Monitor de Víctimas, autor en Runrun

Monitor de Víctimas

La violencia policial no se detuvo en 2023 y regresó el “ajuste de cuentas” como móvil frecuente

Las dinámicas y formas de violencia cambian constantemente en Venezuela, y estas particularidades son muy visibles en las regiones. Monitor de Víctimas recoge los datos de homicidios en cinco estados del país, cada año para llevar el pulso e intentar caracterizar la violencia homicida en el país. En 2023, continuó el descenso de los homicidios, pero la reducción fue mínima en varias de las entidades. 

Destaca la participación de policías y militares en la mayoría de los casos registrados en Zulia, Caracas y Lara. También se ha reportado un incremento en el móvil de ajuste de cuenta o venganza.

En Caracas hubo una leve baja en los homicidios, pero aumentaron los casos por ajuste de cuentas

La familia de Luis Manuel Romero Alemán, de 22 años, no lo reconoció cuando le mostraron las fotos de su cadáver. Los 21 balazos que le dieron en el rostro lo desfiguraron por completo. De acuerdo con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), miembros de la banda Los Chicorrios lo asesinaron en el barrio 5 de Julio, de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, cuando lo confundieron con un joven de la banda de Wilexys. Todo fue por una venganza.

Los ajustes de cuenta o venganzas fueron el móvil de homicidios que más aumentó en Caracas entre 2022 –cuando hubo 50 muertes por esta razón– y 2023 –cuando ocurrieron 70–, de acuerdo con las cifras recabadas por Monitor de Víctimas. Ese incremento es de 40% en solo un año.

Los asesinatos por ajustes de cuentas representan 23% del universo total de los homicidios registrados por MDV, en 2023, y que alcanzaron los 304, 9 menos que en 2022. Sólo en marzo de 2023, se documentaron 10 homicidios por esta razón.

La mayoría de las víctimas fueron hombres. Sólo una mujer: Ana Victoria Rubio, de 42 años, fue asesinada por su hermana, mientras dormía con sus dos hijos. María Gregoria Rubio la golpeó con una escardilla y con una chícora en la cabeza y, luego, incendió la casa en donde estaban. La victimaria se vengó así de su hermana, tras enterarse de que su pareja le había sido infiel con ella.

 

Ese repunte no significa que los ajustes de cuenta o venganzas hayan desplazado al móvil de homicidios más común en el Área Metropolitana de Caracas, desde 2018: la letalidad policial, que en 2023 representó 31,5% del total de los asesinatos. En total, 96 personas murieron a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, 2 casos más que en 2022. 

Los victimarios en 69 homicidios de letalidad policial fueron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En otros tres, se denunció que los asesinos eran miembros de grupos de élite derivados de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, el cuerpo de seguridad que la otrora Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, exigió eliminar en 2019, por la cantidad de ejecuciones extrajudiciales por las que estaba señalado.

Uno de esos casos es el de Carlos Alberto Perdomo Machado, un joven de 18 años que el 28 de marzo de 2023 fue asesinado por funcionarios de la Brigada Motorizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), luego de una persecución cerca de su casa, en la parte alta del barrio Guaicaipuro de Petare.

De acuerdo con el relato de familiares, el joven había sido detenido en 2022 por esa misma brigada durante una redada. En aquel entonces, era menor de edad, y mes y medio después de arrestarlo, lo liberaron porque no encontraron razones para imputar.

 

Menos muertes por riñas y robos 

Las muertes por riña o pelea iniciada en el sitio registraron un descenso de 21%. Hubo 26 durante el 2023, 7 menos que en 2022. 

Las armas de fuego predominan entre las empleadas por los victimarios en 14 de 26 casos; y en riñas, las armas blancas, la fuerza física y el estrangulamiento se usaron en los otros 11.

El caso de Lermis Antonio Guevara Correa, de 47 años, es una muestra del empleo de este tipo de armas. A él lo asesinaron el 13 de marzo de 2023, en el boulevard de la parroquia La Vega, en el municipio Libertador del Distrito Capital, luego de sostener una discusión tras un juego de dominó. Se presume que un hombre lo agredió y lanzó al piso, donde sufrió una fractura craneoencefálica que le costó la vida.

En 2023, los asesinatos por robo también disminuyeron. Hubo 25, según datos recabados por MDV, lo que representó 8,2% del total de los homicidios cometidos durante el año. La cifra es menor a las 39 que se registraron en 2022.

Aunque el número ha descendido, no deja de afectar a la población más vulnerable en sectores populares.

Tal es el caso de Leninyer David Molina Medina, de 16 años, adolescente a quien asesinaron en la vía a El Junquito, en el Barrio Niño Jesús, en abril de 2023,para robarle el carro de su madre. Recibió un disparo en el cuello y otros 4 en piernas y brazos. Se presume que los victimarios eran miembros de una banda de la zona.

Bajan homicidios, pero no feminicidios

En 2023, de las 21 mujeres que mataron a lo largo del año, 11 fueron asesinadas por razones de género, apenas 2 menos que en 2022. En 6 de estos feminicidios, los victimarios fueron sus propias parejas o exparejas. Tres de las mujeres tenían signos de violencia sexual.

Uno de estos feminicidios fue el de Fabiola Teresita Parra Mogollón, de 37 años, a quien su expareja, el funcionario de la Policía del estado La Guaira, Henry Briceño, le disparó  el lunes 31 de julio de 2023, en el estacionamiento de su antigua residencia, en la urbanización Guaicay, en el municipio Baruta del estado Miranda. Hasta allí había ido Parra Mogollón a buscar ropa en compañía de su hermana y su hijo de 18 años.

Dos días antes del hecho, la víctima había denunciado a Briceño ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), porque éste la amenazaba. Le había comentado a un allegado que ella temía por su vida. El uniformado se suicidó luego de cometer el crimen. 

Durante 2023, hubo 7 personas que murieron durante enfrentamientos entre bandas armadas. Otras 5 fueron impactadas por balas perdidas o cayeron en medio de fuego cruzado. Cuatro policías murieron en servicio. Los datos recabados por Monitor de Víctimas apuntan a que el único linchamiento de 2023, en Caracas, ocurrió en abril, en la urbanización Simón Rodríguez de Ciudad Tiuna, parroquia Coche del municipio Libertador del Distrito Capital. Allí, un grupo de personas le roció gasolina a un hombre para quemarlo, luego de señalarlo por el robo de unas herramientas.

Hay 57 casos en los que no se logró determinar la causa de la muerte.

Las cifras rojas de Petare

A pesar de que en el municipio Libertador del Distrito Capital ocurrió la mayor cantidad de homicidios durante 2023 –155 en total–, la parroquia Petare del municipio Sucre, en el estado Miranda, fue la que más acumuló casos en toda el Área Metropolitana de Caracas: 90 muertes durante 2023, que representan 29% de los sucedidos en la capital venezolana.

 

Los homicidios en Petare son mucho mayores que en cualquier otra parroquia de la ciudad. La segunda jurisdicción en la que mataron a más personas fue El Valle (Distrito Capital), con 26; seguida de Filas de Mariche (Miranda), con 23; Sucre (Distrito Capital), con 21; y San Juan (Distrito Capital), con 17.

Las armas de fuego continúan como las más usadas por los victimarios. A balazos, mataron a 227 personas. De estas, 21 provenían de armas largas. 

Los 304 homicidios sucedidos en 2023 dejaron, por lo menos, 181 huérfanos menores de edad en el año.

 

Asesinatos cometidos por cuerpos de seguridad aumentaron 233% en Lara 

Durante el año 2023, se registraron 76 asesinatos en el estado Lara, según datos recabados por Monitor de Víctimas. Del total de víctimas, hay 72 civiles, 2 policías y 2 militares. 

Marzo fue el mes con más muertes violentas, con 10; seguido de agosto, con 9; y febrero, abril y mayo, que cerraron con 8 muertes cada mes. Del total de víctimas, hay 70 hombres y 6 mujeres. El año 2022, cerró con 65 muertes, 9 menos que en 2023.

La violencia 2023

 

Iribarren, el municipio capital, se posicionó como el más violento, con 52 asesinatos, lo que representa 68% del total; seguido de Palavecino y Jimenez, con 6. Cuatro parroquias de Iribarren  -Ana Soto, Unión, El Cují y Tamaca- concentran la mitad de las muertes violentas de 2023: 38 víctimas. En Ana Soto, anteriormente conocida como Juan de Villegas y la parroquia más poblada de la entidad, ocurrieron 19 de los asesinatos. 

El móvil con mayor número de víctimas es el de riña o pelea iniciada en el sitio, con un saldo de 21; seguido de ajuste de cuentas, con 16.

Funcionarios de seguridad del Estado figuran como los victimarios en 21 asesinatos: 12 muertes por presunta resistencia a la autoridad, 7 ejecuciones, así como una muerte por bala pérdida y un caso por determinar.

La violencia 2023

 

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) perpetró 10 de estas muertes violentas; las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), 4; el Cuerpo de Investigaciones Cientìficas, Penales y Criminalísticas (CICPC), 4; la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 3; y el Ejército, 1. Este indicador aumentó 233% en comparación con el número de crímenes cometidos por funcionarios de seguridad del Estado, el año anterior. En 2022, hubo 9 casos.

