El Nacional, autor en Runrun

El Nacional

300 waraos migraron a Brasil en la primera semana de 2021
Las principales causas son aumento diario de productos, escasez de gas de doméstico y falta de atención gubernamental

300 indígenas waraos migraron a Brasil durante la primera semana del mes de enero de 2021 debido a la situación de precariedad que atraviesan estas comunidades, de acuerdo con la vocera Toedolinda Moraleda, casica warao de uno de los abrigos de Pacaraima.

Moraleda dijo a la ONG Kape Kape que los indígenas se han visto en la necesidad de huir del país debido al aumento diario de los productos, la escasez de gas de doméstico y la falta de atención gubernamental.

Entre los sectores más afectados de Delta Amacuro están San Francisco de Guayo, Santa Rosa de Araguao, Araguaimujo, Jubasujuru, Cangrejito, Aunaburu, Siawani y Muaina del municipio Antonio Díaz.

“Por aquí casi todos los días están llegando hermanos waraos, llegan caminando y con hambre y rápidamente las autoridades los atienden”, dijo la vocera del abrigo Janokoida, municipio Pacaraima del estado Roraima en Brasil.

Tan solo el pasado viernes 8 de enero, llegaron a Brasil aproximadamente 75 personas, que fueron atendidos por autoridades militares y representantes de la ACNUR pese a que la frontera se encuentra cerrada.

La Defensoría Pública de Brasil detalló que el grupo de indígenas waraos estaba conformado por 23 adultos y 32 niños, entre los que se encontraba una mujer embarazada y 19 personas indocumentadas.

Estas personas fueron ubicadas en los refugios distribuidos en Boa Vista, Pintolandia, Jardin Floreste o Janokoida.

Ley para las personas con discapacidad lleva 14 años sin reglamento
Exigen que el gobierno venezolano ratifique la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Este 5 de enero se cumplieron 14 años de la entrada en vigencia de la Ley para las personas con discapacidad en Venezuela y aún no existe un reglamento que especifique las normas jurídicas para regular las actividades vinculadas a los derechos de personas con discapacidad en el país.

El presidente de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), Juan Ángel De Gouveia, indicó que “la aprobación de este reglamento corresponde tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros órganos del Estado”.

Agregó que en varias oportunidades han surgido esfuerzos para la creación de un reglamento por parte de organizaciones de y para personas con discapacidad y sus familias y, a pesar de ello, aún no se ha promulgado el instrumento regulador, “dejando vacíos y debilidades para el cumplimiento de varios de sus artículos”.

De Gouveia explicó, en una nota de prensa, que no están claras las normas, pautas o principios para poner una sanción o multa; asimismo señaló que se desconoce si hay entes u organismos que incumplen con la Ley de personas con discapacidad, ante la inexistencia de un reglamento que regule la norma y los criterios que puedan usarse para aplicar esta ley.

A su juicio, otro ámbito que debe contemplarse en esta materia es la ratificación, por parte de Venezuela, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que supone un compromiso por parte del Estado en adaptar los marcos legales necesarios.

“La Convención es un instrumento legal supraconstitucional. Debe existir por tanto un proceso de armonización legal que aún no se ha hecho en Venezuela; por este motivo, en nombre de la organización que represento, solicito públicamente a los órganos competentes en la materia, ponerse al día con este compromiso jurídico, y así pueda hacerse cumplir la Ley de personas con discapacidad en Venezuela”.

Por último, dejó claro que Consorven seguirá en la lucha por la defensa de las personas con discapacidad a través del constante monitoreo en el cumplimiento de cada uno de los artículos de la CDPD y más en tiempos de pandemia.

“Ante las irregularidades seguiremos defendiendo los derechos humanos de las personas con discapacidad en Venezuela, hasta lograr la verdadera inclusión y un mundo de oportunidades para todos por igual”, concluyó.

Nuevas normas de legislación ponen en la mira a las ONG
La ANC exige a las organizaciones constituidas fuera del país que certifiquen su inscripción en un Registro Especial

El régimen de Nicolás Maduro ha promovido nuevas normas a la legislación a través de la ilegítima asamblea nacional constituyente que sustentan la persecución del Estado a las ONG y sus directivos.

La asociación civil Acceso a la Justicia denunció esta semana que dos resoluciones atentan contra la libertad de acción, las operaciones y el financiamiento de las ONG.

La primera, aprobada a finales de octubre por al anc, exige a las ONG constituidas fuera del país que diligencien una “certificación” de su inscripción ante un, recientemente creado, Registro Especial. El permiso tiene vigencia de solo un año.

“El objetivo de la norma es vigilar y prevenir el fomento y desarrollo de cualquier actividad que resulte en delincuencia organizada, el terrorismo y su financiamiento, tráfico ilícito de drogas y otras actividades ilícitas”, propone la legislación.

