Sarai Coscojuela, autor en Runrun

Sarai Coscojuela

La carta misteriosa que los diputados de oposición enviaron a Guaidó
A pocas semanas de la elección del nuevo presidente de la AN, en el Palacio Federal Legislativo se habla de una misiva que recoge el descontento hacia la gestión de Juan Guaidó

@saracosco

70 diputados de la Asamblea Nacional habrían firmado, como dice la canción de “puño y letra”, una “carta desgraciada” para pedirle una reunión al presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó. 

Los primeros en asomar este hecho fueron los diputados José Brito (PJ-Anzoátegui) y Luis Parra (PJ-Yaracuy). Aunque los dos aseguraron que no la firmaron. 

Esto lo revelaron además luego de que fueran mencionados en el reportaje de investigación de Armando Info, como parte de una comisión que intenta exculpar a los empresarios colombianos Alex Saab y Carlos Lizcano, vinculados a casos de corrupción con la compra de alimentos y las cajas CLAP. 

Brito aseguró que los diputados que firmaron la carta para exigir explicación sobre el manejo de recursos de la ayuda humanitaria, mientras que Parra dijo que era para pedirle una reunión a Guaidó. 

Edgar Zambrano (AD-Lara) aseguró desconocer la existencia de una misiva , aunque agregó que enviar cartas para solicitar reuniones, es algo normal dentro del Parlamento. 

Pero el diputado Ismael León (VP-Distrito Capital) reconoció que sí existió esta comunicación, para solicitar un encuentro con el presidente del Parlamento.

En tres semanas se debe elegir una nueva Junta Directiva en la AN. Hasta hace un mes la reelección de Guaidó estaba segura, pero con las declaraciones de los diputados que están siendo investigados, se han creado tensiones y rumores sobre un posible cambio de presidente en el Parlamento. 

Incluso antes del caso de los CLAP, el hecho de que el gobierno interino liderado por Guaidó no lograra el primero de sus objetivos -el cese de la usurpación de Nicolás Maduro- ya había abierto la carrera de contendores para sustituirlo en la presidencia de la AN, a pesar de que el interinato Guaidó es reconocido por más de 50 países.

¿Pero quién la firmó?

León dijo que tampoco firmó la misiva, pero explicó que diputados de su partido – que es el mismo del presidente Guaidó- como Jesús Abreu (VP-Distrito Capital) y Gilberto Sojo (VP-Aragua) sí lo hicieron. 

Sin embargo, hasta el momento la carta parece un animal mitológico de los jardines del Palacio Federal Legislativo, porque no aparece y no se ha publicado en alguna red social o medio de comunicación. Incluso los diputados que la firmaron se han mantenido en total silencio. 

Para agregarle más misterio a la carta, una fuente de la Asamblea Nacional aseguró a Runrun.es que lo más probable es que ya no exista.

Una posible solución a los apagones no convence a todos en la Asamblea Nacional
El diputado Enrique Márquez advirtió que llevará a los zulianos al Parlamento para que aprueben la ley
Su colega Ángel Alvarado aseguró que es el Gobierno de Maduro el que le solicitó el préstamo a la CAF

@saracosco

“No estoy contento con el tratamiento que se le está dando al tema. Los zulianos no podemos estar contentos con que no se apruebe esta ley”, criticó el diputado Enrique Márquez (UNT-Zulia) en la sesión de la Asamblea Nacional, sobre el proyecto de Ley Aprobatoria de Asistencia Técnica y Financiera ante la Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico.

Este proyecto de ley consignado por el Grupo de Boston – comisión conformada por diputados opositores y chavistas – tiene como objetivo conseguir un financiamiento de 350 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y que sea ejecutado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para reducir los apagones en los estados Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Distrito Capital. 

La idea, según lo que se desprende del proyecto de ley y lo que explicó la diputada Nora Bracho (UNT-Zulia) al momento de presentar la ley ante los periodistas, es adquirir equipos que puedan generar hasta 1.200 megavatios en estos estados. Todo el proceso de compra, instalación, mantenimiento y supervisión sería llevado a cabo por el PNUD.

