Javier Mayorca, autor en Runrun

Javier Ignacio Mayorca

Crímenes sin Castigo | Una nueva etapa para la FAN, por Javier Ignacio Mayorca
La llamada Ley Constitucional de la FANB impone a la institución militar las características planteadas por Hugo Chávez en el proyecto de Carta Magna que fue rechazado por el país en 2007

 

@javiermayorca

La llamada Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en Gaceta Oficial el 30 de enero, implicará para la institución militar y para el país en general una serie de cambios que van mucho más allá de la mera elevación de la Milicia al grado de “componente especial”.

El texto, aprobado sin discusión alguna por la asamblea nacional constituyente, hace una caracterización de la Fuerza Armada que reproduce los términos de la reforma constitucional planteada en 2007 por el entonces presidente Hugo Chávez, y que fue rechazada en un referéndum.

En la nueva redacción del artículo 328, Chávez propuso una institución castrense antiimperialista, que ejecutara una particular interpretación de la “doctrina bolivariana”, que aplicara los principios de guerra popular de resistencia, y que no obedeciera a los intereses de “oligarquía alguna o poder imperial extranjero”. 

En el artículo siguiente, el mandatario propuso transformar la Guardia Nacional por Guardia Territorial, así como la inmediata creación de la Milicia Popular Bolivariana.

Según el expresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Luis Manuel Esculpi, esa propuesta “derrotada” posteriormente ha sido impuesta en cambios sucesivos a la legislación castrense, valiéndose de poderes habilitantes que fueron otorgados por la Asamblea Nacional en distintos momentos.

Al año siguiente del referéndum perdido por el oficialismo (2008), Chávez emitió un decreto ley que cambió el nombre de la Fuerza Armada, al añadirle el adjetivo de Bolivariana. Luego crearon a la Milicia Nacional (no popular) como una entidad de complemento a los componentes tradicionales. Ahora, la llamada Ley Constitucional la erige en el quinto componente de la FANB, algo que en la práctica ya era tomado como tal.

El artículo 1 de ese texto rescata todos los adjetivos del proyecto chavista: antiimperialista, antioligárquica, bolivariana. Y no menciona la primera característica citada en la Carta Magna, que es la esencia profesional de la FANB.

Esculpi sostuvo que el propósito de esta reforma es “colocar a la FANB al servicio de un proyecto de poder”. Ya no se trata de la concreción de un esquema ideológico sino la preservación del control del Estado con fines meramente prácticos.

Visto así, cobra enorme importancia la nueva figura instituida en el artículo 25 de esta norma, llamada zonas económicas especiales militares, que son áreas “donde se identifican y ubican potencialidades, condiciones generales y especiales para realizar actividades productivas endógenas, sustentables y sostenibles dirigidas por la FANB en unión cívico militar”. La designación de un territorio bajo esta condición es ahora potestad del Presidente.

Aunque Maduro pueda crear zonas económicas especiales militares en todo el país, para Esculpi las más importantes serán las que afecten la actual distribución de influencias en el Arco Minero. Allí, un grupo de generales del Ejército se disputa el control de las riquezas, al tiempo que la Guardia Nacional también ha ganado importancia como componente de vigilancia, mediante resoluciones de MinDefensa que expanden las jurisdicciones de dos destacamentos en Bolívar.

 

Ojos por doquier

En la nueva norma, los componentes castrenses acumulan en total 106 funciones. Esto representa un 55,8% de incremento con respecto a la ley implantada en noviembre de 2014. Todos los componentes sumaron atribuciones. Los más ambiciosos fueron la Armada y la Aviación, en ese orden. Paradójicamente, fueron las fuerzas que según Esculpi habían manifestado su mayor oposición a la gestación de la Ley Constitucional de la FANB.

Hay varios factores comunes en la nueva lista de funciones. En primer lugar, todos los componentes deberán “contribuir” con el sistema de inteligencia y contrainteligencia, en unos términos que no son especificados en la ley. Es cierto que cada fuerza tiene despachos de inteligencia y contrainteligencia, prácticamente desde que fueron creados. Pero entonces la búsqueda y el procesamiento de informaciones se orientaba hacia objetivos distintos, asociados a la vida castrense. Ahora, los militares tendrán la obligación de tender sus miradas hacia la sociedad. Y este deber comprometerá especialmente a los milicianos, que están imbuidos en los consejos comunales y en los despachos del Estado, a través de los llamados cuerpos combatientes.

La Fuerza Armada, además, extenderá su radio de acción hacia todo lo relacionado con la seguridad ciudadana. Los cuatro componentes tradicionales tienen ahora atribuciones de policía administrativa y de investigación penal.

Frente a esta situación, cabe preguntarse qué hará la Asamblea Nacional. Según el presidente de la comisión de Defensa, Eliézer Sirit, los diputados fijarán posición sobre el tema durante la próxima sesión.

En su criterio, se trata de una ley inconstitucional, que “destruye el profesionalismo de la Fuerza Armada, dándole responsabilidades a gente que no se ha preparado para eso”.

Aclaró que los diputados no podrían derogar la ley, puesto que se trata de un texto emitido por un cuerpo distinto del Parlamento, que en su criterio carece de validez. No obstante, ante la realidad concreta de que regirá la vida militar, lo más probable es que se apruebe un acuerdo en rechazo a la norma y al mecanismo puesto en marcha para su aprobación.

 

Breves

*En 2019 fueron reportadas 4953 muertes en 5179 casos de “resistencia a la autoridad”. Estas cifras, conocidas extraoficialmente, confirman que los cuerpos policiales y militares, tomados como un todo pues se trata de agentes de la fuerza pública, se han constituido en el principal factor de violencia letal en el país. El número de muertes representa más del 43% de los homicidios registrados durante el año recién finalizado. La Policía Nacional Bolivariana, dentro de la cual se inscribe la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), es la institución cuyos funcionarios se han involucrado en la mayor cantidad de fallecimientos durante 2019, con 1818. Le sigue la policía judicial, con 1167. Los cuerpos uniformados regionales y municipales acumularon 1420, y los componentes de la Fuerza Armada Nacional participaron en 548. A partir de octubre, es decir, luego del segundo informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, la actividad letal de los organismos policiales y militares disminuyó en forma consistente.

*Desde diciembre de 2019, la policía judicial procesa la denuncia sobre una interesante modalidad de extorsión. Comienza con el anuncio de una gestoría para la renovación de pasaportes vencidos. El servicio se plantea como una solución para los que han emigrado a países como España o México, y que pretenden regresar por temporadas a ver a sus familiares. El gestor convence a las personas para que envíen el documento a la oficina de un conocido servicio de encomiendas en Cúcuta. A partir de ese momento, solo se comunica con los remitentes a través de un número del sistema de mensajería WhatsApp, y les pide una espera de un mes a mes y medio. Ya los clientes han cancelado por adelantado la suma de 250 dólares. Luego, el gestor incumple su promesa, y exige un nuevo pago por 400 dólares. Ante los reclamos, dice que no puede devolver los pasaportes debido a que supuestamente están en poder de sus jefes. Debido a las presiones y denuncias previas, el hombre tuvo que salir del país. Dejó a su mujer y a su hija a cargo de las operaciones. Según las denuncias, los pasaportes de las víctimas son llevados a un local de Turén (Portuguesa), que funge como centro de operaciones de este grupo.

Crímenes sin Castigo | El declive del ejército profesional, por Javier Ignacio Mayorca
La promoción de la Milicia Nacional pone en riesgo una de las características primordiales de la Fuerza Armada, según lo establecido en la Constitución

@javiermayorca

El 9 de enero, el Inspector General del Ejército, general de división Isidro Ubaldo Rondón Torres, ordenó a los jefes de unidades de ese componente la remisión “con carácter de urgencia” de la información más actualizada del “completamiento” de las plazas vacantes en cada dependencia, con efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana.

En otras palabras, la orden de este oficial revela que los milicianos serán destinados para aquellos cargos o posiciones que no hayan sido llenadas mediante los procesos regulares de reclutamiento, o por la incorporación voluntaria de tropas profesionales a la principal fuerza militar del país.

En la FAN, la Inspectoría General de cada componente tiene la misión de supervisar el debido cumplimiento de los procesos. En este caso concreto, entonces, la orden de Rondón es el producto de una decisión tomada previamente por el alto mando militar.

Lo que está sucediendo en el Ejército no es un caso aislado. En agosto de 2019, el presidente Nicolás Maduro anunció la incorporación de contingentes de milicianos a la Guardia Nacional.

