Asdrúbal Aguiar, autor en Runrun

Asdrúbal Aguiar

La transición constitucional, un sindicato de quiebra, por Asdrúbal Aguiar
Con la reforma aprobada el 3 de enero de 2022, el Estatuto de la Transición involuciona palmariamente. Salvo en lo nominal, con esta pasa a ser inocuo el interinato gubernamental

 

@asdrubalaguiar

Releer el texto de reforma del Estatuto de la Transición hacia la democracia y para asegurar la «continuidad constitucional» de sus órganos, aprobada el 3 de enero de 2022, demanda tener muy presente las consideraciones políticas subyacentes. Son una suerte de exposición de motivos auténtica: “El centro de toda la institucionalidad y la lucha por la democracia es la Asamblea Nacional legítima elegida en 2015” afirma el partido Primero Justicia; mientras Acción Democrática ajusta que “vamos a coordinar acciones internacionales para que logremos el objetivo ulterior –no el inmediato, a saber, cuidar los activos de la república en el extranjero– que es que Venezuela rescate su libertad y su democracia”.

Desde el punto de vista normativo constitucional, significa lo anterior una abrogación del Estatuto de la Transición de 2019, al perder su fundamento. Lo fue entonces la falta o ausencia de un presidente de la república legítimamente electo y el imperativo constitucional de resolver sobre un vacío de poder ocurrido; de donde el presidente de la Asamblea Nacional, a tenor del artículo 233 de la Constitución, hubo de asumir como encargado de la Presidencia de la república para convocar elecciones.

Con todo y las reservas, relacionadas con el gobierno parlamentario establecido desde entonces y con ello la afectación del principio de separación de poderes, la vigencia del estatuto original logra sostenerse con su primera reforma de 2020. Cosa distinta es, como se constata, la aprobación de la segunda reforma de 2022. Desde su versión inicial luego modificada, da lugar a un nuevo y distinto Estatuto para la Transición. Al caso, a diferencia de la reforma anterior, lo dictó una Asamblea Nacional en receso jurídico y a la espera de que también se celebren elecciones parlamentarias para constituir a su sucesora.

El artículo 12 del texto de 2020, correspondiente al artículo 13 del estatuto original que fija el período constitucional de la Asamblea hasta el 4 de enero de 2021, reitera con su reforma que la «continuidad constitucional» es la de esta; que durará por doce (12) meses desde el 4 de enero de 2022, a menos que con anterioridad se restablezca el orden constitucional y democrático en el país.

El artículo 15 de la reforma actual, correspondiente al artículo 14 del estatuto original y al equivalente de la reforma de 2020, involuciona palmariamente.

Rompe el molde de la premisa mayor estatutaria, a cuyo tenor “[e]l presidente de la Asamblea Nacional es, de conformidad con el artículo 233 de la Constitución, el legítimo presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela” (cursivas nuestras).

Para lo sucesivo, lacónicamente se dice que: [e]l presidente de la Asamblea Nacional actuará como encargado de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela a los efectos –que serán los únicos y no los correspondientes al jefe del Estado según el artículo 233, en concordancia con el artículo 236 constitucionales– “de defender la democracia y dirigir la protección de los activos del Estado en el extranjero”.

Tanto es cierto esto que, en la práctica, salvo en lo nominal, desaparece o pasa a ser inocuo el interinato gubernamental. La reforma le elimina, incluso, las competencias especiales que se le asignaban al presidente encargado en la reforma de 2020; a saber, las del artículo 16 que ha sido derogado y relativas al cometido fundamental de la transición hacia la democracia (restablecer el orden constitucional, asegurar la separación de poderes, lograr la realización de elecciones como se lo demanda el artículo 233 constitucional, defender los derechos humanos y las garantías constitucionales, y procurar las condiciones institucionales para la defensa de los derechos de la república); las del artículo 17 también derogado (sobre sus competencias reglamentarias); y las de los artículos 18 y 19 (relacionadas con el Consejo Político que habría de ayudar al jefe del poder Ejecutivo interino para el logro de unas elecciones presidenciales [y parlamentarias] en Venezuela).

