Yakary Prado, autor en Runrun

Yakary Prado

Comunidad universitaria rechaza imposición de autoridades en la USB por parte del CNU

 

El CNU convocó una reunión para discutir los procedimientos que llevarían a la designación de un rector encargado tras la muerte de Enrique Planchart. Sorpresivamente, la sesión terminó también con la designación de dos vicerrectores
Profesores y estudiantes de la casa de estudios de Sartenejas, así como representantes de otras universidades, advierten que esta ofensiva gubernamental que podría repetirse en otras casas de estudio

 

En una polémica sesión extraordinaria, el Consejo Nacional de Universidades designó a un nuevo rector y a otras autoridades universitarias de la Universidad Simón Bolívar (USB). 

El rector de la Universidad de Los Andes, Mario Bonucci, explicó que en esta sesión se debían discutir los procedimientos para designar a un rector encargado en la USB tras la muerte de Enrique Planchart. 

Pero, de forma irregular, la sesión condujo a la designación inmediata de tres nuevas autoridades: Jorge Stephany como rector interino;  Víctor Theoktisto como vicerrector académico interino y José Vicente Hernández como vicerrector administrativo interino, quienes ya habían sido invitados para su juramentación.

En vista de lo irregular de la situación, los rectores de la UCV, UDO, Unexpo, LUZ, UCLA, ULA y representantes de la propia USB salvaron su voto en la decisión. 

Cabe precisar que la delegación profesoral había presentado una lista de 20 nombres de candidatos para seleccionar el rector encargado que, aseguran, fue ignorada por el ministro César Trómpiz.

Nuestra Consultoría Jurídica ha hecho todas las evaluaciones y se designó como rector de la Universidad Simón Bolívar a Jorge Estefan, egresado de esta casa de estudio y físico quien asumirá las riendas de esta universidad con el objeto de avanzar en el proceso de regularidad institucional”, subrayó Trompiz. 

Condena dentro de la comunidad universitaria

La Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar rechazó la ilegítima designación de tres autoridades rectorales por parte del CNU.

Explicaron que los cargos de vicerrector administrativo y vicerrector académico no presentaban ninguna falta absoluta, ya que estaban siendo ocupados por profesores designados por el CNU entre los años 2016 y 2017, luego de la renuncia de los profesores electos en 2009.

En un comunicado, objetaron que los profesores designados «participen o hayan participado en proyectos políticos del Ejecutivo Nacional y el Partido PSUV, poniendo en entredicho la autonomía de su accionar».

Entre los antecedentes políticos de las nuevas autoridades designadas por el CNU en la USB señalan la creación de la criptomoneda Petro, la candidatura a la Asamblea Constituyente de 2017 (desconocida internacionalmente) o la propia representación del ministro ante el Consejo Directivo de la Universidad.

En redes sociales, profesores y estudiantes han activado una propuesta digital para hacer visible el problema y exigir elecciones.

 

¿El comienzo de una política de imposición de autoridades?

La polémica decisión levantó una ola de condena por parte de voceros de universidades autónomas y experimentales y distintas organizaciones. 

El profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, explicó en entrevista con Román Lozinski las irregularidades que evidenció esta designación. 

«La sesión se hizo de forma ambigua y, en el marco de esa ambigüedad, ellos decidieron que se debía elegir no solo al rector interino, sino también a dos vicerrectores. Esos dos vicerrectores estaban designados hace algún tiempo porque habían renunciado los dos titulares», explicó.

Además, denunció que el ministro de Educación Universitaria ignoró la lista de 20 personas propuestas desde la universidad y que se decantaron por escoger a los nombres que puso sobre la mesa el Ministerio.

«No estaba convocada una reunión para elegir a tres autoridades de la USB. En segundo lugar, lo habitual es que se nombre una comisión que examine los currículo y en otra sesión, de acuerdo al informe establecido, se someta a consideración. Eso no ocurrió así y se nombraron tres personas vinculadas con la posición del gobierno tanto en la política nacional como en la universitaria», denunció.

Advirtió que este antecedente podría replicarse en otras casas de estudio en las que no se han podido hacer elecciones o hay falta de autoridades.

«Esto puede ser el comienzo de una política en la que se convoque un CNU para designar autoridades en cada universidad y vayan construyendo autoridades afines al gobierno (…) Estas acciones no son ingenuas, no son neutras, tienen un carácter político por la capacidad de crítica que ha tenido la Academia venezolana frente a la situación política nacional», alertó. 

 

Por su parte, la ONG Aula Abierta, que defiende y promueve los derechos humanos en el ámbito universitario, recalcó que el CNU basó su decisión en el presunto vencimiento de los 180 días para celebrar elecciones, debido a la extemporaneidad de los cargos de las anteriores autoridades.

«Desde Aula Abierta, aclaramos que las universidades públicas venezolanas se han visto imposibilitadas de celebrar elecciones debido a las prácticas sistemáticas del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en la última década», explicaron.

También,  recuerdan que el CNU «de manera continua y contraria a la ley», ha venido designando autoridades en diversas universidades en Venezuela desde el año 2016. 
·
«Exigimos al CNU y demás autoridades que cesen las prácticas de designación ilegal de autoridades y que estas se hagan en consonancia con la LU y los tratados internacionales en materia de educación», concluyen. 

Mientras que Benjamín Scharifker, químico venezolano y exrector de la USB, opinó que esta imposición de autoridades en esta casa de estudios es «parte de la apoptosis (muerte programada) diseñada por la dictadura para acabar con las universidades» en Venezuela. 

Finalmente, la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, declaró a un medio universitario que esta decisión es una «intervención a la USB» y constituye  una «flagrante violación a la autonomía», así como una «demostración del talante antidemocrático»  de quienes dirigen la cartera universitaria.

 

CLAVES |  Misión de la ONU concluye que el sistema de justicia venezolano facilita la violación de DDHH
El segundo informe de la Misión Internacional independiente de la ONU identificó un patrón de «graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional» facilitado por un sistema de justicia «carente de independencia»
Concluyen también que, en los últimos años, funcionarias y funcionarios públicos, incluso «algunos de alto nivel»,  han podido «cometer violaciones de derechos humanos y crímenes con impunidad»

 

Este 16 de septiembre de 2021 se difundió el segundo Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas, que documenta las conclusiones del grupo sobre las actuaciones del sistema de justicia venezolano. 

El informe detalla hallazgos relacionados con la persecución a opositores y el papel del Gobierno en la «perpetuación de la impunidad de las violaciones de los derechos humanos» y se publica en un contexto en el que el gobierno y los sectores que lo adversan negocian acuerdos políticos en México. 

La Misión recalca que continúa examinando casos de «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual y de género» y enfatiza que ha encontrado «recurrentes violaciones» al debido proceso que revelan que en el país hay  un «sistema de justicia carente de independencia» .

Estas deficiencias, según explican, van de la mano de un «patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para «silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno desde 2014».

La Misión basó sus determinaciones en 177 entrevistas – muchas de ellas con actores del sistema de justicia – así como en una encuesta a exjueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos. También, se hizo un extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales.

Asimismo, se revisaron detalladamente 183 detenciones de opositoras y opositores al gobierno (153 hombres y 30 mujeres; aproximadamente la mitad de civiles y la mitad de militares) entre 2014 y agosto de 2021.  Este proceso derivó en la documentación de diversas irregularidades «que empañan todas las etapas del proceso penal».

“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión, en la nota de prensa oficial sobre el informe difundida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Según nuestra última investigación, existen motivos razonables para creer que, en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o reales», añaden.

