Javier Ignacio Mayorca, autor en Runrun

Javier Ignacio Mayorca

Crímenes sin Castigo | Chucho en polvo blanco, por Javier Ignacio Mayorca
Once marineros zarparon de Margarita para vender pescado en Saba y terminaron presos en las Islas Vírgenes por tráfico de drogas. Aquí la historia de un viaje que salió mal

 

@javiermayorca

En septiembre de 2019, Vicent Mata Ányelo contactó en Margarita al mecánico de embarcaciones Johan José Pacheco Lezama. La propuesta parecía irresistible: hacer algunas rondas de faena por La Tortuga, y luego poner proa al norte para vender toda la captura en Saba.

El destino final parecía algo distante. De acuerdo con el testimonio de pescadores, en Nueva Esparta prefieren colocar la pesca en islas más próximas del Caribe Oriental, como Martinica, lo que ha reportado un considerable flujo de euros a la economía neoespartana.

Para cruzar el Caribe de sur a norte y viceversa usarían un peñero de 55 pies de eslora, La Gran Tormenta. La nave de registro ARSHPE-1468 no pertenecía a Mata Ányelo. Días después, afirmó en un interrogatorio que el propietario era un tal Yosmel, que también hace vida en Margarita.

Atraídos por la posibilidad de ingresos en moneda dura, Pacheco y Mata Ányelo comenzaron a reclutar a los nueve integrantes de la tripulación. El mecánico, natural de Guiria, apenas tenía año y medio involucrado en el oficio del mar. Así que debía asegurarse de que los otros integrantes del equipo sí supieran qué hacer.

El 10 de septiembre, el equipo estaba listo para zarpar. Además de Pacheco y Mata, se hicieron a la mar Alfer Rodríguez Boadas, Alexis Fuentes, Francisco Rodríguez Infante, Johan García Suárez, Carlos Rodríguez García, Henry González Noriega, Algler Rodríguez Boadas, Jhonny Rodríguez Rodríguez y Daniel Jesús Salazar González. Algunos, como Rodríguez Boadas y García Suárez, residen en La Asunción. Los demás en otros poblados de la isla.

Abordaje con permiso… de Guaidó

El 25 de septiembre, a eso de las 7:30 p. m., La Gran Tormenta navegaba a 38 millas al sur de Saint Croix, perteneciente a las Islas Vírgenes estadounidenses. El pesquero iba en dirección norte. Debido a su origen y las aguas por las que transitaba, el Servicio de Guardacostas de EE. UU. la declaró “objetivo de interés”.

Una declaración del agente especial de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés) Michael Reed, indica que los guardacostas enviaron al buque Donald Horsley para interceptar a la embarcación venezolana.

Al llegar a la escena, la tripulación del Horsley vociferó preguntas en inglés y en español. Mientras tanto, los faroles apuntaban a la cubierta del pesquero. Según el reporte, los margariteños apilaron varios sacos oscuros. Luego, los lanzaron al mar unidos a bidones plásticos azules mediante cuerdas.

El relato de Reed indica que los funcionarios “fueron capaces” de recobrar dos sacos. De inmediato, tomaron nota de las coordenadas en las que se produjo la recuperación.

Posteriormente, “el capitán de La Gran Tormenta aceleró en un intento por escapar”.

Los guardacostas trataron de dar alcance al barco margariteño utilizando una lancha rápida llamada Mohawk que llevaban para estas situaciones. Mientras tanto, continuaban los gritos: “¡Capitán, detenga la embarcación!”, “¡Ponga las manos en el aire!”.

Desde la lancha rápida, los guardacostas aplicaron lo que se conoce como una maniobra de enmarañamiento al motor de La Gran Tormenta, indicó la fiscal del caso Melissa Ortiz. Fue así como lograron detenerlo para posteriormente llevar a cabo el abordaje. La nave quedó “muerta en el agua”, lo que según el argot de estos funcionarios significa “incapaz de moverse”.

En su declaración jurada, el agente Reed indicó que la persecución de La Gran Tormenta se extendió por 54 millas. Mientras tanto, se desarrollaba en caliente un proceso legal internacional.

La norma marítima impone que los guardacostas obtengan un permiso del Estado que emite el registro, antes de que se lleve a cabo la entrada en cubierta.

Una declaración del agente especial de la DEA James Conwell, remitida al juez de la causa en Islas Vírgenes George Cannon el 27 de octubre de 2019 revela que la tripulación del Horsley “recibió permiso del estado bandera para detener, abordar e inspeccionar”.

“El gobierno reconocido de Venezuela autorizó a los Guardacostas de EE. UU.”, afirmó, en referencia al interinato liderado por Juan Guaidó.

Un cuento de piratas

Los policías marítimos estadounidenses recuperaron 55 kilos de cocaína. Lo demás supuestamente permanece en el fondo del mar.

Los once tripulantes de La Gran Tormenta fueron detenidos y trasladados a Saint Croix para el proceso judicial. Antes de encerrarlos, les hicieron pruebas para la detección de iones de drogas. Cinco dieron positivo.

Aunque muchas de las evidencias de este caso todavía no son de acceso público, los reportes de la fiscal Ortiz y de los agentes de la DEA consignados debido a distintas incidencias revelan que el 4 de octubre de 2019 Mata Ányelo intentó explicar la presencia del alijo en la nave que capitaneaba.

Según el líder del grupo de margariteños, el propósito era vender aproximadamente media tonelada de pescado en Saba. Pero la última noche que estuvieron en aguas próximas a La Tortuga presuntamente fueron abordados por un grupo de piratas. Los sujetos usaban pasamontañas, vestían de negro y portaban fusiles AR-15.

Fueron ellos quienes supuestamente entregaron la droga a Ányelo, para que él la llevara contra su voluntad a aguas estadounidenses. Las coordenadas del punto de entrega fueron especificadas en un pequeño papel manuscrito. Los mentados piratas, que hablaban con acento venezolano, irían contra la familia de Mata Ányelo si él se negaba a cumplir la orden.

El comandante de la nave negó que les hubiesen pagado por la tarea.

El mecánico de la embarcación fue entrevistado aparte ese mismo día. Dijo que el abordaje de los hombres de negro ocurrió a las 9 p. m., cuando la mayoría de la tripulación dormía. Pacheco afirmó que los piratas se llevaron aparte a Mata Ányelo y dejaron a dos hombres armados en la cubierta. Dijo escuchar cómo le gritaban que matarían a la familia del capitán si no obedecía, y que luego este se puso a llorar. Posteriormente, colocaron cuatro sacos en la cubierta.

La fiscal no dio mucha credibilidad a esta coartada, pues había inconsistencias de fechas y eventos entre lo que decían los principales miembros de la tripulación.

Hasta ahora, cinco de los once detenidos han admitido culpabilidad: González Noriega, de 47 años de edad; Rodríguez Infante, de 28 años; García Suárez, de 33 años; Rodríguez Boadas y Rodríguez García, de 26 años. En estas condiciones, la parte acusadora pide “no menos” de diez años de prisión, con la posibilidad de una medida cautelar al cumplir la mitad de la pena. Además, se exige que paguen una multa de un cuarto de millón de dólares.

Breves

  • ¿Quiénes tripulaban el jet K-8w que se estrelló en las proximidades del aeropuerto La Chinita el sábado 18 de junio? El siniestro, que ocasionó la pérdida de otro avión de combate venezolano, está rodeado de opacidad. Los medios oficiales y las cuentas de redes sociales de los jerarcas militares no han dicho nada al respecto. Según información filtrada de manera extraoficial, el aparato de fabricación china se fue a pique debido a una “falla mecánica” no especificada, presuntamente porque una “junta de investigación” determinará lo sucedido con precisión. Los dos ocupantes lograron eyectarse a tiempo, e incluso las redes sociales divulgaron el video de uno de ellos, cuando caminaba por sus propios medios, mientras arrastraba los restos de un paracaídas adosado al asiento. Se trata presumiblemente del piloto, primer teniente de la Aviación José Alejandro Barazarte Zambrano, natural de Barinas. El otro tripulante, indicaron fuentes ligadas a la operación de rescate, es Erick Wladimir Rivas Rodríguez, un capitán retirado de ese componente, de 46 años de edad. Aunque algunos partes dicen que Rivas es un “fotógrafo”, en realidad se trata del gerente regional de Tributos Internos del Seniat en el Zulia. Se desconoce qué hacía un funcionario del ente tributario en un jet de combate. Este es el tercer K8 de la flota nacional siniestrado. El 21 de julio de 2010 ocurrió el primer caso, en el curso de una operación antidrogas en Lara. El 27 de noviembre de 2012 hubo un nuevo accidente, cuando un zamuro chocó contra la turbina.  En el país quedarían entonces 21 unidades de este tipo.
  • Primero fue en avión. Luego, en barcos y a pie hasta llegar a los países fronterizos. En una tercera etapa, los venezolanos huyeron del país emprendiendo largas marchas hacia los países del sur. El llamado Tapón del Darién, una densa selva en la zona limítrofe entre Colombia y Panamá, operaba como un dique para contener las aspiraciones de la creciente diáspora para llegar a Norteamérica. No obstante, las cifras de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) revelan que esta situación está cambiando aceleradamente. En lo que va de año, los agentes de CBP han reportado 39.841 “encuentros” con migrantes venezolanos, que intentan acceder a territorio estadounidense por la frontera suroccidental, que abarca a los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas. El promedio mensual actualmente supera los 7900 y rebasa en 89 % a la media registrada por ese despacho para el año fiscal 2021. Hace dos años fueron apenas 4500 casos en total. Los venezolanos parecieran emigrar por oleadas. No es un flujo regular. El mayor número de reportes registrados fue en diciembre de 2021, cuando hubo 24.946 contactos entre los que participan en esta diáspora y los uniformados americanos. Desde luego, detrás de este movimiento migratorio hay un negocio clandestino. El pico registrado el año pasado pareciera asociado al relajamiento de la cuarentena por la covid-19, que reavivó la ruta aérea a México. Desde allí, los nacionales se incorporan a la extensa caravana de caminantes rumbo al norte. Según CBP, luego de los centroamericanos, Venezuela aporta la mayor cantidad de individuos que intenta cruzar la frontera. “Las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad, la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales”, afirma un reporte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), emitido en abril.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Aportes al debate sobre el crimen organizado (II/II), por Javier Ignacio Mayorca
En esta edición, se profundizará sobre aspectos clave relativos al delito organizado. El hecho de que tocarlos aquí, y no en la primera parte, no implica una valoración sobre su importancia

 

@javiermayorca

Uno de los aspectos a ser debatidos en la IX Cumbre de las Américas, iniciada este lunes en Los Ángeles, es el impacto del delito organizado en la gobernabilidad democrática.

