Monitor de Víctimas, autor en Runrun

Monitor de Víctimas

#MonitordeVíctimasSucre | En oriente, hubo más asesinatos por ajuste de cuentas y supuesta resistencia a la autoridad
En el estado Sucre ocurrieron 113 homicidios entre febrero y diciembre de 2022. La mayoría de las víctimas (106) fueron hombres y 7 mujeres

 

En el estado Sucre, fueron registradas 113 muertes violentas en el periodo comprendido entre los meses de febrero y diciembre de 2022, de acuerdo con la documentación hecha por el equipo de Monitor de Víctimas en las morgues de las ciudades de Cumaná y Carúpano, respectivamente. 

En este periodo, se registraron más asesinatos por ajuste de cuentas, con 36 víctimas, y por supuesta resistencia a la autoridad, con 24. Por robo, hubo 14 homicidios y las riñas o peleas en el sitio causaron 9 fallecidos.

Nueve fueron las muertes cuyas causas quedaron por determinar a través de las investigaciones de las autoridades.

Fueron documentados 5 casos de violencia de género, 4 homicidios por enfrentamientos entre bandas y 2 por linchamientos. Las ejecuciones causaron 7 asesinatos, mientras que mataron a un funcionario en servicio. 

Las balas perdidas dejaron un muerto en la línea de fuego y otro homicidio ocurrió por violencia política. 

Igualmente, se evidenció que la mayoría de las víctimas (106) fueron hombres y 7 mujeres. 

Un decapitado

Entre los casos que dejaron de manifiesto la magnitud de la violencia en la entidad oriental destacó el ocurrido el 17 junio de 2022, cuando el agricultor Santos del Carmen Hernández, de 53 años, fue hallado decapitado y enterrado en su hacienda de cacao, en el sector Santa Isabel del municipio Arismendi. El hombre fue decapitado, presuntamente, con un machete. 

En Sucre, los reportes de mutilaciones y decapitaciones de personas no se reportaban desde abril de 2021, cuando la cabeza de un hombre fue colgada en la plaza del sector Banco Obrero, en el municipio Valdez, como prueba de las disputas entre organizaciones delictivas.

Letalidad policial

Uno de los hechos violentos más sonados ocurrió en Carúpano – Paria, según las estadísticas que tiene el equipo de Monitor de Víctimas, y se trató del ajusticiamiento del joven Daniel Alejandro Lezama Rodríguez, de 22 años, quien fue asesinado el 7 de abril de 2022, por un funcionario del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), delegación Nueva Esparta.

La información se conoció tras la divulgación de un video de seguridad del establecimiento comercial Tiago, en el sector Tío Pedro de Carúpano, donde ocurrió el homicidio. Familiares de la víctima denunciaron ante medios de comunicación, que el joven fue asesinado por un supuesto funcionario del Cicpc, que estaba en el local, y cuando la víctima se sentó en una mesa y se disponía a sacar su portachequera, fue baleado en el pecho por el policía.

Por este hecho, fueron imputados, el domingo 10 de abril de 2022, 5 funcionarios del Cicpc por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, así como uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.

Sin embargo, el Tribunal Quinto de Control les otorgó libertad provisional a 5 de los 6 funcionarios detenidos por el asesinato del joven Daniel Lezama Ramírez, de 22 años. La decisión fue tomada tras la audiencia preliminar del pasado jueves 11 de agosto de 2022, en el Circuito Judicial del municipio Bermúdez, estado Sucre.

En esa oportunidad, Anairys Ramírez, madre de la víctima, quien se encontraba fuera de las instalaciones, dijo estar en desacuerdo con los resultados de la audiencia preliminar. Antes de efectuarse, familiares y amigos habían protestado porque había sido postergada en cinco oportunidades.

“El juez desestimó el delito de simulación de hecho punible, cuando todos los que  observaron este video se dieron cuenta de que ellos manipularon todas las evidencias desde el momento en que le dispararon a Daniel, manipularon su cadáver y le colocaron un arma que no era de él “, explicó Anairys Ramirez, ese 11 de agosto de 2022.

Mataron a “el Curi”

Otro de los asesinatos que captó la atención de los medios de comunicación fue el del ciudadano Darwins José Vizcaíno, de 29 años, conocido como “el Curí“, quien era buscado por los organismos de seguridad, por su vinculación con un homicidio.  

Vizcaíno fue asesinado, el 22 de febrero de 2022, por una comisión de la Guardia Nacional.

Durante este tiempo, las bandas delictivas volvieron a infundir miedo en el sector Chacaracual, municipio Arismendi, con la masacre de cuatro hombres identificados como Carlos Manuel Rodríguez Urbaez; Cristóbal José Ruiz Urbaez (19);  Irvis Luis García Rojas (32) y  Olvi José López García (32), quienes fueron asesinados presuntamente por la banda “el Conoto”.

