Francisco Zambrano, autor en Runrun

Francisco Zambrano

Los que no se rinden | Consorven: La vulnerabilidad de los derechos de los sordos va en aumento
La Confederación de Sordos de Venezuela aboga porque en Venezuela se respeten los derechos de quienes padecen deficiencias auditivas 

@franzambranor

Ante la imposibilidad que veían de hacer valer sus derechos, el 3 de junio de 1989 nació la Federación Venezolana de Sordos, que posteriormente en 2010 cambió su nombre a Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven).

Con presencia en 18 estados del país y en 23 asociaciones, Consorven impulsa la formación y el monitoreo en materia de derechos humanos para personas con deficiencias auditivas.

Su presidente, Juan Angel De Gouveia, es el único venezolano en formar parte de la junta directiva de la Federación Mundial de Sordos.

De Gouveia indicó que en Venezuela y muchas partes del mundo no existen condiciones apropiadas para integrar a los sordos a la sociedad. 

“Nos toca seguir trabajando y defendiendo los derechos de las personas sordas, así como realzar el lengua de señas como nuestro canal de comunicación”. 

De Gouveia fue corresponsable de realizar el Informe Alternativo sobre la Discapacidad en Venezuela consignado ante el Comité de Discapacidad de la ONU. Asimismo pudo exponer la situación de las personas con discapacidad durante la más reciente visita a Venezuela de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

¿Han empeorado las condiciones para los sordos en los últimos años? 

La situación de vulnerabilidad de los derechos no solo de las personas sordas sino también de otras discapacidades ha ido en aumento por lo que desde Consorven se ha empezado desde hace años una lucha que involucre a todas las personas con discapacidades para fortalecer sus movimientos asociativos y lograr el reconocimiento pleno de todos sus derechos, según se establece en las normativas internacionales y nacionales.

¿Ha sido así siempre o antes se respetaban sus derechos?

Para la comunidad de personas sordas siempre ha existido una barrera de comunicación y a través de Consorven buscamos visibilizar esto para lograr el respeto de nuestra cultura y lengua.

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

Las personas con discapacidad se enfrentan a múltiples barreras adicionalmente no le son garantizados todos sus derechos y en ocasiones son violados flagrantemente. Existe un nivel de vulnerabilidad muy alto y que tratamos de disminuir a través de la formación. 

¿Cuáles son los mayores retos de la organización? 

Nuestro mayor reto es que se respeten los derechos de todas las personas con discapacidad, que a la hora de acudir a un centro de salud sean atendidas, que se puedan formar académicamente con todas las herramientas necesarias; por ejemplo, una persona sorda requiere el apoyo de un intérprete de Lengua de Señas Venezolana en el aula de clases, en un hospital, en los entes de justicia. Las personas ciegas necesitan acceso a material en braille, señalizaciones para que se puedan orientar. Las personas con discapacidad motora o movilidad reducida necesitan rampas, transporte accesible; quienes padecen discapacidad intelectual, también requieren de un material específico de lectura de fácil comprensión.

¿Cuales son las mayores amenazas que enfrentan?

El sistema económico que oprime a los venezolanos. Se nos hace cuesta arriba gestionar tantas solicitudes por debilidades económicas, poder tener acceso a la salud o al ámbito alimentario más cuando no está garantizado el empleo de las personas con discapacidad. 

¿Qué otras actividades realizan?

Brindamos atención y orientación a personas con discapacidad víctimas de violaciones de derechos humanos. Orientación y asesorías en el área legal y próximamente  psicológica. Se realizan talleres de formación a personas con y sin discapacidad, formación en derechos humanos y talleres de Lengua de Señas Venezolana. 

¿Qué los inspira a continuar esta labor en un país como Venezuela?

Siempre ha existido la inquietud de pertenecer a una sociedad sin prejuicios, donde todos sean tratados por igual, en las mismas condiciones, con los mismos deberes y derechos. Los fundadores de la organización muchos ya no están, pero se mantiene este espíritu de fomentar la inclusión y la directiva actual está conformada por personas que desde jóvenes se han incorporado a la lucha por sus derechos desde diferentes espacios 

¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

Trabajamos de la mano de la Fundación Vanessa Peretti, la primera mujer sorda que participó en el Miss Venezuela y además contamos con diversos aliados como organizaciones educativas, de defensa de derechos o que trabajen en áreas como la salud.

¿Un caso emblemático?

El de Mervis Guitián, joven con discapacidad Intelectual y discapacidad auditiva, quien falleció en las protestas de 2017.Salió de su casa y por su condición no se percató que había disparos y fue abaleado. También el caso de Anthony Molina, joven con discapacidad psicosocial leve y discapacidad intelectual grave, que fue aprehendido por la supuesta comisión del delito de homicidio hace tres años. A pesar de ser inimputable fue procesado y acusado, sin que el Estado le garantice sus derechos y valore las pruebas que demuestran que no tiene capacidad de discernir, ni ubicación en tiempo ni espacio.

3x3 | “Directv podría tener una tarifa básica de entre 5 y 6 dólares”
Aunque no hay un consenso sobre cuánto seria la mensualidad del servicio, analistas consideran positivo el regreso de la empresa por suscripción a los hogares venezolanos 

@franzambranor

Un tuit del periodista Nelson Bocaranda encendió las redes sociales el pasado 14 de agosto de 2020. “Atención está regresando la señal de Directv en estos instantes”, escribió Bocaranda. Los millones de suscriptores del interrumpido servicio comenzaron a instalar sus descodificadores con la esperanza de ver algún canal, pero un tuit de Directv negando la tesis enfrió la emoción. No fue sino horas después que la propia Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ratificó la primicia ofrecida por Bocaranda. “Informamos que la empresa Directv a través de la empresa Scale Capital restituyó la señal por suscripción. Dicha restitución cumple con las disposiciones legales dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia para la protección de sus usuarios”, se desprendió de la cuenta de Conatel en la red social.

