Francisco Zambrano, autor en Runrun

Francisco Zambrano

#MonitorDeVíctimas | Acusan a Cicpc de matar a menor de edad en Mesuca
Era obrero y no poseía antecedentes penales

@franzambranor / Fotografia Carlos Ramírez

 

De acuerdo a la versión de los familiares, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ingresaron de manera violenta a la residencia de Yeiker José Zerpa Rojas ubicada en la calle 37 del barrio Mesuca en Petare, municipio Sucre, y lo ajusticiaron.

Yeiker, de 17 años de edad, vivía con su mamá, pero aproximadamente a las 4:00 pm del pasado lunes 10 de diciembre se encontraba solo.

El padre de la víctima, quien no quiso dar su nombre, aseguró que Yeiker no poseía antecedentes penales ni había recibido amenazas de ningún tipo.

Yeiker era obrero en una construcción.

OVV: Políticas gubernamentales no generan cambios en relación a la violencia en Bolívar
Los municipios más violentos del país en el año 2018 fueron El Callao y Roscio

 

Hace unas semanas, el gobierno apuntó que los gobernadores de cada estado dispondrán “de inmediato” de los recursos provenientes de los yacimientos de oro ubicados al sur del estado Bolívar y destacó que quienes administren mejor los recursos recibirán como premio nuevas minas.

Pero lo qué no se especificó es ¿qué minas serían? ¿Cómo haría eso? Y mucho menos ¿qué haría con aquellas que son dirigidas por pranes? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Qué órgano se encargará de velar por la seguridad de los ciudadanos y de los mineros? Para nadie es un secreto que la mayoría de los yacimientos ubicados al sur del estado Bolívar son controlados por “sindicatos”, grupos armados que mantienen el control de dichas minas de oro.

Desde la implementación del Plan del Arco Minero, aún se desconoce cuántos mineros han sido censados y con cuántos yacimientos cuenta el proyecto, lo cual ha permitido que hechos de violencia ocurridos en la zona no puedan ser documentados oficialmente, como desapariciones y homicidios, de los cuales solo los más sonados, por tratarse de hechos dantescos, han ingresado a las cifras negras de la violencia.

El anuncio no ha generado cambios al sur del estado Bolívar. Por el contrario, el control sigue estando a manos de quienes lo ha estado hace más de 15 años: los grupos armados.

Iniciativas no exitosas                                                

La primera iniciativa fue propuesta por el gobierno nacional para legalizar la minería en el 2003, cuando plantearon el Plan Piar que perseguía incluir a los pequeños mineros en los cinco ejes contemplados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

En julio de 2004 este plan sufrió un cambio de nombre y pasó a denominarse Misión Piar “con el propósito de dignificar la calidad de vida de los pequeños mineros, fomentando el aprovechamiento racional y organizado de los recursos y apegados a la normativa ambiental”. La idea era incentivar otras fuentes de empleo como la agricultura y piscicultura.

Unos años después, en agosto de 2007, apareció el plan de la reconversión minera, que inició con el desalojo de los mineros en la cuenca del Caroní.

El cuarto intento de desalojo de extractores ilegales fue la expropiación de 21 estaciones de servicio y distribuidoras de combustible hace más de cinco años en El Callao, Sifontes, Roscio y Gran Sabana. El gobierno justificó el combate, junto con el Plan Caura, de la minería ilegal.

Y el más reciente es el Arco Minero, con el cual se busca implantar un modelo de “minería ecológica”, con respeto al ambiente, que permita superar la matriz mono productiva y generar una nueva fuente de ingresos para el país.

A raíz de las declaraciones del pasado 29 de octubre, los mineros artesanales del municipio el Callao cerraron la Troncal 10 en señal de protesta. Alegan que las fuerzas del Estado los echan de sus lugares de trabajo o les impiden la entrada. En Tumeremo también se reportan denuncias similares alegando, además, la escasez de combustible.

En el Observatorio Venezolano de Violencia del estado Bolívar (OVV Bolívar) hemos observado que en los múltiples planes relacionados con la minería legal e ilegal que impera en la entidad, las políticas de seguridad para frenar la violencia han sido infructuosas, siendo así, que los municipios más violentos del país en el año 2018 fueron El Callao y Roscio, todos relacionados con dicha actividad. La presencia de crimen organizado y grupos guerrilleros y de una violencia estructural en todo nivel, es un detonante del incremento de la violencia, principalmente de las tasas de homicidio, sin contar con las desapariciones forzadas que no son oficialmente declaradas.

