Francisco Zambrano, autor en Runrun

Francisco Zambrano

Las Tejerías bajo fuego a un año de la muerte del “Koki”
Dos ataques a instituciones del Estado se han producido en menos de una semana en Aragua y Carabobo
Cuerpos de seguridad presumen que se trataría de miembros del Tren de Aragua, en posible alianza con la banda de alias “El Conejo”

 

@franzambranor

 

Ronna Rísquez 

@ronnarisquez

 

 

Al pueblo de Las Tejerías en el estado Aragua no solo lo golpea la fuerza de la naturaleza, también la de las bandas criminales.

La noche del pasado 5 de febrero, grupos armados atacaron sedes de comandos policiales en la jurisdicción ubicada en el municipio Santos Michelena.

Según reportó el equipo de corresponsales de El Pitazo, se trataban de al menos 40 hombres con armas largas y granadas que tuvieron en vilo a la población, al menos, hasta la 1:30 am del lunes 6.

La ONG Una Ventana a la Libertad informó que reos y funcionarios que estaban en módulos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía del estado Aragua se vieron afectados por el poder de fuego de los grupos irregulares.

A través de grupos de WhatsApp se viralizó un comunicado de una organización con las siglas L.N.D.L.P.D.A. que advierte de posibles nuevos ataques si la comunidad continúa dotando de alimentos a funcionarios policiales y militares.

“No queremos ningún comedor abierto, ya que estos mismos se prestan para cocinarle a los mismos funcionarios que han venido atropellando. Ya nosotros dimos una orden, si no copian, aténganse a las consecuencias, lo corregimos a punta de plomo. No estamos en contra de nuestra población ni de que reciban alimentos, estamos en contra de los funcionarios y de todo aquel que le preste cualquier tipo de colaboración”, alertan.

Este fue el segundo ataque de hombres armados a instituciones del Estado en menos de una semana. El pasado miércoles 1 de febrero un grupo arremetió contra la sede de la alcaldía del municipio Carlos Arvelo, en el estado Carabobo. En el hecho resultaron heridos los funcionarios de la policía municipal Juan Muñoz, Anderson Barrios y Betania Martínez. 

De acuerdo con el diario El Carabobeño, cuatro sujetos con armas largas llegaron a la instalación a bordo de motos DR color negro y dispararon sin una razón aparente

Sospechan del Tren de Aragua en Las Tejerías

En ambos sucesos se presume la participación de miembros de la megabanda delictiva el Tren de Aragua, que opera en la zona.

“Hasta ahora, las autoridades no han señalado de quién se trata, pero hay que recordar que en ese sector opera la banda de Carlos Enrique Gómez alias ‘El Conejo’, quien podría tener una alianza con el Tren de Aragua.  Él podría estar funcionando allí como una especie de franquicia, un apéndice de esta banda”, dijo el abogado penalista y profesor universitario, Luis Izquiel. 

Izquiel recordó que “El Conejo” albergó en Las Tejerías a Carlos Luis Revete, alias “El Koki”, quien este miércoles 8 de febrero cumple un año de haber muerto en un operativo policial.

“Es muy probable que miembros de la banda del Koki, quien abandonó la Cota 905 en Caracas y se refugió en Aragua, se hayan sumado a la banda de El Conejo y fortalecido”, agregó.

Izquiel manifestó que el motivo de estos ataques aún no está claro, pero pueden responder a varias razones.

Regularmente, se producen por venganza y tienen que ver con diversas variables: una es la muerte o detención de algún miembro de la banda, otra es retaliación por la incautación ilegal de una mercancía producto del delito, o puede ser simplemente para mostrar su poderío y ahuyentar a organismos policiales de la zona”.

El Tren sigue indetenible

El también abogado penalista y criminalista, Mario Mármol García, dijo que estos hechos han ocurrido y van a seguir sucediendo mientras no haya una política de justicia firme.  

“Hay bandas organizadas que nacieron en las zonas de paz, su misión es controlar territorio, algo que llamamos una insurgencia criminal. No actúan por una ideología política, sino para cometer crímenes. Buscan tener factores de poder parecidos al de un Estado”, explicó. 

Mármol García indicó que llama la atención la capacidad de armamento de estas bandas.

Se sienten con confianza para atacar módulos policiales, pareciera que tienen un poder de fuego, incluso mayor al de los cuerpos del Estado”, opinó.

Por su parte, el exdirector del Cicpc, Miguel Dao, sostuvo que estas bandas armadas se sienten empoderadas en la actualidad: «Los delincuentes le han perdido el respeto a las autoridades policiales y militares, y a veces cuentan con armas mejores y con mayor fuerza”.

Marmol García recalcó que no solo hay que investigar de dónde provienen las armas que usan estos grupos delictivos, sino también las municiones.

“Eso hay que detenerlo porque se puede multiplicar, son hechos lamentables que dejan ver la debilidad del Estado frente a grupos delictivos, esto se traduce en más zozobra y miedo para el ciudadano común”, dijo. 

