Francisco Zambrano, autor en Runrun

Francisco Zambrano

Los que no se rinden | Dale Letra: la protesta a través de la palabra 

“Hablar es un hilo que hay que anudar, una y otra vez” 

Herta Müller 

@franzambranor

En una de las concentraciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas durante 2017, una mujer con un megáfono en la mano gritaba “Dale letra al cambio”, mientras un grupo de personas portaba cada uno una letra que formaba la palabra “alto al fuego”.

Eran tiempos de represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, acción que dejó 158 muertos de acuerdo a la base de datos recopilada por Runrunes.  

Un mes después de que empezaron las protestas, a mediados de mayo de 2017, el movimiento Dale Letra tuvo su primera acción de calle en la capital venezolana y desde entonces ha acompañado a la ciudadanía en manifestaciones a favor de la recuperación de la democracia y los derechos ciudadanos.  

“Dale Letra surge del afecto, del intercambio de un grupo de amigos, de civiles que llevamos años conversando y padeciendo la crisis del país. Nos impulsó la idea de desmontar la absurda polarización en la que nos han sumergido para disminuirnos y enfrentarnos”, dijo Mariela Ramírez, activista del movimiento Dale Letra.

Ramírez sostuvo que ante el rechazo a la violencia y al enfrentamiento como vía para solucionar el conflicto venezolano, decidieron participar en las protestas con algo que les permitiera recuperar simbólicamente la palabra y convertirla en un instrumento de cambio. 

“De nuestras conversaciones y de la asistencia frecuente a las manifestaciones de calle surgió la necesidad de diseñar un canal de comunicación diferente. Con Dale Letra buscamos debilitar las intenciones del gobierno y de otros factores radicales que intentan transformar la protesta en un enfrentamiento entre hermanos venezolanos”, sostuvo Ramírez. 

De acuerdo con Ramírez, el contexto en Venezuela ha empeorado desde la creación de Dale Letra y el cierre de espacios democráticos se ha profundizado. “Somos testigos de la progresiva fragmentación social y la ausencia de la palabra como hilo y amalgama en la vida colectiva”. 

En Dale Letra, los integrantes trabajan en pro de la defensa de los derechos políticos y civiles. Lo hacen de manera voluntaria y hay desde abogados hasta críticos de arte, pasando por ingenieros, filósofos y arquitectos.

Letras amalgamadas 

Dale Letra no rema sola hacia un eventual mejor destino, posee relación con una serie de organizaciones que defienden los derechos fundamentales y hacen incidencia por la recuperación del Estado de derecho.

“Tenemos alianzas con diversas organizaciones sociales, entre ellas, la red Sinergia, Cepaz, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, entre otros”, indicó Ramírez. 

La organización funciona principalmente en Caracas, pero también se extiende a Lara, Aragua, Sucre, Mérida, Bolívar, Táchira y Nueva Esparta.

“Nos hemos planteado el reto de coadyuvar a la creación de una red de articulación ciudadana, para lo cual hemos propuesto la dinámica del diálogo nacional y social”, dijo Ramírez.

Dale Letra ayudó en la creación del Foro Cívico Nacional, una propuesta presentada el pasado 5 de febrero de 2021 para abogar por condiciones necesarias a fin de que en Venezuela pueda construirse un acuerdo democratico nacional.

Quienes quieran sumarse a Dale Letra pueden escribir al correo [email protected] y manifestar si desean intervenir en actividades de voluntariado de calle, diseño o redes sociales.

Los que no se rinden | Redhanz: unidos por los DDHH de Anzoátegui
15 organizaciones civiles conforman una alianza para velar por los derechos de los venezolanos 

En vista de que la emergencia humanitaria compleja ya estaba causando estragos, 15 organizaciones no gubernamentales del oriente venezolano optaron por unirse el pasado 10 de agosto de 2019 y formaron la Red de Organizaciones de Derechos Humanos del estado Anzoátegui (Redhanz).

De acuerdo con Alejandra Olivares, vocera de Redhanz y presidenta de la ONG Defensa en Acción, la iniciativa surgió en vista de la necesidad de trabajar mancomunadamente para luchar por los derechos humanos del venezolano.

“La inquietud que todos teníamos es que había muchas organizaciones valiosas en Anzoátegui, sin embargo no estábamos conectadas. Hoy en día hay más comunicación y es más fácil a la hora de elevar una exigencia”, dijo Olivares. 

Dentro de los objetivos de Redhanz está buscar, recibir y difundir conocimientos que sirvan para fortalecer la defensa de los derechos humanos, además de compartir experiencias y alianzas con organismos nacionales e internacionales. 

Desde 2017, Olivares preside Defensa en Acción, una ONG que atiende a personas detenidas y ofrece apoyo a víctimas en caso de torturas, tratos inhumanos y degradantes.

