Francisco Zambrano, autor en Runrun

Francisco Zambrano

Gerado Blyde descartó ser candidato presidencial 

Gerado Blyde, jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, sostuvo este viernes 15 de marzo que el denominado por el oficialismo acuerdo de Caracas no reemplaza ni absorbe al firmado en Barbados en octubre del año pasado.

“El de Barbados, es un acuerdo parcial, no es definitivo y no está contemplado dentro del de Caracas. En ese acuerdo de Caracas no hay conflicto político con los firmantes, el conflicto es con los partidos de la Plataforma Unitaria y la candidata María Corina Machado”, dijo Blyde en Éxitos 99.9 FM. 

Blyde expuso que en el de Barbados había representantes de Noruega, Estados Unidos, Países Bajos, Rusia, Holanda, Brasil, entre otros y el Gobierno adquirió un compromiso ante la comunidad internacional. 

“El acuerdo de Caracas no ofrece soluciones a los problemas”, ratificó. 

El exalcalde de Baruta también denunció que no ha habido seguimiento al acuerdo de Barbados.

“Hemos tenido conversaciones, pero no hemos avanzado. La idea era seguir con las negociaciones, falta por trabajar en la reinstitucionalización, en el rescate de la independencia de los poderes públicos y en bajar el costo de salida a quien deba abandonar Miraflores”.

Blyde indicó que la impopularidad de Maduro ha obligado al Gobierno a irrespetar el acuerdo.

No respetan nada 

El jefe de la PU sostuvo que entre los puntos que se ha saltado el Gobierno está el de no dejar inscribir a MCM cuando sobre ella no pesa sentencia penal alguna.

“Pero además hoy en día no hay invitación formal a los observadores internacionales, hay 3 millones de personas dentro de Venezuela que no han podido inscribirse en el Registro Electoral, sin hablar de los venezolanos en el extranjero. Se ha acentuado la persecución y no hay espacio para la disidencia política en los medios de comunicación”, denunció. 

Aseveró que el CNE dio a conocer un cronograma electoral compacto, con la idea de cumplir «con pinzas» el acuerdo de Barbados.

Descartó ser candidato

Blyde aseguró que no está interesado en asumir una candidatura presidencial en caso de que MCM designe a un reemplazo ante el CNE.

“No estoy interesado en ocupar un cargo público, yo soy el jefe negociador por parte de la oposición y eso representaría un conflicto de intereses. Rómulo Betancourt decía que para ser presidente hay que querer serlo”, expresó. 

Dijo que desconocía la estrategia de MCM frente a su inhabilitación y que el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, puede ser una opción: «No solo él, sino también otros más. Lo importante es que nada nos saque de la ruta electoral”.

Por último acotó que, pese a la actitud del Gobierno ,aún alberga esperanza.: “Todavía es posible rescatar el acuerdo, pero necesitamos voluntad política”.

 

 

En condiciones normales, los candidatos principales que deberían aparecer en el tarjetón de las venideras elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela son Nicolás Maduro por el chavismo y María Corina Machado por la oposición, pero a poco más de cuatro meses del evento comicial, impera la incertidumbre.

La tercera edición de La Conversa, espacio de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, tuvo lugar este martes 12 de marzo y precisamente se tituló: “¿Qué candidatos aparecerán en el tarjetón?”.

En el programa moderado por la coordinadora de la ARI, Ronna Rísquez, participaron los directores de Runrun.es, Luis Ernesto Blanco; El Pitazo, César Batiz y TalCual, Víctor Amaya. Además, la exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Griselda Colina y el politólogo, Jesús Castellanos Vásquez ofrecieron sus análisis del tema.

El punto de coincidencia de los participantes de La Conversa en esta ocasión fue que pese a la inhabilitación de MCM para participar en las elecciones del 28J, la estrategia de la oposición no pareciera ser llamar a la abstención como lo hicieron en mayo de 2018.

De acuerdo a César Batiz, una convocatoria a abstenerse por parte de algún representante de la oposición no va ser atendida porque los venezolanos quieren votar para generar un cambio político en el país. 

“Los candidatos que tienen que aparecer en el tarjetón deben ser los que están seleccionados por los partidos y coaliciones, el Psuv escogió a un candidato y el año pasado la mayoría de los venezolanos que participaron en la primaria opositora escogieron a María Corina Machado”, dijo la exrectora Griselda Colina.

