Javier Ignacio Mayorca, autor en Runrun

Javier Ignacio Mayorca

Crímenes sin Castigo | Un cuerpo sin ley, por Javier Ignacio Mayorca
¿Qué hay detrás del nuevo esquema de grados implantado en la Policía Nacional, al margen del estatuto que los regula?

 

@javiermayorca

El 18 de enero, el director de la Policía Nacional Bolivariana, mayor general de la Guardia Nacional Elio Estrada Paredes, envió una circular a todos los directores de línea, coordinadores y jefes de las regiones policiales para notificar sobre la implantación de una nueva escala de grados policiales.

De acuerdo con esta comunicación, a partir de esa fecha existen doce “rangos” para los funcionarios de la institución, distribuidos en cuatro niveles. El de abajo, llamado “operacional”, estará conformado por los oficiales, primeros oficiales y oficiales jefes. En el nivel “táctico” figuran los inspectores, primeros inspectores e inspectores jefes. Más arriba está el nivel “estratégico”, conformado por comisarios, primeros comisarios y comisarios jefes. Y en el tope, la llamada “alta directiva”, donde están los comisarios generales, comisarios mayores y comisarios superiores.

Según el jefe máximo de la PNB, esta directiva comenzó a ser de “estricto cumplimiento” a partir de la semana pasada. De hecho, Estrada ya se identifica con el grado de comisario superior. Otro que ya se dio por ascendido fue Miguel Domínguez, antiguo jefe de la Fuerza de Acciones Especiales, que ahora figura como jefe de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (Daet), una superestructura que aglutina a ocho divisiones, sobre las que reposa buena parte de la proyección operativa de la PNB. Alias Miguelito ahora se identifica en sus redes como “comisario mayor”.

Este es, presumiblemente, uno de los resultados de un prolongado proceso de “reestructuración” del principal cuerpo armado civil del país. Este camino comenzó con un decreto emitido por Maduro en abril de 2021. Entre sus consideraciones iniciales, la orden presidencial establecía que la PNB debía “retomar el proyecto doctrinario original”, en un contexto que propenda a la “irrupción definitiva del nuevo Estado popular y revolucionario”.

La comisión fue presidida en su primera fase por la entonces ministra de Relaciones Interiores, almirante en jefe Carmen Meléndez. En agosto de 2021, fue reemplazada por el nuevo titular de la cartera, almirante en jefe Remigio Ceballos. Con estos vaivenes burocráticos, fue necesaria una prórroga al mandato del grupo reestructurador.

Los resultados comienzan a conocerse a cuentagotas, pues hasta el momento no se ha dado una explicación pública detallada sobre el nuevo orden que impera en la Policía Nacional. Es de presumirse, además, que tampoco lo han hecho puertas adentro. En unidades de ese cuerpo en la región policial Centroocidental, por ejemplo, todavía utilizan el esquema de grados vigente hasta la semana pasada.

En teoría, los cuerpos armados del Estado deben regirse por un principio de legalidad. Esta característica es la que permite a sus funcionarios erigirse posteriormente en aplicadores de las leyes (law enforcement). En el caso de la Policía Nacional, una de las normas que debería regir la conformación de su estructura y sus procedimientos es la Ley del Estatuto de la Función Policial. Un texto que ha tenido varias reformas.

La última de ellas, publicada en Gaceta Oficial en septiembre de 2021, elimina la mención a la nomenclatura de los grados policiales, y establece que ello será especificado en un reglamento. Pero hasta ahora el Ejecutivo no lo ha formalizado. Por lo tanto, rige el reglamento de febrero de 2017, con el viejo esquema de rangos policiales, que comienza con los oficiales y tiene en el tope a los comisionados agregados.

Para el coordinador de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, la implantación de una nueva escala de grados en la Policía Nacional no puede hacerse a través de una circular emanada de la dirección.

“Esto tiene que hacerse mediante una ley, que además incorpore una equivalencia entre los grados anteriores y los nuevos grados”, advirtió.

Por otra parte, según Daniels, el general Estrada no puede abrogarse la función de aplicar la nueva nomenclatura, aún si -como lo indica la circular- lo hace por mandato del presidente Nicolás Maduro.

“La ley tiene que habilitarlo para eso. De lo contrario, hay una incompetencia manifiesta”, indicó.

Todo esto configura una situación en la que la Policía Nacional, señalada como modelo para los demás cuerpos preventivos del país, “se está deslegalizando”.

Daniels indicó que el nuevo esquema de grados podría beneficiar a algunos funcionarios, pero también desmejorará las condiciones de otros, que ya tienen un derecho adquirido en virtud de su trayectoria dentro de la institución. Afirmó que en un contexto de legalidad esta situación podría ser litigada en tribunales de lo contencioso administrativo.

Equivalencia con la FANB

La Policía Nacional nació como resultado de un largo debate. Dos hechos impulsaron a la sociedad venezolana a exigir un cambio radical en sus cuerpos de seguridad. El primero, la matanza de estudiantes en el sector Kennedy de Macarao (junio de 2005), y luego el secuestro y asesinato de los hermanos Faddoul Diab y del conductor que los llevaba a la escuela (febrero/abril de 2006). En ambos casos participaron activamente como perpetradores agentes de distintos organismos. Además, hubo intentos de las directivas policiales para encubrirlos. El Gobierno, que fue partícipe del deterioro de los cuerpos uniformados, tomó la iniciativa e instauró la Comisión para la Reforma Policial (Conarepol).

Pero este grupo, conformado esencialmente por académicos, emitió unas recomendaciones que se salían del guion militarista del oficialismo. Y logró que las trazas más gruesas fuesen plasmadas en la primera Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. Pero Chávez no podía aceptar que el principal cuerpo civil armado del país se rigiera por una institucionalidad apolítica. Y promovió por decreto una reforma de esta ley, solo para agregarle la palabra Bolivariana al final del nombre. A partir de allí, comenzó el deterioro.

Luego, un exintegrante de la Conarepol, Luis Gerardo Gabaldón, elaboró la primera versión del Estatuto de la Función Policial, que establecía normas y procedimientos para la actuación y el control, tanto de la PNB como de los demás cuerpos uniformados.

Pronto, el oficialismo comenzó a desvirtuar el trabajo de la Conarepol. En la actualidad, son pocas las policías que no estén dirigidas por militares. La propia PNB solo ha tenido un director civil en toda su historia. Este es un ejemplo de cómo las recomendaciones de este grupo fueron lanzadas al cesto, en forma progresiva.

“La Conarepol fue un trabajo perdido”, sentenció el comisionado Daniel Urpín, quien hasta 2021 fue un importante miembro de la Inspectoría de la Policía Nacional.

Urpín fue procesado y expulsado de esa organización porque supuestamente divulgó datos confidenciales a través de un chat de WhatsApp.

En su criterio, la nueva escala de grados de ese cuerpo fue elaborada principalmente por militares, para militares. Recordó que, cuando él pertenecía a las filas de la PNB, el primero en plantearlo fue el subdirector, coronel Rubén Santiago, quien todavía se desempeña en ese cargo.

Explicó que el propósito fundamental de las nuevas jerarquías es establecer cierta equivalencia con las que hay en la Fuerza Armada Nacional, donde la actual escala de la oficialidad tiene diez grados, desde el teniente al general en jefe.

Urpín indicó que los militares han copado puestos directivos en la PNB. No solo son las posiciones más elevadas. También hay capitanes como jefes de divisiones.

“En la PNB ya se habían distorsionado las jerarquías, porque había funcionarios con el grado de comisionado jefe que tan solo tenían veinte años de servicio. Entonces, que pongan a un general en ese mismo grado es imposible”, explicó.

Pero este es solo un aspecto del deterioro institucional de la PNB. Los estándares fijados por el Consejo Nacional de Policía rara vez son cumplidos. Las “baquías” o normas instauradas en alguna oportunidad por esa instancia son letra muerta. Desde las referidas al equipamiento básico del agente hasta las relativas al traslado de los detenidos. Eso, indicó Urpín, genera un desorden que desvirtúa lo que en su momento se llamó el “nuevo modelo policial”. 

