Javier Ignacio Mayorca, autor en Runrun

Javier Ignacio Mayorca

Crímenes sin Castigo | La joya de la corona, por Javier Ignacio Mayorca
La recaptura del mayor general Hugo Carvajal representa un importante paso para comprender la relación, no siempre armónica, entre los regímenes de Chávez y Maduro y grupos al margen de la ley

 

@javiermayorca

La recaptura del exdirector de Contrainteligencia Militar Hugo Carvajal era tan solo una cuestión de tiempo.

No se trata solamente de que la unidad de inteligencia internacional de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) había precisado su paradero en Madrid, hace por lo menos tres meses. Desde este espacio, siempre advertimos que las opciones del mayor general eran muy limitadas.

El cobijo que le dieron sus amigos de la inteligencia española tenía los días contados, tal y como lo advirtió el expresidente de la Conacuid, Carlos Tablante. Además, la recompensa de 10 millones de dólares ofrecida por Washington contribuyó a cerrar mucho más el círculo, dejándolo yermo de lealtades.

Algo de esto se deslizó también en el primer mensaje emitido por la Policía Nacional del país ibérico, la noche del 9 de septiembre, una vez confirmada la identidad de quien fuera conocido como el Pollo en medios militares venezolanos. El cuerpo que llevó a cabo la limpia operación afirmó que el exzar de la inteligencia de Chávez y Maduro estuvo “siempre protegido por personas de confianza”, en España.

Tal parece que los buenos anfitriones dieron la espalda a Carvajal, luego de casi dos años teniéndolo a hurtadillas.

Para la agencia antidrogas estadounidense, este mayor general era un objetivo prioritario. Por una parte, Carvajal llegó a ser uno de los elementos más importantes del régimen de Chávez en las relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora conocidas como Nueva Marquetalia. De allí que fuese incorporado como pieza fundamental del esquema de tráfico de drogas conocido como Cartel de los Soles. Un expediente que se ventila en cortes de Nueva York y que ya tiene un primer detenido: el mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones.

En este caso, hay un hito fundamental, que fue el decomiso de 5,6 toneladas de cocaína en un jet que despegó de Maiquetía y llegó dando tumbos al aeropuerto de Ciudad del Carmen, México.

Por este alijo fue responsabilizada la organización guerrillera actualmente comandada por alias Iván Márquez y Jesús Santrich. En su destino, la droga sería manejada por el cartel de Sinaloa, la confederación criminal encabezada entonces por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y Juan José Esparragoza, el Azul. Entre unos y otros, según el expediente del caso, estaba Walid Makled, haciendo las veces de bróker. Cuando el Turco fue capturado en Colombia, y los venezolanos disputaban su extradición a EE. UU., en 2010, él afirmó en una entrevista que había tenido que comprar a prácticamente todas las autoridades militares. Esto lógicamente incluía al Pollo, quien estaba en la cima del poder por aquellos tiempos.

Traición en Mérida

Pero existe otra acusación penal contra Carvajal. Se ventila en las cortes de Florida, y es el producto de una averiguación sobre la estadía en Venezuela de un traficante de drogas que tenía signo diametralmente opuesto al de los subversivos. Se trataba de Wilber Alirio Varela, alias Jabón, quien decía ser un sargento egresado de la policía colombiana.

Varela huyó a Venezuela en 2004, no solo para eludir la persecución de las autoridades neogranadinas. De hecho, su mayor preocupación era que lo alcanzaran las balas de sus competidores del cartel del Norte del Valle, una alianza muy inestable de exparamilitares dedicados al tráfico de drogas. Según la acusación, Carvajal no solo protegía a Jabón, sino que eventualmente llegaría a facilitar el paso de la droga de su facción por el territorio nacional, en una especie de trabajo particular, que también beneficiaba a otros militares, especialmente de la Guardia Nacional.

Varela fue ejecutado en 2008, en circunstancias nunca aclaradas del todo. Su cadáver apareció en una posada de Mérida. Este asesinato fue atribuido a uno de sus pupilos, Javier Calle Serna, uno de los llamados Hermanos Comba, junto con Diego Pérez Henao, Diego Rastrojo. En 2013, quien fuera la pareja del traficante, Emilia Polo, declaró a la periodista Renata Cabrales que Jabón “quería como a su hijo” a Calle Serna.

Polo acompañó a Jabón en varias temporadas mientras él supuestamente se escondía en Venezuela. En realidad, viajaba tranquilo entre Caracas y Valencia: “Si nos paraban en la carretera, nos hacían seguir”.

En enero de 2008, el santo se le volteó a Varela. Bastaron siete disparos. Pronto, otros operadores del Norte del Valle ocuparon su espacio en el territorio nacional, y mientras tanto negociaban con la DEA para que les perdonaran parte de las fortunas que habían amasado, tal y como lo relató Andrés López en la saga El cartel de los sapos.

Video: El cartel (2008) – Temporada 1 tráiler oficial | Caracol Play

El Pollo, por lo tanto, tiene mucho que contar. Él lo sabe. Según fuentes enteradas de su caso en EE. UU., hubo dos factores que lo llevaron a evadirse de su arresto domiciliario en noviembre de 2019. Por una parte, la Audiencia Nacional española había dado luz verde para su extradición. Por la otra, había fracasado un primer intento de negociar su entrega con las autoridades estadounidenses.

El oficial de 61 años de edad ofrecía toneladas de data sobre la presunta relación de los regímenes de Chávez y Maduro con organizaciones de traficantes de drogas y del terrorismo.

Pero era muy poco lo que realmente entregaba. A cambio, indican las fuentes, exigía total inmunidad, así como visas estadounidenses para todo su círculo familiar, que sumaba unas doce personas.

Carvajal estaba con el ego insuflado desde 2014, cuando un portavoz de operaciones internacionales de la DEA lo calificó como “la joya de la corona”. Si se partía de esta premisa, para él bien valía la pena un regateo con los norteamericanos.

Ahora, Carvajal también huye del régimen venezolano. En esta dinámica de traiciones y delaciones, solo le queda abrir un lugar en el mismo cartel de los Hermanos Comba.

Hay quienes ven alguna orquestación entre los procesos seguidos contra el exzar de la inteligencia venezolana y el empresario colombiano Álex Saab. Ambos van contrarreloj. Pero lo más probable es que los españoles prevendrán una nueva vergüenza, y cuanto antes montarán al mayor general en un jet hacia Nueva York, una vez dirimido el tema del asilo. Ya en el contencioso de la extradición, en 2019, el exjefe de la Dgcim se jugó la carta de que su juicio en EE. UU. tenía motivos políticos. Ese argumento fue descartado.

A Saab, en cambio, todavía le restan algunas salvas.

Breves

Avanzan las investigaciones sobre el asalto a dos camionetas que trasladaban una remesa de dólares y euros desde el Banco Central de Venezuela hasta el Banco Occidental de Descuento, en La Castellana. Las pesquisas adelantadas por agentes de la División contra Robos de la policía judicial han posibilitado la detención del escolta bancario Dixon Daniel Fernández (47); Lismar Rodríguez, una comerciante del ramo de telefonía, de 40 años; el oficial de la Policía Nacional Richard Rafael Rodríguez (31), y de Roger Rafael González Bracho, alias Godines, de 31 años de edad, quien con el grado de supervisor jefe comandaba la base de la Fuerza de Acciones Especiales del 23 de Enero. Este dato no es menor.

El 23 de enero es la parroquia en la que FAES se conjuga con los colectivos armados, desde mucho antes de la operación en la que mataron al grupo del inspector jefe Oscar Pérez.

Según Cicpc, otros efectivos de la FAES involucrados en este asalto fueron José Miguel Cruz Hidalgo, alias Chavo, y John Cruz Hidalgo, Coco. También Gelitza Gómez, conocida como la Comando. De otros agentes de la PNB implicados solo se conocen los apodos: Yemagua, Sonero, Chino y Gordo. Las averiguaciones indican que el escolta Dixon Fernández fue amenazado de muerte para que diera los datos sobre el traslado de la remesa. Las líneas utilizadas por los perpetradores supuestamente fueron entregadas por Lismar Rodríguez a su hermano, el oficial de la PNB Richard Rodríguez. Para el momento en que esta nota fue redactada, se manejaban los nombres de otros seis agentes FAES como involucrados en el hecho, uno de ellos mujer.

La postulación sobrevenida del colombiano Alex Naín Saab como integrante del régimen venezolano para la mesa de negociación en México plantea un escollo difícil de superar para la oposición. El anuncio correspondiente, hecho el martes en la tarde por el presidente de la Asamblea Nacional electa el 6D, Jorge Rodríguez, ocasionó estupor e incredulidad. Parecía otra broma del Chigüire Bipolar, hasta que la información fue corroborada por las agencias noticiosas.

