Nota de Prensa, autor en Runrun

Nota de Prensa

Implementación de educación en línea está ampliando grandes desigualdades
Por medio de un estudio, el Observatorio de Universidades determinó que 47% de los estudiantes no cuenta con computadora portátil  

El Observatorio de Universidades presentó este viernes el informe Enobu Virtual 2020 con datos y apreciaciones sobre el proceso de las clases en línea y las dificultades que atraviesan los estudiantes y profesores venezolanos dada la escasa dotación de equipos y la pésima calidad de servicios de electricidad e internet.

Yelena Salazar, socióloga y docente universitaria, expuso que 39% de los profesores no cuentan con computadoras portátiles, solo 24% tienen computadoras de escritorio de uso compartido y un 73% tiene teléfonos inteligentes para las clases virtuales. En el caso de los estudiantes 47% no cuenta con computadora portátil y 27% tiene computadoras de uso compartido. 

En el acceso a internet un 45% de los profesores y un 58% de los estudiantes veía clases a través de datos móviles de teléfono. De acuerdo con lo registrado solo un 54% tiene acceso a internet banda ancha de Cantv, detalló Salazar.

La organización determinó que la región Guayana y Nororiente que incluye Bolívar, Delta Amacuro, Amazonas, Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta son los que menos tienen acceso a computadoras portátiles o teléfonos inteligentes. “Estos estudiantes y profesores quedarían prácticamente excluidos del proceso de educación”, dijo Carlos Meléndez, profesor y directivo del observatorio.

Aseguró que 47% de los profesores y 48% de los estudiantes en Venezuela no cuentan con servicio eléctrico eficiente, esto quiere decir que pueden sufrir cortes eléctricos a diario de entre 3 a 6 horas.

De acuerdo con lo registrado, casi ocho de cada 10 estudiantes y profesores de la región Occidente y Nororiente no cuentan con internet de forma continua para cumplir con sus estudios. En la región capital donde menos tienen problemas para acceder este servicio, cinco de cada 10 presentan fallas de conexión. “Es un número muy alto, más de la mitad”, expresó Meléndez.

Meléndez denunció que “la implementación de la educación virtual está ampliando las grandes desigualdades en Venezuela”. Para el especialista la diferencia entre las universidades privadas y públicas se está agrandando por lo que advirtió que la nula inversión del Estado para atender a personas vulnerables solo genera que una elite pueda acceder a educación superior. 

Sin clases 

Salazar detalló que 56 de los profesores encuestados no impartió clases, mientras un 44% de los estudiantes no han podido continuar con sus estudios durante la pandemia. Por su parte, 51% de los docentes públicos afirmó que no se les proporcionó el entorno virtual para crear aulas virtuales.

Solo 43% de los docentes recibió orientación de la universidad para el uso de aulas virtuales, otro 30% pese a que recibieron ayuda para desarrollar esta metodología, consideraron que el apoyo fue insuficiente y un 27% no recibió ningún tipo de orientación para llevar a cabo este método de trabajo.

La mayoría de las herramientas utilizadas para dar clases no han sido las más correctas para el proceso en línea. 62% de los profesores utiliza WhatsApp y correo electrónico para sus clases virtuales y un 20% utiliza mensajería de texto.

De acuerdo con Meléndez en las instituciones del gobierno más del 80% utiliza WhatsApp durante la enseñanza. “Este tipo universidades está utilizando en mayor medida otras herramientas complementarias, como principales”, expresó. “Centrar la educación virtual en aplicaciones como WhatsApp no garantiza que se esté impartiendo la educación de calidad”.

Baja motivación 

Un 42% de los profesores reflejó estar entre poco y nada motivado, 30% medianamente motivado y solo un 28% motivado. “Las principales causas están asociados por sus condiciones salariales”, dijo Salazar. Sumado al bajo pago, el observatorio determinó que la desmotivación también pasa por las pocas herramientas de trabajo que brindan las casas de estudios.

Además, 51% de los profesores encuestados consideró que la educación virtual es de regular a deficiente y 32% de buena a excelente, mientras que un 63% de los estudiantes la calificaron como deficiente y solo un 25% afirmó que era igual a la presencial.

El plan Universidad en Casa promovido por el gobierno es casi desconocido en las universidades. 71% de los profesores y 84% de los estudiantes no conoce este plan. “La ausencia de coordinación y de políticas para el sector universitario, evidencian que el derecho a la educación no es prioritario para el gobierno”, denunció Meléndez.

