Javier Ignacio Mayorca, autor en Runrun

Javier Ignacio Mayorca

Crímenes sin Castigo | Ejecuciones con maquillaje, por Javier Ignacio Mayorca
Desde el Gobierno intentan cambiar la narrativa en torno a las muertes a manos de policías y militares. De un plumazo, desaparecieron los casos de resistencia a la autoridad

 

@javiermayorca

El 14 de enero, el director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, informó a través de sus redes sociales sobre los hechos que desencadenaron la muerte de Giovanny Antonio Milla Godoy.

Este hombre, apodado Giovanny Caracas, fue caracterizado por el jefe policial como un “peligroso criminal” del estado Trujillo. En específico, era buscado por el homicidio de Juan Francisco Gutiérrez Hernández, un comerciante de 36 años de edad, conocido en Valera como Juan Chalero. El 25 de octubre de 2021, informó el Diario de Los Andes, un grupo armado entró a la venta de repuestos para motocicletas que él regentaba en la avenida Bolívar y lo acribilló sin llevarse ni un tornillo. De allí que, para Rico, este fue el resultado de un sicariato, un asesinato por encargo.

Este caso quizá quedaría sepultado junto con otros cientos que suceden en todo el país, en los que individuos responsabilizados por ciertos delitos mueren en supuestos enfrentamientos con efectivos de cuerpos uniformados, civiles o militares.

Pero, en lo referido a Giovanny Caracas, hubo un detalle llamativo. De acuerdo con el jefe de la policía de investigación del país, el incidente ocurrió en el contexto de lo que denominan una “intervención legal”.

No era la primera vez que el funcionario acudía a esta expresión. El 12 de enero, hizo lo mismo al reportar sobre un supuesto intercambio de fuego entre agentes de la institución y Mario Antonio Navas García, Cuchito, en el sector La Pica de Palo Negro, estado Aragua. Al abundar en detalles sobre este suceso, afirmó que fueron colectados un vehículo y una pistola “en el lugar de la resistencia”.

Ese mismo día, 12 de enero, las unidades encargadas de recopilar y sistematizar las estadísticas en las policías de alcance nacional recibieron una escueta orden, según la cual a partir de ese momento todos los casos que anteriormente eran catalogados como “resistencia a la autoridad” serían conocidos como “intervención legal”.

Este parecería ser un detalle netamente burocrático. Pero no lo es. Hasta 2021, las estadísticas de criminalidad eran elaboradas exclusivamente en torno a delitos.

Los principales eran desde luego los homicidios, las lesiones personales, los secuestros, las violaciones sexuales, los robos y los hurtos de todo tipo, y la “resistencia a la autoridad”, que es una de las acciones ilícitas contra la cosa pública. El Código Penal la describe como el uso de “violencia o amenaza para hacer oposición a algún funcionario público en el cumplimiento de sus deberes oficiales”.

Bajo el paraguas de la “resistencia a la autoridad” tradicionalmente han colocado los homicidios perpetrados por funcionarios de cuerpos policiales o militares. En algunos de estos casos, ciertamente, el agente o militar puede ser eximido de culpa al comprobarse, mediante investigación del Ministerio Público, que actuó en legítima defensa, ya sea propia o de terceros. Pero la gran mayoría de los expedientes oculta el resultado de actos alevosos, perpetrados con ventajismo. Este ha sido uno de los puntos que mayor interés ha suscitado en cuerpos internacionales de defensa de los derechos humanos.

De acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, entre 2018 y 2021 fueron reportadas 18024 muertes por “resistencia a la autoridad”. Se debe aclarar que no todos los expedientes sobre este delito finalizan con el deceso del supuesto investigado. A fin de cuentas, se trata de personas que se oponen a los dictados de algún funcionario. En el estado Vargas, por ejemplo, imputan este delito a los gestores de todo tipo que reviran cuando son detectados por la Guardia Nacional en el interior del aeropuerto.

Pero estas son excepciones. El 95,6 % de los casos de “resistencia a la autoridad” instruidos en 2020 incluyó la muerte de alguna persona a manos de efectivos policiales o militares. En 2021, nueve de cada diez expedientes (90 %) catalogados como “resistencia a la autoridad” finalizaron con al menos un cadáver en la morgue.

Tarde o temprano, toda esta mortandad con barniz de legalidad llamaría la atención de los organismos que velan por los derechos fundamentales.

No solo ha sucedido aquí. También en lugares tan diversos como México y Filipinas, donde los cuerpos de seguridad se hicieron tristemente famosos por su accionar en la “guerra contra las drogas”.

Pero en el caso venezolano, esta revisión desde afuera comenzó a propósito de conflicto político, puesto que también los fallecimientos de opositores y personas críticas o incómodas al Gobierno ocasionalmente han sido ocultados bajo el rótulo de “resistencia a la autoridad”. El primer informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU afirmó que el Gobierno de Maduro sigue un “claro patrón” en este sentido, al tratar de colocar las ejecuciones extrajudiciales como casos en los que las personas ofrecieron alguna oposición a las fuerzas policiales o militares.

Este documento fue emitido en septiembre de 2020, y ocasionó enorme revuelo. Más allá de las fronteras, sirvió como una especie de antesala para las decisiones que luego fueron emitidas por la fiscalía ante la Corte Penal Internacional. Y fronteras adentro, el régimen se ha visto obligado a implantar un conjunto de cambios, en una clara estrategia de control de daños.

“Ellos (en el Gobierno) están muy asustados con el tema de la Corte Penal Internacional. En algunos casos, han hecho maquillajes. Pero en otros los cambios han sido reales”, afirmó el abogado y activista de derechos humanos Marino Alvarado.

Junto con el Centro Gumilla, Alvarado hizo una evaluación de la información pública sobre muertes por resistencia a la autoridad. Concluyó que a partir de la divulgación del informe ya referido (septiembre de 2020) los totales han ido en franco descenso.

Otro hecho concreto en esta materia ha sido el desmantelamiento casi total de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), señalada como la unidad que más acudía a las tácticas de “mano dura”. Esta había sido una recomendación de la alta comisionada de DD. HH. de la ONU, Michele Bachelet. Sin embargo, aclaró que la FAES todavía tiene algunos reductos en Caracas y Lara.

Hasta aquí los cambios reales. La implantación de otro nombre a los casos de “resistencia a la autoridad” entra según este experto en el área de lo cosmético.

“Esto parece un interés para generar una predisposición. De entrada, le dan “legalidad” a una intervención que pudo ser irregular. Quieren darle visos legales a muertes que pueden ser arbitrarias. Y si eso es así, ¿para qué las van a investigar? Ya de por sí los casos que se conocían como resistencia a la autoridad no eran investigados”, afirmó.

El régimen de Maduro ha dado varios pasos con el propósito de tomar las riendas de la narrativa en torno a los temas de seguridad, aprovechando la aparente quietud implantada a punta de cuarentenas. La imposición de esta nueva forma de designar el accionar letal de los cuerpos de seguridad vino precedida de otras medidas. De repente, las estructuras armadas no estatales comenzaron a ser conocidas como TANCOL, un acrónimo por “terroristas armados, narcotraficantes de Colombia” que acuñó el gobernante a partir del 30 de septiembre, cuando intervino en el aniversario del Comando Estratégico Operacional de la FANB. No es de extrañar entonces que, en los próximos días, algún funcionario obsecuente intente ganar puntos al divulgar los resultados de una “intervención legal contra una peligrosa TANCOL”.

Breves

√ Las autoridades venezolanas están decididas a no perseguir el comercio ilegal de oro. De acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, durante 2021 fueron iniciadas en el país casi 260 investigaciones sobre el tráfico ilícito de metales preciosos o considerados “estratégicos”. Pero ninguna de ellas tuvo que ver con las redes criminales que se nutren del oro extraído del arco minero del Orinoco.

Cuando se va al detalle de estos casos, encontramos que generalmente se trata de pequeños rateros o personas sin oficio, encontradas in fraganti cuando presuntamente sustraían cables de cobre, tubos abandonados en algún terreno de Petróleos de Venezuela, o que transportaban chatarra sin la venia de los policías y militares de turno. Nada de oro. Un informe publicado en septiembre de 2021 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calculó que en Venezuela se producen anualmente unas 75 toneladas del metal aurífero. De ellas, solo la mitad estaría entrando a las bóvedas del Banco Central de Venezuela. El resto representa lo que describieron en ese estudio como “flujo disperso”, que por definición es ilegal, y nutre las finanzas de “personas políticamente expuestas” (PEPs), estructuras armadas no estatales como las megabandas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos terroristas.

El hecho de que semejante tráfico pase desapercibido para las autoridades formales es indicador de que, por lo menos, estamos ante una “ceguera voluntaria”, lo que viene a ser una forma de complicidad.

Esta ausencia de control tiene consecuencias. De acuerdo con el último informe del Observatorio Venezolano de la Violencia, tres de los cinco municipios con las tasas más elevadas de muertes no naturales están en las zonas mineras de Bolívar. El Callao es el más notable, con 511 por cada 100.000 habitantes. El tráfico de metales preciosos, junto con el de drogas ilícitas, alimenta los conflictos armados. Sucedió en Sierra Leona con los diamantes, en Colombia con las esmeraldas, y ahora lo vemos aquí. Nadie aprende por la experiencia ajena.

El sábado 15 de enero, la Zona Operativa de Defensa Integral del estado Apure (Zodi 31) informó sobre la llegada de refuerzos a las tropas acantonadas en la 92 Brigada Caribes del Ejército, con sede en Guasdualito. La decisión fue tomada ante el evidente brote de violencia que abarca tanto al departamento de Arauca como al estado llanero venezolano, y que suma ya más de cuarenta fallecidos. De ellos, por lo menos diez en territorio nacional. Apure se ha transformado en un territorio en disputa por grupos armados, como sucede en Bolívar y el sur de Monagas. Frente a lo cual la FAN pareciera ser un actor disminuido, con poco qué decir o hacer. En este caso, los protagonistas son el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC lideradas por Gentil Duarte (FARC-EP), la misma facción que en marzo de 2020 mantuvo rehenes a ocho militares venezolanos. Esta violencia se hizo notoria desde diciembre, cuando el ministro de la Defensa colombiano Diego Molano confirmó las muertes en Apure de quienes para el momento eran segundo y tercero al mando de la otra gran disidencia de las FARC, conocida como Nueva Marquetalia.