Breves

  • “La salida a todo esto es política y electoral, pero no militar”. En estos términos se expresó el mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres cuando fue presentado ante un juzgado militar, en marzo de 2018. En aquel entonces, el oficial del Ejército fue imputado por supuestos delitos de espionaje, instigación al motín e instigación a la rebelión. Los cargos fueron formulados por los primeros tenientes Elber Montero, Keyla Ríos y María Marcelina Martínez, en un juzgado castrense de Caracas a cargo de la mayor Claudia Carolina Pérez de Mogollón. La pesquisa contra Rodríguez Torres fue dirigida por el coronel Rafael Franco Quintero, a la sazón jefe de investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Vale la pena recordar lo declarado en esa oportunidad por el exdirector de la policía política y exministro de Relaciones Interiores. Con respecto a las imputaciones por un supuesto espionaje, responsabilizó directamente a María Iris Varela y al actual ministro de Petróleo Tareck el Aissami. “Eso fue un plagio de internet”, sentenció. Esta era una señal más de las disputas por el control interno del oficialismo. Dijo, además, que como conocía a jerarcas como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, “cuando he salido al exterior les notifico”. Rodríguez Torres afirmó en su defensa que, debido a su condición de oficial retirado, y al saberse vigilado permanentemente, “he evitado hasta hablar y saludar a oficiales activos, para no causar problemas a nadie”. Los mensajes atribuidos al movimiento de Rodríguez Torres, según las actas del juicio, igual llegaron a los teléfonos de la oficialidad a través de un teniente adscrito a la unidad de Policía Militar con sede en Fuerte Tiuna, desde finales de 2017. Cinco años después, quien fuera uno de los personajes más relevantes del régimen de Maduro (en sus primeros años) fue excarcelado y desterrado a España en un procedimiento exprés. Se trata, además, del primer oficial al que aplican esta receta.
  • Algunos documentos de investigación ligaban al exministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, con el movimiento encabezado por el teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro, quien a principios de 2018 comandaba el batallón de caballería motorizada Ayala de Fuerte Tiuna. Alias RodTor era señalado como un consejero o mentor de Marín y otros comandantes del Ejército, aunque no formaba parte integral de la presunta conjura. El nexo entre los miembros de la promoción “coronel Miguel Vásquez” y el general se habría forjado cuando algunos de los integrantes fueron oficiales de planta de la Academia Militar en tiempos en que Rodríguez Torres fue su director. Pero esto es apenas una presunción, que tiene además algún refuerzo en el tradicional cruce de llamadas y mensajes telefónicos, receta habitual de la Dgcim. Según la narrativa de este despacho, los líderes del llamado Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo, todos ellos militares activos, habían grabado un video “llamando a la desobediencia de los integrantes de la FANB”. Las imágenes serían divulgadas una vez tomadas las instalaciones de Venezolana de Televisión. Pero este manifiesto nunca fue dado a conocer. Esta investigación también fue dirigida por el coronel Franco Quintero (hoy general de brigada, director de Seguridad del aeropuerto de Maiquetía). En los días previos a la salida de RodTor a España, Marín Chaparro protagonizó una huelga de hambre en su celda de la Dgcim-Boleíta.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Criminalidad en Venezuela 2022 (II/II): El retorno de las megabandas, por Javier Ignacio Mayorca
Las grandes bandas criminales están reagrupándose, con individuos desplazados de otros lugares del país, y otros que regresan del exterior, con conocimientos y conexiones internacionales

 

@javiermayorca

En la madrugada del 10 de enero, seis hombres que portaban armas largas y cortas sometieron a dos funcionarios policiales y a uno de la Guardia Nacional, que custodiaban un comedor del sector Las Rosas, en Las Tejerías.

Los asaltantes no se llevaron nada de la comida almacenada en el lugar. En cambio, cargaron con las pistolas reglamentarias de los funcionarios policiales (Beretta PX 4 Storm, calibre 9 milímetros), los chalecos antibalas, las gorras y las botas.

Aunque la minuta correspondiente al caso no identifica a los perpetradores, es bien conocido que Las Tejerías es un territorio dominado por la banda liderada por Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias Conejo. Este grupo no solo es conocido por haber ejecutado varios ataques a puestos policiales en ese sector. En febrero de 2022, fue uno de los objetivos de la operación Gran Cacique Guaicaipuro II, toda vez que el hombre más buscado del momento, Carlos Luis Revette, alias Koki, presumiblemente se ocultaba en su feudo.

Koki murió en esa oportunidad. Pero Conejo salió ileso. Luego de un tiempo en bajo perfil, estaría nuevamente en sus andanzas.

El caso de la banda de Gómez Rodríguez sirve para explicar una tendencia general, que ya se vio de forma incipiente en 2021, y que con toda probabilidad marcará una pauta en el año que comienza.

Las megabandas están reagrupándose

Esto no solo sucede en Caracas, donde los líderes de estas estructuras, Carlos Calderón y Garbis Ochoa (Cota 905) así como Wilexys Acevedo (José Félix Ribas) han sido señalados por diversos delitos, incluido terrorismo. Desde Zulia a Sucre, pasando por Bolívar, Guárico, Apure, Táchira y Aragua, la presencia de las megabandas se hace sentir cada vez con mayor fuerza.

En Zulia, los esfuerzos de Cicpc y el Conas de la Guardia Nacional han sido insuficientes para detener la ola de extorsiones. Uno de cada tres casos reportados en todo el país ocurre en ese estado. Yeico Masacre ahora dice tener un grupo armado. El Caracas es otro. Y los informes policiales indican que hay, por lo menos, otras seis grandes organizaciones.

En Sucre operan avanzadas de bandas de otros lugares como el Tren del Llano y el grupo de alias Zacarías, cuya base está en Tumeremo, que buscan una salida hacia el Caribe oriental. También hay otras cuatro bandas locales que se posicionan hacia Rio Caribe y el Golfo de Paria. En esos lugares opera una organización señalada de robos con privación de libertad, en los que las víctimas han sido atraídas mediante ofertas divulgadas por Facebook Marketplace, tal y como sucede en el centro del país.

En estos procesos de reagrupamiento participan elementos desplazados de otros estados, así como de naciones suramericanas. En esta nueva etapa, entonces, las megabandas nutrirán sus filas con individuos que han regresado de la diáspora, y traerán conocimientos y conexiones con organizaciones similares en los lugares donde permanecieron los últimos años.

En Chile y Perú han optado por expulsar a los venezolanos que sean detectados cometiendo alguna infracción o delito menor. En un caso reciente de secuestro, ocurrido en Zulia, los familiares de la víctima recibían llamadas desde una línea registrada en Colombia. Pero la víctima siempre estuvo en ese estado fronterizo.

Marcola y Niño Guerrero

Estos procesos de reagrupamientos y alianzas criminales no son exclusivos de Venezuela. Tampoco se dan de la noche a la mañana. Las pandillas centroamericanas, denominadas maras, engrosaron sus filas con individuos que emigraron a la costa oeste de Estados Unidos, huyendo del conflicto armado de los años ochenta del siglo pasado. Luego de pagar condenas en California, Nuevo México y otros estados, regresaron a sus lugares de origen, y establecieron verdaderas estructuras de delito organizado transnacional. Eventualmente, las maras fueron declaradas amenaza a la seguridad nacional estadounidense.

Algo similar comenzaremos a ver en el país. La prensa brasileña, por ejemplo, ya ha señalado la existencia de una alianza entre una de las principales mafias, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Tren de Aragua. Ambas organizaciones tienen un importante factor en común: que sus liderazgos están en prisión. Lo que no les impide continuar fortaleciéndose. Allá, Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola, y de este lado Héctor Guerrero Flores, Niño Guerrero.

¿Adiós a la selectividad?

En 2022 hubo un interés en el Ejecutivo por mantener cierta selectividad en cuanto al uso de la fuerza letal.

Las cifras conocidas extraoficialmente revelan una disminución de los muertos por “intervención legal” a lo largo de todo el año, con respecto a los años anteriores. Fueron en total 1113 fallecidos. Sin embargo, este número sigue siendo muy elevado si se compara con los de otros países. En EE. UU., donde hay 335 millones de habitantes, hubo 1061 muertes por policías.

El régimen ha mitigado la mortandad al sentirse objeto de vigilancia internacional. Las cifras de fallecidos en casos de resistencia a la autoridad comenzaron a bajar luego del primer informe de la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU, lo que llegó en forma casi simultánea al anuncio de la Corte Penal Internacional sobre la continuación de las averiguaciones en el caso Venezuela 1.

Pero este efecto podría diluirse. Al aproximarse el período electoral, la preocupación por los embates de la delincuencia vuelve a subir en la población. Un sondeo de Consultores 21 presentado en noviembre indicaba que cuatro de cada diez personas fueron victimizadas por delincuentes. Un porcentaje extremadamente elevado, que podría transformarse en un motivo adicional de rechazo a la gestión de Maduro.

Frente a esto, es poco lo que el Ejecutivo puede ofrecer, más allá de las soluciones ya vistas, que podríamos resumir con la frase “matar primero, averiguar después”. Y estas muertes se presentarán como logros por la policía, en especial si se trata de casos de resonancia. Como sucedió a principios de año con el asalto y agresión a la cantante Rummy Olivo.

