Javier Ignacio Mayorca, autor en Runrun

Javier Ignacio Mayorca

Crímenes sin Castigo | Dos mitos en seguridad ciudadana, por Javier Ignacio Mayorca
Existen concepciones erróneas en materia de seguridad en las que parecieran coincidir oficialistas, opositores e independientes.

@javiermayorca 

La Real Academia de la Lengua Española nos dice que los mitos son historias ficticias que, por la fuerza de las repeticiones, son aceptadas como verdades escritas sobre piedra por amplios conglomerados.

En los mitos, igualmente, se habla de cosas o personas a las que les atribuyen cualidades que en la realidad no poseen.

En el ámbito de la seguridad los hay tan fuertes que casi constituyen puntos de encuentro entre integrantes de todos los sectores políticos y niveles socioeconómicos.

En esta entrega, se analizan dos de los mitos más difundidos en el país.

 El verdadero poder de las armas

Una noción que pareciera estar imbuida en la cultura policial consiste en que los agentes deberían gozar de cierta paridad, en cuanto al poder de fuego, con respecto a sus contrapartes del mundo de la delincuencia.

A pesar de esto, la impresión generalizada es que desde el propio Gobierno se ha pretendido desarmar a las policías, con propósitos inconfesables. Es cierto que durante el régimen de Maduro han ocurrido varias rondas de desarme a cuerpos de seguridad. Pero estas acciones parecieran ser selectivas, es decir, van más encaminadas a mermar los recursos de instituciones bajo el mando de alcaldes o gobernadores opositores, que por una concepción general de los medios que deben estar a la disposición de esos funcionarios, en cumplimiento del modelo trazado hace una década.

En otras palabras, los llamados “estándares” en cuanto al armamento han sido aplicados con rigor a las instancias de gobierno que no son afines al régimen.

En cambio, se ha permitido que los cuerpos preventivos de estados y municipios gobernados por oficialistas se apertrechen con armamento de guerra, e incluso se hagan llamar “fuerzas armadas policiales”. Sus funcionarios, retratados con fusiles terciados en el pecho, como sucede en Lara, sugieren el acatamiento de modelos militaristas, dispuestos a aplicar “mano dura” contra los delincuentes.

Del otro lado, en sectores de la oposición también hay la convicción de que se debe incrementar el poder de fuego de los cuerpos preventivos. La reforma a la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, sancionada por el Parlamento (regido por opositores) en octubre de 2016, tiene una disposición transitoria según la cual “todas las armas y municiones que fueron retiradas de las policías estadales y municipales por alguna medida administrativa o por la aplicación de la resolución número 17.350, del 13 de febrero de 2011 (…) u otro instrumento jurídico de contenido similar, deberán  ser devueltas por el Ejecutivo Nacional a los organismos de los cuales fueron sustraídas”.

Esta es una lógica que el criminólogo Keymer Ávila ha descrito como de “guerra fría”: si el hampón tiene fusiles, todo policía también debe tenerlos, y de ser posible mejores.

“Si seguimos esa lógica, tarde o temprano tendremos a policías municipales con bazucas”, advirtió.

Pero esa convicción generalizada pareciera carecer de sustento científico o estadístico. En 2014, Ávila llevó a cabo una investigación sobre la victimización policial. En esa época, sorprendían las cifras de agentes ultimados. Luego de revisar y sistematizar la información consignada en los expedientes penales, concluyó que el uso de armas largas en contra de los funcionarios “es excepcional”.

Los fusiles, como los exhibidos recientemente por miembros de bandas en Petare y la Cota 905, tienen según Ávila una utilidad más simbólica que instrumental. A partir del miedo que inspiran, se facilita el control en determinados territorios. Wilexis y Coqui los saben.

Lo cierto es que las policías preventivas usualmente se abstienen de intervenir cuando perciben que del otro lado hay hampones con FAL o AR-15. Desde luego, los impactos por los proyectiles de estas armas pueden ocasionar daños considerables. Pero la sola posesión en manos de antisociales no es argumento suficiente para no actuar, aun si se dispone solo de las armas reglamentarias.

Según el comisario jubilado de la policía judicial e instructor de tiro, John Tovar, tan importante como el armamento es el conocimiento táctico sobre su utilización y el permanente entrenamiento. Esto puede marcar una diferencia clave en situaciones comprometidas como las que día a día enfrentan los uniformados.

El exfuncionario indicó que la mayoría de los delincuentes no equipara el nivel de preparación que deben poseer los policías. Además, creen que el arma por sí sola es suficiente, pero “no tienen tácticas”.

Aun así, es raro ver que gendarmes con la dotación reglamentaria enfrenten a bandas que poseen armas de guerra. Para encontrar un ejemplo hay que remontarse a diciembre de 2012, cuando comisiones de las policías de Chacao y Sucre protagonizaron una larga refriega contra los integrantes de una renombrada banda de secuestradores, liderada por José Ricardo Suárez, alias Penco. Estos sujetos llevaban fusiles Colt AR-15, mientras que los uniformados tenían sus pistolas y escopetas reglamentarias. Luego de un intenso intercambio, en una calle ciega de Los Palos Grandes, murieron cuatro delincuentes, incluido el líder de los plagiarios. Ningún policía resultó herido.

 ¿Cómo se traslada el hampa?

Sobre las motos – y sus conductores- pareciera caer un estigma. Los usuarios de estos vehículos son permanentemente detenidos y verificados por los agentes de todas las policías, simplemente porque circulan sobre dos ruedas.

Esta opinión negativa hacia los llamados “motorizados” no se forjó exclusivamente durante los mandatos de Chávez y Maduro. En los ochentas del siglo pasado, por ejemplo, se llegó a prohibir mediante decreto presidencial que estos vehículos transitaran por las autopistas de Caracas.

Recientemente, sin embargo, gobernadores y alcaldes han implantado restricciones en sus territorios exclusivamente para los usuarios de motocicletas, también guiados por la noción de que son los medios de transporte predilectos de los delincuentes. El último de ellos ha sido el mandatario regional de Zulia, quien prohibió la circulación de estos vehículos durante las noches. Esta medida ha posibilitado la confiscación de facto de numerosas motos, sin mayor basamento que un decreto de alcance regional.

En el libro Revolución de la muerte (Caracas, 2020) los autores Fermín Mármol y Luis Izquiel también se muestran proclives a la imposición de restricciones al uso de motos, bajo la noción de que son los medios mayoritariamente utilizados por los asaltantes en las vías públicas.

Como se ve, tanto oficialistas como opositores parecieran coincidir en que los cuerpos de seguridad deben tener una actitud más rigurosa hacia quienes utilizan este medio de transporte. Pero, ¿qué dicen al respecto las estadísticas manejadas por las propias policías?

Según cifras conocidas extraoficialmente, en 2019 fueron reportados 15 097 robos genéricos y robos de vehículos. Estos son delitos contra la propiedad caracterizados por un accionar violento, en los que las víctimas pueden tener una idea de cuáles fueron los medios utilizados por sus contrapartes. En los hurtos es más complicado determinarlo, puesto que por definición prevalecen la agilidad y la destreza para llevar a cabo los despojos de los bienes y del dinero.

De todos estos robos denunciados ante las policías, y presumiblemente investigados, se constató el uso de motocicletas por los victimarios solamente en 1006 casos.

Esto equivale al 6,6 %. En otros 898 (5,9 %) casos las víctimas afirmaron que los asaltantes usaron autos, camionetas o camiones.

Como se ve, la diferencia entre el uso de motos y de otros vehículos en los robos de todo tipo fue muy pequeña. Pero las decisiones han sido contra los motorizados. Pareciera que el criterio estadístico no fue tomado en cuenta por gobernadores y alcaldes, a la hora de aplicar medidas que ponen cortapisas a un derecho constitucional, como el de la libre circulación.

Lo cierto es que, en la Venezuela actual, con parques automotores extremadamente reducidos y poco acceso a los repuestos, la gran mayoría de los ladrones se traslada a pie, o con medios de transporte que no han sido determinados por los cuerpos policiales. Estas dos alternativas abarcan el 87 % de los robos conocidos durante el año pasado. Son razones suficientes para abstenerse de tomar decisiones de gobierno que van directamente en contra de un grueso sector de la población.

Otra cosa distinta es obligar a los conductores de motos, y de todo tipo de vehículos, a acatar las normas del tránsito terrestre, y aplicar los correctivos previstos en ellas cuando se detectan infracciones. De esa forma se podría contrarrestar el ambiente de profunda anomia que se percibe en las calles y avenidas del país.

En próximas entregas, serán analizados otros mitos de la seguridad ciudadana en Venezuela.

Breves

* El 18 de junio, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas dictaminó que el gobierno venezolano debería poner en libertad “sin dilación” al general de brigada (GN) Héctor Hernández da Costa, uno de los oficiales detenidos como consecuencia del estallido de dos drones en el centro de Caracas, durante la celebración de un acto aniversario de la Guardia Nacional.

El dictamen, identificado con el número 20/2020, indicó además que este oficial debería “obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”. Hernández fue apresado el 13 de agosto de 2018 durante una incursión de Contrainteligencia Militar en su vivienda, ubicada en Los Palos Grandes, llevada a cabo sin orden judicial ni presencia de representantes de la Fiscalía. “En días posteriores, se realizaron tres allanamientos más, durante los cuales se sembraron pruebas en su contra”, indica el documento. El oficial fue desaparecido durante cinco días, hasta su presentación en un tribunal, el 18 de agosto. Igualmente, “fue torturado por los miembros de la Dgcim para obligarlo a prestar una falsa declaración que inculpara a los dirigentes políticos de la oposición, implicándolos en el supuesto intento de magnicidio”.

