El Nacional

“No hay manera de que desaparezcan 1.000 millones de dólares o 500 millones de dólares sin que haya una red nacional, sin que haya un Estado que lo permita o haya una red internacional que la proteja y la haga feliz”, manifestó la directora de la organización, Mercedes De Freitas

Mercedes De Freitas, directora ejecutiva y fundadora de Transparencia Venezuela, señaló que el dinero que ha sido robado en casos de corrupción estatal sería suficiente para liquidar la deuda externa, que asciende a 160 millardos de dólares.

En entrevista con el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, De Freitas destacó el daño que han ocasionado al país las personas que han desfalcado recursos del Estado destinados a mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

Señaló que en los 149 casos de corrupción documentados por Transparencia Venezuela se han desfalcado al menos 64 millardos de dólares. Señaló sin embargo que la cifra puede ser superior, pero la organización no tiene acceso a todos los expedientes de los casos que se manejan.

“La deuda de Venezuela, que es una cosa horrorosa, espantosa, son 160.000 millones. El presupuesto de este año, calculado al dólar de diciembre, era de 9.000 millones de dólares. Estamos hablando de que una parte importante de la deuda (pudo ser pagada). Es una cosa gigantesca, bestial. Cuando hablamos con otros países del mundo, nada se les parece”, afirmó

A su juicio, la debilidad del sistema de justicia permite que la corrupción vaya creciendo junto con la impunidad, pues no se investiga ni responsabiliza a nadie por el dinero que se pierde.

“Hemos calificado la corrupción en Venezuela como sistémica. Eso quiere decir que no es solamente la actitud y las acciones de una persona o un grupo pequeño de personas, sino que el sistema ha creado las condiciones para que quien está cerca del poder (pueda) aprovecharse de lo público y para (que pueda) quedar impune. Hay esa relación entre la corrupción y la impunidad. Los corruptos necesitan que el sistema de justicia sea complaciente o, en el menor de los casos, se haga la vista gorda… Mire para el otro lado”, dijo.

En cuanto al caso de corrupción que se investiga en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), De Freitas calificó de insólito que por años no se investigara lo que estaba pasando, pese a que se hicieron denuncias desde hace años.

“Muchos casos tienen que ver con Pdvsa porque de ahí sale el dinero. La trama que está el fiscal Tarek William Saab denunciando desde el mes de febrero es una trama que viene desde el 2020. Entonces, así de desinformado está el contralor o así de cómplice está el contralor que ha silenciado su voz, que no ha hecho las auditorías que tiene que hacer, que no ha exigido transparencia ni en los órganos nacionales, regionales y municipales, ni en las empresas propiedad del Estado”, expresó.

Refutó que desde hace años Pdvsa no publica su informe de gestión y aun así el gobierno le felicita por su excelente desempeño y gestión.

“No hay manera de que desaparezcan 1.000 millones de dólares o 500 millones de dólares sin que haya una red nacional, sin que haya un Estado que lo permita o haya una red internacional que la proteja y la haga feliz”, manifestó la directora de Transparencia Venezuela.

La organización habla incluso de una red de corrupción internacional en la que Venezuela tiene presencia en al menos 70 países como Argentina, España, Italia, México, Estados Unidos y Colombia.

La organización solicitó una reunión con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, con el objetivo de «conversar y requerir información sobre las actuaciones adelantadas por esta oficina»

La ONG Transparencia Venezuela solicitó esta semana al Ministerio Público que ofrezca una actualización sobre la investigación que lleva a cabo por la presunta trama de corrupción descubierta en la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).

En una carta enviada el pasado 16 de mayo, la organización solicitó una reunión con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, con el objetivo de «conversar y requerir información sobre las actuaciones adelantadas por esta oficina, relacionadas con las tramas de gran corrupción develadas desde el pasado 17 de marzo, que, según sus declaraciones, hasta la fecha han originado 61 detenciones y 172 allanamientos realizados por la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC)».

«De acuerdo con el seguimiento efectuado por nuestra organización a sus declaraciones, estas tramas pertenecen al mismo grupo delictivo, y en el caso de Pdvsa implicaron operaciones paralelas exprofesas, con asignación de cargas de crudo a Sunacrip y a particulares sin ningún tipo de control administrativo, incumpliendo con las normativas de contratación, y durante la comercialización se incumplió con los pagos a Pdvsa, buscando desfalcar a la economía nacional», indicó Transparencia Venezuela en la carta.

La organización señaló que ante la magnitud y el impacto de los hechos sobre la sociedad venezolana, y con el objetivo de evitar la desinformación y contribuir con el control de la gestión pública, el Ministerio Público debe aclarar preguntas como cuál es el monto real del desfalco o el papel que jugaron cada uno de los implicados.