Breves

  • El 20 de diciembre, la prensa independiente del país comenzó a informar sobre la desaparición de 21 venezolanos, mientras navegaban entre San Andrés (Colombia) a la Isla de Maíz (Nicaragua), con el aparente propósito de llegar a Estados Unidos. La información suministrada inicialmente por la Organización Nacional de Salvamento (Onsa) indicaba que estos venezolanos y dos colombianos habían zarpado el 17 de diciembre para recorrer el trayecto de 150 kilómetros. El 29 de diciembre, la delegación Maracaibo de la policía judicial recibió la denuncia formal sobre la desaparición de cinco personas, que posiblemente iban en esa lancha: Sabrina de los Ángeles Padilla Rojas, de 15 años de edad; Arón Jesús Portillo Rojas, de 10 años; Elibeth Juliana Padilla Rincón, de 32 años; Nelsimar Carmelita Rojas García, de 35 años, y Sofía Valentina García Padilla, de un año de edad. Los deudos de estas personas aportaron detalles sobre la estructura que opera en Venezuela para captar a quienes quieren emigrar a territorio norteamericano. En primer lugar, los pasajeros pagaron un “paquete viajero” por dos mil dólares a un grupo de sujetos caracterizados como “coyotes”, cuya existencia fue advertida en una entrega de este mismo espacio el pasado mes de agosto. El 7 de diciembre comenzó la travesía. Los migrantes salieron de la capital zuliana en un Chrysler Neón verde, conducido por un sujeto de apellido León, que llevaba de copiloto a alias Zurdo. En Maicao fueron recibidos por otro chofer de apellido Villegas, quien los llevó a Medellín. A él transfirieron el equivalente a 2600 dólares, a través de una cuenta de Bancolombia. Con esta plata compró los boletos aéreos para San Andrés. El 10 de diciembre, indica la información manejada por Cicpc, llegaron a la isla en el Caribe colombiano. Durante una semana, el anfitrión, que decía llamarse Enzo, les impartió charlas de supervivencia en navegación. De nada sirvió. La comunicación con los familiares se perdió el propio día del zarpe. Después, pescadores nicaragüenses encontraron pertenencias de los migrantes, así como el casco de la lancha. Los cadáveres no han sido recuperados.
  • Mucha confusión se ha generado con la inminente exigencia de la denominada “certificación de saberes” para conductores. Todo surge de una “norma” implantada por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre en una Gaceta Oficial publicada el 1 de marzo de 2021. Allí se indica que este nuevo requisito será exigido a los profesionales del volante a partir del 1 de marzo de 2023. En principio, entonces, no se trataba de una decisión aplicable a todos los conductores, sino solo a quienes ejercen un manejo profesional. Ahora, el propio INTT publica un aviso en el que dicha certificación también será exigida a quienes tramiten la licencia por primera vez, independientemente del uso que den a este permiso. Por otra parte, hay ciertos costos asociados a la obtención de esta certificación de saberes. Hay que aprobar un curso en una escuela autorizada para impartirlos. Una lista suministrada por el propio organismo indica que en todo el país solo hay 36 “escuelas de transporte autorizadas”. En Libertador hay tres, y otras nueve en Miranda. Muchas de ellas, como la del Sitssa y el Metro, pertenecen al propio Gobierno. Ninguna de ellas imparte cursos para licencia de segundo grado, requerida para manejo de motocicletas. En una “autoescuela” con sedes en Libertador y Chacao informaron que el curso cuesta 130 dólares y dura cuatro días. Cada día consta de una sesión de hora y media. “Luego, si se aprueba, notificamos al INTT y ellos emiten la certificación por correo electrónico”, informó una empleada. Además, hay que pagar a Tránsito Terrestre el costo asociado a la tramitación del documento. Todo esto configura una situación en la que los conductores, tanto principiantes como profesionales, desde los taxistas hasta los camioneros, se verán sometidos a enormes presiones a partir del 1 de marzo, en especial por los funcionarios que comenzarán a exigir el cumplimiento de este requisito. Desde luego, el riesgo de abusos, extorsiones y concusiones estará a la vuelta de la esquina.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Criminalidad en Venezuela 2022 (I/II): después de la peste, por Javier Ignacio Mayorca
Los intentos de normalización de la actividad económica han ocasionado un aumento general de los delitos, especialmente en las grandes ciudades del país

 

@javiermayorca

En el primer trabajo publicado el año pasado en este mismo espacio, se advertía que en 2022 iba a repuntar la criminalidad violenta con respecto a lo registrado en el país durante la pandemia por el Covid-19.

Doce meses después, esta afirmación parece casi una obviedad. Solo los burócratas de distintos pelajes se atreven a afirmar contra toda evidencia que el delito ha disminuido. Basta con asomarse a las calles del país para percatarse de la mayor frecuencia de los robos, lo que acarrea mayores probabilidades de lesiones y, por supuesto, homicidios.

Era lógico que esto sucediera. Con la llegada de la postpandemia, y la eliminación de las cuarentenas, se facilitó la circulación de personas, en especial en Distrito Capital, Miranda y grandes ciudades como Barcelona, Maracay, Valencia, Barquisimeto y Maracaibo. Esto alimenta la percepción de cierta recuperación económica, y genera las condiciones tanto objetivas como subjetivas para la multiplicación de los delitos.

Estos párrafos sirven de introducción para el análisis que se propone sobre el comportamiento de la criminalidad en el país durante el año 2021.

Más personas afectadas por el delito

En 2022 la criminalidad en general tuvo importantes incrementos. Las manifestaciones violentas aumentaron en más de 18,3 % con respecto al año precedente. Esto engloba a los homicidios, las lesiones personales, los robos genéricos y de vehículos, las violaciones sexuales y los secuestros. Aunque los homicidios muestran una leve disminución hasta noviembre, las lesiones personales han tenido un aumento considerable (+33 %). Muchas de estas víctimas quedaron gravemente afectadas, y lamentablemente podrían engrosar el número de fatalidades.

De la misma forma, las denuncias sobre robos genéricos y de vehículos se elevaron en más de 18 %.

En materia de secuestros, hay una merma de 20 % en la cifra de casos conocidos y procesados. Pero este dato debe ser visto con cautela. Hay evidencia de un interés deliberado por no consignar en la estadística algunos casos.

En cuanto a la criminalidad no violenta, el incremento ha sido más acentuado. Las cifras de hurtos genéricos y de vehículos tienen una diferencia de +28 % con relación a lo reportado en 2021. Los principales afectados en cuanto al monto de las pérdidas han sido los comercios privados, especialmente las ventas al detal, las oficinas y las dependencias del Estado, donde el denominado “hurto hormiga” ha adquirido las dimensiones de un saqueo.

Criminalidad con horario extendido

El delito en general, y en especial el violento, va a la zaga de la actividad económica. Las cuarentenas implantadas durante la pandemia por el covid-19 llevaron los delitos a una zona gris, donde era muy complicado establecer alguna tendencia en cuanto a las horas de ocurrencia. Lo poco que se conocía hacía suponer que el mayor riesgo se presentaba alrededor de las 9 a. m.

Los primeros cambios se verificaron cuando fueron extendidas las jornadas de atención en los bancos y entidades públicas. Entonces, las horas de los delitos tuvieron dos “picos”: entre 7 a. m. y 9 a. m., y luego alrededor de las 3 p. m.

Ahora, los delitos (sobre todo los violentos) aumentan su frecuencia en las primeras horas de la mañana; luego bajan un poco y vuelven a subir al mediodía, para descender nuevamente y elevarse entre las 4 p. m. y las 6 p. m. En las ciudades intermedias y pequeñas prevalece el delito mañanero. Esta dinámica tiende a parecerse a la que se veía en el país hasta 2017.

Golpes a objetivos “blandos”

En el primer trabajo de este año, se advirtió que los delincuentes habían diversificado sus objetivos. Además de las divisas y los metales preciosos, el bolívar había adquirido cierto atractivo. La lógica llevaba a concluir que los bancos y transportes de valores podían ser presa de la delincuencia.

Este escenario no se concretó, probablemente porque las entidades financieras y los vehículos blindados son vistos por el hampa como objetivos “duros”, altamente resguardados. Además, se han percatado de la posibilidad de obtener ganancias elevadas con bajos niveles de riesgo. Por ejemplo, en Apure y Barinas están al acecho de los obreros que trasladan las remesas con las ganancias de las ventas del ganado y los lácteos. El 22 de diciembre, por ejemplo, interceptaron a un hombre de 64 años de edad en la vía a Achaguas (Apure) cuando trasladaba más de 10.000 dólares en efectivo. Buena parte de ese dinero proveniente de una venta de quesos.

En los centros urbanos, alrededor del 20 % de los asaltos reportados ocurre en viviendas, donde el objetivo más codiciado es la moneda extranjera.

Expansión internacional de las bandas

2022 fue el año de la presencia internacional de las bandas venezolanas. Desde luego, este no es un proceso que pueda desarrollarse en tan solo doce meses. Hay evidencias de que organizaciones criminales surgidas en el país, especialmente las de Zulia, pusieron un pie en Colombia en 2021 e incluso antes de la pandemia, aprovechando las oleadas de ciudadanos que huían de la emergencia humanitaria compleja.

Sin embargo, en 2022 hemos visto cómo las autoridades de los distintos países, desde Chile hasta México, han reaccionado ante la presencia de criminales venezolanos. En edición anterior, se hizo una referencia a la organización surgida en la Cota 905, que ha logrado enviar a integrantes a Colombia e incluso España. Ahora, toca mencionar a la que quizá sea la megabanda venezolana más extendida, el Tren de Aragua.

El 25 de noviembre, la fiscalía general de Colombia emitió un comunicado en el que caracterizó al Tren de Aragua como “un grupo armado organizado transnacional de origen venezolano que se dedica al tráfico de personas, explotación sexual, narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidio, entre otros delitos”.

De acuerdo con ese despacho, la megabanda tiene presencia en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, además de su país de origen. Curiosamente, no se mencionó a Chile, cuyas autoridades adelantan pesquisas contra el mismo grupo, por tráfico de personas y de drogas. Entonces, se habla de una estructura ilegal con presencia en por lo menos seis naciones.

La declaración del Ministerio Público neogranadino fue emitida a propósito de la detención de dos supuestos integrantes de la organización en Nariño: Richard Yonjairo Reañez Cerven, alias JJ, y Orlandys Daniela Sánchez Gómez, alias La Mona, señalados de extorsionar a los propietarios de locales nocturnos, mediante la transmisión de amenazas videograbadas. Los colombianos han avanzado en la comprensión del proceso que permitió el desplazamiento de integrantes de este grupo desde Venezuela a localidades de por lo menos cinco departamentos colombianos. Un reporte de la cadena Cablenoticias, basado en fuentes policiales, indicó que muchos de estos individuos salieron de las prisiones venezolanas gracias a los beneficios de la llamada “revolución judicial”, decretada por Maduro en junio de 2021, e inmediatamente abandonaron el país, para juntarse con individuos que participaron en avanzadas previas de la misma banda.

