DDHH Olvidados | El juramento a la bandera no salva de la arbitrariedad - Runrun
DDHH Olvidados | El juramento a la bandera no salva de la arbitrariedad
El 12 de octubre de 2021 falleció bajo custodia del Estado Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa venezolano. Dos años después de su fallecimiento, los familiares  sufren de represalias judiciales, e incluso de privaciones de libertad, por exigir celeridad en la verdadera causa de muerte

@Andrea_GP21

 

Funcionarios policiales y militares venezolanos siguen esperando justicia en varios casos que incluyen la prisión y muertes en custodia del Estado.

Durante todo el año 2023, Runrun.es abordó los casos de militares y policías que son presos políticos, han sido víctimas de torturas y tratos crueles, así como de irregularidades en los procesos judiciales donde no se cumplió el debido proceso ni se han respetado sus derechos humanos.

Los familiares de Baduel siguen sufriendo represalias por exigir celeridad en el caso

El 12 de octubre de 2021 falleció bajo custodia del Estado Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa venezolano. Dos años después de su fallecimiento, los familiares  sufren de represalias judiciales, e incluso de privaciones de libertad, por exigir celeridad en la verdadera causa de muerte.

Baduel murió en la cárcel subterránea de «La Tumba», un espacio de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Plaza Venezuela, Caracas. El militar retirado llevaba tres años en ese lugar que la comunidad internacional catalogó como un centro de torturas. 

Organizaciones internacionales han denunciado la violación al debido proceso judicial que vivió Baduel mientras fue preso político, mientras sus familiares  durante todo ese tiempo  recibían amenazas por visitar y exigir la garantía de los derechos humanos del militar.

Coaccionado para declararse culpable

El teniente de navío Jefferson Díaz Mendoza fue detenido la noche del 23 de octubre del 2019 por una comisión de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando se encontraba en el Comando de Guardacostas de La Guaira. Sin mediar explicación, se lo llevaron por estar supuestamente implicado en una operación contra el gobierno de Nicolás Maduro denominada “Jaque Mate”.

Estando en la Dgcim de Boleíta, contó su madre, Jefferson “fue torturado con palos en sus costillas, con bolsas negras, lo guindaron de los pies y lo metían en un tobo con agua para ahogarlo y lo sacaban. Fue sometido a electricidad”.

Jefferson fue imputado por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, contra el decoro militar y contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por la supuesta sustracción de unas tarjetas de memoria que presuntamente tenían información que entregarían al gobierno de Estados Unidos.

El teniente de navío fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por el Tribunal de Ejecución y fue “coaccionado” a declararse culpable.

Carla Antón Farías tuvo un juicio al que nunca llegaron las pruebas

Era el 17 de junio del 2019 cuando Carla Yancelys Antón Farías fue detenida por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). En silencio, se la llevaron desde el Fuerte Paramaconi hasta la cárcel «La Pica», ambos en la ciudad de Maturín del estado Monagas. 

Carla estuvo desaparecida 15 días. Después de su aprehensión, le negaron a sus familiares la oportunidad de visitarla por más de cuatro meses La teniente cumanense tuvo su primer juicio en abril del 2022 «con un abogado público que nunca la defendió».

«La privaron de su libertad sin orden de aprehensión. Hasta ahora, cuatro años después, aún no aparece esa orden», recuerda Yanmarys Antón, hermana de Carla. «Ella es una teniente. Entregaba su guardia en el Fuerte cuando un militar de rango superior la llamó. Eran las 07:00 de la mañana cuando la detuvieron sin derecho a defenderse». 

Una liberación no borra las torturas

Al capitán Luis de la Sotta lo detuvieron el 18 de mayo de 2018 en la estación naval Bahía de Turiamo, en el estado Aragua, por presuntamente instigar y liderar el golpe de Estado denominado “Operación Armagedón”.

La hermana del capitán detalló que De la Sotta conoció todas las celdas de tortura que existen en los sótanos de la Dgcim: el “Tigrito”, el “Cuarto de los locos” “el Ataúd” y la “Casa de los sueños”.

Aunque Luis de la Sotta fue liberado a finales de septiembre de 2023, estuvo preso durante cinco años en los que fue torturado y esa aprehensión se dio sin pruebas por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión militar, conspiración para el motín y contra decoro militar.

Franklin Caldera Martínez fue secuestrado por el ELN

Franklin Caldera Martínez es un militar disidente que se encuentra detenido desde el 11 de febrero del año 2021.

Franklin Caldera, padre del militar, afirma que el primer teniente del Ejército fue detenido en territorio colombiano y esta detención habría sido ejecutada por funcionarios de la Dgcim, con apoyo de elementos del grupo guerrillero colombiano ELN.

Además, su progenitor asegura que a Franklin no solo se le acusa de presuntamente participar en la Operación Aurora, sino que ahora también se le involucra en la Operación Gedeón. Recordó que el juez Maximiliano Márquez amenazó al primer teniente de involucrarlo en otro hecho.

Franklin Caldera padre fue uno de los representantes de organizaciones de la sociedad civil que se reunieron con Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los DDHH, el 26 de enero de 2023, durante su visita a Venezuela. “Yo tengo mucha esperanza y tengo confianza en el alto comisionado”, relató el padre del militar, quien ahora es activista de derechos humanos y coordinador de la ONG Familia S.O.S Libertad.

Expolicías metropolitanos pagan las culpas del 11 de abril de 2002

Si hay funcionarios víctimas de la injusticia y las arbitrariedades del Estado venezolano son los expolicías metropolitanos que ya llevan 20 años en prisión. 

Aunque varios implicados en los hechos de Puente Llaguno, ocurridos el 11 de abril del 2022, ya salieron de la cárcel, huyendo o con libertad otorgada; Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar permanecen en prisión y sus familiares claman para que sean liberados.

La condena de los exfuncionarios fue la primera contra personas enjuiciadas de forma arbitraria por motivos políticos de la era chavista.

Fue la jueza Maryorie Calderón quien sentenció a Rovaín, Molina y Bolívar a 30 años de prisión, como también lo hizo con los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lazaron Forero y el sargento Julio Rodríguez.