Luis Ernesto Blanco asomó que a pesar de esta realidad, del lado de la oposición hay sectores que parecen resignados con la negativa del CNE de dejar inscribir a Machado. “Hay la impresión de que va a patear la mesa y salirse de la ruta electoral, pareciera que les incomoda que esté haciendo actos de campaña y consideran que ya debería reconocer que no tiene posibilidades”. 

Por su parte, Víctor Amaya indicó que MCM tiene derecho a seguir recorriendo el país, porque es una forma de demostrar su popularidad y afianzar la tesis de que posee la última palabra a la hora de escoger a un eventual reemplazo.

Para el politólogo Jesús Castellanos este suspenso en el que está sumergido Venezuela será hasta el final.

Los regímenes autoritarios establecen como estrategias la generación de incertidumbre, es muy probable que no tengamos certeza hasta el momento del cierre de todo este proceso”. 

Sacar la carta de Barbados

A juicio de Colina, la oposición y MCM deben insistir con el respeto al acuerdo suscrito en Barbados en octubre del año pasado entre el chavismo y la Plataforma Unitaria.

“Es importante entender el contexto de la elección y las implicaciones de esta, no se trata de un simple proceso electoral, se trata de uno que incluso tiene un marco paralelo fijado en Barbados”.

Colina expresó que es tarea de la dirigencia opositora transformar el liderazgo de MCM en una real posibilidad de cambio.

“Estamos en el marco de un contexto autoritario, donde hay un régimen que no va a permitir que esa candidata se inscriba por una inhabilitación administrativa que es completamente ilegal e inconstitucional y que desconoce la voluntad del venezolano”.

Castellanos aseveró que pese a haber violentado el acuerdo de Barbados, el madurismo no se ha desligado de la negociación

“Creo que van a tener algún tipo de cuidado porque les interesa el reconocimiento internacional y el alivio de sanciones”.

Uno para todos y todos para uno

Con unas postulaciones a presidente que apenas durarán cinco días (del 21 al 25 de marzo) y un periodo de sustituciones que no ha sido aclarado por las autoridades del CNE, la conformación del tarjetón es difícil de pronosticar. 

Según Amaya, el único partido que ha ofrecido su tarjeta a MCM es Convergencia y recientemente lo hizo Un Nuevo Tiempo (UNT) a través del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Obviamente la líder de la oposición también dispondría de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en caso de ser habilitada.  

“Benjamín Rausseo tiene tarjeta, la sindicalista Elsa Castillo también, se supone que Juan Barreto a través de su partido Redes, Andrés Caleca pudiese usar la del Movimiento Progresista de Venezuela y hay otros como Daniel Ceballos y el ex conductor de Globovisión, Seir Contreras, de los cuales no se tiene certeza, todavía hay dudas de qué tarjetas están habilitadas”, agregó el director de TalCual.

Castellanos expuso que en el cronograma electoral develado por el CNE se habla de una verificación del estatus de la organización que postula a un candidato.

“Llaman la atención y no es común, creo que podríamos ver una multiplicidad de candidatos alineados con las propuestas que se firmaron en la Asamblea Nacional”.

Amaya agregó que podrían aparecer varios candidatos “tapa” o candidatos que se presten a ser sustituidos antes de la fecha de la elección. 

¿Sustituto para María Corina?

Batiz manifestó que en una entrevista concedida a El Pitazo, el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Benigno Alarcón, indicó que la forma correcta de referirse a un reemplazo para MCM es representante y no sustituto.   

“Fuentes fidedignas nos confirmaron que hay un acuerdo entre UNT, Acción Democrática de Henry Ramos Allup y Primero Justicia para que Rosales inscriba su candidatura en el caso de que MCM definitivamente no lo pueda hacer o se aparte de la ruta electoral. También han sonado otros nombres como Ramón Guillermo Aveledo, Gerardo Blyde, Jesús María Casal y hasta Eduardo Fernández”. 

Batiz expresó que una candidatura de Rosales sin la aprobación de Machado y del consenso unitario de la oposición sería como “pegarse un tiro en el pie”.