Izquiel sentenció que cuando “El Koki” cayó en un enfrentamiento, alias “El Conejo” también fue perseguido, pero no se conoció más detalle sobre ese procedimiento y, al parecer, sigue operando en el sector de Las Tejerías.

“Otro ejemplo de impunidad es que se sabe que El Tren de Aragua está manejado por un ciudadano que está preso en la cárcel de Tocorón, en teoría, en custodia del Estado”, sumó. 

Dao señaló que después del operativo donde “El Koki” resultó muerto en Aragua, las autoridades al parecer se retiraron del lugar. 

No hubo permanencia en el sitio, tienes que regular eso para que la situación no se vuelva a salir de control. El trabajo en este tipo de zonas requiere una buena labor de inteligencia y determinar cuáles son los focos de violencia”, recomendó.

A juicio de Mármol García esta arremetida contra los módulos policiales no acabará aquí. “Estoy seguro que va a haber una respuesta por parte de funcionarios, especialmente del Cicpc”.

#MonitordeVíctimasCaracas | Mataron a pareja de hermanos en Los Frailes de Catia
Yunegly del Mar y Jean Carlos Iguarán Montiel, de 25 y 19 años de edad, respectivamente, pertenecían a la etnia wayú y trabajaban en una fábrica textil en Gato Negro

@franzambranor

Un doble homicidio fue cometido la madrugada de este domingo 29 de enero de 2023, en un rancho del barrio Macayapa, en Los Frailes de Catia, Municipio Libertador del Distrito Capital..

A los hermanos Yunegly del Mar y Jean Carlos Iguarán Montiel, de 25 y 19 años de edad, respectivamente, los asesinaron con palos y tubos, según relató Rosa Amelia Villero, tía política de ambos.

Villero explicó en la morgue de Bello Monte que Jean Carlos sostuvo una discusión, el pasado 7 de enero, con un hombre de la zona con prontuario policial, quien lo habría amenazado con robarlo.

“Aparentemente, los querían robar y Jean Carlos no se dejó; entonces, se ensañaron con ellos”, declaró Villero.

Villero informó que de la vivienda de los hermanos Iguarán Montiel sustrajeron pertenencias. Agregó que ambos eran oriundos de Caimare Chico, en el estado Zulia. Tenían dos años en Caracas y trabajaban cosiendo en una fábrica textil, en Gato Negro.

Yunegly deja huérfano a un niño de dos años de edad que, por fortuna, estaba al cuidado de su padre en el momento del crimen.

Protección para descendientes de indígenas

Lolymar Ipuána, defensora de pueblos originarios en el Distrito Capital, exigió justicia para los hermanos Iguarán Montiel, pertenecientes a la etnia wayúu.

“Ellos vinieron a Caracas en búsqueda de una mejor calidad de vida, porque en La Guajira eso no existe. La gente pasa mucha necesidad allá”, dijo Ipuána.

Ipuana informó que alrededor de 20 mil personas con raíces indígenas viven en Caracas.

«Exigimos que se haga justicia para que no se siga atropellando a gente como ellos ni a nadie. Es terrible encontrar la muerte de esa manera”, puntualizó.

ONG piden a Alto Comisionado de la ONU que pase de recomendaciones a acciones 
Miembros de organizaciones no gubernamentales solicitan que se haga público el memorando de entendimiento entre la oficina de la ONU y el Gobierno de Maduro 
Coincidieron en que el austríaco Volker Türk pareciera tener mayor experiencia en materia de derechos humanos que su antecesora, la chilena Michelle Bachelet 

 

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Representantes de ONG en Venezuela coincidieron en que es urgente que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, avance de las propuestas a las acciones.

El pasado jueves 26 de enero, el funcionario de la ONU aterrizó en Caracas y sostuvo una reunión con representantes de ONG y víctimas de la represión del régimen de Nicolás Maduro

“Es importante que todas estas observaciones del Alto Comisionado no se queden en una simple recomendación y, en ese sentido, nosotros (ONG) nos encargaremos de hacerle un seguimiento a estas. Sabemos que la oficina de Türk no tiene poder coercitivo alguno y la relación con el Gobierno debe mantenerse por la vía diplomática para garantizar la presencia de sus oficiales acá”, dijo Martha Tineo, cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

En la reunión, Türk escuchó los testimonios de miembros de organizaciones no gubernamentales y afectados por la política de torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales del Gobierno chavista.

A su salida de la capital venezolana, el abogado austríaco expresó su preocupación por el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de ONG y afines discutido en la Asamblea Nacional chavista. También abogó por la liberación de los presos políticos y el cese de las torturas.

“En mis reuniones con el presidente y los ministros abogué por la liberación de todas las personas que están detenidas arbitrariamente. También insistí en la necesidad de limitar el uso extenso y prolongado de la prisión provisional o preventiva y la carencia de reformas relacionadas con las personas privadas de libertad”, dijo Türk antes de abordar un avión en el aeropuerto internacional de Maiquetía.

 

LEA  ONG alegan que ley promovida por AN chavista significa eliminación de sociedad civil independiente 

 

 

Lexys Rendón, miembro de la ONG Laboratorio de Paz, indicó que lejos de lo que pueda aparentar, Türk está empapado de la precariedad del Estado de derecho en Venezuela.