Hacia las mejoras 

Salazar, por su parte, señaló que hay que mejorar las condiciones de los estudiantes y los salarios de los profesores. “La política tiene que ser integral”. Para la especialista habrá que trabajar en conjunto entre universidades públicas y privadas para solucionar la condición tan grave de la educación superior.

Resaltó que hay que preparar a estudiantes y profesores en temas didácticos y pedagógicos de educación virtual. “Los estudiantes deben ser incluidos en esos procesos de formación para optimizar el uso de las herramientas”, agregó.

Por último, instó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a colaborar con las universidades públicas para sobrellevar los daños de la emergencia humanitaria.

Médicos Sin Fronteras se retira del Hospital Pérez de León II de Petare
MSF solicitó los permisos de trabajo para su personal esencial a principios de año para poder cubrir puestos claves de sus operaciones y aún no ha obtenido respuesta

 

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) se ha visto obligada a tomar la decisión de retirarse del Hospital Ana Francisca Pérez de León II, ubicado en Petare, en el noreste de Caracas, en el que llevaba colaborando desde marzo en la lucha contra la pandemia del COVID-19.

La decisión ha sido adoptada por la imposibilidad de llevar a cabo las actividades fundamentales para la atención a pacientes de COVID-19 con los estándares de calidad que se fija la organización, debido a las restricciones de entrada al país de su personal humanitario especializado.

“No nos ha sido posible continuar con la colaboración con el Hospital Pérez de León II, pese a que llevamos meses buscando todas las alternativas posibles que nos hubieran permitido evitar llegar a este desenlace irreversible”, explicó el Coordinador General de MSF en Venezuela, Isaac Alcalde.

MSF solicitó los permisos de trabajo para su personal esencial a principios de año para poder cubrir puestos claves de sus operaciones y aún no ha obtenido respuesta. Desde entonces, la organización ha estado en contacto en repetidas ocasiones con las autoridades responsables para tratar de obtener una solución al problema.

“Y aunque el equipo internacional ha sido reemplazado casi a totalidad por cualificado personal venezolano y asesorías vía remota, necesitamos personal especializado in situ que esté familiarizado con los procesos internos de la organización y que nos permita asegurar los estándares de calidad que se requieren para este tipo de intervenciones. De ahí que tengamos que asumir esta difícil decisión”, agregó.

La colaboración con el Hospital Pérez de León II se inició en marzo con la rehabilitación de parte de la infraestructura, el diseño de un circuito para pacientes que reciben atención médica y psicológica específicamente relacionada con el coronavirus, y el acondicionamiento de un área de hospitalización, incluyendo la Unidad de Cuidados Intensivos. Alrededor de 3.500 personas han sido atendidas en este proyecto. El soporte también incluyó la gestión de un equipo de casi 150 personas, compuesto por médicos, epidemiólogos, intensivistas, enfermeros, psicólogos, técnicos, higienistas, entre muchos otros, que hacen frente al COVID-19 en el área de bioseguridad, y el apoyo económico extraordinario a otros casi 100 empleados directos del hospital.

Además, el trabajo de MSF ha tenido impacto en otras áreas del centro médico, pues las capacitaciones y dotaciones de insumos clínicos han tenido incidencia en pacientes que ingresan al hospital con otras patologías y en el resguardo de la bioseguridad del resto del personal de salud, como lo ha manifestado la propia dirección del hospital.

“Ante la posibilidad de que llegue una segunda ola en la pandemia de COVID-19, MSF ha optado por dejar parte del material sanitario, hacer una dotación de medicamentos y fortalecer la aplicación de los protocolos, a través de capacitaciones al personal del hospital, con el que creemos haber logrado hasta ahora una relación muy positiva para los pacientes que se atienden”, manifestó Alcalde.

MSF reitera su compromiso de seguir asistiendo a la población venezolana y urge a las autoridades nacionales a que faciliten la llegada del personal humanitario, a fin de poder seguir prestando atención médica de calidad a las personas que más lo necesitan.

#PasandoLaCuarentena | El Festival Música Urbana 2020 será online
La transmisión será el 28 de noviembre a través del canal de Youtube de Amnistía Internacional Venezuela a partir de las 4:00pm

La tercera edición del Festival Música Urbana, iniciativa cultural de Amnistía Internacional y Fundación Nuevas Bandas, en alianza con La Mega, IANSA, Centro Sambil, Wow Music Group y Maqueta UNO, se realizará este año a pesar de la pandemia. Será transmitido el próximo sábado 28 de noviembre a través del canal de Youtube de Amnistía Internacional Venezuela y estará disponible en línea a partir de las 4:00 p.m.