 

La Milicia Nacional no solo se ha convertido en el quinto componente de la Fuerza Armada (gracias a la reforma implantada en la legislación militar, vía Habilitante, en noviembre de 2014), sino también en una fuente de “sangre nueva” para el resto de las fuerzas, o por lo menos las que están destinadas al control terrestre.

Maduro insiste en que ya la Milicia Nacional rebasó los tres millones de integrantes. Esto es poco probable. El único registro conocido sobre la magnitud del personal registrado en la Milicia, divulgado en la FAN con motivo de un ejercicio que se desarrolló en noviembre de 2018, indica que este cuerpo tiene 1,34 millones de individuos inscritos. Esta cifra se logró luego de una intensa campaña que abarcó tanto a sectores populares como a los despachos de la Administración Pública.

Aún si esta cifra fuese real (1,34 millones) la desproporción entre los milicianos y el resto de las fuerzas resultaría enorme. Tanto como diez a uno. Pero, si lo que ha dicho Maduro últimamente se acerca a la realidad, entonces la proporción de milicianos con respecto al resto de los componentes regulares sería de treinta a uno.

Los desafíos para que los componentes de la FAN asimilen la entrada masiva de milicianos son múltiples. En este espacio, solo se referirá el relativo a los requisitos para la admisión a la FAN: mayoría de edad, nacionalidad venezolana, dos fotos carnet, copia de la cédula de identidad, resumen curricular y una “carta de buena conducta”, emitida por la autoridad civil correspondiente. Como se ve, el estándar mínimo es bastante bajo. Tanto que ni siquiera se menciona el tradicional requisito de estatura igual o superior a 1,65 metros. Tampoco, haber cursado educación media, o educación alguna.

La “buena conducta” puede ser certificada por algún consejo comunal, y no implica ausencia de antecedentes penales, pues esta constancia no la expide una jefatura civil sino el ministerio de Relaciones Interiores. En otras palabras, se abre una ventana de oportunidad para el ingreso a la FAN de personas que hayan cometido delitos. Y que seguirán en eso, aprovechando el uniforme, tal y como sucedió con los materiales guardados en el almacén del hospital de Coro (julio 2019), los medicamentos de la base de misiones en Barcelona, Anzoátegui (agosto 2019), y los juguetes que repartirían en la fundación Lara Bella y Segura (diciembre 2019). La lista es mucho más larga.

La primera característica que asigna la Constitución vigente a la Fuerza Armada (artículo 328) es que se trata de una institución “esencialmente profesional”. A los oficiales que formaban parte de la cúpula militar cuando Chávez llegó al poder, esto les parecía un avance con respecto a la Carta Magna de 1961, que resaltaba más los valores de obediencia y no deliberancia. Ese carácter profesional debería pasar por rigurosos procesos de selección y formación de los oficiales y efectivos de tropa. La FAN tendería a ser una institución más bien reducida pero altamente eficaz.

 

Veinte años después, la jerarquía castrense se ve obligada a tomar decisiones que van contra el primer rasgo definitorio de la FAN -según la Constitución- al incorporar a milicianos con el simple propósito de llenar las plazas y cumplir así con los requisitos mínimos fijados en las tablas de organización.

En un artículo de reciente divulgación, el coronel retirado del Ejército Antonio Guevara escribió que el centro de gravedad del proceso político nacional, encabezado por Chávez y ahora Maduro, se ha desplazado hacia la Milicia, con lo que ella sería “la verdadera columna vertebral del régimen”. En esta misma línea, la incorporación de milicianos al ejército regular también podría interpretarse como una jugada por dar cierta formalidad a un cuerpo que hasta ahora se distingue precisamente por lo contrario.

Es una apuesta arriesgada, que probablemente mermará las capacidades ya reducidas de la institución militar en pleno.

Breves

-En la Policía Nacional hay varias formas de ascender. Por una parte, está el método convencional. Se parece al que aplican en la Fuerza Armada: un grupo de superiores destacados en cada región policial, reunidos en un comité, evalúa el desempeño de los subalternos en la tarea asignada, e igualmente la antigüedad en el grado, la edad y los logros académicos de cada uno. Pero hay también un procedimiento especial. Lo aplican desde agosto de 2017, por orden del Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol). Lo han denominado “justicia social”. En la PNB, opera como una especie de “puerta trasera” para subir en la pirámide policial.

Según fuentes de la propia institución, opera así: luego de los ascensos regulares, se abren lapsos para que los comités ad hoc reciban las quejas o solicitudes de reconsideración sobre las razones por las que no se otorgó la promoción al grado superior. Estas mociones, de acuerdo a fuentes de la PNB, generalmente son acogidas puesto que rara vez se toma en cuenta el desempeño del oficial que acude a esa instancia. De hecho, en documentos enviados a las regiones policiales se indica que los únicos elementos para participar en el proceso son los de antigüedad en el grado, la edad y la limpieza del historial, es decir, que el agente no tenga expedientes administrativos o penales.

Esto quiere decir que, a los efectos del proceso de “justicia social” en la PNB, la eficiencia y el empeño en el cumplimiento de la labor pasan a un segundo plano, y ceden ante los padrinazgos y la proximidad a los círculos del poder. Alguien en el MRI se percató del efecto pernicioso de este método alterno para los ascensos, y se ha anunciado que la última ronda se abrió a finales de 2019. En diciembre, aspiraban a un “ajuste de rango” por esta vía más de 6.500 agentes.

 

-La Dirección contra Drogas de la policía judicial elaboró un documento denominado Siete líneas estratégicas, con su correspondiente presentación para la consideración de la jerarquía de ese cuerpo. A continuación, un extracto de la llamada “primera línea”, cuyo propósito declarado es “expandir la estabilidad democrática”. Se transcribe:

“La guerra de alta intensidad a la que el imperio norteamericano ha sometido la región latinoamericana y caribeña está concentrando sus fuegos en la Revolución Bolivariana, gestando un golpe de estado continuado aupado por diversos sectores de la derecha internacional, la burguesía reaccionaria venezolana y la clase media alienada con su avanzada de juventud fascista.

“Esta situación ha disparado la opinión pública nacional e internacional arreciando el bloqueo mediático contra la República Bolivariana de Venezuela, declarando una pretendida inestabilidad política y el resquebrajamiento del hilo democrático de derecho y justicia de las instituciones del país.

“Por consiguiente, se hace necesario, primero, aclarar el concepto de estabilidad política que está a la base práctica de la Revolución Bolivariana y que constituye uno de los legados de nuestro comandante Chávez. En segundo lugar, con el concepto a la mano, se puede dar vuelta a los balances políticos que intencionalmente deforman la realidad del país a la búsqueda de una intervención extranjera.

“Por lo que como pilar fundamental de administración de justicia, de acuerdo a nuestra excelencia investigativa y estando conscientes que tenemos a puertas unas elecciones, debemos canalizar el espíritu democrático y electoral dando el ejemplo desde nuestra institución. Iniciando los esfuerzos para disipar todas las conspiraciones y complots (…)”.

 

Se reitera, este es un texto sobre la orientación que tendrán las actividades de una dirección tan importante como la investigación sobre delitos de drogas, en Cicpc.

Crímenes sin Castigo | FAN 2020, por Javier Ignacio Mayorca
-Es un error formarse una opinión sobre toda la Fuerza Armada Nacional a propósito de la situación bochornosa del 5 de enero los alrededores del Parlamento. Otros matices deben ser tomados en cuenta

@javiermayorca

La Fuerza Armada Nacional comenzó este año en medio de circunstancias contradictorias, difíciles de comprender, que parecen la consecuencia de las tensiones internas a las que se ve sometida la institución como un todo, y también los hombres y mujeres que la conforman.

Para cualquiera que apenas esté bajándose de un avión, resultaría relativamente sencillo formarse una opinión general sobre los militares venezolanos con tan solo echar un vistazo a las imágenes bochornosas del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, tratando de brincar una reja para acceder a la Asamblea Nacional mientras que los efectivos de la Guardia Nacional -llamados a preservar la institucionalidad del país- se lo impiden usando los escudos de orden público.

No sería muy difícil hacer una generalización a partir de un hecho tan grueso como este. Mucho menos si vemos que esos mismos militares se hacen de la vista gorda cuando los miembros de los colectivos armados arremeten contra los periodistas, los golpean y los despojan de sus instrumentos de trabajo.

Todo esto es cierto. Lo sucedido el lunes 5 de enero demuestra nuevamente que la FAN es el principal pilar sobre el que se sostiene el régimen de Nicolás Maduro. Pero esa es solo una parte de la historia.

Hay matices. Hechos que conviene colocar en la balanza para lograr una comprensión más cabal de lo que sucede cuarteles adentro. Aquí va un recuento que no pretende ser exhaustivo. Es solo la enumeración de algunos elementos que vale la pena incorporar a cualquier análisis.

