Francisco Zambrano, autor en Runrun

Francisco Zambrano

Los que no se rinden | La violencia de género es otra pandemia
El Observatorio Venezolano de Violencia registró 186 casos en el primer trimestre de 2021 
De acuerdo a  la ONG, el encierro potencia eventuales conductas inapropiadas 
La cuarentena trajo consigo nuevas modalidades de delitos como los robos y hurtos a residencias

@franzambranor

La violencia de género se incrementó de forma exponencial durante los primeros doce meses de la pandemia de acuerdo a cifras recabadas por el Observatorio Venezolano de la Violencia.

Durante el primer trimestre de 2021, los delitos contra la mujer pasaron de 45 en el mes de enero, a 67 en febrero y 74 en marzo. Para el primer semestre de 2020, el OVV registró un promedio de 13 casos al mes, mientras que para el segundo la cifra se elevó a 24. 

El OVV informó que el año pasado los estados donde se contabilizaron mayor número de casos de violencia de género fueron Aragua, Bolívar, Distrito Capital, Lara, Mérida, Monagas, Táchira y Zulia, mientras que en 2021 continuaron con esta línea ascendente Distrito Capital, Mérida, Zulia, Lara y Monagas y se sumaron Carabobo, Amazonas y Portuguesa.  

En el primer trimestre de 2021, 14% de la violencia registrada en el Observatorio de Lara fue de género. 

“Todo indica que en muchos casos el confinamiento sí tiene que ver con esa propensión aludida. Al hombre le ha tocado pasar mucho más tiempo en el hogar con su familia, donde en algunos casos y por diversas razones, esta situación ha tenido un carácter permanente”, dijo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia. 

Para el experto en materia criminalística, el problema no es el hecho de que el hombre pase más tiempo en casa “encerrado” con su familia, sino que si existen conductas inapropiadas recurrentes o antecedentes de actos violentos en la mayoría de los casos contra su pareja.   

El escenario se complica aún más si entra en juego el consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol o estupefacientes, factores que con frecuencia están presentes en innumerables casos de violencia de género. En otras palabras, el encierro aumenta la tensión y entonces el hogar se convierte en un lugar no seguro para las mujeres cuando se encuentran confinadas con sus agresores”, sostuvo Briceño León. 

Para Briceño León no solo la pandemia potencia el flagelo de la violencia de género, la crisis humanitaria compleja por la que atraviesa Venezuela contribuye a un ambiente hostil. Por ejemplo, la carencia de recursos económicos o la de alimentos en el hogar, la propia competencia por la poca disponibilidad de alimentos puede ocasionar conflictos cuando no hay nada que comer”.

Asimismo la situación de los servicios públicos acentúa la impotencia e irritabilidad en los hogares. Sobre todo el de la electricidad o el gas doméstico, eso también genera fuertes presiones sobre los miembros familiares; y ni hablar de la disponibilidad de gasolina o gasoil para poder movilizarse, bien sea por medio de vehículo particular o en transporte público. Hay miedo, frustración, intolerancia, irritabilidad, preocupación, angustia, entre muchos otros, y si no se logran manejar bien entre todos, entonces el ambiente familiar podría tornarse agresivo o violento, principalmente en familias donde exista violencia de género”. 

Briceño León denunció que esta realidad no ha sido atendida correctamente por el Estado. Durante la pandemia han sido frecuentes los casos de mujeres que denunciaron a agresores ante las instituciones competentes y no hubo respuestas sino cuando el asesinato ocurre”. 

OVV: Venezuela ha sido azotada por dos epidemias, la Covid-19 y la violencia

Hogares son los nuevos blancos

De acuerdo al OVV, la cuarentena a raíz del coronavirus trajo consigo nuevas modalidades de delitos como los robos y hurtos a residencias.

“No solo en Venezuela sino en el mundo. Las familias pasaron a ser víctimas con mayor frecuencia del hurto de comida, tanques de agua, bombonas, entre otras cosas en sus viviendas. Algunos de los mecanismos de organización de las pandillas en el barrio cambiaron, ahora el delincuente aumentó sus acciones delictivas en su propia zona de residencia”, dijo Briceño León.

El director del OVV también señaló que la violencia policial no fue la excepción. Con la excusa de mantener confinada a la población se han cometido diversas violaciones a los derechos humanos. Durante 2020 los cuerpos policiales asesinaron a más personas que el propio crimen organizado”. 

Briceño León indicó que después de la masacre de La Vega en enero de 2021, donde las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes) mataron a 23 personas, ha habido una desaceleración en las acciones de este grupo. 

De acuerdo al director del OVV, las Faes han tenido un impacto considerable en los grupos delincuenciales que a su vez han tenido que mutar en su forma de operar. Actúan más sobre los individuos aislados porque el crimen organizado tiene unas vinculaciones que hacen mucho más compleja la actuación de las Faes frente a ellos por los costos que pueden tener, por las vinculaciones que pueden tener esos grupos con funcionarios u otros grupos de poder”. 

Por otro lado, aseveró que el gobierno ha renombrado a otros grupos policiales con el propósito de llevar a cabo las mismas acciones que las Faes y diluir la responsabilidad de esta. “Para lavar un poco el rostro de las Faes ante las acusaciones y las exigencias que los organismos internacionales han formulado”.  

Briceño León manifestó que las cifras de homicidio han disminuido, especialmente durante la pandemia, pero aún siguen siendo altas. Yo diría que el descenso fundamental tiene que ver con una disminución de las oportunidades del crimen y con una reorganización que los delincuentes han hecho alrededor de esa nueva situación en la cual los grupos de crimen organizado, que tienen una administración de la violencia mejor, más racional, son los que se han impuesto, y las pequeñas bandas, los grupos pequeños, los delincuentes individuales, pues han disminuido porque no tienen dónde actuar o, porque dada la situación, han tenido que, inclusive, irse del país”.        

Monagas y Guárico destacan 

Según el OVV, los estados Monagas y Guárico han tenido repuntes de violencia durante la pandemia. En 2020, en el estado Monagas se reportaron  49 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, mientras que en Guárico la tasa fue de 48, ambas entidades se ubicaron en el sexto y séptimo puesto del ranking de estimación nacional elaborado por la organización. Entre los estados que han subido en la escala le siguen Carabobo (13), Trujillo (14), Nueva Esparta (20), Falcón (22) y Amazonas ( 24). 

En Monagas, lo mas frecuente son los homicidios intencionales e intentos de asesinato. Los móviles son ajuste de cuentas, venganza, sicariato y robos.Desde que inició la pandemia, la violencia de género hacia muchas mujeres monaguenses de diferentes procedencias sociales, ha cobrado importancia en la entidad y, en muchos casos, esta violencia ha alcanzado su máxima expresión, el femicidio”, sostuvo Briceño León. 