En esos días, le ofrecieron que si declaraba contra los políticos pasaría de ser imputado a testigo. En este caso, el Gobierno respondió ante la ONU a los señalamientos formulados por los representantes del general. Informó que Hernández da Costa fue aprehendido debido a una orden judicial expedida el 16 de agosto, es decir, tres días después de la incursión policial en su vivienda. Además de implicarlo en el caso de los drones, el régimen cree que él participó en los asaltos a la 41 brigada blindada del Ejército, y al puesto de la GN en Laguneta de la Montaña. Estas acciones fueron encabezadas, respectivamente, por grupos en los que participaban el capitán Juan Carlos Caguaripano y el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez. El alegato gubernamental no especifica cómo habría sido la participación de este general en ambos casos. Indicó, además, que los defensores de Hernández no denunciaron ante la juez de control “los supuestos actos de tortura, amenazas contra sus familiares y la colocación de evidencias falsas en su domicilio”. En su dictamen, el grupo de la ONU concluyó que las alegaciones del régimen en su descargo fueron “aisladas y no sustentadas”, y que por ende no desvirtúan las denuncias.

* El 5 de julio, mientras en el país celebraban los ascensos militares, aterrizaba en una carretera del municipio mexicano Chunhuhub (Quintana Roo) un jet Gulfstream siglas XB-RCM cargado con aproximadamente 700 kilos de cocaína. Aunque las trazas de vuelo indicaban un punto de despegue desde Maracaibo, lo más probable es que el jet haya salido desde alguna pista del sur del lago o del Catatumbo. Según fuentes policiales, estos son los lugares donde se está produciendo con más frecuencia el embarque de drogas ilegales con destino en países centroamericanos como Honduras o Guatemala, y también México, como sucedió el domingo.

El jet despegó poco después de las 6 am, y luego de aterrizar fue quemado por sus ocupantes. Una de las dos camionetas en las que fue colocado el alijo fue incautada por las autoridades mexicanas, mientras que la otra fue hallada después, ya sin carga. Este envío presumiblemente pertenecería al Cartel Jalisco Nueva Generación. La ONU ha advertido que debido a la pandemia los traslados de drogas ilegales desde Suramérica han perdido frecuencia. En el caso venezolano, estarían saliendo desde marzo un promedio de tres vuelos semanales, sospechosos de llevar sustancias ilícitas. En cuanto a la ruta marítima, preferida para el transporte de alijos a Europa y países de África Occidental, los participantes en la operación aeronaval encabezada por EEUU frente a las costas venezolanas, llamada Orión V, han reportado el decomiso de 50,3 toneladas de cocaína y otras 7,3 toneladas de marihuana hasta junio.  

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Los profesionales, por Javier Ignacio Mayorca
Por sus conocimientos y habilidades, Alex Nain Saab forma parte de un selecto grupo, que es vital para el desarrollo de cualquier estructura ilegal.

 

@javiermayorca 

El 23 de junio, la Corte Suprema de Cabo Verde desestimó la petición de libertad para Alex Nain Saab. Esta decisión fue calificada como una “victoria” de Estados Unidos, país que había emitido en primera instancia la solicitud de búsqueda y captura internacional en contra del empresario colombiano, de 48 años de edad.

La ratificación de la detención de Saab en este pequeño archipiélago fue precedida de numerosos pronunciamientos por operadores del gobierno venezolano, tales como el canciller Jorge Arreaza y el embajador en Senegal, -con jurisdicción en Cabo Verde y otros países africanos- Alejandro Correa Ortega, en el sentido de que Saab es un agente del régimen, que estaba en cumplimiento de una “misión”, cuyos detalles no fueron especificados.

¿Por qué se traslada este comerciante a un grupo de islas del Atlántico, a 4600 kilómetros de distancia de Venezuela? Según la senadora colombiana María Fernanda Cabal, Alex Saab tuvo que volar hasta allí para asegurar el éxito de una transacción de oro por gasolina y otras mercancías, procedentes de Irán.

“Había dos buques detenidos en Cabo Verde, que ondeaban bandera de Liberia, pero resulta que eran griegos, y sus productos iraníes. Le tocó (a Saab) ir para poder negociar que soltaran estos buques, cargados con gasolina y otros productos”, explicó la parlamentaria, en una entrevista con Fernando Londoño.

Entonces, se trataba de una tarea que no podía ser resuelta por nadie más que él. Un propósito que no admitía delegación. Esto confirma varias apreciaciones hechas con respecto a la relevancia de este individuo para el régimen venezolano.

En primer lugar, no se puede ver a Saab como un perseguido más. Si se analiza al régimen venezolano como una “empresa criminal” (Farah, 2019), el rol de personas como Saab cobra extremada importancia.

Saab aglutina conocimientos y habilidades que la propia estructura no puede facilitarse, y debe salir a buscarlos entre sus aliados. Aunque se debe guardar las distancias en cuanto a tiempos y lugares, Saab tiene para esta particular “empresa” una relevancia similar a la que tuvieron en su momento para el Cartel de Cali el contador Guillermo Pallomari y el abogado Harold Ackerman. El primero, un chileno, y el otro un estadounidense. Ambos fueron detenidos a solicitud de EE. UU. y, al convertirse en testigos, pasaron a ser piezas clave para el desmantelamiento del referido cartel y el enjuiciamiento de sus líderes, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.

Los aviadores son otros profesionales contratados con frecuencia por las agrupaciones criminales. Muchos tienden a pensar que son parte integral de tales organizaciones. Pero esto no es así. Cuando la empresa crece, tiene que buscar en el mercado laboral a estos especiales talentos, preguntando aquí y allá entre sus conocidos a ver quiénes estarían disponibles para “coronar”.

Y, aunque puedan ser depositarios de la mayor confianza, los líderes de las organizaciones siempre toman alguna precaución, para evitar sorpresas. A veces, dejan cautivo a algún familiar o allegado del piloto, hasta que la operación finalice. En otras ocasiones, lo involucran directamente en el envío específico, indicándole que le pagarán con parte del alijo, de manera que, si se produce algún decomiso, él también perderá. En el caso del Cartel de Medellín, fue famoso el estadounidense Max Mermelstein, “el hombre que hizo llover coca”, y que se convirtió en un informante de la policía estadounidense.

Contadores, pilotos, abogados y traders como Saab forman parte de este grupo de “profesionales” sin los cuales no es posible el funcionamiento de una estructura transnacional organizada y moderna, como la que persigue el gobierno estadounidense. Pero son proveedores externos a la organización, u outsourcing, como se diría en jerga empresarial.

Muchos han calificado a Saab como un “testaferro”. Esta es una figura desarrollada desde el punto de vista teórico y legal por los italianos, cuya legislación establece penas de prisión para los también llamados “prestanombres” u “hombres de paja”. Según los europeos, el testaferro representa a todo evento los intereses de una persona, que permanece en las sombras. Pero en el caso del empresario colombiano la relación pareciera ir más allá. Saab encarnaría los objetivos de todo un régimen. Y en ese sentido su definición como “agente” del gobierno madurista, aportada por Arreaza, cobra un extraordinario significado. Aun así, estaría por verse si este comerciante no participa también en un juego de carambolas a varias bandas.

Antes de la decisión del máximo tribunal de Cabo Verde, el abogado de Saab, José Manuel Pinto, declaró que la detención del empresario barranquillero había sido el producto de una “decisión política”. Si esto es así, lo que estaría en desarrollo en el archipiélago es una especie de subasta, en la que el oferente más agresivo se llevaría la mejor parte. Esta línea de argumentación, sin embargo, no parece ser la más inteligente, tomando en cuenta que el proceso apenas comienza.

En efecto, la legislación caboverdiana contempla detalladas reglas para el desarrollo de las extradiciones. En este momento, está en curso la primera fase, llamada “administrativa”, que debería finalizar durante la primera quincena de julio, cuando el ministerio de Justicia de ese país africano evalúe la documentación enviada por Estados Unidos para sustentar su solicitud de llevarse a Saab, y enjuiciarlo en la Corte del Distrito Sur de Florida por conspiración para lavar dinero, y varias imputaciones por lavado de dinero.

Si el gobierno caboverdiano diera el visto bueno al expediente presentado, se abriría la segunda fase, llamada “judicial” según el Ministerio Público del archipiélago. El debate se desarrollaría en la Cámara de lo Criminal de la Corte de Apelaciones. Entre una y otra incidencias podría durar hasta tres meses, siempre y cuando Saab insista en oponerse a la extradición. Con lo que se aleja la perspectiva de un rápido traslado a territorio estadounidense.

La importancia real de Saab para el régimen, más allá de lo declarado por sus representantes diplomáticos, se podrá apreciar en las próximas semanas o meses.

¿Seguirán recibiendo los turcos el oro venezolano? ¿Continuará sin tropiezos la entrega de los Clap con mercancía turca y mexicana? ¿Llegará más gasolina iraní? Si estos programas continúan, quiere decir que este colombiano solo era una ficha más. Pero, si alguno se paraliza, el golpe fue certero.

Breves

* Desde marzo se han incrementado las denuncias sobre invasiones en Distrito Capital. No solo son los recurrentes alertas emitidos por el portavoz del Frente de Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, quien ha contado quince casos de inmuebles ocupados de forma ilegal en Libertador. En El Hatillo, el director de la policía municipal, comisario Sergio González, indicó que durante la alarma nacional han procesado un promedio de cuatro denuncias mensuales sobre invasiones a edificaciones o terrenos de propiedad privada. En Chacao, según el alcalde Gustavo Duque, han sido reportados seis casos. En los municipios mirandinos, pareciera que existen grupos dedicados a la detección de edificaciones aparentemente abandonadas por sus legítimos propietarios.

Para ellos no es difícil, pues durante la cuarentena se supone que la gente debe permanecer en sus lugares de residencia, y la falta de actividad en ciertos inmuebles es percibida desde la calle sin mayor esfuerzo. Gonzáles advirtió que las invasiones son controlables cuando están iniciándose. Pero en las etapas posteriores, los desalojos se complicarán.