Se trata de Hernán Darío Vásquez y Henry Castellanos, respectivamente conocidos como Paisa y Romaña. Por el primero el gobierno colombiano ofreció 3000 millones de pesos en recompensa, unos 800.000 dólares al cambio actual, mientras que por Romaña el Departamento de Estado de EEUU puso sobre la mesa 2,5 millones de dólares. A pesar de lo declarado por el funcionario neogranadino, en Venezuela no existen registros ni confirmaciones oficiales sobre lo ocurrido con estos sujetos. Una situación similar a la planteada con Seuxis Paucías Hernández, alias Jesús Santrich, supuestamente ultimado en Zulia en mayo de 2021.

Al momento de cerrar esta columna, nos envían un parte elaborado por la Zodi 45 (Carabobo), el 18 de enero. Según esta minuta, la policía municipal de Los Guayos reportó que la estación de servicio ubicada en la carretera que une a esa población con Guacara fue tomada desde horas de la mañana por miembros de un colectivo autodenominado “Movimiento social y revolucionario para la defensa chavista”. Estos individuos asumieron las funciones que anteriormente eran ejercidas por militares. A las 9 a. m., continúa el parte, se presentó en el lugar un mayor del Ejército, quien admitió que había solicitado la colaboración a este grupo, a quienes catalogó de “cooperantes”. Ante esta admisión de lo sucedido, los agentes municipales se retiraron del lugar. La información sobre lo sucedido en esa gasolinera fue remitida a Crímenes sin Castigo en atención a lo afirmado en la entrega anterior, sobre las tendencias que veríamos este año en materia de seguridad ciudadana. Una de ellas, relativa a la mayor presencia de los colectivos armados en labores de vigilante, anteriormente ejercidas por uniformados.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin castigo | Venezuela 2021: una revisión en seguridad (II/II), por Javier Ignacio Mayorca
En esta entrega, se hará una prospectiva sobre las principales tendencias en seguridad ciudadana para el año que apenas comienza

 

@javiermayorca

En el año que está comenzando, Venezuela se asomará a la realidad de la pospandemia. Esta “nueva normalidad” estará plena de retos en materia de seguridad ciudadana. Algunos ya comenzaron a manifestarse durante los últimos meses de 2021, tal y como fue descrito en la entrega anterior.

En esta oportunidad, se hará mención a los que posiblemente serán los principales factores en juego en este tema durante los próximos doce meses. Nuevamente, se aclara que no se trata de una descripción exhaustiva, sino meramente enunciativa.

Repuntará la criminalidad violenta

En 2021 los delitos violentos como los homicidios, las lesiones personales, los secuestros y los robos de vehículos registraron una baja numérica de más de 30 % con respecto a 2020. Tal y como lo advirtió el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño, este es el resultado de factores que en mucho exceden a cualquier política en materia de seguridad ciudadana, por cierto, inexistente en el país.

Las cuarentenas, la diáspora y el declive económico han impactado sobre la frecuencia de los delitos violentos.

Pero en 2022 podría revertirse esta situación. La oficina de Naciones Unidas que coordina la ayuda humanitaria (OCHA) prevé un leve repunte en el producto interno bruto del país (1 %). En este mismo sentido, la criminalidad también crecerá, en especial en los lugares donde perciba que hay mayor movimiento económico, pues eso implica que tendrá más oportunidades. Esto es conocido como el efecto “panal de miel”. Implica que en algunos lugares la acción del hampa se sentirá con mayor intensidad que en otros.

Algo de esto ya comenzó a verse en los robos de vehículos. Aunque los totales de 2021 para nada se asemejan a los que veíamos una década atrás −con cifras que rebasaban las veinte mil unidades−, en los últimos tres meses del año hubo crecimientos consecutivos en las cifras de denuncias recibidas y procesadas. Este es un indicador de lo que puede venir.

La percepción sobre el incremento de las oportunidades para el delito también propiciará una mayor incidencia en cuanto a los homicidios, en especial en el eje Distrito Capital y en Miranda. Muchos de estos casos estarán ligados a intentos de robos de vehículos o de robos a viviendas.

Dólares y algo más

En los últimos cuatro años, los delincuentes han despreciado la moneda nacional. En el estado Bolívar, dejaban regados los billetes en las carreteras hacia Brasil. Esta situación está cambiando.

Con la reconversión monetaria iniciada en octubre y la estabilización de la inflación, los delincuentes ya no excluirán la posibilidad de apoderarse de algún botín en bolívares. Lo que implica un llamado de atención a los bancos y transportes de valores.

En diciembre de 2021, cuatro hombres armados asaltaron una agencia de Banesco en El Vigía (Mérida), y se apoderaron de unos treinta mil bolívares que estaban en las taquillas. Fue una acción rápida, que hace recordar lo visto en la primera década de este siglo.

Por supuesto, los dólares y los euros continuarán en la mira del hampa. Entonces, esencialmente estamos ante una diversificación de los objetivos de la delincuencia.

Privatización de facto del servicio policial

En la primera semana de diciembre, un hombre pasado de kilos permanecía sentado en la puerta de un restaurant chino de Los Palos Grandes. No era un “guachimán” cualquiera. En la cintura, llevaba enfundada una Beretta PX4. De allí hacia arriba, vestía el uniforme de “camuflado urbano”, propio de la Policía Nacional Bolivariana. Hacia abajo, pantalones de jean y botas de uso industrial.

Esta es la imagen de un policía que intenta mejorar sus ingresos a como dé lugar, prestando servicios de vigilancia en el ámbito privado. Algunos lo hacen cuando están francos de servicio. Otros, piden eternos reposos médicos o simplemente no se presentan en sus unidades, y sacan provecho de su condición de funcionarios. Pero este es, probablemente, un individuo que no estará muy dispuesto a atender el llamado de la ciudadanía común ante una emergencia.

El servicio de policía, y por extensión, de seguridad pública, atraviesa en Venezuela un franco proceso de privatización. Desde luego, esto no será admitido por los voceros oficiales. Pero la gente de a pie sabe que, en la situación actual, es muy poco lo que un uniformado estará dispuesto a hacer, a menos que cuente con un estímulo pecuniario. No solo sucede en los cuerpos preventivos. En el caso de la policía judicial, son frecuentes los relatos de víctimas que incluso deben llevar hasta el papel para que sus denuncias queden impresas, llevar a los agentes a los sitios de suceso e incluso alimentarlos.

De otro lado, con la agudización de la crisis económica, los uniformados han encontrado a serios competidores en el campo de la vigilancia. Se trata de los miembros de colectivos armados, que se mueven en un área gris donde cuentan con mucho más campo de acción, incluso, para reprimir “en caliente” a quienes sean detectados atentando contra los intereses de sus patronos.

Esto se pudo evidenciar en los alrededores de una estación de servicio de El Llanito, donde integrantes de estas estructuras armadas dieron una “pela” a un ratero, y lo obligaron a caminar desnudo por la avenida principal. Tal parece que este tipo de acciones expeditivas gustan en ciertos sectores de la sociedad, descreídos de los cuerpos de aplicación de la ley. Ahora, vemos a integrantes de colectivos prestando servicio de vigilancia en ventas formales de alimentos y abastos.

Las bandas criminales, paradójicamente, también intentan ofrecer sus servicios. A veces, acuden a métodos compulsivos, como en el Zulia, donde atacan con granadas a talleres mecánicos y clínicas para exigir un pago. Estos métodos se han extendido a más estados. En la última semana de diciembre, fue reportado un ataque armado a la fachada de un local en Cagua, con propósitos extorsivos.

Continuará la pérdida del control territorial

En los últimos meses, se ha verificado un retroceso en la presencia del Estado. Esto venía sucediendo en las periferias, y ahora también ocurre en las grandes ciudades. Las bandas, grupos guerrilleros y otros actores no estatales han ganado terreno, y se han erigido, incluso, en factores reguladores de la acción humanitaria de las organizaciones no gubernamentales. Son el poder real, en sus áreas de influencia. Y con ellos hay que entenderse. Al respecto, Briceño León advertía recientemente que, en ciertas localidades, la baja en la cifra de homicidios responde a la imposición de una pax mafiosa. En este mismo sentido se ha pronunciado el director del Risk Awareness Council Alberto Ray.

La única forma que tiene el actual régimen para retomar el control de ciertos sectores es a sangre y fuego. No hay rescate de la institucionalidad, tal y como lo pedía la Conferencia Episcopal en el caso de La Vega y la Cota 905. Es una violencia mayor que la ejercida por las bandas. Son golpes de propaganda, que no aportan soluciones sustentables. En el caso del anterior feudo de Carlos Revette, alias Coki, luego de un lapso de calma han vuelto los homicidios y ajustes de cuenta.

Diversificación de las estafas

Junto a un repunte del delito violento, las otras formas más sutiles de actividad ilegal que ganaron espacio durante la cuarentena continuarán en boga. En la anterior entrega se advertía que las estafas mantuvieron en 2021 el ritmo que tuvieron el año anterior. Este espacio no será cedido fácilmente por el hampa informática, puesto que la “nueva normalidad” implica un uso intensivo de las herramientas que corren por internet. Al respecto, se debe tomar en consideración que hay empresas −y emprendimientos− que no abandonarán el espacio virtual si el mundo (y con él Venezuela) logra superar definitivamente la pandemia de la covid-19. De hecho, ya permiten fórmulas mixtas, en las que el trabajador puede llevar a cabo su jornada desde el hogar, y otros días puede presentarse en la oficina. En el caso venezolano, el rezago en la vacunación permite prever que los lapsos de cuarentena se prolongarán mucho más que lo visto en otras partes de la región latinoamericana. Según la OPS, Cuba y Venezuela (en ese orden) ocupan los últimos puestos en cuando a la inmunización de la población. De allí que la “nueva normalidad” tardará un poco más en llegar a estos países.

Breves

El miércoles 29 de diciembre, una portavoz del Servicio Federal de Cooperación Técnica y Militar de la Federación Rusa anunció que en 2022 finalmente serán construidas en Venezuela las fábricas de fusiles Kalashnikov AK-103, y la de sus respectivas municiones. Según Valeria Reshétnikova, los especialistas de este proyecto “han comenzado a preparar el equipo de procesamiento y las líneas de ensamblaje”. Este ha sido un viejo anhelo del oficialismo venezolano.

Ya en 2007, el The New York Times informaba sobre el desarrollo de este proyecto. Pero, como otros tantos, no se concretó como consecuencia de la corrupción.

El 2019, la compañía nombrada para la ejecución del plan, Rostec, inició una investigación en vista de lo que fue descrito por su director general Serguéi Chemezov como “una serie de robos”. Pero no se trataba de asaltos callejeros. El fiscal general ruso, Dimitri Demeshin explicó en aquella oportunidad que las plantas eran construidas en virtud de acuerdos de comercio internacional. Para ese momento, ya se había verificado un desfalco de dieciséis millones de dólares. Y como principal responsable fue señalado el exsenador de la federación, Sergei Popelniújov. El hombre argumentó que el plan no fue cumplido como consecuencia de la alta inflación en Venezuela. Otras tres personas también resultaron condenadas por este caso. Rostec fue la misma compañía que suministró los simuladores de vuelo de helicópteros Mi, en la base aérea Luis del Valle García, ubicada en Guárico.