Aunque las tasas de muertes violentas tendieron a disminuir en los últimos meses de 2020, así como los enfrentamientos entre bandas redujeron su actividad, en Guárico se observó que los hechos violentos entre grupos persisten, desde las pandillas urbano-rurales hasta grupos armados no estatales. En la entidad llanera, igualmente son frecuentes los ataques a los diferentes eslabones del circuito agroalimentario. Se producen robos, extorsiones y secuestros por parte de grupos armados. La tasa de muertes por resistencia a la autoridad superó a la de homicidios en 18%.

Amazonas: tierra incógnita 

En Amazonas, la tasa de homicidios fue 2,8 veces mayor a la de resistencia a la autoridad (177% superior). En la entidad destacan la violencia convencional urbana y la vinculada a la actividad minera ilegal. Según el OVV, la situación geográfica (frontera con Colombia y Brasil) y las características físico-naturales (presencia de selvas con accidentes geográficos, lugares remotos y de difícil acceso, además de yacimientos minerales), conjugadas con la presencia de grupos irregulares armados, proyectan que los niveles de violencia en esta entidad están siendo subestimados. Solo los municipios Atures y Atabapo reportaron muertes violentas. La escasez de datos en el resto de los cinco municipios que conforman el estado tendrían que ver con la ausencia de autoridades competentes y las dificultades de comunicación y traslado.

En Carabobo, la tasa de homicidios y la de resistencia a la autoridad presentaron valores cercanos, 13,9 vs. 13,3, respectivamente. Los robos, secuestros, ajusticiamientos o venganza entre bandas rivales son los móviles principales de los homicidios, mientras que la violencia intrafamiliar también se ha tornado importante, sobre todo hacia las mujeres y niños.  

Trujillo, por su parte, cuenta con dos de los 10 municipios más violentos del país (de una totalidad de 335): Andrés Bello y la Ceiba. Dichos municipios han llegado a alcanzar cifras de tasas de muertes violentas superiores a 150, 200, 300 y 400 decesos por cada 100 mil habitantes. De acuerdo al OVV, la zona  cercana a la Costa Oriental del Lago de Maracaibo se ha convertido en un centro de operaciones de organizaciones criminales.

En Falcón, los principales móviles de los homicidios en orden de importancia fueron: ajuste de cuentas, robos, venganza, riñas penitenciarias y sicariato. 

Bandas con poder y sembrando terror

Para Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia, en el territorio nacional existen nuevas soberanías, delimitadas por el control de la fuerza criminal de actores armados no estatales.

De allí la existencia de grupos criminales controlando poblaciones urbanas en las llamadas “zonas de paz” y organizaciones que han crecido ante la vista de los responsables de la seguridad ciudadana y hoy se encuentran enfrentadas al gobierno, como el caso de las bandas que operan en la Cota 905 de Caracas. 

La idea de que el poder se ejerce con la violencia y la necesidad de generar el miedo como emoción política adecuada para el control, devino en el siglo XXI, en una Venezuela altamente violenta e insegura”, aseveró Briceño León. 

El director del OVV indicó que paralelamente se ha procurado una gobernabilidad conjunta con colectivos y trasladado en mayor medida el esquema de conflictividad colombiano en Venezuela, debido a la propia alianza con la guerrilla que se tiene desde el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.  La proliferación de grupos guerrilleros ha aumentado en el país, así como su contraparte, los paramilitares. Las consecuencias de esta realidad son múltiples. Las más importantes son aquellas que inciden en la vida de los venezolanos, pero también existen otras no previstas por el gobierno que presionan sobre la estabilidad política de este y de la nación”. 

 

 

 

Ocho años de impunidad lleva el asesinato de periodista Jhonny González
Nada se sabe de posibles culpables del profesional de la comunicación social luego que lo asesinaran en mayo de 2013 cuando salía de la desaparecida Cadena Capriles
Su madre, Luz Marina González dijo que lo único que la ata al país es el deseo de conocer la identidad de los responsables del crimen que le quitó a su hijo 

@franzambranor

UN 3 DE MAYO Caracas amaneció sin el carisma y la jocosidad del periodista deportivo Jhonny González.

Casualidad fatídica que el reportero de la sección de boxeo del diario Líder en Deportes fuese asesinado en la madrugada de la víspera del Día de la Libertad de Prensa Internacional, luego que saliera de una guardia nocturna en la sede de la extinta Cadena Capriles en La Urbina.

Ocho años han pasado y el expediente del caso de González sigue engavetado en las oficinas de Homicidios del Cicpc y del Ministerio Público.

González de 33 años fue asesinado de seis disparos a la 1:40 de la madrugada del pasado 3 de mayo de 2013 mientras conducía su vehículo. El periodista fue interceptado por hombres a bordo de un sedan oscuro y al menos una motocicleta de alta cilindrada en la calle 4 de La Urbina. Adyacente a la sede del Grupo Últimas Noticias.

En un principio, la División contra Homicidios del Cicpc mantuvo su línea de investigación bajo las hipótesis del intento de robo del carro o una posible venganza por razones pasionales, pero tiempo después el caso fue archivado y hasta la fecha no hay siquiera sospechosos.

Nicolás Maduro dijo entonces en una transmisión de Venezolana de Televisión desde el estado Miranda que González fue víctima de un sicariato y asomó como posible responsable al ex presidente colombiano, Alvaro Uribe Velez. “El muchacho iba saliendo en su carro. Lo pararon y le dispararon. Fue sicariato. No intentaron robarle nada. Fue el mismo día que habíamos anunciado que íbamos para Petare. En todas estas cosas puede estar la mano de Uribe Velez y los paramilitares”, manifestó. “Era un muchacho famoso entre la juventud por los trabajos de periodismo deportivo que hacía. No habían razones para ser atacado por un sicario”.


Robo, crimen pasional, homicidio para generar zozobra en la población y hasta una medida de presión para vender el emporio de la Cadena Capriles son las teorías que han manejado policías y periodistas.

En sus últimos años al frente de la sección de boxeo de Líder, González estuvo especialmente enfocado en el crimen cometido por el pugilista Edwin Valero, quien asesinó a su esposa el 17 de abril de 2010 y se quitó la vida dos días después. González se había centrado en el destino de la herencia del campeón mundial y los hijos de la pareja.

“Ha habido muy poco avance en el tema. Inicialmente se manejaba la tesis de una venganza. No solo porque no fue despojado de objeto alguno, sino porque no hubo ni siquiera intento de hacerlo”, dijo Zair Mundaray, Director General de Actuación Procesal del Ministerio Público de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz

“Se supo que tenía varias relaciones sentimentales a la vez. Se hizo un trabajo bien importante de telefonía. Se trabajó mucho con la División de Homicidios del Cicpc. Ciertamente algo faltó. Fue pasando el tiempo y lo dejaron así. El problema es que ahora ya no hay direccionalidad en la investigaciones que se hacen”, mencionó Mundaray.

Sin respuesta policial y en Últimas Noticias

Luz Marina González, madre de Johnny, afirma que hasta la fecha no ha tenido respuesta de las autoridades. “Me lo mataron y ni siquiera sé por qué. He acudido a todas las instancias y no me dicen nada. No he obtenido respuesta. Mi hijo hoy tuviese 40 años”, dijo quien perdió a otro hijo víctima del hampa en Caracas.