“Entendimos que la vulneración a los derechos humanos del venezolano tiene múltiples dimensiones, por ejemplo si tenemos un problema de agua eso va a repercutir en la salud y en ese sentido tenemos organizaciones que trabajan en pro del agua y la salud. La idea es potenciar la labor de todas las organizaciones”, sostuvo Olivares.

Redhanz está formada por: Defensa en Acción, Súmate, Caritas, Fenasopadres, Fundación La Tortuga, Sin Mordazas, Vidas, Democracia Emprendedora, Centro de Formación para la Democracia, Asociación Venezolana para la Hemofilia, Fundación pro Defensa para la Educación y la Niñez, Gente del Petróleo, Agua para Todos, Fundación Venezuela sin Barreras y Cátedra para la Paz.

“Tenemos organizaciones educativas, humanitarias, que trabajan los servicios públicos, de salud, formativa, electoral, de niños y adolescentes, ambientales, de libertad de expresión, cada una tiene su campo de trabajo, pero a la vez están compenetradas con las demás”, añadió Olivares. 

Olivares indicó que el hecho de trabajar en coalición ha rendido frutos. “En el pasado mes de diciembre fueron incautados unos medicamentos de la Asociación Venezolana para la Hemofilia en Clarines, estos pudieron recuperarse gracias al apoyo de todos y a las redes sociales”.

La vocera de Redhanz manifestó que la pandemia de la COVID-19 los puso en una encrucijada. “Pero eso nos impulsó a crear nuevas iniciativas, surgieron cosas interesantes como algunos forochats que hicimos con defensores de los derechos humanos como Marino Alvarado de Provea, Alí Daniels de Acceso a la Justicia y Cristian Correa del Centro Internacional de Justicia Transicional, concursos de dibujo infantil y un índice de escasez de medicina en el municipio Sotillo en alianza con Convite”.

Además de con Convite, Redhanz ha hecho alianzas con otras instituciones como con la Coalición Anticorrupción de Transparencia Venezuela y Caritas.

También patrocinaron un evento llamado “Música por medicinas” en noviembre de 2020, otro de nombre “Hagamos el Bien” con Caritas y llevaron donativos a la Casa de Cuidado José Gregorio Hernández y al Hospital Luis Razetti en Barcelona 

“Nos alejamos de lo que es la vinculación político-partidista, nuestro único propósito es realizar un trabajo en base a nuestras creencias que sea dirigido a la gente”. indicó Olivares. 

Más presencia en el sur 

De acuerdo con Olivares, el radio de acción de Redhanz comprende los municipios Juan Antonio Sotillo, Diego Bautista Urbaneja, Simón Bolívar y Guanta del estado Anzoátegui. 

Pero la intención de la red es comprender a la mayor parte del estado, especialmente municipios ubicados en el sur como el Independencia, Francisco de Miranda, José Gregorio Monagas y Simón Rodriguez. 

“Es un área que está bastante desasistida, el problema de la movilidad es serio y ese es un reto que tenemos. Salud, educación y servicio de agua son las principales flaquezas en el estado”, sostuvo Olivares.

Para Olivares, la capacitación y formación en el área de derechos humanos es fundamental y en ello se centraron en 2020.  “En este último año pudimos realizar ocho capacitaciones, sentimos que hay mucha necesidad de formación, hay mucho interés de las personas por aprender, hemos entendido que para hacer un buen trabajo de derechos humanos hay que capacitarse y aprender”.

Sentenció que aquellos que deseen tender la mano pueden escribir al correo electrónico [email protected] o a la cuenta en Instagram @redhanz.ve

“La defensa de los derechos humanos no es un trabajo solo de las organizaciones, no es momento de quedarse cruzados de brazos, aportar para tener soluciones es tarea de todos”, dijo.

#MonitorDeVíctimas | Acusan a funcionarios del Cicpc de arrollar a joven en el 23 de Enero
La víctima, de 19 años, falleció tres días después del hecho en el Hospital de Lídice. Sus parientes aseguraron que los funcionarios no le prestaron la ayuda debida

 

@Franzambranor

 

José David Suárez, de 19 años, se dedicaba a reciclar deshechos en el 23 de Enero. Clasificaba lo que consideraba útil y posteriormente lo vendía. La mañana del viernes 5 de febrero se encontraba hurgando en un container en la redoma del bloque 37 cuando fue embestido por un vehículo. Falleció tres días después en el Hospital de Lídice. 

Familiares de Suárez dijeron en la morgue de Bello Monte que el automóvil implicado en el hecho había sido una patrulla del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Según esta versión, los funcionarios a bordo del carro no le prestaron la debida atención a Suárez y tardaron en trasladarlo a un centro asistencial. Aseguraron que posteriormente desaparecieron.

Los parientes de la víctima esperan que se haga justicia. Afirmaron que lo ocurrido constituye un irrespeto a la vida y una negligencia de parte de las autoridades.

“Si lo hubiesen llevado a tiempo al hospital tal vez se hubiese salvado”, dijo una persona cercana al joven que no quiso ser identificada por miedo a represalias.  Suárez no tenía hijos y vivía con su madre en la carretera vieja Caracas – La Guaira. Era el menor de los varones de una familia de siete hermanos.

