Javier Ignacio Mayorca, autor en Runrun

Javier Ignacio Mayorca

Crímenes sin Castigo | El lamento del párroco, por Javier Ignacio Mayorca

El párroco Alfredo Infante SJ, en su parroquia La Vega. Foto Tal Cual

El pedido desesperado del padre Infante para que “cese el fuego” en La Vega parece ser el prólogo de una nueva versión de la OLP

 

@javiermayorca

El 3 de junio, el párroco de La Vega, Alfredo Infante, lanzó un pedido desesperado, que nadie escuchó.

Su solicitud de “cese al fuego”, enviada a través de un mensaje de voz, tenía como primer destinatario a los integrantes de las bandas criminales, que desde enero protagonizan un conflicto armado para asumir el control de la parroquia.

El religioso describió a esta zona como un “escenario de guerra”. No es Apure, es parte del Distrito Capital. Contrario a lo que ha sucedido en otras oportunidades, aquí el tiempo pareciera prolongar y acentuar la espiral de conflicto, no mitigarlo. Las ráfagas de armas automáticas se escuchan a toda hora y por doquier, en especial desde las partes más elevadas de la zona montañosa, más allá del sector Las Casitas, donde según fuentes policiales algunos miembros de bandas criminales parecieran estar atrincherados.

En La Vega tienen jurisdicción por lo menos tres cuerpos de seguridad. El municipal, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Los únicos que han intentado ir más allá de la redoma La India son los de la fuerza élite de la PNB. En enero, un primer enfrentamiento cobró 16 vidas. Pero no llevó la tan ansiada calma a los 120.000 pobladores de la parroquia.

La mortandad ha continuado.

El mensaje del religioso fue transmitido poco después del funeral de Diego Alejandro Rivas, un joven de 16 años de edad que falleció luego de ser alcanzado por un proyectil perdido. Poco antes, Blanca Orellana Pérez, de 64 años, también había muerto al ser impactada por otro disparo, propio de un conflicto en el que ella no participaba.

Y así ha sucedido en 2021 con cinco personas que tuvieron la mala fortuna de transitar o vivir en las proximidades del área de conflicto. Por ellos nadie responderá. Allí están los antecedentes. Los decesos de dos hombres como consecuencia de “balas perdidas” durante las intervenciones militares a los penales de El Rodeo (2011) y La Planta (2012) siguen como averiguaciones abiertas. Ambos se creían resguardados en sus viviendas, a distancias prudenciales de los lugares donde detonaban los fusiles.

En líneas generales, el Ejecutivo ha asumido la postura de un espectador más en el conflicto de La Vega. Como si no fuera con él. Esa táctica la hemos visto antes. En 2013, instauraron desde el ministerio de Relaciones Interiores el programa de las zonas de paz. Despejaron áreas completas del país de policías y militares, y entregaron dinero a las “comunidades organizadas”, con la esperanza de que la violencia disminuyera en esas áreas, y en el camino el oficialismo ganara algunos adeptos.

Sucedió todo lo contrario. Para 2015 las zonas de paz eran hervideros de criminalidad violenta. El entonces director de la policía de Miranda, Elisio Guzmán (hoy fallecido), había establecido que estas porciones de territorio tenían las tasas de homicidios más altas. Las consecuencias de esta decisión todavía son padecidas por los habitantes de Barlovento, o quienes transitan por la Troncal 9. Cumbo, por ejemplo, era el epicentro de una zona de paz.

La crisis generada por este programa suscitó un clamor popular para que el gobierno de Maduro hiciera algo en materia de seguridad ciudadana. Es decir, otra cosa. Abandonaron formalmente el programa y se fueron al extremo contrario. La “mano dura” tuvo el nombre de Liberación del Pueblo (OLP). Según la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michele Bachelet, fueron documentadas por lo menos 505 ejecuciones extrajudiciales en el curso de estas operaciones, que comenzaron formalmente muy cerca de La Vega, en julio de 2015.

Seis años después de iniciadas las OLP, La Vega ha pasado a ser la parroquia más violenta de Caracas. El Gobierno lo sabe. En mayo, fueron verificados 11 homicidios y 18 reportes de lesiones personales. Con 29 víctimas, superó a Sucre, que tradicionalmente ha sido el sitio más violento de la capital. El móvil más frecuente en estos hechos de sangre ha sido el “ajuste de cuenta”, pero también hay una porción importante de casos en los que los peritos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas no han encontrado ninguna explicación. Esto solo anuncia más impunidad.

En las últimas horas, el oficialismo ha pasado de la indiferencia a los señalamientos de que los tiroteos en La Vega serían auspiciados por la oposición.

Esto no es nuevo. Lo mismo dijeron a propósito de las “fiestas de plomo” instauradas en mayo de 2020 por la banda de Wilexys Acevedo en José Félix Ribas (Petare). Luego, la Policía Nacional y la Guardia Nacional intentaron sin éxito una razzia en todas las zonas del barrio. Hubo por lo menos quince muertes. Pero Acevedo todavía continúa mandando en el lugar.

Según fuentes del MRI, desde mayo el Gobierno desarrolla una investigación en calle ciega, para comprobar que toda la logística mostrada por las bandas de La Vega proviene de un “financiamiento externo”. No son las extorsiones de las que se quejan prácticamente todos los comerciantes y conductores de transporte público en la parroquia; no es el tráfico de drogas ni el respaldo de la megabanda del Coqui. Los drones, radios de comunicación y armas largas serían el resultado macabro de un acuerdo con Guaidó.

Tal parece entonces que La Vega se aproxima a una nueva OLP. Desde luego, no tendrá ese nombre, ni será “humanista”. Por el contrario, solo ofrecerá más violencia a una comunidad que se encuentra atrapada entre dos fuegos: los de las bandas y los de las policías, tal y como lo advirtió el padre Infante.

Breves

¿Cuáles serían las dimensiones verdaderas de la banda denominada Tren de Aragua? Según el criminólogo Luis Izquiel (miembro del grupo que elaboró la propuesta sobre seguridad ciudadana de Juan Guaidó) esta es la organización criminal más extendida en toda la geografía nacional. Los investigadores de InSightCrime han observado además que tiene presencia en otros cuatro países suramericanos (Colombia, Ecuador, Brasil y Perú). El Tren de Aragua -la megabanda formada a principios de este siglo en torno a los sindicatos para la construcción del inconcluso ferrocarril que recorrería el centro del país- tendría en la actualidad unos 300 integrantes, de acuerdo con estimados policiales.

Lo más interesante de esta organización en la actualidad es que habría adoptado la forma de una confederación. Con esa estructura, indican reportes revisados para esta nota, el líder máximo Héctor Guerrero Flores sería capaz de extender sus intereses hasta los estados más remotos del país, pero no ejercería un control absoluto sobre las actividades de cada célula. Lo importante, en todo caso, es que le reporten alguna ganancia hasta el centro de operaciones del grupo, ubicado en el internado judicial de Tocorón. Datos extraoficiales indican que esta banda estaría impulsando la ola de extorsiones en Guárico. Luego de diversas operaciones policiales, el estado llanero quedó como una plaza abierta, y el Tren de Aragua intenta tomar posiciones, valiéndose de aliados que operan en poblaciones como Barbacoas y Memo.

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y la policía judicial avanzan en un plan para extender a las principales ciudades del país las unidades especializadas en entomología y botánica forenses. En otras partes del mundo, los conocedores de los insectos y las plantas asisten con frecuencia en las investigaciones penales, desde hace mucho tiempo. Tienen fama bien ganada en el campo de la pesquisa criminalística. En la serie CSI (en cualquiera de sus versiones) numerosos casos han sido resueltos mediante análisis sistemáticos sobre el desarrollo de una larva de mosca o el origen de una hierba o una hoja. Los detalles marcan una diferencia. Pero en Venezuela no se ha llegado a este nivel de desarrollo. La entomología forense está restringida a una pequeña oficina en la morgue de Bello Monte, y tiene apenas tres años de existencia.

En 2019, sin embargo, fue clave en la identificación del perpetrador de un feminicidio en El Hatillo.

La víctima, Scarly González Lucena, de 13 años de edad, desapareció el 8 de julio. Su cadáver fue encontrado parcialmente enterrado en una zona boscosa de Turgua, 22 días después. El lapso preciso en el que la víctima estuvo desaparecida no era del conocimiento público. Igualmente, no había exactitud la data de muerte. Debido a testimonios de personas de su círculo familiar, los investigadores pusieron la lupa sobre dos hombres que la molestaban, y que habían suscitado algunas quejas. Uno de ellos dijo haberla visto por última vez en la primera semana de julio. El otro afirmó que tuvo contacto con la joven en vísperas del hallazgo del cadáver. Un análisis a ciertas larvas de mosca colectadas en los restos estableció una data de muerte de por lo menos veinte días. Con esa información, se determinó a ciencia cierta que el segundo hombre mentía. Lo que lo transformó en el principal sospechoso de esta averiguación.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad . Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Mudanza de celda, por Javier Ignacio Mayorca
El decreto presidencial que transfiere a Servicio Penitenciario el manejo de los centros de reclusión para presos políticos es una respuesta tardía a una situación que ocasionó el desprestigio internacional del régimen

 

@javiermayorca

El 12 de mayo, Nicolás Maduro ordenó transferir al ministerio para Servicio Penitenciario el “ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad” en las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El gobernante fijó un plazo de treinta días, contados a partir de esa fecha, a los efectos de cumplir con este decreto. Igualmente, exhortó a la Fiscalía y al Poder Judicial “adoptar las medidas necesarias” en cuanto a la “emisión de las autorizaciones pertinentes para el traslado a otros recintos” de las personas recluidas en celdas del Helicoide y de la central del cuerpo castrense, ubicado en la zona industrial de Boleíta.

