Javier Ignacio Mayorca, autor en Runrun

Javier Ignacio Mayorca

Crímenes sin Castigo | Zona de combates, por Javier Ignacio Mayorca

Soldado del Ejército venezolano en los combates de Arauca. Foto Eligio Rojas @ElEspinito (Twitter).

Las hostilidades que han ocasionado numerosas bajas entre los militares venezolanos y miles de desplazados en el eje La Victoria-Arauquita podrían extenderse a otras localidades. Organizaciones no gubernamentales piden una rápida mediación de la ONU

 

@javiermayorca

Desde el 21 de marzo, el trecho entre Guasdualito y La Victoria se ha convertido en una zona de combates, con todas las características de lo que sería un conflicto asimétrico. De un lado, fuerzas regulares del Ejército venezolano, complementadas por el grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana. Y del otro, combatientes de las llamadas “disidencias” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Crímenes sin Castigo | Zona de combates, por Javier Ignacio Mayorca
Trecho Guasdualito – La Victoria, zona de combates en Apure. Foto Google Maps

Estos últimos son individuos que nunca reconocieron ni acataron el contenido del acuerdo de paz firmado en La Habana, en 2016, y que se han reagrupado en torno al liderazgo de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, comandante del frente 1 que opera en el departamento colombiano de Arauca.

Según el subdirector e investigador de la fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, Botache aglutina a dieciséis de los veintiocho grupos que se declararon en desacuerdo con la pacificación. Por lo tanto, es el mayor contingente.

Por otra parte, en las llamadas Nuevas FARC o Segunda Marquetalia hay cinco estructuras armadas, que salieron a la vida pública cuando Luciano Marín (Iván Márquez) y Seuxis Paucías Hernández (Jesús Santrich) hicieron un llamado a retomar el conflicto, en agosto de 2019. Las siete agrupaciones restantes están más dedicadas a actividades netamente criminales.

Con la invitación a Márquez y a Santrich para que permanecieran en territorio venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro tomó parte en el conflicto originado tras el desconocimiento de lo convenido en la capital cubana.

Y lo hizo en favor del sector menos numeroso, si se toma en cuenta lo señalado por el investigador colombiano.

Esta cuadratura ya le ha costado por lo menos seis muertes y más de dieciséis heridos a las fuerzas venezolanas, si se suman los saldos conocidos extraoficialmente en tan solo tres enfrentamientos, reportados desde septiembre de 2020, en Apure y Amazonas.

Crímenes sin Castigo | Zona de combates, por Javier Ignacio Mayorca
Herido en combate. Foto en la cuenta de Twitter de @vladimirpadrino, ministro de la Defensa.

Las disidencias de las FARC han dado muestras de su capacidad para infligir el mayor daño con la menor cantidad de bajas propias. En esto ha jugado un importante papel el uso de dispositivos explosivos improvisados, que ocasionaron las primeras dos muertes durante la jornada del 21 de marzo, e inutilizaron posteriormente un blindado del Ejército. Igualmente, mediante explosivos destruyeron el puesto aduanero de La Victoria.

Crímenes sin Castigo | Zona de combates, por Javier Ignacio Mayorca
Blindado de las FANB destruido. Imagen: capturas de pantalla de un video colgado en la cuenta de Twitter @vladimirpadrino, del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

“Están enviando mensajes a Maduro: ‘Sentémonos y acordemos’. Y mientras tanto piden a los pobladores de las áreas de conflicto que se retiren”, afirmó Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización que ha investigado la violencia en el área limítrofe.

Según Tarazona, el grupo de Gentil Duarte, liderado en ese sector por Ferley González, alias Fabián, estaría “pidiendo una tregua con el régimen, para convivir”. Lo que hasta ahora no ha sido posible.

En este contexto, el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino, ordenó la remoción del comandante de la 92 brigada Caribe del Ejército, general de brigada Carlos José Rojas Abreu, y su inmediato reemplazo por el GB Tito Gómez Avila. Según Tarazona, la decisión fue consecuencia de la imposibilidad del anterior jefe militar de eliminar la amenaza que representaban los disidentes de las FARC en ese sector.

“Es una tarea que no cumplió”, sentenció.

Desplazamiento sin precedentes

Las hostilidades han ocasionado una creciente oleada de desplazados desde territorio venezolano. Para el momento de la redacción de esta nota, Migración Colombia reconocía la existencia de 4741 refugiados en diecinueve albergues improvisados.

El fin de semana anterior, el defensor del pueblo de Colombia Carlos Camargo solicitó al gobierno de Iván Duque la declaratoria de una “calamidad pública” en el área de Arauquita.

Crímenes sin Castigo | Zona de combates, por Javier Ignacio Mayorca
Un soldado recibe a desplazados venezolanos en la frontera colombo-venezolana, se puede ver el tricolor de Colombia. Foto en la cuenta de Twitter @fuerzalmada, de Freddy Nañez

La expectativa es que la cifra se incremente con el desarrollo del conflicto. Y de acuerdo con el representante de Provea, Marino Alvarado, no habrá una tregua en el corto plazo.

“Esto va para largo (…) Si se aplica la teoría de la guerra de guerrillas, los disidentes tienen la táctica de atacar, replegarse y luego volver. Ellos dejarán que la Fuerza Armada tome confianza, y la volverán a atacar”, advirtió.

Alvarado indicó que el desplazamiento humano ha representado un incremento de 15 % en la población de Arauquita. La migración forzada también sería desde la frontera hacia otros estados de Venezuela.

Según sus registros, desde que Hugo Chávez llegó al poder han ocurrido cinco episodios que podrían ser calificados de “movilizaciones masivas” ocasionadas por violencia armada. Comenzaron en 1999 en el área de Catatumbo. Pero la de este año ha sido la de mayor magnitud.

Para el momento de la redacción de esta nota, representantes de Provea y otras organizaciones no gubernamentales de Venezuela y Colombia solicitaban la intervención de la Organización de Naciones Unidas.

“Es una petición genérica que hacemos al secretario general, porque no hay una perspectiva de colaboración entre autoridades de ambos países para atender el problema. No solo en lo referido a los refugiados, sino también en cuanto a la seguridad. Esto complicará aun más la situación. La ONU puede servir como intermediario para que haya un diálogo”, explicó.

Pero el discurso oficialista no apunta hacia un entendimiento. Por el contrario, desde el Ejecutivo y el Parlamento elegido el 6 de diciembre han emitido mensajes que culpan al gobierno de Iván Duque por la crisis en la frontera. Según Alvarado, de continuar con esa actitud el conflicto también podría extenderse hacia otras localidades.

Breves

*Pocas novedades contiene el reporte sobre derechos humanos del Departamento de Estado, por lo menos en lo que respecta al caso venezolano. Y era lógico: este documento es el resultado de un largo proceso. Su primer borrador generalmente está listo en octubre, y desde entonces solo dan algunos retoques. Además, otros informes fueron divulgados en los días previos, como el de Human Rights Watch y la actualización del primer reporte de la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU. Aun así, hay señalamientos reveladores en torno a lo que califican como “interferencias ilegales y arbitrarias a la privacidad”.

En primer lugar, se da por sentado que las “compañías de telecomunicaciones” del país están asistiendo al Gobierno en el monitoreo de las comunicaciones de los opositores políticos.

Un llamado de atención a estas empresas. Luego de esta advertencia, queda abierta la posibilidad de sanciones. Pero la afirmación más contundente tiene que ver con el suministro de tecnología para “monitorear el comportamiento social, político y económico de la ciudadanía”, a través del llamado Carnet de la Patria. Este sistema, indica el informe, fue suministrado por la empresa china ZTE, con el respaldo de Huawei y la Compañía Nacional China de Importación y Exportación de Material Electrónico. “Esencialmente, los ciudadanos no tienen otra alternativa que obtener y usar la tarjeta, a pesar de sus conocidos métodos de rastreo”.

*Hay un acelerado incremento en el número de muertes como consecuencia de la covid-19, por lo menos en el Distrito Capital. Desde la semana anterior, el cálculo hecho por personal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) es que están ocurriendo entre 35 y 50 decesos de personas que con certeza estaban contagiadas por este virus, y de otras que, sin haberse hecho las pruebas correspondientes, perdieron la vida con síntomas asociados que desencadenaron infartos o paros respiratorios.

Esto vendría a confirmar el señalamiento del infectólogo Julio Castro, en el sentido de que las cifras oficiales se caracterizan por un “subregistro importante”.

Otra evidencia tiene que ver con la cantidad de personas que acude a las oficinas de la morgue de Bello Monte, para obtener alguna orientación. En su mayoría son familiares que buscan “asesoría para la disposición final de los cuerpos”, tal y como fue ofrecido en un anuncio público del servicio de medicina forense. Se trata, por cierto, de una ayuda que en teoría es gratuita.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Drogas y cooperación, por Javier Ignacio Mayorca
Un reciente documento del Departamento de Estado norteamericano desnuda la realidad de un país donde actúan a sus anchas las estructuras criminales

 

@javiermayorca

El 10 de enero, el director de la ONA general Alberto Matheus reportó la incautación de 46,73 toneladas de distintas drogas como consecuencia de 3.091 procedimientos, llevados a cabo en 2020. Esto da un promedio de más de 15 kilos confiscados en cada acción, lo que supera en casi 50 % la media de droga por caso correspondiente a 2019. Un dato llamativo por tratarse de resultados supuestamente obtenidos en medio de la pandemia.

En contraste, el Reporte sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU., emitido este mes, sostiene que la cooperación entre el régimen de Maduro y la comunidad policial internacional es “prácticamente inexistente”. Cabría preguntarse entonces de dónde vino la inteligencia para llevar a cabo tales decomisos en Venezuela.

Este informe tuvo expresiones críticas hacia el gobierno venezolano. “La apropiación de los servicios judiciales y militares para sus fines ilícitos, la corrupción y la cooperación con elementos criminales proveen condiciones ideales para el tráfico de drogas y la violencia asociada”, advirtió.