En el 2019, las cifras de violencia no son alentadoras. Puede que la tasa de violencia haya disminuido pero no por reducción de la violencia, sino debido al acceso a la información, limitada por múltiples factores como la misma violencia en la zona, la disminución de medios de comunicación, transporte y algunas políticas de restricción a determinados lugares que impide conocer de hechos violentos acaecidos por disputas internas, ajuste de cuentas, control y dominio del sector.

Desde el OVV Bolívar hacemos un llamado a las autoridades involucradas para que medie el respeto y observancia a los Derechos Fundamentales en cada una de las acciones a emprender. Consideramos imperante que las implicaciones de las decisiones tomadas por el gobierno nacional sean socializadas con la ciudadanía, a fin que el desconocimiento no sea el detonante de conflictividad y desestabilización social.

Rusia queda fuera de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol
Los atletas rusos que prueben que no recurrieron al dopaje podrán competir con una bandera neutral

 

Rusia no será rival de nadie en los venideros Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ni tampoco en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) llegó a la conclusión que Rusia alteró información de los laboratorios de análisis por medio de implantación de evidencias falsas.

Además eliminó archivos que hubiesen permitido dar a conocer los casos de dopaje positivo.

Sin embargo, los atletas rusos que prueben que no recurrieron al dopaje podrán competir bajo una bandera neutral.

Pese a la prohición Rusia podrá competir en la Eurocopa de Fútbol 2020, en vista que este evento no está incluido en la sanción.

Además de estar clasificado a la Euro, la ciudad de San Petersburgo es una de las sedes de la competencia.

En 2015 se sancionó a Rusia con la suspensión de competiciones en pruebas atléticas y en 2018, 168 atletas rusos participaron en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang bajo una bandera neutral. Consiguieron un total de 33 medallas, de las cuales 13 fueron de oro.

La AMA dijo que la Rusia tiene 21 días para apelar la decisión. Si lo hace, el caso pasará al Tribunal de Arbitraje del Deporte.

 

 

 

La nueva cara del estigma del venezolano en Colombia
Venezolanos que viven en el vecino país son señalados como culpables de alteraciones al orden público
Aseguran que la culpa de esta estigmatización recae en gran parte en el pésimo manejo de la información por parte de algunos medios 
La Constitución colombiana permite a los inmigrantes protestar de manera pacífica

 

Según el artículo 37 de la Constitución de Colombia, la protesta es un derecho de todo aquel que habite en ese país. “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”, reza el mencionado artículo. 

Para Lucía Ramírez, miembro del centro de estudios jurídicos y sociales DeJusticia en Bogotá, los venezolanos que viven en Colombia también tienen derecho a la protesta, siempre y cuando lo hagan de manera pacífica.

“No existe una prohibición expresa en la ley para que los venezolanos no puedan protestar. La protesta es un derecho que está contemplado en la ley”, sostuvo Ramírez.

En el marco de las protestas que se efectúan en la capital colombiana contra el gobierno del presidente Iván Duque, la policía expulsó a 59 venezolanos por supuestamente participar en actos vandálicos el pasado 25 de noviembre. Los sujetos fueron subidos a un autobús esposados y llevados al aeropuerto militar de Catam a las afueras de Bogotá para ser deportados.

Entre la población colombiana corre el rumor de que son grupos de venezolanos quienes propician los disturbios. 

Durante las protestas la etiqueta #venezolanos y #venecos se hizo tendencia en Twitter. Además en grupos de WhatsApp corrió la información de que los responsables de los desmanes eran de nacionalidad venezolana.

 

En septiembre de 2019, el gobierno colombiano reportó que la cifra de migrantes venezolanos que viven en el país ya superó los 1,6 millones de personas, lo que corresponde al 3,4% de la población.

Lucía Ramírez dijo que ciertamente se está comenzando a propagar una corriente de estigmatización contra el venezolano inmigrante en Colombia. 