Pero en Primero Justicia no piensan igual, ya que el diputado Ángel Alvarado (PJ-Miranda) aseguró que el préstamo fue solicitado por el Ministerio de Finanzas – representado por Nicolás Maduro – y serían ellos mismos los ejecutores del plan. 

Pero en Primero Justicia no piensan igual, ya que el diputado Ángel Alvarado (PJ-Miranda) aseguró que el préstamo fue solicitado por el Ministerio de Finanzas – representado por Nicolás Maduro – y serían ellos mismos los ejecutores del plan. 

A pesar de que el diputado Enrique Márquez expresó su molestia un día después, por no incluir la discusión del proyecto en el orden del día, no aclaró si esta información es cierta. 

Los impulsores y defensores de esta ley han sido tímidos al momento de aclarar dudas o críticas del proyecto. El Grupo de Boston, el principal lobbista de la Ley, no ha declarado al respecto, pues mantienen un acuerdo de no hablar públicamente sobre sus actividades. 

Sin embargo Márquez – visiblemente molesto- aseguró que irán hasta las últimas consecuencias para que quede aprobada. “De ser necesario traer a los zulianos hasta esta Asamblea Nacional para que seamos escuchados, lo vamos a hacer”, agregó.

El martes pasado la ley estaba incluida en el orden del día para su primera discusión, pero fue el mismo diputado zuliano quien pidió diferirlo para esta semana por una falta de consenso, que aunque parecía ser con los chavistas, realmente era con los diputados de Voluntad Popular y Primero Justicia. 

Pero la discusión de la ley fue cambiado por un Proyecto de Acuerdo para declarar la emergencia eléctrica en el Zulia y remitir la legislación a las Comisiones de Administración y Servicios y la de Energía para su evaluación. 

La diputada Victoria Mata (Psuv-Bolívar) advirtió que esta ley puede ser engavetada y reconoció que hay una emergencia en el sector eléctrico. Aunque intentó culpar al “bloqueo” impuesto por Estados Unidos, la diputada señaló que hubo “errores” y “debilidades”, ante los gritos de los diputados opositores.

Por eso el diputado Avilio Troconiz (PJ-Zulia) recordó algunos de los casos de corrupción en el sector eléctrico. “Se robaron 40 mil millones de dólares que aprobó Chávez en 2009 para la emergencia eléctrica”.

Igualmente aseguró que se robaron los recursos del Parque Eólico de La Guajira, en el estado Zulia. 

El parlamentario aseguró que no se niegan a dar una solución para los estados críticos con esta situación. “Pero que esto no signifique cohabitación con el gobierno o el reconocimiento de la dictadura”, sentenció. 

“Pero que esto no signifique cohabitación con el gobierno o el reconocimiento de la dictadura”, sentenció. 

Diputado Brito asegura que viajó a Colombia para investigación sobre Monómeros y el IVSS

El diputado de la Asamblea Nacional, José Brito (PJ-Anzoátegui) aseguró que viajó en distintas oportunidades a Colombia para investigar el manejo de los recursos de Monómeros y también del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ya que denunció estarían utilizando recursos de esta institución para construir casas en el país vecino.

En rueda de prensa, luego de su comparecencia ante la Comisión Especial que audita a la Comisión de Contraloría, el parlamentario señaló que su viaje fue financiado gracias a la ayuda de amigos y colaboradores cercanos, pero evitó dar nombres. “Si yo en este momento declaro el nombre de un amigo que me ha ayudado a financiar estas investigaciones, le aseguro que hasta esos investigados atentan contra esas personas”, señaló.

Brito aseguró haber consignado pruebas ante la Comisión, incluyendo comunicaciones con el sello de la presidencia, que denunció, se encuentra entre Colombia y Estados Unidos bajo el manejo del presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano (VP-Barinas).

“Valiéndose de esta irregularidad ha emitido oficios y comunicaciones, sin que la plenaria de la Comisión y el resto de los diputados que la integramos, tengamos conocimiento del contenido y resoluciones de estas misivas”, explicó.  

Sobre esta situación, el diputado aseguró que se lo hizo saber al presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, pero no hubo respuestas. Incluso indica que hubo una segunda denuncia pero que casi lo sacan a “empujones” de la oficina. 