Según el artículo 16 de la reforma aprobada, el encargado de la Presidencia podrá –es lo ordinario dentro del constitucionalismo moderno e iberoamericano– seguir designando a los jefes de misiones diplomáticas, previa autorización de la comisión delegada de la Asamblea Nacional. Mas tampoco podrá, siquiera en el interregno, nombrar libremente a encargados de negocios a.i. La reforma del estatuto le sustrae al encargado de la Presidencia todo control sobre el manejo de las relaciones internacionales de la república.

Justamente, no es que se haya reservado la comisión delegada, fracturando el molde constitucional y el estatutario, nombrar «representantes internacionales de la Asamblea Nacional» allí donde “no reconozcan a nuestros jefes diplomáticos” (los propuestos por el presidente interino y en los sitios en los que este sea desconocido como tal, obviamente), sino que, todos a uno, “deberán rendir cuentas” ante la primera. 

No podrá argumentarse, es inaplicable materialmente el artículo 236,4 de la Constitución en vigor, visto que la transición lo que busca, precisamente, es restablecer progresivamente la constitucionalidad fracturada. La comisión delegada lo ha asumido a su arbitrio y a cabalidad, mientras prorroga su continuidad constitucional con la ley de reforma (¿?) que ha dictado.

Nada que agregar, en fin, a lo vertebral y dicho, pues el articulado de esta reforma de 2022 –que en la práctica es un estatuto distinto, no reformatorio de lo antes dispuesto desde 2019 sobre la transición a la democracia– le entrega al parlamento y bajo su férula todo lo relacionado con la “defensa de los derechos [patrimoniales] del Estado venezolano” ante la comunidad internacional. El encargado de la Presidencia y su procurador especial pasan a ser meros ejecutores o voceros, sin capacidades reglamentarias ni de decisión al respecto.

De modo que, como lo anunciara en mi precedente columna, bien puede este capítulo ser sumado a mi libro Historia inconstitucional de Venezuela (Caracas, EJV, 2012).

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América Latina, conciencia y nación, por Asdrúbal Aguiar
Boric es deconstructivista o asocial; no por azar es aliado de los causahabientes del Foro de Sao Paulo en el Grupo de Puebla

 

@asdrubalaguiar

Me es obligante cerrar un año y abrir otro con una nota de esperanza.

Si bien debo partir para ello de un elemento negativo o perverso, desde mi perspectiva, lo hago para constatar que lo afirmativo supera a “la siembra de cenizas”, como las llama nuestro gran pedagogo Augusto Mijares.

Me refiero a Chile. Su presidente electo, Gabriel Boric −paradigma de la contracultura digital en avance−, es cultor de la instantaneidad. Asume sus experiencias íntimas –dejemos de lado los tratamientos a los que dice haber estado sometido– no como algo acaso legítimo o vitalista si se quiere, sino para “romper las reglas”. El predicado huelga: Destruirá toda memoria cultural o nacional, para hacer de la chilenidad una circunstancia, un momento, una experiencia de orfandad.

Es Boric, en suma, deconstructivista o asocial. No por azar es aliado de los causahabientes del Foro de Sao Paulo en el Grupo de Puebla, que lo apoya y busca destruir todo lo sabido y conocido sin que medie más promesa de paraíso que el rugido de unas mujeres desnudas circulando por las calles de Santiago o las quemas de Iglesias y de crucifijos, como en un desafío a destiempo de la justicia medieval.

El caso es que tal contexto y el ambiente que lo favorece, que ha contaminado a la región, siendo la patria de O’Higgins su escala más reciente, mejor evoca al primer tramo de la Divina comedia: “En medio del camino de la vida / errante me encontré por selva oscura, / en que la recta vía era perdida”.

