Miembros de la Policía Nacional Bolivariana fueron señalados como presuntos responsables de la muerte de Moisés David Francia Hernández, Visnuth David Castro y otro hombre que aún no ha sido identificado. 26 de las 39 muertes ocurridas este año en el Área Metropolitana de Caracas, por presuntas ejecuciones y resistencia a la autoridad, corresponden a efectivos de la PNB
Familiares de Moisés David Francia Hernández, de 20 años de edad, denunciaron el pasado sábado 20 de mayo de 2023, en la morgue de Bello Monte, que el joven fue víctima de un ajusticiamiento por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, la tarde del jueves 18 de mayo, en el sector San Juan del barrio El Guarataro, en Caracas.
Un familiar que prefirió mantenerse en el anonimato dijo que miembros de la PNB también mataron a Visnuth David Castro, de 20 años, y a otro joven que no ha sido identificado.
“Ellos estaban en una casa que le habían dejado a Moisés para que la cuidara. Los funcionarios entraron y los asesinaron. Ahora dicen que fue un enfrentamiento y que Moisés mató a un policía”, dijo el familiar.
Según la versión de los parientes, Francia Hernández vendía cloro en las calles, no poseía antecedentes penales y vivía en Cúa, estado Miranda.
Mataron a un menor de edad
Un menor de edad de 17 años murió en las inmediaciones del Túnel de La Planicie, al oeste de la capital caraqueña.
De acuerdo con la declaración de familiares, Jeantony Cabrera fue asesinado por policías que no portaban uniforme, la tarde del jueves 18 de mayo de 2023.
“Simplemente, llegaron y le dispararon. Nos enteramos de que son policías, porque testigos en el sitio vieron sus credenciales”, dijo un miembro de la familia.
Cabrera era padre de una niña de dos años y vendía perros calientes en La Yaguara.
Según cifras de Monitor de Víctimas, 39 muertes por supuestas ejecuciones y resistencia a la autoridad se han producido entre enero y abril de 2023 en el Área Metropolitana de Caracas, de las cuales 26 corresponden a la Policía Nacional Bolivariana.
Durante 2022, se contabilizaron 94 decesos por presuntas ejecuciones y resistencia a la autoridad en Caracas, 63 adjudicadas a miembros de la PNB.
Pugnas y despidos de miembros de su Gabinete, ruptura con aliados en el Congreso, una investigación en curso a su hijo, protestas callejeras y peleas con los medios de comunicación marcan apenas los primeros nueve meses de la administración del presidente de Colombia
Ni un año en la presidencia de Colombia lleva el izquierdista Gustavo Petro y ya sucedió lo que algunos sectores de derecha en Colombia vaticinaron.
Enfrentamientos entre integrantes del propio Gobierno, renuncias, despidos, protestas, propuestas de reformas radicales y amenazas a los medios de comunicación han eclipsado los primeros nueve meses del mandatario neogranadino.
La luna de miel que significó el cambio de Gobierno y las promesas de un mejor país parecen actualmente desvanecerse con el final de alianzas en el Congreso y la desaprobación de la mayoría de los colombianos.
Petro llegó a la presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto de 2022 después de dos intentos fallidos por arribar a la casa de Nariño; el más reciente en 2018 cuando perdió ante su predecesor, Iván Duque.
En su juventud fue miembro de la fracción guerrillera del M-19 que, tras su desmovilización ,decantó en el partido Alianza Democrática M-19.
Antes de vencer en segunda vuelta al candidato a la presidencia, el derechista Rodolfo Hernández, Petro, ficha de la coalición de izquierda Pacto Histórico, fue senador y alcalde de Bogotá.
El más reciente estudio de la encuestadora Invamer Pollarrojó que 57% de la población desaprueba la gestión de Petro, mientras que otro 35% la respalda.
Según Datexco, la aprobación del Presidente Petro baja de 38% a 30% y su desaprobaciín sube de 52% a 61%.