También pidieron a la Fiscalía que explique cómo operó el mecanismo de actos de corrupción conocido como la trama Pdvsa-Cripto, quiénes aprobaron las operaciones y cuál era su objetivo. Asimismo, que se ofrezca información sobre el paradero de cada uno de los detenidos y de los bienes incautados.

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva y fundadora de Transparencia Venezuela, señaló en una reciente entrevista con el programa De primera mano de Radio Fe y Alegría Noticias que el dinero que ha sido robado en casos de corrupción estatal sería suficiente para liquidar la deuda externa, que asciende a 160 millardos de dólares.

Señaló que en los 149 casos de corrupción documentados por Transparencia Venezuela se han desfalcado al menos 64 millardos de dólares. Señaló sin embargo que la cifra puede ser superior, pero la organización no tiene acceso a todos los expedientes de los casos que se manejan.

Justicia, Encuentro y Perdón sugirió a las más de 8.900 víctimas a mantenerse tranquilas y confiadas, pues todo el proceso ante la Corte Penal Internacional es absolutamente confidencial

Tras la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) para que se le permita replicar los testimonios de víctimas que apoyaron la continuidad de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón recordó que toda la información recolectada por la organización es absolutamente confidencial.

«Todo lo recaudado queda bajo la única custodia de los jueces de la Sala de Cuestiones preliminares y de ningún modo será compartido con las autoridades venezolanas. El resguardo y la seguridad de las víctimas ha sido y seguirá siendo observado, respetado y aplicado como una prioridad inobjetable durante todo el tiempo que sea necesario», señaló la ONG en un comunicado publicado en Twitter.

Instaron a las víctimas a mantenerse tranquilas y confiadas, pues desde que la CPI inició la solicitud de formularios con los testimonios estableció que todo el proceso era confidencial.

«Recordamos que para reforzar las medidas de confidencialidad en la comunicación, fue confiada a la sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), para la gestión y manejo de los formularios, además de procesarlos, de generar un informe consolidado para la Sala de Cuestiones preliminares, en cuanto a todos los indicadores encontrados y analizados», indicó la organización.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón aseveró que la reciente solicitud del gobierno de Maduro no es más que una táctica legal con el objetivo de dilatar el procedimiento que lleva a cabo la CPI, con el fin de que no avance.

«Vale la pena acotar que por la contundencia de la información enviada, tanto por el fiscal Karim Khan como por la Sección de Víctimas (VPRS), no queda lugar a dudas de que este proceso, en sus tiempos y en sus formas, irá avanzando de conformidad con las más altos estándares que establece el derecho internacional», puntualizó la organización.

La petición del gobierno tiene fecha del 25 de abril de 2023 y está firmada por el canciller Yván Gil. Piden que se le otorgue un plazo hasta el 30 de mayo para responder al informe de la VPRS, el cual recopila miles de testimonios de las víctimas, que relataron torturas y tratos crueles. De igual manera, el documento recaba los testimonios de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y persecución política.

Familiares salieron del país con la finalidad de conseguir una mejor calidad de vida y obtener recursos para ayudar a los que se quedan en el país

La asociación civil Convite determinó que cerca de 600.000 personas de la tercera edad en Venezuela viven en la soledad ante la migración de sus familiares.

Luis Francisco Cabezas, presidente de Convite, indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que los familiares de los adultos mayores salieron del país con la finalidad de conseguir una mejor calidad de vida y obtener recursos para ayudar a los que se quedan en Venezuela.

Señaló además que esta población percibe con mayor afectación la crisis humanitaria del país, particularmente en las zonas rurales.

Aseguró que la alimentación de los abuelos y abuelas en Venezuela es precaria: «La carne, el pollo y el pescado salieron de sus dietas. A duras penas consumen huevos».

El presidente de Convite agregó que en el caso de la adquisición de medicamentos, todo depende de la patología que presente el adulto mayor.

Cabezas señaló en días pasados que 50% de los adultos mayores se encuentran internados en ancianatos que están abandonados y que sobreviven por la ayuda que reciben en esos centros de atención. Ante esa situación, instó al Estado venezolano a garantizarles el derecho a la alimentación.

“4.500.000 personas se encuentran en franca condición de vulnerabilidad, no solo en el tema de salud, sino también de alimentación. Dada la magnitud, eso precisa de una respuesta de políticas públicas de emergencia para abordar los casos más urgentes, sobre todo para las que viven en soledad”, expresó.

La ONG hizo un llamado al Ministerio Público para difundir número total de oficiales detenidos

La ONG Control Ciudadano denunció que el régimen venezolano está evitando denunciar corrupción dentro de las fuerzas armadas del país por lo que hizo un llamado al ministerio público de difundir el número total de oficiales aprehendidos.

“Son pocos los detalles claros de la investigación y lista de detenidos más allá de confirmar algunos nombres de los capturados y comentarios generales realizados por William Saab, en las ruedas de prensa de estos días en referencia a estos casos” destacan.

