Los operadores del régimen venezolano han adoptado nuevas estrategias para continuar los negocios y eludir la persecución internacional
Venezuela figura en el primer lugar entre los países con mayor percepción de corrupción en todas las américas, y entre los cinco peor evaluados en el mundo entero, de acuerdo con el índice presentado el 28 de enero por la organización Transparencia Internacional.
Este examen anual, fundamentado en un sondeo a empresarios e investigadores de cada país, reveló además que desde la llegada de Nicolás Maduro al poder Venezuela ha empeorado sus indicadores de percepción de corrupción, al punto de que solo Siria, Somalia y Sudán del Sur obtuvieron calificaciones más magras.
El informe presentado por TI indica que la corrupción generalizada en Venezuela no comenzó con Maduro, sino que se remonta a la época en la que gobernaba Hugo Chávez. Este sería “uno de los principales motivos de la crisis humanitaria actual”.
“La pandemia de covid-19 no solo ha profundizado la escasez de medicinas, suministros sanitarios y material esencial, sino que ha deteriorado la infraestructura hospitalaria. En las dos últimas décadas el país perdió más de 5000 millones de dólares por corrupción solamente en el sector sanitario. Este mal amenaza la vida y la salud de millones de venezolanos”, indica el documento.
Este es un punto clave, puesto que coloca el germen de la crisis sanitaria, y en general de la emergencia humanitaria compleja, en una etapa previa a la imposición masiva de sanciones desde el Departamento de Estado, la Unión Europea y algunos países como Canadá y Suiza.
De acuerdo con la directora del capítulo venezolano de TI, Mercedes de Freitas, con la agudización de las dificultades en lo económico y humanitario, el régimen venezolano ha expandido las prácticas corruptas hacia otros países, en la medida en que intenta eludir la persecución penal y las medidas restrictivas impuestas desde la comunidad internacional.
Una de esas naciones es México. Su presidente Andrés López Obrador mantiene relaciones fluidas con el gobierno venezolano, y se ha negado a reconocer la presidencia interina de Juan Guaidó, tal y como lo hicieron EE. UU. y otros 60 países.
Esta situación fue aprovechada para instalar una red encabezada por el empresario colombiano Alex Saab (designado embajador por Maduro) para eludir las restricciones a la comercialización de crudo venezolano y la compra de bienes para el sostenimiento del régimen.
En junio de 2020, el Departamento del Tesoro sancionó a la compañía Libre Abordo, perteneciente a Saab y a su socio Álvaro Pulido, registrada en México DF. Pero, de acuerdo con De Freitas, el Gobierno continúa importando desde ese país “alimentos con sobreprecios y de baja calidad”, utilizando para ello otras corporaciones.
Según la organización Global Financial Integrity, Venezuela fue el segundo mayor exportador de capitales ilícitos de todo el hemisferio occidental durante los primeros doce años del siglo. Solo era superado por México.
Esas prácticas continúan en la actualidad, aunque afectadas por la decadencia de la industria petrolera y las sanciones internacionales. Según la directora de TI Venezuela, el principal vehículo de estas transacciones ilegales sería el Fonden, una entidad usada para manejar el 62% de los recursos del Estado en 2019, sin controles ni supervisión.
Efecto expansivo
La salida de capitales ilegales venezolanos salpicó a numerosos países de las américas, Europa y Asia.
En la etapa incipiente, Venezuela continuaba generando suficientes recursos para alimentar su corrupción endógena, esencialmente a través de la renta petrolera. Los recursos salían en maletines con la bendición de sectores del oficialismo. Así quedó en evidencia cuando una policía bonaerense y modelo, que no participaba en la “ruta del dinero”, detectó la famosa valija con casi 800.000 dólares en poder del empresario Guido Antonini Wilson.
En la esfera internacional, los cazadores de capitales pronto se dieron cuenta de que Venezuela representaba una oportunidad para la obtención de jugosas ganancias. El régimen de cambio no era diferencial sino diferenciado en su aplicación: a la población en general, si acaso un cupo que servía a los propósitos de control de cierta clase media. Un trato radicalmente distinto tuvo el funcionariado, en especial el ligado a las adquisiciones.
Un caso emblemático fue el de la Banca Privada de Andorra, en sus dos capítulos. El primero, modesto en sus dimensiones económicas, involucró a dos oscuros asesores del ministerio de Finanzas, un exjefe policial y un hombre ligado a los intereses de una exmagistrada del Tribunal Supremo. El segundo capítulo, que se desarrollaba en forma simultánea al primero, tenía personajes de alta relevancia para el momento: Rafael Ramírez y su entorno, así como los primeros “bolichicos” enriquecidos con las adquisiciones para el fallido sistema eléctrico nacional.
Estos individuos, los de la segunda parte, se sabían amparados por el poder venezolano. Por esto vivían una vida dispendiosa en París, Roma y otras capitales europeas, donde las autoridades parecían dispuestas a voltear la mirada. Hasta que en 2015 el Departamento del Tesoro estadounidense alertó que la BPA servía como una especie de mezcladora de los capitales corruptos venezolanos con los de las mafias de Rusia y China. Estos casos (Andorra I y II) tienen repercusiones hasta el presente.
Pero el expediente del principado europeo no ha sido el único.
En República Dominicana, por ejemplo, un grupo de inversionistas encabezado por José Luis Santoro y Gabriel Jiménez adquirió la mayoría accionaria del Banco Peravia en 2012. Dos años después, las autoridades de esa isla intervinieron a la entidad, y posteriormente, en 2015, ordenaron el arresto de su junta directiva al constatarse un fraude masivo y lavado de dinero.
