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Nota de Prensa

Jornadas de Libertad de Comunicación: En Venezuela debe prevalecer la información como bien común
Expertos consideran que, pese a los esfuerzos independientes realizados para rescatar la comunicación y la información, en el país existe una gran cantidad de leyes y reformas que regulan el trabajo periodístico

 

Los periodistas e investigadores académicos Marcelino Bisbal, Luisa Torrealba y Andrés Cañizález coinciden en la necesidad de entender la información como un bien común, sobre todo en una sociedad como la venezolana en la que la libertad de prensa está seriamente amenazada. 

Así lo dejaron saber los tres especialistas y autores durante la primera entrega de las “Jornadas de Libertad de Comunicación”, organizadas de forma conjunta, en el marco conmemorativo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, por el Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, CIC-UCAB, y la Asociación Civil Medianálisis, con el propósito de evaluar el entorno mediático en el país.

El evento fue presentado por el director del Centro de Investigaciones de la Comunicación de la UCAB, Gustavo Hernández y dirigido por León Hernández, periodista y coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News, quienes juntos disertación sobre la mordaza, opacidad y manipulación del ecosistema mediático en Venezuela.

La información salva vidas

Si bien la libertad de prensa y la libertad de expresión constituyen el núcleo del mandato de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, por considerar que estas libertades permiten el entendimiento mutuo para construir una paz sostenible, la periodista Luisa Torrealba, investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, ININCO, profesora de pregrado y postgrado de la Universidad Central de Venezuela, UCV, resaltó el lema de este año de Unesco “La información como bien común”, a lo que agregó que “la información salva vidas” al relacionarlo con el contexto de la COVID-19 en el país.

Torrealba señaló que el gobierno de Nicolas Maduro se ha tomado la atribución de ser el único que brinde información sobre el comportamiento del virus en Venezuela, a través de actores del entorno político, lo que para la periodista son voceros no calificados.

Sentenció que es una lástima que un tema tan importante para la sociedad sea abordado de esta manera, comparó la actual epidemia de COVID-19 con la del virus H1N1, donde el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” era el que brindaba los datos actualizados en su portal web.

“El poder tener estadísticas completas y políticas de información para que los ciudadanos tomen las medidas adecuadas puede marcar la diferencia entre salvar vidas o no”, dijo.

Asimismo, la periodista afirmó que en el país ha prevalecido la opacidad con lo que ha sido el plan de vacunación nacional; sin embargo, destacó que la gestión de Maduro insiste en que, producto de las sanciones que se han aplicado al país, no hay recursos para la compra de las vacunas.

Ante ese pretexto, argumentó que en cambio hay una gran inversión en los mecanismos de defensa y propaganda para la causa de Alex Saab, y que esto ha sido develado gracias al trabajo de periodistas y medios de comunicación independientes.

Otros de los temas que abordó Luisa Torrealba fue la situación del conflicto armado en el estado Apure, con presencia de grupos irregulares provenientes de Colombia y que ha dejado un gran número de afectados quienes han tenido que huir para resguardar sus vidas, mientras la respuesta por el sector oficial es la detención de defensores de derechos humanos y de equipos periodísticos que intentaban mostrar lo que sucedía.

Acoso Comunicacional

La intervención de Marcelino Bisbal, director de la revista Comunicación, estuvo por su parte centrada en los distintos medios informativos que han reseñado la trayectoria del acoso a las comunicaciones, con una cronología amplia de las publicaciones que se han manifestado ante esta dura realidad y contra la cual han tenido que batallar los periodistas en Venezuela por más de 22 años.

Bisbal añadió resaltó el importante trabajo desempeñado hasta ahora por las diversas ONG en el país en el área de la investigación y de la libertad de expresión, como Espacio Público, dirigido por Carlos Correa, el Instituto Prensa y Sociedad y, coordinado por Andrés Cañizález, Medianálisis, con su enfoque de comunicación para la democracia.

