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Ortega Díaz: Padrino López es un hombre clave para las negociaciones

LA FISCAL EN EL EXILIO, Luisa Ortega Díaz aseguró que representantes del cuestionado Gobierno venezolano en el diálogo impulsado por Noruega no negociarán la salida de Nicolás Maduro del poder, a menos que ”estén contra la pared” y no tengan más opción que ceder.

“Yo conozco muy bien a Jorge Rodríguez, ellos no van a negociar su salida del poder a menos que estén contra la pared. Estamos ante unos delincuentes y la única manera que negocien es con esa presión de EE.UU.”, comentó Ortega Díaz en favor de las sanciones que impuso el presidente estadounidense Donald Trump contra todo el círculo cercano de Nicolás Maduro.

Durante la entrevista con César Miguel Rondón, la fiscal calificó a Jorge Rodríguez como un ”hombre perverso”, ya que el ministro del cuestionado Gobierno venezolano, es el líder del chavismo que coloca trabas en las negociaciones entre los representantes de Maduro y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Ortega Díaz afirmó que el único hombre que pudiese lograr una negociación para un cambio político en Venezuela, sería Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. “Hay que hablar con Padrino López, es un hombre clave”, señaló durante la entrevista.

Ortega sostuvo que Padrino López es quien tiene el “control” para acusar a Nicolás Maduro de violar los derechos humanos. 

La fiscal general en el exilio aseveró que Maduro debe ser encarcelado y que las recientes medidas tomadas por la administración de Donald Trump tienen esa intención.

“Nicolás Maduro es un borrego que lo somete Cilia, los militares, los colectivos, los rusos y eso no le pasa a un dictador”, dijo Luisa Ortega sobre las razones que impiden a Maduro de su salida fácil de Miraflores.

Sin embargo, aseveró que los familiares de Cilia Flores quieren zafarse de la situación que atraviesa el círculo cercano de Nicolás Maduro con las sanciones de EEUU. ”Cilia también es perversa”, concluyó.

*Con información de El Pitazo.
 
Ortega Díaz y Bachelet se reúnen para discutir casos de violación a los DDHH

La Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz se reunió con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet para presentarle varios casos de violación a los DDHH en Venezuela.

A través de su cuenta de Twitter, Ortega expresó que la reunión se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, este miércoles 24 de julio y que los casos presentados tendrán “un alto impacto en el examen preliminar que viene desarrollando la Corte Penal Internacional”.

Igualmente el día de ayer martes, 23 de julio, la Fiscal General se reunió en la ciudad de Madrid, España, con el abogado especialista, Blas Imbroda, experto en procesos ante la CPI, “para afinar una estrategia jurídica que impulse definitivamente el inicio de una investigación formal contra la tiranía que azota a Venezuela”.

En la sesión de la Asamblea Nacional del pasado, 9 de julio, se acordó remitir el informe que presentó Michelle Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante la CPI para que se tome en cuenta en la investigación preliminar en contra del régimen de Nicolás Maduro.
 
Luisa Ortega Díaz: Designamos un equipo que investigará asesinato del Capitán Acosta Arévalo

La Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz informó que designó a un equipo para investigar el asesinato del Capitán Rafael Acosta Arévalo, el sábado 29 de junio.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Ortega aseguró que el militar murió producto de torturas durante su “arbitraria detención en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas”.

La Fiscal indicó que el equipo esclarecerá el hecho y determinará la responsabilidad de los autores e imponer las sanciones que correspondan.

Igualmente hizo un llamado al Secretario General de la ONU, a que se pronuncie de manera urgente, “sobre las violaciones a los Derechos Humanos que vienen ocurriendo en Venezuela, especialmente a la muerte de este joven militar, considerando que esta práctica en la actualidad constituye una política de Estado del régimen de Nicolás Maduro”.

Ortega Díaz también solicitará a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, que active medidas cautelares contra Nicolás Maduro “considerando que existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de la competencia de la corte”.

Ortega Díaz denuncia torturas a la pareja de Rodríguez Torres

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, advirtió este jueves 24 de mayo que la pareja de Miguel Rodríguez Torres, a quien identificó como Rocío Ramírez, está muy delicada de salud luego de haber sido torturada y golpeada en la Dirección de Contrainteligencia Militar.