*Poco a poco, la presencia efectiva de militares y asesores rusos se ha incrementado en el país. Todo esto sucede dentro de la mayor opacidad. Generalmente, la opinión pública se entera por informaciones que llegan desde el exterior, como lo anteriormente referido en torno a la fábrica de fusiles. A veces, en cambio, esto sucede debido a algún desliz. Por ejemplo, el 27 de diciembre el general de división Johan Hernández Lárez, comandante de la ZODI Miranda, soltó una auténtica primicia, cuando reveló a través de su cuenta Twitter que enviados de la empresa Vegacy Strategic Services brindaban cursos de instrucción a las unidades de reacción rápida (llamadas URRA) de la Guardia Nacional en los Valles del Tuy.

Vega es una renombrada corporación del mundo de los llamados “contratistas militares privados”. En otras palabras, mercenarios.

También es conocida como Wagner. Sus actividades han sido el centro de investigaciones internacionales. Entre las últimas figura el entrenamiento a las fuerzas militares pro Bashar al Assad en Siria. Previamente, de acuerdo con publicaciones israelíes (Guzansky, Rakov y Lindenstrauss, 2020) Wagner se vio involucrada en “operaciones negras” llevadas a cabo en Ucrania en 2014, supuestamente, con el respaldo de Moscú. El 29 de diciembre, dos días después de la publicación inicial, Hernández Lárez había borrado su mensaje.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Venezuela 2021: una revisión en seguridad (I/II), por Javier Ignacio Mayorca
Durante 2021, en Venezuela se registraron diversos cambios en el entorno de seguridad ciudadana. Esta será la primera de dos entregas. Se centrará en lo ocurrido durante los últimos 12 meses

 

@javiermayorca

Durante 2021, en Venezuela se registraron diversos cambios en el entorno de seguridad ciudadana. Algunos de ellos fueron apenas perceptibles para la ciudadanía, aunque definitivamente impactaron de forma negativa sobre la calidad de vida. Otras alteraciones comienzan a hacerse evidentes, en la medida en que captan la atención de los medios periodísticos independientes.

Esta será la primera de dos entregas. Se centrará en lo ocurrido durante los últimos doce meses. En la siguiente edición, la primera del año entrante, se intentará una prospectiva para 2022. En todo caso, no serán listas exhaustivas sino explicaciones de lo que se considera más relevante.

El hampa rompió la dinámica de la cuarentena

A partir de agosto de 2020, las estadísticas de criminalidad que se conocían extraoficialmente revelaban altas y bajas en cuanto al número de delitos reportados, que iban en función de la mayor o menor circulación de personas en las calles del país. En algunas temporadas, como las de Navidad y fin de año, este patrón se rompió, en vista de que la ciudadanía permaneció más tiempo en los espacios públicos, incluso en lapsos de “cuarentena radical”.

Estos vaivenes se mantuvieron con pocos cambios hasta mediados de 2021. Desde junio, sin embargo, comenzó a observarse cómo se borraban las diferencias entre los totales de delitos conocidos durante las semanas de confinamiento y las de flexibilización.

Además, poco a poco fueron incrementándose los totales de delitos denunciados. La curva comenzó a ascender, y continúa así. Desde luego, esto no es solo el producto de un ejercicio estadístico. En las calles se siente el recrudecimiento de la delincuencia. Asaltan bares, cafés y transportes públicos, a plena luz del día, y sin que se pueda apreciar una respuesta efectiva de los cuerpos preventivos.

Esto guarda relación con un problema que aqueja a toda la administración pública, y del que no escapan los cuerpos uniformados.

Merma el pie de fuerza policial

La presencia policial es por definición uno de los principales disuasivos para la actividad antisocial. La sola presencia de los agentes en las calles opera como una barrera entre los delincuentes y sus potenciales víctimas. Si los agentes se muestran dinámicos y proactivos, si gozan de los medios necesarios para el desempeño de sus labores, podrán disminuir los delitos, o en todo caso, ocasionar desplazamientos de la actividad ilegal hacia otras zonas que consideradas por ellos como menos riesgosas.

Desde 2018, el número de uniformados de las policías preventivas ha ido en franca disminución. Carmen Meléndez lo sabía. Por eso, a finales de 2020, en una de sus apariciones como ministra de Relaciones Interiores ofreció la incorporación de 30 000 nuevos efectivos.

Pero esta promesa no se concretó. Cuando hicieron un arqueo con miras en la operación República, se dieron cuenta de que la desbandada continuaba en los cuerpos policiales. A pesar de las incorporaciones de sangre nueva, el total del contingente había bajado en 12 % con respecto a 2020.

Las policías regionales y municipales cada vez tienen menos funcionarios. Un profesional de este ramo con 30 años de experiencia no ganará en Venezuela más de 60 dólares, si se suma el salario regular y todos los bonos que el Gobierno entrega, y que representan más del 75 % de los ingresos mensuales. Esta situación, además, no ofrece un panorama promisorio para un policía honesto que esté meditando en una jubilación digna.

Desplazamientos y reagrupamientos de bandas

En la entrega anterior, referíamos que el Gobierno alteró su forma de relacionarse con las bandas y megabandas en 2021. En especial, aquellas que se veían incapaces de controlar el ejercicio de la violencia, o que cruzaban una fina línea, una frontera que trazaron los interlocutores del Ejecutivo.

Las masivas operaciones policiales en la Cota 905 y zonas aledañas, en Barlovento y en el estado Sucre impactaron negativamente en sectores de la criminalidad, y favorecieron a otros que supieron mantener un perfil más bajo y selectivo en cuanto a sus acciones.

En Sucre, por ejemplo, la importante plaza para los traslados de drogas y emigrantes que es San Juan de las Galdonas ha quedado momentáneamente como “territorio abierto”, codiciado por dos organizaciones foráneas: el Tren de Aragua y el grupo de alias Zacarías, que opera en el Arco Minero del estado Bolívar.

El Tren de Aragua continuó su expansión durante 2021, y de acuerdo con documentos elaborados por cuerpos de seguridad, transitaría un cambio en su estructura: de ser un grupo jerarquizado habría pasado a ser una especie de confederación, con bandas aliadas en lugares de interés como Sucre, Táchira y Bolívar. También, en otros países como Brasil y Colombia.

El tratamiento selectivo del régimen hacia estos grupos, que se podrían considerar netamente delictivos, se reproduce con algunos matices en la relación con otras estructuras armadas, como son las disidencias de las FARC, el ELN y los colectivos.

En el caso de las FARC, hay una clara proximidad con los elementos de la llamada Nueva Marquetalia, en detrimento de los seguidores de Gentil Duarte, que intentaron conservar el remoquete de Ejército Popular. Este nexo quedó plasmado claramente en la última decisión del Departamento del Tesoro con respecto a los guerrilleros. Según este despacho del gobierno estadounidense, el máximo líder de la Nueva Marquetalia, Luciano Marín Arango (Iván Márquez) tiene su residencia en el estado Apure.

Bancos y transportes de valores vuelven a ser atractivos

El asalto al Banco Provincial de Barinas, el martes 14 de diciembre, no debería causar sorpresas. En foros de seguridad ya se advertía sobre el creciente riesgo de incursiones del hampa en entidades bancarias. Esto a la luz de lo que ya venía sucediendo con los transportes de remesas, que sirven precisamente al sector financiero. Además, ya los antisociales habían dado una primera campanada en mayo, con el robo a una agencia del Banco Nacional de Crédito en Valencia.

En la primera década del siglo, los bancos y vehículos blindados eran pasto de los asaltantes. Pero en los años siguientes la moneda nacional perdió valor, y con ello los delincuentes cambiaron sus preferencias.

Este año, el panorama cambió. A la reconversión monetaria implantada en octubre la precedió un proceso en el que los propios bancos comenzaron a manejar divisas extranjeras en sus operaciones diarias en taquilla.

Junto a los bancos, los delincuentes pusieron atención en los traslados de valores. El robo perpetrado en la avenida Boyacá por una organización en la que participan escoltas, agentes de la Policía Nacional y delincuentes comunes no ha sido el único de 2021, aunque sí el más espectacular. De hecho, los antisociales se apoderaron de remesas en Vargas y, más recientemente, en Margarita.

Estafas mantienen su atractivo

En 2020, con la cuarentena en pleno desarrollo, se produjo un explosivo incremento de las estafas y delitos asociados. En 2021, ese nivel de actividad delictiva se mantuvo. Todos los días, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas recibe y procesa un promedio de 26 denuncias sobre engaños en los que los delincuentes intentan obtener una ganancia económica.

Las estafas y sus sucedáneos continuaron transformándose para aprovechar la vulnerabilidad de una ciudadanía que intenta retomar la actividad económica de los tiempos de la prepandemia, aunque con el deterioro propio de un país con un creciente aislamiento, y que hace imposible o ineficaz, por ejemplo, cualquier reclamo por timos a través de sistemas de pago frecuentemente usados, como Zelle y PayPal.

Al cierre de 2021, las autoridades probablemente ofrecerán sus respectivos “balances”, destacando las disminuciones en las cifras de delitos conocidos. Ciertamente, es probable que en los últimos doce meses se hayan cometido menos homicidios, y que el número de lesionados también sea inferior al del año pasado. Pero este puede ser un dato engañoso. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), la población del país no ha crecido en los últimos tres años. Lo ideal, entonces, sería calcular las tasas de criminalidad con la proyección de población ofrecida por el censo para 2018. Así se trazaría un cuadro más realista. Además, la actividad económica apenas comienza a dar señales de vida. Este punto también será un factor fundamental para comprender lo que vendrá en 2022.

Breves

Avanza en una corte de Nueva York el juicio por tráfico de drogas contra Seuxis Paucías Hernández Solarte, uno de los líderes de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también llamada Nueva Marquetalia. Hernández, alias Jesús Santrich, forma parte de un grupo acusado en 2018 por operaciones ilegales verificadas después de la firma del acuerdo de paz de La Habana, con lo cual se considera que no gozaban de amnistía.

Santrich supuestamente fue ultimado en mayo de este año, en una “operación negra” efectuada en Zulia, sobre la cual Nicolás Maduro no ha querido pronunciarse.

