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DDHH Olvidados

DDHH Olvidados | La Masacre de El Junquito cumple seis años en impunidad

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Joshua De Freitas
Hace 11 meses
Organizaciones No Gubernamentales nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los únicos que han llevado a la justicia las presuntas ejecuciones extrajudiciales de Óscar Pérez y otros seis venezolanos

Foto: Inaki Zugasti (Agence France-Presse)

«Nos están disparando con RPG (lanzacohetes), granadas, lanzagranadas… Hay civiles acá adentro. Dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos. Nos quieren asesinar», dijo el expolicía Óscar Pérez, entre la sangre y los escombros, cuando se grabó en redes sociales antes de morir a manos de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en Caracas el 15 de enero del 2018. Momentos después, la sociedad civil llamaría a ese evento «La masacre de El Junquito».

Nueve personas murieron durante el ataque de las fuerzas de seguridad del Estado a un chalet ubicado en El Junquito, en el municipio Libertador del Distrito Capital, en donde se refugiaba Óscar Pérez con seis de sus compañeros (cinco ex miembros de los cuerpos de seguridad y un civil). Ocho de los fallecidos tenían un impacto de bala en su cabeza, solo uno tenía un impacto de bala en el cuello

Han pasado seis años desde «La Masacre del Junquito» y el Ministerio Público aún no ha investigado ni imputado a los responsables de esas ejecuciones extrajudiciales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el 26 de diciembre del 2023 que el caso de Pérez y los otros seis venezolanos será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a «la impunidad del sistema de justicia venezolano».

Sobrevuelo en la opinión pública

Óscar Pérez fue un agente activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y crítico del gobierno de Nicolás Maduro entre los años 2017 y 2018, cuando en Venezuela se presentaba una segunda ola de protestas en repudio a Maduro. 

Pérez sobrevoló los cielos de Caracas el 27 de junio de 2017 a bordo de un helicóptero policial robado, con una pancarta que llamaba a la desobediencia civil, cuando en el país se registraron un mínimo de 9.787 manifestaciones pacíficas en contra del gobierno madurista y al menos 158 ejecuciones extrajudiciales en el contexto de esas protestas, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, respectivamente

El expolicía caló en la opinión pública venezolana gracias a su presencia en las redes sociales. A través de videos narraba sus críticas y fundó el «Movimiento Equilibrio Nacional», donde se unieron varios exmiembros de los cuerpos de seguridad del Estado. 

Ese día del 2017, Maduro tildó de «terrorista» al movimiento militar.

Y en septiembre de ese año, el Estado detuvo al escolta Franks Cabaña, quien hasta la fecha es un preso político, privado de libertad sin una sentencia condenatoria, por haber atendido una llamada de Pérez el día que robó el helicóptero.

Asesinatos casi grabados en directo

Daniel Enrique Soto Torres, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Israel Agostini y Abraham Lugo Ramos eran exfuncionarios de seguridad y estaban con Pérez en El Junquito ese 15 de enero del 2018. Ellos trataron de alzarse contra el gobierno madurista, luego trataron de rendirse y entregarse a las autoridades, pero los cuerpos de seguridad abrieron fuego contra una vivienda donde se refugiaban.

«Alrededor de 500 fuerzas de seguridad atacaron la residencia en El Junquito donde se encontraban Oscar Pérez y otras seis víctimas. A pesar de que, tal y como lo muestran diversos videos grabados por Óscar Pérez, las víctimas se rindieron y manifestaron su disposición para iniciar una negociación, las autoridades estatales ingresaron a la vivienda, utilizando armamento pesado. Todas las víctimas perdieron la vida durante el operativo», se lee en el reporte de la CIDH.

Entre el grupo de los fallecidos se encontraba Lisbeth Andreina Ramírez Montilla, una enfermera y estudiante de odontología de 30 años. 

Las autoridades estatales revelaron las identidades de los fallecidos 30 horas después del suceso que el gobierno de Nicolás Maduro bautizó como la «Operación Gedeón» (que en hebreo significa «destructor» o «guerrero poderoso»).

Pasaron más de 72 horas para que sus familiares pudieran identificar sus cuerpos y más de una semana en darles un sepelio

«En una nota de voz (Lisbeth Ramírez) dice ‘me agarraron’, no dijo ”nos tienen acorralados”. Eso da muchas dudas de si mi hermana está muerta, es porque a ella dice que la agarraron, lo debe decir es porque alguien la agarró. Quiero ver a mi hermana», dijo Leidy Ramírez, hermana de Lisbeth, al medio Crónica Uno cuando esperaba en la Morgue de Bello Monte, en Caracas, a que confirmaran que su hermana había fallecido el 18 de enero del 2018.

Mientras tanto, en las redes sociales y en la prensa circulaban fotografías de los cuerpos de Óscar Pérez y las otras seis víctimas.

Néstor Reverol, quien para ese entonces era ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó que dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana murieron en el «operativo»: Nelson Chirino Cruz y «Andriun Ugarte». Poco después se reveló que «Ugarte» era una identidad falsa para el antiguo miembro de los «Colectivos» -grupos de civiles armados e ideológicamente alineados con el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro- y antiguo miembro de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), una serie de despliegues policiales entre 2015 y 2017 acusada de más de 500 casos de ejecuciones extrajudiciales.

La impunidad también se viralizó

Los familiares de las víctimas denunciaron que recibían amenazas e intimidaciones por parte de funcionarios del gobierno madurista y cuerpos de seguridad sin que el Estado les brindará protección o «hacer un funeral adecuado», según recuenta la CIDH. 

Funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, como Diosdado Cabello e Iris Valera, mantuvieron en sus discursos que Óscar Pérez y las otras seis víctimas eran «terroristas» y fueron «abatidos» «con el peso de la ley». 

Entre las protestas de crítica al madurismo del año 2018, la prensa venezolana nacional estaba bajo esquemas de censura estatal. Pocos días después de «La Masacre del Junquito», la periodista Alba Cecilia Mujica fue despedida del canal televisivo Globovisión por haber opinado que la muerte de Pérez y los otros seis venezolanos fue una ejecución extrajudicial. 

Mientras tanto, otras seis personas fueron detenidas y relacionadas por la «Operación Gedeón», acusadas de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. 

Si bien fueron liberados el 19 de diciembre del 2018, Joally Javier Deyon González, Juan Carlos Urdaneta Marcano, Eva María Lugo, Laura Vanessa Ruiz Lugo y Antonio José Pérez Cisneros fueron víctimas de torturas y tratos crueles bajo las audiencias del en el Tribunal Militar Segundo de Control, con sede en Caracas, según los reportes del portal Armando.info

«La Masacre de El Junquito» se encuentra entre los miles de casos que el gobierno de Nicolás Maduro debería enfrentar ante la Corte Penal Internacional, donde la ONG Human Right Watch catalogó al evento como una ejecución extrajudicial similar a las dictaduras de Chile y Argentina en el siglo XX. 

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