Javier Mayorca, autor en Runrun

Javier Ignacio Mayorca

Crímenes sin castigo | Señales de una tragedia, por Javier Ignacio Mayorca

Foto: Crónica Uno

Lo ocurrido en el Parque del Este pudo ser evitado. Hubo tiempo suficiente, y sin embargo nadie actuó para impedirlo ¿Quién permitió la celebración a todo trance del concierto Banderas Blancas?

La pregunta clave para determinar responsabilidades en la tragedia del Parque del Este, ocurrida el sábado 9 de noviembre, es quién tenía la responsabilidad de proteger a los asistentes, y si esa entidad o persona contó con suficiente tiempo para tomar las medidas que impidiesen la cadena de hechos que arrojó un saldo parcial de una adolescente fallecida y otros diecinueve lesionados.

La segunda parte quizá sea más fácil de abordar. La iniciativa de utilizar las instalaciones del referido parque para llevar a cabo un evento artístico gratuito era conocida por lo menos con nueve días de antelación. La administración del Instituto Nacional de Parques (Inparques) había recibido el 1 de noviembre una solicitud de autorización para celebrar un “concierto de música urbana” en la concha acústica, ubicada en el sector norte, aledaño a la salida hacia la avenida Francisco de Miranda.

Inparques, a juzgar por la documentación conocida, negó la realización de la actividad llamada Banderas Blancas. Pero esta negativa parece haber sido ignorada por los organizadores.

Ahora bien, si un ciudadano de a pie pide permiso para llevar a cabo una celebración en ese parque, y la autoridad del lugar lo niega, pues lo más lógico es que el solicitante busque un sitio distinto. De lo contrario, esta autoridad podrá acudir a la fuerza pública para imponer su voluntad.

 

En el caso del Parque del Este convergen tres instituciones que podrían ser denominadas “fuerza pública”: la Guardia Nacional, que posee una compañía en esas instalaciones; Inparques, cuyos empleados hacen rondas por los estacionamientos y caminerías, y la Policía de Miranda, cuyos funcionarios tienen un puesto en el sector conocido como Bolívar, justo al lado de unas oficinas que ocasionalmente utiliza el gobernador Héctor Rodríguez.

Todos estos representantes del Estado imponen restricciones a los usuarios. Por ejemplo, cuando se celebran actos del oficialismo en el nuevo sector del parque -donde Rodríguez despacha-, los agentes de la policía regional impiden a los usuarios y corredores cruzar el puente que pasa sobre la autopista Francisco Fajardo. También hacen apostamientos -de vez en cuando- en el sector conocido como “pista de tierra”, donde los deportistas son asaltados con frecuencia.

Todos estos cuerpos contaron con suficientes días para impedir la celebración del concierto. Pero no lo hicieron. Por el contrario, miraron impávidos cómo era instalada la tarima donde el trapero Neutro Shorty haría su presentación. Por cierto, frente al despacho del gobernador.

El día del show, también hubo la oportunidad de parar la tragedia, de haber leído a tiempo las señales. Según testimonios recabados, los adolescentes se agolparon frente a la reja del parque, en la entrada Norte, desde muy temprano. En su desespero por ganar acceso, una joven escaló la malla perimetral y sufrió lesiones leves en una pierna al caer en el interior de la instalación.

Los empleados del parque, disminuidos en número, optaron por cerrar todas las rejas, incluidas las del estacionamiento.

Esto hubiese sido suficiente para enviar al lugar una unidad de orden público, ya fuese de la GN o de la Policía Nacional, que cumpliese un rol disuasivo. Como no sucedió, los muchachos envalentonados derribaron dos santamarías de la entrada y corrieron como manada hacia el sector sur, donde se llevaría a cabo el concierto.

 

Fue en este momento cuando se produjo la mayor parte de los lesionados, y según el parte preliminar de la PNB, la muerte de la adolescente.

Al ver a esta multitud corriendo en desbandada, los deportistas que tradicionalmente utilizan el parque tuvieron que ocultarse.

Un segundo sitio de suceso fue en los alrededores del puente que pasa sobre la autopista. Allí los adolescentes intentaron trasponer las barreras a como diera lugar, lanzándose por los bordes de la estructura y cayendo en el sector Bolívar. Los paramédicos tuvieron que improvisar un puesto de atención en el borde del lago donde está la réplica de la carabela.

El problema radica en que, desde junio de 2018, Inparques pareciera haber perdido la potestad de manejar esas instalaciones. Ese mes, Nicolás Maduro aprobó una solicitud formulada por Rodríguez, y nombró a Gerardo Sánchez Chacón “autoridad única” del parque. Los empleados del instituto manifestaron su descontento.

Esta dualidad en el manejo de la instalación pudiera contribuir a explicar por qué los organizadores del evento hicieron caso omiso a la negativa de Inparques, y en cambio movieron el escenario desde la Concha Acústica hasta el sector sur. Sin duda, un poder superior los aupaba. El referido instituto pasó agachado, hasta que el escándalo por la muerte de la joven y los numerosos lesionados lo obligó a emitir un comunicado, en el que descargó la responsabilidad en los organizadores del evento.

Este suceso hace recordar otro caso luctuoso: el de la fiesta en el club conocido popularmente como Los Cotorros, en El Paraíso, donde murieron diecinueve personas, luego del lanzamiento de una bomba lacrimógena. Esto fue en junio de 2018. En esa oportunidad, los fiscales no solo imputaron a quienes arrojaron el artefacto sino también a quienes participaron en la organización del evento juvenil, a los encargados de la seguridad y al regente del establecimiento.

 

Es claro que hay diferencias entre el caso de El Paraíso y el del Parque del Este. La principal es que un lugar es de uso privado, y el otro público, es decir, al cuidado del régimen. Y este matiz, desde luego, lo tiene presente el Fiscal.

Breves

-Desde finales de octubre, las autoridades del estado Zulia están reteniendo las motocicletas que son detectadas en circulación luego de las 7 pm, en atención a una orden emitida por el gobernador de la entidad, Omar Prieto, a través de su cuenta twitter. El 15 de septiembre, Prieto argumentó que esta decisión formaba parte del “combate a la inseguridad”. Se desconoce qué elementos de juicio habrá tomado en cuenta el gobernante para emitir un mandato que restringe la libertad de circulación.

Las estadísticas, conocidas extraoficialmente de fuentes policiales, indican que las motos apenas son usadas en el 5,8% de los robos genéricos denunciados en Zulia. De hecho, en ese estado sucede algo curioso: las motos son menos utilizadas para asaltar que los carros o las camionetas, las cuales aparecen en 11,5% de los casos conocidos. Prieto pareciera guiado más por la intuición que por un criterio sólido. Finalmente, tanto en Zulia como en el resto del país, la mayoría de los robos (82,2%) es llevada a cabo por personas que van a pie.

-La división contra la Delincuencia Organizada de la policía judicial adelanta una averiguación sobre una red nacional de distribución de cosméticos falsificados. Las pesquisas fueron iniciadas el 16 de mayo, una vez recibida la denuncia de la representante legal de la empresa Drocosca, Adriana Menéndez. Esta firma es la encargada de comercializar los productos marca Valmy.

Según Menéndez, se detectó que productos tales como esmaltes y línea de tratamiento para uñas, que tradicionalmente son comercializados por grandes cadenas de farmacias, eran ofrecidos a través de la web MercadoLibre, e igualmente eran vendidos en quincallas y abastos en diversas ciudades como Barquisimeto, Maracaibo y San Cristóbal, a precios que representan casi la mitad de los que tradicionalmente tienen en las ventas al detal.

 

La fiscal 16 con competencia nacional, a cargo de Andrés Eloy Hernández y Milkary da Silva, coordina las diligencias de este caso. Luego de allanamientos en locales de Barquisimeto y La Urbina, se ha determinado que estos productos fueron traídos de China. Pero hasta el momento no ha sido posible encontrar un rastro documental que confirme el puerto de entrada. Los representantes de la compañía de cosméticos han solicitado un pronunciamiento del Instituto Nacional de Higiene, pues suponen que la baja calidad de los insumos utilizados para fabricar la mercancía “pirata” representa un riesgo para la salud de los usuarios.

Han detectado, además, que en las nuevas oleadas de importaciones los imitadores han refinado sus técnicas, al hacer que las etiquetas externas sean copias casi fieles de las que traen los productos originales.

@javiermayorca

Crímenes sin castigo | Disputas en Luxemburgo
-Diez prominentes oficialistas adelantan litigios para revertir las sanciones impuestas en distintos momentos por la Unión Europea, debido a violaciones a derechos fundamentales de la población venezolana

Una parte del futuro de Venezuela se dirime en un juzgado de Luxemburgo, probablemente desconocido para la mayoría de la población del país.

