DDHH Olvidados | Otra Navidad con sillas vacías en los hogares de presas políticas - Runrun
DDHH Olvidados | Otra Navidad con sillas vacías en los hogares de presas políticas
A pesar de lo acordado hace unos meses en Barbados entre Maduro y la Plataforma Unitaria, distintas ONG denuncian la nula liberación de presos políticos entre noviembre y lo que va de diciembre
Al menos 19 presas políticas aguardan por un milagro de Navidad para volver a sus hogares

Foto: iStock

El primero de diciembre de 2023 comenzó, a través de redes sociales, la campaña Navidad Sin Presos Políticos. Periodistas, activistas, artistas y figuras públicas se han organizado para pedir por la liberación de los más de 270 presos políticos que se registran en Venezuela y se ha alzado la voz especialmente por las presas políticas. 

La ONG Voces de la Memoria difundió un vídeo donde se anunciaba la iniciativa. Diversas organizaciones no gubernamentales y personalidades, como la periodista Carolina Amoroso o el comediante George Harris, formaron parte del vídeo en el cual se pide el cierre de los centros de detención y tortura para presos políticos, así como la restitución de la libertad de los detenidos.

Martha Tineo, co fundadora y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), rescató la importancia de exigir la libertad de todos los presos y presas políticas que hay en Venezuela. «En días como los de Navidad, en los que las familias desean reunirse (…) hay más de 300 familias venezolanas no pueden hacerlo», apuntó.

«Cada año, en estas épocas, lanzamos esta campaña: Navidad Sin Presos Políticos. Y en el marco de ella, generamos cualquier cantidad de acciones que sean posibles», mencionó Tineo, quien recordó que este es el sexto año consecutivo que se realiza la iniciativa Navidad Sin Presos Políticos.

Madres e hijas despojadas de sus familias

Diferentes ONG, como Foro Penal, precisaron que para finales de noviembre, en Venezuela había 275 presos políticos: 256 son hombres y 19 mujeres. En la lista de Justicia, Encuentro y Perdón son más de 300 los presos políticos.

Las diferencias en los cómputos, comentan las ONG, están signadas por la opacidad del Estado sobre las cifras, ya que se niega desde el poder la existencia de presos políticos en Venezuela.

Por su parte, el periodista Luis Olavarrieta informó, mediante su cuenta de Twitter, de un total de 22 mujeres detenidas por estas causas y se sumó a la campaña para exigir que sean liberadas. 

La información compartida por el periodista menciona que 14 de las 22 mujeres son madres de niños menores de edad. Asimismo, apunta a siete casos de mujeres que han sido detenidas como presas políticas sin tener pruebas fidedignas de las causas de su detención.

Ángela, Carla, María e Ivonne: la punta del iceberg 

Algunas de las presas mencionadas por Olavarrieta llevan años detenidas, bajo acusaciones infundadas. Ángela Expósito, Carla Da Silva, María Auxiliadora Tabosky e Ivonne Barrios tienen algo en común: todas fueron privadas de su libertad con pretextos políticos y sin posibilidad de defenderse. 

Ángela Expósito

Graduada como profesora de biología y directora de la ONG Fundanimal, Ángela Lizbeth Expósito Carrillo llevaba una vida plena. Una noche de 2018 fue encerrada en una camioneta donde, sin orden judicial ni explicaciones, quedó detenida.

Fue acusada de ocultar a Henryberth Enmanuel Rivas Vivas, presunto implicado en el supuesto intento de magnicidio contra Maduro en agosto de 2018.

A sus 53 años, la profesora fue sentenciada a 24 años de prisión por la comisión de los delitos de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Efecto Cocuyo informó de una conversación que sostuvo con Elsy Expósito, hermana de Ángela, en la cual se detallaban las brutales torturas a las que era sometida la directora de Fundanimal por parte del Sebin.

«Fue sometida a golpes en la cara y en todo el cuerpo, fue asfixiada con una bolsa plástica, le aplicaron descargas eléctricas en su cuerpo», compartió el medio. 