Cabe destacar que la ola de asesinatos en la capital neogranadina, atribuida al Tren de Aragua, comenzó en octubre del año pasado. Tres meses antes, en agosto, una masacre de cuatro personas en Pueblo Nuevo (Norte de Santander), puso en alerta a las autoridades. Por este caso, fueron emitidas órdenes internacionales de búsqueda y captura contra Jhoswar Saúl Hernández Sanabria, alias La S, y Luis Felipe Colmenares Mojica, Pipe, quienes todavía están en libertad.

El Tren de Aragua dará mucho de qué hablar. Llama la atención que el régimen de Maduro se mantenga de brazos cruzados ante las acciones de un grupo cuyo liderazgo opera desde una instalación supuestamente controlada por el Estado. Hasta ahora, las autoridades solo han emprendido tímidas operaciones de contención a los aliados del Tren, en Aragua y los Valles del Tuy.

Poco falta para que la organización comandada por Niño Guerrero sea detectada en EE. UU. Es solo cuestión de tiempo. En las oleadas de emigrantes que cruzaron el Darién este año probablemente hay integrantes de la banda, o individuos que quieren pertenecer a ella. Y el mercado estadounidense resulta demasiado apetecible, como para dejarlo abandonado.

Sobre este punto volveremos en nuestra próxima entrega, junto con otras consideraciones en cuanto a lo que podrá ser el comportamiento de la criminalidad en el país durante 2023.

Breves

  • El 22 de diciembre, el fiscal acusador en el caso por lavado de dinero contra Alex Saab, Kurt Lunkenheimer, consignó en la corte del Distrito Sur de Florida un listado de 39 evidencias que serían ventiladas durante la audiencia para discutir el supuesto estatus diplomático del empresario barranquillero. Además de las comparaciones de los pasaportes que Saab tenía al momento de su detención en Cabo Verde, emitidos por Colombia y Venezuela, están varias ediciones de la Gaceta Oficial y otros documentos. Hay, además, una declaración acordada entre los acusadores y los defensores en este caso, sobre la participación de Saab como informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), algo que ya ha sido tratado en ediciones anteriores. En esta oportunidad, se condensa el proceso en los siguientes términos: Saab se reunió seis veces con funcionarios de la agencia estadounidense, entre agosto de 2016 y abril de 2019. El 27 de junio de 2018, firmó un acuerdo de cooperación con ese despacho. A partir de entonces, fue una “fuente activa de aplicación de la ley”. En las oportunidades en que se reunió con los agentes, nunca invocó su presunto estatus diplomático, pero sí detallaba la forma como pagaba sobornos a funcionarios venezolanos, especialmente en abril de 2019. Las ganancias de estas negociaciones sumaron 12,6 millones de dólares. Fueron cuatro transferencias hechas por Saab a una “cuenta bancaria controlada por la DEA”. En la audiencia, el juez Robert Scola fue consistente con la línea mostrada por las instancias judiciales norteamericanas, y descartó las mociones para que fuese reconocido el supuesto estatus diplomático del comerciante colombiano. Básicamente, esa es una atribución del Poder Ejecutivo, no de los tribunales.
  • Mientras este juicio tiene su curso en EE. UU., en Venezuela corre un lapso de 60 días otorgado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia para que el gobierno estadounidense formalice la solicitud de extradición de Leonard Glenn Francis. Este hombre, de 58 años de edad y conocido como Fat Leonard, fue capturado el 20 de septiembre por agentes de la policía judicial adscritos a Interpol, señalado por asociación ilícita para cometer un soborno, soborno y asociación ilícita para defraudar a EE. UU. La orden de captura internacional precisa que Francis supuestamente se apropió de 35 millones de dólares, mientras era presidente ejecutivo de Glenn Defense Marine, una empresa registrada en Singapur que ofrecía servicios de auxilio naviero por contrato con la Armada estadounidense en el océano Pacífico. Básicamente, la compañía suministraba artículos y servicios a los buques y submarinos militares cuando llegaban a los puertos asiáticos, y cobraba facturas con sobreprecios. Desde luego, en este caso participaban otros individuos de la misma empresa, así como integrantes de la Marina estadounidense. Cuando lo capturaron en Maiquetía, Francis se disponía a viajar a Margarita, y desde allí tomaría un vuelo a Moscú. El lapso para formalizar la petición de extradición finalizará la primera quincena de enero.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Agentes extranjeros, por Javier Ignacio Mayorca
¿Cómo termina el dinero de Petróleos de Venezuela en las cuentas de procesados por la justicia estadounidense? Aquí la historia

 

@javiermayorca

En 2017, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) contrató a un dudoso grupo para detener el deterioro de las relaciones con el gobierno de Donald Trump. A la vuelta de unos meses, el clima bilateral había empeorado aun más, y el dinero pagado por la estatal venezolana terminó en los bolsillos de individuos procesados por la justicia de ese país.

El nombre más importante de la lista es sin duda David Rivera, un excongresista de Florida por el partido Republicano. La primera semana de diciembre, este hombre de origen cubano fue apresado en Atlanta, luego de ser imputado por el incumplimiento de una ley estadounidense que obliga a registrar ante el Departamento de Justicia a todas las personas que intentan ejercer algún tipo de influencia en ese país, en nombre de agentes foráneos.

La detención de Rivera fue precedida por una sucesión de litigios civiles, en los que la estatal petrolera venezolana intentaba -al menos de manera formal- resarcir el daño ocasionado a sus arcas por lo que considera un incumplimiento del contrato firmado con Rivera durante la era Trump.

Estos juicios revelan que una parte importante del dinero entregado al exlegislador engrosó las cuentas de Raúl Gorrín Belisario, un empresario de medios venezolano íntimamente ligado al gobierno de Nicolás Maduro, que aparece como investigado en numerosos expedientes por lavado de dinero en EE. UU. En uno de ellos figuran en calidad de coacusados Claudia Patricia Díaz y Adrián Velásquez, quienes fueran la enfermera de cabecera y escolta de Hugo Chávez. Ambos fueron hallados culpables en una corte de Florida por el blanqueo de capitales procedentes de sobornos en el aprovechamiento del régimen de cambio diferencial que imperó en Venezuela desde 2003.

Además de Gorrín, varios millones de dólares fueron entregados a Hugo Perera, un hombre de origen cubano convicto por tráfico de drogas para el extinto cartel de Cali. Luego de purgar ocho años en una prisión estadounidense, Perera registró empresas dedicadas al desarrollo de proyectos inmobiliarios en Florida.

En Venezuela, Perera y otros fueron noticia a finales del siglo pasado, a propósito de una pesquisa del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, sobre una presunta legitimación de capitales a través del llamado Casino del Mar y del lujoso condominio The Hills. Ambas empresas de Margarita.

A Perera nunca lo detuvieron por esta investigación. Luego de los allanamientos de la GN, los promotores de The Hills se vieron involucrados en diversas demandas. Hoy en día, solo quedan ruinas en la hermosa colina de Pampatar donde alguna vez se mostraban las casas a los ricos y famosos de la época.

Registro de lobbystas

Los primeros indicios de lo sucedido fueron aportados en una demanda civil que intentó PDV USA contra una compañía de Rivera, Interamerican Consulting, el 13 de mayo de 2020, es decir, 34 meses después de la firma del contrato que, según la estatal venezolana, había sido incumplido.

Según el acuerdo laboral, Rivera recibiría cincuenta millones de dólares por sus gestiones para mejorar “la reputación y posición de largo plazo” de Pdvsa en EE. UU.

Los pagos se harían en seis fracciones a lo largo de los seis meses siguientes.

En esos días, Pdvsa era el foco de varios casos de corrupción, como los desfalcos de Roberto Rincón y Abraham Shiera. Además, se había determinado que esta empresa era “instrumental” en la consecución de diversos propósitos políticos, tanto adentro como afuera del país. Uno de ellos era el presunto financiamiento a movimientos subversivos, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La administración Trump acentuaba sus decisiones en la estrategia conocida como “máxima presión”. Con ese objetivo, en la Organización de Estados Americanos (OEA) se promovía la aplicación de la Carta Democrática contra el régimen de Maduro.

De manera que el mejoramiento de la imagen de la estatal petrolera era, hasta cierto punto, beneficioso para la reputación general del gobierno venezolano.

En representación del PDV USA, el contrato fue firmado por su presidente Guillermo Blanco.

No está claro por qué Pdvsa contrató a un lobista que ni siquiera tenía autorización para ejercer este oficio en su país. Según la base de datos Statista, en Estados Unidos 11.555 personas tenían la licencia correspondiente en 2017. En 2021 la cifra había ascendido a 12.137. Con base en este universo, pudo hacerse una escogencia apropiada.

La estatal venezolana canceló quince millones de dólares: cinco millones con la firma del contrato, y otras dos fracciones por la misma cantidad, que cubrían sus obligaciones hasta finales de abril de 2017. Entonces, al ver que el grupo de Rivera no cumplía con su parte del trato, cesó los pagos.

Durante las averiguaciones posteriores, se determinó que Rivera solo retuvo dos millones de dólares. Lo demás se repartió entre Gorrín, Perera y Esther Nuhfer, descrita por el Miami Herald como una “operadora política” de Florida, que anteriormente había colectado fondos para las campañas de Rivera.

En su defensa, el excongresista afirmó que el dinero fue entregado para el financiamiento de las protestas lideradas por Juan Guaidó.

Pero, de acuerdo con registros tribunalicios, Nuhfer recibió los recursos a través de las cuentas de la compañía Communication Solutions. Gorrín, mediante la cuenta bancaria de Interglobal Yacht Management, se benefició con 3,75 millones de dólares. Perera hizo lo propio a través de las empresas de su propiedad, PG and Associates y Krome Agronomics, y obtuvo 4,85 millones.