En este pequeño país de Europa Central, denominado también Gran Ducado, opera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una instancia creada en 1952 con la finalidad de interpretar las normas de la confederación y controlar la legalidad de los actos y las decisiones emanadas de ella.

Ante ese tribunal, y en absoluto sigilo, diez importantes operadores del régimen de Nicolás Maduro han recurrido con la finalidad de anular las sanciones que les han impuesto a través del Consejo Europeo, por considerarse que han contribuido a la violación de los derechos humanos de los venezolanos.

El 18 de septiembre, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. La primera en acudir fue Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.

 

Los primeros litigios se iniciaron por los recursos interpuestos en abril de 2018 por Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia; la presidenta del Poder Electoral Tibisay Lucena; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, y el fiscal general designado a través ese cuerpo y ex presidente del Poder Moral, Tarek William Saab. Moreno fue el primero que recurrió a la instancia judicial europea para revertir las sanciones.

El 18 de septiembre, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. La primera en acudir fue Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.

En enero de este año abordaron el mismo tren la ex vicefiscal Katherine Harrington y el ex comandante general de la Guardia Nacional, mayor general retirado Antonio Benavides Torres.

La documentación que se ha logrado revisar sobre estos litigios indica que los argumentos esgrimidos por estos diez demandantes son esencialmente los mismos. En el caso de Diosdado Cabello, por ejemplo, se indica que el Consejo de Europa supuestamente “vulneró el principio de buena administración, así como su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, al denegarle el acceso a las pruebas en las que supuestamente se basa su inclusión en la lista”. De igual forma, según el actual presidente de la ANC, “el Consejo incurrió en un error de apreciación al no haber demostrado que el demandante esté implicado en acciones que menoscaben la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.

Se debe recordar que Cabello fue sancionado por los países miembros de la Unión Europea el 22 de enero de 2018, específicamente por considerarse que “en menoscabo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, en particular utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios de comunicación y a la sociedad civil”.

El general Benavides Torres fue incorporado en la lista negra junto a Cabello. Sin embargo, el oficial retirado esperó casi un año para solicitar la anulación de esta decisión. Argumentó que para el momento en que fue sancionado ya no ejercía la comandancia general de la Guardia Nacional. Sin embargo, la razón que se tomó en cuenta en su caso no era si ejercía o no el cargo, sino que cuando estaba al mando se verificaron “graves violaciones a los derechos humanos”.

“Sus acciones y políticas como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, como el hecho de que la Guardia Nacional Bolivariana asumiera el liderazgo de la presencia policial en las manifestaciones civiles y abogara públicamente por que los tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre la población civil, han menoscabado el Estado de derecho en Venezuela”, es el punto central de la sanción al oficial.

Por su parte, la rectora del CNE Socorro Hernández argumentó que las sanciones “constituyen una restricción injustificada y desproporcionada del derecho fundamental de la propiedad”. Esto sugiere que la decisión adoptada por los países europeos le ha impedido disponer de sus activos.

Sobre estos litigios no se ha llegado a ninguna decisión. Cada expediente mantiene una numeración individual, lo que sugiere que hasta el momento no se ha producido una acumulación. Sin embargo, las decisiones que se tomen con respecto a las primeras solicitudes de nulidad tendrían un efecto sobre las demás.

Un factor en común en todos los juicios, además de los argumentos centrales, es la pareja de apoderados judiciales. Se trata de Fabrizio de Gianni (escritorio Van Bael & Bellis), asistido por otro litigante que solo se identifica como L. Giuliani.

Hasta ahora, ocho sancionados por la Unión Europea no han recurrido al tribunal de Luxemburgo: los ministros Jorge Rodríguez y Tarek el Aissami, los generales Gustavo González López (director del Sebin y del Cesspa), Iván Hernández Dala (director de la Dgcim), Jesús Suárez Chourio (comandancia en jefe de la FAN), Néstor Reverol (MRI), Sergio Rivero (ex comandante general de la GN) y el protector del Táchira Freddy Bernal.

Una fuente diplomática con conocimiento del tema explicó que durante cada uno de estos juicios los querellantes tendrán la oportunidad de acceder a los expedientes que fueron tomados en consideración para emitir las respectivas sanciones. Si el proceso finaliza con una decisión que los favorezca no solo revertirán las medidas de la Unión Europea, también podrán exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, y de las costas de todo el litigio.

Breves

  1. -98 personas han muerto durante los primeros nueve meses de 2019 en retenes policiales e internados judiciales. Las cifras que se han logrado conocer extraoficialmente por fuentes de Relaciones Interiores solo consignan los nombres de 69 reos fallecidos, pues omiten la matanza que hubo en el retén de Acarigua, ocurrida en mayo, en la que perdieron la vida 29 internos. Esta ha sido una constante en los despachos de seguridad gubernamentales desde hace varios años. Por ejemplo, los cadáveres de las masacres reportadas en instalaciones carcelarias de Puerto Ayacucho (agosto 2017) y Valencia (marzo 2018), nunca fueron tomados en consideración para las estadísticas gubernamentales. Once de las muertes que entraron en el registro ocurrieron en instalaciones del Distrito Capital y el estado Miranda. En Aragua han contado nueve, de las cuales siete fueron en el internado judicial de Tocorón. Otras cinco en La Pica de Monagas, y cuatro en Tocuyito. En general, salvo lo del retén en Portuguesa, los brotes de violencia entre detenidos han tenido un promedio apenas superior a un fallecido, lo que hace presumir disputas focalizadas, no riñas generales. Otro dato es que tales brotes generalmente finalizan con muertes. Las cifras levantadas hasta ahora solo dan cuenta de once heridos.
  2. -Desde el mes de agosto, se percibe un claro incremento en los secuestros. Esto sucede tanto en Caracas como en diversos estados del interior del país. Aunque las cifras totales, conocidas de manera extraoficial, siguen siendo menores que las registradas en 2018, el hecho es que a partir de las vacaciones escolares se elevó de manera notable la frecuencia de las denuncias de este delito. No se trata solo del caso del exgobernador Yohnny Yánez, quien fue plagiado en Macaracuay y ultimado en cautiverio. En octubre han ocurrido casos en Altamira, que no han sido denunciados pues las víctimas tienen la convicción de que sus captores eran presumiblemente agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES). En los primeros siete meses del año eran reportados casos de manera interdiaria. Ahora son todos los días. En Monagas, este delito ha subido 400%. En Sucre, 100%, 300% en Lara y 50% en Táchira. Esto desde luego contribuye a incrementar la angustia de la ciudadanía, que percibe un alza general del delito y una tímida respuesta de los cuerpos de seguridad.

@javiermayorca

Crímenes sin castigo | El lado oscuro de las sanciones, por Javier Mayorca
En la comunidad internacional, los bancos y las empresas comienzan a tomar medidas indiscriminadas contra todo lo que provenga de Venezuela, afectando así a justos y a pecadores

En la segunda semana de septiembre, clientes venezolanos del Amerant Bank, una pequeña entidad con oficinas en Florida, Nueva York y Texas, comenzaron a recibir una advertencia sobre el inmediato cierre de sus cuentas, en el caso de que sean funcionarios actuales o hayan sido miembros del gobierno de Nicolás Maduro.

Según esta notificación, el banco se ve obligado a tomar esta decisión en virtud de la Orden Ejecutiva 13.884 firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el 5 de agosto. Este decreto básicamente bloquea todos los bienes y activos de la administración Maduro, cuya legitimidad no es reconocida por EEUU y otros 54 países. Pero la parte más polémica de dicha sanción no tiene que ver con el congelamiento de los haberes, sino con la amenaza de una medida similar a las personas y entidades que hayan “asistido, promovido o provisto apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes y servicios en respaldo a cualquier persona” incluida en la lista emitida por el Departamento del Tesoro.

Esta lista, que ya incluía a más de 160 nombres de particulares, empresas y naves, se amplió hasta niveles nunca vistos con la emisión de una nueva sanción que, salvo mejor interpretación, abarca a todos los militares activos con los grados de coronel, capitán de navío y superiores, todos los funcionarios en actividad con cargos de viceministro o superior, todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, también a todos los familiares directos de los militares, los funcionarios y los constituyentistas, así como aquellas personas que hagan transacciones o negocien con el Ejecutivo venezolano.

La medida tiene una dimensión tal que resultan muy difícil de manejar, especialmente para un sector privado que, hasta el momento, estaba acostumbrado a tomar sus decisiones sobre la base de listados concretos, de personas con nombres y apellidos, empresas con registros específicos, naves debidamente permisadas.