El grupo independiente también concluye que, en los últimos años, funcionarias y funcionarios públicos, incluso «algunos de alto nivel»,  han podido «cometer violaciones de derechos humanos y crímenes con impunidad».

«El Estado venezolano está constitucionalmente obligado a investigar y castigar a todos los y las autores de violaciones de derechos humanos, independientemente de su posición. Sin embargo, la investigación de la Misión encontró que este deber se está incumpliendo en los casos que involucran a opositoras y opositores reales o percibidos por el gobierno como tales», denuncian. 

A continuación, las claves más relevantes del documento, cuyo texto completo puede descargar acá: Informe de la Misión Internacional de la ONU_16Sep2021


Falta de independencia del sistema judicial

La Misión encontró «motivos razonables» para creer que actores políticos venezolanos de alto nivel han ejercido una influencia significativa sobre el sistema de justicia.

El informe precisa que en Venezuela distintas reformas legales y administrativas «contribuyeron al deterioro de la independencia del sistema de justicia» y tuvieron lugar a lo largo de varios años, al menos desde la adopción de la Constitución de 1999.

Señala que la «injerencia política en la elección de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo»  ha propiciado «cambios permanentes en su alineación ideológica», lo que ha tenido efectos sobre todas  las instituciones del Poder Judicial. La misión recalca que la Asamblea Nacional ha aprobado leyes que «eluden el proceso establecido constitucionalmente» y «aumentan la influencia política en la selección del Tribunal Supremo».

Reseñan también que, previo a la designación de diciembre de 2015, 13 de las magistradas y los magistrados se acogieron a la jubilación anticipada. Posteriormente, la mayoría de ellos denunció que  el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, había ejercido presión para que lo hicieran.

La ONU ve con preocupación que desde 2003 no se lleven a cabo procesos de selección competitiva  de juezas y jueces. Y que, en su lugar, «el Tribunal Supremo efectúa nombramientos provisionales de juezas y jueces, lo que significa que las selecciones y las destituciones pueden realizarse sin causa y por fuera del proceso establecido conforme a la Constitución».

Respecto a la designación de fiscales, indican que casi todos los que trabajan en la actualidad son provisionales.  Exfiscales entrevistados por la Misión declararon que el ingreso al Ministerio Público ya no es meritocrático, sino que depende en gran medida de «factores personales e influencias políticas partidistas».

La Misión asegura haber recibido información que califican como «creíble» de exfiscales, tanto titulares como provisionales,  quienes reclamaron haber sido destituidos por motivos políticos y sin proceso previo.

En ese sentido, recopilaron denuncias de actores judiciales y fiscales que denunciaron haber experimentado o presenciado «injerencias externas en un caso y/o que habían recibido instrucciones sobre cómo decidir determinados casos, por fuera de los hechos del caso».  Estas instrucciones provendrían tanto de actores políticos como de la propia jerarquía judicial o fiscal.

Además, el grupo de investigación afirma que recibió información de «múltiples fuentes» dentro de diversas instituciones judiciales que afirmaría que ciertos funcionarios públicos son “intocables” y no pueden ser sometidos a procesos judiciales.

«Se trata de personas, incluyendo funcionarios políticos y de seguridad, a veces vinculados con intereses económicos y/o criminales, que pueden ejercer control e influencia sobre jueces y fiscales», describen.

Sobre la injerencia en el Tribunal Supremo de Justicia, el informe de la Misión señala directamente a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello como figuras políticas que emiten habitualmente órdenes sobre cómo decidir las sentencias.

«Al menos desde 2015 a 2018, el Poder Ejecutivo transmitió órdenes al Tribunal Supremo de Justicia de tres formas: a través de mensajes directos a las y los magistrados correspondientes, en ocasiones invitándolas/los a Miraflores (el palacio presidencial); a través de un contacto designado como intermediario entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo; y/o a través de las declaraciones públicas del presidente Maduro o Diosdado Cabello, que a veces fueron resumidas en actas y distribuidas entre las y los magistrados»., se lee textualmente en el reporte. 

 

Como ejemplo puntual de esas denuncias, se narra el testimonio de un  exmagistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, nombrado en diciembre de 2015,  quien afirma que una de las primeras decisiones que le presentaron fue un proyecto de sentencia para inhabilitar a las personas electas como diputados del estado Amazonas, lo que habría eliminado la mayoría calificada de la oposición en la Asamblea Nacional. 

«El entonces presidente saliente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, supuestamente le ordenó que decidiera el caso de acuerdo con lo que la presidenta de la Sala Electoral le indicara. La presidenta de la Sala Electoral le dijo entonces que el país estaba en riesgo de guerra civil y que tenía que firmar la sentencia o sería responsable de las consecuencias», se lee textualmente en el informe. 

Funcionarios públicos inciden en la acción penal

En los Circuitos Judiciales Penales se describieron situaciones similares. Exjueces informaron de manera consistente que, en casos políticos, «recibían instrucciones o presiones sobre cómo decidir».  Abogados defensores contaron, por su parte, que han observado que antes de tomar una decisión, «los jueces abandonan la sala para poder recibir instrucciones de sus superiores”

El documento también incorpora un episodio violento que se vivió en las inmediaciones de la Fiscalía en agosto de 2017, días después de que Tarek William Saab fuera nombrado fiscal general.

«Se permitió la entrada al Ministerio Público de grupos de entre 10 y 15 hombres armados que llevaban puestos pasamontañas. Estos grupos tomaron fotos, establecieron cordones, entraron en las oficinas y sacaron documentos. También, se le reportó a la Misión que Tarek William Saab, al asumir sus funciones como Fiscal General en agosto de 2017, desmanteló rápidamente varias unidades especializadas dentro del Ministerio Público, disminuyendo así la independencia del Ministerio Público para investigar los delitos cometidos por instituciones del Estado».

Contrario a lo establecido en la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar, que confieren al Ministerio Público o a la Fiscalía Militar la competencia para ordenar y dirigir la persecución penal, las investigaciones de la Misión identificaron un patrón en el que actores externos desempeñan un papel preponderante en este proceso, en ocasiones, «ejerciendo una influencia indebida sobre el mismo».

Precisan en el documento que en 102 de las 183 detenciones de opositores  que fueron examinadas por la Misión hubo funcionarios públicos de alto nivel que hicieron declaraciones públicas sobre el caso.

«Cuando los funcionarios políticos de alto nivel hacen tales declaraciones, están comunicando que tienen acceso privilegiado a la investigación penal y que los actores judiciales están actuando en su nombre. Las declaraciones expresan de forma rutinaria conclusiones sobre la culpabilidad o la inocencia, el carácter o la reputación de las personas sujetas a investigación», considera la Misión. 

Por otra parte, se documentó que tanto el Sebin como la Dgcim juegan un «papel importante en la dirección de las investigaciones». Un exfiscal confirmó a la Misión que en casos específicos, estos organismos de inteligencia tienen «carta blanca» para adelantar las investigaciones y que el Ministerio Público solo actúa para ratificar las decisiones.

Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas,  torturas y tácticas de castigo «nazis»

Diversas irregularidades sobre este punto fueron documentadas por la misión independiente de la ONU. Entre ellas, se especifican:

  •  19 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración de militares, sustentadas por juezas, jueces y fiscales mediante la emisión de órdenes de detención expost facto.  «La modificación de fechas en las actas brindaba la apariencia de que se estaban respetando los derechos de las personas detenidas, pero ello era contrario a las versiones de los hechos relatadas por estas personas».                                                                                                                                                                                                                                 
  • Miembros de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado utilizaban la figura de la flagrancia como base para llevar a cabo detenciones arbitrarias de opositores  pesar de que no se acababa de cometer ningún delito ni estaba en curso.                                                                                                                                                                                                   
  • En 146 casos de 170 audiencias de presentación documentadas por la Misión se le dictó detención preventiva a la persona procesada, pese a que esta medida solo se puede ordenar de forma excepcional o cuando otras medidas cautelares sean insuficientes.                                                                                                                                                                                          
  • Exponen también que a menudo se impusieron «medidas cautelares sustitutivas desproporcionadamente prolongadas o restrictivas»  que, en algunos casos, alcanzaron una duración similar a la de la pena por el delito subyacente.                                                                                                                                                                                                                                         
  • La revisión de expedientes por parte de la Misión reveló discrepancias en las fechas que parecen encubrir la ausencia de órdenes de detención al momento en que fue practicada así como la falta de presentación del detenido ante un juez o jueza dentro de los plazos legales. «En algunos casos, las fechas oficiales de detención parecen encubrir periodos en los que las personas afirman haber sufrido desapariciones forzadas de corta duración durante los cuales estuvieron incomunicadas y fueron sometidas a tortura o a tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual»                                                                                                                                                                                 
  • Las autoridades no presentan órdenes de arresto, no explican los motivos de la imputación y no se identifican al momento de la detención cubriendo incluso sus rostros o utilizando alias: «Las personas detenidas fueron trasladas con los ojos vendados o encapuchadas, utilizando rutas indirectas. Hubo un uso excesivo de la fuerza o la violencia durante las detenciones».                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  • Uno de los casos documentados más impactantes refleja el uso de tácticas criminales, incluyendo el «secuestro o detención de miembros» de la familia de opositores para lograr los arrestos. Se menciona a un acusado de participar en la Operación Gedeón quien denunció torturas por parte de agentes de la Dgcim. El afectado contó que lo amenazaron con aplicar el “Sippenhaft” (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis). Detuvieron posteriormente a sus dos hermanas y a su cuñado y los retuvieron en La Boleíta durante 32 días.

  • La Misión destaca haber recibido denuncias repetidas sobre presos políticos a los que mantienen en régimen de incomunicación, especialmente durante los primeros días de detención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  • En otro apartado relevante del informe, se especifica que en 113 de los 183 casos examinados por la Misión se denunciaron torturas, violencia sexual, tratos crueles, inhumanos o degradantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  • Se hace notar también que los jueces no actúan ante las denuncias de torturas de algunos privados de libertad por razones políticas. Un detenido declaró que luego de que una jueza decidiera devolverlo a la custodia de la Dgcim, fue víctima de tres meses de torturas continuas. Otra detenida narró que sufrió un aborto después de la audiencia de presentación como consecuencia de las torturas infligidas.» A pesar de haber recibido denuncias de tortura, la persona titular del Juzgado de control la devolvió a la custodia de la DGCIM».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  • La Misión no encontró evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados por someter a detenidos de ambos sexos a desapariciones forzadas de corta duración, tortura (incluida la violencia sexual) y ejecuciones extrajudiciales. 

Allanamientos ilegales y siembra de pruebas

Se documentaron 73 casos en los que los agentes allanaron los domicilios o las oficinas de personas detenidas e incautaron objetos sin presentar órdenes de allanamiento en ese momento, incluido el caso del allanamiento de la organización Azul Positivo el 12 de enero de 2021.

«En varios casos investigados, se incautaron pruebas durante allanamientos sin orden judicial de ordenadores o teléfonos, en ocasiones, tras haber obtenido las contraseñas bajo coacción o tortura», denuncian. 

Asimismo, reportan que actores judiciales o de la fiscalía se basaron en medios de prueba «falsificados, manipulados o sembrados» para justificar una detención o sostener los cargos y/o no investigaron las denuncias de que las detenciones se habían realizado sobre la base de dichos medios de prueba.

Irregularidades procesales

Denuncia la misión que jueces y las juezas ordenaron la prisión preventiva como una medida rutinaria y no excepcional.

«En ocasiones, juezas, jueces y fiscales mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona. En algunos casos, jueces y juezas dieron apariencia de legalidad a las detenciones ilegales emitiendo órdenes de arresto con carácter retroactivo, que abarcaban periodos durante los cuales los detenidos y las detenidas padecían  torturas y violencia sexual, se les impedía comunicarse con sus familiares o su defensa, y quedaban fuera de la protección de la ley», describen.

Se reseña como patrón común la detención de personas por períodos prolongados sin cargos,  como en el caso del doctor Leonard Hinojosa, quien fue detenido en el Zulia el 26 de octubre de 2020 y luego recluido en La Boleíta de la DGCIM en Caracas hasta el 12 de marzo de 2021, sin haber sido presentado ante un juez ni informado del motivo de su detención.

La Misión documentó 16 casos de detención en los que las audiencias preliminares se aplazaron durante más de dos años, tiempo durante el cual se prolongó la prisión preventiva o las medidas cautelares sustitutivas. A varias personas detenidas se les aplazó la audiencia preliminar más de 20 veces, y algunos estuvieron en prisión preventiva hasta por cuatro años, el doble del límite legal.

Investigación limitada y selectiva de casos emblemáticos de violación a DDHH

La Misión se refirió a la información que presentó el fiscal Tarek William Saab sobre los avances en la investigación de «casos emblemáticos» de violación de DDHH. 

Recuerdan que el titular del Ministerio Público chavista se refirió específicamente a tres casos investigados por la Misión: Fernando Alberto Albán, Rafael Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalete.

Opinan que el alcance de las investigaciones que se han estado adelantando sobre estos casos es «limitado», por cuanto no están siendo objeto de investigación todos los delitos graves, o bien, tan solo partícipes de bajo rango enfrentan procesos penales.

Con respecto a  los 19 casos incluidos en informe de la Misión de 2020 sobre la represión selectiva contra personas opositoras al Gobierno, salvo por los casos de Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo y otro caso más, «la información de la que dispone la Misión no indica que se hayan adoptado medidas de investigación tangibles, concretas y progresivas».

Detallan que en el período comprendido entre 2014 y mayo de 2021, el Estado informó que entre 379 o 397 funcionarios del Estado fueron condenados por violaciones de derechos humanos, al tiempo que aseguran que la información examinada por la Misión no da cuenta de que el Estado estuviese investigando a personas en los niveles superiores de la cadena de mando para determinar su responsabilidad penal en la violación de DDH. 

 «Por el contrario, en los casos a los que el Gobierno mismo hace referencia en sus informes, solo los partícipes de bajo rango enfrentan a un proceso penal. Con respecto a los funcionarios de alto nivel, incluidos los identificados en el informe de la Misión de 2020, la ley exige que para ser investigados y enjuiciados debe levantarse su inmunidad mediante un proceso de antejuicio de mérito», amplían.

 

En conclusión…

En el apartado final del informe, se registran las siguientes conclusiones a las que llegó la misión de la ONU tras el análisis de toda la data. Las más relevantes se detallan seguidamente. 

