Monitor de Víctimas, autor en Runrun

Monitor de Víctimas

#MonitorDeVíctimas | Dos homicidios se registraron en Lara tras celebración de la Nochebuena
Los dos asesinatos se presentaron con 9 horas de diferencia. Ambos fueron perpetrado a tiros

 

Monitor de Víctimas

 

Isaac José Dorantes, de 18 años de edad, fue asesinado de un disparo en el abdomen el pasado 25 de diciembre en la madrugada cuando celebraba la llegada del Niño Jesús junto a sus amigos.

Los hechos ocurrieron al interior de una casa ubicada en el sector Padre Benedetti, en Curarigua, municipio Torres, estado Lara.

Eran las 2:00 de la madrugada cuando hombres armados irrumpieron en la vivienda y sin mediar palabra comenzaron a disparar hacia el grupo de amigos, justo donde estaba Isaac. 

En medio de la balacera también resultó herido Roberto Carlos Dorantes, de 29 años de edad, que recibió un impacto en el costado derecho. Los atacantes huyeron de la escena, dejando a los dos jóvenes desangrándose. 

Personas que estaban en los alrededores se acercaron para auxiliar a los heridos. Isaac ya estaba muerto, mientras que a Roberto Carlos sí lograron trasladarlo con vida al Hospital Pastor Oropeza de Carora. Lo último que se supo era que su estado de salud era estable.

Según fuentes ligadas al Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Lara, el homicidio habría ocurrido por un ajuste de cuentas.

Lo buscó luego de la golpiza para matarlo

 

Nueve horas después del homicidio de Isaac ocurrió otro sangriento hecho, pero esta vez en Río Claro, municipio Iribarren, al sur de Barquisimeto.

Heyker Morales, de 32 años de edad, fue asesinado de un disparo en el costado derecho luego de pelear con otro hombre. 

Se supo que a las 9:00 de la noche del pasado 25 de diciembre el ahora occiso había tenido una discusión, se desconocen las razones, y el pleito terminó en golpes. Se supo que Morales y su contrincante fueron separados por otras personas y cada quien se fue por su lado. 

Según el relato de habitantes del sector, pasadas las 11:00 de la noche cuando el joven se trasladaba en una moto por la calle principal de Río Claro fue sorprendido por el hombre con el que había tenido la disputa, quien sin mediar palabra le disparó cerca de las costillas. La víctima se cayó de la moto y a los pocos segundos murió.

Funcionarios del Cicpc se trasladaron hasta la zona donde ocurrió el crimen para investigar el hecho y dar con la captura del responsable, que aún no ha sido ubicado.

Durante la penúltima semana del año 2020 ocurrieron dos homicidios en Lara.

#MonitorDeVíctimas | En Apure grupos armados no estatales monopolizan la violencia
El ELN, las disidencias de las FARC y el FBL son algunos de los grupos criminales que operan en este estado fronterizo, donde el narcotráfico y el contrabando de mercancías diversas son cotidianos. Aunque los homicidios han disminuido, dos episodios de violencia, poco común con víctimas mortales, marcaron 2020: la muerte de cuatro oficiales de la FANB en un enfrentamiento con la guerrilla y el asesinato de un ganadero a manos de indígenas

Apure

La violencia se ha instalado en las zonas productivas y apartadas del estado Apure, al suroeste de Venezuela y en la frontera con Colombia. Allí operan con libertad grupos armados colombianos y locales, indígenas que están al servicio de la guerrilla y hampa común. Amenazan, extorsionan y matan a los ganaderos, así como a personas dedicadas al robo de ganado en las fincas.

De acuerdo con reportes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en Apure, en 2019 se produjeron 130 homicidios, mientras que hasta el 31 de octubre de 2020, en la entidad fronteriza con el departamento colombiano de Arauca se habían registrado 40 asesinatos. 

Las cifras, que parecen ir en baja, por sí solas no son un reflejo de las particulares formas de violencia que se viven en esa región invadida por poderosas organizaciones criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL o “boliches”).

En la mayoría de los homicidios reportados se involucraron algunos de estos grupos irregulares. En ocasiones se valen de indígenas para delinquir, tomar los territorios y desplazar a productores agropecuarios, quienes, ante amenazas y robos, se ven obligados a huir y abandonar sus propiedades.

3.000 cabezas de ganado robadas en 2020

A pesar de que en esta área geográfica el levantamiento de datos es difícil, según el último informe publicado por la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), durante  el mes de octubre de este año en la zona del Capanaparo fueron atacados cinco hatos. La denuncia fue presentada por productores de la región ante la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Apure, en San Fernando. Aún esperan respuesta.

 Esta institución gremial también reporta que 37 comunidades indígenas que hacen vida en el Capanaparo -distribuidas en las poblaciones de Puerto Páez, municipio Pedro Camejo; y Elorza, municipio Rómulo Gallegos- han sido organizadas y entrenadas para delinquir, bajo la dirección de irregulares del ELN. 

Según Fedenaga, estos grupos amenazan y asaltan unidades de producción, cometiendo abigeato en grandes dimensiones, afectando entre 80 y 100 productores, a quienes les han hurtado y robado más de 3.000 cabezas de ganado bovino, sólo en 2020.

 

 

Aunque fuentes en materia criminalística resaltan que el índice de homicidios en el estado Apure ha bajado 70% durante 2020 en comparación con 2019, los familiares de las víctimas continúan pidiendo justicia. Aseguran que los entes de seguridad del Estado en lugar de resolver los casos, los engavetan. 

Los “ajustes de cuentas” entre delincuentes, el robo y la resistencia a la autoridad han sido los móviles más frecuentes en la entidad llanera, según los reportes oficiales.

 Los homicidios reportados en esta entidad durante los últimos años han sido perpetrados no solo por el hampa común y por grupo armados irregulares, sino también por indígenas y funcionarios de los organismos de seguridad del Estado como la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cicpc y la Policía Regional, que ejecutan a los presuntos delincuentes en sus propias casas. Pese a esta realidad, en las minutas policiales los funcionarios registran los hechos señalando que se trató de enfrentamientos por resistencia a la autoridad.

La mano de la guerilla colombiana

Aunque el Cicpc reporta 40 homicidios en Apure, la organización Fundaredes, dedicada al estudio de la violencia en los estados fronterizos de Venezuela, registra que solo en el primer trimestre del año 2020 ocurrieron 26 homicidios, incluyendo tres enfrentamientos de grupos armados.

Uno de estos choques, aún sin esclarecer, ocurrió en el sector Las Tres Esquinas del municipio Páez entre efectivos del Ejército y la Aviación venezolanos y presuntos guerrilleros de las disidencias de las FARC. Aunque algunas fuentes apuntan a que se trató de una emboscada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el ELN en contra de grupos disidentes de las FARC para apoderarse de esa población ubicada en El Nula, al oeste de Apure. Lo más escandaloso fue que en el incidente perdieron la vida cuatro militares venezolanos, pero nunca se produjo información oficial sobre el hecho y tampoco se reportó si hubo víctimas por parte del grupo armado colombiano. 

 Oswaldo Cáceres, gerente general de FundaRedes, denunció esta semana ante el Ministerio Público del estado Táchira la desaparición de cuatro personas en el estado Apure, cuyos cadáveres fueron abandonados posteriormente en la zona sur del Táchira.

 

El defensor de derechos humanos exigió abrir las investigaciones correspondientes sobre estos hechos, que parecieran obedecer a un patrón de actuación de grupos armados irregulares como el ELN, las disidencias de las FARC y las FBL. 

 Cáceres explicó que en solo 10 días fueron localizados en el estado Táchira los cadáveres de cuatro hombres identificados como Rubén Ortega Blanco (50 años de edad) en el sector El Piñalito, municipio Fernández Feo, y residente de La Ceiba, estado Apure; y también José Ángel Ferrer (24 años de edad) en  el sector Caño Tigre, municipio Fernández Feo, residente del estado Apure, y quien fuera desaparecido por la guerrilla según relatos de sus familiares.

Las otras víctimas fueron José Abenavide Jiménez Rojas (44 años de edad), hallado en el parcelamiento Irco en el municipio Fernández Feo, quien residía en San Camilo, El Nula, estado Apure; y un cuarto hombre que permanecía sin identificar para el momento del hallazgo, ocurrido en el sector Puerto Vivas del municipio Fernández Feo.

A un ganadero lo atacaron con flechas

Entre los crímenes más sonados de este año en Apure se encuentra el caso del ganadero y protector de animales Claudio Ramón Calzadilla Maleras, asesinado el pasado 14 de abril en una emboscada protagonizada por al menos 20 indígenas de la comunidad Pumé Vuelta Mala, en hechos ocurridos a orillas del río Capanaparo, en Achaguas.