Los que no se rinden | Fundaveii: esperanza para pacientes con patologías digestivas
Desde 2017, la Fundación Voces de Enfermedades Ulcerosas Intestinales ayuda a alrededor de 7 mil personas  

Edith Hernández fue diagnosticada en 2005 con una rectocolitis ulcerosa, una enfermedad intestinal crónica que provoca la inflamación del tracto digestivo. 

En los primeros años de su enfermedad, Edith podía conseguir los medicamentos que debe tomar de por vida y además mantener una alimentación balanceada. 

Pero con la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2014, los medicamentos empezaron a escasear en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la canasta básica alimentaria se disparó a un precio estratosférico.  

Antes de que en Venezuela se declarase oficialmente una emergencia humanitaria compleja, Edith recogía la mesalazina y la azatioprina en la Farmacia de Alto Costo del Seguro Social en la urbanización caraqueña de Los Ruices.

Sin embargo, luego que en reiteradas oportunidades se marchara con las manos vacías, Edith optó por tomar medidas. Era su vida la que estaba corriendo riesgo por no someterse a un tratamiento a tiempo. 

Así fue como en 2017, decidió crear la Fundación Voces de Enfermedades Ulcerosas Intestinales (Fundaveii). Junto a un grupo de pacientes buscó las maneras de conseguir ayuda interna y extranjera para atender no solo esta patología, sino también todas las que tienen que ver con las vías digestivas. 

“La rectocolitis es una condición que se manifiesta con diarrea, cólico y fiebre. Es crónica y si no se toma un tratamiento adecuado puede conducir a un desenlace fatal”, dijo. 

Entre los objetivos de Fundaveii está procurar apoyo médico, nutricional, psicológico y legal en pos de obtener una mejor atención y apoyo familiar y social a las personas que padecen una enfermedad inflamatoria intestinal.

Además de procurar asistencia médica e integral, la labor de Fundaveii comprende ofrecer talleres, charlas, seminarios y congresos donde se exponga esta patología y la problemática de llevar un tratamiento adecuado en Venezuela. 

Para desarrollar esta dinámica, Edith se ha comprometido desde 2017 a intervenir en distintos espacios, incluidos los medios de comunicación, para visibilizar la tragedia del paciente venezolano.

Edith vive en Cúa, estado Miranda, pero suele pernoctar dos o tres días a la semana en casa de su hermana Xiomara en El Cementerio. El rol que le ha tocado ejercer en las manifestaciones de calle en la capital desde hace cuatro años la obliga a eso

En concordancia con otras organizaciones que luchan por optimizar la calidad de la salud en Venezuela, Edith tomó una ruta de lucha en la calle, que ni siquiera ha sido detenida por la pandemia del Covid-19. 

Comer sano es caro

Edith manifiesta que quienes poseen esta enfermedad no solo deben poseer dinero para adquirir los medicamentos que son costosos, sino que también están obligados a mantener una alimentación balanceada, lo que en la actualidad es casi imposible para alguien que como ella depende de una pensión.  

“La alimentación del paciente con rectocolitis ulcerosa tiene que ser sana, baja en grasas y en harinas. Muchos jugos naturales cocinados. Me mantengo comiendo arroz blanco, porque el pollo, ni la carne se pueden adquirir, mucho menos el pescado”.

La Fundación que preside Edith alberga a casi 7 mil personas, gente que se ha visto beneficiada por donaciones que hacen desde dentro y fuera de Venezuela. 

Edith afirma que a las personas con esta condición se les hace difícil mantener un empleo. “Hay que someterse a un tratamiento biológico parecido a la quimioterapia. Nos descompensamos, tenemos que pedir reposo y estar en cama, es la única forma de recuperarse”.

Por no tener capacidad de someterse a una dieta adecuada, Edith ha recaído en varias oportunidades. “Si como algo que no debo me da cólico, pero cómo hago dieta con la plata que me pagan, no puedo comprar nada. A veces a lo único que uno puede aferrarse es a la bolsa del Clap, que básicamente son puros carbohidratos”. 

Desde 2017, en su agenda han estado reuniones con representantes del gobierno, cartas al Ministerio de la Salud, marchas, concentraciones y “plantones” a las puertas de instituciones públicas. “Si la única manera de que nos paren es salir a la calle, entonces lo seguiremos haciendo. Le pido a Dios que esta situación se acomode porque si sigue así, ninguno de nosotros va a quedar para contarlo”.

Fundaveii no se encuentra sola en la cruzada por atender a sus 7 mil afiliados, para ello cuenta con el soporte de otras organizaciones como Acción Solidaria, Agarrense de las Manos, Venezolanos Sin Fronteras y Hermandad Asociación de Ayuda.

Para donativos, las personas pueden escribir a los correos electrónicos [email protected] e [email protected] o a través de los teléfonos (+58) 4141239895 y (+58) 4241769967.

