¿Qué hay detrás del nuevo esquema de grados implantado en la Policía Nacional, al margen del estatuto que los regula?
El 18 de enero, el director de la Policía Nacional Bolivariana, mayor general de la Guardia Nacional Elio Estrada Paredes, envió una circular a todos los directores de línea, coordinadores y jefes de las regiones policiales para notificar sobre la implantación de una nueva escala de grados policiales.
De acuerdo con esta comunicación, a partir de esa fecha existen doce “rangos” para los funcionarios de la institución, distribuidos en cuatro niveles. El de abajo, llamado “operacional”, estará conformado por los oficiales, primeros oficiales y oficiales jefes. En el nivel “táctico” figuran los inspectores, primeros inspectores e inspectores jefes. Más arriba está el nivel “estratégico”, conformado por comisarios, primeros comisarios y comisarios jefes. Y en el tope, la llamada “alta directiva”, donde están los comisarios generales, comisarios mayores y comisarios superiores.
Según el jefe máximo de la PNB, esta directiva comenzó a ser de “estricto cumplimiento” a partir de la semana pasada. De hecho, Estrada ya se identifica con el grado de comisario superior. Otro que ya se dio por ascendido fue Miguel Domínguez, antiguo jefe de la Fuerza de Acciones Especiales, que ahora figura como jefe de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (Daet), una superestructura que aglutina a ocho divisiones, sobre las que reposa buena parte de la proyección operativa de la PNB. Alias Miguelito ahora se identifica en sus redes como “comisario mayor”.
Este es, presumiblemente, uno de los resultados de un prolongado proceso de “reestructuración” del principal cuerpo armado civil del país. Este camino comenzó con un decreto emitido por Maduro en abril de 2021. Entre sus consideraciones iniciales, la orden presidencial establecía que la PNB debía “retomar el proyecto doctrinario original”, en un contexto que propenda a la “irrupción definitiva del nuevo Estado popular y revolucionario”.
La comisión fue presidida en su primera fase por la entonces ministra de Relaciones Interiores, almirante en jefe Carmen Meléndez. En agosto de 2021, fue reemplazada por el nuevo titular de la cartera, almirante en jefe Remigio Ceballos. Con estos vaivenes burocráticos, fue necesaria una prórroga al mandato del grupo reestructurador.
Los resultados comienzan a conocerse a cuentagotas, pues hasta el momento no se ha dado una explicación pública detallada sobre el nuevo orden que impera en la Policía Nacional. Es de presumirse, además, que tampoco lo han hecho puertas adentro. En unidades de ese cuerpo en la región policial Centroocidental, por ejemplo, todavía utilizan el esquema de grados vigente hasta la semana pasada.
En teoría, los cuerpos armados del Estado deben regirse por un principio de legalidad. Esta característica es la que permite a sus funcionarios erigirse posteriormente en aplicadores de las leyes (law enforcement). En el caso de la Policía Nacional, una de las normas que debería regir la conformación de su estructura y sus procedimientos es la Ley del Estatuto de la Función Policial. Un texto que ha tenido varias reformas.
La última de ellas, publicada en Gaceta Oficial en septiembre de 2021, elimina la mención a la nomenclatura de los grados policiales, y establece que ello será especificado en un reglamento. Pero hasta ahora el Ejecutivo no lo ha formalizado. Por lo tanto, rige el reglamento de febrero de 2017, con el viejo esquema de rangos policiales, que comienza con los oficiales y tiene en el tope a los comisionados agregados.
Para el coordinador de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, la implantación de una nueva escala de grados en la Policía Nacional no puede hacerse a través de una circular emanada de la dirección.
“Esto tiene que hacerse mediante una ley, que además incorpore una equivalencia entre los grados anteriores y los nuevos grados”, advirtió.
Por otra parte, según Daniels, el general Estrada no puede abrogarse la función de aplicar la nueva nomenclatura, aún si -como lo indica la circular- lo hace por mandato del presidente Nicolás Maduro.
“La ley tiene que habilitarlo para eso. De lo contrario, hay una incompetencia manifiesta”, indicó.
Daniels indicó que el nuevo esquema de grados podría beneficiar a algunos funcionarios, pero también desmejorará las condiciones de otros, que ya tienen un derecho adquirido en virtud de su trayectoria dentro de la institución. Afirmó que en un contexto de legalidad esta situación podría ser litigada en tribunales de lo contencioso administrativo.
Equivalencia con la FANB
La Policía Nacional nació como resultado de un largo debate. Dos hechos impulsaron a la sociedad venezolana a exigir un cambio radical en sus cuerpos de seguridad. El primero, la matanza de estudiantes en el sector Kennedy de Macarao (junio de 2005), y luego el secuestro y asesinato de los hermanos Faddoul Diab y del conductor que los llevaba a la escuela (febrero/abril de 2006). En ambos casos participaron activamente como perpetradores agentes de distintos organismos. Además, hubo intentos de las directivas policiales para encubrirlos. El Gobierno, que fue partícipe del deterioro de los cuerpos uniformados, tomó la iniciativa e instauró la Comisión para la Reforma Policial (Conarepol).
Pero este grupo, conformado esencialmente por académicos, emitió unas recomendaciones que se salían del guion militarista del oficialismo. Y logró que las trazas más gruesas fuesen plasmadas en la primera Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. Pero Chávez no podía aceptar que el principal cuerpo civil armado del país se rigiera por una institucionalidad apolítica. Y promovió por decreto una reforma de esta ley, solo para agregarle la palabra Bolivariana al final del nombre. A partir de allí, comenzó el deterioro.