La hasta ahora desconocida empresa Scale Capital pasaba a operar el servicio de Directv interrumpido en mayo de 2020. Progresivamente los clientes comenzaron a recuperar la señal con la excepción de los canales HBO, FOX Premiun, Globovisión y PDVSA TV, estos dos últimos vetados por el gobierno de los Estados Unidos por estar vinculados a empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro y la razón por la que la antigua compañía de Directv, AT&T optó por marcharse de Venezuela.

Ahora con Directv de vuelta en sus hogares, los venezolanos se preguntan cuánto costará el servicio que antes era accesible para la mayoría luego de los 90 días de gracia que dio Scale Capital.

Runrunes consultó a tres analistas para que desde sus distintos ámbitos de trabajo pudieran ayudar a develar esta incógnita: el periodista experto en telecomunicaciones William Peña, el sacerdote y activista social Alfredo Infante y el economista Luis Oliveros. 

¿Cuál es la repercusión del retorno de Directv a los hogares venezolanos?

William Peña: La percepción que podemos tener en estos momentos es de incertidumbre porque la empresa que está comprando Directv es desconocida, no sabemos de donde provienen los fondos. El gobierno pudiera darle una patada a la mesa y obligar a transmitir los canales que no están al aire.

Alfredo Infante: El regreso de Directv ha sido una buena noticia para los sectores populares. Directv se convirtió en el parque recreativo familiar durante la pandemia. La vida cotidiana sigue complicada y Directv es una especie de oxígeno. Se logra establecer cierto orden interno en la casa, especialmente para niños y ancianos. 

Luis Oliveros: Es un problema menos que tienen los venezolanos, un problema menos dentro del abanico de inconvenientes, muchas personas están felices por esta noticia.

¿Cuánto podría costar el servicio?

WP: Es difícil de predecir, depende del paquete. Inter está por el orden de los 6 dólares. Creo que para un país donde el sueldo mínimo es menos de 2 dólares es complejo que una empresa cobre 12,15,18 y hasta 40 dólares por ese servicio. También depende de lo que estipule Conatel. La mayoría no puede pagar un servicio de 5 o 6 dólares, la estrategia podría ser quedarse solo con clientes premium. 

AI: En este momento la señal es gratuita por 90 días y eso tendrá un impacto positivo, pero si el monto es alto, Directv volverá a quedar inhabilitado en las zonas populares, los niveles de consumo caerán mucho porque la gente preferirá comer y comprar medicinas y el entretenimiento quedará como un recurso de difícil acceso para la gente.

LO: La tarifa más barata podría estar entre 5 y 6 dólares. La gente los va a pagar porque Directv se ha convertido en un bien prioritario en los hogares venezolanos.

¿Cómo reorganizar la empresa desde el punto de vista operativo y a su clientela?

WP: Uno de los requisitos de Conatel es tener un departamento de ventas y un servicio técnico y actualmente no existen ninguno de los dos. No tienen ni siquiera empleados, al menos no se les conoce. La empresa está regalando el servicio, pero en su momento habrá que pagar. Por ahora esta es una telenovela que tiene varios capítulos y solo hemos visto el primero.

AI: En las zonas suburbanas, Directv es usada en modo cooperativa, uno paga y el resto da un aporte, es decir, puede que varias familias se beneficien de una sola suscripción, por eso el consumo es mayor a la lista de clientes. Dependiendo de las tarifas algunos tendrán que decidir entre comer y comprar medicinas o pagar Directv.

LO: Todavía no sabemos desde el punto de vista económico cómo va a funcionar esa empresa. Se supone que el comportamiento será diferente. Hay mucha gente que dependía de Directv desde el punto de vista técnico, ciertamente es un alivio para esos trabajadores. El asunto es que la competencia no tiene el mismo alcance de Directv, por eso creo que ellos seguirán liderando el mercado cuando la operatividad esté al 100%. 

Los que no se rinden | Una Ventana a la Libertad: Mueren más presos por tuberculosis que por riñas
Desde 1997 la ONG se encarga de brindar apoyo a los reclusos y sus familiares 

@franzambranor

En octubre de 1996, 29 presos murieron calcinados en la extinta cárcel de La Planta en Caracas. Funcionarios de la Guardia Nacional arrojaron dos bombas lacrimógenas al interior de una celda lo que originó el incendio. La masacre hizo que Carlos Nieto Palma, junto a Elio Gómez Grillo, Flor Isava, Libia Montes y Carol Carrera fundaran el 10 de diciembre de 1997, la ONG Una Ventana a la Libertad.

“En ese momento no había una organización que se dedicara al tema carcelario  yo ya estaba involucrado en eso. Lo de La Planta fue el detonante, nos conmovió bastante”, dijo Nieto Palma.

El director de Una Ventana a la Libertad señaló que durante el segundo mandato del presidente Rafael Caldera, la situación carcelaria era realmente precaria, pero que las relaciones con el alto gobierno y las ONG eran de respeto mutuo. “El ministro de Justicia era Hilarión Cardozo y siempre hubo buen trato, pese a las denuncias que hacíamos”.

En su informe correspondiente a 2019, Una Ventana a la Libertad reportó 192 muertes de reclusos en calabozos. 46 perdieron la vida por enfermedades, 40 por violencia entre reclusos, 16 por abuso policial, 34 en fugas y 21 por otras causas.