Esta decisión, publicada en la Gaceta Oficial, deja abiertas numerosas interrogantes. La primera tiene que ver con la posibilidad de que cierren ambos centros de reclusión. Esto pareciera poco probable, por lo menos en el futuro inmediato. A pesar de las quejas y denuncias sobre abusos, arbitrariedades, torturas y tratos crueles e inhumanos en las dos instalaciones (últimamente, más en Dgcim), es claro que el régimen se reservará la potestad de mantener una vigilancia muy estrecha hacia ciertos detenidos. A los presos por la operación Gedeón aún los conservan en el Helicoide. Incluso, habilitaron salas de tribunal en esa estructura para evitar cualquier paseo por las calles de Caracas.

Otro caso de alta sensibilidad para el régimen es el llamado “magnicidio frustrado”. Según el abogado Joel García, defensor del diputado Juan Requesens, solo uno de los involucrados en este expediente ha sido sacado de la Dgcim Boleíta. Se trata del civil José Eloy Rivas, y de acuerdo con el litigante su nueva celda está en Fuerte Tiuna, lo que desde luego continúa siendo una instalación militar, por cierto, custodiada por agentes de la Dgcim.

Los traslados ya comenzaron, aunque sin seguir un protocolo específico y conocido por todas las partes. Por ejemplo, a los generales retirados del Ejército Ovidio Poggioli Pérez (exdirector de Inteligencia Militar) y Jorge Zedán Abudey, detenidos cuando intentaban entrar por trochas desde Colombia, los enviaron desde el recinto de Boleíta al Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques.

En esos días, también fueron llevados a esa cárcel otros treinta detenidos. Pero este proceso no está exento de contradicciones. En la Dgcim, por ejemplo, todavía quedan civiles. Es el caso de seis presos por presunta corrupción en la empresa Petróleos de Venezuela, específicamente en lo relativo a la Faja Petrolífera del Orinoco.

“La manera como se están haciendo estos traslados genera mucha angustia en los presos y sus familiares, pues no están claros los criterios que aplican para enviar a una persona a uno u otro centro de reclusión”, dijo el abogado Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, una organización que lleva el pulso a las detenciones por razones de conciencia.

Según el litigante, las transferencias desde las celdas del Sebin y la Dgcim se están llevando a cabo sin la notificación a los defensores y los familiares de los detenidos.

De acuerdo con el Foro Penal, existen en la actualidad 301 privados de libertad por razones políticas. Sin embargo, en los retenes del Sebin y la Dgcim también habría procesados por delitos comunes, y otros individuos que ya purgan sentencia, como los integrantes del clan Makled.

El Código Orgánico Penitenciario establece que los traslados de reclusos pueden ser por motivos judiciales o médicos, también para cumplir con compromisos deportivos, educativos o culturales, y finalmente “por razones de orden y seguridad”.

“Un decreto presidencial no puede estar por encima de la Ley”, afirmó Himiob.

Pero en Venezuela es conocida la influencia del Ejecutivo en las decisiones de los tribunales. Basta recordar que, en los días previos a la cuestionada elección parlamentaria de diciembre de 2020, una negociación entre Maduro y el exgobernador de Miranda Henrique Capriles posibilitó que 110 detenidos por razones políticas volvieran a sus casas, algunos de ellos con libertad plena.

El decreto de Maduro atacó uno de los focos más importantes de atención por parte de los organismos internacionales de protección a los Derechos Humanos, como es la existencia misma de centros para presos políticos.

La decisión, además, va acompañada por algunos cambios en la posición del oficialismo, de acuerdo con lo observado por Joel García.

“Esto no va solo. Salió la decisión de juzgar a los presuntos responsables de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Y también hubo un cambio en la narrativa sobre lo ocurrido en los casos del concejal Fernando Albán y de Juan Pablo Pernalete”, afirmó.

El gobierno de Maduro, entonces, anda en un plan de “control de daños”, mediante la eliminación de los argumentos relativos a los presos políticos, aun cuando el periodista Roland Carreño siga detenido en celdas de la Policía Nacional.

Lo que realmente preocupa a los operadores del oficialismo es que el llamado caso Venezuela pase a una nueva fase y sea presentado ante la Corte Penal Internacional. En esto coinciden García y Himiob.

De la misma forma, el decreto contribuiría a allanar el camino frente a eventuales negociaciones con líderes de la oposición, que podrían mostrar ante sus propios seguidores evidencia de alguna “victoria temprana”, aunque sea gracias a un decreto del cuestionado mandatario.

Breves

* El martes de esta semana se cumplieron dos meses desde la muerte de cinco personas en el sector La Trilla del estado Apure. Aunque el titular del Ministerio Público designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, no se ha pronunciado todavía sobre el fondo de este hecho, desde las organizaciones de defensa de Derechos Humanos no han dudado en señalar que se trató de una “masacre”. Estos cinco individuos (cuatro de ellos integrantes de una misma familia) figuran en las estadísticas gubernamentales como presuntos irregulares fallecidos por “resistencia a la autoridad”, a manos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional.

Luego de este incidente, verificado el 25 de marzo, los efectivos del grupo élite fueron enviados calladamente de regreso a sus unidades de origen. Y los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Arauquita, en Colombia. Las consecuencias de esta acción se han extendido hasta el presente, puesto que los pobladores de la zona todavía señalan a las fuerzas gubernamentales (sin distingo) como corresponsables de su situación. Algo que no se pueden permitir en un esquema de conflicto irregular, donde cobra vital importancia contar con la simpatía y cooperación de los pobladores en los lugares donde se ejecutan las acciones militares. No en balde, el comunicado suscrito por las ONG al cumplirse dos meses de la matanza exige que el fiscal extienda las averiguaciones a toda la cadena de mando, que debía coordinar y supervisar esa operación. Eso incluye al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino; al jefe del Ceofanb Remigio Ceballos, y los generales José Rojas Abreu, Tito Gómez Ávila, José Rafael Silva Aponte y Robinson Vera Cumare.

* El ministerio de la Defensa ordenó reforzar el contingente de militares especializados en conflictos irregulares en el estado Apure. Con este propósito se hacen los preparativos para el traslado de efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas). Pero ellos también han pasado la mayor parte de su tiempo pensando en enemigos distintos a los que hay en el área de frontera. En 2016, por ejemplo, plantearon que podían aplicar a los opositores que manifestaban en las calles las mismas técnicas usadas para identificar a secuestradores y extorsionadores.

De allí que ahora se decidiera reforzar la instrucción para afrontar conflictos de cuarta generación, sin tanto acento en el llamado “método táctico de resistencia revolucionaria”, que había sido el centro de atención en cuanto a la formación de los cuadros hasta marzo de este año. Además de esto, indican fuentes castrenses, se ordenó que todas las unidades enviadas a reforzar la operación Escudo Bolivariano en la frontera con Arauca debían ser instruidas en materias tan diversas como logística, comunicaciones, sanidad y detección de explosivos.

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Crímenes sin Castigo | Apure y el concepto estratégico, por Javier Ignacio Mayorca
Lo sucedido en Apure es en parte el resultado de la decisión de desarrollar a la Fuerza Armada con la mira puesta en otros enemigos

 

@javiermayorca

Uno de los factores que hace recurrente a la incompetencia militar es el empeño de los jefes castrenses -y de los políticos que los auspician- en la aplicación de las mismas fórmulas cuyo fracaso ha sido evidente.

Esa insistencia en el error fue observada con claridad por Norman Dixon, hace ya muchos años, en un estudio sobre la incompetencia en los principales ejércitos del mundo. En el caso venezolano, pareciera que esta lección nunca fue aprendida. Y los uniformados fueron sumando fracaso tras fracaso. Pero estos eran producto del desempeño en áreas poco relacionadas con el quehacer de los cuarteles, puesto que las fuerzas militares venezolanas formadas desde 1958 nunca habían participado en combates con cuerpos armados más o menos organizados.

Habría que ver hacia otros ámbitos. En el plano de la seguridad ciudadana, por ejemplo, el general Reverol evidenció una especial incapacidad para detectar a tiempo la necesidad de rectificar. En la Memoria y Cuenta que presentó en 2016 insistía en aplicar los mecanismos para el control de la delincuencia vistos en 2015, con mucha “mano dura”, y el país cerró ese año con una de las tasas de muertes violentas más altas del mundo, superior a 91 por cada 100.000 habitantes.

