Nota de Prensa, autor en Runrun

Edison Arciniega: En 2019 faltaron dos de cada tres kilos de comida requeridos en Venezuela
Arciniega explicó la forma en la cual la administración de Maduro distribuye los alimentos dependiendo del estrato económico y distribución geográfica

“La disposición de alimentos en Venezuela es un instrumento de control social del Estado”, así lo ratificó este viernes, Edison Arciniega, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción, quien agregó que “cada vez que en Venezuela hay conflictividad política, hay incremento en el suministro de alimentos”.

Arciniega, hizo un balance sobre el comportamiento de la distribución de los denominados Comité Locales de Abastecimiento y producción (Clap) durante el año, explicando a qué se debe la crisis alimentaria que vive el país.

“Estamos en un país donde faltaron dos de cada tres kilos de alimentos este año, eso explica la situación alimentaria compleja que ha vivido el país, la buena noticia es que el año no cierra peor que el 2018, la mala noticia es que la tendencia no es a una regeneración que nos permita cubrir esta brecha”, subrayó en su análisis.

Agregó que durante el mes de diciembre, este programa social alcanzó a 2.872.000 familias, registrando un déficit de 53.34% de los hogares venezolanos. Sin embargo, el especialista en desarrollo y seguridad alimentaria aseguró que hubo una recuperación con respecto al mes de noviembre cercana al 20%.

“Por primera vez desde el mes de mayo el Clap llega a más de 40% de todas las parroquias, eso quiere decir que el estado venezolano preserva las redes de movilización, aunque en otro momento del año no las utilizó”, precisó.

 

En ese sentido Arciniega explicó la forma en la cual la administración de Maduro distribuye los alimentos dependiendo del estrato económico y distribución geográfica: “El Estado venezolano privilegia los territorios más centrales, más densos y no necesariamente los que tienen más necesidades alimentarias, que concentran dos tercios de la población con niveles de desnutrición aguda, moderada y severa en el país”.

Menos kilogramos, menos rubros

Pese a un mayor alcance en diciembre, el peso de las cajas Clap, así como el número de rubros, disminuyó considerablemente según el estudio efectuado por Ciudadanía en Acción.

“La caja debiese de contener 19 kilogramos de peso de acuerdo a lo estipulado en la resolución del 16 de junio del año 2016 que establece las normas Clap pero en diciembre apenas llegó a tener un peso de 10 kilos, 180 gramos de alimentos (…) Estaban ausentes cuatro de los 12 rubros establecidos para el Clap, tenía casi 9 kilos menos, en las poblaciones más periféricas la caja alcanzó apenas los 8 kilogramos, desfavoreciendo estos sectores”, detalló Arciniega durante una rueda de prensa con periodistas.

En cuanto al tradicional pernil que entrega el Estado en diciembre, señaló que sí llegó a la mayoría de los hogares del país, contabilizando 4.898.000, que representa 79.58% de los hogares venezolanos. El experto en la materia, aclaró que lo denominan “corte de cerdo” porque no llega a una pierna completa debido a su peso en promedio de 2.920 gramos por familia.

 

El especialista en seguridad alimentaria, sin embargo aclaró que no todas son noticias negativas ya que el mes de diciembre fue el mejor mes del año en cuanto a disposición alimentaria, “un mes donde se registraron 600.753 toneladas métricas de alimentos disponibles, de las cuales 510.000 las suministró el mercado, son el aporte de las cadenas de comercialización tradicionales y privadas de Venezuela”. Precisó.

Pese a esto, aseguró que se requieren un millón de toneladas métricas para cubrir las necesidades nutricionales del venezolano “y en el mejor mes del año cerramos con 600.000 toneladas métricas, es decir un déficit de 40%”, aclaró.

Nota de Prensa

El periodista venezolano Melanio Escobar, defensor de Derechos Humanos y director de la ONG RedesAyuda, fue convocado por Access Now como parte del comité de programa de RightsCon, evento que este año se realizará por primera vez en latinoamerica, especificamente en Costa Rica. Escobar, es el primer venezolano seleccionado para formar parte de un grupo de expertos internacionales en temas de Derechos Humanos, encargados de hacer el curetaje del contenido que se expondrá en la conferencia que congrega a más de 3.000 personas de todas partes del mundo. 

