Javier Ignacio Mayorca, autor en Runrun

Javier Ignacio Mayorca

Crímenes sin Castigo | Mexicanización, por Javier Ignacio Mayorca
En la medida en que se deteriora la institucionalidad del país, grupos armados de distinta índole parecieran asumir el control de parcelas del territorio, y cuestionan la capacidad del régimen para imponer su ley.

@javiermayorca

¿Se está “mexicanizando” el país?

Por mexicanización se entiende la pérdida de poder del gobierno central hasta un punto en el que, sin hacerlo desaparecer, los distintos actores no estatales (guerrillas, colectivos, bandas armadas, grupos de “vigilantes”, etc.) llegan a ejercer control sobre parcelas de territorios dentro de ese Estado; a veces en connivencia con elementos del régimen formal, como pueden ser zonas o regiones militares, alcaldías o cuerpos policiales.

En otras oportunidades, estos nuevos actores demuestran su fuerza precisamente mediante enfrentamientos violentos contra los representantes de las instituciones.

Esta situación ha sido pintada por autores como Ioan Grillo, Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa. El último gran grupo armado es el Cartel Jalisco Nueva Generación, que parece haber recibido la posta de los Zetas.

Otros investigadores hablan de “somalización”, en referencia a la situación del país del norte de África. La diferencia es que México posee un gobierno constituido, que ejerce -o pretende ejercer- sus funciones en ciertos lugares de su territorio, y en otros no puede. Somalia, en cambio, llegó a ser un Estado absolutamente fallido hace treinta años, donde el poder real era ejercido por los jefes de ciertos clanes, fuertemente armados. Lo que propició la intervención de una fuerza multinacional de cascos azules, con EE. UU. a la cabeza. Fue este escenario el que inspiró el extenso reportaje de Marc Bowden, Black Hawk Down.

En Venezuela, el ataque con fusiles a la sede de la policía del municipio Libertador, atribuido a la banda de la Cota 905 liderada por Carlos Luis Revette, alias Coqui, que finalizó con la muerte de un agente y otros dos uniformados heridos, el 25 de agosto, no puede ser visto como un hecho aislado. Es, precisamente, una fuerte señal de lo que está ocurriendo en el país.

En este mismo proceso se inscribe el incidente reportado en la Troncal 12, el martes 15 de septiembre. Frente al caserío Mazapa, un grupo armado que había bloqueado la carretera disparó a mansalva contra una patrulla debidamente identificada de la policía del municipio Pedro Gual (Cúpira). Al finalizar el tiroteo, según la minuta correspondiente, una mujer (Liliana Ortega Rangel) había muerto, y dos hombres que iban en el vehículo fueron heridos (el oficial Ronal Navas y un detenido, Luis Martínez).

El San Vicente de Aragua la organización de alias Flipper impone toques de queda a una población aterrorizada. Los militares y la FAES van de vez en cuando al lugar, y se retiran con algunos muertos a cuestas, como para dar la impresión de que no todo está perdido para el Gobierno. En José Félix Ribas del municipio Sucre el grupo de Wilexis Acevedo impone su yugo, mientras que en Guárico alias Malony recuperó los espacios perdidos tras la muerte de José Tovar Colina (Picure), líder fundador del Tren del Llano, según lo afirmado por el consultor Mario Mármol.

Si se tiende la mirada al sur, encontraremos una situación similar, aunque con ciertos matices.

Aquí conviene una explicación: cuando el régimen intenta recuperar los espacios que ha cedido o que le han arrebatado, por regla general hace ostentación o utiliza su fuerza armada. La amenaza suele ser suficiente. El regente de facto de las zonas de José Félix Ribas reculó cuando Maduro alzó su voz por televisión, luego de cinco noches de fiesta de plomo en el este de la capital. Así reaccionan generalmente los líderes de los grupos criminales: agachan la cabeza y esperan a que pase el vendaval.

Pero en El Callao (Bolívar), la banda dominante en los enclaves mineros divulgó un comunicado con tintes insurreccionales, el 12 de septiembre: “Nos encontramos en una guerra que no tiene sentido, por el simple hecho de defender nuestros derechos humanos, nuestro trabajo, nuestro pueblo. Estamos capacitados para seguir la guerra. No tenemos un año ni dos en esto. Esta lucha tiene más de siete años. Ustedes ni se imaginan la capacidad que tenemos para continuar una guerra en cualquier parte de Venezuela. Tenemos aliados en todos los estados del territorio nacional”.

Frente a esta ausencia de control sobre la totalidad del territorio, el régimen se encuentra atrapado en una dinámica “pendular”, según lo describió alguna vez el criminólogo Andrés Antillano.

De un lado, está la pérdida de gobernabilidad. Del otro, está la retoma violenta, aunque paradójicamente sin ánimos de permanencia. Nada de generar institucionalidad. Esto es lo que diferencia fundamentalmente el caso venezolano del brasileño o el colombiano. En el fondo, es la ausencia de compromiso.

Es por esto que el régimen pareciera condenado a repetir las atrocidades descritas detalladamente en los informes de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y más recientemente por la Misión de Determinación de Hechos de ese mismo cuerpo.

De Maduro para abajo lo saben, y por eso no se desharán de la FAES. La pregunta es, si sería posible aplicar alguna fórmula distinta el día de mañana, si ocurriese un cambio político en el país, con instituciones destruidas y una gobernabilidad frágil o inexistente.

Breves

 ZAMORA RELOADED

El régimen avanza en una nueva ejecución de la Operación Zamora, tristemente recordada por la estela de muertes que dejó su anterior puesta en práctica, durante las protestas de 2017.

Tres años después, este dispositivo militar-cívico es llevado a cabo por unidades de la Fuerza Armada de manera más discreta. Empezó con el decreto de alarma nacional, que en marzo se sumó a la emergencia económica para suspender nuevas garantías constitucionales. En julio, una orden impartida en unidades castrenses reveló que también se está ejecutando uno de los catorce subplanes de Zamora. Se llama Gas-Ven, y su objetivo es regular la actuación militar en todo lo relativo a la distribución y comercialización de hidrocarburos en el país. En este plan, así como en los demás, la Guardia Nacional tiene un rol protagónico, puesto que se trata de actividades orientadas a la preservación del orden interno. Sin embargo, hay otra lectura, según la cual los demás componentes, con el Ejército y la Milicia adelante, deben ir asumiendo también las funciones tradicionales de la GN, no vaya a ser que la situación se les escape de las manos. Las rondas con blindados que hemos visto en Bolívar se inscriben dentro del desarrollo de este plan.

 LOS COLECTIVOS, SEGÚN CHRISTOPHER

Dos veces fue entrevistado el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), general de brigada del Ejército Manuel Chistopher Figuera, por los miembros de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas, para que aportara información con miras a la elaboración del documento presentado el miércoles 16 de septiembre.

Las conversaciones fueron en mayo y en junio de 2020. Los detalles más importantes de estas sesiones fueron reflejados en la versión extensa del reporte, y tienen que ver con la participación de los colectivos armados en la defensa del régimen. Los colectivos, según la ONU, se inscriben dentro de la categoría de “grupos armados no estatales”, aunque el reporte indica que en Venezuela cuentan con el respaldo activo del Ejecutivo. Según el general, los colectivos tienen entre sus misiones la recopilación de datos de inteligencia en los ámbitos político y criminal, que luego son enviados al Sebin. Indicó además que los ministros del gabinete de Maduro fueron instruidos para “darles pautas” a representantes de estos grupos armados, y que en un momento dado él decidió alejarse de tales encuentros. Otro dato consignado en el informe de la ONU -aportado por otro oficial de la FAN- indica que los miembros de los colectivos cobran por la nómina de la Milicia Bolivariana.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Indultos, por Javier Ignacio Mayorca

Caricatura cortesía de Roberto Weil.

Los perdones presidenciales y las medidas tribunalicias para presos de conciencia obedecen a una operación política que comenzó a cobrar forma en diciembre de 2019.

 

@javiermayorca

Nicolás Maduro adelantó el día de la Virgen de Las Mercedes.

Hasta hace poco tiempo, era tradición que cada 24 de septiembre, cuando se celebra la fecha de la llamada Patrona de los Presos, los presidentes de turno otorgaran perdones a reos por delitos considerados poco graves, y que habían mostrado buena conducta.

Pero lo ocurrido el lunes 31 de agosto es un proceso de naturaleza y propósitos totalmente distintos y mucho más complejos que el que tradicionalmente desemboca en el día de Las Mercedes.

Lo que se ha puesto de relieve inicialmente es la cantidad de indultos decretada ese día (110), en su mayoría para personas que aún no habían recibido sentencia, o cuyos procesos están paralizados pues ni siquiera están en el país, lo cual ha sido punto de debate entre juristas. Algo similar -aunque guardando las distancias- a las medidas otorgadas en sus respectivos momentos a Larry Tovar Acuña y al general de brigada Ramón Guillén Dávila. Sin duda, eran otros tiempos y otras leyes.

Simultáneo a los perdones presidenciales, los tribunales han impartido medidas cautelares de casa por cárcel. La más relevante ha sido la que beneficia al diputado Juan Requesens, enjuiciado en el caso del “magnicidio frustrado”, quien desde el 28 de agosto se encuentra en su residencia. Luego, otros presos han abandonado las celdas del Sebin, la Dgcim y Ramo Verde, como por ejemplo el líder sindical de la CVG Ferrominera del Orinoco Rubén González.

Los indultos y estas medidas cautelares, aunque emitidos por autoridades distintas, forman parte del accionar de un mismo régimen. El objetivo de fondo entonces no es hacer justicia sino alcanzar ciertos propósitos políticos.