Un alto funcionario público en el municipio Valdez, también, fue asesinado por causas que aún se desconocen. Se trata del ciudadano Rogelio José Pérez Hernández, de 48 años, director de Puertos de Sucre, en Güiria, municipio Valdez, y Carúpano, municipio Bermúdez, quien fue encontrado muerto con múltiples puñaladas, en su casa, el 8 de agosto de 2022.

Violencia intrafamiliar

Dentro de los casos de violencia intrafamiliar destaca el ocurrido el 22 de septiembre de 2022, cuando Miguel Rafael Rivero Segura, de 53 años, fue quemado con agua caliente por ignorar la discusión de su pareja, tras llegar ebrio a su casa. 

La víctima falleció luego de permanecer siete días en la emergencia del hospital de Cumaná.

 

#MonitordeVíctimasZulia | Sicariatos y resistencia a la autoridad: principales causas de muerte por homicidio

Uno de los casos más sonados de sicariato en 2022 fue el del concejal de UNT Ronald Soto

 

De los 48 asesinatos que se registraron en 2022, 33 ocurrieron en el Municipio Maracaibo, y 15 de los 28 homicidios por encargo fueron ejecutados en el municipio Miranda

 

Foto: Cortesía

 

Durante 2022, hubo 48 casos de asesinatos por resistencia a la autoridad y 28 muertes a manos de sicarios en el estado Zulia. Estas fueron las dos principales causas de los 157 hechos que registró el Monitor de Víctimas en el estado occidental.

En el total de los casos, el municipio con mayor número de muertes fue Maracaibo, con 33; le siguió San Francisco, con 26, y el municipio Miranda, con 25. La Cañada de Urdaneta, que anteriormente había sido considerado el municipio más violento de Zulia, tuvo 13 casos.

Hay que destacar que la mayoría de los sicariatos fueron ejecutados en el municipio Miranda. De los 28 que fueron en total, 15 fueron documentados en ese municipio de la Costa Oriental del Lago.

Las ejecuciones extrajudiciales también tuvieron una cifra elevada; en total, fueron 18. Es decir, que hubo ocasiones en las que se registraron un poco más de una por mes. 

Funcionarios de la Guardia Nacional y del Cuerpo de Policía del estado Zulia (Cpbez) fueron los que tuvieron la mayor responsabilidad, tanto en las muertes por resistencia a la autoridad, como en las ejecuciones.

9 femicidios en el año

Del total de las muertes por resistencia a la autoridad, 12 fueron a manos de la Guardia Nacional y 12 bajo la responsabilidad de la policía del estado Zulia. Y en las ejecuciones, 6 casos tuvieron como responsables a la Guardia Nacional y 4 a la Policía del estado Zulia.

Con respecto a los femicidios, en Zulia hubo 9 casos, de los cuales 5 ocurrieron en Maracaibo, 2 en el municipio Jesús Enrique Lossada, 1 en el municipio Mara y 1 en el municipio Cabimas.

#MonitorDeVíctimas | Operaciones Trueno: las OLP de 2022
A lo largo del año, 70 personas murieron en los ocho operativos “Trueno” que retumbaron en cinco estados: Aragua, Yaracuy, Guárico, Miranda y Anzoátegui. Se trata de procedimientos que contaron con cientos de funcionarios para, supuestamente, perseguir a las megabandas que operan en el país
Muertos y detenidos fueron señalados de ser integrantes de organizaciones como el “Tren de Aragua”, “Tren de Los Llanos”, “Wisleysi” o “Carlos Capa”, pero en la mayoría de los casos, los familiares desmintieron estas vinculaciones y reclamaron que las víctimas estaban desarmadas o fueron sacadas de sus casas para ser ejecutadas
Ninguna de las operaciones Trueno capturó a alguno de los líderes de las bandas que estaban en la mira de los uniformados

Lorena Meléndez G,  Karina Peraza y Liz Gascón

 

“Comandante Richard, indíquenle ahí al comandante Richard Contreras: era el “Koki”, el elemento el “Koki” (…) Le tenemos el móvil con foto y todo”. La cita es de un audio emitido por un funcionario de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que el martes 8 de febrero de 2022 se volvió viral en Venezuela. Uniformados de distintos cuerpos de seguridad del Estado llevaban al menos un par de días en las montañas del estado Aragua tras la pista de uno de los delincuentes más buscados en Venezuela.

Poco después circuló la imagen del homicidio. El cadáver de “Koki” tenía la boca desfigurada, excoriaciones en la frente y en la barbilla y la mirada perdida. Un tatuaje con el nombre “Eladia” bajo la clavícula derecha confirmó que era el mismo hombre que meses antes apareció en una foto con una franelilla blanca y una cadena gruesa de oro con un dije dorado en el que se leía su apodo. Junto a la foto del cuerpo, otra prueba: la planilla con sus huella dactilares y su nombre completo: Carlos Luis Revete, el líder más mediático de la banda dirigida por él junto a Garbis Ochoa Ruiz, apodado “Garbis”, y Carlos Calderón, conocido como “Vampi”, y que desde hace casi una década controlaba las operaciones criminales y hasta la vida de los habitantes de los barrios de la Cota 905, al oeste de Caracas. 