“Yo hago una reflexión: (Vladimir) Padrino López es una vergüenza. Él ha sido amigo de Rodríguez Torres y de su familia. ¿Cómo permite que le hagan esto? ¿Qué pasa con los generales? Ustedes deben verse en el espejo porque esto también se lo pueden hacer a sus esposas el día en que no quieran doblegarse”, indicó la abogada, quien en entrevista con Sergio Novelli confirmó que Ramírez está detenida desde el 13 de mayo.

Advirtió que la mujer está en una situación de salud muy delicada: la fuente que le ha filtrado información le dijo que se queja mucho por los dolores. “Me dice que se queja mucho, que llora y que tiene fiebre”, aseguró.

Además, Ortega Díaz señaló que presume que en este caso hay un homicidio: “Presumimos que un funcionario de la Dgcim, por negarse a torturar a Rocío, fue lanzado por una ventana, según la información que tenemos. Se llamaba Luis Armando Monsalve. Estamos investigando”, dijo.

Luisa Ortega Díaz presentará registro fotográfico de la

LA FISCAL GENERAL EN EL EXILIO, Luisa Ortega Díaz, informó este jueves 14 de marzo que presentará un registro fotográfico sobre la llamada ‘Masacre de El Junquito’ ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Esta información fue propiciada a través de la cuenta de Twitter de la fiscal, quien asegura que lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo el pasado 15 de enero de 2018 fue un crimen de lesa humanidad.

“Enviaré en los próximos días a la Corte Penal Internacional la fijación fotográfica de las víctimas de la Masacre de El Junquito y del sitio del suceso. Esa evidencia no deja duda que lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un crimen de lesa humanidad”, detalló.

Ortega Díaz agrega, además, que conversó con familiares de las víctimas antes de publicar este contenido en redes sociales, ya que muestra fotografías sensibles sobre las víctimas del suceso.

Con respecto a los colectivos que fallecieron, según las autoridades del Gobierno, durante un enfrentamiento con el grupo de Óscar Pérez, la funcionaria asevera que posee “pruebas contundentes” que revelan un asesinato a manos de sus “compañeros del FAES”, que seguían órdenes de Nicolás Maduro.

“También tenemos pruebas contundentes que las dos personas de colectivos que murieron durante el hecho fueron asesinadas por sus compañeros del FAES, quienes ejecutaron la masacre por órdenes de Nicolás Maduro”, comentó.

Tras más de un año de estos hechos, la justicia Venezolana aún no ha respondido por las muertes. Ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo se han pronunciado al respecto sobre una investigación ante las múltiples denuncias nacionales e internacionales que manifestaban un crimen de lesa humanidad, debido a la intención del grupo rebelde de entregarse pacíficamente.

La Asamblea Nacional designó una comisión para investigar el suceso y lograron establecer la responsabilidad directa de 20 funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. Pidieron a la Fiscalía que fuesen procesados, acudieron a la Defensoría del Pueblo y fueron ignorados.

 

 

Delsa Solórzano exige justicia

La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, argumentó que la publicación de estas fotos confirma el resultado de la investigación que inició el parlamento el año pasado. “Fueron ajusticiados, estas fotos demuestran lo que afirmamos cuando concluimos la investigación”, declaró.

Acota que las víctimas recibieron diversos impactos de bala propinados por entes de seguridad del Estado, cuya autoría intelectual le atribuye a Nicolás Maduro, el ministro de defensa, Vladimir Padrino López, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, además de los funcionarios de la Policía Nacional y demás cuerpos de seguridad del Estado.

“Falta la determinación de los autores intelectuales de este terrible crimen, que se determinará con estas imágenes”, explicó.

Por otra parte, señaló que llevarán este hecho ante la Corte Penal Internacional para ampliar la investigación preliminar que inició este organismo para evaluar el caso de Venezuela.

 

 

Luisa Ortega Díaz: la destrucción del país inició con Hugo Chávez

La Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, arremetió contra el fallecido expresidente Hugo Chávez, al confesar que lo considera como culpable de todo lo que ocurre actualmente en el país.

A pesar de que cree que en un inicio Chávez tuvo una propuesta “humanista”, Ortega Díaz admitió que fue el génesis de la crisis venezolana, no solo por encomendarle las riendas del país a Nicolás Maduro, sino por ser responsable de la destrucción de la producción nacional con las conocidas expropiaciones.