Da la impresión de que todavía no ha sido ponderada a cabalidad la importancia que el empresario barranquillero tiene para Maduro y su entorno. Hasta un punto tal que no les importaría levantarse del proceso en México si continúa avanzando el juicio de extradición en Cabo Verde. Los representantes del régimen siguen en la misma línea avanzada por la Cancillería rusa, e introducen de improviso el caso Saab. Algo que no estaba en agenda, y sobre lo cual los opositores tienen poco qué decir, pues la decisión al respecto corresponde a Estados Unidos. Si los representantes gubernamentales venezolanos colocan este punto como una condición sine qua non, entonces todo dependería de que Washington desista de su solicitud de extradición. Es una carta agónica, una última posibilidad a la que apuesta Maduro: que EE. UU. no envíe el jet al archipiélago africano, y Saab quede en libertad, una vez transcurrido el lapso máximo para ejecutar el traslado a Nueva York, donde tiene un juicio pendiente por lavado de dinero y sobornos a funcionarios venezolanos en la importación de alimentos y la construcción de viviendas. El comunicado opositor, conocido el propio martes, recuerda con tino que la solicitud de Maduro tiene un precedente en las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano, cuando los guerrilleros exigieron incorporar a la mesa a quien fuera su jefe de finanzas, Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Expulsados por la violencia, por Javier Ignacio Mayorca
En los juzgados de La Haya son cada vez más frecuentes los casos de venezolanos que dicen ser perseguidos por grupos armados del oficialismo, y aun así les niegan el asilo

 

@javiermayorca

El 19 de agosto, el tribunal de La Haya declaró con lugar el recurso de impugnación de una venezolana contra una decisión emitida por la Secretaría de Estado de Justicia y Seguridad del Reino de los Países Bajos, que le negaba el asilo y le ponía un límite a su estadía en el territorio neerlandés.

La mujer huyó de Venezuela luego de ser “maltratada y amenazada por miembros de la banda criminal Adrián y Sleiter”, indica el expediente del caso, en referencia a la organización comandada por Adrián José Rodríguez Gudiño y Sleiter José Leal Méndez, que opera en varios municipios del Zulia.

Un informe de la Policía Nacional, emitido en marzo de este año, indica que este grupo continúa en actividad, a pesar del asesinato de Leal Méndez, perpetrado en el sector Fontibón de Bogotá, tal y como lo reportó el diario El Tiempo en junio de 2020. En el mismo tiroteo, los sicarios ultimaron a la mamá de este hombre e hirieron a un hijo.

El punto central de la petición de asilo fue que los pandilleros “tienen vínculos con las autoridades”, lo que les permite adelantarse a sus acciones, y aprovechar los momentos en los que la víctima se encuentra sin protección.

El gobierno neerlandés había rechazado este argumento, debido a que la referida banda “solo está activa localmente, y no se ha demostrado que tenga un vínculo con las autoridades centrales”. Por lo tanto, según esta lógica, a la mujer le tocaba mudarse de ciudad, no de país.

El litigio se enredó cuando la demandante venezolana argumentó que la organización de Adrián y Sleiter también era un colectivo.

Esto permitió presentar ante el tribunal un informe del Ejecutivo neerlandés, según el cual se trata de “grupos armados irregulares que consisten en personas progubernamentales que, entre otras cosas, ayudan a las autoridades a reprimir manifestaciones”. Estas organizaciones, indica la evaluación, “tienen presencia en casi toda Venezuela”.

“Cada colectivo tiene vínculos con el gobierno de Maduro, pero estos vínculos difieren tanto a nivel jerárquico como ideológico”, indica el documento.

El número de colectivos en Venezuela es una incógnita. La única cifra parcial fue suministrada en 2013, durante la gestión de Miguel Rodríguez Torres en Relaciones Interiores. Según ese estimado, eran alrededor de cien.

Aunque los colectivos aparentemente se mueven por razones ideológicas, dentro de la policía judicial figuran en los mismos listados de las bandas criminales, que generalmente persiguen ganancias económicas. Un informe elaborado en 2014 por ese cuerpo de seguridad ubica a La Piedrita entre las principales bandas del Distrito Capital. Dos de sus dirigentes estaban entre los más buscados.

A partir de la crisis política de 2002, Chávez inició un proceso de suplantación de los llamados círculos bolivarianos por los colectivos, que ya existían como agrupaciones culturales, religiosas, deportivas y de discusión ideológica en la parroquia 23 de Enero. Este respaldo gubernamental dio a los colectivos otra dimensión.

En la era de Maduro, los colectivos han sido convocados públicamente en dos oportunidades para la defensa armada del régimen (2014 y 2017). Además, se han incorporado en los ejercicios de defensa cívico militares y en la distribución de alimentos, desde la creación de la misión Abastecimiento Soberano.

En La Haya, cuando una persona solicita asilo debido a la persecución por colectivos, el asunto debe ser evaluado. En el caso de la venezolana que demandó al gobierno neerlandés, el recurso fue declarado con lugar cuando el juez Fluttert llegó a la convicción de que la agencia gubernamental “no prestó atención a la información de fuentes públicas sobre los grupos armados en Venezuela y sus vínculos con el Estado”.

“El hecho de que la pandilla Adrián y Sleiter no sea mencionada en un mensaje oficial no significa que esta pandilla no tenga vínculos con el Gobierno”, afirma la sentencia.

Esta es apenas una secuela de la violencia generalizada en el país. Casos como el de esta venezolana han sido verificados en Colombia, Panamá y Estados Unidos.

“El tema de la persecución por colectivos y en general grupos armados tiene peso”, afirmó la responsable de investigación en temas migratorios del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar.

“Se considera que se trata de grupos que actúan al amparo de organismos del Estado, y pueden considerarse como corresponsables de violaciones de derechos humanos”, añadió.

El tema de los colectivos y los grupos armados no estatales no solo es tomado en cuenta por los Países Bajos. En días recientes, el ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil lo refirió en su estudio sobre el “país de origen” de los solicitantes de refugio y asilo. Para el gigante suramericano, actualmente Venezuela se caracteriza por su “violencia generalizada”.

“La violencia puede emanar de agentes estatales o no estatales, y cuando emana de los primeros, o de otros que lo hacen por instigación o con el consentimiento de autoridades del Estado, los perpetradores gozan de impunidad”, advierte el informe.

En algunas oportunidades, añade, las autoridades “no pueden controlar eficazmente” la violencia que emana de agentes no estatales.

Pareciera entonces que cualquier persona podría obtener refugio en el exterior alegando que fue objetivo de estos grupos armados. Sin embargo, en algunas oportunidades estas peticiones pueden ser negadas, y los litigios posteriores pueden ser fallados en contra de los demandantes.

El mismo tribunal de La Haya, por ejemplo, declaró infundada la apelación de otra venezolana, en junio. La mujer también alegó que era perseguida por los colectivos armados. Inicialmente, huyó del país a México, en 2016. Al año siguiente, se mudó a los Países Bajos. Pero su solicitud de asilo fue formulada en junio de 2019. Esta tardanza de dos años suscitó las sospechas de las autoridades neerlandesas. Ella intentó justificarse, indicando que temía que la deportaran antes de haber finalizado su tratamiento de la hepatitis C.

Estos casos están llegando a raudales al referido juzgado, en la medida en que se prolonga la emergencia humanitaria. De acuerdo con las estadísticas de la Unión Europea, en 2019 y 2020 Venezuela fue el tercer país de los solicitantes de asilo procedentes de naciones no europeas, solo superado por Siria y Afganistán. Las cifras de ambos años suman unos 70.000.

De la revisión de varios expedientes surge una conclusión preliminar. En los Países Bajos, y quizá en el resto de Europa, nadie niega las duras condiciones en las que deben sobrevivir los venezolanos, así como los riesgos derivados de la violencia y la inseguridad. Y que por esta razón muchos de ellos tocan las puertas del Viejo Continente. Sin embargo, las solicitudes de asilo son negadas cuando los hechos alegados para tales peticiones no están bien documentados, o cuando se percibe el propósito de engañar a la autoridad. Esto solo garantiza un boleto de avión, de vuelta a casa.

Breves

El 19 de agosto, un grupo de emigrantes venezolanos envió una carta pública al primer ministro de Curazao Gilmar Pisas, con el fin de expresar “inquietudes y preocupaciones” relacionadas con el programa denominado Integración Responsable, que adelanta ese gobierno para afrontar la situación de los indocumentados, en su mayoría venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria. La misiva de cinco páginas propone que ese plan también cubra a los venezolanos que han llegado de forma subrepticia en embarcaciones durante los últimos meses.

Naciones Unidas calcula que en Curazao están 17.000 venezolanos. Sin embargo, el comisionado de la OEA para el tema de estos emigrantes, David Smolansky, cree que podrían ser 26.000.

Estos venezolanos son presa fácil de gestores. La carta dirigida al primer ministro plantea que se active una oficina especial para la tramitación de los documentos de estos nacionales, y así disminuya la oportunidad para la corrupción. En Curazao, estos sujetos “piden cantidades exorbitantes de dinero para realizar los trámites ante la Oficina de Labor y la de Inmigración, para luego obtener una respuesta negativa a sus solicitudes, ocasionando pérdidas cuantiosas”, se afirma en el documento.

Al cierre de esta entrega se conocen los primeros resultados de la pesquisa en torno al robo de una remesa de euros y dólares, perpetrado el jueves 26 de agosto en la avenida Boyacá, frente al colegio La Salle. Los investigadores de la policía judicial identificaron a Dixon Daniel Fernández, de 47 años de edad, como la persona que suministró la información sobre el traslado de la remesa, en dos camionetas blancas, desde el Banco Central de Venezuela hasta el Banco Occidental de Descuento, en La Castellana. Fernández laboraba como escolta de esa caravana.