Así inició la cuenta de los grandes operativos policiales de 2022 en el país, supuestamente dirigidos contra los jefes criminales de megabandas que nunca fueron capturados, pero con denuncias de violaciones a los derechos humanos y decenas de muertes señaladas como ejecuciones extrajudiciales. Un par de meses antes, en diciembre de 2021, esos operativos habían cerrado el año con la muerte de Esteban Eduardo Quintana Monzón, conocido como “Eduardo Delicias” y líder de la banda “Las Delicias” de la zona de Barlovento, en Miranda. 

Luego del operativo contra “Koki”, que se llamó “Gran Cacique Guaicaipuro II”, estos grandes despliegues policiales, al estilo de las Operaciones de Liberación del Pueblo, fueron bautizados como “Trueno”, término que la Real Academia Española define como “ruido o estampido que causa el tiro de cualquier arma o artificio de fuego”. En todos los casos, muertos y detenidos fueron señalados de ser integrantes de megabandas como “Tren de Aragua”, “Tren de Los Llanos”, “Wisleysi”, en Petare, o “Carlos Capa”, en Valles del Tuy. Estas dos últimas están en el estado Miranda.

A lo largo del año, 70 personas murieron en los ocho “Truenos” que retumbaron en cinco estados: Aragua, Yaracuy, Guárico, Miranda y Anzoátegui. La mayoría lo hizo en las operaciones ejecutadas en septiembre, donde mataron a 55 presuntos delincuentes.

Todos los muertos eran de sexo masculino y aunque no se conoce la edad de todas las víctimas, ninguno era mayor de 55 años. En cuanto a las identidades, solo se conoció el nombre y apellido de 47 de ellos, mientras que ocho solo fueron mencionados con un mote. Los otros 16 no fueron identificados al momento de los operativos. En ningún despliegue se registraron muertes de policías.

El cuerpo que dirigió la mayoría de los operativos “Trueno” fue la PNB con sus diversas direcciones, sobre todo la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), que se considera sucesora de las cuestionadas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), acusadas de ejecutar a centenares de personas en el país y cuya disolución fue solicitada por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). A los funcionarios de la PNB los apoyaron las policías regionales, pero también uniformados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y hasta  efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). 

 

 

Después de “Koki”

Tras la muerte de Carlos Revete, transcurrieron varias semanas antes de una nueva tormenta de balas. Desde el 20 de abril de 2022, habitantes de Altagracia de Orituco, municipio José Tadeo Monagas de Guárico, denunciaron las acciones de la operación “Trueno” – que desplegó casi 800 uniformados– de las que luego se hizo eco la organización no gubernamental Defiende Venezuela.

“Logramos identificar que siguen los allanamientos ilegales a las residencias y comercios, se ha atentado contra vidas, existe un sometimiento de los ciudadanos con detenciones arbitrarias, se han dado confiscaciones ilegales, robos de bienes, violencia de género y, por último, actos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dijo uno de los abogados de Defiende Venezuela en un comunicado. En mayo, en dos localidades del municipio José Félix Ribas, mataron a cuatro personas que identificaron como miembros del Tren del Llano.

Ese mes, Trueno II llegó a Yaracuy. El objetivo era desintegrar la banda de “Wilmer Bachiller”, liderada por Wilmer Gustavo Aponte, quien trabaja y ejecuta las órdenes de Josué Ángel Santana, apodado Santanita, uno de los integrantes de la megabanda Tren de Aragua. Aponte también está al frente de la banda Mimosin, a cargo de los secuestros y extorsiones en la región. 

El operativo se ejecutó en varios municipios, pero solo en cinco mataron a ocho personas en cuatro días. Todas las víctimas fueron señaladas como integrantes de las bandas mencionadas. En cinco de los ocho casos se denunciaron ejecuciones extrajudiciales. 

Westerlinth Samuel Heredia Clisánchez y Mervin Montero, en el municipio Veroes, fueron las primeras víctimas. Familiares dijeron que ninguno estaba armado y que no pertenecían a organización criminal alguna. A Heredia Clisánchez lo detuvieron en su casa y luego apareció muerto en la morgue, mientras que a Montero lo asesinaron en su vivienda. Sobre José Alberto Mendoza Bracho, asesinado en Bruzual, parientes aseguraron que se usaron los antecedentes de un familiar como excusa para su ejecución. También estaba desarmado. 

En Trueno II detuvieron a 32 personas y se denunciaron abusos policiales como allanamientos a viviendas sin orden alguna, robos y maltratos por parte de los funcionarios.

 

 

El mes más sangriento

Durante septiembre se ejecutaron cinco operativos en cuatro estados. En Trueno III, entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre, se desplegaron 2.000 funcionarios en tres municipios de Guárico (Leonardo Infante, José Félix Ribas y Pedro Zaraza) para desarticular al Tren del Llano. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó 14 asesinatos en una minuta, sin especificar las identidades de las víctimas ni detalles de los presuntos enfrentamientos.