En la entrega anterior se hicieron algunas consideraciones sobre el particular, con especial referencia al caso venezolano. El gobernante Nicolás Maduro no fue invitado para la cita en California. Tampoco algún representante de su tren ministerial. Pero eso no implica que las discusiones de la cumbre serán ajenas a la situación del país. Por el contrario, la información disponible indica que la crisis venezolana será punto de análisis en casi todas las mesas. Y lo más probable es que se tomen algunas decisiones, aunque no vayan más allá de lo meramente declarativo.

En esta edición, se profundizará sobre otros aspectos clave relativos al delito organizado. El hecho de que sean tocados aquí, y no en la primera parte, no implica una valoración sobre su importancia.

Las armas, una discusión en calle ciega

Si los países latinoamericanos y de la cuenca del Caribe son los más violentos, tal y como se indicó en la primera parte, esto es parcialmente consecuencia de la disponibilidad de las armas de fuego y de sus municiones. En las américas, EE. UU. es el principal fabricante de armas, aunque no es el único. Brasil y Argentina tienen industrias en este ramo. Pero no sería descabellado afirmar que buena parte de la violencia homicida que afecta a los países centroamericanos, del Caribe, Colombia y Venezuela es ejecutada con armas de fabricación norteamericana. El periodista Ioan Grillo describe con detalle cómo opera el trasiego de armas desde estados de la unión americana hacia el sur en su obra Blood, gun, money (2021). Es básicamente un goteo, en el que participan grupos de delito organizado transnacional y pequeños contrabandistas, hasta generar lo que el autor llama un “río de hierro”, que tarde o temprano inunda las tierras venezolanas. Aquí esas armas se mezclan con otras, robadas o hurtadas a sus legítimos propietarios, y con transferencias ilegales que cuentan con la participación de policías y militares. Esto sucede claramente en los casos de las granadas.

Visto así, la disponibilidad de armas de fuego (pistolas, fusiles, revólveres y granadas) en Venezuela es en buena medida el resultado de la actividad del delito organizado, tanto el transnacional como el local. En la época de Hugo Chávez se inició un proceso que pretendía sustraer las armas en posesión de sectores civiles, altamente contradictorio si se toma en cuenta la selectividad en la aplicación de las normas implantadas en ese momento. Mientras algunos ciudadanos afrontaron serios problemas para tener sus armas con arreglo a la normativa, otros las recibían fácilmente del propio Gobierno, con el pretexto de que la revolución era “pacífica, pero armada”. Esas contradicciones se mantienen hasta el presente.

¿Cuál es el resultado? Las armas de fuego continúan impactando negativamente los indicadores de seguridad. Según cifras conocidas extraoficialmente, en el 78,3 % de los homicidios reportados en 2021 utilizaron armas de fuego de algún tipo. Esto incluye las muertes por supuestos enfrentamientos con policías y militares, ahora denominadas “intervenciones legales”.

Si se amplía este análisis a otros delitos violentos, como son los robos genéricos y de vehículos, los secuestros y las lesiones personales, el uso reportado de armas de fuego se sitúa en 57,8 %. Hablamos de más de 15.800 víctimas, en un contexto en el que todavía la pandemia por la covid-19 tenía cierto efecto mitigador de la criminalidad. Lo que se ve este año sugiere un impacto mucho más intenso.

Las armas de fuego, además, son instrumentos de sometimiento a través del miedo. Es lo que llamamos violencia 2.0. Las muertes por armas de fuego adquieren nuevas dimensiones cuando las bandas y megabandas divulgan las grabaciones de tales crímenes en las redes sociales. A veces, solo les basta con una amenaza, en la que muestran los fusiles, las pistolas y granadas que han utilizado en otras oportunidades. En esto, los grupos del Zulia son especialistas.

La discusión que se desarrolla en Estados Unidos a propósito de la masacre en la escuela Primaria Robb de Uvalde no es únicamente de interés para los norteamericanos. Lo ocurrido en el centro educativo de Texas, y la ola de sucesivos tiroteos con múltiples víctimas (13, según CNN) del fin de semana pasado en ese país es apenas una pequeña fracción de la violencia generada por las armas fabricadas en territorio estadounidense. Por ende, las decisiones tomadas en el futuro cercano para restringir las posibilidades de adquisición de armas en ese país podrían tener consecuencias sobre la actividad de las organizaciones criminales al sur del Río Grande. Sin embargo, no hay que llamarse a engaños. La probabilidad de que se logre algún avance en esta materia es muy baja. Desde Columbine hasta acá, los avances han sido casi nulos, aunque se debe admitir que la opinión pública norteamericana se encuentra sensibilizada sobre este tema.

Repensar la soberanía

Cuando era director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Louis Freeh sostenía la imposibilidad de afrontar desde una perspectiva netamente local el desafío planteado para las democracias por las organizaciones transnacionales del crimen. Estas son estructuras que, cuando llegan a la fase simbiótica de su desarrollo, invierten enormes recursos en la identificación de los llamados “hoyos legales”, con el propósito de expandir sus operaciones a diversos países. Un ejemplo de ello fue el cartel de Cali, que contrató a contadores como Guillermo Palomari y abogados de prestigiosos bufetes con esta finalidad.

En la actualidad, el régimen venezolano intenta proyectar hacia la comunidad internacional una imagen de “hoyo legal”. Tal es el mensaje implícito en la Ley Constitucional Antibloqueo, donde se establece claramente la disposición de “desaplicar” la normativa vigente, siempre y cuando eso reporte el ingreso de nuevos recursos para el régimen. Y esa desaplicación puede derribar, por ejemplo, las barreras implantadas por el propio Estado para prevenir el lavado de dinero.

Detrás de esto opera un discurso que reivindica una soberanía mal entendida, invocada para rechazar las exigencias de la comunidad internacional en cuanto al cumplimiento de los acuerdos establecidos en convenciones que ya son leyes de la República, pero que es omitido cuando queda en evidencia la instalación en el país de estructuras de delito organizado, con las cuales existe cierta afinidad. ¿Alguien en su sano juicio pensará que esos capitales oscuros atraídos por la ley Antibloqueo no vendrán acompañados por otras formas de delito? En la era de López Michelsen, Colombia estableció un sistema que la prensa del momento bautizó como la “ventanilla siniestra”, pues permitía al Banco de la República captar fondos en divisas sin preguntar por su origen. Ese país pagó muy caro el experimento.