Debido a esta ausencia de una acción mancomunada, sostuvieron los estadounidenses, resulta muy complicado verificar mediante fuentes independientes lo dicho por el general Matheus.

Esta es una preocupación compartida por el exjefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, coronel retirado Jairo Coronel. En una reciente conversación, este oficial indicó que sin ayuda internacional “se hace muy difícil llegar a las caletas”, o almacenes clandestinos. En otras palabras, cuando los alijos han traspasado la franja fronteriza pueden circular por el país de forma casi inadvertida. A menos que ocurra una delación.

A pesar de los señalamientos de la Cancillería de EE. UU., no todo pareciera estar perdido. Durante operaciones efectuadas por la policía judicial en coordinación con Interpol, fueron capturados en Margarita dos italianos que eran solicitados por su país, uno de ellos, Flavio Febi, por delitos de drogas y el otro, Roberto Vivaldi, por fraude. Aunque el futuro de estos casos en el Tribunal Supremo es incierto, el solo hecho de que las capturas fuesen reportadas por el comisario Douglas Rico indica una disposición a cumplir con un compromiso internacional de lucha contra la delincuencia organizada, aunque esto sea un simple canto a la bandera.

Pero este no es el resultado más frecuente. Desde finales del gobierno de Hugo Chávez, los agregados policiales que trabajan en el país han expresado en forma discreta su creciente preocupación por las trabas que deben sortear para cumplir sus objetivos.

Esto no se restringe al tema de las investigaciones policiales. Los recelos han dificultado incluso la ejecución de planes para la formación de oficiales en el exterior, en temas relativos a prevención al lavado de dinero e investigación sobre secuestros.

Prefieren enviar a militares a China y Rusia, y no a policías o guardias nacionales a Italia o España, donde hay comprobados conocimientos sobre materias de investigación policial.

Mientras tanto, intentan suplir la necesidad de formación de nuevos cuadros mediante cursos en línea con disertaciones de generales venezolanos, con escaso roce internacional.

En lo relativo al caso de los italianos capturados en Margarita, no sería descabellado pensar que se intente algo parecido a un intercambio de presos con Italia. Se debe recordar que el Tribunal Supremo de Justicia ha enviado a ese país peticiones de extradición contra el exministro de Energía y expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, e igualmente contra Francisco José Blasini, investigado por el supuesto beneficio de contratos con sobreprecio para el suministro de insumos para la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Alianza de megabandas

La ausencia de cooperación, además, permite que la llamada Segunda Marquetalia se consolide en el país. Según el documento estadounidense, Seuxis Paucías Hernández, mejor conocido como Jesús Santrich, permanece en Venezuela junto con docenas de excomandantes de las FARC, con el propósito de “reconstruir” estructura terrorista y eludir las órdenes de captura emitidas desde Colombia y EE. UU.

El documento de la Cancillería estadounidense, además, advierte sobre dos aspectos poco conocidos hasta el momento. Por una parte, se estaría gestando una alianza entre las poderosas mafias de Brasil y megabandas venezolanas con el propósito de traficar drogas.

Esta información pareciera corroborar lo indicado por medios brasileños en cuanto a una supuesta incorporación de individuos del Tren de Aragua con el Primer Comando de la Capital (PCC), uno de los cuatro grandes grupos criminales de ese país.

Según informe de la Guardia Nacional, el Tren de Aragua ya está posicionado en Tumeremo, donde lleva a cabo la extracción de oro. Y este sería, precisamente, el metal precioso utilizado para la adquisición de los alijos de drogas que llegan por el sur del país, liderada desde prisión por Marcos Herbas Camacho, alias Marcola.

La otra advertencia arrojada por este reporte anual tiene que ver con el supuesto nexo entre las bandas de traficantes y quienes facilitan la emigración de venezolanos, en especial hacia Aruba, Curazao y Bonaire.

En la columna anterior, se refirió el caso de un grupo de cinco lancheros de Curazao, detenidos en aguas cercanas a Aves de Sotavento, e imputados por un supuesto transporte de cocaína, cuando en un principio les habían formulado cargos por el traslado de “materiales estratégicos”.

El caso fue instruido por la Policía Nacional sobre la base de dudosos estándares, lo que ha permitido a los defensores de estos pescadores elevar una queja ante el Reino de los Países Bajos.

Aun así, todos estos elementos tienden a conformar un cuadro preocupante de impunidad y consolidación de la delincuencia organizada en Venezuela. Frente a eso, policías y militares se entretienen matando a pequeños delincuentes, a quienes luego incorporan en narrativas según las cuales pertenecían a peligrosas estructuras, ahora llamadas GEDOs (grupo estructurado de delincuencia organizada), pero con escaso basamento.

Los verdaderos criminales continúan así operando a sus anchas.

Breves

* El lunes 15 de marzo, la dirigencia de la Segunda Marquetalia, o disidencia de las FARC, anunció la activación de los llamados Comandos Bolivarianos de la Frontera. El grupo encabezado por alias Iván Márquez y Jesús Santrich ratificó el retorno a la lucha armada, aunque esta vez lo hacen como parte de “los habitantes de la franja binacional fronteriza”. Según el texto, Márquez y Santrich se opondrán a lo que califican como “actitud guerrerista del gobierno de (Iván) Duque contra la hermana Venezuela”.

Además, intentarán contrarrestar las nuevas campañas para la erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión de glifosato, una sustancia cuyo uso ha sido cuestionado por ecologistas. Esta información es divulgada en forma simultánea a la activación de una fuerza élite por parte del gobierno colombiano, cuyo objetivo primordial es la captura de las cúpulas de este movimiento armado y la del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El grupo cuenta con entrenamiento de asesores militares estadounidenses, cuyo retiro exige este comando: “que se vayan las tropas gringas ubicadas en las fronteras de Colombia, con planes de agresión”.

* Al momento de la entrega de esta columna, el equipo de defensores del extraditable colombiano Alex Saab emitió un comunicado confirmando la decisión del Tribunal Supremo en cuanto a la ratificación de las sentencias previas que avalan el traslado del empresario colombiano a Estados Unidos, donde será enjuiciado por lavado de dinero y otros delitos. Nueve meses y una semana tardó este proceso, y todavía podría prolongarse algunos días más, mientras se ultiman los detalles para la ejecución de la sentencia. Según la legislación especial del archipiélago africano en materia de extradición, este lapso no puede sobrepasar los veinte días continuos.

Este escenario adverso ya era previsto tanto por los defensores como por el gobierno venezolano, que recordó -en tono de amenaza- a los abogados del colombiano sobre las consecuencias legales que tendría la divulgación de información considerada sensible por el régimen, como parte de un eventual proceso de negociación con las autoridades norteamericanas.

Saab es ante todo un comerciante, y no debe extrañar que intente mejorar su posición con el propósito de rebajar los años de prisión que le esperan, luego del debate oral en una corte de Florida.

Visto desde la lejanía, no cabe duda de que los abogados de Saab, liderados por el exjuez español Baltasar Garzón, supieron moverse en distintos planos para presionar por una decisión favorable. No obstante, ese énfasis en llevar el litigio al Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ya era un indicador sobre la perspectiva de un desenlace negativo en la justicia caboverdiana. Ahora, el régimen de Maduro se ve ante una encrucijada: continuar con la defensa pública de un hombre que podría volteárseles apenas llegue a suelo estadounidense o cesar esta campaña, que hasta conciertos musicales tuvo en medio de la pandemia. Es decir, el respaldo a Alex Saab fue, eventualmente, más importante que un posible repunte de la covid-19 en el país.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Expansión criminal (II/II), por Javier Ignacio Mayorca
Los operadores del régimen venezolano han adoptado nuevas estrategias para continuar los negocios y eludir la persecución internacional

 

@javiermayorca

Venezuela figura en el primer lugar entre los países con mayor percepción de corrupción en todas las américas, y entre los cinco peor evaluados en el mundo entero, de acuerdo con el índice presentado el 28 de enero por la organización Transparencia Internacional.

Este examen anual, fundamentado en un sondeo a empresarios e investigadores de cada país, reveló además que desde la llegada de Nicolás Maduro al poder Venezuela ha empeorado sus indicadores de percepción de corrupción, al punto de que solo Siria, Somalia y Sudán del Sur obtuvieron calificaciones más magras.

El informe presentado por TI indica que la corrupción generalizada en Venezuela no comenzó con Maduro, sino que se remonta a la época en la que gobernaba Hugo Chávez. Este sería “uno de los principales motivos de la crisis humanitaria actual”.

“La pandemia de covid-19 no solo ha profundizado la escasez de medicinas, suministros sanitarios y material esencial, sino que ha deteriorado la infraestructura hospitalaria. En las dos últimas décadas el país perdió más de 5000 millones de dólares por corrupción solamente en el sector sanitario. Este mal amenaza la vida y la salud de millones de venezolanos”, indica el documento.

Este es un punto clave, puesto que coloca el germen de la crisis sanitaria, y en general de la emergencia humanitaria compleja, en una etapa previa a la imposición masiva de sanciones desde el Departamento de Estado, la Unión Europea y algunos países como Canadá y Suiza.

De acuerdo con la directora del capítulo venezolano de TI, Mercedes de Freitas, con la agudización de las dificultades en lo económico y humanitario, el régimen venezolano ha expandido las prácticas corruptas hacia otros países, en la medida en que intenta eludir la persecución penal y las medidas restrictivas impuestas desde la comunidad internacional.

Una de esas naciones es México. Su presidente Andrés López Obrador mantiene relaciones fluidas con el gobierno venezolano, y se ha negado a reconocer la presidencia interina de Juan Guaidó, tal y como lo hicieron EE. UU. y otros 60 países.

Esta situación fue aprovechada para instalar una red encabezada por el empresario colombiano Alex Saab (designado embajador por Maduro) para eludir las restricciones a la comercialización de crudo venezolano y la compra de bienes para el sostenimiento del régimen.