1.-En 2019 hubo tres rebeliones.

Se dice fácil, pero esto nunca había sucedido en el país. Ciertamente, fueron movimientos parciales, que apenas involucraron a unidades específicas o a pequeños grupos de oficiales y tropas de la Fuerza Armada. En enero, fue un contingente de sargentos de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional. En abril, hubo efectivos de tres destacamentos del mismo componente, aunque las sospechas alimentadas por voceros del gobierno estadounidense indican que se trató de algo mucho más amplio y profundo, que no se manifestó en su total dimensión.

La participación del general de brigada del Ejército Manuel Christopher Figuera, entonces director del Sebin, pareciera ser una evidencia al respecto. En la última rebelión, reportada el 22 de diciembre, participaron reservistas y oficiales del Ejército. Este, además, pareciera ser el prólogo de una serie de acciones que los propios protagonistas enmarcan dentro de la llamada Operación Aurora.

Las supuestas conspiraciones detectadas en los primeros años de mandato de Maduro eran esencialmente producto de murmuraciones o planificaciones previas a las acciones, con elevada participación de oficiales retirados o que no tenían mando sobre tropas. Ahora son las tropas mismas las que se alzan.

 

2.-Pérdida del pie de fuerza.

Poco a poco, se va reduciendo la magnitud de los contingentes militares. Varios factores obran en esto. En primer lugar, las tropas que salen de baja no son repuestas en su totalidad mediante los tradicionales procesos de alistamiento voluntario. La gente ya no ve en la FAN un medio de superación personal. La institución, además, ha perdido el aprecio popular, que era uno de sus más importantes capitales hasta la llegada de Chávez al poder. Antes, la FAN se disputaba los mayores índices de popularidad como institución, junto a la iglesia y los medios de comunicación.

Ahora, a juzgar por los resultados del último sondeo Delphos, está entre las tres entidades menos apreciadas por la gente. Entonces, merman las incorporaciones a filas, y los que actualmente están en ellas las abandonan a raudales. En las guardias de navidad y año nuevo fueron numerosos los reportes sobre deserciones. El último conocido en Caracas fue un efectivo de tropa profesional asignado a la vigilancia de la flota del ministerio de la Defensa en la base aérea La Carlota. Huyó con su arma de reglamento.

Otro golpe importante a las filas de la FAN fue el abandono de más de 600 uniformados, casi todos de la Guardia Nacional, para respaldar la iniciativa de llevar ayuda humanitaria desde Cúcuta.

 

En lo inmediato, una consecuencia probable será la informalización de las labores militares, lo que otorgará creciente importancia a la Milicia.

3.-“Moral baja”.

Luego del alzamiento del 21 de enero, fueron frecuentes los llamados de los generales a los jefes de unidades para que le “hablen a la tropa”. Pareciera que existe una separación entre los estratos inferiores de la FAN y los oficiales llamados a comandarlos. Desde luego, a los ojos de los uniformados rasos, esto le resta propósito a su accionar. En diciembre ocurrieron cosas insólitas, como la de efectivos de tropa de la Armada que desconocen quién es su comandante general, el mismo cuya foto debe estar en la cadena de mando de cada prevención.

El máximo representante de la GN, mayor general Fabio Savarse, detectó algo similar durante una revista que pasó a finales de diciembre. En palabras muy duras, afirmó que los guardias “están descuidados (…), con la moral baja, no tienen actitud de guerra”. Y ordenó a los comandantes de unidades que supervisaran más de cerca a sus subordinados. Pero los guardias como que prefieren enviar mensajes por sus teléfonos antes que estar pendientes de lo que sucede a su alrededor. Savarse lo advirtió. Ni siquiera la posibilidad de que los puestos fuesen atacados, como sucedió en Bolívar, los pone alertas. Como si la tarea no importara.

Al respecto, conviene recordar lo dicho por el capitán de corbeta Miguel Angel León, al solicitar su pase a la reserva activa en noviembre de 2018: a los militares les molesta el abandono de sus funciones primordiales y la transformación de la FAN en una “milicia populista, dedicada única y exclusivamente a defender los intereses de una parcialidad política y una revolución que dista mucho de representar los intereses de todo el pueblo”.

Las consecuencias de esta actitud generalizada en los cuarteles son múltiples. Cabe preguntarse, por ejemplo, qué incentivos habrá que dar u ofrecer a un militar para que se traslade a la frontera.

 

4.-Destellos.

A pesar de todos estos factores, y como sucede en el resto de la sociedad, hay militares dedicados a cumplir sus tareas. Las que les competen por esencia. Esto también lo vimos en días recientes. En Amazonas, efectivos de la Guardia Nacional detuvieron y presentaron ante los tribunales a dos hombres señalados de pertenecer a las FARC, que supuestamente iban de avanzada para permitir el paso de un grupo más grande de esa organización guerrillera.

En Bolívar, recaban información sobre el posicionamiento de organizaciones irregulares de todo tipo, y solicitan al gobierno de Maduro recursos suficientes para cumplir con sus tareas en los enclaves del Arco Minero. En Zulia son frecuentes los contactos hostiles con columnas del Ejército de Liberación Nacional. Algunos de estos episodios son conocidos gracias a que los propios protagonistas filtran la información, pues saben que los jerarcas en la capital no lo harán.

La Fuerza Armada es en parte lo que se pudo ver en los alrededores del Parlamento. Y también es mucho más que eso. Estos matices son, quizá, lo que más interesa para el futuro próximo.

 

Breves

-En diciembre, el ministerio de Relaciones Interiores entregó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas el nuevo organigrama de la institución, previamente aprobado por el ministerio de Planificación. Ahora, la policía de investigación tendrá cuatro niveles: superior, donde está la Dirección General y el Consejo Disciplinario; de Apoyo, donde se ubican trece dependencias como las oficinas de Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, Inspectoría, Atención a la Víctima y de Respuesta a Desviaciones Policiales, entre otras; el nivel Sustantivo consta de tres unidades, como son Investigación Penal, Criminalística y Apoyo a la Investigación Penal, y en el último nivel, llamado Operativo Desconcentrado Territorial, quedaron adscritas las 24 delegaciones estatales y las correspondientes unidades de apoyo a la Investigación Estatal.

El corazón de Cicpc sigue siendo la investigación penal. En este punto, la “nueva” estructura tiene siete direcciones: delitos contra las personas, drogas, robo y hurto de vehículos, delincuencia organizada, delitos contra la propiedad, inteligencia y operaciones estratégicas. Este organigrama es el resultado de un proceso que se inició en junio de 2011, luego de un motín en los calabozos del Departamento de Aprehensión de ese cuerpo, en El Rosal, que ocasionó la muerte de tres personas.

El suceso puso en evidencia todo un sistema de corrupción, que se intentó atacar mediante una reforma estructural. Ocho años después, se conoce el resultado. Salvo una adaptación a las realidades regionales y a las nuevas legislaciones que han surgido en este lapso, el aspecto organizativo de la policía de investigación se mantiene prácticamente igual.

-La nueva configuración de la policía judicial no tiene ninguna dependencia referida a la formación de los nuevos funcionarios, ni a la actualización de los conocimientos de los que ya están en la institución. Esa misión compete a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes). El 29 de noviembre, el vicerrector de Desarrollo Académico de este centro, José Ramón Muñoz, notificó a los directores de los centros de formación en todo el país que a partir de 2020 deberán iniciar los procesos de formación “para el personal que aún no ha culminado su bachillerato, para las y los funcionarios policiales, personal administrativo y obrero adscrito a todos los entes del MRI”.

Este documento da por sentado que actualmente los cuerpos policiales tienen en sus nóminas a funcionarios que ni siquiera han finalizado la educación media, lo que se suponía era un requisito indispensable para ingresar a estas instituciones. Esta circunstancia era de sospecharse, a juzgar por la cantidad de errores -de forma y de fondo- que tienen las actas policiales. 

Crímenes sin Castigo | Venezuela: radiografía del lavado de dinero (II/II)
-Las investigaciones sobre lavado de dinero en el país están marcadas por la impunidad. La dolarización de la economía nacional genera peligrosos vacíos de vigilancia

@javiermayorca

Las primeras investigaciones sobre lavado de dinero en Venezuela datan de la última década del siglo pasado. Eran expedientes muy complejos y voluminosos, que a menudo se iniciaban gracias al dato de un informante, o dando continuidad a investigaciones previas que generalmente se relacionaban con bandas de traficantes de drogas.