Breves

  • En mayo hubo un claro repunte del secuestro extorsivo, con respecto a lo que se veía desde finales de 2021. Las cifras conocidas extraoficialmente señalan que hubo siete víctimas. Pero este es solo un dato referencial, puesto que las denuncias no están siendo consignadas oportunamente para los efectos estadísticos. En la urbanización La Asunción de Valencia, un grupo armado sacó por la fuerza a un empresario, mientras estaba en un galpón de su propiedad, y lo llevaron a su vivienda en esa misma ciudad junto con otros empleados. A estas personas las abandonaron allí. Pero los captores se llevaron al hombre de 51 años de edad, cuyo paradero se desconoce en la actualidad. En Cabimas (Zulia), un grupo armado irrumpió en un supermercado y se llevaron al comerciante chino Víctor Ho Ng Zheng. Este hombre de 22 años fue dejado en libertad por sus captores días después. El parte de Cicpc atribuye esta decisión a la supuesta presión ejercida por sus agentes. Sin embargo, el consecuente ocultamiento de la información sobre los casos resta credibilidad a esta versión, más aun si se toma en cuenta que los captores avanzaban en la negociación de un rescate por 50 000 dólares. Según FundaRedes, Zulia se ha transformado en el estado fronterizo más violento, “donde los grupos armados irregulares han retomado actividades de secuestro con fines extorsivos”.
  • Por primera vez, la justicia estadounidense admite la muerte en Venezuela de Seuxis Paucías Hernández, alias Jesús Santrich. Lo hizo de forma tangencial, mediante la referencia a un reporte publicado en mayo de 2021 por el New York Times, basado en datos aportados por “oficiales venezolanos”. Quien fuera segundo al mando de la disidencia de las FARC conocida como Nueva Marquetalia murió, según estos reportes, en el mismo municipio del Zulia donde recientemente se informó el asesinato con explosivos de Miguel Botache Santanilla, alias Gentil Duarte, máximo líder de otra de las disidencias. De manera que Zulia ha sido uno de los teatros más importantes del conflicto entre las distintas facciones guerrilleras que desconocieron el acuerdo de paz de La Habana. El documento donde se hace la referencia a la muerte de Santrich, suscrito por el fiscal neoyorkino Damian Williams, forma parte de una extensa respuesta de la parte acusadora ante los cuestionamientos formulados por Fabio Simón Younes y Armado Gómez, coacusados de conspirar para traficar drogas con Hernández Solarte, y con Marlon Marín, sobrino de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, máximo representante de NM. Este juicio, por lo tanto, apunta a la cúpula de una de las guerrillas que permanecen alojadas en Venezuela. En la investigación, dos informantes de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés) convencieron al grupo de Younes, Gómez y Marín de que eran enviados del Cartel de Sinaloa. Las reuniones para pactar los envíos de cocaína de las FARC comenzaron el 20 de junio de 2017 en el lobby de un hotel de Bogotá. En este encuentro, Younes Arboleda presumió de sus nexos con Mohammed Bazzi, un financista de la organización Hizbulah, así como con “políticos de alto nivel en Venezuela”. Y continuó hablando: “La mayor parte de la mercancía en Venezuela pertenece a las FARC”. Desde luego, se refería a la cocaína. Posteriormente, de acuerdo con este documento de la fiscalía de Nueva York, Younes explicó que alias Iván Márquez maneja los mercados de Europa, Medio Oriente, Asia y África. El 10 de julio de ese mismo año hubo otra reunión. Fue en el aeropuerto El Dorado de la capital colombiana. Entonces, comenzaron a hablar sobre el hipotético envío de una tonelada. Allí el sobrino de Iván Márquez hizo alarde de sus contactos con “los soles” venezolanos. Para corroborar la calidad de la droga, negociaron una primera muestra de cinco kilos, elaborada en Tumaco, una localidad del pacífico colombiano fronteriza con Ecuador. En agosto, cuando el proceso estaba más avanzado, Santrich se involucró. Primero, mediante conversaciones telefónicas, y luego en persona. Durante una de las reuniones, incluso, entregó a uno de los informantes un recado para un histórico de los carteles mexicanos, Rafael Caro Quintero: “Para don Rafa Caro, con aprecio y esperanza de paz. Santrich”.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Aportes al debate sobre el crimen organizado (I/II), por Javier Ignacio Mayorca
El accionar de las organizaciones criminales será tema a discutir en la novena Cumbre de las Américas. Aquí algunas reflexiones sobre un asunto que impacta directamente en la calidad de vida del venezolano

 

@javiermayorca

Uno de los puntos que será debatido en la novena Cumbre de las Américas, a celebrarse el mes que viene en Los Ángeles (EE. UU.), es el impacto de la delincuencia organizada sobre las democracias de la región.

El tema tiene más vigencia que nunca. La delincuencia organizada pareciera haber encontrado nuevos nichos de acción a partir de la emergencia humanitaria compleja venezolana, que se proyecta de distintas formas, ya sea incrementando el flujo de migrantes que caminan por toda Centroamérica hacia la frontera estadounidense, o degradando de forma casi irreversible los ecosistemas amazónicos, si atendemos a las denuncias de la organización SOS Orinoco. Y estos son solo algunos aspectos de una larga lista.

Desde este espacio, se intentará una contribución al debate que se llevará a cabo en la referida reunión. En esta entrega, se mencionarán solo algunos aspectos generales.

No es un “fenómeno”

Según la Real Academia de la Lengua Española, los fenómenos son cosas extraordinarias y sorprendentes. Esa es la primera acepción del término. Desde el Leviatán de Hobbes sabemos que el delito es consustancial a toda sociedad estructurada mediante normas, aunque no estén escritas. En la medida en que las sociedades van evolucionando, lo mismo ocurre con las formas en las que se lleva a cabo el delito. La tendencia a la organización es casi natural, especialmente cuando el delito es practicado de forma repetida y con éxito. En los tiempos de la Colonia, una de las prácticas que más preocupaba al Imperio era el contrabando, que era y es una manifestación del delito organizado, aunque muchos contrabandistas no se vean a sí mismos como delincuentes sino como dignos hombres de empresa. Esto no quiere decir que el concepto de “delincuencia organizada” exista desde los tiempos de la monarquía. De hecho, se trata de algo relativamente novedoso.

De la predatorios a la pax mafiosa

Según el último reporte de la Organización de Naciones Unidas sobre Drogas y Delito (2020), los países centroamericanos y de la cuenca del Caribe, donde se encuentra Venezuela, tienen en conjunto las tasas más elevadas de homicidios de todo el mundo (21,2 por cada 100.000 habitantes). De hecho, cuadruplican la media del planeta. No se trata de algo nuevo. Este conglomerado de naciones ocupa el primer puesto de este ranking desde hace más de un lustro, y supera a regiones caracterizadas por prolongados conflictos armados, como el norte de África o el África Subsahariana. El propio estudio atribuye semejante violencia al accionar de organizaciones criminales, como las maras que abarcan a Honduras, El Salvador y Guatemala, los carteles mexicanos o los grupos dedicados a la producción de drogas en los países andinos.

En el caso venezolano, donde las estadísticas sobre seguridad ciudadana son manejadas como si fuesen secretos de Estado, resulta muy difícil distinguir cuántos de estos homicidios son consecuencia de las operaciones de estructuras organizadas. Al respecto, un primer avance fue logrado por Tablante y Tarre (2013) cuando hicieron una discriminación entre las muertes ocasionadas por motivos pasionales, robos aislados, riñas, linchamientos, etc., y aquellas producidas por “ajustes de cuentas”, lo que según ellos sugiere la existencia de por lo menos un actor estructurado en conflicto con otro que no necesariamente debe tener las mismas características.

Los autores, sin embargo, omitieron otros móviles que también sugieren la existencia de actividades organizadas, como son el sicariato y el robo de vehículos. De hecho, en la legislación venezolana, ambos son considerados como campos propios de organizaciones criminales.

Gracias a informaciones conocidas extraoficialmente, se puede determinar que por lo menos el 52,8 % de los homicidios perpetrados en Venezuela por civiles en el bienio 2020-2021 pudieron ser la consecuencia del accionar de organizaciones criminales, ya fuese en el contexto de ajustes de cuentas, robos de vehículos o sicariatos, es decir, asesinatos por encargo. Fueron en total 4350 vidas perdidas directamente debido a estos grupos. La cifra cobra más relevancia si se toma en cuenta que este fue un lapso en el que la población generalmente estuvo inmovilizada debido a la cuarentena implantada a propósito de la covid-19.

Pero esto no queda así. En ese mismo lapso murieron 6513 personas en supuestos enfrentamientos con cuerpos policiales o militares. Esta cifra supera en 43 % al saldo fatal de los grupos organizados. Aunque algunas de estas muertes pueden ser justificables por tratarse de situaciones en las que presumiblemente hubo actos en defensa propia o de terceros, el propio Gobierno ha implantado un discurso que incorpora a estos individuos ultimados como integrantes de “grupos estructurados de delincuencia organizada”, o GEDOs, y más recientemente de grupos TANCOL, o “terroristas armados narcotraficantes colombianos”. Sin entrar en una valoración sobre la recurrente actuación ilegal de los cuerpos uniformados, ampliamente denunciada, se puede afirmar entonces que el delito organizado ocasionó más de diez mil muertes en el país durante los dos años anteriores.

Nada hace pensar que esta violencia disminuirá en el año en curso. Por el contrario, tenderá a crecer en la medida en que se acelere la actividad económica, y posiblemente los actores sin uniforme cobren mayor relevancia.

Se debe aclarar que la violencia criminal no tiene la misma intensidad en toda la geografía nacional. Esto sucede porque en algunos sitios las redes han logrado mayor evolución que en otros.

Edwin Stier y Peter Richards (1997) sostuvieron que los grupos de delincuentes atraviesan varias fases en su evolución: predatoria, parasitaria y simbiótica. En Venezuela se ven ejemplos de las tres. Las zonas con mayor violencia serían, por decirlo así, el campo de batalla de los grupos en fase predatoria. Son los de Tumeremo y El Callao, donde las tasas de homicidios son las más elevadas del país. En el otro extremo, lo que ocurre con el Tren de Aragua en Tocorón sugiere la existencia de un grupo en etapa simbiótica. Allí se impuso la pax mafiosa. Esa simbiosis, desde luego, es con el Estado. No podría ser de otra forma en un internado judicial.

La corrupción, eje transversal

Si lo que define la evolución de la delincuencia organizada es su relacionamiento con el Estado, será imposible que perdure sin que una parte del producto de sus actividades tribute cierto beneficio a los operadores de ese Estado. Desde los grupos en fase predatoria hasta los que han logrado plena simbiosis. Ninguno escapa. Este vínculo no siempre es directamente con quienes ejercen el poder en las grandes capitales. A veces, resulta más natural, efectivo y menos costoso el relacionamiento con los poderes locales.

En oportunidades, incluso, estas estructuras pueden tercerizar el ejercicio de la violencia como un negocio más, acudiendo a cuerpos policiales o militares. Esta práctica se ve con claridad en el caso mexicano, donde el cartel de Sinaloa desplazó a sus competidores con el concurso de la Policía Federal y del Ejército (Hernández, 2014). Pero también en Venezuela. Desde julio de 2015, cuerpos policiales y militares llevaron a cabo cinco grandes redadas en la Cota 905, algunas con el formato de la OLP. Y el gran beneficiario de estas acciones no fue el ciudadano común de esa zona, sino el grupo de Carlos Revette, que logró enseñorearse allí hasta 2021, cuando diversos factores se juntaron para que perdiera el control de su estructura, y se convirtiera en un interlocutor poco fiable.