“Se ve que conoce el tema y lo que pide la sociedad civil es que aumente la acción en términos de protección a las personas vulnerables”, esbozó.

Por su parte, Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, sostuvo que hubo hermetismo por parte de la administración madurista en cuanto a la visita del representante de la ONU 

“Pero, también, por parte de la misma oficina del Alto Comisionado, porque a la postre ellos estaban sometidos a la agenda del Gobierno”. 

Alerta roja con el proyecto de ley advierte Alto Comisionado de la ONU

Louza aspira a que la actitud conciliadora del Alto Comisionado logre frenar la intención del Gobierno de aniquilar a las ONG a través de la ley que fue aprobada en primera discusión en la AN oficialista. 

La fundadora de Acceso a la Justicia también dijo que la detención el viernes 27 de enero de la activista de Sinergia, María Fernanda Rodríguez, pudo haber sido una estrategia de la administración chavista.

“Quizás lo que quisieron fue poner a Türk a prueba, para ver qué tanto iba a reaccionar frente a algo que ya está decidido por el Gobierno, que es acabar con el poco espacio cívico que queda”, opinó. 

Rendón expresó que quedó gratamente impresionada con la declaración final de Türk.

“Esperábamos algo más tímido por su actitud diplomática y conciliadora. Habló de la fractura entre la sociedad civil y las instituciones, sostuvo que había expuesto ante funcionarios gubernamentales su preocupación por la ley contra las ONG, reiteró lo importante de preservar ese espacio de la sociedad civil. Agregó que no puede haber retardo procesal y la necesidad de la reestructuración del sistema de justicia”.

Para Louza fue determinante que el Alto Comisionado hiciera énfasis en el compromiso del Gobierno de aprobar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura.

“Nos pareció muy importante que hiciera alusión a las torturas, que nombrara casos particulares. Él está claro de lo que sucede en Venezuela, es una persona conciliadora, quiere buscar soluciones, obviamente habló de justicia transicional, hay que darle tiempo”. 

Rendón aseveró que, a diferencia de su antecesora, la chilena Michelle Bachelet, Türk tocó el tema de la urgencia de efectuar elecciones libres y transparentes.

Türk es un oficial formado en estándares de derechos humanos, él no está comprometido ideológicamente, está más claro en lo que es la función de la oficina aquí”.

El perfil de Bachelet era diferente, porque ella es política, en cambio Türk es un funcionario de carrera”, agregó Louza. 

La miembro de Acceso a la Justicia indicó que las ONG en Venezuela seguirán batallando para que el memorando de entendimiento firmado entre la oficina del Alto Comisionado de la ONU y el Gobierno de Maduro, se haga público.  

“Türk está de acuerdo en ampliar las operaciones de su despacho en Venezuela, que se trasladen a las regiones, es una meta importante debido a la situación del país”. 

Tineo manifestó que el objetivo de renovar el memorando de entendimiento se cumplió y ahora la misión es hacerle seguimiento a las actividades de la oficina del Alto Comisionado en Venezuela.

“Su oficina va a permanecer por lo menos dos años más aquí, todo el sistema de la ONU tiene clara la situación de Venezuela, donde hay un 94% de impunidad con respecto a autores materiales de violaciones a los derechos humanos y 100% en lo que tiene que ver con la cadena de mando. Ellos deben hacer un seguimiento exhaustivo al cumplimiento de las normas por parte del Gobierno y en la medida que sus recomendaciones no sean atendidas, alertarán al Consejo de DDHH de la ONU”, abundó. 

Según Rendón, Türk reconoció que las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos están minando la calidad de vida del venezolano, pero hizo hincapié en que la crisis humanitaria compleja en el país proviene de antes

“Nosotros hemos dicho que las sanciones generales deben ser eliminadas y quedarse solo las personales”, agregó.

A juicio de Tineo, el Alto Comisionado de la ONU tuvo oportunidad de empaparse de todo lo que acarrea la crisis humanitaria compleja en Venezuela.

“Él dijo que fue una visita de solidaridad con las víctimas, pero también de acciones frente al Gobierno”.

ONG alegan que ley promovida por AN chavista significa eliminación de sociedad civil independiente 
Denunciaron la detención arbitraria y parcial de la activista de ONG Lidera, María Fernanda Rodríguez
Aseguraron que alrededor de 90 ONG rechazaron la normativa emanada de la AN oficialista 
Alertaron que con multas que van de 3 a 12 mil dólares persiguen aniquilar a las organizaciones 

 

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La rueda de prensa de los representantes de la ONG a propósito de la nueva Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de estas, además de la visita a Venezuela del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, comenzó con la noticia de que María Fernanda Rodríguez de la ONG Lidera había sido detenida arbitrariamente por cuerpos de seguridad del Estado.

“Una compañera fue detenida en la Universidad Metropolitana…ella estuvo ayer en la reunión que sostuvieron representantes de la ONG con el Alto Comisionado de la ONU”, dijo Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.

Es inaceptable que existan actos de represalia, es grave que está situación pase en medio de la visita de Türk”, añadió Andrea Santacruz de Civilis. 