Mientras se desarrollaba este reparto, en Caracas aumentaba la inconformidad por los servicios contratados. El grupo de Rivera, indica la demanda, solo entregó dos informes escuetos, que no especificaban detalles de las personas contactadas en Estados Unidos y las gestiones desplegadas en pro del gobierno de Maduro.

Es difícil indicar si Rivera y sus asociados pudieran haber logrado algo más. Durante los días en que se produjo la firma del contrato, Maduro se mostraba conciliador en cuanto al tema estadounidense. Era probable que las acciones de este lobby pudiesen estar detrás del acercamiento entre el oficialismo venezolano y el representante republicado por Texas Pete Sessions, para que este a su vez sirviera como mediador ante Exxon. Esta transnacional adelanta un litigio ante un tribunal de arbitraje por la expropiación de sus activos, decretada durante el gobierno de Chávez. Más allá de eso, no hay evidencia de ningún otro logro.

La acusación penal planteada contra Rivera también incluye como imputada a Nuhfer. El argumento en contra de ellos es el mismo invocado en 2007 para enjuiciar a los venezolanos Franklin Durán, Moisés Maiónica y Carlos Kauffmann, así como al uruguayo Rodolfo Wainseele, por intentar presionar al empresario Guido Antonini Wilson, en el famoso caso del maletín que llevaba 800.000 dólares. En ambos expedientes, los acusados omitieron la obligación de notificar su actividad, tal y como lo establece el Acta de Registro de Agentes Extranjeros.

El caso contra Rivera y Nuhfer, dado a conocer el 16 de noviembre, promete testigos de muy alto perfil.

Breves

  • El 1 de diciembre, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia aprobó la solicitud de extradición de la venezolana Anyeli Díaz da Silva, señalada de participar activamente en la organización que antaño comandó Carlos Luis Revette, alias Koki. Díaz se encuentra detenida en España, en atención a una notificación roja cursada a través de Interpol. En concreto, le imputan secuestro y extorsión agravados, obstrucción a la libertad de comercio, terrorismo y asociación para delinquir. La sentencia elaborada por el abogado Maikel Moreno contiene las reproducciones textuales de actas policiales, confusas y con pésima redacción. Aun así, confirma un dato clave para explicar cómo hizo la organización de la Cota 905 para prolongar sus actividades por tanto tiempo: en ella había –o hay– “integrantes policiales”, cuyas identidades no fueron reveladas en la sentencia. Otros informes sobre este grupo a los que se ha tenido acceso señalan la presunta participación de elementos de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional Bolivariana, no como líderes sino más bien como aportadores de información. Este punto explicaría cómo hacían los seguidores de Revette para disponer de “alertas tempranas” en torno a los operativos de cuerpos de seguridad, así como también aprovisionarse de uniformes policiales y militares, y armas de guerra. De igual manera, se ha podido conocer extraoficialmente que otros integrantes de esta banda fueron localizados en Colombia. Las investigaciones han precisado que la estructura criminal –dirigida por Carlos Calderón y Garbis Ochoa, tras la muerte de Revette– cuenta con otras cuarenta y dos personas, plenamente identificadas. De ellas, siete son mujeres.
  • El exgobernador de Bolívar, general de división retirado Francisco Rangel Gómez, adelanta un litigio para que sea “revisada” y, en última instancia, revocada la decisión del gobierno de Canadá de incluirlo en la lista de sancionados. Este proceso judicial ha tenido varias incidencias. En agosto de 2020, la canciller canadiense (Chrystia Freeland) rechazó una solicitud expresa del oficial, quien había alegado una presunta violación a su derecho al debido proceso. El país norteamericano sancionó a Rangel Gómez en noviembre de 2017 por presuntos “actos significativos de corrupción” durante su participación en la administración pública, primero como presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (2001-2004) y luego como mandatario regional (2004-2017). Esta medida precedió a una similar tomada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. Una sentencia emitida en noviembre de 2021 indica que, para los canadienses, el exgobernador “fue responsable o cómplice en la aceptación de sobornos significativos a cambio de contratos gubernamentales, por la apropiación de bienes públicos para ganancia personal, por actos de corrupción relacionados con la extracción de recursos naturales y por transferir las ganancias de esa corrupción afuera de Venezuela”. Tales irregularidades, indicó el gobierno canadiense ante una consulta del propio Rangel, pudieron servir para financiar su reelección a la gobernación en 2008. El oficial argumentó en su defensa que, durante su gestión al frente de la gobernación, no se involucró en los programas del gobierno de Nicolás Maduro. Como si Venezuela fuese una auténtica república federal. También exigió a los canadienses mayor precisión en los señalamientos de irregularidades administrativas. Al finalizar su mandato en Bolívar, Rangel se mudó a México. Dijo que la sanción canadiense “ha dañado su reputación”, al tiempo que le ha impedido abrir cuentas bancarias, financiar su plan de atención médica y la adquisición de un vehículo. Los canadienses no han comprado estos argumentos, así como otros consignados por el exgobernador, quien asegura que ha respaldado «el retorno a la democracia en el país”. Rangel se vio obligado por orden tribunalicia a pagar 7000 dólares canadienses en costas procesales.

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Crímenes sin Castigo | Populismo punitivo, por Javier Ignacio Mayorca
En un intento por ganar aplausos, el fiscal designado por la extinta ANC planteó aumentar al máximo las penas para los culpables de abuso sexual a menores de edad. ¿Es esa la solución?

 

@javiermayorca

El 24 de noviembre, el fiscal designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, planteó una reforma legal a la que, en principio, parece difícil oponerse: incrementar hasta el máximo posible las penas para los culpables de abuso sexual contra niños y adolescentes.

Saab lanzó esta propuesta en la solemnidad de los actos por el aniversario de la institución, que él encabeza gracias a las carambolas que da la política venezolana. Es evidente el esfuerzo por ganar voluntades a su causa, y de paso hacer que se olvide su cuestionado origen. En esta oportunidad, aprovechando el estupor ocasionado en el país por la divulgación de un video, en el que un niño aparece sometido por un grupo de mujeres mayores, que no escuchaban su llanto y lo mantenían apisonado entre sus piernas.

Este grotesco episodio levantó sensibilidades en la opinión pública, que no pasaron inadvertidas por Saab. El funcionario, incluso, se permitió sugerir la posibilidad de establecer penas aun más prolongadas para casos como este, que rebasarían las tres décadas tras las rejas.

Un sector de la población, ávido de justicia, probablemente aplaudiría una reforma a la carta magna, para instituir la cadena perpetua e incluso la pena capital. Algo que sería necesario, de acogerse plenamente la iniciativa de Saab.

Esta discusión, por cierto, se plantea de forma cíclica, cuando nos enteramos de episodios como el del referido infante, en una vivienda de Barquisimeto.

Debido a la imposibilidad de ofrecer al país soluciones creativas y efectivas, el oficialismo ha caído repetidamente en la tentación de reformar leyes para implantar penas de prisión más prolongadas, en algunas oportunidades, y en otras elaborar textos para transformar en delitos conductas que anteriormente eran simples faltas.

Los ejemplos abundan. En el año 2000 entró en vigencia una ley especial sobre el robo y el hurto de vehículos, que fijaba penas de hasta dieciséis años de prisión para quienes acudieran a la violencia para apropiarse de autos, motos o camiones. Anteriormente, se aplicaba lo dispuesto en el viejo Código Penal. De manera que la sanción máxima posible se incrementó en 100 %.

Pero el robo y el hurto de vehículos no disminuyó. Por el contrario, se mantuvo en ascenso casi constante durante los catorce años siguientes. Los individuos dedicados a esta actividad tampoco se enteraron de que, a partir de 2005, tendrían lapsos de prisión todavía más largos, si se determinaba que formaban parte de una organización criminal. Solo la dramática merma del parque automotor, producto del derrumbe económico nacional, mitigó las cifras de vehículos apropiados por el hampa.

Otro ejemplo es el de las armas de fuego. Hasta hace poco tiempo, Venezuela figuró entre los tres países con las tasas de homicidios más elevadas del planeta. Esto sucedía en parte gracias al uso intensivo de revólveres, pistolas, escopetas, fusiles y granadas. Todo que sirviera para matar de forma rápida llegaba (y llega) sin problemas a las manos de los delincuentes, a pesar de que durante los últimos veintidós años hemos tenido tres legislaciones especiales en materia de armas y municiones.

Según el criminólogo Freddy Crespo, esta práctica de instituir delitos e implantar penas de prisión cada vez más rigurosas se conoce como “populismo punitivo”. Se fundamenta en una noción equivocada: que el establecimiento de sanciones privativas de libertad cada vez más duras servirán como disuasivo para los delincuentes.

“Hay pruebas empíricas que demuestran que el incremento de las penas no mitiga la motivación para delinquir. Por el contrario, puede incrementarla”, advirtió el docente, que en 2015 presentó un estudio sobre esta materia, titulado Privación de libertad y sociología del medio carcelario en Venezuela.

La propuesta de Saab sugiere una reforma parcial a la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), donde el abuso sexual contra personas de este segmento de población tiene penas que van hasta ocho años de prisión, y que se incrementan hasta los veinte años de presentarse circunstancias agravantes.

Esta ley, vigente desde 2007, fue descrita en su momento como un “desarrollo” de disposiciones que anteriormente también estaban en el Código Penal, y que preveían sanciones hasta los diez años de prisión.