La ejecución del festival ha incorporado todas las medidas de bioseguridad frente a la COVID-19, con capacitaciones online, reuniones virtuales, distanciamiento y grabación segura a puertas cerradas, bajo la coordinación del equipo de producción de Ana María Díaz.

Esta tercera edición versión online del Festival de Música Urbana contará con la participación de 9 proyectos representantes de los géneros del rap, trap, hip hop, reguetón y fusión urbana: Willy Casalta Pesa, Scor y Jeilox, La 5uinta, Fémina, Combo Cimarrón, CENS El orgullo de la cuadra, La Créme, Arkaiko y MHA. Como invitada especial, tendremos a Afreeka, ganadora de la segunda edición del Festival Música Urbana.

El jurado para la premiación está integrado esta vez por la ganadora del FMU 2019, Afreeka; el presidente de la Fundación Nuevas Bandas, Félix Allueva; el animador y locutor, Lorenzo Martínez; la productora, Ana María Díaz; el locutor y Dj, Marco77 y Adriana Botini, integrante de la Junta Nacional de Amnistía Internacional. La conducción del evento estará a cargo de Maga Díaz y Lorenzo Martínez.

El Festival de Música Urbana está enmarcado en la campaña de Amnistía Internacional “Basta de Balas” que exige a las autoridades venezolanas el control de armas y municiones para la reducción de las muertes violentas en el país.

Para más información sobre el festival, sigue a @amnistia, @nuevasbandas y @fmusicaurbana en Twitter e Instagram.

 

Informe de Scholars at Risk refleja la crisis de la educación universitaria en Venezuela
Entre septiembre de 2019 y agosto de 2020 se produjeron siete ataques a universidades en el país  

El pasado 18 de noviembre la red internacional Scholars at Risk (SAR) publicó su más reciente informe, Free to Think 2020, que da cuenta del estado actual de la libertad académica en el mundo.

SAR, cuya misión es proteger a las comunidades de educación superior y a sus miembros de ataques violentos y coercitivos, determinó que entre el 1° de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020 ocurrieron 341 ataques a comunidades de educación superior en 58 países. Siete de esos ataques se registraron en Venezuela.

El referido informe se basó en datos del Proyecto de Monitoreo de Libertad Académica que desarrolla la red SAR. Los investigadores de Free to Think 2020 identificaron distintas tendencias relacionadas con ataques a universidades y universitarios, a partir de las cuales hicieron un análisis detallado de las presiones ejercidas sobre comunidades de educación superior. Entre los resultados obtenidos se incluyen los “impactos de la crisis económica de Venezuela en un sistema de educación superior en apuros”, señala la nota de prensa sobre la presentación del informe.

Robert Quinn, director ejecutivo de SAR, resaltó que los investigadores observaron que durante la pandemia por COVID-19 han sido persistentes los ataques y las amenazas contra académicos, estudiantes y espacios universitarios. “Vemos científicos amenazados por realizar investigaciones que contradigan los mensajes que los Estados quieren proyectar. Vemos presiones crecientes sobre los académicos que comentan sobre los esfuerzos de respuesta del gobierno. Y vemos que las autoridades utilizan la pandemia como una tapadera para reprimir y castigar la libre investigación y expresión en general”, dijo.

Del total de países monitoreados para el informe, en cuatro se ejecutó la mayor cantidad de ataques y/o amenazas a la libertad académica y las comunidades universitarias: China (zona continental y Hong Kong), India, Turquía, Venezuela y Yemen.

El declive de las universidades venezolanas

El informe Free to Think 2020 determina cuatro factores que constituyen las principales causas del declive de la educación superior en Venezuela, sobre todo en las universidades autónomas: asfixia presupuestaria; acciones gubernamentales que obstaculizan la realización de elecciones universitarias y limitan la gobernanza autónoma; ataques violentos y coercitivos contra universitarios; y disminución de la investigación científica y migración de personal calificado.