Desde entonces, no ha habido una confirmación oficial sobre el resultado de ese supuesto enfrentamiento. Colombia no ha retirado la solicitud de búsqueda internacional a través de Interpol. Y el caso que cursa contra este líder guerrillero en EE. UU. continúa adelante. En este proceso también acusaron a los colombianos Marlon Marín –sobrino de alias Iván Márquez, otro cabecilla del grupo subversivo–, a Armando Gómez y al empresario Fabio Simón Younes Arboleda. Este último fue extraditado a territorio norteamericano en octubre de 2020. Para ese momento, Marín ya se encontraba allá, colaborando con las autoridades. El 3 de diciembre, el fiscal Damian Williams notificó al juez de esta causa, Valerie Caproni, que han entregado a la defensa nuevas evidencias: cien transcripciones de conversaciones, incluyendo dos presenciales, en torno a actividades de tráfico de drogas en las que supuestamente participaron los implicados, ejecutadas entre junio de 2017 y abril de 2018 “en Colombia y otros lugares”.

En este juicio, además, han sido admitidas como evidencias varias grabaciones y videos producidos por la policía neogranadina, en cooperación con la Agencia Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés). Todo lo que sea ventilado en este caso tiene que ver con el régimen venezolano.

En junio de 2020, la DEA elevó a 10 millones de dólares la recompensa ofrecida por Hernández Solarte. Es la misma cantidad puesta sobre la mesa por Luciano Marín Arango, que es el verdadero nombre de Iván Márquez, cuyo paradero es objeto de debate. Algunos dicen que está en Venezuela, otros aseguran que voló a Cuba. Hernández y Marín aparecen como figuras vitales en el expediente conocido como Cartel de los Soles, que también es ventilado en una corte neoyorkina. Este proceso promete nuevas revelaciones en los primeros días de 2022.

Hay una reactivación de la circulación de drogas por aguas del Caribe, con una creciente participación de venezolanos. Se puede encontrar evidencias en dos casos recientes. El 11 de octubre, la policía española reportó el hallazgo de más de 4,2 toneladas de cocaína en un pesquero que había zarpado de aguas nacionales. Por este caso apresaron a veinte venezolanos, ocho de ellos iban en la embarcación, y los demás quedaron en custodia en Venezuela, luego de la notificación formal sobre el decomiso.

El 24 de noviembre, agentes de la Dirección Nacional contra Drogas de República Dominicana detuvieron a un venezolano que iba a bordo de una lancha rápida, cargada con 675 paquetes de cocaína. Según el jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, coronel retirado Jairo Coronel, durante la cuarentena implantada a propósito de la covid-19 se produjo una acumulación de inventarios de cocaína en los territorios de origen. Desde junio de este año, comenzaron a relajarse las restricciones a la circulación de personas, y según el oficial retirado esta circunstancia ha sido aprovechada por los transportistas de drogas.

En los cuerpos de seguridad parten del principio de que los decomisos representan si acaso el 15 % del total de la droga transportada.

Esta premisa pareciera confirmarse por los datos consignados en un informe de la policía europea (Europol) y la Oficina de Naciones Unidas para Drogas y Crimen Organizado, que han advertido una elevación de la pureza de la cocaína vendida al detal en las calles del Viejo Continente. Esto indica que, más allá de la propaganda de los cuerpos de seguridad y sus gobiernos, el negocio de la droga vuelve por sus fueros en el mundo pospandemia.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Bandas que se comen la luz, por Javier Ignacio Mayorca
En 2021 se hizo inestable el relacionamiento del régimen con ciertos grupos delictivos. Los últimos eventos indican que, cuando los líderes de las megabandas sobrepasan ciertos límites, padecerán las consecuencias

 

@javiermayorca

Desde el fin de semana, la vía hacia oriente es un trayecto un poco menos inseguro.

En una operación nocturna, agentes de la Brigada de Acciones Especiales de la policía judicial se infiltraron en el caserío Las Delicias de San José de Barlovento, y mataron a Esteban Eduardo Quintana, líder de la megabanda que se había adueñado de todo ese sector cuando el propio Gobierno implantó allí una “zona de paz”, en 2013.

Junto con Quintana, también conocido como Eduardo Delicias, fue ultimado uno de sus lugartenientes Johan Iriza. La versión aportada por el director de Cicpc, comisario Douglas Rico, indica que ambos fueron “neutralizados” cuando iban en una moto, tratando de abrirse paso a tiros para escapar de lo que hasta ese momento fue su centro de operaciones.

Las Delicias era un pueblito por el que nadie quería pasar. En Río Chico, los policías y guardias nacionales recomendaban a los conductores que no se aventuraran por esa carretera, que también llevaba a Cumbo y desembocaba en la Troncal 9. Incluso, luego de las 4 p. m. era difícil encontrar un transporte colectivo que recorriera ese tramo. Más seguro era tomar la vía hacia El Guapo.

La banda de Las Delicias operó con relativa impunidad durante ocho años. A los que se oponían a su reinado los descuartizaban. Las partes de los cadáveres eran quemadas y abandonadas en las vías de entrada a ese caserío, y también en Cumbo. En mayo, dos activistas sociales que participaban en la distribución del Clap, Glendy Castillo y Yanir Burguillos, fueron desmembradas. Dispersaron sus restos por toda la zona.

A pesar de la conmoción que suscitó este crimen, el grupo de Quintana continuó operando con impunidad. Hasta que, el 5 de octubre, mataron al jefe de la delegación municipal de Cicpc Caucagua, comisario Eduardo Henríquez, y al jefe de investigaciones de la misma dependencia, inspector jefe Joel Amador (ambos ascendidos postmortem a los grados superiores).

En las informaciones que divulgó por su cuenta Instagram sobre este procedimiento, Rico no recordó la matanza de las mujeres. Solo lo ocurrido en octubre con los funcionarios.

“Cuando un grupo atenta contra miembros de cierta importancia en el Gobierno, los van a buscar. Pero, cuando es contra la ciudadanía común, tendrán más libertad”, indicó el criminólogo Luis Izquiel.

El régimen mantiene una táctica de selectividad en su relación con los grupos criminales. Hay bandas que disponen de amplio margen de maniobra.

Por ejemplo, en octubre de 2017 dos agentes de la policía judicial fueron heridos por gariteros de Tocorón, un internado judicial que domina el Tren de Aragua. Los antisociales salieron de la cárcel y quemaron la patrulla que fue abandonada por los funcionarios en la vía que pasa frente al penal. No les importó que la entonces ministra de Servicio Penitenciario María Iris Varela había amenazado con instaurar su “régimen” en esa instalación. Al final, se salieron con la suya.

Las cárceles en las que los pranes trabajan con las autoridades no las tocan. Pero cuando se rebelan la descuadran, la vacían y luego la retoman”, sentenció Humberto Prado, un experto en temas penitenciarios que actualmente se desempeña como comisionado de Juan Guaidó para asuntos de derechos humanos.

Según este abogado, además de Tocorón hay otros tres penales que se han mantenido al margen del llamado “nuevo régimen penitenciario”: Tocuyito (Carabobo), Vista Hermosa (Bolívar) y Puente Ayala (Anzoátegui). Entre todos aglutinan a casi 16 000 presos. Sostuvo que desde allí irradia todo tipo de actividad criminal.

Prado indicó que, en foros internacionales, los representantes del régimen han tratado de justificar la inacción frente a las situaciones que se generan en esas instalaciones.

“Dicen que es un desafío recobrar la autoridad en esas cárceles. Un desafío que, por cierto, viene desde la gestión de Tareck el Aissami en el ministerio de Relaciones Interiores”, dijo.

Pactos rotos

En 2021, los cuerpos de seguridad desplegaron importantes operaciones contra megabandas que, hasta ese momento, parecían intocables. En julio, pusieron en desbandada al grupo liderado por Carlos Luis Revette.

Coki escapó, presumiblemente a Colombia, junto con sus principales lugartenientes, Garbis Ochoa y Carlos Alfredo Calderón. Esta acción estuvo precedida de numerosos enfrentamientos, con agentes policiales y con miembros de bandas rivales, que ocasionaron la muerte de por lo menos siete transeúntes o conductores, e impactaron negativamente la vida de los habitantes de cinco parroquias de la capital.

El 9 de noviembre, grupos élite de Cicpc y la PNB se desplazaron a San Juan de las Galdonas, una remota población del estado Sucre. Al finalizar esa jornada, once cadáveres eran trasladados a la morgue de Carúpano. Aunque no están plenamente identificados en las minutas, serían integrantes de una célula del llamado Tren del Llano, comandada hasta ese momento por Gilberto Malony Hernández, uno de los ultimados.

Estas acciones no responden a un cambio general de estrategia en materia de seguridad ciudadana. Según Izquiel, en el caso de Revette, la creciente y prolongada conflictividad generada por las disputas en zonas como La Vega y El Valle hizo que el líder de la banda de la Cota 905 perdiera el apoyo del que gozaba en sectores del alto gobierno. Esa imagen de caos en el centro del Poder Ejecutivo no convenía.

“Cuando una banda se come la luz y atenta contra los intereses del poder va a tener problemas”, advirtió.

Lo de Malony, en cambio, es más confuso, puesto que nada parecía justificar una acción tan avasallante en contra de una organización que ni siquiera figuraba entre las más peligrosas del estado Sucre. Malony, como se recordará, desarrolló la mayor parte de su carrera criminal en el estado Guárico, a la sombra de José Tovar Colina, el Picure, y tenía poco tiempo en las costas orientales. Según el autor de Revolución de la muerte, en este caso el grupo tuvo que afectar intereses de personas muy importantes, al intentar controlar un punto de salida de drogas hacia el Caribe.

Al sacar del juego a Malony, los cuerpos policiales dejaron el terreno abierto para que esas playas sean retomadas por la banda de Zacarías, o incluso el propio Tren de Aragua. Esta es, por cierto, una dinámica muy parecida a la que se ve en México.

Breves

El 5 de diciembre, efectivos del Comando Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional apresaron en Barcelona (Anzoátegui) a Merys Salazar, de 24 años de edad, señalada de ser la persona que prestaba su cuenta bancaria para recibir los pagos de extorsiones efectuadas por una banda que opera en oriente del país. De acuerdo con el parte correspondiente, las experticias de telefonía indicaron que ella supuestamente mantenía contacto con reos del internado judicial de Monagas, mejor conocido como La Pica. Desde allí emanaban las llamadas mediante las cuales amenazaban a profesionales independientes y comerciantes en el oriente venezolano.

En Venezuela, una legislación vigente permitiría ejercer mecanismos de control sobre las llamadas que entran y salen de todos los centros de detención.