Era la época del sistema inquisitivo de justicia, en el que jueces como Mildred Camero –luego presidenta de la Conacuid- encabezaban la instrucción de los expedientes, no los fiscales del Ministerio Público. Junto a la Guardia Nacional, que poseía un servicio especializado en la materia, indagaron sobre las inversiones de capitales de grupos guajiros, el uso de las casas de cambio en San Antonio del Táchira, los casinos del Cartel de Cali y las inversiones inmobiliarias en Margarita, que servían para blanquear recursos de la Camorra napolitana.

Pero los casos generalmente tropezaban con el escollo de demostrar el origen ilícito del dinero, es decir, el delito primario que había generado los capitales legitimados.

Posteriormente, en resoluciones de la Superintendencia de Bancos se invirtió la carga de la prueba con respecto al dinero y los activos presumiblemente derivados de los actos ilegales. Esto implicaba que, durante una investigación penal por tráfico de drogas, el propio implicado era obligado a demostrar la legalidad de los recursos financieros y de los activos que manejaba, pues de lo contrario serían confiscados. Estas normas fueron ampliamente criticadas, pues iban contra el principio general de presunción de inocencia. Sin embargo, se mantuvieron vigentes, entre otras razones porque había un respaldo internacional, que se blindó años después luego de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.

Con la entrada en vigencia de la primera norma penal venezolana contra la delincuencia organizada, en 2005, se abrió la posibilidad de imputar lavado de dinero a quienes manejaran recursos provenientes de actividades distintas al tráfico de drogas. Pero siempre este delito era subsidiario. Hasta que se implantó una reforma a la ley orgánica contra la delincuencia organizada, en 2012. A partir de ese momento, se iniciaron imputaciones por lavado de dinero sin que se hubiese comprobado debidamente la existencia del delito primario. Lo importante, según el ex director de Actuación Procesal de la Fiscalía, Zair Mundaray, era la inserción en el sistema financiero de recursos derivados de una “actividad ilícita”.

Al manejarse el tema con esta amplitud, era lógico esperar que las investigaciones por lavado de dinero en Venezuela florecieran por doquier, y se multiplicaran. Pero eso no fue así. Una de las razones es que las pesquisas sobre el lavado de dinero –las de verdad- apuntan a quienes manejan los capitales. Se trata de personas que generalmente no se involucran en el día a día de las redes de delito organizado. En el cartel de Cali, por ejemplo, el ocultamiento de los recursos producidos por el tráfico de drogas no era labor de los hermanos Rodríguez Orejuela sino de expertos contadores como el chileno Guillermo Pallomari.

Por otra parte, la acumulación de capitales, lícitos o ilícitos, trae poder, y con ello se abre la posibilidad de que los esqueletos queden en el clóset, a buen resguardo. Cuando comenzó el escándalo internacional sobre las actividades de Walid Makled, ya la Superintendencia de Bancos procesaba por lo menos tres informes sobre operaciones sospechosas que involucraban el manejo de cientos de millones de bolívares a través de testaferros, que eran los cuentahabientes en la banca nacional.

Cuando se habla de lavado de dinero en Venezuela, la posibilidad de que las investigaciones se estrellen contra el muro del poder es muy elevada, aun cuando la norma vigente sea utilizada con amplios márgenes de discrecionalidad, como ya se explicó.

 

Existen, sin embargo, algunas pistas que se puede seguir para orientar la búsqueda sobre las áreas donde podría intensificarse el lavado de dinero. Una de ellas la constituyen los llamados reportes de actividad sospechosa (RAS). Estos son informes que levantan los llamados oficiales de cumplimiento de la banca y los otros “sujetos obligados” por la legislación, como pueden ser las firmas aseguradoras, las administradoras, los notarios, los registradores, las operadoras turísticas e, incluso, los vendedores de vehículos. La lista es bastante larga.

Todos esos informes son recibidos y procesados periódicamente por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), una oficina que anteriormente estaba inserta en la Superintendencia de Bancos y que ahora depende de la Vicepresidencia Ejecutiva -por si quedaba alguna duda de la relación entre capitales y poder-. En la UNIF convergen técnicos en informática con agentes del Sebin y Dgcim, especializados en análisis financieros.

En 2018, según la UNIF, los “sujetos obligados” emitieron 1.961 reportes de actividades sospechosas, es decir, relativos a movimientos financieros que podrían indicar operaciones de lavado de dinero. La cifra más elevada de reportes acumulados durante los últimos años fue de 2.741. Esto sucedió en 2015. Desde entonces, los totales han ido en descenso. Este año la tendencia ha continuado igual, pues en el primer semestre de 2019 hubo solo 645 reportes.

La merma de 28,4% en los informes sobre actividades sospechosas no necesariamente indica que los bancos se ablandaron con respecto al tema. Cuando se hace una revisión detallada, prácticamente el 90% de los RAS fue elaborado por entidades bancarias. En cambio, los registros y notarías, las aseguradoras y empresas de corretaje y casas de cambio casi no emitieron alertas.

Según la UNIF, en la actualidad los sectores que ocasionan más sospechas en cuanto al lavado de dinero son el comercio al por menor y los servicios, que acumulan respectivamente el 51,6% y el 14,8% de los reportes. Y estas son, precisamente, las áreas de la economía que más se han dolarizado en el país, de acuerdo con el último sondeo de Consultores 21. En la actualidad, ya las cosas son pagadas directamente en dólares, de manera que pronto tales transacciones no estarán al alcance del ojo escrutador de la UNIF. Pero, hasta hace apenas unos meses, se llevaban a cabo operaciones de cambio de divisas, que levantaban las alarmas cuando se hacían las transferencias de bolívares entre los bancos.

En los años ochentas del siglo pasado, el Banco de la República de Colombia instauró una oficina para recibir los dólares sin preguntar de dónde venían. El mecanismo era obviamente una oportunidad abierta por el propio Estado para lavar los recursos de los carteles de la droga. Los periodistas llamaron a este sistema la “ventanilla siniestra”. Con la dolarización sin control, toda Venezuela se convierte en una “ventanilla siniestra”.

 

Para este despacho, actividades como la construcción y la agricultura en este momento no acumulan más del 5,2% de las alertas. Como se sabe, ambos rubros están de capa caída.

Ahora bien, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente de fuentes policiales, durante la primera mitad de 2019 se iniciaron 82 averiguaciones por lavado de dinero. Esto equivale solo al 12% de los reportes de operaciones sospechosas. De ellas, 80 son instruidas por agentes de la División contra Delitos Financieros de la policía judicial. Solo hubo detenidos en uno de los expedientes, iniciado el 27 de junio, en el que además fue incautada una avioneta.

Por lo tanto, a pesar de los cambios en los criterios para investigar el lavado de dinero en Venezuela, las cifras indican que sigue siendo un delito con altos porcentajes de impunidad.

Esta situación en lo interno contrasta con la ola de investigaciones desarrolladas en el plano internacional contra redes de lavado de dinero que involucran a empresarios y a funcionarios venezolanos. Una explicación, que no pretende ser definitiva, es que tales delincuentes (aunque abrazaban públicamente la ideología de la revolución chavista) siempre tuvieron en su horizonte mental la noción de que tarde o temprano marcarían distancia del régimen para disfrutar de sus haberes en un “exilio dorado”. Esta idea sigue marcando a los operadores del régimen, quienes en privado y en público exigen el levantamiento de las sanciones, como requisito para negociar una salida a la terrible crisis humanitaria que viven los venezolanos.

Breves

-A partir de noviembre, el ministerio de Relaciones Interiores cesó la diseminación de los datos sobre muertes por enfrentamientos con efectivos policiales o militares, tradicionalmente conocidas como “resistencia a la autoridad”. El despacho del general Néstor Reverol suministraba a los jefes policiales de las alcaldías, las gobernaciones y de algunas unidades de la Policía Nacional un resumen semanal con la evolución de los nueve delitos “marcadores”, entre los cuales figuraba hasta octubre lo referido a las acciones en las que participaban los uniformados. Fuentes policiales indicaron que, para la última semana del décimo mes del año, se acumulaban 3.794 muertes a manos de agentes de policías o de la FANB. Si esta cifra es evaluada junto a los 5.781 casos de homicidio, el resultado es que la violencia impartida a través de los cuerpos de seguridad representa el 39.6% del total.

En diciembre 2018, cuando Reverol divulgó los resultados de la gestión del MRI, los supuestos enfrentamientos con agentes equivalían al 29%. Esto sugiere que la letalidad de los funcionarios estatales ha ido en aumento durante 2019. Hasta octubre, los estados con mayores incrementos en las muertes por “resistencia a la autoridad” eran Nueva Esparta (111%), Lara (57,4%) y Falcón (45,6%). El ocultamiento de las cifras sobre este particular coincide con las investigaciones de la Organización de Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos fundamentales en el país.