Aun así, los abusos sexuales también se han incrementado. De acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, en los primeros nueve meses de este año fueron iniciadas 1199 averiguaciones por delitos de esta índole, contra niños y adolescentes. Esto representa un alza de 69 % con respecto al año anterior, cuando la población apenas salía de las cuarentenas por el covid-19.

Según fuentes policiales, uno de los aspectos más llamativos de los abusos sexuales en el país tiene que ver con los victimarios. Por regla general, los expertos indican que en los casos de menores de edad los abusos generalmente son cometidos por personas del círculo familiar. Pero en el país solo el 25 % entra en esta categoría. La gran mayoría de los perpetradores tuvo un contacto previo con sus víctimas, que los investigadores describen como “casual”, pero no están ligados a ellas por nexos de consanguinidad. Por otra parte, en un país caracterizado por la impunidad, no es excepción que en más de la mitad de los abusos sexuales no se logre la identificación plena de los agresores.

Crespo sostuvo que el mejor antídoto contra este tipo de delitos no radica en colocar a los victimarios tras las rejas hasta el fin de los tiempos.

La alternativa del Estado es trabajar en la escuela, con mucha educación sexual. Algo que nunca ha existido. Este tipo de delitos se ha normalizado (…) Hay que educar y culturizar en muchos aspectos. La función del Estado tiene que estar concentrada allí, con un tratamiento particular y con profesionales capacitados para detectar situaciones”, indicó.

Añadió que las víctimas de abuso muestran señales específicas, detectables en el ámbito escolar.

“Que un maestro a veces no lo detecte no es porque tiene muchos niños. Es que no tiene la capacitación, o que ve todo esto como algo normal”, afirmó.

Breves

  • La Policía Nacional inició el reclutamiento de funcionarios jubilados o retirados en forma prematura, como parte de un proceso destinado a incrementar su pie de fuerza. Los aspirantes pueden haber laborado en ese mismo cuerpo, o en policías estatales o municipales. Con esta decisión, se pretende contrarrestar el efecto de las bajas masivas que, según cálculos internos, han mermado en 30 % el contingente de la PNB. Desde luego, está presente el riesgo de que reingresen sujetos expulsados por corruptelas o uso indebido y desproporcionado de la fuerza. De allí que soliciten la consignación de una carta de buena conducta y antecedentes limpios, como requisito indispensable para el reingreso. Pero la experiencia reciente indica que estos documentos son falsificables, o que incluso pueden ser gestionados a cambio de unos pocos dólares. La carencia de efectivos ha obligado a la PNB a disminuir o cesar momentáneamente algunos de sus servicios, como los del Metro de Caracas y las vías expresas.
  • El tribunal de La Haya rechazó el recurso intentado por una mujer bisexual venezolana, a la que le negaron el asilo en el Reino de los Países Bajos. El juzgado avaló la decisión gubernamental, al considerar que los argumentos de la solicitante eran “creíbles, pero insuficientemente importantes”. Ella sostuvo que en Venezuela “las personas LGBTI sufren violencia, están prohibidas en ciertas áreas públicas, como centros comerciales y parques, y son discriminadas en ciertos sectores y también en la distribución de alimentos”. Nuevamente, en el juicio surgieron las informaciones en torno a los grupos armados que respaldan al régimen: “La militarización de la seguridad civil y la participación de colectivos armados en labores de seguridad ha incrementado la violencia y contribuye a un aumento constante de ejecuciones extrajudiciales. (…) los colectivos habitualmente cometen actos de violencia contra los civiles, en particular durante las protestas antigubernamentales. Intentan, con el apoyo del gobierno, intimidar a los votantes”. Igualmente, indicó la demandante, estas organizaciones han participado en “tomas ilegales de viviendas y establecimientos comerciales durante la pandemia”. Uno de los aspectos a discutir en este caso es si la mujer será devuelta a Venezuela o enviada a un tercer país.

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Crímenes sin Castigo | Apretando la mordaza, por Javier Ignacio Mayorca
A pesar de la aparente distensión, en la Venezuela de 2022 se aplica la Ley contra el Odio más que en ningún otro momento

 

@javiermayorca

El 13 de noviembre, la policía judicial informó sobre la detención de dos hombres, señalados de divulgar en sus redes sociales “comentarios que van en desprestigio del presidente actual del Instituto Nacional de Hipismo de Venezuela”.

La presunta víctima de los “comentarios” de Denys Jesús Custodio y Robert José Yánez era, nada más y nada menos, que Antonio Álvarez, conocido como el Potro desde sus tiempos de beisbolista.

Según la información publicada por El Nacional, estas detenciones estarían ligadas a la difusión por Twitter de los abucheos de los que fue objeto el presidente del INH durante un concierto celebrado en el Poliedro, el 3 de septiembre.

La nota policial indica que las detenciones fueron llevadas a cabo por agentes de la División contra Delitos Informáticos, como parte de las acciones para proteger a los “sectores más vulnerables”.

Álvarez, sin embargo, está lejos de formar parte de los grupos carentes de protección. Por el contrario, lo ampara una norma que, justo en noviembre, llega a su quinto año de vigencia en el país. La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente.

El propósito de la ley, según lo indicado en su primer artículo, es “promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación”.

Pero el director de la organización Espacio Público, Carlos Correa, tiene otra perspectiva sobre el propósito de esta norma.

La Ley contra el Odio, indicó, forma parte de una “política de censura, para que la gente tenga miedo y se inhiba de decir cosas”.

El texto legal, entonces, tendría el objetivo fundamental de evitar el desprestigio de los máximos representantes de los poderes públicos, a través de la autocensura.

“Algunos funcionarios se molestan, e intentan acallar las críticas con esta ley”, afirmó.

La OTIC vigila

Desde noviembre de 2017, cuando entró en vigencia el texto legal, hasta mayo de 2021, Espacio Público recopiló cuarenta y cinco casos de personas investigadas o detenidas por el presunto delito de “incitación al odio”.

Según Correa, la gran mayoría de las sesenta víctimas documentadas en esos expedientes eran funcionarios públicos.

Esta organización basó su trabajo en casos conocidos públicamente. Por lo que la cifra real de expedientes penales con seguridad fue mayor. Sin embargo, de acuerdo con informaciones conocidas extraoficialmente, durante los primeros diez meses de este año han sido iniciados 54 expedientes como consecuencia de mensajes considerados como incitación al odio. Este número rebasaría el total correspondiente a los cuatro años anteriores.

En algunos casos, los emisores de estos mensajes están plenamente identificados. En agosto, por ejemplo, se abrió una averiguación por declaraciones del presidente de El Nacional, Miguel Henrique Otero, dadas a través del canal NTN 24 de Colombia, y reiteradas a través de su cuenta Twitter. La minuta indica en términos escuetos que los señalamientos en ese medio “promueven el odio hacia las autoridades del Estado venezolano”. Lo mismo se afirmó en julio para iniciar un caso contra Tamara Sujú, la directora del Instituto Casla, que con frecuencia publica informaciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos, y del medio castrense venezolano.

Pero no todos los investigados divulgan críticas o denuncias. En julio, por ejemplo, la fiscalía 94 nacional abrió un expediente contra el humorista Wilmer Ramírez, por considerar que utiliza sus cuentas Twitter e Instagram para generar animadversión contra miembros del régimen, a través de sus chistes.

Para detectar los mensajes incómodos, el ministerio de Relaciones Interiores montó una estructura de vigilancia. Se llama Oficina de Tecnología de Información y la Comunicación (Otic). Figura como órgano actuante en dieciséis casos conocidos entre enero y octubre. La revisión periódica a las redes sociales y páginas web la denominan “patrullaje cibernético”. Una expresión que también fue asumida por despachos de la policía judicial.

Twitter, la red social recientemente adquirida por el empresario Elon Musk, pareciera ser la plataforma más monitoreada. De allí surgió el 60 % de los casos por incitación al odio de este año. Le sigue Instagram (9 %) y TikTok (5 %). También hubo casos de uso de varias redes (14 %), así como denuncias sobre presuntas campañas a través de correos electrónicos, Kwan y WhatsApp, lo que implica un alcance inusitado, que llega hasta las comunicaciones interpersonales.

La utilización de la Ley Constitucional contra el Odio ha sido denunciada en foros internacionales de distinta índole. En febrero de 2021, un panel de la Organización de Naciones Unidas advirtió que esta norma forma parte de “un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela”.

Según el director de Espacio Público, en regímenes autoritarios como los de Cuba y Nicaragua aplican normas penales para reprimir a los sectores que critican a estos gobiernos. Esto también sucede en Bolivia. Pero ninguno de estos países tiene una ley como la implantada en Venezuela a partir de 2017.