Además, hicieron referencia a declaraciones por parte del ministro de defensa, Vladimir Padrino Lopez, cuando el 21 de marzo dijo que oficiales presuntamente incursos en ilícitos de corrupción son investigados por el Ministerio Público.

“Lamentablemente, en tales hechos también figuran algunos profesionales militares que cumplían comisión de servicio en la administración pública nacional, específicamente en PDVSA, quienes han violentado el ordenamiento jurídico, así como las tradiciones y principios éticos que caracterizan a la institución armada, lo que merece el más categórico rechazo”, dijo Padrino.

El hermetismo dentro de esta situación ha sido uno de los aspectos más denunciados por parte de los venezolanos, mientras que el régimen asegura que se encuentran haciendo las investigaciones pertinentes para estos casos.

De las 644 víctimas, 574 fueron hombres y 70 mujeres

Los homicidios en seis estados fronterizos de Venezuela bajaron 34% el año pasado respecto a 2021, al pasar de 979 muertes a 644, según el informe anual de la ONG Fundaredes presentado este jueves.

De las 644 víctimas, 574 fueron hombres y 70 mujeres, detalló la organización, cuyo monitoreo se desarrolla en las regiones Amazonas, Apure, Táchira y Zulia, fronterizas con Colombia; Bolívar, con Brasil -al igual que Amazonas-; y Falcón, que limita con las islas neerlandesas de Aruba, Bonaire y Curazao.

El gerente jurídico de la ONG, Luis Useche, indicó que «una tercera parte de las muertes» fueron «consecuencia de presuntos enfrentamientos entre miembros de la fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados irregulares» con presencia en el país, que Fundaredes calcula en 42, entre ellos integrantes de las disidencias de las FARC y el ELN, y de bandas criminales.

«Supuestos enfrentamientos porque, en muchos casos, las denuncias de los familiares es que en esos enfrentamientos ha muerto población civil que no tenía nada que ver con lo que se estaba desarrollando», dijo el abogado.

Asesinatos, desmembramiento de personas y secuestros

Señaló que, para los «grupos armados irregulares», constituidos por las «organizaciones de origen guerrillero y por las bandas criminales», las fronteras «se convierten en el territorio propicio para el desarrollo de la actividad criminal», como «narcotráfico, tráfico de combustible, tráfico de armas, trata de personas y la esclavitud moderna».

Control Ciudadano dijo que la Fuerza Armada debe hacer pública la tabla salarial

La asociación civil Control Ciudadano solicitó al ministro de la Defensa, general en jefe Vladímir Padrino López, confirmar públicamente si se pide a los militares realizar “emprendimientos” para conseguir recursos adicionales a los de la institución.

A través de videos y audios difundidos en redes sociales, se conoció de una presunta reunión en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el viernes 10 de marzo para tratar el tema salarial. En esta al parecer se consideró el emprendimiento ante la imposibilidad de la FANB de aplicar un aumento.

Ante los rumores de un asunto tan delicado, el ministro debe desmentir o confirmar públicamente la información, considera la asociación civil.

Control Ciudadano reiteró al ministro de Defensa que la Fuerza Armada debe hacer pública la tabla salarial. Agregó que este tipo de información debe mostrarse públicamente, pero permanece opaca desde hace más de una década.

Considera asimismo de carácter público la memoria y cuenta del Ministerio de Defensa, que ha sido imposible conocer desde hace más de diez años.

Son aspectos que refieren al funcionamiento de la FANB y los ciudadanos tienen derecho de acceso a esa información, dice Control Ciudadano.

Oficialismo presentó una denuncia de «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional»

La ONG venezolana Control Ciudadano afirmó este martes que el gobierno de Nicolás Maduro ejerce «políticas» para intentar desacreditar la función de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) tras denunciar «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso» que ponen «en duda» la «imparcialidad y objetividad» del organismo.

«El comunicado claramente indica que el gobierno de Venezuela ejercerá todas las acciones procesales, pero también políticas para intentar desacreditar la función de la Fiscalía de la CPI en el caso Venezuela I», señaló la organización en una nota de prensa.

El gobierno presentó ante la corte un documento en el que denuncia «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI. Incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados» de esa instancia con ONG que «han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto».

El escrito, según un comunicado oficial, «desmiente todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido».

A juicio de la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, con este tipo de comunicados «no se fortalece el criterio de la voluntad y capacidad de las autoridades venezolanas de ejercer jurisdicción y conducir procedimientos genuinos a nivel interno para juzgar crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido en el país, como se había comprometido inicialmente el Estado venezolano».

El fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió al tribunal, el pasado noviembre, autorización para seguir adelante con la investigación. Esta comenzó en 2021 después de que, en el examen preliminar, abierto en febrero de 2018, se detectaran indicios de que se habrían podido cometer crímenes y violaciones de los derechos humanos.