 

-A juzgar por lo señalado en diversos informes de la ONU, las perspectivas para Venezuela en 2020 no son auspiciosas. Por ejemplo, en el documento llamado Panorama Humanitario Global este organismo solicita triplicar el presupuesto destinado a la atención a la población necesitada en el país. La petición de recursos asciende a 750 millones de dólares para 2020. Pero esto no asegura que la atención llegará a tales sectores, que se calcula suman ya siete millones de personas. La crisis venezolana, de acuerdo con el documento, llega ya a niveles similares a las de Etiopía, Sudán del Sur, Bangladesh y Nigeria.

Los efectos se sentirán en toda la subregión, en términos de una creciente migración, que ya supera los 4,5 millones de personas durante los últimos dos años. Por otra parte, las organizaciones no gubernamentales han establecido un protocolo de actuación ante la situación del país. El documento, denominado Principios operativos conjuntos indica que los miembros de estas instituciones tendrán que tratar con grupos armados no gubernamentales, por considerarlos “actores relevantes” de la realidad nacional.

Crímenes sin Castigo | Venezuela: radiografía del lavado de dinero (I/II)
¿A dónde van a parar los inmensos recursos generados por las actividades ilegales que se desarrollan el país? Aquí una primera aproximación al tema. No todo es lo que parece

 

@javiermayorca

 

El lavado de dinero es un delito de reciente invención. No tiene más de cuarenta años rondando por las legislaciones del mundo. De haber sido más longevo, quizá Al Capone, líder de la mafia de Chicago en la era de la Prohibición, hubiese sido enjuiciado por esta norma, y no por la de evasión de impuestos.

Se trata entonces de una actividad ilegal de difícil comprensión e investigación. Fernández Steinko (2008), en una interesante revisión crítica, señaló que el también llamado blanqueo de capitales es una “invención jurídica y conceptual” impulsada esencialmente por los gobiernos estadounidenses. Y tiene razón. 

Este delito supone que los delincuentes -o sus asesores financieros- no ocultan bajo el colchón el dinero producto de sus actividades ilegales. La imagen de alias Juvenal, el renombrado secuestrador del norte del estado Guárico, acostado plácidamente sobre una cama de billetes, viene a ser una rareza que sugiere un gasto inmediato de esos recursos en fiestas y sexo. Los verdaderos criminales organizados, en su proceso de acumulación de capitales, tarde o temprano tendrán que difuminar el origen de sus riquezas. De lo contrario, la empresa ilegal no prosperará.

 

Sobre el régimen venezolano han recaído numerosos epítetos. Algunos han dicho que se trata de un “narcoestado”, otros que es un “régimen criminal o mafioso”, “Estado felón” y más recientemente “empresa criminal conjunta”, expresión acuñada por el investigador Douglas Farah.

 

Aunque tales apreciaciones pueden ser respetables, una de las preguntas que surge de inmediato tiene que ver con el destino de los recursos generados por el tráfico de drogas (si se tratase solamente de un “narcoestado”) o, en términos más amplios, por todas las actividades al margen de la ley que se llevan a cabo en el país, con o sin el amparo de sectores oficiales.

El primer desafío es encontrar algún indicador. Sabemos que solo unos pocos aplican la de Juvenal. La mayoría trata de insertar esta plata en el torrente económico, nacional o internacional.

La dolarización informal contribuye de manera sustancial a este propósito, aquí en el país. La capacidad de transar bienes y servicios con dólares en efectivo es cada vez mayor, especialmente en los estados fronterizos con Colombia. Los estudios realizados de forma independiente por Consultores 21 y Ecoanalítica revelan que en Zulia, los estados andinos e incluso en Lara, el bolívar dejó de ser el medio para los pagos y adquisiciones. Esta informalidad propicia que tales operaciones transcurran al margen de cualquier esquema de vigilancia.

Pero tarde o temprano algo de esto permeará hacia el sistema financiero. Por ejemplo, los jóvenes venezolanos que están acudiendo en grupos cada vez más numerosos para cosechar coca en Norte de Santander obtienen pagos en pesos colombianos. Parte de eso se quedará en el camino, pero otra parte servirá para que ellos continúen sus vidas en sus lugares de origen. Aunque el peso es aceptado comúnmente para todo tipo de transacciones en los estados andinos, los jóvenes que van desde lugares tan remotos como Aragua y Distrito Capital tendrán que hacer las conversiones a moneda local.

 

Y allí podrá detectarse la legitimación. Aunque los cultivadores de coca, de hecho, no lo vean de esa forma, sino como un intento por disponer más fácilmente del producto de sus trabajos.

 

Otro factor es que en los estados centrales del país opera una “ceguera voluntaria” (willful blindness) según la cual los registradores y notarios avalan operaciones en monedas extranjeras, aunque ellas queden registradas como si hubiesen sido hechas en moneda local. Cuando se exigía alguna formalidad, se aplicaba un “sistema de dos cheques”: uno en pocos bolívares, que se rompía al salir de la notaría, y el otro en dólares, que era el realmente utilizado. Entonces, el vehículo o la vivienda cambiaba de manos sin que se hubiese producido ninguna transferencia o pago en moneda nacional. Ahora, se ven operaciones de compra y venta sin que se constate el pago. Desde luego, el notario y el registrador exigen su mordida en moneda dura, con lo que estos despachos siguen siendo excelentes negocios.

No todas estas operaciones que se llevan a cabo en los términos descritos son lavado de dinero. Se debe indicar siempre que este es un delito accesorio. En términos estrictos, se debe comprobar primero la existencia de un delito principal (tráfico de drogas, secuestro, comercio ilegal de armas, trata de personas, etc.) para que se pueda hablar de lavado o blanqueo de capitales.

Lo que ha pasado en Venezuela es que el régimen, con su afán de controlar hasta los más mínimos aspectos de la vida del ciudadano, empujó a la mayoría de la población a un área gris. Entonces, el profesional independiente, el pequeño comerciante o cualquiera que tuviese algunos ahorros en divisas, tenía que incurrir en las mismas prácticas que las aplicadas por los delincuentes de cuello blanco, aunque en diferente magnitud. Esto hacía muy difícil distinguir desde una perspectiva bancaria cuáles operaciones obedecían realmente a una actividad de delito organizado, y cuáles eran de mera sobrevivencia.

 

Aun así, los recursos del lavado de dinero mayoritariamente se movían en el exterior, y que no siempre tenían un referente en el país, en términos de bienes y servicios.

 

Era tal el afán de legitimar capitales en ciertas partes del exterior, como por ejemplo ciertas localidades de Florida, Texas y Nueva York, que el gobierno estadounidense prohibió las transacciones en efectivo para la adquisición de inmuebles en esos lugares, así como aquellas hechas a través de corporaciones inscritas en paraísos fiscales como Delaware. Este fue un mensaje fuerte para oficialistas y enchufados, quienes ahora estarían migrando sus capitales hacia entornos más amigables, como España. Fue en ese país, precisamente, donde el enviado especial de EEUU para el caso Venezuela, Elliott Abrams, advirtió sobre la posibilidad de que Europa se convirtiera en el “patio de recreo” de los oficialistas en desbandada y sus familiares.

El flujo de capitales venezolanos hacia el exterior ubicó al país en 2012 entre las dos economías ilegales más importantes de Latinoamérica, solo superada por México, según Global Financial Integrity

Por lo tanto, se debe distinguir entre el lavado de dinero hecho por venezolanos y el que se lleva a cabo en Venezuela. Este último es a todas luces marginal. Solo ahora, tras la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, esta situación podría tener algún giro.

 

Breves

 

El incidente del domingo 17 de noviembre en las vías que conducen a la hacienda Santa Teresa llama la atención por varios aspectos. En primer lugar, demuestra que los pactos logrados desde principios de la era chavista con actores de la criminalidad en el estado Aragua, a través del programa Alcatraz, han entrado en una etapa de fragilidad, y ameritan una reevaluación. Es muy probable que el ataque a varios grupos de invitados a la celebración del Día de Polonia fuese perpetrado por bandas que no habían sido incluidas en esta iniciativa. Resulta significativo que, a pesar de la gran cantidad de impactos de bala recibidos por algunos vehículos no se haya reportado lesiones a ninguna persona.  Hubo en esto un claro mensaje hacia los propietarios de la fábrica de ron: en ese sector de Aragua, como en otros tantos, no funciona ninguna empresa sin la anuencia de las bandas. Lo mismo que sucedió con la galletera Puig en julio, muy cerca de allí. Por otra parte, las primeras minutas sobre el incidente en noviembre responsabilizaban expresamente al llamado Tren de Aragua, la megabanda que opera desde el internado judicial de Tocorón. Pero los incidentes reportados con posterioridad al 17 de noviembre indicarían que los cuerpos policiales orientaron su búsqueda hacia otras estructuras criminales. Hubo seis muertes por supuestos enfrentamientos en los días siguientes al ataque a los invitados a la celebración del Día de Polonia, entre ellos Edgar Antonio Perlaza, alias Toñito, señalado como líder delictivo de Turmero, quien figuraba en la lista de los “más buscados” por Relaciones Interiores. Finalmente, algo que debe registrarse: los miembros del cuerpo diplomático vivieron, aunque fuese de manera tangencial, la realidad sobre el auge delictivo en Venezuela.