82 toneladas de insumos contra la COVID-19 distribuyó la OPS en 2020
El informe de la Organización Panamericana de la Salud asegura que capacitó a más de 1.400 trabajadores para enfrentar la pandemia en Venezuela
El organismo internacional ayudó en el alistamiento de 23.762 camas en hospitales, clínicas, centros de diagnóstico integral y hoteles

@franzambranor

En su informe de 2020 sobre Venezuela, la OPS reconoce que los desafíos sanitarios son superiores a los del resto de los países de la región en vista de la “coyuntura humanitaria frágil, vulnerable y de conflicto”. 

Paolo Balladelli, representante de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud en Venezuela, sostuvo que los efectos del coronavirus tienen repercusión en aspectos estructurales como alimentación, educación y servicios básicos.

“La OPS y la OMS tuvieron que redoblar esfuerzos para dar respuesta a la Covid-19 en Venezuela. A pesar de la polarización se firmó un acuerdo en junio de 2020 entre el gobierno nacional y asesores de salud de la Asamblea Nacional para dotar a los centros hospitalarios y atender a la población. Este acuerdo puede ser una lección para que gobierno y oposición trabajen juntos en pro de la distribución de una vacuna. Se mantienen instaladas seis oficinas en Venezuela en los estados fronterizos de Táchira, Zulia, Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas”, dijo Balldelli.  

De acuerdo al documento, la OPS trazó tres objetivos en Venezuela a raíz de la crisis originada por la pandemia: reducir la transmisión, proteger la salud de los trabajadores y salvar vidas.

Estas fueron algunas de las cifras en torno a la Covid-19 que se desprenden del informe de la OPS sobre Venezuela: 

 

  • 20 toneladas de equipos de protección personal (EPP) fueron distribuidas en 31 centros de salud ubicados en Apure, Bolívar, Distrito Capital, Miranda, Táchira y Zulia durante el primer semestre de 2020.

 

  • 82 toneladas de EPP, además de medicamentos, insumos y material quirúrgico se entregaron durante 2020 en Apure, Guárico, Vargas, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Trujillo y Yaracuy gracias al acuerdo entre el gobierno nacional y la Asamblea Nacional.

 

  • Las 82 toneladas de EPP están distribuidas entre 1 millón de tapabocas, 1 millón de guantes quirúrgicos, 300 mil mascarillas N95, 400 mil batas de bioseguridad, 40 mil lentes protectores y 1,2 toneladas de mascarillas de oxigeno, canulas nasales y concentradores de oxigeno. 

 

  • La dotación beneficia a 30 mil trabajadores de 18 centros asistenciales para el tratamiento de unos 150 mil pacientes

 

  • 780 toneladas de equipos, insumos y medicamentos fueron movilizadas por la OPS en 2020, siendo entregadas a 88 hospitales en los 24 estados del país, 14 ambulatorios, 10 Áreas de Salud Integral Comunitarias (Asic), dependencias del Ministerio del Poder Popular para la Salud, programas regionales, direcciones de salud y ONG.

 

  • 1.000 pruebas diarias de Covid-19 pueden realizarse en el laboratorio regional de salud pública “Doctor Félix Pifano” en el estado Yaracuy, inaugurado en septiembre de 2020 con el apoyo de la OPS. El recinto no solo permite atender a personas de ese estado sino también a gente de Lara, Portuguesa, Cojedes, Carabobo y Falcón. Asimismo, expertos de la OPS brindaron orientación a personal del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”. Además de asesoría técnica, la cooperación de la OPS incluyó capacitación de personal, dotación de equipos de protección personal, cabinas de bioseguridad, estaciones de PCR, insumos para el laboratorio y equipos de informática.

 

  • 11 mil camas en hospitales públicos, 4.003 camas para pacientes aislados en centros de diagnóstico integral (CDI), 4.759 en clínicas y 4.000 en hoteles fueron alistadas en colaboracion con la OPS.

 

  • 1.400 trabajadores fueron capacitados en manejo de equipos biomédicos, soporte vital básico y avanzado, atención a pacientes críticos, emergencias cardiovasculares, electrocardiografía, prevención y control de infecciones. 

 

  • 99 trabajadores fueron entrenados para apoyo psicosocial y asistencia en salud mental, entrega de insumos de oficina, computadoras e impresoras en 22 hospitales.

 

  • 66,7% es el alcance nacional de las oficinas de la OPS ubicadas en los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Bolívar, Amazonas, y Delta Amacuro.

No solo Covid-19 padece la gente

Atendiendo otras patologías en Venezuela, la OPS destacó en su informe que entre julio de 2019 y marzo de 2020 se desplegaron más de 25 mil vacunadores a fin de controlar brotes de sarampión y difteria. 

La OPS coordinó la dotación de 4,7 millones de dosis antiamarílica en mayo de 2020, seguidas de 2,5 millones de dosis de vacuna antipoliomielítica oral en junio de 2020.