Entramos en la era de lo que Moisés Rendón, analista para el caso Venezuela del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (Csis) ha llamado “sanciones generales”, es decir, medidas destinadas a afectar a sectores completos del país, con la intención manifiesta de obligar a Maduro y a su entorno a retornar al esquema democrático.

Aunque para Rendón y otros estudiosos del tema venezolano era previsible que Washington emitiría decisiones de este tipo en cualquier momento, las alarmas han comenzado a escucharse. Los bancos, para cubrirse las espaldas ante la posibilidad de una multa o una orden de “cese y desista” en sus operaciones, con elevados riesgos de daños financieros y reputacionales, han comenzado a engrosar la lista según su leal saber y entender. Por ejemplo, hasta ahora los decretos presidenciales de Trump no sancionan a quienes hayan sido funcionarios en el pasado, sino a quienes se desempeñan en la actualidad en cargos de cierta jerarquía.

La Orden Ejecutiva no impide que las empresas informáticas vendan sus productos a particulares venezolanos ajenos la nómina de confianza del gobierno madurista. Sin embargo, para gigantes como Adobe y Oracle están prohibidas “casi todas las transacciones y servicios entre empresas y entidades estadounidenses e individuos en Venezuela”. En consecuencia, han cesado sus tratos con clientes del país, independientemente de si se encuentran en el sector público o en el privado.

Otras “víctimas colaterales” han sido las organizaciones no gubernamentales que realizan importantes acciones en beneficio de los más necesitados en el país. En agosto, tres de estas entidades se dirigieron al Departamento del Tesoro (en nombre del conglomerado de ONGs) para solicitar una aclaratoria sobre el alcance de las medidas tomadas por la administración Trump, lo que tenía implícito además una petición de reconsideración. Para ese momento, bancos con sede en EEUU ya habían cerrado las cuentas de ciertas organizaciones, en previsión a lo que vendría. Una de ellas fue Cecodap, aun cuando el decreto presidencial del 5 de agosto establece una clara excepción para todas las transacciones relacionadas con la provisión de artículos como comida, ropa y medicina “para el alivio del sufrimiento humano”. Cecodap es una organización con más de treinta años de actividad en el país, destinada a la defensa de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia.

Una de las instituciones que elevó su queja al Tesoro fue Cáritas, cuyos miembros han estado involucrados de lleno en la atención humanitaria a la creciente población afectada por lo que ya se conoce como una “emergencia humanitaria compleja”. Una representante que pidió la reserva de su nombre indicó que más de la mitad de sus transacciones son en divisas extranjeras. Esto incluye los pagos de sus nóminas. En consecuencia, los temores manifestados por los bancos con sede en EEUU han mermado notablemente la capacidad de la ONG para ejecutar sus planes. Una transferencia de fondos, que antes del inicio de la era de las sanciones generales tomaba dos días, ahora tarda quince. Los donantes, además, encuentran graves tropiezos para concretar la caridad. Entonces, no solo resultan afectados los trabajadores de Cáritas, sino la población desprotegida.

Hasta ahora, las ONGs no han encontrado una respuesta concreta. Por el contrario, el curso de los hechos parece indicar que la situación empeorará en el futuro inmediato, tomando en cuenta que los bancos europeos con cuentas corresponsales en EEUU también están poniendo sus barbas en remojo, endureciendo las revisiones a todos los capitales procedentes de Venezuela, o destinados al país.

Este fenómeno, llamado “sobrecumplimiento”, podría llevar a decisiones similares a las tomadas recientemente por Mastercard con respecto al servicio de pagos electrónicos del Banco de las Fuerzas Armadas (BanFanB), puesto que todavía existen otras entidades financieras estatales que operan con este mecanismo. De allí que la Superintendencia de Bancos haya solicitado de manera urgente el diseño de nuevas plataformas para llevar a cabo los pagos en línea, en un contexto en el que nuevamente escasea el papel moneda.

De otra parte, mientras que las sanciones no arrojan el efecto deseado por la administración Trump, se instala en el país la noción de que los problemas de la población ahora sí son el producto de las decisiones tomadas en Washington, y no de la ineptitud y la corrupción nacionales.

Breves

-En este momento, en Venezuela hay registradas unas 1.200 aeronaves de uso civil. El órgano encargado de supervisar y regular la actividad de estos aparatos es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), cuya nómina sobrepasa las 2.600 personas, muchas de ellas militares enviados en comisión de servicio, empezando por su presidente, que es un teniente coronel de la Aviación. Esto da una correlación de 2,25 empleados por cada aeronave registrada. En EEUU, donde existe una larga cultura burocrática, la Región Sur de la Administración Federal de Aviación posee 6.180 empleados en nómina, para cubrir las necesidades del sector aeronáutico en diez estados de la unión (Florida, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Kentucky, Alabama, Georgia, Mississippi, Islas Vírgenes y Puerto Rico). En ellas tienen registradas unas 44.500 aeronaves, lo que da una correlación de 0,13 empleados por cada aparato. Los datos correspondientes al caso estadounidense fueron obtenidos a través de diversas fuentes abiertas, mientras que los de Venezuela llegaron de forma extraoficial, pues no hay data de acceso público sobre el tema.

-Hay una creciente preocupación en foros internacionales por el incremento en el paso de drogas ilegales por Venezuela. Según el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, la cantidad de drogas que salen de Colombia y pasan por Venezuela “se ha duplicado” desde 2018. Esto lo afirmó el 3 de octubre, durante una intervención ante la Asociación del Ejército de EEUU. Aunque el militar se abstuvo de suministrar una cifra neta, el último estimado disponible a través de informes del Departamento de Estado (2016) indicaba que por el país transitaban unas 120 toneladas de cocaína. En estos reportes, la marihuana suele quedar en un segundo plano. De manera que, si se dan por válidos estos números (cosa que los académicos discuten en forma acalorada), por el territorio nacional estarían pasando unas 250 toneladas del alcaloide. Pero la producción mundial de esta droga también ha ido en aumento. Según Naciones Unidas, para finales de 2018 se calculaba que serían fabricadas 1.976 toneladas de cocaína. El proceso se ha acentuado desde 2016, cuando las FARC se desmovilizó. Desde entonces, el tonelaje de cocaína pura se habría incrementado 25%. Si se cruzan unas cifras con las otras, se puede concluir que por Venezuela transitaría el 12,6% de la producción mundial de cocaína. En algunos sectores de la Cancillería estadounidense alegan que la cifra actual de cocaína llevada a través del país es de unas 400 toneladas, lo que equivale al 20% de la producción mundial. Como quiera que sea, estos volúmenes representan un gran desafío para el Estado en general, no solo para sus cuerpos de seguridad. En el actual esquema legal e institucional venezolano -caracterizado por una enorme fragilidad-, un incremento aluvional en el paso de drogas como el que pintan estos números solo augura más violencia en las calles, más corrupción (si fuese imaginable), más problemas de salud pública y un incremento en la población penitenciaria cuya atención hoy en día ya no es posible.

@javiermayorca

Crímenes sin Castigo | Costosos engaños
 
Las estafas mediante el uso de las redes sociales y de los sistemas de mensajería se han convertido en un delito de moda, en el que los delincuentes se hacen pasar por amigos de toda la vida

 

UNA NOCHE DE AGOSTO, Cristina recibió un mensaje a través del sistema de mensajería de su cuenta de Instagram. Era un viejo amigo, que había emigrado a Estados Unidos y, aparentemente, regresaría a Venezuela en los próximos días.

“Me extrañó, porque tenía como tres meses de ausencia, sin poner nada en el Instagram”, recordó ella.

En el chateo por la red social, la convenció para que lo ayudara a obtener algunos fondos en bolívares, mediante el cambio de algunas divisas que él luego le entregaría. 

La primera operación sería por $200. Pero Cristina no tenía los fondos para hacer la transferencia, así que buscó entre sus contactos a alguien interesado en comprar los dólares.

“Me transfirieron casi tres millones de bolívares. Pero yo no podía entregarle a él todo ese dinero de una vez, porque el banco me bloquearía la cuenta, así que solo pude transferir un millón y medio”, relató.

Para ese momento, el “viejo amigo” ya había regresado al país, a juzgar por la línea Movistar que utilizaba. Todo parecía marchar sobre ruedas, hasta el momento en que el hombre iba a trasladarse al lugar donde ella trabajaba, para entregar los billetes estadounidenses con la cara de Franklin. Entonces la llamó para decirle que estaba perdido. Ella volvió a especificar su dirección de trabajo, en el este de Caracas.