Las tácticas aplicadas ahora parecieran ser las mismas de otros momentos. No en balde, el director del Foro Penal Alfredo Romero ha acuñado la expresión “puerta giratoria” para describir el proceso en el que unos presos políticos salen de sus celdas, para que casi de inmediato esos espacios sean ocupados por otros opositores. Hay la sospecha de que todas estas libertades pronto serán revertidas.

Pero en realidad hay matices con respecto a lo visto en otras oportunidades. Por ejemplo, en la liberación del activista Yon Goicoechea, en noviembre de 2017, jugó un rol fundamental el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) general en jefe Gustavo González López, quien en nombre del régimen quería pactar la participación del dirigente en la elección municipal de diciembre de ese mismo año, con lo que se desvirtuaba parcialmente la decisión de los grandes partidos de retirarse de aquel proceso.

Ahora González López ha pasado a un segundo plano en la negociación, por más que él asegure que nada ocurre puertas adentro del Helicoide sin su consentimiento. Según fuentes con conocimiento directo de este proceso, la primera intervención del grupo liderado por Henrique Capriles fue en diciembre de 2019, cuando se produjo un acercamiento entre él y el parlamentario Requesens. En esa oportunidad, el exgobernador de Miranda fue acompañado por Carlos Ocariz.

En los primeros cinco meses de 2020, ocurrirían otros dos encuentros, con el diputado Stalin González ya incorporado. En ellos, Capriles no descubriría abiertamente su interés en fomentar la participación de individuos específicos en las venideras elecciones, pero sí sostendría que esa es la única ventana de oportunidad para lograr cambios políticos en el país. Para él las alternativas de un golpe militar o una intervención extranjera son escenarios cada vez más remotos.

La perspectiva de una pronta liberación emocionaba al diputado. Él expresaba ese sentimiento a otros presos. Pero González López y posteriormente el jefe de Investigaciones Estratégicas de la policía política, comisario general Ángel Flores, advertían a “Reque” que lo mejor era mantener una actitud prudente.

A los presos políticos solo llegaban datos inconexos sobre el proceso que se desarrollaba en el exterior. Los beneficiarios en realidad no tenían conocimiento sobre la verdadera intención de las medidas, tal y como lo manifestó este miércoles el diputado Gilbert Caro.

Al parecer, hay múltiples objetivos. Según un abogado penalista que participó en la tramitación de estos perdones, con Requesens, Renzo Prieto y Gilbert Caro la idea es que promuevan sus candidaturas con miras en el proceso pautado para el 6 de diciembre. Pero en el caso de Roberto Marrero (jefe de despacho de Juan Guaidó), el propósito es ponerse a tono con las exhortaciones formuladas por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet. Según el litigante consultado, la ONU es un foro vital para Maduro, en un momento en el que más de 50 países desconocen su mandato.

Marrero fue aprehendido por agentes de la policía política en marzo de 2019, cuando se reportó el hallazgo de fusiles y munición en su residencia de Las Mercedes. Posteriormente, el general Manuel Christopher Figuera (director de ese cuerpo al momento de la detención) reconocería que tal acción fue un montaje. Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional se pronunciaron en contra de la acción policial.

Para el momento de la redacción de este trabajo, los tribunales continuaban emitiendo medidas cautelares, en lo que sería la segunda fase del proceso de liberaciones. Hasta ahora, salvo lo ocurrido con Requesens, el régimen no ha tocado a los implicados en casos controversiales del ámbito militar como el de los drones y la Operación Gedeón. Sin embargo, hay un interés manifiesto en acelerar estos juicios, presumiblemente con el propósito de tomar luego alguna decisión de orden político.

Breves

* El 28 de agosto, el director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, anunció en su cuenta Instagram que ese cuerpo de investigación había identificado a uno de los individuos que aparece en varios videos, conocidos públicamente a partir del 22 de agosto, en el que un grupo armado con fusiles AK-103 y granadas exige el pago de un porcentaje por el fichaje de una joven promesa del béisbol. Según el funcionario, se trata de Josué Ángel Santana Peña, de 24 años de edad, quien es solicitado por las autoridades desde 2016.

Un aspecto clave en la identificación de este individuo fue un tatuaje en el brazo izquierdo. Más allá de este detalle, cabe preguntarse por qué elementos ligados a la megabanda Tren de Aragua pondrían su atención en la actividad deportiva de una academia infantil con sede en Maracay, al punto de conocer numerosos detalles sobre la vida privada de su director. Según policías familiarizados con el caso, el nexo viene de una situación que ha afectado no solo a estos deportistas sino también a la mayoría de la población del país: la escasez de comida. En Aragua, así como en casi todo el territorio venezolano, hubo momentos en los que conseguir un pollo o un kilo de harina de maíz era prácticamente imposible, excepto en el internado judicial del estado Aragua, mejor conocido como Tocorón. En medio de la necesidad por suministrar una carga calórica diaria a estos muchachos, en su mayoría de procedencia muy humilde, fue necesario para los representantes de la academia acudir al famoso bodegón Tokio, que opera en la referida instalación. Con el pasar del tiempo, la relación se hizo más estrecha, hasta que los delincuentes comenzaron a exigir que les entregaran una tajada por los fichajes. Las presiones no solo han sido en la forma de videos y mensajes de voz. También han disparado contra las fachadas de viviendas de allegados a las víctimas e incluso han colocado coronas fúnebres en la puerta de estos inmuebles.

* Hay estupor en la Guardia Nacional luego de la anulación, vía ministerio de la Defensa, de un conjunto de nombramientos para posiciones de comando, el pasado 21 de agosto. Según el general retirado Marco Ferreira, no es la primera vez que ocurre algo así. Solo que ahora llama la atención el elevado número de decisiones revertidas. Esto hace pensar que se trata de algo más que una mera disputa entre las facciones que hacen vida en ese componente, por mantener o hacerse del control de mercados importantes, como por ejemplo algunas zonas militares del Arco Minero. Para entender la magnitud de lo ocurrido, está la explicación del general de brigada retirado Régulo Díaz, ex subcontralor de la FAN.

Los nombramientos, indicó, llevan un proceso. Una vez hecha la selección de los nombres para cada plaza, el jefe de Secretaría del despacho del ministro envía la decisión a la oficina de Resoluciones, donde se redacta el documento para la firma de la autoridad que hace el nombramiento. Luego, “se lo llevan de nuevo al ministro para la revisión y firma”. Cada funcionario que participa en la elaboración de los resueltos debe colocar su media firma en una casilla en la parte inferior del documento. Esto hace suponer que los nombramientos revertidos en primera instancia contaban con el visto bueno de Vladimir Padrino López. Según Díaz, la única explicación posible es que apenas salieron las primeras designaciones, “le fueron con el chisme” a Nicolás Maduro. Generalmente, indicó el oficial, cuando ya los nombres han sido seleccionados en cada fuerza, hay una revisión de Contrainteligencia Militar, que reporta directamente al mandatario. “Es el presidente quien quita y pone, de acuerdo con un criterio que en este caso es de lealtad (…) Algo huele mal”, dijo.

 

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Crímenes sin Castigo | Condenas exprés, por Javier Ignacio Mayorca

Nicolás Maduro sostiene los pasaportes estadounidenses de los sargentos (r) del Ejército norteamericano Luke Denman y Airan Seth Berry, rápidamente sentenciados por el caso Gedeón. Foto Prensa presidencial / Wikimedia Commons, mayo 7 de 2020.

Las admisiones de culpa de diecisiete procesados por la Operación Gedeón, obtenidas a marcha forzada, son oro en polvo para un régimen ávido de legitimidad.

 

@javiermayorca

El 13 de agosto, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció que quince procesados por la Operación Gedeón fueron sentenciados a penas que llegan hasta los veinticuatro años de prisión.

Una semana antes, el 7 de agosto, los únicos dos extranjeros detenidos por este caso, los sargentos retirados del Ejército estadunidense Luke Denman y Airan Seth Berry, fueron condenados a veinte años tras las rejas. En ambos casos, indicó William Saab, todos los penados admitieron lo señalado en las acusaciones de los fiscales 73 y 74 del Ministerio Público, con competencia contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, Jean Karin López y Teodoro León Aguilar, respectivamente.

Para llevar a cabo estas audiencias fue aplicado el mismo procedimiento: a última hora del día, el juez cuarto de control con competencia nacional en materia de terrorismo, José Macsimino Márquez, instaló el juzgado en una sala especial del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sede Helicoide, sin permitir la participación de defensores privados como Alonso Medina, que había obtenido un poder especial de los familiares de los militares estadounidenses. De manera que los encausados solo fueron asistidos formalmente por defensores públicos, que avalaron todo lo sucedido.

Esta forma atropellada de actuar ha sorprendido a litigantes que se manejan en el ámbito de los presos políticos.

Mucho más si se toma en consideración que, desde la emisión del decreto de alarma nacional, el 13 de marzo, por decisión del Tribunal Supremo de Justicia la gran mayoría de los procesos judiciales ha entrado en virtual parálisis.

En el caso Gedeón, sin embargo, las cosas se vienen manejando con extremada premura, en una especie de carrera contra el tiempo. Los fiscales y el juez han continuado adelante, haciendo caso omiso a los amparos constitucionales que dos abogados (Sergio Aranguren y Lilia Camejo) han intentado por separado, alegando cuestiones tales como abuso de poder, denegación de justicia y omisión de pronunciamiento sobre las solicitudes que ambos han formulado, en intentos por llevar adelante la defensa técnica de sus clientes.