De acuerdo al documento, entre 2018 y 2020 la morbilidad por difteria disminuyó en 97% y la mortalidad en 99%.

También expusieron que se logró la reducción del 59,3% de la transmisión de la malaria en 2020 y el 60% de la muertes maternas por esa enfermedad en los estados Bolívar, Anzoátegui, Zulia y Sucre.

Se implementó el plan anticoncepción en 32 hospitales de 17 estados que beneficiaron a 1.200 profesionales de la salud.

En colaboración con Unicef y Onusida se dotaron de esquemas de tratamiento para 38 mil pacientes con VIH en Venezuela 

Según el informe, en el mes de julio de 2020, la OPS facilitó la donación de 6 mil dosis de vacunas antirrábicas humanas.

Mientras que entre octubre y noviembre del año pasado, Venezuela recibió cerca de 400 mil dosis de insulina

Además se enviaron 700 kilogramos de insumos para la atencion de pacientes quemados por la explosion de bombonas de gas en el estado Monagas el pasado 28 de diciembre de 2020.

Salario justo para una atención digna en los hospitales
Trabajadores de la salud marcharán este miércoles 10 de febrero desde el Hospital J.M. de los Ríos hasta la Defensoría del Pueblo
Exigen homologación de salarios, dotación de insumos y mejora en los servicios públicos 

@franzambranor

Otra protesta más del gremio de salud para reclamar derechos fundamentales del trabajador. Este miércoles 10 de febrero, médicos, enfermeros y demás personal sanitario marcharán desde el Hospital J.M. de los Ríos hacia la Defensoría del Pueblo en Caracas.

Durante 2020, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 9.633 protestas. De esa cantidad 8.193 fueron por reivindicaciones laborales, mejora de servicios básicos, acceso a la salud, alimentación y rechazo a la escasez de gasolina.

La cuarentena ordenada por el gobierno a raíz de la pandemia del Covid-19 no fue impedimento para las demostraciones de descontento social. 81% de las protestas (7.789) se produjeron entre el 13 de marzo y el 31 de diciembre de 2020.

De acuerdo al trabajo de la Alianza Rebelde Investiga, La Crisis de los Hospitales no es un caso importado, publicado por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, para en junio de 2020 había 162 enfermeras disponibles en 47 hospitales centinela o señalados por el gobierno de Maduro para atender a pacientes con coronavirus. Se estima que en septiembre de 2019, 30 mil médicos agremiados a la Federación Médica Venezolana emigraron, 53% de ellos correspondientes a centros asistenciales públicos.  

La paz del salario digno

“Fetrasalud, la Intergremial de Trabajadores de la Salud, la Federación Nacional de Bioanalistas, Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Caracas, Medicos Unidos de Venezuela y el Colegio de Enfermeras hemos convocado una movilización y la hemos denominado Encuentro por la Paz”, dijo Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud.

Zambrano sostuvo que nombraron a la marcha así por el carácter pacifico que tendrá. “Paz significa un salario digno, jubilaciones y pensiones dignas, alimentación para el pueblo, tener derecho a la salud y a la vida, a no ser criminalizado por ejercer el derecho a la protesta”.

El miembro de Fetrasalud anunció que llevarán a cabo protestas en todas las fechas emblemáticas como el Día de la Mujer, del Bioanalista, del Médico, entre otras. 

El dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, expresó a través de sus redes sociales que seguirán alzando la voz en contra de las injusticias. 

“Nos hemos ayudado entre nosotros para seguir adelante y superar un año que nos ha marcado. Aquí seguimos, dando la cara por el sector salud, por nuestros trabajadores y los pacientes. Estar en paz significa tener un salario digno, que podamos mantener a nuestras familias y vivir en paz. El llamado es a perseverar”, escribió en Twitter. 

Este martes 9, el Colegio de Enfermeras entregó un comunicado a la Defensoría del Pueblo, exigiendo entre otras cosas, mejoras salariales. 

“Hacemos responsable al Estado venezolano de lo que pase en materia de salud. Una estrategia que vamos a ejercer con estas manifestaciones es la visibilización del trabajo de la enfermera en el esquema de salud”, dijo Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital.

No paga ni el pasaje

Pablo Zambrano manifestó que los trabajadores de la salud han puesto el reclamo por un salario digno en primera fila porque la administración de Nicolás Maduro no ofrece respuestas al respecto.

“El gobierno acabó con el salario de los trabajadores. El ingreso de un empleado público es de 1 millón 200 mil bolívares, la gente va a trabajar gratis. La política económica del gobierno es devastadora, ha hundido en la miseria a la clase trabajadora”, sostuvo. 

De acuerdo a la Oficina Nacional de Planificación y Presupuesto, desde el 1 de noviembre el salario mínimo es de 1 millón 200 bolívares. El tope de un empleado público (Universitario Nivel III) es de 3 millones 648 mil bolívares, mientras que el sueldo de un profesor universitario oscila entre 2 millones 736 mil y 3 millones 648 mil bolívares. Al salario básico se le agrega el bono de alimentación de 1 millón 200 mil bolívares. 