 De acuerdo con los familiares del fallecido, el suceso se registró cuando este hombre de 31 años de edad trataba de recuperar seis de los 10 caballos que le habían hurtado en la zona.  

 Calzadilla fue atacado con flechas por los aborígenes cuando se encontraba cerca de una res de su propiedad. El ganadero resultó herido y quedó en el lugar, mientras que sus dos acompañantes lograron huir y notificar lo sucedido.

 El pasado 16 de abril, dos días después del hecho, una de las piernas del productor agropecuario fue encontrada a orillas del río Capanaparo por una comisión de funcionarios de la Guardia Nacional, el Cicpc y la policía regional.

El ganadero Claudio Ramón Calzadilla fue asesinado por indígenas al servicio de grupos criminales

Los familiares de la víctima reconocieron que se trataba de una de las extremidades de Calzadilla por una cicatriz que tenía en la rodilla. Un día antes del hallazgo, tanto parientes del hombre como funcionarios de organismos del Estado habían recorrido la zona. Los investigadores determinaron posteriormente que el ganadero fue asesinado y  arrastrado más de 100 metros hacia el río.

 En el Capanaparo, zona apartada donde está ubicada la finca La Fortaleza,  propiedad de la familia Calzadilla, se reporta escasez de gasolina y aseguran que no hay señal telefónica, lo que dificulta el traslado de las personas. En esta área geográfica se registran de manera indiscriminada hurtos y robos (que son hurtos perpetrados con violencia) de ganado, caballos mansos y queso.

 Elisa Daniuska Pérez, quien fue pareja sentimental de Calzadilla durante dos años, relata con mucha tristeza cómo fue su vida con un hombre preparado académicamente, de buenos sentimientos, buen hijo y excelente novio. Vivían alquilados en la zona urbana de Achaguas para mantenerse cerca de la finca.

 “Luego de congelar mis estudios comencé a trabajar, mientras Claudio se dedicaba a administrar la finca La Fortaleza. Luego decidimos vivir juntos, por lo cual renuncié al trabajo para ayudarlo en los asuntos de la finca. Permanecíamos 15 días en la finca y una semana en Achaguas”, cuenta la mujer en exclusiva para Monitor de Víctimas.

Pérez indica que el hombre se había convertido en parte de su familia. “No hubo persona con la que tuviera problemas. Incluso también formó parte del grupo juvenil de la Parroquia del Santuario Jesús Nazareno de Achaguas”, dice.

“Cuando pensamos en estabilizarnos como pareja hicimos el sacrificio de viajar hasta Cúcuta para comprar nuestras cosas, porque nuestro plan era emigrar para España, donde ambos pretendíamos casarnos y formar una familia”, relata la mujer. Al mismo tiempo confiesa que en el fondo los dos querían seguir dando lo mejor de sí en Venezuela, por lo cual decidieron posponer los planes de salir del país.

Una semana después del atroz crimen, la diputada Indígena Yesenia González y una comisión del Cicpc Apure acudieron a esta área rural para conversar con los indígenas y recabar evidencias. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para resolver el caso porque los culpables del asesinato de Calzadilla amenazan de muerte a los indígenas para que no revelen dónde se encuentran.

La madre del productor, Sonia Maleras de Calzadilla, reclama que los homicidas de su hijo están libres, mientras su familia clama por justicia.

Ejecuciones y la llegada de la FAES

De acuerdo con fuentes en materia de seguridad, durante este año en la entidad llanera se han reportado 38 muertes clasificadas como presuntas ejecuciones extrajudiciales, de las cuales seis fueron responsabilidad de funcionarios del Cicpc, las restantes se atribuyen a las FAES, policía estadal, Conas, Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército. Sin embargo, estos casos son registrados en las actas policiales como muertes por resistencia a la autoridad.

Defensores de derechos humanos en la región, que pidieron reservar su identidad por seguridad, explicaron a Monitor de Víctimas que los funcionarios de los entes de seguridad del Estado luego de las ejecuciones extrajudiciales llevan los cuerpos desde el lugar donde ocurrieron los hechos hasta la morgue del Hospital Pablo Acosta Ortíz (Hpao), sin identificar los cadáveres.

Los dos presuntos delincuentes muertos a manos de los cuerpos de seguridad en un presunto enfrentamientos

 

Al abordar casos de este tipo es imprescindible hacer mención a la  ejecución de Freddy Daniel Falcón Díaz, alias “Pelín”, y Frederys José Falcón Díaz, alias “Pelito”, supuestos integrantes de la banda El Pelín y El Pelito, dedicada a robar vehículos, extorsionar, secuestrar y matar.  

 El asesinato se registró el 2 de julio de 2020 por parte de una comisión mixta de funcionarios del Cicpc Apure y Miranda, que irrumpió en la casa de ambos hombres,  ubicada en el sector Chompresero, parroquia El Recreo, en el municipio San Fernando estado Apure.

 De acuerdo con el reporte oficial de los entes de seguridad del Estado, ambos hombres se encontraban solicitados por la supuesta comisión de los delitos de robo de vehículos, extorsión, homicidio y asociación para delinquir. Se escondían en el estado Apure.

 Según la minuta policial, ese día el Cicpc no solo mató a los dos delincuentes más buscados en Ocumare del Tuy, estado Miranda, sino también recolectar en la escena del crimen como evidencia tres armas de fuego, dos calibre 9mm y una calibre 22 mm, así como también siete conchas de balas calibre 7.62  mm, diez balas calibre 9 mm, cuatro balas calibre 22 mm, cinco balas calibre 9mm y una granada de humo.

 La mencionada banda delictiva operaba en los sectores La Mata y Las Tres Letras de la parroquia Charallave, municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, así como en los sectores Santa Rosa, Santa Marta, Pueblo Nuevo, Piloncito, La Cabrera y Colonia Mendoza,  situados en la parroquia Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander de esa misma jurisdicción.

Alias “Pelín” estaba solicitado por el Tribunal Primero, Cuarto de Control de Valles del Tuy, estado Miranda por la presunta comisión del delito de homicidio calificado, robo de vehículo automotor, extorsión, secuestro y asociación para delinquir. Así lo informaron las autoridades.

El hombre también era requerido por el Tribunal Primero de control de los Teques, estado Miranda, señalado por el delito de robo agravado de vehículo automotor, así como por el Tribunal Quinto de Control de San Juan de Los Morros, estado Guárico, por el delito de homicidio doloso.

Por su parte, alias “Pelito” tenía igualmente amplio prontuario policial y se encontraba prófugo de la justicia que planeaba procesarlo por la supuesta comisión de varios delitos: homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles e innobles, asociación para delinquir, robo agravado de vehículo automotor, extorsión y secuestro, entre otros.

El abogado de las familias de las dos víctimas, que pidió mantener en reserva su nombre por temor a represalias, denuncia ante el equipo de Monitor de Víctimas que luego del doble asesinato los parientes de ambos fueron despojados de sus bienes materiales, sin tomar en cuenta de las necesidades de las respectivas esposa e hijos de los entonces occisos.

El jurista asegura que dicha actuación policial fue peligrosa y estuvo mal realizada, porque a su juicio los entes de seguridad del Estado convirtieron dos órdenes de captura en un homicidio y robo de bienes.

“Cuando llegó al lugar del hecho la comisión del Cicpc, las esposas de los asesinados a gritos piden a los funcionarios actuantes el cese el fuego porque en la casa estaban alojados unos cuatro niños. Ellos (Pelín y Pelito) se rinden ante las autoridades, nunca hubo un enfrentamiento. Salen de su casa y lo ajustician en otro lugar, no los mataron en el interior de la casa”, dice.

El día del asesinato los encargados de la operación policial, regresaron a la casa para trasladar todos los objetos de valor existentes en este espacio privado: neveras, aires acondicionados, camas, colchones, topes de cocina, ropa, ollas y platos. También se apoderaron de dos motos y una lancha. “Se llevaron hasta los zapatos de los niños ¡No dejaron nada! También se trasladaron a una finca en la vía que conduce a la población de Achaguas, donde sacaron 43 reses”, apunta.

Según este mismo relato, los efectivos de la policía estadal sacaron de la casa los objetos restantes y los ingresaron en el comando de Poliapure, situado en la parroquia El Recreo en San Fernando. Luego, funcionarios del Cicpc tomaron por asalto esta sede y obligaron mediante el uso de la fuerza al encargado de este recinto dónde se encontraban los referidos enseres. El jefe de la Policía de Apure, Adelso Yépez, intervino y ambos organismos llegaron a un acuerdo: toda la operación quedaba a cargo del Cicpc y se dejaba constancia en un acta policial de los enseres entregados.