Access Now es una ONG defensora de derechos digitales alrededor del mundo que se une también al programa de Silicon Valley, RightsCon, una conferencia Anual que reúne defensores, tecnólogos, periodistas y líderes a nivel global con el fin de debatir y abordar temas sobre derechos humanos y tecnología, como control de contenido en la web, prácticas de ciberseguridad, libertad de medios, gobernanzas de internet, entre otras.

Este año 2020 RightsCon celebrará su noveno aniversario en Costa Rica, junto a expertos de todo el mundo, con el objetivo de crear una agenda que permita seguir expandiendo y defendiendo los derechos digitales, donde además, debido a su trabajo y experiencia en temas de libertad de expresión y medios de comunicación, Melanio Escobar se encargará de curar las sesiones libertad en medios. 

Desde ambas organizaciones se sigue invitando a sus pares a enviar propuestas de sesión para participar en el evento más importante sobre temas de Derechos en el entorno 2.0 del mundo, siguiendo este link pueden leer las condiciones y aplicar para enviar tu sesión. https://www.rightscon.org/your-guide-to-a-successful-proposal/ la fecha limite para hacerlo es hasta el 21 de enero de 2020.

 

 

Ene 17, 2020 | Actualizado hace 1 semana
Minería ilegal avanza en Parque Nacional Yapacana
Calculan que 2.000 mineros ocupan el parque nacional actualmente

 

De los 44 parques nacionales de nuestro país, el Yapacana es el más afectado y con mayor grado de devastación, según informe de 2019 de la organización SOS ORINOCO.

“El impacto sobre sus ecosistemas no solo es en términos de superficie directamente destruida, sino, por el efecto radial y expansivo ocasionado por la presencia de aproximadamente 2.000 mineros que ocupan el parque nacional actualmente”.

En análisis del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM), la minería en el Parque Nacional Yapacana (PNY), como en el resto del estado Amazonas, es ilegal. En principio por una serie de consideraciones constitucionales que reconocen a esta zona – región características únicas y especiales de vital importancia para el planeta y la humanidad. Aparte de estas consideraciones genéricas, existen disposiciones de protección ambiental específicas, una de ellas es el Decreto 269 del año 1989 sobre la prohibición de toda actividad minera en el estado Amazonas y, particularmente, el Decreto 2.980 del año 1978 (G.O. 2.417-E), que consagra a este parque nacional a tal categoría, por consiguiente está dotado de un régimen de uso y manejo especial, justamente como medidas de protección ambiental, y según criterio de GRIAM, también social.

Como en los anteriores casos analizados en el extenso de este trabajo de investigación, la figura jurídico ambiental que protege a este parque nacional está siendo igualmente violentado por los particulares, grupos irregulares armados en ejercicio de actividades ilícitas y también por la poca resolución el Estado en adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento al complejo de normas mencionadas y a las medidas judiciales precautelativas dictadas por los tribunales penales de Amazonas en favor de los derechos ambientales y la diversidad biológica de nuestra Amazonía.

Esta situación de desprotección e impunidad en materia socioambiental sobre este importante parque nacional, propicia que esté considerado como el de mayor presencia minería ilegal y el más afectado en toda la Amazonía venezolana, inclusive, de todos los países que conforman la cuenca amazónica en cuanto al nivel y grado de devastación, según el informe SOS ORINOCO.

La minería en este parque ya existía desde la década de los 80, pero en dimensiones muy pequeñas. Fue a partir de 2004 que el crecimiento esta actividad se aceleró vertiginosamente por una serie de consideraciones, una de ellas ha sido la política poco clara del gobierno venezolano en torno a la importancia de esta región y sobre la presencia de los grupos irregulares armados colombianos en esta zona, al punto, según indica el informe mencionado, de “haberle entregado el control de estos territorios y de la actividad minera a la guerrilla, hoy comandada por el ELN y que además le sirve de sustento financiero para otras actividades ilícitas».

