El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció la incorporación de las firmas de consultoría y auditoría de reconocimiento internacional EY (Ernst & Young) y PwC Venezuela (PricewaterhouseCoopers) para acompañar la gestión del Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela.
La iniciativa surge con el propósito de aplicar mecanismos rigurosos de control, auditoría y supervisión independiente sobre los recursos destinados a atender los daños causados por los recientes movimientos telúricos en el país.
De acuerdo con el comunicado emitido por la institución financiera el pasado 17 de julio, la participación de estas firmas busca asegurar una gestión eficiente y alineada con los parámetros internacionales de rendición de cuentas.
“EY (Ernst & Young) brindará asesoría especializada para el fortalecimiento del sistema de control interno del Fondo, apoyando el diseño y seguimiento de mecanismos, procesos y buenas prácticas”, detalló el organismo, mientras que la firma PwC Venezuela asumirá el rol de auditor independiente. Su tarea principal consistirá en ejecutar “revisiones y auditorías externas sobre los estados de cobros y pagos del Fondo, con el fin de proporcionar seguridad razonable sobre los reportes financieros preparados por la administración para fortalecer la confianza y la transparencia en la rendición de cuentas”.
La estructura de gobernanza diseñada por la CAF pretende ofrecer plenas garantías a los diversos actores involucrados en el financiamiento humanitario. La institución valoró el acompañamiento técnico como un pilar fundamental para consolidar una arquitectura institucional robusta en un contexto de emergencia.
El organismo multilateral enfatizó que el objetivo primordial es “asegurar que cada aporte realizado por personas, empresas, gobiernos, organismos internacionales, fundaciones y otros aliados se traduzca en resultados concretos, transparentes y verificables para la recuperación y reconstrucción de Venezuela”.
El reto de la transparencia en Venezuela
La urgencia por establecer mecanismos transparentes e independientes coincide con una importante inyección de recursos por parte de otros organismos globales y gobiernos extranjeros para atender la catástrofe que ya supera los 5000 fallecidos. El mismo 17 de julio, se conoció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) liberó un total de 346 millones de dólares a Venezuela. Estos recursos, pertenecientes a los activos del propio país dentro de la institución financiera, serán destinados de manera prioritaria a la rehabilitación de viviendas, infraestructura crítica y el restablecimiento de servicios esenciales.
Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos anunció el desembolso de una ayuda humanitaria valorada en 150 millones de dólares para cooperar con las operaciones de rescate y mitigación del desastre. A esta corriente de asistencia financiera y logística se han sumado la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), que liberó 2,5 millones de dólares para soporte rápido, e iniciativas privadas como la Major League Baseball (MLB), que donó un millón de dólares adicionales.
A diferencia del modelo multidonante de la CAF, que cuenta con el arbitraje técnico directo de las firmas privadas EY y PwC, la administración y contraloría de los fondos liberados por el FMI y las asistencias bilaterales plantean serios desafíos de transparencia institucional en el país. La movilización de estos millonarios recursos pondrá a prueba la debilitada capacidad institucional del Estado venezolano.
Justamente con foco en la preocupación por el destino de los recursos y para monitorear lo que se ha donado en el marco de la emergencia por los terremotos, Transparencia Venezuela lanzó la plataforma digital Ruta de Ayuda, que permite rastrear en tiempo real los aportes internacionales recibidos. Hasta el 19 de julio, la cifra de ayuda anunciada superaba los 826 millones de dólares, provenientes de las donaciones de 45 países y múltiples organizaciones.
El portal incluye una sección para que los ciudadanos y las instituciones puedan reportar donaciones y exigir rendición de cuentas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
