MEDIANTE UN DOCUMENTO QUE LOS MEDIOS OFICIALISTAS han bautizado como las 70 observaciones al informe de la Alta Comisionada, se pretende hacer ver que son muchísimos los errores del mismo. Sin embargo, desde el propio título del documento empieza el engaño, pues si bien el mismo tiene 70 puntos, las observaciones empiezan a partir del 5, además, varios de ellos tratan de un mismo tema, de modo que para empezar ni siquiera son tales las 70 observaciones, lo que dice mucho tanto del interés del Gobierno por presentar un exorbitante número de “errores” como de la falta de sustancia de los mismos una vez que se lee el documento.
Así, la respuesta oficial al informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en realidad tiene como único argumento que el reporte se sustenta en “una visión selectiva y abiertamente parcializada” sobre la situación en Venezuela, y a partir de tal señalamiento general se hacen supuestas precisiones sobre la “realidad” que el gobierno pretende presentar y, en tal sentido, afirma que el registro de la Alta Comisionada omite los “logros” alcanzados por la República Venezuela en materia de derechos humanos. Es decir, el “error” del informe es que no presenta la realidad gubernamental.
“En gran parte, esta distorsionada visión del informe es el resultado de las importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración. En este documento se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
El régimen cuestiona que 82% de las entrevistas hechas para sustentar el informe Bachelet se basen en testimonios de venezolanos en el exterior. En tal sentido, señala que debieron utilizarse las fuentes contactadas en las dos visitas que la Oficina de las Naciones Unidas realizó en 2019: La primera fue realizada por una comisión en marzo y tuvo una duración de 12 días, y la segunda, desde el 19 hasta el 22 de junio, por parte de la alta comisionada.
Tenemos que considerar que la gravedad de las violaciones a los derechos humanos no permite a muchas de las víctimas denunciarlas por temores, muy fundados, de que puedan ser objeto de retaliaciones y amenazas, por lo que tiene sentido, en términos estrictamente metodológicos, entrevistar a venezolanos que están fuera del país, pues de este modo se garantiza la integridad personal del denunciante. A esto debe agregarse el hecho de que un venezolano fuera del país tiene derecho a expresar sus vivencias, sin que ello lo descalifique como una muestra auténtica de la tragedia nacional.
Asimismo, el informe oficialista refuta los señalamientos sobre los procesos penales arbitrarios contra diputados de la Asamblea Nacional (AN) con el argumento del magnicidio frustrado contra el gobernante Nicolás Maduro, en agosto de 2018, y la Operación Libertad del 30 de abril de 2019.
La Cancillería señaló en su descargo que “los diputados no solo hicieron un llamado a las fuerzas armadas a que deserten y desafíen al gobierno, sino que se apostaron en una vía pública con armas de guerra de alta potencia, orientadas hacia la población civil, en un intento de golpe de Estado. Tampoco destaca los constantes llamados a la intervención militar extranjera”.
Esta argumentación obvia las 100 sentencias que desde diciembre de 2015 ha emitido el TSJ y que Acceso a la Justicia ha documentado poniendo en evidencia que la persecución contra los miembros de la Asamblea no solo no es reciente, sino que además se ha venido recrudeciendo, violando prerrogativas como la inmunidad parlamentaria para lograr ese objetivo; en ese sentido se ha advertido “que no se configuran los supuestos de flagrancia; y tampoco se solicita el allanamiento de la inmunidad al órgano competente, es decir, la Asamblea Nacional, sino a la Asamblea Nacional Constituyente, y finalmente, se remite el caso a los tribunales penales ordinarios”.
Dicen que investigan
El Gobierno refutó a la alta comisionada que se señale que el Ministerio Público incumple la obligación de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos.
“Esta afirmación es errónea y para sostenerla se omiten los datos aportados por el Estado, tanto en la respuesta al cuestionario de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos como en las dos visitas realizadas por esa Oficina al país en el 2019”.
La ONU puntualizó en el informe Bachelet que la mayoría de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos no han tenido un acceso efectivo a la justicia ni a una reparación adecuada. No es la primera vez que esto se dice, pues ya en 2018 Naciones Unidas advirtió que las autoridades venezolanas no habían responsabilizado a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, como los homicidios, el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura.
A este respecto, la respuesta del Gobierno tímidamente señala que existen 388 miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) sujetos a investigación y que hay 5 condenados, cifra que evidencia precisamente lo contrario de lo que pretende demostrar, pues no llega a ser el 2% de los investigados y porque además la primera cantidad no representa la totalidad de las violaciones de derechos humanos que se han denunciado. Es decir, hay una enorme impunidad.
El régimen califica, por otra parte, que el reporte exagera y miente con las cifras que da sobre el número de venezolanos que abandonaron el país. De acuerdo con las Naciones Unidas, para el 6 de junio de 2019 más de 4 millones de personas han migrado. Respecto de esta crítica resalta la “realidad” que pretende contrastar el Gobierno, que en este caso, curiosamente, es ninguna. Ninguna porque simplementeno se atreven a decir cuántos son los refugiados venezolanos que han tenido que irse del país al no poder satisfacer sus necesidades y derechos más básicos. Otra muestra de que por más que se pretenda maquillar la realidad, lo que está a la vista no necesita la edulcoración oficial.
Por Acceso a la Justicia