En Venezuela, la corrupción es sistémica. No porque lo digan los informes del Departamento de Estado de EE. UU. o el listado anual de Transparencia Internacional que coloca al país entre los cuatro más corruptos del mundo. Es así porque prácticamente ninguna actividad puede llevarse a cabo sin que exista un encuentro cercano entre el ciudadano y estructuras de delito organizado. Desde sacar la cédula de identidad hasta intentar la obtención de una patente de industria y comercio. Aquí estamos ante un régimen que a menudo ha funcionado como factor criminógeno, pues con sus decisiones y omisiones genera nuevas áreas de acción para grupos estructurados. La “guerra económica”, en realidad, fue una especie de alfombra roja para estas organizaciones, que se lucraron incluso con la distribución de agua mediante cisternas. Y el gran afectado por esta situación ha sido el ciudadano, a quien solo le resta sobrevivir mediante estrategias de adaptación o incorporándose a la diáspora. Pero esto tampoco es garantía de que no será víctima de las redes criminales.

Breves

  • Esta semana, una corte de Florida impuso una sentencia de cuatro años de prisión (48 meses) al empresario de origen venezolano Jorge Luis Nobrega Rodríguez. Este hombre de 57 años de edad fue detenido en agosto de 2021, como consecuencia de una investigación adelantada por agentes del Departamento de Seguridad Interior, que lo señaló de suministrar partes y servicios para reparaciones y el mantenimiento de los cazas Sukhoi 30 vendidos por la Federación Rusa a Venezuela. Ante el peso de las evidencias, Nobrega se declaró culpable, y eso contribuyó a aminorar su tiempo en prisión. En este caso actuó el fiscal Kurt Lunkenheimer, el mismo que participa en la causa contra el empresario barranquillero Alex Saab. El acusador solicitó 57 meses de cárcel. Pero el juez Paul Huck se fue por lo bajo. Una ganga, si se toma en cuenta que inicialmente la perspectiva era de unos 45 años tras las rejas, al sumar las penas por los tres delitos por los que fue acusado. Lo poco que se conoce de este expediente contiene aspectos reveladores. En primer lugar, que el gobierno de Maduro utilizó para sus compras militares el mismo mecanismo puesto en práctica para la comercialización del crudo nacional, utilizando a la empresa tailandesa Tipco, que tiene una subsidiaria en Malasia. En este caso, los fondos para Nobrega iban a una cuenta de su empresa Achabal Technologies en Portugal. Y eventualmente este dinero, más de $3,7 millones, fue a parar en una cuenta de la banca estadounidense. En contraprestación, Nobrega suministraría un compuesto de poliuretano para recubrir las paredes internas de los tanques de combustible que están en el interior de las alas de los cazas, e igualmente aportaría el conocimiento (know how) para llevar a cabo ese revestimiento, un proceso que él mismo denominó “diálisis”. El otro punto de interés −poco destacado hasta el momento− es que en esta averiguación se indica que Nobrega habría “conspirado con oficiales venezolanos para proveer servicios de defensa a la Fuerza Aérea Venezolana en la forma de reparaciones para los SU-30 sin obtener una licencia”. Algunos de los militares mencionados en una denuncia criminal formulada por el agente especial de Homeland Security Michael Simpson son el actual ministro de la Defensa Vladimir Padrino; el general en jefe Pedro Juliac Lartíguez y el almirante Clemente Díaz, quienes para el lapso investigado eran respectivamente comandante general de la Aviación y viceministro para Servicios, Personal y Logística de MinDefensa. Al declararse culpable, Nobrega también se compromete a aportar toda la información requerida en torno a estos funcionarios.
  • Varios datos de interés arroja el secuestro y la posterior liberación de Franyeli Carolina Guerrero Guillén en Barinas. En primer lugar, aunque el asunto era conocido en el estado llanero, no figuró en los registros oficiales. Esto obedece a una práctica que se ha ido imponiendo en la policía de investigación y otros cuerpos, según la cual los casos son reportados a Relaciones Interiores para efectos estadísticos solo cuando son resueltos, o cuando el escándalo hace imposible su ocultamiento. Esta es la percepción del comisario jubilado Sergio González, exjefe de Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial. En segundo lugar, de acuerdo con el exfuncionario, el verdadero objetivo del plagio no era la mujer de 37 años de edad, sino su papá, un productor agropecuario de cierta solvencia en el estado. Este plagio, además, tuvo un notable grado de planificación, que permitió al grupo tener a la víctima cautiva durante 140 días en una habitación construida especialmente para tal finalidad. “Estaba a buen resguardo”, dijo González. Esto hace suponer, además, que la estructura criminal de la que supuestamente hace parte el abogado Ernesto Sierra es mucho más grande, y que ha participado en otros golpes. Sierra, reveló González, formó parte de la base Antisecuestros de Cicpc en Táchira. Pero solo llegó al grado de detective. Se casó con una mujer en cuyo rescate él mismo participó. En Barinas, la gente observaba con cierta sorpresa cómo Sierra acumulaba riquezas con rapidez. Vistos en conjunto, estos factores hacen pensar a González que el delito de secuestro tiene unas dimensiones mucho más preocupantes que las que el Gobierno está dispuesto a admitir, en especial en los estados occidentales del país.

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Crímenes sin Castigo | El Estado como botín, por Javier Ignacio Mayorca
En medio de una rampante impunidad, los robos y hurtos a bienes bajo la custodia del Estado se reproducen en todo el país

 

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El 15 de febrero, funcionarios de la policía judicial iniciaron las averiguaciones sobre el hurto de 33 vehículos que permanecían en el estacionamiento del centro frutícola de CorpoZulia.

Los agentes fueron notificados sobre lo ocurrido por un empleado de la Administración de esa estatal. Entre los vehículos afectados están camionetas, tanto doble cabina como pick up, camiones y también automóviles, en su mayoría de modelos correspondientes a finales del siglo pasado, y algunos de años posteriores. Al parecer, se trató de una actividad continuada.

En noviembre del año pasado, un supervisor de la Policía Nacional Bolivariana en Barinas notificó a Cicpc sobre un hecho parecido. En aquella oportunidad, los delincuentes canibalizaron diecisiete motos Kawasaki Versys 650, que permanecían en un lote de terreno adyacente al terminal de la avenida Guaicaipuro de la capital. Se trata de vehículos de uso oficial, anteriormente usados para el patrullaje, que debían permanecer bajo custodia en la espera de refacciones o mantenimiento.

En una Venezuela signada por la emergencia humanitaria, los bienes bajo custodia de instituciones del Estado no se salvan de la rapiña. Pueden ser pequeños objetos que dejaron sobre el escritorio de algún burócrata o empleado el viernes, y el lunes siguiente habían desparecido. Pero también ocurren cosas grotescas: el 4 de abril, por ejemplo, desaparecieron 600 laptops Canaima de la oficina del Instituto Postal Telegráfico en el municipio Mariño de Nueva Esparta.

Los objetos metálicos de todo tipo parecieran ejercer un atractivo especial para la delincuencia enquistada en las instituciones estatales. El mes pasado, desaparecieron 129 láminas de hierro del centro de trabajo General Ambrosio Plaza de Guarenas.

Las instalaciones de Petróleos de Venezuela también son escenarios permanentes de hurtos de todo tipo. En abril, antisociales sustrajeron válvulas, rollos de revestimiento de acero y piezas para tuberías de distintos tipos guardadas en dos almacenes del proyecto de “conversión profunda” de la refinería de Puerto La Cruz. Las investigaciones internas determinaron que este hurto se perpetró, por lo menos, en dos tiempos. La pérdida calculada para la estatal petrolera fue de 108.357 dólares, solo en este caso.

Al respecto, el 9 de mayo, el director de la policía judicial, Douglas Rico, informó sobre la captura en la comunidad indígena Chimire de Anzoátegui de cuatro hombres que, según su descripción, “se dedicaban a sustraer material estratégico de las diferentes plantas compresoras y estaciones de la empresa Petróleos de Venezuela”.

Pero este es apenas un caso dentro de una larga lista.

De acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, durante 2021 se consignaron 1890 denuncias sobre robos o hurtos perpetrados en instalaciones del Estado, o que afectaron de alguna forma activos de los poderes públicos. Esto indica que todos los días se cometen por lo menos cinco robos o hurtos que afectan el patrimonio oficial.

Según el comisario jubilado de la policía judicial Williams Meleán, el problema es que no existe un control riguroso de los bienes manejados por las distintas entidades oficiales.

Meleán −actualmente dedicado a la actividad privada y a la docencia en la Universidad de la Seguridad− recordó que recientemente hurtaron tres transformadores de varias toneladas en instalaciones de la estatal eléctrica en Cumaná.

“Eso requiere de una logística. Pero como no existe un control a los bienes, no se dan cuenta”, indicó.

En consecuencia, estos casos generalmente quedan impunes.

Meleán señaló que las entidades estatales deberían implantar normas y prácticas para prevenir los hurtos, que contemplen por lo menos cinco medidas: controles de las personas que entran y salen de las instalaciones; revisiones a sus equipajes, al entrar y salir; revisiones a todos los vehículos; auditorías periódicas y campañas de concientización.

En lo referido a la policía judicial, el exfuncionario cree que se debería trabajar con base en una clasificación de la casuística, para determinar cuál es “el rubro más buscado” por los delincuentes. A juzgar por los procedimientos divulgados por Rico, los hurtos cableados y tuberías ameritan la mayor atención. Tanta que los han calificado como “materiales estratégicos”. El problema es que, en algunas oportunidades, estos delitos involucran a los funcionarios que deberían investigarlos. En febrero de 2021, aprehendieron a dos detectives agregados del cuerpo de investigaciones, señalados de participar en la sustracción de tuberías, válvulas y otros materiales de Pdvsa en Monagas, y enviarlos a Colombia mediante sistemas de encomienda, con la complicidad de tres civiles.

