.

#MonitorDeVíctimas | Lo hallaron muerto cuando creían que estaba preso
El cadáver de José Rafael Jiménez, víctima de un presunto enfrentamiento, fue encontrado en la morgue del hospital de Barquisimeto doce horas después de estar buscándolo

@monitordevictimas

A José Rafael Jiménez, de 39 años de edad, su esposa lo encontró en la morgue del hospital central Antonio María Pineda, de Barquisimeto, estado Lara. Tenía un disparo en el pecho y otro en la pierna, y en uno de los pies una etiqueta que decía “muerto por enfrentamiento”.

Murió el 14 de julio, a las 11:00 am, en el barrio El Bolívar, ubicado al oeste de la capital larense, al presuntamente enfrentarse con funcionarios de la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a quienes les habría disparado cuando huía junto a otro hombre a bordo de una moto. Un uniformado resultó herido, según el reporte policial en el que no se dieron más detalles.

Tras lo ocurrido, los funcionarios trasladaron al oficial lesionado al hospital del IVSS Pastor Oropeza, pero a José Rafael lo dejaron tirado en la calle hasta que se “desangró”. Según contaron los vecinos, fue media hora después de lo ocurrido cuando los policías montaron en una patrulla y lo llevaron hasta el mismo hospital, donde ingresó muerto.

Creían que estaba preso

Eran las 8:00 am, cuando Jiménez salió de su casa, ubicada en el barrio La Municipal, al oeste de Barquisimeto, con destino a una fábrica de tostones, donde trabajaba. Se despidió de su esposa y le dijo que la llamaría para almorzar juntos.

Al mediodía, la mujer no recibió la llamada y pensó que su cónyuge se había quedado sin batería, pero a medida que pasaban las horas comenzó a preocuparse. Cuando se hicieron las 4:00 pm lo llamó varias veces, pero el celular estaba apagado.

“Un vecino me dijo que fuera para el hospital del IVSS, Pastor Oropeza, porque quizás le había pasado algo, pero yo solo pensé que estaba detenido porque no cargaba tapabocas”, comentó la esposa de José Rafael.

 

No obstante, fue al centro asistencial y, al dar las características de José Rafael y cómo andaba vestido, uno de los empleados les indicó que con esos rasgos solo había sido ingresado un hombre que había muerto por enfrentamiento, pero que el cuerpo ya había sido llevado hasta la morgue del hospital. Ellos descartaron que fuera él, porque no era un delincuente. 

En vista de la ausencia, doce horas después fueron a la morgue y ahí estaba su cuerpo. “Me lo mataron y me lo pusieron como un delincuente, cuando no fue así, él no tenía armas”, comentó un familiar.

Con dudas

Los parientes de Jiménez tienen muchas dudas sobre lo ocurrido, se niegan a creer que él se haya “enfrentado” a los funcionarios porque aseguran que no era delincuente. Además uno de los parientes habló con un vecino del barrio El Bolívar quien le dijo que a él lo bajaron de una camioneta y desde allí le habrían disparado.

“Aunque no tenemos la certeza de esta información, sabemos que esto pudo ocurrir. José no era ningún choro”, dijo uno de los familiares.

José Rafael deja huérfanos a dos jóvenes de 18, 17 años de edad y a un niño de 4.

#MonitorDeVíctimas | Cicpc mata en Lara a seis hombres en 72 horas
El cuerpo policial los vinculó con la banda de Santanita. Familiares aseguraron que los sacaron de sus casas y los asesinaron

Entre el 18 y el 20 de junio, funcionarios de la División Antiextorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) del estado Lara, asesinaron a seis hombres en diferentes hechos. A todos los señalaron de ser presuntos miembros de la banda del Santanita, un delincuente buscado en todo el país por los delitos de secuestro, extorsión y homicidio.

Según información de las autoridades del CICPC, los seis hombres murieron al enfrentarse a las comisiones mixtas, pero esta versión fue desmentida por los familiares de tres de los seis fallecidos quienes afirmaron que los funcionarios llegaron a las viviendas sin ninguna orden de allanamiento y tumbando las puertas.

No conocía a Santanita

Eran las 6:30 am del jueves 18 de junio, cuando funcionarios de la policía científica llegaron a buscar a Nerys José Peraza Tona en su vivienda ubicada en el sector Los Rastrojos, municipio Palavecino del estado Lara. Con los rostros tapados y sin ninguna orden de allanamiento ingresaron a la casa y preguntaron por el joven de 21 años de edad.

