La Conversa de ARI | La Ley contra el fascismo te quiere calladito e inmóvil
En el programa quincenal de Runrun.es, El Pitazo y Tal Cual, defensores de derechos humanos y periodistas evaluaron los alcances del proyecto de ley introducido por el chavismo en la Asamblea Nacional a principios del mes de abril. Coincidieron en que el instrumento tiene como objetivo criminalizar a la disidencia, coartar la libertad de expresión y vulnerar el derecho a la protesta
El pasado 2 de abril fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional la Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, instrumento que consta de 30 artículos y contempla penas de hasta 12 años para quienes promuevan actos asociados al “fascismo”.
Este martes 9 de abril, la quinta edición de La Conversa, espacio de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y Tal Cual, llevó por título “Cómo la Ley contra el fascismo nos afecta a todos”.
En La Conversa, moderada por la coordinadora de la ARI, Ronna Rísquez, y donde participaron los directores de Runrun.es, Luis Ernesto Blanco; El Pitazo, César Batiz y TalCual, Víctor Amaya, defensores de derechos humanos como Laura Louza de la ONG Acceso a la Justicia y Marino Alvarado del Programa Venezolano de Educación-Acción en DDHH (Provea), cuestionaron el instrumento jurídico que pretende aprobar el gobierno de Nicolás Maduro.
“Esta ley es un antes y después en Venezuela, cambia el sistema penal, lo transforma en algo totalmente represivo y no de garantías”, dijo Louza.
En su comparecencia al Parlamento para promover la ley, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, definió al fascismo como un “método de violencia política” y puso como ejemplo las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017.
Entre los aspectos que han llamado la atención a miembros de la sociedad civil, destaca una sanción de entre 8 y 12 años de cárcel e inhabilitación para cargos públicos para todo aquel que “solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas”. En este sentido, la ley le da la potestad al funcionario de prohibir manifestaciones antes de que ocurran, solo con la presunción de que tengan un objetivo fascista.
También, sobresalen multas de hasta 100 mil dólares para medios de comunicación electrónicos o impresos que divulguen mensajes fascistas, revocación de concesiones a canales de televisión y emisoras de radio y la disolución de partidos políticos que promuevan este tipo de conductas.
“La ley forma parte de un andamiaje jurídico que empezó a constituirse desde la administración del presidente Hugo Chávez y que ha tenido como objetivo cerrar espacios a la disidencia, criminalizar a las voces críticas y darle legalidad a una represión que ha llegado a niveles de delitos de lesa humanidad señalados por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU”, sentenció Alvarado.
Interpretación a conveniencia
Al igual que la vigente Ley contra el Odio, la que propone el chavismo ante el fascismo abarca conceptos difusos, amplios y subjetivos.
“Se trata de conceptos jurídicos indeterminados y eso es lo que no debe considerarse un hecho punible porque da pie a que cualquier hecho sea un delito”, expresó Louza.
De acuerdo con Amaya, esta es una ley de riesgos, no de hechos. “En términos jurídicos castiga las intenciones”.
Para Blanco, el proyecto presenta ambigüedades, especialmente cuando habla de “expresiones similares” en materia de fascismo. Tiene “todo el espíritu de un estado totalitario”, afirmó.
Pero el madurismo defiende el proyecto y argumenta que la ley es necesaria porque en los últimos 25 años hay sectores que “acuden a la violencia como forma de acción política”.
Además de amenazar a la libertad de expresión y asociación, el instrumento legal criminaliza la protesta y otorga licencia a funcionarios para disolver manifestaciones incluso antes de producirse.
“Es muy grave criminalizar el pensamiento porque con eso se acaba la libertad de expresión y asociación, esta ley legaliza la persecución de cualquiera que piense distinto”, dijo Louza.
Batiz colocó como ejemplo de la persecución a la disidencia, la reciente detención de cuatro personas en el estado Mérida por enviar mensajes de WhatsApp donde criticaban la gestión del gobernador Jehyson Guzmán.
Para Alvarado, la aprobación de este proyecto de ley constituye un retroceso más de la democracia venezolana.
“Este proyecto, si llega a transformarse en ley, va a generar mayor riesgo para los líderes sociales, políticos y cualquier persona que pretenda defender algún derecho”, advirtió.
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¿Otro Dakazo?
En La Conversa también hubo espacio para analizar brevemente la detención del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien después de un año de desaparición fue mostrado por la gestión madurista como una especie de trofeo contra la corrupción.
La “captura” de El Aissami fue comparada con el “Dakazo”, periodo en el que un incipiente gobierno de Maduro obligó a las tiendas de electrodomésticos Daka a vender por debajo del precio regular en la víspera de las elecciones municipales de 2013.
También, ponderaron una posible estrategia de reconciliación con Estados Unidos, cuya justicia ofrece una recompensa de millones de dólares por El Aissami por supuestamente “desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de drogas”.
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