En 50 de los asesinatos registrados durante 2023, se utilizaron armas de fuego y esto equivale al 65,78% de las muertes. En 16 casos, las víctimas murieron por heridas de arma blanca, y en otros 6, por impacto de objetos contundentes. Se desconocen las armas utilizadas en 2 homicidios. En otros 2 casos, usaron armas de combustión y fuerza física.

En 28 homicidios, los autores de los crímenes eran conocidos, familiares, cónyuges o vecinos de las víctimas. Esta cifra representa 36,84% del total de muertes contabilizadas por Monitor de Víctimas en la región larense, de enero a diciembre de 2023. 

La violencia 2023

 

Entre las víctimas, hay un recién nacido, 2 adolescentes de 15 y 16 años de edad y un joven de 19 años. 45 víctimas –39 hombres y 4 mujeres– tenían entre 21 y 40 años de edad. 17 de las víctimas –13 hombres y 2 mujeres– tenían entre 41 y 60 años de edad.

Tres de las víctimas, todos hombres, tenían entre 61 y 80 años de edad. Una víctima, mujer, tenía 86 años de edad. 

Se desconocen las edades de 6 de las víctimas. Los móviles en 5 de estos casos fueron resistencia a la autoridad (4) y ejecución (1).

 

Femicidios-suicidios

Monitor de Víctimas contabilizó 6 asesinatos de mujeres, y de estos, cuatro son femicidios. En dos de estos casos los victimarios se suicidaron; en otro, el presunto asesino fue detenido, y en otro más, el agresor que, supuestamente, era pareja de la víctima, aún no ha sido identificado por las autoridades.

En los otros dos casos, se trató de un robo y su asesino aún está prófugo de la justicia. Asimismo, hubo un matricidio en contra de una octogenaria, y su autor fue detenido.

Bárbara Naybeth Leal Rodríguez, de 34 años de edad, fue asesinada por su expareja y padre de sus niñas, Manuel Gómez, el 1º de noviembre de 2023, en Barquisimeto. La joven había emigrado a Chile y sus tres hijas quedaron al cuidado de Gómez. A finales del año, decidió regresar a Venezuela para buscar a las niñas debido a que Manuel la había amenazado con que las iba a asesinar si ella no volvía al país.

Los vecinos de Bárbara relataron que una vez que llegó a Venezuela, fue al Ministerio Público (MP) para denunciar la situación y, con oficio en mano, la enviaron a un centro policial de la PNB, para que solicitara acompañamiento y así sacar a las niñas de la vivienda de su pareja. Según testigos, la joven fue, por lo menos, a tres comandos y no obtuvo acompañamiento alguno. En el último, le dieron un número telefónico para que llamara “por si algo sucedía”.

Ante la respuesta negativa de los funcionarios de seguridad, Bárbara fue a buscar a sus hijas sin la policía. La vivienda donde ocurrieron los hechos está a menos de 400 metros de cuatro módulos de la PNB, del CICPC y de una fiscalía municipal.

Habitantes del sector relataron que la tarde del 1º de noviembre escucharon una discusión y gritos en la casa de Manuel. Luego, llegó una comisión de la PNB. inmediatamente, sonaron dos disparos.

Las autoridades determinaron que Manuel Gómez había encerrado a sus hijas en una habitación. Con una escopeta, asesinó a su esposa y, posteriormente, se quitó la vida con una pistola.

Funcionarios asesinados

Johnny José Lores González, detective agregado del Cicpc e instructor de tiro, es uno de los cuatro funcionarios de seguridad del Estado asesinados en Lara en febrero de 2023, el martes de Carnaval. Johnny fue atacado a golpes con una patineta en la avenida Los Abogados con Morán, de Barquisimeto. Dos hombres le propinaron una golpiza, tras una discusión que se originó a sólo metros del Círculo Militar. 

Dos días después del suceso, la tarde del jueves 23 de febrero, fue aprehendido uno de los homicidas: Luis David Cordero, de 29 años.

El 13 de junio, Moisés David Travieso, funcionario del Ejército Bolivariano, fue asesinado durante una práctica de tiros en el Polígono de Barquisimeto, ubicado en la Intercomunal Barquisimeto-Duaca. 

El joven recibió un impacto de bala, presuntamente, por su compañero, cuando hacía la práctica. Sin embargo, este caso no ha sido esclarecido y no hay responsables tras las rejas.

Parroquias más violentas

En 4 de las 58 parroquias de Lara, todas de Iribarren, se registraron la mitad de las muertes violentas de 2023. Las cinco parroquias con más asesinatos están en la zona metropolitana del estado.

Ana Soto (municipio Iribarren): 19

Unión  (municipio Iribarren): 7

El Cují  (municipio Iribarren): 6

Tamaca (municipio Iribarren): 6

José Gregorio Bastidas (municipio Palavecino): 5

En Sucre la venganza o ajuste de cuentas fue el móvil con más casos

En el estado Sucre, se registraron 100 homicidios durante el año 2023, de acuerdo con el balance realizado por el equipo de Monitor de Víctimas en las morgues de Cumaná y Carúpano, respectivamente.

En el registro, se evidencian 13 muertes violentas menos que en 2022, cuando ocurrieron 123 homicidios.

El mes más violento fue agosto, con 19 víctimas; seguido de marzo, con 17; febrero y junio, con 10 cada uno; noviembre con 9, septiembre con 8; abril con 7; julio con 6; octubre con 5; diciembre con 4; mayo con 2 y enero con 3 víctimas.

 

La violencia 2023

 

 

Los municipios con mayor registro de víctimas fueron Sucre (Cumaná) con 32; Cajigal (Yaguaraparo) con 13; Bermúdez (Carúpano) con 12; Arismendi (Río Caribe) con 8; Montes (Cumanacoa) con 7; Ribero (Cariaco); con 6; Andrés Eloy Blanco (Casanay) 4, Libertador (Tunapuy), con 1, y 10 no determinados.

La venganza se mantiene como el móvil con mayor registro de muertes violentas, con 30 víctimas. Los homicidios por peleas o riñas fueron 11, el enfrentamiento entre bandas tuvo un registro de 10 víctimas, 9 muertes fueron por sicariato, 7 por robo, mientras que los casos por violencia de género fueron 3 y el linchamiento dejó una víctima.

Igualmente, destacan 14 víctimas por resistencia a la autoridad. 10 menos que el año pasado, cuando ocurrieron 24 víctimas bajo este móvil. Mientras que 2 funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado murieron en servicio y 9 fueron los homicidios cuyas causas quedaron por determinar o en averiguación. 

Asimismo, 89 de las víctimas pertenecían al sexo masculino, 10 eran femeninas y una identificada como transgenero -de acuerdo con la información recogida por el equipo de investigación-.

Casos emblemáticos 

Entre los casos más impactantes de 2023 en el estado Sucre, se encuentra el registrado el 21 de febrero en el municipio Arismendi,  cuando cuatro personas fueron asesinadas y tres quedaron  heridas, tras un  ataque de un grupo armado, en un centro hípico ubicado en El Morro.

Las víctimas que quedaron tendidas en el sitio fueron: Alexander Manuel Guilarte Rivero (25), quien falleció por un impacto de bala en el cuello; Enrique Caraballo (36), quien recibió disparos en la región del tórax; Jesús Guillermo Jáuregui (75), quien recibió un balazo en la fosa lumbar izquierda y  Carmen Elena Fermín Fermín (57), quien falleció por impacto de proyectil con orificio de entrada sin salida en región temporal.

Mientras que sobre las muertes por intervención policial el jueves 16 de marzo de 2023, efectivos adscritos a la Tercera Compañía de Bohordal, del Destacamento 532 y del Destacamento Rural 53-2 de Río de Agua, reportaron una intervención legal del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) de “Zacarías”, en una zona boscosa entre los sectores de Río Grande y La Horqueta, en el municipio Cajigal, donde ocurrió el homicidio de “el yaguare”, integrante del referido grupo armado.

En el hecho resultó herido por arma de fuego el capitán (GN) Joiner Chaustre Sánchez, comandante de la Tercera Compañía de Bohordal, quien recibió heridas de bala en el brazo izquierdo y superficialmente en el glúteo derecho.

 

 

 

En agosto, se produjeron 22 muertes violentas en toda la entidad. Solo en la zona de Carúpano – Paria ocurrieron 12 homicidios, y siete en la última semana del mes.

El martes 29 de agosto, se registraron diferentes dobles homicidios en los municipios Bermúdez y Arismendi, respectivamente. Uno de estos ocurrió cuando dos hombres fueron acribillados a tiros en el sector El Lirio de Carúpano.

Según las versiones de testigos del populoso sector, ubicado al sur del municipio Bermúdez, las víctimas fueron identificadas como José Gregorio Jiménez Salazar (44 años), alias “Goyito”, y Carlos Alfonso Rivas Rivas (38), quienes recibieron varios disparos por parte de desconocidos que se desplazaban en una motocicleta.

El mismo día, en horas de la noche, se supo del hallazgo de dos cuerpos en una zona apartada del caserío Santa Isabel, ubicada a escasos kilómetros de Río Caribe, en el municipio Arismendi. Uno pertenecía a una adolescente y otro a un hombre adulto.