Sin embargo, hay lugares en los que las autoridades no aplican estos mecanismos. La cárcel de Maturín es uno de ellos. Pero no es el único. Este año los militares han instruido casos similares al relatado aquí, en los que los mensajes amenazantes surgieron de Puente Ayala (Barcelona) y Uribana (Lara). Desde esta última, intentaron generar miedo entre empresarios diciendo que la llamada era hecha por un comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ante tales situaciones, los investigadores se encuentran prácticamente atados de manos. En un caso conocido este año solicitaron al Ministerio Público que ordenara la anulación de la línea usada para extorsionar. Pero este es un paño tibio. El delito regresa con apenas un cambio de chip.

Los permanentes señalamientos sobre presuntas atrocidades cometidas por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), adentro o afuera de las instalaciones de este despacho, han ocasionado que un sector del oficialismo plantee una regulación más rigurosa a las competencias de ese cuerpo. De la noche a la mañana, la temible Dgcim es vista como un lastre, un fardo al que convendría aplicarle un maquillaje, por lo menos en la actual coyuntura. Esto, desde luego, tiene que ver con el expediente conocido como Venezuela 1, que el 3 de noviembre pasó a ser conocido formalmente por la Corte Penal Internacional.

Desde antes de esa fecha, los diputados de la Asamblea Nacional que surgieron de los comicios de diciembre de 2020 evalúan opciones para poner una “camisa de fuerza” a las actividades que desarrollan desde el cuerpo con sede en Boleíta, e igualmente a las que llevan a cabo los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La idea es que ellos solo participen en la recopilación y el procesamiento de informaciones, para la toma de decisiones en instancias del Gobierno. Es decir, inteligencia, pura y simple. Nada de andar pateando puertas y obteniendo “confesiones” a golpes y baldazos. Pero en la Dgcim esta idea parece que no ha gustado. Y ahora tratan de elevar un poco el perfil, recordando que ellos son como son en buena medida por mandato del extinto Hugo Chávez. Recordemos que el mandatario en su momento compró como buenas las ideas que le vendió el entonces zar de la inteligencia venezolano, mayor general Hugo Carvajal, envueltas en un celofán que decía Plan Libertad, y que ponía énfasis en la necesidad de detectar y neutralizar las amenazas de origen interno. De allí que la Dgcim montara una valla en plena base aérea La Carlota, con una foto en la que el teniente coronel pareciera exigir “lealtad”.

Valla del DGCIM en la base aérea La Carlota

También han enviado videos de corte propagandístico para destacar sus ejecutorias en las averiguaciones sobre el caso de los drones que estallaron en la avenida Bolívar, en agosto de 2018, y que llamaron “magnicidio frustrado”. ¿A quién van dirigidos estos mensajes? En este caso, a lo interno del oficialismo.

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Crímenes sin Castigo | Un tuit contra la historia, por Javier Ignacio Mayorca
En menos de 140 caracteres, el titular de Relaciones Interiores intentó despachar a fuerzas que incluso propiciaron la caída de uno de sus antecesores

 

@javiermayorca

El domingo 21 de noviembre, todo parecía que iba a marchar de una forma inusitadamente tranquila. Hasta que, poco después del mediodía, frente al centro de votación instalado en una pequeña escuela del estado Zulia, aparecieron los mismos actores de siempre.

Los relatos de los testigos presenciales y de algunos sobrevivientes coinciden en la esencia: estos individuos, que iban en camionetas de alta gama y en motocicletas, “manifestaron que allí nadie iba a votar, y que no podían estar”. Como la gente reviró, hicieron “múltiples disparos en contra de los presentes”.

Los videos transmitidos a través de las redes sociales indican que, con las detonaciones, la mayoría corrió a buscar resguardo. Muchos de ellos irrumpieron en la unidad educativa Eduardo Emiro Ferrer, con la esperanza de que los efectivos de la Operación República los protegieran.

Afuera, quedó el cadáver de Antonio José Tovar Villasmil, un ingeniero metalúrgico de 34 años de edad. Fue impactado por un proyectil en el costado izquierdo. Otras dos personas resultaron heridas en las piernas.

El director de la policía judicial, Douglas Rico, emitió en su cuenta Instagram tres informaciones al respecto en un lapso de muy pocas horas. Confirmó el saldo de un muerto y dos heridos; anunció el traslado de una comisión desde Caracas para investigar este caso, y de paso se permitió adelantar que “las primeras pesquisas desvinculan el hecho con el proceso que se lleva a cabo”.

Comenzó aquí a establecerse una narrativa que posteriormente fue reforzada por el ministro de Relaciones Interiores, almirante en jefe Remigio Ceballos. El funcionario reaccionó ante un mensaje emitido vía Twitter por Tamara Taraciuk, subdirectora interina de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien alertó sobre “ataques por colectivos armados en el contexto electoral en Venezuela”.

Aunque el de resultado más grave fue el reportado en el municipio San Francisco del Zulia, a propósito del referido tiroteo, el mismo día hubo otros incidentes sin saldos fatales en Cabudare (Lara) y en Mérida.

El trino de Ceballos despachó casi veinte años de historia patria: “(…) en Venezuela no existen colectivos armados”. Y, como hizo poco antes el director de Cicpc, también desligó lo ocurrido en Zulia del evento electoral.

Para el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, la reacción de estos funcionarios es consecuencia del propósito de Maduro por ofrecer otra imagen de su régimen ante la comunidad internacional.

“Quieren maquillar el país. Saben que están en observación, no solo por parte de la Unión Europea, sino también por la Corte Penal Internacional”, recordó.

Dieciocho días antes del evento electoral, el fiscal ante la CPI Karim Khan notificó al propio Maduro sobre la decisión de esa instancia de pasar el expediente Venezuela 1 a una fase de investigación en la que podrían determinarse responsabilidades individuales por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el lapso 2014-2017.

Según la explicación del director de la organización Acceso a la Justicia, Alí Daniels, lo más importante en este proceso será llegar a la las personas que establecieron las pautas de comportamiento que hicieron posibles las atrocidades, por cierto, ya documentadas en la etapa preliminar.

La frase de moda es “cadena de mando”. En la Fuerza Armada, el último eslabón es el sargento que accionó el gatillo, y el primero es el comandante en jefe, tal y como se puede apreciar en las carteleras colocadas en las garitas de las unidades militares de todo el país.

Pero en el caso de los colectivos, la situación es más complicada. La negación de Ceballos obliga entonces a consultar si en realidad estas agrupaciones tienen alguna vigencia.

“Los colectivos sí existen. Están en diversos estados y tienen diversas funciones. Pero sobre todo se activan cuando son requeridos para intimidar a la población”, explicó Briceño León.

Los videos y testimonios sobre el incidente del domingo muestran que el tiroteo frente al centro de votación fue precedido por amenazas. Es probable que la gente creyera que el grupo armado no llegaría tan lejos, tomando en cuenta que muchos de los que esperaban en la cola para ejercer sufragio conocían a los matones.

La institución que dirige Briceño ha desarrollado una línea de investigación sobre los colectivos. Una de las conclusiones es que actualmente estas agrupaciones “actúan sobre directrices políticas diferentes a lo interno del partido de gobierno”.

En otras palabras, según el representante del OVV, los colectivos han tenido que marcar distancia del gobierno central.

“Esa autonomía aumentó debido a la necesidad de buscar cierta independencia económica”, explicó.

Invasiones y extorsiones

El número de colectivos armados que hay en el país es una incógnita. En 2014, durante la gestión del general Miguel Rodríguez Torres en el ministerio de Relaciones Interiores hubo un intento por censarlos. Fueron identificados 99.

Este general fue removido del cargo luego de una operación en un edificio de la avenida Sur 2, que descabezó al colectivo 5 de Marzo, una organización surgida de las filas de la extinta Policía Metropolitana, comandada por el sargento José Miguel Odreman.

Según miembros del entorno del general, al conocerse la muerte del exfuncionario policial, los colectivos anunciaron que se movilizarían en Caracas para exigirle a Maduro la destitución del ministro. Y el gobernante accedió.

A cambio, Maduro ha solicitado en diversas oportunidades que estas agrupaciones cierren filas para defender a su régimen. La última vez fue en marzo de 2019, cuando el país entraba en una crisis de gobernabilidad consecuencia de un prolongado apagón.

Le hago un llamado a los colectivos. A todos. Llegó la hora de la resistencia activa”, dijo en una alocución.

La existencia de los colectivos −que ahora niega Ceballos Ichaso− fue documentada por la Comisión para la Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas. El primer informe de este grupo independiente, presentado en septiembre de 2020, responsabiliza a estos “grupos civiles armados” por la muerte de siete personas que participaban en manifestaciones antigubernamentales. La directora de la misión, Marta Valiñas, comentó en octubre de 2020 que los colectivos ameritaban un capítulo especial.

Pero estas organizaciones no operan solamente en el estado Zulia, como se vio el domingo. En el municipio Libertador de Caracas, han liderado o participado en por lo menos 60 de las 80 invasiones a inmuebles reportadas durante 2021, de acuerdo con datos aportados por el activista comunitario Carlos Julio Rojas.

Indicó que los colectivos “son un poder”, que el oficialismo ha tratado de “homogeneizar” al incorporarlos a los llamados “cuadrantes de paz” (Cupaz).

Rojas añadió que los Cupaz desempeñan labores de control social y político, al condicionar la entrega de alimentos en los sectores más necesitados. Y también estarían participando en cobros a los comerciantes del municipio, a cambio de protección.

“Ellos crean sus propias leyes e imparten justicia (…) Cuando hay conflictos en las comunidades intentan crear cierto equilibrio”, afirmó.

En el caso del domingo, varios de los atacantes fueron reconocidos como funcionarios de cuerpos policiales municipales, aunque iban vestidos de civil. En Caracas, según Rojas, ocurre un fenómeno similar. Pero no todas las policías participan en estas agrupaciones.

“Hay colectivos en las FAES. Pero hay un conflicto evidente entre Cicpc y los colectivos”, indicó.

Al margen de esta situación, es claro que en apenas dos años y medio el Gobierno ha pasado de la convocatoria pública a los colectivos a negar su existencia de forma tajante. Esto podría indicar que, lentamente, Maduro intenta deslastrarse de otro factor que lo acercaría más a La Haya.

Breves

Vuelven los asaltos con el uso de sustancias narcotizantes. De acuerdo con una fuente de la policía judicial, los primeros casos fueron reportados en octubre, en las estaciones Teatros y Coche del Metro de Caracas. Las víctimas eran mujeres, y acudían a formular denuncias ante la evidencia de que pudieron ser víctimas de abusos sexuales mientras estaban bajo el efecto de las drogas.

En un caso reportado en la tercera semana de noviembre, un funcionario de la comisión antidrogas del municipio Libertador también fue despojado de sus pertenencias y dólares en efectivo.