A sus 58 años, Expósito sigue recluida en el Sebin. Su salud e integridad física se ven altamente comprometidas cada día que pasa. 

Carla Da Silva

El  «delito» que se le atribuye a Carla Da Silva fue conocer a un integrante de la Operación Gedeón.

Carla es licenciada en administración, tiene un magister en gerencia y es bilingüe. Pero nada de esto importó en mayo de 2020, cuando Da Silva fue trasladada de la fiesta infantil a la que había acudido hasta la sede de las FAES en La Quebradita, solo por comentar que conocía a uno de los implicados en la operación. 

«Forraron su cabeza con una bolsa plástica, le colocaron tirro y una funcionaria policial se montó sobre ella, mientras que Vladimir Rodríguez Cordero, de las FAES, le daba golpes por las costillas», comentó la madre de Da Silva para Efecto Cocuyo en 2022.

Tras torturas y muchas largas a su proceso, Carla todavía espera en El Helicoide por un juicio justo

María Auxiliadora Tabosky

La pena máxima de cárcel en Venezuela es de 30 años. Fue esta la condenada que consideró la justicia nacional, en 2022, que ameritaba el caso de María Auxiliadora Tabosky, quien fue privada de su libertad bajo la acusación de supuestos delitos de financiamiento de terrorismo y asociación para delinquir. 

«Apenas María Auxiliadora llegó a la DGCIM y le tocó estar en una celda rodeada de excrementos humanos y cucarachas, iluminada con luz blanca las veinticuatro horas del día, sin colchoneta y sin el derecho de ser mamá», recogió el portal La Gran Aldea en marzo de 2023, el cual agregó que María atraviesa una depresión a raíz de toda esta pesadilla que ha vivido desde 2019.

Ivonne Barrios

Ivonne Barrios fue detenida en septiembre de 2020 por ser esposa del conductor del carro en el que iba un supuesto espía norteamericano. Solo por ser la dueña del vehículo y esposa de chofer, Ivonne pasa sus días y noches en las instalaciones del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

La Gran Aldea compartió, en julio de 2023, la preocupante situación médica de Ivonne, quien solo ha recibido atención médica dos veces en los tres años que lleva detenida y a la espera de su juicio.

«A diferencia de otras detenidas, Ivonne no recibe comida, alimentos imperecederos, artículos de higiene personal ni medicamentos por parte de su familia, pues no pueden costear el viaje desde el Zulia hasta Los Teques».

Estos son algunos de los casos de licenciadas en administración, sociólogas, biólogas, comerciantes, amas de casa y, sobre todo, madres e hijas, quienes llevan de tres a cinco años totalmente privadas de su libertad en condiciones deplorables.

En la lista de Justicia, Encuentro y Perdón, son 19 las presas políticas que pasarán la Navidad lejos de sus hogares si no se les concede un indulto o alguna medida que las favorezca. Tineo explica que estas mujeres están en «terribles condiciones de reclusión».

Insalubridad, hacinamiento, falta de alimentación, falta de asistencia médica y falta de agua potable son solo algunas de las situaciones que deben enfrentar día a día.

La salud de Emirlendris Benítez está muy comprometida

Desde hace unas semanas, Justicia, Encuentro y Perdón emprendió una campaña para visibilizar los casos de Yusleida Pérez, Emirlendris Benítez y Edircia Fuenmayor, mujeres venezolanas que han sufrido de la persecución política del gobierno de turno y se encuentran en situaciones médicas delicadas. «Su calidad de vida, su salud, se ha visto en especial deterioro», señaló.

En el caso de Emirlendris, la co fundadora de JEP indicó que es de los escenarios más apremiantes. Emirlendris fue víctima de terribles torturas, al punto de que su columna requería una operación con carácter de urgencia para evitar que quedase en silla de ruedas.

«El día de hoy ya tiene una movilidad muy, muy limitada. Es ayudada por sus compañeras de prisión en la cárcel del INOF para poder movilizarse y asearse», comentó Tineo sobre Benítez. Asimismo, detalló que tiene subidas de tensión y el párpado derecho caído.