“Le toca a la Plataforma Unitaria y al liderazgo de MCM asumir la construcción de esa posibilidad de cambio y que no se disuelva, que esa candidatura se desprenda de lo personal y se institucionalice, el 80% del país quiere un cambio y de ese porcentaje una mayoría abrumadora está apostando a la posibilidad que representa María Corina Machado”, puntualizó Colina. 

Para ver y escuchar La Conversa completa haz clic aquí.

 

  

Denuncian ejecución de obrero en Kilómetro 2 de la Panamericana

María Rangel denunció el sábado 9 de marzo de 2024 que su hijo, José Antonio Castellanos, de 18 años, fue asesinado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, en el sector Los Eucaliptos del kilómetro 2 de la carretera Panamericana. 

Mientras esperaba que le entregaran el cadáver de su hijo en la morgue de Bello Monte, Rangel aseguró que efectivos de la PNB, adscritos a la delegación de El Valle, ingresaron a la residencia de Castellanos, el pasado jueves 7 de marzo, a las 2 de la tarde, y lo mataron a tiros.

“Mi hijo estaba con su pareja. A ella le dijeron que se fuera de la casa y le quitaron el teléfono. Después, a las cinco de la tarde, nos dijeron que el cuerpo de José Antonio estaba en el Hospital de Coche”, dijo Rangel.

Rangel aseveró que a su hijo le sembraron armas y drogas. “No entiendo por qué hacen eso. Mi hijo no era un delincuente. De paso, en el Cicpc me hicieron firmar una declaración diciendo que era un enfrentamiento y que José Antonio era de la banda de “el Pitufo”. No tengo miedo en decirlo, porque ya mataron a mi hijo. Qué más me pueden quitar ya”.  

María Rangel contó que su hijo era obrero y tenía aprobado el cuarto año de bachillerato. “Trabajaba por su cuenta haciendo cualquier cosa para vivir”.

52 ejecuciones en 2023

De acuerdo con las cifras recabadas por el equipo de Monitor de Víctimas, en enero de este año se reportaron 17 homicidios en el Área Metropolitana de Caracas, de los cuales 3 fueron ejecuciones extrajudiciales y 2 por supuesta resistencia a la autoridad. En estos 5 casos, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana están acusados de ser los victimarios.

En 2023, Monitor de Víctimas contabilizó 52 ejecuciones en el Área Metropolitana de Caracas.

Panamericana

El apagón cumple 5 años y los venezolanos siguen prendiendo velas  

Cerca de las 5 de la tarde del pasado 7 de marzo de 2019, cuando la mayoría de los venezolanos se disponían a regresar a sus hogares después de la jornada laboral, un apagón los agarró desprevenidos.

En un principio, y como era costumbre hasta ese entonces, se pensó que el servicio eléctrico iba a volver luego de unas horas, pero la espera fue prolongada y lo que comenzó como una anécdota se transformó en días de angustia que decantó en tragedia para algunos.

Cifras extraoficiales hablan de casi 30 muertes producto de la deficiencia de energía en hospitales, clínicas, centros asistenciales y hogares. En algunos estados la agonía se prolongó hasta por siete días, las pérdidas fueron mil millonarias y el desgaste emocional y físico de ese entonces provocó que algunos aún se exalten y afloren los nervios cuando hay una fluctuación eléctrica.

“La posibilidad de que eso suceda otra vez sigue latente, porque no se ha hecho correctivo alguno, no se ha invertido un centavo en el Sistema Eléctrico Nacional…estamos igual o peor”, dijo un extrabajador de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que prefirió no dar su nombre.

Como es tradición, el Gobierno nacional no asumió la responsabilidad del apagón nacional y echó la culpa a agentes externos

Como una “guerra eléctrica”  definió el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez. Nicolás Maduro sostuvo que se trataba de una arremetida del imperio estadounidense en complicidad con el entonces presidente interino, Juan Guaidó

El ministro de Comunicación de ese momento, Jorge Rodríguez, involucró al senador estadounidense, Marco Rubio, en el supuesto sabotaje contra las instalaciones venezolanas.

“El apagón y la devastación que lastiman a los venezolanos no se debe a Estados Unidos. No se debe a Colombia, ni a Ecuador, ni a Brasil, ni a Europa, ni a ningún otro lugar. La falta de energía y el hambre son el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro”, dijo Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos.