En este caso, el perpetrador fue descrito como un joven con el que supuestamente el funcionario había pautado una entrevista de trabajo. En la primera década del siglo XXI hubo una ola de robos en los que las víctimas eran expuestas a la escopolamina, conocida popularmente como burundanga, y quedaban a merced de los antisociales, ya fuese en habitaciones de hoteles de Plaza Venezuela o en sus propias viviendas. En los últimos casos, no se ha determinado cuál es la sustancia utilizada.

En líneas generales, hay un recrudecimiento de la criminalidad violenta en todo el país. Esto se percibe con especial fuerza en el Distrito Capital y el estado Miranda. Ambos territorios representan actualmente el 38 % de los homicidios y el 55 % de los robos de todo tipo denunciados ante Cicpc. En la segunda semana de noviembre, la policía judicial inició 305 expedientes sobre robos genéricos y robos de vehículos en Libertador y Miranda.

En la semana de las elecciones, cuando las autoridades militares y policiales estaban desplegadas en todo el país con motivo de la Operación República, las denuncias sobre robos de todo tipo subieron un cinco por ciento. Una prueba de que durante estos despliegues las autoridades no están para cuidar a los ciudadanos. Esta tendencia probablemente se agravará durante las últimas semanas de 2021, tomando en cuenta además que no estarán presentes las restricciones a la circulación implantadas a propósito de la cuarentena radical.

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Crímenes sin Castigo | Deforma policial, por Javier Ignacio Mayorca
La reestructuración ordenada en la Policía Nacional puede ser una oportunidad de oro para corregir más de diez años de vicios, pero hasta el momento no hay señales que justifiquen algún optimismo

 

@javiermayorca

El 11 de octubre, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez emitió una resolución mediante la cual se otorga un lapso de seis meses para finalizar la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana.

Para el mes pasado, el Ejecutivo ya debía haber entregado el nuevo organigrama del principal cuerpo de policía preventiva del país, tomando en cuenta que el proceso fue iniciado en abril por decreto presidencial, vigente hasta la segunda semana de octubre.

Una de las razones para explicar este retraso fue el cambio del titular en Relaciones Interiores y Justicia, en agosto. Es claro que el nuevo ministro, el almirante en jefe Remigio Ceballos, no estaba empapado sobre los detalles de un proceso que él debía conducir, toda vez que este funcionario encabeza la denominada “comisión reestructuradora”.

Pero ese no es el problema de fondo. Lo que más preocupa es el control del principal cuerpo civil armado del país. Aunque su pie de fuerza ha disminuido considerablemente −como ha ocurrido en las demás agencias preventivas−, es probable que actualmente supere los 20 000 hombres.

Desde su fundación en 2009 este cuerpo fue colocado como ejemplo de lo que debía ser el “nuevo modelo policial”, con uniformados que privilegiaran las tácticas de prevención, prestando más atención a la resolución de problemas, en un trabajo de proximidad con las comunidades. Mientras tanto, la represión a los delincuentes quedaría bajo la responsabilidad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

La primera deformación con clara intención política fue introducida por el presidente del momento, Hugo Chávez, cuando promovió un cambio a la Ley del Servicio de Policía, con el único propósito de conferir un apellido a ese cuerpo: Bolivariana.

Este cambio, que algunos podrían ver como cosmético, generó suspicacias entre los expertos de la extinta Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol). Por ejemplo, el criminólogo Luis Gerardo Gabaldón se preguntaba cuál sería el trato que los agentes de la PNB darían a esa mayoría de la población que no comulga con lo “bolivariano”.

Desde entonces, la PNB, y por efecto de imitación el resto de las policías preventivas, han sido sometidas a continuas deformas. Por ejemplo, un servicio que se supone de carácter civil ha sido comandado desde sus albores por generales activos de la Guardia Nacional. La Inspectoría interna también es conducida por un oficial de ese mismo componente militar, aunque en “reserva activa”.

Según el proyecto inicial, la condición civil y hasta cierto punto “neutral” de esta policía debía ser acompañada por ciertos simbolismos, que iban desde el atuendo hasta los lemas utilizados. Pero, de la noche a la mañana, el uniforme azul (inspirado por cierto en el de la Policía Nacional de Nicaragua) fue cambiado por uno semejante al de los grupos tácticos urbanos, y mientras tanto las minutas eran finalizadas con la frase: “Leales siempre, traidores nunca”, a la que también acuden en la Fuerza Armada.

Otra deformidad importante fue introducida en 2017, con la creación de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), que en sus cuatro años de existencia acumuló más de doce mil muertes, y se constituyó en lo que el criminólogo y abogado Fermín Mármol García describió como “una policía dentro de la policía”, con funcionarios que no estaban sujetos a la cadena de mando institucional.

El gobierno de Maduro se convenció de que los FAES podrían afrontar el desafío planteado por las megabandas, y que en teatros de conflicto también podrían complementar a las unidades similares de la FANB. En este último aspecto, lo sucedido en marzo en La Victoria (Apure) fue debut y despedida al mismo tiempo, cuando estos agentes fueron señalados por una masacre que suscitó profundo rechazo popular.

FAES se convirtió en un lastre tan pesado para el régimen, que no pudieron esperar a que la comisión de reestructuración entregara sus recomendaciones finales. En esto, la exigencia de la alta comisionada para los DD. HH. de la ONU, Michele Bachelet, jugó un rol fundamental. De un plumazo, ordenaron el desmantelamiento de las células que tenían dispersas en casi todo el país, y los funcionarios fueron reasignados a otras unidades. Ahora, se llama como era hace cuatro años: Uote.

También se ha desdibujado la especificidad de los servicios policiales, a través de las llamadas “habilitaciones”, según las cuales los cuerpos preventivos tienen permiso del MRI para incorporar direcciones de investigaciones penales en sus estructuras. Del otro lado, la policía judicial, que se supone debería enfocar sus escasos recursos en las investigaciones de los delitos, desarrolla labores de entidades preventivas, por ejemplo, cuando adelanta campañas para la orientación de los compradores que utilizan el Facebook Marketplace o para evitar el maltrato animal. Esta mezcla de funciones fue caracterizada por Mármol como un “bochinche institucional”.

Cabría preguntarse entonces por qué el Ejecutivo ordena una nueva estructura para la Policía Nacional, cuando lo que existe ya es el resultado de sus propias decisiones.

En un conversatorio sobre reformas policiales efectuado en octubre, el ex viceministro de Seguridad de Costa Rica, Max Loria, observó que los procesos de reforma policial carecen de sentido si no son el producto de discusiones abiertas con todos los sectores de la sociedad, lo cual solo es posible en una verdadera democracia.

Esto no quiere decir que otros tipos de regímenes estén impedidos de implantar cambios en sus aparatos de seguridad. De hecho, los llevan a cabo. En el caso de la PNB hay algunas pistas sobre lo que realmente se intenta lograr. El decreto publicado el 13 de abril establece que este proceso tiene como objetivo fundamental “la irrupción definitiva del nuevo Estado popular y revolucionario”.

Al enmarcar la iniciativa en este propósito, el resultado podrá ser de todo menos una policía que ajuste sus actuaciones al debido principio de imparcialidad.

De continuar así, los cambios implantados a la PNB no serían muy notables con respecto a lo que ya existe. Las quejas de las comunidades hacia la actuación de los uniformados de este cuerpo son permanentes, y apuntan básicamente a la implicación en distintas formas de delito. La extorsión o matraqueo es lo más frecuente, pero también son conocidos casos de robos, secuestros y tráfico de drogas. A tal punto que la PNB ha perdido uno de sus activos más valiosos, como es la confianza de las comunidades.

La última encuesta Latinobarómetro, divulgada en octubre, sintetiza esta situación: los venezolanos son los que han manifestado el menor nivel de confianza en sus cuerpos policiales, con solo 13 %. En otras palabras, el 87 % restante expresa algún grado de recelo hacia los uniformados. Desde luego, la PNB no es la única responsable de estos resultados, pero sí es uno de los más importantes, pues el propio régimen la erigió en el principal ejemplo de su modelo de policía. Por cierto, en ese trabajo de campo otros regímenes afines como los de Nicaragua y Bolivia también obtuvieron resultados por debajo de la media latinoamericana, que fue de 36 %. Lo de Nicaragua es notable, pues refleja un acelerado descreimiento hacia un modelo policial que alguna vez fue visto como expresión de cierta solidez institucional.

En abril del año entrante, la comisión reestructuradora de la PNB encabezada por el ministro de Relaciones Interiores entregará sus propuestas, y con toda seguridad se insertarán algunos cambios en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

Según Mármol, un “signo positivo” sería que el Gobierno lance una amplia convocatoria a los sectores del país que investigan y analizan el quehacer policial. En su criterio, todavía hay tiempo para involucrar a académicos, expertos y representantes de organizaciones no gubernamentales.

Pero, hasta el momento, nada de eso ha ocurrido.

Breves

Varias acciones ha emprendido el gobierno de Maduro con el propósito de lograr un “control de daños”, que en cierta forma desvirtúe los graves señalamientos vertidos en el expediente Venezuela I, instruido por la fiscalía ante la Corte Penal Internacional. Las ampliaciones y refacciones adelantadas en varios centros para presos de conciencia, como por ejemplo Ramo Verde y Contrainteligencia Militar de Boleíta, son quizá las más evidentes. Pero no son las únicas. Se debe recordar que en mayo Maduro decretó el desalojo de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la propia Dgcim, y asignó la vigilancia de sus detenidos al ministerio para Servicio Penitenciario. Esta orden no fue cumplida en el plazo fijado de un mes, como suele suceder, por la propia inoperancia del Ejecutivo. Pero, según fuentes ligadas a la policía política, en octubre un representante del ministerio de prisiones se acercó al Helicoide para coordinar el nuevo régimen.

Además, el retén de máxima seguridad, conocido como La Tumba, fue desalojado casi por completo. De hecho, se han producido traslados desde diversos centros, para disminuir el hacinamiento.

A pesar de todo, el Gobierno aún mantiene tras las rejas a numerosas personas por el simple hecho de que han disentido, protestado o militado en la oposición. Un ejemplo claro es el del periodista Roland Carreño. Y son cientos más. En el plano normativo, una reforma a la ley procesal penal incorporó varias disposiciones que, por lo menos en la letra, posibilitan a los numerosos exilados cursar desde la distancia sus denuncias sobre presuntas violaciones a derechos fundamentales. Otra reforma restringió el fuero militar, para que los juzgados castrenses no puedan enjuiciar a civiles. Y ahora también se plantea eliminar la posibilidad de que los cuerpos de inteligencia actúen como auxiliares de policía judicial. Todo esto forma parte de la reacción de los operadores del oficialismo ante una amenaza real y tangible, como es un proceso ante la CPI. Por ende, no es el producto de un acto sincero de contrición o arrepentimiento.