En junio de 2020, el Departamento del Tesoro sancionó a la compañía Libre Abordo, perteneciente a Saab y a su socio Álvaro Pulido, registrada en México DF. Pero, de acuerdo con De Freitas, el Gobierno continúa importando desde ese país “alimentos con sobreprecios y de baja calidad”, utilizando para ello otras corporaciones.

Según la organización Global Financial Integrity, Venezuela fue el segundo mayor exportador de capitales ilícitos de todo el hemisferio occidental durante los primeros doce años del siglo. Solo era superado por México.

Esas prácticas continúan en la actualidad, aunque afectadas por la decadencia de la industria petrolera y las sanciones internacionales. Según la directora de TI Venezuela, el principal vehículo de estas transacciones ilegales sería el Fonden, una entidad usada para manejar el 62% de los recursos del Estado en 2019, sin controles ni supervisión.

Efecto expansivo

La salida de capitales ilegales venezolanos salpicó a numerosos países de las américas, Europa y Asia.

En la etapa incipiente, Venezuela continuaba generando suficientes recursos para alimentar su corrupción endógena, esencialmente a través de la renta petrolera. Los recursos salían en maletines con la bendición de sectores del oficialismo. Así quedó en evidencia cuando una policía bonaerense y modelo, que no participaba en la “ruta del dinero”, detectó la famosa valija con casi 800.000 dólares en poder del empresario Guido Antonini Wilson.

En la esfera internacional, los cazadores de capitales pronto se dieron cuenta de que Venezuela representaba una oportunidad para la obtención de jugosas ganancias. El régimen de cambio no era diferencial sino diferenciado en su aplicación: a la población en general, si acaso un cupo que servía a los propósitos de control de cierta clase media. Un trato radicalmente distinto tuvo el funcionariado, en especial el ligado a las adquisiciones.

Un caso emblemático fue el de la Banca Privada de Andorra, en sus dos capítulos. El primero, modesto en sus dimensiones económicas, involucró a dos oscuros asesores del ministerio de Finanzas, un exjefe policial y un hombre ligado a los intereses de una exmagistrada del Tribunal Supremo. El segundo capítulo, que se desarrollaba en forma simultánea al primero, tenía personajes de alta relevancia para el momento: Rafael Ramírez y su entorno, así como los primeros “bolichicos” enriquecidos con las adquisiciones para el fallido sistema eléctrico nacional.

Estos individuos, los de la segunda parte, se sabían amparados por el poder venezolano. Por esto vivían una vida dispendiosa en París, Roma y otras capitales europeas, donde las autoridades parecían dispuestas a voltear la mirada. Hasta que en 2015 el Departamento del Tesoro estadounidense alertó que la BPA servía como una especie de mezcladora de los capitales corruptos venezolanos con los de las mafias de Rusia y China. Estos casos (Andorra I y II) tienen repercusiones hasta el presente.

Recordemos que el gobierno venezolano ha solicitado a Italia la extradición de Rafael Ramírez y de otros elementos que se encuentran diseminados en ese país y en España. A esto se le llama “control de daños”.

Pero el expediente del principado europeo no ha sido el único.

En República Dominicana, por ejemplo, un grupo de inversionistas encabezado por José Luis Santoro y Gabriel Jiménez adquirió la mayoría accionaria del Banco Peravia en 2012. Dos años después, las autoridades de esa isla intervinieron a la entidad, y posteriormente, en 2015, ordenaron el arresto de su junta directiva al constatarse un fraude masivo y lavado de dinero.

“Esos directivos llegaron a Dominicana con dinero robado en Venezuela, y fueron recibidos con alfombra roja”, explicó el acusador privado de este caso, abogado César Amadeo Peralta.

Según el litigante, ese banco tenía el propósito de atraer capitales oscuros, y por eso su cartera crediticia era muy pequeña. En el juicio por el fraude participaron 32 víctimas de una lista mucho más grande de personas, cuyos depósitos se esfumaron.

Peralta indicó que la actitud del régimen venezolano ha sido de “protección total” hacia Santoro y sus cómplices. Uno de los solicitados, Gabriel Jiménez, se entregó en EE. UU., donde también lo requerían por conspiración para lavar dinero de Pdvsa. En esta actividad habría participado con el empresario Raúl Gorrín, de acuerdo con documentos del Departamento de Justicia. En noviembre de 2018 fue sentenciado a tres años de prisión. Pena leve, en virtud de su cooperación.

“Con ese dinero de Pdvsa, compraron el Peravia. Ahora esperamos que él termine de cumplir su sentencia en EE. UU., para que lo envíen a Dominicana”, afirmó el abogado.

Otro país impactado por el flujo de capitales ilícitos venezolanos ha sido España. Según el expresidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas, Carlos Tablante, los dineros de la corrupción venezolana “han entrado en el mercado inmobiliario y en el sector financiero de forma muy agresiva”.

Tablante permanece en ese país europeo en calidad de refugiado. Dijo que desde allí los dineros de la corrupción venezolana han sido distribuidos a bancos en Italia, Malta, Portugal, Andorra y Suiza, donde la agencia Bloomberg reportó el hallazgo de cuentas con fondos irregulares por diez millardos de dólares.

Observó que la persecución internacional a los viejos operadores del régimen ha propiciado el surgimiento de otros más jóvenes, muy cercanos al poder actual. El los llama los “nuevos bolichicos”.

Este grupo tiene una nueva área de expansión en el estado brasileño de Roraima, fronterizo con Bolívar, al sur del país. En ese territorio estarían coordinando operaciones de venta de oro del Arco Minero a cambio de reales brasileños, con los que posteriormente son adquiridos alimentos, medicinas y otros bienes para justificar aparentes operaciones de importación, con sobreprecios.

Esta criminalidad, organizada en torno a la exportación de capitales y distintas formas de enriquecimiento ilegal, es tan vasta que hace palidecer a la de los delincuentes comunes.

Pero estos últimos llaman mucho más la atención debido a sus comportamientos violentos. Cuando los detienen, suelen confesar en cámara. A los primeros, en cambio, solo se les extrae la información a cuentagotas. Por eso, esta es una historia de la que solo conocemos fracciones. José Ugaz escribió en el prólogo de Super red de corrupción en Venezuela (2021) que hasta el momento los ilícitos con el dinero nacional han suscitado 85 procesos en distintas jurisdicciones del mundo. Allí están los Papeles de Panamá, HSBC, Luxemburgo, Andrade, Ramírez, Villalobos, Salazar y cientos más.

Al margen de lo que eso significa para la búsqueda de justicia, es en esos expedientes donde se encuentra buena parte de la verdad que requiere el país para comprender, por ejemplo, por qué el 40 % de la población está pasando hambre.

Breves

* El artículo 92 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia confiere a los jueces de la materia ocho alternativas para la imposición de medidas cautelares a las personas señaladas de agresoras en un caso específico. En líneas generales, el sentido de estas medidas es resguardar la integridad física de la víctima, por una parte, y por la otra prevenir que la persona bajo investigación agreda a otras personas. El numeral séptimo de ese artículo, por ejemplo, prevé que se le imponga al presunto victimario “la obligación de asistir a un centro especializado en materia de violencia de género”. Pero una cosa es la letra, y otra la realidad.

Según reporta El Pitazo, el hombre detenido por las muertes de Eliannys Andreína Martínez (17 años) y Eduarlys Falcón (20 años), Nelson Antonio Torrealba Saavedra (38 años) tenía antecedentes por un delito sexual.

Sin embargo, se movilizaba sin restricción alguna en Turén. De acuerdo con el director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, este hombre actuó contra sus víctimas sin tener un conocimiento previo de ellas, simplemente llevado por ataques de ira. Torrealba era entonces un individuo que, bajo determinadas circunstancias, podía ser peligroso para la sociedad. Ese riesgo ya había sido constatado en un caso previo, y nada se hizo. Esta ausencia de actuación por parte de las instituciones debe ser revisada en profundidad.

* 3520 personas fueron detenidas en 2020 por delitos de tráfico, posesión y consumo de drogas. Esta cifra, conocida de manera extraoficial, representa una disminución con respecto a los años anteriores. Aun así, implica una carga importante para los ya saturados centros de detención del país. Los presos por delitos de drogas, en especial los señalados de tráfico o transporte de estas sustancias, son presas permanentes de la extorsión desde todos los flancos: jueces, fiscales, custodios, abogados. Tienen que pagar hasta por el agua que van a consumir y el suelo donde van a dormir. Estos casos generalmente no trascienden al conocimiento público.

Sin embargo, uno ha sido motivo de debate en el Parlamento de Curazao.

La historia comenzó en marzo del año pasado cuando efectivos de Guardacostas aprehendieron a cuatro isleños y a un venezolano que iba con ellos a comprar un cargamento de pescado en Aves de Sotavento. Primero, les elaboraron un expediente por “tráfico de materiales estratégicos”, puesto que llevaban bidones de diésel para poder hacer el viaje. Pero posteriormente añadieron cargos por tráfico de drogas, en virtud de una supuesta prueba de orientación (narcotest) aplicada a las lanchas. Los detenidos se habían adaptado a la vida en una estación de la PNB en Falcon, pues tenían la esperanza de una rápida solución, hasta que se les terminó el dinero en medio de una pandemia que mantiene paralizados a los tribunales. Entonces, comenzó en Curazao una colecta para pagar la manutención de los cinco detenidos por este caso. El asunto llegó incluso a oídos de la embajada del Reino de los Países Bajos, y en febrero enviaron a unos diplomáticos para constatar el estado de salud de los pescadores.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Expansión criminal (I/II), por Javier Ignacio Mayorca
Las grandes bandas del país han internacionalizado sus operaciones, ocultas en el éxodo masivo de los últimos años

 

@javiermayorca

El éxodo masivo propiciado por el régimen de Nicolás Maduro ha ocasionado una internacionalización de la criminalidad que antes se encontraba confinada en el territorio de Venezuela. En esta entrega se tratará solo el aspecto del delito violento, y se dejará el otro para la siguiente edición.