Segundo, involucran a la resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, para la fiscalización de fondos y cuentas de las organizaciones sin fines de lucro por sospechas de los mismos crímenes.

Laura Louza Scognamiglio, directora de Acceso a la Justicia, consideró que ambas resoluciones allanan el camino para el amedrentamiento de las ONG.

“Todo entra en la narrativa oficial de que hay que limitar y fiscalizar los recursos de las ONG. Esas resoluciones permiten esas ‘visitas’ policiales, que son allanamientos disfrazados, bajo la excusa de que deben fiscalizar”, aseveró la vocera y abogada, a la Voz de América.

Señaló que dichas normativas justificaron las recientes acciones contra Alimenta La Solidaridad y Caracas mi Convive y Acción Solidaria, en el mes de septiembre.

Convite: 185 ancianos fallecieron de manera violenta durante el primer semestre del año
28% de las muertes fueron por robo

La organización no gubernamental Convite publicó su informe de Victimización de personas mayores para el primer semestre del año 2020 en el que destacan la cifra de 185 ancianos que murieron de manera violenta en ese período.

44% de los fallecimientos clasificaron como muertes violentas por causas específicas, víctimas de hechos atribuibles al crimen común. 28% de las muertes fueron por robo, el principal motivo de defunciones.

17% de las muertes (31) ocurrieron por descuido, negligencia e impericia. De ellos, la causa más frecuente fue el arrollamiento.

Además, 33 fallecimientos de los 185 ancianos que murieron se atribuyen a la responsabilidad directa del Estado: tratos crueles, inanición o falta de atención. El otro 21% se debe a otros tipos de muerte violenta.

Los hombres conforman la mayoría de los fallecimientos: 144. Aseguraron que las mujeres están menos expuestas a la violencia. La edad modal se ubicó entre 60 y 70 años, con 115 casos, seguidos de aquellos entre 71 y 80 años.

44 de los adultos mayores murieron por accidentes o se quitaron la vida. Hubo 26 arrollamientos a personas de la tercera edad. Por otra parte, los accidentes laborales y domésticos zanjaron 14% de las muertes.

Convite resaltó la muerte de 13 personas que fallecieron tras caerse de árboles, buscando leña o electrocutados reparando algún aparato.

La crisis que se vive en el país se agudizó este 2020 con la llegada de la pandemia generada por el covid-19.

En Venezuela, cientos de adultos mayores han quedado en sus viviendas solos, esto debido a la emigración forzada de sus familiares, que han salido del país huyendo de la emergencia humanitaria compleja, la crisis política y económica.

Hoy en el país las personas de la tercera edad están condenadas a percibir ingresos muy por debajo de lo necesario para cubrir sus gastos médicos, de alimentación o incluso costear los gastos por cuidados que llegasen a necesitar. La pensión es de apenas 1.200.000 bolívares, de acuerdo con el aumento de facto que se implementó el régimen de Maduro.

Denuncian que maestros venezolanos se han quitado la vida a causa de los bajos salarios
Anuncian una concentracion a las puertas del Ministerio del Trabajo  para este 18 de noviembre 

Dirigentes sindicales del sector magisterial denunciaron que en menos de un mes dos maestros se quitaron la vida presionados por sus inhumanas condiciones de vida.

Gricelda Sánchez, secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, develó con indignación como un profesor de El Vigía se lanzó de un puente y el otro docente quien vivía en Guárico se ahorcó.

“Nosotros calificamos de genocidio la situación que vivimos en el sector educativo y la respuesta a esto por parte del ministro Aristóbulo Istúriz y su administración, es hacerse los locos con los pagos realizando ajustes pírricos en los salarios”, dijo.

Sánchez señaló que tras bastidores el gobierno de Maduro decretó un inhumano aumento de salario a los docentes, de apenas 200%, destacando la nula discusión con el gremio educativo y asimos para la fecha no ha sido publicada la decisión en Gaceta Oficial.

“Esta insultante alza salarial ya se convirtió en sal y agua, cuando el dólar sube disparado colocándose ya casi en los 700.000 bolívares. Esto deja a los docentes ante una realidad penosa donde no tienen ni para mantenerse y mucho menos a sus familias”, agregó.

La vocera de la coalición sindical del sector educativo informó que el próximo miércoles 18 de noviembre los maestros se volverán a movilizar a las puertas del Ministerio del Trabajo en la plaza Caracas a las 9:00 am, para exigir salarios dignos y en dólares para los maestros venezolanos. “La protesta la haremos en conjunto con trabajadores de la salud y de otros sindicatos del sector publico quienes le haremos sentir a la dictadura de Maduro la rabia y dolor de los trabajadores venezolanos”, concluyó.