“El tipo apagó el teléfono, y no volví a saber nada de él (…) Fui víctima de una estafa por una persona conocida”, reflexionó.

Ahora convertida en víctima, Cristina denunció lo ocurrido ante la división contra Delitos Informáticos de la policía judicial. En medio de la emergencia, además, tuvo que endeudarse para poder cubrir los dólares que no había podido entregar a la persona que se los había comprado en primera instancia.

Las estafas mediante el uso de las redes sociales y los sistemas de mensajería se han convertido en uno de los delitos de moda en Venezuela. Cuando Cristina formuló la denuncia, un agente policial le confió que todos los meses la institución procesa unas 500 denuncias similares a las que ella hizo en agosto.

El funcionario se quedó corto: durante los primeros seis meses de 2019, los cuerpos de seguridad han iniciado 3.632 expedientes por estafa. El promedio mensual es de 520.

Las estadísticas sobre este delito, conocidas extraoficialmente, revelan un crecimiento sostenido en las estafas a partir del mes de marzo. Ya para junio, el total fue de 754 denuncias, y a juzgar por los casos conocidos esta práctica delictiva se encuentra en permanente incremento.

Los estados donde los timadores actúan con mayor frecuencia son Miranda, Carabobo, Distrito Capital (Libertador), Lara y Zulia. Anteriormente, Zulia era preferida debido a la posibilidad de acceder a recursos de la renta petrolera. Pero esto cambió radicalmente en 2019, debido a la devastación ocasionada por los apagones y los saqueos.

Así como le sucedió a Cristina, en la mayoría de los casos el estafador es una persona conocida. O por lo menos eso cree la víctima. Esto quiere decir que el delincuente puede suplantar la identidad de otra persona mediante el hackeo de sus cuentas en las redes sociales, y desde allí iniciar la caza de sus posibles víctimas.

El éxodo masivo de personas al exterior también genera condiciones para los engaños. Un hombre que emigró a Sevilla desde San Juan de los Morros relató que estuvo a punto de ser estafado por una persona que había suplantado la identidad de una amiga, con la que iba a negociar la entrega de fondos para sus familiares en Venezuela. Se salvó a última hora gracias a su intuición. Optó por pasar de las redes sociales y el whatsapp a intentar una conversación directa. Ante las evasivas para hablar, desistió de la operación.

En el 25% de los casos procesados este año por la policía judicial, la estafa se produce en operaciones de cambio de monedas, generalmente dólares o euros. En el resto de los casos, también es posible que se produzcan pérdidas en divisas para las víctimas. Pero el engaño ocurre en el curso de ventas de bienes escasos, como pueden ser repuestos para vehículos, alimentos, plantas generadoras de electricidad e incluso puntos de venta. Todo lo que en un momento determinado pueda exigir el mercado.

Esta es una de las consecuencias indeseadas de lo que el ex director de la policía judicial, Miguel Dao, denominó la “dolarización informal” de la economía venezolana. En un alerta emitido recientemente, el ex funcionario recomendó llevar a cabo estas transacciones “con empresas, comercios y personas conocidas, de confianza, con comprobables antecedentes legales, morales y éticos”.

Sin embargo, los timadores intentan llevar a cabo sus engaños aprovechando ciertas condiciones de apuro, ya sean reales o generadas por ellos mismos. Y en una economía afectada por la hiperinflación, lo que prevalece es la premura: el precio del dólar hoy seguramente será menor que el de mañana; el caucho nuevo costará más, así como el teléfono celular y el cargamento de carne. Por ende, se dificultan los procesos de verificación de los antecedentes. La víctima se aturde, y termina perdiendo su dinero. 

 
Breves

La Policía Nacional lleva a cabo en este momento un plan para incrementar su pie de fuerza mediante la reincorporación de funcionarios que habían sido excluidos de ese y de otros cuerpos de seguridad por distintas razones. Esta iniciativa había sido anunciada en mayo, luego de la remoción del general de división Carlos Pérez Ampueda, ante las sospechas de que había respaldado el alzamiento del 30 de abril, y su reemplazo por el general de brigada Elio Estrada Paredes. Los reincorporados forman parte de un grupo llamado “ingresos extraordinarios”. Según listados a los que se tuvo acceso, provienen de las policías de Caracas, Miranda, Baruta, Eulalia Buroz, Independencia y Sucre, por citar algunas. Pero la mayoría de estos reinsertados habían salido de la propia PNB, por razones que no han sido especificadas. Desde 2017, el contingente de la Policía Nacional se estancó en poco más de 26 mil efectivos, de los cuales 6.000 son mujeres. El pie de fuerza no se ha incrementado, y sin embargo son crecientes las exigencias del Gobierno, en especial en cuanto a extender la presencia policial a todos los estados del país, y reforzar ciertos servicios, como por ejemplo el de vigilancia al Metro de Caracas, al cuerpo diplomático o las vías expresas. La alternativa, entonces, ha sido la reinserción de estos funcionarios. También se abrirá la posibilidad de que se incorporen guardias nacionales que estén de baja. El riesgo que han reconocido los propios jerarcas de la institución en reuniones internas es que se abra las puertas a individuos excluidos por medidas disciplinarias o por haber participado en delitos.

 

El ministerio de Relaciones Interiores inició una investigación al constatarse la distribución mediante correos electrónicos de mensajes que supuestamente persiguen exacerbar el descontento en las filas de ciertos cuerpos policiales en Distrito Capital. Uno de tales mensajes hace un explícito llamado al alzamiento en armas de los uniformados, para que “Venezuela sea libre”. En el texto, igualmente, se indica que los policías incorporados a este movimiento pueden convertirse en parte de la historia nacional, siempre y cuando hagan un esfuerzo por “neutralizar a las ratas”.  Lo cierto es que los policías, como el resto de la población, parecen más enfocados en asegurar un sustento diario, trabajando como escoltas en sus tiempos libres o como parceleros de panaderías, que por organizarse para propiciar un cambio político.

 

@javiermayorca

Crímenes sin Castigo | La venganza de Cristóbal, por Javier Ignacio Mayorca
El juicio de extradición contra el ex jefe de la Dgcim recuerda un viejo escándalo por disputas entre la CIA y la DEA. En el centro de la historia, está un agente encubierto

 

LA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL de España en cuanto a declarar sin lugar la solicitud de extradición del mayor general retirado del Ejército venezolano, Hugo Carvajal, podría resultar sorprendente en un principio. Pero tiene su fundamento en la credibilidad que los magistrados dieron al argumento central de la defensa esgrimida por el propio oficial, según la cual es perseguido por razones esencialmente políticas.

Aunque los letrados tradicionalmente son refractarios a este tipo de argumentos, en el caso del ex director de Contrainteligencia Militar era inevitable tomarlos en cuenta. Carvajal supo armar su caso, y transmitirlo sobreponiéndose a sus dificultades de oratoria.

Desde el principio se sabía que este juicio basculaba entre dos extremos. Por una parte, Estados Unidos trataría de sustentar una petición de llevarlo a su territorio, basado en la presunta participación del oficial en operaciones de  tráfico de drogas que databan de 2005. Como es lo usual, la solicitud de extradición llevaba como soportes la decisión de un gran jurado, anexada a la declaración de un agente especial y el correspondiente oficio de remisión. Nada más.

Por el otro lado, el general trataría de convencer a los magistrados españoles de que su caso era más político que criminal (aunque según sus argumentos también tenía algo de este último componente). Carvajal echó mano de toda la experiencia acumulada en sus años al lado del teniente coronel Hugo Chávez, y pintó ante los jueces el panorama de un oficial que tuvo que traficar drogas, pero no para beneficio propio, sino por órdenes del gobernante venezolano. En otros términos, según el ex jefe de la Dgcim esos dos juicios que están pendientes en cortes estadounidenses no serían la consecuencia de un interés por el enriquecimiento personal a través de la exportación de cocaína, sino más bien de actos de un régimen que pretendían sabotear el modo de vida norteamericano, inundándolos de drogas, y de paso obtener recursos para financiar el proyecto político venezolano.

Otro elemento invocado por Carvajal en la Audiencia Nacional se refería a la supuesta imposibilidad de obtener un juicio justo si era enviado a Estados Unidos. Para sustentar su afirmación, el ex jefe de inteligencia consignó una carta enviada en 2008 al entonces ministro de Relaciones Interiores, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, por un colombiano nacionalizado venezolano que purgaba condena de veinte años de prisión en la penitenciaría federal de Georgia.

El remitente, Adolfo Romero Gómez, era ampliamente conocido por los cuerpos de seguridad venezolanos que hicieron operaciones contra la guerrilla urbana y, a partir de la década de los ochentas del siglo pasado, contra los carteles colombianos, en especial el de Medellín.