Pero este año llegó lo de Apure. Por primera vez en este siglo, los militares venezolanos han tenido que afrontar en su propio territorio a una fuerza irregular que se define a sí misma como un “ejército”.

Y sin ánimo de ensalzarla, los hechos indican que, en circunstancias específicas, ha ofrecido una importante resistencia a un cuerpo que se supone más preparado para las tareas de combate.

El conteo de muertes (un indicador siempre antipático) para el momento de la redacción de estas líneas da como resultado que dieciséis uniformados de la FANB han perdido la vida desde que comenzaron formalmente las hostilidades, el 21 de marzo. Y por lo menos otros 35 han resultado con lesiones de diversa gravedad. Del otro lado se cuentan nueve muertes, aunque no todas estarían ligadas directamente a las llamadas disidencias de las FARC-EP.

Además, la organización admitió tener en calidad de “prisioneros de guerra” a ocho militares venezolanos, tres de ellos oficiales, y solicitó la mediación de la Cruz Roja Internacional para llevar a cabo la devolución. Con esto viene implícita una solicitud de negociación, y por ende de reconocimiento.

Una investigación de la fundación Ideas para la Paz, presentada en abril de 2018, calculaba que este grupo tenía en ese momento unos 1200 hombres en armas, y que en la frontera con Venezuela operaban al menos tres frentes: el 10, el 33 y otro llamado Acacio Medina. El trabajo advertía además que las estructuras estaban en expansión.

Paradójicamente, este grupo comandado por Miguel Botache, alias Gentil Duarte, nunca fue mencionado en los listados de “fuerzas enemigas”, que eran delineados en las diversas operaciones para el control del orden interno, como la Zamora, y tampoco en los ejercicios de defensa integral, que son ejecutados con cierta frecuencia y más propaganda desde 2015.

Este grave y reiterado error se gestó cuando los militares comenzaron a desarrollar el llamado “concepto estratégico-militar”. El primer documento sobre el particular fue emitido en 2005, y lógicamente correspondía a una realidad distinta. Pero ya desde entonces se ponía un mayor énfasis en la incorporación de los militares al nuevo modelo de desarrollo económico, social y político, en otras palabras, el socialismo del siglo XXI. Y muy poco se decía sobre los giros que se estaban dando en los distintos escenarios o hipótesis de conflicto armado.

Desde entonces se fueron acumulando severas deficiencias en cuanto a la formación de los nuevos cuadros de militares. Desde luego, en esos años tanto ellos como los políticos que los auspiciaban estaban más pendientes del festín de petrodólares. Además, los grupos que realmente podían amenazar a la Fuerza Armada, como las FARC, tenían fluidas relaciones con el régimen, tal y como lo revelaron los archivos incautados en 2008 a Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, luego del bombardeo al campamento de Putumayo.

Los militares venezolanos abandonaron los esquemas de operaciones basados en las tres grandes hipótesis de conflicto (azul, negra y verde), que eran escenarios de guerra convencional, y pusieron casi todos los huevos en una canasta llamada “guerra popular prolongada” (GPP), que se traduce en la aplicación de lo que ellos mismos denominan “método táctico de resistencia revolucionaria”. Eso se mantiene hasta la actualidad, y por eso los jefes militares convocan a jornadas periódicas de refrescamiento, en prácticas con muy poco fuego real.

Uno podría pensar que el escenario planteado en Apure sería ideal para estos militares que básicamente se forman en las distintas academias pensando que se van a convertir en una guerrilla, soportada por un pueblo que los respaldaría con fervor. Pero hasta el momento no ha sido así en el caso de Apure. En la teoría de la GPP divulgada en los centros de enseñanza castrenses el enemigo no es una estructura irregular con amplia experiencia en combate, como son estas FARC-EP, sino una fuerza invasora que actúa como ejército regular, y que utiliza a un país vecino como trampolín para sus incursiones.

Esto cambia por completo los escenarios y la llamada periodización del conflicto, tal y como lo estudiaban en los centros de formación. Aquí no ha habido ese primer lapso de resistencia frente a los invasores, que según la teoría de la GPP duraría dos semanas, lo que pudiera prolongarse un poco más en virtud de la utilización de los sistemas de defensa antiaérea, y el poder de fuego representado por los tanques y cazas importados de Rusia.

En la realidad, los invasores, las verdaderas “fuerzas enemigas”, ya estaban en Venezuela desde hace mucho tiempo, no solo en Apure, sino en Amazonas, Bolívar y Zulia. Pero ese empeño en el error impidió que la jerarquía militar detectara con tiempo de dónde vendrían los tiros.

Breves

* Una de las manifestaciones de la criminalidad que ha crecido silenciosamente durante los últimos meses es el contrabando. Al país están llegando mercancías de todo tipo, cuyos orígenes, calidad y condiciones de salubridad para el consumo no son certificados por ninguna autoridad. En los procesos de importación, además, no se paga ningún impuesto. Uno de los artículos más contrabandeados hacia Venezuela quizá sean los cigarrillos. Se trata de un problema atávico, ligado a la actividad de clanes que operan a ambos lados de la Guajira, y que han llegado a tener importantes nexos con la política. En Colombia, durante el proceso 8000 que hizo tambalear la presidencia de Ernesto Samper, un capítulo de la investigación se centró en un hombre que llegó a senador de ese país, y que era conocido como el Hombre Marlboro, por su comprobada relación con los contrabandistas de esta marca. En Venezuela, siempre han existido cigarrillos traídos por los caminos verdes. Tradicionalmente, eran vendidos por buhoneros en las principales ciudades del país. Pero de acuerdo con el director legal de la Cigarrera Bigott, Miguel Benzo, hasta 2016 este comercio no representó más del 5 % del mercado. Desde entonces, los cigarrillos de contrabando han ganado terreno.

Los estudios que lleva a cabo esta industria (cuatro por año) han revelado un crecimiento sostenido del ilícito, que se potenció mucho más luego de los apagones masivos de marzo de 2019.

La última medición llevada a cabo en 2020 permite a Benzo advertir que, en la actualidad, un tercio de las cajetillas vendidas en el país ha entrado de forma subrepticia. El asunto pareciera no importar a las autoridades: según cifras conocidas extraoficialmente, de los 53 expedientes por contrabando instruidos durante 2020, ninguno se relacionó con cigarrillos. Lógicamente, el estado Zulia es el principal centro de distribución del tabaco contrabandeado. De acuerdo con el vocero de Bigott, el tabaco ilegal ocupa el 85 % de las ventas en ese estado. El principal centro de distribución hacia el resto del país estaría en el Mercado de las Pulgas. Benzo precisó que las marcas más contrabandeadas hacia Venezuela son Malibú, Ibiza y Marine, así como Miller y Pacific. Las tres primeras son fabricadas en Paraguay, un país donde la industria del tabaco ha florecido gracias a una baja carga impositiva. Las últimas dos tienen sus factorías en Colombia. Pero estas no son las únicas marcas que corren como humo en los bulevares y mercados nacionales. Con el incremento del contrabando han llegado cigarrillos de países tan lejanos como India y Emiratos Árabes. Los investigadores han contado hasta 130 denominaciones. Benzo advirtió que con esta actividad también se estaría lavando dinero. No en balde el cigarrillo ha llegado a ser en algunas partes del país una especie de moneda.

* Los cuerpos de seguridad venezolanos continúan erráticos en cuanto al tema de la utilización de teléfonos celulares por parte de sus funcionarios. El 6 de mayo, el comandante de zona de la Guardia Nacional en Vargas, general de brigada Félix Manuel Arnos, prohibió que los integrantes de las comisiones porten estos dispositivos. Solo podrá hacerlo el jefe de cada grupo. En consecuencia, añadió el oficial, “cada comandante de unidad deberá solicitar, precintar y resguardar en una bolsa los teléfonos del personal de comisión”. Esta decisión fue tomada al hacerse público el hallazgo de 124 panelas de cocaína en un jet de carga de la línea Tap, el día anterior a la divulgación del radiograma. Por cierto, luego de este procedimiento los militares están aplicando una suerte de operación morrocoy con los pocos vuelos internacionales que salen de Maiquetía. Unas veces argumentan que deben endurecer los controles, incluso sobre las actuaciones de su propio personal. Y otras, que carecen de recursos para efectuar su trabajo sin ocasionar retardos a los vuelos. Las quejas al respecto son permanentes..

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Crímenes sin Castigo | La valija del enviado, por Javier Ignacio Mayorca

Foto de la der. el maletín de Saab, abandonado en el jet.

Los defensores de Alex Saab revelaron el contenido de una carpeta confidencial, en su afán por darle sustento al estatus diplomático del extraditable

 

@javiermayorca

Ese jet en el que iba Alex Nain Saab nunca debió aterrizar en Cabo Verde.

La aeronave Bombardier siglas T7-JIS había despegado de Maiquetía rumbo a Irán, y de acuerdo con el abogado del comerciante colombiano, José Manuel Pinto, la escala para ripostar combustible debía hacerse en Marruecos, con Argelia como segunda alternativa.

“Pero ambas jurisdicciones negaron el permiso para aterrizar el avión, dejando a Cabo Verde como la única opción”, dijo el litigante.