No solo se le acabó la luna de miel al gobierno, también arranca la campaña a las elecciones locales de Octubre debilitado. pic.twitter.com/HuddEG0d4u
De acuerdo al Banco Mundial se prevé que el PIB (Producto Interno Bruto) solo crezca 1,1% en este 2023 y que para el año entrante alcance 2,8%. Al final de 2022, la inflación alcanzó 13,1% debido a la demanda interna, inercia, indexación de rentas, pérdidas de cultivos por las fuertes lluvias y depreciación del peso colombiano.
Uno de los principales desafíos de Petro es acabar con las profundas desigualdades e índices de pobreza que han propiciado alrededor de 300 homicidios en lo que va de 2023, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación.
La salida de la coalición para gobernar del partido de la U deja sin mayoría en el Senado a Petro, quien ya había perdido el apoyo del partido conservador. Los liberales, que tienen mayoría en la Cámara Baja, aún no deciden si continuarán en la alianza.
Una reforma de salud promovida por la administración petrista causó la salida del Gabinete de la responsable de la cartera, Carolina Corcho. Le siguieron por diferencias los ministros de Transporte, Guillermo Reyes y de Comunicación y Tecnología, Sandra Urrutia.
Críticos de la gestión gubernamental esgrimen que dicha reforma, que en teoría pretende llevar la salud a los sectores económicamente desfavorecidos, arriesga la sostenibilidad del sistema que si bien no es perfecto, aún funciona.
Pero el punto álgido del incipiente Gobierno colombiano sucedió con las declaraciones de Petro en las que se catalogó como el «jefe» del Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado.
Aunque luego se retractó, Barbosa Delgado le recordó que las instituciones en Colombia todavía funcionan y son independientes.
El fiscal investiga la presunta relación económica entre el hijo de Petro, Nicolás Petro Burgos y los narcotraficantes Samuel Santander Lopesierra y Alfonso Hilsaca.
Siguiendo el ejemplo que Caracas dio
Inspirado en otros líderes de izquierda en la región como el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, Petro ya inició una pugna con los medios de comunicación independientes.
Recientemente, aseguró que el paramilitarismo en Colombia se alió con el narcotráfico “y algunos sectores de la prensa para desatar un genocidio”.
Además, tildó a algunos periodistas de racistas por supuestamente cuestionar el viaje de la presidenta Francia Márquez a África.
“Petro ha hecho una gestión pésima, no ha sido un gran líder, es un hombre que como buen populista cree que tiene todas las soluciones”, dijo el exvicepresidente de Colombia, Francisco “Pacho” Santos en declaraciones a Runrun.es.
De acuerdo con Santos, la inestabilidad que ha mostrado el Gobierno de Petro en menos de un año es la propia de gestiones populistas.
“Hasta ahora, las instituciones se han mantenido y es importante que sigan así para conservar lo que Petro dañe cuando termine su periodo. Mucha de la gente que votó por él está muy desilusionada, ese porcentaje de ciudadanos que aún lo siguen es insuficiente para crear un movimiento social que transforme verdaderamente al país”, añadió el exfuncionario durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez.
Para el analista político, José Alfredo De Bastos, los primeros meses de Gobierno en Colombia se han visto marcados por problemas y controversias, aderezados con la ruptura de la coalición alrededor de la figura de Petro.
“Petro llega al poder con planes de generar profundas reformas, pero estas no han sido respaldadas por una amplia mayoría de la población. Sin duda, en Colombia había un deseo de cambio de lo que venían haciendo en los últimos años Gobiernos de derecha, pero los colombianos no votaron por una revolución sino por mejoras en la seguridad y economía”.
El Petro que viene
De Bastos considera que en estos primeros meses de Gobierno, los colombianos y la comunidad internacional han visto dos caras de Petro.
“La primera fue muy hábil y con su popularidad logró formar una alianza amplia en el Congreso con el fin de permitirle hacer reformas para reducir al mínimo a la oposición. Esta alianza, que era medianamente frágil, comenzó a colapsar y es cuando empezamos a ver a un Petro más agresivo, autoritario y unilateral, uno que básicamente dice que si los partidos no lo apoyan, la gente en la calle si”.
De Bastos expuso que el empleado por Petro es el mismo discurso de Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde el Ejecutivo está por encima de las instituciones.
“Petro apuesta a que la polarización le dé un respaldo y esto ha causado rupturas y grandes cambios en su Gabinete”.