Sin embargo, la intercepción de los vehículos donde iba el dinero corrió a cargo de sujetos con vestimenta y motos propias de la Policía Nacional, que por cierto tiene una sede en la estación del teleférico de Maripérez, a muy pocos metros del sitio donde se llevó a cabo el robo.

 Hasta ahora solo han identificado a dos funcionarios de la PNB: Richard Rafael Rodríguez y Roger José González Bracho, ambos de 31 años de edad. La primera minuta establece que el robo contó con la participación de doce individuos, por lo que todavía se desconoce los nombres de los otros diez involucrados. Este caso se inscribe dentro de una nueva etapa de los delitos contra la propiedad, en la que las víctimas son empleados o dueños de comercios pequeños y medianos, que son despojados de las remesas cuando están cerrando las operaciones de los negocios, o cuando trasladan cantidades considerables de divisas producto de las ventas o destinadas a los pagos de nómina.

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Crímenes sin Castigo | Cabezas con precio, por Javier Ignacio Mayorca
Las ofertas de recompensa por el Koki y sus lugartenientes tienen tantas omisiones que carecen de credibilidad

 

@javiermayorca

En el fragor por la retoma del control en la Cota 905, La Vega y El Valle, el ministerio de Relaciones Interiores ofreció medio millón de dólares en recompensa por Carlos Luis Revette, alias Koki, señalado líder de la principal banda de esos sectores, e igual cantidad por sus colaboradores más cercanos, Garbis Ochoa y Carlos Calderón (Vampi).

La información corría de manera oficiosa desde días atrás. De hecho, la primera oferta fue conocida el 16 de junio, y apuntó hacia el jefe de la principal banda de La Vega, Yorfren Javier Guédez (Mayeya). Por este individuo el Ejecutivo ofreció cien mil dólares.

En un principio, esto parecía un capítulo más en la batalla de fake news e incertidumbre que rodeó todo este proceso. Hasta que, el 8 de julio, es decir tres semanas después, los medios del régimen comenzaron a divulgar lo que se ofrecía por los jefes de cada organización y sus principales lugartenientes. No solo fueron los cuatro ya referidos. En esta galería incorporaron a Romer Ordaz y Gionel Trejo, con recompensas de 50.000 dólares, y más abajo Oswaldo René Velásquez, apodado Rocky, por el que pusieron sobre la mesa 20.000 dólares.

Según el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y exconsultor jurídico de la Presidencia, Román José Duque Corredor, no existe un precedente al respecto en la historia reciente del país. Ni siquiera en la época de la lucha contra la guerrilla urbana. Por lo tanto, en este caso son más los cuestionamientos que las respuestas.

En primer lugar, cabe preguntarse cuáles son los términos de la oferta hecha por el gobierno venezolano. En Estados Unidos, por ejemplo, las sumas son ofrecidas a cambio de “información que conduzca al arresto y/o la condena”, de determinado individuo. En principio, ese dato crucial debe ser transmitido a la autoridad o despacho que adelanta las investigaciones. En cambio, aquí divulgaron las fotos de los supuestos delincuentes con sus nombres; más abajo el sobrenombre de cada uno, luego el calificativo de “asesino”, y finalmente el monto de cada recompensa. Para rematar, colocaron el número de una central (911).

“Estas ofertas no tienen soporte legal ni presupuestario”, afirmó el exmagistrado.

Como el Ejecutivo no ha emitido una regulación en torno al tema de las recompensas, existe la posibilidad de que alguien interprete en esos mensajes una exhortación implícita del sector oficial para que maten a Revette o a cualquiera de sus allegados, con el propósito de hacerse de la suma ofrecida.

“Hasta ahora, en Venezuela no existía la posibilidad de cometer delitos para ser premiados. No hay un principio constitucional que permita cometer un delito en atención a una oferta de recompensa”, advirtió.

El plan de la MUD

La primera vez que se propuso en el país la instauración de un sistema de recompensas por “los más buscados” fue durante la campaña presidencial de Enrique Capriles, abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en 2012.

En esa oportunidad, un equipo de asesores del exgobernador de Miranda planteó que se elaborara un listado de individuos “contumaces”, es decir, que no se hayan puesto a derecho o que hayan escapado de sus centros de reclusión. En esa misma lista debían figurar los supuestos perpetradores de delitos atroces, que no hayan sido plenamente identificados o ubicados.

Poco a poco, el gobierno de Maduro fue apropiándose de estas ideas. Durante la gestión del general Néstor Reverol en Relaciones Interiores, fue activado el portal de los más buscados. Ahora, les pusieron precios.

“Pero estas recompensas no pueden ser fijadas por mera convicción, sino que se deben precisar los montos en atención al daño social ocasionado”, explicó el abogado Fermín Mármol, quien participó en el grupo de asesores que elaboró el plan de la MUD en materia de seguridad.

Según este abogado y docente el Gobierno no podía poner dinero sobre la mesa por estos antisociales sin antes elaborar un reglamento.

Esa norma no solo fijaría los criterios para establecer los montos a ofrecer por cada sujeto. Mármol indicó que también es necesario regular con claridad cómo se harán los pagos (¿efectivo, transferencia bancaria, carnet de la Patria, bolívares a la tasa del BCV o del mercado libre?), cuáles serían las normas de confidencialidad, e incluso si sería posible la designación de un apoderado judicial para recibir las recompensas.

“Al no tener resueltas estas inquietudes, la probabilidad de éxito de este plan es baja. Esto requiere de mucha certidumbre, y al no haberla me temo que muchos desconfiarán”, señaló.

Tanto Mármol como Duque Corredor indicaron que el Ejecutivo podrá echar mano de los recursos asignados a Gastos de Seguridad y Defensa, mejor conocida como partida secreta, para cumplir su palabra, en caso de que llegue el momento. Sin embargo, Duque Corredor sostuvo que siempre será necesario dejar un “soporte documental” de lo cancelado, ante el riesgo de que surjan reclamos sobre quién suministró el dato clave para la captura.

Las ofertas de recompensa, además, llevan un mensaje implícito: el Gobierno admite su incapacidad para capturar y poner a derecho a determinado individuo, y busca ayuda en la ciudadanía. Por esa cooperación, plantea el pago de sumas más o menos atractivas.

Pero, en realidad, estas son ofertas dirigidas al entorno de los sujetos, a quienes tienen acceso a ellos, y eventualmente pueden halar el gatillo o suministrar alguna precisión sobre puntos de reunión, modos de comunicarse, etc. Es muy raro que un ciudadano de bien se beneficie con una recompensa. Con lo que, paradójicamente, se estimulará el delito en aras de combatirlo.

Breves

¿Dónde está Seuxis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich? La supuesta muerte en suelo venezolano de uno de los líderes de las FARC–Segunda Marquetalia sigue siendo un misterio, luego de transcurridos más de tres meses de los primeros reportes, que carecen de confirmación fáctica. El lunes 16 de agosto, el gobernante venezolano Nicolás Maduro se negó a despejar esta incógnita, al ser interrogado al respecto por corresponsales extranjeros. “No estamos obligados a emitir ningún comunicado oficial”, argumentó.

Según fuentes de Relaciones Interiores, no existen reportes sobre la muerte de una persona con el nombre o las características del colombiano: 55 años de edad, 1,65 metros de estatura, cabello cano y afectado por una enfermedad degenerativa que lo ha enceguecido, debido a la cual generalmente aparece en las fotos con lentes oscuros. Un comunicado emitido por las FARC–Segunda Marquetalia en marzo indica que luego de matarlo, los atacantes le cortaron un dedo, con el obvio propósito de lograr una identificación plena. Pero nunca fue divulgada una fotografía de su cadáver, y a las morgues del estado Zulia no llegaron los restos de ningún hombre al que le faltara una falange. O al menos eso no quedó registrado. Además, en la base de datos de Interpol, la notificación roja para Hernández Solarte continúa activa.

En agosto, los secuestros volvieron a ser noticia en Venezuela. No tanto por el número de casos, sino por el tipo de rescate exigido por los captores. En El Callao (Bolívar), una banda pide la entrega de 30 kilos de oro por la libertad del comerciante de este metal Juber Nasser, de 20 años de edad, quien desapareció el viernes 13 de agosto. En Zulia, sujetos por identificar ultimaron al ingeniero en computación Gustavo Torres González, de 39 años, luego de que sus allegados no pudieron pagar el monto exigido por su libertad: 1,5 bitcoins. Según el portal criptonoticias.com, los familiares negociaron con los delincuentes, y lograron pactar un pago de medio bitcoin (22.175$), pero solo pudieron reunir 0,062 BTC, lo que al parecer precipitó la muerte del cautivo. Sus restos fueron encontrados el 11 de agosto en la avenida 64 de la parroquia Urdaneta. Estas modalidades aún coexisten con otras más tradicionales, en las que los secuestradores solicitan pagos en divisas, joyas y armas. Distrito Capital y Miranda todavía acumulan la mayor cantidad de casos en 2021. Pero estos de agosto, sin duda, han sido los más llamativos.

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Crímenes sin Castigo | En camino a la corte malandra, por Javier Ignacio Mayorca

La corte malandra, todavía sin Koki. Foto Javier Ignacio Mayorca.

El conflicto armado por el control de la Cota 905 y La Vega atizó la imaginación popular y dejó una estela de muertes que hizo retroceder a Caracas hasta los tiempos previos a la pandemia

 

@javiermayorca

En el Templo de la Fortuna todavía no abren un espacio para que la estatuilla de Carlos Revette sea ofrecida para el culto, junto a los demás integrantes de la llamada “corte malandra”.