“Toda actividad policial que transgreda los derechos fundamentales es nula. Una orden de captura se convirtió en un verdadero acto delictivo. Es hora de conminar a las autoridades a hacer justicia, los funcionarios desnaturalizan el acto policial y lo convierten en delitos. La orden de captura no tiene incidencia en los bienes”, explica el jurista.

Ante el abuso de poder, los familiares de los fallecidos exigen a los entes competentes justicia y esperan recuperar sus bienes, confiscados por los funcionarios del Cicpc.

En la práctica se verifica que por lo general los casos de muertes de personas solicitadas y asesinadas por los entes de seguridad del Estado no son investigados a fondo, porque los informes no son presentados ante el Ministerio Público y los familiares no toman acciones por miedo a represalias.

 

 

En Apure los homicidios por robo son frecuentes

En el estado Apure una de las circunstancias más frecuentes en las que han ocurrido los homicidios de este año ha sido el robo. Tal es el caso del asesinato del comerciante Werner Alexánder Beroes Suárez, de 51 años de edad, registrado en el sector Los Algarrobos, municipio Biruaca. El hecho se presentó el pasado 24 de octubre aproximadamente a las 3:00 p.m. cuando desconocidos le propinaron un tiro en el pecho y otro en la cabeza.

Se conoció que el crimen fue protagonizado por tres desconocidos que no han sido capturados, quienes le solicitaron al comerciante que se detuviera y saliera del camión en el que se trasladaba en compañía de una mujer y un trabajador.

Según datos suministrados por fuentes policiales, Beroes decidió acceder a dicha solicitud e inmediatamente los tres delincuentes golpearon a la mujer para obligar a las víctimas a entregar la suma de 2.000 dólares y dos teléfonos celulares que llevaban consigo. El comerciante, al ver lo ocurrido, trató de defender a la mujer y fue entonces cuando le dispararon. El trabajador recibió un tiro en la espalda.

Beroes se dedicaba a la venta de víveres al mayor, era dueño de un establecimiento comercial ubicado en las adyacencias del mercado municipal de San Fernando y deja huérfanos a dos menores de edad. Gozaba del cariño y el aprecio de la comunidad, por lo cual la noticia consternó a la población que pide justicia.

La violencia en el estado Apure no se detiene. En 2020 han surgido cambios en la operatividad de algunos grupos armados, a lo que se suma la llegada de de las FAES a finales de 2019. De esta manera, desde indígenas hasta grupos subversivos y cuerpos de seguridad del Estado se han convertido en los protagonistas de la violencia en este estado fronterizo, mientras que la impunidad se instaló en cada rincón de la entidad llanera.

#MonitorDeVíctimas | Conas mató a dos expresidiarios en Lara
Testigos aseguraron que las víctimas fueron ejecutadas. Según la versión de las autoridades, ambos hombres murieron en un enfrentamiento. El hecho ocurrió en el municipio Jiménez

Wisley José Gutiérrez Flores, de 30 años de edad, y José Manuel Urdaneta Rodríguez, de 31, murieron a manos de funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El hecho ocurrió en el caserío El Pozón, ubicado en el municipio Jiménez, estado Lara.

Ambos eran expresidiarios y tenían una meta: trabajar la agricultura para “regenerarse”, así lo señalaron familiares de las víctimas. Wisley y José Manuel se conocieron en uno de los penales en los que coincidieron e hicieron amistad porque eran de Quíbor. Tras salir de la cárcel se buscaron para trabajar juntos y el pasado 4 de noviembre decidieron ir a visitar las tierras donde laborarían.

monitor

Ese miércoles al mediodía los dos hombres salieron de la comunidad La Ceiba II en un camión 350, que era manejado por José Manuel y en el que llevaban unas semillas, un ventilador. Sus planes eran instalarse ese mismo día en las tierras que trabajarían.

“Cuando iban por La Tinaja de Quíbor fueron interceptados por una camioneta del Conas y los obligaron a irse hasta el caserío El Pozón. Ellos (los funcionarios del Conas) los bajaron frente a una vivienda, los arrodillaron y los asesinaron a tiros”, indicó un familiar de Wisley.

Minutos antes del crimen, los militares, fuertemente armados, amedrentaron a los vecinos del mencionado caserío y los obligaron a meterse en sus casas. Sin embargo, en el lugar hubo testigos que aseguraron haber visto cómo ocurrieron los hechos y desmintieron la versión del enfrentamiento que ofrecieron posteriormente las autoridades.

Según el reporte militar, los dos hombres eran miembros de la banda de Josué Ángel Santana, alias el “Santanita”, que se dedica a extorsionar y lanzar artefactos explosivos en negocios comerciales para que las víctimas paguen las llamadas vacunas, es decir, a entregar dinero a cambio de que no atenten contra sus vidas.

Los familiares de Wisley desmintieron esta versión, aseguraron que no pertenecía a ninguna banda y que no conocía a “Santanita”. Detallaron que había estado detenido desde 2013 y que para el día de su asesinato sólo llevaba 20 días en libertad.

De cola en cola

Wisley había recobrado su libertad a mediados del pasado mes de octubre. El último sitio de reclusión en el que estuvo fue la cárcel de El Dorado, ubicada en el estado Bolívar. Sus parientes contaron que el día que quedó fuera del penal decidió trasladarse a Lara, su tierra natal.

Como no contaba con dinero tuvo que pedir que lo llevaran gratis: unas 17 horas de trayecto, aproximadamente. Sus familiares detallaron que las ansias de estar en casa eran tantas que no le importó viajar de “cola en cola”.

“Llegó muy flaco, estaba desnutrido. Wisley estuvo en varios penales del país, pero el más fuerte fue El Dorado, por lo lejos, porque no podíamos visitarlo. Cuando llegó a Quíbor lo que quería hacer era trabajar para mantener a sus tres hijos de 10, 9 y 2 años de edad”, comentó uno de sus parientes, quien por temor a represalias no quiso identificarse.

Wisley había estado detenido por los delitos de porte ilícito de arma de fuego y homicidio, mientras que José Manuel estuvo preso por robo y porte ilícito de arma de fuego.

José Manuel tenía tres meses en libertad. Se supo que una vez que salió de la cárcel se fue del país, pero regresó a los pocos días porque tenía en mente trabajar en la siembra.

Monitor de Víctimas está en campaña... contra las ejecuciones extrajudiciales
#SinLuzVerdeParaMatar es una campaña que busca rescatar el respeto a la vida y mostrar las consecuencias de la letalidad policial en Venezuela

 

Monitor de Víctimas continúa este jueves 12 de noviembre la campaña #SinLuzVerdeParaMatar con el objetivo de seguir informando y orientando a los diversos sectores de la sociedad venezolana sobre la violencia policial y sus dramáticas consecuencias en el país, especialmente entre los jóvenes de los sectores populares.  

Desde su creación en 2017, Monitor de Víctimas, un proyecto del medio digital Runrun.es y la organización Caracas Mi Convive, ha promovido la defensa de los derechos humanos en los medios de comunicación con el objetivo de desnaturalizar la violencia en la sociedad venezolana, y hacer énfasis en la importancia de respetar y valorar la vida. 

Para lograr este objetivo, el equipo de Monitor de Víctimas desarrolla trabajos periodísticos, análisis e informes. Recientemente arrancó la campaña #SinLuzVerdeParaMatar con la intención de visibilizar el patrón de letalidad policial y facilitar la comprensión de los riesgos de la brutalidad policial, además de alcanzar audiencias de distintos grupos sociales. y reivindicar a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. 

Esta iniciativa echa mano de diversas y novedosas herramientas para narrar los hechos. El pasado 16 de septiembre se publicó la canción informativa que contaba la historia de un supuesto caso de resistencia a la autoridad, que según los familiares de la víctima había sido una ejecución. 

La pieza de hoy es un simulador interactivo que imita una diana para disparar al blanco, y los ciudadanos van descubriendo las irregularidades y violaciones de derechos humanos que rodean la mayoría de los procedimientos policiales con víctimas mortales. Toda la información está basada en los hallazgos y reportes de los investigadores de Monitor de Víctimas.

Un contexto que exigen acciones 

La recopilación de datos sobre los homicidios ocurridos en Caracas realizada por periodistas aliados de diversos medios digitales y líderes sociales arroja que entre 38 % y 40 % de estos homicidios se atribuyen a policías y militares.  

En septiembre de 2020 -hace apenas dos meses- la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU confirma la gravedad de los casos de letalidad policial en el país. Dice que hay “motivos razonables” para creer que un número considerable de muertes de civiles ocurridas a manos de la policía entre 2015 y 2020 pueden ser consideradas ejecuciones extrajudiciales. 