“Yo creo que el responsable de lo que está pasando en Venezuela es Hugo Chávez, no solamente por haber ungido a Nicolás Maduro y llamar a sus adeptos para que votaran por él. La destrucción del agro, la cría en Venezuela, las fincas productivas fueron expropiadas y destruidas. Con él inicio la destrucción del país”, aseguró durante una entrevista para el Proyecto Migración Venezuela, de la revista Semana.

La funcionaria insistió en que nunca ha estado a favor de Nicolás Maduro y mientras coincidieron en el Gobierno, entre 2013 hasta que huyó del país en 2017, tuvieron muchos enfrentamientos. Insiste en que el actual mandatario, desde un inicio evidenciaba no tener las aptitudes necesarias para tomar las riendas del país, por lo que “no votó por él”.

“Antes de que Nicolás Maduro resultara electo, yo sabía que con él no iba a funcionar el país bien. Podías observar su conducta y fácilmente podías concluir que este iba a ser el destino del país, por lo que yo no voté por él”, dijo.

Por otra parte, sostuvo que ha apoyado a Juan Guaidó por su postura incluyente. Considera que todos los ciudadanos del país, sin importar su tendencia política, son importantes para salir adelante.

Luisa Ortega, que actualmente reside en Colombia tras huir de Venezuela porque “la iban a matar”, lamenta que la migración de Venezuela desatara una crisis en la región.

“Ningún país de la región está preparado para afrontar este fenómeno, lo que ha creado una crisis en toda la región”, sostuvo.

Sin embargo, considera que Colombia tiene un rol determinante para encontrar una solución ante esta crisis, que pasa por un cambio político en Venezuela.

“Colombia, desde el punto de vista político y geopolítico, es determinante para la solución del problema de los migrantes, resolviendo el problema del país que es sacando a Nicolás Maduro, así se resolverá el problema de la migración”, argumentó.

También añadió que en Colombia existe una dirigencia venezolana importante, con figuras como Julio Borges, Gaby Arellano y Germán Ferrer. En este sentido, cree que las fuerzas políticas deberían reunirse para consolidar a los venezolanos y desarrollar acciones.

“Es un tema de ponerse de acuerdo. Ojalá logremos el entendimiento para cohesionar a la masa de venezolanos y tomar acciones”, acotó.

7 aspectos que han variado entre las protestas de 2017 y 2019

Un discurso más apegado a los derechos constitucionales de parte de la dirigencia opositora, mayor represión, incorporación de sectores populares, complicado acceso para medios de comunicación y la promesa de una eventual amnistía a policías y militares diferencian las manifestaciones de calle de hace dos años y el presente

 

EN APENAS CUATRO DÍAS DE PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO en enero de 2019 se produjeron 33 muertos, la misma cantidad en 25 días de manifestaciones entre abril y julio de hace un par de años. Una represión con mayor contundencia, ahora con el foco en zonas populares se experimentó en el primer mes del año.

En 2017, los líderes políticos enfocaban el discurso antigubernamental en el bloqueo al referendo revocatorio y el desconocimiento a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo y el TSJ, par de años después los objetivos de la oposición venezolana son aún más específicos: cese de usurpación de funciones por parte de Maduro, un gobierno de transición y elecciones libres.

Amparados en la proclamación de Juan Guaidó como mandatario encargado de la República el pasado 23 de enero y el reconocimiento de 44 países al presidente de la Asamblea Nacional, la oposición ha trazado una estrategia más frontal para desmontar el gobierno de Maduro. Conjugando actividades de calle con presión internacional, aunado a la posibilidad de atraer a funcionarios militares y policiales con una Ley de Amnistía y la apertura de un canal humanitario en las fronteras, la coalición contraria al chavismo pretende generar un cambio en la estructura de poder.