Los cuerpos correspondían a María José Villarroel Suárez, de 17 años, y Gabriel Alexander Velásquez Hernández, de 22 años, a quien apodaban “el Diablo”. Ellos habitaban en los alrededores de la referida zona. Los cadáveres fueron hallados en el sector Quebrada de Forio, con varias heridas de arma blanca y de fuego.

Triple homicidio

El año pasado, en el municipio Cajigal, persistió la incidencia de asesinatos, y el 26 de noviembre, destacó el triple homicidio de los ciudadanos Frayeczon Gabriel Álvarez Brito (27), alias “el Cabezón”; Julián José Subero Prado (33), conocido como “el Peluca” y Wuiquerson Alexander Subero Fermín, llamado “el Wuiquer” por habitantes de Yaguaraparo. Las víctimas, supuestamente, eran integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (Gedo) Zacarías.

A los cadáveres se le encontraron múltiples disparos de arma de fuego, cortadas profundas con arma blanca (machete), además de que fueron cercenadas sus cabezas. Al parecer, estas mortales lesiones fueron producto de una riña por el control de la zona entre bandas rivales, en la zona boscosa de Río Grande de Los Marines, cerca de Yaguaraparo, municipio Cajigal.

Por esta razón, las autoridades suponen que fue asesinado, con los otros dos acompañantes, por problemas para controlar el sector. Sus cuerpos quedaron tendidos en plena vía pública de la zona agrícola.

Morgue de Cumaná

En el registro de casos ocurridos en el estado Sucre, también están los homicidios de José Gregorio Arreciart (28) y Douglas Ernesto Serrano, quienes fueron asesinados por hombres que intentaron ingresar a una celebración de cumpleaños.  El hecho ocurrió el 27 de agosto, en el barrio Los Molinos de la parroquia Altagracia de Cumaná, estado Sucre.

Violencia de género

Entre los casos de violencia de género, se encuentran el de Juan Carlos Gutiérrez Hernández, de 50 años, ocurrido el 2 de junio, cuando la víctima transitaba junto a su pareja por el sector La Matica de El Peñón, en Cumaná (Sucre). Sostuvieron una discusión, que se tornó violenta, y ella optó por golpear a Gutiérrez con una silla de plástico rota, que le ocasionó la muerte de inmediato. La victimaria huyó, pero fue capturada por las autoridades y el caso pasó a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público.

En otro hecho, ocurrió el femicidio de Roxana del Valle Gutiérrez Gutiérrez, de 20 años, localizada dentro de una bolsa negra y en avanzado estado de descomposición, en las adyacencias del estadio Roberto Carreño de Chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre; su pareja, Dannie David Centeno Marcano de 20 años, confesó que la había matado el 12 de septiembre y su cuerpo fue encontrado cuatro días después.

También se registró el homicidio de Ibis Luisana Fabelo Hernández, de 15 años, cuyo cuerpo fue localizado, el pasado 10 de noviembre, en unos matorrales, en el sector El Manguito de Santa Fe, parroquia Raúl Leoni, del municipio Sucre.

El cadáver de la adolescente presentaba fractura del temporal derecho. Los cuerpos de seguridad no han esclarecido el caso.

En otro caso que conmocionó a la opinión pública sucrense, ocurrió en la comunidad Campo Ajuro. Una adolescente de 13 años fue violada y asesinada presuntamente por sus tíos, quienes fueron detenidos el 14 de junio.

La adolescente falleció el lunes 5 de junio, según los médicos de guardia, por un paro cardiorespiratorio. Pero la madre de la menor fue advertida, por otra profesional de la salud, de que la niña había sido víctima de abuso sexual de forma reiterada, y le recomendó practicarle la autopsia.

El acta de defunción que les entregaron en el hospital de Cumaná explica que la joven murió como consecuencia de una neumonía necrotizante, síndrome de niño maltratado, traumatismo torácico cerrado y craneoencefálico.

Otro caso fue el homicidio de Gregorio Antonio Guerra, 47 años, conocido como «la Pelele», ocurrido el 23 de abril, luego de una fiesta en el barrio Las Palomas de Cumaná. En el lugar, se presentaron varias discusiones y la víctima salió a buscar a su hermano, pero su cuerpo fue localizado, en la madrugada, con golpes en la cabeza y varias heridas punzopenetrantes. Autoridades investigan el caso bajo el móvil de presunta venganza. 

El extraño caso de los homicidios que ocurren en Táchira, pero se registran en Colombia

Un total de 34 homicidios fueron perpetrados en Táchira a lo largo del año 2023, de acuerdo con la base de datos que recopiló Monitor de Víctimas en la región fronteriza, donde el municipio limítrofe, Pedro María Ureña, fue el que más muertes violentas registró, con 8 asesinatos. El municipio San Cristóbal ocupó el segundo lugar con mayor número de casos de asesinatos, con 6 muertes, en total. 

La cifra de homicidios del año 2023 indica que hubo una reducción de 50.72 % en los casos de homicidios, en comparación con el año 2022. Pese a la reducción, varios hechos de sangre conmocionaron a los tachirenses. 

El menor número de homicidios en Táchira podría deberse a la alta migración de personas de esta zona, a la apertura formal de la frontera, así como al control que ejercen grupos guerrilleros en varios municipios de la entidad, en los cuales imponen sus reglas y ejercen un control que ha sido en cierto modo efectivo y respetado, concluyó el Observatorio Venezolano de Violencia – Capítulo Táchira, en su más reciente informe. 

Vale mencionar que los datos recopilados se basan en los cadáveres que son ingresados a las morgues del Táchira, situadas en el Hospital Central de San Cristóbal y el Cementerio Municipal de la ciudad, así como algunas muertas que los medios de comunicación colombianos reportan que ocurrieron del lado venezolano en algunas trochas entre Colombia y Venezuela. 

Uno de los hechos que causó conmoción en el año 2023 ocurrió el 10 de febrero, , precisamente, en el municipio Pedro María Ureña, en donde a plena luz del día, un adolescente de 14 años de edad, identificado como Luis Manuel Díaz Escorcia, fue asesinado frente a una carnicería, cuando el muchacho estaba en el establecimiento comercial donde laboraba. 

Una de las versiones que se manejó, en el momento, fue que el joven estaba parado al frente del local comercial, donde trabajaba, cuando fue abordado por dos sujetos que se le acercaron a pie y le dispararon, para luego huir, indicaron fuentes locales. Este suceso ocurrió durante una ola de amenazas y ataques con granadas a los comerciantes y habitantes de este pueblo fronterizo, ejecutado por la banda paramilitar La Línea, que se adjudicó los hechos, posteriormente. 

De las 34 víctimas, 29, fueron de sexo masculino y 5 de sexo femenino, con edades comprendidas entre 14 y 75 años.  En cuanto a los móviles de los crímenes, se obtuvo que 9 casos quedaron por determinar; 8 se debieron a venganza o ajuste de cuentas; 7 fueron ocasionados por motivos de robo; 5 personas murieron en riñas o peleas iniciadas en el sitio; 3 personas fueron ejecutadas; 1 caso fue motivado por violencia de género y 1 asesinato por sicariato. 

La mujer que fue víctima de violencia de género, el 30 de junio de 2023, fue identificada como Rosa Isabel Toca Jaimes, quien fue asesinada por su pareja Elfido Antonio López Trigos, de 42 años. El victimario terminó quitándose la vida tres días después. Este terrible suceso ocurrió en el sector Pabellón de la parroquia Bramón, municipio Junín del estado Táchira.

El cuerpo de la mujer, quien era de nacionalidad colombiana, fue hallado el sábado por uno de sus hijos en una platanera, presentando en su cuerpo heridas por arma blanca. Además, el femicida dejó un escrito en el que confesaba que había asesinado a su pareja tras sostener una discusión.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales 

Cabe destacar que tras la recopilación de datos se detectó que de las 34 personas asesinadas, cuatro murieron en manos de los cuerpos de seguridad del estado. En un caso con tres personas muertas estuvo involucrada la Policía Nacional Bolivariana, a través de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI). El otro asesinato fue cometido por un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Entre las víctimas a manos de funcionarios del estado estuvieron: Maikel Andrei Acuña Gómez, de 24 años; Frank Yoider Acuña Guerrero, de 23 años, y Gilbert Alberto Rodríguez Vargas, de 25 años de edad, quienes fallecieron el  sábado 13 de mayo de 2023, en el sector Aguas Calientes de Ureña, frontera con Colombia. Las autoridades informaron que habían muerto en un enfrentamiento con una comisión de la Unidad Antiterrorista de la Policía Nacional Bolivariana.

Los jóvenes Acuña, de nacionalidad venezolana, eran primos y, según sus allegados, fueron secuestrados por un presunto grupo guerrillero, el pasado 8 de mayo, cuando jugaban en una cancha de la localidad. La tercera víctima, Gilbert Alberto Rodríguez Vargas, era colombiana. Pero los relatos de sus familiares indican que ellos no eran paramilitares ni miembros de ninguna organización delictiva.