A juicio del analista político, Colombia se encuentra en un momento peligroso en el que la polarización y las tensiones podrían incrementarse en el futuro cercano.
“En octubre vienen elecciones regionales en Colombia, y eso va a ser un buen termómetro para la popularidad de Petro, una derrota de su partido lo dejaría muy mal parado y podríamos ver a un Petro mucho más autoritario, intentando tomar acciones unilaterales”.
Santos indicó que desde ya factores en Colombia se están organizando para hacer frente a las pretensiones de Petro.
“Se están uniendo movimientos de derecha, centroderecha y centroizquierda contra ese populismo que no respeta instituciones” , remarcó.
Cero expectativas con Venezuela
A finales de abril de este año, Petro organizó en Bogotá la Conferencia Internacional sobre Venezuela, un cónclave donde invitó a representantes de la comunidad internacional interesados en solucionar la crisis humanitaria compleja que vive su país vecino y donde este asumió un papel de líder de los Gobiernos de izquierda en la región sin que nadie se lo propusiera.
“El tema de Venezuela no le ha salido bien, no ha hecho absolutamente nada…no creo que tenga un gran liderazgo en la región, el hecho de que Lula haya regresado a la presidencia de Brasil le quita ese espacio”, sostuvo Santos.
De Bastos sentenció que el contexto de la izquierda latinoamericana de hace 20 años, cuando Chávez lideraba una especie de coalición, es diferente al de ahora.
“Petro quiere tener el rol de líder regional en medio de una ola de elecciones de presidentes con tendencia a la izquierda, pero creo que en esta oportunidad es distinto a lo que vimos con Chávez en el 98. Muchos de estos triunfos de la izquierda fueron para sacar al presidente que estaba en el poder, no necesariamente para respaldar esa tendencia”, dijo De Bastos.
El analista político puso como ejemplo las últimas elecciones en Argentina, Brasil y Chile. “Fernández para sacar a Macri, Lula para desplazar a Bolsonaro y Boric en reemplazo de Piñera, respectivamente”.
De Bastos sentenció que antes de ocuparse de tener un rol protagónico en la región, Petro debe resolver la crisis de gobernabilidad en Colombia que está in crescendo.
El analista político no augura un panorama favorable en torno a Venezuela y lo que pueda hacer Colombia al respecto.
“Esta alianza entre países no va a tener mucho éxito y creo que eso se vio en la propia Conferencia sobre Venezuela, en apenas un día no se pueden trazar estrategias de recuperación de la democracia”, concluyó.
La pareja de Ronald Alexander Montes responsabiliza de su muerte a una comisión del Cicpc. De acuerdo con la data de Monitor de Víctimas, 21 personas han muerto por ejecuciones y supuesta resistencia a la autoridad, entre enero y marzo de este 2023
A Ronald Alexander Montes, de 30 años de edad, no le dieron chance de defenderse, según sus familiares. Al mototaxista, le dieron un tiro en el estómago y cayó en el patio de la casa de su suegra, en la calle El Calvario del sector Los Rosales, en Prado de María. Murió horas después en el Hospital Vargas de Caracas.
Hecmarys Mendoza, pareja de Montes, dijo en la morgue de Bello Monte que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ingresaron a la fuerza en la residencia familiar y dispararon contra Montes, pese a la presencia en la vivienda de cuatro adultos y tres niños; entre ellos, la hija de 2 años de ambos.
Mendoza reveló que ella también fue amenazada de muerte, con disparos al aire, y fue detenida por varias horas.
Aseguró que los policías portaban armas cortas y largas. También indicó que su pareja no tenía deudas pendientes con la justicia. “Estuvo detenido un poco más de un año por robo de vehículos, pero de eso hace rato ya”, dijo.
Además de la niña de 2 años, Montes dejó huérfano a un varón de 9 años.
Sus familiares advirtieron que luego del sepelio de la víctima, acudirán al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, para denunciar el hecho.
De acuerdo con la data de Monitor de Víctimas, 21 personas han muerto por ejecuciones y supuesta resistencia a la autoridad, entre enero y marzo de este año, en el Área Metropolitana de Caracas. De esta cifra, en 6 de los casos el Cicpc ha sido acusado como victimario.