¿En qué ha cambiado el sistema penitenciario desde entonces?

Carlos Nieto: En aquel momento era muy mala, las cárceles eran terribles. Actualmente el sistema penitenciario de Venezuela es tal vez uno de los peores del continente, yo diría que del mundo. Jamás me imaginé que la situación fuera más terrible de lo que era antes, hoy en día mueren más presos por tuberculosis y por desnutrición que por riñas y peleas.

¿Cual es el rol de Una Ventana a la Libertad?

CN: Monitorear la situación de las cárceles, presentar denuncias, asesoría jurídica a los familiares, damos talleres en derechos humanos a personas privadas de libertad. La mayoría de la gente cree que los presos no tienen derecho y si los tienen. 

¿Cuál es la realidad de los centros de detención preventiva en este momento?

CN: Los centros de detención preventiva o calabozos policiales cumplían la función de albergar a los presos por un lapso no mayor a 48 horas, eso se cumplia antes, pero ahora se han convertido en pequeñas cárceles que alojan incluso a más detenidos que las cárceles normales, que según la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, son 44 en todo el país.  

¿Cómo hacen para monitorear las cárceles en el interior del país?

CN: Somos un equipo de 32 personas, 19 de ellos son investigadores que están desplegados en 17 estados de Venezuela. En enero de 2021 pensamos agregar dos estados más.

¿Cual es el tipo de persona que se acerca a su organización?

CN: 97% de los presos en Venezuela son pobres. Nosotros atendemos a sus familiares, les brindamos asesoría jurídica. Ellos no tienen cómo pagar un abogado, a veces ni siquiera tienen el pasaje para trasladarse al centro de reclusión. Hay un fenómeno y es que la mayoría de los familiares que solicitan ayuda para un preso son mujeres, los hombres se involucran muy poco en esos menesteres. 

¿Tienen algún tipo de alianzas? 

CN: Alianzas como tal no, pero hemos contado con la colaboración de la Cruz Roja Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

¿Cuál es el objetivo principal de Una Ventana a la Libertad? 

CN: Que las cárceles se conviertan en centros de reeducación, que se humanicen las prisiones y los presos puedan vivir como personas.

¿Cuál es la principal amenaza sobre ustedes? 

CN: Estamos en un régimen al que solo le gusta escuchar lo que ellos quieren. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela me ha hecho amenazas públicas. A uno lo pueden meter preso, obligar a exiliarse o incluso amedrentar a tu familia. Diosdado Cabello en su programa de TV ha dicho mentiras sobre mí.   

En el portal de Una Ventana a la Libertad destaca un informe sobre la salud de los reclusos en los centros de detención preventiva donde se especifica el riesgo que corren los reos por el brote de coronavirus en Venezuela. Durante mayo de 2020 UVL monitoreo 57 centros de detención preventiva donde se encontraron 941 casos de desnutrición, 188 padecen de tuberculosis y 10 de VIH.

Francisco Zambrano Ago 19, 2020 | Actualizado hace 1 mes
Solidaridad inmune al coronavirus
Organizaciones civiles buscaron alternativas para seguir ayudando a los más necesitados en medio de la pandemia 

@franzambranor

En la vieja normalidad o en pandemia, organizaciones civiles no se lavan las manos con su responsabilidad ante la gente.

Venezolanos siguen ayudando a compatriotas pese a las restricciones de vivir en una perenne cuarentena.

Desde que fue decretado el estado de alarma, algunas empresas se vieron obligadas a cerrar y por ende despedir trabajadores; otras se reinventaron e idearon líneas de producción alternativas.

Las organizaciones civiles y algunas iglesias no se quedaron atrás en su afán de seguir ayudando al más necesitado. Pese al cierre de vías, la cifra ascendente de contagiados de coronavirus y la escasez de gasolina, los voluntarios continuaron con su labor altruista. 

Donde come uno comen 14.400

Desde julio de 2016, el programa Alimenta la Solidaridad ha llevado comida a miles de niños en sectores populares del país. La idea desarrollada por el activista Roberto Patiño nació en un colegio de La Vega en Caracas para atender nutricionalmente a alumnos durante el período de vacaciones escolares. En la actualidad la iniciativa atiende de lunes a viernes a 14.400 niños en 14 estados de Venezuela y cuenta con el auspicio de las embajadas de Alemania y Francia.

La llegada del coronavirus supuso un cambio de estrategia en los comedores de Alimenta la Solidaridad. “Ahora toda la comida es para llevar”, dijo Roberto Patiño.

El propulsor del programa sostuvo que pese a la crisis que ha generado la pandemia, la meta es beneficiar a alrededor de 20.000 en todo el territorio nacional. “Estamos creciendo para atender la lista de espera que tenemos de 5.000 niños adicionales”.

Patiño sostuvo que debido a la escasez de gasolina han recurrido a formas creativas para distribuir la comida en las 215 comunidades donde funcionan. “Hemos tenido que repartir la comida en bicicleta y hasta en burro”. 

El creador de Alimenta la Solidaridad indicó que en zonas rurales de Yaracuy, Lara y Portuguesa se les ha complicado el acceso por la falta de combustible, al igual que en zonas de Caracas como la Cota 905 y Nuevo horizonte. Destacó que, pese a los embates, la comunidad organizada ha conseguido maneras de distribuir los alimentos.

Acción más que solidaria

A pesar del estado de alarma decretado a raíz de la covid-19, Acción Solidaria ha seguido adelante con la recepción de donaciones de medicinas e insumos médicos del exterior de parte de organizaciones humanitarias.