Pinto es un hombre de prestigio en el archipiélago africano, ubicado frente a las costas de Senegal. Desde 1985, ha alternado su ejercicio en el mundo de las leyes con posiciones burocráticas, como el viceministerio de Comunidades, con lo que debía tener contacto permanente con la diáspora de ese país, en Portugal, Estados Unidos, Macao y la Unión Europea.

De acuerdo con el relato que consignó en marzo de este año ante la corte del Distrito Sur de Florida, Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 por agentes de la policía judicial del archipiélago. En el mismo procedimiento, los efectivos hurgaron en la cabina del jet.

Y encontraron el maletín del extraditable.

Pinto comenzó a moverse en la defensa de Saab desde el día siguiente. Sin embargo, pasarían semanas hasta que tuviera acceso al expediente elaborado por las autoridades caboverdianas, con motivo de la solicitud de extradición cursada por Estados Unidos, bajo cargos de lavado de dinero procedente de contratos con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

Según la acusación que reposa en los juzgados norteamericanos, Saab presuntamente legitimó 350 millones de dólares mediante transferencias que pasaron por la banca estadounidense, procedentes de sobornos y sobreprecios en programas como la construcción de viviendas de interés social y la importación de alimentos para las cajas Clap. En el mismo expediente fue encausado su socio, Álvaro Pulido.

Al día siguiente de la detención, el canciller venezolano Jorge Arreaza remitió al gobierno de Cabo Verde una carta en la que calificaba a Saab como “representante” de Venezuela, con el fin de “garantizar la provisión humanitaria de insumos médicos, medicinas y alimentos para nuestro país en el contexto de la pandemia por el Covid-19”, lo que en su criterio le confería “inmunidad soberana”.

La carta no mencionaba el destino del viaje emprendido por el colombiano. Para Pinto, esa interrogante quedaría definitivamente dilucidada una vez que le entregaron los informes con lo encontrado en la valija.

El “enviado especial”

El gobierno venezolano y el equipo de defensores del extraditable comenzaron a moverse en todos los planos, para corroborar su versión de que se trataba de un personaje inmune a la persecución estadounidense. Y así lograr que Saab recobrara la libertad.

Con el pasar de las semanas, cambiarían la caracterización de “representante” a la de “enviado especial”. Así lo corrobora una carta enviada por la embajada de Irán en Senegal a la cancillería del archipiélago: “El Sr Alex Saab, enviado especial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (…) es considerado como figura oficial por el gobierno de la República Islámica de Irán”.

¿Qué propósito tenía el viaje del empresario barranquillero?

Cuando ya pasaban más de 40 días de detención, Pinto visitó a su cliente por primera vez. La pandemia había retardado este contacto inicial. Además, el abogado estaba residenciado en la capital, Praia, mientras que su cliente permanecía en una celda de otra isla, Sal.

Luego de esta entrevista, el asistente de Pinto, Floriano Mandi, recibió la valija del enviado de las autoridades penitenciarias, con todo lo incautado en el jet Bombardier. Estas pertenencias las llevaron al hotel Odjo d’Agua, donde Pinto sentó su despacho, a partir de ese momento.

El principal contenido de la valija, a los ojos de la defensa, era un conjunto de cartas entregadas a Saab por altos representantes del gobierno venezolano. Las misivas fueron remitidas a Estados Unidos, y reposan en el expediente judicial.

En una de ellas, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se dirige al ministro de Agricultura iraní Kazam Khavazi, con una invitación a Venezuela, para “consolidar las relaciones de cooperación y amistad de ambas naciones”.

La segunda carta, como la primera, estaba fechada 1 de junio de 2020, es decir, once días antes de la detención de Saab. Fue remitida a Sadegh Kharazi, asesor de la vicepresidencia iraní, y también consistía en una invitación para visitar Caracas, en fecha indeterminada.

En el mismo paquete de correspondencia, estaba una firmada por el mandatario venezolano para su par iraní, el ayatolá Alí Jamenei, con fecha 11 de junio. Fue lo último que le entregaron al “enviado especial”, poco antes de subirse al jet.

“Acudo a Usted a través del portador de esta carta, para invocar su intervención a fin de garantizar un nuevo envío urgente de cinco millones de barriles de gasolina para el mes corriente. La llegada de los buques de gasolina iraní ha significado un hito histórico en nuestras relaciones bilaterales y selló decididamente el amor del pueblo venezolano por Irán”, manifestó, en referencia a los primeros envíos de hidrocarburo, para paliar una fuerte escasez.

La carta tenía otra petición: “…solicito su valioso apoyo para concretar el envío mensual y periódico de gasolina a Venezuela durante un año”. El pago por esta negociación sería acordado mediante “mecanismos de financiamiento que definan los equipos de ambos países”.

A pesar de haber sustentado sus alegatos con estas cartas, el argumento de Pinto no fue acogido por los tribunales de Cabo Verde, donde se ventila el juicio de extradición. Tampoco en Estados Unidos, donde Saab es apenas un “fugitivo”, y carece de privilegios diplomáticos.

Breves

La declaración del director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, sobre el inicio de “conversaciones” con la banda dominada por Carlos Luis Revette, alias Coqui, ha causado estupor al interior de los cuerpos de seguridad. No es la primera vez que esos entendimientos se dan de forma discreta. Prueba de ello han sido el extinto programa “zonas de paz” y la prolongación del pranato en los internados judiciales.  Pero nunca antes un funcionario de esta jerarquía hizo una admisión pública en este sentido, aún si el propósito de esta negociación es algo aparentemente loable, como que los delincuentes “depongan sus armas”.

Esta situación ha agudizado los enfrentamientos en distintos foros entre funcionarios activos y retirados. Este fue el caso de la llamada Red de Lucha contra el Hampa. Esta semana, el exjefe de Antiextorsión y Secuestros, y exdirector de la policía de El Hatillo, comisario Sergio González, anunció que abandonaría el chat, que tiene más de 220 miembros, luego de una discusión con el administrador, abogado Carlos Figueiras Rua, y con el actual jefe de Investigaciones Penales de Cicpc, comisario general Juan Peñaloza, entre otros. Aunque el foro pareciera destacar un espíritu de oposición a los grupos al margen de la ley, muchos de sus integrantes manifestaron acuerdo con el anuncio del máximo jefe de Cicpc. González los criticó por esa decisión, y les indicó que con el hampa solo se negocia cuando es una situación de rehenes. El exjefe de Antiextorsión confirmó lo sucedido.

Esta semana se cumplen dos años del fallido alzamiento del 30 de abril. El tema pareciera un tabú para los opositores, en especial los del ala dura, que no admiten su fracaso. Mientras tanto, desde el oficialismo aprovechan para imponer una narrativa que padece de severas omisiones. Desde el exilio, el general de brigada retirado del Ejército Antonio Rivero sostiene que el grupo de Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, efectivamente había logrado el respaldo del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, y del presidente del Tribunal Supremo, abogado Maikel Moreno, así como de una parte importante de la jerarquía del principal componente armado del país.

La idea era dar un “golpe incruento”, que desencadenara la salida del presidente con la menor cantidad posible de bajas. Según su relato, los planificadores cometieron el error de dejar por fuera a Diosdado Cabello, cuyos compañeros de promoción de la Academia Militar (1987) estaban en importantes posiciones en la Fuerza Armada. Entre ellos el mayor general Alexis José Rodríguez Cabello, quien para ese momento comandaba la Redi Capital. Rivero aseguró que este oficial puso al tanto a quien entonces presidía la Asamblea Nacional Constituyente, lo que transmitió al resto de la FAN una noción de incertidumbre. Esto fue suficiente para que los militares desistieran del plan para sacar a Maduro. Para el exdirector de Protección Civil, será muy difícil que se produzca nuevamente una conjunción de jefes de inteligencia y de poder armado con el propósito de deponer al mandatario.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Una celda para tres soles, por Javier Ignacio Mayorca
El mayor general Clíver Alcalá pasa sus días en una cárcel de mínima seguridad, mientras intenta convencer a la justicia estadounidense de que carece de recursos para pagar a sus tres consejeros legales

 

@javiermayorca

Clíver Alcalá atraviesa por sus días más complicados. Luego de un par de años de cierta holgura en Barranquilla, con la compañía de su esposa e hija, pasó a ser el único detenido por el mismo caso de tráfico de drogas en el que aparece imputado el presidente venezolano Nicolás Maduro, así como importantes figuras de su entorno militar y de inteligencia, junto con la cúpula de las actuales disidencias de las FARC.

Este mayor general ocupó importantes cargos en el Ejército venezolano. Allí lo veían como uno de los mimados del teniente coronel Hugo Chávez. La llegada de Maduro al poder coincidió con su pase a retiro de las filas militares. En 2013, ya incorporado a la vida civil, tildó de oportunista al gobernante venezolano y se distanció del oficialismo.

Para los estadounidenses, eso no era suficiente. No habían olvidado ciertas acciones que lo involucraban en una presunta facilitación del transporte de estupefacientes, con la colaboración del exzar de la inteligencia venezolana, el también mayor general del Ejército Hugo el Pollo Carvajal. Y luego de acusarlo pusieron un precio a su cabeza de diez millones de dólares.