El lunes 8 de noviembre hubo intensos enfrentamientos durante una incursión de agentes de la policía judicial, con apoyo de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional, en San Juan de las Galdonas, estado Sucre. En esa jornada fue reportada la muerte de Gilberto Malony Hernández, alias Malony, un individuo que figuraba en la lista de los “más buscados”… pero del estado Guárico. Este hombre de 37 años de edad dio sus primeros pasos en el mundo del delito como lugarteniente de José Tovar Colina, alias Picure, líder de la megabanda conocida como Tren del Llano. Con la muerte de Tovar, en mayo de 2016, Malony se independizó. Ya entonces era solicitado por homicidio, robo y porte ilícito de armas.

El hecho de que mudara sus operaciones desde el centro del país a esa remota población en Paria no es fortuito. Sucre es un territorio en disputa.

En una economía deprimida como la de Venezuela, quien controle esas playas tendrá acceso a las ganancias por tráfico de drogas hacia el Caribe oriental, traslado de emigrantes y metales preciosos a Trinidad, y el contrabando de mercancías desde esa isla. Esa situación ha potenciado los peligros para la navegación, al punto en que la Organización Nacional de Salvamento (ONSA) advirtió que todas esas costas son de “alto riesgo”. Son aguas infestadas de piratas, que incluso han trasladado a tierra firme a pescadores trinitarios secuestrados mientras faenaban. En este contexto, la banda de Malony ni siquiera era la más temible.  Según informes de cuerpos de seguridad, hay en Sucre por lo menos ocho grandes organizaciones, plenamente identificadas. Son Los Sindicalistas, los grupos del Neno, Zacarías, Cane, Pilo, Puyín, Nandu y los llamados Piratas Bajos. Los que operan en el sur de la península ya pasaron de la extorsión al secuestro, con un caso verificado en octubre. La eliminación de Malony dejará el campo abierto para que la plaza sea tomada por otra organización.

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Crímenes sin Castigo | Venezuela completa el ciclo, por Javier Ignacio Mayorca
En el país se han conformado tres ejes o emplazamientos para la producción, procesamiento y almacenamiento de cocaína, con el Catatumbo como área más importante

 

@javiermayorca

El 20 de septiembre, efectivos de la Guardia Nacional adscritos a la Superintendencia Nacional Antidrogas, junto con militares de la 12 brigada Caribe del Ejército y otras unidades desmantelaron siete laboratorios para la cristalización de clorhidrato de cocaína.

Los enclaves estaban ubicados en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, que comparte frontera con los departamentos colombianos de Cesar y Norte de Santander. Las coordenadas suministradas en el parte de la operación militar, conocida como Ave Fénix III-2021, indican que fueron construidos en un sector conocido como Barí, a 32 kilómetros en línea recta de la frontera con Colombia, en ruta hacia La Gabarra.

El informe castrense señala que fueron incautadas 3,78 toneladas de pasta base y 1,03 toneladas de cocaína de alta pureza. Además, alrededor del complejo fueron destruidas tres pistas para aeronaves. La más pequeña tenía dos kilómetros de longitud.

De esta operación solo fueron conocidos algunos fragmentos, divulgados a conveniencia por la propaganda oficial. Pero nunca precisaron ante la opinión pública la ubicación exacta de los laboratorios, pues eso iría contra una narrativa según la cual Venezuela adelanta una enconada lucha contra grupos que intentan traer la industria de la droga al territorio nacional.

Esa industria ya está aquí, fronteras adentro. Poco a poco, se ha consolidado.

Un aspecto extraño de estas operaciones militares es que solo encuentran objetos abandonados, cocaína de alta pureza y también pasta base. Pero es muy raro que se informe sobre detenciones.

Los obreros de la droga siempre huyen. Antes, cuando estos complejos de fabricación estaban a pocos metros de la línea fronteriza, era lógico pensar que los sujetos se trasladan al lado colombiano apenas perciben el movimiento de las tropas. Pero a 32 kilómetros de distancia del límite, la situación debería cambiar radicalmente.

“El procesamiento de la cocaína ha ido expandiéndose desde Colombia hacia Venezuela”, advirtió Alberto Ray, director del Risk Awareness Council, un centro dedicado al análisis y la divulgación de conocimiento sobre riesgos emergentes.

Según Ray, este complejo encontrado en septiembre es apenas una pequeña parte de todo un eje para la producción de cocaína, que abarca a los territorios de Colombia y Venezuela, para convertirlo en lo que él denomina “área binacional”.

De acuerdo con el consultor, esta circunstancia permite explicar por qué Venezuela fue incorporada a la lista de territorios utilizados para la fabricación de drogas ilícitas, y también para el tránsito de tales sustancias.

El 15 de septiembre, el presidente estadounidense Joseph Biden emitió un memorándum en el que colocaba a Venezuela en la lista de naciones que entran en ambas categorías, es decir, de producción y de tránsito de drogas ilegales. En ese mismo acto, señaló que el país actualmente gobernado por Nicolás Maduro “falló de manera demostrable” en el cumplimiento de sus compromisos internacionales para combatir a esta industria ilegal.

El desplazamiento de la industria de la producción de cocaína hacia Venezuela puede apreciarse en el número de enclaves hallados por la Fuerza Armada. Según el mayor general Richard López Vargas, director de la Superintendencia Nacional Antidrogas (antes Comisión Nacional Antidrogas), durante los primeros nueve meses de 2021 fueron desmantelados 52 laboratorios. Esta cifra ya supera el total de 45 enclaves hallados durante todo 2020.

“En Venezuela hay mucha más facilidad y comodidad para procesar la droga. Llevan la coca preprocesada, y la están preparando en lugares instalados cerca de la cordillera de Perijá”, explicó Ray.

Simultáneamente, indicó, los cultivos de coca están proliferando también en territorio venezolano, aunque con algunas limitaciones impuestas por la altura.

En una reciente operación, llamada Fénix IV, los militares encontraron otros ocho laboratorios en el mismo municipio donde llevaron a cabo la incursión de septiembre. Además de toda la parafernalia, alrededor de los campamentos había 32 hectáreas de coca.

El ciclo para la producción de cocaína se completa en territorio nacional.

Según Ray, los otros ejes de fabricación y ocultamiento del alcaloide están entre el Amazonas venezolano y el Vichada colombiano, así como en Apure, fronterizo con Arauca. Pero, según sus cálculos, el más importante está en Zulia

En 2005, el gobierno venezolano cesó unilateralmente el cumplimiento de sus acuerdos de cooperación en materia antidrogas y consolidación institucional con Estados Unidos. De acuerdo con la expresidenta de la Comisión Nacional Antidrogas Mildred Camero, los representantes del país han firmado convenios bilaterales y multilaterales, así como memoranda de entendimiento en asuntos de drogas, que posteriormente no han querido acatar. De allí que Venezuela no participe en la Comisión Interamericana contra el Uso Ilícito de Drogas (Cicad-OEA) ni en los grupos de la comunidad andina para trabajar el tema.

“No estamos cumpliendo con lo que hemos firmado como país”, sentenció.

Una de las consecuencias de este aislamiento es que Venezuela carece de acceso al sistema internacional de monitoreo de cultivos ilícitos. Las imágenes divulgadas por Colombia indican que, desde Norte de Santander, hay una extensión de sembradíos del arbusto que difícilmente podría detenerse en atención a una línea fronteriza que generalmente carece de hitos o demarcaciones.

Lo único que contiene la expansión de los cultivos de coca en Venezuela no es la presencia ocasional de los militares sino las condiciones del terreno, en cuanto al clima y la altitud. Este arbusto crece con mayor facilidad entre los mil y dos mil metros sobre el nivel del mar. Pero con el pasar del tiempo los fabricantes de cocaína han encontrado mutaciones más resistentes y productivas, que pueden ser cultivadas en terrenos que no están en esa franja de altitud. De allí las extensiones halladas en Venezuela, así como en el Trópico de Cochabamba (Bolivia).

En Venezuela, además, se ha gestado un contingente de campesinos de la coca, que presumiblemente son los que estarían cultivando el arbusto fronteras adentro. Son los mismos individuos con los que conversó Toby Muse en La Gabarra para escribir Kilo. Ahora, no tendrían que cruzar la frontera.

Según Ray, la consolidación de la industria de la cocaína en Venezuela es posible gracias a un acuerdo entre las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y bandas criminales, que ofrecerían este trabajo como una especie de subcontrato. Los de la Nueva Marquetalia y el Ejército Popular manejarían las fases de distribución, donde están las mayores ganancias.

Breves

Para el director de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, la muerte en custodia del exministro de la Defensa, general en jefe Raúl Isaías Baduel, es una prueba de la “negligencia” con la que son tratados todos los presos del país; no solo aquellos privados de libertad por oponerse al régimen de Nicolás Maduro. Recordó que durante los primeros nueve meses de 2021 las muertes de reclusos en internados judiciales y retenes policiales como consecuencia de la insalubridad fueron más frecuentes que las ocasionadas por enfrentamientos violentos.

Más del 70 % es consecuencia de tuberculosis y desnutrición, a veces combinadas. En el caso del exministro, indicó, la cosa es mucho más grave, pues la ausencia de un tratamiento médico oportuno a su juicio fue una señal de “ensañamiento”. Señaló que cuando comenzaron las exigencias de traslado para un chequeo por galenos en la policía política “imaginaron que era un teatro, no le hicieron caso y les salió mal la jugada”. Ahora, los familiares del general exigen una investigación imparcial, ejecutada a través de una comisión con participación internacional, pues no creen en la versión divulgada por el fiscal designado por la extinta ANC, según la cual el fallecimiento fue ocasionado por la covid-19. El Departamento de Estado norteamericano también hizo esta solicitud, en vísperas de la llegada al país del fiscal ante la Corte Penal Internacional, Karim Khan.

José Vielma Mora llegó a ser visto en el oficialismo como uno de los posibles relevos de Hugo Chávez. Su gestión de ocho años en el Seniat desde luego que tuvo claroscuros, pero puertas adentro sus empleados lo apreciaban entre otras razones porque procuraba mantenerlos lejos de la diatriba política, y con un nivel aceptable de beneficios económicos. Este Vielma, ahora diputado a la Asamblea Nacional oficialista, es el mismo acusado en Estados Unidos por el presunto pago de sobornos y enriquecimiento ilícito en la importación de cajas Clap, cuando fue gobernador del Táchira (2012–2017).