“Los pacientes están muriendo”, expresó en medio de esas dramáticas horas el dirigente sindical de clínicas y hospitales de Caracas, Mauro Zambrano.

El entonces diputado y también médico, José Manuel Olivares, asomó la muerte de 34 pacientes en todo el territorio nacional.

Con el apagón qué cosa sucede 

Aunque en el canal de propaganda del chavismo Venezolana de Televisión (VTV) anunciaban el sábado 9 de marzo que en la mayoría de los estados se había restablecido el servicio, la realidad era que en el interior del país la penumbra seguía siendo la constante.

Miles de personas empezaron a temer por la alimentación con comida descompuesta en sus refrigeradores. En Caracas varias personas cargaban agua de las riberas del contaminado río Guaire, las operadores telefónicas estaban prácticamente fuera de servicio, hubo saqueos, conatos de revueltas sociales, represión por parte de policial y militar y no había forma de cancelar por un producto en un establecimiento.

La dolarización de facto tuvo sus inicios con un apagón que no dejó otro recurso que sacar las divisas que se tenían guardadas para un imprevisto. 

“Eso pasó porque los equipos son viejos y no reciben mantenimiento, no hay repuestos, ni tampoco personal capacitado”, declaró a CNN Miguel Lara, exejecutivo de Corpoelec.

Mientras NetBlocks informaba que 96% de la infraestructura de telecomunicaciones se encontraba fuera de servicio, el entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, declaraba en VTV que 70% del país ya tenia luz eléctrica. 

El domingo 10 de marzo, Juan Guaidó, quien para entonces había jurado como «`presidente interino». decretó un “estado de emergencia nacional” y desmintió a Cabello al señalar que 16 de 23 estados continuaban sin electricidad. Sentenció que el sector había perdido hasta el momento 400 millones de dólares.

El fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, anunció una investigación contra Guaidó por su supuesta responsabilidad en el apagón y Pompeo anunció la salida del personal de la embajada de los Estados Unidos en Caracas. “La presencia de diplomáticos se ha vuelto una limitación para la política estadounidense”, indicaba entonces. 

Interrupciones eléctricas viven, la lucha sigue

De acuerdo a una encuesta efectuada por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (OVSP) en noviembre de 2023, en al menos doce ciudades del país sus usuarios reportaron sufrir interrupciones eléctricas diarias.

Según los resultados, las ciudades con mayores porcentajes de cortes diarios son Barinas (93,8%), San Cristóbal (90,3%) y Mérida (85,9%). 

La peor valoración del servicio eléctrico la encabezan los habitantes del estado natal de Hugo Chávez con 91,%, seguido de Maracaibo (89,9%) y Mérida (89,8%). 

La única ciudad con una valoración positiva es Caracas con 54,2%.

43,9% de los habitantes de doce ciudades en el país consideran que la razón de su evaluación negativa son las constantes fluctuaciones, mientras que 28,8% se decanta por el racionamiento.

“No hay esperanza de que esto mejore mientras sigan los mismos a cargo del SEN”, enfatizó el exempleado de Corpoelec consultado para este trabajo.

 

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“¿Cuál deuda?”, le pregunta María al responsable del bar donde apenas comienza a trabajar. 

Así, con esa inocente interrogante, la mujer que aceptó un viaje pago al extranjero con la promesa de convertirse en una connotada modelo, comienza su áspero tránsito por el mundo de la trata de personas y prostitución forzada.

En “Tango Bar”, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Francisco Villaroel, María, ahora devenida en Malena para los clientes, lucha para salir de la violencia de género y explotación sexual, un drama al que se enfrentan miles de mujeres en el mundo.

La cinta dirigida por Gibelys Coronado, la misma de “Dos otoños en París”, será estrenada en Venezuela este jueves 7 de marzo, en la víspera del Día Internacional de la Mujer.

“Denuncia el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual y no es casual su estreno el día antes del Día Internacional de la Mujer”, dijo Villaroel, quien además de ser guionista junto a Carlos Tabares es productor y encarna el papel de Edmundo en la película.

La cinta viene de ser laureada en el Rajasthan International Film Festival en la India y también fue exhibida en el Festival de Cine de Santander en Colombia.