Aranguren es apoderado judicial del capitán de la Guardia Nacional Leonard Briceño Vivas, mientras que Camejo defiende al mayor del Ejército Carlos Arturo Rosario Pimentel y al capitán de la GN Eliant Felipe César Caraballo. Ninguno de ellos participó en los desembarcos en playas de los estados Vargas y Aragua, en lo que aparentemente formaba parte de un proyecto para derrocar a Nicolás Maduro. Sin embargo, los fiscales e investigadores de la Contrainteligencia Militar y el Sebin los involucraron en este complot.

Pero los abogados Aranguren y Camejo no han podido conocer a ciencia cierta cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan las acusaciones, puesto que desde el inicio de este caso las actas han permanecido bajo reserva, y solo han podido leer algunos fragmentos del expediente, dosificados por los fiscales.

Las solicitudes de amparo fueron acompañadas por sendas denuncias contra los fiscales y el juez. Según Aranguren, estas acciones debieron ocasionar la paralización del proceso y la eventual inhibición de los denunciados. Pero nada de esto ha sucedido, y el juicio ha continuado con las sentencias para los diecisiete involucrados que admitieron culpa.

¿Qué consecuencias pueden tener estas primeras sentencias en un expediente tan controversial? Estas decisiones se dan por lo que llaman en la jerga jurídica “admisiones de hecho”. Es decir, los procesados dan por ciertas las imputaciones formuladas por los fiscales, sin levantar objeciones. En otras palabras, avalan todo lo asentado en el documento acusatorio del Ministerio Público.

Desde luego, en un caso como este la importancia de las admisiones de hecho va en función del rol jugado por cada uno de los sentenciados en la Operación Gedeón.

De los diecisiete sentenciados hasta el momento, tres son civiles: el lanchero Cosme Alcalá, el mecánico Gustavo Adolfo Hernández y Fernando Noya. Otros cinco egresaron de distintos cuerpos de policía. Fueron los oficiales Rodolfo Jesús Rodríguez, Enderson Israel Ríos, Gilbert Barillas, José Armando Alvarado y Jefferson Díaz. Luego, está el exfuncionario de la Dgcim Rosmel Edecio Méndez. Además, figuran los efectivos de tropa Estewin Rojas, Enderson Rumi, Roberto Rondón y Carlos Conde. Y los sargentos retirados del Ejército de EE. UU. Luke Denman y Airan Berry, empleados de Silvercorp.

Solo dos oficiales han admitido culpa: el teniente Luis Manuel Paiva y el capitán Antonio José Sequea Torres, conocido por sus relaciones con distintos cuerpos de inteligencia, hasta que llegó el complot del 30 de abril de 2019. Sequea, según el régimen, era el líder del grupo que se embarcó en peñeros en la Guajira colombiana, el viernes 1 de mayo. Era, de hecho, el oficial de mayor graduación, junto con el capitán Robert Colina, alias Pantera, que murió en Macuto.

Aunque todos los sentenciados presumiblemente participaron en los campamentos para entrenamiento instalados en Riohacha y otros puntos, solo tres testimonios resultan claves: los de los sargentos de Silvercorp y el de Sequea Torres, puesto que presumiblemente ellos tenían un mayor grado de conocimiento sobre los detalles de la operación.

Las admisiones de hecho de Sequea, Berry y Denman son prácticamente oro en polvo para un régimen ávido de legitimidad, que en más de una oportunidad ha jugado el papel de víctima en foros internacionales. Antes, fueron las sanciones. Ahora, tiene los elementos para decir al mundo que este complot denominado Gedeón iba más allá del plan de unos militares y policías desesperados por el estancamiento político de su país. Con estas sentencias, intentarán que les crean -ahora sí- que el régimen se sobrepuso a los designios urdidos en Washington y Bogotá.

Breves

* El juicio de extradición del empresario colombiano Alex Naín Saab se acerca a su punto culminante. Tal y como lo habíamos adelantado en una entrega anterior, cuando apenas comenzaba el proceso, la decisión definitiva debe darse en septiembre, cuando los apoderados judiciales del “agente” del régimen venezolano agoten todos sus recursos ante la justicia de Cabo Verde. Era claro que Saab daría la pelea hasta el último momento, incluso tratando de plantear incidencias extrajudiciales, como la de la supuesta “expulsión” de uno de los abogados de su equipo de defensores.

Más allá de los dimes y diretes, el proceso para decidir si se ajusta a derecho el traslado de Saab a Estados Unidos, que se ha desarrollado conforme a lo previsto en la detallada legislación caboverdiana, vigente desde 2011. Esto a pesar de las enormes presiones políticas para inclinar la balanza hacia uno u otro lado, tal y como lo reconoció el propio presidente del archipiélago africano, José Carlos Fonseca.

Solo queda dirimir la apelación ventilada ante la Corte Suprema, con respecto a la decisión anunciada el 4 de agosto, que da luz verde al traslado.

Salvo que se detecten serias fallas en el proceso, relativas al derecho constitucional a la defensa, la máxima instancia debería ratificar la sentencia previa. A partir de ese momento, se abre un lapso de veinte días para que se produzca la entrega al empresario a las autoridades de EE. UU. Como se ha explicado en otras ediciones, los estadounidenses no podrán reextraditar a Saab a otro país, ni podrán imponer penas más elevadas que las máximas previstas en la legislación de Cabo Verde para el delito de lavado de dinero. Por lo tanto, aun si se da la extradición, Saab contará con un importante margen de maniobra ante los tribunales del estado de Florida.

* Mucho se ha advertido sobre una creciente violencia contra la mujer durante la pandemia. Esta creencia pareciera reafirmarse a la luz de casos recientes, ventilados a través de las redes sociales, que muestran a víctimas torturadas y desmembradas, ultimadas con extremada saña, cuyos cadáveres quedaron en plena vía pública, acompañados por carteles que las señalan de ser supuestos informantes de los cuerpos policiales. Estos casos desde luego que suscitan conmoción y contribuyen a colocar en el centro del debate todo lo relativo a la violencia contra el llamado “sexo débil”. Sin embargo, la revisión de cifras extraoficiales pareciera indicar otra realidad. Durante el primer semestre de 2020 -que abarca tres meses y medio de cuarentena- han matado a menos mujeres en el país que en la primera mitad de 2019. En este lapso hubo 223 víctimas, mientras que el año pasado fueron 390.

La imposibilidad de moverse más allá de los confines de la propia comunidad pareciera influir poco en las cifras de violencia conocidas hasta ahora.

En un esquema de reducción general de homicidios, las mujeres continúan representando aproximadamente el 10 % de las víctimas. Lo que sí pareciera haber cobrado alguna importancia es el motivo pasional, a veces ligado con abuso sexual, que abarcó más del 23 % de los casos reportados en el primer semestre. Otro 30 % de las muertes de féminas fue catalogado como ajuste de cuentas, y en 25,5 % de los casos la policía no pudo precisar el móvil del crimen. Finalmente, en 10,7 % de las muertes los antisociales intentaban llevar a cabo robos genéricos o de vehículos.

 

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Crímenes sin Castigo | Venezuela: el rédito de la droga, por Javier Ignacio Mayorca

El fiscal general de EE. UU., William Barr, involucra a Nicolás Maduro y a otras 13 figuras del oficialismo con el Cártel de los Soles, cuya actividad sería el tráfico de drogas. Foto: Gobierno de EE. UU., publicada en el diario El Tiempo, de Bogotá.

¿Hasta qué punto el tráfico de cocaína puede sustentar al régimen venezolano?

 

@javiermayorca

Con frecuencia se escucha a expertos en seguridad y opinadores que la merma en los ingresos de la renta petrolera ha obligado al régimen de Maduro a enfocarse en la obtención de recursos procedentes de distintos mercados ilegales.

Esta sospechada dependencia de la llamada economía negra ha servido como justificación para que se endilgue a este gobierno el remoquete de “narcorrégimen”. Los señalamientos, además, se verían sustentados en acusaciones como las recientemente formuladas por el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, que involucran al gobernante venezolano y a otros trece importantes operadores del oficialismo en el denominado Cartel de los Soles, cuya principal actividad sería precisamente el tráfico de drogas.

No es la primera vez que la palabra narcorrégimen es usada para catalogar a gobiernos en Latinoamérica. En Bolivia, el general de división Luis García Meza accedió al poder en 1980, gracias a un golpe de Estado financiado por Roberto Suárez, alias el Rey de la Cocaína, que impidió la toma de posesión de Hernán Siles Zuazo. García Meza solo pudo sostenerse en el poder durante trece meses, debido a una creciente presión internacional liderada por EE. UU., que denunció la alianza entre el gobernante de facto y el traficante.

Pero, en el caso boliviano, se trataba de utilizar los recursos del comercio internacional de drogas para propiciar un movimiento militar.

En el caso venezolano, se indica la permanencia en el poder gracias al reemplazo de la renta petrolera.

La pregunta que surge de inmediato es cuánto podría obtener realmente el régimen, suponiendo que cada gramo de droga ilegal que pasa por su territorio saliera hacia los distintos mercados internacionales, y que ese dinero luego sea retornado completamente a las arcas del país.

Se plantea entonces la necesidad de establecer un modelo de análisis, que parte de ciertas premisas. En primer lugar, aunque son cada vez más frecuentes las informaciones sobre la detección de cultivos ilícitos de coca, amapola y marihuana, así como de enclaves para el procesamiento completo de la cocaína, Venezuela es catalogada todavía como un país de “tránsito” o “puente”, es decir, presta su territorio para el paso de las sustancias precursoras -en la fase de producción- así como también de las drogas ya terminadas.