Su presidente, Feliciano Reyna, informó que han entregado 90 toneladas de ayuda a 40 organizaciones aliadas a lo largo del país.

“Para todos fue una tarea titánica a principios de marzo por el tema de la gasolina. Hubo mucha preocupación por la escasez de combustible. También fue un reto para el personal que debió organizarse para apegarse a las normas de seguridad sanitaria”. 

Reyna dijo que a través de una comisión técnica de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Sanidad y la Organización Panamericana de la Salud se consiguió una ayuda de 14 millones de dólares para paliar la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

“Es una cantidad importante, pero la realidad es que eso alcanza para la dotación de cuatro hospitales. El personal médico necesita insumos a diario porque de eso dependen sus vidas”. 

Reyna señaló que en medio de la pandemia deben seguir atendiendo a personas con enfermedades crónicas. “La persona que recibe diálisis no puede interrumpir su tratamiento por la cuarentena”. 

El presidente de Acción Solidaria señaló que en la organización extremaron las medidas de seguridad en vista de que quienes solicitan ayuda son personas con patologías de consideración. 

“Se trata de una situación sumamente compleja. Tenemos que seguir trabajando en pro de las personas. Hace falta un volumen muy importante de insumos para cada centro de salud”. 

De la olla a la bolsa milagrosa 

A raíz de la crisis alimentaria por la que estaba atravesando Venezuela, la comunidad de la la iglesia La Chiquinquirá, en La Florida, decidió ayudar a la comunidad aledaña a la parroquia. Así fue como surgió en marzo de 2017 la “Olla Milagrosa”, un servicio de comida gratuita dedicado a quienes necesitaban llevarse al menos un bocado al día.

Todos los sábados, desde muy tempranas horas de la mañana, cientos de personas se agolpaban a las puertas de la iglesia en busca del preciado almuerzo. Pero en marzo a raíz de la cuarentena decretada por el gobierno debido al coronavirus, el servicio se vio interrumpido. Pese a que ya no había almuerzos sabatinos, la gente seguía yendo y, por ello, las autoridades eclesiásticas y la sociedad civil decidieron reemplazar parcialmente la “Olla Milagrosa” por “La Bolsa Milagrosa”. “Cada sábado asistía un promedio de 700 personas a almorzar en la iglesia y todavía sigue yendo bastante gente buscando una ayuda, por eso comenzamos con esta iniciativa”, dijo Alcira de Hopkins, una de las organizadoras del evento.

La bolsa contiene harina de maíz, pasta, arroz, granos, medio cartón de huevos, cereales, galletas, enlatados. “Y cualquier otra donación que recibamos de parte de la gente es bienvenida”.

Hopkins aseveró que especialmente intentan beneficiar a madres con hijos y a ancianos. “Tratamos de favorecer al mayor número de familias. Ahora estamos entregando bolsas a unas 70 o 75 familias cada quince días”. 

La organizadora aseguró que ambos programas se concretan gracias a la acción desinteresada de colaboradores. “Empresarios, comercios y gente común y corriente nos hacen donaciones. Cualquier colaboración es bienvenida”. 

Igualmente y debido a la falta de alimentos que sufría el Ancianato Madre Emilia de Montalban, le hicieron una donación de alimentos para ayudarlos a cubrir sus necesidades. 

“Entregar la bolsa milagrosa ha sido posible gracias a la generosidad de muchas personas que siguen colaborando con esta hermosa obra de misericordia. Es nuestro deseo incrementar las  ayudas para atender a un mayor número de familias”.

Codhez registra 377 muertes por violencia policial hasta junio de 2020 en Zulia
En 2019 ocurrieron 497 hechos violentos y 657 muertes por violencia 

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó el Boletín de julio 2020 sobre la situación general de los derechos humanos en el Zulia, que se centra en la documentación de hechos de violencia que involucran a funcionarios de seguridad del Estado venezolano, ocasionando la muerte de 377 personas desde enero hasta junio de este año.

Estos datos, resultantes de un monitoreo de los medios de comunicación de la región, evidencian que tanto la violencia policial como las muertes potencialmente ilícitas asociadas a ella tienden a incrementarse. Para Codhez esto supone la inobservancia del Estado venezolano respecto a los principios básicos de respeto a los derechos a la vida y a la integridad personal, y el incumplimiento de dos de los valores superiores de su ordenamiento jurídico y actuación, como son la vida y la preeminencia de los derechos humanos, tal como está previsto en el artículo 2 de la Constitución.

En el Informe anual 2019 sobre la situación general de los derechos humanos en el Zulia de Codhez, durante todo ese año ocurrieron 497 hechos violentos y 657 muertes por violencia policial. Para el primer semestre de 2019, el número de hechos violentos alcanzó los 187 casos. Entre tanto, en este primer semestre de 2020 se verificaron 262 hechos violentos, lo que se traduce en un aumento de 40,10% de casos. En cuanto al número de muertes ocasionadas por cuerpos de seguridad del Estado, en el primer semestre del año pasado se registraron 250, mientras que durante este mismo período en 2020 se reportaron 377 muertes, incrementándose, entonces, en 50,80%.

Hechos de violencia policial

En cuanto a la distribución de hechos violentos por municipio, se destaca que Maracaibo, San Francisco, Cabimas y La Cañada de Urdaneta presentaron los números más elevados de violencia policial. Así, en Maracaibo tuvieron lugar 119 hechos violentos (45,59%), en San Francisco 33 (12,64%), en Cabimas 22 (8,43%) y en La Cañada de Urdaneta 19 (7,28%). Por su parte, en Baralt, Colón y Jesús Enrique Lossada ocurrieron 10 hechos violentos cada uno entre enero y junio de 2020.