Por su parte, Aulín Marchena, secretaria de organización del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, rechazó el aumento pírrico decidido arbitrariamente por la gestión de Aristóbulo Istúriz y Maduro. “Ese aumento no alcanza para nada, será imposible preparar una cena navideña o darle los estrenos a nuestro hijos, ellos con este sueldo solo nos insultan y nos matan de hambre. Por eso los maestros de los barrios saldremos a la calle este 18 de noviembre al centro de Caracas”.

Preocupa la salud del periodista Roland Carreño
Al comunicador, que sufre de diabetes e hipertensión, no le han hecho una evaluación médica desde que lo detuvieron, cuando le hicieron una revisión en la Medicatura Forense de El Llanito

Al periodista Roland Carreño aún no se le ha hecho una revisión médica, lo cual lo pone en grave peligro por su condición de salud previa: hipertenso y diabético.

María Alejandra Poleo, que forma parte de su equipo de abogados, declaró a El Nacional que a dos semanas de su detención, ocurrida el 26 de octubre, no se ha materializado la decisión del tribunal que pidió en la audiencia trasladarlo al hospital Miguel Pérez Carreño. Tampoco han respondido la solicitud de la defensa, que demandó que lo reconociera su médico de confianza.

“Su mamá ha podido tener acceso a él, le ha llevado comida y sus medicamentos, pero está muy preocupada por su salud”, señaló.

Poleo indicó que a Carreño solo le hicieron una revisión en la Medicatura Forense de El Llanito cuando lo detuvieron.

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Informe de la ONU no ha frenado represión en Venezuela
Designación de Carmen Meléndez en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz no significa un cambio en la política de derechos humanos

Nicolás Maduro no ha frenado su política de violaciones y abusos sistemáticos en Venezuela, a pesar del informe de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas y de la expulsión de Néstor Reverol del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Así lo consideran defensores de derechos humanos en el país.

Liliana Ortega, directora de la organización no gubernamental Cofavic, dijo al periodista a la Voz de América, que tomará al menos un año identificar si en Venezuela ha habido alguna disminución de las violaciones de los derechos humanos.

Manifestó que la salida de Reverol, y la designación de Carmen Meléndez en el cargo, no significa que pueda haber un cambio en la política de derechos humanos. Afirmó que solo investigaciones serias, conclusivas y transparentes, que determinen condenas individuales, evidenciarán un giro.

Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, señaló que después del informe de las Naciones Unidas, que documentó graves violaciones de los derechos humanos y responsabilizó al propio Maduro, comprobaron cierta mejora en algunas cárceles políticas del país, incluida la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

El abogado, sin embargo, descartó que haya disminución la represión.

Tribunal anuló acusación contra los implicados en la muerte de Fernando Albán
La medida se anuncia el mismo día que se cumplen dos años de la muerte del dirigente político mientras estaba bajo la custodia de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro

El Tribunal Vigésimo Noveno en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas anuló la acusación contra los dos ciudadanos implicados en la muerte del concejal Fernando Albán, por lo que reiniciarán la investigación.

“El Tribunal Vigésimo Noveno en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó la nulidad absoluta del acto conclusivo de acusación interpuesto por el Ministerio Público, por violación del artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y falta de cumplimiento de los artículos 262 y 263 del Código Adjetivo Penal, retrotrayendo la causa a la fase de investigación”, indicó el organismo en una nota de prensa.

Asimismo, explicaron que la decisión del juzgado en la causa seguida a los ciudadanos Miguel David Do Santos Rodríguez y Keiberth José Cibelli Moreno, por la presunta comisión del delito de quebrantamiento de obligaciones de custodia, previsto y sancionado en el artículo 267 del Código Penal, donde funge como víctima el ciudadano quien en vida respondiera al nombre de Fernando Alberto Albán, se fundamentó en los artículos 174, 175 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal.

Dos años de la muerte de Fernando Albán

La medida se anuncia el mismo día que se cumplen dos años de la muerte del dirigente político mientras estaba bajo la custodia de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

Las autoridades indicaron que el concejal murió al lanzarse desde uno de los pisos de una sede del Sebin en Caracas. Sin embargo, la oposición denunció que falleció a consecuencia de las torturas que recibió.

Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio, denunció en 2019 ante la Corte Penal Internacional la muerte del militante de Primero Justicia. Aseguró que la autopsia efectuada al cadáver fue practicada por una persona que no tiene credenciales.

El régimen acusaba a Albán de haber participado en un fallido ataque con drones contra Maduro, que ocurrió en agosto de 2018 durante un acto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la avenida Bolívar de Caracas.