 

En otros tres hechos se documentó que los perpetradores de las muertes fueron miembros de la guerrilla. En un caso, se reportó a un grupo paramilitar como los responsables, y en 10 hechos, los victimarios fueron civiles.

El tipo de arma más utilizada para cometer los crímenes fue el arma de fuego corta, tipo de armamento que fue usado en 14 hechos. Mientras que 9 asesinatos fueron cometidos con arma blanca, 4 con objetos contundentes, 2 con granadas y 4 con armas no determinadas. 

En el caso de Táchira, la reducción de los homicidios, aunque parezca contradictoria, está asociada a la pax mafiosa impuestas por los grupos armados establecidos en ese estado fronterizo, y a una treta que consiste en dejar del lado colombiano los cadáveres de personas presuntamente asesinadas del lado venezolano.   

252 homicidios sumó Zulia: GNB y Cicpc los principales responsables

Resistencia a la autoridad, sicariatos y ejecuciones extrajudiciales fueron los tres principales móviles de los homicidios que ocurrieron en Zulia, en 2023, y que contabilizó el equipo de Monitor de Víctimas en el estado. En total, hubo 252 homicidios.

De este número, 103 casos ocurrieron por resistencia a la autoridad, según se conoció en el registro que se llevó a cabo durante el año pasado. De estas muertes, 25 fueron a manos de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana; 22 por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; 16 por el Cuerpo de Policía del estado Zulia; 16 por la Policía Municipal de San Francisco; 9 por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana; 7 por el Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia; 2 por la Dirección de Inteligencia Regional; 2 por la Policía municipal de Lagunillas, y los funcionarios de las policías municipales de Cabimas, Baralt, Urdaneta y Rosario son responsables, cada uno, de 1 homicidio.

Los sicariatos están en segundo lugar en el número de víctimas que, el año pasado, llegó a 46. En el municipio Miranda, en la Costa Oriental del Lago, hubo el mayor número de personas asesinadas por este móvil, que sumó 19.

 

El caso más emblemático fue el que ocurrió el pasado 26 de diciembre de 2023, cuando hubo un atentado en contra del alcalde oficialista, Jorge Nava, que dejó dos personas asesinadas y unos 17 heridos; entre ellos, la máxima autoridad local y el secretario de Servicios Públicos, Juan Carlos Vilchez.

Alfredo Molleda, un albañil de 55 años, quien residía en el sector Guaru Guaru de la parroquia Faría, del municipio Miranda del estado Zulia, fue la tercera víctima del ataque armado contra el alcalde.

Con respecto a los sicariatos, en Maracaibo hubo 7, en el municipio Baralt hubo 5, en Santa Rita otros 5; en los municipios La Cañada de Urdaneta y San Francisco, hubo 3 casos, respectivamente; en el municipio Colón, 2; en Jesús Enrique Lossada, 1, y en Machiques de Perijá, 1.

 

La violencia 2023

 

Con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, hubo 25 durante los 12 meses del año 2023. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana fueron los responsables de 9; la Policía regional del estado Zulia de 6; la policía municipal de San Francisco de 3; la Policía Nacional Bolivariana de 3; el Cicpc de 2; el Servicio de Investigación Penal de 1 y el Servicio de Investigación de Zulia de 1.

Violencia de género, robos y ajuste de cuentas

Los otros móviles de homicidios en el estado Zulia durante el año 2023 fueron los asesinatos por robo, que el año pasado fueron 23, las muertes por riñas, de las que se registraron 15; los ajustes de cuenta o venganza, 14; homicidios por violencia de género, 13, y abuso y maltrato infantil 6; entre otros.

Uno de los casos que causó más conmoción fue el de Eudimar Parra, de 33 años, quien fue asesinada a puñaladas por su pareja Elizaul Antonio Cegueri Noguera, de 43 años, dentro de su casa, en el municipio Baralt, en el estado Zulia. El femicida después se suicidó al lanzarse, en la vía pública, contra un vehículo en marcha que lo arrolló. Los hechos ocurrieron el 9 de marzo de 2023.

Carlos Luis Delfín Silva, de 22 años de edad, fue asesinado de una puñalada por su pareja, Yetsabeth del Carmen Galbán Guerrero, de 21 años, quien fingió un accidente con un cuchillo en el municipio Lagunillas, en el estado Zulia. El crimen ocurrió el 24 de junio de 2023.

Con respecto a los casos de maltrato infantil, se reseñó el de una madre que ahogó a sus hijas de 2 y 3 años en una pipa de agua que mantenía en su casa, ubicada en el sector 12 de Octubre, del municipio Cabimas, en la Costa Oriental del Lago. El hecho sucedió el miércoles, 20 de diciembre. La mujer fue identificada como Roselin Banett Sandrea Jiménez, de 38 años, quien confesó el crimen.

Sicariatos de regreso

Estos son los casos que más destacaron el año pasado y en el que están involucradas bandas criminales.

El 18 de febrero se reportó un doble atentado, de forma casi simultánea, contra la carnicería Tu Finca Express y el supermercado Samba Latino, que causaron ocho heridos y dos muertos en el municipio Maracaibo.

La violencia 2023

 

Los organismos de seguridad señalaron a las bandas del “Yiyi” y del “Caracas”, lideradas por Guillermo Rafael Boscán Bravo y José Antonio Márquez Morales, respectivamente, de ser las responsables de los atentados. 

El primer fallecido fue Luis Castilla, empleado de la carnicería, en la que otras tres personas también fueron heridas de bala, el 18 de febrero.

El 5 de enero, una banda delictiva que opera en Barranquitas, municipio La Villa del Rosario de Perijá, asesinó a tiros a tres pescadores que estaban a bordo de una lancha en el Lago de Maracaibo, estado Zulia. El suceso se registró el jueves 5 de enero.

Las víctimas quedaron identificadas como Reibis Navas y los hermanos Carlos Alberto Nuñez Vásquez, de 54 años, y Alcides de Jesús Núñez Vásquez, de 52 años. Los cuerpos de los dos últimos fueron localizados en la zona conocida como Planchada Soldó en las orillas del lago, según fuentes policiales consultadas por El Pitazo.

El 11 de enero, un hombre armado asesinó al chofer de un autobús de transporte público en el municipio San Francisco, estado Zulia. La víctima recibió dos disparos en la cabeza y fue identificada como Atilio José Torres Moreno, de 47 años de edad.

El homicidio se registró en el barrio Negro Primero en el kilómetro 5 de San Francisco, en la vía que conduce al municipio La Cañada de Urdaneta. Testigos aseguraron que el homicidio fue ordenado por “el Yiyi”, quien extorsionaba a la línea de transporte.

El 19 de marzo, sicarios asesinaron a balazos, a una joven pareja en el municipio San Francisco del estado Zulia. Las autoridades policiales investigan si el crimen está relacionado con mafias dedicadas a la extorsión.

El Cicpc aseguró que el autor intelectual del crimen es Wilmer Antonio Matos Atencio, de 63 años, quien está prófugo y presenta notificación roja de Interpol por homicidio, extorsión y asociación para delinquir. En este hecho también señalaron que está involucrada la banda del “Yiyi».

Y el 29 de julio, dos sicarios asesinaron a un productor agropecuario dentro de su casa en el sector Las Casitas, en el kilómetro 48 del municipio La Cañada de Urdaneta, estado Zulia. Los delincuentes grabaron el momento en el que dispararon contra el productor, quien se encontraba sentado en el garaje de su vivienda. “Es JL”, gritó el hombre mientras grababa con un celular el asesinato.

 

La violencia 2023

La violencia 2023

 

Lorena Meléndez, Liz Gascón, Karina Peraza, Anggy Polanco, Mayber Márquez, Yesenia García, Sheyla Urdaneta, Nataly Ángulo, Adriana Materano y Ronna Rísquez

MonitordeVíctimas | Cuerpos de seguridad de Venezuela mataron a 65 personas en enero
En lo que parece ser una nueva escalada de violencia policial en Venezuela, Monitor de Víctimas contabilizó seis decenas de muertes de ciudadanos a manos de funcionarios de las policías y la FANB, en 15 estados del país, en los primeros 31 días de 2024. Por lo menos, 63 de estos casos serían presuntas ejecuciones extrajudiciales

 

Ronna Rísquez / Adriana Materano

 

Venezuela no está en guerra y se supone que la delincuencia se ha reducido. Pero militares y policías mataron a 65 personas en 15 estados del país, en el primer mes del año; en promedio, dos víctimas cada día de enero. Tres de los asesinados son menores de edad y casi todos los casos podrían calificar como ejecuciones extrajudiciales.

En estos hechos, presentados en su mayoría como resistencia a la autoridad y enfrentamientos, están involucrados distintos grupos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) en diversas regiones del país, las policías estadales  y municipales de ocho estados.

Los estados Aragua, Carabobo y Miranda encabezan la lista de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, con 12, 11 y 10 casos cada uno, respectivamente. Le siguen Guárico con 8, Anzoátegui con 5 y Monagas con 4. Continúan Trujillo y Falcón, con 3 cada uno; Distrito Federal y Portuguesa, con 2 víctimas, y Táchira, Zulia, Lara, Cojedes y Sucre, con 1 caso de ejecución extrajudicial.