Desde la primera década del siglo XXI, Venezuela figura entre los países más peligrosos del hemisferio occidental. Así lo revelan los estudios periódicos del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV). En su última comparación, presentada el 29 de diciembre, Venezuela continúa como la nación más violenta de Latinoamérica, con una tasa de 45,6 muertes por cada 100.000 habitantes.

De igual forma, la ONG mexicana Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal ha advertido que tres de las ciudades con las mayores proporciones de homicidios por población del mundo están en Venezuela: Caracas, Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar.

Estos indicadores no son nuevos. De hecho, si son comparados con los que emitían esas mismas organizaciones hace una década sería fácil deducir que la criminalidad venezolana tarde o temprano se desparramaría por los países vecinos, e incluso iría más allá del Atlántico. Esta fue la idea central que se puso sobre el tapete en un trabajo publicado en este mismo espacio, en abril de 2016, titulado Hampa for export.

Desde entonces hasta el presente la expansión de la criminalidad violenta venezolana se ha agudizado, solapada entre las oleadas de emigrantes que huyen de la crisis humanitaria compleja. Según la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), han salido del país casi 5,5 millones de personas, contadas a partir de 2017.

La delincuencia violenta es la que más preocupa a los países anfitriones o de llegada. La otra criminalidad, la de cuello blanco, ya había expandido sus operaciones mucho antes que se verificara el éxodo masivo de venezolanos. Los discursos antiemigrantes que hemos escuchado últimamente en Perú, Chile y en la Bogotá de la “progre” Claudia López esgrimen como argumento la participación de venezolanos en delitos callejeros.

Les molestan los ladrones de joyerías, los asaltantes de turistas y los jíbaros del Bronx bogotano. Nada dicen sobre los capitales sucios que llegaron mucho antes a sus bancos, o que sirvieron para mantener a flote sus industrias.

Ese delito no golpea en la calle, pero sí se pasea por las escuelas de equitación y en los salones de subastas.

El caso más notable de expansión criminal violenta afuera del país ha sido el del llamado Tren de Aragua, una agrupación delictiva que tiene su epicentro en el internado judicial de Tocorón (Aragua). Su líder reconocido Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, es señalado como el principal reo de esa instalación, cuya población supera los 7000 reos. La banda comenzó en los primeros años del siglo XXI con el robo de vehículos, secuestros y extorsiones en el centro del país. En julio de 2020, autoridades peruanas reportaron la detención de uno de sus integrantes, cuando hacía planes para trasladarse a Venezuela para asesinar a dos personas y regresar a Lima.

De acuerdo con el director ejecutivo de InSightCrime, Jeremy McDermott, hay individuos o células de esta banda en Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, donde se dedican al tráfico de drogas, el sicariato y la extorsión a los emigrantes que intentan cruzar la frontera a través de los pasos informales, o trochas.

El 17 de diciembre, funcionarios de la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Fiscalía colombiana detuvieron en Medellín a Freddy González, señalado de ser el cabecilla de la organización aragueña en la ciudad fronteriza con San Antonio del Táchira. Según el reporte del rotativo La Opinión, González se había ocultado en la capital de Antioquia luego de matar a otro venezolano, en abril de 2020. En ese tiempo, cambió su aspecto físico dejándose la barba y aumentando notablemente de peso.

Colombia ha sido el país más impactado por el éxodo masivo desde Venezuela. Los 2200 kilómetros de frontera permiten un paso relativamente fácil de un lado a otro, ya sea cruzando los puentes internacionales o los caminos informales, dominados por organizaciones criminales. Según la autoridad migratoria de ese país, para finales de 2020 permanecían en territorio neogranadino 1,7 millones de venezolanos. De ellos, más de 900.000 se encuentran en situación irregular.

“La vulnerabilidad de los emigrantes se ha incrementado por la pandemia del covid-19, lo que ha potenciado el reclutamiento y la explotación de venezolanos por el crimen organizado”, explicó McDermott.

Pero el Tren de Aragua no es la única megabanda con presencia en el exterior. Según McDermott, dos grandes clanes surgidos en Zulia, los Leal y los Meleán, trasladaron sus conflictos a las ciudades colombianas de Bogotá y Barranquilla, dejando una estela de muertes en ambas ciudades. En noviembre de 2020, autoridades colombianas ultimaron al líder de la primera organización, Willy Meleán, durante un operativo en Bogotá. El ministro de la Defensa colombiano para el momento, Carlos Holmes (ya fallecido), indicó que Meleán tenía tres órdenes de captura cursadas a través de Interpol.

Uno de los grandes beneficiados por esta operación policial fue el sargento expulsado de la Guardia Nacional Erick Alberto Parra, alias Yeico Masacre, quien desde Colombia ha intentado apoderarse de los espacios de extorsión y sicariato que antes ocupaban los Meleán, tanto en ese país como en Zulia.

McDermott afirmó que una de las actividades con mayor incremento durante los últimos meses ha sido el uso de venezolanos como “pasadores” o mulas de droga hacia Venezuela. Luego, los alijos son consolidados en caletas ubicadas en territorio nacional y enviados con lanchas go fast hacia islas del Caribe como Aruba y República Dominicana, o hacia Europa, luego de ser entregadas a navegantes de buques de mayor calado.

Transformación del delito

Desde la publicación de Hampa for export en 2016 hasta ahora, algunos grupos de delincuentes comunes venezolanos han refinado sus actividades, tratando de aprovechar las oportunidades que planteaba el éxodo de sus connacionales, en un contexto de pandemia, tal y como lo observó la investigadora de la Universidad Católica del Táchira, Ana María Rondón.

Ya no se caracterizan solamente por ejecutar robos u homicidios. Ahora, tratan de intervenir en actividades más sofisticadas como el tráfico de emigrantes, a menudo en condiciones precarias.

En diciembre, el fiscal del régimen, Tarek William Saab, admitió que habían muerto 28 personas al zozobrar dos lanchas que hacían viajes clandestinos entre Güiria (estado Sucre) y el puerto de San Fernando, en Trinidad. Por este caso, permanecen detenidos siete efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y dos civiles, señalados de participar en la organización de tráfico de emigrantes.

En los límites con Colombia, desde 2018 los venezolanos disputan el control de algunos pasos informales o trochas. La situación es todavía caótica en esos caminos, lo que según el director de Fundaredes Javier Tarazona ha propiciado el asesinato de 39 personas solo en 2020. Otras seis han fallecido en lo que va de año.

Pero estos procesos de organización criminal en torno a los venezolanos aún no se han estabilizado, y probablemente tardarán mucho en llegar a ese nivel. Por ahora, la población venezolana en Colombia viene a ser la minoría extranjera más vulnerable. Las cifras del servicio de Medicina Legal de ese país revelan una violencia creciente contra los venezolanos. En 2019 murieron 367 emigrantes. En 2020 la cifra se elevó a 399. La pandemia no impidió que la violencia se elevara 8 % entre ambos años. Y en enero perdieron la vida otros 77.

Según el director del Observatorio Venezolano del Delito Organizado, sociólogo Luis Cedeño, “algunas redes han evolucionado y migrado de actividad, para aprovechar la vulnerabilidad de la población”.

Cada contexto amerita un análisis particular. En el caso de Güiria, afirmó Cedeño, se trata de organizaciones dedicadas al traslado de personas, que también podrían estar ligadas a la explotación sexual o laboral de los emigrantes en los países de destino.

Indicó que estas estructuras ilegales se han consolidado gracias a que Maduro se perpetúa en el poder.

“Maduro representa la estabilidad para este modelo criminal. Siempre habrá una relación de simbiosis o dependencia entre estos grupos e instancias del Estado”, advirtió.

Dijo que la admisión de lo ocurrido en Güiria y casos similares reportados entre Falcón y las Antillas Neerlandesas “deja al Gobierno sin excusas”, y probablemente lo obligue a actuar para mitigar una situación que lo expone negativamente ante la comunidad internacional.

“Sin embargo, por lo visto sabemos que la estabilidad del gobierno representa la estabilidad para estas redes”, concluyó.

Breves

Por lo menos cincuenta personas murieron linchadas en Venezuela durante 2020. Las cifras de la policía judicial, conocidas extraoficialmente, indican que la mayoría de los casos ocurrió en Bolívar (14), Monagas (9) y Anzoátegui (6). En el municipio Libertador de Caracas fueron contados cinco casos, que tuvieron escasa visibilidad en virtud de las limitaciones impuestas al trabajo periodístico. En los linchamientos, un grupo de personas arremete contra un individuo, y lo golpea y hiere hasta quitarle la vida. Generalmente, son hechos poco planificados e impregnados de iracundia hacia una persona que es percibida por los agresores como responsable de delitos atroces, como violaciones o asesinatos de víctimas indefensas.

Los linchamientos son estimulados por la impunidad.

Y eso va en dos vías: la percepción de que los órganos de justicia no serán efectivos para sacar de las calles a un delincuente, e igualmente la convicción de que nadie será responsabilizado si ese delincuente es ultimado mediante una acción colectiva. En 2020, los linchamientos representaron el 1,05 % del total de homicidios (sin contar los casos de “resistencia a la autoridad”), mientras que en 2019 fueron 0,78 % del total. En otras palabras, el peso estadístico de los linchamientos se incrementó el año pasado, a pesar de la pandemia, o quizá gracias a ella.