* El 21 de junio, la fiscal ante la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció en una entrevista ante el Grupo Diarios de América que finalizará su valoración sobre las denuncias formuladas contra Nicolás Maduro por presuntos delitos de lesa humanidad “en los próximos meses”. Afirmó que la decisión sobre este caso se ha retardado en virtud de la necesidad de traducir una gran cantidad de documentos. Bensouda debe finalizar su gestión en ese cargo en julio de 2021, de manera que aún le resta un año para avanzar en el proceso. Muchas situaciones pueden presentarse en estos doce meses. Entre ellas, que prospere la propuesta formulada el 31 de marzo por el Departamento de Estado de EE. UU., que contiene claras concesiones al sector castrense venezolano. En el punto V, los norteamericanos plantearon que un representante de la FAN sea “asesor militar” del Consejo de Estado que conduciría la transición. Esto, si se quiere, resultaría lógico tomando en cuenta la actual situación del país y la necesidad de garantizar ciertos niveles de gobernabilidad. En el punto X, además, se indica que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retirarían el respaldo a las denuncias consignadas ante la CPI, con lo que el proceso contra Maduro y el entorno militar perdería vigor.

 

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Crímenes sin Castigo | Irán en Cicpc, por Javier Ignacio Mayorca
El izado de la bandera de la república islámica en Parque Carabobo confirma la radicalización de un cuerpo antaño famoso por su neutralidad.

@javiermayorca 

Desde la semana pasada, la bandera de la República Islámica de Irán ondea en la fachada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

No es un hecho casual, producto de la mente de algún policía radical. De haber sido así, pronto la hubiesen arriado. En cambio, la bandera iraní es exhibida en forma continua desde hace varios días, en el tope del asta derecha, a la entrada del edificio de Parque Carabobo, sede histórica de una de las cuatro instituciones de seguridad ciudadana del país.

No pusieron atención a leyes ni protocolos. Un despacho que se supone fundamental para preservar el Estado de Derecho en el país desatendió la norma correspondiente al uso de las banderas en las instituciones públicas, elaborada por el propio oficialismo en marzo de 2006. Según ese texto, el tricolor venezolano tenía que estar a la derecha, en señal de su mayor importancia.

Este podría ser considerado un detalle insignificante, pero es un reflejo de la manera atropellada como se están desarrollando los procesos en el país, donde ya se perdió incluso la atención por las formalidades.

Nunca antes habían izado la bandera de un país extranjero en la vieja central de policía. Era la primera vez que lo hacían, y lo hicieron mal.

Pero este hecho, y la decisión que lo originó, no pueden restringirse a los confines de una sala de interrogatorios. Ciertamente, cuando la bandera de la república islámica era elevada frente a la llamada “policía científica”, la gasolina traída de ese país empezaba a ser dispensada en las estaciones de servicios, luego de haber cruzado medio mundo en cinco buques. Sabemos que no era un regalo ni un gesto de solidaridad revolucionaria, sino una costosa operación comercial, pagada con oro del Banco Central. Y aun así, fue saludada con servilismo.

En el primer momento, la imagen de la bandera iraní al frente del edificio de Parque Carabobo fue recibida con incredulidad. Los viejos policías egresados de esa institución, acostumbrados a la neutralidad contra viento y marea, creyeron que se trataba de otra travesura de las redes sociales. Luego de hacer un par de llamadas, constataron que no era un montaje.

“Estamos ante un proceso sistemático de politización, que no tiene ningún sentido”, advirtió el exdirector de ese organismo, Miguel Dao.

Para este comisario general, lo de la bandera iraní es un “exabrupto” que no debió ser avalado por la jerarquía de la institución.

“En mi caso, de haber sido el director, no lo permitiría. Otros, sí”, sentenció.

Dao no quiso mencionar en ningún momento al funcionario que rige los destinos de Cicpc, y sobre quien recaen todas las críticas, el comisario general Douglas Rico. Sin embargo, no ocultó su descontento hacia el mensaje que transmite la colocación de la bandera iraní, en la entrada de la central policial.

Al igual que el resto de las policías y componentes de la FAN, Cicpc ha visto afectado su desempeño por una creciente corrupción, cuyo capítulo más reciente fue el presunto involucramiento de dos importantes jefes de Carabobo en las redes de tráfico de drogas comandadas por Emilio Enrique Martínez, alias Chichí Smith. Pero era claro que los funcionarios de la institución hacían esfuerzos por mantenerse al margen de la diatriba política, aun incluso en contra de los dictados de su director.

El comisario general Douglas Rico es un ejemplo de cómo el poder modifica a los seres humanos. Este funcionario creció durante los primeros años del chavismo a la sombra del comisario Vicente Álamo, quien llegó a la subdirección durante la gestión de Marcos Chávez. Rico se hizo experto en la investigación de robos. La pesquisa sobre una banda de asaltantes de blindados lo hizo acreedor de un cangrejo de bronce, en la primera década de este siglo. Pero luego pidió una temprana jubilación, argumentando precisamente que la politización enrarecía el ambiente en las filas de Cicpc. Y se acomodó en la empresa privada.

Pero la vida da vueltas. Con la llegada de Miguel Rodríguez Torres a Relaciones Interiores, Rico fue reincorporado para que asumiera la subdirección. En 2016, con la destitución del comisario José Gregorio Sierralta, llegó al tope.

Los cambios en él comenzaron a hacerse patentes con el caso del inspector jefe Oscar Pérez, cuyo grupo fue perseguido sin cuartel, señalado de llevar a cabo actos de terrorismo. Esto enrareció el clima interno del cuerpo. Antes que calmar las aguas, Rico se radicalizó aun más, al declarar en mayo de 2018 que Cicpc era una institución “revolucionaria”. Eso implicaba que serían aplastados quienes estuviesen contra el “proceso”, y mientras tanto los colectivos que matan en el 23 de Enero, a plena luz del día, permanecen impunes. Con estos antecedentes, no debía extrañar que la bandera iraní fuese izada por sus agentes.

El caso del actual director de Cicpc también tiene sus rarezas. A pesar de su permanencia prolongada en la conducción de este despacho, ha quedado fuera del radar de las sanciones estadounidenses. Tómese en cuenta que el Departamento del Tesoro ha congelado los bienes y eliminado las visas a jefes de casi todos los cuerpos de seguridad de alcance nacional, vinculados a la represión contra la disidencia política, como son el Sebin, Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana.

En este sentido, podría decirse que el izado de la bandera iraní en Parque Carabobo es como un reto, a ver si Washington reacciona. La pajita en el hombro, buscando pelea.

Breves

* Una nueva forma de engaño están aplicando los delincuentes, para aprovecharse de la escasez de medicamentos en tiempos de cuarentena. Comienza con la distribución a través de grupos de mensajería (Whatsapp, Telegram, etc) de un mensaje en el que se ofrece en forma gratuita la conocida marca de insulina Lantus. “Recibimos un donativo muy grande por parte de laboratorios Pisa”, dice el texto. Luego da un número telefónico de Caracas atribuido a una supuesta asociación civil, cuyo nombre nunca es precisado. Pero esa marca específica de insulina no pertenece a la empresa mencionada. Además, ese laboratorio no opera en Venezuela, sino en México. Las investigaciones hechas hasta el momento por Cicpc indican que se trataría de un esquema destinado a la estafa o la extorsión vía telefónica, puesto que las personas interesadas en recibir donativos deben aportar numerosos datos personales, lo que incrementa el riesgo de ser víctima de amenazas.

* Hasta el mes de abril, Zulia era el estado donde los cuerpos de seguridad habían recibido la mayor cantidad de denuncias por extorsión, con 45. Eso equivale al 33 % de los expedientes iniciados este año por el referido delito en todo el país. Aragua y Distrito Capital/Miranda totalizaron la misma cantidad de casos durante los primeros cuatro meses de 2020, con 21. Desde Zulia, se ha extendido a otros estados occidentales el uso de granadas para dar credibilidad a las amenazas, y apurar los pagos. Así han arremetido también contra comercios de Trujillo y Lara. Simultáneamente, los líderes de las bandas envían videos en los que aparecen ellos mismos exigiendo a las víctimas que cooperen, mediante la entrega de cantidades en divisas extranjeras. De esta forma, las pequeñas bandas se consolidan como grupos estructurados de delincuencia organizada.

 

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Crímenes sin Castigo | Desapariciones, por Javier Ignacio Mayorca
En los cuatro meses de 2020, las cifras de personas desaparecidas en Venezuela se han disparado de forma inexplicable. ¿Gente que se va sin decir adiós o policías fuera de control?

@javiermayorca 

El 18 de marzo, el escolta John Jairo Gasparini salió a hacer unas compras en el Farmatodo ubicado en la entrada de la urbanización La Lagunita. No regresó a su casa.

Los familiares de este hombre, de 42 años de edad, acudieron a la policía municipal, a la judicial y a otros organismos en la búsqueda de información que contribuyera a determinar su paradero. Solo supieron que lo vieron salir del referido local comercial en una motocicleta negra, que tampoco fue encontrada.

Los familiares suponían que la ausencia de Gasparini guardaba alguna relación con el posterior intento de allanamiento a un apartamento de las residencias Pacarima, en Los Naranjos, cuya ocupante es de su círculo familiar.

Pero pasaban los días, y nadie precisaba dónde se encontraba Gasparini.

El 20 de marzo, los familiares del guardaespaldas acudieron a la policía judicial para formalizar la denuncia sobre lo que parecía ser una desaparición.

El caso de este hombre forma parte de una creciente lista de personas desaparecidas, que está siendo procesada por la policía judicial.

Solo en los primeros cuatro meses de 2020, las distintas oficinas de este cuerpo han recibido 124 denuncias sobre la desaparición de personas. Lo que más llama la atención es que la curva ha ido en ascenso con el pasar de los meses. En enero fueron recibidas 16 denuncias; 28 en febrero; 39 en marzo y 41 en abril. Entre el primero y el cuarto mes, las cifras reflejan un incremento de 156 %

Todo esto, además, en un contexto en el que se supone que la gente no debería desaparecer, pues la mayoría debe permanecer en sus casas como consecuencia del decreto de alarma nacional, dictado el 13 de marzo.

Según el comisario Sergio González, exjefe de la división Antiextorsión y Secuestros de Cicpc, los cuerpos de seguridad pueden recibir y procesar denuncias sobre desapariciones luego de 72 horas contadas a partir del momento en que la víctima fue vista por última vez.

El funcionario (actual director de la policía de El Hatillo), explicó que cuando la persona no aparece luego de un tiempo prudencial, y no existe evidencia de que pueda haber sido secuestrada, la lógica policial indica que pudiera estar muerta o que pudo haber sido víctima de una privación ilegítima de libertad.