Romero, también llamado Cristóbal o el Gocho Hidalgo, era un auténtico “cuerda floja”. Un personaje de película que había pasado por las extintas Disip y PTJ. La DEA lo tenía catalogado como informante confidencial –con código asignado-, pero se vino a menos al constatarse que hacía trabajos por su cuenta. En los años finales de su carrera, trabajó como agente infiltrado al servicio del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional.

Romero fue el centro de un escándalo mayúsculo, denominado las “entregas controladas”, por el que fue ordenada su detención en Venezuela junto a un nutrido grupo de oficiales de la GN, encabezado por el general de brigada Ramón Guillén Dávila, alias Moncho, ya fallecido. Este expediente es bien conocido por los generales Néstor Reverol (titular del MRI) y Frank Morgado (jefe de la oficina de Control de Actuación Policial de la PNB), pues ambos pasaron por la unidad antidrogas. De hecho, este fue uno de los antecedentes que Morgado puso en manos del entonces presidente Chávez para justificar el cese de la cooperación antidrogas con Estados Unidos, en 2005.

En las entregas controladas, Cristóbal fungía como un topo en los carteles que suministraban la cocaína, con la finalidad de identificar a los líderes de estas organizaciones y sus agentes, operadores o intermediarios en Venezuela. Como trasfondo de esto, se desarrollaba una disputa burocrática entre agencias estadounidenses. Mientras que la Guardia Nacional trabajaba con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Disip y la policía judicial hacían lo propio con la DEA, el FBI y el Servicio de Aduanas. Cada caso que “coronaban” unos y otros representaba una ganancia monetaria para los participantes, incluidos los informantes.

El expediente se resolvió en Venezuela por una vía más política que judicial. Antes de abandonar la presidencia, Carlos Andrés Pérez indultó a Guillén Dávila y su grupo.

Romero Gómez intentó marcar cierta distancia con respecto a la Guardia Nacional y el resto de los protagonistas de este escándalo. Se mudó al Táchira. Pero, en un descuido, lo pescaron en Cúcuta. En 1997, el gobierno colombiano autorizó su extradición a Estados Unidos.

Romero creía que la victoria de Hugo Chávez abría una ventana de oportunidad para que lo sacaran de la cárcel estadounidense y lo enviaran a Venezuela, para finalizar aquí su condena. Esa, por lo menos, era su convicción al inicio de este siglo. Cada vez que podía, el ex infiltrado manifestaba mediante cartas y llamadas desde un teléfono de la penitenciaría su decepción por haber sido abandonado por sus aliados de otros tiempos: la CIA, la GN y los demás cuerpos de seguridad del país. También por lo injusto que consideraba estar preso por un caso que ya había sido decidido en otra jurisdicción.

Es probable que Romero Gómez nunca haya conocido personalmente a Carvajal. Los tiempos de ambos fueron distintos. Sin embargo, sus quejas escritas operaron como una especie de herramienta para una venganza inesperada, que le quita a Estados Unidos (por segunda vez) la posibilidad de poner tras las rejas a quien alguna vez calificaron como “la joya de la corona” en el tráfico de drogas.

 

Breves

 

-Desde finales de 2018, el Ejecutivo maneja informes de inteligencia que reflejan con bastante precisión cuáles son los grupos irregulares que operan en toda la franja fronteriza con Colombia; quiénes son los líderes de cada célula, cuál es el pie de fuerza en cada lugar; cuáles son los medios que utilizan para movilizarse; dónde actúan y a qué actividades se dedican. La información es especialmente precisa en el estado Táchira, donde comenzó el 10 de septiembre un ejercicio militar combinado que intenta reivindicar la “soberanía” sobre el territorio. Según tales informes, allí están estructuras de las bandas criminales Los Rastrojos, Los Urabeños, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o Boliches, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde el momento en que fueron elaborados estos documentos hasta ahora, el Ejecutivo solamente ha ido contra el máximo líder de Los Rastrojos, Wilfredo Torres Gómez, alias Viejo Neco, quien fue capturado en Valencia en marzo, para vincularlo de inmediato con sectores de la oposición. Pero nada se hace por ejemplo con respecto a los jefes de los tres frentes de la guerrilla del ELN asentados en el estado, como serían los comandantes Lenín (frente Domingo Laín), Simón (frente Carlos Germán Velasco) y Brazo de Reina (frente Efraín Pabón). Entre todos, indican los reportes, reúnen 700 hombres aproximadamente. En líneas generales, el cuadro pintado por estos reportes permite comprender mejor por qué el Táchira se ha convertido en un espacio para la disputa armada.

-Una de las actividades delictivas más florecientes en el país pareciera ser el sicariato. De acuerdo con datos de la policía judicial, conocidos extraoficialmente, hubo 49 muertes por encargo durante los primeros seis meses de 2019. Solo en las primeras dos semanas de septiembre, los cuerpos policiales manejan informaciones sobre cinco casos que también podrían entrar en esta modalidad. La mayoría de ellos en el estado Zulia, donde los sicarios parecen tener un terreno fértil para sus andanzas. Sin embargo, en Guárico se presentó un episodio especialmente escandaloso. Según las pesquisas de Cicpc, el gerente de Pdvsa Gas Comunal en San Juan de los Morros, Leomar José Gil, fue ultimado por un oficial de la policía regional, alias Macizo, señalado de haber recibido 600 dólares para llevar a cabo este crimen, el 2 de septiembre. La decisión sobre la muerte de Gil fue atribuida a dos comerciantes de la ciudad, quienes se vieron afectados por la decisión de no suministrarles más gas, al determinarse que luego revendían las bombonas con sobreprecio. En otros casos de 2019 también se ha determinado la participación de efectivos policiales, ya sea como ejecutores o como cómplices necesarios en la ejecución de homicidios por dinero.

 

@javiermayorca

Crímenes sin Castigo | Huyendo de Venezuela, por Javier Ignacio Mayorca
Una cosa es disertar sobre la diáspora, y otra es vivir el tránsito de un país a otro en una carrera contra el tiempo, agobiados por el calor y la corrupción

 

@javiermayorca

 

EN EL SECTOR LA PARADA DE CÚCUTA, unos 400 venezolanos permanecían agolpados en el camino que conduce a las oficinas de Migración Colombia. Apenas comenzaba la jornada del 22 de agosto y, según un representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), estaba en desarrollo una auténtica “avalancha” de personas que huían de su tierra natal. No era la primera, y tampoco sería la última.

Muchos de los que estaban allí habían apurado la huida desde Venezuela, angustiados por las informaciones según las cuales el gobierno ecuatoriano se disponía a exigir (como en efecto lo hizo) un visado especial para los que hacen parte del mayor movimiento humano conocido en Suramérica.

Yorly -nombre cambiado- pretendía llegar a Rumichaca en un par de días, contados a partir del momento en que los funcionarios de Migración le sellaran el pasaporte, cosa que entonces se veía lejana. La plata comenzó a escasearle luego de pagar 20.000 pesos por cada uno de los cinco integrantes de su grupo familiar, para que le permitieran trasponer la primera barrera, instalada por efectivos de la Policía Nacional de Colombia a unos 300 metros de la taquilla.

“¡Sellados VIP, sellados VIP!”, es la expresión que más se escucha en ese espacio. Son grupos de gestores venezolanos que se ofrecen para aligerar la espera. Si usted va bien vestido, la tarifa sube automáticamente, un 20%.

Como en toda gestoría, lo importante en este caso son las conexiones que estos sujetos puedan tener con los uniformados colombianos. Cuando usted los contacta, ellos de inmediato lo ponen a hablar con el verdadero líder del grupo.

Pero no todos tienen verdaderas conexiones. Es decir, “no la mueven”, sino que se valen de engaños o artificios. El más usual es entregar un ticket de comprobante de un inminente viaje en autobús. Al mostrarlo al policía, el portador debería tener prioridad para pasar a la segunda etapa de la cola, siempre y cuando el funcionario no se fije en que el nombre del titular ha sido escrito y sobreescrito, tantas veces como haya sido reciclado este documento.

Los agentes detectan con rapidez la burla con los pasajes de autobús.

“Yo a usted lo he visto entrando y saliendo de aquí toda la mañana. ¡Muéstreme sus documentos!”, reclamó un funcionario de Migración Colombia a un joven de franela azul, que efectivamente participaba en el esquema. El muchacho ni siquiera alzó la voz, y se acercó mohíno al lugar donde estaba el empleado estatal. Luego, abandonó el lugar.