El documento con las imputaciones, conocido el 8 de octubre, precisa que Vielma manejaba estas operaciones a través de la Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado Táchira (Cobiserta), en conjunción con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Los hechos investigados abarcan el lapso 2015–2020. Una pieza fundamental de este esquema es Álvaro Pulido Vargas, el socio de Alex Saab en el Group Grand Limited y Asasi Food. Según la acusación, a partir de 2016 Vielma se reunió con Carlos Lizcano Manrique y otros dos individuos cuyos nombres permanecen en reserva, para llevar las cajas Clap a Táchira. El dato clave en esto es que Vielma habría acordado con el grupo de Pulido y Carlos Lizcano Manrique pagar cada ración a 34 dólares, a sabiendas de que “el costo de producir e importar las cajas de comida era muy por debajo” de ese precio. La operación involucró un pago de 340 millones de dólares. Según la pesquisa, Vielma habría recibido 17,2 millones de dólares. La justicia estadounidense invoca jurisdicción en estos casos porque los pagos de los sobornos fueron hechos a través de cuentas vigiladas por el sistema financiero de ese país, a pesar de que fueron abiertas en localidades tan distantes como los Emiratos Árabes Unidos y Antigua.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Las megabandas de la Troncal 9, por Javier Ignacio Mayorca
La muerte del comisario Eduardo Henríquez confirma que la principal vía al oriente del país sigue bajo el influjo de los grupos criminales que germinaron con el programa “zonas de paz”

 

@javiermayorca

En la vía hacia el oriente del país hay 760 hombres en armas.

Esta cifra surge de la sumatoria del número de integrantes de las megabandas que hacen vida entre Caucagua y Machurucuto. No incluye a los grupos de Anzoátegui y Sucre.

A partir de marzo de este año, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han levantado información sobre estas agrupaciones al margen de la ley. Desde el ministerio de Relaciones Interiores les ordenaron llamarlas con el acrónimo GEDO, o “grupos estructurados de delincuencia organizada”.

Pero esta denominación ha perdido valor, pues la propaganda oficial llama GEDO a cualquier alianza de tres o más sujetos que sean detectados en una conducta ilegal. Entonces, podemos encontrar GEDOs de estafadores, gente que hurta metales para revenderlos o que se pone de acuerdo para “ceder” sus puestos en las colas hacia las estaciones de servicio, a cambio de algunos dólares.

Lo que diferencia a estas estructuras de las que operan en la Troncal 9 y zonas adyacentes, además del número de sus integrantes, tiene que ver con el ejercicio de la violencia, real o simbólica.

Los grupos que actualmente dominan la carretera a oriente ya no son los del viejo Capracio. Estos surgieron en la segunda década del siglo. Y se consolidaron a partir de 2013, cuando el entonces viceministro de Política Interior José Vicente Rangel Avalos comenzó con su programa “zonas de paz”.

A pesar de la enorme opacidad con la que se llevó a cabo esta iniciativa, gracias a un informe de la Guardia Nacional se determinó que solo en Barlovento había 26 territorios a los que no podían entrar los agentes de cuerpos policiales o militares. Eran como pequeños caguanes, en los que además el Ejecutivo intentaba ganar indulgencias mediante la aplicación de planes de “consolidación” de las organizaciones civiles, mediante el otorgamiento de créditos o el financiamiento a programas que terminaron por beneficiar a las estructuras más sólidas de estos lugares, que eran precisamente las bandas criminales.

El grupo que mató al jefe de Cicpc Caucagua, comisario Eduardo Henríquez, y al encargado de Investigaciones de esa dependencia, inspector jefe José Amador (ahora comisario tras el ascenso post mortem) era conocido desde mucho antes de que se llevaran a cabo las llamadas OLP. Le llamaban la banda de Las Delicias, un poblado que está entre San José de Barlovento y la Troncal 9. Antes era un lugar olvidado, pero con la extensión de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho mucha gente comenzó a transitar por allí, así como por otra vía local que lleva a El Guapo. Ambas son carreteras estrechas, sin iluminación ni rayado, con curvas pronunciadas, fallas de bordes y mucha maleza alrededor. Así que los asaltos a vehículos particulares y de carga son cosa relativamente sencilla.

De allí, la banda de Esteban Eduardo Quintana, alias Eduardo Delicias, pasó a la extorsión, en especial a los pequeños comerciantes y productores de cacao. La extorsión tiene un propósito económico, pero se sustenta en el miedo. Esto lo sabe muy bien la gente de Cumbo, un pueblo a dos kilómetros de Las Delicias. Y cuando alguien intenta romper ese muro, termina descuartizado e incinerado en la vía pública. Así sucedió con dos activistas sociales en mayo de este año, que coordinaban la entrega de bolsas Clap. En esos días, a pesar del escándalo, no hubo una reacción efectiva de los cuerpos de seguridad.

Según estimados de la PNB y de Cicpc, la banda de Las Delicias tiene aproximadamente 200 integrantes. Pero no es la más grande. En el municipio Acevedo hay otra llamada Los 300, y como en la película estos sujetos estarían dispuestos a luchar con fiereza. Luego de la muerte de su líder, conocido como Miguel, en mayo de 2020, el grupo se recompuso y continúa activo.

Otra megabanda opera desde Panaquire. Su líder está plenamente identificado (Yorbin Alexander Machado Raposo, Perrote) y cuenta con unos 150 hombres, aunque su poder de fuego y capacidad de movimiento no es igual al de la organización de Las Delicias.

Desde los cuerpos de seguridad también mencionan a dos bandas, que tienen sus centros de operaciones en Tapipa y El Clavo. La primera, encabezada por los medio hermanos Rolando Machado y Félix Rivero, tiene aproximadamente ochenta integrantes. Y la otra es liderada por alias Menchito.

Todos estos grupos, como se refirió, tienen por lo menos una década de existencia. Como el resto de la población, han sido afectados por acciones policiales puntuales, la cuarentena y el decaimiento económico general. Ahora, tratan de recuperarse. Por esta razón, desde el segundo trimestre se observa una agudización de la inseguridad en la principal vía hacia el oriente del país. La población se entera de estas cosas cuando ocurre algún hecho notorio, como el homicidio de militares que van como pasajeros en camiones objeto de asalto. O la muerte del comisario Henríquez.

Pero en realidad estas son solo señales de una grave situación, que tiene múltiples consecuencias.

Por ejemplo, los camiones de las grandes distribuidoras de comestibles solo se aventuran a Barlovento luego de las 7 a. m., y sus conductores tienen órdenes de no permanecer allí después de las 5 p. m. De ser posible, además, acudirán en caravanas. Todo esto implica importantes costos, y además deja abierta la posibilidad de que algunas zonas queden sin abastecimiento.

Algunas empresas petroleras cuyas centrales están en Caracas han ordenado a sus empleados y ejecutivos no transitar por esa carretera cuando deban ir a los campos de la Faja. Han tenido que establecer “puentes aéreos”, lo que desde luego incrementa los gastos, y transmite al exterior una fuerte percepción de riesgo asociado a la criminalidad.

A propósito de la muerte del comisario Henríquez, el MRI ordenó la ejecución de la operación Barlovento. Una reacción tardía y con un objetivo difícil de conseguir, por lo menos en el corto plazo. No se trata de la Cota 905 o La Vega. Son cinco municipios poco urbanizados, que abarcan 432 kilómetros cuadrados.

Hace cinco años, en octubre de 2016, el ministerio de la Defensa ordenó el emplazamiento de contingentes de la Guardia Nacional y del Ejército en esas mismas zonas. Se llamó operación Orión. Algunas tropas fueron enviadas desde Caracas, otras desde lugares remotos como el estado Sucre. Ante la presión por dar algún resultado, mataron a doce individuos a los que asociaban con las bandas referidas en este trabajo, y ocultaron los cadáveres en una fosa común. Los militares tuvieron que retirarse en medio del rechazo generalizado de la población.

Uno supone que Cicpc tiene mayores recursos de inteligencia para lograr el objetivo a un costo menor. Pero el riesgo de una acción similar a la de Orión está latente, en la medida en que pasan los días y no dan con Eduardo Delicias.

Breves

El equipo de defensores de Alex Saab ha intentado en los últimos días dos recursos, con el claro propósito de prolongar la permanencia del extraditable colombiano en Cabo Verde. Según las declaraciones divulgadas por el jefe del equipo legal de Saab, José Manuel Pinto, el primero pretendía la nulidad de la decisión emitida por el Tribunal Constitucional del archipiélago el 7 de septiembre, que desechó las objeciones formuladas por estos litigantes en torno a la legalidad del visto bueno a la extradición. En segundo término, los defensores exigieron una “revisión” de la decisión tomada por la justicia caboverdiana, a la luz del desenlace de una pesquisa de la fiscalía suiza, sobre un supuesto lavado de dinero con fondos provenientes del programa para la construcción de viviendas del gobierno de Nicolás Maduro.

Según el abogado Pinto, un “monto sustancial” de los fondos enviados a la banca helvética “fue recibido de empresas ligadas al mismo programa de viviendas venezolano que está en el centro de la acusación en Miami contra Alex Saab, del 25 de julio de 2019, y sirvió de base al pedido de extradición hecho por EE. UU. a Cabo Verde”. Afirmó que los suizos no encontraron delito alguno asociado al manejo de los referidos fondos, por lo que Saab correría el riesgo de “doble juzgamiento” si es llevado a Estados Unidos para ser procesado por los mismos hechos. El primer recurso de los defensores fue rechazado casi de inmediato. Sobre el segundo, la justicia de Cabo Verde no se había pronunciado al momento de la redacción de esta nota. Sin embargo, esta seguidilla de maniobras hace pensar que Pinto y su equipo ven inminente el traslado de Saab a Estados Unidos.

En los nueve meses que van de 2021 las oficinas de la policía judicial han procesado 712 denuncias sobre desapariciones de personas. Esta cifra, conocida extraoficialmente, es llamativa, pues rebasa el total de casos iniciados durante todo 2020. Es posible que la cuarentena implantada a partir de marzo del año pasado haya influido en esta disparidad. Pero se debe tomar en cuenta que durante 2021 se han mantenido las dinámicas de flexibilización y radicalización de la cuarentena, por lo que otros factores deben entrar en juego.

Uno supondría que situaciones como el conflicto planteado en Apure a partir de marzo de este año y las nuevas oleadas de emigración han influido en el incremento de las desapariciones.

Pero las cifras de denuncias conocidas en el estado llanero, así como en Táchira y Zulia son bajas si son comparadas con las de Distrito Capital (148), Miranda (145) y Bolívar (53). En el actual contexto, las desapariciones parecieran estar asociadas a la intensificación del delito organizado o a disputas entre bandas y megabandas por el control de ciertos territorios. Desde luego, estos números pueden cambiar, ya sea porque la persona indicada da alguna señal de vida o porque se constata que ha sido víctima de homicidio, secuestro o privación ilegítima de libertad.

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