En 2022, fueron 94 las víctimas de ejecuciones y aparente resistencia a la autoridad, 18 de estas a cargo del Cicpc.
Leyenda: Carlos Leomar Molpes Brito trabajaba para la aplicación Yummy Rides / Cortesía
Las dos embestidas ocurrieron en la autopista Francisco Fajardo, en horas de la noche. Entre enero y marzo de este año 2023, suman 13 los fallecidos en la capital por esta causa, de acuerdo con la base de datos de Monitor de Víctimas
Tres muertes por arrollamiento fueron reportadas el pasado fin de semana en la morgue de Bello Monte.
Una de ellas fue la de Carlos Leomar Molpes Brito, de 37 años de edad, quien falleció luego de ser embestido por un vehículo, el pasado sábado 6 de mayo, a las 11:00 pm, en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Plaza Venezuela (sentido oeste-este).
Molpes iba a bordo de su motocicleta cuando un carro lo impactó. Según familiares, murió de manera instantánea.
La víctima, quien era operador de la aplicación Yummy Rides, había terminado de laborar y se dirigía a su residencia en Ciudad Casarapa, Guarenas.
De acuerdo con Luz Mary Hoyos, tía de Molpes, el hombre había regresado de Chile, a raíz de la muerte de su padre, hace cuatro años, y desde entonces se dedicaba a trabajar con su motocicleta para empresas como Yummy, Pedidos Ya y Ridery.
Molpes vivió cuatro años en Chile, antes de decidir volver a Venezuela. Dejó huérfanos a un hijo de 19 años y a una adolescente de 16.
John Barrios, uno de los conductores de Yummy Rides que se encontraba en la morgue, indicó que episodios como este suceden con frecuencia en la capital.
“La gente piensa que todos los motorizados son abusadores y no es así. Muchos de nosotros hacemos esto para ganarnos la vida. Es frecuente ver que en la autopista, avenidas y calles nos arrojen los carros. Nos hemos quejado antes las autoridades y ellos son los primeros que nos desprecian y maltratan”, comentó Barrios.
Van 13 muertes por arrollamiento este año
También el pasado fin de semana fallecieron dos mujeres, en similares circunstancias, a bordo de una moto. En este caso, fueron atropelladas por un vehículo en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Quinta Crespo, durante la madrugada del viernes 5 de mayo.
Una de ellas fue Heidy Palomino, de 40 años, y de la otra se desconoce su identidad por el momento.
Familiares de Palomino dijeron que ella trabajaba en la cadena de restaurantes Migas y que se dirigía a su casa en el momento del suceso. La moto en la que transitaban Palomino y su amiga está desaparecida, así como las pertenencias de ambas.
Entre enero y marzo de 2023, Monitor de Víctimas ha registrado 13 muertes por arrollamiento en el Área Metropolitana de Caracas, mientras que el año anterior se contabilizaron 47.
Expertos en materia legal consideran que la detención y destitución del alcalde de El Tigre por someter al escarnio a niños con Asperger pareciera un pretexto para sacarlo de circulación
Coinciden en que si bien los comentarios del alcalde son repudiables, la actuación del Ministerio Público fue desproporcionada y fuera de lugar
“¿Quién pintó eso tan horroroso? Me cuentan que fueron los niñitos con Asperger ¿Con qué lo pintaron? ¿Con las patas? Me quitan eso de ahí, qué cosa tan espantosa ”, dijo en un audio que se hizo viral el alcalde del municipio Simón Rodríguez en el estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima el pasado 3 de mayo.
A raíz de la masiva difusión del audio, el fiscal general de la República impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ordenó la detención del funcionario.
En un periodo de apenas tres días fue destituido de su cargo, trasladado esposado y con una capucha a Caracas por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) e imputado por los supuestos delitos de promoción al odio, acto arbitrario, agravante de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) y obstrucción a la libertad de comercio.
De acuerdo con el fiscal, Paraqueima violó la Ley Contra el Odio por la Convivencia Pacífica y Tolerancia aprobada por la ANC. Aunado a haber incurrido en el pasado en irrespeto a las mujeres, comerciantes, adultos mayores y personas en situación de indigencia.