Según la expresidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas, Mildred Camero, por el país pasan unas 300 toneladas de cocaína al año. Si se toma esta cifra como cierta para 2019, estaríamos ante un incremento de 20 % en el paso de esta sustancia, si se compara con lo señalado por ella misma para 2018, y de más de 100 % con respecto a los años iniciales del régimen de Maduro.

Aunque los estimados de producción mundial de cocaína difieren según sea el organismo, la última cifra arrojada por la Organización de Naciones Unidas indica que salieron al mercado 1723 toneladas de la mayor pureza. Se trata de una industria ilegal que se concentra básicamente en Perú, Bolivia y Colombia. Colombia ocupó el primer puesto entre los países productores, con aproximadamente 950 toneladas, de acuerdo con la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por sus siglas en inglés).

La cocaína de Perú y Bolivia tiene sus rutas de salida naturales hacia Brasil, Argentina y el Pacífico, mientras que la colombiana puede ir por este océano o por el mar Caribe. Por Venezuela pasa, entonces, el 30 % de la cocaína producida en Colombia.

¿Cuál sería la relación establecida entre los operadores venezolanos y los productores de la droga?

Los casos consignados en EE. UU. contra Hugo Carvajal y los generales Reverol y Molina pueden ser tomados como referencia, aunque hay otros. De acuerdo con las acusaciones ventiladas en cortes de Nueva York y Florida, ellos no eran los propietarios de la mercancía sino los facilitadores de su paso. Es decir, los manejadores de las rutas internas. Entonces, la ganancia solo derivaría de un servicio prestado a los verdaderos carteles.

Un aspecto que ha sido objeto de debate en foros cerrados tiene que ver con el mayor involucramiento de efectivos policiales y militares venezolanos en el manejo de la ruta interna, en especial luego de la muerte de Hugo Chávez. Pareciera que durante los primeros años de este siglo no hubo un control férreo, pero en todo caso concentrado en el grupo reducido de oficiales que mencionó Walid Makled en entrevistas a distintos medios, antes de su extradición a Venezuela; y también el coronel Eladio Aponte, mientras era llevado a EE. UU. para convertirlo en informante. Eran los funcionarios que manejaban los puertos, aeropuertos y cuerpos de seguridad de alcance nacional.

Al morir Chávez ocurrió una dispersión. Y entre 2015 y 2018 empezaron a verse casos de militares de baja graduación detenidos mientras llevaban alijos en sus propios vehículos, o en los de sus unidades.

Una primera conclusión, por ende, sería que el paso de drogas por el país no es controlado por una sola organización sino por varios grupos que presumiblemente intentan obtener un beneficio particular.

Lo que queda en el camino

Para recapitular: en Venezuela no se ha instalado por completo la industria de fabricación de drogas ilegales, y tampoco existe un control férreo de las rutas que posibilitan su paso. Esto implica que las ganancias no serán enteradas por completo a las arcas del país, para cubrir las necesidades del Estado. De hecho, lo más probable es que sean distribuidas entre los distintos grupos operativos y de poder, es decir, que sirven como reguladores.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

El precio de la cocaína sube y baja en cada país de acuerdo con diversos factores. En 2019, se incrementó levemente en Colombia, debido a una merma en la producción anual del arbusto que da la materia prima de esta droga. De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (una dependencia de la ONU) fue de unos 1200 dólares promedio por kilo. La tendencia es que el monto se eleva en la medida en que se aleja el centro de producción. Pero en la frontera con Venezuela, por el área de Tibú, hay enclaves que representan el 10 % del total de cultivos ilícitos en Colombia. Allí el precio, incluso, llega a bajar a 1000 dólares por kilo.

De manera que, en números redondos, las 300 toneladas que pasaron por el país en 2019, según cálculos de Mildred Camero, tendrían un valor aproximado de 300 millones de dólares en el punto de origen, que es la franja limítrofe. La cifra puede aumentar hasta 320 millones. Ese sería el tope. Pero realmente los transportistas de la droga no se quedan con todo, sino que cobran una tajada sobre este valor, que sería del 10 % al 15 %. Puede ser incluso una “tarifa plana” por viaje, si se trata de cantidades más o menos estables, que son llevadas por vía aérea hasta Centroamérica, República Dominicana o las costas ubicadas al norte del país. Con lo cual el rédito aminora considerablemente. Y desde luego no sirve para mantener a un Estado como el venezolano, aunque sí para pintar sonrisas en algunas de sus figuras representativas.

Esto en cuanto a la economía de la cocaína. Según estimados de la Casa Blanca, la economía de la marihuana, si bien abarca a muchos más consumidores finales, tiene precios 20 veces menores que los del alcaloide. Y los controles son más laxos.

Tanto la cocaína como la marihuana y las demás drogas ilegales tienen efectos en cascada dentro de cada país. Se generan redes de distribución para suplir los mercados en pueblos y ciudades que involucran a factores criminales, policiales y eventualmente políticos. Esa diversificación de intereses hace que sea prácticamente imposible un control de las ganancias desde el gobierno central.

Es a este nivel donde se genera la mayor actividad represiva. En el caso venezolano, según cifras de la policía judicial, en 2019 fueron iniciados 1680 expedientes relacionados con delitos de drogas, que ocasionaron la detención de 3520 personas. El 72 % fue imputado por “posesión”. Otro 25 % afrontó cargos por consumo, y el resto (73 personas) por tráfico en sus distintas modalidades. Es decir, los traficantes solo dieron para el 2 % de las detenciones. Estos números, vistos en términos generales, sirven para dar soporte a la propaganda oficial según la cual se está “atacando al flagelo de las drogas”. Pero, como se puede apreciar al discriminar las estadísticas, lo que ocurre es que se intenta afrontar un problema por sus consecuencias más evidentes, poniendo tras las rejas a quienes consumen o tienen en sus bolsillos pequeñas porciones de alguna sustancia prohibida.

Pero no van al fondo del asunto.

En conclusión, carece de asidero la expresión “narcorrégimen”, cuando se usa para indicar que las finanzas del Estado venezolano se nutren de las ganancias del tráfico de drogas. Aun si fuese posible para el régimen apoderarse de los 300 millones de dólares que vale toda la cocaína al entrar por la frontera, eso no serviría ni siquiera para pagar un mes de las importaciones correspondientes al año pasado, que totalizaron los 6,2 millardos de dólares.

Sería necesario, entonces, analizar el impacto de cada una de las actividades ilegales en el país, lo cual es una tarea altamente difícil, pues la delincuencia organizada opera en las sombras.

Breves

* El 4 de agosto, el comisionado de Juan Guaidó para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria, diputado José Manuel Olivares, reveló que un detenido en el Sebin-Helicoide fue llevado de emergencia al hospital clínico de la Ciudad Universitaria, al tenerse fuertes sospechas de que había sido contagiado por covid-19.

De manera extraoficial, fuentes de la policía política indicaron que se trata de Erick Echegaray, quien permanecía en ese centro de reclusión cumpliendo pena por el mismo caso de Walid Makled. Este contagio sería apenas la punta del iceberg. En Helicoide permanecen actualmente 160 reclusos, entre ellos once mujeres. Sesenta están siendo procesados por la Operación Gedeón desde el mes de mayo. Sin embargo, el contagio de Echegaray comenzó a manifestarse hace dos semanas, con fiebre sostenida, dolores y una merma en la capacidad olfativa. Luego, otros cuatro detenidos han caído enfermos con los mismos síntomas. Oficialmente, en la policía política no admiten la existencia de contagiados por covid, pues eso pondría en evidencia que la transmisión se dio a través de funcionarios que cumplen labores de custodia en esa instalación. Desde la emisión del primer decreto de alarma nacional, el 13 de marzo, se ha impedido la visita de abogados y familiares. Los militares estadounidenses detenidos por el caso Gedeón, Luke Alexander Denman y Airam Berry, están totalmente aislados.

* Surgen nuevas informaciones que ponen en duda la solidez de Silvercorp, la empresa contratada para el entrenamiento en Colombia y el aporte de parte del pie de fuerza que participó en la Operación Gedeón. El 22 de mayo, se consignó en los registros de esta corporación en Florida un documento firmado por el sargento mayor retirado de la Fuerza Aérea de EE. UU., Francis X. Reilly, con una “declaración de hecho”.

En el texto, escrito en inglés, el militar dice haberse percatado de que su nombre y dirección de residencia anterior se utilizaron para el registro de Silvercorp en el departamento de corporaciones del estado de Florida. Según Reilly, el inmueble referido le perteneció hasta el 30 de septiembre de 2019, cuando lo vendió a un tercero. Se trata de una casa en el 3658 Hollistein Circle de la ciudad de Melbourne, Florida. Acto seguido, el militar denunció que el documento de registro (que consigna su nombre mal escrito) “fue archivado en forma fraudulenta” y sin su “conocimiento o consentimiento”. Solicitó al despacho de corporaciones su total desvinculación con los registros de Silvercorp. Este sargento mayor retirado hizo la petición justo cuando estallaba el escándalo internacional por la participación de mercenarios en una fallida intentona contra Maduro. Rilley no contestó a una solicitud de información adicional para la redacción de esta nota.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Expreso de oriente, por Javier Ignacio Mayorca

El automercado de la República Islámica abrirá sus puertas en el municipio Sucre, Miranda. Foto Javier Ignacio Mayorca.