Una corte estadounidense acogió la moción del hijo de una víctima de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el sentido de que le sea pagada una compensación por daños y perjuicios contra fondos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) congelados en la banca de ese país. La decisión fue emitida el 20 de diciembre de 2020 por el magistrado de la Corte del Distrito Oeste de Nueva York Lawrence Vilardo, quien consideró debidamente probado el hecho de que la estatal petrolera venezolana es un instrumento de la guerrilla colombiana, según los extremos fijados por el Acta de Seguros contra Riesgos del Terrorismo (TRIA, por sus siglas en inglés). Este proceso empezó en 2012, cuando Antonio Caballero demandó en un juzgado de Florida al referido grupo subversivo, e igualmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al cartel del Norte del Valle por el secuestro, las torturas y el asesinato de su papá homónimo, en 1999. En mayo de 2020, el juez distrital Michael Moore sentenció que Caballero podría recibir una compensación de 45 millones de dólares. Luego, el propio demandante movió el proceso a la corte neoyorkina para hacer efectiva la decisión emitida en Florida, a sabiendas de que unos fondos de Pdvsa permanecen congelados en el M&T Bank Corporation de Buffalo.

En su solicitud, Caballero consignó testimonios de expertos como el investigador Douglas Farah, quien reveló ante una comisión del Senado de ese país que dos subsidiarias de Pdvsa, Albanisa de Nicaragua y Alba Petróleos de El Salvador son “elementos clave en la estructura financiera internacional de las FARC”.

En el expediente, además, se consigna una declaración jurada de Joseph McBrian, un exdirector de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) quien señaló que fueron usados fondos de Pdvsa para adquirir armas de China, y que parte de ese cargamento fue entregado a las FARC. “Pdvsa es, por ende, un instrumento de las FARC”, sentenció el juez Vilardo.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Los “buenandros”, por Javier Ignacio Mayorca
La permanencia de bandas como las del Coqui y Wilexys no solo es consecuencia de la ineficacia policial para imponer la ley. Son individuos que han sabido ganarse a una parte de las comunidades donde operan, y cambiar parcialmente la imagen de malandros

 

@javiermayorca

El domingo 18 de octubre ocurrió un hecho cuya importancia debe ser anotada. Ese día, residentes del conjunto Paraíso Plaza tomaron la avenida Páez para hacer pública una solicitud al líder de la banda que opera en la Cota 905, Carlos Luis Revette, para que detenga las invasiones de áreas verdes.

Los vecinos, provistos con pequeños carteles, solicitaron el concurso de alias “Coqui” ante la inoperancia de los cuerpos de aplicación de las leyes.

Este incidente pone de manifiesto que los delincuentes no solo roban, secuestran y matan. Llega un momento en que desarrollan un grado tal de control sobre su entorno que se convierten en la instancia a la que voltean todas las miradas cuando un problema parece insoluble.

Buenandros, crímenes sin castigo. Por Javier Ignacio Mayorca
Residentes del conjunto Paraíso Plaza tomaron la avenida Páez para hacer pública una solicitud al líder de la banda que opera en la Cota 905, Carlos Luis Revette. Foto en Crímenes sin Castigo

Lo sucedido con los residentes de Paraíso Plaza no es algo que surgiera de la nada. Por el contrario, se trata de un paso lógico dentro de un proceso sobre el cual no existe mucha documentación. Lo que sabemos hasta el momento es que Revette y su grupo, además de todas las cosas ya reportadas en las páginas de sucesos, han logrado cierto nivel de aceptación a lo interno de esa populosa comunidad, ubicada en el corazón del municipio Libertador.

Un trabajador social de la zona lo explica en los siguientes términos: “Nuestra experiencia a veces pasa por la intimidación, pero la mayoría de las veces ellos han respetado nuestro trabajo”.

Revette y su banda, además, despliegan ciertos programas de acción comunitaria. No solo se trata de entregar alimentos a familias necesitadas de la parroquia.

“Hemos visto que en diciembre entregan regalos, y que resuelven algunos temas que se plantean en la comunidad. Hay allí todo un dominio de lo que sucede en la zona”, afirmó.

Como cuestiones puntuales, la organización del Coqui también contribuye con el pago de los funerales, no solo de los integrantes de su banda, sino del entorno comunitario. Y en oportunidades, de acuerdo con este testimonio, se le ha visto entregando medicinas. Súmese a eso las multitudinarias fiestas que tienen su epicentro en canchas múltiples del sector, y se verá la faceta de un individuo que, aun figurando en la lista de los “más buscados”, no pierde la oportunidad de colaborar con su vecindario.

Algunos expertos llaman a este fenómeno “gobernanza criminal”. Aunque esta expresión abarca un amplio conjunto de situaciones, en el caso de la Cota 905, “el Coqui ha sustituido al Estado y se ha convertido en ley”, de acuerdo con el abogado Luis Izquiel.

Según el coautor del libro Revolución de la muerte, las comunidades sienten que individuos como Revette, que han logrado importantes avances en el mundo delictivo, pueden ser capaces de defenderlas, y resolver por ejemplo incidentes como el de las invasiones.

“Los códigos o normas que imponen estas bandas impiden además que delincuentes de menor jerarquía operen en las zonas de influencia. Y es que el verdadero negocio de estos prames no está en el barrio”, explicó.

Al lograr cierto respaldo social, el delincuente puede asegurarse la continuidad de sus operaciones ilegales, e incluso extenderlas a otros rubros.

Este fue el caso del líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Aún hoy en día, a más de veintisiete años de su muerte, el hombre que puso en jaque al Estado colombiano con una ola de violencia urbana que parecía no tener pausa, es venerado en el barrio de la urbe antioqueña que lleva su nombre, y que él contribuyó a reformar desde sus cimientos.

Algo similar sucede con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en su natal Badiraguato (México). Esto llevó al autor Malcolm Beith (2010) a calificar al patrón de Sinaloa como un “seductor”, que creaba la apariencia de ser el protector de la gente, en especial los más desposeídos. Debido a este carácter, “todos dentro de su red se identificaban con él”.

Esto hace que la imagen de los malandros cambie radicalmente en sus entornos más cercanos en la medida en que logran mayores niveles de organización, para transformarse así en buenandros, un calificativo que alguna vez usó Hugo Chávez, y que recogió Maduro durante su primera campaña por la presidencia.

Al hurgar un poco en la realidad del país nos daremos cuenta de que Coqui no es el único en este grupo. En Falcón, alias Chichí Smith había institucionalizado su estructura para ayudar a la población de Carirubana, mediante una fundación que lleva el nombre de su mamá, Carmen Martínez. Y mientras tanto, continuaba enviando toneladas de cocaína al exterior. Cuando la PNB y la GN allanaron las oficinas de la entidad benéfica, los pobladores manifestaron en contra e intentaron entorpecer el operativo.

En otros momentos, el Turco Walid Makled y su hermano Abdalá fueron famosos en Valencia y Puerto Cabello por la entrega de enseres y comida a personas humildes, y otras que no lo eran tanto. Al oriente venezolano, en Carúpano, el sargento expulsado de la Guardia Nacional Aurelio Yeyo Labrador Aristimuño ganaba aceptación social por sus ferias de alimentación, que en diciembre se transformaban en los denominados “hallacazos”. Todos comían, y en 2007 eran tantos los elogios que el hombre creyó que podría ganar la alcaldía de la ciudad sucrense, solo con el respaldo financiero de sus amigos traficantes.

Yeyo no tuvo “narcocorrido”, pero sí un vallenato que alguna vez le cantó Dionisio Díaz, el hijo de Diomedes:

Es un hombre solidario /  Le da la mano a la gente, / Ayuda al necesitado / Y la Virgen lo ayuda a él. / No es porque sea mi compadre / Pero es muy inteligente / Si se lanza para alcalde / Yo voy a votar por él.

Labrador no pudo lanzarse pues lo asesinaron unos sicarios. Su entierro paralizó la ciudad oriental. Lo mismo que sucedió en Falcón cuando otros matones a sueldo eliminaron a Simón Álvarez.

En Caracas, la lista de buenandros no se restringe solo al Coqui. Al este de la ciudad está el feudo de Wilexys Acevedo. Una comerciante en José Félix Ribas se sorprendió al conocerlo. Cuando llegó en sus camionetas de alta gama al local, creyó que iban a extorsionarla. Pero el hombre le solicitó, personalmente y de buena manera, alimentos para una jornada social. Y mientras tanto, lo que fue uno de los sectores más peligrosos de toda América Latina ha logrado cierto orden.

A Wilexys no lo han capturado por esa aceptación social. Hay vecinos de José Félix Ribas que me han dicho que tienen miedo de volver a la anarquía previa. Desde que llegó, hay una paz en el barrio. Es el malandro mayor”, explicó Izquiel.

Breves

Una disputa por el control del territorio entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) está a punto de ocasionar un nuevo brote de violencia armada en el municipio Convención, ubicado apenas a 78 kilómetros de la frontera con Venezuela. Un comunicado emitido el 13 de enero por el frente 33 de las FARC reconoce que uno de sus integrantes murió durante un enfrentamiento a tiros con elementos del EPL, a quienes calificaron de “extorsionistas”. En el documento, este frente de la disidencia del grupo armado, liderado por alias Darwin, declaró “objetivo militar” a los integrantes del EPL. Cuatro días después, este grupo admitió la referida muerte durante un cruce de fuego, pero indicó que todo fue producto de “hechos fortuitos”, acaecidos durante la recaudación del denominado “impuesto de guerra”, mediante el cual se logra el “sostenimiento del proceso revolucionario”.

En ese punto, la respuesta del EPL advirtió que también mantienen un conflicto con el ELN, “que en nada beneficia al proyecto insurgente”. ¿Por qué estas tres guerrillas se disputan ese sector, fronterizo con Venezuela?

De acuerdo con el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos, en Norte de Santander está casi el 10 % de toda la coca sembrada en Colombia. Hay tanta que los carteles han venido contratando a “raspachines” venezolanos para participar en las tres cosechas anuales. El control sobre esos espacios reporta a los grupos armados importantes ganancias por concepto de “gramaje”, que es un impuesto a las siembras de coca. A cambio, ellos ofrecen la seguridad que el Estado colombiano no puede proveer en esas localidades remotas.

El Ministerio Público pareciera descartar la existencia de una supuesta “pandemia” de violencia contra la mujer. Según cifras de ese despacho, entregadas recientemente al Ejecutivo, entre 2014 y 2018 las denuncias de violencia de género han disminuido de manera consistente. De acuerdo con esta serie estadística, hace siete años fueron iniciados 95.956 casos. En 2018, el total había descendido a menos de la mitad (48.415). En 2019, se proyectaba un total cercano a las 30.000 denuncias, lo que reafirmaría la tendencia de los períodos anteriores.

En cuanto a las medidas de protección ordenadas por los juzgados de la materia, 2017 fue el año con mayor actividad. Hubo 86.889 decisiones que intentaban resguardar a las víctimas. En los años posteriores, fueron disminuyendo en forma constante. En 2020, año signado por el confinamiento a propósito de la pandemia de covid-19, murieron 477 personas de sexo femenino por la acción de terceros. Esto equivale al 10 % del total de homicidios, por causas distintas a la llamada “resistencia a la autoridad”. Es el mismo porcentaje que hubo en 2019.

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Crímenes sin Castigo | La privatización de la seguridad, por Javier Ignacio Mayorca
El incremento explosivo de la extorsión en 2020 revela la creciente incapacidad del Estado para cumplir con una de sus misiones fundamentales

 

@javiermayorca

En la entrega anterior se adelantó que el comportamiento de la extorsión en el país durante 2020 ameritaba una consideración especial, tomando en cuenta el notable incremento en el número de denuncias recibidas y procesadas por los cuerpos de seguridad, en el contexto de la prolongada cuarentena.

La extorsión -así como la concusión- no es un delito cualquiera. Se trata, por decirlo así, de la evidencia más palpable sobre la existencia de estructuras criminales que avanzan en su proceso de organización y crecimiento. En la extorsión, estos grupos ofrecen un valor preciado, como es la seguridad, a cambio de un pago. En este sentido, cuando la extorsión llega a los niveles que hemos visto en el país, nos indica que estamos ante procesos de suplantación del Estado en su función primordial.

La principal herramienta de la extorsión es la amenaza. En su historia de la Cosa Nostra, John Dickie (2006) recuerda que los mafiosos sicilianos eran antes que todo “empresarios de la violencia”, la factual y también la que se asoma, quizá apenas con un gesto o un breve mensaje, expresado en términos elusivos. En la isla del sur italiano, abandonada por la capital, el verdadero poder lo ejercía esta estructura criminal. Y aunque parezca insólito, por mucho tiempo su fuente primordial de recursos no fue el tráfico de drogas sino el cobro por seguridad, o pizzo.

La extorsión es además un delito esencialmente discriminador. Las víctimas son aquellas personas o empresas que, a los ojos de los criminales, pueden pagar por la prolongación de su tranquilidad.

Entonces, quienes no pueden hacerlo quedan a expensas de los delincuentes, puesto que en esos lugares las fuerzas de la ley son vistas como impotentes, ineficaces, cómplices o todo esto al mismo tiempo. Al pagar, ya sea por temor o conveniencia, se concreta una relación entre privados, una especie de contrato verbal, de riguroso cumplimiento.

De la PNB a Yeico Masacre

El llamado Socialismo del Siglo XXI tenía entre sus propósitos la concentración de la mayor cantidad de poder en el Estado, y en específico del gobierno central. La Constitución del 99 fue un punto de partida imperfecto. Hugo Chávez lo sabía, y por eso intentó su reescritura ocho años después. Como no tuvo éxito, optó por un esquema de gradualidad, que Maduro ha continuado.

En el plano de la seguridad ciudadana, la tendencia centralizadora y estatista tuvo una primera expresión en la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, implantada mediante decreto habilitante en 2008. En su exposición de motivos, el Chávez-legislador manifestó su rechazo hacia las tendencias privatizadoras en esta materia. Pero no lo hacía por atenerse a un plan diseñado con anterioridad, sino por temor a que se formaran en Venezuela grupos paramilitares como los que proliferaron en Colombia, a la sombra de las llamadas Convivir, cooperativas de seguridad que contaron en su momento con respaldo de Bogotá.

La idea del teniente coronel, tomada luego por Maduro, fue avanzar en lo posible en la suplantación de las policías regionales y municipales -heredadas del proceso descentralizador- por un cuerpo regido desde Caracas, eliminando en el camino cualquier matiz ideológico.

El proyecto, en algún momento evaluado durante la gestión del general Reverol en Relaciones Interiores, fue plegar estos cuerpos a la PNB, para que todos fuesen “revolucionarios, socialistas y profundamente chavistas”.

La iniciativa no tuvo éxito, entre otras razones, porque ya se percibía la imposibilidad de asumir una nómina de más de 120.000 hombres, cuando en ese momento eran unos 26.000.

Las policías quedaron entonces como una carga muy pesada, y al garete. Sus agentes, abandonados a la buena de Dios, con ingresos mensuales que en promedio no llegan a los cinco dólares y sin seguridad social efectiva. Por eso, no debe extrañar el progresivo abandono de las calles por parte de los uniformados. La iniciativa anunciada por la almirante Meléndez, en cuanto a la rápida graduación de 30.000 nuevos agentes, solo confirma que el pie de fuerza de los cuerpos preventivos ha mermado como mínimo en 25 %.

En medio de este deslave policial, uno sospecha que los agentes restantes se mantienen allí gracias a ciertos incentivos: porcentajes o comisiones por multas o remolques de vehículos; el cobro de paso preferencial en estaciones de servicio; la posibilidad de “liberar” más tiempo y así poder trabajar como escoltas, armados y con chapa, y jefes que se hagan de la vista gorda cuando los subalternos trabajan como “parceleros” en las horas de cierre de automercados y panaderías, por citar solo algunos factores, presenciados directamente.

Al final, el agente de aplicación de la ley termina saliéndose de las restricciones que impone la pertenencia a un cuerpo uniformado, y en cierta forma se equipara a grupos como el de Yeico Masacre, que exigen pagos a cambio de tranquilidad.

En 2020 fueron iniciados 394 expedientes por extorsión o por concusión, un delito muy parecido al primero, en el que la solicitud de pago se hace de manera solapada, tal y como lo relató a Efecto Cocuyo un hombre que viajó desde Bolívar a Caracas, y se topó con un PNB que le pidió “colaboración” para el pan, a pesar de que ya le había entregado 400.000 bolívares en efectivo.

Estos episodios pueden formar parte de relatos periodísticos, pero rara vez son consignados en denuncias formales. La mayoría de las extorsiones queda en las llamadas cifras negras, alimentadas por el miedo que suscita la posibilidad de ser objetivo de una violencia mayor. Por todos estos factores, el incremento de 90 % en la extorsión con respecto al año anterior debe ser tomado como un punto de alerta y una señal sobre el estado de inseguridad que atraviesa la ciudadanía. Y es también una prueba de la disolución progresiva del Estado.

Breves

Entre las 9050 víctimas de homicidio reportadas en 2020 en Venezuela, 174 fueron funcionarios policiales o militares -activos o jubilados-, así como escoltas o vigilantes. Según registros conocidos extraoficialmente, ninguno de ellos fue ultimado en el ejercicio de sus funciones, sino en el contexto de robos, ajustes de cuentas, riñas e incluso ataques por sicarios. Pero el motivo más frecuente fue la resistencia al robo, con 82 casos, lo que equivale al 47 % de las víctimas de este selecto grupo. Las muertes en el ejercicio de las funciones fueron mucho menos frecuentes. De acuerdo con estos datos, hubo 46 funcionarios fallecidos en el cumplimiento del deber durante 2020.

Sin embargo, en esta lista se confunden los nombres de aquellos que intentaron actuar en forma correcta con los que usaban el uniforme para beneficio de organizaciones criminales, tal y como sucedió el 14 de noviembre durante el rescate de una víctima de secuestro.

En este caso, efectivos de la policía judicial se enfrentaron a tiros contra funcionarios de ese mismo cuerpo, en la calle principal de Lomas de Urdaneta. Sin lugar a dudas, el suceso que arrojó la mayor cantidad de uniformados caídos ocurrió en el sector La Charca de Apure, el 19 de septiembre, cuando un grupo de acciones especiales adscrito a la 92 Brigada Caribe se enfrentó con insurgentes del Frente 10 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tenía cautivo en ese lugar al hermano de un exgobernador del departamento colombiano de Arauca. Cuatro militares murieron en este incidente.

El Risk Awareness Council se define como una organización sin fines de lucro basada en Florida y dedicada al estudio y la divulgación de conocimiento sobre riesgos políticos y de seguridad. En enero, divulgó un documento denominado Esto es Venezuela: entre la estabilización y la amenaza de un estado en disolución. Sus autores (Carlos Blanco, José Arocha y Alberto Ray) plantean una caracterización del régimen liderado por Nicolás Maduro como “un ensamblaje reticular y dinámico, que opera en un delicado equilibrio binario de pesos y contrapesos de sus estructuras de mando”, cuyos recursos en este momento estarían destinados por completo a la preservación del poder.

“Ha fraccionado el territorio dándolo en comodato a organizaciones criminales que lo explotan en una dinámica sinergia”.

Según este análisis, la cesión de parcelas a tales estructuras al margen de la ley no implica la pérdida de control. Por el contrario, detrás del caos aparente, ocasionado por una feudalización del país, subyace un “esquema cooperativo” entre los que rigen en los distintos lugares (FARC en el Sur del Lago de Maracaibo, el ELN en enclaves mineros de Bolívar o Amazonas, el Tren de Aragua o la megabanda del Coqui) y la élite gobernante. Se trata de una descripción interesante, que contribuiría a explicar por qué el régimen ha mostrado tanta capacidad para eludir y recuperarse de los golpes, en medio de una crisis devastadora. Los autores, por otra parte, son poco optimistas en cuanto a la posibilidad de una salida negociada. Por el contrario, sostienen que eso estabilizaría al régimen e incrementaría el riesgo de la internacionalización del conflicto.

Para comunicarse con el autor de esta columna, enviar informaciones, datos o relatos sobre la criminalidad del país, puede escribir al correo electrónico [email protected], o enviar mensajes directos a las cuentas TW @javiermayorca e IG @crimenessincastigo.

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Crímenes sin Castigo | Venezuela: la adaptación del hampa, por Javier Ignacio Mayorca
La cuarentena implantada por el Ejecutivo alteró la vida de los venezolanos de bien, y también la de los delincuentes. El delito no desapareció: se reconvirtió y se hizo más astuto

 

@javiermayorca

Dentro de todo lo decepcionante que pudo ser el año recién finalizado, hay un dato que quizá contribuya a generar alguna esperanza: para el 31 de diciembre, el país contabilizaba 9050 homicidios.

Esta cifra, conocida extraoficialmente, incluye las muertes ocasionadas por funcionarios policiales o militares, en episodios conocidos como “resistencia a la autoridad”. En países como Japón o Noruega, podría ser escandalosa. Aquí, representa una vuelta a los niveles que existían en 2002.

Ya el Observatorio Venezolano de la Violencia había notado el impacto que tuvo la prolongada cuarentena, implantada incluso antes de que se admitiese la llegada del primer caso de covid-19 en el país. Tomemos en cuenta, por ejemplo, la cifra de muertes reportada en 2015 (27.875), y nos percataremos de que, a la vuelta de cinco años, hubo una reducción de aproximadamente 60 %.

Es tiempo de buscar algunas explicaciones. Desde luego que la matanza sistemática de individuos con antecedentes ha tenido algún impacto. No solo los han eliminado físicamente, sino que muchos de los sobrevivientes buscaron refugio en otras latitudes, en lo que alguna vez fue denominado “efecto cucaracha”. También el éxodo masivo de venezolanos ha influido. Si atendemos a las cifras de Acnur, para 2021 habrá salido de Venezuela aproximadamente el 20% de la población reconocida en 2015.

La matanza sistemática y la diáspora son algunos factores a tomar en consideración para explicar la reducción de las muertes violentas. Pero no son los únicos.

Dice Emile Durkheim que el delito es una característica normal de la sociedad, algo “ligado a las condiciones fundamentales de toda vida social”. Por lo tanto, no podrá ser eliminado totalmente. Como sucede con la energía, solo se transforma, adquiere nuevos matices ante determinadas circunstancias. El problema está en disponer de las herramientas para conocer hacia dónde se orienta.

En el caso de la Venezuela de 2020, un factor crucial fue el confinamiento. La obligatoriedad de permanecer en las viviendas o en sus alrededores aminoró la frecuencia de los homicidios hasta llegar, en septiembre, a la cifra más baja, que fue de 355 víctimas. Simultáneamente, los cuerpos policiales y militares pudieron hacer más efectivo el control y la localización de sus objetivos. En el segundo trimestre del año, mataron a un promedio de 490 personas al mes, erigiéndose de esta forma en el actor violento más importante.

En el tercer trimestre del año pasado, el promedio de homicidios ocasionados por bandas, delincuentes solitarios, gente celosa y en fin actores civiles subió un poco y se equiparó con el de los cuerpos uniformados. En ambos “bandos”, la cifra fue de 362 promedio mensual.

Nuevamente, las explicaciones deben ser encontradas en una conjunción de factores. En septiembre, las policías y los componentes militares tuvieron un dramático descenso en su actividad letal. Esto coincide con la divulgación del informe del grupo de Determinación de Hechos de la ONU, que reveló la existencia de un patrón de violencia estimulada desde las más altas esferas gubernamentales, en lo que describió como “luz verde para matar”. El cese de estas prácticas sería una especie de desmentido silente, pero también una admisión de lo hecho.

Mientras tanto, del otro lado, la delincuencia comenzaba a adaptarse a los lapsos de “flexibilización”, aprovechando la mayor oportunidad para el delito que venía con el incremento en la circulación de personas. Con ello también se elevó el promedio de homicidios, hasta 385 víctimas mensuales.

Se debe recordar que el Ejecutivo aflojó la orden de confinamiento puesto que la economía venezolana se encontraba -y aún permanece- postrada, pero era necesario incrementar la actividad callejera, dar la sensación de cierta recuperación, con miras en la elección parlamentaria.

Una vez logrado el objetivo, Maduro ordenó la vuelta al tono que predominó hasta noviembre, y probablemente intentará mantenerlo así hasta que le convenga. Ya The Economist explicó cómo la pandemia ha servido para el reforzamiento de los regímenes autoritarios en todo el mundo.

Los delincuentes, sin embargo, entendieron que la cuarentena no necesariamente implica pérdidas, siempre y cuando fuesen capaces de “reconvertirse” y aprovecharla. Las formas que ha adoptado el delito en el país quizá no puedan ser medidas con precisión, basados exclusivamente en estadísticas oficiales, que siempre son fragmentadas y construidas a conveniencia. Pero es muy probable que en estas circunstancias los más astutos lograrían mantenerse. Esto explicaría por qué las denuncias de fraudes y delitos asociados se incrementaron en más de 60 % con respecto a 2019.

Lo mismo ha ocurrido con las extorsiones. Para amedrentar a una persona, no es necesario salir de la casa, o de la cárcel. El “distanciamiento social” puede conservarse, y aun así la amenaza llega, ya sea en la forma de un mensaje de WhatsApp, el estallido de una granada en la fachada de la casa o del negocio, o tiros de fusil.

Por eso, en un contexto de reducción general de los homicidios, la extorsión (y su delito primo hermano, la concusión) aumentó en 90 %. Sobre este punto, se profundizará en una entrega posterior.

En condiciones de normalidad, las estafas y las extorsiones raras veces son denunciadas. En pandemia, las víctimas cuentan con el pretexto ideal para no acudir a las autoridades. Mucho menos las venezolanas, que inspiran la menor confianza en toda Latinoamérica, según la encuesta Gallup sobre Ley y Orden. Por lo tanto, el enorme crecimiento en las denuncias sobre estas actividades resulta altamente significativo.

Quizá es muy temprano para trazar una conclusión definitiva sobre este tema. No obstante, los datos puestos sobre la mesa sugieren que el delito en general no disminuyó su frecuencia. Algunas manifestaciones particulares, como el homicidio y cierto tipo de lesiones, tuvieron mermas momentáneas. Mientras tanto, otras actividades ilegales han ido en pleno crecimiento, en las sombras y ajenas a todo escrutinio oficial.

Breves

¿Cómo pasaron los presos políticos las festividades de Navidad y Año Nuevo? Una consulta a fuentes con acceso al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) indica que el régimen dispensó un trato diferenciado a los 350 detenidos por razones de conciencia (cifra del Foro Penal). La situación fue más evidente en los calabozos del Helicoide. Allí permanecen aproximadamente 150 personas.

En la Nochebuena, las puertas se abrieron para que los detenidos confraternizaran entre ellos. Hubo reuniones en celdas y pasillos, excepto para los implicados en la Operación Gedeón (60).

A los militares estadounidenses de la contratista Silvercorp, Franklin Durán, Baduel hijo y los demás los pusieron a “comer candado”, expresión usada allí para aquellos obligados a permanecer tras las rejas, día y noche. Era orden superior. No hubo conflicto con los custodios, que además son funcionarios recién llegados. En la Dgcim Boleíta la cosa fue distinta. De las concesiones hechas a propósito de la visita de la comisión Bachelet solo queda el derecho a hacer llamadas de cinco minutos, una vez a la semana. Cada quince días, los detenidos son llevados a un patio interno para que tomen sol. “Durante la actividad, que tiene duración de 30 minutos, los presos son obligados a participar en un video, que realizan los custodios para dejar constancia de los ‘minutos de esparcimiento’. Los presos deben llevar dos o tres franelas diferentes, para ser grabados el mismo día, simulando que se trata de fechas distintas”, reveló un oficial con acceso a esa instalación. Para colmo, en las festividades navideñas llevaron a un cura a oficiar misas con alto contenido político. “Durante la homilía, el sacerdote llamó la atención de los presos, y los invitó a reflexionar en torno a los ‘errores y pecados’ cometidos en contra del Gobierno”, recordó. Aquellos que alzaron su voz ante el religioso fueron castigados.

Durante 2020 la violencia no cesó en las cárceles y retenes policiales del país, a pesar del interés gubernamental por invisibilizarla. Esto queda en evidencia cuando se intenta buscar un registro oficial sobre el saldo final de la masacre en el Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), en Portuguesa. De ello, solamente hay una información emitida el 4 de mayo por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, en la voz de Carolina Girón, según la cual hubo 47 fallecidos y 75 heridos. Se desconoce si alguno de los lesionados murió con posterioridad. Mientras tanto, las cifras del régimen conocidas extraoficialmente solo admiten 108 decesos en 84 incidentes. Esto da un total de 155 víctimas. Pero esta cifra solo da una noción parcial, puesto que no precisa cuántos cadáveres quedaron en las calles del país, a propósito de la aplicación de la famosa “ley de fuga”.

En marzo, por ejemplo, el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidente (Redi Occidente), mayor general Ovidio Delgado, informó sobre las muertes de 35 sujetos que habían escapado de la cárcel de San Carlos del Zulia. Así hubo casos en Falcón, Guárico, Miranda y otros estados. En 2020, según los datos extraoficiales, murieron presos en instalaciones de 19 estados. Pero el más violento de todos fue Aragua, donde ocurrieron 37 episodios en los internados de Tocorón, Alayón y en el retén de la policía municipal de Zamora. Todas estas muertes fueron ocasionadas por el uso de armas de fuego.

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Crímenes sin Castigo | El informe del Senado, por Javier Ignacio Mayorca
La cámara alta del parlamento estadounidense divulgó un reporte que podría cambiar los parámetros aplicados para la llamada “guerra contra las drogas”, desde que fue declarada por primera vez, en 1971

 

@javiermayorca

El 1 de diciembre, una comisión bipartidista del Senado estadounidense presentó un informe con una detallada revisión sobre los resultados arrojados hasta el momento por la llamada “guerra contra las drogas”.