De ostentar el poder en la localidad de El Tigre, Paraqueima fue fotografiado esposado con ropa deportiva y sin cordones en los zapatos y repudiado por sus propios antiguos compañeros en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Posteriormente, el Ministerio Público solicitó casa por cárcel para Paraqueima por padecer un “trastorno depresivo mayor”.
Además, la Contraloría General de la República inhabilitó a Paraqueima para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 15 años.
Sobre el proceso exprés y la imputación de Paraqueima Runrunes conversó con el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli; la exdiputada y abogada, Tamara Adrián y la experta en criminología y psicólogo social, Magally Huggins.
¿Considera que la detención, destitución e imputación del alcalde Paraqueima estuvo apegada a derecho?
Juan Manuel Raffalli: Toda persona que sea sujeto de una orden aprehensión por la presunción de que haya cometido un delito puede ser arrestada en los términos y condiciones que establece la ley mientras se determina su culpabilidad y, mientras tanto, debe presumirse inocente. Lo que ocurre en este caso son los términos en los que se produce, algo absolutamente desproporcionado. Su comentario fue una gran estupidez, sin embargo, lo que hay detrás de esto es una detención desproporcionada a un alcalde que fue electo popularmente y está en funciones. Ni siquiera a los delincuentes agarrados en flagrancia los detienen de esa manera. De inmediato se habló del exalcalde y juramentaron a otra persona. Lo ideal hubiese sido citarlo para que compareciera por sus propios medios ante las autoridades competentes en su domicilio. De hecho, haberlo trasladado de esa forma también puede considerarse una incitación hacia el odio de la persona que se está juzgando. Es un tema delicado que está vinculado a los derechos humanos y a la dignidad de las personas detenidas.
Tamara Adrián: La actitud de Paraqueima es absolutamente populista y despreciable en cuanto al respeto de los derechos humanos de las mujeres y de las personas con discapacidad, y es un comportamiento que comparte con otros miembros del chavismo como el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, entre otros. Pero incitar al odio es una cosa e imputar un delito de odio es otra. Llamar a la discriminación, al irrespeto e incluso a la muerte es incitación al odio propiamente. Esta Ley contra el Odio no es tal porque fue aprobada por un órgano írrito que fue la Asamblea Nacional Constituyente, creada únicamente con la finalidad de bloquear a la Asamblea Nacional electa democráticamente en 2015.
Magally Huggins: Lo del alcalde Paraqueima tiene puntadas de hilo al revés: eso fue una jugada política, una fachada, porque la Ley para la Atención a las Personas con Trastorno del Espectro Autista Integral acaba de entrar en vigencia y no se podía aplicar cuando Maduro llamó autistas a los opositores o en este caso. En Venezuela las leyes se escriben, pero no se cumplen. Tanta es la farsa que por un lado lo juzgaron y por otro lado lo declararon depresivo para darle casa por cárcel. Como buena venezolana que vive en este país considero que esto es una farsa.
¿Estamos todos en peligro de ser encarcelados si decimos algo que pueda ser considerado incitación al odio por el Gobierno?
JMR: En cuanto a la Ley del Odio, hemos tenido críticas muy serias, el problema no es que exista una Ley del Odio, hay muchos países que tienen una legislación contra las personas que incitan al odio y son instrumentos que tratan de establecer límites a individuos que promueven el odio hacia otros. El asunto es que, a diferencia de muchas otras leyes, los tipos penales son abiertos, están sujetos a una importante discrecionalidad porque la determinación del odio y si se produjo este sentimiento es algo muy difícil de probar. Por ejemplo, la estupidez cometida por el alcalde no causó odio contra los niños que pintaron el mural, más bien produjo el rechazo de todos los sectores de la sociedad hacia él.