Continúa indicando el informe SOS ORINOCO, sobre el Parque Nacional Yapacana: “Hoy en día en el parque nacional lo que más destaca son las huellas destructivas que deja la minería, que no significa otra cosa que procesos de remoción drástica de su cobertura vegetal natural y del sustrato geológico. Esto se acomete por deforestación de tala y quema, modificación de la topografía (incluyendo cursos de agua), que se manifiesta en la remoción y alteración de la capa geológica en forma de huecos, similar a la que deja un bombardeo aéreo; trochas, carreteras, cárcavas, montículos de material lavado…

 Además es seguro que hay una contaminación por causa del mercurio empleado en el proceso de separación del oro del material geológico aluvional o rocoso. Esta contaminación no solo por el vertido en el suelo y los cuerpos de agua, sino también por vapores que se adhieren a la vegetación circundante”.

Todos estos daños son generados en varias zonas del parque, en áreas terrestres y fluviales. Se estima que haya aproximadamente 44 sitios de explotación minera, aparte de las que aún no son conocidas “públicamente”. En los ríos y caños que confluyen en estas áreas protegidas, también se emplean balsas y dragas, fácilmente localizables por estar ubicadas en plenas líneas de navegación y dadas las voluminosas dimensiones de estas estructuras flotantes. Generalmente estas embarcaciones son dirigidas por colombianos y, en menor proporción, por brasileros.

Por último, continuamos compartiendo datos presentados por la organización SOS ORINOCO, donde refiere lo siguiente sobre la detección de áreas mineras por imágenes satelitales: “Las áreas de actividad minera dentro del Parque Nacional Yapacana fueron identificadas y verificada su exactitud geográfica mediante el uso de imágenes satelitales de alta resolución espacial de los sensores Landsat-7/ETM+, Landsat-8/OLI, Sentinel 2y World View-2; todos disponibles en la plataforma de Google Earth Pro, United State Geological Service (USGS), Fundación Radiat 6 y la Agencia Espacial Europea (ESA). El resultado de este procedimiento mostró la existencia de un total de 36 sitios de actividad minera, todos ellos detectados mediante interpretación visual y digital de las imágenes satelitales, durante el periodo 2002–2018.

Los referidos sitios y datos constituyen una prueba inequívoca de la presencia de la actividad minera dentro del PNY. No obstante, es importante destacar otros sitios de actividad minera de menor extensión que no pudieron ser identificados por los datos orbitales utilizados en el presente informe, puesto que se requieren sensores de muy alta resolución espacial (simétrica) y/o su verificación en campo para correcta verificación.

Por otro lado, las balsas mineras tampoco son detectables a través de este procedimiento. En este sentido, la cuantificación del área afectada por minería en el PNY descrita en este informe, se considera una subestimación del valor real.

Las actividades mineras dentro del PNY han sido reportadas desde los años 80. No obstante, es en el año 2002 cuando se inicia un proceso de explotación minera masivo en el parque, detectable en las imágenes satelitales.

Ahora bien, lo más resaltante de la explotación minera en el PNY detectada es la velocidad y la intensidad de la intervención en los últimos ocho años (2010–2018), que representa cerca del 5.000% en relación a años anteriores”.

Con información OEP / Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía

ONG Justicia Venezolana: 217 militares se encuentran arbitrariamente detenidos
Lilia Camejo, abogada y directora ejecutiva de esta organización, señaló además que existen oficiales que ya cumplieron la totalidad de su pena y aún no han sido puestos en libertad

La Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana denunció la detención arbitraria de 217 militares, recluidos en las diversas cárceles para efectivos castrenses del país, así como en la sede del Dgcim y Sebin en Caracas.

Lilia Camejo, abogada y directora ejecutiva de esta organización, señaló además que existen oficiales que ya cumplieron la totalidad de su pena y aún no han sido puestos en libertad. “Dos de los oficiales relacionados con el llamado “golpe azul todavía no han sido puestos en libertad, esto nos tomó por sorpresa porque no había ocurrido nunca en el país”, dijo la abogada en relación a la violación de las leyes por parte de la administración de Nicolás Maduro.

Asimismo, Camejo desglosó la lista, por componente de la Fuerza Armada Nacional, de los 217 militares detenidos por razones políticas: 106 del Ejército, 62 de la Guardia Nacional, 25 de la Armada y 24 de la Aviación.

La defensora de los Derechos Humanos, en entrevista para VPI TV, denunció además las pésimas condiciones en las que se encuentran muchos de estos efectivos castrenses, haciendo eco de las quejas de sus familiares y abogados.