Pese a los esfuerzos independientes realizados para rescatar la comunicación y la información, en el país existe una gran cantidad de leyes y reformas que regulan el trabajo periodístico.

Ante ello, el periodista e investigador asegura que “todo este marco normativo, intimidatorio, genera censura y autocensura”, asimismo afirmó que “no hay otro país en América Latina que cuente con tanta jurisprudencia y que regule de manera directa e indirecta el sector de las comunicaciones”.

El profesor Marcelino Bisbal preparó un texto que tituló Asalto Inminente, debido al hostigamiento por parte del Gobierno a la libertad de prensa. Entre sus líneas expuso que “la democracia no puede ser tangible sin la existencia de medios de comunicación libres e independientes de cualquier forma de poder y, especialmente, de la autoridad gubernamental”.

En este mismo sentido, Bisbal condenó que el proceso político que gobierna al país se ha dado a la tarea de desmontar y de asaltar al sistema comunicativo e implantar un nuevo orden comunicacional.

Desvanecimiento de la prensa escrita

Otro de los panelistas invitados a las “Jornadas de Libertad de Comunicación” fue el periodista e investigador Andrés Cañizález, miembro fundador y director de general de la Asociación  Civil Medianálisis, quien recordó la importancia de los periódicos para la sociedad.

Cañizález recordó que, por años, los tabloides cumplieron la función social de organizar y contar los acontecimientos que se generaban en el país.

Advirtió que el fenómeno que implica la desaparición de la prensa escrita, no se trata de un accidente, sino de una decisión oficial del Gobierno de dejar al país sin información, y a su juicio, responde más bien a un interés político.

Informó que según el reporte del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), entre el año 2009 y 2013, desaparecieron 6 periódicos y, luego, entre ese último año y 2021 han cerrado 104 tabloides, de los cuales 50 se mantienen en formato digital de una página web y 3 de ellos informan por redes sociales.

Ante este claro golpe a la libertad de prensa, el periodista Andrés Cañizález, comentó que el Gobierno ha dejado a millones de venezolanos sin la posibilidad de contrastar con otra fuente lo que dice el discurso oficial, dejándolos a merced del espectro de radio y televisión pública, debido a la falta de internet y la televisión por cable.

Andrés Cañizález comentó que 10 estados del país no tienen ningún medio escrito, como los casos de Apure, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Zulia, Amazonas, Cojedes, Delta Amacuro. Para el investigador los periódicos que quedan en el país son de carácter simbólico.

Finalmente, Andrés Cañizález sentenció que “un país sin periódicos, sin prensa independiente, será víctima de la desinformación”.

Defiende Venezuela exige a Cuba protección para Luis Otero Alcántara
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al integrante del Movimiento San Isidro
Las ONG Cubalex, Article 19, Civil Rights Defenders y Defiende Venezuela emitieron un llamado

Tras el continuo hostigamiento, persecución, detenciones y actos de violencia por parte de los agentes estatales al Movimiento San Isidro (MSI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 20 de sus integrantes, por considerar que se encuentran en grave riesgo de daño irreparable, entre esos miembros se encontraba incluido Luis Manuel Otero Alcántara.

Las ONG exponen que desde el mes de noviembre del 2020, Otero Alcántara ha sido víctima de varias acciones represivas por parte del Estado cubano. Las acciones contra Otero Alcántara no solo se han mantenido, sino que se han recrudecido. Durante los últimos 4 meses, ha sido detenido arbitrariamente 10 veces. La mayoría de las detenciones han durado menos de 24 horas, durante las cuales el paradero de Otero Alcántara ha sido desconocido por las autoridades del Estado. Ocho de las 10 detenciones ocurrieron en días consecutivos, entre el 16 y 24 de abril, cuando Otero Alcántara se disponía a salir de su casa. 