El personaje central, María, interpretado por América Zerpa, es captada bajo una falsa promesa por Azabache (Yeimmy Rodríguez) y una vez en “Tango Bar” es despojada de su documentación y sometida a violencia psicológica, física y sexual; sin embargo nunca pierde el deseo de recuperar su libertad.

El largometraje de Mob Producciones contó con el apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) y la distribución estuvo a cargo del Circuito Gran Cine.

“Es la última intervención en el cine de César Bolívar, quien quiso contribuir como director de fotografía”, dijo Villaroel.

Además de Zerpa y Rodríguez, la producción cuenta con la participación de Ramón Roa, Amneris Treco, Jeska Ruiz, Ana Sofía Rodríguez, Bea Sojo y las actuaciones especiales de Henry Soto, Juliana Cuervos, y Carlos Manuel González. 

“Todas las mujeres deben verla, la han comparado con Sonido de Libertad, que trata sobre el tráfico de niños”, sostuvo Villaroel. “Los Gobiernos tienen que atacar este flagelo, es necesario una cooperación internacional”, agregó.

Villaroel informó que además de salas comerciales, la intención es exhibir la cinta de manera gratuita en sectores populares como Petare.

“El feedback que hemos tenido de personas que han podido verla en preestreno ha sido positivo, el llamado a conciencia es para que las jóvenes no caigan en este engaño, que creen que van a tener un sueño y al final se convierte en una pesadilla”, agregó.

 

“No hay un solo ámbito que no esté en crisis”, fue el primer comentario hecho por Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en la segunda edición de La Conversa, espacio de la Alianza Rebelde Investiga conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que en esta oportunidad tuvo como tema “¿Qué está pasando con las universidades?”.

Mendoza y Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades, fueron los invitados al foro de una hora que fue moderado por la directora de Tal Cual, Gabriela Rojas y donde participaron los directores de Runrunes, Luis Ernesto Blanco; El Pitazo, César Batiz y Tal Cual, Víctor Amaya. 

Mendoza denunció que la mayoría de los comedores en las universidades públicas permanecen cerrados, hay escaso transporte público para estudiantes y la beca estudiantil es de apenas 5 dólares y el alumno la puede cobrar solo si está inscrito en el Sistema Patria.

“El comedor de la UCV, con capacidad para 1.000 estudiantes, está abierto solo tres días al mes y es uno de los pocos que opera, el de la Universidad de los Andes está cerrado y la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado solo cuenta con uno de los siete decanatos que tiene”, dijo Mendoza.

El líder estudiantil aseveró que paulatinamente el estudiante venezolano ha perdido sus beneficios.

“La UCV tenía 25 rutas de transporte y hoy solo cuenta con seis”, acotó. 

Mendoza aseguró que actualmente un estudiante universitario se ve en la necesidad de asistir a clases y trabajar.

“Más del 50% de la matrícula de la UCV estudia y trabaja y eso es contraproducente porque el trabajo le quita tiempo al estudiante para dedicarse a su carrera. Hoy en día un estudiante no se gradúa en cinco años, porque además la escasez de quórum en los salones hace que existan materias que se impartan incluso a lo largo de un año”, recalcó. 

Por su parte, Meléndez enfatizó que para ser estudiante universitario en Venezuela se necesitan recursos a los que la mayoría no accede: «Hoy en día la universidad no es gratuita, para poder ser universitario se necesita dinero, 86% de la población estudiantil no puede acceder a transporte, 9 de cada 10 no cuentan con providencia”. 

Mendoza indicó que repetir el discurso de que las universidades son gratuitas es mentira.

El estudiante tiene que pagar transporte, alimentación, copias y por eso tenemos unos niveles de deserción históricos. A las universidades las subsidian el profesor y el estudiante, el presupuesto de las universidades ya no es sostenible por el Gobierno. El Ministerio de Educación ya no aprueba hacer verano, el último que fue en Odontología lo financiaron los mismos estudiantes”, desarrolló. 

Meléndez sostuvo que de acuerdo a cifras del Observatorio de Universidades, 69% de la población estudiantil tuvo que hacer al menos una actividad adicional en 2023 para complementar sus ingresos.

La universidad venezolana pasó de estar en vías de desarrollo a ser una espacio donde conseguimos a personas en situación de vulnerabilidad, la presencia de alumnos y profesores en las casas de estudio no es una garantía en este momento. Algunos van una o dos veces a la semana”, dijo Meléndez. 