A buen seguro que tal texto habrá de causarle hilaridad al intrascendente del neopresidente chileno; todavía más cuanto que el predicado del Dante no es la fatalidad de la oscurana: “miré hacia arriba y vi ya la colina / vestida con los rayos del planeta, / que por doquier a todos encamina /…/ Entonces… pasó la angustia de la noche inquieta”.

No se habían cocinado en Venezuela o no habían resucitado los enconos y egoísmos que hicieran posible la larga dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935) o los que alimentaran –aún lo hacen– el desenfreno destructivo de la nación y del Estado desde hace 21 años, hacia mediados de los años 70, cuando éramos el ágora del pensamiento en América Latina.

Alcanzamos a ser la negación palmaria de esa estulticia que acompaña a ciertos escribanos que a diario exacerban los narcisismos digitales de nuestra élite, tan inmediatista y sensual como Boric. Creen salir ilesos focalizando odios y frustraciones en hombres circunstanciales. 

Se reunían en Caracas, bajo la consigna de “América Latina, conciencia y nación”, unos nombres cuyas obras invitan a la revisita –sirve para ello Google– pues eran nutriente lúcida de una promesa que luego encalla; desde el instante en que la “muerte de las ideas” se hace espacio en la política y en la academia a partir de 1989.

Fernando Belaunde Terry, Carlos Mallman, Celso Furtado, Aldo Ferrer, Jorge A. Sábato, Osvaldo Sunkel, Arturo Ardao, José Matos Mar, Emir Rodríguez Monegal, Felipe Herrera, Gabriel Valdés, Miguel S. Wionczek, Gustavo Lagos, Juan Somavía, Shridath S. Ramphal, Luciano Tomassini, Humberto Díaz-Casanueva, Helio Jaguaribe y Juan Carlos Puig se dieron cita y sumaron sus sillas, paradójicamente, a las de Juan Ignacio Tena Ybarra, director del Instituto de Cultura Hispánica del franquismo y un expresidente de la república española en el exilio.

Los interlocutores, cuyo peso reflexivo crecía al ritmo de los debates y consta en las actas, durante tres días y sin abandonos se hicieron presentes: Carlos Andrés Pérez, anfitrión junto con el rector Ernesto Mayz Vallenilla y Eddie Morales Crespo, director del Instituto de Altos Estudios de América Latina; Rafael Caldera, Arturo Uslar Pietri, Gonzalo Barrios, J. L. Salcedo Bastardo, D. F. Maza Zavala, Manuel Pernaut, Sebastián Alegrett, Orlando Araujo, Juan Liscano, Carlos Rangel, Arístides Calvani, Benito Raúl Losada, Luis Manuel Peñalver y Gonzalo García Bustillos, entre otros.

Mi memoria aún no me traiciona. Puedo recrearlos y escucho sus voces vivas, pues se me hacen actuales y agonales desde la distancia atemporal.

“En las horas más lúgubres de nuestro extravío histórico se acumuló agrio encono, traducido en querellas y en agravios estériles siempre”, afirma el presidente Pérez. Y demanda “franqueza abierta, plasmando la armonía de la acción con los ideales, si de veras no queremos prorrogar el engaño”. Y apunta a lo central. No habrá unidad ni integración “sin la cultura y sin las ideas”, y proclama la “Gran Patria Latinoamericana”. Critica, sin agravio innecesario, a los intelectuales nuestros que “que se empeñan en distinguir autoritarismos progresistas y autoritarismos reaccionarios”, y que en ambos casos se trata de dictaduras.

“Rindo tributo de aprecio… a todos mis ilustres antecesores en la Jefatura del Estado, durante ese tiempo esclarecido y de permanente coherencia internacional”, que corre desde la implantación de la democracia en 1958.