Luz Marina deplora las declaraciones de Maduro posterior al homicidio de su hijo. “Todavía no entiendo por qué dijo eso, mi hijo nada tenía que ver con política, a él le gustaban sus deportes y bueno todo el mundo sabía que le gustaba la rumba, pero hasta ahí, como cualquier muchacho”, sentenció

A González solo le sobrevive una hija que emigró del país. “Ya no tengo nada acá, lo único que me impide irme de Venezuela es mi hijo que está en el cementerio. Pero no quiero marcharme con esta incertidumbre, sin saber quién y por qué lo hicieron”.

La madre de Jhonny asegura que en Últimas Noticias (diario perteneciente a la otrora Cadena Capriles) no le brindaron la colaboración requerida en el caso de su hijo.

“El entonces director (Eleazar Díaz Rangel) me sacó de su oficina y me dijo que el caso ya estaba esclarecido. Le dije que estaría esclarecido para él porque para nosotros no. Nos trató muy mal, tanto a mi esposo como a mi”, dijo.

Denunció que ni siquiera le han pagado los pasivos laborales acumulados por su hijo luego de años de trabajo en Líder.

“Valdría la pena hacer un nuevo análisis. Llevar a cabo una nueva línea de investigación. Hacer comparación de proyectiles o conchas con hechos que hayan sucedido después para establecer paralelismos. Buscar de nuevo a personas para que declaren, que de repente en esa época tenían temor a hacerlo”, dijo Mundaray.

Exactamente un mes después del asesinato de González, el 3 de junio de 2013, se hizo el anuncio de la venta de la Cadena Capriles al consorcio Latin Media Group, perteneciente al grupo británico Hanson Asset Management. La transacción vino con un cambio editorial en los tres productos de la otrora Cadena (Últimas Noticias, Líder y el desaparecido Mundo, Economía y Negocios). El viraje causó una purga forzada y también voluntaria de periodistas, fotógrafos, diagramadores, diseñadores, editores, coordinadores y hasta personal administrativo.

Jhonny se marchó antes por razones ajenas a su voluntad, pero su familia y amigos aseguran que pese a la censura, probablemente aún estuviera escribiendo hasta tarde en la redacción alguna historia vinculada a un boxeador. La campana del último round aún no ha sonado.

 

Con la colaboración de Manuel Lira 

@manuellira 

Cuando el amor por la profesión cuenta más que la remuneración
En el Dia del Trabajador, venezolanos encuentran motivación para seguir adelante pese a la hecatombe económica y social 

@franzambranor

 

El 29 de junio de 2018, un tuit del profesor José Ibarra se hizo viral en Venezuela. El titular de la Universidad Central de Venezuela publicó una foto de unos zapatos rotos y escribió: “no me da pena decirlo, con estos zapatos me traslado a la UCV a dar clase. Mi sueldo como profesor universitario no me alcanza para pagar el cambio de suela, pues sale en 20 millones (bolívares)”. 

 

 

Casi tres años después del tuit que tuvo más de 10 mil replicaciones y 1.000 comentarios, el licenciado en Trabajo Social con maestría y doctorado en salud pública continúa dando clases en la principal casa de estudios del país. 

“Mi opción siempre ha sido Venezuela, mucha gente me pregunta por qué no me he ido del país, por qué continuó dando clases cuando podría estar en otro sitio y siento que mi misión histórica es seguir formando a la generación de relevo, que son los que pueden sacar adelante a la nación. En algún momento esta situación tiene que pasar”, dijo Ibarra.  

Un profesor a dedicación exclusiva en la Universidad Central de Venezuela tiene un sueldo base de 4 millones 602 mil 812 bolívares, de acuerdo al más reciente tabulador, lo que representa poco menos de 2 dólares mensuales, pero con bonificaciones el salario mensual puede elevarse a $8 en algunos casos.

Ibarra, además de ser catedrático con 14 años de experiencia, coordina las Unidades de Servicio Comunitario de la Escuela de Trabajo Social y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV.

“Mi sueldo yo creo que no llega a 4 dólares, además de estar en la UCV trabajo con una asociación civil sin fines de lucro, coordinando proyectos en las comunidades y con eso ayudo a mi familia”. 

La publicación de aquel tuit hace tres años desató una ola de donaciones de calzados que inspiraron a que el profesor creara el movimiento “Zapatos de la dignidad” para ayudar a otros docentes en similar condición.

“Me hice famoso y popular sin quererlo, en Estados Unidos hicieron una tesis sobre mi, de Perú me llamaron para conocer mi experiencia docente y estoy en varios grupos internacionales donde compartimos conocimientos, pero la realidad es que la situación no ha cambiado mucho, ni para mi, ni para otros profesores, seguimos con un sueldo de menos de 10 dólares mensuales y eso te obliga a buscar otra cosa por fuera. Agradezco la solidaridad de la gente, pero yo quiero trabajar sin que me regalen nada”.  

Como el cangrejo 

De acuerdo a León Arismendi, director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), en 1998 el salario mínimo en Venezuela era de 174 dólares mensuales, hoy en día es menos de un dólar y sumándole bonos puede llegar a 5 o 6.

Para el Banco Mundial, cualquier persona que devengue menos de 1,90 dólares diarios pertenece a la pobreza crítica.

Para Arismendi, “en Venezuela ningún ser vivo había vivido una ruina como esta, los salarios, las prestaciones sociales, seguros médicos y planes para adquirir viviendas que eran derechos por los que habíamos luchado en la etapa democrática del país se vinieron abajo”.

Sostiene que el propio Estado irrespeta el artículo 91 de la Constitución Nacional el cual reza que “todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir dignamente y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”. 

“Los derechos de los trabajadores en Venezuela parece que están congelados en el tiempo. No tenemos expectativa positiva alguna en cuanto a lo que el gobierno pueda anunciar este 1 de mayo, nos gustaría escuchar que van a tomar medidas que acaben con la hiperinflación, la recuperación del aparato productivo, un salario digno, el final de la persecución a los sindicalistas y vacunas para todos contra el Covid-19”, sostuvo Arismendi. 

El director general de Inaesin indicó que el gobierno se vio obligado a hacer una apertura de la economía con la dolarización de facto, la cual ha significado algo de recuperación por lo que un trabajador en el ramo privado puede ganar un promedio de 50 dólares mensuales.

El salario está en ruinas: ¿va a aumentar en el corto plazo?

De acuerdo al director de Ecoanalítica, Asdrubal Oliveros, el sueldo base en el sector privado tendrá un avance gradual. “Nuestras proyecciones contemplan un salario promedio de 72 dólares para finales de este año, $90 en 2022 y hasta $115 en 2023”. 

Con la cabeza en alto

Nelbett Raiza Ramírez se levanta todos los días a las cinco de la mañana y camina desde su hogar en San Martín hasta el Hospital “Doctor Francisco Antonio Risquez” en Cotiza, donde trabaja en el área quirúrgica porque su sueldo mensual menor a 1 dólar no le alcanza siquiera para pagar el pasaje del transporte colectivo.