Los familiares del escolta Gasparini pudieron determinar su paradero dos semanas después, cuando les confirmaron que estaba en custodia de Contrainteligencia Militar. Sin embargo, para el momento de la redacción de esta nota todavía se preguntan con qué expediente lo están vinculando.

González se mostró sorprendido ante el crecimiento de las cifras de desapariciones, e indicó que la mayor probabilidad apunta hacia el accionar de la fuerza pública.

“La norma indica que no se puede retener a una persona por más de doce horas sin dar parte al Ministerio Público. Pero hemos visto casos de personas de las que no se sabe nada hace más de un mes, y luego se supo que estaban en poder de algún organismo”, indicó.

Sin rastro en pandemia

El problema de las desapariciones, y en especial las del tipo forzado, fue advertido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet en los dos informes sobre Venezuela presentados durante 2019.

Según Marino Alvarado, miembro de Provea y de Amnistía Internacional, las desapariciones de personas se hicieron más frecuentes a partir de las operaciones de Liberación del Pueblo. Recordó el caso de la masacre en el sector El Café de Barlovento, en 2016, que comenzó con la desaparición forzada de 15 personas, en el curso de una razia por efectivos del Ejército, cuyos cadáveres fueron hallados posteriormente.

“En el caso de la operación Gedeón, hay familias que todavía no saben del paradero de las personas que supuestamente están detenidas”, afirmó.

Según las estadísticas conocidas extraoficialmente, el 49 % de las desapariciones ha ocurrido a partir del 13 de marzo, cuando Nicolás Maduro emitió el decreto de alarma nacional. Algo que luce paradójico, pues en este lapso se ha puesto énfasis en que las personas permanezcan en sus casas.

Por otra parte, el 35 % de las desapariciones correspondientes al lapso enero-abril han sido denunciadas en Distrito Capital y Miranda. El segundo estado con mayor cantidad es Bolívar, con 14; Monagas y Falcón tienen nueve casos cada uno, y en Zulia han iniciado ocho averiguaciones. Como aspecto curioso, en Táchira solo han consignado una denuncia.

En el actual contexto nacional, con una cifra de secuestros que está en baja con respecto a otros años, la mayoría de las desapariciones obedece a cuestiones políticas o son consecuencia del ocultamiento de las víctimas de homicidios.

De allí que, según González, en Caracas las denuncias sobre desapariciones son procesadas por la división contra Homicidios. No obstante, si se produce un contacto entre secuestradores y sus familiares, intervienen los agentes especializados en secuestros.

“Sin embargo, no podemos hablar de homicidio hasta que no aparece el cadáver de la víctima. Mientras tanto, la persona quedará en calidad de desaparecida”, indicó.

Breves

* Hay un tratamiento selectivo del régimen hacia los 67 detenidos por la Operación Gedeón. La discriminación comenzó cuando algunos fueron enviados a celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), mientras que otros quedaron en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Tal y como lo señala un reciente informe de la organización Una ventana para la libertad, en Boleíta las condiciones de reclusión son mucho más onerosas y degradantes que las existentes en el Helicoide. En Dgcim el hacinamiento superaba el 80 % antes del 3 de mayo, cuando comenzaron las detenciones de militares y policías que llegaron desde Colombia en lanchas, con el propósito declarado de capturar a Maduro y a elementos de su entorno. Allí han ido a parar aproximadamente 30 implicados. En lo que respecta al Sebin, hay detenidos por este caso que permanecen en celdas compartidas con varias personas, y soportan el confinamiento y las limitaciones en cuanto a la alimentación y la atención médica. Allí, sin embargo, padecen menos incomodidades que las de los reclusos en Boleíta. Pero hay tres individuos por los que tienen especial deferencia. Se trata de los exmarines estadounidenses y miembros de la corporación Silvercorp Airam Berry y Luke Denman, a quienes hasta ahora han tratado con guantes de seda, atendiendo incluso sus requerimientos de alimentación especial (Denman es vegano). Y está también el exdirectivo de Venoco, Franklin Durán, recluido en una celda especial que anteriormente era ocupada por el abogado José Rafael Parra Saluzzo. Hasta ahora, todas las audiencias se han celebrado en una sala ad hoc del Helicoide, a la que se trasladan las partes del caso. Los jueces que atienden el expediente Gedeón son los abogados Hilda Villanueva (Segundo de Terrorismo) y José Maximino Márquez (Cuarto de Terrorismo).

* ¿Quién es Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich? Este hombre es, junto con Luciano Marín Arango (Iván Márquez), uno de los integrantes del nuevo Comando Central de las FARC. Su presencia en Caracas fue revelada hace pocos días por el comisario general Iván Simonovis, comisionado especial de Seguridad designado por el presidente del Parlamento Juan Guaidó. En las imágenes aportadas por el policía se puede apreciar al colombiano mientras es llevado de la mano por los pasillos de lo que aparentemente es la planta baja de uno de los bloques del sector 23 de Enero del municipio Libertador. Hernández Solarte padece una enfermedad degenerativa que le quitó la vista por completo en el ojo derecho, y que amenaza con tener el mismo efecto en el restante. Eso explica por qué casi siempre porta lentes oscuros. Alias Jesús Santrich fue uno de los causantes de la ruptura de los acuerdos de paz (La Habana, 2016) por una parte del referido grupo guerrillero. La tormenta se inició cuando EE. UU. lo acusó a él, junto con otros tres miembros de esa organización (Marlon Marín, Armando Gómez y Fabio Simón Younes Arboleda, alias Doctor) por tráfico de drogas, alegando que ellos habían cometido estos delitos con posterioridad a la firma de la paz en la capital cubana, entre junio de 2017 y abril de 2018. Por ende, se trata de acciones que no gozan de amnistía. Según esta acusación, ventilada en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el grupo había intentado producir y distribuir unas diez toneladas de cocaína. Para llevar los alijos a EE. .UU., utilizarían aviones con matrícula norteamericana. Desde entonces, comenzó un intenso debate en Colombia, pues se presumía que si las autoridades neogranadinas detenían a Santrich los acuerdos de La Habana se vendrían abajo. En julio de 2019, Maduro afirmó en una alocución pública que tanto Hernández como Marín eran bienvenidos en Venezuela. Un mes después, los jefes guerrilleros divulgaron un video anunciando la creación de las nuevas FARC. Estas imágenes fueron grabadas en territorio venezolano, de acuerdo con el diario El Tiempo de Bogotá, que citaba fuentes de inteligencia del vecino país. En una nueva acusación, presentada el pasado 26 de marzo, el gobierno y la fiscalía estadounidenses involucraron a Hernández en el tráfico de drogas en supuesta complicidad con el alto gobierno venezolano, en hechos que habrían comenzado en 1999 y que supuestamente se han extendido hasta el año en curso. Las fotografías y el video de este integrante del Comando Central de las nuevas FARC llaman la atención. El hombre aparece rodeado de individuos armados, quienes según Simonovis pertenecerían a un colectivo de esa parroquia. Es muy probable, por lo tanto, que tales imágenes fuesen tomadas por un integrante del propio anillo de seguridad, que servía al líder guerrillero.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Tiros al mar, por Javier Ignacio Mayorca
Una de las lanchas empleadas para la supuesta incursión en Macuto, Vargas. Foto Eligio Rojas, @ELESPINITO, en el diario El Nacional.
El fracaso inicial de la operación Gedeón ocurrió en una madrugada de terror para los residentes de Macuto.

 

@javiermayorca 

El primer aviso de lo que vendría ocurrió a eso de las 2 a. m. del domingo 3 de mayo. Ese día, los pescadores de Macuto no podrían faenar. Los agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional comenzaban a tomar control de toda la zona, justo en la pequeña bahía donde algunos de ellos solían pernoctar.

Vestidos totalmente de negro, los comandos se confundían con la noche. Poco a poco, bloquearon con sus camionetas el paso de vehículos por la avenida La Playa, desde el desvío en la Intercomunal de Macuto. La restricción al tránsito por allí se prolongaría durante todo ese día.

Luego de tomar posiciones en la bahía de pescadores y en las instalaciones del Instituto de la Vivienda de Vargas (Invivar), los uniformados forzaron la entrada de la planta baja del edificio Cantaura. Los residentes creían que se trataba de un robo colectivo. Los hombres, armados y con pasamontañas, tronaban las puertas en cada piso, exigiendo que les abrieran. Una mujer que habita sola uno de estos inmuebles echó un vistazo por el ojo mágico, y al ver a quienes estaban al otro lado se atrincheró aterrada en el baño de su apartamento, hasta que el sol salió.

En otras moradas del edificio sí pudieron entrar. Nadie les pidió orden judicial. Tampoco la mostraron. Según el testimonio de una residente, tomaron posiciones en por lo menos cinco apartamentos ubicados en los pisos 1, 2, 6 y dos de la planta superior.

C.H. recordó que, inmediatamente después de irrumpir, los agentes despojaban a los ocupantes de sus teléfonos celulares, y simultáneamente hacían un cateo. Luego, dejaban a las personas confinadas en una habitación o un baño. Estos apartamentos fueron usados minutos después como atalayas de tiro, para objetivos que navegarían, en el mejor de los casos, a 200 metros de distancia, amparados en la penumbra. La forma compulsiva de esta actuación, así como el estruendo posterior, ocasionó crisis de nervios en los residentes.

Tiros al mar, operación gedeón
Agentes FAES se apostaron en varios pisos del edificio Cantaura.

Todo en un sentido

Cuando empezaron los disparos, antes de las 4 a. m., todas las personas que residen en los alrededores de La Guzmania buscaron refugio. No eran las detonaciones dispersas que ocasionalmente se escuchan, sino ráfagas intensas.

Los disparos iban acompañados por el sobrevuelo de dos aeronaves, una de ellas helicóptero. La gente las distinguía debido al sonido de sus motores, pero era difícil obtener mayores detalles pues todo ocurría en la oscuridad.