El mismo informe concluye que estos hechos podrían constituir delitos de Lesa Humanidad, además hace referencia a algunos casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías y militares en los últimos cinco años, y describe patrones y prácticas que violan los derechos humanos. También revela que algunos funcionarios entrevistados por la misión afirmaron que las policías tenían “luz verde para matar”.

El documento, elaborado por expertos, destaca que hay “un cierto nivel de apoyo público a un enfoque de seguridad severo. Según un estudio realizado en 2020 por el Observatorio Venezolano de la Violencia, basado en una encuesta presencial a 1.200 personas, más del 30% de los entrevistados declararon que ‘están muy de acuerdo’ (12,9%) o ‘están de acuerdo’ (19,4%) en que el ‘Gobierno tiene derecho a matar a los delincuentes’”.

Por esta razón en Monitor de Víctimas alza su voz para rechazar la violencia policial con su campaña #SinLuzVerdeParaMatar. La idea es seguir burlando la censura gubernamental y abrir nuevos espacios para visibilizar a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mostrar sus historias, escuchar a sus familiares y denunciar el patrón de irregularidades cometidas por los cuerpos de seguridad. 

Amnistía Internacional Venezuela, Provea, Proiuris, Caleidoscopio Humano, El Pitazo, Crónica Uno y Tal Cual son algunos de los aliados que nos acompañan en la difusión de esta iniciativa.

Por otra parte, lograr que no haya ni una muerte más a manos de la policía requiere de la adopción de buenas prácticas. Los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado deben retomar una de sus tareas esenciales: proteger a los ciudadanos. Además, deben alejarse de las conductas militaristas que los llevan a ver a las personas como enemigos de guerra. Los policías deben dejar de actuar como verdugos, pretendiendo tener un poder superior que les permite decidir quién vive y quién muere. Por eso la importancia en la transparencia y la difusión de los hechos de violencia policial.

La pieza que será difundida como parte de #SinLuzVerdeParaMatar fue creada por Ricardo del Búfalo y Rolando Díaz. El desarrollo tecnológico y diseño estuvo a cargo de Héctor Rodríguez y la coordinación editorial es de Carmen Riera y Ronna Rísquez. 

Haz click en la foto para entrar al simulador

#MonitorDeVíctimas | Mujer fue asesinada supuestamente a manos de la amante de su esposo
De una puñalada murió Yohelis Sánchez Pérez, de 34 años. Sus familiares protestaron para exigir justicia

 

Yohelis Loreanny Sánchez Pérez, de 34 años de edad, fue asesinada el sábado 10 de octubre, presuntamente a manos de la amante de su esposo. El hecho ocurrió en la comunidad Rafael Alí Primera, al oeste de Barquisimeto, estado Lara. Tras cuatro días del homicidio, sus familiares exigen justicia y que la señalada responsable sea capturada. 

Yohennis Sánchez, hermana de la víctima, comentó que el sábado a las 9:00 am Yohelis regresaba a su casa luego de dejar a sus hijos en las tareas dirigidas y fue en ese momento cuando una mujer, cuyo nombre se correspondería con las siglas R.Q.F., la hirió con un cuchillo de 45 centímetros entre el cuello y el hombro. 

Vecinos de la zona observaron el momento en el que la agresora huyó de la escena. Aseguraron que llevaba la franela manchada de sangre y que Yohelis se agarró fuerte la herida y continuó caminando hasta llegar a su casa. Allí fue auxiliada y llevada hasta el Seguro Social Doctor Pastor Oropeza Riera. 

“A ella la suturaron de inmediato y cuando llegué me contó todo lo que había pasado. Dijo que la responsable era la amante de su esposo. Mi hermana se me puso mal y murió en el quirófano”, contó Yohennis. 

Familiares de la víctima aseguraron que los médicos no se percataron de que Yohelis tenía un derrame, debido a que el cuchillo tocó una vena que lo causó. A las 12:30 pm la mujer se sintió mal y los galenos la pasaron de inmediato a pabellón para parar el sangrado, pero ya era tarde. Yohelis murió. 

Ese mismo día los funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron al lugar de los hechos para iniciar las experticias y se dirigieron hasta la casa de la sospechosa, que reside cerca de la vivienda de Yohelis, pero no había nadie. 

Según los familiares de la mujer asesinada, en el domicilio de la presunta homicida encontraron el cuchillo que aparentemente fue utilizado en el crimen. La sospechosa logró abandonar la comunidad y el Cicpc no ha dado con su paradero.

Triángulo amoroso 

Familiares de la mujer asesinada no sabían que el esposo de Yohelis tenía una amante. Cuando ocurrieron los hechos lo cuestionaron y él dijo que no tenía una relación extramarital, pero al día siguiente lo confesó. 

Un pariente de la víctima contó que ella estaba casada desde hace 17 años y que producto de ese matrimonio tuvo tres hijos que actualmente tienen 14, 9 y 7 años de edad. 

Hace 12 meses la relación de Yohelis y su esposo comenzó a quebrarse, aseguraron sus familiares, quienes detallaron que ella seguía con él por sus hijos. Según ese mismo relato, una semana antes de ser asesinada se había enterado de que el hombre le era infiel. 

Estas mismas personas indicaron que Yohelis había decidido confrontar a la otra mujer y le había mandado un mensaje, a lo que supuestamente recibió insultos mediante textos. 

Quieren una orden de captura

Familiares de Yohelis piden al Cicpc que la sospechosa sea capturada de inmediato y por eso protestaron el pasado miércoles 14 de octubre a las afueras del Palacio de Justicia de Barquisimeto. 

“El Cicpc debe investigar el caso de mi hija y poner tras las rejas a la homicida”, dijo Yovanny Sánchez, padre de Yohelis. 

Parientes de la víctima aseguraron que el Cicpc no ha hecho las investigaciones correspondientes para dar con la supuesta responsable, alegando que no han solicitado a un tribunal su orden de captura. 

Ya van dos

Con el homicidio de Yohelis suman dos las mujeres que han sido asesinadas en lo que va de este mes en la capital larense.

La otra víctima fue Yolys del Carmen Delgado, de 30 años de edad, quien resultó muerta el pasado 6 de octubre, en un ataque que también ocurrió mediante arma blanca. 

Este consolidado implica un aumento con respecto al mes pasado, en el que no se registraron homicidios de mujeres en la referida entidad. 

amante

 

#MonitorDeVíctimas | Decapitan a exrecluso y utilizan su cabeza para ritual de santería
El hombre fue asesinado junto a su pareja en Carorita Abajo, al norte de Barquisimeto

 

David Orlando Rangel, de 36 años de edad, y Yolys del Carmen Delgado, de 30 años, fueron asesinados el pasado 6 de octubre en el sector Carorita Abajo, al norte de Barquisimeto, estado Lara. La pareja recibió múltiples heridas por arma blanca, pero a David lo decapitaron y su cabeza no fue localizada en la escena del crimen.

Más de cuatro hampones ingresaron violentamente a la vivienda de las víctimas la madrugada del 6 de octubre, las maniataron y se las llevaron hasta una zona boscosa, muy cerca del Centro Penitenciario David Viloria, antigua cárcel de Uribana. Con una escardilla hirieron a Yolys en el cuello y otras partes del cuerpo, las heridas eran profundas, mientras que a David lo hirieron varias veces, para después cortarle la cabeza. 

Más de nueve horas estuvieron los familiares de las víctimas buscándolos, vecinos de  Carorita los habían alertado de que unos criminales habían irrumpido en la vivienda y se los habían llevado a la fuerza. Fue en horas de la tarde cuando localizaron los cadáveres. 

Era una escena espeluznante, el cuerpo de Yolys estaba maniatado, su ropa teñida de sangre. Uno de los familiares dio unos pasos y la escena fue de terror, era el cuerpo de David, pero estaba decapitado. Caminaron por toda la zona para tratar de ubicar la cabeza del hombre, pero no había ni rastros.  

Funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron a la zona y aunque barrieron la zona, no lograron dar con el cráneo. Esa noche los cadáveres fueron llevados hasta la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda.

“Lo que me da rabia es como lo mataron, se ensañaron con él. No tengo mayor información de él porque tenía mucho tiempo que no lo veía”, decía en medio del llanto una tía de David.

“Davicito” como era conocido el hombre, era exrecluso de la antigua cárcel de Uribana y en el año 2008 perteneció al pranato de Douglas Leonardo Peroza Cedeño, de 31 años de edad, alias “El Borracho”.

Por tres días integrantes del Cicpc buscaron la cabeza en la zona donde hallaron los cadáveres. También revisaron en un hueco subterráneo ubicado en esa misma área, pero no dieron con ella.

Tras casi una semana del crimen, los funcionarios del Cicpc lograron esclarecer el caso e identificaron a cuatro hombres, quienes serían los presuntos responsables de decapitar al expreso y asesinar a su pareja. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico, director del mencionado organismo de investigación.