Cuando se le pregunta por la efigie de alias Koki, Vanessa contesta que todo fue producto de una manipulación: tomaron la foto del combo de estatuilla, con la de Ismael a la cabeza, y al pie escribieron los sobrenombres de Revette y sus principales lugartenientes, Carlos Calderón (Vampi) y Garbis Ochoa. Luego, la especie corrió como pólvora por las redes sociales, al punto de que, de acuerdo con el encargado de una tienda de sahumerios adyacente a la plaza Caracas, la Policía Nacional les hizo algunas visitas para intentar la debida constatación.

La “corte malandra” o corte calé empezó siendo un grupo relativamente pequeño de antisociales, cuya popularidad trascendió a sus muertes. Lo encabeza Ismael Sánchez, fallecido en 1963. Algunos relatos indican que esto sucedió al recibir una puñalada, mientras que otros más consistentes afirman que cesó de existir al enfrentarse a policías. Lo que hoy llamaríamos “resistencia a la autoridad”.

El culto a la figura de Ismael, con su pistola al cinto y un porro en la boca, ha hecho de su tumba un “centro de peregrinación”, en el Cementerio General del Sur, de acuerdo con lo descrito por David Placer en Los brujos de Chávez (Caracas, 2015). El precio de estos íconos empieza en los cinco dólares, y se puede conseguir una de medio metro por 60 dólares.

Esta singular corte ha ido en crecimiento. En otro local, Javier sacó de un depósito una figura de arcilla, quebrada y coloreada de bronce, que mostraba a Ismael y otros doce compinches, a muchos de los cuales ni siquiera conoció. Solo los une el sentido mágico y la artesanía.

Ese fue un primer recuento, explicó. Luego, se han incorporado otros nombres, hasta sumar diecisiete.

Pero este culto tiene cierta lógica, si se puede llamar así. Hay una regla elemental, explicada por los encargados de las tiendas santeras: todos los miembros de la corte malandra están muertos.

La estatuilla de Koki todavía no está en venta. Pero, por si acaso, algunos comerciantes de este particular ramo ya tienen su foto a la mano, lista para hacer los pedidos.

Batalla contra Guaicaipuro

Para contrarrestar la acción de Revette, el Gobierno escogió el nombre de otra figura que ya se ganó su espacio entre los santeros. Se trata del cacique Guaicaipuro.

No se trataba solo de un conflicto en el plano simbólico. Las acciones emprendidas por el régimen, con el nombre general del referido aborigen, representaron un paso más en la escalada de violencia que se vive en la capital del país desde enero.

Caracas, es decir, el municipio Libertador, cerró el mes de julio con cifras de violencia que solo se veían en los tiempos previos a la pandemia de covid-19. Fueron 109 muertes, en su mayoría producto del conflicto generado por la toma de control en la Cota 905 y La Vega. De ellas, 38 fueron englobadas con el término “resistencia a la autoridad”.

La mayoría de este saldo fatal (82) tuvo como escenario las parroquias Caricuao, Macarao, El Valle, El Paraíso, La Vega y San Juan, que fueron impactadas directamente por los enfrentamientos entre la banda de la Cota 905 y los cuerpos de seguridad.

En la lista de fallecidos hay 49 que no fueron debidamente identificados. Esto equivale al 45 % de los cadáveres. De los demás, ninguno tiene el nombre de Leonardo José Polanco Angulo, alias Loco Leo, señalado líder de una banda de El Valle. Según informaciones extraoficiales, el conflicto armado alrededor de la Cota 905 comenzó cuando un francotirador lo mató, el 7 de julio. Pero no hay una constatación forense de este dato. Por otra parte, ninguno de los fallecidos en el listado conocido extraoficialmente tiene la edad de Polanco, 28 años.

A las 38 muertes ya indicadas deben sumarse otras trece, producto de supuestos enfrentamientos entre delincuentes y agentes de distintos cuerpos en los Altos Mirandinos, Vargas y los Valles del Tuy. Estas acciones también fueron reseñadas como parte de Gran Cacique Guaicaipuro. Entonces, serían 51 fallecidos por “resistencia a la autoridad” en el desarrollo de esta operación, aún inconclusa.

Un conflicto de esta magnitud en las calles de la capital hace palidecer a todos los personajes de la corte calé. Sin embargo, Koki y su círculo más cercano todavía gozan de buena vida. Siempre han estado un paso delante de los cuerpos policiales. Desde que iniciaron las operaciones de Liberación del Pueblo, en julio de 2015, el líder de la banda que dominaba la Cota 905 dispuso de información privilegiada, que le ha permitido sortear las balas, y también las alcabalas, hasta terminar por estos días en el confort cucuteño.

Breves

El juicio de extradición contra Alex Naín Saab se acerca a su final en Cabo Verde. El Tribunal Constitucional del archipiélago convocó a una “audiencia de juzgamiento” para el viernes 13 de agosto, en la que se decidirá sobre la apelación formulada por los defensores de este hombre, contra una sentencia de alzada, que daba luz verde a la extradición. Este colombiano fue detenido el 12 de junio de 2020, cuando hacía una escala en un viaje desde Maiquetía a Irán.

Dos factores han incidido en la prolongación de un proceso que, según la propia legislación caboverdiana, se planteaba como “urgente”. Por una parte, las maniobras ejercidas por el equipo de defensores del comerciante barranquillero, encabezado por José Manuel Pinto y el exjuez español Baltazar Garzón, incluso llegaron a sembrar dudas sobre la legalidad del litigio, al enfrentar al Tribunal de África Occidental (Cedeao) con la justicia caboverdiana. Por el otro lado, la pandemia de covid-19 generó en ese país lo que fue descrito como una “situación de contingencia” que inevitablemente prolongó los lapsos. Incluso, debido a esta misma situación, para la sesión del 13 de agosto solo podrán concurrir 17 espectadores, previamente registrados.

Las cartas públicas emitidas por Saab y sus defensores, con críticas a los operadores del sistema de justicia caboverdiano, así como el súbito viaje a Rusia de su esposa y su cuñado, hacen presumir que ellos mismos esperan un desenlace adverso. Esto no sería sorpresivo, pues hasta el momento todas las instancias del archipiélago, tanto administrativas como judiciales, han avalado la solicitud de traslado de Saab a una corte en Estados Unidos, donde lo esperan para juzgarlo por lavado de más de 350 millones de dólares procedente de contratos con el régimen de Maduro.

La acusación presentada por el fiscal general de Estados Unidos, Juan González, contra el empresario de origen sirio Naman Wakil, comporta penas por siete delitos, que sumarían hasta 75 años de prisión. El centro de esta investigación fue el presunto pago de sobornos a por lo menos cuatro empleados a filiales de Petróleos de Venezuela (Petropiar y Petromiranda) y de la Corporación CASA, en abierta violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior, en virtud de que Wakil, a pesar de sus orígenes, había obtenido la nacionalidad estadounidense.

Wakil se convirtió en un importante proveedor de bienes para el régimen venezolano, en virtud de su relación de afinidad con operadores del oficialismo.

Esto abarca tanto alimentos como insumos para la industria petrolera, que eran exportados a Venezuela a través de la Wakil Oil Company, y otras corporaciones. Los hechos investigados comenzaron en 2010 y finalizaron en 2017, por lo que abarcan a los gobiernos de Chávez y Maduro. El primer negociado fue en enero de 2010. De acuerdo con la acusación, Wakil recibió 30 millones de dólares de la Corporación CASA, en una cuenta a nombre de la Wakil Food Company, abierta en un banco de las islas Cayman. En conexión con este pago, el empresario transfirió desde la cuenta de esa compañía 750 mil dólares a un funcionario del gobierno venezolano, cuya cuenta estaba en la banca de Florida. Y así el dinero fue y vino durante siete años. Según la pesquisa, para justificar el pago de los sobornos, Wakil aportaba falsos recibos de pago por “servicios logísticos y gestiones aduaneras”. Además, fueron documentados varios sobreprecios. Por ejemplo, en 2015 el sirio aseguró un contrato con Petropiar para el suministro de tuberías por 11,2 millones de dólares. La mercancía fue adquirida en China, por 1,3 millones. Con su captura, fueron congeladas catorce propiedades, así como cinco cuentas en Synovus Bank y United Bank, tanto a su nombre como a nombre de las firmas Wakilisimo LLC, Wakil Properties LLC, y una de firma compartida con Souheil Azar.

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Crímenes sin Castigo | Crisis de confianza, por Javier Ignacio Mayorca

Nicolás Maduro (der) asciende no a los mejores, sino a los leales. En la foto de Reuters, en el ascenso a Néstor Reverol (2020).

En su empeño por forjar una FAN leal, Maduro saltó cohortes y designó para posiciones claves del mando operativo a oficiales que llegaron entre los últimos de su promoción en la Academia Militar

 

@javiermayorca

El 11 de julio, Javier Marcano Tábata cambió su foto de perfil en redes sociales. Ahora, se muestra sonriente, con los tres soles al hombro que lo acreditan como mayor general del Ejército Bolivariano.

Ese día, el alto oficial estaba de plácemes, al constatar que continuaba su ascenso meteórico hacia la cúpula de la Fuerza Armada. Gracias a las bendiciones del comandante en jefe, asumió el comando de la región de defensa estratégica de la capital del país.