 

A pesar de que rusos, españoles, estadounidenses, árabes e incluso polacos habían vivido en carne propia los embates del hampa, prevalecía en ellos la noción de que se trataba de una mera casuística. Por eso fueron en cambote a la finca de Aragua. Ahora quizá cambien de opinión. No son cuentos de la prensa.

 

Una comisión de la Organización de Naciones Unidas visitó en octubre las instalaciones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), con el propósito de profundizar en las investigaciones sobre las muertes violentas en Venezuela, y en especial aquellas ocasionadas en el contexto de enfrentamientos con miembros de cuerpos policiales o militares, englobadas con la expresión “resistencia a la autoridad”. Durante sus entrevistas con el personal de la morgue, pudieron constatar que la gran mayoría de tales fallecidos llega a este lugar sin ningún elemento que facilite el proceso de identificación. Aunque es probable que algunos de estos individuos carecieran de cédula de identidad o algún otro documento para conocer con certeza sus nombres y apellidos al momento en que los mataron, lo repetido de esta circunstancia sugiere la existencia de un patrón de conducta en los cuerpos policiales.

 

Crímenes sin castigo | Señales de una tragedia, por Javier Ignacio Mayorca

Foto: Crónica Uno

Lo ocurrido en el Parque del Este pudo ser evitado. Hubo tiempo suficiente, y sin embargo nadie actuó para impedirlo ¿Quién permitió la celebración a todo trance del concierto Banderas Blancas?

La pregunta clave para determinar responsabilidades en la tragedia del Parque del Este, ocurrida el sábado 9 de noviembre, es quién tenía la responsabilidad de proteger a los asistentes, y si esa entidad o persona contó con suficiente tiempo para tomar las medidas que impidiesen la cadena de hechos que arrojó un saldo parcial de una adolescente fallecida y otros diecinueve lesionados.

La segunda parte quizá sea más fácil de abordar. La iniciativa de utilizar las instalaciones del referido parque para llevar a cabo un evento artístico gratuito era conocida por lo menos con nueve días de antelación. La administración del Instituto Nacional de Parques (Inparques) había recibido el 1 de noviembre una solicitud de autorización para celebrar un “concierto de música urbana” en la concha acústica, ubicada en el sector norte, aledaño a la salida hacia la avenida Francisco de Miranda.

Inparques, a juzgar por la documentación conocida, negó la realización de la actividad llamada Banderas Blancas. Pero esta negativa parece haber sido ignorada por los organizadores.

Ahora bien, si un ciudadano de a pie pide permiso para llevar a cabo una celebración en ese parque, y la autoridad del lugar lo niega, pues lo más lógico es que el solicitante busque un sitio distinto. De lo contrario, esta autoridad podrá acudir a la fuerza pública para imponer su voluntad.

 

En el caso del Parque del Este convergen tres instituciones que podrían ser denominadas “fuerza pública”: la Guardia Nacional, que posee una compañía en esas instalaciones; Inparques, cuyos empleados hacen rondas por los estacionamientos y caminerías, y la Policía de Miranda, cuyos funcionarios tienen un puesto en el sector conocido como Bolívar, justo al lado de unas oficinas que ocasionalmente utiliza el gobernador Héctor Rodríguez.

Todos estos representantes del Estado imponen restricciones a los usuarios. Por ejemplo, cuando se celebran actos del oficialismo en el nuevo sector del parque -donde Rodríguez despacha-, los agentes de la policía regional impiden a los usuarios y corredores cruzar el puente que pasa sobre la autopista Francisco Fajardo. También hacen apostamientos -de vez en cuando- en el sector conocido como “pista de tierra”, donde los deportistas son asaltados con frecuencia.

Todos estos cuerpos contaron con suficientes días para impedir la celebración del concierto. Pero no lo hicieron. Por el contrario, miraron impávidos cómo era instalada la tarima donde el trapero Neutro Shorty haría su presentación. Por cierto, frente al despacho del gobernador.

El día del show, también hubo la oportunidad de parar la tragedia, de haber leído a tiempo las señales. Según testimonios recabados, los adolescentes se agolparon frente a la reja del parque, en la entrada Norte, desde muy temprano. En su desespero por ganar acceso, una joven escaló la malla perimetral y sufrió lesiones leves en una pierna al caer en el interior de la instalación.

Los empleados del parque, disminuidos en número, optaron por cerrar todas las rejas, incluidas las del estacionamiento.

Esto hubiese sido suficiente para enviar al lugar una unidad de orden público, ya fuese de la GN o de la Policía Nacional, que cumpliese un rol disuasivo. Como no sucedió, los muchachos envalentonados derribaron dos santamarías de la entrada y corrieron como manada hacia el sector sur, donde se llevaría a cabo el concierto.

 

Fue en este momento cuando se produjo la mayor parte de los lesionados, y según el parte preliminar de la PNB, la muerte de la adolescente.

Al ver a esta multitud corriendo en desbandada, los deportistas que tradicionalmente utilizan el parque tuvieron que ocultarse.

Un segundo sitio de suceso fue en los alrededores del puente que pasa sobre la autopista. Allí los adolescentes intentaron trasponer las barreras a como diera lugar, lanzándose por los bordes de la estructura y cayendo en el sector Bolívar. Los paramédicos tuvieron que improvisar un puesto de atención en el borde del lago donde está la réplica de la carabela.

El problema radica en que, desde junio de 2018, Inparques pareciera haber perdido la potestad de manejar esas instalaciones. Ese mes, Nicolás Maduro aprobó una solicitud formulada por Rodríguez, y nombró a Gerardo Sánchez Chacón “autoridad única” del parque. Los empleados del instituto manifestaron su descontento.

Esta dualidad en el manejo de la instalación pudiera contribuir a explicar por qué los organizadores del evento hicieron caso omiso a la negativa de Inparques, y en cambio movieron el escenario desde la Concha Acústica hasta el sector sur. Sin duda, un poder superior los aupaba. El referido instituto pasó agachado, hasta que el escándalo por la muerte de la joven y los numerosos lesionados lo obligó a emitir un comunicado, en el que descargó la responsabilidad en los organizadores del evento.

Este suceso hace recordar otro caso luctuoso: el de la fiesta en el club conocido popularmente como Los Cotorros, en El Paraíso, donde murieron diecinueve personas, luego del lanzamiento de una bomba lacrimógena. Esto fue en junio de 2018. En esa oportunidad, los fiscales no solo imputaron a quienes arrojaron el artefacto sino también a quienes participaron en la organización del evento juvenil, a los encargados de la seguridad y al regente del establecimiento.

 

Es claro que hay diferencias entre el caso de El Paraíso y el del Parque del Este. La principal es que un lugar es de uso privado, y el otro público, es decir, al cuidado del régimen. Y este matiz, desde luego, lo tiene presente el Fiscal.

Breves

-Desde finales de octubre, las autoridades del estado Zulia están reteniendo las motocicletas que son detectadas en circulación luego de las 7 pm, en atención a una orden emitida por el gobernador de la entidad, Omar Prieto, a través de su cuenta twitter. El 15 de septiembre, Prieto argumentó que esta decisión formaba parte del “combate a la inseguridad”. Se desconoce qué elementos de juicio habrá tomado en cuenta el gobernante para emitir un mandato que restringe la libertad de circulación.

Las estadísticas, conocidas extraoficialmente de fuentes policiales, indican que las motos apenas son usadas en el 5,8% de los robos genéricos denunciados en Zulia. De hecho, en ese estado sucede algo curioso: las motos son menos utilizadas para asaltar que los carros o las camionetas, las cuales aparecen en 11,5% de los casos conocidos. Prieto pareciera guiado más por la intuición que por un criterio sólido. Finalmente, tanto en Zulia como en el resto del país, la mayoría de los robos (82,2%) es llevada a cabo por personas que van a pie.

-La división contra la Delincuencia Organizada de la policía judicial adelanta una averiguación sobre una red nacional de distribución de cosméticos falsificados. Las pesquisas fueron iniciadas el 16 de mayo, una vez recibida la denuncia de la representante legal de la empresa Drocosca, Adriana Menéndez. Esta firma es la encargada de comercializar los productos marca Valmy.