Relató un familiar que, en ningún momento, los uniformados mostraron un documento que les autorizara a ingresar a la vivienda. Al padre del joven lo sacaron de la casa, se lo llevaron en una patrulla y lo dejaron a pocos metros del lugar, pero al regresar a la casa no pudo ingresar porque estaba custodiada por los funcionarios. No sabía qué pasaba ni por qué buscaban a su hijo, quien solo había tenido un registro policial por riña. De lo que sí estaba seguro era de que “cuando a él lo sacaron, Nerys estaba vivo”.

A las 9:00 am, dos horas y media después, los familiares se enteraron que el cadáver del joven estaba en el ambulatorio Don Felipe Ponte, del municipio Palavecino.

Autoridades del CICPC aseguraron que Nerys era un extorsionador y que estaba involucrado en un ataque con artefactos explosivos que tuvo lugar en una vivienda en Los Rastrojos.

Los funcionarios dijeron que la orden del procedimiento venía desde Caracas porque Nerys era miembro de la banda de Santanita.

“Eso no es así. Nerys no lo conocía (a Santanita) ni a nadie de La Carucieña”, una comunidad ubicada al oeste de Barquisimeto, municipio Iribarren, donde suele delinquir Josué Ángel Santana, comentó otro familiar.

De la justicia divina nadie se salva

Una hora antes de que mataran a Nerys, en el kilómetro 11 de Pavia, al oeste de Barquisimeto, municipio Iribarren, funcionarios del CICPC repitieron el mismo patrón. Entraron a la fuerza y sin ninguna orden judicial a la vivienda de la familia Suárez Mujica, preguntaron por José Luis, de 29 años de edad, y le ordenaron a los otros cuatro integrantes de la familia que salieran de la casa.

Los familiares fueron escoltados por funcionarios y, cuando se iban alejando, escucharon las detonaciones. Supieron que a José Luis lo habían matado.

“Siempre dicen lo mismo, que fue un enfrentamiento, pero no fue así. De la justicia divina nadie se salva”, sentenció un familiar de Suárez.

 

José Luis era bachiller y actualmente vendía chinchorros para mantener a sus padres y a un hijo de 9 años de edad.

Cuatro huérfanos

Pocos minutos después, al oeste de la capital larense, en el sector El Mamón de Pavia, murió Asdrúbal José Yajure Mendoza, de 26 años de edad. Los uniformados llegaron a la vivienda y, como las puertas tenían candados, las tumbaron y al entrar apuntaron a los seis miembros de la familia, entre ellos una adolescente de 13 años de edad.

Igual que en otros procedimientos, los obligaron a salir de la vivienda, mientras que a Asdrúbal lo tenía otro funcionario. A una mujer que se resistía a abandonar la casa, la halaron por el cabello y la sacaron.

A todos los montaron en un carro particular y se los llevaron hasta la sede de la División Antiextorsión y Secuestro, ubicada al este de Barquisimeto. Aseguraron que Asdrúbal estaba vivo cuando ellos tuvieron que abandonar la casa, por lo que desmienten la versión de que se haya enfrentado a la comisión.

Doce horas después a los familiares los dejaron libres.

La víctima trabajaba en una fábrica de galletas. Deja huérfanos a cuatro niños.

El día culminó con una cuarta víctima, Hildemar José Negrete Gutiérrez, de 32 años de edad, quien se habría resistido a ser detenido. Los funcionarios lo mataron dentro de su casa en el sector Nueva Esperanza de la parroquia Tamaca, al norte del municipio Iribarren. Los familiares no quisieron hablar por temor a represalias.

48 horas después

Transcurrieron dos días para que los funcionarios del CICPC volvieran a actuar. El viernes 19, Carlos Luis Crespo Navas, de 24 años de edad, fue la víctima. El crimen ocurrió en el sector La Morenera del municipio Palavecino. Según las autoridades policiales Crespo Navas murió al enfrentarse a una comisión.

El sábado 20, a las 3:00 am, murió Ricardo Angulo, conocido como el Gordo Ricardo, en un presunto enfrentamiento con funcionarios en El Garabatal, comunidad vecina a La Carucieña, donde éste residía.

Según el reporte policial, estas dos últimas víctimas también eran miembros de la banda del Santanita y, supuestamente, lanzaron las granadas a los concesionarios de Barquisimeto.