“Estamos en el umbral de la pobreza, con un sueldo mínimo que ronda los 0,80 centavos de dólar. Lo que devengamos no nos permite siquiera pagar el transporte público”, dijo Contreras. 

La presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital sentenció que en agosto de 2019 presentaron ante la vicepresidencia de la República una propuesta salarial de 600 dólares mensuales, tomando en cuenta el costo de la canasta básica, que de acuerdo al Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) en diciembre de 2020 estaba por el orden de los $276. 

“El gobierno se ufana en decir que se han dado 53 aumentos salariales, pero ninguno toma en cuenta la Canasta Básica como lo ordena el artículo 91 de la Constitución”, señaló Contreras. 

La enfermera y estudiante de derecho Mabel Castillo sostuvo que ya escapa de las manos de los profesionales de la salud el poder atender de manera acorde a los pacientes. “La moneda nacional para nosotros es simplemente un símbolo, la moneda que realmente circula y el gobierno lo permite es la divisa. El sueldo promedio de un enfermero está entre los 3 y 4 dólares y todos sabemos que eso no alcanza. Un profesional bien pagado y motivado no abandona su puesto de trabajo”.

Zambrano aseveró que ante la ineficacia de la administración pública, el propio trabajador de la salud ha tenido que procurar su dotación para protegerse de la Covid-19.

“Hemos tenido que fabricar y comprar tapabocas y demás equipos de seguridad”, indicó. 

El dirigente aseveró que los recintos hospitalarios sufren cada día los embates de la crisis de los servicios públicos. “Es muy difícil conseguir un baño funcionando en un centro de salud. El problema del agua azota a los hospitales y dependen de cisternas”. 

Entendimiento para soluciones concretas

Para el secretario ejecutivo de Fetrasalud, una salida a esta problemática pasa por un cese de hostilidades entre gobierno y oposición. “Nosotros no creemos en la confrontación. Nos hemos salido de ese esquema. Si hubiese un acuerdo entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro, los recursos que están fuera de Venezuela pudiesen retornar al país y parte de eso podría ser usado para elevar el sueldo de los trabajadores”.

Zambrano aseguró que la ayuda humanitaria proveniente del extranjero de la que hacen alarde tanto gobierno como oposición, no ha llegado a la mayoría de los hospitales del país.  

Contreras sostuvo que es menester evitar la fuga de talentos en el área de la salud como consecuencia de los paupérrimos salarios. “Cada día se incrementa el número de renuncias. Más de 60% del personal de enfermería se ha ido, el Hospital Vargas pasó de tener 1.500 enfermeras a 350, el Luis Razzeti pasó de 800 a 180 y el Hospital de Niños de 1.600 a 446. Algunas no se van del país, sino que migran hacia otros emprendimientos que le reportan mayor beneficio económico. Cuando baja el número de enfermeras en un hospital, sube entre 2 y 3% el riesgo de muerte en los pacientes”.

Zambrano informó que están invitando para la marcha de este miércoles 10 a otros sectores laborales, como el de la educación. 

“Este en efecto es otro pliego más que vamos a presentar ante el gobierno, la gente me pregunta por qué seguimos acudiendo a esas instancias si no nos prestan atención, pero no vamos a desfallecer en el intento porque consideramos que es lo apropiado, no nos vamos a dejar a vencer. Tiene que llegar el momento en que los trabajadores y el pueblo venezolano entiendan que debemos juntarnos para buscar soluciones concretas”.

“Para poder salvar vidas, tenemos que tener calidad de vida”, sostuvo Contreras. 

La odisea burocrática de solicitar un documento en Venezuela
La desinformación reina en las oficinas públicas a la hora de llevar a cabo un trámite 
El coronavirus dinamitó el ya frágil sistema de atención al usuario 

@franzambranor

Hacer cualquier trámite en una oficina gubernamental se ha convertido en un calvario. La falta de personal, desidia, desinterés, problemas de movilidad y la poca claridad de los horarios de trabajo en vista de la cuarentena por el coronavirus conspiran contra el venezolano.

Para aspirar a ser atendido, ya es costumbre llegar de madrugada a las instituciones cuando se debe hacer una diligencia en una entidad pública. Exponerse a ser víctima de un asalto es lo que queda a quien está desesperado por obtener un documento. 

No hay clemencia para ancianos, niños y enfermos que deben hacer inmensas colas muchas veces de pie y a la intemperie frente a organismos de Estado. 

Por si fuera poco, el desesperado usuario ahora corre el riesgo de infectarse de Covid-19 en concentraciones y espacios que no cumplen con el recomendado distanciamiento social. 

La tenue información de la reapertura de algunas oficinas públicas luego de que fueran cerradas a partir de marzo de 2020 también mantiene en el limbo a las personas, aunado a la escasez de funcionarios atendiendo en los despachos.  