De allí que Marcano no dude en declararse “bolivariano y chavista”.

Una responsabilidad como esta -el resguardo militar de los poderes venezolanos- no podía figurar en las perspectivas más optimistas de este oficial cuando se graduó en la Academia Militar, allá por 1991, en el remoto puesto 207 de 213 posibles en el orden de precedencia.

Según Hernán Castillo, profesor de Ciencias Políticas de las universidades Central de Venezuela y Simón Bolívar, y analista del mundo militar venezolano, un oficial egresado tan lejos de los puestos de honor difícilmente hubiese accedido al generalato, y mucho menos pudo plantearse un escenario en el que dominaría el dispositivo castrense del centro político del país.

“Estaría perdido. Ni siquiera hubiese llegado a bibliotecario. Si ya los primeros tenían problemas para ascender, imagínese un oficial en esa posición. Pero ahora es algo totalmente distinto”, afirmó.

El caso de Marcano es la confirmación de que los criterios para la designación de los oficiales a las posiciones más importantes de la FAN han cambiado. Pero no es el único ejemplo que se pudiera encontrar en las designaciones de este año.

Para la REDI Central, que abarca a los estados donde se concentra el mayor poder de fuego del Ejército, fue promovido un mayor general (José Murga) que llegó en el puesto 189 de la misma promoción que Marcano. Y el nuevo comandante de la región Guayana, Alfredo Parra Yarza, ocupó el lugar 105.

En la institución militar, partían de un principio según el cual si no fuiste buen estudiante en las respectivas academias, difícilmente lograrás ocupar posiciones cimeras en la carrera. Por eso, la revisión de este criterio es importante. Cuando se produce la designación de oficiales graduados más allá del puesto 100 de sus respectivas promociones, como ha sucedido este año, estamos ante lo que Castillo llamó “anomalías”.

Pero estas situaciones fuera de lo común se han transformado en lo más frecuente.

“Ya no podemos analizar la situación actual de la FAN como lo hacíamos antes, cuando había parámetros, como los de antigüedad, la jerarquía y la excelencia. Ahora, eso no existe”, explicó.

Aunque los procesos de ascenso y nombramientos conservan ciertas formalidades en el mundo castrense venezolano, el criterio predominante en la actualidad es la lealtad percibida, no solo en términos de fidelidad hacia el gobernante sino también hacia el estamento político dominante.

Este elemento ha trastocado a la Fuerza Armada, al punto de que según Castillo ya no se trata de una entidad jerárquica, tal y como era conocida antes de 1999 e incluso en los primeros años de la era chavista. Por ende, los méritos logrados en el desempeño de las tareas tampoco son determinantes a la hora de escalar posiciones y grados.

La lealtad percibida -o la ausencia de ella- es tan influyente que ha generado una situación escasamente analizada por los expertos. En normalidad, la diferencia en cuanto a las antigüedades de los integrantes de los distintos estratos del Alto Mando suele ser de apenas un año. Por lo tanto, la brecha entre el ministro de la Defensa y los comandantes de fuerzas o componentes solo debía ser de un par de años en cuanto al tiempo de servicio, tomando en cuenta que el comandante saliente del Ceofanb tenía un año menos de antigüedad que Padrino López. Es decir, estaba entre el ministro y las máximas autoridades de cada componente.

Pero esta desconfianza ha precipitado una nueva ratificación de Padrino, a pesar de los rumores cada vez más insistentes sobre el deterioro de su salud, reforzados a partir de la construcción de un pequeño ambulatorio en el propio edificio ministerial.

Ahora, la brecha de antigüedad entre el titular de Defensa y los comandantes de fuerzas es de cinco, e incluso seis años, en los casos de la Guardia Nacional y la Milicia.

Lo de la Guardia Nacional requiere una mención especial. El anterior comandante general, MG Fabio Zavarse Pabón, había egresado de la promoción que se graduó en 1988. Según la lógica castrense, los principales candidatos a reemplazarlo estarían en el grupo que obtuvo la licenciatura al año siguiente (1989). Pero el oficial más brillante de esa promoción es Héctor Hernández da Costa, uno de los dos generales detenidos y enjuiciados por el estallido de drones en el centro de Caracas, en agosto de 2018. Este caso, conocido como el “magnicidio frustrado” truncó la carrera de un profesional que hasta ese momento había tenido óptimo desempeño, a pesar de sus achaques de salud.

De acuerdo con el general retirado de esta fuerza, Régulo Díaz Vega, esta circunstancia hizo que Maduro optara por desechar a cualquier compañero de Hernández en la promoción Batalla Pantano de Vargas II, y pusiera el ojo en la siguiente cohorte, donde Juvenal José Fernández ocupó la novena posición.

Según Díaz, el nuevo comandante general de la GN es visto por el régimen como un oficial “manejable”.

En la reconfiguración del Alto Mando Militar y las jefaturas de las regiones estratégicas de defensa integral, el Ejército reforzó su primacía, en detrimento de las cuotas que tenía la Armada, a través del Ceofanb.

Esto no es gratuito. Díaz Vega cree que, a cambio de este ascenso de oficiales “obedientes y no pensantes” en el componente de control terrestre, el oficialismo exigirá a la FAN su pleno respaldo a los cambios en la geopolítica nacional, a través de la imposición del “estado comunal” y la ratificación de su hegemonía en los gobiernos regionales y municipales, mediante unas elecciones a la medida.

Y una nota al pie: en 2021, Maduro terminó de purgar de la cúpula militar a lo último que restaba de la promoción graduada en 1987, con lo que sorteó la amenaza que supuestamente representaba el primer alférez auxiliar de ese grupo, Diosdado Cabello.

Breves

El Ejecutivo presentó a la Asamblea Nacional electa el 6-D un anteproyecto de ley de previsión y seguridad social de los órganos de seguridad ciudadana, al que la propaganda llamará Ley Guardianes de la Patria. Sus disposiciones abarcan a todos los funcionarios, tanto activos como jubilados, de los órganos de seguridad ciudadana descritos en la Constitución, e igualmente a los custodios penitenciarios y empleados del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), sus familiares inmediatos y sobrevivientes. El texto consta de 110 artículos, una disposición derogatoria y cinco transitorias. Una novedad se refiere a la creación del Banco de la Seguridad Ciudadana, cuyo propósito sería la realización de “todas las operaciones de intermediación financiera y sus servicios conexos concernientes a los Bancos Universales (…) destinados a la familia policial en el marco del Sistema Integral de Seguridad Social de los Órganos de Seguridad Ciudadana”. También podrá intervenir en los llamados “proyectos estratégicos”, que no están definidos por ley, y que serán delineados posteriormente por el Gobierno.

Esto abre una rendija para la discrecionalidad en la administración de los fondos recaudados mediante los aportes obligatorios del funcionariado.

Otra disposición controversial se refiere a la instauración de una red sanitaria de la seguridad ciudadana, que abarca los hospitales, las clínicas, los ambulatorios, los núcleos médicos asistenciales y demás dependencias que actualmente están al servicio de los distintos organismos de seguridad. En otros términos, según el documento, “los bienes y activos de los Órganos de Seguridad Ciudadana, destinados para los servicios médicos y asistenciales (…) serán transferidos al Instituto de Previsión y Seguridad Social” cuya creación prevé la referida ley.

Uno de los delitos que mayor crecimiento ha tenido durante la pandemia por la Covid 19 –junto a la estafa– ha sido la extorsión. En el primer semestre de 2021, el promedio mensual de casos procesados por este delito subió 26 % con respecto al mismo lapso de 2020, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente. Ahora, no solo envían mensajes amenazantes a los ganaderos, agroindustriales y propietarios de grandes industrias. También comenzaron a ser victimizados los médicos y otros profesionales independientes, no necesariamente adscritos a una gran corporación.

La explicación de este giro fue aportada por la abogada y exjuez Mónica Fernández. Estas personas anuncian sus servicios a través de Instagram. De allí, los grupos dedicados a la extorsión obtienen los datos primarios sobre la víctima, y luego los cruzan con informaciones extraídas de otras redes, con el propósito de elaborar una amenaza creíble. Últimamente, indicó Fernández, los extorsionadores dicen ser miembros del colectivo La Piedrita, Tupamaros o incluso elementos de la banda de Carlos Revette, alias Koki. En sus llamadas, indican que los han contratado para secuestrar o matar al médico, publicista o joven arquitecto. Pero que no cumplirán con lo pactado si les pagan un monto en bolívares. Según la exjuez, los sujetos suministran cuentas abiertas en la banca nacional a nombre de mujeres cómplices.

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Crímenes sin Castigo | Instrumentos de las FARC, por Javier Ignacio Mayorca
Las víctimas de la guerrilla colombiana han encontrado una vía para resarcir los daños sufridos: ir contra los bienes y activos que tienen en EE. UU. tanto el gobierno venezolano como sus operadores

 

@javiermayorca

El 325 Leucadendra Drive es una mansión que se ajusta al sueño de los nuevos ricos venezolanos: erigida sobre 1480 metros cuadrados de terreno en una urbanización de Coral Gables (Florida), tiene nueve habitaciones y once baños, pisos de mármol, una piscina en el jardín que da hacia la fachada del canal, donde hay un muelle de 200 metros de longitud. Allí permanecía anclado un yate de 95 pies de eslora -suficiente para relajarse en los mares del mundo-, y lo que según este estándar sería una “pequeña” lancha de 36 pies.