“Hay una responsabilidad importante de los medios que han visibilizado de manera inadecuada hechos que involucran a venezolanos. Como en cualquier lugar hay personas que comenten delitos y no se debe resaltar cuál es su nacionalidad. Las organizaciones hemos solicitado a ciertos medios que sean responsables a la hora de comunicar la forma como presentan los hechos porque estos pueden tener cierto impacto en la persona a la que le llega ese mensaje”, dijo Ramírez.

 

César Valderrama también es investigador de DeJusticia y en una entrevista transmitida por Radio Fe y Alegría dijo que la desinformación ha generado una ola de xenofobia contra los venezolanos en medio de las protestas en Colombia.

“Capturaron a un grupo y los acusaron de propiciar los disturbios y esto género sentimientos de xenofobia muy fuertes en Colombia. Eso es algo totalmente condenable”, dijo Valderrama.

Valderrama indicó que se violó el debido proceso porque no se le respetaron sus derechos humanos.

Lucía Ramírez sostuvo que a partir de informaciones no verificadas también se vinculó a personas venezolanas con los saqueos que se produjeron en varias ciudades de Colombia.

“Lo que está sucediendo es un problema de Colombia y los colombianos, pero si hay venezolanos inmersos en actividades contrarias a la ley Colombia tiene que judicializarlos y condenarlos”, dijo en unas declaraciones a la revista Semana el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Colombia, Gonzalo Oliveros.

“La legislación interna establece que si un extranjero está involucrado en situaciones que alteran el orden público, se le puede adelantar un proceso de deportación”, dijo Ramírez. 

Criminalidad no tiene nacionalidad 

La abogada Lucía Ramírez sostuvo que los índices de criminalidad en Colombia nada tienen que ver con una nacionalidad en particular.

“No tenemos pruebas que indiquen que sean un grupo de personas de un país en específico que esté delinquiendo más en Colombia. Las personas migrantes no delinquen más que los nacionales”, dijo la miembro de DeJusticia. 

Sostuvo que es incuestionable el impacto que ha tenido la migración venezolana en Colombia.

“Colombia era más bien un expulsor de población migrante. Hasta hace unos años era el país en la región que había expulsado más refugiados a otros países”, sostuvo Ramírez.

Ramírez dijo que Colombia no posee la infraestructura institucional para recibir a un gran número de migrantes. “Esto ha generado impacto en sectores como la salud y la educación. No contamos con una política migratoria integral que garantice la protección de los derechos de las personas migrantes de una manera amplia”, dijo la experta en derecho. 

La abogada sostuvo que la inmigración también tiene aspectos positivos que favorecen a la sociedad colombiana.

“Muchas de las personas que emigran son jóvenes que pueden incorporarse al sistema laboral”. 

#MonitorDeVíctimas | Decapitaron un hombre en la puerta de su casa
Estuvo preso dos años en la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de los Morros, estado Guárico

Francisco Zambrano @franzambranor / Fotografias Carlos Ramírez

Como Damián Sailin Zambrano Calzadilla fue identificado un hombre que fue decapitado la noche de este 2 de diciembre en el sector Metropolitana 1 del kilómetro 2 de la carretera Panamericana.

El cuerpo de Zambrano Calzadilla, de 29 años de edad, fue encontrado cerca de su residencia de acuerdo con lo dicho por su esposa, María Medina.

Medina dijo que desconoce por qué asesinaron de esa forma a su marido.

Según Medina, Zambrano Calzadilla era ayudante de albañilería, tenía cuatro hijos y estuvo preso dos años en la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de los Morros, estado Guárico.

De acuerdo con fuentes policiales, Zambrano Calzadilla pertenecía a la banda de “hueco loco”.

#MonitorDeVíctimas / Mujer degolló a su pareja en Baruta
Familiares desconocen el móvil del crimen, pero aseguran que la asesina fue capturada en Charallave

Francisco Zambrano @franzambranor / Fotografias Carlos Ramírez

Magaly Méndez todavía se pregunta por qué la pareja de José Alberto Aguilera Concepción, de 20 años de edad, lo degolló. Méndez es tía de Aguilera Concepción y esperaba en la morgue de Bello Monte a su hermano, el padre de José Alberto, para reclamar el cadáver. “Nosotros somos los únicos que quedamos en Venezuela”, dijo. 

Méndez dijo que no conocía a la pareja de su sobrino porque tenían poco tiempo juntos. Tampoco sabe detalles de dónde ocurrió el hecho específicamente, solo sabe que vivían en Baruta, estado Miranda.