En el contexto de la pandemia por COVID-19, la red SAR analizó que junto al déficit presupuestario masivo preexistente, los bajos salarios de los profesores (actualmente inferiores a 6 dólares mensuales, en el mejor de los casos), y una alta tasa de emigración de profesores y estudiantes –factores que ya habían erosionado la calidad de la educación y la investigación-, ahora la desaparición del aprendizaje presencial y la imposibilidad de cumplir cabalmente la enseñanza virtual debido al pésimo funcionamiento de los servicios eléctrico y de Internet constituyen nuevos agravantes de la decadencia de las universidades en Venezuela.

En cuanto a las limitaciones a la gobernanza autónoma, el informe menciona la sentencia N° 0324 emitida por la Sala Constitucional del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 27 de agosto de 2019, donde el régimen de facto levanta la suspensión de las elecciones universitarias que sumaba más de una década y ordena que las elecciones se realicen en seis meses. “Pero la sentencia dispuso procedimientos electorales similares a los previstos en la Ley Orgánica de Educación, vulnerando la autonomía universitaria en violación del mandato explícito de la constitución venezolana. La decisión provocó protestas en todo el país”, advierte el informe. En febrero de 2020 el TSJ ilegítimo revocó la referida sentencia, pero hasta la fecha no se han realizado elecciones universitarias.

Sobre los ataques violentos y coercitivos contra autoridades, estudiantes y profesores universitarios, el reporte contabiliza siete en Venezuela durante el período analizado. Dos de ellos ocurrieron durante la cuarentena nacional por la COVID-19. En el mes de marzo Omar Prieto, gobernador del estado Zulia, contra Freddy Pachano, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), tras expresar públicamente su preocupación por la falta de equipos de protección adecuados para el personal médico. El segundo ataque fue hecho el 14 de mayo por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), contra miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, autores de un informe que indicaba que el número de casos de COVID-19 podría ser mucho mayor del reportado por el régimen.

Respecto de la disminución de la investigación científica y la migración de personal calificado, el informe señala que “para 2019, aproximadamente el 50% de los profesores de todas las universidades venezolanas habían abandonado el país. Asimismo, el 30% de los investigadores del país habían emigrado en abril de 2019”. Esta fuga de cerebros se refleja en la disminución de publicaciones científicas venezolanas y en el descenso de las universidades nacionales en rankings internacionales.

“Según SCImago Journal & Country Rank, un portal en línea disponible públicamente que clasifica los países por producción de revistas, en 1998, las universidades venezolanas proporcionaron el 4,8% de los artículos de revistas de América Latina (aproximadamente proporcional a la población de Venezuela como porcentaje de la población general de América Latina en ese momento). Para 2019, ese número se redujo a 0,8%”, refiere el informe.

Finalmente, el Índice de Libertad Académica 2020 elaborado por el Instituto de Política Pública Global (GPPI, por sus siglas en inglés), en alianza con otras organizaciones, muestra el progresivo declive de Venezuela en el respeto a la libertad académica desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999. En la escala de 0 a 1 de este Índice, Venezuela suma 0,28 puntos para 2020, lo que le da una clasificación “D” y lo sitúa cerca del quintil inferior de los 140 países evaluados, muy por debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe (0,77).

Recomendaciones del informe para Venezuela

Especialmente en Venezuela, la red SAR insta a las autoridades estatales a acatar las siguientes recomendaciones:

• Afirmar públicamente un compromiso con la no violencia y la responsabilidad social y tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la libre expresión de los estudiantes, en el campus y en otros lugares, esté protegida;

• Asegurar el cumplimiento de las protecciones legales para la autonomía institucional bajo la ley venezolana;

• Tomar medidas consistentes con el ejercicio más pleno de autonomía institucional y libertad académica para garantizar la seguridad de las comunidades de educación superior en toda Venezuela, prevenir futuros ataques y responsabilizar a los autores de ataques pasados; y

• Rechazar consideraciones políticas partidistas a la hora de elaborar presupuestos para instituciones públicas de educación superior.

 

OVSP: 58,1% estaría de acuerdo con aumentar tarifas de servicios públicos si estos mejoran
66,8% valora negativamente el servicio de agua potable y 57,6% el de servicio eléctrico 

En la última medición realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) entre los meses de abril y mayo del presente año, se pudo conocer que 58,1% de las personas encuestadas en 10 de las principales ciudades del país estaría de acuerdo con el aumento de las tarifas de los servicios públicos si estos presentan mejoras en su desempeño.