Según Coldwell Banker, este inmueble fue diseñado por el renombrado arquitecto estadounidense Rafael “Ralph” Portuondo. Para el momento en que lo adquirió el empresario venezolano Samark López Bello, tenía un valor estimado de 8 millones de dólares. Posteriormente, era ofrecido por el doble de este precio.

Hasta que, en febrero de 2017, López Bello cayó en desgracia con el gobierno estadounidense.

Los agentes del Departamento del Tesoro ordenaron la desocupación inmediata de la mansión, inmovilizaron los yates y congelaron todas las cuentas de este hombre, señalado como testaferro del actual vicepresidente de Economía Tareck el Aissami.

Para junio de 2020, el valor de los bienes y otros activos congelados a López Bello en EE. UU. era por lo menos 273 millones de dólares.

López Bello ha apelado sin éxito contra estas medidas en instancias judiciales y administrativas. Una de las razones del fracaso es que él ha intentado actuar a través de apoderados, puesto que al pisar suelo estadounidense sería detenido, en virtud de una acusación que lo señala de eludir las sanciones impuestas por Washington contra el régimen de Maduro. En ese juicio también figuran El Aissami, el superintendente de Criptoactivos Joselit Ramírez y dos pilotos que representaban las empresas de alquiler de vuelos charter, usados para llevar oro a Turquía y Rusia, y traer el dinero de vuelta.

De allí que el otrora dueño de la mansión de Coral Gables sea considerado como “fugitivo”.

Esa circunstancia de verse impedido de acudir en defensa de su fortuna ha dado pie a una situación que López Bello no podría visualizar en sus peores pesadillas.

Contratistas y rehenes

El 13 de febrero de 2003, una columna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) derribó un avión en el que volaban los estadounidenses Marc Gonsalves, Keith Stansell y Tom Howes. Para los guerrilleros, Gonsalves y compañía no eran otra cosa sino mercenarios, que llegaban a raudales a esas latitudes bajo el paraguas del Plan Colombia. Los norteamericanos preferían describir su trabajo con el eufemismo de “contratista civil”.

Gonsalves, por ejemplo, había estado en la Fuerza Aérea de EE. UU., hasta que en noviembre de 2002 se abrió a la empresa privada, atraído por una oferta de la firma California Microwave, que a su vez era subcontratada por el gigante Northrop con el propósito de hacer un mapeo de los cultivos de coca en territorio colombiano, por mandato del Departamento de Defensa estadounidense.

Gonsalves, Stansell y Howes pasaron a formar parte de una élite de secuestrados de la principal guerrilla suramericana. Cuando recobraron la libertad luego de 1967 días en cautiverio, gracias a la refinada Operación Jaque Mate (julio de 2008), comenzó para ellos el proceso para intentar resarcir los daños ocasionados por todo el tiempo que pasaron enjaulados en la selva.

Pero las FARC no tienen dinero u otros activos que puedan ser confiscados directamente por decisión de alguna autoridad estadounidense. Usted no va a encontrar en ese país una cuenta bancaria o empresa a nombre de Iván Márquez o de Jesús Santrich. Sin embargo, otro colombiano víctima de la guerrilla emprendió un camino que serviría de ejemplo. Se trata de Antonio Caballero, cuyo padre homónimo (un diplomático de carrera) murió como consecuencia de las torturas infligidas durante su cautiverio a manos de los subversivos, en 1999. Caballero hijo logró convencer a la justicia estadounidense de que Petróleos de Venezuela era un “instrumento” de las FARC, habida cuenta de la evidente afinidad entre los regímenes de Chávez y Maduro con la estructura guerrillera, que figura en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado.

Aunque las FARC se atomizaron luego del acuerdo de paz de La Habana (2016), ha continuado la proximidad con la cúpula de la organización que volvió a la lucha armada en 2019, ahora denominada Nueva Marquetalia. Y Caballero está a punto de recibir una compensación de 45 millones de dólares, congelados en cuentas de la estatal petrolera en un banco de Buffalo (Nueva York).

Los contratistas estadounidenses, así como los sobrevivientes del piloto Tommy Janis -quien murió al estrellarse el avión en la selva colombiana- optaron por ir contra la fortuna de López Bello. Tal y como hizo Caballero, invocaron los principios establecidos en dos leyes: el Acta Antiterrorista (ATA) y el Acta de Seguro contra Riesgos del Terrorismo (TRIA). La primera permite a cualquier ciudadano llevar a cabo demandas en cortes federales estadunidenses contra los perpetradores de los actos terroristas en los que fueron victimizados.

La segunda norma permite que las víctimas obtengan una compensación por los daños sufridos por tales actos. Una sentencia del juez de Florida Edwin Torres señala que, para lograr este objetivo, es necesario que concurran dos condiciones. La primera, que el dinero o los bienes reclamados estén congelados en Estados Unidos, y en segundo lugar que el propietario de ese activo sea una “instrumentalidad”, o una entidad que actúa en nombre de ese tercero objeto de reclamo. Para conseguir este objetivo, se debe recopilar toda la información posible, desde declaraciones públicas hasta los testimonios de víctimas, informes policiales y criterios de expertos.

El juez Torres recordó que los bienes y el dinero de López Bello fueron confiscados en aplicación de los principios del Acta Kingpin, mediante la cual se designa a los supuestos líderes de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Y el 15 de febrero de 2019, a instancias de Stansell y compañía, el mismo tribunal dictaminó que el empresario era una “instrumentalidad” de la organización guerrillera. Entonces, fueron subastando uno tras otro los bienes que tenía en EE. UU.: tres condominios (entre ellos el de Coral Gables), las dos embarcaciones, una aeronave y cuatro automóviles.

Luego, encontraron que López tenía otras cosas por allí: un yate, llamado Hawk, por ejemplo, no estaba en los listados iniciales.

La cacería continúa.

Litigios simultáneos

Los juicios adelantados por Caballero y el grupo de Stansell se desarrollan en forma paralela. En enero, una corte de Nueva York dictaminó que los reclamos por una supuesta instrumentalidad en favor de las FARC podrían extenderse hasta seis subsidiarias de la estatal petrolera venezolana: Pdv Marina, Aceites y Solventes Venezolanos SA, Petroanzoátegui, Venfleet Asphalt Ltd, Venfleet Products Ltd y Venfleet Ltd. En febrero, la orden de entregar sus recursos a los demandantes fue suspendida a última hora, pues por primera vez se hicieron parte dos abogados que decían ser apoderados legales de la estatal (Terrance Flynn y Marcos Daniel Jiménez). Se comprobó que fueron nombrados desde Caracas por un consejo general que responde a los intereses del gobierno de Maduro.

En marzo, tocaron las puertas del tribunal neoyorkino Claire A. DeLelle, Kimberly Anne Havlin, Nicole Erb y Timothy L. Wilson, Jr del bufete White & Case, alegando que representaban al directorio ad hoc de la estatal, designado por Juan Guaidó.

El juez Lawrence Vilardo se vio entonces en una situación insólita: determinar cuál de los abogados representaba realmente a Pdvsa, con miras en el litigio sobre su relación con las FARC.

Antes de sentenciar sobre este asunto, el magistrado sugirió la posibilidad de que los dos bufetes cooperaran para intercambiar información, en aras de preservar los intereses superiores de la estatal, de la que Venezuela obtiene buena parte de su renta. Al final, esta alternativa fue descartada, pues los enviados por el régimen de Maduro se negaron, según consta en el expediente.

Vilardo acogió entonces la tesis según la cual el reconocimiento de Guaidó como presidente interino por parte de Estados Unidos fue un “acto de Estado”, que los tribunales no están facultados para cuestionar. Sobre esa premisa, los abogados de White & Case tomaron las riendas de la defensa de Pdvsa. Pero el juez se negó a otorgarles la prórroga solicitada de seis meses para estructurar mejor sus argumentos, tomando en cuenta que los demás litigios que involucran a la estatal o sus filiales también están paralizados, y que los abogados no han entregado ninguna prueba convincente que asome la posibilidad de un cambio político en Venezuela.

El 11 de mayo, el juez Vilardo fijó un plazo de 45 días como máximo para que los nuevos defensores planteen argumentos que saquen a la estatal petrolera de la esfera de los guerrilleros. En otros 30 días el demandante neogranadino deberá presentar su réplica, y en las dos semanas siguientes se emitirá una sentencia.

Corre el lapso para que los enviados de Guaidó deshagan en los tribunales estadounidenses los enredos ocasionados por la relación del régimen con las FARC, aunque sin tener acceso real a la información que permitiría sustentar sus afirmaciones.

Breves

En la primera mitad de 2021 la violencia penitenciaria se trasladó desde los internados judiciales a los retenes policiales. Hubo 63 víctimas en total, entre muertos y heridos, muchos de ellos en condición de gravedad. De ellas, 33 % permanecía en instalaciones del estado Monagas, especialmente en el retén de la policía regional en Maturín. Además, hubo cinco muertes en distintos hechos reportados en el Internado Judicial de La Pica y una en celdas de la policía judicial.

Mérida fue el segundo estado con la cifra más elevada de presos ultimados en este lapso, con trece.