A pesar de las recomendaciones de Meleán, la tendencia mostrada en los primeros meses de 2022 sugiere que las instituciones del Estado continuarán siendo uno de los botines más apetecidos por los delincuentes.

Breves

  • Uno de los delitos en auge durante los primeros meses de 2022 es la extorsión. Los mensajes amenazantes, a menudo acompañados por acciones violentas contra las potenciales víctimas, sus comercios o viviendas, ya no son cosa exclusiva del estado Zulia. Los hemos visto también en Aragua, Lara y Guárico. En el estado del centro del país las bandas de extorsionadores están en un claro proceso de reacomodo. En marzo, por ejemplo, un comerciante de Calabozo recibió un video en el que se mostraban armas y un papel manuscrito con su nombre y el de su esposa. En un texto adjunto a las imágenes le exigían el pago de diez mil dólares, pues de lo contrario atentarían contra su familia. El número telefónico estaba registrado en Colombia. Como el empresario se negó a pagar, sujetos todavía no identificados dispararon contra las fachadas de su comercio y su vivienda. Otras denuncias parecidas han sido consignadas en San Juan de los Morros y El Sombrero. En Carabobo también están resurgiendo las extorsiones. De hecho, este año las averiguaciones son más numerosas aquí que en otros estados como Bolívar, donde las bandas criminales se han enseñoreado. En general, la actividad extorsiva se ha incrementado en casi 20 % con respecto al año anterior, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente. Y estas son las denuncias conocidas. Desde las primeras encuestas de victimización hechas en el país sabemos que este es uno de los delitos con mayor porcentaje de casos no denunciados, lo que también se conoce como cifra negra.
  • En una entrega de febrero de este año se alertó que el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández depararía importantes revelaciones para los venezolanos. En ese momento, el gobierno estadounidense solicitaba su extradición por tráfico de drogas y otros delitos. Al exmandatario, también conocido como JOH, lo enviaron recientemente a una corte de Nueva York. Posteriormente, hicieron lo propio con su exjefe de policía. La acusación presentada ante la corte del Distrito Sur refiere una larga actividad ilícita, que inició en 2004, cuando Hernández supuestamente recibió cuarenta mil dólares del grupo de Víctor Hugo Díaz Morales, alias Rojo, para financiar su campaña para la reelección como congresista. Este dinero, indica la acusación, se entregó a través de su hermano Tony Hernández, ya condenado por tráfico de drogas en EE. UU. Desde entonces, Hernández fue visto como un importante facilitador del paso de alijos enviados desde Colombia y Venezuela por diversos métodos. “Las cargas marítimas eran trasladadas desde el norte de la costa venezolana usando lanchas rápidas, pesqueros y cargueros. Los envíos aéreos generalmente eran cargados desde pistas clandestinas (…) desde Colombia y Venezuela, y recibidas en pistas similares en Honduras”, explica la acusación. Además de la organización de Díaz Morales, alias JOH habría recibido pagos de los grupos de Amílcar Alexander Ardón Soriano, Geovanny Fuentes Ramírez y los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Valle Valle. Eventualmente, JOH habría recibido un millón de dólares del propio jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, para el financiamiento de su campaña presidencial en 2013. En el lado venezolano, Honduras ha sido el destino preferido por los traficantes de drogas, tanto civiles como militares. Prueba de ello son las nutridas trazas de vuelos ilegales que partían de Zulia, Falcón y Apure con destino a las playas e islotes del país centroamericano. La corrupción pintada en esta acusación estadounidense contra Hernández difícilmente será borrada, pues afecta a los principales actores políticos de esa nación. En vísperas de la publicación de esta nota, JOH tuvo su primera audiencia ante el juez de la causa, y se declaró inocente. Su abogado, además, anunció en CNN que solicitará la comparecencia en el juicio de los expresidentes Barack Obama y Donald Trump. Reveló que, cuando Hernández estaba en el poder, se reunió en Langley con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para coordinar acciones contra los grupos de traficantes de drogas.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Las estrategias de la matraca, por Javier Ignacio Mayorca

Foto: la caleta de hortalizas para el matraqueo de los uniformados. Las cuotas van en bolsas…

Presiones, amenazas, invención de delitos. Todo pareciera válido en los cuerpos uniformados con tal de obtener alguna porción de los alimentos llevados desde Táchira a Caracas

 

@javiermayorca

El 19 de abril no fue feriado para los ferieros de La Grita. Con el tesón habitual, los distribuidores de hortalizas de esta localidad tachirense amanecieron cargando los camiones que, dos días después, surtirán a los mercados a cielo abierto de Distrito Capital, Miranda, Anzoátegui e, incluso, remotas localidades del estado Bolívar.

El compartimiento de carga del vehículo va atestado con huacales de todo lo que se produce en las tierras andinas: papas, lechugas, ajoporros, zanahorias, frutas de todo tipo, maíz y siga contando.

Entre la plataforma metálica y el caucho de repuesto de uno de los camiones, hay una bandeja donde los caleteros han colocado una docena de bolsas, repletas con los mismos productos que quieren llevar a la capital.

Es la “contribución” para los militares y policías que van encontrando a su paso.

Otros llevan las mismas bolsas en diversas partes de los vehículos de carga. La lógica de esto es que, al llevar las raciones ya separadas, el paso por los puntos de control se aligerará, pues los uniformados no detendrán el recorrido de los ferieros.

Para estos trabajadores del campo, el tiempo es oro. Si alguno de ellos no accede al pago de la “matraca”, se expondrá a que le obliguen a desmontar toda la carga. En las cuatro horas que dure esta operación, las hortalizas y las frutas se deteriorarán y se correrá el riesgo de contaminación, al quedar expuestas a los elementos.

Para los policías y militares, cualquier excusa será buena. Uno de los transportistas lo explicó, basado en su propia experiencia:

“Siempre te revisan un poco de cosas, y así tengas todo al día inventarán para pedirte (…). Anoche, cuando salía de Valencia, empezaron a pedirme todos los documentos, el certificado médico, registro de comercio (…) permiso para manipulación de alimentos (…) Como no hallaban de qué agarrarse me pidieron ‘para los frescos’”, relató.

Desde que Maduro declaró el estado de emergencia económica, en 2016, fueron en aumento las presiones hacia el sector productivo privado, así como también hacia los pequeños distribuidores que, como los ferieros de La Grita, hacían un esfuerzo permanente para llevar comida a los grandes centros urbanos, por cierto, eliminando los intermediarios que suelen encarecer los precios finales.

A partir de ese momento, quienes traían los alimentos a Caracas acudiendo a sus propios medios fueron vistos como enemigos, a quienes desde luego podían presionar, amenazar, extorsionar y, eventualmente, encarcelar.

La extorsión hacia los transportistas de alimentos ha traído consecuencias tangibles. Según el representante de una asociación de ferieros del Táchira, Robert Maldonado, cuando fue declarada la “guerra económica” salían desde La Grita hacia el centro del país en promedio dos mil camiones semanales. Para 2022, solo hacen el trayecto unos cuatrocientos vehículos cada siete días. La reducción ha sido del ochenta por ciento.

Con la experiencia acumulada, y los testimonios de sus colegas distribuidores de alimentos, Maldonado logró esquematizar las estrategias de la “matraca”. La primera, ya explicada, consiste en hacer perder todo el tiempo posible, para que el conductor se desespere y pague. Algo que, por cierto, también aplican uniformados del estado Vargas y de la PNB en las adyacencias del aeropuerto de Maiquetía con los pasajeros de vuelos internacionales.

También está la exigencia de los documentos más insólitos.

“En el momento en que el funcionario percibe que, según su criterio, hay incongruencia en algún documento, ya tiene el arma que necesitaba para exigir la matraca, amenazando con retener el vehículo”, explicó.

Otra práctica común, añadió, es señalar que cualquier falta administrativa, como por ejemplo conducir con la licencia vencida, es una causal para retener tanto el camión como la carga. Incluso, indicó Maldonado, se han visto casos en los que los uniformados inventan delitos para poner el vehículo a la orden del Ministerio Público. “El más conocido, resistencia a la autoridad”, señaló.

En la otra cara de la moneda, los militares han tenido que buscar fórmulas alternativas para la obtención de alimentos. Tal parece que el llamado “rancho”, asignado por el ministerio de la Defensa no les alcanza. En febrero, por ejemplo, el comandante de un destacamento de la Guardia Nacional en Mérida envió una circular a los jefes de compañías bajo su jurisdicción para que consignaran a esa unidad cargas de hortalizas y carnes para el consumo de los uniformados. En otras oportunidades, han hecho lo propio directores de centros educativos del Ejército y la Guardia Nacional. Esta situación posiblemente conecta con las presiones a los productores y distribuidores de alimentos.

Algunos transportistas hacen lo posible para no entrar en el juego de la extorsión. Han entendido que pagar a uno es pagar a todos los demás.

“Cuando les dices ‘no tengo’ esos no te vuelven a parar. Lo digo por experiencia (…) No digo que nunca les di. Cuando me pedían para ‘colaborar con el puesto’, de esa manera sí les daba. Pero cuando empiezan a pedirme un poco de documentos trato en lo posible de no darles nada”, explicó uno de ellos.

Pero estos casos parecieran ser excepcionales. Según Maldonado, en este sector la matraca ha sido institucionalizada.