El director del OBU sentenció que los profesores se enfrentan a salones de clases vacíos. 

“Yo en 2015 tenía 50 estudiantes, en 2017 hubo una reducción de la matrícula de 60%, hoy en día doy clases a cuatro o cinco estudiantes, a veces sin luz eléctrica, sin agua y con baños fuera de servicio”, acotó.

Profesores afectados por emergencia humanitaria 

Para Mendoza, mantener la responsabilidad de ser profesor en Venezuela requiere de algo más que gallardía y pundonor. 

“Sabemos de profesores que llegan a las aulas sin comer, un educador universitario en Venezuela gana entre 30 y 40 dólares mensuales, por supuesto no hay generación de relevo, la edad media de los profesores actualmente es entre 50 y 60 años. Un profesor de dedicación exclusiva es algo en extinción”, expresó. 

Meléndez agregó que el regreso de los jubilados a las aulas de clase es el reflejo de la crisis universitaria.

“La crisis de la universidad es la misma de la sociedad, sus orígenes tienen que ver con la inversión física e intelectual, hasta que no exista una política coherente no podremos tener la mano calificada para recuperar al país”, consideró. 

El director del OBU informó que las universidades tienen un déficit de 90%: «Las universidades se han mantenido no en la gratuidad sino en el esfuerzo individual. Creo que es posible renunciar a la dependencia absoluta del Estado, pero eso no puede hacerse en un principio sino se cuenta con la inversión pública, es algo inviable de la noche a la mañana”. 

Meléndez descartó la privatización de las universidades públicas.  

“Privatizando dejaríamos por fuera a una población vulnerable. Puede fomentarse un modelo de financiamiento mixto, pero sin renunciar a la autonomía que deben tener las casas de estudio”.

Por su parte, Mendoza aseveró que lo más prudente sería llevar a cabo una evaluación personalizada. 

“Que se haga un estudio socioeconómico a cada estudiante y quien pueda pagar, que lo haga”, planteó. 

Universidades destruidas 

Meléndez manifestó que en los últimos 25 años la infraestructura de las universidades ha sufrido un franco deterioro: «El boom petrolero del 2000 no tuvo impacto alguno en las universidades, a diferencia del de los 70”. 

Mientras que Mendoza alertó que la asignación del presupuesto para la construcción y reparación de infraestructura en las universidades viola las leyes.

“El presupuesto de infraestructura se le asigna al Consejo Nacional de Universidades (CNU) para que se lo entregue a la Misión Venezuela Bella, dejando a un lado a las universidades, eso es una violación a la autonomía”, precisó. 

El líder estudiantil denunció que no hay transparencia en torno a la asignación de recursos para la infraestructura.

Tenemos una Comisión Presidencial que lleva tres años haciendo arreglos en la UCV y se ha metido en la dinámica de la universidad, arreglaron lo que ellos mismos echaron a perder. Esa Comisión no ha llegado a la mayoría de las universidades”, dijo. También, alertó sobre la injerencia del Gobierno en las universidades.

“De 150 casas de estudios superiores, 80% están controladas por el Estado”, recordó. 

Mendoza aseguró que las universidades no son sitios seguros: La Policía Nacional Bolivariana entra a las universidades a matraquear y amedrentar a los estudiantes y profesores. Por eso el horario nocturno no existe, no hay gente que quiera arriesgar su vida”.

Elecciones opacas

Mendoza indicó que pese a que el Ejecutivo permitió las elecciones de autoridades en la UCV, el panorama comicial en el resto del país es incierto: » Suspendieron los últimos comicios en la Universidad de Carabobo y en poco más de un mes hay elecciones en la ULA, que no sabemos si se llevarán a cabo”. 

Meléndez sostuvo que en el seno del Gobierno nacional no hay intenciones de fomentar cambios de liderazgo en las universidades.

Pareciera que la intención es evitar las elecciones, perpetuar a ciertas autoridades en los cargos y cerrar la participación de la comunidad universitaria”, reflexionó. 