El operativo estuvo marcado por la opacidad y la incertidumbre. En Tucupido, municipio José Félix Ribas, los habitantes relataron que se impuso un toque de queda en el pueblo y que sentían miedo de ser alcanzados por una bala perdida durante los tiroteos. En seis días, los cuerpos de seguridad detuvieron a 138 ciudadanos, cuatro de ellos fueron presentados como presuntos integrantes del Tren del Llano. La población denunció que aprehendieron a personas inocentes o que estaban caminando en las calles por la noche.

Trueno IV ocurrió en seis municipios de los Valles del Tuy. Allí mataron a 20 personas entre el jueves 8 y el domingo 11 de septiembre y en varios de los casos, tanto familiares de las víctimas como vecinos de las zonas afectadas, desmintieron los presuntos enfrentamientos. La incursión de 900 funcionarios no solo sorprendió a las bandas armadas que operan en esta subregión mirandina, sino también a los cuerpos de seguridad locales. De acuerdo con datos obtenidos por Monitor de Víctimas, la idea era evitar que se fugara información debido a la presunta vinculación de policías con líderes criminales. Por ello, los oficiales que comandaron los procedimientos eran foráneos.

En Ocumare del Tuy se registró el mayor número de muertos: seis hombres. Cuatro de ellos fueron señalados como miembros de la banda de Deiber Johan González, apodado “Carlos Capa”, responsable del asesinato del supervisor jefe Richard José Rondón Ortega, adscrito a la Policía de Municipal de Charallave, y de su esposa, el domingo 4 de septiembre, en San Francisco de Yare, Miranda. A la organización también se le atribuye el aumento de falsas ventas de vehículos por la plataforma Marketplace y las amenazas que han recibido algunos organismos de seguridad.

 

 

Entre el 15 y el 19 de septiembre de 2022 se ejecutó Trueno V en la Colonia Tovar –pueblo turístico de origen alemán del estado Aragua– con un operativo de 1.000 funcionarios que se desplegaron también en zonas montañosas de Carabobo y La Guaira para seguir los pasos de los miembros de la banda “Los Guaricheros”, quienes supuestamente operan en las laderas del área. El resultado fue dos hombres muertos en el sector Monte Oscuro, del municipio Tovar.

Habitantes de la zona montañosa de Cobalongo grabaron videos para denunciar detenciones arbitrarias de agricultores de las zonas. “Se lo llevaron en malas condiciones, descalzo, en shorts y sucio, porque el estaba trabajando, estábamos recogiendo mercancía”, dijo la esposa de uno de los detenidos.

 

 
 
 
 
 
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Los reportes oficiales nunca hablaron de la operación Trueno VI, pero paralelamente a los hechos de la Colonia Tovar, el Cicpc mató a tres supuestos miembros del Tren del Llano. Uno de ellos fue identificado como Ramón Celestino Toledo, conocido como “Chicho Toledo”, en el sector La Alejandría de municipio McGregor en Anzoátegui, en la frontera con Guárico. Toledo, de 54 años de edad, era uno de los más buscados en la entidad guariqueña. A comienzos de 2022, salió en un video con amenazas dirigido a los productores de Guárico para exigir los pagos de extorsiones a cambio de permitirles trabajar sus tierras.

Trueno VII, por el contrario, sí contó con mayor propaganda. El operativo desplegó cientos de funcionarios entre el 27 y el 29 de septiembre en las parroquias Petare, La Dolorita y Filas de Mariche, del municipio Sucre de Miranda, y ejecutó a 14 hombres y un menor de edad. Los familiares de la mayoría de las víctimas señalaron que los suyos no estaban vinculados a las bandas de “Wilexis” y “Los Chicorrios”, que supuestamente eran el objetivo de la movilización de los funcionarios. 

Dos hechos marcaron las principales incongruencias en los reportes oficiales. Tres de las 15 víctimas fueron detenidas en otros municipios horas antes de que las autoridades las señalaran por haber participado en los presuntos enfrentamientos. Familiares contaron que otras tres personas fueron arrestadas en sus casas en Petare y Filas de Mariche y asesinadas en otras zonas de la populosa parroquia.

A mediados de octubre, el Cicpc atacó otra vez al Tren del Llano, en lo que podría considerarse la operación Trueno VIII. Nuevamente, fueron tres las víctimas y solo uno de ellos fue identificado: Henry José Milano Moreno, conocido “el Demonio”, señalado por medios locales como uno de los jefes de la megabanda mencionada.

 

 

Detenidos a Caracas 

De acuerdo con el monitoreo hecho por Monitor de Víctimas, en al menos siete de estos operativos detuvieron a 323 personas. La mayor cantidad de arrestos ocurrió en septiembre en Guárico, cuando se reportaron 188 personas detenidas por diversos delitos. Al menos cuatro de estas eran integrantes del Tren del Llano. 