“Deje constancia ante esta Comisión, porque varios diputados fueron testigos presenciales de esa situación”, indicó.

Conducta dudosa 

El parlamentario igualmente señaló que no ha firmado alguna carta de buena conducta para los empresarios, Alex Saab y Carlos Lizcano – implicados en casos de corrupción con la importación de alimentos y las cajas CLAP- y que solicitó a la Comisión Especial la experticia técnica y científica para demostrar que su rúbrica ha sido forjada.

“Jamás intervine en alguna investigación sobre el ciudadano Carlos Lizcano, ni ninguno de los nombrados como presuntos beneficiarios de esta carta. Niego que haya suscrito ni entregado alguna comunicación de ese tenor”, expresó. 

Recalcó además que no conoce a Saab o Lizcano y mostró la carta que habría sido entregada en la Fiscalía de Colombia donde se ve el sello de la presidencia de la Comisión de Contraloría. Por tal razón, el diputado exigió la comparecencia de Freddy Superlano.

Brito recalcó que la Comisión de Contraloría tenía el deber de investigar el llamado “Cucutazo”, donde se denunció supuesto desvío de recursos de ayuda humanitaria, sin embargo aseguró que les dieron la orden de “echarle tierrita” al caso. “Nosotros no cumplimos esa orden”, agregó aunque hasta el momento no ha habido entrega o publicación de un informe que de cuenta de lo sucedido en la frontera colombo-venezolana. 

Diputados del caso CLAP fueron recibidos con cordialidad en la AN pero serán investigados
La Comisión Especial para investigar a los parlamentarios encontró indicios que sustentan una auditoría 
El diputado José Luis Pirela reconoció que un empresario le financió el viaje a Europa  
Conrado Pérez, José Brito y Luis Parra no levantaron la mano para votar por el inicio de una investigación

@saracosco

Héctor Vargas (UNT-Zulia) y William Barrientos (UNT-Zulia) llegaron al Palacio Federal Legislativo cargados con folios y documentos para tratar de desmontar el reportaje de investigación del medio Armando.info en el que se reveló que varios diputados de oposición -ellos dos, entre otros- se prestaron para “lavar la reputación” de empresarios relacionados con la corrupción del negocio de los CLAP.

Aunque la corrupción de los CLAP no era un punto en en el orden del día de la sesión ordinaria del martes pasado en la Asamblea Nacional, sí fue el tema de debate entre parlamentarios y de conversación entre periodistas por los jardines del Palacio Federal Legislativo.

Desde temprano cada uno de los diputados señalados en el reportaje de Armando.Info fueron llegando a la sede del Legislativo y, varios de ellos, aseguraron -a pesar de las evidencias del reportaje- que no forman parte de ninguna trama de corrupción. Todos, menos Luis Parra (PJ-Yaracuy), pertenecen a la Comisión de Contraloría de la AN.

Barrientos, incluso, llevó su pasaporte para comprobar que no viajó a Colombia o Europa como señala el reportaje. En un momento de euforia del diputado zuliano, el pasaporte quedó tirado en el suelo cerca de los camarógrafos. 

En un momento de euforia del diputado zuliano, el pasaporte quedó tirado en el suelo cerca de los camarógrafos.

Al momento de declarar a la prensa Vargas y Barrientos lo hicieron en momentos distintos y sin la compañía de alguno de sus colegas de partido. Sin embargo, una vez dentro del Hemiciclo, saludaron de forma cordial al resto de los diputados, e incluso votaron a favor de iniciar la investigación.

Barrientos -además- subió al puesto del presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó, donde ambos se dieron la mano, hablaron y se rieron. 

“Paciencia”

El diputado José Luis Pirela (16J-Zulia) fue otro de los que declaró su inocencia ante los medios, aunque confesó que un empresario – sin revelar el nombre – financió su viaje a Europa para denunciar al expresidente de Rafael Ramírez y aseguró que un parlamentario no tiene obligación de pedir permiso para viajar.