Alcalá quedó en plena exposición luego del primer fracaso de la operación Gedeón, en marzo de 2020, cuando la policía colombiana incautó un lote de fusiles que era trasladado hacia Riohacha, para equipar a los militares y policías que intentaban una incursión en Venezuela.

Según su abogado Adam Kaufmann, el oficial fue advertido del interés de EE. UU. por apresarlo gracias a una llamada de la embajada de ese país en Bogotá, un día antes de que todo se hiciera público. Sus alternativas entonces solo eran dos: quedarse en Colombia y afrontar la extradición o una posible captura por cazarrecompensas, o ponerse a derecho en suelo norteamericano.

El general de tres soles escuchó el consejo de su asesor legal, y dos días después era presentado en una corte de Nueva York. Desde entonces, permanece en una cárcel de mínima seguridad en el condado Putnam, sin derecho a fianza.

Años de entendimiento

A la luz de la información que surge del expediente conocido en Estados Unidos como el Cartel de los Soles, se puede deducir que la llamada de advertencia recibida por Alcalá fue una cortesía hacia un viejo conocido de los norteamericanos.

Desde 2013, este oficial estaba empeñado en que le revocaran una sanción en su contra, emitida por el Departamento del Tesoro dos años antes. Fue entonces cuando comenzó su relación con Kaufmann. Gracias a los buenos oficios de este abogado, Alcalá pudo explicar los detalles de su “relación con las FARC”, y aclarar los señalamientos de había participado en el esquema de “armas por drogas”, en favor de los guerrilleros colombianos.

Entre Alcalá y Kaufmann, sin embargo, había una barrera: el general no hablaba nada de inglés, y el español del litigante era muy pobre. Para salvar este obstáculo intervino otro abogado, Cristian Francos, de origen argentino. Siete años después, Francos y Kaufmann forman parte del equipo legal que defiende al general.

Alcalá ha sostenido que no posee recursos para pagar un abogado privado. Según Kaufmann, lo que dejó en Venezuela fue confiscado por el régimen de Maduro. Afirmó que, para las primeras actuaciones en suelo estadounidense, el oficial ofreció un aporte de $5000 gracias a la caridad de un primo.

El general solicitó que lo asistiera un defensor público. A la postre, fue César Castro. Sin embargo, detrás de él no solo están Kaufmann y Francos, sino también el exfiscal de Nueva York Anthony Capozzolo. Todos ellos en calidad de consejeros legales. Al contar con la aprobación del juez, los integrantes de este equipo podrán cobrar sus honorarios del propio Estado.

El juicio contra Alcalá ha sufrido retardos permanentes, que no parecieran preocupar demasiado a la defensa, ni tampoco al juez correspondiente a esta fase del proceso en la corte del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein. Por una parte, la pandemia ha impactado el cumplimiento del cronograma. Pero lo más importante es la complejidad del expediente. La acusación contra Alcalá, Carvajal y Maduro también involucra a otros oficiales y funcionarios en actividad, como por ejemplo el actual ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, así como a alias Iván Márquez y Jesús Santrich, líderes de una de las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, autodenominada Segunda Marquetalia. Y según la fiscalía estadounidense, la historia del Cartel de los Soles abarca más de veinte años de historia. De allí que se trate de una acusación “extraordinariamente amplia”, en palabras de Kaufmann.

Los detalles de la investigación llevada a cabo esencialmente por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) aún permanecen en secreto. Los abogados defensores han tenido que firmar un acuerdo de confidencialidad para acceder a ciertas informaciones. No obstante, en octubre de 2020 el retardo en cumplir con el denominado “descubrimiento” de la evidencia llevó al juez Hellerstein a ordenar la entrega de toda la información, pues de lo contrario podría imponer diversas sanciones a la parte acusadora, e incluso llegar al punto de descartar algunos de los cargos formulados contra Alcalá.

Todo esto indica que las partes del caso están en una actitud de “esperar y ver”. Si el general de tres soles se declara inocente y va a juicio, la información sobre el polémico expediente del Cartel de los Soles saldría a la luz. Esto permitiría conocer una importante porción de la vida política y militar de Venezuela. Para Alcalá, sin embargo, esta decisión podría representar toda una vida tras las rejas.

Breves

* Molestia y al mismo tiempo preocupación en la Fuerza Armada por el colapso de los hospitales militares, como consecuencia de la pandemia, en especial en el centro del país. La molestia, pues estos centros de salud son mantenidos parcialmente gracias a las cotizaciones del personal de la FANB. Esto hace suponer que los oficiales, tanto activos como retirados, deberían gozar de prioridad para las admisiones. Sin embargo, esto no es así.

Una prueba fue que el coronel retirado Félido Morales Parada falleció el 8 de abril en el Periférico de Coche luego de solicitar que lo tratasen en el hospital militar de Caracas y otros centros de salud castrenses.

Esa semana también reportaron la muerte de otros tres oficiales en condiciones similares. Un general consultado para esta nota indicó que el Instituto de Oficiales Retirados de la FAN (Iorfan) y las organizaciones no gubernamentales deberían elevar una queja formal al ministerio de la Defensa. “Esa discriminación no puede ser aceptada”, escribió.

* Alex Saab mantendrá el estatus de “fugitivo” hasta que sea presentado en la corte del Distrito Sur de Florida. A esta conclusión llegó el juez de ese tribunal Robert Scola, en una sentencia emitida en marzo, en atención a una solicitud de los defensores del magnate colombiano, preso en Cabo Verde desde junio de 2020. Los defensores de Saab argumentaron que él nunca ha estado en territorio estadounidense ni posee propiedades allí, y que por eso no podría ser calificado de fugitivo. Reiteraron además que él es un diplomático del gobierno de Nicolás Maduro, y que goza de inmunidad.

Según el juez Scola, fugitivo no es solamente quien escapa de un país para “eludir el arresto”. También puede ser calificado con este término quien se esconde o permanece ausente de la jurisdicción.

“Saab Morán estaba enterado de los cargos en su contra por casi dos años, y tuvo amplias oportunidades para presentarse ante las autoridades de EE. UU.”, indica la sentencia. Más adelante, se revela que a Saab “le han ordenado resistirse el enjuiciamiento y la extradición porque el gobierno venezolano se opone a eso”. Scola dejó constancia de que durante la audiencia los representantes de la Fiscalía ventilaron “hechos confidenciales” en torno a este caso, que por el momento no serán incluidos en el expediente público. Saab espera una decisión sobre su extradición desde Cabo Verde a EE. UU., donde sería enjuiciado por lavado de más de 350 millones de dólares procedentes del pago de “falsas facturas por servicios no prestados y por bienes nunca entregados”, logradas mediante sobornos a empleados del gobierno venezolano con motivo de un plan para la construcción de viviendas de interés social. En este juicio también fue acusado su socio venezolano Álvaro Pulido.

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Crímenes sin Castigo | Zona de combates, por Javier Ignacio Mayorca

Soldado del Ejército venezolano en los combates de Arauca. Foto Eligio Rojas @ElEspinito (Twitter).

Las hostilidades que han ocasionado numerosas bajas entre los militares venezolanos y miles de desplazados en el eje La Victoria-Arauquita podrían extenderse a otras localidades. Organizaciones no gubernamentales piden una rápida mediación de la ONU

 

@javiermayorca

Desde el 21 de marzo, el trecho entre Guasdualito y La Victoria se ha convertido en una zona de combates, con todas las características de lo que sería un conflicto asimétrico. De un lado, fuerzas regulares del Ejército venezolano, complementadas por el grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana. Y del otro, combatientes de las llamadas “disidencias” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Crímenes sin Castigo | Zona de combates, por Javier Ignacio Mayorca
Trecho Guasdualito – La Victoria, zona de combates en Apure. Foto Google Maps

Estos últimos son individuos que nunca reconocieron ni acataron el contenido del acuerdo de paz firmado en La Habana, en 2016, y que se han reagrupado en torno al liderazgo de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, comandante del frente 1 que opera en el departamento colombiano de Arauca.

Según el subdirector e investigador de la fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, Botache aglutina a dieciséis de los veintiocho grupos que se declararon en desacuerdo con la pacificación. Por lo tanto, es el mayor contingente.

Por otra parte, en las llamadas Nuevas FARC o Segunda Marquetalia hay cinco estructuras armadas, que salieron a la vida pública cuando Luciano Marín (Iván Márquez) y Seuxis Paucías Hernández (Jesús Santrich) hicieron un llamado a retomar el conflicto, en agosto de 2019. Las siete agrupaciones restantes están más dedicadas a actividades netamente criminales.

Con la invitación a Márquez y a Santrich para que permanecieran en territorio venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro tomó parte en el conflicto originado tras el desconocimiento de lo convenido en la capital cubana.

Y lo hizo en favor del sector menos numeroso, si se toma en cuenta lo señalado por el investigador colombiano.