José Alberto era oriundo de Irapa, estado Sucre, pero se vino a Caracas a trabajar con su padre como comerciante.

Según Méndez, la asesina de su sobrino fue capturada en Charallave, estado Miranda..

La mataron con un golpe en la cabeza 

Gregoriana La Cruz salió de su casa a hacer unas compras el pasado 9 de noviembre, cuando unos delincuentes la interceptaron en la calle Salón, de Baruta en el estado Miranda, y le propinaron un contundente golpe en la cabeza para quitarle la cartera.

La Cruz, de 67 años de edad, estuvo recluida en el hospital Pérez de León II hasta este lunes 18 de noviembre cuando falleció. 

La Cruz era ama de casa y tenía nueve hijos.

La dolarización de Maduro traerá más desigualdad, pero está oxigenando a su gobierno
Economistas consideran que el espaldarazo de Maduro al uso de dólares en Venezuela no tiene marcha atrás
Señalan que es una dolarización desorganizada y sin control que revela el fracaso económico del gobierno

@franzambranor

Nicolás Maduro, 2013: “Le vamos a torcer el brazo al dólar paralelo”. 

Nicolás Maduro, 2015: “Nos quieren imponer el dólar paralelo como instrumento de guerra”.

Nicolás Maduro, 2017: “El yuan, el euro, los yenes, las rupias servirán para liberar las amarras del dólar como moneda opresora”. 

Nicolás Maduro, 2018: “No sabe lo que dice, eso es algo inconstitucional”, cuando el entonces candidato Henri Falcón asomó la propuesta de dolarizar la economía en la campaña previa a las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018.

Nicolás Maduro, noviembre 2019: “Ese proceso que llaman dolarización puede servir para la recuperación. Gracias a Dios existe”.

Desde la creación de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) en 2003 por el fallecido presidente Hugo Chávez hasta la instalación de las mesas de cambio en mayo de 2019, el “gobierno revolucionario” ha intentado torcerle el brazo de manera infructuosa al dólar y ha alimentado una corriente de opinión que sataniza la moneda estadounidense. Hasta el pasado 18 de noviembre, cuando Maduro cambió el relato. 

En una entrevista con el periodista José Vicente Rangel en el canal Televen, Maduro dijo que no veía con malos ojos el empleo del dólar en Venezuela.

“Ese proceso que llaman dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía. Es una válvula de escape, gracias a Dios existe”, dijo. 

A juicio de tres economistas consultados por Runrun.es, la declaración de Maduro es un reconocimiento al fracaso de las políticas económicas aplicadas por el chavismo.

“Es una nueva confesión que todo lo hecho en materia económica en Venezuela ha sido un fracaso, por eso estamos en recesión desde hace siete años”, dijo el economista Luis Oliveros.

“Es algo producto del colapso hiperinflacionario por el que estamos atravesando. Es la manifestación más pura y simple del rechazo a la moneda nacional. Eso solo ocurre en economías destruidas”, añadió la economista Tamara Herrera.

“Que nuestro signo monetario haya perdido prácticamente su utilidad como moneda es el símbolo extremo del fracaso del modelo chavista. Tenemos el récord de ser el primer país petrolero que padece de hiperinflación”, dijo el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.

Podría ser una estrategia

Para los expertos, Maduro sabe que al permitir el libre flujo de la moneda estadounidense en el mercado le está concediendo oxígeno a la economía y probablemente también a su propio gobierno. 

Según Ecoanalítica, en octubre de 2019 el 54% de las transacciones en Venezuela se hicieron con una moneda diferente al bolívar.

“El gobierno seguirá permitiendo la circulación de la moneda porque le bajará presión a la situación interna, esconde una ventaja política para Maduro”, dijo Asdrúbal Oliveros.

“Pareciera que una posible salida a la crisis política es a muy largo plazo. Las sanciones económicas no van a generar el cambio que se requiere en Venezuela, entonces estamos yendo hacia un nuevo equilibrio. Hay una cierta estabilidad política y eso lleva al venezolano a hacer planes en el corto y mediano plazo para sobrevivir”, indicó Luis Oliveros.

La economista Tamara Herrera asomó que tal vez la intención del gobierno sea evitar un nuevo cono monetario.