En este estudio destacaron que las ciudades occidentales: San Cristóbal, Maracaibo y Punto Fijo son las que presentan mayor proporción de personas dispuestas a pagar un aumento en la facturación de servicios con un 74,3%, 65,5% y 63,1% respectivamente. Este fenómeno podría deberse a que son las ciudades que peores evaluaciones emiten, por ejemplo, San Cristóbal valora de forma negativa el servicio eléctrico con 89,7%; mientras que, Maracaibo y Punto Fijo son las que peor evalúan el servicio de agua con 75,3% y 86,8% de quienes así opinan respectivamente.

Al respecto, el servicio de agua potable que reciben las ciudades de Punto Fijo y Maracaibo son las que indicaron la peor evaluación frente al resto. En cuanto al servicio de energía eléctrica, San Cristóbal, Barinas y Maracaibo encabezaron las ciudades que lo evaluaron de forma negativa, tendencia que se repite en San Cristóbal en lo que respecta al aseo urbano, ya que esta urbe andina es la segunda ciudad que peor califica el servicio de recolección de desechos sólidos.

Asimismo, las ciudades en las que hay menos usuarios con disposición a pagar mayores tarifas  son Barcelona (47,9%), Ciudad Bolívar (48,6) y Porlamar (49,4%) ubicadas todas en el oriente de país, donde menos de la mitad de los ciudadanos afirmó estar de acuerdo con este incremento.

Al comparar la evaluación de los servicios de estas ciudades, se apreció que, Barcelona (67,6%) y Porlamar (52,5%) son las urbes que mayor evaluación positiva atribuyen al servicio eléctrico. Este hecho se repite en la capital del estado Anzoátegui al analizar el servicio de agua, ya que es la urbe con mayor calificación positiva en lo que a este refiere (47,9%); mientras que, Porlamar es la segunda ciudad que mejor apreció la recolección de desechos.

Adicionalmente, se pudo observar de acuerdo a la opinión de los usuarios, que en las ciudades con menores índices de calidad de los servicios hay mayor disposición a mejorar las tarifas asociadas al funcionamiento de estos. De igual forma, mediante entrevistas a profundidad con usuarios, la organización identificó que estos deben incurrir en gastos adicionales para obtener los servicios por vías no convencionales, además del impacto en sus labores cotidianas que esto implica, lo que puede relacionarse a esta tendencia en su disposición al pago de mejores tarifas en el entendido de recibir servicios más eficientes.

Fundacion de DDHH de Anzoátegui: urge disolución de las Faes
Voceros de la ONG dicen que el gobierno irrespeta la Constitución y los tratados internacionales

Tras el video en el que se visualiza a funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en una finca en el estado Zulia y las declaraciones del fiscal general, Tarek W. Saab, “urge la disolución de este organismo policial por considerarse un grupo de exterminio”.

Así lo manifestó Alcides Magallanes, director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos de Anzoátegui con extensión en los estados Sucre, Monagas y Nueva Esparta, quien aseguró que la mayoría de los casos corresponde a la clase social más vulnerable del país. 

Magallanes mencionó que este hecho se suma a las arbitrariedades que cometen los cuerpos de seguridad de la nación que juraron respetar las normativas que regulan su actuación.

A su juicio,  existen decenas de casos denunciados ante las autoridades venezolanas por parte de víctimas, familiares, organizaciones nacionales e incluso recomendaciones al Estado venezolano por parte de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachellet. 

Asimismo, aseguró que el Gobierno no respeta algo tan esencial como la Constitución ni los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, como lo establece el Artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ni el Art. 25 que reza: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”. 

El representante de la ONG reiteró que “no estamos apoyando la defensa del Ministerio Público, pero debe respetarse el artículo 285 numeral 5 que es explícito en relación a los procedimientos judiciales, convenios, tratados y acuerdos internacionales suscritos por el Estado”.

Un Juguete, una Buena Noticia se activa este 2020, cuando las buenas noticias son una urgencia
Un Juguete, una Buena Noticia, la iniciativa de periodistas y trabajadores de la prensa que nació para alegrar las navidades, amplía la ayuda para niños en situación de riesgo y sus familias

2020 ha sido un año difícil para el mundo entero, y aún más duro para los venezolanos que enfrentan la pandemia en medio de una crisis humanitaria y de la hiperinflación que obliga a las familias a elegir entre comer o mantener condiciones básicas de bienestar y dignidad humana.