“Hemos venido denunciando, a raíz que los familiares nos informan, que han tenido problemas para la visita sobre todo lo que es la Dgcim, no han permitido el ingreso de alimentos a varios de ellos, hay denuncias que las condiciones de ellos han desmejorado en cuanto al aseo personal (…) En días pasados denunciaron la retención de uno de los abogados cuando fue a visitar a uno de sus defendidos y por eso nuestra solicitud para que los cuerpos de seguridad respeten todas las normas internacionales. Estos militares que tienen sus procesos en investigación o a la espera de juicio deben tener unas condiciones mínimas de respeto y garantía de sus DD.HH en los sitios de reclusión”, sostuvo.

La profesional del derecho se refirió al caso donde fue tomado por asalto el Batallón 513 del estado Bolívar, el pasado 22 de diciembre, donde seis oficiales, a cargo del lugar fueron secuestrados por los rebeldes, y luego de ser liberados fueron presentados ante el tribunal de control con casos relacionados al terrorismo. Explicó que sobre este caso, han recibido denuncias de familiares de otros militares que fueron detenidos pero no han sido presentados ante tribunal de control alguno, ni en la jurisdicción ordinaria ni en los tribunales militares.

Diferida por novena vez consecutiva la apertura de juicio de los ocho PNB implicados en caso de tortura en Zulia

Por novena vez consecutiva fue diferida, este miércoles 15 de enero, la apertura de juicio de los ocho exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) imputados por violación sexual y tratos crueles en contra de un joven estudiante, en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales de 2017.

En esta oportunidad, las razones no estuvieron relacionadas a la inasistencia de los representantes fiscales ni a inconvenientes relativos al traslado de los acusados, como ocurrió en los ocho diferimientos anteriores que ha presentado el juicio oral. Esta vez la apertura de juicio fue diferida por la incomparecencia de dos defensores de los acusados.

Estando a escasos cuatro meses de cumplirse dos años de la detención de los exfuncionarios implicados en el caso de tortura, efectuada en mayo de 2018, todavía no se ha avanzado más allá de la fase intermedia del proceso judicial que representa la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).

Cabe resaltar que, según el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, las medidas de coerción personal no podrán sobrepasar el plazo de dos años y, cuando existan causas graves que justifiquen el mantenimiento de estas medidas, próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el Fiscal podrá solicitar prórroga. Esto, en caso que la dilación del proceso sea atribuible a los imputados, el acusado o los defensores.

Sin embargo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresa en su artículo 29 que el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, y que, dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.

Desde Codhez se reitera que el retardo procesal inherente al sistema judicial venezolano sigue obstaculizando que las víctimas puedan acceder a la justicia en el país y promueve la multivictimización, al imposibilitar la reparación debida y la sanción a los responsables.

La organización de derechos humanos insiste que este caso presenta elementos de convicción que prueban la perpetración de tortura, tal como se solicitó en la acusación presentada por Codhez. No obstante, los exfuncionarios solamente serán juzgados por los delitos de violación sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Un juzgamiento bajo este calificativo disminuye las posibilidades para la obtención de una justicia plena.

En los últimos años, en Venezuela se ha observado el incremento de las denuncias por tortura y tratos crueles en el país, hecho que fue documentado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su visita al país. No ha existido una respuesta firme en contra de estas denuncias y el castigo a los responsables por parte del Estado venezolano. Codhez exhorta a los tribunales nacionales que actúen con la diligencia esperada para investigar y sancionar a los responsables de torturas en el Zulia y el resto del país.

Ene 15, 2020 | Actualizado hace 2 semanas

La ciencia no deja de trabajar para ofrecer oportunidades de sanación para el cáncer de próstata. Enfermedad que está entre las primeras causas de muerte en hombres mayores de 50 años. 

Anaida Salazar, médico cirujano con postgrado en Medicina Nuclear; Gustavo Carrero, médico radiólogo con postgrado en Física Médica y especialización en Radiodiagnóstico y Juan Carlos Martínez, médico cirujano con postgrado en Cirugía General y Urología forman parte del equipo del Centro Diagnóstico Docente, CDD Las Mercedes, líder en tecnología médica en Venezuela y América Latina, que lidera Wilson Mourad, especialista en vías digestivas.