A la sazón, Caldera hace propia la idea de la Gran Nación Latinoamericana, de la Gran Patria Latinoamericana. La destaca como criterio afirmativo de lo propio, no ofensivo frente a USA, coincidiendo con Pérez. E invoca como activo la “comunidad étnica de un mestizaje unificador y ecumenizante” muy nuestro, hoy amenazado por las identidades, como cabe advertirlo.

“No puede entenderse la tesis de la solidaridad pluralista como la negación del derecho y el deber de todos los hombres libres de América de luchar contra las torturas, contra la violación de los derechos humanos, contra los atropellos (…) en cualquier lugar del hemisferio”, agrega. En otras palabras –para incomodidad de quienes atizan las brasas del resentimiento– Caldera y CAP se niegan a la matización de las dictaduras, que ahora se hace habitual.

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El abaratamiento de la democracia, por Asdrúbal Aguiar
Desde el desmoronamiento comunista de 1989 se vende la tesis del desencanto democrático, obra del Foro de Sao Paulo y antesala de la “corrección política”

 

@asdrubalaguiar

La anunciada inscripción en el Grupo de Puebla de Adriana Lastra, vicesecretaria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), si bien es un índice y por ende no concluyente, muestra el camino del abaratamiento moral que se acusa en Occidente. Mucho de esto se advierte durante los últimos 30 años, desde el desmoronamiento comunista de 1989 hasta la llegada del Cisne Negro, con la pandemia de COVID-19, durante los que se vende la tesis del desencanto democrático, obra del Foro de Sao Paulo y antesala de la «corrección política».

En Venezuela, que aún es el gran laboratorio y referente de tal experiencia, los líderes “opositores”, en su mayoría moldeados bajo la experiencia del chavismo, así como en un tris se hacen miembros de un partido de centro o conservador en otro, espasmódicamente, piden traslado a uno socialista o también de derechas, indistintamente; ello, mientras crean tienda propia, siempre con fines estrictamente electorales, ganados para la práctica de la democracia al detal y al azar como ensimismados en el narcisismo digital. En una hora endosan la casulla de candidatos y a la siguiente se desnudan, como ecologistas del cuerpo.

Con algo de razón César Cansino, lúcido profesor universitario poblano, venido de la izquierda y agudo entendedor de la ciudadanía digital –tanto, que escribe sobre el Hombre Twitter y logra eco más allá de sus predios– se atreve a afirmar que la ciencia política ha muerto. Y es que a pesar de ocuparse esta del estudio de los aspectos operacionales de la vida ciudadana, apoyándose sobre elementos teóricos, científicos y estadísticos, nunca llegó a descartar los fundamentos éticos de toda ciudad.

Allí está el mismo Leviatán de Hobbes, que surgiendo como experiencia artificial necesaria y hasta neutral para que los hombres confiasen parte de sus libertades a un ente capaz de asegurárselas, al término y como Estado, su sustrato lo fue siempre de orden moral. A esa civitas –commonwealth– la describe como al animal o máquina que es, visto su funcionamiento, a la vez previene que en todo caso ha de servir a la naturaleza del ser humano y a partir de esta derivar los derechos esenciales que debe tutelar.

La cuestión es que llegando a la estación el tren de la historia, que reúne a las dos o tres últimas generaciones y disponiéndose a avanzar hacia otro tramo intergeneracional bajando a una y subiendo a otra, tras el campanazo del virus chino (¿2019-2049?) la enseñanza que busca dejarse, como parece, es aprender a renunciar a la libertad.

Desde ya se acelera la sumisión, mientras nos entrenamos agachando nuestras cabezas sobre los artefactos digitales.

Entre tanto, la nave que es el planeta o la Pachamama se cuida a sí misma, con nuestras «distancias sociales», y la gobernanza de la inteligencia artificial que todo lo reduce, incluidas nuestras emociones, a datos y algoritmos, se ocupa de saciarnos, como rebaño irracional en un establo.