Breves

  • El ELN pareciera avanzar hacia un proceso de atomización similar al que en su momento padecieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A la luz de esta teoría se podría explicar lo ocurrido en la finca Los Zamorucos, ubicada en Elorza (Apure). Su propietario Santos Torrealba denunció que una cuadrilla de elenos invadió este predio por varios días, para posteriormente exigirle el pago de un millón de dólares. La denuncia pública sobre esta extorsión ocasionó tanto revuelo que la Fuerza Armada no tuvo más alternativa que hacer acto de presencia. Anteriormente se había informado sobre otras acciones de revuelo emprendidas por esta guerrilla. En enero, por ejemplo, un frente tomó el poblado apureño de La Gabarra. Pero la extorsión contra el propietario de Los Zamorucos pone al grupo en un plano menos político y más delictivo, similar al que tuvo hasta los primeros años de gobierno de Hugo Chávez. El ELN perpetró varios secuestros de relevancia en el país a partir de 1999. La primera víctima fue Mely Carrero. Debido a ese caso, Chávez designó al capitán de navío retirado Ramón Rodríguez Chacín como un enlace con los guerrilleros. En la Fuerza Armada vieron esta movida como una concesión más a los irregulares que habían ejecutado la mayor masacre contra militares venezolanos, en el puesto de Cararabo (1995). Los seguidores del cura Manuel Pérez asumieron paulatinamente una actitud más silenciosa, que hacía presumir cierta afinidad con el gobierno chavista. Esta proximidad se mantuvo hasta la llegada de Maduro, al punto que desde Miraflores se ofrecieron para servir de garantes en la renovación de las conversaciones de paz con el gobierno colombiano. Por eso llama tanto la atención lo ocurrido en Elorza. Tal parece que algunos elenos encuentran más atractiva la vida en un plan de banda criminal, enriqueciéndose mientras los representantes del Comando Central (Coce) intentan acercarse a la “paz total” de Petro.
  • La defensa de Alex Saab se desmorona. El empresario colombiano, enjuiciado en la corte del Distrito Sur de Florida por lavado de dinero procedente de los sobreprecios en la importación de alimentos y en la construcción de viviendas para el gobierno de Maduro, intenta convencer al juez Robert Scola de que los cargos en su contra deben ser levantados debido a un supuesto carácter diplomático, que le confirió el propio gobernante venezolano. Desde este espacio se ha observado que esta posición ha mutado a lo largo de todo el proceso, iniciado tras la detención del colombiano en junio de 2020. En principio, los abogados de Saab y el propio gobierno de Maduro dijeron que él era un “representante”, luego aseguraron que era un “enviado especial”, y después lo han llamado incluso embajador. La parte acusadora ha tomado nota de estas inconsistencias, y en un documento presentado el 7 de noviembre ante el magistrado Scola observaron que los abogados del empresario ni siquiera lograron que el gobierno de Cabo Verde les creyera en su momento, pues se trataba de una caracterización que iba cambiando a conveniencia. La insistencia de Saab llegó a su clímax en una audiencia de apelación, llevada a cabo en abril. Entonces, los apoderados del empresario consignaron una Gaceta Oficial extraordinaria, fechada 26 de abril de 2018, en la que supuestamente se comprueba que Saab fue nombrado “enviado especial” de Maduro. Aquí la fecha es relevante, pues refiere un acto administrativo previo al desconocimiento de Maduro por EEUU. Pero los fiscales Kurt Lunkenheimer y Alexander Kramer buscaron el original impreso de esta Gaceta, que reposa en la Librería del Congreso de EEUU, y no encontraron ninguna referencia a Alex Saab. De hecho, el documento original no contiene nombramientos. Solo un decreto presidencial que asigna 148 billones de bolívares para cubrir “requerimientos presupuestarios”. A pesar de este revés, los apoderados del empresario continúan exigiendo que el Departamento de Estado entregue las informaciones que haya manejado sobre este controvertido caso.

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Crímenes sin Castigo | Tecnología para mafiosos, por Javier Ignacio Mayorca
El Reino de los Países Bajos extraditó a EE. UU. a un inglés que integraba una red internacional señalada de diseñar y comercializar teléfonos inmunes a toda vigilancia. Entre sus principales clientes estaban, por supuesto, venezolanos

 

@javiermayorca

De la noche a la mañana, los usuarios del exclusivo servicio de comunicaciones Anom encontraron que la web para manejar sus cuentas había sido confiscada, nada más y nada menos, que por solicitud conjunta del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y de la Policía Federal Australiana.

Para aplicar esta medida, no importó que la página de Anom estuviese registrada en un diminuto archipiélago de las Islas Británicas en el Océano Indico. De todas formas, los ingleses también participaban en esta pesquisa internacional, bautizada Trojan Shield.

Ahora, al entrar al dominio de Anom se muestra un formulario. Si el usuario de este servicio es lo suficientemente arriesgado –o ignorante– para intentar la recuperación de su cuenta, deberá llenarlo. Al pulsar la tecla “send”, su información estará en manos de policías de diecisiete naciones.

Anom es una tecnología de comunicaciones que, según registros judiciales de EE. UU. y los Países Bajos, es “de criminales para criminales”.

Entre sus clientes figuran sujetos de la delincuencia organizada transnacional de numerosos países. En la lista, desde luego, no podía faltar Venezuela.

Los detalles de Trojan Shield todavía no son del conocimiento público. Sin embargo, gracias a una declaración del fiscal Randy Grossman, divulgada en junio de 2021, se sabe que la plataforma de Anom era manejada por la policía de investigación estadounidense mucho antes de que la página fuese formalmente confiscada.

Anom, por lo tanto, era un señuelo diseñado para mafiosos.

En ese mismo mes, la Europol afirmó que durante Trojan Shield fue posible detener a 800 personas, lo que la convertía en la “más grande operación jamás efectuada contra las comunicaciones encriptadas de los criminales”.

“Puro lavado de dinero”

La historia pequeña de esta vasta investigación apenas comienza a saberse, gracias a una decisión de la Corte Suprema de los Países Bajos, que ratificó la sentencia de extradición contra Aurangzeb Ayub, un holandés de origen británico que fungía como agente de ventas de la tecnología.

Ayub, de 39 años de edad, era solicitado internacionalmente, en atención a una acusación presentada en noviembre de 2019 ante la Corte del Distrito Sur de California. Le imputan participación en una organización de tipo mafioso, según los términos establecidos en el estatuto RICO. La misma ley estadounidense usada para desmantelar a la famosa familia Gambino.

Gracias a mensajes interceptados durante la investigación, se constató que Ayub había negociado la entrega de varios dispositivos a criminales de Suiza y Venezuela.

Para enero de 2021, estos sujetos aún sin identificar públicamente habían recibido los aparatos para comunicación encriptada del propio neerlandés.

Pero no fueron los únicos. De hecho, gracias a Trojan Shield fueron intervenidas las comunicaciones de 300 sindicatos del crimen, dispersos en cien países. En total, el grupo de Ayub entregó 9500 teléfonos.

Según la acusación presentada en California, junto con este neerlandés operaban otras dieciséis personas: Joseph Hakan Ayik, Domenico Catanzariti, Maximilian Rivkin, Abdelhakim Aharchaou, Seyed Hossein Hosseini, Alexander Dmitrienko, Baris Tukel, Erkan Yusef Dogan, Shane Geoffrey May, James Thomas Flood, Srdjan Todorovic, Shane Ngakuru, Edwin Harmendra Kumar, Omar Malik, Midwad Zakhimi y Osemah Elhassen.

El “administrador” del grupo sería Ayik, un turco que reside en su país natal junto al sueco Rivkin. Igual función tendría Catanzariti, de origen australiano. Los demás de la lista serían distribuidores de la tecnología dispersos en Europa, América y Asia. Los más cercanos a Venezuela son Todorovic y Elhassen, residenciados en Colombia.

Con la recepción del teléfono, los usuarios de Anom debían cancelar una cuota periódica, de acuerdo con la región donde estuviesen. La tarifa para Australia era de 1700 dólares por seis meses; para los clientes de Europa, hasta 1500 euros, y en América, 1700 dólares por el mismo lapso.

Un precio pequeño para garantizar la impunidad. Los teléfonos operaban a través de protocolos de internet, con servidores en locaciones consideradas “seguras”, pues estaban ubicados lejos del largo brazo del FBI. Además, eran revisados periódicamente para constatar que funcionaban ajenos a toda vigilancia.

El usuario, además, podía solicitar a través de la página (ahora confiscada) que se borraran los mensajes de determinados lapsos. Esta actividad fue considerada como una evidencia del interés de la organización por obstruir la justicia.

En el juicio de extradición de Ayub, se reveló cómo este hombre ayudó a uno de sus clientes a eliminar mensajes incriminatorios luego de haber sido allanado por un cuerpo de seguridad.

“La policía se llevó todo (…) Limpie esto lo antes posible”, le indicó el suscriptor.

Posteriormente, la misma persona solicitó a Ayub información sobre lo que había hecho.

“Sí. Todo está bien”, fue su respuesta.

Esas comunicaciones borradas se referían, básicamente, a actividades de tráfico de drogas y legitimación de capitales.

“Esto es puro lavado de dinero”, afirmó uno de los distribuidores de Anom, radicado en España.

En su promoción personalizada, los vendedores se jactaban de que sus clientes podrían operar “clandestinamente”.

Tal y como estaba diseñado el sistema, es poco probable que solamente fuese utilizado por elementos de la delincuencia organizada. El mapa divulgado por el Departamento de Justicia indica que los dispositivos dotados con el programa Anom fueron entregados en países como Irán, Irak, Turquía, Marruecos, Guinea Ecuatorial y Nigeria, donde también actúan grupos calificados de terroristas.