Rico detalló que el doble homicidio fue por una “disputa territorial”, luego que las víctimas se resistieran al robo. Según el funcionario, tras decapitar a David, uno de los homicidas se llevó la cabeza y se la entregó a Carlos Jesús Palencia Coronado, apodado “el Brujo”, quien enterró el cráneo en el patio de su vivienda, en Carorita, luego de realizar un ritual de santería. 

“Deciden causarle la muerte a estas personas ya que tenían una vieja rencilla por el control del sector donde residían. Aunado a que trataron de cometer un robo adyacente a la residencia de Rangel y este se opuso, teniendo problemas con el grupo hamponil”, sostuvo el director del Cicpc.

Por el caso se encuentra detenido Edwin Rivero Pineda, alias “el Pompa”. El Cicpc sigue tras la búsqueda de tres hombres conocidos como Rubén, “el Catire” y “el Brujo”.

Ocho asesinados en cinco días

En el estado Lara ocurrieron ocho homicidios entre el pasado martes 6 de octubre y el sábado 10 de ese mismo mes, tres a manos de cuerpos de seguridad del Estado y cinco perpetrados por criminales. Del total de víctimas dos eran mujeres.

El viernes 9 de octubre Nahen Aníbal Moreno Chauran, de 55 años de edad, fue asesinado por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) luego de haber sido denunciado ante las autoridades como el presunto responsable de haber cometido un delito sexual en contra de una menor de edad. El día del funeral sus familiares y vecinos protestaron y exigieron justicia, asegurando que era inocente. 

“Los policías debieron investigar antes de asesinarlo. La mamá de la niña dijo que hay pruebas, pero nunca las mostró y solo lo denunció en la PNB. Fue muy injusta su muerte”, dijo en medio del llanto Deneisi Naranjo, hermana de Nahen.

Siguiendo con los casos, Oswaldo Jesús Hernández Hernández, de 21 años de edad, y Wilder José Jiménez Aranguren, de 19 años de edad, murieron el 6 de octubre a manos de funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).

Las otras víctimas fueron identificadas como Leopoldo Lisandro Arcila Morillo, de 41 años de edad (asesinado el 7 de octubre); Orlando de Jesús Bravo, de 56 años de edad (muerto el 7 de octubre), y Yohelis Loreanny Sánchez Pérez, de 34 años de edad (asesinada el 10 de octubre).

Aunque el lunes 5 y el domingo 11 de octubre no se registraron homicidios en la entidad, el mencionado consolidado de 8 muertes implica un aumento en los asesinatos perpetrados la semana pasada en Lara, si se compara con los ocurridos en ese mismo estado entre el lunes 28 de septiembre y el domingo 4 de octubre, lapso en el que hubo uno.

 

#Monitor de Víctimas | 28 ejecuciones extrajudiciales deja “cacería” policial contra banda de “Santanita” en Lara
Josué Ángel Santana Peña, alias “Santanita”, es el presunto líder de una banda dedicada a la extorsión. Se ha convertido en un “objetivo” de los cuerpos de seguridad y su búsqueda ha sido utilizada como excusa para arremeter contra hombres de sectores populares de al menos 3 municipios del estado Lara. 30 por ciento de las muertes a manos de la fuerza pública, ocurridas en la entidad en cuatro meses de pandemia, estarían relacionadas con la supuesta persecución a este grupo delictivo 

Anderson Piña Pereira  | Karina Peraza | Liz Gascón | Montaje de portada Abrahan Moncada | Infografía Mayerlin Perdomo

 

En el estado Lara, 28 hombres fueron ejecutados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) entre mayo y agosto de 2020. Aunque no se conocían y no murieron el mismo día, todos tenían algo en común: perdieron la vida en supuestos operativos de búsqueda de Josué Ángel Santana Peña, alias “Santanita”, líder de una banda criminal que opera en cuatro estados del país.

Esta cifra equivale a 30 por ciento del total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en Lara entre mayo y agosto por cuerpos de seguridad del Estado. 92 hombres murieron en manos de funcionarios de la fuerza pública en ese período, la mayoría menores de 35 años de edad.

Este reportaje hace parte de Monitor de Víctimas en Lara, una iniciativa periodística de Runrun.es y Caracas Mi Convive, que busca registrar y analizar los homicidios. La extensión del proyecto al estado Lara comenzó el 1ro de mayo y cuenta con un equipo de periodistas expertos en cobertura de violencia, quienes recolectan los datos y cuentan las historias de las víctimas.

Aunque todos los hechos fueron presentados como enfrentamientos con presuntos integrantes del grupo delictivo, familiares de algunas víctimas descartan esa versión y aseguran que no guardaban relación con la banda que opera en Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua.

Por otra parte, entre enero y agosto de 2020, periodistas de la fuente de sucesos en el estado Lara contabilizaron 181 casos de personas muertas a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, la mayoría de estos hechos entran en la categoría de ejecuciones extrajudiciales, similares a las denunciadas en el informe de la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela de ONU.

Alias “Santanita”, de 25 años de edad, forma parte de la lista de los más buscados del Ministerio de Interior y Justicia por los delitos de homicidio, secuestro y extorsión. Está solicitado desde 2017, el mismo año en el que se fugó del Hospital Central Antonio María Pineda, tras fingir que estaba enfermo y ser sacado del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, en Lara.

Los presuntos enfrentamientos entre cuerpos de seguridad del Estado y supuestos miembros de la banda comenzaron en mayo, mes en el que fueron asesinados ocho hombres, incluyendo el padre de “Santanita”. En junio, julio y agosto continuaron los procedimientos con un saldo de siete, ocho y cinco víctimas, respectivamente.

Tres organismos de seguridad participaron en el operativo que ha dejado 28 fallecidos. Según datos recabados por Monitor de Víctimas entre mayo y agosto. Pero las FAES suma la mayor cantidad de presuntas ejecuciones extrajudiciales con 15 casos; seguida por el Cicpc, con 11 fallecidos; y el CONAS, con 2.

La difusión de un video en el cual “Santanita” aparece escoltado por dos hombres armados, con los rostros cubiertos, y se atribuye la autoría de un ataque con granada a un concesionario del este de Barquisimeto, el 7 de mayo, desencadenó una serie ejecuciones extrajudiciales encubiertas en el operativo de búsqueda de los miembros de la banda.

 

En la grabación, “Santanita” extorsiona y amenaza de muerte a los propietarios de al menos ocho ventas de vehículos nuevos y usados de la ciudad.

Por otra parte, desde que el director nacional del CICPC, Douglas Rico, anunció que “Santanita” estaba “identificado y activamente buscado”, a mediados de mayo, los organismos de seguridad comenzaron a señalar a las víctimas de supuestos de enfrentamientos como presuntos integrantes de esa banda.

En agosto, Rico ofreció otras declaraciones sobre el cabecilla de la banda dedicada a la extorsión, quien se había convertido “en una prioridad para todos los cuerpos de seguridad”.

El sociólogo Nelson Fréitez, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), asegura que en los últimos años en Venezuela, los organismos de seguridad actúan de manera improvisada y se evidencia en las irregularidades en los operativos policiales. 

Agrega que en los recientes despliegues policiales para dar captura a Santana Peña, no hay rastro de labores de inteligencia por parte de los organismos de seguridad, aunque disponen de recursos del Estado para hacerlo.

Fréitez advirtió que sobre las ejecuciones extrajudiciales relacionadas con la búsqueda de “Santanita” priva la impunidad, como sucede con el resto de las muertes en manos de cuerpos policiales como las FAES.

Empezaron por su barrio y mataron a su papá

Entre el 11 y 14 de mayo, pocos días después de la explosión de la granada en el concesionario Autos 251, las FAES reportaron la muerte de cinco presuntos miembros del grupo criminal en la urbanización La Carucieña, al suroeste de Barquisimeto, antiguo lugar de residencia y centro de operaciones de “Santanita”.

Entre las víctimas de esa incursión destaca Rafael Antonio Santana, papá de “Santanita”, quien fue asesinado por las FAES tras la activación del operativo de búsqueda. El hombre tenía 50 años de edad y dos de sus hijos relataron a Monitor de Víctimas que Santana fue torturado y sacado de su casa el 14 de mayo para simular un enfrentamiento.

Ambos denunciaron que su padre fue obligado a posar con un arma larga y fue fotografiado por los funcionarios, antes de que le dispararan.

En la minuta, Santana –quien presentaba registro por homicidio de 1980– fue señalado como uno de los líderes de la banda de su hijo. “Es falso que él era de la banda, no quiere decir que porque seamos familia seamos de la banda”, comentaron los hijos de la víctima, quienes prefirieron que su identidad no fuera publicada pues temen convertirse en blanco de las autoridades. Además negaron que su padre mantuviera contacto con Josué Ángel Santana Peña en los últimos meses.