 

“El gobierno está buscando la necesidad de eludir una nueva reconversión en la medida en que aumente el uso de otra moneda”, dijo.

 

A la par, Luis Oliveros sostuvo que la dolarización en Venezuela es un proceso contradictorio para el chavismo. “Maduro ve con buenos ojos el uso del dólar en una economía que se hace llamar antiimperialista. Hablan de independencia, pero estamos dejando de usar la moneda nacional y esta revolución que se hace llamar bolivariana entonces deja de usar el bolívar”.

Desigualdad social 

Para los economistas, la dolarización y el que Maduro haya avalado de alguna forma el empleo de la moneda estadounidense en Venezuela no es motivo de celebración.

“No es un buen síntoma, es el resultado de un pésimo desempeño. La dolarización desordenada es contraproducente y crea confusión en la población, hay aumentos de precios de manera desproporcionada”, dijo Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera.

De acuerdo a Luis Oliveros, la dolarización trae como consecuencia que la desigualdad social sea más grande.

“Los que no tengan ingresos en divisas como los empleados públicos y jubilados serán mucho más pobres de lo que ya eran antes”.

 

Asdrúbal Oliveros dijo que actualmente la dolarización en Venezuela es a nivel de transacciones y no plena porque el Estado y el sistema financiero siguen trabajando en bolívares. “Esto esconde una profunda desigualdad social, entre quienes tienen dólares y entre aquellos que no poseen, que son la mayoría”.

De acuerdo a Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, en Venezuela un 15% de la población tiene acceso a dólares y los genera y un 35% accede a la moneda americana en cantidades pequeñas.

“Hay una población que no va a emigrar o no tiene intenciones de hacerlo en el corto o mediano plazo y de alguna manera tiene que sobrevivir, bien sea devengando dólares o recibiendo remesas”, dijo Luis Oliveros.

A juicio de Luis Oliveros, el que una persona reciba dólares en Venezuela no es garantía de que viva de manera holgada. “La remesa promedio son 100 dólares y eso no garantiza un nivel de vida muy elevado”, dijo. 

“Por ejemplo, la persona que recibe remesas no es precisamente la que va a un bodegón a adquirir productos. Aunque hay una proliferación de esos establecimientos, el porcentaje de la población que accede a ellos es muy bajo y el de quienes van regularmente es más bajo aún”, agregó Luis Oliveros. 

No hay marcha atrás

A juicio de los economistas, esta nueva realidad económica que viven los venezolanos no tiene vuelta atrás mientras se mantengan las mismas políticas en materia cambiaria.

“La dolarización que está viviendo el país no va a cesar. En un país con una economía fuerte, sus habitantes no tienen la necesidad de ir a buscar refugio en otra moneda”, dijo Tamara Herrera.

“La gente no quiere seguir teniendo bolívares, la demanda de moneda interna se fue al piso porque eso ocurre en hiperinflaciones”, añadió Luis Oliveros.

Tamara Herrera dijo que el fenómeno actual es distinto a una dolarización ordenada. “Una dolarización planificada ofrece ventajas como la estabilización económica, se pone freno a la inflación y hay disciplina fiscal”.

Herrera sentenció que es insensato dolarizar los salarios sin una planificación. “Ganar en dólares es una forma de protegerse de la inflación, pero no se pueden estar ofreciendo salarios en dólares sin antes hacer el debido estudio, quienquiera que lo proponga es un irresponsable y un populista”.

Asdrúbal Oliveros indicó que mientras haya hiperinflación existirán precios y sueldos dolarizados. “La gente se refugia en una moneda dura que le dé estabilidad a sus ingresos, es algo normal en economías como la de Venezuela hoy en día”.

El Saime da un tiro de gracia a derechos a la identidad y al libre tránsito
Transparencia Venezuela ha recibido 60 denuncias durante 2019

 

En los últimos años obtener un pasaporte se ha convertido en una pesadilla para los venezolanos dada la escasez de material para elaborarlos, las múltiples debilidades del sistema automatizado y el establecimiento de procedimientos engorrosos e ineficientes. Como si esto no fuera suficiente, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) complicó más el trámite al incrementar en más de 3.500% las tasas que los ciudadanos deben cancelar para obtenerlo, dando así un tiro de gracia a derechos constitucionales como la identidad y el libre tránsito. 