Los cuerpos de seguridad que lideraron la lista de ejecuciones extrajudiciales fueron la PNB, con 24 hechos, y CICPC, con 15 casos. Así mismo, las policías estadales de 7 estados sumaron un total de 15 hechos: 6 de la policía de Carabobo; 4 de la del estado Monagas; en tanto que los estados Aragua, Cojedes, Guárico, Lara y Sucre registraron 1 caso cada uno.

Las fuerzas militares como la GNB y el Ejército sumaron un total de 8 casos. La mayoría de los asesinados no perdieron la vida en el lugar de los sucesos. Luego de resultar heridos, fueron llevados a las unidades médicas; sin embargo, todos murieron durante la movilización o al poco tiempo de llegar a los centros de salud.

Tres menores de edad asesinados 

Las tres víctimas menores de edad son Jordan Ramón Gómez Roldán, de 16 años; Iverson José Torres, de 17 años, y Cristian González, de 17 años. Los homicidios se ejecutaron en circunstancias que no justifican el uso de la fuerza. Incluso, dos de las víctimas murieron por motivos personales. 

La tarde del 1° de enero, en un casino militar ubicado en el estado Trujillo, el adolescente Jordan Ramón Gómez Roldán fue abusado sexualmente y asesinado por el sargento del Ejército Leonardo Enrique Cardozo Hernández, de 27 años. Todo inició cuando Cardozo encontró a su pareja, una mujer también integrante del Ejército, de 26 años, teniendo relaciones sexuales con el menor de edad.

Cardozo le propinó múltiples golpes al adolescente y lo dejó inconsciente. Posteriormente, lo asfixió hasta causarle la muerte. Las investigaciones llevaron a la detención de Leonardo Enrique Cardozo Hernández, tras comprobarse su responsabilidad en el hecho. En la audiencia de presentación, el agresor fue imputado por los delitos de homicidio intencional calificado y abuso sexual a adolescente con penetración.

El segundo adolescente asesinado fue Aiverson José Torres, quien estudiaba 5to año de bachillerato. El adolescente trabajaba como mecánico con su papá y quería ser abogado. Aiverson fue asesinado de dos disparos en la cabeza en un hecho en el que participaron los policías del estado Trujillo, Kelvin Gabriel Leal Mendoza (34), Miguel Eduardo Mendoza Álvarez (26), Eli Rafael José Piña Díaz (23) y Vilma Maribel Quero Franco (34).

El homicidio ocurrió la noche del martes 9 de enero de 2024, en la localidad de Carora, estado Lara, luego de que los policías intentaran detener al menor, quien transitaba en una moto, presuntamente, por no usar casco. Al no acatar la orden, el policía Leal Mendoza detonó dos disparos al aire y luego dos más a la cabeza del menor de edad.  

Este suceso generó múltiples protestas por parte de los familiares de Torres y de la comunidad, De igual forma, se registraron enfrentamientos entre motorizados molestos y efectivos de la policía. 

Los cuatro (4) funcionarios de la policía fueron detenidos y expulsados, dos días después. Efectivos del CICPC reconstruyeron la escena del crimen con la intención de individualizar las responsabilidades por el asesinato de Aiverson Tórres. 

Cristian Gonzalez de 17 años fue el tercer menor de edad asesinado. El hecho se registró la noche del domingo 21 de enero en la localidad de Turen, estado Portuguesa. Cristian murió luego de recibir un disparo en el pecho que propinó su padrastro Augusto Flores, un sargento adscrito al Destacamento № 312 de la GNB. 

Según la versión policial, el sargento llegó en estado de ebriedad a su casa, donde se encontraban la víctima, su madre y dos infantes, hijos de la pareja. Al forcejear la puerta, Flores, junto con un acompañante identificado como Yoelvi Antonio Lameda Nelo, alias “el Morao”, entraron a la vivienda. Una vez adentro, Cristian se dispuso a enfrentar a su padrastro, quien detonó un disparo al pecho del joven.

Se supo que tanto Flores como Lameda fueron capturados por las autoridades luego de que ambos se dieran a la fuga. De igual forma, se conoció que Yoelvi Antonio Lameda Nelo tenía antecedentes por porte ilícito de arma de fuego y por violación.

Siete hombres asesinados por funcionarios de seguridad

Marlon Montilla, de 22 años, y Jhonaiker Ramírez, de 21 años, fueron asesinados por cuatro funcionarios de la PNB, la noche del pasado 24 de enero de 2024. El hecho ocurrió en el Municipio Valera del estado Trujillo. Según las investigaciones de los efectivos del CICPC, los funcionarios simularon un enfrentamiento con las víctimas.

Testimonios de familiares de los fallecidos confirmaron que Marlon Montilla y Jhonaiker Ramírez estaban en la cancha de la urbanización Bella Vista, cuando fueron interceptados por los funcionarios. Luego de realizarles una pesquisa, los policías llevaron a los jóvenes a su comando. Horas más tardes, Marlon y Jhonaiker, aparecieron muertos dentro de un carro en el eje vial de Valera, lugar donde los efectivos de seguridad simularon el enfrentamiento.

Los cuatro funcionarios están privados de libertad y a la orden del Ministerio Público. De igual forma, se conoce que dos policías más, involucrados en el hecho, están prófugos de la justicia. 

Gregorio Emilio Rebolledo de 62 años y Carlos Luis Rebolledo de 33 años, padre e hijo, fueron víctimas de una ejecución a manos de un efectivo de seguridad del Estado Carabobo, cuando se encontraban en un puesto de comida rápida. El hecho ocurrió el pasado 29 de enero de 2024, en horas de la noche.

Mientras Gregorio Rebolledo y su hijo Carlos Rebolledo esperaban unas hamburguesas, el funcionario, identificado como José Vicente Vargas Meza de 28 años, que estaba franco de servicio, se aproximó a ellos acompañado de Ricardo Silvino Sánchez, de 26 años. 

Luego de sostener una discusión, el efectivo de seguridad sacó su arma de reglamento y asesinó en el lugar a Gregorio Rebolledo y, luego, hirió a Carlos Rebolledo, quién murió al llegar a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia. 

José Vargas y Ricardo Silvio fueron aprehendidos en el momento, por efectivos de una comisión de la Policía de Carabobo, que se encontraba cerca del lugar. 

Otro caso de homicidio a manos de un efectivo de seguridad se registró el pasado  28 de enero de 2024, en el estado Portuguesa. La víctima, un joven de 20 años, fue identificado como José Manuel Linares. Aunque no hay declaraciones oficiales, familiares del joven aseguran que el asesino fue un funcionario del CICPC, familiar de la víctima.

Según información ofrecida por el medio digital Portuguesa Al día, el funcionario está bajo averiguaciones, para determinar si el hecho se generó de manera intencional o no. 

Los últimos dos casos de presunto homicidio por funcionarios de la PNB fueron registrados el pasado 26 de enero de 2024. Una de las víctimas fue reconocida como Kehiniber Gutiérrez Sucre, de 19 años. Según testigos, la víctima estaba sentado afuera de la casa, donde ocasionalmente residía en Caracas, cuando un grupo de funcionarios de la PNB lo rodearon y le dispararon. 

Según los testimonios de familiares, recabados por la prensa, la víctima recibió un disparo en el abdomen y fue llevado en una patrulla hasta el hospital Periférico de Coche, donde murió. 

Esa misma noche, otro hombre de 42 años de edad fue presuntamente víctima de la PNB. La identidad del hombre no ha sido revelada. Los familiares, quienes no quisieron dar más detalles del suceso, comunicaron que funcionarios le dispararon al salir de su casa en Filas de Mariche

Presunta ejecución extrajudicial a tres integrantes de una familia

Jaiverson Riso Cedeño, de 18 años; Nelson Reyes Zapata, de 23 años; y Jonklin Rizo Cedeño, de 19 años, fueron presuntamente ejecutados dentro de la vivienda donde residían, en el barrio El Campito de Petare. No hay información oficial del hecho, sin embargo, familiares denuncian que efectivos de la PNB irrumpieron en la casa, desalojaron a 12 niños y 4 adultos, y asesinaron a los tres hombres en la sala.

Se conoce que los efectivos pertenecían a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) y que llegaron encapuchados al lugar de los hechos. Según los testimonios recabados por el medio digital El Pitazo, los familiares denunciaron que escucharon los disparos desde afuera y que a los minutos los funcionarios salieron con los cuerpos de los tres hombres y los llevaron al hospital con la intención de simular las ejecuciones.

De igual forma, los familiares también denuncian que los efectivos de seguridad orinaron la sala donde fueron presuntamente ajusticiados los tres hombres, y robaron zapatos, ropa, comida, dólares y hasta un candado con llave que era de la vivienda.

Víctimas por estados 

Anzoátegui

El pasado 16 de enero murieron cuatro presuntos delincuentes a manos del CICPC. Las víctimas fueron Alexander Eduardo Ávila Pino, de 22 años de edad, apodado «el Tata», junto con su acompañante, un hombre de 25 años de edad, que aún no ha sido identificado; Luis Alejandro Peraza Moreno, de 26 años, alias «el Gordo» y Ricardo Ismael González Velásquez, de 28 años, alias «el Ricky». 