La irregularidad en el suministro de gasolina, la falta de unidades de transporte colectivo y la frecuencia operativa incierta del Metro de Caracas igualmente perjudican a quien desee entrar en las fauces de un ente ministerial. 

Morir es cuestión de impuestos

Javier* ya perdió la cuenta de las veces que ha ido a la sede del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en Plaza Venezuela en Caracas a hacer una declaración sucesoral. Luego de que su esposa muriera a finales de 2019, Javier tuvo que reponerse al luto y empezar a juntar la serie de documentos que exigen para que los bienes que tenía en común con su cónyuge, queden a nombre de él y de su pequeña hija.  

Javier se ha tenido que enfrentar a un maremagnum de planillas, fotocopias, documentos y trámites que le han hecho imposible llevar a cabo la declaración. “En un época cuando ya tenía todo junto me decían que no había sistema y perdía mi día, luego vino la cuarentena por la COVID-19 y todo estuvo paralizado”.

Y no es que Javier pueda ir en cualquier fecha a entregar los recaudos, por el final de su número de cédula le toca un día específico de la semana y regularmente consigue un grueso de personas haciendo cola. En las semanas calificadas como radicales por el gobierno de Nicolás Maduro, Javier ha conseguido apenas a un funcionario atendiendo a los contribuyentes. “Espero salir un día de esto, de verdad no se lo deseo a nadie”.

Javier todavía no sabe si deberá pagar una multa ante el Seniat, porque de acuerdo el artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el contribuyente tiene hasta 180 días hábiles después del fallecimiento del familiar para presentar la declaración. “Espero que tengan un poco de conciencia y recuerden todo el tiempo que perdimos por la cuarentena y el que pasaron sin sistema, pero si no se si es mucho pedir”. 

El viacrucis del pasaporte

La expedición o renovación del pasaporte es la reina de los trámites indeseables en Venezuela, desde marzo de 2020 la oficinas del Servicio Administrativo de Identificacion, Migracion y Extranjeria (Saime) cerraron sus puertas y no fue sino hasta noviembre que abrieron para efectuar operativos de cedulación en vista de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre.   

Ingresar a la página del Saime y llevar a cabo el proceso ya es un suplicio. En febrero del año de 2020, Jorge comenzó a hacer la diligencia para renovarle el pasaporte a sus dos hijas, primero lo hacía en horario de oficina, pero al percatarse que la página web del organismo no respondía, sumado a la señal intermitente de internet en su casa, optó por hacerlo de madrugada. Tras varios intentos consiguió pagar el equivalente en bolívares a 200 dólares, a razón de $100 por cada documento y posterior a eso comenzó el karma de la espera sin respuesta. “Me cansé de llamar a los teléfonos que salen allí, escribir correos, preguntar a conocidos y no obtuve respuesta alguna, fue desesperante, pensé que había perdido mi dinero”, dijo Jorge.

Recientemente, el Saime anunció que el precio para emitir un pasaporte nuevo es de 3,35 petros, lo que significa un aproximado de $180 de acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, mientras que la renovación cuesta 1,67 petros o algo similar a $90.

“El valor del pasaporte está anclado a la criptomoneda petro y cuando fluctúa se modifica el precio, algunas veces se puede pagar menos, todo depende”, dijo el presidente del Saime, Gustavo Vizcaíno en una entrevista por televisión. 

No fue sino hasta finales de 2020, cuando Vizcaíno dio unas declaraciones llamando a la calma a todos los que habían hecho solicitudes, que Jorge tuvo cierto alivio. Y fue cierto y no completo porque se dirigió a la oficina donde supuestamente le entregarían los documentos y estaba cerrada. 

Fue después de varios intentos que Jorge consiguió actividad en la sede durante la semana de flexibilización. Luego de esperar toda una mañana en una larga fila, a Jorge finalmente le colocaron las calcomanías con las respectivas prórrogas en los pasaportes de sus hijas. 

Vizcaíno sostuvo que pese a la crisis generada por la Covid-19, durante la pandemia el Saime entregó 35 mil pasaportes y 180 mil prórrogas. 

Cedulación sin distanciamiento

Desde el 25 de enero, el Saime comenzó jornadas para cedular a los niños, operativos que estaban suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 por la cuarentena.  

De acuerdo a Vizcaíno, las jornadas son exclusivamente para menores de edad y se llevarán a cabo tanto en semanas flexibles como radicales en horas de la mañana.

El único requisito para emitir una cédula de identidad es la partida de nacimiento que a algunos les dijeron que debía estar vigente, tesis que desmintieron los propios voceros del Saime.

En las primeras de cambio, los operativos se efectuarán en 90 oficinas a nivel nacional hasta el 26 de marzo de 2021. 

A través de las redes sociales, varios usuarios se quejaron de largas colas en las sedes del Saime en el área metropolitana de Caracas, así como en la provincia.