Breves

  • El último informe sobre el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia, presentado este mes por la oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, debe ser leído con detenimiento. La región Catatumbo, conformada por los departamentos Norte de Santander y Cesar, fronterizos con Venezuela, registró en 2021 un incremento de 6 % en los cultivos de coca. En toda esa área hay 42.576 hectáreas sembradas con el arbusto, que da origen a la cocaína. Según el reporte, en 79 % de los enclaves también se hace un procesamiento primario de la hoja, para transformarla en pasta base. Todo esto, según el documento, gracias al “enorme flujo de refugiados venezolanos desempleados”. Naciones Unidas calcula que en este sector son capaces de producir 393 toneladas del alcaloide al año. La mayor actividad ocurre en lugares como Tibú y La Gabarra. El informe no hace referencia a los cultivos en Venezuela, pero si se observa el mapa levantado por el órgano internacional es claro que el límite entre uno y otro país no impedirá la extensión de los arbustos hacia el territorio nacional, tal y como lo han advertido centros de pensamiento como InSightCrime. El informe de la ONU advierte además que en Catatumbo se desarrolla “una compleja y difusa guerra” entre actores colombianos y de otros países: el ELN, el EPL, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, por citar algunos. “La cercanía con la frontera (…) explica la importancia en la cadena de producción de la cocaína, que se ve dinamizada por la presencia del Cartel de los Soles, responsable del transporte de la cocaína en territorio venezolano”.
  • Escribió un lector de esta columna: “El 18 de octubre, me detuvieron dos policías nacionales en moto, saliendo de la autopista Francisco Fajardo a la altura de La California. Decían que estaba radiado por haber ocasionado el accidente de un motorizado, y haberme ido en fuga. Había visto a esos mismos policías cuando pasé frente al módulo de Tránsito del distribuidor Altamira. Tenían que llevarme al comando para rendir declaración, con el carro retenido. Yo negué todo el hecho. Me quitaron los documentos del carro, pero me devolvieron la cédula. Me dijeron que llamara a un familiar para que me apoyara, y así lo hice. Apagué el carro y les dije que no me movería hasta que no llegara quien iba a apoyarme. De repente, me devolvieron los papeles y me dijeron que me fuera. Me siguieron por dos cuadras, y luego desaparecieron”. El lector concluye que esta es una nueva modalidad de extorsión: “Querían sacarme dinero”.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | La parábola de JOH, por Javier Ignacio Mayorca
La historia de Juan Orlando Hernández interesa a los venezolanos. En los registros de la justicia criminal de Estados Unidos, su caso aparece simplemente con el título US vs JOH.

 

@javiermayorca

¿Quién es Juan Orlando Hernández? Se trata, nada más y nada menos, del hombre encargado de regir los destinos de Honduras desde enero de 2014 hasta enero de este año.

En abril, es decir, apenas tres meses después de haber dejado la primera magistratura de su país, JOH fue extraditado a Estados Unidos, donde actualmente es procesado por conspiración para traficar drogas. Esto confirma que las andanzas del presidente-traficante eran investigadas cuando él estaba en pleno ejercicio del poder político.

Desde luego, para que JOH enviara toneladas de cocaína a EE. UU. mientras era mandatario requería de individuos que hicieran el trabajo sucio por él. Eso de que un presidente ande sudoroso cargando kilos hasta la bodega de un avión no ocurre ni siquiera en Honduras.

Para eso, están sus familiares.

En este caso, se trataba de su hermano, Juan Antonio, Tony, para los compinches.

De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York, JOH empezó sus andanzas en 2004, cuando ya era diputado electo por el departamento de Lempira, fronterizo con El Salvador, impulsado por el Partido Nacional de Honduras (PNH).

Las drogas, de acuerdo con la acusación, le sirvieron tanto para enriquecer sus arcas personales como las de su entorno, encabezado por Tony. Y también para financiar su crecimiento dentro de la política hondureña. Con ese propósito, habría facilitado la circulación por el territorio del país centroamericano de más de quinientas toneladas de cocaína.

Desde entonces, el clan de los Hernández fue ascendiendo como operador político de ciertas estructuras criminales, que actuaban en complicidad para recibir cargamentos de cocaína procedentes de dos países: Colombia y Venezuela, por mar y por aire.

Los envíos marítimos, señala la acusación, “eran embarcados hacia el norte usando la costa venezolana, en lanchas rápidas, pesqueros y cargueros”.

“Los traslados aéreos a menudo eran hechos desde pistas clandestinas, típicamente hechas de tierra o grama, en Colombia y Venezuela, y recibidos en pistas similares en Honduras”, señala el documento.

Esta actividad no pasaba inadvertida. Desde este mismo espacio, en diversas oportunidades se reportó la existencia de una ruta consistente para los traslados de alijos desde Venezuela, primordialmente desde Apure y el sur del Lago de Maracaibo. Esta información surgía de los acumulados de trazas de vuelos sospechosos. El trayecto llegó a ser tan transitado a partir de la primera década del siglo, que los traficantes preferían destruir las avionetas una vez llegaban al suelo del país centroamericano. Ese era apenas un pequeño costo dentro de una operación de grandes magnitudes.

Pero el caso de JOH permite extraer más conclusiones. Su relacionamiento con los operadores de este tráfico era en dos direcciones. Por una parte, obtenía el dinero que tanto necesitaba para crecer como individuo y político. Por la otra, aseguraba la impunidad de los criminales, tanto en sus operaciones de tráfico como en el ejercicio de la violencia contra otras estructuras. Pero no se casaba con ninguno.

Porque Honduras, dentro de todo esto, continuó siendo un sistema competitivo. Esto obligaba a cada organización criminal a buscar sus padrinos dentro de la puja por el poder. Al clan de los Hernández se arrimaron varios grupos, como los Cachiros o el de Geovanny Fuentes. Pero esto no excluía la posibilidad de que las mismas organizaciones operaran con líderes de otros partidos, o de la misma tolda. La acusación contra JOH refiere específicamente a otro exmandatario, Porfirio Lobo, otro dirigente del PNH.

Así, la política hondureña se fue degradando. Poco antes de la caída de Manuel Zelaya, en 2009, los vuelos y envíos marítimos desde Venezuela a Honduras iban viento en popa. Todos se enriquecían. Pero los militares pusieron punto final a las aspiraciones reeleccionistas de Mel. Entonces, los traslados de alijos tuvieron un leve receso. Pero reiniciaron cuando la situación se estabilizó con Micheletti. A fin de cuentas, los traficantes también contaban con alianzas en los niveles más bajos de gobierno, que no fueron tocados durante la crisis presidencial.

El descenso de la institucionalidad hondureña no fue único en la región americana. En el otro extremo de la ruta, en Venezuela, también se producían fracturas propiciadas desde el centro de poder. La violencia criminal fue copando los espacios en ambos países.

No es casualidad que a partir de entonces Honduras y Venezuela ocuparan los primeros lugares en la lista de territorios con tasas de homicidios más elevadas, de acuerdo con los informes de la Organización de Naciones Unidas.

Ya en EE. UU., JOH ha insistido en su inocencia. Eso hará las cosas aun más interesantes, pues obligará a la parte acusadora a “prender el ventilador”, haciendo referencias a los cómplices del expresidente, al norte y al sur.

Breves

  • ¿Pudo evitarse esta nueva tragedia en Las Tejerías? Para el momento en que estas líneas eran redactadas, la organización Cáritas calculaba que el desbordamiento de la quebrada Los Patos había afectado a unas 1400 familias de esa población. El último parte de la Cruz Roja de Aragua señalaba que habían muerto 37 personas, y que se desconocía el paradero de otras cincuenta, por lo que la cifra de fatalidades debería ser más elevada. Hay además lesionados de gravedad dispersos por centros de salud de ese estado y de Miranda. Desde la semana anterior, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) estaba alertando sobre el incremento de la pluviosidad en la región central del país. En Las Tejerías hubo un primer aviso con la crecida del mismo cauce el 16 de septiembre. Y el Cuerpo de Bomberos de la región había observado la existencia de numerosas construcciones en sectores vulnerables. A pesar de las señales, las distintas instancias de gobierno permanecieron impasibles. No se trataba de algún impedimento legal. De hecho, la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres estipula que los alcaldes, gobernadores o la autoridad nacional pueden declarar el estado de alarma en alguna localidad, con el propósito de activar “recursos técnicos, humanos, financieros o materiales, con el objeto de reducir los efectos dañosos ante la ocurrencia inminente de un fenómeno natural técnicamente previsto”. Pero nada de esto se hizo. Luego, cuando ya la crisis estaba planteada, saturaron la zona de desastre con funcionarios, y desde el gobierno central emprendieron una operación de propaganda, en la que desde luego no cabían los periodistas independientes. De allí que el ministro Ceballos los califique de “estorbo”. No porque entraben la recuperación de las víctimas sino porque, precisamente, constituyen una voz disonante con respecto a la narrativa que se desea imponer, y según la cual esta fue una calamidad caída del cielo, ante la que poco o nada podía hacerse con antelación.
  • En el primer semestre de 2022, el Fisco dejó de recaudar cien millones de dólares por concepto de impuesto a la venta de cigarrillos. Según el director de Legal de la Cigarrera Bigott, Miguel Benzo, este es el resultado de una decisión del Gobierno, en cuanto a permitir la importación indiscriminada de derivados del tabaco, sin pagar aranceles ni contar con el correspondiente permiso sanitario, lo que además abre las puertas para daños aun más graves a la salud de los consumidores. De acuerdo con Benzo, la entrada masiva de cigarrillos desde lugares tan disímiles como Paraguay y Corea también pone en riesgo 18.000 puestos de trabajo. Bigott ha detectado la circulación de 127 marcas foráneas en el mercado nacional. Muchas son vendidas en forma detallada por buhoneros, mientras que otras llegan a los bodegones. Anteriormente, explicó Benzo, estas marcas llegaban en forma de contrabando, por los caminos verdes o en pequeñas embarcaciones, lo que posibilitaba cierto control. Hoy, lo hacen en contenedores que apenas cancelan en los puertos una fracción de su valor real. El precio de distribución de una cajetilla de estas puede ser 20 centavos de dólar, con lo cual no se puede competir. Esto sugiere la existencia de una vasta operación de lavado de dinero, que tiene casi inermes a las empresas legales del ramo.

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