Según Menéndez, se detectó que productos tales como esmaltes y línea de tratamiento para uñas, que tradicionalmente son comercializados por grandes cadenas de farmacias, eran ofrecidos a través de la web MercadoLibre, e igualmente eran vendidos en quincallas y abastos en diversas ciudades como Barquisimeto, Maracaibo y San Cristóbal, a precios que representan casi la mitad de los que tradicionalmente tienen en las ventas al detal.

 

La fiscal 16 con competencia nacional, a cargo de Andrés Eloy Hernández y Milkary da Silva, coordina las diligencias de este caso. Luego de allanamientos en locales de Barquisimeto y La Urbina, se ha determinado que estos productos fueron traídos de China. Pero hasta el momento no ha sido posible encontrar un rastro documental que confirme el puerto de entrada. Los representantes de la compañía de cosméticos han solicitado un pronunciamiento del Instituto Nacional de Higiene, pues suponen que la baja calidad de los insumos utilizados para fabricar la mercancía “pirata” representa un riesgo para la salud de los usuarios.

Han detectado, además, que en las nuevas oleadas de importaciones los imitadores han refinado sus técnicas, al hacer que las etiquetas externas sean copias casi fieles de las que traen los productos originales.

@javiermayorca

Crímenes sin castigo | Disputas en Luxemburgo
-Diez prominentes oficialistas adelantan litigios para revertir las sanciones impuestas en distintos momentos por la Unión Europea, debido a violaciones a derechos fundamentales de la población venezolana

Una parte del futuro de Venezuela se dirime en un juzgado de Luxemburgo, probablemente desconocido para la mayoría de la población del país.

En este pequeño país de Europa Central, denominado también Gran Ducado, opera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una instancia creada en 1952 con la finalidad de interpretar las normas de la confederación y controlar la legalidad de los actos y las decisiones emanadas de ella.

Ante ese tribunal, y en absoluto sigilo, diez importantes operadores del régimen de Nicolás Maduro han recurrido con la finalidad de anular las sanciones que les han impuesto a través del Consejo Europeo, por considerarse que han contribuido a la violación de los derechos humanos de los venezolanos.

El 18 de septiembre, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. La primera en acudir fue Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.

 

Los primeros litigios se iniciaron por los recursos interpuestos en abril de 2018 por Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia; la presidenta del Poder Electoral Tibisay Lucena; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, y el fiscal general designado a través ese cuerpo y ex presidente del Poder Moral, Tarek William Saab. Moreno fue el primero que recurrió a la instancia judicial europea para revertir las sanciones.

El 18 de septiembre, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. La primera en acudir fue Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.

En enero de este año abordaron el mismo tren la ex vicefiscal Katherine Harrington y el ex comandante general de la Guardia Nacional, mayor general retirado Antonio Benavides Torres.

La documentación que se ha logrado revisar sobre estos litigios indica que los argumentos esgrimidos por estos diez demandantes son esencialmente los mismos. En el caso de Diosdado Cabello, por ejemplo, se indica que el Consejo de Europa supuestamente “vulneró el principio de buena administración, así como su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, al denegarle el acceso a las pruebas en las que supuestamente se basa su inclusión en la lista”. De igual forma, según el actual presidente de la ANC, “el Consejo incurrió en un error de apreciación al no haber demostrado que el demandante esté implicado en acciones que menoscaben la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.

Se debe recordar que Cabello fue sancionado por los países miembros de la Unión Europea el 22 de enero de 2018, específicamente por considerarse que “en menoscabo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, en particular utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios de comunicación y a la sociedad civil”.

El general Benavides Torres fue incorporado en la lista negra junto a Cabello. Sin embargo, el oficial retirado esperó casi un año para solicitar la anulación de esta decisión. Argumentó que para el momento en que fue sancionado ya no ejercía la comandancia general de la Guardia Nacional. Sin embargo, la razón que se tomó en cuenta en su caso no era si ejercía o no el cargo, sino que cuando estaba al mando se verificaron “graves violaciones a los derechos humanos”.

“Sus acciones y políticas como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, como el hecho de que la Guardia Nacional Bolivariana asumiera el liderazgo de la presencia policial en las manifestaciones civiles y abogara públicamente por que los tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre la población civil, han menoscabado el Estado de derecho en Venezuela”, es el punto central de la sanción al oficial.

Por su parte, la rectora del CNE Socorro Hernández argumentó que las sanciones “constituyen una restricción injustificada y desproporcionada del derecho fundamental de la propiedad”. Esto sugiere que la decisión adoptada por los países europeos le ha impedido disponer de sus activos.

Sobre estos litigios no se ha llegado a ninguna decisión. Cada expediente mantiene una numeración individual, lo que sugiere que hasta el momento no se ha producido una acumulación. Sin embargo, las decisiones que se tomen con respecto a las primeras solicitudes de nulidad tendrían un efecto sobre las demás.

Un factor en común en todos los juicios, además de los argumentos centrales, es la pareja de apoderados judiciales. Se trata de Fabrizio de Gianni (escritorio Van Bael & Bellis), asistido por otro litigante que solo se identifica como L. Giuliani.

Hasta ahora, ocho sancionados por la Unión Europea no han recurrido al tribunal de Luxemburgo: los ministros Jorge Rodríguez y Tarek el Aissami, los generales Gustavo González López (director del Sebin y del Cesspa), Iván Hernández Dala (director de la Dgcim), Jesús Suárez Chourio (comandancia en jefe de la FAN), Néstor Reverol (MRI), Sergio Rivero (ex comandante general de la GN) y el protector del Táchira Freddy Bernal.

Una fuente diplomática con conocimiento del tema explicó que durante cada uno de estos juicios los querellantes tendrán la oportunidad de acceder a los expedientes que fueron tomados en consideración para emitir las respectivas sanciones. Si el proceso finaliza con una decisión que los favorezca no solo revertirán las medidas de la Unión Europea, también podrán exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, y de las costas de todo el litigio.

Breves

  1. -98 personas han muerto durante los primeros nueve meses de 2019 en retenes policiales e internados judiciales. Las cifras que se han logrado conocer extraoficialmente por fuentes de Relaciones Interiores solo consignan los nombres de 69 reos fallecidos, pues omiten la matanza que hubo en el retén de Acarigua, ocurrida en mayo, en la que perdieron la vida 29 internos. Esta ha sido una constante en los despachos de seguridad gubernamentales desde hace varios años. Por ejemplo, los cadáveres de las masacres reportadas en instalaciones carcelarias de Puerto Ayacucho (agosto 2017) y Valencia (marzo 2018), nunca fueron tomados en consideración para las estadísticas gubernamentales. Once de las muertes que entraron en el registro ocurrieron en instalaciones del Distrito Capital y el estado Miranda. En Aragua han contado nueve, de las cuales siete fueron en el internado judicial de Tocorón. Otras cinco en La Pica de Monagas, y cuatro en Tocuyito. En general, salvo lo del retén en Portuguesa, los brotes de violencia entre detenidos han tenido un promedio apenas superior a un fallecido, lo que hace presumir disputas focalizadas, no riñas generales. Otro dato es que tales brotes generalmente finalizan con muertes. Las cifras levantadas hasta ahora solo dan cuenta de once heridos.
  2. -Desde el mes de agosto, se percibe un claro incremento en los secuestros. Esto sucede tanto en Caracas como en diversos estados del interior del país. Aunque las cifras totales, conocidas de manera extraoficial, siguen siendo menores que las registradas en 2018, el hecho es que a partir de las vacaciones escolares se elevó de manera notable la frecuencia de las denuncias de este delito. No se trata solo del caso del exgobernador Yohnny Yánez, quien fue plagiado en Macaracuay y ultimado en cautiverio. En octubre han ocurrido casos en Altamira, que no han sido denunciados pues las víctimas tienen la convicción de que sus captores eran presumiblemente agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES). En los primeros siete meses del año eran reportados casos de manera interdiaria. Ahora son todos los días. En Monagas, este delito ha subido 400%. En Sucre, 100%, 300% en Lara y 50% en Táchira. Esto desde luego contribuye a incrementar la angustia de la ciudadanía, que percibe un alza general del delito y una tímida respuesta de los cuerpos de seguridad.