Esta cuadratura ya le ha costado por lo menos seis muertes y más de dieciséis heridos a las fuerzas venezolanas, si se suman los saldos conocidos extraoficialmente en tan solo tres enfrentamientos, reportados desde septiembre de 2020, en Apure y Amazonas.

Crímenes sin Castigo | Zona de combates, por Javier Ignacio Mayorca
Herido en combate. Foto en la cuenta de Twitter de @vladimirpadrino, ministro de la Defensa.

Las disidencias de las FARC han dado muestras de su capacidad para infligir el mayor daño con la menor cantidad de bajas propias. En esto ha jugado un importante papel el uso de dispositivos explosivos improvisados, que ocasionaron las primeras dos muertes durante la jornada del 21 de marzo, e inutilizaron posteriormente un blindado del Ejército. Igualmente, mediante explosivos destruyeron el puesto aduanero de La Victoria.

Crímenes sin Castigo | Zona de combates, por Javier Ignacio Mayorca
Blindado de las FANB destruido. Imagen: capturas de pantalla de un video colgado en la cuenta de Twitter @vladimirpadrino, del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

“Están enviando mensajes a Maduro: ‘Sentémonos y acordemos’. Y mientras tanto piden a los pobladores de las áreas de conflicto que se retiren”, afirmó Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización que ha investigado la violencia en el área limítrofe.

Según Tarazona, el grupo de Gentil Duarte, liderado en ese sector por Ferley González, alias Fabián, estaría “pidiendo una tregua con el régimen, para convivir”. Lo que hasta ahora no ha sido posible.

En este contexto, el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino, ordenó la remoción del comandante de la 92 brigada Caribe del Ejército, general de brigada Carlos José Rojas Abreu, y su inmediato reemplazo por el GB Tito Gómez Avila. Según Tarazona, la decisión fue consecuencia de la imposibilidad del anterior jefe militar de eliminar la amenaza que representaban los disidentes de las FARC en ese sector.

“Es una tarea que no cumplió”, sentenció.

Desplazamiento sin precedentes

Las hostilidades han ocasionado una creciente oleada de desplazados desde territorio venezolano. Para el momento de la redacción de esta nota, Migración Colombia reconocía la existencia de 4741 refugiados en diecinueve albergues improvisados.

El fin de semana anterior, el defensor del pueblo de Colombia Carlos Camargo solicitó al gobierno de Iván Duque la declaratoria de una “calamidad pública” en el área de Arauquita.

Crímenes sin Castigo | Zona de combates, por Javier Ignacio Mayorca
Un soldado recibe a desplazados venezolanos en la frontera colombo-venezolana, se puede ver el tricolor de Colombia. Foto en la cuenta de Twitter @fuerzalmada, de Freddy Nañez

La expectativa es que la cifra se incremente con el desarrollo del conflicto. Y de acuerdo con el representante de Provea, Marino Alvarado, no habrá una tregua en el corto plazo.

“Esto va para largo (…) Si se aplica la teoría de la guerra de guerrillas, los disidentes tienen la táctica de atacar, replegarse y luego volver. Ellos dejarán que la Fuerza Armada tome confianza, y la volverán a atacar”, advirtió.

Alvarado indicó que el desplazamiento humano ha representado un incremento de 15 % en la población de Arauquita. La migración forzada también sería desde la frontera hacia otros estados de Venezuela.

Según sus registros, desde que Hugo Chávez llegó al poder han ocurrido cinco episodios que podrían ser calificados de “movilizaciones masivas” ocasionadas por violencia armada. Comenzaron en 1999 en el área de Catatumbo. Pero la de este año ha sido la de mayor magnitud.

Para el momento de la redacción de esta nota, representantes de Provea y otras organizaciones no gubernamentales de Venezuela y Colombia solicitaban la intervención de la Organización de Naciones Unidas.

“Es una petición genérica que hacemos al secretario general, porque no hay una perspectiva de colaboración entre autoridades de ambos países para atender el problema. No solo en lo referido a los refugiados, sino también en cuanto a la seguridad. Esto complicará aun más la situación. La ONU puede servir como intermediario para que haya un diálogo”, explicó.

Pero el discurso oficialista no apunta hacia un entendimiento. Por el contrario, desde el Ejecutivo y el Parlamento elegido el 6 de diciembre han emitido mensajes que culpan al gobierno de Iván Duque por la crisis en la frontera. Según Alvarado, de continuar con esa actitud el conflicto también podría extenderse hacia otras localidades.

Breves

*Pocas novedades contiene el reporte sobre derechos humanos del Departamento de Estado, por lo menos en lo que respecta al caso venezolano. Y era lógico: este documento es el resultado de un largo proceso. Su primer borrador generalmente está listo en octubre, y desde entonces solo dan algunos retoques. Además, otros informes fueron divulgados en los días previos, como el de Human Rights Watch y la actualización del primer reporte de la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU. Aun así, hay señalamientos reveladores en torno a lo que califican como “interferencias ilegales y arbitrarias a la privacidad”.

En primer lugar, se da por sentado que las “compañías de telecomunicaciones” del país están asistiendo al Gobierno en el monitoreo de las comunicaciones de los opositores políticos.

Un llamado de atención a estas empresas. Luego de esta advertencia, queda abierta la posibilidad de sanciones. Pero la afirmación más contundente tiene que ver con el suministro de tecnología para “monitorear el comportamiento social, político y económico de la ciudadanía”, a través del llamado Carnet de la Patria. Este sistema, indica el informe, fue suministrado por la empresa china ZTE, con el respaldo de Huawei y la Compañía Nacional China de Importación y Exportación de Material Electrónico. “Esencialmente, los ciudadanos no tienen otra alternativa que obtener y usar la tarjeta, a pesar de sus conocidos métodos de rastreo”.

*Hay un acelerado incremento en el número de muertes como consecuencia de la covid-19, por lo menos en el Distrito Capital. Desde la semana anterior, el cálculo hecho por personal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) es que están ocurriendo entre 35 y 50 decesos de personas que con certeza estaban contagiadas por este virus, y de otras que, sin haberse hecho las pruebas correspondientes, perdieron la vida con síntomas asociados que desencadenaron infartos o paros respiratorios.

Esto vendría a confirmar el señalamiento del infectólogo Julio Castro, en el sentido de que las cifras oficiales se caracterizan por un “subregistro importante”.

Otra evidencia tiene que ver con la cantidad de personas que acude a las oficinas de la morgue de Bello Monte, para obtener alguna orientación. En su mayoría son familiares que buscan “asesoría para la disposición final de los cuerpos”, tal y como fue ofrecido en un anuncio público del servicio de medicina forense. Se trata, por cierto, de una ayuda que en teoría es gratuita.

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Crímenes sin Castigo | Drogas y cooperación, por Javier Ignacio Mayorca
Un reciente documento del Departamento de Estado norteamericano desnuda la realidad de un país donde actúan a sus anchas las estructuras criminales

 

@javiermayorca

El 10 de enero, el director de la ONA general Alberto Matheus reportó la incautación de 46,73 toneladas de distintas drogas como consecuencia de 3.091 procedimientos, llevados a cabo en 2020. Esto da un promedio de más de 15 kilos confiscados en cada acción, lo que supera en casi 50 % la media de droga por caso correspondiente a 2019. Un dato llamativo por tratarse de resultados supuestamente obtenidos en medio de la pandemia.

En contraste, el Reporte sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU., emitido este mes, sostiene que la cooperación entre el régimen de Maduro y la comunidad policial internacional es “prácticamente inexistente”. Cabría preguntarse entonces de dónde vino la inteligencia para llevar a cabo tales decomisos en Venezuela.

Este informe tuvo expresiones críticas hacia el gobierno venezolano. “La apropiación de los servicios judiciales y militares para sus fines ilícitos, la corrupción y la cooperación con elementos criminales proveen condiciones ideales para el tráfico de drogas y la violencia asociada”, advirtió.

Debido a esta ausencia de una acción mancomunada, sostuvieron los estadounidenses, resulta muy complicado verificar mediante fuentes independientes lo dicho por el general Matheus.

Esta es una preocupación compartida por el exjefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, coronel retirado Jairo Coronel. En una reciente conversación, este oficial indicó que sin ayuda internacional “se hace muy difícil llegar a las caletas”, o almacenes clandestinos. En otras palabras, cuando los alijos han traspasado la franja fronteriza pueden circular por el país de forma casi inadvertida. A menos que ocurra una delación.

A pesar de los señalamientos de la Cancillería de EE. UU., no todo pareciera estar perdido. Durante operaciones efectuadas por la policía judicial en coordinación con Interpol, fueron capturados en Margarita dos italianos que eran solicitados por su país, uno de ellos, Flavio Febi, por delitos de drogas y el otro, Roberto Vivaldi, por fraude. Aunque el futuro de estos casos en el Tribunal Supremo es incierto, el solo hecho de que las capturas fuesen reportadas por el comisario Douglas Rico indica una disposición a cumplir con un compromiso internacional de lucha contra la delincuencia organizada, aunque esto sea un simple canto a la bandera.

Pero este no es el resultado más frecuente. Desde finales del gobierno de Hugo Chávez, los agregados policiales que trabajan en el país han expresado en forma discreta su creciente preocupación por las trabas que deben sortear para cumplir sus objetivos.