Asimismo, informan que, desde el día 25 de abril de 2021, Otero Alcántara se encuentra en huelga de hambre y sed. Sus demandas concretas para detener la muerte paulatina de su cuerpo no son más que la exigencia del respeto y garantía de los Derechos Humanos a los que está obligado el Estado cubano de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estas demandas incluyen: 

  1. Levantamiento del cerco policial en el que permanece desde noviembre de 2020, así como la erradicación del estado de sitio como práctica para impedir el libre tránsito de los artistas, periodistas y activistas. 
  2. Devolución de sus obras de arte e indemnización correspondiente por el daño que les han ocasionado a las mismas. 
  3. Respeto al ejercicio de las libertades artísticas de manera plena de todos los artistas cubanos. 

Durante 7 días la seguridad del Estado impidió que familiares y amigos se acerquen a Otero Alcántara. Incluso, no permitió que recibiera asistencia religiosa.

Actualmente, Otero Alcántara se encuentra recluido en un centro hospitalario administrado por el Estado y controlado por los órganos del Ministerio del Interior que constantemente violentan sus derechos fundamentales.

Las organizaciones acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que, como órgano encargado de la promoción y protección de los derechos humanos, emita un comunicado de prensa, a fin de requerir al Estado cubano que cumpla con las medidas cautelares en favor de Luis Manuel Otero Alcántara.

Los solicitantes han resaltado que el Estado ha incrementado el hostigamiento contra Otero Alcántara y las personas que lo apoyan, a la par que ha garantizado impunidad tanto a agentes del Ministerio del Interior y funcionarios públicos, como a particulares que, en contubernio con las autoridades, han violentado sistemáticamente sus derechos.

 

Médicos Sin Fronteras brinda atención médica relacionada a COVID-19 en el estado Bolívar
Un equipo multidisciplinario de 25 personas ha sido dispuesto para atender a pacientes de COVID-19 en el Municipio Sifontes del estado de Bolívar, para robustecer el sistema de salud en el marco de la pandemia

 

En respuesta al aumento de casos de COVID-19 en el municipio Sifontes del estado de Bolívar, la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF), junto con el Instituto de Salud Pública y otras autoridades locales, ha puesto en marcha un plan de respuesta para atender la creciente demanda de atención médica. Con esta colaboración, MSF brinda atención a personas que viven en zonas mineras afectadas por el coronavirus y otras condiciones de vulnerabilidad, al tiempo que apoya a un frágil sistema sanitario que está funcionando al máximo de su capacidad debido al repunte de la enfermedad.

“En estas áreas el sistema de salud ya era frágil antes de la pandemia y son muchos los retos en una zona minera donde hay una gran movilidad de personas y un acceso limitado a los servicios básicos como el agua y el saneamiento. Con el reciente aumento de casos de COVID-19 las estructuras sanitarias ya están funcionando al máximo de su capacidad”, explica Jean Hereu, Coordinador General de MSF para los proyectos de los estados Bolívar y Anzoátegui. “Con nuestra intervención y colaboración junto a las autoridades de salud, pretendemos reforzar las estructuras sanitarias locales en Tumeremo y Las Claritas y dar una respuesta oportuna a los venezolanos”, agrega.

MSF trabaja en el Hospital José Gregorio Hernández de Tumeremo, principal ciudad del municipio, para atender a personas con síntomas de COVID-19. Cuando comenzó la pandemia en 2020, la organización realizó reestructuraciones y acondicionamientos, que permitieron organizar un flujo seguro de pacientes y la hospitalización de aquellos con síntomas moderados. Cuando los casos aumentaron significativamente en la zona durante los meses de febrero y marzo de este año, MSF ayudó a aumentar la capacidad de cinco camas de hospitalización a 16 camas que están operativas en este momento.

Asimismo, la organización presta apoyo al CDI (Centro Diagnóstico Integral) de Tumeremo, a través de insumos médicos y la ampliación de la capacidad de asistencia con oxígeno, para quienes presentan síntomas graves. Esto evita el traslado de pacientes a los hospitales centinelas del estado, que están sobrecargados con una alta ocupación. En el Hospital de Tumeremo, los equipos han examinado a unas 1.300 personas y atendido a otras 700, a través del sistema de triaje. MSF también ha apoyado la hospitalización de más de 50 pacientes con síntomas leves y moderados.