La ONG también ha alertado sobre la situación de Yusleida, madre y hermana del sargento Roberto Catalino Romero, sentenciado a siete años de prisión por la sublevación de Cotiza, quien requiere una operación urgente. Su salud, según calificó JEP, era de diagnóstico «muy delicado».

Y Edircia, madre del teniente de fragata Ángel Barrios (condenado a 10 años de prisión por supuesta rebelión militar), necesita una operación de meniscectomía parcial artroscópica que no ha podido ser costeada por sus familiares.

 

Yosida Vanegas: su «delito» es ser madre de un preso político

Uno de los casos más lamentables de las presas políticas en Venezuela es el de Yosida María Vanegas de Monasterios.  La jubilada de 67 años tenía cinco años denunciando las torturas del preso político Juan Carlos Monasterios, su hijo. Recientemente, cumplió cuatro meses detenida arbitrariamente en el INOF esperando su primer juicio.

A Yosida la detuvieron  cuando viajaba en carretera por La Pedrera, una zona en la frontera entre el estado Táchira y Colombia. Era el 15 de agosto del 2023 y ella quería visitar a su hijo, Juan Carlos Monasterios, un preso político que recién lo habían operado de la vesícula.  Tenía cuatro años que no podía visitarlo: había emigrado a Perú.

Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Vanegas en una alcabala. Y, sin decirle nada a ella ni a su familia ni a sus abogados, la llevaron hasta Caracas y estuvo 33 días desaparecida forzadamente. 

Su hija, Giovanna Monasterios, denunció desde Perú que a su madre la detuvieron sin ningún cargo ni acusación. A Yosida la terminaron involucrando en el mismo caso de su hijo en una supuesta investigación que se ha hecho de forma extendida y la están imputando por supuesto  financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.

«Imputaciones absurdas porque ella, al ser una mujer jubilada, es de los más escasos recursos», explicó Martha Tineo, abogada y cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

La tortura no respeta sexo ni género

Tineo, abogada especialista en materia de DDHH, enfatizó que los presos políticos, en su mayoría, son torturados y sometidos a tratos crueles o degradantes. «Y las mujeres no escapan de todo esto», lamentó.

«Jamás han tenido un trato diferencial por su condición de mujer. Al contrario, son igualmente víctimas de violaciones sexuales, malos tratos, tortura, golpizas e intentos de ahogamiento».

Desde distintas ONG, como JEP, se han solicitado medidas por razones humanitarias para que las presas políticas puedan ser atendidas y ayudadas. No obstante, los entes encargados han hecho caso omiso ante estas denuncias.

La coordinadora general de JEP contabiliza más de 50 casos de presos políticos entre hombres y mujeres cuya salud está altamente comprometida por el maltrato y las condiciones inhumanas de su detención.

«Si hay un solo preso político, todos lo somos»

Durante el mes de diciembre se han celebrado varias actividades en la campaña de liberación de presos políticos, tanto presenciales como online, para generar impacto y presión en la comunidad internacional y, sobre todo, en las autoridades gubernamentales correspondientes.

«El pasado viernes 8 de diciembre, en alianza con Voces de la Memoria, instalamos en la plaza Alfredo Sadel una inmensa mesa de navidad en la que colocamos los nombres de estos más de 300 presos políticos», comentó Tineo.

Asimismo, ese día también se llevó a cabo la Vigilia Mundial, una iniciativa online para denunciar, recordar y protestar por los derechos de todas las personas que cada día que pasa siguen sin poder ver a sus familias por detenciones políticas arbitrarias.

Finalmente, Tineo se refirió al poco alcance que han tenido los Acuerdos de Barbados para la liberación de presos políticos. «No puede considerarse que ha sido un proceso exitoso con la liberación de cinco presos políticos en un universo de más de 300. Con un solo preso político, de algún modo, todos somos presos políticos», sentenció.

La abogada invitó a la sociedad civil, medios de comunicación, representantes de grupos y organizaciones a difundir el mensaje para que todas las familias venezolanas puedan disfrutar una navidad sin presos políticos.