Esto no se restringe al tema de las investigaciones policiales. Los recelos han dificultado incluso la ejecución de planes para la formación de oficiales en el exterior, en temas relativos a prevención al lavado de dinero e investigación sobre secuestros.

Prefieren enviar a militares a China y Rusia, y no a policías o guardias nacionales a Italia o España, donde hay comprobados conocimientos sobre materias de investigación policial.

Mientras tanto, intentan suplir la necesidad de formación de nuevos cuadros mediante cursos en línea con disertaciones de generales venezolanos, con escaso roce internacional.

En lo relativo al caso de los italianos capturados en Margarita, no sería descabellado pensar que se intente algo parecido a un intercambio de presos con Italia. Se debe recordar que el Tribunal Supremo de Justicia ha enviado a ese país peticiones de extradición contra el exministro de Energía y expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, e igualmente contra Francisco José Blasini, investigado por el supuesto beneficio de contratos con sobreprecio para el suministro de insumos para la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Alianza de megabandas

La ausencia de cooperación, además, permite que la llamada Segunda Marquetalia se consolide en el país. Según el documento estadounidense, Seuxis Paucías Hernández, mejor conocido como Jesús Santrich, permanece en Venezuela junto con docenas de excomandantes de las FARC, con el propósito de “reconstruir” estructura terrorista y eludir las órdenes de captura emitidas desde Colombia y EE. UU.

El documento de la Cancillería estadounidense, además, advierte sobre dos aspectos poco conocidos hasta el momento. Por una parte, se estaría gestando una alianza entre las poderosas mafias de Brasil y megabandas venezolanas con el propósito de traficar drogas.

Esta información pareciera corroborar lo indicado por medios brasileños en cuanto a una supuesta incorporación de individuos del Tren de Aragua con el Primer Comando de la Capital (PCC), uno de los cuatro grandes grupos criminales de ese país.

Según informe de la Guardia Nacional, el Tren de Aragua ya está posicionado en Tumeremo, donde lleva a cabo la extracción de oro. Y este sería, precisamente, el metal precioso utilizado para la adquisición de los alijos de drogas que llegan por el sur del país, liderada desde prisión por Marcos Herbas Camacho, alias Marcola.

La otra advertencia arrojada por este reporte anual tiene que ver con el supuesto nexo entre las bandas de traficantes y quienes facilitan la emigración de venezolanos, en especial hacia Aruba, Curazao y Bonaire.

En la columna anterior, se refirió el caso de un grupo de cinco lancheros de Curazao, detenidos en aguas cercanas a Aves de Sotavento, e imputados por un supuesto transporte de cocaína, cuando en un principio les habían formulado cargos por el traslado de “materiales estratégicos”.

El caso fue instruido por la Policía Nacional sobre la base de dudosos estándares, lo que ha permitido a los defensores de estos pescadores elevar una queja ante el Reino de los Países Bajos.

Aun así, todos estos elementos tienden a conformar un cuadro preocupante de impunidad y consolidación de la delincuencia organizada en Venezuela. Frente a eso, policías y militares se entretienen matando a pequeños delincuentes, a quienes luego incorporan en narrativas según las cuales pertenecían a peligrosas estructuras, ahora llamadas GEDOs (grupo estructurado de delincuencia organizada), pero con escaso basamento.

Los verdaderos criminales continúan así operando a sus anchas.

Breves

* El lunes 15 de marzo, la dirigencia de la Segunda Marquetalia, o disidencia de las FARC, anunció la activación de los llamados Comandos Bolivarianos de la Frontera. El grupo encabezado por alias Iván Márquez y Jesús Santrich ratificó el retorno a la lucha armada, aunque esta vez lo hacen como parte de “los habitantes de la franja binacional fronteriza”. Según el texto, Márquez y Santrich se opondrán a lo que califican como “actitud guerrerista del gobierno de (Iván) Duque contra la hermana Venezuela”.

Además, intentarán contrarrestar las nuevas campañas para la erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión de glifosato, una sustancia cuyo uso ha sido cuestionado por ecologistas. Esta información es divulgada en forma simultánea a la activación de una fuerza élite por parte del gobierno colombiano, cuyo objetivo primordial es la captura de las cúpulas de este movimiento armado y la del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El grupo cuenta con entrenamiento de asesores militares estadounidenses, cuyo retiro exige este comando: “que se vayan las tropas gringas ubicadas en las fronteras de Colombia, con planes de agresión”.

* Al momento de la entrega de esta columna, el equipo de defensores del extraditable colombiano Alex Saab emitió un comunicado confirmando la decisión del Tribunal Supremo en cuanto a la ratificación de las sentencias previas que avalan el traslado del empresario colombiano a Estados Unidos, donde será enjuiciado por lavado de dinero y otros delitos. Nueve meses y una semana tardó este proceso, y todavía podría prolongarse algunos días más, mientras se ultiman los detalles para la ejecución de la sentencia. Según la legislación especial del archipiélago africano en materia de extradición, este lapso no puede sobrepasar los veinte días continuos.

Este escenario adverso ya era previsto tanto por los defensores como por el gobierno venezolano, que recordó -en tono de amenaza- a los abogados del colombiano sobre las consecuencias legales que tendría la divulgación de información considerada sensible por el régimen, como parte de un eventual proceso de negociación con las autoridades norteamericanas.

Saab es ante todo un comerciante, y no debe extrañar que intente mejorar su posición con el propósito de rebajar los años de prisión que le esperan, luego del debate oral en una corte de Florida.

Visto desde la lejanía, no cabe duda de que los abogados de Saab, liderados por el exjuez español Baltasar Garzón, supieron moverse en distintos planos para presionar por una decisión favorable. No obstante, ese énfasis en llevar el litigio al Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ya era un indicador sobre la perspectiva de un desenlace negativo en la justicia caboverdiana. Ahora, el régimen de Maduro se ve ante una encrucijada: continuar con la defensa pública de un hombre que podría volteárseles apenas llegue a suelo estadounidense o cesar esta campaña, que hasta conciertos musicales tuvo en medio de la pandemia. Es decir, el respaldo a Alex Saab fue, eventualmente, más importante que un posible repunte de la covid-19 en el país.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Expansión criminal (II/II), por Javier Ignacio Mayorca
Los operadores del régimen venezolano han adoptado nuevas estrategias para continuar los negocios y eludir la persecución internacional

 

@javiermayorca

Venezuela figura en el primer lugar entre los países con mayor percepción de corrupción en todas las américas, y entre los cinco peor evaluados en el mundo entero, de acuerdo con el índice presentado el 28 de enero por la organización Transparencia Internacional.

Este examen anual, fundamentado en un sondeo a empresarios e investigadores de cada país, reveló además que desde la llegada de Nicolás Maduro al poder Venezuela ha empeorado sus indicadores de percepción de corrupción, al punto de que solo Siria, Somalia y Sudán del Sur obtuvieron calificaciones más magras.

El informe presentado por TI indica que la corrupción generalizada en Venezuela no comenzó con Maduro, sino que se remonta a la época en la que gobernaba Hugo Chávez. Este sería “uno de los principales motivos de la crisis humanitaria actual”.

“La pandemia de covid-19 no solo ha profundizado la escasez de medicinas, suministros sanitarios y material esencial, sino que ha deteriorado la infraestructura hospitalaria. En las dos últimas décadas el país perdió más de 5000 millones de dólares por corrupción solamente en el sector sanitario. Este mal amenaza la vida y la salud de millones de venezolanos”, indica el documento.

Este es un punto clave, puesto que coloca el germen de la crisis sanitaria, y en general de la emergencia humanitaria compleja, en una etapa previa a la imposición masiva de sanciones desde el Departamento de Estado, la Unión Europea y algunos países como Canadá y Suiza.

De acuerdo con la directora del capítulo venezolano de TI, Mercedes de Freitas, con la agudización de las dificultades en lo económico y humanitario, el régimen venezolano ha expandido las prácticas corruptas hacia otros países, en la medida en que intenta eludir la persecución penal y las medidas restrictivas impuestas desde la comunidad internacional.

Una de esas naciones es México. Su presidente Andrés López Obrador mantiene relaciones fluidas con el gobierno venezolano, y se ha negado a reconocer la presidencia interina de Juan Guaidó, tal y como lo hicieron EE. UU. y otros 60 países.

Esta situación fue aprovechada para instalar una red encabezada por el empresario colombiano Alex Saab (designado embajador por Maduro) para eludir las restricciones a la comercialización de crudo venezolano y la compra de bienes para el sostenimiento del régimen.

En junio de 2020, el Departamento del Tesoro sancionó a la compañía Libre Abordo, perteneciente a Saab y a su socio Álvaro Pulido, registrada en México DF. Pero, de acuerdo con De Freitas, el Gobierno continúa importando desde ese país “alimentos con sobreprecios y de baja calidad”, utilizando para ello otras corporaciones.

Según la organización Global Financial Integrity, Venezuela fue el segundo mayor exportador de capitales ilícitos de todo el hemisferio occidental durante los primeros doce años del siglo. Solo era superado por México.