“Si eso lo hacen con ese señor de visita en Caracas, imaginen lo que hacen aguas abajo”, sostuvo Lexys Rondón de Laboratorio de Paz.

Horas después se conoció que Rodríguez había sido liberada luego de estar en manos de miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

A propósito del proyecto de ley apadrinado por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, Rondón sostuvo que este no solo perjudica a las ONG sino también a la sociedad en general.

“Esta no es una ley contra las ONG, esto es solo la punta del iceberg, aquí lo que se quiere es controlar toda asociación colectiva. El derecho asociativo es innato”, indicó Rondón. 

Rondón añadió que la ley coarta el derecho a la libre reunión.

“Nadie va a poder reunirse según esta ley, esta es una ley que pretende acabar con la solidaridad de las personas, pedimos a la comunidad que se organice para rechazarla, esto va a significar la eliminación de una sociedad civil independiente”, añadió.

Casi 100 la rechazaron

Santacruz expresó que alrededor de 90 ONG firmaron una declaración conjunta rechazando el proyecto de ley que fue discutido en la Asamblea Nacional de tendencia oficialista. 

“Esta es una ley que busca inhibir. El fin de este reglamento es controlar la acción política. Va contra la libertad de expresión, significa el control absoluto de las leyes del país”, sostuvo Santacruz.

Daniels de Acceso a la Justicia indicó que el proyecto de ley es improvisado y hasta tiene “gravísimos errores, incluso gramaticales”. 

“El proyecto cambió de nombre en tres ocasiones en un mismo día, es algo que hicieron de manera apresurada, es totalitario y significa la intromisión del Estado en cada cosa que hagan las ONG”.

Daniels preciso que el proyecto es contradictorio. “Porque de acuerdo con esto no podemos disfrutar del derecho de asociación, dice que las organizaciones solo pueden reunirse en su jurisdicción”.

El abogado aseveró que el instrumento legal está diseñado con la finalidad de aniquilarlas.

“Cuando te ponen una sanción te anulan, ninguna ONG puede pagar la multa más barata que es de 3 mil dólares y menos la más alta que es de 12”.

Daniels indicó que la ley sugiere la inclusión en la ONG de nuevos miembros sugeridos por instancias gubernamentales.

“Podríamos tener gente infiltrada en las ONG, me pregunto por qué no hacen lo mismo con los colectivos. El derecho de asociación nos incluye a todos. Si la intención era callarnos frente al Alto Comisionado, no lo lograron”. 

El director de Acceso a la Justicia manifestó que esta ley pone en riesgo el dinero de la ayuda humanitaria.

“Los donantes tienen mucho cuidado con eso, porque quienes administran los recursos son las ONG”.

Daniels indicó que las ONG son constantemente evaluadas y se rinde cuenta de cada paso que se da.

“Cada cosa que se gasta la justificamos, un Gobierno que tiene 5 años sin rendir cuentas, les dice a las ONG que no somos transparentes”.

El abogado aseveró que el instrumento exige requisitos a las ONG que no existían al momento de haberse constituido. 

“Esta es una ley ontológicamente represiva, se hizo para que dejemos de existir, niega la esencia del ser y  viola el artículo 21 de la Constitución. Dice que la norma es retroactiva”.

Rondón agregó que la AN chavista propuso una discusión express de la ley en todos los estados.

“Este es un instrumento que va a acabar con la solidaridad de las personas”.

Santacruz sostuvo que las ONG no se quedarán de brazos cruzados. 

Solicitamos la creación de un movimiento de seguimiento de las recomendaciones que haga el Alto Comisionado de la ONU, que vengan relatores de derechos humanos, que se pronuncien sobre las condiciones de las elecciones”.

La defensora de derechos humanos manifestó que los miembros de la ONG en Venezuela alzaran la voz cada vez que sea necesario.

“El espacio público corre un grave peligro, se quiere estigmatizar a las organizaciones y sus miembros, criminalizar el derecho de asociación, el Alto Comisionado de la ONU debe hacer todo lo que esté a su alcance, entre otras cosas, luchar por la liberación del director de Fundaredes, Javier Tarazona. Ese memorando de entendimiento que va a firmar con el Gobierno tiene que ser de dominio público”.

Daniels indicó que el Gobierno sigue con su maquinaria de represión intacta.

Los crímenes de lesa humanidad tienen una motivación política, el Estado venezolano tiene un patrón de estigmatización contrario a las garantías de derechos humanos”.

El director de Acceso a la Justicia sostuvo que el Gobierno quiere alimentar la tesis de que las ONG en Venezuela poseen una agenda oculta.