TA: Esta Ley del Odio se ha aplicado en la práctica contra disidentes políticos, es algo elaborado por el régimen de Maduro para perseguir a quienes lo adversan y por ello la usan con discrecionalidad. Hasta ahora, todos los que hansido encarcelados por esta Ley es porque dijeron algo o tuitearon algo que al Gobierno no le gustó, no es más que un elemento de eliminación de la disidencia. El caso Paraqueima parece tener el mismo sentido, eliminar a alguien que se les había vuelto incómodo porque sus relaciones con el régimen no eran tan fluidas como fueron al comienzo y pudiese estarse perfilando como un ganador para las elecciones de 2025, y esto les preocupaba.
MH: Claro que la Ley del Odio es discrecional, por supuesto que a cualquier defensor de derechos humanos se la pueden aplicar porque no les gusta lo que dice. Todas las leyes en Venezuela son así: leyes solamente se aplican de acuerdo con el interés político y la principal misión es callarnos a todos. La única fuente de información confiable que existe en Venezuela son las organizaciones de la sociedad civil y a ese nivel no han podido penetrar para que la gente desconfíe de ellas.
¿La Ley del Odio es algo que funciona a discreción, porque con la finalidad de descalificar y ofender desde el alto Gobierno se ha llamado autistas y homosexuales a miembros de la oposición?
JMR: El problema de la Ley del Odio es su discrecionalidad, eso que llaman los tipos penales en blanco. Genera una profunda inseguridad jurídica y se convierte en un elemento o una herramienta de persecución, y además de manera injusta, porque en programas de TV percibimos a gente que expresamente se dirige a opositores con palabras altisonantes, incluso desde el alto gobierno, en medios masivos de comunicación. Esta Ley, más que eliminada, debe ser revisada y reformada. En Venezuela, el que se exprese de una manera que no le guste al poder puede ser perseguido bajo la excusa de fomentar el odio, es difícil probar el odio y la extensión de este.
TA: Existen otros casos que también deberían ser juzgados con el mismo criterio y no lo son. Esto lo que demuestra es el uso instrumental de la justicia y la imputación a través del Ministerio Público de los casos en los que hay temas políticos de por medio. Esto deja claro la ausencia de independencia de poderes, y eso en el fondo lo que impide es que en Venezuela haya inversiones extranjeras, trabajo digno y, por ende, salarios acordes con la situación económica.
MH: La justicia en Venezuela tiene un nivel cero, es un instrumento de represión social y de control polític0. Por lo tanto, la impunidad tiene todo el control. La Ley del Odio se aplica cuando y contra quien le interese al régimen. Hay una total discreción en todo el sistema de justicia, en donde la principal cabeza es el Presidente, que decide todo lo que se hace para lo cual hay que ver la capacidad que tiene para destruir y no de construir.
De acuerdo con la periodista, la amenazaron con palos y con rociarla de orina
La periodista del portal web El Vistazo en El Tigre, Nilsa Varela Vargas, denunció este sábado 7 de mayo que fue agredida por seguidores del exalcalde del municipio Simon Rodriguez en el estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima.
Por medio de su cuenta de Twitter, la directora del medio indicó que el hecho ocurrió mientras daba cobertura al cierre de la emisora Mariana Radio 100.7 FM, donde el exfuncionario conducía el programa “Paraqueima de 6 a 8:30 AM”. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cese de funciones de la estación radial donde Paraquemia tenía el programa “totalmente abusivo y con una carga violenta”, según Varela.
Varela explicó a través de un hilo de Twitter que mientras hacían la cobertura una vecina se le acercó para reclamarle por el cierre de la estación radial, mientras otro sujeto instaba a otros a buscar palos y orina para agredirlos.
“El ambiente era muy tenso y estábamos claros de que debíamos salir de allí rápido, Le dije a mi compañero de trabajo que me diera las llaves del carro y le dimos la espalda a estas personas. En ese momento el señor empezó a vociferar improperios para provocarnos…me meto en el carro y antes de cerrar la puerta escucho un golpe…le pregunto a mi compañero si le pegaron al carro y me dijo que le habían lanzado una piedra, pero que había pegado en la pared”.
Varela añadió que tanto ella como su equipo han sido amenazados y ridiculizados de forma consecuente por Paraqueima con los calificativos de “El Mentirazo” y “la bipolar que le pega a su mama”.
Sentenció que estas difamaciones eran apadrinadas por el periódico Mundo Oriental, dirigido por el hijo del exalcalde, Sandino Paraqueima.