Ramírez tiene 28 años de experiencia como enfermera y pese al miserable salario que percibe se niega a abandonar su profesión.   

“Las enfermeras representamos el amor al prójimo y a lo que hacemos. Una enfermera no es solo una mujer que viste de blanco, es un ser humano íntegro que comprende las necesidades y sentimientos de sus pacientes, es una proveedora de cuidados, de afecto, amabilidad y solidaridad”.

Desde diciembre hasta el presente, Ramírez ha rebajado 29 kilogramos. No solo perdió peso, también a su pareja que la abandonó con un hijo de 8 años. 

“Lo más gratificante que tiene una enfermera no es el sueldo porque no ganamos nada. Tenemos miedo de no poder alimentar a nuestros hijos y de enfermarnos de COVID-19, pero es gratificante cuando una madre te ve a la cara y te dice gracias por salvar a mi hijo, la mirada cálida de una persona, el apretón de la mano de un bebé, esas son cosas que hacen mi carrera gratificante y especialmente humana”.

Nelbett junto a un grupo de compañeras estableció una especie de pool que se encarga de hacer visitas a pacientes a domicilio. Así surfea la ola del alto costo de la vida y el sueldo insignificante. Además recibe la ayuda de sus padres y hermanos para la manutención de su hijo.  

La enfermera asegura que las condiciones en las que trabaja son deplorables. Nunca hay agua potable en el hospital y tiene que rogar para que le den un tapabocas diariamente. “Desde que empezó la pandemia, he perdido a siete compañeros por el COVID-19, por supuesto que tengo miedo de enfermarme, pero todos los días me encomiendo a Dios”.

A Nelbett no le han puesto la vacuna contra el coronavirus. En el hospital donde trabaja han privilegiado a otros, incluyendo a gente que nunca había visto en el recinto.    

“Recuerdo que cuando me gradué de enfermera era algo grandioso, en este momento hay mucha humillación, todo el mundo piensa que lo importante es el doctor, pero vamos para adelante y tengo esperanza y fe que vamos a salir de esto”. 

El volante por la oficina

Luis Pulido es técnico superior en Relaciones Industriales. Poco tiempo después de haberse graduado en Barquisimeto comenzó a trabajar en una empresa de suplementos de electricidad, pero la crisis de escasez de alimentos, medicinas y colas eternas en los comercios de 2016-2017 le pegó duro económica y físicamente y se vio obligado a renunciar porque el sueldo era insuficiente para mantener a sus dos hijos. Al ver la nevera vacía y no poder siquiera pagar la cuota de escolaridad de sus descendientes, Luis agarró el carro y comenzó a ofrecer carreras de taxi en las calles larenses. “Al principio fue duro, me daba mucha rabia hacer eso, luego de haber estudiado con tanto sacrificio, además sentía miedo de que alguien me pudiese atracar”. 

Lento pero seguro, Luis fue ganando confianza y hoy en día ya no necesita salir a recoger a desconocidos en las calles, sino que trabaja con una cartera de clientes fijos. La dolarización le ha beneficiado. Luis hace carreras de 10,20,50 y hasta 100 dólares, depende de la distancia y el tiempo de espera. “En un buen día me puedo ganar hasta 80 dólares y con eso resuelvo”. Luis dice que lo más complicado es mantener el vehículo operativo debido al elevado costo de los repuestos y la escasez de gasolina, pero hasta ahora le ha resultado mejor que estar en una oficina devengando un sueldo cada quincena. “Ya me monté en esto y vamos para adelante”. 

Por amor 

Para León Arismendi, director de Inaesin, todavía hay una mezcla de vocación de servicio e ilusión en algunos trabajadores de que los sueldos sean ajustados y la jubilación sirva para algo cuando toque. “Esperanza de que las cosas algún día cambien, en el caso de la administración pública, algunos tienen el propósito de seguir aguantando con la mente puesta en un mejor futuro y que los años de servicio cuenten al final de la historia”. 

De acuerdo al profesor de la UCV, José Ibarra, el futuro de Venezuela depende de un eventual cambio del modelo político. “De lo contrario vamos a seguir en una época de oscurantismo, el derecho a la educación se ha violentado, igual que el derecho al trabajo, no hay dignificación del ser humano. Conozco a muchos profesionales haciendo otra cosa distinta para la que se formaron. Es muy desmotivante saber que un buhonero, con todo el respeto que se merecen, devenga más en una semana que lo que un profesor en un año. Son los profesionales los que están llamados a gerenciar las instituciones públicas del futuro y en eso tenemos que perseverar”. 

Francisco Zambrano Abr 23, 2021 | Actualizado hace 2 semanas
ONG negadas a poner rodilla en tierra
Una nueva providencia obliga a las ONG a revelar sus fuentes de cooperación y beneficiarios. 
La mayoría de las organizaciones rechazan la posibilidad de inscribirse en el registro contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo antes del 1 de mayo

@franzambranor

663 organizaciones no gubernamentales venezolanas firmaron un comunicado en rechazo a la normativa publicada en la Gaceta Oficial número 42.098, providencia 001-2021 del pasado 30 de marzo de 2021, la cual establece que están obligadas a inscribirse en un Registro Unificado de Sujestos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz. 

La providencia, en su artículo 6.4, sostiene que las ONG deben entregar un listado de los organismos nacionales o extranjeros de los cuales reciban dádivas, donaciones o aportes y también revelar quienes son sus beneficiarios. Este procedimiento deberá hacerse antes del 1 de mayo de 2021. 

“Ya nosotros en Provea sabíamos que 2021 iba a ser un año en que el gobierno iba a intentar silenciar a la sociedad civil luego que había logrado neutralizar al liderazgo político venezolano”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos. 

A mediados de enero de este año, el diputado de la asamblea nacional chavista, Diosdado Cabello, amenazó con cárcel a Uzcátegui a propósito de un tuit donde el coordinador de Provea sostiene que el gobierno de Maduro se benefició de fondos del gobierno británico.

Uzcátegui indicó que no solo él ha sido víctima de acoso, sino también medios de comunicación y miembros de otras ONG, como el caso de Azul Positivo en el estado Zulia, en el que cuatro de sus miembros fueron detenidos por supuesta conspiración y terrorismo y hoy en dia tienen medidas cautelares.

“Eso de alguna forma viene a sustentar esa teoría del gobierno del carácter delincuencial que posee todo aquel que lo cuestione públicamente”, aseveró Uzcategui. 

Con la nueva AN de verdugo, ONG temen mayor persecución

Una lista peligrosa 

Laura Louza, directora de la ONG Acceso Justicia, sentenció que en Venezuela pareciera que es un delito solidarizarse con las personas que han sido víctimas de atropellos. 

“Es muy peligroso eso de estar dando listas, sabemos lo que ha hecho el Estado venezolano con las listas, como el caso de la lista Tascón y eso puede llevar a una estigmatización tanto de los donantes como de los beneficiarios que a lo mejor son personas naturales o incluso pueden ser víctimas del Estado, lo cual es aún más peligroso”, dijo Louza.  