Pirela no está siendo investigado por su fracción – a diferencia de los diputados de UNT, VP y PJ- y sus compañeros de organización lo acompañaron durante sus declaraciones. En todo momento mostraron apoyo e incluso se rieron de algunas preguntas de los periodistas.

Situación similar sucedió con el diputado Adolfo Superlano (Independientes-Barinas) que llegó al Palacio junto a sus compañeros de fracción, José Antonio España (Delta Amacuro) y José Gregorio Aparicio (Independientes-Monagas).

Antes de declarar, los tres se mantuvieron juntos en los jardines del Palacio y estuvieron al lado de Superlano mientras conversaba con los medios. Incluso hubo un momento en el que Aparicio le susurró “paciencia” ante las preguntas de los periodistas.

Antes de declarar, los tres se mantuvieron juntos en los jardines del Palacio y estuvieron al lado de Superlano mientras conversaba con los medios. Incluso hubo un momento en el que Aparicio le susurró “paciencia” ante las preguntas de los periodistas.

Mientras Superlano declaraba, otros señalados en el reportaje, los diputados Conrado Pérez (PJ-Trujillo) y José Brito (PJ-Anzoátegui), llegaron a la Asamblea Nacional. Los dos fueron seguidos por algunas cámaras, aunque Pérez no respondió a ninguna pregunta y Brito acusó nuevamente a Guaidó de corrupto.

Pérez solo conversó con Luis Parra (PJ-Yaracuy) y Brito dentro del Hemiciclo, aunque ellos dos sí saludaron al resto de sus compañeros de partido de forma natural. 

A diferencia del resto de los señalados en el reportaje de investigación, ninguno de los tres levantó la mano para votar a favor de iniciar una investigación a la Comisión de Contraloría. 

Guaidó pidió ver a los venezolanos la diferencia entre su respuesta ante esta denuncia y la que ha dado el Gobierno de Nicolás Maduro. 

“Hoy nuestros niños mueren de hambre por culpa de la maldita corrupción que tiene años azotando a Venezuela. A los venezolanos le pido que vean la radical diferencia entre las acciones del gobierno interino que de inmediato da respuestas y ordena una investigación; al contrario de la dictadura que luego de 20 años no ha investigado, discutido, debatido ningún caso de corrupción en los que se han visto envueltos como Odebrecht, Pdvsa, entre otros”, aseguró con un tono de voz elevado que consiguió los aplausos de la mayoría de sus colegas.

Hay base para investigar

La Comisión Especial – conformada por el primer vicepresidente Edgar Zambrano (AD-Lara), el segundo vicepresidente, Stalin González (UNT-Distrito Capital), Marialbert Barrios (PJ-Distrito Capital) y el subsecretario, José Luis Cartaya- confirmó que hay base para iniciar una investigación para desentrañar el vínculo entre los diputados opositores con Alex Saab y Carlos Lizcano, empresarios colombianos acusados de corrupción en la importación de alimentos y compra de las Cajas CLAP- comida subsidiada por el Gobierno. 

Como parte del proceso de investigación auditarán todas las actas de la Comisión de Contraloría, subcomisiones, correspondencia recibida y enviada y los documentos registrados en las notarías desde 2016 hasta el año actual.

La Comisión citó a los parlamentarios para el próximo lunes, 9 de diciembre, en las mismas oficinas donde presuntamente firmaron esas “cartas de buena conducta” para Alex Saab y  Carlos Lizcano. 

Comisión Especial inicia formalmente auditoría a la Comisión de Contraloría de la AN
Los parlamentarios tienen un plazo de 15 días para investigar y presentar informe en la plenaria del Parlamento
Serán citados los diputados de la Comisión de Contraloría a partir de este miércoles, 4 de diciembre

@saracosco

La Comisión Especial para investigar a los diputados mencionados en el trabajo de investigación de Armando Info, relacionados a una presunta trama de corrupción, se instaló la tarde de este martes en la Comisión de Contraloría.

El presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó designó al primer vicepresidente, Edgar Zambrano (AD-Lara), al segundo vicepresidente, Stalin González (UNT-Distrito Capital), la diputada Marialbert Barrios (PJ-Distrito Capital) y al subsecretario, José Luis Cartaya. 