Se conoció que en el estado Lara se instalaron comisiones mixtas de la División Antiextorsión y Secuestro del CICPC de los estados Zulia, Carabobo y Distrito Capital.

Informe #MonitorDeVíctimas 2019. Hogares peligrosos y policías asesinos

El informe especial de Monitor de Víctimas 2019 muestra cómo la letalidad policial sigue liderando la violencia homicida en Caracas. El reporte va más allá de los datos, presenta historias y perfiles de las víctimas.

Hombres jóvenes que fueron sorprendidos de madrugada y en sus casas por policías enmascarados que acabaron sus vidas. Mujeres mayores que fueron asesinadas en sus viviendas para robarlas. Adolescentes que cayeron en medio de ajustes de cuentas por conflictos del pasado, fueron los más vulnerables a las balas, las armas blancas y los golpes, dando como resultado una tasa de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para conocer más detalles del informe anual, haga click en la imagen:

 

 

 

#MonitorDeVíctimas | Las FAES asesinaron a un joven un mes después de su detención
En otro hecho, un hombre de 50 años de edad fue asesinado por tener antecedentes policiales

 

A Witten José Durán Mendoza, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) lo asesinaron un mes después de que lo detuvieron en Río Claro, al sur del municipio Iribarren, estado Lara, por el delito de porte ilícito de arma de fuego. En ese momento, presuntamente, cargaba una pistola 9 milímetros, pero luego de la audiencia de presentación quedó en libertad. 

Un familiar de la víctima, contó que el viernes 22 de mayo, a las 5:00 am, cinco funcionarios llegaron a la vivienda de Durán, treparon las paredes y tumbaron las puertas en busca del joven de 20 años de edad. Uno de los funcionarios le dijo: “Ponte una franela que nos vas a acompañar al comando”, mientras que al familiar le dijeron: “Cualquier cosa nosotros le avisamos” y de ahí no supieron más nada de él. 

A Durán lo mataron en la avenida Ribereña, cerca del Puente Macuto donde los funcionarios simularon un enfrentamiento. Todo ocurrió muy rápido. Los vecinos de las comunidades cercanas, aseguraron que escucharon alrededor de cinco detonaciones.

Aproximadamente a las 10:00 am, en un programa radial de Barquisimeto informaron que dos hombres habían muerto en un supuesto enfrentamiento con las FAES. Uno de ellos era Durán. 

“¿Cómo van a decir que era un enfrentamiento si a él lo sacaron de su casa y me lo mataron en otro sitio?”, comentó un familiar que estaba en la morgue del hospital central Antonio María Pineda. 

Según el reporte policial, era miembro de la banda de alias “Santanita”, uno de los delincuentes más buscados de Lara, pero los familiares aseguraron que el joven no lo conocía y tampoco se la pasaba en La Carucieña, comunidad en donde vivió “Santanita” cuando era un adolescente. 

Le tomaron una foto 

Nelson Enrique Suárez, de 50 años de edad, tenía catorce días de haber regresado, proveniente de Barinas, a la casa materna situada en la urbanización La Carucieña, al oeste de Barquisimeto. 

El jueves 21 de mayo, en horas de la noche, estaba en la plaza del sector II junto a unos amigos y vecinos, cuando llegaron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y le pidieron a todos su identidad. 

Vecinos comentaron que uno de los funcionarios les preguntó que quién tenía registros policiales y Suárez dijo que él. Se refería a una detención ocurrida ocho años atrás, aunque los familiares no especificaron el delito. 

Los funcionarios lo separaron del grupo, le tomaron una foto al rostro y se marcharon. Al día siguiente, a las 5:00 am, llegaron a la casa y se lo llevaron. Habitantes de la zona escucharon cuando Nelson gritaba: “No me maten, no me maten”. Seguidamente, en la vereda 15 del sector II de La Carucieña, se escucharon muchas detonaciones. 

“¿Quién se va a meter para defenderlo de esos hombres que lo que andan haciendo es matando a las personas?”, expresó una prima. 

Los familiares desconocen cómo pasaron los hechos porque Suárez estaba solo en la casa. Se enteraron de su muerte por un noticiario radial. 

“Él no era ningún delincuente y tampoco era de la banda del “Santanita”, que ni lo conocemos”, dijo la dama.  