Por otra parte, en el ambulatorio de Santo Domingo, ubicado en el poblado minero de Las Claritas, el equipo ha diseñado e implementado áreas especiales de tamizaje y triaje para evaluar a las personas de la comunidad que presentan síntomas de COVID-19. También ha establecido un área específica para la atención y tratamiento de casos leves, a la vez que se han dispuesto concentradores de oxígeno que permiten asistir a pacientes que requieran una oxigenoterapia y observación prolongada.

Los pacientes son recibidos por un equipo médico en el ambulatorio y son entrevistados rápidamente sobre sus síntomas para evaluar si es preciso realizar una prueba PCR. Si en efecto es necesario y el diagnóstico da positivo a COVID-19, el paciente es acompañado al área de aislamiento para su evaluación, estabilización y atención médica. Desde que se inició esta intervención especial en Las Claritas en febrero, un equipo multidisciplinario de MSF, junto con el personal del ambulatorio, compuesto por médicos, enfermeras, higienistas y promotores de salud, ha examinado a más de 800 pacientes, mientras que vio a otros 200 a través del triaje.

Además de los servicios de atención médica relacionados al COVID-19, los equipos de promoción a la salud brindan información sobre cómo prevenir la enfermedad y cómo actuar en caso de presentar síntomas o sospecha de infección de COVID-19 en la comunidad.  Asimismo, tras conocer de un caso positivo de coronavirus, los equipos buscan activamente otras posibles infecciones para llevar a cabo la vigilancia epidemiológica y romper con la propagación de la enfermedad.

Notas para el editor: MSF está presente en el estado Bolívar desde el año 2015 cuando comenzó a trabajar en el Municipio Sifontes junto al Programa Malaria, el Instituto de Salud Pública y las autoridades locales, para reducir el número de casos de malaria a través de tres ejes fundamentales: diagnóstico y tratamiento, control vectorial y promoción de la salud. Solo en el 2020, los casos de malaria fueron reducidos en un 40% con respecto año anterior, en las zonas donde MSF tiene presencia.

En Venezuela, MSF ha adaptado sus operaciones en respuesta a la emergencia sanitaria del COVID-19, intentando de dar prioridad a la población más vulnerable que asiste en diferentes programas de la organización en Anzoátegui, Amazonas, Bolívar, Sucre, Táchira, Miranda y el Distrito Capital y que padecen otro tipo de enfermedades. MSF es una organización médico-humanitaria imparcial, neutral e independiente con presencia en más de 70 países. El 100% de sus fondos provienen de donaciones particulares alrededor del mundo.

Justicia, Encuentro y Perdón dice que hay 344 presos políticos en Venezuela
161 son miembros de la sociedad civil y 155 integrantes de la Fuerza Armada Nacional

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón informó este lunes 3 de mayo que un total de 344 personas continúan detenidas en Venezuela por razones políticas, 6 más que el último dato publicado por la organización a finales de marzo.

En su reporte mensual, la ONG detalló que del universo de detenidos, 322 son hombres y 22 son mujeres. Además 161 son miembros de la sociedad civil, 155 integrantes de la Fuerza Armada Nacional, 19 exfuncionarios de cuerpos policiales, 8 corresponden a organizaciones con fines políticos y 1 comunicador social.

Para JEP continúa siendo preocupante el gran número de detenciones con fines políticos, particularmente en un contexto signado por el empeoramiento de las condiciones de reclusión, de acceso a la justicia y a la defensa, tal como han denunciado detalladamente en los informes periódicos que se encuentran disponible en la página web de la organización.

Jornadas de Libertad de Comunicación: Un espacio para disertar sobre la libertad de prensa en Venezuela
La Asociación Civil Medianálisis y el Centro de Investigación de la Comunicación UCAB se unen para presentar un ciclo de conversatorios en marco del mes de la Libertad de Prensa

 

Con motivo de la celebración del mes de la Libertad de Prensa, el Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAB y la Asociación Civil Medianálisis se unen para presentar las “Jornadas de Libertad de Comunicación”, un ciclo de conversatorios vía Zoom y Facebook que tienen como objetivo analizar el entorno mediático en el país.