Como esta alternativa tiene sus límites, el mismo gestor ofrece luego una solución más drástica: colarse por una rendija en la reja externa, y meterse en la cola a como dé lugar. Esta no parece ser la mejor opción, si se toma en cuenta que justo al otro lado de la malla metálica está una VAN de la Policía Nacional. Además, hay funcionarios que se esconden para tomar fotos de quienes intenten esta vía.

“Esos están mirando para otro lado. No va a pasar nada”, dice este venezolano, tratando de convencerte para que le pagues de una vez.

Desde luego, en la medida en que no funciona ninguna de las soluciones, el tiempo pasa y la desesperación aumenta. El precio por la gestión de llevarte a la siguiente etapa se incrementa. Cada vez que abren el paso en la primera barrera sucede una hecatombe de gritos y empujones, que obligan a los policías a proferir amenazas.

“Esto lo cierro y no lo abro más hoy. Nadie pasa, pues”, advirtió uno, encaramado sobre un pequeño muro, para hacerse escuchar.

Una comerciante de San Cristóbal, Mercedes, iba acompañada por otra gestora, una morena como de 120 kilos que decía ser sargento segunda retirada de la Guardia Nacional.

Mercedes había contactado a los sujetos de los tickets y también a los que ofrecían el paso por la rendija. Al final, confió más en la ex militar, y acertó.

La mujer se acercó al sitio donde estaban los policías colombianos, y les hizo una seña casi imperceptible con las manos.

Como por arte de magia, se abrieron las barreras, lo suficiente para dejar que la empresaria pasara.

“Después, lo que tienes que hacer es hablar con el vigilante. Dile que tienes un pasaje de avión listo, y que si no te sellan pierdes el vuelo”, recomendó.

En la cola, Yorly había entrado en conversación con una sargento mayor de tercera, también retirada de la Guardia Nacional, que había dejado a su hijo en Venezuela, bajo el cuidado de los abuelos, con la esperanza de enviarle dinero muy pronto para que viajara hasta donde ella se encontrara. En su afán de ganar lo antes posible la frontera con Ecuador, se arriesgó a que la declararan desertora. Solicitó la baja, y no esperó a que le entregaran la resolución correspondiente. Se salvó pues algunos amigos en la fuerza le enviaron una copia por whatsapp, para que la mostrara en el paso fronterizo. 

Al escucharla, Yorly también recordó sus últimos días en el barrio de Petare donde creció.

“Allá dejé todo atrás (…) Lloré hasta por los perros”, confesó a la sargento.

Mientras ambas ventilaban sus intimidades, Mercedes logró ubicar al “vigilante”. En realidad, era un capitán retirado de la Policía Nacional. Al saber de la premura, llamó por radio a otro colega que estaba frente a la taquilla de Migración. Y le dio paso.

En ese local, los cinco funcionarios de guardia que sellan los pasaportes trabajaban ajenos al tumulto que había en el exterior. Conversaban entre ellos, echaban chistes. Cada uno tomaba en promedio un minuto y medio en vaciar algunos datos en las respectivas computadoras y estampar una marca húmeda.

Las matemáticas no daban, y el tiempo tampoco. A ese ritmo, trabajando sin cesar, solo permitirían el acceso de poco más de 2700 personas en la jornada de medio día.

Por eso es que muchos de estos emigrantes terminarían arrodillados en el paso fronterizo con Ecuador.

Cuando salía con el pasaporte sellado, Mercedes entregó otros 50.000 pesos a la sargento/gestora, para que a su vez diera una mordida al vigilante. Pero no supo si eso en realidad ocurrió. Pasar a Colombia con el pasaporte en regla le había costado el equivalente a 28 dólares, según el cambio del momento.

Mientras la comerciante se internaba en Cúcuta, al mediodía, crecía el flujo de personas que regresaban a Venezuela, llevando en hombros o arrastrando enormes bultos con todo lo que no pueden conseguir en su país.

Pero esa es otra historia.

 

Breves

 

El anuncio divulgado por alias Iván Márquez, sobre la retoma de las armas por parte de una fracción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), levantó alarmas en un sector de la Fuerza Armada, pues formaliza una situación que ya se venía percibiendo a propósito de varios contactos hostiles en el Zulia con miembros de esa guerrilla, que se decían desmovilizados. Un coronel del Ejército, que ocupó posiciones de mando en unidades tácticas de la franja fronteriza, indicó que hacia el sector Río de Oro del estado Zulia están operando reductos del frente 33. Mientras tanto, hacia el estado Apure, en frontera con el departamento de Arauca, están los del frente 1, quienes nunca se acogieron a los acuerdos de paz La Habana, en los que por cierto Iván Márquez fue un factor determinante. Mientras tanto, la Guardia Nacional maneja informaciones de “patriotas cooperantes” según las cuales elementos de la llamada “guerrilla más antigua de América” han llegado ya a las parroquias Ascensión Farreras y Guaniamo del estado Bolívar, con la intención de participar en la explotación del Arco Minero y controlar las actividades de las bandas criminales que ya operan en la región. Este sería el espacio de encuentro para una eventual alianza con militantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

 

El 24 de agosto, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general (GN) Néstor Reverol, anunció una nueva suspensión a los portes “de armas de fuego y de armas blancas” (sic), por un año contado a partir del 27 de agosto. Esta decisión fue tomada mediante resolución conjunta de ese ministerio y la cartera de Defensa. Esta es una medida que impacta esencialmente a los civiles que ven en las armas de fuego una herramienta para su defensa. Para los integrantes de las bandas criminales, estas resoluciones importan poco o nada. Grupos como el del Wilexys en Petare, Yeiko Masacre en Zuia, Coqui en la Cota 905, Malony en Guárico y los nuevos piratas del estado Sucre gozan retratándose mientras exhiben sus fusiles, con un nivel de visibilidad que llama a sospecha. Por otra parte, la llamada política de desarme ha tenido escaso impacto sobre los niveles de violencia en el país. Por ejemplo, en los 7.285 homicidios reportados durante el primer semestre de este año (tomando en cuenta las muertes por “resistencia a la autoridad”) se constató el uso de armas de fuego en 6.314 oportunidades, lo que equivale al 86,7% del total. Esta cifra es prácticamente la misma que se verificaba en los años previos a 2014, cuando Maduro anunció su primera iniciativa para el “desarme”.

Crímenes sin Castigo | Lo que resta en Cúcuta, por Javier Ignacio Mayorca
Luego del impulso inicial, se desinfló el movimiento de los militares que cruzaron la frontera con Colombia para unirse a la causa de Juan Guaidó. En Cúcuta, fueron desalojados de sus albergues, y solo unos pocos sobreviven, haciendo trabajos ajenos a la vida castrense

 

@javiermayorca

 

El 18 de julio, se cerró un ciclo para los militares y policías que habían cruzado la frontera con el propósito de respaldar el paso de la ayuda humanitaria, promovido por el presidente del Parlamento Juan Guaidó.

Ese día, los oficiales, efectivos de tropa profesional y agentes de distintos cuerpos preventivos que habían traspasado los puentes limítrofes hacia Cúcuta en febrero recibieron una notificación según la cual el gobierno colombiano, a través de una oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, les entregaría dos bonos por un total de 450 mil pesos. De ellos, 200 mil servirían para alimentos y traslado, y el resto para cancelar el alquiler de otro inmueble. Esto siempre y cuando sus nombres estuviesen en un registro elaborado previamente.

La notificación tenía implícito el desalojo de las habitaciones en hoteles y albergues donde se habían hospedado durante más de cuatro meses, con la ayuda de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El 19 de julio, luego de acudir a la referida dependencia del gobierno colombiano para cobrar sus bonificaciones, tuvieron que abandonar las habitaciones que aún estaban ocupadas por este contingente.

“Esta crisis tomó por sorpresa a Guaidó y también al gobierno colombiano, pues no esperaban a tantos militares cruzando la frontera”, afirmó un oficial que todavía permanece en la ciudad del departamento Norte de Santander.

Según Migración Colombia, durante la crisis por el paso de la ayuda humanitaria se sumaron a la causa de Guaidó un millar de uniformados venezolanos. Pero en la actualidad solo permanecen en la ciudad fronteriza unos 150. Como las asignaciones únicas entregadas para buscar nueva habitación eran insuficientes, algunos se pusieron de acuerdo para juntarlas con las de otros y así pagar lo exigido por el alquiler de pequeños espacios. Mientras tanto, buscaron los trabajos más insólitos. Un sargento de la Guardia ahora viste un disfraz para distraer a niños en las plazas de la ciudad. Un oficial de la Armada se dedica a cuidar vehículos en un estacionamiento privado.