Uzcátegui sostuvo que en el caso de Provea están negados a inscribirse en tal registro porque consideran inaceptable colocar en riesgo a las personas que han solicitado protección frente al propio Estado. 

“Estamos invocando el principio de la desobediencia civil, que es cuando se desacata una ley que se considera injusta y se está dispuesto a acarrear las consecuencias de ese acto”. 

De acuerdo a Laura Louza, la providencia es una especie de cheque al portador a favor del gobierno. “No especifican los castigos, prevé sanciones genéricas, esto es lo que se llama una ley penal en blanco, no hay delito, ni sanción específica. Además viola la constitución porque no puede haber una sanción sin una ley previa, que tiene que ser una ley formal no una providencia del Ejecutivo”. 

Louza informó que establecer una demanda contra el Estado o una apelación tampoco sería efectivo porque desde 2005, el 95% de los casos son ganados por el Estado y de 2016 en adelante, el 100%. 

El ejemplo de Nicaragua

Rafael Uzcátegui de Provea dijo que esta nueva amenaza del gobierno de Maduro es una copia al carbón de lo sucedido en Nicaragua en octubre de 2020, donde el Parlamento aprobó una ley que autoriza multas y la intervención de bienes y activos a las ONG que intervengan en “cuestiones, actividades o temas de política interna”. 

“Es la misma narrativa nicaragüense, que es el gran ejemplo a seguir, son intentos con apariencia legal por acabar con las libertades, también van a intentar desde la Asamblea Nacional atacar a las ONG con la Ley de Cooperación Internacional, cuya intención es la de inhibir y generar desconfianza entre las víctimas a las que brindamos apoyo”. 

Uzcátegui indicó que pese a que al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos le fue retirado su registro jurídico y le incautaron sus inmuebles, este sigue operando. 

Carlos Meléndez del Observatorio Venezolano de Universidades coincide con Uzcátegui en que las ONG no deben ceder y aceptar las posibles consecuencias de no inscribirse en el registro. 

“El mandato de salvar vidas, procurar el desarrollo del país y defender derechos está por encima de cualquier artilugio jurídico”, sostuvo.

Meléndez indicó que la firma de más de 600 ONG venezolanas rechazando la pretensión del gobierno es la vía para encarar esta arbitrariedad. 

“La postura debe ser siempre la actuación en conjunto, la reflexión en bloque y en red. Las ONG con mayor liderazgo y alcance nacional deben conducir la ruta de defensa, pero siempre procurando los espacios para la incorporación de todas las ONG de la sociedad civil”. 

De esta concurrencia en bloque no posee certeza, Susana Raffalli, portavoz de Caritas. “Todavía no sabemos. La semana que viene estaremos asesorándonos para eso”, resaltó.
Otras como Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad se sumaron al comunicado, pero esperan que organismos internacionales intervengan. “Entiendo que la ONU y otras instancias están tratando de mediar”, indicó su director, Roberto Patiño.  

Los riesgos 

Para Carlos Meléndez del Observatorio de Universidades los eventuales riesgos de no inscribirse en el registro y las posteriores acciones del gobierno son: 

1- Persecuciones penales y tributarias 

2- Mayores obstáculos en el cumplimiento de los objetivos de cada ONG

3- Dificultades en las relaciones con ONG internacionales y las agencias de la ONU

4- Vulnerabilidad de la vida y seguridad de las personas que trabajan en las ONG

5- Más inconvenientes para recibir financiamiento para la promoción y defensa de los DDHH

6- Que de ahora en adelante, las ONG que nazcan en Venezuela tengan que someterse al control político del gobierno 

7- Que la emergencia humanitaria se haga más compleja en vista de la disminución de la actuación de la sociedad civil autónoma, transparente y democrática. 

8 – Que las ONG internacionales se vayan o no quieran venir a Venezuela

 

“Las consecuencias deben dimensionarse de manera compleja. La principal sería la perdurabilidad de la crisis y la mayor destrucción de los que nos queda de país”. dijo Meléndez.

Los que no se rinden | Una Ventana a la Libertad: 97 de cada 100 presos no tienen sentencia
De acuerdo a la ONG, no hay reportes de fallecidos de COVID-19 en las cárceles 

Según Carlos Nieto Palma, director de la ONG, Una Ventana a la Libertad, el retardo procesal en Venezuela es cada dia mas grave y se ha agudizado debido a la parálisis de los tribunales durante la pandemia. 

“3 de cada 100 reclusos tienen una sentencia firme, el resto está en proceso, esperando una audiencia preliminar o un juicio, es realmente alarmante”, dijo Nieto Palma. 

El director de UVL sostuvo que el retardo ocasiona hacinamiento y a la postre enfermedades en los reclusos. 

“La principal causa de muerte en las cárceles y centros de detención preventiva son las enfermedades y específicamente la tuberculosis. Los reclusos carecen de atención médica, no hay ese servicios en las prisiones, es algo que venimos denunciando desde hace tiempo”. 

Nieto Palma indicó que en UVL no tienen mayor información sobre COVID-19 en las prisiones. “Esa ha sido una información confidencial, en septiembre dijeron que un número cercano a 100 estaban contagiados, pero oficialmente no manejamos cifras de coronavirus”. 

El director de la ONG manifestó que tampoco poseen reportes de pesquisas ni exámenes para detectar la enfermedad en las cárceles. 

“Recientemente supimos el caso de una infectada en el retén de Caraballeda, que pertenece a la Policía de Vargas y al Cicpc, esto hizo que a los días siguientes fuera Seguridad Ciudadana de Vargas a entregar gotas de Carvativir a los detenidos”. 

No se habla de vacunas

En cuanto a la vacunación de privados de libertad, Nieto Palma indicó que no posee mayores expectativas.  

“Los presos siempre han sido los grandes marginados en cualquier tipo de planes, la mayoría de la gente piensa que como están presos y son delincuentes no tienen ningún tipo de derecho y mientras peor la pasen es mejor. Los detenidos tienen los mismos derechos que el resto de la población, salvo el libre tránsito”. 

Para Nieto Palma, los detenidos deberían ser prioridad porque son una población sensible en vista del hacinamiento en el que viven. “Incluso la Cruz Roja Internacional los incluye en una proporción muy mínima. No solo deben darle vacunas, sino también incluirlos en los planes de ayuda humanitaria”. 

Para el director de UVL es perentorio la construcción de nuevas cárceles en Venezuela. “Deben haber establecimientos para reclusos condenados y procesados en cada Estado, con todas las condiciones de higiene. En vez de abrir han cerrado prisiones. En Vargas, Nueva Esparta, Delta Amacuro y Cojedes no hay cárceles y esa es una de las razones por las cuales colapsan los centros de detención preventiva”. 