A continuación enumeramos las diferencias más notables en las protestas y estrategias de 2017 y 2019:

 

1.- Espontaneidad en sectores populares

A juicio del consultor político, Oswaldo Ramírez, la principal diferencia entre las protestas callejeras de 2017 y 2019 radica en la espontaneidad. “Hace dos años tenías a los líderes de los partidos políticos convocando para marchas a diario hacia el centro de Caracas, en esta ocasión la población salió a la calle en las zonas populares como una respuesta a ese hartazgo que sienten por la precaria situación económica por la que atraviesan”, dijo. En la ciudad capital, hace dos años el epicentro de las concentraciones y protestas era en el este, en 2019 se trasladaron al centro y oeste de Caracas. “Incluso en partes cercanas al Palacio de Miraflores como La Pastora, El Amparo, El Cuartel, avenida Fuerzas Armadas y Altavista. Gente que suele recibir bonos, cajas y bolsas Clap del gobierno reclamando porque estos mecanismos de distribución ya no les satisfacen o simplemente ya no sirven para comprar su voluntad política”, dijo Ramírez. En 2019 hubo una especie de aprendizaje y las marchas ya no se dirigen a una institución gubernamental en el casco central de la capital con regularidad, ahora se hacen con mayor espacio y en sitios con aparente seguridad para los manifestantes.

2.- Discurso directo

Para Ramírez el discurso político de la oposición es ahora más institucional que el de hace dos años. Se ha apelado a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución para desconocer al gobierno de Maduro.“En 2017 el discurso estuvo enmarcado en levantar la voz para denunciar todas las violaciones que cometió el gobierno, la gente atravesaba por una depresión porque le habían robado el referendo revocatorio en octubre de 2016, parte de la oposición se enfrascó en una negociación que no rindió frutos en República Dominicana y después todo explotó con las sentencias 155 y 156 que anulaban las funciones de la Asamblea Nacional”.

Ahora la dirigencia opositora no centra el grueso de sus alocuciones en las víctimas de las protestas sino que coloca el foco en los planes futuros. Hay una visión más de lo que se puede alcanzar a posteriori que antes.

El analista político indicó que el discurso de la dirigencia opositora en esta oportunidad es similar al de 2014 antes de las protestas que generaron la muerte de 43 venezolanos según el Ministerio Público que conducía la Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Discurso protagonizado en aquel entonces por el dirigente encarcelado de Voluntad Popular, Leopoldo López, María Corina Machado de Vente Venezuela y el alcalde metropolitano exiliado, Antonio Ledezma.“Si uno revisa lo que se dijo antes de febrero y las muertes de Bassil Da Costa y otros tantos, la ruta era ir a las calles y hacer cabildos abiertos para escuchar las propuestas de la gente, además de perseguir el apoyo internacional”.

3.- Mayor represión en menos días 

En las protestas de 2017, la represión de los cuerpos de seguridad del Estado fue de menos a más. El primer muerto se produjo luego de cinco días de manifestaciones. En 2019, para el segundo día ya habían ocho asesinados y apenas en la tercera fecha (23 de enero) se contabilizaron 20 muertos a nivel nacional. La Guardia Nacional, encargada de la represión en 2017, tuvo escaso protagonismo en esta oportunidad. Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes) se encargaron de contener el reclamo social en las barriadas caraqueñas.

“El Faes es un organismo policial que ha sido entrenado para matar, su formación es para intervenir en casos de terrorismo y secuestro. No son los indicados para problemas de orden público”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG de derechos humanos, Provea. “Fue un ataque cruel y selectivo. El gobierno sabe que tiene que reprimir fuerte a la gente en esos sectores, porque si ese descontento se desborda va a generar una situación de alta ingobernabilidad. Un aspecto importante es que el costo de la impunidad en los barrios es menor porque la gente no denuncia, la gente es amenazada no solo por funcionarios, sino también por colectivos y patriotas cooperantes”.

 

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4.- Difícil acceso para medios de comunicación

En 2017, las víctimas de la violencia uniformada en las marchas contaban con los medios de comunicación impresos, digitales y de televisión por suscripción. Algunas de las agresiones fueron documentadas por periodistas o usuarios de la redes sociales como el asesinato de Neomar Lander el 7 de junio en la parte baja de la Avenida Libertador o el de David Vallenilla, 15 días después en las inmediaciones de la Base Aérea La Carlota. Dos años después las características de las manifestaciones hicieron menos visibles a los afectados. “Algunas muertes de 2017 fueron documentadas casi en vivo. Las protestas de este año se hicieron de noche y no tuvieron mayor exposición”, dijo Oswaldo Ramirez.

 

5.- Ausencia de Ministerio Público

La mayoría de los 157 asesinatos (cifras de la base de datos de Runrunes)  que se registraron en las protestas de 2017 fueron documentados por el Ministerio Público entonces liderado por la hoy en día Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz.