En específico, 8 de los 21 municipios del Zulia superaron la barrera de 10 muertes por violencia policial en el primer semestre de 2020, siendo Maracaibo el que verificó el mayor número de muertes: 158 (41,91%). En San Francisco se produjeron 42 muertes (11,14%); en Cabimas 37 (9,81%); en Colón 25 (6,63%); en La Cañada de Urdaneta 24 (6,37%); en Jesús Enrique Lossada 15 (3,98%); en Baralt 14 (3,71%); y en Miranda 11 (2,92%). Se destaca que los únicos dos municipios que no presentaron muertes por violencia policial durante el período reportado fueron Almirante Padilla y Francisco Javier Pulgar.

Uso excesivo de la fuerza pública

En el boletín de julio, Codhez destaca que una de las obligaciones básicas del Estado venezolano es el respeto al derecho a la vida. Por consiguiente, cuando el Estado conoce casos en los cuales la vida de las personas se encuentre amenazada, y existan patrones irregulares por parte de sus órganos de seguridad, debe intensificar sus acciones de respeto y garantía, y determinar con precisión el límite del uso de la fuerza pública.

En el boletín de Codhez se destaca que en los 262 hechos de violencia policial registrados hasta junio de 2020, la mayoría calificados como presuntos enfrentamientos por las autoridades, no falleció ningún funcionario de seguridad. En consideración a sus características, habrían sido consecuencia del uso excesivo e injustificado de la fuerza pública.

De acuerdo al registro, el mayor número de muertes es imputable a cuerpos de seguridad adscritos al gobierno nacional: 191 (50,66% de los casos de período enero-junio). Por su parte, los cuerpos de seguridad regionales dieron muerte a 122 personas (32,36%). Entre tanto, las policías municipales ocasionaron la muerte de 43 personas (11,41%). Asimismo, en acciones conjuntas de comisiones mixtas se dio muerte a 14 personas (3,71%). En los casos de 7 personas no se identificó el cuerpo policial responsable de la muerte. De forma individual, los cuerpos de seguridad nacionales que provocaron mayor número de muertes por violencia policial en el Zulia fueron las FAES con 67 (17,77%), el CICPC con 54 (14,32%), y el CONAS con 33 (8,75%).

En el caso de los cuerpos de seguridad regionales, el SIPEZ dio muerte a 88 personas (23,34%), el CPBEZ a 17 (4,51%), y el ERE a 16 (4,24%). Entre tanto, los cuerpos de seguridad municipales que provocaron más muertes fueron Poliurdaneta con 10 (2,65%), Polimiranda con 3 (0,80%), y Policabimas con 3 (0,80%). Se destaca que la GNB dio muerte a 18 personas (4,77%), el Grupo Canino a 14 (3,71%), y comisiones mixtas a 14 (3,71%). Por su parte, la Mancomunidad policial del área metropolitana de Maracaibo ocasionó la muerte de 8 personas (2,12%).

Caso Isla de Toas

Pese a estar fuera del lapso de estudio de boletín de Codhez, la organización no gubernamental destaca el caso del asesinato de Joe Luis Albornoz, joven de 18 años de edad que murió por disparos efectuados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de acuerdo a los testigos presentes en el lugar de los hechos.

El joven se encontraba protestando porque guardacostas y funcionarios de la GNB se negaban a permitir la venta de gasolina que había llegado a la zona. Este suceso tuvo lugar en el municipio Almirante Padilla, uno de los dos municipios que no había presentado muertes por violencia policial en el primer semestre del año. Hasta la fecha no se conocen mayores detalles sobre investigaciones que se lleven sobre este caso, ni un pronunciamiento público de las autoridades.

 El Zulia registra mayor cantidad de muertes de personal de salud 

Por otra parte, como se ha destacado en los otros boletines publicados por Codhez este año, se hace seguimiento a la crisis del funcionamiento del sistema público nacional de salud en el marco de la pandemia por Covid-19. Al respecto, persisten las fallas en infraestructura, insumos e implementos sanitarios, evidenciándose la reiterada omisión del Estado venezolano en el cumplimiento de su obligación de garantizar el derecho a la salud y el acceso de calidad a servicios de asistencia sanitaria de la región.

En el Zulia para finales de julio el número de casos reportado por las autoridades fue de 3.149, es decir, 204,84 % más que los acumulados hasta junio (1.033), y 52 personas fallecidas, aunque sin incluir las muertes de personal sanitario como consecuencia de la enfermedad. Para Codhez esta situación llama particularmente la atención, pues queda evidenciado que las medidas implementadas en el marco del Estado de Alarma y la denominada cuarentena radical no han sido efectivas para reducir el número de contagios.

Sobre la situación del personal sanitario, hasta julio se reportó en la región zuliana el fallecimiento de 18 médicos, dos enfermeras y un instrumentista quirúrgico, de un total de 34 trabajadores de la salud fallecidos en Venezuela por Covid-19, convirtiendo al Zulia en la región con mayor número de casos de este tipo.

Consideraciones finales

Como consideraciones finales del boletín del mes de julio, Codhez destaca que el aumento de la violencia policial por uso excesivo de la fuerza pública no se trata de hechos aislados, sino que forman parte de “un proceso continuo, constante y creciente de muertes imputables a las fuerzas de seguridad, lo que determina una sistemática violación del derecho a la vida”.

Para Codhez es urgente el diseño y la implementación de políticas de seguridad por parte del Estado venezolano en correspondencia a las normas constitucionales e internacionales sobre las limitaciones al uso de la fuerza pública, con reforzamiento de los mecanismos de adiestramiento y capacitación para funcionarios policiales y militares.