Breves

  • El 23 de abril, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), general en jefe (Ej) Domingo Hernández Lárez, divulgó fotos sobre lo hallado en un enclave que presuntamente era usado para la elaboración de cocaína. La leyenda que acompañaba a este trino del oficial no precisa dónde ni cuándo fue llevado a cabo este procedimiento. Uno presume que todo sucedió en el curso de la operación Escudo Bolivariano, iniciada en febrero en el estado Apure. Una de las gráficas muestra un lema, clavado en el interior de uno de los galpones, donde se puede apreciar que este complejo habría sido erigido por elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular, específicamente a través del Frente Décimo “Martín Villa”, que opera precisamente en el eje Arauca-Apure. Al hacer una revisión a las gráficas divulgadas por el mismo oficial hasta los inicios de la movilización militar podemos percatarnos de que casi todas se refieren precisamente a esta facción de las disidencias guerrilleras. Otros grupos que también tienen presencia en la zona, como Nueva Marquetalia (los de Iván Márquez) y el Ejército de Liberación Nacional, a través de su frente Domingo Laín (los mismos de la masacre en Cararabo), parecieran haber salido incólumes. Desde luego, los militares venezolanos no precisarán si el despliegue llevado a cabo desde febrero estaba enfocado solo en el desplazamiento del Frente 10. Esto lo veremos apenas finalice Escudo Bolivariano, y las cosas vuelvan a ser como eran hasta febrero. Más allá de la propaganda, lo cierto es que no hay registro de muertos ni heridos en territorio venezolano por enfrentamientos entre militares y guerrilleros durante esta operación. Algo que contrasta con lo sucedido entre marzo y abril de 2021.
  • Mientras estas líneas son redactadas, existe un creciente riesgo de que tres municipios del sur del Lago de Maracaibo queden bajo las aguas, debido a dos rupturas en un dique de contención construido en las riberas del río Zulia. La situación no debería tomar por sorpresa a las autoridades. De hecho, fue advertida hace un año por representantes de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga). Según el expresidente de esta organización, y portavoz del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (Invelecar), Carlos Albornoz, anteriormente el mantenimiento del dique era ejecutado en forma conjunta por productores locales y sectores gubernamentales. Pero en 2021 el Gobierno dispuso que las movilizaciones de maquinarias pesadas en esas áreas debían contar con autorización del comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi). Albornoz explicó que esta medida fue impuesta para controlar la construcción de pistas ilegales, utilizadas por traficantes de drogas. Entonces, al no poder movilizar las maquinarias se dificultó la preservación del dique. Este es un ejemplo de las decisiones que se toman para paliar un problema de seguridad, y ocasionan otros incluso más graves. Ahora, según Albornoz, está en riesgo la producción agrícola en unas de las tierras más fértiles del país.

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Crímenes sin Castigo | Morir callao, por Javier Ignacio Mayorca
Mientras en Caracas celebraban el vigésimo aniversario de la vuelta de Chávez al poder, en El Callao un conflicto entre bandas armadas mantiene a los pobladores en toque de queda

 

@javiermayorca

Una situación de extremada tensión se registra en la población de El Callao (Bolívar), luego de un procedimiento de la Guardia Nacional en el que murieron tres hombres, presuntamente ligados a la banda liderada por alias Zacarías, que opera en el sector minero El Perú.

Según el parte, el supuesto enfrentamiento ocurrió en un área destinada a la extracción de metales, conocida como Valle Verde, el domingo 10 de abril a la 1 p. m. Los cadáveres no portaban identificación, y fueron trasladados al hospital Juan Germán Roscio de El Callao.

En forma simultánea a este hecho, el grupo de El Perú divulgó un mensaje de voz para dar cuenta de la movilización de cuerpos de seguridad en la zona. En el operativo no solo participarían los guardias nacionales. También agentes de la dirección de Contrainteligencia Militar, unidades tácticas de la Policía Nacional y de Cicpc.

El audio, además, advirtió a los comerciantes que no deberían colaborar con los factores en conflicto. “El que se pueda resguardar en su casa que se resguarde, el que no que se vaya; pero esto se va a prender (…) Esos malandros con el Gobierno no nos van a sacar”.

El portavoz de la banda es el mismo que en otras ocasiones divulgó mensajes para advertir que haría frente, incluso, a los efectivos del Ejército. Esta vez aseguró que los cobros a comerciantes y mineros no son extorsión, sino lo que “les corresponde” por hacer negocios en el lugar. En cambio, advirtió, no se sabe qué sucederá si en El Callao se imponen otros grupos como el Tren de Guayana o los “guerrillos” (sic).

“Después, va a ser peor para ustedes, van a venir a atropellarlos y a quitarles lo que no tienen”, dijo.

Un precedente inmediato de la violencia que se vive en ese municipio de Bolívar fue el asesinato de David Concepción Flores Yánez, alias David Chepele, de 39 años de edad, el 17 de marzo. Un hombre con registros por homicidio intencional que datan de mayo de 2007.

En otro audio, el grupo de Zacarías admite haber perpetrado el ataque contra Flores.

“Chepele era el principal de Nacupay. Nos le metimos allá, relajados, sin malandreo (…) Matamos al loco, y la mitad del gobierno anda es feo porque le matamos al que les hacía las vueltas, les vendía las drogas, les financiaba a los betas”, explicó.

Nacupay es un asentamiento del municipio El Callao que, como los demás, está bajo el yugo de las bandas criminales.

De sur a norte

Según la Policía Nacional, el nombre de Zacarías es Eliomar José Vargas. Aunque el grupo tiene su principal base en el sector El Perú, ha extendido su presencia hacia el norte del país, hasta el municipio Cajigal del estado Sucre, gracias al concurso de tres lugartenientes apodados Chapulín, el Perro y Baba Loca. A partir de allí, podría extender su influencia hacia las islas del Caribe oriental, y las Antillas neerlandesas.

Esta organización fue una de las principales beneficiarias de la operación policial en San Juan de las Galdonas, que desmanteló por completo a una célula del Tren del Llano liderada por Gilberto Hernández, alias Malony, en noviembre del año pasado. Con Malony fuera del juego, quedó con el territorio libre en el norte de la Península de Paria.

El grupo de El Perú sería, además, partícipe de la matanza que hubo en Barrancas del Orinoco en la noche de año nuevo. Barrancas es un punto intermedio clave para el paso de drogas, minerales y el tráfico de combustibles.

Mientras en Caracas los militares y el resto del Gobierno celebraban la vuelta de Hugo Chávez al poder, con motivo de la crisis política de abril de 2002, en El Callao las calles y puntos de la periferia permanecían ocupados por la banda de Zacarías y sus aliados.

“Tomamos todos los cerros. Todos. Y todavía nos quedan 40 hombres pa’ combate”, indicaba un parte enviado en audio, el lunes 11 de abril.

Al día siguiente, los comercios de la población habían cerrado sus puertas, en atención a la orden impartida por Vargas. Sin embargo, se mantenía la circulación de vehículos por la Troncal 10, con importante presencia de efectivos policiales y militares, desplegados para la Semana Santa.

Mientras el grupo de Zacarías se recuperaba de la pérdida de tres de sus hombres, otro grupo armado anunciaba su intención de tomar El Callao. Esta organización, autodenominada Motor Guayana (MG), es encabezada por Ronny Yackson Colomé, alias Ronny Matón. De acuerdo con la PNB, también tiene células en Tumeremo y San Félix.

“Desde hoy 9 de abril de 2022 (…) nosotros, la organización más poderosa del estado Bolívar asumimos el control total de esta zona minera para echar de estas tierras toda la violencia que tenía en sobra (sic) a la población”, anunció.

Tal y como adelantó Zacarías en sus audios, Colomé también dijo que iría contra los delincuentes que operan en el lugar, y que al mismo tiempo respetaría a quienes trabajan en las bullas.

“Cada minero es dueño de su oro”, afirmó en el comunicado.

Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, El Callao fue el municipio con la tasa más elevada de homicidios del país durante 2021, con 511 por cada 100.000 habitantes. Este fenómeno está asociado directamente a la conjunción de varios factores: el “retraimiento” del Estado y la ocupación de estos espacios por grupos organizados como los de Zacarías y Ronny Matón, que pugnan por el control de enclaves para la extracción minera y el tráfico de drogas.

Este año, las muertes asociadas a esta pugna han continuado en el municipio bolivarense. Durante los primeros tres meses se reportaron dieciséis homicidios, nueve de ellos a manos de bandas criminales, y el resto por el accionar de los cuerpos de seguridad, que aparecen bajo el renglón de “intervención legal”. Pero la violencia emanada de la minería tiende a expandirse por toda la región. El Callao, actualmente, representa apenas el diez por ciento del saldo fatal acumulado en Bolívar.

Toda la información vertida en este reporte fue suministrada por factores que hacen vida en El Callao y zonas aledañas. Sin embargo, pocos se arriesgan a hablar abiertamente sobre lo que sucede al sur del país. El miedo los mantiene en silencio.