Igualmente denunció que han recibido amenazas por parte del equipo de Gobierno de Paraqueima. “En sus mensajes dicen abiertamente que planifican hacer daño”.
Varela aseguró que hizo una denuncia formal contra Paraqueima en agosto de 2022.
“Es mayo de 2023 y seguimos viendo los efectos colaterales de un personaje irresponsable y dañino, el señor Paraqueima. Todas las pruebas las tiene mi equipo jurídico para sacarlas a la luz pública si llega a ocurrirme algo a mi, mi equipo de trabajo o mi familia”.
La periodista hizo la denuncia ante la Defensoría del Pueblo de El Tigre, a cargo de Osmiler Castro y posteriormente fue remitida a Polianzoátegui. Señaló que ahora esperan ser atendidos por el Ministerio Público.
Paraqueima fue arrestado el pasado jueves por delitos de odio, según el fiscal General designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab.
En un audio que se hizo viral por redes sociales, Paraqueima calificó de “horroroso y espantoso” a un mural pintado por niños con trastorno del espectro autista.
La cifra de infectados quedó en 552.695 y la de fallecidos en 5.856
Después de tres años y más de 1.000 reportes, el Gobierno venezolano a través del vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez anunció el cierre del balance diario sobre la COVID-19.
Lo que comenzó con un informe televisivo responsabilidad de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional chavista, y decantó con un hilo de tuits a diario, vio su final este sábado luego que la Organización Mundial de la Salud decretara el viernes el fin del estado de alarma a causa de la pandemia.
En el último parte de 2023, la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19, anunció este jueves que un total de 10 nuevos contagios fueron detectados en el país, todos comunitarios, lo que eleva a 552 mil 695 el acumulado confirmado, con 302 casos activos, mientras que la cifra de recuperados se ubicó en 546 mil 537 pacientes. La cifra de fallecidos quedo en 5.856.
La Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19 como una emergencia de salud pública el pasado 30 de enero de 2020, luego fue anunciada como pandemia el 11 de marzo.
Luego de declaración de la pandemia, Venezuela anunció su primer caso confirmado de COVID-19 el viernes 13 de marzo, cuando Nicolás Maduro ordenó suspender las clases y fue decretada la cuarentena radical en Distrito Capital, Vargas, Miranda, Zulia, Táchira, Apure y Cojedes.
Después de dos meses y medio, el Gobierno aprobó una flexibilización con el reinicio de actividades en sectores de la economía, un esquema que respondió al nombre de 7+7, siete días de trabajo, seguidos de siete días de cuarentena.
De acuerdo con el Gobierno, a principios de octubre de 2020, llegó el primer lote de 2.000 vacunas rusas Sputnik V y fue experimentada en voluntarios venezolanos mayores de 18 años.
La administración de Maduro igualmente informó sobre la aplicación de una vacuna cubana. La Academia Nacional de Medicina de Venezuela advirtió que los fármacos siendo desarrollados por Cuba «no son verdaderas vacunas sino productos experimentales de los cuales no se conoce su composición, seguridad, ni eficacia».
En farmacias comerciales se empezó a colocar las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac.
Reportes de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, denunciaron que para junio de 2021 se desconocía el paradero de 40,7% de las vacunas. Confirmaron que en las últimas semanas de inmunización hubo desinformación e inconsistencia en los datos oficiales.
Para el 21 de septiembre de 2021, el Ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó que 8.880.000 personas habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y 5.250.000 tenían la pauta completa. Lo que representaba que se habían colocado más de 14.130.000 dosis.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar a favor de la educadora y miembro de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores en vista de las amenazas que ha recibido por parte del Gobierno de Maduro
La profesora Elsa Castillo comenzó a transitar por el mundo del sindicalismo a partir de 1986. En aquel entonces Castillo recuerda que las remuneraciones salariales para los maestros en el sector privado eran inferiores a las de escuelas y liceos públicos.
“La balanza se invirtió y hoy en día el Ministerio de Educación es el que peor paga a los profesionales”, dijo Castillo.
