Crímenes sin Castigo | Expansión criminal (I/II), por Javier Ignacio Mayorca - Runrun
Crímenes sin Castigo | Expansión criminal (I/II), por Javier Ignacio Mayorca
Las grandes bandas del país han internacionalizado sus operaciones, ocultas en el éxodo masivo de los últimos años

 

@javiermayorca

El éxodo masivo propiciado por el régimen de Nicolás Maduro ha ocasionado una internacionalización de la criminalidad que antes se encontraba confinada en el territorio de Venezuela. En esta entrega se tratará solo el aspecto del delito violento, y se dejará el otro para la siguiente edición.

Desde la primera década del siglo XXI, Venezuela figura entre los países más peligrosos del hemisferio occidental. Así lo revelan los estudios periódicos del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV). En su última comparación, presentada el 29 de diciembre, Venezuela continúa como la nación más violenta de Latinoamérica, con una tasa de 45,6 muertes por cada 100.000 habitantes.

De igual forma, la ONG mexicana Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal ha advertido que tres de las ciudades con las mayores proporciones de homicidios por población del mundo están en Venezuela: Caracas, Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar.

Estos indicadores no son nuevos. De hecho, si son comparados con los que emitían esas mismas organizaciones hace una década sería fácil deducir que la criminalidad venezolana tarde o temprano se desparramaría por los países vecinos, e incluso iría más allá del Atlántico. Esta fue la idea central que se puso sobre el tapete en un trabajo publicado en este mismo espacio, en abril de 2016, titulado Hampa for export.

Desde entonces hasta el presente la expansión de la criminalidad violenta venezolana se ha agudizado, solapada entre las oleadas de emigrantes que huyen de la crisis humanitaria compleja. Según la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), han salido del país casi 5,5 millones de personas, contadas a partir de 2017.

La delincuencia violenta es la que más preocupa a los países anfitriones o de llegada. La otra criminalidad, la de cuello blanco, ya había expandido sus operaciones mucho antes que se verificara el éxodo masivo de venezolanos. Los discursos antiemigrantes que hemos escuchado últimamente en Perú, Chile y en la Bogotá de la “progre” Claudia López esgrimen como argumento la participación de venezolanos en delitos callejeros.

Les molestan los ladrones de joyerías, los asaltantes de turistas y los jíbaros del Bronx bogotano. Nada dicen sobre los capitales sucios que llegaron mucho antes a sus bancos, o que sirvieron para mantener a flote sus industrias.

Ese delito no golpea en la calle, pero sí se pasea por las escuelas de equitación y en los salones de subastas.

El caso más notable de expansión criminal violenta afuera del país ha sido el del llamado Tren de Aragua, una agrupación delictiva que tiene su epicentro en el internado judicial de Tocorón (Aragua). Su líder reconocido Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, es señalado como el principal reo de esa instalación, cuya población supera los 7000 reos. La banda comenzó en los primeros años del siglo XXI con el robo de vehículos, secuestros y extorsiones en el centro del país. En julio de 2020, autoridades peruanas reportaron la detención de uno de sus integrantes, cuando hacía planes para trasladarse a Venezuela para asesinar a dos personas y regresar a Lima.

De acuerdo con el director ejecutivo de InSightCrime, Jeremy McDermott, hay individuos o células de esta banda en Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, donde se dedican al tráfico de drogas, el sicariato y la extorsión a los emigrantes que intentan cruzar la frontera a través de los pasos informales, o trochas.

El 17 de diciembre, funcionarios de la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Fiscalía colombiana detuvieron en Medellín a Freddy González, señalado de ser el cabecilla de la organización aragueña en la ciudad fronteriza con San Antonio del Táchira. Según el reporte del rotativo La Opinión, González se había ocultado en la capital de Antioquia luego de matar a otro venezolano, en abril de 2020. En ese tiempo, cambió su aspecto físico dejándose la barba y aumentando notablemente de peso.