“Queriéndonos asociar con manejos dolosos no van a callar nuestra voz, vamos a informar de esta situación a la Corte Penal Internacional. Si tenemos que ir a la Asamblea Nacional chavista, iremos

Gobierno no tiene cómo hacerle frente a exigencias salariales 
Economistas consideran que la administración de Maduro carece de fondos para honrar las peticiones de los trabajadores venezolanos, quienes aspiran un sueldo promedio de $400 mensuales 
Coinciden en que es necesario un aumento salarial, pero lo importante es ponerle freno a la inflación 

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Apenas arrancó el año escolar, el pasado 9 de enero, los docentes venezolanos se lanzaron a las calles a exigir un salario justo. Aprovechando el ímpetu y la inconformidad de los educadores, también personal de la salud, empleados públicos, jubilados y pensionados se unieron a la protesta para solicitar al régimen de Nicolás Maduro un incremento del sueldo mínimo que desde marzo de 2022 está fijado en 130 bolívares, el equivalente hoy en día a cerca de 7 dólares mensuales.

Voceros de las manifestaciones, como Gricelda Sánchez, del Sindicato de Maestros, y Ana Rosario Contreras, del Colegio de Enfermeras de Distrito Capital, revelaron que los funcionarios adscritos a la nóminas del Estado están demandando un salario cónsono con la canasta básica alimentaria, que en diciembre de 2022 costaba 371 dólares, de acuerdo con Observatorio Venezolano de Finanzas.

Básicamente, los empleados públicos solicitan la dolarización de sus sueldos, en vista de que el bolívar pierde cada día su capacidad de compra de forma vertiginosa.

Tanto Sánchez como Contreras coincidieron en que el sueldo del trabajador venezolano debe oscilar entre los 300 y 400 dólares mensuales

¿Está en la capacidad el gobierno chavista de asumir ese pago?

Según los economistas Luis Oliveros, Asdrúbal Oliveros y Tamara Herrera, el Estado no tiene capacidad para asumir el pago exigido por los trabajadores. 

“El gobierno no tiene los recursos suficientes para hacerlo, en años anteriores hacía aumentos de salarios con frecuencia y ahora no los hace con la misma regularidad porque entiende que no puede, sabe que eso generará mayor inflación”, dijo Luis Oliveros.

Por su parte, Asdrúbal Oliveros sentenció que el Estado venezolano carece de los fondos para pagar un salario de $400 mensuales

Para cubrir sueldos y pensiones que oscilen entre 350 y 400 dólares, el gobierno tendría que desembolsar casi $30 mil millones, eso es equivalente al 50% del Producto Interno Bruto de Venezuela y el ingreso estimado del Estado para este año es de $27 mil millones”, indicó Asdrúbal Oliveros en un programa de Unión Radio la mañana de este miércoles 25 de enero.  

Herrera sentenció que un sueldo de $400 al mes es difícil de honrar en Venezuela hasta en el sector privado.

“Es complicado que el gobierno pueda fijar el salario mínimo que cualquier trabajador se merece, menos aún el equivalente a una cesta alimentaria familiar. Tampoco los privados pueden establecer un sueldo básico de ese nivel”, indicó la economista.

Luis Oliveros sostuvo que tampoco el gobierno está en la capacidad de dolarizar la economía como lo exigen la mayoría de los trabajadores del sector público en Venezuela. Las sanciones económicas que pesan sobre la administración de Maduro por parte de Estados Unidos son una razón de peso.

“Siempre que los países se dolarizan deben tener algún tipo de contacto con la Reserva Federal estadounidense por temas de asistencia y sabemos que las relaciones con esa nación no están bien”, argumentó. 

También, aseguró que el gobierno venezolano no tiene suficientes divisas para dolarizar.

A Maduro no le conviene dolarizar, no puede dar bonos a cada rato y no puede aumentar el gasto público. Una cosa es tener déficit fiscal en bolívares y otra tenerlo en dólares, la única manera de cubrirlo es con más dólares y Maduro no tiene la máquina para imprimir dólares como lo hace el Banco Central de Venezuela con los bolívares”, explicó. 

De acuerdo con Asdrúbal Oliveros, el gobierno tuvo recursos suficientes en el pasado para hacer un ajuste salarial considerable, pero ahora ese incremento rondaría a lo sumo los $50.

“El Ejecutivo tiene las herramientas con las cuales pudiese realizar un ajuste, ya vamos para un año sin aumento de sueldo, nadie puede sobrevivir con menos de 10 dólares mensuales, es probable que el salario se lleve a $50 y buena parte de ese aumento podría ser en bonos”, opinó. 

Luis Oliveros sentenció que noviembre y diciembre de 2022  fueron episodios de una inflación alta en Venezuela y por ello es perentorio un aumento de salario para la masa laboral.

Creo que el gobierno va a aumentar el sueldo, pero yo no esperaría un incremento muy grande, considero que estaría en los 30 y 50 dólares”.

 

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Frenar la inflación es urgente

Para Asdrúbal Oliveros, el mejor premio que se le puede dar a un trabajador venezolano, además de un aumento salarial, es detener la inflación.

“Es necesario construir un plan macroeconómico, de nada sirve aumentar el sueldo sin controlar la inflación, los precios en dólares han subido más de 50% en los últimos meses, la propia vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, dijo que 2022 cerró con 234% de inflación”. 

Herrera indicó que los salarios deben subir sustancialmente, pero ello debe planificarse con un esquema que corra en paralelo con el fortalecimiento de la economía.