En este mismo procedimiento, la FAES también mató a Adrián Douglas Sánchez Ochoa, un buhonero de 33 años de edad que no vivía ni trabajaba en La Carucieña, contaron familiares al Diario La Prensa de Lara que desconocían si la víctima tenía nexos con “Santanita”.

Yeferson José Mendoza Pérez, de 24 años de edad; Geison Griman Acosta, de 27 años y Koli José Álvarez, de 24 años son las identidades de las primeras víctimas que cobró las FAES en La Carucieña relacionadas con el caso de “Santanita”. Un allegado indicó que los jóvenes fueron acusados de figurar en el video de Santana Peña.

“Los señalan a ellos por el color de piel. Imagino que los asociaron con Santanita porque él era de La Carucieña, pero ninguno firma Santana”, precisó la fuente al explicar que ninguno de los asesinados se apellidaba Santana. Asimismo, advirtió que hubo excesos en la incursión de las FAES que ocurrió el 11 de mayo en horas de la mañana.

Los funcionarios detonaron una granada aturdidora para irrumpir en la casa que le pertenecía a Griman. “Cada quince minutos se escuchaban los disparos y a las 6:30 de la mañana en una camioneta de las Faes sacaron los tres cuerpos, pero siguieron las detonaciones hasta las ocho de la mañana”, agregó el testigo.

El mismo patrón

La madrugada del 18 de junio, en el kilómetro 11 de Pavia, al oeste de Barquisimeto, funcionarios del Cicpc llegaron al lugar. No tenían orden judicial y entraron a la fuerza a la vivienda de la familia Suárez Mújica. Preguntaron por José Luis, de 29 años de edad, y le ordenaron a las otras cuatro personas que se encontraban en la casa que salieran del inmueble.

Era tan temprano que los familiares no entendían qué pasaba. Sin embargo, accedieron a la solicitud y abandonaron la vivienda escoltados por funcionarios. Un familiar develó que en el momento en el que se iban alejando escucharon las detonaciones. Suspiró profundamente y solo dijo: “Ahí supe que a José Luis lo habían matado”.

Pocos minutos después, al oeste de la capital larense, en el sector El Mamón de Pavia, el patrón se repitió. Asdrúbal José Yajure Mendoza, de 26 años de edad, fue asesinado por el mismo cuerpo policial. Los uniformados llegaron a la vivienda y, como las puertas tenían candados, las tumbaron y al entrar apuntaron a los seis miembros de la familia, incluyendo una adolescente de 13 años de edad.

Los funcionarios llevaban los rostros tapados y todos estaban armados. Les hicieron lo mismo que a la familia Suárez Mújica, los obligaron a salir de la vivienda, mientras que a Asdrúbal lo tenían vigilado. A una mujer que se resistía a abandonar la casa, la halaron por el cabello y la sacaron. Poco después el hombre de 26 años fue ejecutado.

Ese mismo día, a Pavia, llegó una comisión de la División Antiextorsión y Secuestro del Cicpc, con competencia nacional con el objetivo de ubicar a presuntos integrantes de la banda del “Santanita”, pero en medio del operativo murieron dos personas que no pertenecían al grupo hamponil. 

El 23 de junio, una comisión de las FAES ingresó pasadas las 3:00 pm a la comunidad La Concordia y se llevaron consigo a Dubian Valencia Barboza, de 41 años de edad. Sus vecinos pensaron que había sido por andar sin tapabocas y por incumplir el decreto regional que en el momento prohibía la circulación de personas después de las 2:00 de la tarde.

La familia de Dubian lo encontró la tarde del 24 de junio en la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Ese mismo día su cuerpo había sido trasladado por funcionarios de las FAES al centro de salud. La comisión alegó que Dubian fue herido en un enfrentamiento en el sector Simón Rodríguez, un barrio localizado detrás del cementerio municipal de la ciudad donde han ocurrido otras ejecuciones extrajudiciales.

Familiares declararon que Dubian no frecuentaba esa zona donde fue asesinado y existen testigos que vieron cómo se lo llevaron con vida un día antes; de la misma forma aseguraron que la víctima no manejaba armas de fuego, como apunta la versión oficial.

“Seguro por tener antecedentes fue que decidieron matarlo, pero Dubian hacía años se había regenerado y su experiencia la usaba como pastor evangélico para predicar dentro de los penales”, manifestó su hijastro, quien además reiteró que el hombre tenía cinco años trabajando como vendedor de boletos en el Terminal de Pasajeros.

 

 

Un recluso de Tocorón entre las víctimas

Ocho personas fueron asesinadas en presuntos enfrentamientos en un lapso de nueve días del mes de julio.

Seis de los hombres murieron en manos de la Brigada Antiextorsión y Secuestro del Cicpc de Lara, en conjunto con el Eje de Vehículos y la Subdelegación de Quíbor. Según las informaciones policiales los procedimientos fueron parte de una investigación en donde supuestamente lograron frustrar el secuestro del hijo de un empresario de Quíbor, municipio Jiménez.

El primer hecho fue el viernes 17 de julio cuando efectivos de la policía científica mataron a  José Damian Hernández Mendoza, de 35 años de edad, en el sector Quebrada Grande del municipio Jiménez. Alegaron que portaba un fusil y una granada y era uno de los hombres que movilizaban al resto de la organización.

Pasaron tres días y nuevamente el Cicpc volvió a incursionar en Jiménez, esta vez habrían asesinado a William Jesús Barrios Fréitez, de 28 años de edad, conocido como “Chuchú”, este joven ya había sido señalado de participar en el secuestro del comerciante árabe y debía estar recluido en la cárcel de Tocorón.

El tercer procedimiento del Cicpc fue el viernes 24 de julio en el barrio El Tostao, al oeste de la ciudad. Luis Emigdio Perdomo Villegas, Harold Enrique García Yoleaney y una tercera persona que no fue identificada fueron asesinadas, supuestamente porque formaban parte de la banda del “Santanita”. La sexta persona fue Juan Carlos González Mendoza, de 33 años, murió el 25 de julio en el sector La Ermita.

Estas víctimas eran de Lara, Carabobo, Aragua y Trujillo. Por esta razón los familiares demoraron varios días para retirar los cadáveres.

Con estos hechos, el comisario Douglas Rico, director nacional del CICPC, emitió un pronunciamiento y anunció que se había desmantelado parcialmente la banda de “Santanita”.

A la vez, Rico informó que “Santanita” se convertía en un “objetivo nacional” para todos los cuerpos de seguridad y reveló que estaba refugiado en el penal de Tocorón. Asimismo, afirmó que en la búsqueda de Wilexis Alexander Acevedo, alias “Wilexis”, en Petare, supieron que “Santanita” había estado compartiendo en esa zona 

Las FAES también pusieron su cuota en el mes de julio y mataron a dos personas a quienes identificaron como supuestos miembros de la banda del “Santanita”: Wilmer Wilson Martínez López, de 25 años de edad y José Alejandro Mendoza Díaz, de 22 años de edad.

Martínez residía en el sector 19 de abril de la comunidad El Jebe, ubicada al norte de Barquisimeto. El 22 de julio, en horas de la madrugada, las FAES ingresaron a su vivienda porque supuestamente se había robado un teléfono celular, pero en medio del interrogatorio al que fue sometido el joven le contó a los funcionarios que trabajaba en la venta de vehículos Súper Autos, ubicado en la carrera 18 con carrera 22 de Barquisimeto 

El 12 de junio ese concesionario donde trabajaba Martínez fue atacado con un artefacto explosivo y sirvió de coartada para que las FAES lo incriminara con la banda de “Santanita”. La familia de la víctima denunció que se trató de una ejecución extrajudicial, aclaró que Martínez no se encontraba armado y mucho menos que formara parte de esa banda. El entorno de Martínez aseguró que el joven tenía más de siete años trabajando con los dueños del concesionario y que era un empleado de confianza.

De la misma forma, la familia dijo que en el momento en que las FAES llegó a la vivienda, separaron a los familiares de Martínez y los encerraron en una patrulla, mientras que al joven lo asesinaron en la vivienda.  

 

 

En medio del operativo de búsqueda de “Santanita”, los habitantes de La Carucieña se han sentido atemorizados por los procedimientos de los cuerpos de seguridad que no solo intimidan y amenazan a las personas, sino que también les roban sus pertenencias. Temen por la vida de sus hijos porque los policías no “investigan quienes son”, sino que “asesinan a cualquiera”, sostienen.