  • El sistema de justicia de Venezuela estaba erosionado desde antes de 2014.
  • La selección inconstitucional de juezas, jueces y fiscales, así como el nombramiento de jueces y fiscales provisionales y su destitución al margen de la ley,han sido perjudiciales para la independencia del sistema judicial.
  • Hay «motivos razonables» para creer que las juezas, jueces y fiscales del país han denegado el goce de derechos a opositores al gobierno,  por haber sufrido injerencia desde dentro de la jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Público. 
  • Prevalecen las irregularidades en casos presentados ante juzgados y tribunales con competencia especializada en materia de terrorismo.
  • El sistema de justicia no protege a los opositores contra detenciones y arrestos arbitrarios y las juezas y jueces han desempeñado un papel clave en la detenciones arbitrarias.
  • Los retrasos procesales han prolongado la prisión preventiva y otras medidas cautelares con efectos devastadores para la vida de las personas sospechosas, incluida su salud física y mental y la de sus familias.
  • El Estado no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos.
  • La práctica de solicitar y emitir órdenes de aprehensión a posteriori se ha utilizado para encubrir «períodos de detención en régimen de incomunicación o desaparición forzada», períodos en los que los detenidos fuero sometidos a tortura, violencia sexual y estuvieron incomunicados. 
  • El sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la  represión Estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos.

Las recomendaciones

En este capítulo, se hacen una serie de sugerencias a cada institución para evitar y reparar los daños cometidos. A continuación, se citan las más destacadas. 

Al Tribunal Supremo de Justicia: 

  • La Misión insta a que se garantice el nombramiento de jueces y juezas de primera instancia y de apelación exclusivamente por concurso público.
  • Recomienda realizar investigaciones imparciales  y, cuando corresponda, adoptar medidas disciplinarias apropiadas, para sancionar a los jueces y las juezas que demuestren no haber ejercido sus funciones en cumplimiento de las garantías del debido proceso, lo que incluye la falta de actuación ante denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto de arrestos, detenciones e interrogatorios, incluyendo actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violencia sexual.
  • Pide garantizar el respeto absoluto del principio de independencia judicial. Abstenerse de instruir o presionar a jueces y juezas, ya sea directamente o a través de los presidentes y las presidentas de los Circuitos Judiciales.
  • Sugiere al organismo llevar a cabo su papel de forma independiente, respetar la separación de poderes frente a otros poderes del Estado y abstenerse de tomar cualquier decisión basada en influencias indebidas, sesgos políticos o de otro tipo, es decir por fuera del apego a la ley.

A las juezas y jueces

  •  Realizar una revisión judicial sistemática de la legalidad de los arrestos y garantizar la correcta aplicación de la ley con respecto a las detenciones en casos de flagrancia.
  • Dejar de emitir órdenes de aprehensión a posteriori y garantizar la debida verificación de la información presentada por el Ministerio Público y las autoridades encargadas de la detención.
  •  Garantizar que la prisión preventiva esté debidamente fundamentada.
  • Revisar periódicamente las medidas cautelares para garantizar que se ajusten a los requisitos legales y que no se prolonguen más allá del tiempo máximo autorizado por el Código Orgánico Procesal Penal.
  • Garantizar que todas y cada una de las personas presentadas ante un tribunal y acusadas tengan la posibilidad de designar representación legal de su elección y abstenerse de la práctica de imponer una representación a través de la defensa pública.
  • Abstenerse de ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en las instalaciones del Helicoide y Plaza Venezuela del Sebin y la Boleíta y Fuerte Tiuna de la Dgcim. Garantizar que los cuerpos de seguridad e inteligencia cumplan las órdenes relativas al lugar donde se debe llevar a cabo la detención.
  • Cuando se ordene la prisión preventiva, garantizar que las personas detenidas sean enviadas a centros con instalaciones apropiadas para su género y con una adecuada segregación por sexos.
  • Desestimar las pruebas y los cargos fundados en pruebas provenientes de investigaciones realizadas por el Sebin y la Dgcim  cuando haya indicios de que la información se obtuvo mediante tortura o coacción.
  • Actuar inmediatamente ante las denuncias de tortura, incluida la violencia sexual.

 

Al Ministerio Público y fiscalía general militar

  • .Garantizar que las imputaciones se basen en pruebas sólidas y válidas, que sean suficientes para fundamentar los cargos.
  • Garantizar que las pruebas recolectadas no deriven de actos ilegales, incluyendo coacción, coerción, interrogatorios sin presencia de un abogado, o tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
  • Dado que el Sebin y la Dgcim están «asociados a actos de tortura, coacción y manipulación de pruebas», sugieren adoptar el máximo cuidado antes de depender de estas instituciones en la investigación penal, incluyendo el uso de cualquier prueba obtenida por estos organismos.
  • Garantizar que las personas detenidas comparezcan en la audiencia de presentación ante los tribunales competentes con cargos bien fundamentados, dentro de las 48 horas establecidas por la ley.
  • Abstenerse de solicitar órdenes de aprehensión una vez transcurridas las detenciones y salvaguardar el derecho de las personas detenidas a no sufrir actos de tortura y violencia sexual en el delicado periodo que transcurre entre su detención y su presentación ante el tribunal.
  • Investigar las denuncias de tortura, incluida la violencia sexual por parte del Sebin y la Dgcim durante los arrestos y las detenciones.
  • Considerar cargos alternativos en los casos de Albán, Acosta Arévalo y Pernalete que reflejen la gravedad de los crímenes cometidos, y realizar revisiones de dichos casos para contemplar la posibilidad de presentar cargos contra personas de mayor jerarquía en las cadenas de mando de las estructuras involucradas.
  • Garantizar que las investigaciones no se limiten a los autores de menor rango, sino que examinen de forma exhaustiva la responsabilidad por dichos crímenes a varios niveles de la cadena de mando.
  • Informar de manera inmediata a las “autoridades competentes” cuando se tome conocimiento de actos de tortura.

 

A la Defensoría Pública y del Pueblo

  • Recomiendan dar instrucciones a los defensores públicos para que se nieguen a actuar en nombre de quienes no acepten su representación. y recordar que los defensores públicos deben seguir las instrucciones de sus clientes.
  • Piden a la Defensoría adoptar medidas concretas, mensurables y oportunas para dar seguimiento de oficio a las violaciones de los derechos humanos o a raíz de denuncias y quejas recibidas. Esto debe incluir la presentación de denuncias en contra de los funcionarios públicos que hayan violado derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. 

Al Poder Ejecutivo

  • Aplicar las recomendaciones publicadas por la Misión en su Informe 2020. Sobre el presente informe, piden que se prioricen aquellas relacionadas con la responsabilidad de agentes estatales y la justicia para las víctimas, las garantías del debido proceso, la independencia de los jueces y fiscales, el uso de los tribunales militares, la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes y las instituciones públicas.
  • Abstenerse de emitir órdenes o ejercer presiones implícitas o explícitas, sea a través de comunicaciones públicas o privadas, sobre las autoridades del sistema de justicia, incluidos juezas, jueces y fiscales en relación con las investigaciones y los procedimientos judiciales, y los procedimientos contra opositores.
  • Continuar la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, permitiendo el acceso pleno y sin obstáculos a todos los centros de detención y el acceso a las salas de audiencia y a los juicios con fines de observación.
  • Cooperar con la Misión, entablar un diálogo y conceder acceso a Venezuela a sus miembros y personal para realizar investigaciones in situ

           

Casos de COVID-19 han superado la barrera de los 1.000 en varios días de septiembre

 

Expertos han advertido que la circulación de cinco variantes en simultáneo, incluida la delta, pueden presionar un aumento de contagios
Del 1 al 13 de septiembre fallecieron siete trabajadores de la salud con criterio de COVID-19

Del 1 al 12 de septiembre se contabilizaron 12.414 casos de coronavirus en Venezuela según las cifras oficiales.