“Solo una economía fuerte es capaz de dar empleo, solo una economía fuerte puede pagar tributos razonables para dar sostenibilidad a la gestión fiscal y seguridad social”, abundó. 

Herrera añadió que el fortalecimiento de la economía es posible incluso en medio de las sanciones.

“El fortalecimiento de la economía implica cambios de fondo para parecernos más a países que atraen inversiones en cantidades considerables”.

La economista indicó que el gobierno de Maduro debería aprovechar la flexibilización de las sanciones producto de la mesa de diálogo en México para corregir el entuerto económico.  

“El país necesita transparencia sistemática en toda la gestión pública y desempeño económico; un sistema de seguridad jurídica sin riesgo para arbitrariedades; acuerdos comerciales y de inversión sólidos; respeto inequívoco y sin ambigüedades de la propiedad privada y desarrollo de un mercado de capitales profundo, que financie tanto al sector público como al privado”.

Conflicto seguirá por exigencias salariales 

Para Freddy Cañas, coordinador del Observatorio de Conflictividad Laboral del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), las protestas por mejoras en los sueldos continuarán.

“Las manifestaciones van a seguir, ya que el gobierno, el cual es el máximo empleador en Venezuela, no ha aportado ninguna solución, por el contrario continúa con su política de amedrentamiento contra aquellos que salen a la calle a protestar”.

Según Asdrúbal Oliveros, es evidente el deterioro del salario en la administración pública.

“Los trabajadores tienen que tener un aumento, el sueldo es precario y creo que si no se toman los correctivos, los niveles de conflictividad se van a mantener”.

Herrera consideró que el tiempo apremia para quienes devengan un sueldo mensual inferior a 10 dólares. “Todos los actores lo deberían tener presente, tanto los que negocian en México (gobierno y la plataforma unitaria) como el resto de la sociedad”. 

Denuncian ataques e intimidación contra dirigentes y trabajadores que han protestado en las últimas dos semanas

Protestas laborales amenazan con reventar la burbuja  
86% de las 480 protestas que se llevaron a cabo apenas en los primeros 16 días de este año corresponden a reclamos laborales 
Bolívar fue el estado donde se produjeron más manifestaciones con 65
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó 28 protestas este 17 de enero, más de una por hora 
Docentes y personal de la salud son los principales protagonistas de las movilizaciones de calle 

 

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Enero comenzó caliente en las calles de Venezuela. El frío de diciembre y la algarabía que se respiraba en el último mes de 2022 parece haberse esfumado con las protestas de miles de trabajadores de la administración pública en este recién iniciado 2023.

Con el fantasma de la hiperinflación amenazando con una nueva cabalgata, los venezolanos despertaron de la siesta decembrina con los bolsillos rotos y clamando por un sueldo digno que les acerque a los 371 dólares que costó la canasta alimentaria a finales de 2022, de acuerdo a estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas.

De Coro a Maturín, de San Cristóbal a Ciudad Bolívar, la mayoría de las ciudades venezolanas se unieron al clamor de los trabajadores que no toleran más un sueldo mínimo de apenas 130 bolívares, el equivalente a siete dólares mensuales.

De acuerdo a un mapa de conflictividad social elaborado por la empresa ORC Consultores, hasta el 16 de enero de este año, se contabilizaron 480 protestas, de las cuales 413 fueron por reclamos laborales, es decir el 86%

Le siguieron protestas por agua (16), gasolina (12), justicia (6), política (5), infraestructura (5), aseo (4), salud (3), electricidad (3), aguas negras (3), gas (3), estudiantes (2), otros servicios (2) y telecomunicaciones (1). 

Bolívar fue el estado donde se produjeron más protestas, con 65, secundado por Aragua (42), Miranda (33), Falcón (28), Barinas (27), Guárico (27), Mérida (23).

En la lista también están Portuguesa (23), Táchira (23), Sucre (22), Lara (22), Cojedes (17), Carabobo (16), Zulia (16), Trujillo (13), Monagas (12), Distrito Capital (12), Delta Amacuro (12), Apure (12), Anzoátegui (9), Yaracuy (9), Nueva Esparta (6), Vargas (6) y Amazonas (5). 

Las 480 manifestaciones que se produjeron en la primera quincena de enero de este año duplicaron a las 211 que se llevaron a cabo en 2022 durante el mismo periodo.

De 69 protestas exigiendo mejoras salariales del 1 al 16 de enero de 2022, Venezuela saltó a 413 este año, una escalada de más del 2 mil por ciento.

 

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Olla de presión a punto de estallar

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social solo este 17 de enero se produjeron 28 movilizaciones de calle, es decir, más de una por hora, y en 2022 se contabilizaron 2.649 protestas laborales, la mayoría protagonizadas por trabajadores de los sectores educativos, salud y administración pública. 

En el inicio de 2023, maestros, personal sanitario, profesionales, técnicos, obreros, trabajadores de las empresas básicas del Estado como Sidor (Siderúrgica del Orinoco) y la CVG (Corporación Venezolana de Guayana), universitarios, empleados públicos, jubilados y pensionados no han escatimado esfuerzos para salir a la calle a clamar por sus reivindicaciones.   