El 31 de enero se registró la presunta ejecución extrajudicial de José Jesús Guacarán Narváez de 32 años, alias «Joseito».

Aragua

12 presuntas ejecuciones ocurrieron en este estado durante supuestos procedimientos policiales. Los primeros dos fueron registrados el 12 de enero de 2024 y resultaron muertos Brayan Alexander Gil Romero, de 19 años de edad y Melvin Gómez Batista, de 20 años a manos de efectivos del CICPC. 

Dos días después, el 14 de enero, funcionarios de la PNB ejecutaron, bajo presunto procedimiento policial a Eudy Donaires Montilla, alias “el Tocoroncito” y Alberto William Ruiz Vargas, alias “el Bam Bam”; ambos presuntos integrantes de la banda “el Asdrubal”. 

El 16 de enero fue registrada otra doble presunta ejecución extrajudicial a alias “el Yeferson” y alias “el Yeiner”, supuestos integrantes de la banda de “El chino”, por cuerpos de la GNB. 

Tres días después, el 19 de enero fue asesinado Samuel Alfonzo Escalante, de 27 años de edad, presunto integrante de la banda Los Guaricheros. Escalante fue ejecutado por miembros de seguridad de la PNB. 

El 22 de enero Deiby Enrique Silva Mollan, de 28 años de edad, alias «El culón», presunto integrante del Tren de Aragua, fue supuestamente ejecutado por efectivos del CICPC.

El 25 de enero, funcionarios de la GNB mataron a Juan Jesús Peñaloza Peñaloza, de 33 años, alias «el Juancho», presunto cabecilla de la banda “el Wilmer”. Dos días después, el 27 de enero, efectivos de la PNB ejecutaron a alias “el Guajiro” y alias  “el Chanchito”, en el sector La Guadalupe, en la carretera que conecta a Cúa, estado Miranda, con San Casimiro, estado Aragua. 

Por último, el 30 de enero de 2024, alias «el Kelvin» murió a manos de funcionarios de la policía del estado Aragua, en el sector Alí Primera, ubicado en Cagua, municipio Sucre.

Carabobo

En el estado Carabobo, se contabilizan 11 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 9 fueron efectuadas a presuntos delincuentes en presuntos enfrentamientos e intervenciones legales. Las dos primeras fueron ejecutadas en diferentes operativos, el 11 de enero, en los que resultaron muertos Luis Antonio Rodríguez Castillo (35), apodado “el Culita” a manos de funcionarios del CICPC, y Jonal Mauricio Catary Durant (47), ajusticiado por policías del estado Carabobo. 

De igual forma, el día 18 de enero, dos hombres fueron ejecutados. El primero fue identificado como “el Gordo”, presunto miembro de la banda “la Guaricha”, a manos de funcionarios de la Policía de Carabobo. De igual forma, alias “Carlitos Guanare”, presunto miembro de la banda “El Niño Bote” fue asesinado por fuerzas policiales del municipio Libertador.

Un día después, el 19 de enero, otros dos hombres resultaron ejecutados por una operación conjunta de la PNB. en un presunto enfrentamiento. Los fallecidos fueron identificados como alias “Samuelito” y “Enmanuel», quienes estaban involucrados en un presunto intento de robo en la casa de dos funcionarios.

El sábado 20 de enero, José Ángel Silva (32), alias «el Movicoy”, fue asesinado por la Policía del estado Anzoátegui, en una supuesta intervención legal en el barrio Trapiche. Por último, el 29 de enero, fueron ejecutados alias “el Búho” y Arnaldo Miguel Díaz Escalona, alias “Caricari», ambos presuntos miembros de la banda “El Niño Bote”, en dos operativos diferentes de la Policía de Carabobo y la Policía del Municipio Libertador.

Cojedes

Una muerte por una presunta ejecución extrajudicial fue registrada en el estado Cojedes, el pasado 20 de enero, en la comunidad Buenos Aires I, del municipio Tinaco. El fallecido fue identificado como Carlos José Riera Cordero, de 35 años, alias «Cochino». Funcionarios de la Policía de Cojedes fueron los responsables del hecho. 

Distrito Capital

En la ciudad de Caracas, una de tres muertes registradas fue contabilizada como una ejecución en un presunto enfrentamiento con funcionarios de la PNB, el 25 de enero de 2024. Como Delin Hernández, de 28 años de edad, fue identificado el fallecido. El hecho se registró en el sector Brisas de Propatria.

Falcón 

Tres hombres identificados como Willian Gustavo González Ledezma, de 24 años, alias “Bilita”; Robert Enrique Medina Colina, alias “el Huevo”, y Jesús Enrique Medina Colina, alias “El Pantera”, fueron ejecutados en presuntos enfrentamientos con funcionarios de la PNB. El 22 de enero, fue registrada la muerte de alias “Bilita”, presunto integrante de la banda “Los Chicateros”, mientras que la muerte de alias “el Huevo” y alias “el Pantera”, presuntos integrantes de la banda “Los Rosa Blanco”, ocurrió el 27 de enero de 2024.

Guárico

El estado central de Los Llanos registró siete (7) ejecuciones en presuntos enfrentamientos. Alias «el Zamuro», que aún no ha sido identificado, fue asesinado el pasado 14 de enero por funcionarios de la PNB. Al día siguiente, en un enfrentamiento con el CICPC fueron asesinados Henry José Corro Torrealba, alias «el Tierra»; Freddy García Lugo, apodado «Pelón»; alias “el Chino” y otro hombre que aún no ha sido identificado. 

El 20 de enero, fue asesinado Robert Omar Pinto (35), alias «el Robertico»,  también por la PNB. Hasta el momento, el último ejecutado extrajudicialmente se registró el día 24 de enero, a manos de la GNB. El fallecido aún no ha sido identificado sin embargo, se le conocía como alias “el Ronco”.

Miranda

En dos operativos, fueron identificados siete (7), de los 10 hombres ejecutados en presuntos enfrentamientos por la PNB y uno por el CICPC. Los primeros cuatro, asesinados el 14 de enero de 2024, fueron reconocidos como: Ángel Daniel Avedaño, alias «el Danielito», líder de la banda; José Rojas, alias «Chicha»; José Miranda Corrales, alias «el Durito» y Markiyi Osorio, alias «Totorito». 

Los otros dos hombres murieron el 17 de enero. Aunque el caso no ha sido informado por cuerpos de seguridad ni en medios de comunicación, de manera extra oficial, Monitor de Víctimas logró conversar con familiares de los fallecidos, quienes prefirieron no realizar ninguna denuncia ni declaración. Los ejecutados responden a los nombres de Gregorio Laya y Victor Manuel Villarroel.

Por último, el día 23 de enero de 2024 fue registrada la muerte de Carlos Javier Ramos Guierres, de 25 años, alias «Chonguito». Ramos, quien murió en un presunto enfrentamiento con efectivos del CICPC, y, supuestamente, era integrante de una supuesta banda criminal y poseía historial criminal.

Monagas

Tras un presunto atraco, un funcionario perteneciente a la Policía del estado Monagas mató a dos hombres. El suceso ocurrió el 2 de enero, y según la investigación policial, los hombres, Carlos Alberto Urrieta Bermúdez (38) y Héctor Andrés Salazar León (20) intentaron robar al policía que estaba vestido de civil y se encontraba haciendo carreras de taxi. 

Otros dos hechos se registraron el día 18 y 25 de enero, también perpetrados por la Policía del Estado Monagas. Uno de los ejecutados responde al nombre de Carlos Mosqueda, alias «Carlos Sonrisa», mientras que el otro, de 20 años de edad, fue identificado como alias “el Pitirre”. Según relatos oficiales, los hombres fueron ejecutados al sostener presuntos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Sucre

La víctima fue Ángelo Lorenzo Ávila, de 34 años, presuntamente integrante de  la banda de “El Jaque”. Se conoce que fue asesinado por funcionarios de la Policía del estado Sucre.

Táchira

Como Luiggi Urieta, de 27 años, fue identificado el hombre asesinado en un presunto enfrentamiento con efectivos del CICPC. El hecho ocurrió el 29 de enero de 2024, en la localidad de la Zorca, Providencia.

Zulia 

El 27 de enero, fue ejecutado en un presunto enfrentamiento armado Yendrix José Benítez Infante, alias «el Pelón». Las fuerzas policiales de la PNB, junto con un Operativo mixto con la Policía de Polibaralt, efectuaron la ejecución.

En la mayoría de los casos, la versión de los cuerpos de seguridad asegura que estas personas tenían antecedentes o registros policiales por robo y otros delitos. Sin embargo, las autoridades no ofrecen información precisa sobre los supuestos prontuarios de las víctimas. Se desconocen las fechas y expedientes de estos supuestos delitos, así como las circunstancias de estos hechos.

De la misma forma, se utiliza el término de “intervención legal” para justificar los supuestos enfrentamientos, en los que no se reportan funcionarios de los cuerpos de seguridad heridos o muertos. 