Francisco Zambrano Abr 20, 2021 | Actualizado hace 2 semanas
Tves sonríe con la piratería 
El canal de supuesto corte social se ha dedicado a transmitir sin permiso contenidos de plataformas por suscripción como Disney+
Ejecutivos de la compañía estadounidense no han emitido comunicado oficial al respecto. Una demanda sería difícil de proceder porque no hay instancias donde acudir y las relaciones entre ambos países están rotas por las sanciones 

 

@franzambranor

El pasado 19 de marzo en horas de la tarde, la película animada Soul de Disney se convirtió en tendencia en las redes sociales venezolanas, no precisamente por su nominación al premio Oscar, sino porque el canal Televisora Venezolana Social (Tves) la estaba transmitiendo en señal abierta.

Alegría para unos que no pueden pagar la suscripción de Disney+ y carecen de servicio de internet e indignación para otros por el descaro de transmitir un material exclusivo; lo cierto es que Soul puso en el tapete al canal que reemplazó la señal de Rctv en 2007 con el supuesto propósito de convertirse en una televisora con contenido social, cultural y educativo.

No conforme con eso, el 2 de abril, la televisora transmitió capítulos de la serie Wandavision, también de Disney+, agitando aún más la polémica y lanzando un mensaje que poco le importan los derechos de uno de los monopolios comunicacionales más grandes del mundo con asiento en Estados Unidos, cuyo gobierno tiene sanciones sobre un considerable número de funcionarios de la administración de Nicolás Maduro.   

Pero no son solo Soul y Wandavision, Tves ha transmitido material de Disney como Coco, Aladdin, Guardianes de la Galaxia y Maléfica. También de otras plataformas como La Era del Hielo, así como series icónicas del pasado como Hechizada, El Zorro, He-Man y los Picapiedra.   

La empresa Disney, especialmente su representación en Latinoamérica, no se ha pronunciado oficialmente al respecto, pero un miembro de la empresa sostuvo que esta tiene como política no ventilar estos temas públicamente. “El asunto es que no podemos hablar, en función de no entorpecer posibles acciones legales o negociaciones”.

Una demanda podría no tener asidero en vista que las relaciones económicas y diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos están rotas por las sanciones. “Ante qué instancia puedes acudir a reclamar, si ambos países no tienen relaciones, no se me ocurre una”, dijo Andrés Cañizalez, coordinador de Medianálisis. 

Plagio de lo más reciente 

Ricardo Alberto Antequera, socio de la firma de abogados Antequera Parrilli & Rodríguez, especializado en propiedad intelectual sostuvo que la conducta de Tves es reprochable. 

“Eso es inadmisible, inaceptable y hasta inentendible. Los derechos de propiedad intelectual son sagrados, hay incluso acuerdos internacionales que obligan a las naciones a respetarlos ”, dijo Antequera.

“Estamos en presencia de una acción de piratería”, sostuvo Andrés Cañizalez. “Ya hay antecedentes, Tves transmite películas venezolanas sin permiso y esto produjo una queja del gremio”. 

Antequera sostuvo que el comportamiento de Tves trasciende la ideología de izquierda. “Independientemente del distanciamiento que Cuba tiene con los Estados Unidos, estoy seguro que no veríamos este tipo de situaciones allá”. 

El abogado consideró que la programacion de Tves demanda la atención de todo el aparataje de la administración pública que tiene que ver con propiedad intelectual. “No deben quedarse indiferentes, porque el mensaje que se esta transmitiendo es terrible”.  

Antequera indicó que a la postre podrían ser los ciudadanos quienes se vean afectados. “Si Tves hace esto, las otras emisoras comunitarias pudiesen hacer lo mismo y al final nos convertimos en una sociedad sin reglas”. 

Antequera recordó que es necesario acudir al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual para que esta conducta no se repita. “La denuncia es necesaria y válida y debe hacerse llegar a los organismos competentes”. 

“Cuando eso se promueve desde una entidad del Estado, quiere decir que estamos en presencia de un Estado forajido, a quien le importa muy poco los convenios internacionales, es algo que está asociado con la propia condición del gobierno, es su manera de hacer las cosas”, dijo Cañizalez.

Cañizalez alertó además que el plagio sucede con material nuevo y de calidad. “Estás agarrando el lomito, por decirlo de alguna forma, sucede lo mismo con los invasiones, por qué no invaden zonas alejadas de la urbe, al contrario se apropian de edificios ubicados en buenas zonas”.

Camino torcido

En diciembre de 2006, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez dijo en cadena nacional “no más concesión para ese canal golpista de televisión”, refiriéndose a Rctv, la semilla de Tves se estaba sembrando y floreció en mayo de 2007, cuando luego de una abrupta ruptura de la transmisión del Canal 2 en la medianoche apareció la estampa de un Teatro Teresa Carreño repleto de personajes ligadas al chavismo.

En la inauguración, el animador Anthony González dijo que “nace el primer canal de servicio público donde el pueblo es el principal protagonista de su programación”. Su presidenta Lil Rodríguez dijo en esa oportunidad que “nos vendieron como cultura popular lo que era una industria del entretenimiento y nos desdibujaron…acá estamos para reivindicar la cultura y la recreación”. 

 

 

De 40% que tenía Rctv de audiencia, Tves la pulverizó apenas a 1% y por eso a finales de 2007, el propio Chavez dijo “a Tves no lo ve nadie”. 

Rodríguez renunció a la dirección del canal por “razones personales”, la sucedió William Castillo y posteriormente el ex animador de Rctv Winston Vallenilla, quien cedió el puesto a su esposa, Marlene De Andrade para ocupar un escaño en la Asamblea Nacional chavista. 

“El canal no responde al proyecto original que tenía Chavez, que era una televisora que fomentara valores distintos, pero eso se sabía desde que llegó Vallenilla y ahora De Andrade, supongo que eso contó con la  aprobación de Maduro para ganar audiencia y competir con los otros canales comerciales”, dijo un ex trabajador de la planta. 

Hoy en día en Tves,el televidente puede estar viendo un capitulo de Wandavision con el detalle que en cualquier momento puede ser interrumpido para darle paso a una alocución de Maduro, cuyo tiempo de transmisión es indefinido….continuará 

Los que no se rinden | Acceso a la Justicia: Hay una ausencia absoluta de independencia judicial
Venezuela ocupa el último lugar en el índice de Estado de derecho de la World Justice Project 

Desde su fundación en 2010, la ONG Acceso a la Justicia se ha autodefinido como una organización que traduce el derecho en Venezuela y defiende la independencia judicial y el Estado de derecho. 

Su directora ejecutiva y fundadora, Laura Louza, sostuvo que la justicia en Venezuela atraviesa por un período oscuro. 

De acuerdo al ranking de la asociación internacional World Justice Project, Venezuela ocupa el último lugar (puesto 126) en el índice de Estado de derecho. El estudio evalúa justicia civil y penal, derechos fundamentales, ausencia de corrupción, límites del poder gubernamental, regulaciones legales y seguridad. 

“Entre los indicadores destaca especialmente la ausencia de independencia y la influencia del poder ejecutivo en la toma de decisiones de los tribunales”, dijo Louza. 