Así como paulistas o socialistas del siglo XXI ocultan las vergüenzas de sus deconstrucciones éticas (Odebrecht; los vínculos con el narcotráfico y el terrorismo; la destrucción de la boutique democrática latinoamericana: Venezuela; la grosera corrupción de sus epígonos, quienes dicen ser víctimas de guerras híbridas) y se rebautizan de poblanos «progresistas», los socialdemócratas y algunos centristas de ocasión, rindiendo sus banderas, se les aproximan y agachados.

No ven más salida que transar, para, antes que convivir, sobrevivir bajo la corrección política que estiman de inevitable. La guerra que les ha sido agonal parece pedirles abaratar las exquisites de la moral democrática. Cansados, se bastan con que haya elecciones, así sea para escoger entre la misma democracia y el gobierno de las dictaduras del siglo XXI – a las que se morigera titulándolas de “autoritarismos electivos”, incluso sabiéndose que están coludidas con la criminalidad trasnacional organizada, transformada en actor político al que se le recibe sin pudor y con honores en los parlamentos.   

El abaratamiento democrático es lo único que explica que neomarxistas de factura paulista o poblana igualmente hayan arriado sus banderas nacionalistas y mal vistas como resabios del fascismo –bolivarianismo, martinismo, sandinismo– para sumarse al distinto ecosistema que emerge: la gobernanza digital y el ecologismo profundo. Hasta se han entendido con las narrativas del Gran Reinicio, que promueve el capitalismo desregulado y globalista. A este y a los recién llegados, como el PSOE, nada les cuesta entenderse con Rusia y China. Todos a uno celebran la derrota cultural de Occidente.

Las ataduras oscurantistas o hipotecas éticas o racionales o trascendentales que ven propias de los cultores del Estado constitucional y democrático de Derecho, les resultan demasiado costosas, por lo visto.

En fin, bastará que se realicen elecciones y sean observadas en la región, sin pedírsele peras al olmo –Pedro Castillo acepta ser observado en Perú y el error de los Ortega-Murillo fue negarse a ello, provocando la ira de los observadores. La democracia del siglo XXI, para el progresismo globalista, es únicamente respeto de la voluntad ciudadana, incluso la arbitraria, que decide democráticamente irse hasta el Infierno sin seguir por los caminos de Dante.

Entiendo a la luz de lo anterior, y solo así, que columnistas de fuste como Andrés Oppenheimer se quejen de que el inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, no haya invitado a su coloquio acerca de la democracia al autócrata de El Salvador. Esperan con buenos ojos que el déspota venezolano, Nicolás Maduro, se redima. Ven como errores, aquí sí, que se haya invitado al autoritario gobernante de Filipinas por homofóbico, por perseguir con ferocidad al narcotráfico, que sería la consecuencia de deudas sociales insatisfechas y no crimen que merezca ser vetado dentro de la arena ciudadana; o que USA pretenda seguir a la cabeza del decálogo de la libertad. La corrección, en efecto, admite todo, pero no tanto como la renuncia a mitos y complejos coloniales, pues en ellos se justifican los autoritarismos y el progresismo. Castro dixit.

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La guerra contra Occidente, por Asdrúbal Aguiar
No se nos oculta que determinadas expresiones de la izquierda contemporánea aspiran a ser hegemónicas en la batalla cultural que despliegan contra Occidente

 

@asdrubalaguiar

No se nos oculta que determinadas expresiones de la izquierda contemporánea −causahabiente del socialismo real y sucesivamente del socialismo del siglo XXI– aspiran a ser hegemónicas en la batalla cultural que despliegan contra Occidente. Eso, como lo apuntara el expresidente Luis Alberto Lacalle, lo saben los artistas, los escritores, los periodistas que cuando salen valientemente a discrepar de lo que tales expresiones imponen como opinión “legítima” o consagran bajo el dogma de lo políticamente correcto, son eliminados de los medios; se les margina o subestima y se les excluye de lo que es crítica o comentarios en conferencias, de libros o expresiones culturales que pretenden romper con esa hegemonía o tendencia de visos cabalmente totalitarios.