Esas prácticas continúan en la actualidad, aunque afectadas por la decadencia de la industria petrolera y las sanciones internacionales. Según la directora de TI Venezuela, el principal vehículo de estas transacciones ilegales sería el Fonden, una entidad usada para manejar el 62% de los recursos del Estado en 2019, sin controles ni supervisión.

Efecto expansivo

La salida de capitales ilegales venezolanos salpicó a numerosos países de las américas, Europa y Asia.

En la etapa incipiente, Venezuela continuaba generando suficientes recursos para alimentar su corrupción endógena, esencialmente a través de la renta petrolera. Los recursos salían en maletines con la bendición de sectores del oficialismo. Así quedó en evidencia cuando una policía bonaerense y modelo, que no participaba en la “ruta del dinero”, detectó la famosa valija con casi 800.000 dólares en poder del empresario Guido Antonini Wilson.

En la esfera internacional, los cazadores de capitales pronto se dieron cuenta de que Venezuela representaba una oportunidad para la obtención de jugosas ganancias. El régimen de cambio no era diferencial sino diferenciado en su aplicación: a la población en general, si acaso un cupo que servía a los propósitos de control de cierta clase media. Un trato radicalmente distinto tuvo el funcionariado, en especial el ligado a las adquisiciones.

Un caso emblemático fue el de la Banca Privada de Andorra, en sus dos capítulos. El primero, modesto en sus dimensiones económicas, involucró a dos oscuros asesores del ministerio de Finanzas, un exjefe policial y un hombre ligado a los intereses de una exmagistrada del Tribunal Supremo. El segundo capítulo, que se desarrollaba en forma simultánea al primero, tenía personajes de alta relevancia para el momento: Rafael Ramírez y su entorno, así como los primeros “bolichicos” enriquecidos con las adquisiciones para el fallido sistema eléctrico nacional.

Estos individuos, los de la segunda parte, se sabían amparados por el poder venezolano. Por esto vivían una vida dispendiosa en París, Roma y otras capitales europeas, donde las autoridades parecían dispuestas a voltear la mirada. Hasta que en 2015 el Departamento del Tesoro estadounidense alertó que la BPA servía como una especie de mezcladora de los capitales corruptos venezolanos con los de las mafias de Rusia y China. Estos casos (Andorra I y II) tienen repercusiones hasta el presente.

Recordemos que el gobierno venezolano ha solicitado a Italia la extradición de Rafael Ramírez y de otros elementos que se encuentran diseminados en ese país y en España. A esto se le llama “control de daños”.

Pero el expediente del principado europeo no ha sido el único.

En República Dominicana, por ejemplo, un grupo de inversionistas encabezado por José Luis Santoro y Gabriel Jiménez adquirió la mayoría accionaria del Banco Peravia en 2012. Dos años después, las autoridades de esa isla intervinieron a la entidad, y posteriormente, en 2015, ordenaron el arresto de su junta directiva al constatarse un fraude masivo y lavado de dinero.

“Esos directivos llegaron a Dominicana con dinero robado en Venezuela, y fueron recibidos con alfombra roja”, explicó el acusador privado de este caso, abogado César Amadeo Peralta.

Según el litigante, ese banco tenía el propósito de atraer capitales oscuros, y por eso su cartera crediticia era muy pequeña. En el juicio por el fraude participaron 32 víctimas de una lista mucho más grande de personas, cuyos depósitos se esfumaron.

Peralta indicó que la actitud del régimen venezolano ha sido de “protección total” hacia Santoro y sus cómplices. Uno de los solicitados, Gabriel Jiménez, se entregó en EE. UU., donde también lo requerían por conspiración para lavar dinero de Pdvsa. En esta actividad habría participado con el empresario Raúl Gorrín, de acuerdo con documentos del Departamento de Justicia. En noviembre de 2018 fue sentenciado a tres años de prisión. Pena leve, en virtud de su cooperación.

“Con ese dinero de Pdvsa, compraron el Peravia. Ahora esperamos que él termine de cumplir su sentencia en EE. UU., para que lo envíen a Dominicana”, afirmó el abogado.

Otro país impactado por el flujo de capitales ilícitos venezolanos ha sido España. Según el expresidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas, Carlos Tablante, los dineros de la corrupción venezolana “han entrado en el mercado inmobiliario y en el sector financiero de forma muy agresiva”.

Tablante permanece en ese país europeo en calidad de refugiado. Dijo que desde allí los dineros de la corrupción venezolana han sido distribuidos a bancos en Italia, Malta, Portugal, Andorra y Suiza, donde la agencia Bloomberg reportó el hallazgo de cuentas con fondos irregulares por diez millardos de dólares.

Observó que la persecución internacional a los viejos operadores del régimen ha propiciado el surgimiento de otros más jóvenes, muy cercanos al poder actual. El los llama los “nuevos bolichicos”.

Este grupo tiene una nueva área de expansión en el estado brasileño de Roraima, fronterizo con Bolívar, al sur del país. En ese territorio estarían coordinando operaciones de venta de oro del Arco Minero a cambio de reales brasileños, con los que posteriormente son adquiridos alimentos, medicinas y otros bienes para justificar aparentes operaciones de importación, con sobreprecios.

Esta criminalidad, organizada en torno a la exportación de capitales y distintas formas de enriquecimiento ilegal, es tan vasta que hace palidecer a la de los delincuentes comunes.

Pero estos últimos llaman mucho más la atención debido a sus comportamientos violentos. Cuando los detienen, suelen confesar en cámara. A los primeros, en cambio, solo se les extrae la información a cuentagotas. Por eso, esta es una historia de la que solo conocemos fracciones. José Ugaz escribió en el prólogo de Super red de corrupción en Venezuela (2021) que hasta el momento los ilícitos con el dinero nacional han suscitado 85 procesos en distintas jurisdicciones del mundo. Allí están los Papeles de Panamá, HSBC, Luxemburgo, Andrade, Ramírez, Villalobos, Salazar y cientos más.

Al margen de lo que eso significa para la búsqueda de justicia, es en esos expedientes donde se encuentra buena parte de la verdad que requiere el país para comprender, por ejemplo, por qué el 40 % de la población está pasando hambre.

Breves

* El artículo 92 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia confiere a los jueces de la materia ocho alternativas para la imposición de medidas cautelares a las personas señaladas de agresoras en un caso específico. En líneas generales, el sentido de estas medidas es resguardar la integridad física de la víctima, por una parte, y por la otra prevenir que la persona bajo investigación agreda a otras personas. El numeral séptimo de ese artículo, por ejemplo, prevé que se le imponga al presunto victimario “la obligación de asistir a un centro especializado en materia de violencia de género”. Pero una cosa es la letra, y otra la realidad.

Según reporta El Pitazo, el hombre detenido por las muertes de Eliannys Andreína Martínez (17 años) y Eduarlys Falcón (20 años), Nelson Antonio Torrealba Saavedra (38 años) tenía antecedentes por un delito sexual.

Sin embargo, se movilizaba sin restricción alguna en Turén. De acuerdo con el director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, este hombre actuó contra sus víctimas sin tener un conocimiento previo de ellas, simplemente llevado por ataques de ira. Torrealba era entonces un individuo que, bajo determinadas circunstancias, podía ser peligroso para la sociedad. Ese riesgo ya había sido constatado en un caso previo, y nada se hizo. Esta ausencia de actuación por parte de las instituciones debe ser revisada en profundidad.

* 3520 personas fueron detenidas en 2020 por delitos de tráfico, posesión y consumo de drogas. Esta cifra, conocida de manera extraoficial, representa una disminución con respecto a los años anteriores. Aun así, implica una carga importante para los ya saturados centros de detención del país. Los presos por delitos de drogas, en especial los señalados de tráfico o transporte de estas sustancias, son presas permanentes de la extorsión desde todos los flancos: jueces, fiscales, custodios, abogados. Tienen que pagar hasta por el agua que van a consumir y el suelo donde van a dormir. Estos casos generalmente no trascienden al conocimiento público.

Sin embargo, uno ha sido motivo de debate en el Parlamento de Curazao.

La historia comenzó en marzo del año pasado cuando efectivos de Guardacostas aprehendieron a cuatro isleños y a un venezolano que iba con ellos a comprar un cargamento de pescado en Aves de Sotavento. Primero, les elaboraron un expediente por “tráfico de materiales estratégicos”, puesto que llevaban bidones de diésel para poder hacer el viaje. Pero posteriormente añadieron cargos por tráfico de drogas, en virtud de una supuesta prueba de orientación (narcotest) aplicada a las lanchas. Los detenidos se habían adaptado a la vida en una estación de la PNB en Falcon, pues tenían la esperanza de una rápida solución, hasta que se les terminó el dinero en medio de una pandemia que mantiene paralizados a los tribunales. Entonces, comenzó en Curazao una colecta para pagar la manutención de los cinco detenidos por este caso. El asunto llegó incluso a oídos de la embajada del Reino de los Países Bajos, y en febrero enviaron a unos diplomáticos para constatar el estado de salud de los pescadores.

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