En plenaria de este mismo martes, el presidente Guaidó les dio el mandato de presentar resultados en 15 días. 

Zambrano informó a los medios que se aprobó la agenda que empezará a partir de mañana miércoles. Realizarán una auditoría de las actas de la Comisión de Contraloría, de las subcomisiones, además de la correspondencia enviada y recibida desde el año 2016 hasta el año actual.

Agregó que solicitaron a Consultoría Jurídica del Parlamento la designación de tres funcionarios, para que acompañe el trabajo de la Comisión Especial y también al departamento de seguridad interna para la custodia de la sede física de la Comisión.

“Vamos a solicitar las copias certificadas de los registros y notarías de documentos, donde haya actuado la Comisión o un diputado en particular”, explicó.

Igualmente pedirán la colaboración e información al cuerpo diplomático, específicamente a las embajadas de Portugal, Italia, Francia, España, Bulgaria y Colombia. 

El secretario de esta Comisión, José Luis Cartaya, contará con el apoyo de las trabajadoras de la Asamblea Nacional, Alejandra Díaz, María Alejandra Hernández y Yolismar Rodríguez.

Temprano contra la corrupción

Formalmente la Comisión empezará su trabajo mañana miércoles, desde las 7:30 de la mañana. 

“La corrupción no puede ser un formato del día a día de un poder legítimamente electo por el pueblo”, agregó el parlamentario.

Por eso esta sesión se espera la comparecencia de los diputados William Barrientos (UNT-Zulia), Carlos Berrizbeitia (Proyecto Venezuela- Carabobo), Freddy Valera (AD-Bolívar), Guillermo Luces (VP-Aragua) e Ismael León (VP-Distrito Capital).

Zambrano explicó también que a medida que se avance en la investigación serán citados el resto de los diputados. 

“Los medios y periodistas van a tener acceso a toda la información que podamos suministrar, siempre en protección de la ética, moral, del debido proceso y del legítimo derecho a la defensa”, expresó el primer vicepresidente de la AN.

En un principio se espera que las reuniones con los diputados citados, sea de forma privada, pero que posteriormente se implementará un formato más amplio para que los periodistas tengan acceso.

“Aquí no hay secretos de ningún tipo. Aplaudimos el trabajo de investigación y entendemos que es un formato para la contraloría de la gestión pública”, enfatizó Zambrano. 

A pesar de la intervención o auditoría de la Comisión de Contraloría, Zambrano aclaró que los trabajadores podrán seguir asistiendo y cumplir con sus labores. 

Diputados y senadores invitados dicen que Venezuela es una dictadura y el chavismo los manda
El chavismo gritó consignas como “fascistas” a los senadores españoles
Diputado argentino, Humberto Benedetto, aseguró que es momento de pensar en la “Venezuela profunda”

@saracosco

“Es la primera vez que estoy en Venezuela y de verdad no creo que la gente acá diga las palabrotas que aquí me han dicho sin siquiera conocerme”, dijo el diputado argentino Humberto Benedetto en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.

Un grupo de seis senadores y diputados de Argentina, Costa Rica y España, invitados al Primer Encuentro Parlamentario por la Libertad y la Democracia, vivieron en primera persona la tensión entre diputados chavistas y opositores en el Hemiciclo de Sesiones del Palacio Federal Legislativo.

Aún con los gritos de “fascistas” y “racistas”, los parlamentarios invitados decidieron expresar su apoyo a la Asamblea Nacional y al presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó.

Este gesto no gustó entre los diputados del Gran Polo Patriótico, que incluso se acercaron a las sillas habilitadas para los invitados – cerca de la Tribuna de Oradores- para increparlos. Allí Ismael León (VP-Distrito Capital) y Juan Marín (Psuv-Guárico) casi se van a las manos.

Benedetto agregó en su intervención ante sus colegas venezolanos, que entre insultos no van a mejorar la vida de los venezolanos. “Es momento de pensar en la Venezuela profunda”. Pero eso no hizo que los parlamentarios chavistas se quedaran en silencio.

Igualmente el senador español del Partido Popular (PP) Javier Maroto expresó unas palabras desde la Tribuna de Oradores. 