“El año 2022 fue un año de luchas, quizás no con la misma intensidad con la que hemos iniciado el 2023, un año parecido al 2018, donde tuvimos que apelar a un paro indefinido porque los salarios no alcanzaban”, dijo Ana Rosario Contreras, presidenta de la junta directiva del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital.

Gricelda Sánchez, presidenta de la ONG Formación de Dirigentes Sindicales, manifestó que este enero fue particularmente intenso para los docentes porque querían hacer ruido en la conmemoración del Día del Maestro, el pasado 15 de enero.

“El lunes 16 de enero salimos a las calles y le exigimos a la coalición sindical nacional del sector educativo que entregue el pliego conflictivo al Ministerio del Trabajo, hay que darle carácter administrativo a este reclamo”, expuso Sánchez.

La dirigente sindical aseguró que las protestas de docentes este año han tenido lugar en los 23 estados del país.

“No solo maestros y profesores activos, también jubilados, personal administrativo y obrero, y hasta padres y representantes”, aseguró.

Sánchez manifestó que los educadores están exigiendo un salario base de 600 dólares.

“Maduro prometió que el sueldo iba a estar anclado al petro, entonces que cumpla su palabra, no queremos bolívares devaluados que se los come la inflación”, indicó.

Por debajo de la franja de la pobreza

Durante un acto proselitista en los Valles del Tuy, estado Miranda, Nicolás Maduro volvió a esgrimir la carta de las sanciones para escurrir la responsabilidad de los sueldos ínfimos en Venezuela.

“Basta de torturas y persecución criminal contra la clase obrera venezolana”, dijo.

Sánchez desestimó las declaraciones de Maduro: “Cuando llegaron las sanciones ya nuestros sueldos venían en picada y se habían violado una serie de contrataciones colectivas. Estamos así por las políticas de hambre del gobierno, no por las sanciones”.

El líder chavista prometió un sueldo acorde con las necesidades del venezolano. “Más temprano que tarde pasaremos de esta fase de parto y de resistencia, a una fase de mejoría sostenida de los ingresos de la clase obrera y trabajadora”. 

Maduro no dijo de dónde sacaría los recursos para honrar a los empleados. “De mil maneras lo haremos, ¿Pariendo recursos?, pariremos. ¿Produciendo?, produciremos”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó a quienes, según él, consideran que un aumento salarial resolverá los problemas estructurales en escuelas y hospitales.

“¿Ustedes creen que nosotros podemos resolver a punta de realazos (sic) todos los problemas? ¿Cuántos millones de dólares debemos tener para resolver los problemas de infraestructura? ¿Mil, dos mil millones?”, esbozó. 

Contreras considera que el Estado es el principal responsable de fomentar un salario digno para los trabajadores.

Cuando Maduro dice que no hay dinero para aumentar a los empleados es una falta de respeto, porque los trabajadores no podemos seguir asumiendo las consecuencias de una crisis que no generamos”, dijo.

Según Contreras, los profesionales de la salud escasamente devengan 15 o 16 dólares mensuales.

“Y, por supuesto, eso es insuficiente para hacerle frente a una canasta básica alimentaria que supera los 300 dólares. Los trabajadores de la salud que viven en la periferia de Caracas tienen que pagar 50 bolívares diarios en transporte, no tenemos siquiera para pagar un pasaje y menos para comer”, indicó la enfermera.

Contreras hizo un llamado a dolarizar la economía venezolana. “Que terminen de hacerlo de una buena vez, ya no podemos seguir cobrando en bolívares cuando todo está en divisas. Nos encontramos en el umbral de la extrema pobreza porque no tenemos un salario básico que esté por encima de los dos dólares diarios como dice el Banco Interamericano de Desarrollo”.

Contreras aseguró que los grupos afectos al gobierno denominados colectivos y que amenazaron a los manifestantes con amedrentarlos si continúan en las calles, no representan mayor obstáculo.  

A pesar de la estrategias para desmovilizar la protesta, no nos han podido intimidar, ni los facinerosos ni los bonos devaluados nos van a desviar del objetivo”, aseveró Contreras.

Sánchez también criticó la bonificación de 580 bolívares (alrededor de 30 dólares) que recientemente hizo el gobierno a los empleados del sector educativo a través del sistema Patria.

“Nosotros lo que queremos es la recuperación real del salario, que los 500.000 docentes que hay en el país y el millón de empleados que tiene el Ministerio de Educación salgan beneficiados”.

Contreras manifestó que no es justo que mientras los gobernantes exhiben camionetas blindadas con escoltas y joyas el pueblo tenga que conformarse con una limosna.

“Hoy parece que estamos haciendo labor social ad honoren, nuestra petición es que se homologuen los salarios al costo de la canasta básica y por eso es que vamos a seguir en la calle, somos esenciales para los pacientes, pero invisibles para el Estado”, concluyó.