Las armas de fuego no han sido erradicadas de los reclusorios. Durante este lapso, hubo por lo menos doce muertes ocasionadas por el paso de proyectiles. El caso más sonado fue un doble homicidio en el retén de la policía regional de Portuguesa, ubicado en Turén. Las víctimas en este hecho fueron los líderes de los presos, ultimados por un grupo que pretendía un “cambio de mando”.

El 1 de junio, el Tribunal Supremo de los Países Bajos ratificó una condenatoria contra dos personas señaladas de contrabando de oro y lavado de dinero producto de este comercio. Se trata de una investigación referida a hechos antiguos. Sin embargo, arroja alguna luz para comprender el camino que sigue el metal precioso extraído del Arco Minero.

En primer lugar, de acuerdo con un testigo interrogado por la policía “el oro provenía de las minas venezolanas (…) el estado ha cedido unas tierras al sur del estado de Bolívar en concesión a PMG, Rusoro y las cooperativas (…) estas empresas extraen el material antiguo”. Pero el metal sale del país gracias a un conjunto de actos de corrupción con los encargados de supervisar la actividad extractiva. Según la sentencia, esto tiene dos propósitos: facilitar la salida del mineral, y establecer un origen distinto mediante documentos falsos, para eludir los controles internacionales con respecto al oro venezolano.

“La forma en que se ha llevado a cabo el transporte del oro desde Venezuela (pago de sobornos, transporte del oro fuera de la vista de las autoridades en barco o avión) y la preparación y uso de documentos falsificados para disfrazar el origen solo puede entenderse con el objetivo de eludir la licencia de exportación. Las pruebas muestran que el propio sospechoso se refirió al comercio en cuestión como «contrabando directo», señaló el juez de la causa. En el expediente fueron documentados diecinueve envíos de oro, que totalizaron más de 1,2 toneladas. Una vez en las Antillas, era colocado en jets de KLM con destino en Amsterdam. Y de allí lo trasladaban a Amberes (Bélgica), donde operan importantes comercializadores mundiales de este metal. En el expediente fueron consignadas las transcripciones de conversaciones telefónicas en las que los implicados manifiestan que el oro surge de una relación con criminales de varias nacionalidades que operan en Venezuela.

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Crímenes sin Castigo | El lamento del párroco, por Javier Ignacio Mayorca

El párroco Alfredo Infante SJ, en su parroquia La Vega. Foto Tal Cual

El pedido desesperado del padre Infante para que “cese el fuego” en La Vega parece ser el prólogo de una nueva versión de la OLP

 

@javiermayorca

El 3 de junio, el párroco de La Vega, Alfredo Infante, lanzó un pedido desesperado, que nadie escuchó.

Su solicitud de “cese al fuego”, enviada a través de un mensaje de voz, tenía como primer destinatario a los integrantes de las bandas criminales, que desde enero protagonizan un conflicto armado para asumir el control de la parroquia.

El religioso describió a esta zona como un “escenario de guerra”. No es Apure, es parte del Distrito Capital. Contrario a lo que ha sucedido en otras oportunidades, aquí el tiempo pareciera prolongar y acentuar la espiral de conflicto, no mitigarlo. Las ráfagas de armas automáticas se escuchan a toda hora y por doquier, en especial desde las partes más elevadas de la zona montañosa, más allá del sector Las Casitas, donde según fuentes policiales algunos miembros de bandas criminales parecieran estar atrincherados.

En La Vega tienen jurisdicción por lo menos tres cuerpos de seguridad. El municipal, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Los únicos que han intentado ir más allá de la redoma La India son los de la fuerza élite de la PNB. En enero, un primer enfrentamiento cobró 16 vidas. Pero no llevó la tan ansiada calma a los 120.000 pobladores de la parroquia.

La mortandad ha continuado.

El mensaje del religioso fue transmitido poco después del funeral de Diego Alejandro Rivas, un joven de 16 años de edad que falleció luego de ser alcanzado por un proyectil perdido. Poco antes, Blanca Orellana Pérez, de 64 años, también había muerto al ser impactada por otro disparo, propio de un conflicto en el que ella no participaba.

Y así ha sucedido en 2021 con cinco personas que tuvieron la mala fortuna de transitar o vivir en las proximidades del área de conflicto. Por ellos nadie responderá. Allí están los antecedentes. Los decesos de dos hombres como consecuencia de “balas perdidas” durante las intervenciones militares a los penales de El Rodeo (2011) y La Planta (2012) siguen como averiguaciones abiertas. Ambos se creían resguardados en sus viviendas, a distancias prudenciales de los lugares donde detonaban los fusiles.

En líneas generales, el Ejecutivo ha asumido la postura de un espectador más en el conflicto de La Vega. Como si no fuera con él. Esa táctica la hemos visto antes. En 2013, instauraron desde el ministerio de Relaciones Interiores el programa de las zonas de paz. Despejaron áreas completas del país de policías y militares, y entregaron dinero a las “comunidades organizadas”, con la esperanza de que la violencia disminuyera en esas áreas, y en el camino el oficialismo ganara algunos adeptos.

Sucedió todo lo contrario. Para 2015 las zonas de paz eran hervideros de criminalidad violenta. El entonces director de la policía de Miranda, Elisio Guzmán (hoy fallecido), había establecido que estas porciones de territorio tenían las tasas de homicidios más altas. Las consecuencias de esta decisión todavía son padecidas por los habitantes de Barlovento, o quienes transitan por la Troncal 9. Cumbo, por ejemplo, era el epicentro de una zona de paz.

La crisis generada por este programa suscitó un clamor popular para que el gobierno de Maduro hiciera algo en materia de seguridad ciudadana. Es decir, otra cosa. Abandonaron formalmente el programa y se fueron al extremo contrario. La “mano dura” tuvo el nombre de Liberación del Pueblo (OLP). Según la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michele Bachelet, fueron documentadas por lo menos 505 ejecuciones extrajudiciales en el curso de estas operaciones, que comenzaron formalmente muy cerca de La Vega, en julio de 2015.

Seis años después de iniciadas las OLP, La Vega ha pasado a ser la parroquia más violenta de Caracas. El Gobierno lo sabe. En mayo, fueron verificados 11 homicidios y 18 reportes de lesiones personales. Con 29 víctimas, superó a Sucre, que tradicionalmente ha sido el sitio más violento de la capital. El móvil más frecuente en estos hechos de sangre ha sido el “ajuste de cuenta”, pero también hay una porción importante de casos en los que los peritos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas no han encontrado ninguna explicación. Esto solo anuncia más impunidad.

En las últimas horas, el oficialismo ha pasado de la indiferencia a los señalamientos de que los tiroteos en La Vega serían auspiciados por la oposición.

Esto no es nuevo. Lo mismo dijeron a propósito de las “fiestas de plomo” instauradas en mayo de 2020 por la banda de Wilexys Acevedo en José Félix Ribas (Petare). Luego, la Policía Nacional y la Guardia Nacional intentaron sin éxito una razzia en todas las zonas del barrio. Hubo por lo menos quince muertes. Pero Acevedo todavía continúa mandando en el lugar.

Según fuentes del MRI, desde mayo el Gobierno desarrolla una investigación en calle ciega, para comprobar que toda la logística mostrada por las bandas de La Vega proviene de un “financiamiento externo”. No son las extorsiones de las que se quejan prácticamente todos los comerciantes y conductores de transporte público en la parroquia; no es el tráfico de drogas ni el respaldo de la megabanda del Coqui. Los drones, radios de comunicación y armas largas serían el resultado macabro de un acuerdo con Guaidó.

Tal parece entonces que La Vega se aproxima a una nueva OLP. Desde luego, no tendrá ese nombre, ni será “humanista”. Por el contrario, solo ofrecerá más violencia a una comunidad que se encuentra atrapada entre dos fuegos: los de las bandas y los de las policías, tal y como lo advirtió el padre Infante.

Breves

¿Cuáles serían las dimensiones verdaderas de la banda denominada Tren de Aragua? Según el criminólogo Luis Izquiel (miembro del grupo que elaboró la propuesta sobre seguridad ciudadana de Juan Guaidó) esta es la organización criminal más extendida en toda la geografía nacional. Los investigadores de InSightCrime han observado además que tiene presencia en otros cuatro países suramericanos (Colombia, Ecuador, Brasil y Perú). El Tren de Aragua -la megabanda formada a principios de este siglo en torno a los sindicatos para la construcción del inconcluso ferrocarril que recorrería el centro del país- tendría en la actualidad unos 300 integrantes, de acuerdo con estimados policiales.

Lo más interesante de esta organización en la actualidad es que habría adoptado la forma de una confederación. Con esa estructura, indican reportes revisados para esta nota, el líder máximo Héctor Guerrero Flores sería capaz de extender sus intereses hasta los estados más remotos del país, pero no ejercería un control absoluto sobre las actividades de cada célula. Lo importante, en todo caso, es que le reporten alguna ganancia hasta el centro de operaciones del grupo, ubicado en el internado judicial de Tocorón. Datos extraoficiales indican que esta banda estaría impulsando la ola de extorsiones en Guárico. Luego de diversas operaciones policiales, el estado llanero quedó como una plaza abierta, y el Tren de Aragua intenta tomar posiciones, valiéndose de aliados que operan en poblaciones como Barbacoas y Memo.