 

el futuro de la juventud en sectores populares

#MonitorDeVíctimas | La DIEP mató un mecánico y su cliente en el caserío El Patriota del estado Lara
Las autoridades los vincularon con una banda dedicada al robo de vehículos en la carretera Quíbor-Carora. También detuvieron a otros cinco hombres

Un disparo en el pecho recibió Alvis Yoel Yustiz Hernández, de 26 años de edad, en un cuarto de su casa, ubicada en el caserío El Patriota del municipio Jiménez del estado Lara. Funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) de la Policía del estado Lara, mataron a Alvis junto a Alberto Suárez, de 36 años de edad, en un presunto enfrentamiento. 

El pasado 21 de mayo, alrededor de seis uniformados irrumpieron en la vivienda de Alvis, y lo encontraron en el patio donde estaba reparando el carro de su amigo Alberto, a quien conocían como “Peloncho”. 

No estaban solo ellos dos. En la casa también se encontraba el padre de Alvis a quien uno de los policías le colocó las esposas y le tapó el rostro con una franela. Luego lo montaron en un carro y se lo llevaron con rumbo desconocido. En el camino le dijeron que solo le harían un interrogatorio a su hijo, pero un par de horas después se enteró que lo había matado.  

Familiares aseguraron que los funcionarios, quienes andaban con chaquetas en las que se leía DIEP, se dispersaron por la vivienda. A Alvis lo metieron a uno de los cuartos mientras que a Alberto lo tenían en el patio. 

Habitantes del caserío, alertaron a unos familiares, que viven muy cerca, que el “gobierno” estaba en la casa. Los dos parientes salieron corriendo y, cuando les faltaban menos de una cuadra para llegar, escucharon una ráfaga de disparos. 

“En ese momento supimos que habían matado a Alvis. ¿Qué funcionario se va a meter para el caserío así de la nada?, ellos venían a matar. Nunca preguntaron por nadie, solo dispararon”, comentó un allegado que no se identificó por temor. 

Alvis quedó muerto dentro del cuarto. Uno de los familiares, presume que lo arrastraron hasta la puerta principal porque en el piso quedó el rastro de sangre. A Alberto le dispararon en el patio. 

“Cuando llegamos a la casa todavía se escuchaban detonaciones. Les gritábamos que pararan, pero lo que hicieron fue amenazarnos y sacarnos del sitio”, dijo otro de los parientes. 

A los dos hombres los montaron en una patrulla y se los llevaron para el hospital Baudilio Lara, de Quíbor, municipio Jiménez. Los familiares les gritaban a los policías que eran unos asesinos y ellos respondían que los dos estaban heridos.   

Mientras tanto, en el sector Las Torrecitas del mismo municipio, a unos 8 kilómetros de distancia, los funcionarios llegaron a la casa de Alberto y entraron sin ninguna orden judicial.

Allí estaba la esposa de Alberto junto a sus tres hijos de 1, 3 y  11 años de edad, además de dos cuñados de Alberto y tres amigos más. Los uniformados comenzaron a revisar una moto, una buseta y un carro Neón que estaban en la vivienda y pidieron los títulos de propiedad. Posteriormente se los llevaron con el argumento de que, presuntamente, los usaban para robar.

Asimismo, detuvieron a los cinco hombres y se los llevaron hasta la sede principal de la DIEP, en Barquisimeto, señalados de pertenecer a una banda de carretera dedicada a lanzar objetos cortantes, llamados “miguelitos”, para obligar a los choferes a detenerse y robarlos. Fueron liberados 48 horas después con régimen de presentación cada 30 días. Los carros serán entregados por la Fiscalía del municipio Jiménez.

Según la minuta policial, Alvis y Alberto también pertenecían a la banda delictiva dedicada al robo de transeúntes, en la carretera Quíbor-Carora. Sin embargo, los familiares de las dos víctimas desmintieron esta versión y señalaron que los funcionarios asesinaron a dos inocentes.

Además, la minuta de la DIEP señala que Alberto había estado detenido por el delito de extorsión en la cárcel de Uribana, ahora Centro Penitenciario David Viloria, en el año 2011.

“Esos eran unos muchachos sanos, no eran delincuentes. Los policías lo único que vinieron a hacer al caserío fue a robar porque se llevaron hasta ropa del muerto”, dijo una allegada a las víctimas.

 

el futuro de la juventud en sectores populares