Esta realidad es la que impulsa a los coordinadores, voluntarios y aliados de Un Juguete, Una Buena Noticia a transformar y ampliar el sentido de la iniciativa: ofrecer juguetes a 100 niños y sumar un mercado para las 40 familias que respaldan a estos pequeños.

Se trata de una ayuda alimenticia que beneficiará a 72 adultos y 100 pequeños y que llegará antes de Nochebuena para que, en la noche de Navidad puedan abrir sus regalos y tener algo que comer en familia.

La idea es recolectar juguetes nuevos o usados en perfecto estado para niños de entre 0 y 15 años de edad y donaciones de alimentos o recursos para adquirirlos. 

Por las condiciones que impone la pandemia, las donaciones serán recibidas directamente por los organizadores, previo acuerdo de quienes estén interesados. Para donar es necesario escribir a [email protected] o contactarnos por nuestras redes sociales: @juguetenoticia en Twitter y @Unjugueteunabuenanoticia en Instagram.

Todo será entregado en una jornada única prevista para el 18 de diciembre en la que, siguiendo las medidas de bioseguridad, se recibirá a cada familia que pueda retirar el aporte y los regalos. En caso de ser necesario, los voluntarios también se movilizarán para entregar lo recolectado a quienes no puedan asistir a la jornada.

Cuatro años llevando buenas noticias

Desde el año 2017, cuando inició este proyecto, Un Juguete, Una Buena Noticia ha trabajado y ha evolucionado para buscar el bienestar de niños, no solo en Caracas, sino en ciudades del interior del país. 

En tres años consecutivos, Un Juguete, Una Buena Noticia ha repartido 771 juguetes a niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad.

En 2017, varios periodistas de diferentes medios unimos esfuerzo y voluntad para llevar juguetes, alegría y sonrisas a niños en situación de riesgo. Con una campaña en redes sociales y con nuestros allegados logramos reunir 100 juguetes que repartimos en las calles de Caracas. ¿La razón? como reporteros conocemos de primera mano la crisis que atraviesa el país y ponemos rostro a quienes la padecen. 

En 2018 replicamos la iniciativa y llevamos 193 juguetes a Asoprogar, en El Hatillo; y en 2019 logramos 478 juguetes, ya en cuatro estados del país: para la Casa Hogar Madre Teresa, en San Bernardino, el programa Nutriendo El Futuro, en El Hatillo; Casa Abrigo de Macuto, en Vargas; Comunidad Brisas del Orinoco, en San Félix, estado Bolívar y la Fundación Creo en ti, en San Juan de los Morros, Guárico. 

Para el equipo de Un Juguete, Una Buena Noticia este 2020 es un año en que las buenas causas son más que una necesidad, por ello nos propusimos ayudar a 40 familias en extrema pobreza. Son personas que hemos conocido en pautas periodísticas y que hemos comprobado, a través de una trabajadora social, que su situación familiar, social y sanitaria es crítica. 

Este año contamos como aliados con El Pitazo y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Esperamos poder seguir llevando sonrisas a los niños que más lo necesitan y regalar una Feliz Navidad a las familias venezolanas. ¡Contamos con ustedes!

Justicia Venezolana confirma celebración de juicios en casos de militares presos
La ONG contabiliza 260 uniformados presos políticos

La Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana confirmó que en los últimos días se han iniciado algunos juicios en la Corte Marcial, donde están implicados algunos de los 260 militares presos políticos que se contabilizaban en el país. 

Lilia Camejo, abogada y directora ejecutiva de la mencionada ONG, manifestó su complacencia por la reactivación del servicio de administración de justicia y se imponga el Estado de derecho en el país, para que así finalmente se haga justicia con estos oficiales institucionales que no han cometido delito alguno.

Asimismo, la defensora de Derechos Humanos precisó que seguirá ejerciendo las acciones legales necesarias para el resto de los castrenses aún detenidos por razones meramente políticas y así sean beneficiados con las medidas de ley que por derecho les corresponde. “Debemos recordar que además de ser inocentes, son hombres y mujeres que corren graves riesgos en los calabozos de las cárceles militares por la propagación del COVID-19 en el país”. 

Camejo alertó además que muchos de los militares tras las rejas sufren graves patologías desarrolladas durante los meses retenidos. Entre estas recordó que hay presos políticos con hipertensión, diabetes y hasta cáncer.

La jurista refirió que los uniformados hasta ahora enjuiciados y sus familias, han pedido mantener la información con carácter de confidencialidad por temor a nuevas acciones legales en su contra.