“En este momento el reconocimiento que el PP en España y la Unión Europea es que juntos queremos apoyar al presidente Guaidó y al pueblo venezolano que no está representado por quienes gritan, calumnian y mienten. Vemos el odio en esas caras”, aseveró Maroto.

Esto provocó más consignas entre los chavistas y el diputado Gerardo Márquez (Psuv-Trujillo) respondió con un “váyase a la mierda español, que en Venezuela hay un pueblo que no negocia su libertad”.

Es por eso que la senadora española, Valentina Martínez aseguró que en Venezuela no hay una democracia, porque no se permite escuchar y respetar al otro. Aunque en España – que cuenta con un sistema de gobierno parlamentario, también se presentan debates tensos en el Congreso de los Diputados. Ahí se encuentran y desencuentran los extremos de Podemos y Vox, que ahora ha crecido y ahora cuenta con 52 parlamentarios.

“Me alegro enormemente de que esta sesión se esté desarrollando de esta manera, porque me lo podían haber contado mil veces, pero vivirlo en primera persona es único y efectivamente Venezuela no es una democracia, es una dictadura”, sentenció.

Con la extracción del oro el suministro eléctrico del país puede empeorar
La diputada María Gabriela Hernández alertó que la extracción de minerales en el país afecta el caudal de los ríos
Hay otras zonas de Venezuela donde se están extrayendo otros minerales como el sílice

@saracosco

La diputada de la Asamblea Nacional, Maria Gabriela Hernandez (PJ-Monagas) aseguró que la extracción de oro en Canaima puede afectar el suministro eléctrico de todo el país.

En reacción al trabajo especial Canaima: el paraíso envenenado por el oro de Runrun.es, la parlamentaria ratificó que en toda esa área natural  protegida no se debe extraer oro porque está prohibido por ley. 

“Tenemos que tomar una decisión certera y radical como país y es que no podemos extraer oro. Eso hay que acabarlo”, señaló.

Explicó que en esas zonas es donde nacen los ríos que alimentan la red eléctrica de Venezuela. “Todo eso que se está destruyendo al final va a desembocar en que 80% de la energía eléctrica, que depende de la fuerza del agua, no exista”.

Hernández, quien forma parte de la Comisión de Ambiente del Parlamento, agregó que la situación eléctrica solo puede empeorar con la extracción del oro en Canaima. 

“Como están destruyendo el cauce del río, también destruyen su caudal, entonces (el agua) no llega a la represa y no hay fuerza para producir la energía”, expresó. 

Igualmente la diputada recordó que la extracción se hace en un Parque Nacional, que es un área resguardada y sensible. “Son suelos y vegetaciones de muchísimos años y su mal trato acarrea destrucción”.

Hernández señaló además que como la naturaleza está interconectada, lo que se haga en Canaima y también en el Arco Minero del Orinoco, va a afectar en otras zonas como el Mar Caribe y las islas que se encuentran allí. “Ya se consigue vida marina contaminada con mercurio”, advirtió.

Se extiende la protección

María Gabriela Hernández, quien ha trabajado el tema ambiental desde su llegada al Parlamento en 2015, dijo que en la Comisión han hecho las alertas desde el inicio de la creación del Arco Minero del Orinoco.

La AN decretó  que la actividad de extracción del oro y creación de empresas en esa zona es ilegal e inconstitucional, porque la medida nunca fue legitimada por el Poder Legislativo. 

“Aunque (el decreto del Arco Minero del Orinoco) pasara por la Asamblea Nacional, el impacto ambiental es de tal magnitud que no podría ser aprobados. Va contra la Constitución, contra el establecimiento de los derechos ambientales y contra el establecimiento institucional”, esgrimió.

Además a finales del año 2018, el Parlamento aprobó la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía, con el cual se recalcó que esas áreas son parques nacionales y además se extendió el área de protección a aquellas zonas donde nacen los ríos. 

“En esa ley se derogó expresamente todo lo que ya se había declarado nulo”, indicó la diputada. 