Además, Codhez reitera la obligación del Estado de asumir una actitud proactiva en lo concerniente a las investigaciones de estas muertes, de forma independiente, exhaustiva, imparcial y transparente con el objeto de determinar las responsabilidades penales de quienes resulten culpables. Esta es una deuda que mantiene el Estado con miles de víctimas que aún no encuentran explicación sobre los hechos que originaron el fallecimiento de sus familiares.

Los que no se rinden / Fundación de DDHH de Anzoátegui: Al lado de nuestra sede pusieron un módulo de las Faes
Desde 1992 defienden a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y a detenidos arbitrariamente 

@franzambranor

Corría el año de 1992, segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez. Un fallido golpe de Estado comandado por el a la postre mandatario Hugo Chávez hizo tambalear la democracia en febrero. De acuerdo a un informe de Amnistía Internacional de la época los derechos humanos estaban amenazados. El oriente del país no era la excepción y denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias provocaron la aparición de la Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui. 

El director institucional de la Fundación, Alcides Magallanes, dijo que recurrieron a ayuda internacional para iniciar el proyecto.

“Entre los fundadores de este grupo había gente que estaba privada de libertad, a quienes se les estaban violando sus derechos humanos. Con la ayuda del gobierno de Dinamarca se creó la Fundación”, dijo Magallanes. 

Según la ONG Provea, los derechos humanos en Venezuela sufrieron un colapso con la llegada del chavismo al poder. Durante los 14 años de mandato de Chávez se produjeron 11.101 casos de violaciones a la integridad personal, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas.

Maduro en sus primeros seis años contabilizó 32.362 casos de atropellos a los derechos humanos, un 291% más que su predecesor.  

.¿Cuál ha sido el resultado de las gestiones de la Fundación para defender los derechos humanos en Anzoátegui? 

Alcides Magallanes: En la actualidad la fundación ha logrado que funcionarios policiales hayan sido sentenciados por ejecuciones extrajudiciales. Nos interesa ayudar a las personas que sufren privaciones ilegítimas de libertad y familiares de quienes han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

¿La Fundación tiene ramificaciones? 

AM: Abarcamos todo lo que tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en Anzoátegui, Sucre, Monagas y Nueva Esparta. Tenemos un equipo profesional entre periodistas e investigadores en las zonas norte y oeste de Venezuela.  

¿Qué otros servicios ofrecen?

AM: Cursos sobre justicia y paz. También dictamos charlas a los cuerpos policiales sobre derechos humanos y tratados internacionales del Código Orgánico Internacional. Asesoramos a todo el que esté interesado en los derechos civiles y políticos.  

¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

AM: Con Cofavic, Provea y agencias internacionales. 

¿Cuáles son los mayores retos de la organización? 

AM: El mayor reto es lograr que se haga justicia y denunciar a los fiscales y jueces del Ministerio Público que hayan cometido delitos.  

¿Han recibido amenazas?

AM: No hemos recibido amenazas como tal, pero al lado de nuestra sede en Barcelona instalaron un módulo de la FAES para intimidarnos.  

¿Un caso emblemático en el que hayan trabajado?

AM: En mayo de 2018, tres funcionarios policiales y un civil fueron asesinados por uniformados del CICPC. El cuarteto estaba comprando una caja de cerveza cuando los detuvieron y se los llevaron vía autopista hacia Caracas, los metieron en una finca y los ajusticiaron. Dos de los fallecidos pertenecían a la policía del estado Anzoátegui y otro era de Poliguanta. La fundación investigó y documentó el caso y en la actualidad lo tiene la Fiscalía General de la República.

¿Un testimonio?

AM: El de Luis Vásquez, quien asegura que su hermano Jorge Luis Vásquez Rojas fue ajusticiado por funcionarios de la Policía Municipal de Bolívar en el sector Maisanta del barrio El Viñedo en Barcelona el pasado jueves 21 de febrero de 2019. Los agentes argumentan que Jorge Vásquez murió en un enfrentamiento, mientras que su hermano asegura que cuando lo detuvieron estaba con vida. 

Vehículos no pasan el test del coronavirus
Motos y carros son retenidos por las autoridades, especialmente en el interior del país, por supuestamente violentar la cuarentena 

@franzambranor

Una minuta policial indica que un ciudadano fue detenido por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana el pasado 26 de julio en el Terminal de Pasajeros de El Vigía en el estado Mérida por presuntamente transportar gente de Venezuela a la ciudad colombiana de Cúcuta. Su delito fue violar el decreto presidencial de cuarentena y estado de alarma. No había nada ilegal en su vehículo, solo le incautaron un teléfono celular.

Dos días antes en el municipio Mara del estado Zulia, 23 motos fueron decomisadas. En esa fecha también retuvieron a 22 motorizados en el municipio zuliano de La Guajira, 8 en el municipio Baralt, 7 en el Almirante Padilla y 6 en Catatumbo. Igual suerte corrieron 7 vehículos en el municipio San Francisco, 8 en Lagunillas y 3 en Colón.

El 26 de julio, además de retener carros y vehiculos, un ciudadano estuvo detenido 24 horas por caminar por la calle en horas de la noche y violar el decreto de cuarentena 6519.

La retención de vehículos y motos se está haciendo común en la cuarentena por el coronavirus, especialmente en el interior del país, donde después del mediodía pareciera que se entra en una especie de toque de queda.

“El problema con los estados de excepción es que permite al Ejecutivo Nacional dictar medidas extraordinarias que pueden afectar los derechos constitucionales”, dijo el abogado Juan Manuel Raffalli.

