Defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y familiares de presos políticos agrupados en el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) se congregaron este 22 de julio en la conferencia de prensa titulada “La libertad también salva vidas”. La actividad tuvo como eje central exigir al Estado venezolano la inmediata liberación incondicional de los detenidos como una medida urgente de protección de la vida y la integridad física, gravemente amenazadas tras el empeoramiento de las condiciones de reclusión debido al reciente doblete sísmico en el país.
Durante su intervención, Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel e integrante del Clippve, ofreció un balance sobre las horas posteriores a los movimientos telúricos del pasado 24 de junio y la vulnerabilidad en que se encuentran los detenidos en los distintos centros de reclusión, militares y civiles.
Baduel denunció la falta de protocolos eficaces e inmediatos por parte de las autoridades para resguardar a la población penal tras la emergencia sísmica. Aseguró que “tardaron más de 50 minutos” en iniciar cualquier procedimiento de evacuación o auxilio hacia los internos.
Asimismo, alertó de que los centros penitenciarios de Ramo Verde y El Rodeo I figuran entre los recintos con mayores daños
estructurales evidentes. Denunció que la respuesta gubernamental no estuvo dirigida a la atención técnica o médica, sino a
intentar invisibilizar lo ocurrido mediante tácticas de coacción, amedrentamiento, denuncias de tortura y arremetidas violentas
contra los familiares que acudieron desesperados a solicitar información.
Baduel informó asimismo que seis familias de presos políticos permanecieron desaparecidas temporalmente tras el sismo. Se confirmó posteriormente que tres de ellas sufrieron lamentables pérdidas humanas y materiales a causa del movimiento telúrico.
Finalmente, reiteró que en Venezuela la cifra de personas privadas de libertad por razones políticas supera las 500, dispersas en
recintos como El Rodeo I, Fuerte Guaicaipuro, Ramo Verde, INOF, La Crisálida, Tocorón, Tocuyito, así como en múltiples comandos policiales y destacamentos militares a lo largo del territorio nacional.
Ausencia de voluntad política e indiferencia estatal
El coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Oscar Murillo, centró su exposición en la indolencia del aparato estatal y el sistemático desacato a las peticiones formales elevadas por las víctimas y sus representantes legalmente constituidos.
“En Venezuela no hay voluntad política para atender el dolor de las familias víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos (…)
“Hemos dirigido solicitudes al Ministerio Penitenciario, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Estas instituciones pueden tomar medidas con voluntad política, pero ninguna ha respondido (…) No hay voluntad política. Nos preocupa muchísimo la desatención al dolor y por eso el pronunciamiento de hoy, puesto que en Venezuela, desde las autoridades, no hay atención al dolor ni al sufrimiento de las familias que han sido víctimas de violación de Derechos Humanos”, arguyó.
Murillo remarcó que las instancias del Poder Público poseen las atribuciones constitucionales directas para otorgar medidas cautelares y salvaguardar vidas humanas; sin embargo, la omisión sostenida refleja a su juicio un patrón de desatención hacia el sufrimiento de quienes han sufrido violaciones de sus garantías fundamentales.
La tortura se traslada a las familias
El coordinador del área Jurídica del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), Ronnie Boquier, contextualizó la crisis penitenciaria en el marco de los hallazgos recientes de organismos internacionales especializados. “Estamos preocupados por la situación de los presos políticos y sus familias tras los terremotos. La OMCT publicó un día antes de los sismos su índice sobre tortura en donde destacó que en Venezuela hay un alto riesgo de ser torturado (…) Los familiares de los presos políticos agrupados en Clippve y en otros grupos han estados sometidos a un entorno torturante“, denunció.
Boquier insistió de forma vehemente en que los familiares de los presos políticos que se organizan, visibilizan la verdad y exigen justicia no son simples observadores, sino personas defensoras de derechos humanos en ejercicio activo, amparadas formalmente por los mecanismos de protección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Marta Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), procedió al término de la rueda de prensa a dar lectura íntegra al manifiesto suscrito de forma unitaria por 13 organizaciones defensoras de derechos humanos de alcance nacional e internacional.
El texto califica el estado de los privados de libertad como “crítico” y enfatiza que el doblete sísmico del 24 de junio agravó una emergencia previa producto del deterioro institucional y desatención sistemática en el sistema penitenciario. Alerta sobre los riesgos de infraestructura y tratos inhumanos, pues en recintos como El Rodeo I existen severas fracturas en estructuras de cemento y literas donde los reclusos pernoctan bajo temor a colapsos.
Adicionalmente, se advierte que han sufrido arremetidas violentas injustificadas como medida de coacción. Mientras tanto, en Guaicaipuro persisten cuadros de desnutrición y falta de información oficial.
Los defensores recalcan que continúan las violaciones graves de los derechos humanos, como las detenciones arbitrarias, aislamiento, desapariciones forzadas de corta duración, restricciones al contacto con defensores o familiares y uso de los detenidos como instrumentos de presión política. También, rechazaron las declaraciones e intimidaciones del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, emitidas, de acuerdo con sus denuncias el pasado 13 de julio contra familiares en vigilia.
Asimismo, señalan la responsabilidad política directa de Delcy Rodríguez como autoridad ejecutiva interina de mayor jerarquía, la insuficiencia de las medidas cautelares y anuncios engañosos de libertad y las excarcelaciones sujetas a presentaciones periódicas y prohibición de salida, que prolongan el castigo psicológico y económico.
Las 13 ONG firmantes exigieron al Estado venezolano la excarcelación incondicional y libertad plena de todos los presos políticos y sobreseimiento de causas para personas sujetas a medidas cautelares o excluidas arbitrariamente de la amnistía.
También, pidieron el acceso a organismos de verificación internacional para que se realicen evaluaciones técnicas independientes de los penales y que se permita el ingreso inmediato a delegaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU y oficiales de la Acnudh.
En este sentido, exhortaron a los actores multilaterales a poner la dignidad humana y la vida de los detenidos en el centro de cualquier agenda de mediación o respuesta humanitaria para Venezuela.
Reiteraron, finalmente, la demanda de que se permitan visitas regulares de familiares y abogados y asistencia médica integral, así como el cierre definitivo de centros señalados por torturas, y el desmantelamiento de aparatos represivos al margen de la Constitución.
Las organizaciones que firmaron el comunicado son el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve); Justicia, Encuentro y Perdón (JEP); Acceso a la Justicia; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Consorcio Justicia (CJ); Foro Penal Venezolano; Defiende Venezuela; Laboratorio de Paz; Voces de la Memoria; Un Mundo sin Mordaza; Amnistía Internacional; Caleidoscopio Humano, y el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
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