El mismo día de inicio del operativo, padres que llevaron a sus hijos a cedularse denunciaron que a pesar de haber llegado de madrugada no habían sido atendidos, además advirtieron sobre aglomeración de personas e irrespeto a la normativa de distanciamiento social. Incluso manifestaron que algunas oficinas ni siquiera abrieron.

 

 

Licencia express, pero sistema lento

Según el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre ya no es necesario acudir a las sedes físicas para obtener la licencia de conducir, el trámite puede hacerse por internet y una vez completado los pasos el documento será enviado por correo electrónico para su posterior impresión y plastificación. A raíz de la pandemia, desde el 4 de mayo de 2020 los usuarios cuentan con este nuevo servicio.

Ahora los conductores deben apelar a un papel impreso por ellos mismos a la hora de ser detenidos por una alcabala policial en la calle. Los tiempos del carnet quedaron atrás. 

Al igual que el pasaporte, el precio de la licencia de conducir está anclado al petro. Una licencia de segundo grado tiene un costo de 0,04 petros, la de tercer grado equivale a 0,08, la de cuarto 0,13 y la de quinto 0,16. 

Algunos usuarios han expresado por medio de las redes sociales que el trámite es relativamente rápido y nada traumático, otros se quejan de la lentitud del sistema en el país que ocupa el segundo lugar en cuanto a la velocidad de internet con 7,48 megabytes por segundo, detrás de Afganistán (6,67 mps), según el informe digital 2021 de la empresa Hootsuite. 

En septiembre de 2020, el INTT empezó a atender a personas de manera presencial en semanas de flexibilización y respetando las normas de bioseguridad. 

Por si acaso hay que salir

En febrero de 2020, un mes antes de que fuese decretada la cuarentena en Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) pusieron a disposición de los venezolanos un servicio on line para apostillar y legalizar documentos, dirigido especialmente a aquellos que están fuera del país. 

No fue sino hasta finales de julio de 2020 que empezaron a recibir de manera presencial a algunas personas para apostillas o legalizaciones. “Los registros y notarías tuvieron mucho tiempo con las oficinas cerradas, ahora las están abriendo lentamente, pero es tanta la demanda que no se dan abasto”, dijo un usuario que no quiso ser identificado. 

Al igual que el pasaporte y la licencia de conducir, los trámites de legalización y apostillas están anclados al petro, lo que significa que para efectuar un trámite en una dependencia pública en Venezuela no solo hace falta paciencia, sino también dinero.   

 

*nombre cambiado a petición del entrevistado

#MonitorDeVíctimas | Secuestran a un hombre, lo matan y huyen en su auto con su cadáver adentro
El señalado homicida resultó herido en un intercambio de disparos con la policía. Se encuentra bajo custodia en un hospital.

@franzambranor

De múltiples puñaladas falleció Yorbi José Guerrero Sojo, de 39 años de edad, quien fue asesinado dentro su vehículo, un Mazda. Según las primeras versiones, el supuesto responsable del crimen secuestró al hombre, lo mató y huyó en el referido carro con el cadáver adentro.

El crimen ocurrió la noche del pasado 2 de febrero y al parecer el hecho inició en el estacionamiento del bloque 4 de la urbanización Simón Rodríguez, en Pinto Salinas, al oeste de Caracas.

El nombre del supuesto homicida que figura en la respectiva minuta policial se corresponde con las siglas M.A.P.I. Se supo que el sospechoso se topó con una comisión de la Policía Nacional Bolivariana que le dio voz de alto, pero este hizo caso omiso. Fue entonces cuando se produjo un intercambio de disparos y resultó herido.

El señalado victimario, de 19 años de edad, fue trasladado de inmediato al Hospital José María Vargas, donde se encuentra bajo custodia de funcionarios policiales.

 

Andreina Rodríguez, hermana de la víctima, informó en la morgue de Bello Monte que desconoce qué hacía su familiar en el referido estacionamiento, debido a que no vivía allí. El hoy occiso era de profesión odontólogo.

La mujer Informó además que en diciembre del año pasado Guerrero había recibido amenazas de desconocidos que pretendían robarle el carro. El hombre no tenía hijos y trabajaba en una clínica odontológica en La Florida.

Rodríguez solicitó la colaboración de las autoridades para recuperar el vehículo en el que mataron a su hermano. Argumentó que es el único bien material que posee la familia.

Lo mataron en una bodega en la avenida Victoria

Ese mismo 2 de febrero fue asesinado de cuatro disparos Douglas Alberto Vargas, de 45 años. El crimen ocurrió aproximadamente a las 7:00 de la noche.

El hombre estaba en la bodega que regentaba en la planta baja del urbanismo Gran Misión Vivienda en la avenida Victoria, en Caracas, cuando un hombre entró y le disparó.

Allegados a la víctima aseguraron que el victimario se bajó de una moto, la misma en la que huyó luego de accionar su arma de fuego. También comentaron que Vargas, que deja dos hijos mayores, había tenido una fuerte discusión con un hombre el pasado 1° de enero. Se preguntan si este pleito guarda relación con el homicidio.