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó luego de los hechos de Yaracuy, en mayo pasado, que a la fecha se había arrestado a 150 personas durante los dos operativos “Trueno”. Pero las cifras no cuadraron. En Guárico, durante la primera incursión, detuvieron a 24 personas y en Yaracuy solo fueron 32 los capturados. 

Los detenidos en las operaciones “Trueno” en cinco estados del país fueron trasladados hasta Caracas. En algunos casos fueron imputados por delitos como “terrorismo” y enviados a cárceles como Rodeo II.

Familiares de estos detenidos denunciaron que nunca los dejaron hablar con los arrestados y aseguraron que les violaron el debido proceso porque fueron presentados después de las 48 de su detención, no los dejaron elegir una defensa privada y su proceso judicial, pese a ser detenidos en el interior del país, fue iniciado por el Distrito Capital. 

Los familiares de los presos explicaron que estos traslados les dificultan las visitas los fines de semana, por lo costoso que les resulta viajar a la capital. Hoy, muchos de estos detenidos están desasistidos y aislados de sus parientes. 

 

#MonitordeVíctimasSucre | Hombre muere tras ser golpeado y quemado con agua caliente por su pareja en Cumaná
Miguel Rafael Rivero Segura, de 53 años, fue agredido en medio de una discusión que tuvo con su concubina tras llegar ebrio a su casa. La víctima falleció luego de permanecer siete días en la emergencia del hospital de Cumaná

 

Un hombre murió tras ser golpeado y quemado con agua caliente por su concubina durante un hecho ocurrido en la segunda calle del sector Bolivariano, de la parroquia Altagracia del estado Sucre.

Miguel Rafael Rivero Segura, de 53 años, falleció la noche del jueves 22 de septiembre de 2022, luego de permanecer siete días en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa), de Cumaná.

Fuentes cercanas a la víctima aseguraron que Rivero fue agredido por su pareja durante una discusión registrada el 15 de septiembre de 2022, después de llegar en estado de embriaguez a su vivienda.

“Ella comenzó a pelear porque llegó ebrio, pero él la ignoró y se fue a dormir. Entonces, ella lo fue a buscar y lo golpeó en la cabeza. Cuando él corrió a pedir auxilio, ella agarró el agua caliente que tenía en la cocina y se la lanzó”, aseguraron los allegados.

Rivero fue auxiliado por vecinos y funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Cumaná. 

De acuerdo con el informe hospitalario, el hombre sufrió quemaduras de primer grado en 57 % de su cuerpo y lesiones superficiales en la cabeza.

Dos días después de su ingreso a la emergencia del hospital, sus familiares solicitaron con urgencia vendas elásticas para quemados, solución jabonosa y cremas para quemaduras, de manera de garantizar su atención, pues el centro asistencial no cuenta con unidad de quemados.

Al día siguiente del hecho, la mujer de 63 años fue detenida por la Policía del Municipio Sucre, pero al parecer Rivero se negó a formalizar la denuncia en su contra y ella quedó en libertad. 

Familiares confirmaron que la presunta responsable del hecho le llevó ropa y comida a la víctima durante su permanencia en el hospital, pero le impidieron verlo.

Además, reconocieron que las discusiones entre la pareja eran frecuentes, porque ambos tenían problemas con el abuso de la ingesta de alcohol, pero el caso de ella es grave.

Tenían 23 años de convivencia y aunque no tenían hijos en común, Rivero le ayudó a criar cinco hijos, gracias a su ingreso por el trabajo descargando mercancía en la lonja pesquera de Cumaná.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) participó en las investigación del caso. 

Fuentes policiales confirmaron que tras la muerte de la víctima, la responsable fue detenida nuevamente y pasada a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público.

De acuerdo con el testimonio de familiares de la víctima, su pareja ha manifestado problemas conductuales pues también en medio de discusiones, le lanzó agua caliente a su mamá, a un hijo con discapacidad y a una hija que actualmente vive fuera del país.

Un caso de violencia doméstica

Entre los meses de febrero y agosto de 2022, el equipo de Monitor de Víctimas registró 74 muertes violentas que fueron confirmadas en las morgues de Cumaná y Carúpano, en el estado Sucre.

En dos de los casos registrados, el móvil fue violencia de género y otro a violencia doméstica. Las primeras dos víctimas pertenecían al sexo femenino y el tercero, al masculino, con edades comprendidos entre los 38 y 44 años. 

Los casos han ocurrido en los municipios Cajigal, Libertador y Sucre, respectivamente.

#MonitorDeVíctimasLara | Mataron a un joven a 20 minutos de su casa

Los vecinos aseguran que Wilder Antonio Martínez Rojas murió a manos de un grupo de funcionarios de la DCDO

 

Wilder Antonio Martínez Rojas, de 25 años de edad, fue asesinado durante un operativo de la PNB en el norte de Barquisimeto. En lo que va de año, se han registrado tres ejecuciones en la comunidad de Las Sábilas que los vecinos atribuyen a este cuerpo policial

 

Foto: Cortesía

 

A Wilder Antonio Martínez Rojas, un joven de 25 años, lo sacaron de su casa, el martes 6 de septiembre de 2022, en El Jebe, una comunidad que está al noreste de Barquisimeto, en el estado Lara. Estuvo desaparecido por unas horas hasta que su familia lo encontró muerto en la morgue. 