 

#MonitordeVíctimasLara | Un comerciante murió apuñaleado en Navidad
Pedro Julián Barcos, de 41 años de edad, estaba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando se originó una pelea. en un barrio del oeste de Barquisimeto. En diciembre, cinco personas fueron asesinadas en el estado Lara

 

A Pedro Julián Barcos, de 41 años de edad, lo asesinaron de una puñalada cuando estaba compartiendo con un grupo de amigos por la llegada de la Navidad. El hecho ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre, en el barrio Moyetones sector III, al oeste de Barquisimeto, estado Lara. 

En la noche del 24 de diciembre, Barcos estuvo celebrando con su familia y, a la medianoche, decidió ir a reunirse con un grupo de amigos que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas. A las 2:00 de la madrugada,  ya el 25 de diciembre, un hombre que estaba con el grupo, presuntamente, comenzó a discutir con Barcos y pelearon, pero en ese momento el agresor sacó un cuchillo y se lo asestó en el tórax izquierdo, justo en el corazón. 

La víctima cayó al piso y se estaba desangrando. Quienes estaban con él, de inmediato, lo montaron en un carro particular y lo trasladaron hasta el Seguro Social Pastor Oropeza, ubicado a pocos minutos de donde ocurrió el hecho.

La herida fue mortal y Barcos murió poco tiempo después de ser ingresado en el centro hospitalario. El equipo de Monitor de Víctimas del estado Lara pudo conocer que los vecinos de la comunidad atraparon al agresor, para evitar que se escapara, y fue entregado a los funcionarios del Cicpc. La identidad del presunto homicida no pudo ser confirmada. 

Cinco homicidios 

En el mes de diciembre, cinco familias larenses quedaron enlutadas, al ser víctimas de la criminalidad, que este año aumentó en la región. El equipo de Monitor de Víctimas Lara registró 59 homicidios entre enero y noviembre de 2022, mientras que documentó 72 homicidios entre enero y noviembre de 2023.

Los cinco homicidios de este diciembre de 2023 ocurrieron en Torres, Simón Planas e Iribarren; este último fue el municipio que más casos registró. 

Las víctimas fueron Richard Alonso Rojas, de 45 años; Eyzer Nelo Hernández, de 22 años; un adolescente de 16 años de edad, un hombre apodado el “Mexicano”, cuya identidad no fue conocida, y Pedro Julián Barcos.

A Octavio Ortega Parra, productor agropecuario, lo hallaron maniatado y con un disparo en la cabeza en su vivienda en La Pedrera. Los victimarios cargaron con un teléfono celular y más de 2 mil dólares

 

Un productor agrícola del estado Táchira fue asesinado de un tiro en la cabeza, por dos hombres armados que irrumpieron en su casa, con el propósito de cometer un robo, la noche del domingo 10 de septiembre, en el sector Guaimaral, en La Pedrera, municipio Libertador, estado Táchira.

La víctima, identificada como Octavio Ortega Parra, de 58 años, dos desconocidos le dispararon en la cabeza, antes de huir con el equipo celular de su pareja y con 2.500 dólares, en efectivo.

De acuerdo con lo que declaró la pareja de Ortega Parra ante el Cicpc, ellos estaban solos en casa, cuando los ladrones irrumpieron en su hogar. 

Sometieron al productor y lo maniataron, para después apoderarse del dinero que, se desconoce, dónde lo tenía guardado. Además, le arrebataron el teléfono celular a ella.

Para los investigadores, de acuerdo con lo explicado por una fuente policial, resultó extraño que le dispararon a la víctima, si no había opuesto resistencia en ningún momento; además, estaba maniatada. Por lo que presumen que Ortega Parra conocía o reconoció, al menos, a uno de los victimarios.

Al día siguiente, en la morgue del Hospital Central de San Cristóbal, a donde trasladaron el cadáver del productor, se hicieron presentes algunos familiares de la víctima, que prefirieron no dar ninguna información adicional.

Ortega Parra era un hombre muy apreciado en la zona, relacionado también con productores de Barinas y Apure; además, era comerciante, criaba cerdos y amansaba caballos, según algunos datos que circularon en las redes sociales.

Este es el segundo homicidio perpetrado en el municipio Libertador, del Táchira, en lo que va del año 2023, y el séptimo que ocurre en todo el estado, en el mismo período. El anterior asesinato en este municipio del Sur del Táchira ocurrió en enero.

productor agrícola

 

#MonitordeVíctimasCaracas | A puñaladas matan a un hombre en Petare y otro es ejecutado en El Valle, presuntamente, por la PNB
Carlos Ojeda ayudaba en labores de mantenimiento y limpieza en la sede del Cicpc en El Llanito. La otra víctima, Yefraín Espinoza, era un colector de transporte público. De enero a septiembre de 2023, 23 personas han sido asesinadas con armas blancas y 44 han sido objeto de ejecuciones

@franzambranor y @carlos_dhoy

Carlos Andrés Ojeda, de 55 años de edad, ayudaba a los funcionarios de la Subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de El Llanito a lavar los vehículos y a hacer cualquier trabajo de mantenimiento y limpieza en las instalaciones.

Este miércoles 25 de octubre de 2023, no apareció en el recinto y los empleados se extrañaron ¿La razón? Fue asesinado de dos puñaladas en el pecho en la Plaza El Cristo de Petare, a las 7:30 de la mañana de ese día.

Su hermana Clara Marín Ojeda declaró en la morgue de Bello Monte que Carlos Ojeda murió desangrado en el lugar.

“Desconocemos qué pudo haber pasado. Él no tenía problemas con nadie. Era una persona tranquila y trabajadora. Lo cierto es que le robaron sus pertenencias y hasta dos perros que andaban con él están desaparecidos”, relató la hermana.

Ojeda tenía dos hijos mayores de edad y vivía solo en una residencia en Petare.

De acuerdo con la base de datos de Monitor de Víctimas, 23 personas han sido asesinadas con arma blanca, en los primeros nueves meses de 2023, en el Área Metropolitana de Caracas. De esa cifra, 16 fueron en el municipio Libertador, 6 en Sucre y 1 en Baruta.

Ajusticiamiento en El Valle

Yefraín Espinoza, de 25 años de edad, fue asesinado a tiros frente a su pareja, el pasado martes 24 de octubre, a las 7 de la mañana, en la calle 2 de los Jardines de El Valle.

Ana Fajardo, madre de Yerfraín Espinoza, señaló que la muerte de su hijo ocurrió el pasado 24 de octubre en la vía hacia el barrio El 70 de la parroquia El Valle, parroquia El Valle del municipio Libertador.

“Él trabajaba como colector en un autobús. Ese día estaba en la casa en compañía de su esposa y su hijo. Yo estaba en otra habitación cuando llegaron los funcionarios policiales de un cuerpo que no es la FAES, pero se visten igualito, (la nueva Dirección contra la Delincuencia Organizada DCDO). Se metieron en la casa y comenzaron a agredirnos, nos sacaron, le pusieron unas esposas a Yerfraín y se fueron”, relató.

“De la casa se llevaron un montón de cosas, hasta el colador de café. Luego, nos amenazaron, que no dijéramos nada, que si lo hacíamos, vendrían por nosotras. Salieron con mi hijo esposado. Al poco rato, escuchamos los disparos. Intentamos ir a ver y nos maltrataron, nos dijeron que no había pasado nada, pero era mentira, le metieron tres tiros en el pecho y, luego, lo dejaron botado en el hospital de Coche. Nos dijeron que estaba en otro lado. Nos hicieron recorrer varios centros policiales, cuando ya estaba muerto”.

 

Otros testigos confirmaron que los autores de la muerte de Espinoza fueron miembros de la División Contra la Delincuencia Organizada (Dcdo) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Un familiar de la víctima que no quiso identificarse por temor a represalias comentó: “Lo sacaron de su casa y lo mataron en todo el frente. Allí con él estaban su esposa, su hija de un año, su mamá y dos sobrinas”, detalló.

El pariente de Espinoza dijo que la víctima no poseía antecedentes penales ni estaba solicitado por los cuerpos de seguridad del Estado.

Espinoza era colector de un transporte colectivo y tenía dos hermanos.

Según Monitor de Víctimas, 44 personas han sido objeto de ejecuciones en el Área Metropolitana de Caracas, de enero a septiembre de 2023.

#MonitordeVíctimasTáchira | Muere segunda víctima del ataque con granada en Ureña

A Yusley Adriana Delgado le habían amputado una pierna como consecuencia de la explosión. Foto: Cortesía

Yusley Adriana Delgado, de 39 años, falleció tras casi dos meses del atentado en su propia casa. Como consecuencia del asalto, también había muerto su pareja, Jonathan González, y resultó gravemente herida la hija de ambos, de 18 meses, que permanece con atención médica en Cúcuta. Desde enero, van 5 ataques con granada en el municipio Pedro María Ureña, del estado Táchira

A tan solo días para cumplir un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Erasmo Meoz, en la ciudad de Cúcuta, fue declarada muerta Yusley Adriana Delgado, de 39 años, luego de resultar herida, el pasado 13 de julio de 2023, en un ataque con una granada dentro de su casa, en el barrio Las Comunas, municipio Pedro María Ureña, estado Táchira.

La mujer es la segunda víctima mortal que dejó este ataque, luego de reportarse, al día siguiente del hecho violento, la muerte de su pareja, Jonathan González, en un hospital de Cúcuta.