Se trata de un ensayo realizado en Alemania, cuyo origen surge del PET.CT, un estudio híbrido que muestra una tomografía normal con el PET. Anaida Salazar sostiene que se inyecta un isótopo con muy alta radiación, el cual en su decaimiento emite positrones que el equipo detecta. Posteriormente, comenzaron análisis, en principio con colina (otro tipo de material). Se unió el carbono 11 (C11) con la colina, a fin de ubicar las lesiones de próstata. “Incluso, -dice- donde estudié, en el Hopkins Hospital, se hicieron investigaciones con otros isótopos tratando de ubicar mejor las lesiones de próstata hasta que finalmente se llegó a lo que llamamos el PSMA”.

Al hacer el PET/PSMA, significa que se está inyectando el PSMA, unido a un isótopo radioactivo y al internalizarse dentro de la célula, permite ver la lesión primaria y sus metástasis. Se han usado dos materiales radioactivos para unir al PSMA, Uno, el Galio 67 (Ga67) y otro, el Flúor 18 (F18). “En el CDD, -indica- empezamos los estudios en 2018, marcando el PSMA 1007 con el Flúor 18 (F18).

“Cuando hemos usado el PET durante todos estos años con Fluodeoxiglucosa, (FDG) estamos inyectando al paciente una glucosa con un isótopo radioactivo y así vemos las zonas donde se está consumiendo más glucosa en el organismo. El cerebro y el corazón son los grandes consumidores de glucosa. Pero los tumores, -agrega-, tienen una división celular más acelerada que el tejido normal, lo que revela dónde está el tumor y sus lesiones secundarias; vale decir, dónde están las metástasis”.

Para el Dr. Gustavo Carrero, la importancia real de este proceso químico de síntesis es que permite hacer algo específico en imágenes. “Es decir, el radio trazador o el elemento radioactivo solo va a captar aquellas células que posean este antígeno. Anteriormente -agrega-no se sabía si las lesiones que estaban fuera de próstata eran producto de metástasis o de otras cosas. El caso es que las células en próstata se reproducen lentamente. Significa que es una tasa metabólica diferente al resto de los tumores.

El PET/PSMA también se aplica a aquellos pacientes con cáncer de próstata que pudieran tener una recaída bioquímica. Es decir, que no se le consigue ninguna lesión pero el antígeno prostático se eleva nuevamente, después de haber recibido el tratamiento. “Al pegar el PET/PSMA con el radiofármaco revelará si hay células prostáticas y, si no las capta, es porque no hay enfermedad”, dice Carrero.

“Hemos hecho corridas pilotos para pacientes. Se han seleccionado   personas absolutamente sanas,  pacientes con diagnóstico de enfermedad pero que no estaban recibiendo tratamiento. Se hizo el estudio en una población  que ya había sido tratada; sobre todo, operada que estaba en tratamiento pero tuvo una recaída bioquímica y pacientes con enfermedad metastásica definitiva, inequívoca”.

Explica que al tener el equipo profesional y la parte técnica y tecnológica alineados, se comparó entre todos los seleccionados el perfil de dosis, cómo se captaron y  cuáles fueron los resultados de imagen. Se hicieron entre 12 y 15 pacientes cada vez. “Los resultados fueron altamente satisfactorios desde el punto de vista del diagnóstico para los pacientes y de la información que pudimos ofrecerle a sus médicos tratantes”.

Comenta la Dra. Anaida Salazar que los estudios que se han hecho con el PSMA han sido muy interesantes. “Sobretodo, teníamos pacientes que se habían hecho el PET con FDG, que habitualmente hacemos y al compararlos, la diferencia en imágenes fue espectacular. La sensibilidad que muestra el estudio se correlaciona con los resultados que, fundamentalmente, Heidelberg, la escuela alemana, ha estado dando en relación al PSMA con Flúor 18 (F18).

Según el urólogo del grupo, Martínez,  el paciente es beneficiado: “1) Cuando tenemos dudas en realizar la biopsia prostática, se hace junto a la RM multiparamétrica y ayuda a tomar la decisión. 2) En todo paciente ya diagnosticado es útil para lograr una estadificación más exacta de la enfermedad. 3) Favorece el seguimiento post tratamiento y 4) De existir alguna falla bioquímica en pacientes ya tratados que presentan un marcador PSA sin manifestación clínica alguna”.