De acuerdo a Raffalli es normal que las autoridades restrinjan el flujo vehicular durante un estado de alarma, mas no así quedarse con los automóviles de quienes supuestamente violentan la cuarentena.

“Lo normal si alguien no tiene salvoconducto es retener a la persona y darle un aviso para que no vuelva a incurrir en la falta, pero de ahí a quedarse con el carro es un atropello al derecho a la propiedad de manera innecesaria”.

Para Raffalli la proporcionalidad de los cuerpos de seguridad debe ser acorde con la cuarentena y sus restricciones. “No es lo mismo que te pongan una multa o te den una charla a que te dejen sin carro”.

El abogado aseveró que tales acciones no pueden ser dictadas por autoridades regionales porque es una medida extraordinaria dictada por el Ejecutivo Nacional. “Gobernadores y alcaldes no pueden saltarse sus respectivas competencias”.

Raffalli sentenció que las sanciones no pueden ser impuestas discrecionalmente por autoridad alguna y menos policial.

“Todas las sanciones tienen que tener una tipificación legal, es el principio que rige el derecho penal. Hay una discrecional actuación por parte de los funcionarios que se conoce como vías de hecho”.

Dijo que no había norma alguna dentro de los decretos de estado de excepción por alarma ni su prórroga que tipifique sanción. “Habría que aplicar penas que estén estipuladas en la legislación penal ordinaria o en la de tránsito terrestre”. 

El virus al volante 

A juicio del abogado constitucionalista no puede haber discriminacion entre quienes conducen un automóvil y aquellos que van caminando por la calle.

“Lo que ocurre es que cuando detienes a un vehículo estás confrontando a una o dos personas, mientras que cuando interrumpes el paso peatonal corres el riesgo de que te rebasen en proporción”, dijo Raffalli.

Para el abogado constitucionalista, la estrategia de supervisar solo a vehículos puede responder a una evasiva de parte de las autoridades por confrontar a una masa de gente. Así, quienes viven en Caracas ven accesos cerrados a la autopista Francisco Fajardo, mientras que las calles de sectores como Catia y Petare lucen repletos de gente.  

 

3x3 | Derechos digitales infectados por pandemia del control social
Expertos consideran que durante el estado de alarma por el coronavirus se han producido más ataques contra los internautas venezolanos

De acuerdo a un estudio de la empresa Speedtest Global Index, Venezuela ocupa el puesto 175 de 176 países en cuanto a conectividad a internet, solo supera a Turkmenistán. 

Por debajo de naciones como Angola y Yemen, Venezuela tiene un promedio de velocidad de 3,67 Mbps, cifra inferior al estándar mínimo de 4 Mbps estipulado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Según Andrés Azpúrua, director de Venezuela Sin Filtro, Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad y el periodista experto en redes sociales, Luis Carlos Díaz, los derechos digitales de los venezolanos se han visto más vulnerados de lo que ya estaban durante la pandemia del coronavirus.

Se entiende por derechos digitales el acceso universal e igualitario a internet, la libertad de expresión, comunicación e información, la privacidad y protección de datos, la libertad de acceso a cualquier página web, la confidencialidad y la propiedad intelectual. 

IPYS advirtió que desde mediados de marzo, fecha en la que se decretó el estado de alarma en Venezuela, 39 casos de violaciones a los derechos digitales de medios de comunicación y periodistas.

De acuerdo a Azpúrua, Balbi y Díaz la pandemia ha servido a la administración de Nicolás Maduro para establecer un modelo ideal de dominación y control de los derechos digitales de los venezolanos. 

¿Cómo evalúa los derechos digitales de los venezolanos en los actuales momentos?

Andrés Azpúrua: En Venezuela están seriamente coartados, uno de los mayores problemas son los bloqueos a internet que limitan seriamente el ejercicio de los derechos humanos, la libertad de expresión y la libertad de información. Esto lo vemos reflejado en las páginas de noticias y es algo que proviene del Estado, es el gobierno pidiéndole a los distribuidores que censuren sus conexiones a internet para que la gente no pueda conectarse e informarse. También hay una vigilancia a lo que la gente publica en redes sociales. Eso ha perjudicado el derecho legítimo de las personas a la libertad de opinión. Igualmente tenemos los ataques a páginas donde suelen ser víctimas los medios de comunicación, esto que cuando atacantes sobrecargan una página web para que los servidores no puedan responder a las solicitudes genuinas de los usuarios. Hay ataques que se aprovechan del control del gobierno sobre Cantv para manipular las conexiones de sus usuarios y hacer que estos caigan en otras páginas como sucedió el año pasado con la de Voluntarios por Venezuela de Juan Guaido.

Por otro lado, tenemos la manipulación en línea, que son campañas de desinformación orquestadas en redes sociales para crear una matriz de opinión a través de acciones coordinadas y bots. La idea es generar confusión entre la gente que posee cuentas en distintas plataformas.

Marianela Balbi: En Ipys Venezuela alertamos de cómo desde el Estado se perpetran las restricciones a los derechos digitales. El abuso del poder estatal se han manifestado con fuerza. El primer sujeto que violenta la libertad de expresión es el Poder Ejecutivo y sus fuerzas de seguridad, y le sigue su órgano censor, Conatel. 

Estamos viendo violaciones a las garantías en la red  que comprenden restricciones de acceso a internet por fallas de los servicios de conexión fija y móvil en todo el país; ataques a los servidores de portales informativos, acciones intimidatorias hacia periodistas, bloqueos a portales de noticias y plataformas de redes sociales, restricciones a la expresión en línea, y restricciones normativas.