“Esta es una ciudad absolutamente saturada por la migración venezolana. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que sea para poder sobrevivir”, explicó un ex capitán.

Atrás quedó la posibilidad de gestar una Fuerza Armada en el exilio. Ya en marzo, el director de la policía en Cúcuta, coronel José Luis Palomino, les había advertido durante una reunión privada que Colombia no promovería la formación de movimientos armados en contra del régimen venezolano, por más que el gobierno de Iván Duque desconociera la legitimidad de Nicolás Maduro en la Presidencia. Esto fue reiterado en mayo, a propósito de la firma de un memorándum entre el canciller neogranadino Carlos Holmes y el embajador designado por Guaidó, Humberto Calderón Berti.

Como ya se veía que el movimiento de los militares en el exilio no cuajaría, muchos de ellos optaron por abandonar Cúcuta, rumbo a Ecuador, Perú y Chile. Algunos de ellos tuvieron que formar matrimonios apresuradamente para asegurar un estatus migratorio en Perú.

Cuando llegó el 19 de julio, los militares y policías encontraron que las deudas en los hoteles y albergues habían sido saldadas. Simplemente, tomaron sus maletas y salieron a buscar nuevos alojamientos.

Hasta el momento de escribirse esta entrega, el escándalo por el manejo de los fondos entregados a dos civiles designados por Guaidó para pagar los alojamientos y alimentación de estos militares no ha llegado a nada. En todo este tiempo, el parlamentario solo sostuvo comunicación con el conglomerado de militares en dos oportunidades. La primera fue en mayo, cuando varios de ellos manifestaron públicamente su inconformidad por el tratamiento que estaban recibiendo en Cúcuta y la incertidumbre sobre el futuro que tendrían en Colombia. En esa ocasión, el presidente del Parlamento trató de transmitir palabras alentadoras durante una videoconferencia con los ex miembros de la FAN reunidos en el hotel Vasconia. La segunda comunicación fue mediante llamada directa, para conocer el estado de una sargento que se había incorporado a la disidencia castrense con ocho meses de embarazo. 

Mientras tanto, Maduro degradaba y expulsaba mediante decretos a los oficiales y sargentos que se habían sumado al movimiento de Guaidó. Desde Venezuela, les advertían que si intentaban volver serían detenidos y procesados por traición a la patria.

Para estos militares, Venezuela es una puerta que se cerró, y que solo se abrirá nuevamente si ocurre un cambio político, en un proceso del cual se sienten excluidos. 

 

Breves

 

  • En varios despachos de Relaciones Interiores se ha reportado el pago de bonos en efectivo, como un medio para mejorar el clima laboral, enrarecido por el deterioro económico y la politización. Los beneficiarios han sido llamados personalmente a las oficinas de sus directores, donde les entregan un sobre. Generalmente, son cuatro o cinco billetes de Bs 20.000, que desde luego no entran en la cuenta de las prestaciones. Los empleados se molestan pues entienden que se trata de una medida esporádica, que solo contribuirá a hacer algunas compras ese mismo día. 

 

  • Las jornadas para la recolección de las firmas en la campaña “No + Trump” se han convertido en una nueva prueba de lealtad a lo interno de los cuarteles y el resto de los despachos gubernamentales. En el caso de la Fuerza Armada, el jefe del Comando Estratégico Operacional, almirante en jefe Remigio Ceballos, ordenó que los comandantes de unidades debían retratarse y grabar videos del momento en que participen en la colecta de las firmas, para transmitir la impresión de un apoyo total al gobernante. Las últimas unidades militares que están en el cronograma de esta campaña son las de la Región de Defensa Integral Marítima e Insular, el próximo fin de semana. Maduro aspira a obtener trece millones de rúbricas en apoyo a su iniciativa política contra el presidente estadounidense. Pero la ausencia de movilización y entusiasmo han sido evidentes. Para este jueves 22 de agosto está pautada la jornada de recolección en la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental. Su comandante, el mayor general Ovidio de Jesús Delgado, ordenó que todo el personal civil y militar de esa unidad debía asistir acompañado por otras dos personas, para que éstas también aporten sus firmas. Cada una será registrada por su número de cédula de identidad. Esta es la tercera oportunidad en 2019 en la que el régimen colecta firmas a lo interno de la Fuerza Armada para dar sustento a alguna campaña política, que generalmente persigue enviar un mensaje al gobierno estadounidense.

 

  • En el transcurso del juicio por el estallido de los drones en la avenida Bolívar, el general de brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández da Costa asomó algunas de las razones por las que estaría siendo perseguido por el régimen: 1) cuando era jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, ordenó inspecciones para cada vuelo de Conviasa que salía a La Habana, con el fin de detectar el traslado de estupefacientes o materiales prohibidos; 2) coordinó la operación en la que fue detenido Richard Cammarano cuando intentaba salir por el aeropuerto internacional de Maiquetía en compañía de la ex magistrada Miriam Morandy, y 3) se declaró abiertamente opuesto a la politización de la Fuerza Armada y a la injerencia de los cubanos en los cuarteles.

 

Crímenes sin Castigo | A un año de los drones
Numerosas informaciones se desprenden de un expediente de más de 26 piezas con la investigación sobre el estallido de aeronaves no tripuladas durante un acto aniversario de la Guardia Nacional, en agosto de 2018. ¿Labor de inexpertos o un “hecho controlado”?

 

@javiermayorca

 

El 4 de agosto se cumplió un año desde que estallaron dos drones manejados a control remoto, durante un acto militar que encabezaba el presidente Nicolás Maduro, en la avenida Bolívar de Caracas.

Un hecho con tales características no tiene precedentes en la historia venezolana, y probablemente en la historia mundial, si se toma en cuenta que las aeronaves no tripuladas del tipo usado en este episodio solo pueden ser adquiridas en el mercado civil desde tiempos relativamente recientes.

En filas del chavismo, y especialmente luego de la crisis de abril de 2002, se extremaron los cuidados para prevenir que el mandatario fuese víctima de un ataque como el que ejecutaron en Egipto para matar a Anwar el Sadat, en 1981. Esto implicaba inutilizar las armas que portaban los militares que participaban en los desfiles o paradas. 

Pero la tecnología de los drones abría la posibilidad de un ataque a distancia. Parecía un escenario novelesco, hasta el 4 de agosto de 2018.

A un año de aquel episodio, han surgido informaciones que sirven para entender algunos aspectos cruciales, y que reposan en un expediente de más de 26 piezas.

 
La última tarima de Chávez

 

En una serie de trabajos publicada en este mismo espacio en los días inmediatos a las explosiones se indicó que uno de los aspectos fundamentales de la investigación tenía que ver con la “puesta en escena”. Entonces, se celebraba el 81 aniversario de la fundación de la Guardia Nacional. La parada militar solía ser efectuada en el patio de honor de la Academia de la GN, en Fuerte Tiuna, o en su defecto en el Paseo Los Próceres.

Según Contrainteligencia Militar y la Fiscalía, encarnada por el abogado Farik Karim Mora, la responsabilidad por la escogencia del lugar y la diseminación posterior de la información relativa a esta decisión correspondió al general de división Alejandro Pérez Gámez, el oficial de mayor graduación detenido hasta el momento por este caso. 

Pérez Gámez era director de Orden Interno de la Guardia Nacional. Durante las investigaciones, sostuvo que la elección del escenario del acto aniversario era competencia habitual de los oficiales del área de Logística. Pero que el año pasado se planteó hacer algunos cambios sobre el particular. Dijo que se trataba de una decisión en la que participaba el generalato. En esa instancia plantearon hacer la parada en Maracaibo, otros mantenerla en Los Próceres y otros en la avenida Bolívar, con el argumento de que fue el lugar escogido por Hugo Chávez para su último mítin.

Una vez que el cuerpo de generales acogió esta última propuesta, recordó, se creó un grupo de whatsapp para hacer las convocatorias y ventilar los detalles de organización que implicaba el traslado de unos tres mil hombres a esa arteria vial. Se hicieron además tres reuniones preparatorias y, según Pérez Gámez, la Casa Militar (cuyo comandante es el mismo director de la Dgcim) estaba al tanto de todos los arreglos.

Contrario a lo que se hacía en años anteriores, por razones de seguridad el acto en la avenida Bolívar no fue ensayado. Los vecinos del lugar se enteraron vagamente de que algo harían en el extremo oeste de la vía cuando comenzó la instalación de las tarimas, el miércoles 3 de agosto.

Cuando estalló el primer dron, a unos 25 metros de altura y a media cuadra de distancia con respecto a la tarima donde estaba Maduro, Pérez Gámez se encontraba en un palco especial junto a los demás generales del componente.