Luego, un exintegrante de la Conarepol, Luis Gerardo Gabaldón, elaboró la primera versión del Estatuto de la Función Policial, que establecía normas y procedimientos para la actuación y el control, tanto de la PNB como de los demás cuerpos uniformados.
Pronto, el oficialismo comenzó a desvirtuar el trabajo de la Conarepol. En la actualidad, son pocas las policías que no estén dirigidas por militares. La propia PNB solo ha tenido un director civil en toda su historia. Este es un ejemplo de cómo las recomendaciones de este grupo fueron lanzadas al cesto, en forma progresiva.
“La Conarepol fue un trabajo perdido”, sentenció el comisionado Daniel Urpín, quien hasta 2021 fue un importante miembro de la Inspectoría de la Policía Nacional.
Urpín fue procesado y expulsado de esa organización porque supuestamente divulgó datos confidenciales a través de un chat de WhatsApp.
En su criterio, la nueva escala de grados de ese cuerpo fue elaborada principalmente por militares, para militares. Recordó que, cuando él pertenecía a las filas de la PNB, el primero en plantearlo fue el subdirector, coronel Rubén Santiago, quien todavía se desempeña en ese cargo.
Explicó que el propósito fundamental de las nuevas jerarquías es establecer cierta equivalencia con las que hay en la Fuerza Armada Nacional, donde la actual escala de la oficialidad tiene diez grados, desde el teniente al general en jefe.
Urpín indicó que los militares han copado puestos directivos en la PNB. No solo son las posiciones más elevadas. También hay capitanes como jefes de divisiones.
“En la PNB ya se habían distorsionado las jerarquías, porque había funcionarios con el grado de comisionado jefe que tan solo tenían veinte años de servicio. Entonces, que pongan a un general en ese mismo grado es imposible”, explicó.
Pero este es solo un aspecto del deterioro institucional de la PNB. Los estándares fijados por el Consejo Nacional de Policía rara vez son cumplidos. Las “baquías” o normas instauradas en alguna oportunidad por esa instancia son letra muerta. Desde las referidas al equipamiento básico del agente hasta las relativas al traslado de los detenidos. Eso, indicó Urpín, genera un desorden que desvirtúa lo que en su momento se llamó el “nuevo modelo policial”.
Breves
- “La salida a todo esto es política y electoral, pero no militar”. En estos términos se expresó el mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres cuando fue presentado ante un juzgado militar, en marzo de 2018. En aquel entonces, el oficial del Ejército fue imputado por supuestos delitos de espionaje, instigación al motín e instigación a la rebelión. Los cargos fueron formulados por los primeros tenientes Elber Montero, Keyla Ríos y María Marcelina Martínez, en un juzgado castrense de Caracas a cargo de la mayor Claudia Carolina Pérez de Mogollón. La pesquisa contra Rodríguez Torres fue dirigida por el coronel Rafael Franco Quintero, a la sazón jefe de investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Vale la pena recordar lo declarado en esa oportunidad por el exdirector de la policía política y exministro de Relaciones Interiores. Con respecto a las imputaciones por un supuesto espionaje, responsabilizó directamente a María Iris Varela y al actual ministro de Petróleo Tareck el Aissami. “Eso fue un plagio de internet”, sentenció. Esta era una señal más de las disputas por el control interno del oficialismo. Dijo, además, que como conocía a jerarcas como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, “cuando he salido al exterior les notifico”. Rodríguez Torres afirmó en su defensa que, debido a su condición de oficial retirado, y al saberse vigilado permanentemente, “he evitado hasta hablar y saludar a oficiales activos, para no causar problemas a nadie”. Los mensajes atribuidos al movimiento de Rodríguez Torres, según las actas del juicio, igual llegaron a los teléfonos de la oficialidad a través de un teniente adscrito a la unidad de Policía Militar con sede en Fuerte Tiuna, desde finales de 2017. Cinco años después, quien fuera uno de los personajes más relevantes del régimen de Maduro (en sus primeros años) fue excarcelado y desterrado a España en un procedimiento exprés. Se trata, además, del primer oficial al que aplican esta receta.
- Algunos documentos de investigación ligaban al exministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, con el movimiento encabezado por el teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro, quien a principios de 2018 comandaba el batallón de caballería motorizada Ayala de Fuerte Tiuna. Alias RodTor era señalado como un consejero o mentor de Marín y otros comandantes del Ejército, aunque no formaba parte integral de la presunta conjura. El nexo entre los miembros de la promoción “coronel Miguel Vásquez” y el general se habría forjado cuando algunos de los integrantes fueron oficiales de planta de la Academia Militar en tiempos en que Rodríguez Torres fue su director. Pero esto es apenas una presunción, que tiene además algún refuerzo en el tradicional cruce de llamadas y mensajes telefónicos, receta habitual de la Dgcim. Según la narrativa de este despacho, los líderes del llamado Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo, todos ellos militares activos, habían grabado un video “llamando a la desobediencia de los integrantes de la FANB”. Las imágenes serían divulgadas una vez tomadas las instalaciones de Venezolana de Televisión. Pero este manifiesto nunca fue dado a conocer. Esta investigación también fue dirigida por el coronel Franco Quintero (hoy general de brigada, director de Seguridad del aeropuerto de Maiquetía). En los días previos a la salida de RodTor a España, Marín Chaparro protagonizó una huelga de hambre en su celda de la Dgcim-Boleíta.
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