El director del OBU sostuvo que sería injusto afirmar que las universidades se han vaciado de talento: «Tenemos un importante capital humano, hay gente que de manera gratuita hace investigaciones, que de forma autofinanciada mantiene vivos proyectos. Esas son cosas que enamoran y hacen que la universidad tenga futuro”. 

Finalmente, Mendoza enfatizó que la irreverencia, libertad y pluralidad mantienen con vida a las universidades venezolanas.

Podemos tener ideologías diferentes, pero todos tenemos una misma meta que es ser libres y por eso los regímenes autoritarios ven a los estudiantes universitarios como enemigos”, concluyó.

 

Denuncian secuestro y asesinato de comerciante en Propatria

A Jonny González González, de 34 años de edad, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo sacaron de su casa en el sector La Perú, de Boquerón, en Propatria, el pasado lunes 19 de febrero de 2024, a las 11 de la mañana. Horas después, su cadáver fue ingresado al hospital Miguel Pérez Carreño, en La Yaguara.

Así lo denunciaron sus familiares, al día siguiente, el martes 20, en la morgue de Bello Monte.

“Ellos dicen que fue un enfrentamiento. Yo me pregunto: ¿Cuál enfrentamiento?, si se lo llevaron vivo de la casa… Lo secuestraron y después lo mataron», dijo a Monitor de Víctimas un familiar que prefirió mantenerse anónimo.

Jonny González, quien era comerciante y atendía una bodega en el sector, dejó huérfano a un niño de 6 años.

De acuerdo con la información que dieron los familiares, González estuvo preso seis años en las cárceles de El Rodeo y La Planta, por el delito de robo.

“Eso fue cuando tenía 19 años. Él estaba dedicado a su trabajo y a su hijo. No pueden seguir matando a la gente así”, expresó el familiar.

En 2023, Monitor de Víctimas registró 304 homicidios en el Área Metropolitana de Caracas; de esa cifra, 155 (51%) ocurrieron en el municipio Libertador. Y de los 304 muertos, 96 (31,58%) tuvieron como móviles las ejecuciones extrajudiciales (52) y resistencia a la autoridad (44). Y de los 155 homicidios en Libertador en 2023, 35 (23%) fueron atribuidos a la Policía Nacional Bolivariana.

Claves | Población LGBTIQ+ en centros de reclusión se encuentra a la deriva
Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones evidencia que la comunidad LGBTIQ+ que está detenida sufre de abandono y discriminación
El Estado no garantiza el respeto a los derechos humanos de esta comunidad en las cárceles 
No se proporciona atención médica y mucho menos tratamientos especializados para las personas trans, incluyendo los hormonales  

 

De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), para el primer semestre de 2023 en el país había una población reclusa superior a las 32 mil personas en sitios con una capacidad real instalada para 20.888, lo que representaba un hacinamiento de 154,15%.

Según el OVP, 69% de los centros de reclusión en Venezuela se encuentran en condiciones de hacinamiento

A este dato hay que agregar que no existen cifras oficiales en cuanto a la población LGBTIQ+ que permanece en los centros de reclusión.

A propósito de esta incógnita y el estado de indefensión en el que se encuentra este segmento, el OVP elaboró el informe Personas privadas de libertad LGBTIQ+: el derecho a la salud es una ficción en los centros penitenciarios de Venezuela.   

El director del OVP, Humberto Prado, indicó que la opacidad en torno a la cantidad de personas LGBTIQ+ en los centros de reclusión, dificulta la implementación de medidas adecuadas para su bienestar y garantía de derechos.

Prado aseveró que no hay personal capacitado para atender las demandas sanitarias, específicas de la gente que conforma este segmento de la sociedad.

“Todo este problema tiene su base en la falta de personal debidamente formado, lo cual no es imposible porque hay un mandato constitucional que establece que las personas que trabajan en las cárceles deben ser penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias”, dijo Prado.  

El activista de DDHH sostuvo que el objetivo del informe es exigir al Gobierno venezolano el cumplimiento de la posición de garante frente a toda persona que se encuentre bajo su custodia y el cese de las violaciones a los derechos humanos de los grupos vulnerables como el LGBTIQ+.

Prado indicó que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un informe donde expone que las personas LGBTI enfrentan un mayor riesgo de violencia sexual, otros actos de violencia y discriminación.