El día con más casos en estas dos primeras semanas del mes 9 fue el 2 de septiembre, con 1.271 contagios reportados. 

Mientras que el día con menos casos fue el 7 de septiembre, con 834.

En siete de los 15 primeros días del mes de septiembre la cifra de casos superó la barrera de los 1.000. Estos fueron el 2, 6, 8, 9, 10,  11 y 13 de septiembre.

Hasta el 12 de septiembre, se totalizaban 177 fallecidos por COVID-19 durante el mes. 

 

El mes de agosto de 2021 cerró con una disminución de 11% de los casos de coronavirus en Venezuela respecto al mes de julio, todo según las cifras reportadas por el gobierno.

Según estos datos, en el mes pasado se registraron 29.467 casos versus 33.054 casos notificados en julio.  Asimismo, las muertes también descendieron un 8% respecto al mes siete del año.

Circulación de variantes en el país

De acuerdo con los datos del Instituto de Investigaciones Científicas de Venezuela (IVIC) y el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, para el mes de julio de 2021 la variante predominante en Venezuela era la Gamma (72%).

Le seguían la variante Mu identificada en Colombia (16,2%) la Alfa (0.82%) y otros linajes (0.65%)

Respecto a la variante Delta,  se había precisado que circulaba en menos del 0.5% de las muestras analizadas (solo en Distrito Capital) y que la variante Mu era la que predominaba en Zulia y Táchira (> 75%).

Respecto a estos datos, el infectólogo venezolano Julio Castro hizo varias interpretaciones.

«En la segunda onda pandémica actual predomina la variante originada en Brasil. Mu puede predominar próximamente y hay un impacto marginal de Delta hasta el momento. Difícil predecir comportamiento de variantes a futuro», escribió en su cuenta en Twitter.

A principios de semana, la Sociedad Venezolana de Infectología instó a extremar las medidas de prevención debido al aumento de casos de coronavirus en Venezuela. 

Contagios y muertes de trabajadores sanitarios

La ONG Médicos Unidos de Venezuela informó que del 2 al 13 de septiembre perdieron la vida otros siete trabajadores sanitarios como consecuencia del COVID-19.

En la lista de fallecidos, figuran cinco médicos cirujanos, una enfermera y un obrero. La entidad con mayores muertes de trabajadores sanitarios sigue siendo Zulia, con 153, seguida de Distrito Capital, con 99.

Con estas muertes, aumenta a 747 el número de fallecidos dentro del sector. 

Por otra parte, Monitor Salud reportó que 205 trabajadores sanitarios contrajeron el COVID-19 del 1 al 14 de septiembre. 

La región central es la que presenta la mayor cantidad de contagios, con 92 trabajadores de la salud enfermos.

Si tienes una 'gripecita', aíslate: SVI alerta sobre aumento de casos de COVID-19 por variantes
La Sociedad Venezolana de Infectología instó a ampliar la vacunación pero también recordó la responsabilidad individual y colectiva en la diseminación del virus

La Sociedad Venezolana de Infectología instó a extremar las medidas de prevención ante el aumento de casos de COVID-19 en Venezuela en las últimas semanas.

En un documento difundido en sus redes sociales, recordaron que en el país circulan variantes de preocupación del COVID-19  (Gamma 🇧🇷 , Alfa 🇬🇧, Delta 🇮🇳) y variantes de interés (Mu 🇨🇴 y Lambda 🇵🇪 ). 

Precisaron que las variantes más contagiosas (Delta o Alfa) están causando «múltiples casos y brotes extensos» en los grupos familiares o de contacto.

Por otra parte, detallaron que las variantes Gamma y Mu tienen mayor posibilidad de evasión inmune, por lo que aumentan la posibilidad de reinfecciones o de infecciones en vacunados. 

La baja cobertura de vacunación en el país sigue siendo un problema para controlar la pandemia, según advierten. Eso y el deterioro del sistema de salud en el marco de la emergencia humanitaria compleja. 

«El problema más relevante es que en Venezuela todavía la gran mayoría de la población es susceptible (no está vacunada y no ha sufrido la infección), y adicionalmente, nuestro deteriorado sistema de salud no tiene la capacidad de enfrentarse a cualquier repunte de casos», explican.

 

Insistieron en que el Estado debe vacunar masivamente a la población «con biológicos de reconocida eficacia y seguridad y que tengan la autorización de entes internacionales», así como también «mejorar las condiciones de salud a todo nivel, mejorar las capacidades diagnósticas y de seguimiento epidemiológico y educar a la población».

Prevención, una tarea individual

No obstante, remarcaron que es deber individual y colectivo frenar los contagios, para lo cual recomiendan el uso estricto y universal de las mascarillas, el disminuir conductas de riesgo, evitar espacios cerrados y aglomeraciones, así como también reuniones innecesarias sin mascarillas.

Otro aspecto en el que hacen especial énfasis es en la atención temprana. Ante cualquier síntoma sugestivo de COVID-19, se recomienda buscar «lo más pronto posible» una orientación médica especializada. 

«Si tienes una gripecita, aíslate», se lee en la imagen que comparte el post de la SVI. Recalcan que aislar a los casos sospechosos y positivos disminuirá la diseminación de la enfermedad.

El grupo de expertos también recuerda que no existen «combos milagrosos» para tratar el COVID-19, por lo que el tratamiento debe ser personalizado.

«La ivermectina no sirve contra COVID-19, más del 95 % no necesitan antibióticos, los esteroides solo deben indicarse en casos con hipoxemia, hospitalizados, en dosis y por tiempos adecuados», explican.

Repunte de contagios

El pasado 7 de septiembre, el dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, alertó sobre un repunte de hospitalizaciones en centros de salud públicos.

«Las emergencias están llenas con pacientes que tienen síntomas de la enfermedad, el personal también ha comenzado a enfermarse, el llamado es a cuidarse», escribió en su perfil en Twitter. 

 

Mientras que Monitor Salud reportó que para el 9 de septiembre, 53,11% de las camas para pacientes COVID-19 en hospitales centinela estaban ocupadas. 

En total, de las 1.954 camas de hospitalización, unas 1.152 eran ocupadas.

Mientras que de las 215 camas habilitadas en las diferentes unidades de cuidados intensivos, había 95 ocupadas. 

Policía Nacional de España anunció detención del Pollo Carvajal
El exdirector de inteligencia militar chavista era requerido por EEUU por delitos de narcotráfico internacional
La detención se practicó en la ciudad de Madrid

 

A través de un mensaje colgado en su cuenta en Twitter, la Policía Nacional de España informó sobre la detención de Hugo «El Pollo» Carvajal, requerido por Estados Unidos para extradición.

La detención del exdirector de inteligencia militar en Venezuela se produjo en la ciudad de Madrid. 

«Vivía totalmente enclaustrado sin salir al exterior, ni asomarse por la venta, y siempre protegido por personas de confianza», se lee en el breve mensaje compartido por la Policía local.

Las causas abiertas en EEUU

El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de diez millones de dólares por la captura de Carvajal.  En un comunicado de la institución,  destacaban que el «Pollo Carvajal» tenía  varias causas abiertas por el Departamento de Justicia «por su papel en el narcotráfico internacional». 

«Mientras ocupó posiciones clave en el régimen de Maduro, este individuo violó la confianza pública al facilitar envíos de narcóticos desde Venezuela», reseñaban. 