Solo la pandemia ha detenido la carrera para poner en funcionamiento el primer automercado Megasis en Venezuela

 

@javiermayorca 

Al aproximarse la inauguración del primer local de la cadena de supermercados iraníes Megasis en Caracas, la actividad en sus instalaciones se hace cada vez más intensa.

Desde la semana que comenzó el lunes 6 de julio, los alimentos y otras mercancías traídas en barco directamente de la república islámica están llegando en caravanas de camiones. Según el vocero y máximo representante del Consejo Comunal de la urbanización Terrazas del Ávila, José Antonio García, solo entre el miércoles 8 y el jueves 9 descargaron en los estacionamientos de ese local ocho contenedores de cuarenta pies cada uno.

Los vecinos del sector se mantienen atentos a la entrada y salida de vehículos de carga. De allí han salido máquinas registradoras, aparadores y mercancías de marcas desconocidas para el comprador nacional.

Para el momento de la redacción de este reporte, quedaba mucho trabajo por ejecutar. El local donde operará el primer Megasis tiene 10.300 metros cuadrados, y alrededor una extensa playa de estacionamiento. Hasta el mes de enero, funcionó allí una sede de las tiendas Clap, la cadena donde comercializaban alimentos subsidiados por el Ejecutivo, traídos a Venezuela a través del consorcio Salva Foods, cuyos principales socios, los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, son el centro de un escándalo internacional por lavado de dinero.

A pesar de todo el respaldo con el que contaban los empresarios colombianos de parte del régimen de Nicolás Maduro, los anaqueles de ese galpón difícilmente eran llenados. Tuvieron que arrendar algunos espacios y acudir a proveedores externos.

Ahora, las tiendas Clap han dado paso a una venta de alimentos al detal sobre la que recaen denuncias y sanciones estadounidenses por un supuesto financiamiento al terrorismo.

Según el Wall Street Journal, Megasis es el punto de venta de alimentos marcas Delnoosh y Varamin. Ambas son subsidiarias de la corporación iraní ETKA, creada hace más de 60 años con dinero de la seguridad social de los militares retirados de Irán. ETKA, indica el rotativo, pertenece a las Fuerzas Armadas de Logística, una dependencia del ministerio de la Defensa iraní que ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro estadounidense, por su participación en el desarrollo de misiles balísticos.

El reporte periodístico cita informes de inteligencia estadounidenses según los cuales la apertura de un negocio como Megasis en el extranjero requiere de autorización de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, otra entidad sancionada por el Tesoro.

Inspección comunal

En Venezuela, la gran mayoría de la población se mantiene ajena a los antecedentes reportados por el rotativo estadounidense. En los alrededores del nuevo local, prevalece la curiosidad por saber si productos tales como el aceite de oliva y las especias harán honor a la fama que poseen en otras latitudes.

El representante vecinal de Terrazas del Ávila se acercó el jueves 9 de julio para constatar el avance de los trabajos correspondientes al primer Megasis de Venezuela. Su presencia fue notada por los vigilantes del lugar. Cinco minutos después, salió a la calle un hombre de unos 35 años de edad que se presentó ante él como el encargado (manager) de turno. Dijo llamarse Rheza, natural de Teherán.

Rheza dijo no hablar español, así que buena parte del breve diálogo se desarrolló en un inglés rudimentario. Dijo que la apertura del supermercado estaba pautada para “dentro de dos semanas”. Pero ese objetivo no fue cumplido, presumiblemente por la radicalización de la cuarentena en el país. Este ha sido el segundo aplazamiento.

Según el encargado, en la actualidad están acondicionando los espacios internos del local, y simultáneamente avanzan en la contratación del personal venezolano, que serán unos cien empleados. Precisó que el primer Megasis venezolano tendrá un horario corrido de 8 a. m. a 9 p. m.

Rheza dijo no temer a la delincuencia en una de las áreas más riesgosas de la capital más violenta del mundo, con una tasa de 74,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el último listado de la ONG Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

“Los venezolanos son excelentes personas”, fue su respuesta. Y rápidamente se despidió.

Trámite exprés

Los registros del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat) indican que este nuevo centro de compras fue inscrito a nombre de la compañía anónima Megasis 2020 (Registro de Información Fiscal J-500238703).

Como presidente de la entidad aparecen registrados Seyed Alí Hannani, venezolano de origen iraní de 55 años de edad, y su esposa Carmela Aidée Arciniegas de Hannani, colombiana nacionalizada venezolana, de 46 años. Los dos pusieron la sede del local como su dirección fiscal.

En ambos casos, la inscripción en el registro tributario se llevó a cabo el miércoles 10 de junio de 2020, apenas diez días antes de que la embajada de la República Islámica de Irán en Caracas informara sobre la llegada a Venezuela del buque Golsan, que traía “alimentos para inaugurar el primer supermercado iraní en Venezuela”.

Esta embarcación es propiedad de una empresa que también ha sido sancionada por el Tesoro, pues supuestamente es utilizada por la Guardia Revolucionaria para la ejecución de sus programas misilísticos.

El portavoz del consejo comunal observó que, quizá por la urgencia, los ejecutivos de Megasis han olvidado un trámite indispensable: el permiso de funcionamiento emitido por la alcaldía, en este caso la del municipio Sucre del estado Miranda. Para que esa autorización sea emitida, deben contar con el aval previo de los representantes vecinales, según lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal

En el caso de Terrazas del Ávila, recordó García, hay un precedente muy cercano de ejercicio del poder comunal, cuando se impidió momentáneamente la puesta en funcionamiento de un autocine en el estacionamiento de la Universidad Metropolitana. El argumento, explicó, es que las funciones emitirían ruidos molestos.

“El trámite ante el consejo comunal es gratuito, pero siempre se le pide al comercio que haga alguna bienhechuría a la comunidad. La empresa, además, debe comprometerse a colocar sus señales y vigilar los alrededores”, indicó.

Relaciones ampliadas

La apertura de este primer Megasis no es una simple operación comercial. Según la propia embajada iraní, es la expresión de las “relaciones amistosas y fraternales” existentes entre Irán y Venezuela. Sucede en un contexto de escalada conflictiva entre estos dos países y Estados Unidos.

Según la internacionalista Elsa Cardoso, la puesta en funcionamiento de Megasis es una “costosa operación”, que tiene “un fuerte contenido geopolítico”.

“Se trata de un desafío al régimen de sanciones implantado por EE. UU., al tiempo que es una señal explícita de los crecientes nexos económicos de Irán con el gobierno venezolano”, afirmó.

Observó que la entrada de los iraníes en la rama de distribución de alimentos ocurre luego de la puesta en marcha de acuerdos en el plano energético, que implicaron la traída al país de técnicos e insumos para la reactivación de refinerías en centro y occidente, así como la importación de gasolina para paliar una aguda escasez.

“Todo esto sucede mientras EE. UU. toma la bandera de romper el acuerdo nuclear que había con el régimen de Teherán”, observó.

El profesor de relaciones internacionales Carlos Romero recordó que los iraníes intentaron sin éxito entrar en el sector industrial venezolano durante el mandato de Hugo Chávez, quien firmó acuerdos con el gobernante iraní del momento, Mahmud Ahmadineyad, para la construcción y la puesta en funcionamiento de fábricas de automóviles (Venirauto) y de bicicletas (Fanabi).

“Estos proyectos no dieron resultados. Ahora, entramos en un plan que va hacia los consumidores finales”, dijo.

Romero advirtió que este es un paso más, dentro del desarrollo de las relaciones bilaterales entre Venezuela y la república islámica, que en un plazo cercano podría abarcar “campos más sensibles”.

“La ventana de la cooperación militar está abierta”, sentenció.

Breves

* El 5 de julio, Maduro ascendió a 130 oficiales a los grados del denominado generalato, que abarcan desde general de brigada y contralmirante a general en jefe y almirante en jefe. No hubo ascendidos a estas dos últimas jerarquías, que según la tradición establecida por el gobernante están reservadas hasta ahora al ministro de la Defensa (Vladimir Padrino), el jefe del Ceofanb (Remigio Ceballos) y el jefe de Estado Mayor de la Comandancia en Jefe (Jesús Suárez). Aun así, la cifra de beneficiados podría parecer exagerada para algún lector desprevenido. Lo cierto es que, durante los últimos seis años, Maduro viene aplicando una estrategia de disminución progresiva en cuanto a los ascensos a las máximas jerarquías de la FAN. El tope de ascendidos a estos grados lo alcanzó en 2014, con 229. Desde entonces los totales han disminuido, con la excepción de 2019, cuando ocurrió un leve incremento. Este punto ha sido escasamente analizado. Sin embargo, es claro que, si los ascensos a general están signados por la percepción de lealtad y obsecuencia, esta merma del 43 % puede ser la consecuencia de un estado de desconfianza en Miraflores. De igual forma, con una FAN cada vez más reducida en cuanto a sus cuadros regulares, cabría preguntarse si realmente se justifica el acceso de 130 oficiales a la cúpula castrense.

* El 11 de julio, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino declaró que más de 160 efectivos castrenses estaban contagiados por coronavirus. El oficial puso sobre el tapete algo que ya se venía comentando, y que circulaba en minutas, cuya difusión solo había sido mitigada por la censura.