@javiermayorca

Crímenes sin castigo | El lado oscuro de las sanciones, por Javier Mayorca
En la comunidad internacional, los bancos y las empresas comienzan a tomar medidas indiscriminadas contra todo lo que provenga de Venezuela, afectando así a justos y a pecadores

En la segunda semana de septiembre, clientes venezolanos del Amerant Bank, una pequeña entidad con oficinas en Florida, Nueva York y Texas, comenzaron a recibir una advertencia sobre el inmediato cierre de sus cuentas, en el caso de que sean funcionarios actuales o hayan sido miembros del gobierno de Nicolás Maduro.

Según esta notificación, el banco se ve obligado a tomar esta decisión en virtud de la Orden Ejecutiva 13.884 firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el 5 de agosto. Este decreto básicamente bloquea todos los bienes y activos de la administración Maduro, cuya legitimidad no es reconocida por EEUU y otros 54 países. Pero la parte más polémica de dicha sanción no tiene que ver con el congelamiento de los haberes, sino con la amenaza de una medida similar a las personas y entidades que hayan “asistido, promovido o provisto apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes y servicios en respaldo a cualquier persona” incluida en la lista emitida por el Departamento del Tesoro.

Esta lista, que ya incluía a más de 160 nombres de particulares, empresas y naves, se amplió hasta niveles nunca vistos con la emisión de una nueva sanción que, salvo mejor interpretación, abarca a todos los militares activos con los grados de coronel, capitán de navío y superiores, todos los funcionarios en actividad con cargos de viceministro o superior, todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, también a todos los familiares directos de los militares, los funcionarios y los constituyentistas, así como aquellas personas que hagan transacciones o negocien con el Ejecutivo venezolano.

La medida tiene una dimensión tal que resultan muy difícil de manejar, especialmente para un sector privado que, hasta el momento, estaba acostumbrado a tomar sus decisiones sobre la base de listados concretos, de personas con nombres y apellidos, empresas con registros específicos, naves debidamente permisadas.

Entramos en la era de lo que Moisés Rendón, analista para el caso Venezuela del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (Csis) ha llamado “sanciones generales”, es decir, medidas destinadas a afectar a sectores completos del país, con la intención manifiesta de obligar a Maduro y a su entorno a retornar al esquema democrático.

Aunque para Rendón y otros estudiosos del tema venezolano era previsible que Washington emitiría decisiones de este tipo en cualquier momento, las alarmas han comenzado a escucharse. Los bancos, para cubrirse las espaldas ante la posibilidad de una multa o una orden de “cese y desista” en sus operaciones, con elevados riesgos de daños financieros y reputacionales, han comenzado a engrosar la lista según su leal saber y entender. Por ejemplo, hasta ahora los decretos presidenciales de Trump no sancionan a quienes hayan sido funcionarios en el pasado, sino a quienes se desempeñan en la actualidad en cargos de cierta jerarquía.

La Orden Ejecutiva no impide que las empresas informáticas vendan sus productos a particulares venezolanos ajenos la nómina de confianza del gobierno madurista. Sin embargo, para gigantes como Adobe y Oracle están prohibidas “casi todas las transacciones y servicios entre empresas y entidades estadounidenses e individuos en Venezuela”. En consecuencia, han cesado sus tratos con clientes del país, independientemente de si se encuentran en el sector público o en el privado.

Otras “víctimas colaterales” han sido las organizaciones no gubernamentales que realizan importantes acciones en beneficio de los más necesitados en el país. En agosto, tres de estas entidades se dirigieron al Departamento del Tesoro (en nombre del conglomerado de ONGs) para solicitar una aclaratoria sobre el alcance de las medidas tomadas por la administración Trump, lo que tenía implícito además una petición de reconsideración. Para ese momento, bancos con sede en EEUU ya habían cerrado las cuentas de ciertas organizaciones, en previsión a lo que vendría. Una de ellas fue Cecodap, aun cuando el decreto presidencial del 5 de agosto establece una clara excepción para todas las transacciones relacionadas con la provisión de artículos como comida, ropa y medicina “para el alivio del sufrimiento humano”. Cecodap es una organización con más de treinta años de actividad en el país, destinada a la defensa de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia.

Una de las instituciones que elevó su queja al Tesoro fue Cáritas, cuyos miembros han estado involucrados de lleno en la atención humanitaria a la creciente población afectada por lo que ya se conoce como una “emergencia humanitaria compleja”. Una representante que pidió la reserva de su nombre indicó que más de la mitad de sus transacciones son en divisas extranjeras. Esto incluye los pagos de sus nóminas. En consecuencia, los temores manifestados por los bancos con sede en EEUU han mermado notablemente la capacidad de la ONG para ejecutar sus planes. Una transferencia de fondos, que antes del inicio de la era de las sanciones generales tomaba dos días, ahora tarda quince. Los donantes, además, encuentran graves tropiezos para concretar la caridad. Entonces, no solo resultan afectados los trabajadores de Cáritas, sino la población desprotegida.

Hasta ahora, las ONGs no han encontrado una respuesta concreta. Por el contrario, el curso de los hechos parece indicar que la situación empeorará en el futuro inmediato, tomando en cuenta que los bancos europeos con cuentas corresponsales en EEUU también están poniendo sus barbas en remojo, endureciendo las revisiones a todos los capitales procedentes de Venezuela, o destinados al país.

Este fenómeno, llamado “sobrecumplimiento”, podría llevar a decisiones similares a las tomadas recientemente por Mastercard con respecto al servicio de pagos electrónicos del Banco de las Fuerzas Armadas (BanFanB), puesto que todavía existen otras entidades financieras estatales que operan con este mecanismo. De allí que la Superintendencia de Bancos haya solicitado de manera urgente el diseño de nuevas plataformas para llevar a cabo los pagos en línea, en un contexto en el que nuevamente escasea el papel moneda.

De otra parte, mientras que las sanciones no arrojan el efecto deseado por la administración Trump, se instala en el país la noción de que los problemas de la población ahora sí son el producto de las decisiones tomadas en Washington, y no de la ineptitud y la corrupción nacionales.

Breves

-En este momento, en Venezuela hay registradas unas 1.200 aeronaves de uso civil. El órgano encargado de supervisar y regular la actividad de estos aparatos es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), cuya nómina sobrepasa las 2.600 personas, muchas de ellas militares enviados en comisión de servicio, empezando por su presidente, que es un teniente coronel de la Aviación. Esto da una correlación de 2,25 empleados por cada aeronave registrada. En EEUU, donde existe una larga cultura burocrática, la Región Sur de la Administración Federal de Aviación posee 6.180 empleados en nómina, para cubrir las necesidades del sector aeronáutico en diez estados de la unión (Florida, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Kentucky, Alabama, Georgia, Mississippi, Islas Vírgenes y Puerto Rico). En ellas tienen registradas unas 44.500 aeronaves, lo que da una correlación de 0,13 empleados por cada aparato. Los datos correspondientes al caso estadounidense fueron obtenidos a través de diversas fuentes abiertas, mientras que los de Venezuela llegaron de forma extraoficial, pues no hay data de acceso público sobre el tema.

-Hay una creciente preocupación en foros internacionales por el incremento en el paso de drogas ilegales por Venezuela. Según el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, la cantidad de drogas que salen de Colombia y pasan por Venezuela “se ha duplicado” desde 2018. Esto lo afirmó el 3 de octubre, durante una intervención ante la Asociación del Ejército de EEUU. Aunque el militar se abstuvo de suministrar una cifra neta, el último estimado disponible a través de informes del Departamento de Estado (2016) indicaba que por el país transitaban unas 120 toneladas de cocaína. En estos reportes, la marihuana suele quedar en un segundo plano. De manera que, si se dan por válidos estos números (cosa que los académicos discuten en forma acalorada), por el territorio nacional estarían pasando unas 250 toneladas del alcaloide. Pero la producción mundial de esta droga también ha ido en aumento. Según Naciones Unidas, para finales de 2018 se calculaba que serían fabricadas 1.976 toneladas de cocaína. El proceso se ha acentuado desde 2016, cuando las FARC se desmovilizó. Desde entonces, el tonelaje de cocaína pura se habría incrementado 25%. Si se cruzan unas cifras con las otras, se puede concluir que por Venezuela transitaría el 12,6% de la producción mundial de cocaína. En algunos sectores de la Cancillería estadounidense alegan que la cifra actual de cocaína llevada a través del país es de unas 400 toneladas, lo que equivale al 20% de la producción mundial. Como quiera que sea, estos volúmenes representan un gran desafío para el Estado en general, no solo para sus cuerpos de seguridad. En el actual esquema legal e institucional venezolano -caracterizado por una enorme fragilidad-, un incremento aluvional en el paso de drogas como el que pintan estos números solo augura más violencia en las calles, más corrupción (si fuese imaginable), más problemas de salud pública y un incremento en la población penitenciaria cuya atención hoy en día ya no es posible.

@javiermayorca