La libertad, que en Occidente y para sus raíces judeocristianas y grecolatinas, es arbitrio con conciencia y responsabilidad por las consecuencias del ejercicio de la libertad. Se la quiere por aquellas y, en apariencia, como un absoluto para fomentar la guerra de todos contra todos, atizar la desconfianza entre unos y otros; justamente para liquidar de raíz y al término a la democracia, dejando que la libertad se destruya a sí misma.

Se trata, exactamente, de desasir al todo y a todos de raíces; en otras palabras, pulverizar las columnas que le dan sustentación milenaria a nuestra civilización; sobre todo a su denominador común, la cultura de la libertad anclada sobre la razón que la hace trascender. Se habla y se repite, así, la conseja de malas herencias tachadas de resabios y fanatismos, propios de confesionalismos o formas de paternalismo u oscurantismo que deben superarse.

Quienes están comprometidos con las libertades en Occidente y quienes se sienten orgullosos de su patrimonio intelectual, no dudo que estén viviendo un dilema real y de presente, de orden existencial, primordialmente antropológico.

Los daños irrogados por las señaladas tendencias direccionales del siglo en curso, que afectan al orden histórico y político de la región desde hace treinta años, tienen su fuente en prejuicios nutridos de fanatismo, que ven al hombre y a la sociedad como desprovistos de un soporte ontológico, de realidad verdadera.

Para resolver, para poder ofrecer utopías reales o un futuro de seguridades al concierto de nuestras naciones, urge entonces que nos despejemos de mitos. Ellos son la obra de taras sostenidas por quienes pretenden seguir sojuzgándonos y mostrándonos como víctimas irredentas de un colonialismo que no cesa. Les conviene mantener vivo el complejo de nuestra dependencia. Por ello no cesan de tremolar las amenazas de imperios inexistentes o cuando menos en franca declinación.

Hemos de estar alertas ante el supremo peligro que significa para las generaciones más jóvenes y que se labran su porvenir, en plena era digital, el avance hacia sistemas políticos y culturales anclados en la idea de un hombre prometeico traficante de ilusiones, alimentado además por el narcisismo digital que distrae.

En síntesis, por vía de conclusiones, la primera constatación sobre la crisis corriente de la democracia en Occidente y en América Latina –acelerada por la expansión de «neodictaduras» que buscan justificarse en la pandemia del COVID-19 o en la defensa de los derechos de los excluidos o los llamados diferentes– es que ella reclama de una reinvención prescriptiva que equilibre a los extremos, sin que se neutralicen en una quietud centrista. Y ese centro creativo no es otro que el reconocimiento y la garantía de todos los derechos para todas las personas, sin discriminaciones de ningún género.

Cabe evitar, por ende, que la experiencia de la democracia pierda su referente esencial al momento de adecuársela a las realidades distintas que postula el siglo XXI y que cabe aceptar de inevitables. Me refiero a la salvaguarda y el restablecimiento del tejido social, cultural e histórico desde la idea amalgamadora de la nación –esa solo se concreta desde las ideas de la ciudad y del hogar– que, de suyo, una socialmente sin mengua de la diversidad.

¿Acaso a través de una vuelta al principio ordenador y liberal de la dignidad humana, como el denominador común que, en 1945 y tras el Holocausto, nos ofreciera un orden luego desconocido por la propia ONU, en el que se conjugue en favor de la persona y de su libertad, que no en favor del Estado o su gobierno? La respuesta debe ser afirmativa.

En la práctica, resolver sobre los derechos y acerca de sus garantías dentro de un renovado Estado constitucional de derecho, implica, en primer término y a la luz de las tendencias globales en curso, contextualizar democráticamente. Es decir, se requiere de afirmar el derecho a la democracia y al cabo resolver –¿acaso por el juez constitucional o el parlamento, o el gobierno, o todos a la vez y de forma cooperativa y en sus tareas esenciales de guardianes de la Constitución?– sobre la base de la naturaleza de la persona humana.