N.G. pernoctaba con su mujer a un kilómetro del lugar del teatro de operaciones. Ella padecía insomnio, e inmediatamente se dio cuenta de que ocurría algo irregular. Lo despertó, apenas empezaron las detonaciones. A él le llamó la atención que los disparos iban de sur a norte, acompañados por los fogonazos correspondientes, y no tenían respuesta de norte a sur. Todo en un solo sentido.

Los que estaban más cerca del lugar creen que el tableteo de las armas duró casi 40 minutos. Los que viven un poco más lejos, dijeron que se mantuvo por menos tiempo.

Antes del amanecer, los militares emprendieron lo que llaman un “escudriñamiento” en los inmuebles que quedaron abandonados gracias al deslave permanente. Los militares hacían recorridos en pequeñas columnas, apuntando a todas partes. Entre Macuto y Caraballeda, indica la documentación recabada para esta nota, registraron las instalaciones de dos clubes recreativos, 26 locales comerciales, ocho edificios completos y doce casas. Esta acción fue expandiéndose hacia el resto del estado.

Con la luz del día, el ir y venir de uniformados no cesó. Las fotos filtradas a las redes sociales por los propios funcionarios indican que la acción no fue solamente en la orilla de la pequeña bahía. Dos cuadras al sur, frente al Ateneo de Macuto, habían intervenido también una vivienda donde antaño funcionó un taller de reparación de aires acondicionados. Allí supuestamente fueron detenidos varios individuos armados con fusiles. Había además una pick up en cuya batea estaba instalada una ametralladora, y en la base numerosas cintas de munición, sin utilizar. El vehículo apenas cabía en una de las puertas inferiores de la casa.

Crímenes sin Castigo | Tiros al mar, por Javier Ignacio Mayorca
La flecha orientada al sur señala el inmueble donde dicen haber detenido a personas armadas con fusiles. Había una pick up en cuya batea estaba instalada una ametralladora.

“Los dueños de ese lugar se fueron hace tiempo, y allí solo estaba un vigilante”, dijo un hombre que vive a media cuadra.

Cerca del mediodía, el gobernador del estado, Jorge García Carneiro, recorrió todo el sitio del suceso, acompañado por cámaras de un medio local pro oficialista. Aún no finalizaba el levantamiento de los cadáveres. La lancha de unos 18 pies de eslora, en la que supuestamente iba lo que llamó “fuerza incursora” rebotaba en forma incesante contra los peñascos frente al Invivar, al ritmo de la marea.

El general afirmó que los cuerpos policiales y militares se enfrentaron a “mercenarios terroristas”. En la tarde, una pick up del Servicio de Medicina y Ciencias Forenses de Vargas se acercó hasta el rompeolas ubicado a cien metros de la desvencijada Plaza de las Palomas. Los cadáveres, aún sangrantes, fueron colocados en la batea y sacados del lugar, cubiertos con plásticos blancos. Luego, serían trasladados a la morgue de Bello Monte.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, solo se contaba con la identificación plena de uno de los fallecidos: el capitán (GN) Robert Colina, alias Pantera, cuyo nombre fue consignado en un parte preliminar de la Guardia Nacional. Según este documento, murieron otras siete personas. Pero hasta el momento de la redacción de esta nota sus identidades no han sido divulgadas.

Según la Policía Nacional de Colombia, Pantera iba a recibir un lote de 26 fusiles que a la postre fueron decomisados en marzo por agentes de ese cuerpo, en una camioneta de circulaba cerca de la ciudad de Santa Marta. Luego de este hecho, el mayor general Clíver Alcalá reconoció que las armas fueron adquiridas por iniciativa suya. Acto seguido, se entregó a las autoridades colombianas.

Lancha en tierra

Luego de cuatro horas del tiroteo, Fermín no aguantaba la curiosidad. Se enfundó en un viejo uniforme, muy parecido al de los milicianos, y caminó hasta el sitio donde ultimaron al grupo. Llegó justo en el momento en que hacían los preparativos para llevarse los cuerpos. Caminó luego hasta la bahía donde están los pescadores. Algunos de ellos tenían un mejor talante, pues les habían entregado algunas pimpinas para gasolina, que flotaban sin dueño.

El casco de la embarcación se fracturó al chocar contra las piedras.

Para finalizar, hizo lo mismo que los residentes del Cantaura y otros tantos habitantes de la zona: verificar daños a las fachadas, buscar casquillos, cristales rotos, algún indicio que hablara de un enfrentamiento. Un recuerdo de algo que parecía importante.

“Nada. Todo lo habían limpiado”, sentenció.

Ni siquiera los tubos de concreto que sirven como muro entre el Invivar y el rompeolas tenían algún impacto de proyectil.

En la tarde de ese domingo, finalizó el retiro del último vestigio de la incursión. Desde el Invivar, alzaron la embarcación utilizando una grúa “jumbo”. La dejaron a la intemperie en los patios de ese despacho regional. La parte inferior del casco está destruida por el choque contra las piedras. Pero no hay evidencia del paso de balas en los laterales de babor o estribor.

La operación Gedeón empezó con un fracaso.

Breves

* Silvercorp USA fue registrada en la División de Corporaciones del estado de Florida el 26 de febrero de 2018. Para el momento en que comenzó la operación Gedeón, esta empresa tenía apenas 26 meses en funcionamiento. Otras entidades del mismo ramo, como Dyncorp (famosa por su participación en el Plan Colombia) tienen más de 40 años en este mercado. De hecho, según el último reporte del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, que lleva la permisología de este ramo, existen en el referido estado 2819 agencias de investigación privada, y 1815 agencias de seguridad. Por esta razón, más de 2.294.073 personas están autorizadas para llevar “armas ocultas” en esa región estadounidense. En este ámbito altamente competitivo, Silvercorp es más bien una advenediza. Según el documento de registro, la sede física está en el 1450 Dow Road de la ciudad de Melbourne, a unos 20 kilómetros al suroeste de Cabo Cañaveral. Como se puede apreciar en la foto, lograda a través del sistema Street View de Google, nada dice que allí está la compañía cuyo máximo representante, Jordan Goudreau, quería cambiar el curso político del país mediante la organización de un movimiento armado. Allí no hay logos ni marquesinas, nada de publicidad. Parece una sede compartida, una oficina alquilada. En la calle, se anuncia que allí está una empresa de transporte. Por otra parte, existe una evidente discrepancia entre las firmas que aparecen estampadas en el expediente legal de Silvercorp USA (tal y como está en la División de Corporaciones) y en el contrato que, según las palabras de Goudreau, fue suscrito con el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, los comisionados Juan José Rendón y Sergio Vergara, así como el testigo Manuel Retureta.

Crímenes sin Castigo | Tiros al mar, por Javier Ignacio Mayorca

* Con la prolongación de la escasez de la gasolina, era casi inevitable la consolidación de los distintos mercados negros del combustible. Para esta edición, se hizo una encuesta informal entre periodistas y residentes de los cuatro puntos cardinales de la geografía venezolana. Esta consulta se desarrolló entre los días lunes 11 y martes 12 de mayo, y permitió obtener datos reveladores. En primer lugar, el hidrocarburo más “barato” en los mercados negros del país se ofrece todavía en Distrito Capital y Aragua. Los precios oscilan entre $ 1 y $ 1,5 por litro. La venden por pimpinas de 20 litros. En Carabobo ha subido de precio, y ya pagan hasta $2 por litro. En Lara ya se cotiza en $3 por litro. Los residentes indican que durante la cuarentena se hizo más cara. En Zulia, la pimpina de 20 litros del hidrocarburo la llaman “punto”, y por ella han pagado hasta $50, lo que da un promedio de 2,5 $ por litro. Aquí la gasolina venezolana compite en el mercado negro con la traída de Colombia, que cuesta menos, entre 35$ y 40$ el bidón. En Mérida también elevó el precio. “Estuvo en $1 hasta hace dos semanas, ahora 2 y hasta 3”, indicó un reportero de la localidad. Allí, las redes más organizadas entregan un ticket a cambio del dinero, y esa constancia la muestra el conductor en la bomba. En Táchira, donde el mercado irregular se consolidó hace mucho tiempo, la gasolina se paga en pesos colombianos al equivalente de 1,1 dólares el litro. En Nueva Esparta y Anzoátegui, los precios van de 1,5 $ a 2$, mientras que en Amazonas se paga hasta 2,5 $. Aun así, solo venderán 20 litros. Por último, en Falcón los precios parecen variar en función de la proximidad con las refinerías. El mínimo, 1$ por litro. Pero aquí también especulan. En todas partes, los compradores van a ciegas: desconocen el octanaje y la calidad del hidrocarburo. El riesgo de fallas mecánicas por el uso de gasolina impura está a la vuelta de la esquina.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Chichí en las sombras, por Javier Ignacio Mayorca
Manuel Rodríguez fue fundamental en la primera operación por la que detuvieron a Chichí Smith, en 1994. Aquí posa con la droga incautada. El 4 de febrero de 1996, fue ultimado por sicarios en Puerto Cabello.
El decomiso de más de cinco toneladas de cocaína por las fuerzas navales de Colombia y Aruba desató varios procesos que, aun en la Venezuela actual, han finalizado las carreras de dos jefes policiales y han puesto a correr a uno de los traficantes de drogas de mayor historia en el país.

@javiermayorca 

El hallazgo de drogas más grande en la historia de Aruba comenzó a gestarse el domingo 23 de febrero, a eso de las 5 p. m., cuando el carguero Aressa zarpó del puerto Guaranao, en el estado Falcón.

La embarcación con bandera camerunesa era vigilada en su trayecto por las fuerzas militares de Estados Unidos, Colombia y los Países Bajos. Los primeros en aproximarse fueron los de la Armada colombiana, cuyos efectivos ordenaron el traslado de la nave hasta la isla neerlandesa. El viaje, que se suponía iba a finalizar en el puerto griego de Tesalónica, solo duró 34 horas.

Luego de una breve búsqueda en el interior, los policías encontraron un compartimiento en el que habían escondido un alijo de poco más de cinco toneladas de cocaína, repartidas en 200 bultos de 25 kilos cada uno.