Ese día amaneció de golpe para algunos habitantes de El Jebe. Un grupo de funcionarios de la Dirección Contra Delincuencia Organizada (DCDO), adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegó hasta la vivienda, donde se encontraba Wilder, y entró a la fuerza.

Una vecina, que no quiso identificarse por temor a recibir represalias, detalló que luego de unos minutos, los funcionarios sacaron a Wilder de la casa y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Esa madrugada, el joven estaba durmiendo solo, por lo que sus familiares desconocían qué estaba pasando. Una vecina se habría comunicado con ellos para informarles lo que había visto.

Aparentemente, el grupo de funcionarios se llevó a Wilder hasta la comunidad Las Sábilas, zona que por años fue tildada como uno de los barrios más peligrosos de Barquisimeto. Desde El Jebe hasta esta comunidad, hay alrededor de 17 kilómetros de distancia, a unos 20 minutos de recorrido en carro. 

Una patrulla de la Dirección Contra Delincuencia Organizada entró a la comunidad Las Sábilas, a las 7:00 de la mañana, y de inmediato, giró hacia la Manzana E. En cuestión de minutos, los habitantes escucharon una ráfaga de disparos. Los vecinos contaron a Monitor de Víctimas que se trató de una presunta ejecución, debido a que ellos observaron el momento en el que pasaba una patrulla con funcionarios e iba un hombre de civil. 

«A ese muchacho lo trajeron para matarlo aquí. Ellos (los funcionarios de la DCDO) están acostumbrados a traer personas para acá y a decir luego que fue un enfrentamiento. Queremos que se limpie el nombre de Las Sábilas», sostuvo un habitante de esa comunidad que no se quiso identificar, por temor a recibir represalias. 

La versión policial 

Según un reporte policial, los funcionarios de la DCDO llegaron a Las Sábilas luego de recibir una denuncia sobre robos que estaban ocurriendo en la zona. 

El cuerpo policial indicó que cuando los funcionarios estaban en la Manzana E, observaron a un grupo de hombres, que apenas vio a la comisión, salió corriendo. En medio de la persecución, uno de los jóvenes entró a las ruinas (lo que antes eran viviendas) y allí, presuntamente, se enfrentó a la comisión. Wilder Martínez resultó herido, al igual que un policía, de acuerdo con la versión oficial. 

Se indica en el reporte, que a Martínez lo trasladaron hasta el ambulatorio de Tamaca, pero fue ingresado sin signos vitales. Presentó una herida en el tórax y otra en el abdomen. Mientras que el funcionario resultó herido en el brazo derecho, tras el paso de un proyectil. 

Funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc se trasladaron hasta el sitio del suceso para hacer las experticias e incautaron una pistola 9 mm, arma que según la minuta policial, presuntamente, Wilder Martínez usó para disparar contra los policías. 

En Lara, han muerto tres personas por presuntos enfrentamientos, en lo que va del año 2022. Las tres víctimas murieron a manos de funcionarios de la DCDO. 

En mayo, cuando se registraron las dos primeras muertes, Luis Chirinos y Antony López murieron a manos de los uniformados en Las Sábilas. Después de estos casos, los habitantes de la comunidad pidieron que se investigue a los funcionarios, pues ellos aseguran que estos homicidios fueron ejecuciones. 

#MonitordeVíctimasTáchira | Asesinaron a otro desconocido en la vía a Santa Ana

Otro hombre fue asesinado en la vía a Santa Ana del Táchira; el anterior homicidio fue perpetrado en julio pasado

 

Una segunda víctima masculina fue localizada, en condiciones similares y, prácticamente, en el mismo sitio, en poco más de dos meses. Ambos hombres fueron despojados de sus documentos de identidad y asesinados a tiros. Se presume que el grupo guerrillero ELN sea el autor de los dos homicidios, porque opera en esa zona tachirense

 

Foto: Cortesía 

 

Un hombre, que aún no ha sido identificado, fue asesinado de un tiro en la cabeza, en la vía Santa Ana del Táchira, municipio Córdoba, entre los sectores El Tambo y Puente Junín, en el mismo sitio en el que, en julio pasado, hallaron el cadáver tiroteado de otro desconocido.

El cadáver de la reciente víctima fue hallado a un costado de la carretera, a primera hora de la madrugada del lunes 12 de septiembre de 2022. Algunas personas que a esa hora transitaban por allí notificaron el hecho a las autoridades policiales locales.

Una comisión de Politáchira se presentó en el lugar. Al verificar que se trataba de un homicidio, dio aviso al Cicpc, que más tarde, se ocupó del levantamiento y traslado del cuerpo a la morgue del Hospital Central de San Cristóbal.