Desde el 19 de noviembre el monto para hacerse con un pasaporte pasó de 160.000 bolívares a nada menos que 5.890.270 bolívares, mientras que el trámite de prórrogas – que las autoridades vienen emitiendo debido a la falta de insumos para atender la demanda- subió de 80.000 bolívares a 2.945.486 bolívares. Este es el tercer ajuste en 2019. 

Estos montos se traducen en el pago de US$ 203,44 por el documento nuevo y US$ 101,72 por la prórroga, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), lo cual convierte el pasaporte venezolano en el más costoso de la región, de acuerdo a una investigación realizada por Transparencia Venezuela.

En Colombia, por ejemplo, el precio del pasaporte ordinario es equivalente a US$ 48,22, en Chile US$ 113,67, en Perú US$ 29,21, en Panamá US$ 100,06, en Brasil US$ 61,28, en Uruguay US$ 88,72, en Ecuador US$ 70 en Bolivia US$ 81.05, en Paraguay 29,82 y en Guatemala US$ 50. En otros países los precios varían dependiendo de su vigencia y tiempo de entrega, como en México donde oscila entre US$ 31,52 y US$ 137,97, en Honduras entre US$ 20 y US$ 50 y en Argentina entre US$25,16 y US$ 200.  

En medio de la crisis humanitaria compleja que vive el país, donde el ingreso mínimo está calculado en menos de 10 dólares, el pasaporte- documento requerido por miles de venezolanos que deciden emigrar – es inalcanzable para la gran mayoría. 

Denuncias en incremento 

Desde 2016 los avances en materia de identificación alcanzados bajo el gobierno de Hugo Chávez se vinieron abajo debido a la incapacidad de las autoridades de mantener el sistema automatizado o adquirir, en países como Alemania, las tarjetas electrónicas para los pasaportes. Los venezolanos han tenido que someterse a horas de calvario en largas filas o recurrir a gestores y mafias dentro del propio Saime para conseguir ese documento, indispensable para viajar fuera del país. 

Ya son 60 las denuncias recibidas por Transparencia Venezuela durante 2019 sobre irregularidades en el Saime, en su mayoría por retrasos en la entrega del pasaporte o prórroga (20), fallas en el sistema (16) y corrupción de funcionarios (7).

En cuanto a las fallas en el sistema, Transparencia Venezuela ha recogido las siguientes irregularidades: falta de asignación de citas, inexistencia o eliminación del trámite, notificación de entrega de prórroga sin que se haya hecho efectiva, estancamiento en la fase de datos dactiloscópicos, impedimento para solicitar nuevas citas. También se observa que muchos ciudadanos están esperando por la entrega de su pasaporte desde 2017. Estas son situaciones que generan incertidumbre sobre el funcionamiento del sistema automatizado y la capacidad del Saime para la tramitación y entrega oportuna de pasaportes y prórrogas a la ciudadanía.

En el limbo 

La crisis de los pasaportes que viene sufriendo el país al menos desde hace un lustro implica una doble violación. Por un lado, se pone en entredicho el artículo 56 de la Constitución, que no solo establece que todos los venezolanos tienen derecho a la identidad, sino que obliga al Estado a suministrarles los documentos para comprobarla, entre ellos el pasaporte. 

Asimismo, se está vulnerando el ejercicio del artículo 50 de la Carta Magna, que establece que “toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias”. 

Un importante porcentaje de los millones de venezolanos que en los últimos años han dejado el país debido a la feroz crisis económica y política lo han hecho sin contar con los documentos vigentes, en particular el pasaporte, lo que los expone a situaciones de riesgo como caer en manos de redes criminales. Por ello países de la región como Colombia, Ecuador, Perú o los mismos Estados Unidos han aceptado los ya caducos o los que han sido renovados. 

En julio de 2019 el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en su condición de encargado de la Jefatura del Estado, emitió un decreto mediante el cual extendió por cinco años la vigencia de los pasaportes emitidos “sin que sea necesario ningún trámite adicional”. 

Pese a la flexibilidad mostrada por algunos gobiernos, la carencia de documentos hace más vulnerables a los venezolanos residentes en el exterior, porque los coloca en situación de indefensión al impedirles solicitar permisos de residencia o visas, trámites para los cuales es necesario tener documentos vigentes.