Por sus conocimientos y habilidades, Alex Nain Saab forma parte de un selecto grupo, que es vital para el desarrollo de cualquier estructura ilegal.
El 23 de junio, la Corte Suprema de Cabo Verde desestimó la petición de libertad para Alex Nain Saab. Esta decisión fue calificada como una “victoria” de Estados Unidos, país que había emitido en primera instancia la solicitud de búsqueda y captura internacional en contra del empresario colombiano, de 48 años de edad.
La ratificación de la detención de Saab en este pequeño archipiélago fue precedida de numerosos pronunciamientos por operadores del gobierno venezolano, tales como el canciller Jorge Arreaza y el embajador en Senegal, -con jurisdicción en Cabo Verde y otros países africanos- Alejandro Correa Ortega, en el sentido de que Saab es un agente del régimen, que estaba en cumplimiento de una “misión”, cuyos detalles no fueron especificados.
¿Por qué se traslada este comerciante a un grupo de islas del Atlántico, a 4600 kilómetros de distancia de Venezuela? Según la senadora colombiana María Fernanda Cabal, Alex Saab tuvo que volar hasta allí para asegurar el éxito de una transacción de oro por gasolina y otras mercancías, procedentes de Irán.
“Había dos buques detenidos en Cabo Verde, que ondeaban bandera de Liberia, pero resulta que eran griegos, y sus productos iraníes. Le tocó (a Saab) ir para poder negociar que soltaran estos buques, cargados con gasolina y otros productos”, explicó la parlamentaria, en una entrevista con Fernando Londoño.
Entonces, se trataba de una tarea que no podía ser resuelta por nadie más que él. Un propósito que no admitía delegación. Esto confirma varias apreciaciones hechas con respecto a la relevancia de este individuo para el régimen venezolano.
Saab aglutina conocimientos y habilidades que la propia estructura no puede facilitarse, y debe salir a buscarlos entre sus aliados. Aunque se debe guardar las distancias en cuanto a tiempos y lugares, Saab tiene para esta particular “empresa” una relevancia similar a la que tuvieron en su momento para el Cartel de Cali el contador Guillermo Pallomari y el abogado Harold Ackerman. El primero, un chileno, y el otro un estadounidense. Ambos fueron detenidos a solicitud de EE. UU. y, al convertirse en testigos, pasaron a ser piezas clave para el desmantelamiento del referido cartel y el enjuiciamiento de sus líderes, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
Los aviadores son otros profesionales contratados con frecuencia por las agrupaciones criminales. Muchos tienden a pensar que son parte integral de tales organizaciones. Pero esto no es así. Cuando la empresa crece, tiene que buscar en el mercado laboral a estos especiales talentos, preguntando aquí y allá entre sus conocidos a ver quiénes estarían disponibles para “coronar”.
Y, aunque puedan ser depositarios de la mayor confianza, los líderes de las organizaciones siempre toman alguna precaución, para evitar sorpresas. A veces, dejan cautivo a algún familiar o allegado del piloto, hasta que la operación finalice. En otras ocasiones, lo involucran directamente en el envío específico, indicándole que le pagarán con parte del alijo, de manera que, si se produce algún decomiso, él también perderá. En el caso del Cartel de Medellín, fue famoso el estadounidense Max Mermelstein, “el hombre que hizo llover coca”, y que se convirtió en un informante de la policía estadounidense.
Contadores, pilotos, abogados y traders como Saab forman parte de este grupo de “profesionales” sin los cuales no es posible el funcionamiento de una estructura transnacional organizada y moderna, como la que persigue el gobierno estadounidense. Pero son proveedores externos a la organización, u outsourcing, como se diría en jerga empresarial.
Muchos han calificado a Saab como un “testaferro”. Esta es una figura desarrollada desde el punto de vista teórico y legal por los italianos, cuya legislación establece penas de prisión para los también llamados “prestanombres” u “hombres de paja”. Según los europeos, el testaferro representa a todo evento los intereses de una persona, que permanece en las sombras. Pero en el caso del empresario colombiano la relación pareciera ir más allá. Saab encarnaría los objetivos de todo un régimen. Y en ese sentido su definición como “agente” del gobierno madurista, aportada por Arreaza, cobra un extraordinario significado. Aun así, estaría por verse si este comerciante no participa también en un juego de carambolas a varias bandas.