Testigos describieron a la víctima como un hombre entre los 40 y 45 años de edad, de tez morena, que vestía chaqueta negra, un pantalón jeans azul oscuro, usaba gorra negra y calzaba botas negras, tipo militar, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con la base de datos de Monitor de Víctimas, el otro hombre fue asesinado en ese mismo lugar, el 9 de julio. Hasta la fecha, no ha sido identificado.

Su cadáver también yacía a orillas de la carretera. Vestía una franela azul con negro; mono deportivo camuflado y botas deportivas negras. Se le observaron, por lo menos, tres balazos.

La presunción sobre la autoría de ambos homicidios podría apuntar a la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional), agrupación irregular que opera en la zona, y que suele dejar a sus víctimas en lugares donde puedan ser fácilmente localizadas.  

#MonitordeVíctimasSucre | Dos adolescentes fueron asesinados por otro joven en el estado Sucre

Centro de Coordinación Policial del municipio Andrés Eloy Blanco: El joven de 17 años fue detenido por funcionarios de la policía de Casanay, capital del municipio Andrés Eloy Blanco.

Las víctimas de 13 y 16 años respectivamente, fueron sorprendidos por el victimario, de 17 años, mientras tenían relaciones sexuales. El presunto responsable les disparó en la cabeza. Posteriormente, fue detenido

Monitor de Víctimas Sucre / Foto: Cortesía

Una adolescente de 13 años y un joven de 16 mantenían relaciones sexuales cuando fueron sorprendidos por otro muchacho de 17 años, quien al verlos los asesinó de un disparo en la cabeza, el pasado 9 de septiembre de 2022. El hecho ocurrió en el sector Boca de Caño de la troncal nueve, parroquia Rendón, del municipio Ribero, en el estado Sucre.

Fuentes policiales confirmaron que el victimario de 17 años fue detenido. Era residente del sector Terranova y estaba enamorado de la joven víctima, quien vivía en el sector Las Violetas. Al parecer, ella se negó a continuar una relación con él y prefirió intimar con el otro joven, oriundo del lugar donde ocurrió el doble homicidio.

 

El reporte oficial confirma que funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial del municipio Andrés Eloy Blanco detuvieron al autor material del hecho, quien, además, estaba con su mamá.

Trascendió que los dueños de la vivienda donde ocurrió el crimen están fuera del país, y fue la persona encargada de cuidar la casa quien se la prestó a los jóvenes.

Durante la detención del presunto homicida, fue incautada una pistola Glock, sin serial, ni marca visible, con un cartucho nueve milímetros sin percutir y dos cartuchos percutidos.

El joven fue puesto a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público, por los delitos de homicidio y porte ilícito de arma de fuego.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) trasladó los cuerpos hasta la morgue del hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa), de Cumaná, donde se confirmó que ambas víctimas recibieron impactos de bala en la región encefálica.

74 muertos este año

Durante el periodo comprendido entre febrero y agosto de 2022, el equipo de Monitor de Víctimas registró 74 muertes violentas en el estado Sucre.

Dos de los homicidios ocurrieron, precisamente, en el municipio Andrés Eloy Blanco. Una de las muertes transcurrió en medio de un robo y otra por causas que aún son investigadas.

En 23 casos, el móvil que manejan los investigadores policiales de la entidad oriental fue ajuste de cuentas y dos femicidios.

#MonitorDeVíctimas | Masacre en Valles del Tuy: 20 muertos deja operativo policial

Los uniformados se desplegaron en los seis municipios de los Valles del Tuy 

 

La incursión abarcó seis municipios del estado Miranda y contó con la participación de más de 900 uniformados. Las autoridades aseguran que todos los fallecidos estaban vinculados con hechos delictivos y que se enfrentaron a las comisiones. Sin embargo, familiares de las víctimas niegan esa versión y denuncian que fueron ejecutados por los cuerpos de seguridad

 

Foto: Fuente policial 

 

Especial Valles del Tuy .-  20 muertos y al menos 30 personas detenidas, entre ellas, dos funcionarios policiales, fue el resultado de un despliegue policial en los Valles del Tuy, estado Miranda.

La operación, que se extendió por cuatro días, desde el jueves 8 de septiembre hasta el domingo 11, estuvo dirigida por uniformados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Caracas.

La incursión no solo sorprendió a las bandas armadas que operan en esta subregión mirandina, sino también a los cuerpos de seguridad locales. La idea era evitar que se fugara información, debido a la presunta vinculación de policías con líderes hamponiles. Por ello los oficiales que comandaron los procedimientos eran foráneos.

Operación «Trueno»

La información oficial indica que en el operativo, denominado «Trueno», participaron unos 900 policías, quienes recorrieron sectores puntuales de cada uno de los seis municipios de los Valles del Tuy. 

De acuerdo con la información policial, en Ocumare del Tuy se registró el mayor número de muertos. En total fueron seis hombres. La policía identificó a cinco de ellos como Walter Alexander Rondón Briceño, de 24 años, quien era conocido como “El Walter”; Gabriel José Blanco Romero, apodado “Poco Pelo”; y otros tres hombres a quienes identificaron con los alías de “El Chelo”, “El Fido” y «El Parro». 