Del barco descendieron once tripulantes de origen montenegrino, quienes fueron recluidos en celdas de la Policía de San Nicolás, informó el portal 24ora.

Todo esto sucedió cuarenta días antes del anuncio del presidente de Estados Unidos Donald Trump en cuanto al despliegue en el mar Caribe y el Pacífico Oriental de una fuerza aeronaval, con el declarado propósito de parar el traslado de estupefacientes desde Venezuela hacia ese y otros países.

A partir de ese momento, ocurrieron en el país una serie de episodios que guardarían relación con este hallazgo. El 15 de abril, la unidad regional antidrogas de la GN en Caracas detuvo a Raúl del Gallego, Orlando Silva y Jesús Blanco Goitía, en atención a un dato anónimo que los vinculaba con una organización de traficantes de drogas que opera en Carabobo y Falcón. Según la minuta de este procedimiento, del Gallego y Silva tenían credenciales de la policía judicial. Además, en el vehículo donde iban -una camioneta Fortuner- por la avenida Este 6 encontraron una pistola Glock 17 con un viejo troquel del cuerpo de investigaciones en Carabobo.

Al conocerse estas detenciones, circularon por las redes sociales fotos en las que aparecían Silva y el director de Cicpc, comisario general Douglas Rico, en actitud relajada mientras compartían en reuniones sociales. El jefe policial reconoció la veracidad de estas gráficas en una declaración grabada en la azotea de la sede policial, e indicó que las credenciales incautadas por la GN fueron otorgadas por primera vez hace más de veinte años. Este dato trae implícito que las referidas acreditaciones tuvieron que ser sometidas a varios procesos de renovación durante la era Chávez-Maduro.

Para el momento en que Rico divulgó este mensaje, el 23 de abril, ya estaban en curso las destituciones del secretario de Seguridad de Carabobo y jefe de la Delegación de Cicpc en ese estado, José Gregorio Domínguez, y el jefe de la subdelegación Valencia, José Aldana.

Batida a medias

Simultáneamente, corrían otros procesos. El 17 de abril, es decir, dos días después de las detenciones de los funcionarios en Caracas, la Guardia Nacional inició una serie de allanamientos en varias localidades de los estados Falcón y Carabobo.

Al principio, no estaba claro qué perseguían los militares. Pero, luego de cuatro días, ya se entendía perfectamente que intentaban desmontar parte de la estructura encabezada por un hombre cuya historia en el tráfico de drogas se remontaba hasta la última década del siglo pasado. Se trata de Emilio Enrique Martínez, alias Chichí Smith (otros le dicen Chiche).

Lo que estaba implícito es que solo alguien con dominio del territorio y de las rutas pudo haber introducido semejante cantidad de drogas en el Aressa, y en un puerto que se supone es controlado por la GN y la Armada. Era una operación compleja, que requería de grandes seguridades en el muelle donde el alijo sería manipulado. Tómese como referencia que, para sacar la droga del buque, las autoridades arubanas tardaron más de medio día. Los sacos ocuparon las cabinas de dos camiones para transporte de tropas.

Chichí Smith era un sobreviviente. En octubre de 1994 fue detenido con motivo de la incautación de 150 kilos de cocaína en un camión que circulaba por el distribuidor Los Samanes, al sur de Valencia. En este episodio, el tamaño del alijo no era lo más importante, sino las conexiones que revelaba.

El expediente de la operación Trueno, como se llamó a este procedimiento policial, intentaba desmantelar una de las organizaciones más importantes del tráfico de drogas que operaba en el país para ese momento. Chichí Smith era ya entonces un nuevo objeto de disputa entre la DEA y la Guardia Nacional.

Un informe de la GN, elaborado en julio de 1993, revelaba que en el grupo de Emilio Martínez también participaban Ángel Alberto Martínez (hermano de Chichí), Frank Prince, Luis Rincón, León Cachito y otros.

Lo más interesante es que la organización no estaba casada con ningún cartel colombiano. Ya podían operar con la gente de Cali (hay otro expediente sobre eso) como con los Guajiros. Y además extendían sus acciones desde Zulia hasta Sucre.

“Estas estructuras de transporte marítimo y terrestre son autónomas entre sí, permitiéndoles laborar para cualquiera de los carteles colombianos”, indica el documento consignado en el expediente judicial.

El éxito de la investigación dependió en buena medida de la capacidad de convencimiento de un informante confidencial de origen español, Manuel Antonio Rodríguez Lamuño. Le decían el Mocho, pues le faltaba una falange en la mano derecha. Este hombre decía ser capaz de infiltrarse en los grupos que operaban tanto en Cúcuta como en Maicao.

El 4 de febrero de 1996 Rodríguez fue ultimado por sicarios cuando caminaba desde su vivienda hasta un teléfono público, en Puerto Cabello.

Chichí Smith permaneció en el internado judicial de Tocuyito hasta 2005. Tras las rejas, vio cómo cambiaba el sistema penal venezolano, y también el Gobierno. Al salir, le tocó adaptarse a la nueva realidad política. Las historias sobre encerronas en Carirubana y grandes fiestas en Valencia indican que su reinserción fue exitosa.

En los últimos quince años, el nombre de Martínez ha sido mencionado con frecuencia en juicios por tráfico de drogas, pero también por otros delitos, como el de contrabando de combustible. En una oportunidad, los militares detectaron que supuestamente mantenía una red de embarcaciones que hacían el traslado de gasolina a las islas del Caribe, donde era vendida a precios internacionales. Para obtener el combustible, las lanchas no debían llegar a la orilla: podían surtirse por una manguera instalada en una plataforma flotante.

Al tiempo que desarrollaba estas nuevas actividades, Martínez creó una fundación que le permitió proyectar beneficios en las comunidades, y ganarse el aprecio de su entorno social. Una fórmula que también siguió el líder de otro grupo que operaba en ese estado, Simón Álvarez.

La fundación de Chichí, llamada Carmen Martínez, organizaba jornadas deportivas y culturales, así como también la entrega de alimentos y materiales para la construcción de viviendas. La sede de esta entidad en Carirubana fue allanada por efectivos de la Guardia Nacional. Una acción que fue rechazada por los pobladores. Para aplacar los ánimos, fue necesario enviar unidades de orden público mientras sacaban las computadoras y analizaban la documentación.

Chichí Smith no está formalmente preso. Pero ya el Gobierno hizo control de daños, puesto que tiene bajo su custodia a una sobrina, señalada de ser representante de la referida fundación. Tocará al jefe, entonces, un nuevo período de silencio.

Breves

* Entre los días 22 y 23 de abril, una comisión del ministerio para Servicio Penitenciario ordenó la liberación de un importante grupo de detenidos en el centro de detención Hombre Nuevo Libertador, ubicado en Tocuyito. Según la organización Una Ventana a la Libertad, que trabaja la materia carcelaria, salieron a la calle 382 reclusos, que ya purgaban condena no solo por delitos considerados menos graves, como el hurto o las lesiones leves, sino también por robos. Esta medida ocasionó cierto revuelo en cuerpos policiales de la región, cuyos funcionarios veían a los grupos de presos caminando por la autopista en dirección norte, vistiendo todavía las bragas amarillas que ha implantado el despacho de María Iris Varela para la población penitenciaria. Desde que se verificó la llegada de la COVID-19 a Venezuela, este ministerio ha otorgado por lo menos 896 libertades bajo una figura conocida como régimen de confianza tutelada, que entró en vigencia en diciembre de 2015 tras la aprobación del Código Orgánico Penitenciario. De acuerdo con el artículo 161 del texto, se trata de una reubicación del penado, ya sea en una “unidad de producción o en un área especial del recinto penitenciario”. Por vía excepcional, los procesados también pueden ser objeto de estas medidas cuando tengan de forma ininterrumpida un tiempo de reclusión superior al necesario para optar por el régimen de destacamento de trabajo, que es la mitad del tiempo de prisión estipulado para el delito atribuido a esa persona. Pero, según las normas legales, en ningún caso se permitiría que los reclusos salgan “por la libre”, como ha sucedido. Hay, desde luego, una presión sobre el llamado “órgano rector” de la materia carcelaria, ante la posibilidad de que ocurran infecciones masivas entre los reclusos, para lo cual no hay capacidad de atención médica. Tómese en cuenta, por ejemplo, que durante el primer trimestre de 2020 murieron tras las rejas once personas afectadas por tuberculosis.

* El 21 de abril fue reportado a través de las redes sociales un supuesto “alzamiento” de oficiales subalternos de la Guardia Nacional -casi todos con el grado de capitán- en los Altos Mirandinos. El término tiene amplia acepción, pero generalmente da a entender el resultado de una acción armada contra el jefe del Estado. En realidad, se trataba de otra cosa. Según el representante de la asociación Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior (Veppex), teniente retirado José Colina, la idea de los capitanes era tomar el puesto de ese componente en Puerta Morocha, carretera Panamericana, y utilizar las armas que estuviesen allí para luego liberar a los presos del Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde. El plan fue contrarrestado por la Dgcim debido aparentemente a la delación de un oficial. A partir de entonces, se han producido traslados compulsivos hacia la central de la Dgcim en Boleíta Norte de profesionales de varias fuerzas que estaban recluidos en ese lugar. Entre ellos están los coroneles Pedro Zambrano, Rommel Acevedo y Ervin Gragirena Echezuría, este último del Ejército. También los mayores Adrián de Gouveia y Abraham Suárez, los capitanes Reny Olivares y Jesús María Alarcón; el sargento Edison Morillo Mujica y el civil Roberto Bracho. Esta es una lista incompleta, basada en información de abogados y familiares. Además, algunos de estos traslados ocurrieron en días previos a la acción fallida, lo que hace suponer que la Dgcim estaba advertida sobre este plan con bastante tiempo de antelación. Se debe recordar que el miércoles 15 de abril ocurrió una requisa intempestiva en las celdas de esta cárcel militar. Ahora, familiares y abogados han manifestado su preocupación, pues el endurecimiento de las condiciones de reclusión, en parte debido a la cuarentena por la COVID-19, hace presumir que empeorará la salud del coronel Zambrano, quien quedó afectado de por vida como consecuencia de los golpes recibidos durante los interrogatorios.