La hija de la mujer, una niña de un año y medio que resultó gravemente herida en el violento asalto, recibe atención médica en la ciudad cucuteña, con pronóstico reservado.

El ataque ocurrió aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, cuando un desconocido, que iba en una motocicleta, arrojó el artefacto explosivo, tipo granada, dentro de la vivienda, en la que Yusley Delgado estaba con su familia. La mujer perdió una de sus piernas en la explosión.

Autoridades policiales adjudicaron el hecho a integrantes del grupo paramilitar La Línea, que opera en la zona fronteriza de Táchira.

Este sería el quinto ataque con granada que se registra desde enero de este año 2023 en este municipio tachirense, de los cuales han resultado 10 heridos.

#MonitorDeVíctimas: En Venezuela hay balas para todos  
Un estudio realizado por Reacin y Monitor de Víctimas revela cómo Caracas, la capital de Venezuela, registra una gran cantidad de muertes por “balas perdidas”. Entre 2017 y 2021 unas 165 personas perdieron la vida al ser alcanzadas por proyectiles que tenían otro destino. Esta cifra no incluye los datos de centenares de personas que resultan con lesiones que cambian su vida producto de estos hechos. Una de estas historias está relatada en el documento 
El informe también hace referencia a una investigación elaborada entre 2014 y 2015 por Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), que ubica a Venezuela en el cuarto lugar entre 25 países de la región con más muertes por “balas perdidas”. En ese contexto, la socióloga Andrea Chacón, autora del documento, asegura que no se les debe llamar balas pérdidas, porque “la (bala) que hiere o mata, aunque sea a la persona equivocada, es una munición que cumple su propósito”

Por ReacinMonitor de Víctimas

Las balas perdidas pueden alcanzar a cualquier persona. Pero como suele ocurrir con las víctimas de las violencias, aquellas personas que están más expuestas a sufrir una lesión o muerte por su alcance, son también víctimas de violencias estructurales como la desigualdad y la exclusión, lo que finalmente trae como consecuencia que esas balas terminan profundizando las vulnerabilidades. 

En esta investigación denominada Consecuencias de Balas (NO TAN) Perdidas: Un acercamiento al contexto de las víctimas directas e indirectas de balas perdidas en Caracas, decimos que NO son balas TAN perdidas debido a que, finalmente, las balas están hechas para herir o para matar (más allá de si fue intencional o no). 

La que hiere o mata, aunque sea a la persona equivocada, es una munición que cumple su propósito. Por tanto, al ser una mercancía que causa letalidad, su simple comercialización y circulación implica un riesgo latente que exige ser controlado y regulado por el Estado. 

Este informe elaborado por Andrea Chacón, socióloga e investigadora de Reacin (Red de Activismo e Investigación por la Convivencia) muestra la situación de muertes ocasionadas por balas perdidas en Caracas a partir de los datos recolectados por Monitor de Víctimas (una plataforma de periodismo de datos de el medio digital Runrun.es y Mi Convive) entre 2017 y 2021, y las historias de algunas de las personas que murieron de esta manera.

Además, este contexto de datos se complementa con los casos de personas que quedan lesionadas producto también de estas balas perdidas. Por esta razón, el documento incluye el testimonio y la mirada de una madre que lucha cotidianamente con todo lo que implica que su hijo haya sido lesionado por una bala perdida a los 7 años, en 2013.

El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) puso la lupa sobre aquellos lugares de la región con mayor incidencia de balas perdidas. De los 25 países estudiados por UNLIREC entre 2014 y 2015, los que reportaron mayor número de incidentes fueron: Brasil (197 incidentes de un total de 741 casos registrados en los 25 países estudiados), México (116), Colombia (101 y Venezuela (70). 

Sin embargo, al contrastar el número de incidentes con balas perdidas en relación con los tamaños poblacionales de cada país, Venezuela destaca como un lugar de intensa incidencia en la región latinoamericana, ya que estamos hablando de 70 casos en un país de unos 30 millones de personas, comparado con el caso de Brasil: 197 casos en un país de más de 200 millones de personas; México: 116 de casos en un país de más de 120 millones y Colombia: 101 casos en un país de unos 50 millones de habitantes. 

Por otra parte, los datos sobre Venezuela quedaron pálidos, luego de analizar las cifras de Monitor de Víctimas para la elaboración de este informe: revelan que entre 2017 y 2021 murieron 165 personas solo en Caracas, al ser alcanzadas por balas perdidas.

Cualquiera puede suponer que las lesiones o muertes a causa de las denominadas “balas perdidas” son un tema de interés en el contexto de un país como Venezuela, donde frecuentemente ocurren enfrentamientos entre distintos tipos de actores armados (estatales y no estatales).

Son ellos quienes disparan balas que pueden tomar cualquier rumbo: los cuerpos de aquellas personas con las que se enfrentan, o cuerpos ajenos a la disputa, pero que estaban en un lugar y en un momento trágicamente desafortunados. 

Aquí puede leer el informe completo.

 

 

La generación que perdió el sueño: los huérfanos de la letalidad policial en Venezuela
Venezuela es el país con la tasa de letalidad policial más alta de América Latina y, quizás, del mundo. Monitor de Víctimas, una plataforma periodística que lleva un registro de los homicidios en cinco estados del país, documentó 2.033 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2017 y 2022. Estas personas dejaron huérfanos, al menos, a 1.520 niños, niñas y adolescentes
Esta investigación busca visibilizar las historias ocultas de 26 huérfanos de la letalidad policial en Caracas, Lara, Táchira, Zulia y Sucre. A través de tres podcast se revelan los efectos de estas ausencias trágicas en sus vidas. Cada capítulo explora un aspecto de la cotidianidad de estas familias y sus traumas: su salud mental, las secuelas de sus privaciones económicas y la deserción escolar

Por Monitor de Víctimas

Hay madrugadas en las que Jennifer Blanco*, de 14 años, se despierta aterrada. No hay pesadillas, ruidos bruscos, ni nada repentino que aliente el temor. “Empiezo a mirar, toco a mis hermanos para ver si están respirando, no sé por qué tengo eso. Después, cuando veo que todo está bien, me acuesto otra vez”, confiesa. 

Aunque no puede predecir estos episodios, sí sabe cuál es su origen: empezaron poco después del asesinato de su padre, Amilcar Blanco*, quien fue presuntamente ejecutado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela, luego de participar en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en enero de 2019. Una comisión policial entró a su casa en un pueblo del estado Lara, a 470 kilómetros de Caracas, sacó a sus hijos y a otros familiares y se quedó solo con él. La víctima dejó cinco niños huérfanos. Jennifer es la mayor.

De acuerdo con datos recabados por Monitor de Víctimas —una plataforma de periodismo que realiza un registro minucioso de los homicidios y los casos de letalidad policial en Caracas y otros cuatro estados de Venezuela— entre 2017 y 2022, 1.328 niños y adolescentes quedaron huérfanos producto de las muertes ocurridas por presuntas ejecuciones extrajudiciales o resistencia a la autoridad solo en Caracas. En el estado Lara —donde vive Jennifer y sus cuatro hermanos—, estas mismas causas dejaron huérfanos a 143 menores de edad, entre 2020 y 2022 (periodo del que se tiene registros). En Táchira fueron 14, entre 2021 y 2022; en Zulia, 27 solo durante 2022 y, en Sucre, 17 en el mismo año. 

Entre enero de 2016 y octubre de 2019, se reportaron 19.801 casos de resistencia a la autoridad en Venezuela, según una filtración de datos oficiales del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz a la que se tuvo acceso. 

Esta investigación, basada en datos recabados por Monitor de Víctimas y con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR), revela a través de tres podcast cómo los niños, niñas y adolescentes terminan siendo el eslabón más frágil y vulnerable de la cadena de dolientes que deja la letalidad policial en Venezuela. 

Para este reportaje especial se seleccionaron casos de víctimas de letalidad policial ocurridos entre 2017 y 2022 en Caracas y los estados Lara, Táchira, Zulia y Sucre, y dejaron huérfanos a menores de 18 años. Luego, se realizaron más de 30 entrevistas en persona a los niños, niñas, adolescentes y a sus madres y cuidadores por medio de dos formularios que indagaron sobre el estado físico y nutricional, la escolaridad, la salud mental, la carga familiar, la recreación y el afecto que reciben los pequeños. 

A través de las historias de nueve víctimas de la violencia policial, que dejaron 26 huérfanos en cinco estados del país, un equipo periodístico identificó cómo las familias —y, en particular, los más pequeños— se transformaron y comenzaron a experimentar una serie de consecuencias psicológicas, como los terrores nocturnos de Jennifer, además de carencias alimenticias, educativas, materiales y afectivas, luego de las presuntas ejecuciones de sus progenitores

Los relatos, acompañados de las opiniones de psicólogos, sociólogos y antropólogos consultados para este trabajo, se presentan en esta serie de podcast que explora tres aristas del problema: salud mental, privaciones económicas y educación.

Escucha el especial “La generación que perdió el sueño. Los huérfanos de la letalidad policial en Venezuela” haciendo clic en esta imagen: