Javier Ignacio Mayorca, autor en Runrun

Javier Ignacio Mayorca

Crímenes sin Castigo | Acusación en cuarentena, por Javier Ignacio Mayorca
Los señalamientos presentados por el fiscal Barr son un capítulo más de una vieja historia que empezó antes de que Chávez llegara al poder

Javier Ignacio Mayorca | @javiermayorca

El estatuto RICO está vigente en Estados Unidos desde 1970. Era una ley innovadora, producto de la inspiración de un académico de Notre Dame (Nueva York), Robert Blakey, que le confirió a la Fiscalía y a los cuerpos policiales la posibilidad de atacar organizaciones criminales completas, no por algún delito en particular, sino por el hecho mismo de formar parte de tales organizaciones.

En su libro La dinastía mafia, John Davis relata las dificultades que hubo en EEUU para lograr una aplicación plena de esta ley. Contrario a lo que se pensaba al inicio, los casos según RICO requerían de prolongadas y costosas investigaciones, que a menudo exigían una combinación de infiltraciones en el medio criminal, respaldadas por los avances en la inteligencia electrónica.

Básicamente, se necesitaba llenar ciertos requisitos. Lo más importante era demostrar la existencia de una empresa criminal continuada, es decir, una o un conjunto de actividades ilegales destinadas a producir una ganancia económica, y ejercidas por estructuras con líneas jerárquicas claramente establecidas, por lo menos a lo interno de la organización. En la Cosa Nostra, versiones americana e italiana, esa estructura se llama la Comisión. Para ser enjuiciable a través de RICO, esta corporación criminal debía tener una duración de por lo menos diez años.

El delito por excelencia de estas organizaciones de tipo mafioso es la extorsión. La violencia actual o la amenaza de ejercerla es un punto clave, incluso para preservar el orden interno y preservar la ley del silencio u omertá. En esta clandestinidad, las actividades se van diversificando hacia los comercios ilícitos de todo tipo.

Luego de vencer las resistencias internas, que venían desde el propio director John Edgar Hoover, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) pudo desplegar sus capacidades para comprobar en juicios la existencia de las cinco grandes familias de la mafia ítalo-americana. Pero esto se logró solo en los años ochentas del siglo pasado, con el proceso a Paul Castellano, capo de la familia Gambino que terminó ejecutado por sus compinches en una calle de Manhattan.

Las investigaciones según el estatuto RICO generalmente se desarrollan en el propio territorio estadounidense. Solo así se garantizan ciertos estándares en cuanto a la obtención de las evidencias. Afuera no es imposible, pero se requiere de estrecha cooperación con las policías de los países donde se llevan a cabo. Algo de esto lograron los italianos y los estadounidenses con la llamada conexión Pizza, al punto que se pudo vigilar el traslado de cargamentos de heroína desde suelo europeo hasta Nueva York y otros lugares de la unión, para luego distribuirla a través de una extensa red de locales de comida italiana. Pero lo más importante no era determinar cómo la droga llegaba a las esquinas, sino cómo el dinero subía hasta el tope de la jerarquía mafiosa.

La acusación contra Nicolás Maduro no llena los estándares de la ley RICO. De allí que el estatuto en cuestión nunca es mencionado. Y sin embargo se refiere la supuesta existencia de una organización criminal, denominada el Cartel de los Soles. Según el fiscal general estadounidense, William Barr, ha sido el producto de una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Demostrar la supuesta implicación de oficiales venezolanos en el tráfico de drogas es un viejo objetivo de esta policía. Se remonta hasta años antes de que Hugo Chávez llegara al poder. Las primeras referencias al supuesto Cartel de los Soles comenzaron a hacerse en voz baja durante los años noventa del siglo XX. Estos episodios son narrados en un libro de Manuel Malaver, titulado La DEA contra la Guardia Nacional de Venezuela. Son procesos de vieja data, pero muchos de sus protagonistas aún están en el país. Por si quedaba alguna duda, basta con asomarse al juicio de extradición planteado en la Audiencia Nacional de España contra Hugo Carvajal, uno de los supuestos integrantes de este cartel militar. En dicho proceso, las cartas de Adolfo Romero Gómez, alias Cristóbal, sirvieron como sustento a la defensa. Romero es protagonista fundamental en el libro de Malaver.

Ahora bien, una cosa es recopilar información sobre la implicación de este u otro individuo, civil o militar, en el tráfico de drogas, y otra muy distinta es sostener según los estándares de prueba estadounidenses, que tales sujetos actuaban como un cartel, léase como un grupo confabulado para operar como empresa criminal continuada. Y, para mayor rigor, con capacidad para determinar los precios del producto objeto de comercio ilegal. ¿Por qué a la OPEP la llamaron alguna vez el cartel petrolero? Porque sus decisiones podían ocasionar alzas o bajas en el precio mundial del crudo. ¿Este Cartel de los Soles llegó a determinar el precio de la cocaína, en Europa o Estados Unidos?

Según la acusación presentada por la fiscalía estadounidense, el mayor general retirado Clíver Alcalá es otra figura del Cartel de los Soles. De hecho, su cabeza tenía un precio de diez millones de dólares. Una cotización similar a la colocada para el ex jefe de la Dgcim Hugo Carvajal, el actual presidente de la ANC Diosdado Cabello y el vicepresidente de Economía Tarek el Aissami. Ese es un indicador sobre la importancia que le asignan los estadounidenses al ex comandante de la 41 brigada blindada del Ejército y ex jefe de la guarnición zuliana.

Con su entrega y posterior traslado a EEUU, las autoridades judiciales de ese país deberán poner en manos del general todas las pruebas que obran en su contra. A este proceso se le llama descubrimiento. Alcalá, se debe recordar, fue uno de los promotores de las primeras acciones contra Walid Makled, en 2011. Para ese momento, alias Turco era señalado por la propia DEA como el principal bróker de drogas del país, conectado con las FARC a través de figuras como el Boyaco José María Corredor y con los militares que le facilitaban la salida de los alijos por Maiquetía o Puerto Cabello. ¿Era entonces Alcalá una especie de niño travieso del cartel de los soles, o realmente estaba alineado con otros intereses?

La acusación contra Maduro surge en un momento de profunda crisis política, social e institucional en el país. Muchos ven en esta imputación el “inicio del fin”, puesto que definitivamente ha sido acompañada por manifestaciones claras de voluntad por parte del poder estadounidense. La última de ellas ha sido el anuncio sobre el reforzamiento de la flota de la Marina en el Caribe. Si había dudas en cuanto a que una cosa complementa a la otra, bastaba con ver al fiscal Barr acompañado por el presidente Trump, el secretario de Defensa y los jefes militares.

Según esta lógica, en el epílogo de la historia solo interesará el resultado.

Breves

-El hundimiento de la lancha patrullera GC-23 Naiguatá, en un incidente con el crucero de bandera portuguesa Resolute, pone de manifiesto una vez más la incapacidad para comunicar efectivamente por parte de las fuerzas militares venezolanas con datos que contribuyan al esclarecimiento de un episodio revestido de gravedad. La información sobre este hecho se ha manejado con una vaguedad exasperante, que no ayuda a contestar las interrogantes más elementales. Por ejemplo: ¿cómo permitió el comandante de la nave, capitán de navío Yemince Granadillo, que se produjera una colisión con una embarcación de un tonelaje seis veces mayor? ¿Se ajustaba este procedimiento a los principios de lo que se conoce como “visita y revisión”? ¿Por qué el Ejecutivo, tan preciso en ciertas circunstancias, en este caso no suministró las coordenadas donde ocurrió el incidente? ¿Qué pasó con las bombas de achique de la patrullera construida por los españoles? Desde luego, estas son apenas algunas de las cuestiones por aclarar. Lo cierto es que con este caso ya son dos las naves construidas por Navantia que han quedado inoperativas. La primera fue la patrullera Warao, que encalló en costas brasileñas en agosto de 2012, en vísperas de los ejercicios VenBras. Luego de grandes esfuerzos y gasto, la trajeron hasta Puerto Cabello, y ahí permanece, junto con otra patrullera de guardacostas cuya construcción nunca terminaron.

-Al cierre de esta entrega, se recibe un correo electrónico en respuesta a un listado de preguntas formuladas a los representantes públicos del buque Resolute. Aunque Columbia Cruise Services se reservó por ahora el nombre del capitán de la embarcación de bandera portuguesa, así como del resto de la tripulación, sí se extendió en la explicación de las acciones emprendidas apenas se percataron del hundimiento de la nave militar venezolana: “El RCGS Resolute comenzó inmediatamente los preparativos para la respuesta de emergencia, justo luego de que ocurrió el incidente. De acuerdo con la declaración de nuestro capitán, se ordenó que toda la tripulación estuviese en cubierta lista para asistir y preparar los botes de rescate para su lanzamiento. Los camarotes fueron preparados junto con el hospital para proveer alivio ante las lesiones potenciales. También dirigimos nuestras luces de búsqueda hacia la embarcación de la Marina, para ayudarlos en la visibilidad. Todos los intentos por contactar al comandante de la nave de la Marina no tuvieron respuesta. El RCGS Resolute permaneció durante más de una hora en las proximidades de la escena. La nave continuó navegando luego de recibir la orden del Centro de Coordinación Marítima de Rescate (Curazao)”. Indicaron además que durante las comunicaciones previas al incidente la patrullera de la Armada no reveló el propósito que tenía la orden de ir hacia Puerto Moreno, en Margarita.  Estos portavoces también declinaron cualquier precisión en torno al lugar donde ocurrió la colisión. Se limitaron a reiterar que fue en “aguas internacionales”.

-El 1 de abril, el Colegio de Guerra de la Marina de Estados Unidos emitió un informe producto de los hallazgos de los ejercicios de simulación sobre respuesta cívico militar a escenarios de crisis por enfermedades virales. Las conclusiones del reporte Respuesta al surgimiento de una pandemia urbana 2019 fueron divididas en dieciséis puntos. Para esta entrega, solamente serán destacados dos. En primer lugar, indica el documento, las cuarentenas masivas forzadas, así como cualquier otra línea de acción basada en órdenes que fluyen de arriba abajo, pueden ser contraproducentes puesto que tienden a “securitizar” los programas, y por ende depositan toda la responsabilidad en instituciones con una sobredemanda de servicios en esas coyunturas, como son las militares y policiales. Las cuarentenas masivas tienden a aislar e incomunicar a importantes sectores de población, incluidos los contagiados, y esto reduce la capacidad de una respuesta oportuna. “Uno no puede reducir la extensión de la enfermedad si las personas esconden sus infecciones debido al miedo y el estigma”, concluye el informe. Por otra parte, se recomienda descentralizar al máximo los mensajes sobre la evolución de la enfermedad, acudiendo a portavoces confiables en cada localidad. “La autenticidad, la verdad y la información utilizable son la principal moneda para una comunicación exitosa sobre riesgos”.

Crímenes sin Castigo | Venezuela en las drogas: debate abierto, por Javier Ignacio Mayorca
La referencia al Cartel de los Soles en el último informe de la JIFE ha suscitado sospechas y alertas, aun entre aquellos que en su momento avalaron la existencia de esta supuesta banda de militares.

@javiermayorca

La mención al llamado Cartel de los Soles en el último informe de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), como era de esperarse, ocasionó enorme revuelo y puso de nuevo el nombre de Venezuela en el primer plano de la discusión sobre el tráfico internacional de drogas.

No es para menos. La JIFE es un órgano de extraordinario prestigio que, según la Organización de Naciones Unidas, es “independiente y cuasijudicial”. Sus trece miembros son elegidos por el Consejo Económico y Social de la ONU. Diez de esos integrantes son propuestos a este cuerpo por los gobiernos de sus respectivos países. Se trata de personas que por regla general han surgido del mundo académico y de la investigación, cuyos criterios tiene peso específico en este ámbito de conocimiento.

La sola mención al Cartel de los Soles en el reporte de este organismo, correspondiente a 2019, aunque carece de mayor fundamentación dentro del propio texto, tiene un enorme valor y se transforma en una suerte de conocimiento común.

De ahora en adelante, la referencia al Cartel de los Soles, como una banda de militares activos venezolanos dedicados al transporte de psicotrópicos, presumiblemente con la anuencia del Gobierno, pasará a formar parte de los señalamientos que se hagan en el plano internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.

Para la expresidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid, actual ONA), Mildred Camero, la mención al Cartel de los Soles en el informe de la JIFE fue “tardía”.

“En el libro azul que entregábamos generalmente por estos meses de marzo a la ONU, en la forma de un cuestionario, advertíamos que había un grupo de militares que estaba traficando drogas, y que se presumía se podía tratar de un grupo denominado el Cartel de los Soles”, recordó la exjuez.

Camero estuvo al frente de la Conacuid hasta que el entonces presidente Hugo Chávez decidió terminar la ejecución del convenio de cooperación bilateral en materia de drogas con EE. UU., en 2005. Chávez tomó esta determinación basado, precisamente, en el informe de uno de los militares de la Guardia Nacional que estaba enfrentado a la funcionaria, en medio de una guerra de mutuos señalamientos.

“Las informaciones que mandamos hace quince años ahora tienen valor”, afirmó la exjuez.

Sin embargo, es claro para ella que esta referencia internacional al grupo de militares metidos a traficantes tiene un “propósito político evidente”.

Cada día que transcurre, la Fuerza Armada adquiere mayor importancia como medio para la prolongación de Maduro en el poder. Por ende, una referencia en el ámbito de la ONU al Cartel de los Soles contribuye a reforzar los discursos que colocan al régimen venezolano en el plano del “narcoestado”.

No cabe duda que en todos los niveles de la institución militar hay oficiales involucrados en el comercio ilícito de drogas, al igual que en el contrabando de alimentos y combustibles y, más abajo, en el robo descarado y en actos de piratería. Cada caso conocido en materia de drogas solo contribuye a alimentar la convicción sobre la existencia del mencionado cartel. Como por ejemplo el del general Aquiles Lapadura, excomandante de la zona operativa de defensa integral del Zulia (Zodi Zulia), vinculado a una investigación sobre el presunto desvío de ácido sulfúrico (un importante precursor para la fabricación de cocaína). Este oficial fue destituido en noviembre de 2019, cuando apenas tenía tres meses en el cargo.

Pero la historia sobre el Cartel de los Soles viene desde el segundo gobierno de Rafael Caldera. Entonces le decían el Cartel del Sol, en singular, puesto que supuestamente involucraba a generales de brigada.

Con el pasar del tiempo, la historia sobre este grupo fue transformándose y aderezándose con nuevos hechos, algunos de ellos sin mayor conexión. Los intentos del exabogado de Inteligencia Militar, coronel Claudio Turchetti, para que los juzgados castrenses investigaran a este grupo, fueron inútiles.

Uno podría pensar que, en medio de este ambiente generalizado de impunidad, el paso de cocaína por el país se incrementaría de forma exponencial, amparado por las complicidades al más alto nivel. Pero a juzgar por un interesante reporte presentado en marzo por Geoff Ramsey y David Smilde, de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés), la realidad es un poco más compleja.

El trabajo, titulado Más allá de la narrativa del narcoestado (Beyond the narcostate narrative), recoge las estadísticas elaboradas por la base de datos consolidada de las agencias antidrogas estadounidenses, llamadas CCDB, que es el termómetro más confiable para evaluar los vaivenes de producción y tráfico a través de los distintos países.

Según las estadísticas, entre 2015 y 2019 el paso estimado de cocaína por Venezuela tuvo dos etapas. En los tres primeros años (15 al 17) hubo un alza importante, de 134 a 249 toneladas métricas del alcaloide. Desde entonces, la tendencia ha sido a la baja, hasta situarse en unas 210 toneladas métricas.

Estas fluctuaciones parecieran explicarse en parte por el incremento de la producción mundial de cocaína, que llegó hasta las 2864 toneladas en 2016, y que a partir de entonces ha estado en descenso, de acuerdo con el CCDB.

Entonces, aunque las cifras netas puedan ser escandalosas, el paso de cocaína por Venezuela representaría poco más del 11,3 % de la producción mundial de esta droga para 2019. Y este comportamiento ha sido relativamente constante, si se analizan las estadísticas disponibles desde la década pasada.

Se podría pensar que esa estabilidad en cuanto al paso de cocaína por el país sugiere la existencia de una “ruta segura”, en la percepción de los jefes de los grandes carteles. En otros términos, que las conexiones entre los traficantes y los gobernantes venezolanos son robustas. Pero el reporte de WOLA advierte que hay otras rutas más activas en cuanto al tonelaje de drogas que movilizan, como las que van desde el Pacífico colombiano hasta Honduras, y especialmente a Guatemala y México, y sin embargo los gobiernos de estos países no son cuestionados en el plano internacional con la misma intensidad que el venezolano.

Todos estos criterios contribuyen a movilizar el debate sobre el rol de Venezuela en el tráfico internacional de drogas. Es una discusión que debe contribuir a la colocación de cada factor en su debida importancia. Si las 210 toneladas de cocaína que pasan por el país (2019) fuesen manejadas solamente por el mentado Cartel de los Soles, la solución sería muy sencilla, y netamente de orden policial y militar. La realidad, sin embargo, impone un abordaje mucho más amplio.

Breves

* Al momento de la redacción de esta nota, se desarrolla en el país una situación caótica con respecto a las restricciones del derecho a la libre circulación, con el propósito aparente de prevenir la extensión del coronavirus. Los alcaldes, gobernadores y el gobierno central, a través de la Fuerza Armada, han implantado cada uno normas o criterios tan variados que, al final, es el funcionario de turno el que decide quién pasa y quién se devuelve. La alcaldía de Maracaibo comenzó la expedición de salvoconductos para el aprovisionamiento de gasolina, mientras que las zonas operativas de defensa integral emiten los suyos, mediante formatos que supuestamente posibilitan al portador el traslado entre municipios y estados. En medio de tan alta discrecionalidad, se abren las puertas nuevamente para la solicitud de coimas, en especial para los casos de empresas o individuos sobre los que no existe un criterio claro para calificar sus labores como esenciales o de seguridad. Este punto debe ser aclarado por el Ejecutivo nacional cuanto antes.

* Desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia informan que, en vísperas de la declaratoria presidencial del estado de alarma, fueron restringidas al máximo las visitas para los presos de conciencia y comunes que permanecen en las celdas de El Helicoide. La medida fue adoptada con la finalidad de prevenir los contagios por Covid 19, o coronavirus. En la Dirección de Contrainteligencia Militar, de la noche a la mañana, indicaron a los familiares y a los abogados de los detenidos que no llevaran alimentos hasta nuevo aviso, lo que se entiende también como una precaución, pues el virus puede ser transmitido a través de los envases. Estas decisiones endurecen aun más el régimen de reclusión al que están sometidos los presos políticos, desde mucho antes que se conociera de la existencia de la referida enfermedad. El temor ahora es que, en este aislamiento con aparente justificación, serán pocas las oportunidades de notificar al exterior si se producen contagios entre los internos. Temen que los propios custodios sean el vehículo para la transmisión de la enfermedad, toda vez que ellos poseen una mayor capacidad de movimiento que la ciudadanía común.

Crímenes sin Castigo | La tercera vía militar, por Javier Ignacio Mayorca
Dentro de la Fuerza Armada se gestan grupos que acusan a “los políticos” de todas las tendencias por las penurias que pasa la población. La operación Aurora es apenas una demostración de lo que puede suceder.

@javiermayorca

El 22 de diciembre de 2019, un grupo de oficiales subalternos del Ejército acompañado por reservistas de ese mismo componente, pertenecientes a la etnia pemona, asaltó el batallón de infantería Mariano Montilla, en la población de Luepa, estado Bolívar.

La acción fue llevada a cabo en forma incruenta. Los asaltantes, liderados por tenientes del Ejército graduados en la promoción de la Academia Militar en julio de 2012, aprovecharon las horas de la madrugada para sorprender a los guardias de prevención, someter a los soldados y apoderarse del parque de armas.

Según el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, los militares lograron sustraer 131 fusiles AK-103, 9 cañones Carl Gustaf, 5 lanzagranadas MK-15, 5 escopetas Remington, 2 ametralladoras MAG, 209 granadas MK-15, 99 bayonetas fusil AK-103, 3 lanzacohetes, 6 pistolas, además de miles de municiones para todas estas armas.

Una semana después, los oficiales que encabezaron esta irrupción divulgaron un video en Youtube para declarar que esa jornada marcó el inicio de lo que denominaron operación Aurora.

El comunicado fue leído por el teniente del Ejército Josué Abraham Hidalgo. A su derecha en la pantalla aparecía el también teniente Franklin Caldera y del otro lado el oficial del mismo grado Russo Cárdenas.

Todos forman parte de la promoción Coronel Diego Jalón. Sus integrantes fueron los últimos en recibir el sable del entonces presidente Hugo Chávez, quien moriría ocho meses después, en marzo de 2013.

En el comunicado del 28 de diciembre, Hidalgo dijo estar amparado en los artículos de la Carta Magna que abren la posibilidad de hacer uso de la fuerza para retomar el hilo constitucional, ante quienes según sus palabras “tienen secuestrada a la Nación mediante el engaño y la manipulación del pueblo y sus leyes”.

En la misma declaración, los oficiales afirmaron que la crisis venezolana no sería solamente responsabilidad de las decisiones del gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

“Venezuela pasa por momentos difíciles, siendo los políticos los únicos responsables de estos hechos, sumiendo al pueblo en la miseria, para que solo un reducido grupo se enriquezca a costa del ciudadano común”, afirmó el líder del grupo.

Según el general de brigada retirado del Ejército Antonio Rivero, el núcleo de la operación Aurora está constituido por los mismos oficiales de ese componente que encabezaron la operación Espada de Dios, un complot gestado en la principal fuerza militar del país para derrocar a Maduro, y que fue desmantelado en sus etapas iniciales por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar.

Hidalgo Azuaje escapó junto con otros once efectivos militares cuando era trasladado desde el Consejo de Guerra Permanente de Caracas, en Fuerte Tiuna, a la cárcel de Ramo Verde en Los Teques, en noviembre de 2017. Varios de ellos cruzaron la frontera y se quedaron en Colombia. Pero Hidalgo llegó hasta Perú.

Desde ese país, junto con otros oficiales y efectivos de tropa profesional, emitió un comunicado en el que apoyaba la iniciativa de llevar ayuda humanitaria a Venezuela, en febrero de 2019.

Rivero indicó que el distanciamiento del presidente del Parlamento Juan Guaidó (reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países), así como las denuncias sobre irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la manutención de los militares que permanecían en Cúcuta en apoyo al diputado, forjaron en los participantes de la operación Aurora la convicción de que se necesita “un cambio generacional en los órdenes militar y político”.

“Ellos no dan su anuencia a Guaidó, y tampoco a Maduro. Van fundamentados en esa posición (…) Creen que (Maduro y Guaidó) son más de lo mismo. Y eso es lo que más temen los políticos”, añadió.

Reagrupamiento

Luego del asalto al batallón Montilla, hubo otros dos enfrentamientos con unidades de la Guardia Nacional y de la policía del estado Bolívar. Un efectivo de tropa murió (Luis Jeanpier Caraballo) y otro fue capturado. Esto posibilitó la detención de otras diecisiete personas, que fueron imputadas por la Fiscalía por los supuestos delitos de conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación para delinquir.

El general retirado de la Guardia Nacional Marco Antonio Ferreira indicó que en este movimiento participan militares del Ejército y también de su propio componente, aunque en menor medida. Los guardias nacionales se habrían unido a Aurora luego de cruzar la frontera hacia Cúcuta.

El 29 de diciembre, los ministerios de la Defensa y Relaciones Exteriores de Brasil emitieron una declaración conjunta para confirmar que dieron refugio a cinco oficiales del Ejército venezolano, que fueron detectados en su territorio del 26 de diciembre. El gobierno venezolano los pidió en extradición, pues asegura que participaron en la incursión en el batallón Montilla.

El comisionado de Seguridad de Juan Guaidó, comisario general Iván Simonovis, advirtió que los oficiales de la operación Aurora “van a continuar sus acciones”, y confirmó que no existe una alianza formal con el grupo opositor liderado por este diputado. Dijo que se trata de un plan ajeno al movimiento del llamado G4, donde participan los principales movimientos opositores.

“Esto es parte del despertar de la Fuerza Armada Nacional. Hay una genética que sigue viva y que se refleja en las acciones de estos muchachos. Son unos combatientes”, dijo.

Aurora fue el tercer movimiento armado contra el régimen de Maduro reportado en Venezuela durante 2019. Los otros dos fueron encabezados por sargentos de tropa profesional de la Guardia Nacional, el 21 de enero, y efectivos de un destacamento del mismo componente, el 30 de abril.

El líder del alzamiento que finalizó en el Escuadrón Montado de Cotiza hizo un llamado a la población en general para que los acompañara en su gesta, y en ningún momento se identificó como alguien cercano a los partidos opositores.

Hubo movimientos previos en el seno de la FAN cuyos exponentes tampoco profesaban simpatía hacia el liderazgo opositor, y desde luego aborrecen al jefe del Estado y a su entorno. Ese fue el caso del grupo liderado por el teniente coronel Igbert Marín Chaparro.

Este oficial fue alférez mayor de la promoción egresada de la Academia Militar en 1999. Quienes lo conocen tienen el mejor concepto de él en cuanto a su preparación académica y logros en el desempeño militar. Su carrera se desarrolló básicamente a la sombra de Hugo Chávez (de quien fue edecán), aunque con notable brillantez. Según el expediente ventilado en este juicio, de haber tenido éxito Marín hubiese encabezado un triunvirato netamente militar que no hacía concesiones a la oposición, y tampoco al oficialismo.

En todos los casos, así como en el de los drones que estallaron en la avenida Bolívar durante un acto aniversario de la Guardia Nacional, los agentes de la Dgcim intentaron demostrar algún nexo entre estos militares y jefes de los partidos que adversan a Maduro, desde Juan Guaidó hasta Antonio Ledezma y Maria Corina Machado. Pero nunca se logró una evidencia contundente, puesto que el divorcio entre la FAN y los políticos (en especial los de oposición) resulta evidente. Quizá por lo que admitió desde el exilio la diputada Gaby Arellano: “Creo que hemos fallado en nuestro mensaje a la Fuerza Armada”.

Breves

* El último informe de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) salió de la rutina al incorporar una inusitada mención al llamado Cartel de los Soles. Esto resulta por lo menos una sorpresa, pues la JIFE no es un órgano que suela hacer referencias explícitas a grupos delictivos, menos aun si se trata de estructuras que hasta el momento no han sido referidas en ningún juicio o expediente judicial, referido a la violación de leyes sobre asociación mafiosa o delictiva con permanencia comprobada mínima de diez años. Desde la primera década de este siglo, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) instruía un expediente que era conocido precisamente con ese nombre: Cartel de los Soles. El centro de la pesquisa era un grupo de generales de la Guardia Nacional que habían promovido el cese de la cooperación bilateral antidrogas entre EE. UU. y Venezuela. En la lista estaban los oficiales Frank Morgado, Alexis Maneiro y otros. Pero en la medida en que pasaba el tiempo la lista iba cambiando, con lo que realmente no parecía adecuado acudir a la figura de un “cartel” para describir la situación. Muchos de estos oficiales, además, tenían relaciones antagónicas, con lo que realmente no se podía hablar ni siquiera de una estructura consolidada en torno a un negocio ilícito, como sería el tráfico de drogas. Estas circunstancias son bien conocidas en foros internacionales, por lo que la mención en el reporte JIFE (entidad de la ONU encargada de la evaluación del cumplimiento de las regulaciones internacionales en el área de drogas) debe tenerse como la antesala de señalamientos mucho más graves, sobre el presunto involucramiento del gobierno de Nicolás Maduro en el tráfico internacional de estupefacientes.

* La policía judicial ha avanzado en las pesquisas sobre el asalto al buque San Ramón, mientras se encontraba fondeado en las adyacencias de Isla Borracha, el 24 de febrero. En la incursión, los piratas mataron con un disparo en la cabeza al capitán de la embarcación, el colombiano Jaime Herrera Orozco, de 58 años de edad, e hirieron con un golpe al sargento segundo de Guardacostas Freddy José García. Según informe del grupo de Investigación de Homicidios de Cicpc  Anzoátegui, el propósito de la incursión era despojar de sus pertenencias a los once tripulantes de la nave, registrada en Togo. Siete hombres han sido detenidos hasta el momento de la redacción de esta nota, todos venezolanos: el teniente de corbeta Edgar José Amundaraín, de 28 años de edad; los agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Región Oriental, Eliézer Samuel Lagos (28), Néstor José Bastidas (32) y José David Salas Perfecto (26), quien además ostenta el grado de teniente del Ejército; el panadero Josmil José Pérez (32), el pescador Víctor Daniel Maleno (22) y Asdrúbal Ruiz (30). Otros tres individuos solo han sido parcialmente identificados. La embarcación permanecía anclada en ese lugar desde hace siete meses, pues sus tripulantes eran investigados por un supuesto tráfico de combustible. Durante el asalto, los hampones se apoderaron de cuatro teléfonos.

Video original de @ConflictsW

Las últimas maniobras de la Fuerza Armada colocan a una buena parte de la población como “enemiga” del régimen, y por ende susceptible de ser objetivo militar en un contexto de conflicto.

 

@javiermayorca

 

Las maniobras Escudo Bolivariano fueron mucho más que lo reflejado en el video de la gordita miliciana atascada en el caucho de un circuito de entrenamiento.

Ese episodio contribuye a reforzar una imagen de los milicianos, que puede ser parcialmente cierta, pero que no explica el denodado interés del régimen por promover el crecimiento de la institución, caracterizada como “pueblo en armas”. La banalización de uno de los factores del conflicto no es conveniente, aun si la iniciativa parte de sectores del propio oficialismo.

Escudo Bolivariano fue mucho más que esa anécdota. Los milicianos, como el resto de la Fuerza Armada, participaron en unas maniobras que perfilaron las acciones a emprender si en Venezuela llegase a declararse un estado de conmoción, en virtud de la intervención de factores externos.

En primer lugar, cabría preguntarse qué se intentará proteger con el mentado escudo. Sobre ello hay varias pistas. Una muy significativa es que en la fase preparatoria se ordenó el traslado de tropas de la Guardia Nacional desde el estado Miranda hacia el municipio Libertador. Allí, los militares y los grupos civiles armados conformarían una serie de anillos en torno a Miraflores, lugar donde tiene su asiento el Poder Ejecutivo.

En algunos documentos revisados para este trabajo en torno a los recientes ejercicios militares se pudo apreciar una premisa común: las acciones de la Fuerza Armada y los grupos civiles del oficialismo eran la respuesta a la incursión de “fuerzas invasoras” de Estados Unidos, en hipotética alianza con factores locales. El “enemigo”, entonces, no solo son los militares estadounidenses sino todos los que rechacen al actual régimen.

Esta línea ha sido trabajada desde hace varios años. Ya el famoso Plan Zamora y sus catorce planes subsidiarios adelantaron algunas cuestiones al respecto. Incluso, las primeras maniobras Escudo Bolivariano, llevadas a cabo en 2015, hacían referencia a esta misma situación. Solo que ahora la respuesta perfilada por los militares ha sido mucho más contundente. Por ejemplo, el despliegue de los sistemas de misiles BUK y Pechora en torno a los aeropuertos que sirven a la capital, y el apostamiento de tanques T-72, así como otros blindados en los principales accesos a la capital pareciera indicar una mayor disposición del Ejército a participar en situaciones que no necesariamente tienen las características de conflicto regular.

Otro elemento se refiere a la gestación en el Ejército de los llamados “grupos tácticos de batallón”, o GTB, que son unidades especiales de dimensiones reducidas, cuyo propósito es liderar las actividades de guerra irregular. En diciembre, la comandancia de este componente ofició a la Academia Militar para que se hiciera la escogencia de los estudiantes que pintaban mejor para esta tarea. Los GTB son creación directa del ejército ruso, y fueron puestos en acción en los conflictos de Ucrania y Siria.

Como parte de Escudo Bolivariano, se llevaron a cabo actividades en Higuerote y Carenero, en las que participaron efectivos de fuerzas especiales junto con milicianos. Se simuló la colocación de minas antipersonales en las vías que dan acceso a la capital y en las playas donde supuestamente desembarcarían las tropas invasoras. Otro tanto se hizo en el aeropuerto de Higuerote, donde fueron emplazadas baterías antiaéreas falsas o dummies, con el propósito de transmitir la impresión de que se posee una capacidad bélica mayor que la realmente disponible.

En el caso de los ejercicios llevados a cabo en Barlovento, las acciones estuvieron orientadas por el llamado “método táctico de resistencia revolucionaria”, que le confiere una importante participación a los civiles en la defensa de los intereses del régimen.

Este procedimiento ha sido objeto de estudio en las academias militares del país, por lo menos desde hace tres años, como parte de una materia más amplia referida a las guerras de cuarta generación. Las fuentes de inspiración son teóricos chinos. En los casos de la Armada y la Guardia Nacional, se da a entender que en las primeras de cambio el “ejército invasor” logrará establecer posiciones en el territorio nacional, luego de vencer la resistencia ofrecida por los conglomerados de tropas regulares y civiles. En este contexto, la victoria para los militares venezolanos estaría definida por la posterior expulsión de los contingentes extranjeros.

En el escenario de guerra planteado en el aeropuerto de Higuerote, por ejemplo, el tiempo tope de resistencia para los militares venezolanos sería de dos semanas. En esos días de duros combates, no contarían con refuerzo alguno.

Escudo Bolivariano, desde luego, tiene un guion de final feliz para los militares leales al régimen. Pero esta es una situación hipotética. La vida real, en cambio, se acerca más a lo declarado por el Protector del Táchira, Freddy Bernal: un conflicto con las fuerzas armadas de Estados Unidos sería “un suicidio”.

Breves

*En los últimos meses, la Fiscalía ha dado una mayor visibilidad a los casos en los que murieron mujeres a manos de sus parejas. Según este discurso, parece que la violencia homicida en Venezuela se ensaña contra las personas de sexo femenino, en contextos de intimidad. En realidad, las propias cifras manejadas por el Gobierno revelan que la victimización de este sector de la sociedad ha disminuido, tanto en números absolutos como en porcentaje con respecto a la población victimizada. En 2019, fallecieron en hechos de violencia 691 mujeres adultas, adolescentes y niñas. Esto equivale al 9 % de los casos. El año anterior fue 16 %. Según fuentes de Relaciones Interiores, la mayor cantidad de víctimas tiene edades entre 25 y 29 años. Y el móvil más frecuente, así como en el resto de los homicidios, es el llamado “ajuste de cuentas”. Desde luego, hubo una gran cantidad de casos en los que no se supo por qué mataron a la persona, toda vez que Cicpc no profundizó en las averiguaciones. Pero las muertes de mujeres por razones pasionales suelen dejar muchas evidencias, producto de los arrestos de ira y dolor. Y por eso se llegó a la cifra de 131 víctimas.

*La puesta en vigencia de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también tomó por sorpresa a buena parte de la institución militar. No por el hecho en sí, puesto que el ministro de la Defensa Vladimir Padrino había acudido en diciembre a entregar el proyecto correspondiente ante la Asamblea Nacional Constituyente, en un acto público. Lo que sorprendió fue la relevancia adquirida en este nuevo esquema por la Milicia Nacional Bolivariana, así como las nuevas funciones que asume todo el sector militar. En la entrega anterior se sostenía que con esta ley todo el país, y no solo la FANB, entraría en una nueva etapa. De ahora en adelante, lo militar estará mucho más presente en la vida de toda la ciudadanía, a pesar de la falta de popularidad que tiene la Fuerza Armada como institución. Cuarteles adentro, es tal el desconocimiento del nuevo texto que los comandantes de zonas en el interior del país ordenaron una ronda de charlas y conferencias para explicar su contenido, y compararlo con el de la ley recientemente derogada, que apenas tuvo cinco años de vigencia. 

Crímenes sin Castigo | Una nueva etapa para la FAN, por Javier Ignacio Mayorca
La llamada Ley Constitucional de la FANB impone a la institución militar las características planteadas por Hugo Chávez en el proyecto de Carta Magna que fue rechazado por el país en 2007

 

@javiermayorca

La llamada Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en Gaceta Oficial el 30 de enero, implicará para la institución militar y para el país en general una serie de cambios que van mucho más allá de la mera elevación de la Milicia al grado de “componente especial”.

El texto, aprobado sin discusión alguna por la asamblea nacional constituyente, hace una caracterización de la Fuerza Armada que reproduce los términos de la reforma constitucional planteada en 2007 por el entonces presidente Hugo Chávez, y que fue rechazada en un referéndum.

En la nueva redacción del artículo 328, Chávez propuso una institución castrense antiimperialista, que ejecutara una particular interpretación de la “doctrina bolivariana”, que aplicara los principios de guerra popular de resistencia, y que no obedeciera a los intereses de “oligarquía alguna o poder imperial extranjero”. 

En el artículo siguiente, el mandatario propuso transformar la Guardia Nacional por Guardia Territorial, así como la inmediata creación de la Milicia Popular Bolivariana.

Según el expresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Luis Manuel Esculpi, esa propuesta “derrotada” posteriormente ha sido impuesta en cambios sucesivos a la legislación castrense, valiéndose de poderes habilitantes que fueron otorgados por la Asamblea Nacional en distintos momentos.

Al año siguiente del referéndum perdido por el oficialismo (2008), Chávez emitió un decreto ley que cambió el nombre de la Fuerza Armada, al añadirle el adjetivo de Bolivariana. Luego crearon a la Milicia Nacional (no popular) como una entidad de complemento a los componentes tradicionales. Ahora, la llamada Ley Constitucional la erige en el quinto componente de la FANB, algo que en la práctica ya era tomado como tal.

El artículo 1 de ese texto rescata todos los adjetivos del proyecto chavista: antiimperialista, antioligárquica, bolivariana. Y no menciona la primera característica citada en la Carta Magna, que es la esencia profesional de la FANB.

Esculpi sostuvo que el propósito de esta reforma es “colocar a la FANB al servicio de un proyecto de poder”. Ya no se trata de la concreción de un esquema ideológico sino la preservación del control del Estado con fines meramente prácticos.

Visto así, cobra enorme importancia la nueva figura instituida en el artículo 25 de esta norma, llamada zonas económicas especiales militares, que son áreas “donde se identifican y ubican potencialidades, condiciones generales y especiales para realizar actividades productivas endógenas, sustentables y sostenibles dirigidas por la FANB en unión cívico militar”. La designación de un territorio bajo esta condición es ahora potestad del Presidente.

Aunque Maduro pueda crear zonas económicas especiales militares en todo el país, para Esculpi las más importantes serán las que afecten la actual distribución de influencias en el Arco Minero. Allí, un grupo de generales del Ejército se disputa el control de las riquezas, al tiempo que la Guardia Nacional también ha ganado importancia como componente de vigilancia, mediante resoluciones de MinDefensa que expanden las jurisdicciones de dos destacamentos en Bolívar.

 

Ojos por doquier

En la nueva norma, los componentes castrenses acumulan en total 106 funciones. Esto representa un 55,8% de incremento con respecto a la ley implantada en noviembre de 2014. Todos los componentes sumaron atribuciones. Los más ambiciosos fueron la Armada y la Aviación, en ese orden. Paradójicamente, fueron las fuerzas que según Esculpi habían manifestado su mayor oposición a la gestación de la Ley Constitucional de la FANB.

Hay varios factores comunes en la nueva lista de funciones. En primer lugar, todos los componentes deberán “contribuir” con el sistema de inteligencia y contrainteligencia, en unos términos que no son especificados en la ley. Es cierto que cada fuerza tiene despachos de inteligencia y contrainteligencia, prácticamente desde que fueron creados. Pero entonces la búsqueda y el procesamiento de informaciones se orientaba hacia objetivos distintos, asociados a la vida castrense. Ahora, los militares tendrán la obligación de tender sus miradas hacia la sociedad. Y este deber comprometerá especialmente a los milicianos, que están imbuidos en los consejos comunales y en los despachos del Estado, a través de los llamados cuerpos combatientes.

La Fuerza Armada, además, extenderá su radio de acción hacia todo lo relacionado con la seguridad ciudadana. Los cuatro componentes tradicionales tienen ahora atribuciones de policía administrativa y de investigación penal.

Frente a esta situación, cabe preguntarse qué hará la Asamblea Nacional. Según el presidente de la comisión de Defensa, Eliézer Sirit, los diputados fijarán posición sobre el tema durante la próxima sesión.

En su criterio, se trata de una ley inconstitucional, que “destruye el profesionalismo de la Fuerza Armada, dándole responsabilidades a gente que no se ha preparado para eso”.

Aclaró que los diputados no podrían derogar la ley, puesto que se trata de un texto emitido por un cuerpo distinto del Parlamento, que en su criterio carece de validez. No obstante, ante la realidad concreta de que regirá la vida militar, lo más probable es que se apruebe un acuerdo en rechazo a la norma y al mecanismo puesto en marcha para su aprobación.

 

Breves

*En 2019 fueron reportadas 4953 muertes en 5179 casos de “resistencia a la autoridad”. Estas cifras, conocidas extraoficialmente, confirman que los cuerpos policiales y militares, tomados como un todo pues se trata de agentes de la fuerza pública, se han constituido en el principal factor de violencia letal en el país. El número de muertes representa más del 43% de los homicidios registrados durante el año recién finalizado. La Policía Nacional Bolivariana, dentro de la cual se inscribe la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), es la institución cuyos funcionarios se han involucrado en la mayor cantidad de fallecimientos durante 2019, con 1818. Le sigue la policía judicial, con 1167. Los cuerpos uniformados regionales y municipales acumularon 1420, y los componentes de la Fuerza Armada Nacional participaron en 548. A partir de octubre, es decir, luego del segundo informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, la actividad letal de los organismos policiales y militares disminuyó en forma consistente.

*Desde diciembre de 2019, la policía judicial procesa la denuncia sobre una interesante modalidad de extorsión. Comienza con el anuncio de una gestoría para la renovación de pasaportes vencidos. El servicio se plantea como una solución para los que han emigrado a países como España o México, y que pretenden regresar por temporadas a ver a sus familiares. El gestor convence a las personas para que envíen el documento a la oficina de un conocido servicio de encomiendas en Cúcuta. A partir de ese momento, solo se comunica con los remitentes a través de un número del sistema de mensajería WhatsApp, y les pide una espera de un mes a mes y medio. Ya los clientes han cancelado por adelantado la suma de 250 dólares. Luego, el gestor incumple su promesa, y exige un nuevo pago por 400 dólares. Ante los reclamos, dice que no puede devolver los pasaportes debido a que supuestamente están en poder de sus jefes. Debido a las presiones y denuncias previas, el hombre tuvo que salir del país. Dejó a su mujer y a su hija a cargo de las operaciones. Según las denuncias, los pasaportes de las víctimas son llevados a un local de Turén (Portuguesa), que funge como centro de operaciones de este grupo.

Crímenes sin Castigo | El declive del ejército profesional, por Javier Ignacio Mayorca
La promoción de la Milicia Nacional pone en riesgo una de las características primordiales de la Fuerza Armada, según lo establecido en la Constitución

@javiermayorca

El 9 de enero, el Inspector General del Ejército, general de división Isidro Ubaldo Rondón Torres, ordenó a los jefes de unidades de ese componente la remisión “con carácter de urgencia” de la información más actualizada del “completamiento” de las plazas vacantes en cada dependencia, con efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana.

En otras palabras, la orden de este oficial revela que los milicianos serán destinados para aquellos cargos o posiciones que no hayan sido llenadas mediante los procesos regulares de reclutamiento, o por la incorporación voluntaria de tropas profesionales a la principal fuerza militar del país.

En la FAN, la Inspectoría General de cada componente tiene la misión de supervisar el debido cumplimiento de los procesos. En este caso concreto, entonces, la orden de Rondón es el producto de una decisión tomada previamente por el alto mando militar.

Lo que está sucediendo en el Ejército no es un caso aislado. En agosto de 2019, el presidente Nicolás Maduro anunció la incorporación de contingentes de milicianos a la Guardia Nacional.

 

La Milicia Nacional no solo se ha convertido en el quinto componente de la Fuerza Armada (gracias a la reforma implantada en la legislación militar, vía Habilitante, en noviembre de 2014), sino también en una fuente de “sangre nueva” para el resto de las fuerzas, o por lo menos las que están destinadas al control terrestre.

Maduro insiste en que ya la Milicia Nacional rebasó los tres millones de integrantes. Esto es poco probable. El único registro conocido sobre la magnitud del personal registrado en la Milicia, divulgado en la FAN con motivo de un ejercicio que se desarrolló en noviembre de 2018, indica que este cuerpo tiene 1,34 millones de individuos inscritos. Esta cifra se logró luego de una intensa campaña que abarcó tanto a sectores populares como a los despachos de la Administración Pública.

Aún si esta cifra fuese real (1,34 millones) la desproporción entre los milicianos y el resto de las fuerzas resultaría enorme. Tanto como diez a uno. Pero, si lo que ha dicho Maduro últimamente se acerca a la realidad, entonces la proporción de milicianos con respecto al resto de los componentes regulares sería de treinta a uno.

Los desafíos para que los componentes de la FAN asimilen la entrada masiva de milicianos son múltiples. En este espacio, solo se referirá el relativo a los requisitos para la admisión a la FAN: mayoría de edad, nacionalidad venezolana, dos fotos carnet, copia de la cédula de identidad, resumen curricular y una “carta de buena conducta”, emitida por la autoridad civil correspondiente. Como se ve, el estándar mínimo es bastante bajo. Tanto que ni siquiera se menciona el tradicional requisito de estatura igual o superior a 1,65 metros. Tampoco, haber cursado educación media, o educación alguna.

La “buena conducta” puede ser certificada por algún consejo comunal, y no implica ausencia de antecedentes penales, pues esta constancia no la expide una jefatura civil sino el ministerio de Relaciones Interiores. En otras palabras, se abre una ventana de oportunidad para el ingreso a la FAN de personas que hayan cometido delitos. Y que seguirán en eso, aprovechando el uniforme, tal y como sucedió con los materiales guardados en el almacén del hospital de Coro (julio 2019), los medicamentos de la base de misiones en Barcelona, Anzoátegui (agosto 2019), y los juguetes que repartirían en la fundación Lara Bella y Segura (diciembre 2019). La lista es mucho más larga.

La primera característica que asigna la Constitución vigente a la Fuerza Armada (artículo 328) es que se trata de una institución “esencialmente profesional”. A los oficiales que formaban parte de la cúpula militar cuando Chávez llegó al poder, esto les parecía un avance con respecto a la Carta Magna de 1961, que resaltaba más los valores de obediencia y no deliberancia. Ese carácter profesional debería pasar por rigurosos procesos de selección y formación de los oficiales y efectivos de tropa. La FAN tendería a ser una institución más bien reducida pero altamente eficaz.

 

Veinte años después, la jerarquía castrense se ve obligada a tomar decisiones que van contra el primer rasgo definitorio de la FAN -según la Constitución- al incorporar a milicianos con el simple propósito de llenar las plazas y cumplir así con los requisitos mínimos fijados en las tablas de organización.

En un artículo de reciente divulgación, el coronel retirado del Ejército Antonio Guevara escribió que el centro de gravedad del proceso político nacional, encabezado por Chávez y ahora Maduro, se ha desplazado hacia la Milicia, con lo que ella sería “la verdadera columna vertebral del régimen”. En esta misma línea, la incorporación de milicianos al ejército regular también podría interpretarse como una jugada por dar cierta formalidad a un cuerpo que hasta ahora se distingue precisamente por lo contrario.

Es una apuesta arriesgada, que probablemente mermará las capacidades ya reducidas de la institución militar en pleno.

Breves

-En la Policía Nacional hay varias formas de ascender. Por una parte, está el método convencional. Se parece al que aplican en la Fuerza Armada: un grupo de superiores destacados en cada región policial, reunidos en un comité, evalúa el desempeño de los subalternos en la tarea asignada, e igualmente la antigüedad en el grado, la edad y los logros académicos de cada uno. Pero hay también un procedimiento especial. Lo aplican desde agosto de 2017, por orden del Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol). Lo han denominado “justicia social”. En la PNB, opera como una especie de “puerta trasera” para subir en la pirámide policial.

Según fuentes de la propia institución, opera así: luego de los ascensos regulares, se abren lapsos para que los comités ad hoc reciban las quejas o solicitudes de reconsideración sobre las razones por las que no se otorgó la promoción al grado superior. Estas mociones, de acuerdo a fuentes de la PNB, generalmente son acogidas puesto que rara vez se toma en cuenta el desempeño del oficial que acude a esa instancia. De hecho, en documentos enviados a las regiones policiales se indica que los únicos elementos para participar en el proceso son los de antigüedad en el grado, la edad y la limpieza del historial, es decir, que el agente no tenga expedientes administrativos o penales.

Esto quiere decir que, a los efectos del proceso de “justicia social” en la PNB, la eficiencia y el empeño en el cumplimiento de la labor pasan a un segundo plano, y ceden ante los padrinazgos y la proximidad a los círculos del poder. Alguien en el MRI se percató del efecto pernicioso de este método alterno para los ascensos, y se ha anunciado que la última ronda se abrió a finales de 2019. En diciembre, aspiraban a un “ajuste de rango” por esta vía más de 6.500 agentes.

 

-La Dirección contra Drogas de la policía judicial elaboró un documento denominado Siete líneas estratégicas, con su correspondiente presentación para la consideración de la jerarquía de ese cuerpo. A continuación, un extracto de la llamada “primera línea”, cuyo propósito declarado es “expandir la estabilidad democrática”. Se transcribe:

“La guerra de alta intensidad a la que el imperio norteamericano ha sometido la región latinoamericana y caribeña está concentrando sus fuegos en la Revolución Bolivariana, gestando un golpe de estado continuado aupado por diversos sectores de la derecha internacional, la burguesía reaccionaria venezolana y la clase media alienada con su avanzada de juventud fascista.

“Esta situación ha disparado la opinión pública nacional e internacional arreciando el bloqueo mediático contra la República Bolivariana de Venezuela, declarando una pretendida inestabilidad política y el resquebrajamiento del hilo democrático de derecho y justicia de las instituciones del país.

“Por consiguiente, se hace necesario, primero, aclarar el concepto de estabilidad política que está a la base práctica de la Revolución Bolivariana y que constituye uno de los legados de nuestro comandante Chávez. En segundo lugar, con el concepto a la mano, se puede dar vuelta a los balances políticos que intencionalmente deforman la realidad del país a la búsqueda de una intervención extranjera.

“Por lo que como pilar fundamental de administración de justicia, de acuerdo a nuestra excelencia investigativa y estando conscientes que tenemos a puertas unas elecciones, debemos canalizar el espíritu democrático y electoral dando el ejemplo desde nuestra institución. Iniciando los esfuerzos para disipar todas las conspiraciones y complots (…)”.

 

Se reitera, este es un texto sobre la orientación que tendrán las actividades de una dirección tan importante como la investigación sobre delitos de drogas, en Cicpc.

Crímenes sin Castigo | FAN 2020, por Javier Ignacio Mayorca
-Es un error formarse una opinión sobre toda la Fuerza Armada Nacional a propósito de la situación bochornosa del 5 de enero los alrededores del Parlamento. Otros matices deben ser tomados en cuenta

@javiermayorca

La Fuerza Armada Nacional comenzó este año en medio de circunstancias contradictorias, difíciles de comprender, que parecen la consecuencia de las tensiones internas a las que se ve sometida la institución como un todo, y también los hombres y mujeres que la conforman.

Para cualquiera que apenas esté bajándose de un avión, resultaría relativamente sencillo formarse una opinión general sobre los militares venezolanos con tan solo echar un vistazo a las imágenes bochornosas del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, tratando de brincar una reja para acceder a la Asamblea Nacional mientras que los efectivos de la Guardia Nacional -llamados a preservar la institucionalidad del país- se lo impiden usando los escudos de orden público.

No sería muy difícil hacer una generalización a partir de un hecho tan grueso como este. Mucho menos si vemos que esos mismos militares se hacen de la vista gorda cuando los miembros de los colectivos armados arremeten contra los periodistas, los golpean y los despojan de sus instrumentos de trabajo.

Todo esto es cierto. Lo sucedido el lunes 5 de enero demuestra nuevamente que la FAN es el principal pilar sobre el que se sostiene el régimen de Nicolás Maduro. Pero esa es solo una parte de la historia.

Hay matices. Hechos que conviene colocar en la balanza para lograr una comprensión más cabal de lo que sucede cuarteles adentro. Aquí va un recuento que no pretende ser exhaustivo. Es solo la enumeración de algunos elementos que vale la pena incorporar a cualquier análisis.

1.-En 2019 hubo tres rebeliones.

Se dice fácil, pero esto nunca había sucedido en el país. Ciertamente, fueron movimientos parciales, que apenas involucraron a unidades específicas o a pequeños grupos de oficiales y tropas de la Fuerza Armada. En enero, fue un contingente de sargentos de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional. En abril, hubo efectivos de tres destacamentos del mismo componente, aunque las sospechas alimentadas por voceros del gobierno estadounidense indican que se trató de algo mucho más amplio y profundo, que no se manifestó en su total dimensión.

La participación del general de brigada del Ejército Manuel Christopher Figuera, entonces director del Sebin, pareciera ser una evidencia al respecto. En la última rebelión, reportada el 22 de diciembre, participaron reservistas y oficiales del Ejército. Este, además, pareciera ser el prólogo de una serie de acciones que los propios protagonistas enmarcan dentro de la llamada Operación Aurora.

Las supuestas conspiraciones detectadas en los primeros años de mandato de Maduro eran esencialmente producto de murmuraciones o planificaciones previas a las acciones, con elevada participación de oficiales retirados o que no tenían mando sobre tropas. Ahora son las tropas mismas las que se alzan.

 

2.-Pérdida del pie de fuerza.

Poco a poco, se va reduciendo la magnitud de los contingentes militares. Varios factores obran en esto. En primer lugar, las tropas que salen de baja no son repuestas en su totalidad mediante los tradicionales procesos de alistamiento voluntario. La gente ya no ve en la FAN un medio de superación personal. La institución, además, ha perdido el aprecio popular, que era uno de sus más importantes capitales hasta la llegada de Chávez al poder. Antes, la FAN se disputaba los mayores índices de popularidad como institución, junto a la iglesia y los medios de comunicación.

Ahora, a juzgar por los resultados del último sondeo Delphos, está entre las tres entidades menos apreciadas por la gente. Entonces, merman las incorporaciones a filas, y los que actualmente están en ellas las abandonan a raudales. En las guardias de navidad y año nuevo fueron numerosos los reportes sobre deserciones. El último conocido en Caracas fue un efectivo de tropa profesional asignado a la vigilancia de la flota del ministerio de la Defensa en la base aérea La Carlota. Huyó con su arma de reglamento.

Otro golpe importante a las filas de la FAN fue el abandono de más de 600 uniformados, casi todos de la Guardia Nacional, para respaldar la iniciativa de llevar ayuda humanitaria desde Cúcuta.

 

En lo inmediato, una consecuencia probable será la informalización de las labores militares, lo que otorgará creciente importancia a la Milicia.

3.-“Moral baja”.

Luego del alzamiento del 21 de enero, fueron frecuentes los llamados de los generales a los jefes de unidades para que le “hablen a la tropa”. Pareciera que existe una separación entre los estratos inferiores de la FAN y los oficiales llamados a comandarlos. Desde luego, a los ojos de los uniformados rasos, esto le resta propósito a su accionar. En diciembre ocurrieron cosas insólitas, como la de efectivos de tropa de la Armada que desconocen quién es su comandante general, el mismo cuya foto debe estar en la cadena de mando de cada prevención.

El máximo representante de la GN, mayor general Fabio Savarse, detectó algo similar durante una revista que pasó a finales de diciembre. En palabras muy duras, afirmó que los guardias “están descuidados (…), con la moral baja, no tienen actitud de guerra”. Y ordenó a los comandantes de unidades que supervisaran más de cerca a sus subordinados. Pero los guardias como que prefieren enviar mensajes por sus teléfonos antes que estar pendientes de lo que sucede a su alrededor. Savarse lo advirtió. Ni siquiera la posibilidad de que los puestos fuesen atacados, como sucedió en Bolívar, los pone alertas. Como si la tarea no importara.

Al respecto, conviene recordar lo dicho por el capitán de corbeta Miguel Angel León, al solicitar su pase a la reserva activa en noviembre de 2018: a los militares les molesta el abandono de sus funciones primordiales y la transformación de la FAN en una “milicia populista, dedicada única y exclusivamente a defender los intereses de una parcialidad política y una revolución que dista mucho de representar los intereses de todo el pueblo”.

Las consecuencias de esta actitud generalizada en los cuarteles son múltiples. Cabe preguntarse, por ejemplo, qué incentivos habrá que dar u ofrecer a un militar para que se traslade a la frontera.

 

4.-Destellos.

A pesar de todos estos factores, y como sucede en el resto de la sociedad, hay militares dedicados a cumplir sus tareas. Las que les competen por esencia. Esto también lo vimos en días recientes. En Amazonas, efectivos de la Guardia Nacional detuvieron y presentaron ante los tribunales a dos hombres señalados de pertenecer a las FARC, que supuestamente iban de avanzada para permitir el paso de un grupo más grande de esa organización guerrillera.

En Bolívar, recaban información sobre el posicionamiento de organizaciones irregulares de todo tipo, y solicitan al gobierno de Maduro recursos suficientes para cumplir con sus tareas en los enclaves del Arco Minero. En Zulia son frecuentes los contactos hostiles con columnas del Ejército de Liberación Nacional. Algunos de estos episodios son conocidos gracias a que los propios protagonistas filtran la información, pues saben que los jerarcas en la capital no lo harán.

La Fuerza Armada es en parte lo que se pudo ver en los alrededores del Parlamento. Y también es mucho más que eso. Estos matices son, quizá, lo que más interesa para el futuro próximo.

 

Breves

-En diciembre, el ministerio de Relaciones Interiores entregó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas el nuevo organigrama de la institución, previamente aprobado por el ministerio de Planificación. Ahora, la policía de investigación tendrá cuatro niveles: superior, donde está la Dirección General y el Consejo Disciplinario; de Apoyo, donde se ubican trece dependencias como las oficinas de Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, Inspectoría, Atención a la Víctima y de Respuesta a Desviaciones Policiales, entre otras; el nivel Sustantivo consta de tres unidades, como son Investigación Penal, Criminalística y Apoyo a la Investigación Penal, y en el último nivel, llamado Operativo Desconcentrado Territorial, quedaron adscritas las 24 delegaciones estatales y las correspondientes unidades de apoyo a la Investigación Estatal.

El corazón de Cicpc sigue siendo la investigación penal. En este punto, la “nueva” estructura tiene siete direcciones: delitos contra las personas, drogas, robo y hurto de vehículos, delincuencia organizada, delitos contra la propiedad, inteligencia y operaciones estratégicas. Este organigrama es el resultado de un proceso que se inició en junio de 2011, luego de un motín en los calabozos del Departamento de Aprehensión de ese cuerpo, en El Rosal, que ocasionó la muerte de tres personas.

El suceso puso en evidencia todo un sistema de corrupción, que se intentó atacar mediante una reforma estructural. Ocho años después, se conoce el resultado. Salvo una adaptación a las realidades regionales y a las nuevas legislaciones que han surgido en este lapso, el aspecto organizativo de la policía de investigación se mantiene prácticamente igual.

-La nueva configuración de la policía judicial no tiene ninguna dependencia referida a la formación de los nuevos funcionarios, ni a la actualización de los conocimientos de los que ya están en la institución. Esa misión compete a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes). El 29 de noviembre, el vicerrector de Desarrollo Académico de este centro, José Ramón Muñoz, notificó a los directores de los centros de formación en todo el país que a partir de 2020 deberán iniciar los procesos de formación “para el personal que aún no ha culminado su bachillerato, para las y los funcionarios policiales, personal administrativo y obrero adscrito a todos los entes del MRI”.

Este documento da por sentado que actualmente los cuerpos policiales tienen en sus nóminas a funcionarios que ni siquiera han finalizado la educación media, lo que se suponía era un requisito indispensable para ingresar a estas instituciones. Esta circunstancia era de sospecharse, a juzgar por la cantidad de errores -de forma y de fondo- que tienen las actas policiales. 

Crímenes sin Castigo | Venezuela: radiografía del lavado de dinero (II/II)
-Las investigaciones sobre lavado de dinero en el país están marcadas por la impunidad. La dolarización de la economía nacional genera peligrosos vacíos de vigilancia

@javiermayorca

Las primeras investigaciones sobre lavado de dinero en Venezuela datan de la última década del siglo pasado. Eran expedientes muy complejos y voluminosos, que a menudo se iniciaban gracias al dato de un informante, o dando continuidad a investigaciones previas que generalmente se relacionaban con bandas de traficantes de drogas.

Era la época del sistema inquisitivo de justicia, en el que jueces como Mildred Camero –luego presidenta de la Conacuid- encabezaban la instrucción de los expedientes, no los fiscales del Ministerio Público. Junto a la Guardia Nacional, que poseía un servicio especializado en la materia, indagaron sobre las inversiones de capitales de grupos guajiros, el uso de las casas de cambio en San Antonio del Táchira, los casinos del Cartel de Cali y las inversiones inmobiliarias en Margarita, que servían para blanquear recursos de la Camorra napolitana.

Pero los casos generalmente tropezaban con el escollo de demostrar el origen ilícito del dinero, es decir, el delito primario que había generado los capitales legitimados.

Posteriormente, en resoluciones de la Superintendencia de Bancos se invirtió la carga de la prueba con respecto al dinero y los activos presumiblemente derivados de los actos ilegales. Esto implicaba que, durante una investigación penal por tráfico de drogas, el propio implicado era obligado a demostrar la legalidad de los recursos financieros y de los activos que manejaba, pues de lo contrario serían confiscados. Estas normas fueron ampliamente criticadas, pues iban contra el principio general de presunción de inocencia. Sin embargo, se mantuvieron vigentes, entre otras razones porque había un respaldo internacional, que se blindó años después luego de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.

Con la entrada en vigencia de la primera norma penal venezolana contra la delincuencia organizada, en 2005, se abrió la posibilidad de imputar lavado de dinero a quienes manejaran recursos provenientes de actividades distintas al tráfico de drogas. Pero siempre este delito era subsidiario. Hasta que se implantó una reforma a la ley orgánica contra la delincuencia organizada, en 2012. A partir de ese momento, se iniciaron imputaciones por lavado de dinero sin que se hubiese comprobado debidamente la existencia del delito primario. Lo importante, según el ex director de Actuación Procesal de la Fiscalía, Zair Mundaray, era la inserción en el sistema financiero de recursos derivados de una “actividad ilícita”.

Al manejarse el tema con esta amplitud, era lógico esperar que las investigaciones por lavado de dinero en Venezuela florecieran por doquier, y se multiplicaran. Pero eso no fue así. Una de las razones es que las pesquisas sobre el lavado de dinero –las de verdad- apuntan a quienes manejan los capitales. Se trata de personas que generalmente no se involucran en el día a día de las redes de delito organizado. En el cartel de Cali, por ejemplo, el ocultamiento de los recursos producidos por el tráfico de drogas no era labor de los hermanos Rodríguez Orejuela sino de expertos contadores como el chileno Guillermo Pallomari.

Por otra parte, la acumulación de capitales, lícitos o ilícitos, trae poder, y con ello se abre la posibilidad de que los esqueletos queden en el clóset, a buen resguardo. Cuando comenzó el escándalo internacional sobre las actividades de Walid Makled, ya la Superintendencia de Bancos procesaba por lo menos tres informes sobre operaciones sospechosas que involucraban el manejo de cientos de millones de bolívares a través de testaferros, que eran los cuentahabientes en la banca nacional.

Cuando se habla de lavado de dinero en Venezuela, la posibilidad de que las investigaciones se estrellen contra el muro del poder es muy elevada, aun cuando la norma vigente sea utilizada con amplios márgenes de discrecionalidad, como ya se explicó.

 

Existen, sin embargo, algunas pistas que se puede seguir para orientar la búsqueda sobre las áreas donde podría intensificarse el lavado de dinero. Una de ellas la constituyen los llamados reportes de actividad sospechosa (RAS). Estos son informes que levantan los llamados oficiales de cumplimiento de la banca y los otros “sujetos obligados” por la legislación, como pueden ser las firmas aseguradoras, las administradoras, los notarios, los registradores, las operadoras turísticas e, incluso, los vendedores de vehículos. La lista es bastante larga.

Todos esos informes son recibidos y procesados periódicamente por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), una oficina que anteriormente estaba inserta en la Superintendencia de Bancos y que ahora depende de la Vicepresidencia Ejecutiva -por si quedaba alguna duda de la relación entre capitales y poder-. En la UNIF convergen técnicos en informática con agentes del Sebin y Dgcim, especializados en análisis financieros.

En 2018, según la UNIF, los “sujetos obligados” emitieron 1.961 reportes de actividades sospechosas, es decir, relativos a movimientos financieros que podrían indicar operaciones de lavado de dinero. La cifra más elevada de reportes acumulados durante los últimos años fue de 2.741. Esto sucedió en 2015. Desde entonces, los totales han ido en descenso. Este año la tendencia ha continuado igual, pues en el primer semestre de 2019 hubo solo 645 reportes.

La merma de 28,4% en los informes sobre actividades sospechosas no necesariamente indica que los bancos se ablandaron con respecto al tema. Cuando se hace una revisión detallada, prácticamente el 90% de los RAS fue elaborado por entidades bancarias. En cambio, los registros y notarías, las aseguradoras y empresas de corretaje y casas de cambio casi no emitieron alertas.

Según la UNIF, en la actualidad los sectores que ocasionan más sospechas en cuanto al lavado de dinero son el comercio al por menor y los servicios, que acumulan respectivamente el 51,6% y el 14,8% de los reportes. Y estas son, precisamente, las áreas de la economía que más se han dolarizado en el país, de acuerdo con el último sondeo de Consultores 21. En la actualidad, ya las cosas son pagadas directamente en dólares, de manera que pronto tales transacciones no estarán al alcance del ojo escrutador de la UNIF. Pero, hasta hace apenas unos meses, se llevaban a cabo operaciones de cambio de divisas, que levantaban las alarmas cuando se hacían las transferencias de bolívares entre los bancos.

En los años ochentas del siglo pasado, el Banco de la República de Colombia instauró una oficina para recibir los dólares sin preguntar de dónde venían. El mecanismo era obviamente una oportunidad abierta por el propio Estado para lavar los recursos de los carteles de la droga. Los periodistas llamaron a este sistema la “ventanilla siniestra”. Con la dolarización sin control, toda Venezuela se convierte en una “ventanilla siniestra”.

 

Para este despacho, actividades como la construcción y la agricultura en este momento no acumulan más del 5,2% de las alertas. Como se sabe, ambos rubros están de capa caída.

Ahora bien, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente de fuentes policiales, durante la primera mitad de 2019 se iniciaron 82 averiguaciones por lavado de dinero. Esto equivale solo al 12% de los reportes de operaciones sospechosas. De ellas, 80 son instruidas por agentes de la División contra Delitos Financieros de la policía judicial. Solo hubo detenidos en uno de los expedientes, iniciado el 27 de junio, en el que además fue incautada una avioneta.

Por lo tanto, a pesar de los cambios en los criterios para investigar el lavado de dinero en Venezuela, las cifras indican que sigue siendo un delito con altos porcentajes de impunidad.

Esta situación en lo interno contrasta con la ola de investigaciones desarrolladas en el plano internacional contra redes de lavado de dinero que involucran a empresarios y a funcionarios venezolanos. Una explicación, que no pretende ser definitiva, es que tales delincuentes (aunque abrazaban públicamente la ideología de la revolución chavista) siempre tuvieron en su horizonte mental la noción de que tarde o temprano marcarían distancia del régimen para disfrutar de sus haberes en un “exilio dorado”. Esta idea sigue marcando a los operadores del régimen, quienes en privado y en público exigen el levantamiento de las sanciones, como requisito para negociar una salida a la terrible crisis humanitaria que viven los venezolanos.

Breves

-A partir de noviembre, el ministerio de Relaciones Interiores cesó la diseminación de los datos sobre muertes por enfrentamientos con efectivos policiales o militares, tradicionalmente conocidas como “resistencia a la autoridad”. El despacho del general Néstor Reverol suministraba a los jefes policiales de las alcaldías, las gobernaciones y de algunas unidades de la Policía Nacional un resumen semanal con la evolución de los nueve delitos “marcadores”, entre los cuales figuraba hasta octubre lo referido a las acciones en las que participaban los uniformados. Fuentes policiales indicaron que, para la última semana del décimo mes del año, se acumulaban 3.794 muertes a manos de agentes de policías o de la FANB. Si esta cifra es evaluada junto a los 5.781 casos de homicidio, el resultado es que la violencia impartida a través de los cuerpos de seguridad representa el 39.6% del total.

En diciembre 2018, cuando Reverol divulgó los resultados de la gestión del MRI, los supuestos enfrentamientos con agentes equivalían al 29%. Esto sugiere que la letalidad de los funcionarios estatales ha ido en aumento durante 2019. Hasta octubre, los estados con mayores incrementos en las muertes por “resistencia a la autoridad” eran Nueva Esparta (111%), Lara (57,4%) y Falcón (45,6%). El ocultamiento de las cifras sobre este particular coincide con las investigaciones de la Organización de Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos fundamentales en el país.

 

-A juzgar por lo señalado en diversos informes de la ONU, las perspectivas para Venezuela en 2020 no son auspiciosas. Por ejemplo, en el documento llamado Panorama Humanitario Global este organismo solicita triplicar el presupuesto destinado a la atención a la población necesitada en el país. La petición de recursos asciende a 750 millones de dólares para 2020. Pero esto no asegura que la atención llegará a tales sectores, que se calcula suman ya siete millones de personas. La crisis venezolana, de acuerdo con el documento, llega ya a niveles similares a las de Etiopía, Sudán del Sur, Bangladesh y Nigeria.

Los efectos se sentirán en toda la subregión, en términos de una creciente migración, que ya supera los 4,5 millones de personas durante los últimos dos años. Por otra parte, las organizaciones no gubernamentales han establecido un protocolo de actuación ante la situación del país. El documento, denominado Principios operativos conjuntos indica que los miembros de estas instituciones tendrán que tratar con grupos armados no gubernamentales, por considerarlos “actores relevantes” de la realidad nacional.