Breves

  • La Inspectoría General de la policía judicial adelanta una investigación por “mala praxis policial (sic) y simulación de hecho punible” contra seis funcionarios adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos contra las Personas de Nueva Esparta, por el incidente en el que resultó muerto Daniel Alejandro Lezama Ramírez, de 22 años de edad, en la tasca Tiago de Carúpano, el jueves 7 de abril. Los implicados son el inspector jefe Jorge Luis Dugarte, el inspector agregado Julio César Isava; el inspector Maikel Malaver; los detectives agregados Yoel Colmenarez Freitez, Critender Javier González y el detective jefe Wuilian Jesús Belisario. Según el parte preliminar, los pesquisas de asuntos internos determinaron “que los funcionarios mencionados simularon un robo frustrado”. Esta simulación hubiese sido exitosa para ellos a no ser porque el local estaba dotado con un sistema de vigilancia por cámaras, que permitió documentar lo sucedido: los funcionarios dispararon contra la víctima sin que hubiese ningún elemento para sospechar un riesgo inminente. Posteriormente, se pronunció el fiscal designado por la extinta ANC, para anunciar que procesarían a los funcionarios. El director del cuerpo Douglas Rico también emitió una declaración por la red TikTok: “No voy a permitir ningún tipo de malas praxis policiales”. Lo cierto es que, si el video no hubiese corrido por las redes desde el fin de semana, este caso probablemente permanecería en la oscuridad que rodea a las “intervenciones legales”.
  • Durante el primer trimestre de 2022 han fallecido 95 personas ahogadas en los ríos y las costas venezolanas. Esta cifra, conocida extraoficialmente, es levantada con base en los cadáveres encontrados en las playas y riberas de los ríos. Por lo que el número real debe ser más elevado. Muchos de ellos han muerto cuando intentaban llegar a alguna isla del Caribe, en la búsqueda de una vida mejor. El caso más grave en cuanto al número de víctimas hasta el momento ha tenido poca resonancia en Caracas. Ocurrió el 23 de enero frente al sector conocido como Isla el Morro, Delta Amacuro. La curiara con catorce pasajeros había zarpado de Kunaca rumbo a Bacamú, y era propulsada a canalete, un remo de madera terminado en forma de hoja. Según el relato de los sobrevivientes, poco antes del siniestro pasó muy cerca de ellos una embarcación negra propulsada con motores fuera de borda. Los seis tripulantes portaban vestimentas negras. La estela de esta lancha ocasionó que la curiara se bamboleara, hasta que se volteó. Muchos pasajeros pudieron nadar hasta la orilla. Pero ocho fallecieron ahogados. Sus cadáveres descompuestos por la exposición al sol y los elementos fueron hallados dos días después. Este caso podría ser catalogado como homicidio múltiple, no solo por las circunstancias en las que ocurrió el naufragio sino también porque los tripulantes de la lancha que lo ocasionó negaron el debido auxilio a los pasajeros en emergencia.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | El router de la discordia, por Javier Ignacio Mayorca
¿Qué hay detrás del incidente que dejó cuatro muertos y al menos ocho heridos en una remota población indígena de Amazonas?

 

@javiermayorca

En 2021, una organización extranjera de vieja presencia en las comunidades aborígenes de Amazonas y Bolívar entregó al capitán yanomami Sabino Silva un enrutador o router que abriría a toda la comunidad las puertas de la comunicación por internet.

En esos días, Silva llegó a un acuerdo con los militares acantonados en el puesto de Parima B, una localidad amazonense a 440 kilómetros al sureste de la capital Puerto Ayacucho: el dispositivo permanecería en la instalación, con la condición de que los civiles pudieran utilizar la señal a la que tenían acceso los efectivos castrenses.

Una mano lava la otra, dice el refrán. En este caso, la sabiduría popular parecía estar en lo correcto.

Hasta que llegó el domingo 20 de marzo.

Según la explicación del abogado Magno Barros, ese día los militares impidieron a los indígenas el acceso al puesto. Al no poder acercarse al local donde estaba el router, quedarían incomunicados.

Este, indicó Barros, fue el “detonante” del conflicto que, poco después, ocasionaría las muertes de tres hombres y una mujer, así como heridas de distinta gravedad en tres militares y por lo menos otros cinco civiles.

Barros pudo hablar con los lesionados que fueron llevados a centros de salud en Puerto Ayacucho. Allí entendió que los indígenas encabezados por su capitán se airaron por la negativa de los uniformados a dejarlos pasar.

Detrás de esto, estaba la ruptura de un acuerdo, la pérdida de la confianza. Es posible que este valor no fuese relevante para los uniformados, pero sí era vital para los aborígenes.

Según el exgobernador de Amazonas Liborio Guarulla, la jerarquía castrense incurre persistentemente en el error de enviar a esos confines a oficiales y tropas que “no tienen conocimiento de la cultura yanomami”. Dijo, por ejemplo, que pocos entienden por qué estos aborígenes vociferan tanto.

“A veces, uno cree que están insultando, pero es su manera de hablar”, indicó.

Sin salida

Los diecisiete militares del puesto Parima B estaban encabezados por dos primeros tenientes de la Aviación.

Barros refirió que, en medio de la espiral conflictiva, los yanomamis rodearon el puesto. En medio de la discusión, uno de ellos habría intentado apoderarse de la pistola de uno de los oficiales.

Allí comenzó el tiroteo.

Es difícil indicar quién hizo el primer disparo. Sin embargo, las fuentes consultadas para este trabajo aclararon que la única mujer fallecida, conocida como Martina, de 48 años de edad, no estaba directamente involucrada en las hostilidades. En la cultura de los aborígenes, esa era una cuestión exclusivamente de los hombres.

Los militares fueron obligados a permanecer en el interior de la base, mientras que los cadáveres eran levantados por los propios indígenas. De hecho, según Barros, cuando llegó la comisión de la policía judicial junto a la alcaldesa de Atures Yamilet Mirabal, el 22 de marzo, los cuatro cuerpos ya no estaban. Solo quedaban allí los testimonios y conchas de proyectiles calibres 9 mm y 7.62 x 39 mm, usados por fusiles AK-103.

Según el presidente de la organización Kape Kape, abogado Henry Gómez, la mediación de Mirabal logró que los indígenas permitieran la salida de los militares heridos.

“Entiendo que luego no han dejado salir al resto de los militares. Ellos todavía permanecen dentro del puesto”, añadió.

A pesar de todo lo que significa para los indígenas el incumplimiento de la palabra entregada, un simple enrutador no parece suficiente como para encrespar los ánimos, al punto en que ambos bandos finalicen disparándose unos a otros.

Gómez lo tiene claro: “Lo del router era una excusa”.

“Hay territorios indígenas que forman parte de parques nacionales de los que extraen minerales. Eso es manejado por grupos armados en connivencia con el Estado”, afirmó.

Según el exgobernador Guarulla, la perspectiva de un rápido enriquecimiento ha ocasionado que los militares cambiaran su opinión con respecto a la permanencia en Parima B. Ahora, indicó, están más dispuestos a padecer las privaciones, que empiezan con la escasez de alimentos y agua potable.

“Hace quince años, los militares consideraban que era enviarlos al fin del mundo. Pero ahora están los negocios (…) El oro más valorado se extrae del Alto Orinoco. Entonces, habría un chantaje a los indígenas”, explicó.

Ese “chantaje” surgiría de la decisión de ejercer la minería en los “territorios ancestrales”, acudiendo a una mano de obra tercerizada, que pagaría una cuota. Guarulla recordó que a esas remotas localidades no se llega sin autorización del jefe de la zona operativa de defensa integral (Zodi).

Los comunicados del gobernador actual, Miguel Rodríguez, y de la alcaldesa Mirabal nada dicen sobre este particular, e intentan achacar este conflicto a unas “diferencias culturales”, según lo afirmado por la gobernante municipal.

Pero los yanomamis no están dispuestos a dejar eso así. Según Barros, quieren llevar sus exigencias hasta Miraflores, de ser posible. Ya no aceptarán mediadores.

Y desde ya adelantan una de las condiciones para permitir la salida de los militares que aún permanecen en la base Parima B: que no vuelvan más.

Breves

Una investigación arroja una posible explicación para el hallazgo de numerosos cadáveres en la boca del túnel La Planicie. Las notas de medios independientes y registros policiales indican que allí fueron abandonados por lo menos nueve cuerpos, en distintos hechos reportados a partir de 2019. En todos los casos, eran ultimados a tiros en las alturas de la Cota 905 y arrojados por un tubo utilizado como bajante para la basura, de manera que fuesen levantados por la policía judicial sin necesidad de entrar a las calles del barrio. De acuerdo con una averiguación de Cecodap y la agencia PANA, estas personas morían como resultado de una “justicia expeditiva” que estuvo en auge durante el reinado de Carlos Luis Revette en ese lugar.

El grupo de investigadores hizo un trabajo de campo entre los meses de septiembre de 2021 y febrero de este año en la Cota 905 así como también en Cementerio y La Vega, con el propósito de levantar información sobre el “reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado”. A través de entrevistas con fuentes vivas, confirmaron que alias Koki manejaba normas de estricto cumplimiento, que sancionaban de forma inmediata los delitos contra la propiedad y otras conductas que pudieran ser interpretadas como deslealtad hacia el liderazgo de la organización criminal.

En algunos casos, los individuos eran heridos con disparos en las extremidades, y en otros les aplicaban la pena de muerte.  Otro de los numerosos hallazgos de este trabajo se refiere a la implantación de un sistema de incentivos que pasaba por pagos en dólares para los menores de edad que se incorporaran a la estructura criminal. Ese era un “primer anzuelo”, explicó el coordinador de la investigación, Edgar López. Las cantidades variaban según la función, que generalmente era de “mandadero” (mensajero) o “garitero” (vigilante). “Otro incentivo es la protección y el estatus social, valores que a un niño o adolescente le importa mucho”, explicó.

Con el retorno a la “nueva normalidad”, ha cambiado el uso de granadas por parte de bandas criminales en el Zulia, de acuerdo con el coordinador regional del Observatorio Venezolano de la Violencia Jorge Govea. En primer lugar, aparecen cada vez con mayor frecuencia con respecto a lo visto en 2021. Solamente el viernes 25 de marzo, fueron arrojados artefactos explosivos contra un supermercado y el Palacio de Justicia, ambos en Maracaibo. Con estos, suman seis casos en la región durante lo que va de año. En todo 2021 fueron contados once ataques con explosivos. Por otra parte, indicó Govea, el impacto ha sido mayor en cuanto al número de personas fallecidas y heridas.