“Esos directivos llegaron a Dominicana con dinero robado en Venezuela, y fueron recibidos con alfombra roja”, explicó el acusador privado de este caso, abogado César Amadeo Peralta.
Según el litigante, ese banco tenía el propósito de atraer capitales oscuros, y por eso su cartera crediticia era muy pequeña. En el juicio por el fraude participaron 32 víctimas de una lista mucho más grande de personas, cuyos depósitos se esfumaron.
Peralta indicó que la actitud del régimen venezolano ha sido de “protección total” hacia Santoro y sus cómplices. Uno de los solicitados, Gabriel Jiménez, se entregó en EE. UU., donde también lo requerían por conspiración para lavar dinero de Pdvsa. En esta actividad habría participado con el empresario Raúl Gorrín, de acuerdo con documentos del Departamento de Justicia. En noviembre de 2018 fue sentenciado a tres años de prisión. Pena leve, en virtud de su cooperación.
“Con ese dinero de Pdvsa, compraron el Peravia. Ahora esperamos que él termine de cumplir su sentencia en EE. UU., para que lo envíen a Dominicana”, afirmó el abogado.
Otro país impactado por el flujo de capitales ilícitos venezolanos ha sido España. Según el expresidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas, Carlos Tablante, los dineros de la corrupción venezolana “han entrado en el mercado inmobiliario y en el sector financiero de forma muy agresiva”.
Tablante permanece en ese país europeo en calidad de refugiado. Dijo que desde allí los dineros de la corrupción venezolana han sido distribuidos a bancos en Italia, Malta, Portugal, Andorra y Suiza, donde la agencia Bloomberg reportó el hallazgo de cuentas con fondos irregulares por diez millardos de dólares.
Observó que la persecución internacional a los viejos operadores del régimen ha propiciado el surgimiento de otros más jóvenes, muy cercanos al poder actual. El los llama los “nuevos bolichicos”.
Este grupo tiene una nueva área de expansión en el estado brasileño de Roraima, fronterizo con Bolívar, al sur del país. En ese territorio estarían coordinando operaciones de venta de oro del Arco Minero a cambio de reales brasileños, con los que posteriormente son adquiridos alimentos, medicinas y otros bienes para justificar aparentes operaciones de importación, con sobreprecios.
Pero estos últimos llaman mucho más la atención debido a sus comportamientos violentos. Cuando los detienen, suelen confesar en cámara. A los primeros, en cambio, solo se les extrae la información a cuentagotas. Por eso, esta es una historia de la que solo conocemos fracciones. José Ugaz escribió en el prólogo de Super red de corrupción en Venezuela (2021) que hasta el momento los ilícitos con el dinero nacional han suscitado 85 procesos en distintas jurisdicciones del mundo. Allí están los Papeles de Panamá, HSBC, Luxemburgo, Andrade, Ramírez, Villalobos, Salazar y cientos más.
Al margen de lo que eso significa para la búsqueda de justicia, es en esos expedientes donde se encuentra buena parte de la verdad que requiere el país para comprender, por ejemplo, por qué el 40 % de la población está pasando hambre.
Breves
* El artículo 92 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia confiere a los jueces de la materia ocho alternativas para la imposición de medidas cautelares a las personas señaladas de agresoras en un caso específico. En líneas generales, el sentido de estas medidas es resguardar la integridad física de la víctima, por una parte, y por la otra prevenir que la persona bajo investigación agreda a otras personas. El numeral séptimo de ese artículo, por ejemplo, prevé que se le imponga al presunto victimario “la obligación de asistir a un centro especializado en materia de violencia de género”. Pero una cosa es la letra, y otra la realidad.
Sin embargo, se movilizaba sin restricción alguna en Turén. De acuerdo con el director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, este hombre actuó contra sus víctimas sin tener un conocimiento previo de ellas, simplemente llevado por ataques de ira. Torrealba era entonces un individuo que, bajo determinadas circunstancias, podía ser peligroso para la sociedad. Ese riesgo ya había sido constatado en un caso previo, y nada se hizo. Esta ausencia de actuación por parte de las instituciones debe ser revisada en profundidad.
* 3520 personas fueron detenidas en 2020 por delitos de tráfico, posesión y consumo de drogas. Esta cifra, conocida de manera extraoficial, representa una disminución con respecto a los años anteriores. Aun así, implica una carga importante para los ya saturados centros de detención del país. Los presos por delitos de drogas, en especial los señalados de tráfico o transporte de estas sustancias, son presas permanentes de la extorsión desde todos los flancos: jueces, fiscales, custodios, abogados. Tienen que pagar hasta por el agua que van a consumir y el suelo donde van a dormir. Estos casos generalmente no trascienden al conocimiento público.
La historia comenzó en marzo del año pasado cuando efectivos de Guardacostas aprehendieron a cuatro isleños y a un venezolano que iba con ellos a comprar un cargamento de pescado en Aves de Sotavento. Primero, les elaboraron un expediente por “tráfico de materiales estratégicos”, puesto que llevaban bidones de diésel para poder hacer el viaje. Pero posteriormente añadieron cargos por tráfico de drogas, en virtud de una supuesta prueba de orientación (narcotest) aplicada a las lanchas. Los detenidos se habían adaptado a la vida en una estación de la PNB en Falcon, pues tenían la esperanza de una rápida solución, hasta que se les terminó el dinero en medio de una pandemia que mantiene paralizados a los tribunales. Entonces, comenzó en Curazao una colecta para pagar la manutención de los cinco detenidos por este caso. El asunto llegó incluso a oídos de la embajada del Reino de los Países Bajos, y en febrero enviaron a unos diplomáticos para constatar el estado de salud de los pescadores.
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