La directora ejecutiva de Acceso a la Justicia sostuvo que desde el inicio del chavismo en el poder, la autonomía de los poderes es nula. “Se secuestró el Poder Judicial, se le quitó la estabilidad a los jueces, se empiezan a nombrar magistrados fuera de contexto y de los parámetros constitucionales, se hacen leyes habilitantes desde la Asamblea Nacional para que el presidente tuviera potestad para dictar decretos leyes, se emiten sentencias pro poder y en detrimento del ciudadano que erosionan el estado de derecho”, sostuvo Louza. 

Louza manifestó que de 2005 a 2013, la mayoría de las sentencias del  Tribunal Supremo de Justicia fueron ganadas por el Estado, especialmente en las salas Político administrativa, Electoral y Constitucional. “Quedó claro que casi nunca ganaban los ciudadanos”. 

La pandemia llegó para empeorar

Louza sostuvo que Venezuela presentaba indicadores de justicia pésimos antes de la llegada del coronavirus. Ahora en cuarentena y con semanas flexibles y radicales, el retardo procesal se ha agravado.

“A partir de marzo de 2020 los tribunales estuvieron cerrados por seis meses. Mientras en otros países se hace trabajo telemático, aquí hubo una baja tasa de emisión de sentencia y por ende retardo procesal. Prácticamente hubo una paralización, eso fue inédito en la región. Además la situación de conectividad a internet, fallas de electricidad y escasez de combustible afectó tanto a tribunales como a ciudadanos”. 

La directora de la ONG indicó que las actividades se han ido activando lentamente en las semanas flexibles. “Vemos que la Sala de Casación Penal y la Civil casi no emiten sentencia. No han hecho esfuerzo alguno por atender a la gente”.  

Un Estado frágil 

De acuerdo a Louza, la pandemia y la migración masiva han afectado el desempeño de Acceso a la Justicia. “Cada vez hay más fuga de cerebros, es una característica típica de un Estado frágil. Venezuela es un Estado frágil, algunos hablan de fallido, pero el término correcto es frágil, porque las instituciones son endebles. Finlandia, por ejemplo, es institucionalmente fuerte”. 

Louza indicó que dentro del Poder Judicial se amedrenta al personal. “El caso de la juez María Lourdes Afiuni, a quien el propio Chávez mandó a meter presa, pasando por arriba de las instituciones, marcó un antes y un después en la justicia venezolana. No hay oportunidades de trabajo ni de estudio en el sistema, los más capacitados buscan trabajo en otro lado”. 

Trabajo afuera es importante

Aunque no se vean resultados tangibles, Louza considera que las denuncias que se han hecho ante organizaciones foráneas como la Corte Penal Internacional y el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, entre otros, sirven para evidenciar los atropellos cometidos a la hora de una reconstrucción del país.

“Se puede pensar que ese trabajo no tiene sentido, lo primero es dejarlo todo documentado en función de no volver a cometer los mismos errores en el futuro. La denuncia da un espacio de contención, cuando un organismo internacional emite una sentencia a favor de una víctima es una manera de hacer justicia, esa persona se siente tomada en cuenta y es algo que hay que continuar haciendo”.

Louza manifestó que el gobierno se ha provisto de una fachada institucional por lo que a veces resulta complicado exponer los abusos que comete frente al panorama internacional. 

“En la época de Chavez había dinero, un discurso importante y capital humano, entonces la comunidad internacional miraba hacia otro lado. Este es un modelo obviamente exportable y sentimos que colaboramos para que otros países no se copien. Es un régimen que hace verse como humanista, pero en realidad lo que le interesa es mantenerse en el poder a toda costa sin importar cómo. Ha sido muy difícil que el mundo entienda”. 

La directora de Acceso a la Justicia dijo que al derecho internacional le falta por avanzar. “Hay que buscar mecanismos para hacer efectivas las decisiones, eso se irá desarrollando cada vez más, queda mucho camino”.  

Morir en casa por COVID-19: el peor escenario
Algunas de las personas que fallecen por coronavirus en su hogar no consiguen cupo en hospitales, clínicas y CDI
Para retirar un cadáver de un domicilio es necesario contar un certificado de defunción expedido por un médico 
Solo servicios velatorios autorizados por el gobierno pueden recoger en casas cuerpos de muertos por COVID-19

@franzambranor

 

Cuatro días en la morgue de Bello Monte pasó el cadáver del esposo de Sandra* antes que esta pudiera cremarlo en el Cementerio General del Sur. Todo comenzó con una gripe que en pocos días pasó a una fiebre de 42 grados que no le bajaba con nada, eso encendió las alarmas ese jueves en la noche. Sandra buscó ayuda en hospitales centinelas y CDI y no la consiguió. A los que asistió le dijeron que no podían recibirlo. “En cada sitio que fuimos no encontrábamos la manera de hacerle pruebas ni que pudieran examinarlo para poder saber qué hacer, nunca le hicieron el test del COVID-19”, dijo Sandra. 

Con mucha impotencia y miedo, a Sandra no le quedó otra que quedarse en casa suministrando a su esposo infusiones e inhalaciones con eucalipto. 

Cuatro días después falleció. “Era un hombre de apenas 52 años, no tenía enfermedad preexistente, pero si era una persona con sobrepeso”.

Sandra sentenció que dentro de toda la tragedia que significó perder al padre de sus dos hijos, el procedimiento fluyó. “La misma noche que murió fueron a la casa miembros de Protección Civil, luego se presentó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que me explicó el procedimiento, el cual consistía en esperar a los trabajadores del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). El cuerpo lo vinieron a buscar al mediodía del día siguiente”.

“Hubo personas que me dijeron que había tenido suerte, porque conocían a familiares que esperaban hasta veinte días para que les entregaran el cadáver. La misma gente del Cementerio General del Sur estaba sorprendida”, añadió Sandra.

El único dinero que debió desembolsar Sandra fueron 20 dólares por concepto de la caja donde reposan las cenizas de su esposo. “Para mi eso fue mucho porque no tenía como costearlo, pero escuchando todo lo que conversaban las demás personas, creo que quejarme está de más. Corrimos con suerte de cruzarnos con personas de buen corazón tras la muerte de mi esposo, pero cuando estábamos peregrinando para que lo atendieran fue rudo, nos sentíamos con mucho miedo y abandonados”.

Una cruz a cuestas 

La madre de Carlos Guerrra no murió de COVID-19, pero igual tuvo que someterse a un largo peregrinar para conseguir tratamiento domiciliario y posteriormente efectuar la cremación en Caracas. Por tratarse de una enfermedad bronco respiratoria, Carlos se vio obligado a buscar oxígeno para su mamá. “La situación fue desesperante, el ‘no hay’, ‘estamos colapsados’ y ‘no podemos atenderla’ fue la constante”.

Finalmente consiguieron oxígeno, pero la saturación no subió a los niveles requeridos por lo que le indicaron una serie de exámenes que lamentablemente no pudo practicarse a tiempo porque muchos laboratorios estaban preparándose para el asueto de Semana Santa.

La mamá de Carlos murió en su hogar la madrugada del martes 30 de marzo. Una funeraria en El Rosal fue a recogerla la tarde de ese día y no fue sino hasta el domingo 4 de abril que pudieron cremarla. 