Esta semana conmemorativa comprende el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, el Día Mundial de Internet, el 17 de mayo, y el 27 de mayo, un nuevo aniversario del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV).

El primero de estos conversatorios, está previsto para el próximo 3 de mayo y tendrá como invitados a los periodistas Luisa Torrealba, Marcelino Bisbal y Andrés Cañizález, quienes ofrecerán una disertación sobre la mordaza, opacidad y manipulación del ecosistema mediático en Venezuela.

Inscríbete aquí: http://bit.ly/libertad-de-prensa

El 17 de mayo, cuando se celebra el Día Mundial de Internet, las periodistas Johana Pérez Daza y Elizabeth Safar conversarán junto a Humberto Jaimes sobre las brechas comunicacionales en el país.

Inscríbete aquí: https://bit.ly/2RdfFQF

Finalmente, el 27 de mayo, los periodistas Isnardo Bravo y Laura Castellanos en compañía de León Hernández, harán alusión a la historia que se cerró con la medida impuesta a RCTV, canal que por 53 años dominó buena parte de la pantalla chica nacional.

Inscríbete aquí: https://bit.ly/3eF2eRK

Los instrumentos de censura y control comunicacional han dejado a los venezolanos a oscuras y con una visión sesgada de la realidad, sin embargo, el periodismo y medios independientes en Venezuela continúan su lucha por informar en medio del contexto actual.

Para más información @medianalisis en Twitter, Facebook e Instagram; también a través de www.medianalisis.org

Profesores universitarios no tienen para pagar tratamientos médicos
De acuerdo al Observatorio de Universidades 72% de los docentes no logra adquirir medicamentos con regularidad

Jesús Mata Vallenilla dedicó 40 años de su vida a la formación de médicos en el área de psiquiatría en la Universidad Central de Venezuela (UCV). A la par de la UCV, Mata prestó servicios como psiquiatra durante 3 décadas en la Maternidad Concepción Palacios, donde pudo desarrollar una línea de investigación sobre problemas neurálgicos y genéticos de la mente en las embarazadas, un tema poco conocido en el país que le permitió publicar más de 20 artículos.

Cuando le diagnosticaron cáncer de colon en 2017, el profesor Mata se vio obligado a jubilarse de las aulas. No quería hacerlo porque sentía como un deber moral seguir enseñando lo que sabe. Pocos años antes, se retiró de la maternidad.

Luego de tanto tiempo de prestar servicios a su país, con lo que paga el Gobierno por su jubilación de la universidad y la maternidad, más la pensión del Seguro Social, el profesor Mata Vallenilla no puede ni alimentarse ni comprar medicinas para su tratamiento médico.

En el informe comparativo (2018-2019) sobre las condiciones de vida y trabajo de los miembros de comunidad académica, realizado por el Observatorio de Universidades (OBU) en el estado Lara, (la situación socioeconómica en cuanto a ingresos y calidad de vida no varía por estados, ya que los ingresos son los mismos para todo el país), se lee que “en 2018 apenas el 28 % de los profesores indicó conseguir siempre o casi siempre los medicamentos; el 37 % a veces lo conseguía y el 29 %, muy pocas veces. El 6 % nunca. De esta forma el 72% no logró adquirir los medicamentos con regularidad”.

Al año siguiente, la situación no mejoró para los docentes. “En 2019 esta tendencia sigue siendo signi­ficativa debido a que 79 % tiene mayores di­ficultades para conseguirlo, es decir, la mayoría”, dice el referido informe. Aunque en los dos últimos años, sí han aparecido varias de las medicinas que requiere el personal de las universidades, con los salarios que ganan profesores, empleados y obreros no pueden adquirirlas, por lo que se ven obligados a buscar otras formas de ingreso tanto para comer como para atender su salud.