Desde esa época, la licenciada graduada en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) con posgrado en la Universidad Santa María (USM) no ha cesado en su lucha por defender los derechos laborales de los educadores.
Desde el inicio de 2023, los maestros y profesores no han parado de protestar por la precariedad del salario en Venezuela y la miseria a la que han sido reducidos los educadores del sector público.
La motivación por conseguir una remuneración justa ha obligado a Castillo a tomar el megáfono en varias concentraciones en las calles de Caracas y por consecuencia ser blanco de ataques por parte de afectos al régimen de Nicolás Maduro.
A raíz de este hostigamiento al que ha sido sometida la miembro de la asociación civil Coalición Sindical Nacional de Trabajadores (Csnt) y por un petición de la ONG Defiende Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió recientemente una medida cautelar para protegerla.
“Hubo un momento en que temía salir a la calle, era constantemente acosada por carros con vidrios ahumados que estaban parados cerca de mi casa, me tomaban fotos y sentí mucho miedo por mis hijas”, manifestó Castillo.
La docente señaló que el hostigamiento alcanzó su clímax cuando le apuntaron con un arma de fuego.
“Venía de una reunión con colegas gremialistas y me persiguieron desde Chacao hasta La Guaira, donde pistola en mano, detuvieron el carro donde andábamos tres personas. Yo ese día sentí que me iba a pasar algo grave. Por fortuna, una señoras que se toparon en nuestro camino y salieron a increpar a los perseguidores. Luego de mostrarles un carnet de un organismo gubernamental cedieron en sus ataques, sino no sé qué hubiese sido de nosotros”.
Castillo indicó que esa experiencia fue el detonante para denunciar ante la comunidad internacional el acoso al que son sometidos los sindicalistas del sector educativo en Venezuela.
“Hubo hasta amenazas hacia nuestros familiares, mi exesposo José Rodríguez ha sido víctima de amedrentamientos”, denunció.
La ONG Defiende Venezuela expresó que la CIDH exige al Estado venezolano adoptar medidas necesarias para proteger el derecho a la vida e integridad de Castillo, además de aplicar medidas de protección para que continúe realizando su actividad de liderazgo sindical sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamiento o actos de violencia.
El gremio docente en Venezuela rechaza el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), en vigencia desde el primer trimestre de 2022. En este, el Gobierno fijó rebajas salariales, recortó primas, hizo cálculos fallidos al momento de determinar los pagos periódicos para el personal educativo y contravino acuerdos de convenciones colectivas.
Castillo alegó que pese a la uniformidad que hay en el sector educativo en cuanto a la lucha por un salario digno, hay sectores que están divorciados de la realidad.
“En los últimos años, la actuación de la Federación Venezolana de Maestros ha sido deplorable, hay algunos directivos prepotentes que no aceptan escuchar a las bases, se han tomado malas decisiones”, opinó.
De acuerdo con Elsa hicieron un ajuste miserable
Castillo expresó que el reciente ajuste de bonificaciones anunciado por Maduro es “algo vergonzoso”.
"Tiza no tumba gobierno pero la balas sí, por eso Maduro prefiere (beneficiar) a los militares", asegura la dirigente Elsa Castillo durante la marcha de los trabajadores en Caracas https://t.co/ZmJXtEwsaIpic.twitter.com/VYMEc2uBTH
Maduro informó el pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, que el bono de alimentación o cesta ticket fue incrementado a 40 dólares mensuales, mientras que el bono de guerra se estableció en $30.
Del salario mínimo no hubo novedad alguna y siguió en 130 bolívares, es decir, poco más de $5 al mes.
“Mis expectativas en cuanto a un aumento de sueldo no eran grandes, porque este Gobierno no es precisamente de esos que honran a los trabajadores, es un Gobierno mentiroso y mezquino”, dijo Castillo.
La educadora rechazó la tesis de que el Estado no tiene fondos suficientes para llevar a cabo un ajuste digno de salarios.
“Es indignante escuchar eso luego de evidenciar todo lo que se han robado, ese anuncio me produjo pena ajena y lastima, una persona no puede ser tan miserable con lo que no le pertenece, el erario público no es de Maduro, es de todos los venezolanos”.