Carlos indicó que en todos los lugares donde fue a reportar el deceso de su madre le preguntaban con insistencia si la causa había sido COVID-19. 

“Fue una odisea por el colapso de funerarias y cementerios. En el Registro de Baruta nos tocó hacer cola desde las 4 de la mañana para agarrar uno de los cupos diarios que entregan en el Cementerio del Este. Al final fueron 6 horas y media solo para pagar la cremación en el cementerio y tres más, seis días después para retirar las cenizas. La verdad es terrible todo lo relacionado con los trámites. El dolor se va transformando en una mezcla de rabia, resignación e indignación ”.  

Carlos sostuvo que el desborde en el camposanto es notorio. “Allí había una cola para los casos que eran de COVID-19 y otra para los que íbamos por casos diferentes, ambas largas, pero la de coronavirus era impresionante”.

¿Qué hacer si un enfermo con COVID-19 muere en casa?

Todo un proceso 

Javier Montoya, presidente de la Asociación Profesional de la Industria Funeraria (Asoproinfu) sostuvo que retirar un cuerpo de un domicilio por cualquier causa es un asunto en extremo delicado. “Sin certificado de defunción no se puede buscar ningún cadáver, eso es una norma. En los casos de COVID-19, las funerarias deben esperar el certificado y llevarlos inmediatamente al crematorio porque no pueden permanecer allí, los crematorios comienzan a trabajar a las 7 de la mañana, incluso hay algunos que les ha tocado trabajar las 24 horas”.

El primer paso que debe dar el familiar de una persona que muere en casa es conseguir un certificado de defunción, firmado por un médico. 

“En teoría debería ser emitido por un infectólogo, inmunólogo o internista si el paciente murió por COVID-19”, dijo Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos por Venezuela.

Lorenzo sostuvo que con el informe médico, el cadáver del fallecido por COVID-19 no necesita pasar por una morgue para la autopsia de rigor. El documento es suficiente para que los trabajadores de la funeraria acudan a retirar el cuerpo. 

“Ese certificado médico lo dan clínicas, hospitales y CDI, ninguna funeraria lo puede expedir”, aclaró Montoya.

Una vez que se cuente con el certificado se debe acudir a una prefectura para solicitar el acta de defunción, en el caso de que la persona no disponga del certificado médico, entonces es necesario solicitar la intervención del Senamecf, porque son ellos los que deben constatar la causa del deceso. 

De acuerdo con Montoya, el gobierno ha exigido a las instituciones que aceleren la marcha en vista de la demanda. “Han puesto énfasis en que los procesos y trámites sean expeditos, tanto en las prefecturas como en los registros adscritos al Consejo Nacional Electoral, que son quienes dan los permisos para la cremación”.

Solo algunas funerarias designadas

De acuerdo a un trabajador de una funeraria que opera en las inmediaciones de la morgue de Bello Monte, quien no quiso identificarse, solo cinco servicios velatorios están autorizados en el área metropolitana y sus adyacencias para retirar cadáveres que hayan fallecido por COVID-19 en sus hogares: Cementerio del Este, Funeraria Vallés, La Loira, Jardines El Cercado y El Cristo en Catia.

“Ellos son los que tienen el equipo y el personal entrenado y capacitado para eso, el resto no nos metemos con eso porque es muy delicado. Nosotros para retirar un cadáver en un domicilio por causas naturales lo primero que pedimos es un informe de un médico debidamente autorizado para ver la causa, incluso hay quienes exigen una prueba de despistaje de COVID-19 al cadáver para cerciorarse”. 

Montoya indicó que las autoridades gubernamentales autorizaron a las funerarias que cumplen estrictamente con todos los protocolos de bioseguridad. “Son celosos para dar los permisos porque de eso depende la salud del pueblo”.  

Obligatorio tener dólares

“Pagamos 280 dólares por el traslado y el tiempo que estuvo en la funeraria y $326 por la cremación”, dijo Carlos Guerra, quien perdió a su madre a finales del mes de marzo. 

“El costo depende de la estructura de costos de cada funeraria. La cremación oscila entre 300 y 500 dólares”, sostuvo Javier Montoya, presidente de la Asociación Profesional de la Industria Funeraria.

Montoya manifestó que las funerarias debieron hacer una inversión considerable para atender a los fallecidos por la pandemia. 

“La carroza donde se traslada el cuerpo debe ser desinfectada en cada proceso, todo el personal tiene que estar protegido con mascarillas, trajes especiales, lentes, guantes dobles y botas de seguridad. Los costos de los productos que se utilizan son elevados, aquí no se produce ninguno de los instrumentos que son usados para la bioseguridad, son materiales que se consiguen en divisas y eso afecta la estructura de costos de cada funeraria”. 

De acuerdo a la Cámara Nacional de Empresas Funerarias, hay 18 crematorios a nivel nacional y Caracas cuenta con siete de ellos. 

Montoya sentenció que el mantenimiento de un horno crematorio es costoso. “La gente cree que eso es prenderlo y ya. Un horno cuesta entre 90 y 100 mil dólares, es decir, hay una inversión importante detrás de eso.Todos los hornos tienen planta eléctrica, la mayoría emplean gasoil o gasolina que obviamente es difícil de conseguir. Hay que desinfectarlos todo el tiempo. Aunado a eso, se necesita personal calificado, no cualquiera puede operar un horno crematorio”. 

Un riesgo quedarse en casa 

Lorenzo indicó que un paciente con síntomas de leves a moderados podría someterse a un tratamiento en casa. “Hay médicos que están atendiendo a domicilio a las personas con el debido protocolo”. Pero aseguró que los casos severos de COVID-19 no deben permanecer en sus hogares. “Es necesario hacer lo posible por hospitalizar”. 

El dilema es que algunas personas pasan de tener leves síntomas a agravarse de una manera acelerada y los familiares no saben cuándo actuar. También la preexistencia de otras enfermedades, especialmente de carácter respiratoria hacen que el pronóstico pueda ser de extremo cuidado.

El director de Médicos Unidos por Venezuela sostuvo que la escasez de personal calificado para atender a pacientes, especialmente en los hospitales es un problema de salud pública. “Hay que recordar que ha habido una migración de profesionales de la salud debido a los sueldos miserables, especialmente en los hospitales públicos. Y no solo estoy hablando de los que se van del país, también de aquellos que se ven obligados a dedicarse a otra cosa porque sencillamente el dinero no les alcanza, además que a diario exponen sus vidas y la de sus familiares”. 

La segunda ola de coronavirus que vive Venezuela ha provocado el colapso de los hospitales y clínicas debido a la inmensa cantidad de contagios. “Estamos a nuestra máxima capacidad, desbordados, a finales de 2020 la cosa había bajado, pero ahora retrocedimos, es horrible”, dijo una enfermera de La Clinica Floresta en Altamira, Caracas.

Desde el 1 hasta el 11 de abril murieron en Venezuela 176 personas, de acuerdo a cifras del gobierno de Maduro, un promedio diario de 16, alcanzando la cifra récord por día de 20, el pasado 10 de abril. 

* Nombre ficticio a petición de la entrevistada