Desde que comenzó la pandemia, se ha conocido sobre contagios entre efectivos de unidades militares y policiales ubicadas en Distrito Capital y Miranda, Vargas, Táchira, Aragua, Nueva Esparta, Zulia, Lara y Apure. Desde luego, lo más probable es que haya funcionarios enfermos en otros estados. La situación ha sido crítica en instalaciones de la Guardia Nacional en Zulia y de la Armada en Nueva Esparta, donde se ha ordenado pruebas rápidas a todos los efectivos de guardia. Esto es lógico, pues en ambos estados los militares de esos componentes desempeñan labores que implican permanente contacto con la ciudadanía. Según el infectólogo Julio Castro (referencia para la sociedad civil en esta materia) el país apenas está entrando en la “fase exponencial” de la pandemia, lo que implica una multiplicación del número de casos en lapsos cada vez más cortos. Esto sucede luego de cuatro meses de permanente despliegue de los funcionarios en calles, avenidas, autopistas, carreteras y estaciones de servicio. Muchos de ellos ni siquiera reciben su ración diaria de alimentos. En consecuencia, a estas alturas ya se encuentran extenuados y cada vez menos dispuestos para atender las crecientes demandas de la ciudadanía.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Dos mitos en seguridad ciudadana, por Javier Ignacio Mayorca
Existen concepciones erróneas en materia de seguridad en las que parecieran coincidir oficialistas, opositores e independientes.

@javiermayorca 

La Real Academia de la Lengua Española nos dice que los mitos son historias ficticias que, por la fuerza de las repeticiones, son aceptadas como verdades escritas sobre piedra por amplios conglomerados.

En los mitos, igualmente, se habla de cosas o personas a las que les atribuyen cualidades que en la realidad no poseen.

En el ámbito de la seguridad los hay tan fuertes que casi constituyen puntos de encuentro entre integrantes de todos los sectores políticos y niveles socioeconómicos.

En esta entrega, se analizan dos de los mitos más difundidos en el país.

 El verdadero poder de las armas

Una noción que pareciera estar imbuida en la cultura policial consiste en que los agentes deberían gozar de cierta paridad, en cuanto al poder de fuego, con respecto a sus contrapartes del mundo de la delincuencia.

A pesar de esto, la impresión generalizada es que desde el propio Gobierno se ha pretendido desarmar a las policías, con propósitos inconfesables. Es cierto que durante el régimen de Maduro han ocurrido varias rondas de desarme a cuerpos de seguridad. Pero estas acciones parecieran ser selectivas, es decir, van más encaminadas a mermar los recursos de instituciones bajo el mando de alcaldes o gobernadores opositores, que por una concepción general de los medios que deben estar a la disposición de esos funcionarios, en cumplimiento del modelo trazado hace una década.

En otras palabras, los llamados “estándares” en cuanto al armamento han sido aplicados con rigor a las instancias de gobierno que no son afines al régimen.

En cambio, se ha permitido que los cuerpos preventivos de estados y municipios gobernados por oficialistas se apertrechen con armamento de guerra, e incluso se hagan llamar “fuerzas armadas policiales”. Sus funcionarios, retratados con fusiles terciados en el pecho, como sucede en Lara, sugieren el acatamiento de modelos militaristas, dispuestos a aplicar “mano dura” contra los delincuentes.

Del otro lado, en sectores de la oposición también hay la convicción de que se debe incrementar el poder de fuego de los cuerpos preventivos. La reforma a la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, sancionada por el Parlamento (regido por opositores) en octubre de 2016, tiene una disposición transitoria según la cual “todas las armas y municiones que fueron retiradas de las policías estadales y municipales por alguna medida administrativa o por la aplicación de la resolución número 17.350, del 13 de febrero de 2011 (…) u otro instrumento jurídico de contenido similar, deberán  ser devueltas por el Ejecutivo Nacional a los organismos de los cuales fueron sustraídas”.

Esta es una lógica que el criminólogo Keymer Ávila ha descrito como de “guerra fría”: si el hampón tiene fusiles, todo policía también debe tenerlos, y de ser posible mejores.

“Si seguimos esa lógica, tarde o temprano tendremos a policías municipales con bazucas”, advirtió.

Pero esa convicción generalizada pareciera carecer de sustento científico o estadístico. En 2014, Ávila llevó a cabo una investigación sobre la victimización policial. En esa época, sorprendían las cifras de agentes ultimados. Luego de revisar y sistematizar la información consignada en los expedientes penales, concluyó que el uso de armas largas en contra de los funcionarios “es excepcional”.

Los fusiles, como los exhibidos recientemente por miembros de bandas en Petare y la Cota 905, tienen según Ávila una utilidad más simbólica que instrumental. A partir del miedo que inspiran, se facilita el control en determinados territorios. Wilexis y Coqui los saben.

Lo cierto es que las policías preventivas usualmente se abstienen de intervenir cuando perciben que del otro lado hay hampones con FAL o AR-15. Desde luego, los impactos por los proyectiles de estas armas pueden ocasionar daños considerables. Pero la sola posesión en manos de antisociales no es argumento suficiente para no actuar, aun si se dispone solo de las armas reglamentarias.

Según el comisario jubilado de la policía judicial e instructor de tiro, John Tovar, tan importante como el armamento es el conocimiento táctico sobre su utilización y el permanente entrenamiento. Esto puede marcar una diferencia clave en situaciones comprometidas como las que día a día enfrentan los uniformados.

El exfuncionario indicó que la mayoría de los delincuentes no equipara el nivel de preparación que deben poseer los policías. Además, creen que el arma por sí sola es suficiente, pero “no tienen tácticas”.

Aun así, es raro ver que gendarmes con la dotación reglamentaria enfrenten a bandas que poseen armas de guerra. Para encontrar un ejemplo hay que remontarse a diciembre de 2012, cuando comisiones de las policías de Chacao y Sucre protagonizaron una larga refriega contra los integrantes de una renombrada banda de secuestradores, liderada por José Ricardo Suárez, alias Penco. Estos sujetos llevaban fusiles Colt AR-15, mientras que los uniformados tenían sus pistolas y escopetas reglamentarias. Luego de un intenso intercambio, en una calle ciega de Los Palos Grandes, murieron cuatro delincuentes, incluido el líder de los plagiarios. Ningún policía resultó herido.

 ¿Cómo se traslada el hampa?

Sobre las motos – y sus conductores- pareciera caer un estigma. Los usuarios de estos vehículos son permanentemente detenidos y verificados por los agentes de todas las policías, simplemente porque circulan sobre dos ruedas.

Esta opinión negativa hacia los llamados “motorizados” no se forjó exclusivamente durante los mandatos de Chávez y Maduro. En los ochentas del siglo pasado, por ejemplo, se llegó a prohibir mediante decreto presidencial que estos vehículos transitaran por las autopistas de Caracas.

Recientemente, sin embargo, gobernadores y alcaldes han implantado restricciones en sus territorios exclusivamente para los usuarios de motocicletas, también guiados por la noción de que son los medios de transporte predilectos de los delincuentes. El último de ellos ha sido el mandatario regional de Zulia, quien prohibió la circulación de estos vehículos durante las noches. Esta medida ha posibilitado la confiscación de facto de numerosas motos, sin mayor basamento que un decreto de alcance regional.

En el libro Revolución de la muerte (Caracas, 2020) los autores Fermín Mármol y Luis Izquiel también se muestran proclives a la imposición de restricciones al uso de motos, bajo la noción de que son los medios mayoritariamente utilizados por los asaltantes en las vías públicas.

Como se ve, tanto oficialistas como opositores parecieran coincidir en que los cuerpos de seguridad deben tener una actitud más rigurosa hacia quienes utilizan este medio de transporte. Pero, ¿qué dicen al respecto las estadísticas manejadas por las propias policías?

Según cifras conocidas extraoficialmente, en 2019 fueron reportados 15 097 robos genéricos y robos de vehículos. Estos son delitos contra la propiedad caracterizados por un accionar violento, en los que las víctimas pueden tener una idea de cuáles fueron los medios utilizados por sus contrapartes. En los hurtos es más complicado determinarlo, puesto que por definición prevalecen la agilidad y la destreza para llevar a cabo los despojos de los bienes y del dinero.

De todos estos robos denunciados ante las policías, y presumiblemente investigados, se constató el uso de motocicletas por los victimarios solamente en 1006 casos.

Esto equivale al 6,6 %. En otros 898 (5,9 %) casos las víctimas afirmaron que los asaltantes usaron autos, camionetas o camiones.

Como se ve, la diferencia entre el uso de motos y de otros vehículos en los robos de todo tipo fue muy pequeña. Pero las decisiones han sido contra los motorizados. Pareciera que el criterio estadístico no fue tomado en cuenta por gobernadores y alcaldes, a la hora de aplicar medidas que ponen cortapisas a un derecho constitucional, como el de la libre circulación.

Lo cierto es que, en la Venezuela actual, con parques automotores extremadamente reducidos y poco acceso a los repuestos, la gran mayoría de los ladrones se traslada a pie, o con medios de transporte que no han sido determinados por los cuerpos policiales. Estas dos alternativas abarcan el 87 % de los robos conocidos durante el año pasado. Son razones suficientes para abstenerse de tomar decisiones de gobierno que van directamente en contra de un grueso sector de la población.

Otra cosa distinta es obligar a los conductores de motos, y de todo tipo de vehículos, a acatar las normas del tránsito terrestre, y aplicar los correctivos previstos en ellas cuando se detectan infracciones. De esa forma se podría contrarrestar el ambiente de profunda anomia que se percibe en las calles y avenidas del país.

En próximas entregas, serán analizados otros mitos de la seguridad ciudadana en Venezuela.

Breves

* El 18 de junio, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas dictaminó que el gobierno venezolano debería poner en libertad “sin dilación” al general de brigada (GN) Héctor Hernández da Costa, uno de los oficiales detenidos como consecuencia del estallido de dos drones en el centro de Caracas, durante la celebración de un acto aniversario de la Guardia Nacional.