Los sistemas de previsión social son cosa del pasado

Al profesor Mata Vallenilla, quien tiene 79 años de edad, se le han hecho dos operaciones para atacar el cáncer de colon. Una primera en febrero de 2017 y la segunda, en febrero de 2020. En esta última, en vista de que había un adenocarcinoma, le fue extraído todo el colon, lo que trajo como consecuencia una diarrea crónica que limita su calidad de vida. Hace 17 años, Mata Vallenilla presentó una hiperplasia prostática benigna que fue intervenida quirúrgicamente, pero con el tiempo se vio afectado el sistema urinario y la vesícula.

Hubo un tiempo en el que los profesores y demás trabajadores de las universidades contaban con un sistema de previsión social y seguros médicos que garantizaban la cobertura de servicios de atención con especialistas y las emergencias. Nada de eso existe hoy, el sistema centralizado del Sismeu es muy limitado. Mata, o, para ser más precisos, su familia, debe afrontar la pesada carga del tratamiento.

En un informe médico realizado al doctor Mata en enero de 2021, se lee que el paciente presenta múltiples “adenopatías a nivel gangliocervical III, IV y V izquierdo” la de mayor tamaño en este último. También, una “incipiente ectasia de la vía biliar intrahepática izquierda” y un “quiste bosniak I en el polo inferior del riñón derecho”.

El tratamiento que toma para sus problemas prostáticos, gástricos y urinarios le ha generado osteoporosis que está afectando su dentadura, lo cual no es para él un problema tan serio como el de costear sus medicinas, cuyos precios varían de un mes a otro.

“Mi caso es muy bravo, estoy tomando una serie de medicamentos y resulta que eso me causó una periodontitis, los dientes que se me están cayendo”, dice el profesor Mata. En promedio, con sus dos jubilaciones y la pensión del Seguro Social, este docente retirado percibe unos 6 o 7 dólares al mes. Una sola de sus medicinas, la Levosulpirida o el ácido fólico cuestan entre 5 y 6 dólares cada uno. La Levofloxacina, está por el orden de los 11 dólares, mientras que la vitamina D puede conseguirse entre los 3 y 4 dólares.

El doctor Mata no vive de su jubilación, obviamente. Su esposa e hijo le apoyan materialmente en su tratamiento y demás gastos médicos. El profesor tampoco tiene cuenta en dólares. Su amigo, Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, ha hecho algunas campañas y sus compañeros de promoción así como algunos ex alumnos que viven en el extranjero han intentado ayudarle, pero no encuentran la manera de transferirle porque para los venezolanos como Mata es prácticamente imposible abrir cuentas bancarias fuera del país.

“Tengo 53 años vinculado a la Universidad Central de Venezuela, primero como estudiante, luego como interno en el Hospital Universitario. Hice la especialidad, y más 40 años estuve dando clases. Me han pasado una cantidad de cosas que nunca me había imaginado”, dice este docente universitario venezolano.

El general Poggioli es sometido a hostigamiento sistemático pese a medidas de la CIDH
La CIDH recomendó a Venezuela en el mismo informe reparar íntegramente las violaciones cometidas contra el general

El general retirado Ovidio Poggioli nuevamente es víctima de hostigamiento sistemático y acoso institucional por parte del gobierno socialista de Nicolás Maduro.

De acuerdo con una nota de prensa, el general Poggioli fue detenido el domingo 25 de abril de forma arbitraria cuando ingresaba al país tras un viaje de revisión médica, por el tratamiento de un cáncer del cual fue operado hace al menos un año.

Este hecho ocurre a pesar que el pasado 31 de diciembre del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó el “Informe de Admisibilidad y Fondo” en el caso Nº 13.310, sobre Ovidio Poggioli.

Según el informe, el régimen violentó al general Poggioli sus derechos “a la integridad personal, a la libertad, las garantías judiciales, su protección a la honra y dignidad y a la protección judicial”, contenidos en los artículos 5.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 11.2 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por Venezuela.