Cabe recordar que Carvajal estuvo en labores de inteligencia militar por espacio de ocho años durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

Los hechos por los que lo acusa EEUU se produjeron entre 1999 y 2019, «cuando presuntamente pertenecía al llamado ‘Cártel de los Soles’, dedicado al transporte de cargamentos de droga».

En marzo de 2020, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusó por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas de fuego. 

Posteriormente, el Consejo de Ministros de España aprobó entregar a EEUU al exgeneral venezolano.  El paradero de Carvajal era desconocido desde noviembre de 2019.

Sobre su eventual extradición,  la analista Rocío San Miguel recordó que el gobierno de Maduro podría solicitar traerlo de retorno al país

«Captura del Pollo Carvajal en Madrid  podría dar inicio inmediato al proceso de extradición hacia los EEUU, donde es requerido por la justicia de ese país. Venezuela puede solicitar prioridad en la extradición, pero al no ofrecer garantías a su integridad, seguro será rechazada», consideró. 

¿Rastreado por las redes?

Tras conocerse la detención, la periodista Ibéyise Pacheco llamó la atención sobre el hecho de que Carvajal fue detenido dos días después de reactivar su cuenta en Twitter.

En el mensaje de reactivación, el exfuncionario del chavismo evidenciaba «preocupación por su proceso judicial». 

Pacheco también dijo que Carvajal estaba protegido por el partido Podemos. 

«EEUU tenía precisado al Pollo Carvajal, quien se mantenía en España confiado en sus relaciones con Podemos, partido del que conoce los secretos oscuros de sus finanzas. Finalmente, lo atraparon. Es mucha la información que maneja del chavismo. Se dedicó a espiarlos a todos», opinó.
Naufragio de lancha rumbo a La Tortuga: lo que se sabe y lo que aún se desconoce
La tragedia conmocionó al país. Las autoridades aún buscan a cuatro personas que viajaban oficialmente en la lancha. Trascendió recientemente que había un quinto pasajero
No hay una versión oficial sobre la causa del suceso. Una mujer de 25 años que fue rescatada viva en el mar dijo que la lancha naufragó el propio día en el que zarpó y que se «partió en dos» por el impacto de una ola

 

El naufragio de una lancha que se dirigía a La Tortuga conmocionó al país. Hasta el 9 de septiembre, cuatro personas siguen desaparecidas, tres fueron rescatadas con vida y se confirmó la muerte de una de las ocupantes.

Al momento, las autoridades mantienen la búsqueda de los pasajeros que faltan por localizar y adelantan las averiguaciones pertinentes para determinar la causa del naufragio. 

En horas recientes, se reveló que habría un quinto pasajero desaparecido y que no estaba en la lista oficial de los ocupantes. 

El tema ha estado rodeado de imprecisiones y versiones encontradas. En las siguientes líneas, enumeramos los datos concretos que se saben sobre este accidente. 

Así zarpó la lancha

La lancha LM-THOR-AGSM-RE.0733, color blanco, zarpó de Ciudad Balneario en Higuerote, estado Miranda, el pasado viernes, 3 de septiembre, a las 9:30 am.

Los pasajeros se dirigían a la isla de La Tortuga, sentido La Orchila. Como se precisa en un trabajo del medio aliado El Pitazo, la distancia aproximada entre ambos lugares es 101 kilómetros, lo que equivale a unas 56 millas náuticas.

En redes sociales se difundió un video compartido por una de las ocupantes, en donde se muestra el momento en el que la lancha estaba partiendo de Carenero

La embarcación debía retornar el domingo, pero no lo hizo, lo que comenzó a inquietar a los familiares de los ocupantes.

Operativo de rescate

En una entrevista con Unión Radio Jesús Rafael Vegas, director de Protección Civil Miranda, precisó que el operativo de rescate inició el lunes  a las 11:00 de la mañana. Se ejecutaron al menos seis sobrevuelos con resultados infructuosos ese día.

El día martes, el avión SAR detectó una información y se envió un helicóptero al sitio que avistó a las dos adultas y a los dos menores de edad.

Los menores estaban junto al cuerpo de su madre en una pequeña balsa inflable y la niñera se sostenía dentro de unas cavas de refrigeración. 

Una embarcación de la Armada venezolana los rescató del agua, recibieron primeros auxilios e hidratación  y fueron trasladados a La Guaira.

Posteriormente, los niños y su cuidadora fueron llevados a distintos centros asistenciales: ella al Hospital Periférico de Pariata, en La Guaira, y los menores a una clínica caraqueña.  

El funcionario precisó que los cuerpos de seguridad no recibieron un alerta de no retorno hasta el día lunes, 6 de septiembre. Por esta razón, no se había activado el operativo de rescate antes.

Actualmente, un nutrido grupo de rescate busca intensamente a los desaparecidos en las zonas marítimas del oeste de Miranda y este de Vargas.

De igual forma, se está rastreando el norte del litoral central, el Archipiélago de Los Roques y el suroeste de La Orchila, según reseña Impacto Venezuela, ya que fue en esta zona donde se rescató a los tres sobrevivientes.

Helicópteros de la PNB Acuática, Cicpc, Bomberos Marinos y de Miranda, guardacostas, aviones de SAR Maiquetía participan intensivamente en la búsqueda.

Trascendió también que dos aeronaves privadas se sumaron a estas labores.

Los pasajeros rescatados y desaparecidos

Hasta el momento, se rescató en el mar el cuerpo de Mariely Beatriz Chacón Marroquín (40 años), la madre de los dos pequeños que sobrevivieron al accidente, identificados como José David Camblor (6 años) y María Beatriz Camblor (2 años). 

A los niños los trasladaron a La Guaira inicialmente y luego fueron llevados a una clínica de Caracas. Presentaron deshidratación, algunas quemaduras por el sol y estrés postraumático.

También, se pudo socorrer con vida a Verónica Martínez,  de 25 años, niñera de los pequeños, quien fue recluida en un hospital de La Guaira. 

Las autoridades aún buscan a Remis David Camblor, capitán de la embarcación LM-THOR-AGSM-RE.0733, color blanco; así como también a José Javier Marcano Narváez, Alejandro Osorio Graterol y Vianney Carolina Dos Santos Morales.

Versiones sobre el accidente

Aunque aún no hay una versión oficial sobre las causas del naufragio, han trascendido algunas hipótesis.

El testimonio central por lo pronto es el de la mujer sobreviviente. La corresponsal de Impacto Venezuela, Amy Torres, reseñó parte de las primeras declaraciones que habría dado Martínez

De acuerdo con esta versión,  la lancha naufragó el propio viernes, viajaba en sentido contrario al oleaje y habría sido impactada por una ola que la «partió en dos».

Martínez también aseguró en su declaración que uno de los tripulantes aún desaparecido llevaba un chaleco salvavidas.

Por su parte, la corresponsal Rosana Batistelli de El Pitazo reseñó lo que, se supone, ocurrió para que las mujeres y los niños fueran encontrados flotando en dispositivos improvisados. 

«Una de las teorías que se maneja sobre cómo lograron escapar los ciudadanos ante la eventualidad, es que los hombres improvisaron balsas para poner a salvo a las mujeres y los niños que iban a bordo», narró.

 

¿Había un noveno pasajero?

En una entrevista con la periodista Shirley Varnagy, se reveló que hay un quinto desaparecido en el naufragio.

El padre de esta persona dijo que su hijo se llama Juan Manuel Suárez Torres, pero que no figura en la lista oficial de los desaparecidos porque habría viajado «oculto». 