El dictamen, identificado con el número 20/2020, indicó además que este oficial debería “obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”. Hernández fue apresado el 13 de agosto de 2018 durante una incursión de Contrainteligencia Militar en su vivienda, ubicada en Los Palos Grandes, llevada a cabo sin orden judicial ni presencia de representantes de la Fiscalía. “En días posteriores, se realizaron tres allanamientos más, durante los cuales se sembraron pruebas en su contra”, indica el documento. El oficial fue desaparecido durante cinco días, hasta su presentación en un tribunal, el 18 de agosto. Igualmente, “fue torturado por los miembros de la Dgcim para obligarlo a prestar una falsa declaración que inculpara a los dirigentes políticos de la oposición, implicándolos en el supuesto intento de magnicidio”.

En esos días, le ofrecieron que si declaraba contra los políticos pasaría de ser imputado a testigo. En este caso, el Gobierno respondió ante la ONU a los señalamientos formulados por los representantes del general. Informó que Hernández da Costa fue aprehendido debido a una orden judicial expedida el 16 de agosto, es decir, tres días después de la incursión policial en su vivienda. Además de implicarlo en el caso de los drones, el régimen cree que él participó en los asaltos a la 41 brigada blindada del Ejército, y al puesto de la GN en Laguneta de la Montaña. Estas acciones fueron encabezadas, respectivamente, por grupos en los que participaban el capitán Juan Carlos Caguaripano y el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez. El alegato gubernamental no especifica cómo habría sido la participación de este general en ambos casos. Indicó, además, que los defensores de Hernández no denunciaron ante la juez de control “los supuestos actos de tortura, amenazas contra sus familiares y la colocación de evidencias falsas en su domicilio”. En su dictamen, el grupo de la ONU concluyó que las alegaciones del régimen en su descargo fueron “aisladas y no sustentadas”, y que por ende no desvirtúan las denuncias.

* El 5 de julio, mientras en el país celebraban los ascensos militares, aterrizaba en una carretera del municipio mexicano Chunhuhub (Quintana Roo) un jet Gulfstream siglas XB-RCM cargado con aproximadamente 700 kilos de cocaína. Aunque las trazas de vuelo indicaban un punto de despegue desde Maracaibo, lo más probable es que el jet haya salido desde alguna pista del sur del lago o del Catatumbo. Según fuentes policiales, estos son los lugares donde se está produciendo con más frecuencia el embarque de drogas ilegales con destino en países centroamericanos como Honduras o Guatemala, y también México, como sucedió el domingo.

El jet despegó poco después de las 6 am, y luego de aterrizar fue quemado por sus ocupantes. Una de las dos camionetas en las que fue colocado el alijo fue incautada por las autoridades mexicanas, mientras que la otra fue hallada después, ya sin carga. Este envío presumiblemente pertenecería al Cartel Jalisco Nueva Generación. La ONU ha advertido que debido a la pandemia los traslados de drogas ilegales desde Suramérica han perdido frecuencia. En el caso venezolano, estarían saliendo desde marzo un promedio de tres vuelos semanales, sospechosos de llevar sustancias ilícitas. En cuanto a la ruta marítima, preferida para el transporte de alijos a Europa y países de África Occidental, los participantes en la operación aeronaval encabezada por EEUU frente a las costas venezolanas, llamada Orión V, han reportado el decomiso de 50,3 toneladas de cocaína y otras 7,3 toneladas de marihuana hasta junio.  

 

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Crímenes sin Castigo | Los profesionales, por Javier Ignacio Mayorca
Por sus conocimientos y habilidades, Alex Nain Saab forma parte de un selecto grupo, que es vital para el desarrollo de cualquier estructura ilegal.

 

@javiermayorca 

El 23 de junio, la Corte Suprema de Cabo Verde desestimó la petición de libertad para Alex Nain Saab. Esta decisión fue calificada como una “victoria” de Estados Unidos, país que había emitido en primera instancia la solicitud de búsqueda y captura internacional en contra del empresario colombiano, de 48 años de edad.

La ratificación de la detención de Saab en este pequeño archipiélago fue precedida de numerosos pronunciamientos por operadores del gobierno venezolano, tales como el canciller Jorge Arreaza y el embajador en Senegal, -con jurisdicción en Cabo Verde y otros países africanos- Alejandro Correa Ortega, en el sentido de que Saab es un agente del régimen, que estaba en cumplimiento de una “misión”, cuyos detalles no fueron especificados.

¿Por qué se traslada este comerciante a un grupo de islas del Atlántico, a 4600 kilómetros de distancia de Venezuela? Según la senadora colombiana María Fernanda Cabal, Alex Saab tuvo que volar hasta allí para asegurar el éxito de una transacción de oro por gasolina y otras mercancías, procedentes de Irán.

“Había dos buques detenidos en Cabo Verde, que ondeaban bandera de Liberia, pero resulta que eran griegos, y sus productos iraníes. Le tocó (a Saab) ir para poder negociar que soltaran estos buques, cargados con gasolina y otros productos”, explicó la parlamentaria, en una entrevista con Fernando Londoño.

Entonces, se trataba de una tarea que no podía ser resuelta por nadie más que él. Un propósito que no admitía delegación. Esto confirma varias apreciaciones hechas con respecto a la relevancia de este individuo para el régimen venezolano.

En primer lugar, no se puede ver a Saab como un perseguido más. Si se analiza al régimen venezolano como una “empresa criminal” (Farah, 2019), el rol de personas como Saab cobra extremada importancia.

Saab aglutina conocimientos y habilidades que la propia estructura no puede facilitarse, y debe salir a buscarlos entre sus aliados. Aunque se debe guardar las distancias en cuanto a tiempos y lugares, Saab tiene para esta particular “empresa” una relevancia similar a la que tuvieron en su momento para el Cartel de Cali el contador Guillermo Pallomari y el abogado Harold Ackerman. El primero, un chileno, y el otro un estadounidense. Ambos fueron detenidos a solicitud de EE. UU. y, al convertirse en testigos, pasaron a ser piezas clave para el desmantelamiento del referido cartel y el enjuiciamiento de sus líderes, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.

Los aviadores son otros profesionales contratados con frecuencia por las agrupaciones criminales. Muchos tienden a pensar que son parte integral de tales organizaciones. Pero esto no es así. Cuando la empresa crece, tiene que buscar en el mercado laboral a estos especiales talentos, preguntando aquí y allá entre sus conocidos a ver quiénes estarían disponibles para “coronar”.

Y, aunque puedan ser depositarios de la mayor confianza, los líderes de las organizaciones siempre toman alguna precaución, para evitar sorpresas. A veces, dejan cautivo a algún familiar o allegado del piloto, hasta que la operación finalice. En otras ocasiones, lo involucran directamente en el envío específico, indicándole que le pagarán con parte del alijo, de manera que, si se produce algún decomiso, él también perderá. En el caso del Cartel de Medellín, fue famoso el estadounidense Max Mermelstein, “el hombre que hizo llover coca”, y que se convirtió en un informante de la policía estadounidense.

Contadores, pilotos, abogados y traders como Saab forman parte de este grupo de “profesionales” sin los cuales no es posible el funcionamiento de una estructura transnacional organizada y moderna, como la que persigue el gobierno estadounidense. Pero son proveedores externos a la organización, u outsourcing, como se diría en jerga empresarial.

Muchos han calificado a Saab como un “testaferro”. Esta es una figura desarrollada desde el punto de vista teórico y legal por los italianos, cuya legislación establece penas de prisión para los también llamados “prestanombres” u “hombres de paja”. Según los europeos, el testaferro representa a todo evento los intereses de una persona, que permanece en las sombras. Pero en el caso del empresario colombiano la relación pareciera ir más allá. Saab encarnaría los objetivos de todo un régimen. Y en ese sentido su definición como “agente” del gobierno madurista, aportada por Arreaza, cobra un extraordinario significado. Aun así, estaría por verse si este comerciante no participa también en un juego de carambolas a varias bandas.

Antes de la decisión del máximo tribunal de Cabo Verde, el abogado de Saab, José Manuel Pinto, declaró que la detención del empresario barranquillero había sido el producto de una “decisión política”. Si esto es así, lo que estaría en desarrollo en el archipiélago es una especie de subasta, en la que el oferente más agresivo se llevaría la mejor parte. Esta línea de argumentación, sin embargo, no parece ser la más inteligente, tomando en cuenta que el proceso apenas comienza.

En efecto, la legislación caboverdiana contempla detalladas reglas para el desarrollo de las extradiciones. En este momento, está en curso la primera fase, llamada “administrativa”, que debería finalizar durante la primera quincena de julio, cuando el ministerio de Justicia de ese país africano evalúe la documentación enviada por Estados Unidos para sustentar su solicitud de llevarse a Saab, y enjuiciarlo en la Corte del Distrito Sur de Florida por conspiración para lavar dinero, y varias imputaciones por lavado de dinero.

Si el gobierno caboverdiano diera el visto bueno al expediente presentado, se abriría la segunda fase, llamada “judicial” según el Ministerio Público del archipiélago. El debate se desarrollaría en la Cámara de lo Criminal de la Corte de Apelaciones. Entre una y otra incidencias podría durar hasta tres meses, siempre y cuando Saab insista en oponerse a la extradición. Con lo que se aleja la perspectiva de un rápido traslado a territorio estadounidense.

La importancia real de Saab para el régimen, más allá de lo declarado por sus representantes diplomáticos, se podrá apreciar en las próximas semanas o meses.