 

Además, la CIDH recomendó a Venezuela en el mismo informe reparar íntegramente las violaciones cometidas contra el general, debiendo dejar sin efecto todos los procesos judiciales y sentencias condenatorias en su contra en la jurisdicción penal militar, suprimiendo todos esos procesos y sentencias de sus antecedentes penales.

De igual forma el Informe recomendó a Venezuela que dispusiera de medidas de no repetición de las violaciones cometidas en contra del general Poggioli, incluyendo en forma rotunda que la jurisdicción penal militar solo puede utilizarse para juzgar a militares en ejercicio de sus funciones, pero jamás para juzgar a militares en situación de retiro.

El informe fue puesto en conocimiento de las autoridades venezolanas y, en lugar de retractarse, continúa con su persecución, utilizando a los organismos de seguridad del Estado para acosarlo institucionalmente, y continuar violando sus Derechos.

Según la nota de prensa, el general se mantiene “secuestrado por el régimen”, pues se desconoce su ubicación y los motivos de su detención.

Sindicalistas denuncian que Maduro e Istúriz dejan morir de mengua a maestros contagiados de Covid-19
Aseguran que los sueldos no alcanzan para realizarse un simple examen hematológico

Sindicalistas del magisterio relataron cómo día a día reciben mensajes de colegas docentes contagiados de #Covid-19 los cuales no tiene recursos económicos para enfrentar esta mortal enfermedad, no recibiendo ningún tipo de apoyo por parte del Gobierno de Nicolás Maduro algo que ha dejado a muchos educadores muriéndose en sus casas sin recibir el tratamiento necesario. Asimismo revelaron que la gestión de Aristóbulo Istúriz dejo al gremio en plena pandemia sin seguro médico y con un mísero salario.

Gricelda Sánchez, secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, calificó de criminales las políticas de Maduro e Istúriz hacia los docentes venezolanos, donde con los sueldos miserables no tengan para realizarse un simple examen de hematológica. “Enfermarse para un docente es casi una sentencia de muerte ya que desde 2018 se podría decir que no tenemos salario, el Gobierno no insulta depositándonos mensualmente la pírrica suma de tres dólares que para colmo la pagan con retraso desde la implementación del sistema patria, lo cual no nos alcanza ni para la comida del día”, indicó.

Sánchez aseguró que los maestros venezolanos están totalmente desamparados en medio de una pandemia, al no contar con un Plan de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM) o de servicio funerario. “En nuestro caso Aristóbulo Istúriz nos dejó sin un seguro médico eficiente, poniendo a los docentes con Covid-19 a morir de mengua en hospitales destruidos, hemos recibido información de colegas fallecidos por el mortal virus y que no recibieron la asistencia médica necesaria para salvarles la vida”.

La vocera de la asociación civil para la Formación de la Dirigencia Sindical (FORDISI), señaló que a los maestros venezolanos se les está violando el derecho a la vida, y eso que demostrado cuando la dirigencia magisterial recibe todos los días de maestros fallecidos víctimas del Covid-19 y otras enfermedades los cuales se murieron si ningún tipo de apoyo del Ministerio de Educación. Los trabajadores de la educación son condenados a muerte por Maduro e Istúriz”, declaró.

 En Caracas los docentes con Covid-19 son maltratados

Al respecto Herneidis Campos, docente caraqueña quien padecido de coronavirus , relató cómo el virus la puso al borde de la muerte terminando con una neumonía grave, pero durante toda esta esta no recibió apoyo ni del Ministerio de Educación o del Gobierno de Distrito  Capital en los cuales laboro desde hace años. “Fueron incapaces de ayudarme ni con una inyectadora, salve mi vida gracias familiares quienes hicieron magia para conseguirme el tratamiento. Solo en exámenes llevó más de 50 dólares faltándome varios por hacerme y aún más grave no tengo para el nebulizador ya que sin él puedo entrar en crisis y perder la vida”, exclamó.