 

Eran cinco drones

 

Poco después de la primera explosión, aproximadamente a medio kilómetro al sur del lugar donde se desarrollaba el acto militar, otra pequeña aeronave caía en un techo frente a la fachada norte del edificio Don Eduardo, en la esquina Curamichate. Inmediatamente estalló y un abrió un boquete en la pared externa del inmueble.

En los días que transcurrieron hasta el lunes 6 de agosto fueron apareciendo otros aparatos similares. Uno, en la cabina de una camioneta, cerca de donde explotó el segundo dron. Otro, en la oficina 10B del edificio Cipreces. Desde allí, según la versión gubernamental, se produjo el despegue de la aeronave que voló sobre la avenida Bolívar.

El último aparato del que se tenga noticia fue encontrado por un grupo de empleados de Fundacomunal, cuando tomaban un descanso el lunes 6 de agosto a las 10 am. Los trabajadores fumaban cerca de una ventana del despacho público, ubicado en el piso 15 de la Torre Este de Parque Central. Una mujer se asomó para lanzar una colilla, y encontró los restos de otro aparato Phantom blanco, sobre una cornisa. Aparentemente, se había estrellado contra la ventana sin que se produjera explosión alguna. Algunas de sus hélices fueron a dar a la planta baja.

La tesis esbozada por la Dgcim y la Fiscalía es que estos dispositivos fueron traídos al país por partes desde Cinacota, Colombia, donde supuestamente se hicieron los primeros ensayos de lo que llaman el “magnicidio frustrado”. Pero la investigación no ofrece datos o testimonios que permitan corroborar esta teoría.

 
“Sabían lo que iba a suceder”

 

Hasta el momento, por este caso han sido presentados diecisiete personas ante el juzgado primero contra terrorismo a cargo de la abogada Carol Padilla. Dos de ellas son generales y otra coronel de la Guardia Nacional. Los demás son civiles. Entre ellos figura el diputado Juan Requesens. En el expediente también se hace mención al concejal Fernando Albán, muerto en octubre de 2018 mientras se encontraba en custodia del Sebin, en Plaza Venezuela, y el capitán de corbeta Rafael Acosta, quien de igual forma murió como consecuencia de la golpiza que le dieron mientras estaba detenido en Contrainteligencia Militar, en virtud de las averiguaciones sobre el alzamiento militar del 30 de abril.

Otro nombre mencionado es el del coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo. Por ende, el expediente sobre el estallido de los drones pareciera plantearse como un capítulo más de un largo conflicto, en el que también participaron el inspector jefe de la policía judicial Oscar Pérez y el capitán retirado de la GN Juan Carlos Caguaripano.

Algunas de las personas que fueron involucradas en este expediente son líderes políticos que en su mayoría no se encuentran en el país. Pero en los interrogatorios, los agentes de la Dgcim exigían –a menudo con torturas- que los implicaran. Así lo reveló el general de brigada Héctor Hernández da Costa durante la audiencia preliminar.

Este oficial, alférez mayor de la promoción egresada de la Efofac en 1989, había sido jefe del comando antidrogas de la GN. No presenció el acto aniversario de 2018 pues se encontraba de reposo médico. No obstante, la Fiscalía le imputa el rol de “planificador” de los ataques. Cuando era sometido a interrogatorio, un funcionario conocido como Ezequiel le planteó “la gran oportunidad de su vida”.

“Usted decide: solo tiene que decirnos la vinculación que tienen Julio Borges, Juan Requesens, Antonio Ledezma, Maria Corina Machado y Leopoldo López con el magnicidio”, le dijeron.

Por su experiencia, Hernández sabía que estaba ante el juego de “policía bueno, policía malo”. Y que el segundo rol correspondía a un teniente de navío, quien ya había dejado en su cuerpo algunos indicios de lo que vendría.

La declaración de este general ha sido la más prolongada. Para él, los estallidos del 4 de agosto de 2018 necesariamente contaron con el concurso de oficiales de la Casa Militar.

“Fue un hecho controlado. Sabían lo que iba a suceder, pero lo dejaron correr para ganar indulgencia con el Presidente”, afirmó.

Más de un año ha transcurrido desde aquellos hechos. La Guardia Nacional ha sido profundamente impactada, no solo por los detalles de este caso sino, en términos más amplios, por su rol en el conflicto político que atraviesa el país. Una evidencia fue el tono de los actos correspondientes al último aniversario: en el Patio de Honor de la Academia, sin público, con un Maduro confinado y bajo extremada vigilancia. Adelante, una Guardia Nacional mermada en su moral y capacidades, que ahora se ve obligada por decisión presidencial a admitir a contingentes de milicianos para compensar de alguna forma el deslave de sus tropas.

Quizá esto no ha sido observado con suficiente énfasis, pero los movimientos militares más importantes y evidentes de este año en contra del Gobierno han surgido de este componente (21 de enero, 30 de abril). Aún así, la población continúa viendo a la GN con desdén, como consecuencia de las “atrocidades” contra los manifestantes, observadas por el ministro Padrino, y una profunda corrupción, de la que por cierto no tiene el monopolio.

 

Breves

 

-El 10 de julio, agentes de la policía judicial asignados a Interpol detuvieron en la playa El Cardón de Margarita al francés Chirstian Maillaud, también conocido como Stan. Según su novia y compañera de peripecias en los últimos doce años, Janette Seemann, ambos recién finalizaban una sesión de trote por la playa cuando fueron interceptados por los policías, quienes se llevaron al hombre sudoroso, y lo recluyeron en una celda de la agencia internacional en Caracas. Alias Stan es el centro de una controversia en Francia, debido a los métodos radicales que aplicaba para la protección de menores de edad, de quienes se creía podían ser víctimas de abuso sexual por alguno de sus padres. Según su pareja, estos procedimientos incluían llegar a un acuerdo para el traslado del menor de edad junto a alguno de sus representantes, a un sitio donde el otro no lo pudiera encontrar. Seemann y Maillaud llegaron a la convicción de que los tribunales franceses no garantizan la justicia. De allí que, según esta lógica, fuese imperativo aplicar medidas drásticas. “¿Si no podemos encontrar justicia (en los juzgados), cómo podíamos arreglar estas cosas?”, se preguntó ella. Mailllaud fue miembro de las Fuerzas Especiales francesas y de la Gendarmería. Luego, en la vida civil, fundó varias empresas de seguridad en la Isla de Reunión. En 2018, un tribunal galo lo condenó por un delito equivalente al rapto de una niña de cinco años de edad, Camille, quien presumiblemente fue ayudada por él a salir del país junto a su mamá, Priscilla. Maillaud y su compañera abandonaron Francia y, según ella, fueron en una especie de periplo por islas del Caribe, que incluyó Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, hasta llegar a Margarita. En cada isla, hablaron con los embajadores venezolanos, para solicitar asilo. Pero nunca les fue otorgado formalmente. Una vez en Interpol Caracas, el ex comando se declaró en huelga de hambre. Dice que prefiere morir en Venezuela que ser recluido en su país natal. Ahora, Francia se encuentra en un dilema: ¿formalizará la solicitud de extradición ante el Tribunal Supremo de un Estado cuya legitimidad desconoce? Hasta el momento de redactar estas líneas, tal acción no se ha concretado.

 

-El 2 de agosto, el canciller estadounidense Mike Pompeo anunció la revocatoria de visa y la prohibición de entrada a EEUU para el mayor general (Ejército) Iván Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar, y del teniente coronel (GN) Rafael Bastardo, ex jefe de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional. El anuncio parecía extemporáneo pues ambos habían sido incorporados en la lista OFAC del Departamento del Tesoro el 15 de febrero, por su participación en violaciones continuadas a los derechos humanos. Esta medida no solo trae como consecuencia automática la congelación de todos los bienes y activos de las personas señaladas, sino también un impedimento de viajar a EEUU. El aspecto más relevante del anuncio de Pompeo, entonces, no tenía que ver directamente con estos funcionarios, sino con la extensión de la medida a sus respectivas esposas e hijos. Esto envía un importante mensaje a más de 140 personas que están en la misma lista, en cuanto a que sus familiares directos también podrían ser expulsados del territorio estadounidense. Julio, además, fue un mes especialmente activo en cuanto a sanciones del Tesoro relacionadas con el caso venezolano. Hubo cuatro anuncios que afectaron a catorce personas, a la Dirección de Contrainteligencia Militar como institución y a más de quince empresas, algunas de ellas ubicadas en Cuba. Un indicador de que, luego de una relativa calma, Washington intenta escalar el conflicto con el régimen de Maduro.