Con Tarek William Saab, ahora al frente del despacho por mandato de la asamblea nacional constituyente, ni medios de comunicación ni organizaciones no gubernamentales han podido corroborar las estadísticas. “Ha sido muy cuesta arriba para nosotros. A eso hay que sumar que la Defensoría del Pueblo ha estado absolutamente ausente”, dijo Rafael Uzcátegui de Provea. Uzcátegui aseguró que la principal misión de organismos independientes es darle un rostro a cada de una de las víctimas. Alertó que el gobierno ha querido hacer ver a los muertos en las manifestaciones de enero como delincuentes. “Al menos 10 de esas víctimas podrían haber estado involucradas en situaciones de saqueo y de allí se aferran para engordar esa tesis”.

 

6.- Se le habla de otra forma a los militares

En 2017, la dirigencia política opositora, ONG y sociedad civil denunciaron excesos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado fuera y dentro de las fronteras venezolanas. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General en el exilio entregó un documento en la Corte Penal Internacional en La Haya donde acusa a Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad.

En el expediente también figuraron los nombres del Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el Ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol, el ex director del Sebin, Gustavo González López y el ex Comandante General de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres.

Ahora en 2019, diputados de la AN liderados por el presidente interino Juan Guaido planean otorgar amnistía a aquellos que desistan de reprimir a los ciudadanos y acompañen el proyecto de renovación democrática. “Están en la mesa esas garantías para todos aquellos que quieran ponerse del lado de la Constitución”, dijo Guaido en una entrevista de televisión. Se ha hecho especial hincapié en que la Ley de Amnistía promovida este año por la Asamblea Nacional no beneficiará a aquellos funcionarios que hayan cometido atropellos a los derechos humanos.

 

7.- El encuentro de todos en la calle

Desde abril de 2002, cuando las protestas llegaron al clímax en el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, la clase media siempre había tenido un papel preponderante en las manifestaciones de calle. Durante el mandato de Maduro, las expresiones de inconformidad pública han permeado otros estratos.      

En 2017, el principal aliciente de la oposición era penetrar los municipios con alcaldes chavistas para manifestar o hacer entrega de un documento en una institución. Se pretendía conquistar un quiebre de la burocracia con la protesta masiva de calle y el costo fueron decenas de muertos, centenas de heridos, encarcelados y exiliados. El gobierno y el ímpetu sin brújula definida de algunos opositores hizo caer a la sociedad civil en una pelea callejera estéril y desigual con funcionarios del Estado. Par de años después hay una aparente lección aprendida. No se aplaude la violencia, no hay escuderos ni encapuchados a la vista.

“La estrategia del gobierno siempre fue la de separar a los sectores sociales, crear una especie de sectarismo. Ahora ese encuentro se está dando en las protestas”, dijo Rafael Uzcátegui de Provea. Uzcátegui comentó que en 2018, pese a que no hubo llamado formal a la protesta política, se inoculó en los sectores populares un sentimiento generalizado de frustración. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en 2018 se estableció un récord con 12 mil 175 protestas a nivel nacional, un promedio de 35 por dia. “Ya no era una protesta política, era gente reclamando por sus derechos sociales, económicos y también laborales. Un aspecto simbólico fue el pernil en diciembre pasado, la gente pagó y el gobierno los estafó, allí hubo un quiebre. Los sectores populares siente que ya no obtienen respuesta y están cansados”, dijo Uzcátegui.

 

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Luisa Ortega Díaz consignó ante la CPI denuncia sobre caso de Fernando Albán

LUISA ORTEGA DÍAZ, fiscal general de la República en el exilio, consignó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la muerte de Fernando Albán, concejal del municipio Libertador, y el testimonio del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Christian Zerpa.

La fiscal también indicó que fueron entregados los testimonios de los policías de Chacao. “Ellos explicaron sobre sus detenciones ilegales y las torturas a las que fueron sometidos”, detalló en un video publicado en su cuenta de Twitter.

“Estamos trabajando para que le CPI actúe contra Nicolás Maduro y su camarilla. La comunidad internacional entiende que él no es presidente de Venezuela, por lo que puede ser investigado, juzgado y capturado sin impedimentos. No descansaré hasta lograrlo”, puntualizó.