 

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Crímenes sin Castigo | Venezuela en probeta, por Javier Ignacio Mayorca
¿Cuál ha sido el impacto del despliegue policial y militar en un contexto de inmovilización social? Las cifras sugieren que el experimento de la cuarentena va más allá de la mera contención a la COVID-19

@javiermayorca 

Lo que está pasando en Venezuela desde el mes de febrero será algo digno de estudio durante los meses y años por venir. Uno podría pensar que se trata de un gran experimento, aún por finalizar.

Esto comenzó el tercer fin de semana del segundo mes del año, con la ejecución de los ejercicios cívico-militares Escudo Bolivariano. Esa actividad apenas duraría dos días. Una vez más hubo la oportunidad de apreciar las pintorescas movilizaciones de milicianos, y los posicionamientos ostensivos de francotiradores, colectivos armados, sistemas de defensa antiaérea en los alrededores de los aeropuertos y tanques de guerra en las entradas a las grandes ciudades.

El último día de los ejercicios, Maduro anunció que se llevarían a cabo de manera sorpresiva. Pero las minutas de las policías ligadas al oficialismo y los documentos de la FANB indicaban que en realidad Escudo Bolivariano se prolongaría, de manera continua y por tiempo indefinido.

Cuando Guaidó comenzó a “calentar la calle”, en la segunda semana de marzo, los policías y los militares no necesitaron orden de despliegue. Ya estaban allí.

El viernes 13 de marzo, Maduro anunció su decreto de alarma nacional. Era un estado de excepción sobre otro que ya venía arrastrándose con motivo de la “emergencia económica”. Dos de las tres modalidades de estados de excepción previstas en la Constitución. Solo falta la conmoción.

En la primera quincena de marzo no había ningún caso de COVID-19 admitido por los voceros del Ejecutivo. Esta simple evidencia es uno de los elementos que fundamenta la sospecha de reconocidos epidemiólogos como el doctor Julio Castro, en cuanto a que la declaratoria del estado de alarma fue adelantada por motivos que no tenían que ver estrictamente con la preservación de la salubridad pública.

En el desarrollo del estado de alarma, los colectivos armados han participado activamente en labores de control social y político en las parroquias 23 de Enero y Catia. En oportunidades, han bloqueado la circulación de amplias zonas del municipio Libertador. El 21 de marzo en la tarde dieron una demostración de que iban en serio, y mataron a tres personas que jugaban dominó en plena calle El Porvenir de El Observatorio. Lo hicieron previa advertencia, con la certeza además de que todo quedaría impune, como ha sido hasta ahora.

En este experimento, las cifras conocidas extraoficialmente indican que los homicidios han tenido altas y bajas, incluidos aquellos perpetrados por agentes de cuerpos uniformados. Si se hicieran cortes de diez días, se podrían ver resultados insólitos. En cinco de los nueve períodos que se obtuvieron entre el 1 de enero y el último día de marzo las muertes a manos de policías y militares han rebasado a las que fueron producto de otros actores.

En general, durante el mes de marzo se pudo apreciar una tendencia a la baja en cuanto a todas las muertes. Y es lógico. Tal y como lo explicó el criminólogo Keymer Ávila, al estar menos personas en las calles la tendencia será a la reducción de los delitos violentos que generalmente se cometen en ellas. En esta lista figuran los homicidios, cuyo escenario es la vía pública en aproximadamente el 75 % de los casos.

En el período que comenzó el 11 de febrero y terminó el 10 de marzo, es decir, a partir del despliegue militar y policial, los homicidios cometidos por cuerpos uniformados fueron más numerosos que los perpetrados por criminales, civiles en riña o personas afectadas por ira pasional.

Venezuela en probeta. Javier Ignacio Mayorca
Fuente: MRI

Todo esto, se reitera, en un contexto en el que la criminalidad general tiende a la baja, debido al posicionamiento de los cuerpos de seguridad, e igualmente como producto de la cuarentena misma.

El comportamiento de los homicidios también está influido por factores locales. En marzo, los casos por resistencia a la autoridad en el eje Distrito Capital/estado Miranda sumaron 21, mientras que los homicidios por otras razones fueron 53. En cambio, en ese mismo lapso, hubo 40 fallecidos a manos de policías y militares en el estado Zulia, y 29 por los demás victimarios.

Según Ávila, incluso aquellas muertes que no han sido catalogadas como “resistencia a la autoridad” pudieron ser producto de la acción de cuerpos del Estado, a través de las llamadas “ejecuciones extrajudiciales”, o también responsabilidad de grupos que cuentan con el favor oficial, como sucedió en el 23 de Enero.

“Es como si no estuviesen en cuarentena. La violencia institucional letal no obedece a la lógica de los enfrentamientos”, advirtió.

¿Qué sucederá durante la extensión de la cuarentena? El Gobierno se ha percatado de que la inmovilización social le conviene. Por una parte, ralentiza la evolución de la pandemia por el Covid-19, al tiempo que mitiga el impacto por la creciente escasez de combustibles. Por la otra, impide que los factores políticos que lo adversan ganen terreno. Toda esta situación, incluso, ha dejado en un segundo plano el debate sobre los preparativos para las elecciones parlamentarias.

En las últimas dos semanas, sin embargo, se ha comenzado a evaluar la posibilidad de una revuelta popular al estilo caracazo. Algunos indicios parecieran sugerir que la situación social se ha deteriorado hasta niveles extremos. Desde que comenzó este experimento, han ocurrido saqueos en varias partes del país. El Gobierno ha tomado nota de siete casos, en Zulia, Monagas, Anzoátegui y Bolívar. Pero estos son solo algunos con “pérdida total” de mercancías. Otros en Aragua y Sucre han sido conatos, en los que solo se produjeron pérdidas parciales debido a la llegada de algún cuerpo de seguridad, y no fueron incluidos en las estadísticas.  Este es un factor de riesgo adicional que deben afrontar hoy día las distribuidoras de alimentos.

Hay en la actualidad diferencias fundamentales con respecto a lo ocurrido en febrero de 1989. Entonces, la respuesta policial fue tardía, en parte debido a un conflicto que mantenía en huelga a la Policía Metropolitana. Además, había medios de comunicación independientes, con amplias audiencias, y combustible para moverse. Hoy en día, policías y militares están en las calles casi en forma permanente, la disponibilidad del combustible es casi nula para los demás sectores de la sociedad (la FAN sí tiene) y los medios independientes fueron arrimados a rincones de la web.

Visto así, el panorama actual es distinto al de aquella época. Uno de los propósitos específicos de este experimento inacabado, entonces, sería impedir todo cambio aún si -como indican las encuestas- el descontento hacia los gobernantes actuales es igual o mayor que el que originó la movilización social hace 31 años.

Breves

* Diversas reacciones ha suscitado el hundimiento de la patrullera de la Armada GC23 Naiguatá, como consecuencia de una colisión contra el crucero de bandera portuguesa Resolute, en la madrugada del 30 de marzo al norte de La Tortuga. El excomandante general de la Armada, vicealmirante retirado Jesús Briceño García, exhortó a la Inspectoría de ese componente a emitir cuanto antes un veredicto sobre los factores que se conjugaron a para que la nave quedara en el fondo del mar. Rechazó a los que han emitido afirmaciones sin conocer el medio naval, pero admitió la posibilidad de que se cometieran errores en el procedimiento de “visita y registro”, un “cruce de proa indebido”, y fallas en los sistemas para el control de averías. Otro que ha emitido criterio en foros grupales ha sido el contralmirante retirado Daniel Comisso Urdaneta, para quien este siniestro es motivo de gran dolor, y el producto de “imperdonables faltas de cumplimiento en las previsiones, precauciones y normas de seguridad a la navegación”, cuyo primer responsable sería el comandante de la embarcación. El Ejecutivo, a través del INEA, designó una junta de investigación encabezada por el capitán de navío Máximo Bernardo González Álvarez, e integrada por otras nueve personas. Sin embargo, es claro que en el contexto actual este grupo carecerá de la independencia debida. Según el experto en cuestiones de búsqueda y salvamento, Enrique Martín, lo más sano sería que las partes involucradas en este suceso (Venezuela y Portugal) soliciten a la Organización Marítima Internacional (OMI) que actúe como intermediaria e incluso presida una junta ad hoc, en la que también participen delegados de las Antillas Neerlandesas. Sería una decisión análoga a la aplicada con motivo del derribamiento de los aviones de Hermanos al Rescate (febrero 1996), por la Fuerza Aérea de Cuba. En ese caso, la junta de investigación fue presidida por representantes de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), e integrada por delegados de las partes involucradas (Cuba y EE. UU.).

* El mayor general retirado Hugo Carvajal, exdirector de Contrainteligencia Militar, avanza en un proceso de entendimiento con las autoridades estadounidenses, a propósito de las acusaciones en su contra por presunto tráfico de drogas. La traba, indican fuentes policiales españolas, tiene que ver con el destino de ciertos activos que el oficial tendría en Europa y Estados Unidos, a través de terceras personas. Alias el Pollo estaría aún en suelo europeo, luego de su inexplicable evasión de la vivienda donde permanecía arrestado, mientras se decidía su extradición a EE. UU. Hasta ahora, el único puesto a derecho en este caso es el mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones, excomandante de la 41 brigada blindada y de la guarnición del Zulia. Este oficial es representado ante la corte del Distrito Sur de Nueva York por el abogado Adam Kaufmann.

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Crímenes sin Castigo | Acusación en cuarentena, por Javier Ignacio Mayorca
Los señalamientos presentados por el fiscal Barr son un capítulo más de una vieja historia que empezó antes de que Chávez llegara al poder

Javier Ignacio Mayorca | @javiermayorca

El estatuto RICO está vigente en Estados Unidos desde 1970. Era una ley innovadora, producto de la inspiración de un académico de Notre Dame (Nueva York), Robert Blakey, que le confirió a la Fiscalía y a los cuerpos policiales la posibilidad de atacar organizaciones criminales completas, no por algún delito en particular, sino por el hecho mismo de formar parte de tales organizaciones.