Los días en los que la granada era cuidadosamente colocada en la fachada de las viviendas o comercios junto a un mensaje parecen cosa del pasado. Ahora, las hacen estallar sin piedad.

En solo dos casos reportados este año, en los que los objetivos fueron un bar y un supermercado, hubo diez heridos y una persona fallecida. Un tercer cambio sería que cada vez más grupos disponen de estas armas de guerra. Anteriormente, según el coordinador del OVV Zulia, eran apenas tres. Desde luego, esto arroja preguntas en torno al origen de las granadas. ¿Llegan de contrabando o son entregadas por militares corruptos? Sobre esto no hay respuestas concluyentes. Finalmente, parece haberse diversificado los objetivos y las motivaciones de los ataques. Ya no son solo comercios o industrias. También pueden arrojarlas contra clínicas e, incluso, la sede de los tribunales en Maracaibo. En el Zulia, las granadas están a la vuelta de la esquina.

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Crímenes sin Castigo | Los muertos de Apure, por Javier Ignacio Mayorca
Las cifras del propio Gobierno muestran que, a pesar del intenso despliegue militar, los apureños todavía no gozan de seguridad

 

@javiermayorca

El domingo 13 de marzo, sujetos desconocidos entraron a la gallera La Mapora, un local ubicado entre Guasdualito y Elorza. Sin perder tiempo se dirigieron hasta donde se encontraba Abel María Valero, un obrero de 50 años de edad. Según la minuta levantada por agentes de la delegación Guasdualito de la policía judicial, estos individuos dispararon repetidamente a la cabeza de Valero. Tantas que uno de los proyectiles lo atravesó e hirió en el abdomen a otro visitante del establecimiento.

Los asesinos huyeron sin apropiarse de ninguna pertenencia de la víctima, por lo que la primera teoría de los agentes policiales es que esa madrugada hubo un “ajuste de cuentas”.

Ese mismo día, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, general en jefe (Ejército) Domingo Hernández Lárez, aseguraba a propósito del despliegue militar en Apure que “jamás habrá cabida para ningún grupo terrorista que trafique con drogas ni que se dedique a mutilar ni asesinar seres humanos inocentes”.

Cuatro días antes, en el mismo municipio donde supuestamente han enviado a diez mil militares, individuos sin identificar mataron a Rubén Darío Dávila, de 20 años de edad. Su “error” fue caminar frente a la finca La Revancha, poco después de las 10 p. m. Sus familiares lo esperaban en El Amparo.

Para Cicpc el caso de Dávila fue otro “ajuste de cuentas”, posiblemente ligado a sus antecedentes por tráfico de drogas, que databan de 2020.

Esta sucesión de muertes violentas ocurre, precisamente, en medio de una intensa movilización de efectivos de la Fuerza Armada, en un intento por “neutralizar” a grupos que la propaganda oficialista ha denominado Tancol, es decir, “terroristas armados narcotraficantes colombianos”.

Los resultados de esta operación son difíciles de conocer y verificar en forma independiente. El jefe del Ceofanb ha divulgado en sus redes un conjunto de informaciones, a menudo descontextualizadas, con el objetivo de fijar consignas como “Apure es nuestro”. Mientras tanto, el ministro de la Defensa dice otras cosas. En febrero, por ejemplo, afirmó que los militares venezolanos habían “neutralizado” a nueve personas en distintas acciones, y detenido a otras 56. Además, presumiblemente desmantelaron 16 campamentos de grupos irregulares.

En la jerga oficialista, “neutralizar” es un sinónimo de matar en el contexto de casos de resistencia a la autoridad. Lo llamativo de esto es que ninguno de estos decesos ha sido consignado en las cifras que maneja el ministerio de Relaciones Interiores, con base en los expedientes iniciados por Cicpc.

“Esta operación parece un espectáculo de luces, colores y movimiento”, afirmó con sorna el general de brigada retirado del Ejército Rodolfo Camacho.

Los datos del MRI, conocidos de manera extraoficial, indican que en Apure no se ha producido todavía la primera muerte por resistencia a la autoridad durante el año en curso, es decir, en un lapso que abarca a esta operación castrense.

“No ha habido ningún enfrentamiento”, afirmó Camacho, quien fuera director de Doctrina del Ceofanb. En cambio, sí han demolido viviendas abandonadas o pequeños campamentos, donde supuestamente guardaban materiales explosivos e insumos para la fabricación de drogas.

“Esto se corresponde con la verdadera intención de la operación, que es disuadirlos para que se vayan”, indicó.

Ese dato contrasta abiertamente con los resultados del despliegue llevado a cabo entre los meses de marzo y abril de 2021. En aquella oportunidad fueron reportadas por lo menos 71 bajas, entre muertos y heridos. Más de la mitad fueron militares o agentes de la Policía Nacional enviados para participar en esa operación contra la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, encabezadas por Gentil Duarte.

En aquella ocasión ocho militares venezolanos quedaron cautivos de las FARC-EP durante más de un mes. Los guerrilleros los calificaron como “prisioneros de guerra”, y fueron entregados un mes después. Según Camacho, este fracaso fue consecuencia directa de los errores del entonces jefe del Ceofanb, el almirante en jefe Remigio Ceballos.

La operación Escudo Bolivariano 2022 comenzó en febrero, luego de la repetición de las elecciones en Barinas. Ya para ese momento, se registraba un alza en los homicidios en sectores de Apure. Según el investigador de la fundación Ideas para la Paz, Andrés Aponte, esto obedece a la extensión hacia Venezuela del conflicto entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, suscitado por la ruptura de los acuerdos para la repartición de territorios.

En los dos primeros meses de 2022, la violencia homicida en Apure incrementó en 25 % con respecto al mismo lapso del año pasado. Paradójicamente, más del 60 % de los casos con víctimas fatales ha ocurrido en el municipio Páez, que es precisamente el epicentro de la operación militar.

En Apure han fallecido personas por la acción directa de otros individuos, e igualmente por el estallido de minas antipersonales. El 1 de febrero, la explosión de uno de estos artefactos ocasionó la muerte inmediata de Jonathan y Emil Rojas, así como múltiples heridas en otros dos hombres que transitaban a pie por los alrededores de La Victoria. La propaganda oficial solo habla del hallazgo de explosivos, pero nada dice sobre estas víctimas, ni de las que perdieron la vida al ser impactadas por balas perdidas.

Todo esto demuestra que en Apure aún se debe recorrer un largo camino para recuperar condiciones mínimas de seguridad. Esto, desde luego, excede a la capacidad de los militares. Según Camacho, el problema de fondo es que el régimen se contenta con enviar uniformados, pero nada hace para construir institucionalidad.

“Mientras solo envíen a militares, apenas se retiren las tropas volverá el ciclo pernicioso”, advirtió.

Breves

El ministerio de Relaciones Interiores avanza en un proceso de unificación de los formatos utilizados para la recepción y el procesamiento de denuncias por parte de los cuerpos policiales. En la iniciativa participan el Consejo General de Policía, el Observatorio Venezolano de Seguridad (ambos, despachos ministeriales) y una comisión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

La denuncia es un elemento fundamental para el trabajo de los cuerpos, tanto preventivos como de investigación penal.

Los incrementos de los hechos delictivos y las faltas que no son del conocimiento de las autoridades (también llamada cifra negra) guarda relación directa con la ausencia de denuncia. Esto ha sido confirmado por diversas encuestas de victimización. A veces, esto sucede por decisión de las propias víctimas, quienes consideran que acudir a la policía judicial o cualquier otro organismo es un esfuerzo inútil o eventualmente peligroso. No se olvide que las policías venezolanas son las que inspiran los menores niveles de confianza en toda Latinoamérica (Latinobarómetro).

De otra parte, son conocidas las barreras puestas en despachos de Cicpc para recibir y procesar las denuncias. A veces, dicen que no hay papel o tinta para imprimirlas, y en otras oportunidades han llegado a exigir que las víctimas aporten facturas de los bienes robados o hurtados. Todo esto en contravención a la norma procesal, que obliga a los funcionarios a presumir la buena fe del denunciante, así como a evitar la imposición de “formalismos inútiles” a la hora de recibir la información. Al momento de la redacción de esta nota, está finalizando la consulta a los cuerpos de seguridad en torno a la configuración de este formato.

Concluyeron las pesquisas en torno al homicidio de la estadounidense Laveria Freierson. La mujer, de 64 años de edad, fue ultimada el 4 de diciembre en el interior de una vivienda del sector La Mora, en Boca de Chávez (Anzoátegui). La minuta elaborada inicialmente indicaba que Freierson fue degollada cuando se opuso al robo de sus pertenencias. De hecho, en el análisis del sitio del suceso los agentes de la policía judicial se percataron de que faltaban dos teléfonos celulares y dos computadoras portátiles.

No obstante, uno de los aspectos que llamaron la atención era el desorden que los asaltantes dejaron en el inmueble.

Como si hubiesen buscado algo más que artículos electrónicos. Según se pudo conocer posteriormente, la víctima planeaba recibir 1500 dólares para comprar un vehículo. Esta información orientó las sospechas hacia una ama de llaves, que aparentemente transmitió ese dato a los asaltantes, con quienes ella tiene lazos familiares. La mujer está siendo solicitada, y probablemente salió del país. De igual forma, dos de los cuatro ejecutores de este crimen se encuentran en libertad. Son apodados La Muerte y La Cobra. En 2021, también fue reportada la muerte de otro estadounidense, el paisajista Christopher Baasch Ames, de 70 años de edad. Esto ocurrió el 24 de abril, en la urbanización La Entrada de Naguanagua. En ambos casos, según Cicpc, los homicidios fueron perpetrados en la ejecución de robos.

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