 

Espacio aéreo entre Venezuela y Colombia sigue trancado pese a las promesas de las autoridades
Una hipótesis que se maneja es que al Conviasa estar sancionada para viajar al vecino país, las autoridades venezolanas impiden que las aerolíneas colombianas lo hagan
Solo la empresa venezolana Turpial está cubriendo el espacio aéreo entre ambas con naciones con vuelos charters privados 

 

Aunque Nicolás Maduro y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se hayan reunido un par de veces en Caracas y prometido que el tránsito entre Venezuela y el vecino país quedará completamente restablecido, el espacio aéreo entre ambas naciones sigue prácticamente sin movimiento. 

Nadie sabe con certeza qué impide la reanudación de los vuelos luego de que en septiembre de 2022 se anunciara la normalización de las relaciones entre los dos países en vista de la llegada al poder del izquierdista Petro en junio. 

La aerolínea colombiana de bajo costo Wingo vendió más de 2 mil boletos para la ruta Caracas-Bogotá, trayecto que iba a comenzar el pasado 4 de octubre.

Sin embargo, la empresa debió reembolsar el dinero a los pasajeros debido a una petición de las autoridades venezolanas.

“Según se nos ha comunicado, esta suspensión temporal es en espera de resolver asuntos entre los gobiernos de Colombia y Venezuela sobre las aerolíneas aprobadas para realizar los vuelos entre los dos países”, expuso Wingo a través de un comunicado.

También, la aerolínea venezolana Estelar canceló el vuelo entre Caracas y Bogotá previsto para este 4 de enero y debió devolver el dinero a los clientes.

 

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Voceros de Estelar dijeron que la empresa recibió la aprobación del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) en Venezuela, pero no el de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en Colombia (Aerocivil).

Aeronáutica Civil, por su parte, emitió un comunicado alegando que no existía la capacidad para albergar a este vuelo en el aeropuerto internacional de El Dorado en Bogotá.

Los ministros de transporte de Colombia, Gustavo Reyes y de Venezuela, Ramón Velásquez Araguayán, anunciaron que las aerolíneas colombianas Avianca,  Satena y la venezolana Láser estaban listas para operar, pero hasta ahora ninguna ha ofrecido una ruta regular a los pasajeros.

Yo no puedo, tú tampoco 

A juicio de Rodolfo Ruiz, abogado aeronáutico de la firma internacional Clyde and Company, la paralización de los vuelos pese a los anuncios de acuerdos que se han emitido por parte de ambos gobiernos podría tener que ver con un asunto de reciprocidad.

«No hay información oficial al respecto, pero es posible que al no poder volar Conviasa a Bogotá de forma regular, se esté impidiendo que las aerolíneas colombianas vengan a Venezuela y eso tiene de cierta manera el juego trancado”, dijo Ruiz.

La aerolínea Conviasa, propiedad del gobierno venezolano, no puede operar hacia Colombia debido a las sanciones que pesan sobre ella por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“Nos recordaron textualmente que Colombia no puede recibir a la aerolínea Conviasa porque está sancionada”, dijo el embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti en septiembre del año pasado, luego de que Conviasa ofreciera a sus usuarios un vuelo para el 27 de ese mes.

En febrero de 2020, cerca de 40 aeronaves que tenía Conviasa en ese entonces fueron sancionadas por la OFAC debido a que según esta oficina “Maduro depende de esos aviones para transportar a funcionarios corruptos del régimen por todo el mundo para impulsar el apoyo de sus esfuerzos antidemocráticos”.

De acuerdo con Ruiz, en la actualidad, solo la aerolínea nacional Turpial está cubriendo la ruta entre Venezuela y Colombia.

“Y lo está haciendo con vuelos no regulares, es decir vuelos, charters privados, puesto que las aerolíneas que operan de forma regular no han recibido el visto bueno”.

Ruiz no entiende por qué el resto de las empresas de aviación comercial carecen de luz verde para operar.

“La mesa a nivel jurídico está servida para que los vuelos se reanuden de forma plena, pero no ha habido avances al respecto. Hay una desalineación entre Aerocivil y el alto gobierno”.

Ruiz destacó que el 8 de diciembre del año pasado se hizo una evaluación para incorporar una segunda aerolínea venezolana, pero no se llegó a acuerdo alguno con Aerocivil

El abogado aseveró que los usuarios siguen a la espera de que las autoridades tanto venezolanas como colombianas cumplan con su palabra.

“Ha habido un mar de inconsistencias y, por ende, no hay ningún desarrollo sustancial en esto”, concluyó.

 

Maiquetía y El Dorado cada vez más cerca 

Venezuela sumó 17 nuevos casos de covid-19 el #5Ene
De acuerdo con el balance oficial, en las últimas 24 horas, el total de contagios asciende a 550.674 y el de muertes sigue en 5832

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó vía Twitter que el 5 de enero se registraron en el país 17 nuevos casos de covid-19: todos comunitarios. Con estas cifras, el total de contagios asciende a 550.674 y el de muertes sigue a 5832.

Sostuvo que Miranda es el estado donde este jueves #5Ene se registró la mayor cantidad de casos comunitarios (5), con contagios activos en 3 municipios; seguido de las entidades: Sucre (2), Yaracuy (2) y La Guaira (2).

Indicó qua la cifra de pacientes recuperados es de 543.879 (99%) y de casos activos actuales es de 963.