Un vecino de la comunidad que prefirió mantener el anonimato declaró a Monitor de Víctimas que los funcionarios de las FAES utilizaron como pretexto la búsqueda de “Santanita” para cometer abusos de poder en La Carucieña.

Explicó que el 11 de mayo, día en el que se registraron tres ejecuciones extrajudiciales en el sitio, La Carucieña entró en una especie de toque de queda, debido a la presencia de las FAES.

“Ese día, nadie entraba, ni salía”, dijo la fuente, quien precisó que los funcionarios aprovecharon la “balacera” para detener a cuatro personas, vecinos de la familia paterna de “Santanita”, que no tenían relación con la banda.

La fuente señaló que uno de las aprehendidos pagó la suma de 200 dólares para quedar en libertad, mientras que los otros tres detenidos salieron gracias a la mediación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

“Fueron días de terror, a algunos vecinos los robaron, mientras les allanaron sus casas con la excusa de que “Santanita”, estaba merodeando la zona. Otros eran amedrentados por la FAES”, subrayó.

De acuerdo con esta misma fuente, el despliegue de las FAES en el sector popular se extendió por espacio de 20 días. A la fecha, la presencia de los uniformados continúa, pero no como en meses pasados. La Carucieña comunidad donde creció “Santanita” está ubicada en la parroquia Ana Soto, antigua Juan de Villegas y fue precisamente donde se registraron la mayor cantidad de incursiones de los cuerpos de seguridad.

De las 28 muertes, 25 se perpetraron en el municipio Iribarren.

En la parroquia Ana Soto se concentraron los procedimientos, allí fueron asesinadas 18 personas, tres crímenes se cometieron en la parroquia Catedral, mientras dos fueron en Tamaca, 1 en la parroquia Unión y sólo en un caso no existe información. Las otras tres víctimas fueron en el municipio Jiménez. 

Para el sociólogo Fréitez, que también forma parte de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, los organismos de seguridad cometen ejecuciones extrajudiciales para enviar un mensaje de control y terror a la población en lugar de obtener resultados efectivos para disminuir los índices delictivos.  

 

¿Quién es alias “Santanita”?

Josué Ángel Santana Peña es señalado de ser el autor de al menos siete homicidios cometidos por supuesta venganza o en medio de la ejecución de robos. El último asesinato en el que estaría implicado es el del comerciante árabe Tamman Alschaer, secuestrado en una alcabala falsa el 6 de enero de 2020 en el municipio Palavecino; asesinado el 9 de enero y hallado el 16 de enero.

El crimen de Alschaer estremeció a Lara porque desde el 2013 no se registraban secuestros, ni hechos de esa magnitud en la entidad.

El comisario Douglas Rico, director nacional del Cicpc, señaló a “Santanita” como el autor intelectual y material del secuestro y posterior asesinato del comerciante árabe. Esta sería la primera incursión de “Santanita” en un secuestro.

Según fuentes policiales que esclarecieron el caso, alias “Santanita” habría actuado en conjunto con el pran de la cárcel de Tocorón, Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, quien también dirige la banda criminal Tren de Aragua. De acuerdo con las autoridades, en la alcabala falsa donde interceptaron a Alschaer estaba un recluso de Tocorón que habría salido para delinquir. Los captores portaban chalecos antibalas y armas largas. 

 

#MonitorDeVíctimas | Verónica Zubillaga: “Con la actuación de las FAES hay una maquinaria de la atrocidad”
Detrás de la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana se percibe “una maquinaria de la atrocidad”.

 

@MonitorVictimas

La socióloga Verónica Zubillaga afirma que detrás de la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana, se percibe “una maquinaria de la atrocidad”.

El asesinato de dos comunicadores comunitarios en el estado Zulia “no puede verse de forma aislada, señala la investigadora. Identifica un patrón de actuación sistemática en el que los jefes y responsables estimulan y aúpan, incluso, exigen las muertes, en los operativos policiales mientras los subordinados obedecen órdenes.

En entrevista para TalCual, Zubillaga, también profesora de la Universidad Simón Bolívar (USB) e integrante de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), puntualiza que en Venezuela hay un avance del Estado penal y del Estado punitivo, en medio de una situación muy inestable.

Usted ha señalado que, desde el año 2010, y sobre todo desde 2015, se registra un proceso de militarización de la seguridad ciudadana en el que los militares tienen un rol fundamental. ¿Qué consecuencias ha tenido esta política?

– Hay una tradicional impronta militarizada en nuestras fuerzas policiales. Desde la década de los 80 del siglo pasado, los trabajos de Tosca Hernández denunciaban el patrón de actuación militarizado de la policía. Concretamente, con la serie de redadas que se practicaban en los barrios y el abuso de la fuerza. ¿Qué ha sucedido en estas dos décadas? Durante la revolución bolivariana, el problema de la policía ha sido complejo porque estuvo tomado por la politización y la polarización. Hubo un serio esfuerzo en el proceso de reforma de la policía, en tratar de transformar una policía con esta impronta militarizada, en una policía de orientación civil. Se intentó estandarizar los reglamentos policiales y, notablemente, hubo un esfuerzo muy importante en la regulación del uso progresivo de la fuerza.

Terror con mano izquierda

Pero, paralelamente a los esfuerzos de la reforma policial, también se registró una avanzada importante de la militarización. Digamos que, para usar una metáfora que nos encanta a los científicos sociales, por un lado, con la mano izquierda, se desarrolló la reforma policial; y con la mano derecha, al mismo tiempo, se comienzan a desplegar operativos militarizados como el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise), en el año 2010. A este siguió otro operativo terrible, como fue Madrugonazo al Hampa, luego el Plan Patria Segura. Durante todos estos años las tasas de homicidios no hicieron sino aumentar.

– ¿Ocurrió igual con las Operación para la Liberación del Pueblo (OLP)?

– En el marco de esta serie de operativos militarizados, en lugar de producirse un descenso en las tasas de crímenes, y notablemente en las tasas de homicidios, se produjo un aumento. Además, se generó una reorganización del mundo criminal.

Los criminales no se sintieron disuadidos, sino que, por el contrario, se armaron más; decidieron responder a la declaración de guerra.

Solo en su primera actuación en la Cota 905, la OLP tuvo como resultado al menos 14 muertos, porque los vecinos cuentan que son más. Este evento inauguró dos años de operativos sistemáticos bajo la OLP. La exfiscal Luisa Ortega declaró que el número de homicidios superaba las 21.000 muertes violentas para el año 2016, y denunció que al menos 4667 muertes fueron ocasionadas por las diferentes fuerzas policiales. Imagínese la letalidad de estos operativos.

Maquinaria de muerte

– El fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, dijo que los comunicadores comunitarios Andrés Eloy Zacarías Nieves y Víctor Manuel Torres, en el estado Zulia, “podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales”. Han sido detenidos varios funcionarios de las FAES. El hecho se suma a los atropellos y excesos con los que se asocia a esta fuerza de seguridad. ¿Evidencia esto un patrón sin control por parte del Estado?

– Por supuesto. Sí. Justamente con los asesinatos de los muchachos de Guacamaya TV, las autoridades están respondiendo como si fuesen casos aislados. Y tenemos al fiscal declarando que ya se tienen señalados a los responsables. Pero, cuando uno mira en conjunto la actuación de la OLP y de las FAES, se puede percibir una ‘maquinaria de la atrocidad’, como nos apunta la antropóloga brasilera Martha Huggins. Es decir, no son casos aislados, sino un patrón de actuación sistemática en el que los jefes y responsables estimulan y aúpan, incluso, exigen las muertes en los operativos policiales y los subordinados también obedecen órdenes. Esta maquinaria genera dinámicas en donde las actuaciones individuales de las policías comienzan a salirse de control.

La pauta letal del Estado

Pareciera existir un patrón bajo la mirada del Estado

– Sí y tanto es así que hay un patrón. Uno va a las comunidades y registra sistemáticamente esta pauta de actuación. Es decir, durante las OLP, por ejemplo, entraban masivamente los funcionarios con pasamontañas, tomaban por asalto las viviendas, sacaban a los hombres y dejaban a las mujeres en las viviendas. A las mujeres por supuesto las insultaban de “alcahuetas”, “chismosas” por defender a sus familiares varones. Además, robaban en las viviendas alimentos, enseres, teléfonos celulares, tabletas. Y tenemos, así como también lo tienen otras organizaciones, el registro de muchachos que fueron asesinados impunemente.

Ya en el año 2017, la fiscal Ortega Díaz denunciaba que el 21 % de las muertes violentas estaban perpetradas por la Policía: ¡Esa proporción es enorme!

El hecho de que en un país la Policía sea responsable de la cuarta parte de las muertes violentas, varios años seguidos, significa que constituye un actor letal de importancia.