“Se habla de 4 personas por rescatar, cuando en realidad no es así. Faltan 5 personas, cuatro hombres y una mujer. El tripulante que está faltando es mi hijo que se llama Juan Manuel Suárez Torres y no aparece en la lista”, declaró en la entrevista radial. 

«Pensamos que se ocultó en la lancha por las ganas de ir y para que no lo fueran a detener en el viaje (…) hay un compañero a quien él le comentó del viaje. Y le dijo que todo estaba cuadrado, que él se iba a ir oculto en la lancha, quizá para pasar el punto de control y para que, al ver muchas personas en la lancha, no la fueran a detener», contó a la emisora Onda. 

 

Precisó que el joven era empleado de confianza de Remis David Camblor (también desaparecido) y que siempre era invitado a este tipo de viajes. 

La última llamada que el señor recibió de su hijo fue el viernes 3 de septiembre, cerca de las 9:00 de la mañana. Se preocuparon porque el joven no retornó el domingo, como había planeado. 

“El domingo nos preocupamos y no es sino hasta el martes que nos enteramos que un familiar de Clamblor se comunicó con una prima de mi hijo y le comentó lo sucedido. De allí para acá es que estamos en esta situación”, relató.

Protección Civil Miranda abrió una investigación para determinar si es cierta esta versión

“Estamos esperando a sus familiares para verificar esta información, aun no tenemos nada concreto. Esta persona no estaba registrada en la planilla de viajeros que tiene el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), por ello no la tenemos entre los desparecidos”, indicó Jesús Rafael Vegas, director de Protección Civil Miranda a El Pitazo.
Variante Mu ya circula abundantemente en Venezuela: ocho cosas que usted debe saber
La variante surgida en Colombia circula en, al menos, cuatro entidades del país y en dos de ellas ha desplazado a la variante Gamma o brasileña
Aunque comparte mutaciones con variantes de preocupación, no se ha determinado que sea tan o más contagiosa que otras variantes como la delta 

@MrsYaky

Flor Pujol, investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, reveló en una entrevista radial que en Venezuela ya circula «abundantemente» la variante Mu del coronavirus, que surgió en Colombia en enero de 2021 y fue responsable de un tercer pico de la pandemia en dicho país. 

La científica precisó que en el estado Zulia esta variante desplazó a la variante Gamma o brasileña.  Asimismo, circula de forma predominante en Táchira y en menor proporción en Mérida y Falcón. 

Además, en el país está descrita la circulación en paralelo de las variantes, Alpha, Gamma y Delta.

«Hay cuatro variantes de preocupación, que son Alpha, Beta, Gamma y Delta. Hemos oído hablar mucho de delta en las últimas semanas. Sabemos que  en Venezuela hemos detectado Alpha, Gamma y Delta. Son variantes de preocupación porque se ha demostrado mayor transmisibilidad, mayor patogenicidad, evasión de respuesta humanitaria o una mezcla de estas características», explicó. 

 

La OMS definió el pasado 31 de agosto a la Mu como una  «variante de interés» porque ya hay intensa transmisión comunitaria en Colombia y otros países y porque comparte el mismo tipo de mutaciones que otras variantes de preocupación del coronavirus.

A continuación, los elementos más resaltantes que usted debe conocer sobre la Variante Mu.

Origen

La variante fue detectada por primera vez en enero de 2021 en Colombia. Su nombre científico es B.1.621.

Las autoridades de ese país han afirmado que fue la responsable, en gran medida, de un tercer pico de la pandemia, al propiciar un número de contagios «muy superior» a las demás olas que había atravesado el país.

¿Por qué se definió como una variante de interés?

Explica la OMS que la variante Mu tiene «una constelación de mutaciones que indican propiedades potenciales de escape inmunológico» .

Las variantes que ellos clasifican como de interés tienen cambios genéticos que se sabe (o se prevé que) afectan a determinadas características del virus, incluida la gravedad de la enfermedad, el escape inmunológico, el escape diagnóstico o terapéutico y la transmisibilidad.

Así también, las variantes incluidas dentro de esta clasificación han causado una «transmisión comunitaria significativa o múltiples grupos de COVID-19, en varios países con una prevalencia relativa creciente junto con un número creciente de casos a lo largo del tiempo» y sugieran un riesgo emergente para la salud pública mundial «, según la OMS. 

¿Dónde circula?

La Organización Mundial de la Salud dice que la prevalencia global de la variante Mu entre los casos secuenciados de COVID-19 está por debajo de 0,1%, pero en países como Colombia y Ecuador ha aumentado «constantemente».

En esas naciones, es responsable de alrededor del 39% y 13% de las infecciones, respectivamente.

Al 1 de septiembre de 2021, la variante circulaba en 43 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, México, España y Canadá. 

Características 

Pujol explica que se parece un poco a la Gamma que emergió en Brasil, que entró probablemente por Bolívar y predomina en todo el territorio de Venezuela, salvo en Occidente.

Tiene las mutaciones «Erik y Nelly» , una asociada a mayor transmisión y otra a evasión de anticuerpos. Esas dos mutaciones las comparte con las variantes  Beta y la Gamma (las surgidas en Suráfrica y Brasil) y hacen presumir que la variante podría ser preocupante.

La carga viral también parecer ser mayor en los infectados con variante Mu respecto a los contagiados con el coronavirus original, pero Pujol destaca que no es tan alta como con la variante delta, en la que se habla de mil veces más carga viral.

«Hemos visto el doble de carga viral en un promedio de muestras», precisó.

Desplazó en varios estados de Venezuela a la Gamma

Pujol llama la atención sobre el hecho de que esta variante Mu desplazó en algunos estados del país a la variante Gamma o brasileña, a la que se le atribuyó el pico de contagios y muertes de los meses de marzo y abril. 

¿Disminuye la efectividad de las vacunas?

La experta asegura que la efectividad de las vacunas se reduce parcialmente con todos lo tipos de variantes. Pero, por sus características, la variante Mu parece ser menos eficiente para evadir la respuesta inmunitaria que otras variantes como la Gamma.

La virólogo insiste en que las vacunas son efectivas y que la inmunización sigue siendo la mejor arma para evitar casos graves de COVID-19.

«Es probable, podríamos pensar que habrá casos de personas vacunas con la variante Mu. Pero infectado es una cosa y cursar una infección grave es otra, y sabemos que las vacunas siguen protegiendo contra la evolución grave de la enfermedad», destacó.

¿Es más agresiva?

Hay un reporte en Canadá en donde mostraron algunos casos relativamente graves con la variante Mu, pero al ser calificada como variante de interés y no de preocupación como otras, no se puede concluir que sea más agresiva que las variantes Alpha, Gamma y Delta, al menos por ahora, opina Pujol.

Síntomas

Hasta el momento, se ha descrito que la variante Mu causa los mismos síntomas que el coronavirus original: fiebre, tos o dificultad para respirar, dolor de pecho,  pérdida de olfato y gusto y cansancio.

Algunas variantes, como la delta y la gamma, también han ocasionado problemas gastrointestinales en los infectados. 

 

Pandemia y crisis económica afectan la educación de menores con discapacidad en Venezuela
Una reciente investigación de Consorven y Funvape encontró que  24% de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad están excluidos del sistema educativo
16% de los menores con discapacidad habrían dejado de estudiar en pandemia. La falta de transporte y problemas con la alimentación también dificultan la educación de este sector de la población

Por: @MrsYaky

La Fundación Vanessa Peretti (Funvape) y la Confederación De Sordos De Venezuela (Consorven) desarrollaron una investigación para identificar las condiciones de acceso y la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Venezuela.