Por su parte, el OVP expuso en el 187 período de sesiones de la CIDH que Venezuela posee un sistema penitenciario colapsado por los elevados índices de hacinamiento, retardo procesal, violaciones al debido proceso, proliferación de enfermedades, falta de medicamentos, atención médica y alimentación inadecuada, una crisis de la que no escapa la población LGBTIQ+.

Estas son los principales puntos que plantea el informe:

-La situación de las personas LGBTIQ+ que se encuentran detenidas en Venezuela se agrava debido a la falta de legislación que reconozca el cambio de identidad para las personas trans.

 

-La homofobia y la transfobia se agudizan en contextos de privación de libertad debido al hacinamiento, la corrupción y el autogobierno de las cárceles.

 

-Las personas LGBTIQ+ enfrentan violencia física, verbal y psicológica, así como persecución por parte de autoridades y grupos sociales conservadores en las prisiones y centros de detención preventiva.

 

-No existen áreas establecidas por diferenciación de género para la comunidad LGTBIQ+ en los centros de reclusión, exponiendo a esta a situaciones de peligro.

 

-Las personas LGTBIQ+ son víctimas de esclavitud por parte de otros privados de libertad y de funcionarios de quienes reciben maltrato físico y psicológico, en muchos casos se les obliga a prostituirse y a sufrir abuso sexual.

 

-Las personas trans son ingresadas a los centros según lo que dice su cédula y no su identidad de género.

 

-Las mujeres trans están recluidas con hombres y son forzadas a realizar labores de limpieza como lavar la ropa de otros reclusos bajo amenaza de muerte o castigos.

 

-No hay una legislación que les garantice a la comunidad LGTBIQ+ detenida atención médica general, salud reproductiva, programas de educación, información referente a tratamientos hormonales y cuidado de la salud mental, pese a que el artículo 15 del Código Orgánico Penitenciario expresa el derecho a la salud de la persona privada de libertad.

 

-Las cárceles venezolanas no cuentan con personal médico ni espacios adecuados para la atención médica, en cada recinto hay entre 2 y 4 personas encargadas de la salud, lo cual no sirve para atender ni al 0,2 % de la población reclusa.

 

-Los traslados a los centros de salud, solo se realizan por decisión arbitraria de las autoridades penitenciarias.

 

-No hay programas de despistaje de atención primaria de salud, diagnóstico temprano y prevención del VIH, tuberculosis, cáncer y otras patologías.

 

-No se proporcionan tratamientos especializados a la población trans, incluyendo los hormonales.

 

-El personal carcelario no está capacitado para atender  a las personas con VIH, especialmente a las que forman parte de la comunidad LGQBTI+.

 

-Las prisiones se han convertido en espacios carentes de salubridad y con escasez o ausencia total de agua potable. Asimismo los reclusos no gozan de una alimentación adecuada.

 

-Las mujeres embarazadas en las cárceles venezolanas no reciben la atención médica adecuada durante el embarazo y el parto.

 

-Prevalece la inexistencia de canales de monitoreo, seguimiento y denuncia de posibles casos que pudieran afectar los derechos de las personas LGBTIQ+.

 

-Venezuela no cuenta con una política pública en materia de salud mental, se evidencia escasa información, desconocimiento y pocos mecanismos de protección al preso. No hay información oficial sobre registros de depresión, ansiedad, estrés post traumático, y otros trastornos del estado de ánimo que podrían afectar a la población reclusa.

 

Un deber del Gobierno en las prisiones 

El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa que el Estado tiene el deber de “Garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto de sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación”.

Ante el estado de indefensión en el que se encuentra la población LGBTIQ+ que permanece en centros de reclusión, el OVP alertó que es perentorio que dentro de las prisiones venezolanas se organicen sesiones de sensibilización y concienciación para el público general y para los profesionales que trabajan allí.

“El Estado venezolano debe atender la necesidad de fortalecer procesos de capacitación y sensibilización con enfoque de derechos humanos”, reza el informe.

Igualmente exigió capacitación y asesoramiento a funcionarios de prisiones, personal médico y psicológico y abogados en cuanto a los derechos de la población reclusa y las necesidades específicas de las personas LGBTIQ+.

Enfatizó que es importante establecer alianzas con organizaciones de derechos humanos, grupos LGBTIQ+ y otras entidades para evitar más opacidad y discriminación.

 

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