¿Seguirán recibiendo los turcos el oro venezolano? ¿Continuará sin tropiezos la entrega de los Clap con mercancía turca y mexicana? ¿Llegará más gasolina iraní? Si estos programas continúan, quiere decir que este colombiano solo era una ficha más. Pero, si alguno se paraliza, el golpe fue certero.

Breves

* Desde marzo se han incrementado las denuncias sobre invasiones en Distrito Capital. No solo son los recurrentes alertas emitidos por el portavoz del Frente de Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, quien ha contado quince casos de inmuebles ocupados de forma ilegal en Libertador. En El Hatillo, el director de la policía municipal, comisario Sergio González, indicó que durante la alarma nacional han procesado un promedio de cuatro denuncias mensuales sobre invasiones a edificaciones o terrenos de propiedad privada. En Chacao, según el alcalde Gustavo Duque, han sido reportados seis casos. En los municipios mirandinos, pareciera que existen grupos dedicados a la detección de edificaciones aparentemente abandonadas por sus legítimos propietarios.

Para ellos no es difícil, pues durante la cuarentena se supone que la gente debe permanecer en sus lugares de residencia, y la falta de actividad en ciertos inmuebles es percibida desde la calle sin mayor esfuerzo. Gonzáles advirtió que las invasiones son controlables cuando están iniciándose. Pero en las etapas posteriores, los desalojos se complicarán.

* El 21 de junio, la fiscal ante la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció en una entrevista ante el Grupo Diarios de América que finalizará su valoración sobre las denuncias formuladas contra Nicolás Maduro por presuntos delitos de lesa humanidad “en los próximos meses”. Afirmó que la decisión sobre este caso se ha retardado en virtud de la necesidad de traducir una gran cantidad de documentos. Bensouda debe finalizar su gestión en ese cargo en julio de 2021, de manera que aún le resta un año para avanzar en el proceso. Muchas situaciones pueden presentarse en estos doce meses. Entre ellas, que prospere la propuesta formulada el 31 de marzo por el Departamento de Estado de EE. UU., que contiene claras concesiones al sector castrense venezolano. En el punto V, los norteamericanos plantearon que un representante de la FAN sea “asesor militar” del Consejo de Estado que conduciría la transición. Esto, si se quiere, resultaría lógico tomando en cuenta la actual situación del país y la necesidad de garantizar ciertos niveles de gobernabilidad. En el punto X, además, se indica que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retirarían el respaldo a las denuncias consignadas ante la CPI, con lo que el proceso contra Maduro y el entorno militar perdería vigor.

 

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Crímenes sin Castigo | Irán en Cicpc, por Javier Ignacio Mayorca
El izado de la bandera de la república islámica en Parque Carabobo confirma la radicalización de un cuerpo antaño famoso por su neutralidad.

@javiermayorca 

Desde la semana pasada, la bandera de la República Islámica de Irán ondea en la fachada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

No es un hecho casual, producto de la mente de algún policía radical. De haber sido así, pronto la hubiesen arriado. En cambio, la bandera iraní es exhibida en forma continua desde hace varios días, en el tope del asta derecha, a la entrada del edificio de Parque Carabobo, sede histórica de una de las cuatro instituciones de seguridad ciudadana del país.

No pusieron atención a leyes ni protocolos. Un despacho que se supone fundamental para preservar el Estado de Derecho en el país desatendió la norma correspondiente al uso de las banderas en las instituciones públicas, elaborada por el propio oficialismo en marzo de 2006. Según ese texto, el tricolor venezolano tenía que estar a la derecha, en señal de su mayor importancia.

Este podría ser considerado un detalle insignificante, pero es un reflejo de la manera atropellada como se están desarrollando los procesos en el país, donde ya se perdió incluso la atención por las formalidades.

Nunca antes habían izado la bandera de un país extranjero en la vieja central de policía. Era la primera vez que lo hacían, y lo hicieron mal.

Pero este hecho, y la decisión que lo originó, no pueden restringirse a los confines de una sala de interrogatorios. Ciertamente, cuando la bandera de la república islámica era elevada frente a la llamada “policía científica”, la gasolina traída de ese país empezaba a ser dispensada en las estaciones de servicios, luego de haber cruzado medio mundo en cinco buques. Sabemos que no era un regalo ni un gesto de solidaridad revolucionaria, sino una costosa operación comercial, pagada con oro del Banco Central. Y aun así, fue saludada con servilismo.

En el primer momento, la imagen de la bandera iraní al frente del edificio de Parque Carabobo fue recibida con incredulidad. Los viejos policías egresados de esa institución, acostumbrados a la neutralidad contra viento y marea, creyeron que se trataba de otra travesura de las redes sociales. Luego de hacer un par de llamadas, constataron que no era un montaje.

“Estamos ante un proceso sistemático de politización, que no tiene ningún sentido”, advirtió el exdirector de ese organismo, Miguel Dao.

Para este comisario general, lo de la bandera iraní es un “exabrupto” que no debió ser avalado por la jerarquía de la institución.

“En mi caso, de haber sido el director, no lo permitiría. Otros, sí”, sentenció.

Dao no quiso mencionar en ningún momento al funcionario que rige los destinos de Cicpc, y sobre quien recaen todas las críticas, el comisario general Douglas Rico. Sin embargo, no ocultó su descontento hacia el mensaje que transmite la colocación de la bandera iraní, en la entrada de la central policial.

Al igual que el resto de las policías y componentes de la FAN, Cicpc ha visto afectado su desempeño por una creciente corrupción, cuyo capítulo más reciente fue el presunto involucramiento de dos importantes jefes de Carabobo en las redes de tráfico de drogas comandadas por Emilio Enrique Martínez, alias Chichí Smith. Pero era claro que los funcionarios de la institución hacían esfuerzos por mantenerse al margen de la diatriba política, aun incluso en contra de los dictados de su director.

El comisario general Douglas Rico es un ejemplo de cómo el poder modifica a los seres humanos. Este funcionario creció durante los primeros años del chavismo a la sombra del comisario Vicente Álamo, quien llegó a la subdirección durante la gestión de Marcos Chávez. Rico se hizo experto en la investigación de robos. La pesquisa sobre una banda de asaltantes de blindados lo hizo acreedor de un cangrejo de bronce, en la primera década de este siglo. Pero luego pidió una temprana jubilación, argumentando precisamente que la politización enrarecía el ambiente en las filas de Cicpc. Y se acomodó en la empresa privada.

Pero la vida da vueltas. Con la llegada de Miguel Rodríguez Torres a Relaciones Interiores, Rico fue reincorporado para que asumiera la subdirección. En 2016, con la destitución del comisario José Gregorio Sierralta, llegó al tope.

Los cambios en él comenzaron a hacerse patentes con el caso del inspector jefe Oscar Pérez, cuyo grupo fue perseguido sin cuartel, señalado de llevar a cabo actos de terrorismo. Esto enrareció el clima interno del cuerpo. Antes que calmar las aguas, Rico se radicalizó aun más, al declarar en mayo de 2018 que Cicpc era una institución “revolucionaria”. Eso implicaba que serían aplastados quienes estuviesen contra el “proceso”, y mientras tanto los colectivos que matan en el 23 de Enero, a plena luz del día, permanecen impunes. Con estos antecedentes, no debía extrañar que la bandera iraní fuese izada por sus agentes.

El caso del actual director de Cicpc también tiene sus rarezas. A pesar de su permanencia prolongada en la conducción de este despacho, ha quedado fuera del radar de las sanciones estadounidenses. Tómese en cuenta que el Departamento del Tesoro ha congelado los bienes y eliminado las visas a jefes de casi todos los cuerpos de seguridad de alcance nacional, vinculados a la represión contra la disidencia política, como son el Sebin, Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana.

En este sentido, podría decirse que el izado de la bandera iraní en Parque Carabobo es como un reto, a ver si Washington reacciona. La pajita en el hombro, buscando pelea.

Breves

* Una nueva forma de engaño están aplicando los delincuentes, para aprovecharse de la escasez de medicamentos en tiempos de cuarentena. Comienza con la distribución a través de grupos de mensajería (Whatsapp, Telegram, etc) de un mensaje en el que se ofrece en forma gratuita la conocida marca de insulina Lantus. “Recibimos un donativo muy grande por parte de laboratorios Pisa”, dice el texto. Luego da un número telefónico de Caracas atribuido a una supuesta asociación civil, cuyo nombre nunca es precisado. Pero esa marca específica de insulina no pertenece a la empresa mencionada. Además, ese laboratorio no opera en Venezuela, sino en México. Las investigaciones hechas hasta el momento por Cicpc indican que se trataría de un esquema destinado a la estafa o la extorsión vía telefónica, puesto que las personas interesadas en recibir donativos deben aportar numerosos datos personales, lo que incrementa el riesgo de ser víctima de amenazas.

* Hasta el mes de abril, Zulia era el estado donde los cuerpos de seguridad habían recibido la mayor cantidad de denuncias por extorsión, con 45. Eso equivale al 33 % de los expedientes iniciados este año por el referido delito en todo el país. Aragua y Distrito Capital/Miranda totalizaron la misma cantidad de casos durante los primeros cuatro meses de 2020, con 21. Desde Zulia, se ha extendido a otros estados occidentales el uso de granadas para dar credibilidad a las amenazas, y apurar los pagos. Así han arremetido también contra comercios de Trujillo y Lara. Simultáneamente, los líderes de las bandas envían videos en los que aparecen ellos mismos exigiendo a las víctimas que cooperen, mediante la entrega de cantidades en divisas extranjeras. De esta forma, las pequeñas bandas se consolidan como grupos estructurados de delincuencia organizada.

 

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