Las preguntas que se abordaron en este trabajo fueron:  ¿Están estudiando las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad?, ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan para poder estudiar? ¿Los contenidos educativos son adaptados y accesibles?

Durante el estudio, se hicieron entrevistas semiestructuradas presenciales y telefónicas  a 78 representantes de menores con discapacidad en edad escolar, en un trabajo de campo que se realizó entre diciembre 2020 y enero de 2021.

El estudio se practicó en Carabobo, La Guaira, Lara, Miranda, Táchira y Yaracuy.

A menos de un mes para que comience el nuevo año escolar 2021-2022, la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) manifestó su preocupación sobre la situación académica en Venezuela y la formación de los estudiantes con discapacidad en el país.

A continuación, los principales hallazgos de la referida encuesta: 

49% de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad están excluidos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

Este documento, según advierten en el informe, es emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis). Resaltan que tener este registro representa la posibilidad de acceder a servicios sociales de manera sencilla y digna.

Además, indican que diferentes instituciones del Estado, entre las que se cuentan las educativas, establecen como un requisito para formalizar su inscripción en el sistema educativo la calificación de la discapacidad y la discapacidad específica certificada por la Conapdis y que está expresa en el Carnet emitido por esta institución, o en su defecto, un informe emitido por un especialista.

«Es así como siempre que cualquier persona con discapacidad no posea un Carnet de identificación emitido por la Conapdis, se está en presencia de la vulneración a un derecho, derecho que es, a su vez, una herramienta para garantizar al acceso a derechos básicos y fundamentales», advierten.

Interrupción y no inclusión en el sistema educativo

Los hallazgos en esta materia no son alentadores. 24% de las niñas, niños y adolescentes cuyos representantes fueron entrevistados no están incluidos en el sistema educativo venezolano.

De este grupo, además, 47% nunca ha estudiado; 37% dejaron de estudiar hace más de un año y 16% abandonaron sus estudios como consecuencia de la pandemia. 

«La afectación sobre los sujetos que no son incorporados al sistema escolar en etapas tempranas de su vida es importante. En principio, se está privando a la niña o niño de
ambientes que cultivan y fortalecen sus capacidades emocionales, culturales y sociales; y, en virtud de que el Estado declara sostener el Programa de Alimentación Escolar (PAE), toda niña, niño o adolescente no incorporado en el sistema educativo podría estarse privando de recibir los beneficios de este programa», destacan en el informe de la encuesta. 

 

Crisis económica afecta el acceso a la educación

Las dos principales dificultades para que los padres lleven a sus hijos a la escuela están asociadas a la crisis económica estructural y a la crisis institucional, según revela la investigación. 

 37% de los representantes de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad entrevistados encuentran como principal dificultad para la educación de sus hijos el problema del transporte para el traslado hasta los centros educativos.

Otro 22% citó el tema de la alimentación como dificultad para que sus representados asistan a la escuela y 15% declaró que la discriminación es la principal dificultad que encuentran para que sus hijos acudan a los centros educativos.

En lo que respecta a la adaptabilidad y accesibilidad de los contenidos educativos, 49% de los representantes no consideran accesibles ni adaptados los contenidos y 71% no fueron consultados sobre las estrategias y medidas necesarias para impartir los contenidos educativos durante la pandemia.

La mayor parte de los niños con discapacidad estudian en escuelas regulares

Otro resultado que llamó la atención es que 58% de las niñas, niños y adolescente con discapacidad estudian en escuelas regulares. Solo 31% lo hace en escuelas especiales.

Mientras que  11% están recibiendo formación en escuelas-taller.

«Siendo que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes estudian en Escuelas Regulares es importante conocer los formatos, los medios y las estrategias para enviar los contenidos educativos», expresa Consorven. 

Sin estrategias para la enseñanza y comunicación

La encuesta también halló que la incorporación a las escuelas de los menores con discapacidad que iniciarían su estudios a partir del año 2020 no se ha efectuado.

También, recopilaron información sobre dificultades en los formatos en los que la escuela está presentando los contenidos y con los medios a través de los que se está enviando el contenido a las familias.

Advierten que las familias «no cuentan con recursos tecnológicos suficientes para establecer una comunicación efectiva con los docentes».

El estudio determinó que la vía principal para el envío de tareas fue el sistema de mensajería WhatsApp (74%) y, en segundo lugar, con un porcentaje mucho más bajo, se encuentran las guías escritas.

«En principio, se deben considerar los mecanismos más idóneos para hacer que la comunicación sea efectiva, en atención a las diferencias funcionales y cognitivas», sugiere Consorven.

Ven con especial preocupación el hecho de que 74% de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad estén recibiendo contenidos por medio de la mensajería web Whatsapp, sin atención a las diferencias a nivel funcional y cognitivo.

Consideran que esto impide un «acceso real y significativo a los contenidos educativos, a un proceso efectivo de incorporación de conocimientos que allane el camino de las desigualdades y desventajas sociales».

Familias inconsultas y desvinculadas

Otro dato que sobresale es que a las familias entrevistadas no se les consultó sobre las mejores estrategias para llevar a cabo el programa de educación a distancia, con qué tipo de recursos cuenta las familias y los docentes que pueden ser parte de la solución.

«71% de las familias de las Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad no fueron consultados sobre las estrategias y medidas necesarias para impartir los contenidos
educativos durante la Pandemia por Covid-19″, se lee en el informe.

La consecuencia de esta falta de notificación hace que la educación «no se reciba en igualdad de condiciones, ni adaptada, ni en formatos accesibles, conlleva además de incumplimiento por acción y por omisión de Leyes y programas diseñados para garantizar durante y después de la coyuntura biosanitaria el acceso a la educación».

44% de los representantes encuestados opinaron que sus Niñas, Niños y Adolescentes no están aprendiendo los contenidos educativos durante la pandemia. 

Instan a garantizar educación inclusiva y de calidad

Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, señaló  en una nota de prensa que, a pesar de llevar más de año y medio en pandemia y con ciertas medidas de aislamiento social, el sector estudiantil, específicamente niñas, niños y adolescentes con discapacidad, “se han visto perjudicados en la tarea del aprendizaje por la falta de herramientas por parte del Estado venezolano para ofrecer una educación de calidad, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vulnerando los derechos de esta población”.

Asimismo, recordó que la educación es un derecho y un deber social fundamental de las personas con discapacidad.

Por su parte, la Fundación Vanessa Peretti Funvape, la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) y Excubitus DHE, también expresaron su preocupación por el inicio de las clases y se unen en apoyo a la advertencia de Consorven. 

Las organizaciones exhortan al Estado venezolano a cumplir con el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad.

«Exigimos que se cumpla con lo establecido en la normativa legal y se garantice el acceso pleno al derecho a la educación en igualdad de condiciones, tal como lo establece La Constitución de Venezuela (artículo 102 y 103), y asícumplir con lo establecido en La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 24) y la Ley Orgánica de Educación (artículo 6)”, detalló Juan Ángel De Gouveia.

Además, exhortan al Estado a garantizar una educación de calidad en todo momento y lugar «en tiempos de bioseguridad sanitaria y en tiempos ordinarios, desde su casa o desde las escuelas», así como también a cerciorarse de que los contenidos educativos estén siendo enviados en los formatos adecuados -accesibles-, con los contenidos desarrollados y expuestos en atención a las diferencias cognitivas -ajustes razonables. 

Con información de Nota de Prensa