Colombia ha sido el país más impactado por el éxodo masivo desde Venezuela. Los 2200 kilómetros de frontera permiten un paso relativamente fácil de un lado a otro, ya sea cruzando los puentes internacionales o los caminos informales, dominados por organizaciones criminales. Según la autoridad migratoria de ese país, para finales de 2020 permanecían en territorio neogranadino 1,7 millones de venezolanos. De ellos, más de 900.000 se encuentran en situación irregular.

“La vulnerabilidad de los emigrantes se ha incrementado por la pandemia del covid-19, lo que ha potenciado el reclutamiento y la explotación de venezolanos por el crimen organizado”, explicó McDermott.

Pero el Tren de Aragua no es la única megabanda con presencia en el exterior. Según McDermott, dos grandes clanes surgidos en Zulia, los Leal y los Meleán, trasladaron sus conflictos a las ciudades colombianas de Bogotá y Barranquilla, dejando una estela de muertes en ambas ciudades. En noviembre de 2020, autoridades colombianas ultimaron al líder de la primera organización, Willy Meleán, durante un operativo en Bogotá. El ministro de la Defensa colombiano para el momento, Carlos Holmes (ya fallecido), indicó que Meleán tenía tres órdenes de captura cursadas a través de Interpol.

Uno de los grandes beneficiados por esta operación policial fue el sargento expulsado de la Guardia Nacional Erick Alberto Parra, alias Yeico Masacre, quien desde Colombia ha intentado apoderarse de los espacios de extorsión y sicariato que antes ocupaban los Meleán, tanto en ese país como en Zulia.

McDermott afirmó que una de las actividades con mayor incremento durante los últimos meses ha sido el uso de venezolanos como “pasadores” o mulas de droga hacia Venezuela. Luego, los alijos son consolidados en caletas ubicadas en territorio nacional y enviados con lanchas go fast hacia islas del Caribe como Aruba y República Dominicana, o hacia Europa, luego de ser entregadas a navegantes de buques de mayor calado.

Transformación del delito

Desde la publicación de Hampa for export en 2016 hasta ahora, algunos grupos de delincuentes comunes venezolanos han refinado sus actividades, tratando de aprovechar las oportunidades que planteaba el éxodo de sus connacionales, en un contexto de pandemia, tal y como lo observó la investigadora de la Universidad Católica del Táchira, Ana María Rondón.

Ya no se caracterizan solamente por ejecutar robos u homicidios. Ahora, tratan de intervenir en actividades más sofisticadas como el tráfico de emigrantes, a menudo en condiciones precarias.

En diciembre, el fiscal del régimen, Tarek William Saab, admitió que habían muerto 28 personas al zozobrar dos lanchas que hacían viajes clandestinos entre Güiria (estado Sucre) y el puerto de San Fernando, en Trinidad. Por este caso, permanecen detenidos siete efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y dos civiles, señalados de participar en la organización de tráfico de emigrantes.

En los límites con Colombia, desde 2018 los venezolanos disputan el control de algunos pasos informales o trochas. La situación es todavía caótica en esos caminos, lo que según el director de Fundaredes Javier Tarazona ha propiciado el asesinato de 39 personas solo en 2020. Otras seis han fallecido en lo que va de año.

Pero estos procesos de organización criminal en torno a los venezolanos aún no se han estabilizado, y probablemente tardarán mucho en llegar a ese nivel. Por ahora, la población venezolana en Colombia viene a ser la minoría extranjera más vulnerable. Las cifras del servicio de Medicina Legal de ese país revelan una violencia creciente contra los venezolanos. En 2019 murieron 367 emigrantes. En 2020 la cifra se elevó a 399. La pandemia no impidió que la violencia se elevara 8 % entre ambos años. Y en enero perdieron la vida otros 77.

Según el director del Observatorio Venezolano del Delito Organizado, sociólogo Luis Cedeño, “algunas redes han evolucionado y migrado de actividad, para aprovechar la vulnerabilidad de la población”.