Cuatro de estos hombres son señalados por la PNB de integrar la banda de Deiber Johan González, alias «Carlos Capa». Encontrar a González era uno de los objetivos del procedimiento. Pero al finalizar la intervención policial no había sido detenido.

A la banda de Carlos Capa se le responsabiliza del asesinato del supervisor jefe Richard José Rondón Ortega (43), adscrito a la Policía de Municipal de Charallave, y de su esposa, el domingo 4 de septiembre, en San Francisco de Yare. Este hecho había motivado el procedimiento policial, con la finalidad de desmantelar la organización delincuencial que tiene más de siete años operando en Valles del Tuy.

Además se le atribuye el aumento de las estafas a través de falsas ventas de vehículos por la plataforma Marketplace en Ocumare del Tuy y las amenazas que han recibido algunos organismos de seguridad.

Otros fallecidos 

En el marco de la incursión policial también murieron otros supuestos delincuentes que fueron identificados como Yeferson Alejandro García Lorca, de 20 años, conocido con apodo del “Chuky”, ultimado en la calle principal del sector La Soledad en San Francisco de Yare; Lewis Joel Banquez López, de 23 años; Edward Eduardo Álvarez Palacios, de 24 años, alias el “Gordo Maniático”, en el sector El Yagual de Nueva Cúa; Tomás Enrique Hernández Meza, de 20 años; Víctor José Alfonzo Pérez, de 41 años, conocido con el remoquete de “Piraña”, en Santa Lucía; José Miguel Monasterio Moreno, de 33 años, en Cúa.

Entre las víctimas también se cuentan otros jóvenes identificados solo por apodos: “el Menor”, a quien mataron en la invasión de la zona industrial del sector Tomuso del municipio Independencia; «Ricardito», supuesto integrante de la banda de «Barrigón», que opera en la comunidad La Mata de Charallave; alias “Tomasito”, en la comunidad El Murciélago en Cúa; dos hombres aún por identificar en la urbanización Cartanal del municipio Independencia y otros cuatro en Santa Lucía.

En total fueron identificadas ocho víctimas con nombre y apellidos, cinco solo con supuestos alias y otras siete víctimas no fueron identificadas.

Ejecutados y sin «derecho» a un funeral 

Aunque las autoridades aseguran que todos los fallecidos estaban vinculados con hechos delictivos y que se enfrentaron a las comisiones; algunos de sus parientes niegan esa versión.

A las afueras de la morgue de Ocumare del Tuy, Rosalía, hermana de una de las víctimas, aseguró que su familiar no estaba armado. «La policía lo asesinó a sangre fría, sin permitirle que dijera una palabra», aseguró Rosalía a Monitor de Víctimas.

La mujer, quien no quiso revelar su apellido, reconoció que su hermano estaba en malos pasos, pero cuestionó que no se le respetara su derecho a la vida. «Debieron detenerlo y que un juez decidiera su destino», indicó.

A través de las redes sociales, habitantes del sector El Dividive de Charallave también se quejaron de la actuación policial. En esta comunidad mataron a Lewis Joel Banquez López, quien poseía registro por el delito de robo genérico, ante la Delegación Municipal del Cicpc de Ocumare del Tuy, según el expediente PMCR916, de fecha 16/01/2018.

«Lo sacaron de su casa esposado, con el rostro tapado. No dejaron que su abuela lo acompañara y, al cruzar la vereda, lo asesinaron. Ahí no hubo ningún  enfrentamiento», aseguró Andrés Nuñez en su cuenta en Twitter.

La versión del enfrentamiento igualmente fue desmentida por otro vecino de El Dividive. «Por más delincuente que sea, si es el caso, todos tenemos derecho a ser juzgados y a la defensa», consideró.

Los deudos además denunciaron que no les permiten velar a sus familiares. «La orden es que los enterremos, apenas nos entreguen el cadáver en la morgue», señaló Luisa Contreras, prima de uno de los fallecidos.

30 detenidos

Unas 30 personas fueron detenidas durante estos operativos. Dos de los arrestados eran funcionarios policiales: La supervisora Patricia Eliana Rodríguez López, directora de la Policía Municipal de Simón Bolívar; y el supervisor jefe Osmel González, jefe de operaciones de la Policía Municipal de Urdaneta. 

A Rodríguez López la relacionan con «Carlos Capa». Las autoridades aseguran que le suministraba información sobre los operativos que se coordinaban para ubicarlo. Su orden de detención la emitió el Juzgado Primero de Primera Instancia de Control del Área Metropolitana de Caracas. Le imputan los delitos de terrorismo, corrupción y delincuencia organizada. 

A González, por su parte, lo vinculan con las bandas del “Cámara” y del “Chuo Sutil Marrero”, que operan en Cúa, luego de la información encontrada en su teléfono celular.