Entre derechos que se aleguen o se opongan y sus tutelas respectivas, para darle textura de base a la diversidad social, linderos democráticos al pluralismo, y para circunscribir el todo a las exigencias ineludibles de la misma libertad en democracia, cabe sostenerla junto a los principios de igualdad y de fraternidad entre todos. Todos los derechos, para que todas las personas sean libres y asimismo responsables.

En suma, dejar atrás los mitos ideológicos y forjar utopías realizables, animadas por una actitud ética que brote de la libertad, de valores humanos y universales compartidos en modo de que la globalización no se traduzca en vidas de coyuntura, meramente tácticas o de salvataje, e involutivas, es el desafío agonal en esta hora.

La utopía, en propiedad, es saber hacia dónde vamos y con qué seguridades contamos para ello; partiendo de la fuerza estabilizadora que nos dan las raíces, en nuestro caso las occidentales y americanas, que son hijas de una experiencia varias veces centenaria y que apuntan hacia el crecimiento en libertad.

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El revocatorio desconoce la transición constitucional, por Asdrúbal Aguiar
Proponer un referendo revocatorio del mandato inexistente de Maduro le forja una legitimidad espuria al régimen usurpador y le quita todo sustento a la transición

 

@asdrubalaguiar

La práctica democrática al detal, propia de estos tiempos y uso reiterado por quienes se dicen opositores a las satrapías instaladas en América Latina, es el nocivo germen que viene acabando con la democracia como forma de vida ciudadana. Bien explica el por qué aquellas se sostienen, a pesar de sus aviesos desprecios por la dignidad humana y las libertades.

En Venezuela, sobre todo bajo el impulso de los mesianismos que nutren a su historia y la reescriben cada vez que se instalan en el poder oficial u opositor, la incoherencia ha sido el mayor pecado de las élites. Ella encuentra su origen, justamente, en el desprecio por estas de los valores que forjaran a la nación y le dan su especificidad, y por creer las mismas que no hay precedentes ni instituciones históricas que les exijan ser coherentes, pues privan sus adánicas y arbitrarias voluntades.

¡Soy liberal pues mis contrarios son conservadores, y sería conservador si ellos fuesen liberales!, decía Antonio Guzmán Blanco a mediados del siglo XIX. Llegado el siglo XX, en 1899, Cipriano Castro, el Cabito, proclama “nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos”. Y Hugo Chávez, transcurridos 100 años, desde 1999, se hace del gobierno decretando moribunda a la constitucionalidad, predicando la emergencia de un Hombre Nuevo. No por azar, entonces, Venezuela ha sido y es, salvo por breves intersticios, un patio de polaridades, de mandones que se instituyen a sí en medio de francachelas. La historia y la cultura, el patrimonio intelectual que se sucede entre generaciones y les da talante, asegurando la coherencia de los comportamientos políticos y sociales, son estimadas entre nosotros de exquisiteces urbanas.

Fue milagroso en 2019, en otro año que se cierra con el llamado número de la perfección, que los opositores al narcorrégimen de Nicolás Maduro hubiesen adoptado una constitución provisoria, un Estatuto guía para la Transición hacia la Democracia a fin de restablecer la Constitución destruida por este y su predecesor, volviendo a la Constitución desde la Constitución.   

El origen de dicho Estatuto provisorio y de rango constitucional –ajeno a un país cuya tradición cesarista solo ha permitido que dos de sus constituciones gozasen de respetable durabilidad, la de 1830 y la de 1961– tuvo su fundamento, exactamente, en la ausencia de un presidente electo para el 10 de enero de 2019. Maduro ya no lo era, ni para la comunidad internacional y tampoco para la mayoría integrante de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Desde antes, esta, el 9 de enero de 2017, declara que “Nicolás Maduro ha abandonado su cargo (al usar de la autoridad civil y militar para socavar la Constitución), abandonando el principio de la supremacía constitucional”.