Cada contexto amerita un análisis particular. En el caso de Güiria, afirmó Cedeño, se trata de organizaciones dedicadas al traslado de personas, que también podrían estar ligadas a la explotación sexual o laboral de los emigrantes en los países de destino.

Indicó que estas estructuras ilegales se han consolidado gracias a que Maduro se perpetúa en el poder.

“Maduro representa la estabilidad para este modelo criminal. Siempre habrá una relación de simbiosis o dependencia entre estos grupos e instancias del Estado”, advirtió.

Dijo que la admisión de lo ocurrido en Güiria y casos similares reportados entre Falcón y las Antillas Neerlandesas “deja al Gobierno sin excusas”, y probablemente lo obligue a actuar para mitigar una situación que lo expone negativamente ante la comunidad internacional.

“Sin embargo, por lo visto sabemos que la estabilidad del gobierno representa la estabilidad para estas redes”, concluyó.

Breves

Por lo menos cincuenta personas murieron linchadas en Venezuela durante 2020. Las cifras de la policía judicial, conocidas extraoficialmente, indican que la mayoría de los casos ocurrió en Bolívar (14), Monagas (9) y Anzoátegui (6). En el municipio Libertador de Caracas fueron contados cinco casos, que tuvieron escasa visibilidad en virtud de las limitaciones impuestas al trabajo periodístico. En los linchamientos, un grupo de personas arremete contra un individuo, y lo golpea y hiere hasta quitarle la vida. Generalmente, son hechos poco planificados e impregnados de iracundia hacia una persona que es percibida por los agresores como responsable de delitos atroces, como violaciones o asesinatos de víctimas indefensas.

Los linchamientos son estimulados por la impunidad.

Y eso va en dos vías: la percepción de que los órganos de justicia no serán efectivos para sacar de las calles a un delincuente, e igualmente la convicción de que nadie será responsabilizado si ese delincuente es ultimado mediante una acción colectiva. En 2020, los linchamientos representaron el 1,05 % del total de homicidios (sin contar los casos de “resistencia a la autoridad”), mientras que en 2019 fueron 0,78 % del total. En otras palabras, el peso estadístico de los linchamientos se incrementó el año pasado, a pesar de la pandemia, o quizá gracias a ella.

Una corte estadounidense acogió la moción del hijo de una víctima de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el sentido de que le sea pagada una compensación por daños y perjuicios contra fondos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) congelados en la banca de ese país. La decisión fue emitida el 20 de diciembre de 2020 por el magistrado de la Corte del Distrito Oeste de Nueva York Lawrence Vilardo, quien consideró debidamente probado el hecho de que la estatal petrolera venezolana es un instrumento de la guerrilla colombiana, según los extremos fijados por el Acta de Seguros contra Riesgos del Terrorismo (TRIA, por sus siglas en inglés). Este proceso empezó en 2012, cuando Antonio Caballero demandó en un juzgado de Florida al referido grupo subversivo, e igualmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al cartel del Norte del Valle por el secuestro, las torturas y el asesinato de su papá homónimo, en 1999. En mayo de 2020, el juez distrital Michael Moore sentenció que Caballero podría recibir una compensación de 45 millones de dólares. Luego, el propio demandante movió el proceso a la corte neoyorkina para hacer efectiva la decisión emitida en Florida, a sabiendas de que unos fondos de Pdvsa permanecen congelados en el M&T Bank Corporation de Buffalo.

En su solicitud, Caballero consignó testimonios de expertos como el investigador Douglas Farah, quien reveló ante una comisión del Senado de ese país que dos subsidiarias de Pdvsa, Albanisa de Nicaragua y Alba Petróleos de El Salvador son “elementos clave en la estructura financiera internacional de las FARC”.

En el expediente, además, se consigna una declaración jurada de Joseph McBrian, un exdirector de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) quien señaló que fueron usados fondos de Pdvsa para adquirir armas de China, y que parte de ese cargamento fue entregado a las FARC. “Pdvsa es, por ende, un instrumento de las FARC”, sentenció el juez Vilardo.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es