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y la policía judicial avanzan en un plan para extender a las principales ciudades del país las unidades especializadas en entomología y botánica forenses. En otras partes del mundo, los conocedores de los insectos y las plantas asisten con frecuencia en las investigaciones penales, desde hace mucho tiempo. Tienen fama bien ganada en el campo de la pesquisa criminalística. En la serie CSI (en cualquiera de sus versiones) numerosos casos han sido resueltos mediante análisis sistemáticos sobre el desarrollo de una larva de mosca o el origen de una hierba o una hoja. Los detalles marcan una diferencia. Pero en Venezuela no se ha llegado a este nivel de desarrollo. La entomología forense está restringida a una pequeña oficina en la morgue de Bello Monte, y tiene apenas tres años de existencia.

En 2019, sin embargo, fue clave en la identificación del perpetrador de un feminicidio en El Hatillo.

La víctima, Scarly González Lucena, de 13 años de edad, desapareció el 8 de julio. Su cadáver fue encontrado parcialmente enterrado en una zona boscosa de Turgua, 22 días después. El lapso preciso en el que la víctima estuvo desaparecida no era del conocimiento público. Igualmente, no había exactitud la data de muerte. Debido a testimonios de personas de su círculo familiar, los investigadores pusieron la lupa sobre dos hombres que la molestaban, y que habían suscitado algunas quejas. Uno de ellos dijo haberla visto por última vez en la primera semana de julio. El otro afirmó que tuvo contacto con la joven en vísperas del hallazgo del cadáver. Un análisis a ciertas larvas de mosca colectadas en los restos estableció una data de muerte de por lo menos veinte días. Con esa información, se determinó a ciencia cierta que el segundo hombre mentía. Lo que lo transformó en el principal sospechoso de esta averiguación.

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Crímenes sin Castigo | Mudanza de celda, por Javier Ignacio Mayorca
El decreto presidencial que transfiere a Servicio Penitenciario el manejo de los centros de reclusión para presos políticos es una respuesta tardía a una situación que ocasionó el desprestigio internacional del régimen

 

@javiermayorca

El 12 de mayo, Nicolás Maduro ordenó transferir al ministerio para Servicio Penitenciario el “ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad” en las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El gobernante fijó un plazo de treinta días, contados a partir de esa fecha, a los efectos de cumplir con este decreto. Igualmente, exhortó a la Fiscalía y al Poder Judicial “adoptar las medidas necesarias” en cuanto a la “emisión de las autorizaciones pertinentes para el traslado a otros recintos” de las personas recluidas en celdas del Helicoide y de la central del cuerpo castrense, ubicado en la zona industrial de Boleíta.

Esta decisión, publicada en la Gaceta Oficial, deja abiertas numerosas interrogantes. La primera tiene que ver con la posibilidad de que cierren ambos centros de reclusión. Esto pareciera poco probable, por lo menos en el futuro inmediato. A pesar de las quejas y denuncias sobre abusos, arbitrariedades, torturas y tratos crueles e inhumanos en las dos instalaciones (últimamente, más en Dgcim), es claro que el régimen se reservará la potestad de mantener una vigilancia muy estrecha hacia ciertos detenidos. A los presos por la operación Gedeón aún los conservan en el Helicoide. Incluso, habilitaron salas de tribunal en esa estructura para evitar cualquier paseo por las calles de Caracas.

Otro caso de alta sensibilidad para el régimen es el llamado “magnicidio frustrado”. Según el abogado Joel García, defensor del diputado Juan Requesens, solo uno de los involucrados en este expediente ha sido sacado de la Dgcim Boleíta. Se trata del civil José Eloy Rivas, y de acuerdo con el litigante su nueva celda está en Fuerte Tiuna, lo que desde luego continúa siendo una instalación militar, por cierto, custodiada por agentes de la Dgcim.

Los traslados ya comenzaron, aunque sin seguir un protocolo específico y conocido por todas las partes. Por ejemplo, a los generales retirados del Ejército Ovidio Poggioli Pérez (exdirector de Inteligencia Militar) y Jorge Zedán Abudey, detenidos cuando intentaban entrar por trochas desde Colombia, los enviaron desde el recinto de Boleíta al Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques.

En esos días, también fueron llevados a esa cárcel otros treinta detenidos. Pero este proceso no está exento de contradicciones. En la Dgcim, por ejemplo, todavía quedan civiles. Es el caso de seis presos por presunta corrupción en la empresa Petróleos de Venezuela, específicamente en lo relativo a la Faja Petrolífera del Orinoco.

“La manera como se están haciendo estos traslados genera mucha angustia en los presos y sus familiares, pues no están claros los criterios que aplican para enviar a una persona a uno u otro centro de reclusión”, dijo el abogado Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, una organización que lleva el pulso a las detenciones por razones de conciencia.

Según el litigante, las transferencias desde las celdas del Sebin y la Dgcim se están llevando a cabo sin la notificación a los defensores y los familiares de los detenidos.

De acuerdo con el Foro Penal, existen en la actualidad 301 privados de libertad por razones políticas. Sin embargo, en los retenes del Sebin y la Dgcim también habría procesados por delitos comunes, y otros individuos que ya purgan sentencia, como los integrantes del clan Makled.

El Código Orgánico Penitenciario establece que los traslados de reclusos pueden ser por motivos judiciales o médicos, también para cumplir con compromisos deportivos, educativos o culturales, y finalmente “por razones de orden y seguridad”.

“Un decreto presidencial no puede estar por encima de la Ley”, afirmó Himiob.

Pero en Venezuela es conocida la influencia del Ejecutivo en las decisiones de los tribunales. Basta recordar que, en los días previos a la cuestionada elección parlamentaria de diciembre de 2020, una negociación entre Maduro y el exgobernador de Miranda Henrique Capriles posibilitó que 110 detenidos por razones políticas volvieran a sus casas, algunos de ellos con libertad plena.

El decreto de Maduro atacó uno de los focos más importantes de atención por parte de los organismos internacionales de protección a los Derechos Humanos, como es la existencia misma de centros para presos políticos.

La decisión, además, va acompañada por algunos cambios en la posición del oficialismo, de acuerdo con lo observado por Joel García.

“Esto no va solo. Salió la decisión de juzgar a los presuntos responsables de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Y también hubo un cambio en la narrativa sobre lo ocurrido en los casos del concejal Fernando Albán y de Juan Pablo Pernalete”, afirmó.

El gobierno de Maduro, entonces, anda en un plan de “control de daños”, mediante la eliminación de los argumentos relativos a los presos políticos, aun cuando el periodista Roland Carreño siga detenido en celdas de la Policía Nacional.

Lo que realmente preocupa a los operadores del oficialismo es que el llamado caso Venezuela pase a una nueva fase y sea presentado ante la Corte Penal Internacional. En esto coinciden García y Himiob.

De la misma forma, el decreto contribuiría a allanar el camino frente a eventuales negociaciones con líderes de la oposición, que podrían mostrar ante sus propios seguidores evidencia de alguna “victoria temprana”, aunque sea gracias a un decreto del cuestionado mandatario.

Breves

* El martes de esta semana se cumplieron dos meses desde la muerte de cinco personas en el sector La Trilla del estado Apure. Aunque el titular del Ministerio Público designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, no se ha pronunciado todavía sobre el fondo de este hecho, desde las organizaciones de defensa de Derechos Humanos no han dudado en señalar que se trató de una “masacre”. Estos cinco individuos (cuatro de ellos integrantes de una misma familia) figuran en las estadísticas gubernamentales como presuntos irregulares fallecidos por “resistencia a la autoridad”, a manos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional.

Luego de este incidente, verificado el 25 de marzo, los efectivos del grupo élite fueron enviados calladamente de regreso a sus unidades de origen. Y los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Arauquita, en Colombia. Las consecuencias de esta acción se han extendido hasta el presente, puesto que los pobladores de la zona todavía señalan a las fuerzas gubernamentales (sin distingo) como corresponsables de su situación. Algo que no se pueden permitir en un esquema de conflicto irregular, donde cobra vital importancia contar con la simpatía y cooperación de los pobladores en los lugares donde se ejecutan las acciones militares. No en balde, el comunicado suscrito por las ONG al cumplirse dos meses de la matanza exige que el fiscal extienda las averiguaciones a toda la cadena de mando, que debía coordinar y supervisar esa operación. Eso incluye al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino; al jefe del Ceofanb Remigio Ceballos, y los generales José Rojas Abreu, Tito Gómez Ávila, José Rafael Silva Aponte y Robinson Vera Cumare.

* El ministerio de la Defensa ordenó reforzar el contingente de militares especializados en conflictos irregulares en el estado Apure. Con este propósito se hacen los preparativos para el traslado de efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas). Pero ellos también han pasado la mayor parte de su tiempo pensando en enemigos distintos a los que hay en el área de frontera. En 2016, por ejemplo, plantearon que podían aplicar a los opositores que manifestaban en las calles las mismas técnicas usadas para identificar a secuestradores y extorsionadores.

De allí que ahora se decidiera reforzar la instrucción para afrontar conflictos de cuarta generación, sin tanto acento en el llamado “método táctico de resistencia revolucionaria”, que había sido el centro de atención en cuanto a la formación de los cuadros hasta marzo de este año. Además de esto, indican fuentes castrenses, se ordenó que todas las unidades enviadas a reforzar la operación Escudo Bolivariano en la frontera con Arauca debían ser instruidas en materias tan diversas como logística, comunicaciones, sanidad y detección de explosivos.

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