Estas medidas de censura digital fueron un tema de preocupación para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. En este reporte, la ONU constató que en los últimos años el gobierno venezolano “ha bloqueado regularmente sitios web de noticias y de las principales redes sociales”, y señaló que esta práctica está limitando aún más el acceso a la información independiente de aquellas personas que no tienen acceso a internet. 

Luis Carlos Díaz: Venezuela es el país de América que bloquea más páginas web, que ha encarcelado a más personas por contenidos publicados en línea. Es un país que niega derechos básicos de accesibilidad, que afectó a la libre empresa y la competencia (por eso tenemos conexiones tan malas, un rezago monstruoso en la infraestructura y en este momento una desigualdad tremenda), también es un país que vigila y espía comunicaciones. Además, sus sistemas de vigilancia y control social a través de la tecnología han incluido violaciones masivas de derechos humanos como hacer obligatorio el uso de captahuellas para comprar comida (por fortuna ya desechado) y la implementación del carnet de la patria, una herramienta de control político sobre los más vulnerables. Son derechos brutalmente violados, cometidos además por autoridades que actúan con discrecionalidad y de forma abusiva, que se vale no sólo de un aparato represivo inaceptable para cualquier demócrata del planeta y que además cuenta con un aparato de propaganda que genera desinformación en espacios digitales. La combinación de todo eso nos pone en el sótano continental de derechos digitales.

¿La pandemia ha significado más violación a los derechos digitales? 

AA: Han habido nuevos casos de bloqueo a internet, iniciativas que vienen de la Asamblea Nacional y de su presidente Juan Guaido sobre información acerca del Covid-19 han sido censuradas. Todo lo que tiene que ver con el estado de los centros hospitalarios es obstaculizado por parte del gobierno, la poca disponibilidad de equipos de protección individual para el personal sanitario, los reclamos de médicos y enfermeras. La verdad es que la pandemia vino con un recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos en general.

MB: El estado de alarma decretado y extendido sin la aprobación de la Asamblea Nacional legítima, ofrece el contexto perfecto para un modelo de dominación y control social marcado por la separación de los ciudadanos, prohibición de reunión, prohibición de protesta, pérdida del espacio público. Desde que se anunció el decreto de estado de alarma por la pandemia el 13 de marzo, hasta el 2 de agosto, IPYS Venezuela ha registrado  39 casos de violaciones a los derechos digitales de medios de comunicación y periodistas, y nueve casos más de detenciones arbitrarias contra reporteros luego de haber publicado información en sus redes sociales o en las de los medios para los que trabajan.

LCD: La cuarentena le inyecta esteroides a los problemas que ya se tenían. Porque además se le suma que muchas interacciones sociales pasan a ser digitales y eso en el entorno que construyó el chavismo en estos años significa exclusión: hay zonas desconectadas, hay millones de ciudadanos que no tienen acceso a Internet y el empobrecimiento del país ha sido tan brutal que la mayoría de la población no puede pagar lo que cuestan en realidad los servicios de telecomunicaciones.

Es decir: lo que fue una crisis por diseño ahora le genera ganancias a la dictadura, porque significa más gente desconectada, desinformada y vulnerable a la que puede controlar de formas aún peores.

¿Que puede hacer el ciudadano común para defender sus derechos digitales? 

AA: Lo primero que hay que hacer es visibilizar que buena parte de la población no tiene acceso a internet, sin eso no hay defensa alguna de los derechos digitales. Es fundamental que tengamos un internet de calidad. El internet de Venezuela es el peor de Latinoamérica y uno de los peores del mundo. El primer paso ante el bloqueo de una página es evadirlo. Que el gobierno sienta que no tiene forma efectiva de censurar la información. Recomendamos a la gente que use un VPN porque además te da mayor privacidad y te protege de posible espionaje de parte de tu proveedor de internet.  De esta manera es que los ciudadanos hacemos efectiva la defensa de nuestros derechos digitales y luchamos para que el aparataje de censura del gobierno sea menos dañino. Hay propuestas de la asamblea nacional constituyente para el control digital, pero la presión pública ha hecho que el costo político de una acción así se eleve. Al final en un país sin estado de derecho como Venezuela no es necesario que exista una ley para que prohiban algo, por eso en el futuro cercano nos va a tocar tomar un rol mucho más protagónico de protesta 

MB: El ciudadano debe ser muy proactivo en la búsqueda de herramientas que burlen la censura y los bloqueos, como por ejemplo el uso de Virtual Private Network VPN para poder navegar los portales bloqueados. Al mismo tiempo, ser muy exigente en la información que recibe, que consume y que comparte para encontrar fuentes alternativas de información, y evitar ser parte de la desinformación. Por parte de las organizaciones, estamos haciendo un trabajo de registro, monitoreo y denuncia, en instancias nacionales e internacionales para mostrar las conductas autoritarias y violatorias de la libertad de expresión en internet en Venezuela.

LCD: Recuperar la democracia es fundamental. El ciudadano puede contratar un servicio de Internet de alta velocidad pagado en dólares, navegar usando un VPN o Tor, crear cuentas paralelas para decir libremente cosas en público, no depender ni necesitar al gobierno y proteger la seguridad de las comunicaciones. Todo eso se puede hacer, pero esos no son “derechos digitales”. Derechos es que la seguridad y la libertad estén garantizadas para todos, no sólo para los que puedan financiarse una burbuja. Sin embargo, los infociudadanos venezolanos resisten y aún millones usan herramientas digitales para comunicarse, organizarse y movilizarse. A pesar del riesgo que eso representa para todos.