El ambiente no es el único afectado

El daño al medio ambiente con la extracción de oro en Canaima, no es la única preocupación de la diputada María Gabriela Hernández, quien advirtió que hay una afectación económica para el país y los pobladores de la zona. 

Reconoció que sí hay indígenas que trabajan como mineros dentro del parque, pero que han sido corrompidos por el sistema. 

“No son todos, pero sí los que tienen voces importantes. Terminaron siendo corrompidos por el sistema. Por mucho que ellos intenten hacerlo sin depravar su área no hay forma de evitarlo, lo están haciendo”, agregó.

La diputada explicó que jóvenes de otras ciudades del Oriente del país viajan hasta el sur para trabajar en las minas, esto debido a la crisis económica que vive el país. 

Hernández refirió que si bien algunos regresan a sus hogares, otros no tienen tanta suerte o terminan enfermos  “En Monagas, por ejemplo, puedes conseguir a más de una familia cuyo hijo no regresó”.

“En Monagas hay muchos preparadores de gallos (para peleas) y los llevan a las minas, para venderlos y no regresan. Una actividad tan sencilla como esa”, comentó.

Minerales en la mira

La diputada Hernández informó que Bolívar no es el único lugar de Venezuela donde hay minería ilegal. En la Comisión de Ambiente tienen registros en Táchira, Mérida y Lara, en donde se extrae sílice, un mineral que se puede utilizar para hacer vidrio, porcelana, cristales y cemento.

“En Mérida y en Táchira se han paralizado por parte de las gobernaciones. Pero continúan las amenazas de estas empresas que vienen sencillamente a extraer y destruir”, expresó.

Hernández indicó que en Lara continúan los trabajos y sería cercano a Carora, sobre un cerro, donde hay sílice de alta calidad. “Esto contaría con el permiso del Ministerio de Ecosocialismo, antes de Ambiente”.

“Al empezar a destruir esas montañas, el agua va a escasear también y recordemos esas son tierras altamente productivas de alimentos y gran parte de Occidente y Caracas se nutren con los alimentos de Lara”, alertó.

Expertos coinciden en que la justicia transicional debe tener como foco a la víctima
Investigadores consideran que la instalación de una comisión de la verdad debe nacer de un acuerdo nacional
Las víctimas esperan una reparación que vaya más allá de lo económico

Foto: @UKinVenezuela

 

Expertos en materia de Derechos Humanos concuerdan en que en un proceso de Justicia Transicional es importante mantener el foco en la víctima y en lo que puede necesitar en un corto plazo. 

En el Foro Chevening de Justicia Transicional organizado por la Embajada Británica y la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, distintos investigadores fijaron postura sobre las consideraciones que se deben tomar en Venezuela, para el momento en el que se empiece a aplicar este tipo de justicia.

Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa aseguró que lo central debe ser la víctima y cómo atenderla. “El gran reto es no perder la memoria ahora, reconocer y documentar a las víctimas”.

Igualmente señaló como otro punto importante la definición que se debe hacer sobre qué víctimas o qué tipo de casos entrarán en el proceso de justicia transicional. Para el sociólogo las víctimas no solo esperan una compensación económica, sino otro tipo de beneficios que los puedan ayudar a seguir adelante.

La investigadora de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, Noemí Pérez, también abordó este punto sobre la reparación a las víctimas, señalando que en muchos casos esto es dejado a un lado.

Pérez explicó que en otros casos de justicia transicional como en Timor Oriental, ubicado en Asia, las víctimas, pedían mejores condiciones de trabajo o de estudios, más que alguna compensación económica. 

Además recomendó que los procesos de este tipo de justicia sean flexibles, para no excluir a algún grupo vulnerable como las mujeres. Para la investigadora es vital estudiar primero los casos que serán incluidos, las víctimas que se entrevistarán e incluso el tipo de preguntas que se harán. 

Otro punto a destacar para Noemí Pérez es la instalación de una comisión de la verdad, pues a su juicio, debe nacer de un acuerdo nacional y no debe ser manejada por partidos políticos. “Porque podemos ver el ejemplo de Colombia, donde le redujeron el presupuesto a la Comisión de la Verdad, luego de la llegada de Iván Duque a la presidencia”.