En el año 2018, de acuerdo con los trabajos de Keymer Ávila, 26 % de las muertes violentas fueron perpetradas por las fuerzas policiales. Es decir, no solo no disminuyen, sino que hay un aumento. También se verifica en el registro de las muertes violentas que ocurren en Caracas, realizado por Monitor de Víctimas. Hay parroquias como El Paraíso, Santa Rosalía, Altagracia, San Agustín, donde más de la mitad de las muertes violentas son perpetradas por funcionarios policiales.

El paraguas de la impunidad

En el caso de los comunicadores comunitarios asesinados, el fiscal dijo que nunca van a estar de acuerdo con que funcionarios usen uniformes, insignias, armas y vehículos otorgados por el Estado para robar y matar.

– En nuestra experiencia cuando hacemos trabajo de terreno, lo más duro es que, de inmediato, no tienes ni siquiera que investigar largo tiempo; tienes los relatos de las madres cuyos hijos fueron asesinados, y que estos asesinatos están en completa impunidad.

Se trata, como decía antes, de una maquinaria de la atrocidad, donde además en las instancias oficiales como la Fiscalía no las atienden debidamente; y se experimenta una nueva victimización institucional, entre los familiares sobrevivientes que están buscando justicia.

¿En el caso de las FAES, qué es lo que ustedes han observado? ¿Hay un patrón de actuación?

– Ocurre que luego de tantas denuncias por la OLP, la actuación de las FAES, es una “actuación”, y lo coloco entre comillas, más profesionalizada. Quiere decir que ya no son invasiones masivas en territorios, sino que son acciones mucho más dirigidas, específicas, pero con la misma orden de eliminar.

“La orden es matar”

El comisario de las FAES, Miguel Domínguez, tras el reciente enfrentamiento que hubo en la Cota 905, dijo que “las zonas de paz promovidas por el gobierno, es una figura que no existe dentro de la revolución”. ¿Esta afirmación pudiera corroborar los patrones con los que ellos actúan?

– Esta declaración es indicador, al mismo tiempo, de la profunda fragmentación en el Estado venezolano. Porque, en efecto, la Cota 905 fue declarada como zona de paz; notablemente salió en la prensa, se conocieron los acuerdos a los que llegaron las autoridades y los líderes de las bandas; se acordó una tregua. ¿Qué es lo que pasa? Otra de las grandes causas del descontrol, de la impunidad y de esta violencia letal es esta fragmentación y luchas internas desatadas en el seno del Estado. Por ejemplo, un indicador: hace meses hubo enfrentamientos en la Autopista Prados del Este entre funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de las FAES. Esto sencillamente es un indicador trágico de esas luchas intestinas que hay en el seno del Estado.

¿En ese contexto las FAES se pueden considerar como la fuerza más letal?

– Sin duda. Actúan con impunidad. Incluso en discursos públicos de autoridades y en conversaciones con algunos agentes policiales se evidencia que la orden es matar. Ese tipo de lineamientos se ve también reflejada en las experiencias de los vecinos en estas comunidades, cuando te dicen: “es que antes se los llevaban presos, ahora los asesinan y arman el show del enfrentamiento”, hablando de sus hijos.

¿Entonces, también se habla de ajusticiamiento?

– Sí. En ese sentido, trágicamente, comenzamos a ver en nuestro país organizaciones de madres, cuyos hijos fueron asesinados por agentes policiales. Allí tienes a las mujeres de la  Organización de Familiares de Víctimas de Derechos Humanos, que reúne madres cuyos hijos fueron asesinados por las fuerzas policiales.

La dimensión del problema es tan serio, que comenzamos a tener asociaciones, grupos de víctimas que se aglutinan por estas tragedias, por estas atrocidades sistemáticas.

La guerra la pierden los pobres

El Estado ha ignorado las recomendaciones de la alta comisionada por los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la eliminación de las FAES.

– Eso es lo que sucede cuando hay una militarización extensiva; la situación de criminalidad se plantea como de guerra y de enemigos. Bajo esta lógica se justifica todo este tipo de atropellos. Bajo esta lógica se utilizan palabras, digamos, hiperbólicas, como que las FAES están destinadas a luchar contra los grupos paramilitares, terroristas. En realidad, lo que tenemos es una población hambrienta; tenemos una población masculina joven que, al hallarse la economía devastada, se inserta en redes de economías ilícitas que son las que, digamos, pueden garantizar cierta inserción para la sobrevivencia económica.

Entonces, es como este dicho que tenemos los científicos sociales: “se culpa a la víctima”. Quiero decir, los jóvenes en los sectores populares vulnerables, en lugar de tener apoyos en términos de oportunidades económicas, inclusión social, se hallan sumamente desamparados. Por supuesto buscan canalizar sus necesidades a través de las únicas redes que los pueden absorber, que son las redes de las economías ilícitas y luego, en consecuencia, son los culpables y las víctimas de todas estas políticas de mano dura que generan ese abuso de la fuerza y descontrol policial; el sufrimiento de la población. Y ahora tenemos un nuevo drama social, los miles de víctimas y familiares sobrevivientes de la violencia policial.

El pavor como control social

¿El hecho de que no se acatan esas recomendaciones de disolución de estos organismos, tiene que ver con un patrón del que quizás el Estado no se puede deslastrar?

– Digamos que, a partir del año 2014, cuando se verifica el colapso de los precios petroleros y hay mucho menos dinero que repartir, y además Nicolás Maduro ya no tiene el carisma que tenía el presidente Hugo Chávez para aglutinar y pacificar, viene el avance de este tipo de políticas de control de la población ante la conflictividad esperable por la situación económica y social. Es el avance del Estado penal, el Estado punitivo, frente a una situación muy inestable. Porque se tiene hambre, se tiene escasez, se tiene inflación.Es decir, una situación potencialmente muy explosiva se responde con la bota militar.

¿Las FAES se están empleando no solamente para estos operativos de seguridad en algunas zonas, sino también para perseguir a la disidencia?

– Hay algunos eventos e indicadores de que, en efecto, las FAES se están utilizando como forma de control frente al descontento social y político. Una evidencia fue en enero del año 2019. Cuando comenzaron las protestas en los sectores populares, fueron las FAES quienes respondieron. Entre enero y febrero del año 2019 se tuvo que al menos 40 personas fueron asesinadas en los sectores populares por las FAES y diferentes grupos armados. Fue en los barrios populares donde comenzaron las protestas. Allí hay una clara actuación de las FAES como grupo de control.

Organización civil contra la opacidad estatal

Además de vulnerabilidad e impunidad, también hay opacidad sobre la actuación de las FAES.

– Sin duda. Desde el año 2009, al menos, se suspendió el otorgamiento de información pública. De paso, el acceso a la información es un derecho que está consagrado en la Constitución de 1999. Se tiene todos los años la declaración del Ministro de Interior y Justicia otorgando cifras generales, pero no hay publicación de cifras detalladas.

Si uno como investigador quisiera acceder a información para establecer relaciones, tendencias, establecer dinámicas locales de violencia letal, e incluso tener una relación de interlocución con las autoridades, no es posible porque no hay acceso a la información. No se tienen menos aun cifras oficiales sobre la actuación de las FAES. Pero hay registros de victimización alternativos. Por ejemplo, Monitor de Victimas, que tiene un trabajo sistemático de recolección de información en la morgue. La sociedad organizada lleva registros paralelos.

Disciplina militar

¿Hay algunas medidas que pudieran asumirse sobre las cuales el Estado no ha hecho absolutamente nada de forma concreta?

– Por supuesto que sí. La violencia no es un destino fatal; se puede incidir con grandes acuerdos sociales e institucionales y con políticas públicas destinadas a preservar la vida de los habitantes. Sin ir tan lejos, todo el trabajo que se llevó a cabo en el marco de la Comisión Nacional para la Reforma Policial; en la Comisión Presidencial para el Control de Armas y Desarme y en la Misión a Toda Vida. En todas estas iniciativas se hizo una inversión importantísima en producir los debates necesarios; en elaborar conocimiento e investigaciones; en traer a consultores internacionales. Es decir, que el conocimiento de receta se tiene.

La Comisión Nacional para la Reforma Policial, por ejemplo, elaboró los reglamentos para el uso progresivo de la fuerza. Se forjó un conocimiento muy especializado en torno a la policía deseable. De hecho, cuando se comenzó a organizar y se instauró la Policía Nacional, la verdad, al inicio podría decir que nos sentíamos en confianza. Tristemente duró muy poco, porque muy rápidamente los salarios de los agentes policiales comenzaron a degradarse; se desplegaron los operativos militarizados, como apunté antes, e incluso ya para el año 2015, Nicolás Maduro afirmó que la Policía Nacional tenía que desarrollar disciplina militar.