Podría decirse que este reporte constituye el primer paso hacia la superación de un proceso iniciado en 1971, con la declaratoria del entonces presidente Richard Nixon, y renovado veinte años después, con la cruzada conocida mediante el lema: “Simplemente, di no” (Just say no), tan famoso como inútil para disuadir a la población joven de incorporarse a la tropa de consumidores de estupefacientes.

Efectivamente, en una democracia como la estadounidense, donde el Parlamento juega un papel fundamental, este documento de 117 páginas seguramente tendrá impactos en distintos sentidos. Algunos serán percibidos solamente fronteras adentro de los EE. UU. Otros, podrían implicar algunos cambios en la política internacional y las relaciones de Washington con los vecinos latinoamericanos, altamente influidas por los temas vinculados a la lucha contra la producción y el tráfico de drogas ilegales.

Ambas dimensiones (la interna y la internacional) están entrelazadas. Por ejemplo, es muy difícil proyectar una imagen dura contra las drogas ante la comunidad internacional cuando 35 estados de la unión han aprobado mediante referéndum e instrumentado el uso medicinal de la marihuana; quince han ido más allá, al autorizar el consumo de esta hierba con fines recreativos; otros seis estados dieron luz verde a la despenalización en cuanto al uso o la posesión de porciones de cannabis, y finalmente Oregon ha ido todavía más lejos, al impedir la persecución penal contra los usuarios de cualquier droga, por el solo hecho de consumirlas o tenerlas.

Estados Unidos se percató de que, como decía Naím, la “guerra contra las drogas” es una causa perdida, por lo menos en los términos en que fue planteada inicialmente. En su territorio, los costos han sido enormes. Según el reporte del Senado, las muertes por sobredosis de heroína y otros opiáceos, así como sustancias sintéticas, han sobrepasado las 70.000 en 2019. Todo un récord. Mientras tanto las cárceles se han llenado de individuos señalados por posesión o consumo de drogas. Algo que, por cierto, también sucede en Venezuela.

Por otra parte, la lucha de policías y militares por sacar de circulación tanto a las drogas como a los traficantes tiene escaso impacto en los precios finales de estas sustancias, es decir, lo que pagan los consumidores por sus dosis. Según el estudio parlamentario, estos precios han mostrado un crecimiento inercial, que poco o nada se relaciona con el resultado de las operaciones policiales o militares.

Colombia, México y Venezuela

Pero el informe de la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental contiene importantes recomendaciones, que posiblemente servirán para cambios en la estrategia internacional de la nueva administración estadounidense.

En primer lugar, se aconseja la superación del esquema de certificación unilateral en materia de drogas, y su reemplazo por un esquema en el que participen varios países. Esto no es muy complicado, pues ya lo hace un grupo especial de la Organización de Estados Americanos. Se llama Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM). Se debe observar, sin embargo, que para EE. UU. la certificación en materia de drogas tiene un basamento legal, pues se exige como requisito para el otorgamiento de fondos que financien los planes de cooperación en esta materia. Llegar a un nuevo orden no debería ser excesivamente tortuoso, tomando en cuenta que el informe surge del consenso de los dos grandes partidos.

Esto no quiere decir que EE. UU. abandonará los esfuerzos para impedir el flujo de drogas desde los países productores y de tránsito. Lo que sugiere la comisión del Senado es una aproximación más diplomática y menos policial o militar, basada en acuerdos bilaterales, con objetivos alcanzables en el corto plazo, que podrán ser replanteados en la medida en que se evalúe su desarrollo. Aquí entrarían, por ejemplo, los planes de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia y otros países andinos.

El informe no hace una recomendación específica en cuanto al fomento de las relaciones con las fuerzas armadas de la región, a propósito de las labores de interdicción, esto es, el corte de las rutas de abastecimiento y transporte de las drogas. Pero en líneas generales es clara la preferencia hacia los entendimientos con entidades civiles. Solamente en el caso mexicano se hace una recomendación específica en cuanto al fortalecimiento de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo militarizado creado por Andrés López Obrador.

El reporte formuló varias críticas hacia el sistema de sanciones implantado a través del Departamento del Tesoro, con base en el Acta Kingpin. No porque sea visto como un desconocimiento de EE. UU. a la soberanía de otros países, sino fundamentalmente porque se trata de un programa que carece de parámetros claros para establecer si ha tenido éxito, por una parte, y por la otra, si las medidas han sido aplicadas con atención al principio del debido proceso. “¿Cuántos (sancionados) permanecen activos en el tráfico de drogas u otras actividades criminales? ¿Cuántos han sido sacados de las listas, y por qué?”, se preguntan los senadores.

Más de la mitad de las sanciones basadas en el Acta Kingpin apuntan a individuos nacidos en México y Colombia. Sin embargo, para la comisión del Senado norteamericano no escapa que muchos de los últimos sancionados son venezolanos, ligados al régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, una evaluación del sistema de sanciones debe tomar en cuenta el impacto político y económico de tales medidas en estos tres países.

El documento refleja la sensación de los parlamentarios estadunidenses en cuanto a que Maduro ha logrado eludir el efecto de las sanciones, en lo que fue descrito como un “efecto globo”, es decir, el desplazamiento de las operaciones ilegales hacia jurisdicciones menos reguladas. Este sería el producto de alianzas con otros regímenes como los de Rusia, China e Irán, y con organizaciones criminales y terroristas, así como también el aprovechamiento de nuevas formas de intercambio, basadas en las criptomonedas, que no están atadas a los bancos centrales de ningún país.

Este reporte anuncia nuevos tiempos en la llamada “guerra contra las drogas”. Pero la incidencia internacional de sus recomendaciones no será uniforme o sincrónica. En países democráticos como Colombia y México, donde la cooperación antidrogas y de fortalecimiento institucional está sustentada en acuerdos bilaterales, las decisiones podrán ser anunciadas en un futuro cercano. En un lapso intermedio sucederá lo mismo con los programas aplicados en países centroamericanos. Venezuela, en cambio, está fuera de todo esto, aislada y con gobernantes percibidos como parte del problema, no de la solución.

Breves

Desde el exilio, el abogado Zair Mundaraín, exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, se comunicó con el autor para aportar interesante información en torno a la última entrega de esta columna (Las armas del hampa).

Mundaraín representó a la Fiscalía en la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme. En virtud de tal experiencia aseguró que “muchas de las armas que investigamos ligadas con organizaciones criminales eran de las fuerzas armadas, tenían troquel y todo, y no aparecían como solicitadas”. Recordó que a la banda de José Tovar Colina, alias Picure, le incautaron siete fusiles del Ejército, que no figuraban en ninguna notificación por robo o hurto.

Al indagar sobre esta irregularidad, se percataron de que los jefes de parques de armas no denunciaban las sustracciones o faltantes detectados en sus respectivas unidades, pues eso tendría un impacto negativo a la hora de los ascensos.

“Entonces, optan por sustituirlas o no decir nada, y pasar el problema a otros”, dijo. En cuanto a las granadas, cuyo uso por parte de delincuentes comenzó a hacerse más frecuente a partir de 2016, Mundaraín aseguró que todas las que están en poder del hampa pasaron alguna vez por los cuarteles. “Conseguimos una que estuvo en una sala de evidencias, pues fue recuperada luego de un delito, y volvió a salir, y eso fue muy revelador”, añadió. Recordó que entregaron un informe sobre el caso al ministro de la Defensa Vladimir Padrino, y “por supuesto no hizo nada”.

El 2 de diciembre, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la cabeza de su presidente Maikel Moreno, emitió una sentencia que autoriza la solicitud de extradición del venezolano Francisco José Blasini de Velazco, por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. La sentencia correspondiente fue divulgada veinte días después, y contiene datos de interés para entender cómo opera la “lucha contra la corrupción” en el país.

En primer lugar, las presuntas irregularidades administrativas por las que solicitan la captura y el traslado de Blasini a Venezuela fueron denunciadas en primera instancia por el Sindicato de Trabajadores de Petróleos de Venezuela, en febrero de 2015.

El centro de los señalamientos, de acuerdo con el relato contenido en la sentencia, era el director de la estatal petrolera Pedro León, mejor conocido como Zar de la Faja. En dos platos, se trataba de la típica contratación con sobreprecios para la adquisición de bienes y servicios, sin licitación en favor de amigos, socios y relacionados. Es decir, mediante asignación a dedo. Llama la atención que este hallazgo no fuese producto del trabajo de la gerencia de Prevención y Control de Pérdidas (PCP), la policía interna de la petrolera, sino de una organización laboral. Pero ya sabemos que PCP, bajo de jefatura de alias Nadal, también estaba en irregularidades. Luego, en junio de 2017, se decidió hacer un expediente aparte con el caso de Blasini, pues los capítulos de Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas ameritaban un esfuerzo especial. Según la averiguación, en la que sí participó por comisión específica el personal de PCP, se constataron cobros mixtos de 15,1 millones de dólares más 2,69 millardos de bolívares por la adquisición de veinte “cabezales bridados de producción”, suministrados por la compañía Mabca 2001, en la cual Blasini figura como representante, junto con Eduardo Enrique Aguirre y Luis Guillermo Solórzano. Al asomarse al mercado internacional, la estatal petrolera se percató de que cada cabezal costaba alrededor de 9586 dólares. El sobreprecio salta a la vista. En este caso, de acuerdo con la sentencia del TSJ, se ha recibido información de que Blasini fue detenido en Italia. Aunque los señalamientos por corrupción puedan estar claros, la duda surge cuando se evalúa la capacidad de los tribunales nacionales para juzgar a una persona de manera imparcial, y con resguardo a sus derechos. En España, este argumento fue invocado para negar la extradición a Venezuela de la exenfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Guillén, y su esposo Adrián Velásquez, quien además fue guardaespaldas del mandatario.

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