En su libro La dinastía mafia, John Davis relata las dificultades que hubo en EEUU para lograr una aplicación plena de esta ley. Contrario a lo que se pensaba al inicio, los casos según RICO requerían de prolongadas y costosas investigaciones, que a menudo exigían una combinación de infiltraciones en el medio criminal, respaldadas por los avances en la inteligencia electrónica.

Básicamente, se necesitaba llenar ciertos requisitos. Lo más importante era demostrar la existencia de una empresa criminal continuada, es decir, una o un conjunto de actividades ilegales destinadas a producir una ganancia económica, y ejercidas por estructuras con líneas jerárquicas claramente establecidas, por lo menos a lo interno de la organización. En la Cosa Nostra, versiones americana e italiana, esa estructura se llama la Comisión. Para ser enjuiciable a través de RICO, esta corporación criminal debía tener una duración de por lo menos diez años.

El delito por excelencia de estas organizaciones de tipo mafioso es la extorsión. La violencia actual o la amenaza de ejercerla es un punto clave, incluso para preservar el orden interno y preservar la ley del silencio u omertá. En esta clandestinidad, las actividades se van diversificando hacia los comercios ilícitos de todo tipo.

Luego de vencer las resistencias internas, que venían desde el propio director John Edgar Hoover, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) pudo desplegar sus capacidades para comprobar en juicios la existencia de las cinco grandes familias de la mafia ítalo-americana. Pero esto se logró solo en los años ochentas del siglo pasado, con el proceso a Paul Castellano, capo de la familia Gambino que terminó ejecutado por sus compinches en una calle de Manhattan.

Las investigaciones según el estatuto RICO generalmente se desarrollan en el propio territorio estadounidense. Solo así se garantizan ciertos estándares en cuanto a la obtención de las evidencias. Afuera no es imposible, pero se requiere de estrecha cooperación con las policías de los países donde se llevan a cabo. Algo de esto lograron los italianos y los estadounidenses con la llamada conexión Pizza, al punto que se pudo vigilar el traslado de cargamentos de heroína desde suelo europeo hasta Nueva York y otros lugares de la unión, para luego distribuirla a través de una extensa red de locales de comida italiana. Pero lo más importante no era determinar cómo la droga llegaba a las esquinas, sino cómo el dinero subía hasta el tope de la jerarquía mafiosa.

La acusación contra Nicolás Maduro no llena los estándares de la ley RICO. De allí que el estatuto en cuestión nunca es mencionado. Y sin embargo se refiere la supuesta existencia de una organización criminal, denominada el Cartel de los Soles. Según el fiscal general estadounidense, William Barr, ha sido el producto de una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Demostrar la supuesta implicación de oficiales venezolanos en el tráfico de drogas es un viejo objetivo de esta policía. Se remonta hasta años antes de que Hugo Chávez llegara al poder. Las primeras referencias al supuesto Cartel de los Soles comenzaron a hacerse en voz baja durante los años noventa del siglo XX. Estos episodios son narrados en un libro de Manuel Malaver, titulado La DEA contra la Guardia Nacional de Venezuela. Son procesos de vieja data, pero muchos de sus protagonistas aún están en el país. Por si quedaba alguna duda, basta con asomarse al juicio de extradición planteado en la Audiencia Nacional de España contra Hugo Carvajal, uno de los supuestos integrantes de este cartel militar. En dicho proceso, las cartas de Adolfo Romero Gómez, alias Cristóbal, sirvieron como sustento a la defensa. Romero es protagonista fundamental en el libro de Malaver.

Ahora bien, una cosa es recopilar información sobre la implicación de este u otro individuo, civil o militar, en el tráfico de drogas, y otra muy distinta es sostener según los estándares de prueba estadounidenses, que tales sujetos actuaban como un cartel, léase como un grupo confabulado para operar como empresa criminal continuada. Y, para mayor rigor, con capacidad para determinar los precios del producto objeto de comercio ilegal. ¿Por qué a la OPEP la llamaron alguna vez el cartel petrolero? Porque sus decisiones podían ocasionar alzas o bajas en el precio mundial del crudo. ¿Este Cartel de los Soles llegó a determinar el precio de la cocaína, en Europa o Estados Unidos?

Según la acusación presentada por la fiscalía estadounidense, el mayor general retirado Clíver Alcalá es otra figura del Cartel de los Soles. De hecho, su cabeza tenía un precio de diez millones de dólares. Una cotización similar a la colocada para el ex jefe de la Dgcim Hugo Carvajal, el actual presidente de la ANC Diosdado Cabello y el vicepresidente de Economía Tarek el Aissami. Ese es un indicador sobre la importancia que le asignan los estadounidenses al ex comandante de la 41 brigada blindada del Ejército y ex jefe de la guarnición zuliana.

Con su entrega y posterior traslado a EEUU, las autoridades judiciales de ese país deberán poner en manos del general todas las pruebas que obran en su contra. A este proceso se le llama descubrimiento. Alcalá, se debe recordar, fue uno de los promotores de las primeras acciones contra Walid Makled, en 2011. Para ese momento, alias Turco era señalado por la propia DEA como el principal bróker de drogas del país, conectado con las FARC a través de figuras como el Boyaco José María Corredor y con los militares que le facilitaban la salida de los alijos por Maiquetía o Puerto Cabello. ¿Era entonces Alcalá una especie de niño travieso del cartel de los soles, o realmente estaba alineado con otros intereses?

La acusación contra Maduro surge en un momento de profunda crisis política, social e institucional en el país. Muchos ven en esta imputación el “inicio del fin”, puesto que definitivamente ha sido acompañada por manifestaciones claras de voluntad por parte del poder estadounidense. La última de ellas ha sido el anuncio sobre el reforzamiento de la flota de la Marina en el Caribe. Si había dudas en cuanto a que una cosa complementa a la otra, bastaba con ver al fiscal Barr acompañado por el presidente Trump, el secretario de Defensa y los jefes militares.

Según esta lógica, en el epílogo de la historia solo interesará el resultado.

Breves

-El hundimiento de la lancha patrullera GC-23 Naiguatá, en un incidente con el crucero de bandera portuguesa Resolute, pone de manifiesto una vez más la incapacidad para comunicar efectivamente por parte de las fuerzas militares venezolanas con datos que contribuyan al esclarecimiento de un episodio revestido de gravedad. La información sobre este hecho se ha manejado con una vaguedad exasperante, que no ayuda a contestar las interrogantes más elementales. Por ejemplo: ¿cómo permitió el comandante de la nave, capitán de navío Yemince Granadillo, que se produjera una colisión con una embarcación de un tonelaje seis veces mayor? ¿Se ajustaba este procedimiento a los principios de lo que se conoce como “visita y revisión”? ¿Por qué el Ejecutivo, tan preciso en ciertas circunstancias, en este caso no suministró las coordenadas donde ocurrió el incidente? ¿Qué pasó con las bombas de achique de la patrullera construida por los españoles? Desde luego, estas son apenas algunas de las cuestiones por aclarar. Lo cierto es que con este caso ya son dos las naves construidas por Navantia que han quedado inoperativas. La primera fue la patrullera Warao, que encalló en costas brasileñas en agosto de 2012, en vísperas de los ejercicios VenBras. Luego de grandes esfuerzos y gasto, la trajeron hasta Puerto Cabello, y ahí permanece, junto con otra patrullera de guardacostas cuya construcción nunca terminaron.

-Al cierre de esta entrega, se recibe un correo electrónico en respuesta a un listado de preguntas formuladas a los representantes públicos del buque Resolute. Aunque Columbia Cruise Services se reservó por ahora el nombre del capitán de la embarcación de bandera portuguesa, así como del resto de la tripulación, sí se extendió en la explicación de las acciones emprendidas apenas se percataron del hundimiento de la nave militar venezolana: “El RCGS Resolute comenzó inmediatamente los preparativos para la respuesta de emergencia, justo luego de que ocurrió el incidente. De acuerdo con la declaración de nuestro capitán, se ordenó que toda la tripulación estuviese en cubierta lista para asistir y preparar los botes de rescate para su lanzamiento. Los camarotes fueron preparados junto con el hospital para proveer alivio ante las lesiones potenciales. También dirigimos nuestras luces de búsqueda hacia la embarcación de la Marina, para ayudarlos en la visibilidad. Todos los intentos por contactar al comandante de la nave de la Marina no tuvieron respuesta. El RCGS Resolute permaneció durante más de una hora en las proximidades de la escena. La nave continuó navegando luego de recibir la orden del Centro de Coordinación Marítima de Rescate (Curazao)”. Indicaron además que durante las comunicaciones previas al incidente la patrullera de la Armada no reveló el propósito que tenía la orden de ir hacia Puerto Moreno, en Margarita.  Estos portavoces también declinaron cualquier precisión en torno al lugar donde ocurrió la colisión. Se limitaron a reiterar que fue en “aguas internacionales”.

-El 1 de abril, el Colegio de Guerra de la Marina de Estados Unidos emitió un informe producto de los hallazgos de los ejercicios de simulación sobre respuesta cívico militar a escenarios de crisis por enfermedades virales. Las conclusiones del reporte Respuesta al surgimiento de una pandemia urbana 2019 fueron divididas en dieciséis puntos. Para esta entrega, solamente serán destacados dos. En primer lugar, indica el documento, las cuarentenas masivas forzadas, así como cualquier otra línea de acción basada en órdenes que fluyen de arriba abajo, pueden ser contraproducentes puesto que tienden a “securitizar” los programas, y por ende depositan toda la responsabilidad en instituciones con una sobredemanda de servicios en esas coyunturas, como son las militares y policiales. Las cuarentenas masivas tienden a aislar e incomunicar a importantes sectores de población, incluidos los contagiados, y esto reduce la capacidad de una respuesta oportuna. “Uno no puede reducir la extensión de la enfermedad si las personas esconden sus infecciones debido al miedo y el estigma”, concluye el informe. Por otra parte, se recomienda descentralizar al máximo los mensajes sobre la evolución de la enfermedad, acudiendo a portavoces confiables en cada localidad. “La autenticidad, la verdad y la información utilizable son la principal moneda para una comunicación exitosa sobre riesgos”.