Desde que se realizaron las elecciones parlamentarias en el año 2015, hasta la actual fecha, se han producido 119 sentencias emanadas del TSJ que buscan ejercer el control absoluto por parte del Ejecutivo nacional de todos los poderes y el desmantelamiento del Poder Legislativo, eliminando así el último bastión de la democracia en Venezuela

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) presentó este lunes 13 de enero el informe “La fórmula perfecta para apuntalar la dictadura. Asedio a la Asamblea Nacional de Venezuela”, donde demuestra que la persecución política aplicada por el régimen de Nicolás Maduro al Poder Legislativo tiene como fin destruir por completo los vestigios de democracia que quedan en Venezuela. El informe evidencia una cadena de hechos recurrentes que han signado el asedio a la Asamblea Nacional (AN) desde su elección en 2015.

Estas prácticas de persecución política por parte del gobierno venezolano a la disidencia, violatorias de los derechos humanos, civiles y políticos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano y en los pactos y convenciones internacionales suscritos por Venezuela han sido documentadas por Cepaz desde el año 2015 y producto de este esfuerzo se generaron tres informes: “Persecución política en Venezuela. Sistematización de patrones de persecución en contra de la disidencia política venezolana”; “Persecución Política en Venezuela (Identificación diferenciada de patrones de persecución en actores disidentes y seguimiento de casos)” y “Nuevos patrones y agudización de la persecución política. Seguimiento y actualización de caos de persecución”.

Según Cepaz, son 12 los patrones desarrollados por el gobierno venezolano para la reiterada y sistemática persecución y represión de la oposición política:

1. Apertura de procedimientos judiciales caracterizados por la violación del derecho al debido proceso.

2. Persecución a través de los medios de comunicación.

3. Destitución de cargos públicos.

4. Allanamientos irregulares a la propiedad privada.

5. Allanamiento a la inmunidad parlamentaria.

6. Inhabilitación política.

7. Usurpación de las funciones públicas.

8. Aquiescencia de actos violentos en contra de dirigentes políticos.

9. Apertura de procedimientos ante tribunales militares.

10. Persecución a familiares.

11. Anulación de pasaportes.

12. Apertura de procedimientos judiciales y destitución de alcaldes.

Como también fue documentado en el informe “Estocada a la Democracia”, el Parlamento venezolano ha sufrido constantes ataques, incrementándose en los últimos meses bajo la sombra de un supuesto desacato emanado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Desde que se realizaron las elecciones parlamentarias en el año 2015, hasta la actual fecha, se han producido 119 sentencias emanadas del TSJ que buscan ejercer el control absoluto por parte del Ejecutivo nacional de todos los poderes y el desmantelamiento del Poder Legislativo.

El 2,52% de las sentencias van contra las funciones administrativas de la Asamblea Nacional, como el manejo de su presupuesto y del personal que labora en la misma y sus normativas internas. El 71,43% de las sentencias del TSJ contra la Asamblea Nacional afectan las atribuciones y competencias del Poder Legislativo establecidas en la Constitución. El 21,01% de las sentencias del TSJ contra la Asamblea Nacional atentan contra la inmunidad parlamentaria y el 5,04% contra el sistema democrático.

Del 28 de diciembre de 2015 al 16 de diciembre de 2019 un total de 59 diputados de oposición de la Asamblea Nacional fueron víctimas de persecución política.

Debido a amenazas de detención o contra su integridad física, 33 diputados se encuentran en el exilio, clandestinidad o refugiadas/os en embajadas. Esta cifra es el equivalente al 19.76% del total de 167 parlamentarias/os de la AN.

Detenidos en calabozos del Cicpc de El Llanito protestaron por malas condiciones de reclusión
El hecho se registró el jueves 9 de enero en el ala A

 

En los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de El Llanito se registró un motín cuando un grupo de internos se alzó para protestar en contra de las malas condiciones de reclusión en ese centro de detención preventiva, reseñó El Nacional en una nota informativa.

El hecho se registró la madrugada del jueves 9 de enero en el ala A de ese calabozo policial, de acuerdo con la información que levantó el diario.
Después de la revuelta los funcionarios le habrían quitado los uniformes a la población penitenciaria, les suspendieron el ingreso de alimentos y también la visita pautada para este sábado 11 de enero como medida de castigo. 

 

Por Una Ventana a la Libertad