Antes de la decisión del máximo tribunal de Cabo Verde, el abogado de Saab, José Manuel Pinto, declaró que la detención del empresario barranquillero había sido el producto de una “decisión política”. Si esto es así, lo que estaría en desarrollo en el archipiélago es una especie de subasta, en la que el oferente más agresivo se llevaría la mejor parte. Esta línea de argumentación, sin embargo, no parece ser la más inteligente, tomando en cuenta que el proceso apenas comienza.
En efecto, la legislación caboverdiana contempla detalladas reglas para el desarrollo de las extradiciones. En este momento, está en curso la primera fase, llamada “administrativa”, que debería finalizar durante la primera quincena de julio, cuando el ministerio de Justicia de ese país africano evalúe la documentación enviada por Estados Unidos para sustentar su solicitud de llevarse a Saab, y enjuiciarlo en la Corte del Distrito Sur de Florida por conspiración para lavar dinero, y varias imputaciones por lavado de dinero.
Si el gobierno caboverdiano diera el visto bueno al expediente presentado, se abriría la segunda fase, llamada “judicial” según el Ministerio Público del archipiélago. El debate se desarrollaría en la Cámara de lo Criminal de la Corte de Apelaciones. Entre una y otra incidencias podría durar hasta tres meses, siempre y cuando Saab insista en oponerse a la extradición. Con lo que se aleja la perspectiva de un rápido traslado a territorio estadounidense.
¿Seguirán recibiendo los turcos el oro venezolano? ¿Continuará sin tropiezos la entrega de los Clap con mercancía turca y mexicana? ¿Llegará más gasolina iraní? Si estos programas continúan, quiere decir que este colombiano solo era una ficha más. Pero, si alguno se paraliza, el golpe fue certero.
Breves
* Desde marzo se han incrementado las denuncias sobre invasiones en Distrito Capital. No solo son los recurrentes alertas emitidos por el portavoz del Frente de Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, quien ha contado quince casos de inmuebles ocupados de forma ilegal en Libertador. En El Hatillo, el director de la policía municipal, comisario Sergio González, indicó que durante la alarma nacional han procesado un promedio de cuatro denuncias mensuales sobre invasiones a edificaciones o terrenos de propiedad privada. En Chacao, según el alcalde Gustavo Duque, han sido reportados seis casos. En los municipios mirandinos, pareciera que existen grupos dedicados a la detección de edificaciones aparentemente abandonadas por sus legítimos propietarios.
Para ellos no es difícil, pues durante la cuarentena se supone que la gente debe permanecer en sus lugares de residencia, y la falta de actividad en ciertos inmuebles es percibida desde la calle sin mayor esfuerzo. Gonzáles advirtió que las invasiones son controlables cuando están iniciándose. Pero en las etapas posteriores, los desalojos se complicarán.
* El 21 de junio, la fiscal ante la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció en una entrevista ante el Grupo Diarios de América que finalizará su valoración sobre las denuncias formuladas contra Nicolás Maduro por presuntos delitos de lesa humanidad “en los próximos meses”. Afirmó que la decisión sobre este caso se ha retardado en virtud de la necesidad de traducir una gran cantidad de documentos. Bensouda debe finalizar su gestión en ese cargo en julio de 2021, de manera que aún le resta un año para avanzar en el proceso. Muchas situaciones pueden presentarse en estos doce meses. Entre ellas, que prospere la propuesta formulada el 31 de marzo por el Departamento de Estado de EE. UU., que contiene claras concesiones al sector castrense venezolano. En el punto V, los norteamericanos plantearon que un representante de la FAN sea “asesor militar” del Consejo de Estado que conduciría la transición. Esto, si se quiere, resultaría lógico tomando en cuenta la actual situación del país y la necesidad de garantizar ciertos niveles de gobernabilidad. En el punto X, además, se indica que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retirarían el respaldo a las denuncias consignadas ante la CPI, con lo que el proceso contra Maduro y el entorno militar perdería vigor.
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