El Estatuto, de consiguiente, pasó a ordenar los principios y fijar los propósitos constitucionales vinculantes para el restablecimiento, en el marco de una transición e interinidad gubernamentales, la fuerza de la Constitución. Y para que se alcancen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, legítimas, justas, competitivas e internacionalmente observadas, una vez como se logre un poder electoral independiente que las administre.

Los plazos y etapas previstos, de suyo subsidiarios en el Estatuto y por responder a la idea de una transición, sirven de norte, pero no de mandato insoslayable. Toda transición, todavía más bajo una dictadura de corte criminal, es por su naturaleza aleatoria y atemporal. Tanto es así que el Estatuto para la Transición surge de la imposibilidad fáctica de dar cumplimiento –dada la usurpación del poder imperante– al término de 30 días que ha de durar en el ejercicio de sus funciones el encargado de la presidencia y cabeza de la Asamblea Nacional, por expresa disposición constitucional.

Ahora bien, el desempeño del interinato –suerte de cábala política– realizado de un modo colegial por los partidos de mayoría en el parlamento, puede y ha de ser objeto de valoraciones políticas distintas e incluso de condenas éticas por sus ejecutorias. Pero si el propósito de quienes aspiran a restablecer la constitucionalidad es, como debería ser, devolverle a Venezuela su institucionalidad y ayudarla a salir de su marasmo histórico, lo primero que han de hacer estos es dar el ejemplo y acatar el Estatuto para la Transición sin destruir su institucionalidad.

Urdir tácticas de circunstancia, como proponer la realización de un referendo revocatorio del mandato inexistente de Maduro, en pocas palabras es pretender revocar constitucionalmente un gobierno inconstitucional. A la par del galimatías, ello le forja una legitimidad espuria al régimen usurpador y le quita todo sustento a la transición. Se le da un golpe por mampuesto y en fraude a la constitucionalidad provisoria al encargado presidencial. Y la política democratizadora pasa a ser, aquí sí y de un modo integral, un teatro de improvisaciones.

De ser así se estará repitiendo con ello la trágica desviación cesarista, muy bolivariana, que arranca entre nosotros desde la caída de nuestra Primera República, como la es acabar con la Constitución para despachar al gobernante o a los gobernantes colegiados por incómodo y en el turno.

Cae el gobernante, cae “su” constitución, seguirá siendo la máxima de nuestra falta de unidad política y de instituciones, de anegamiento de polaridades, sin servidores leales que amen a Venezuela más que a sí mismos.

Chávez argüía razones políticas para cargarse a la Constitución de 1961, y en el empeño encontró el paradójico apoyo de los guardianes del orden constitucional. Esta vez, para colmo, escucho decir, a quienes prometen librar a Venezuela de su larga dictadura y para que alcancemos instituciones democráticas, que la cuestión es política y de conveniencia, no de juristas o de constitucionalistas. Por lo visto, no aprendemos de la experiencia, o repetimos lo que ha sido nuestra mala experiencia de doscientos años en los que la patria ha sido botín para los candidatos al poder. No nos quejemos.

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La mediocridad democrática, por Asdrúbal Aguiar
El debate sobre la democracia se ha estancado. No lo revierte el teatro o el espectáculo que cada año conmemora su día internacional. Y mientras más se elige más se desinfla la experiencia democrática profunda, hasta desaparecer

 

@asdrubalaguiar

Desde el instante en que la OEA adopta la Carta Democrática Interamericana, en 2001, nacida de una desviación inédita hasta entonces, la de un gobernante –Alberto Fujimori, de Perú– quien contando con legitimidad de origen destruye los componentes del ejercicio democrático, hago seguimiento cuidadoso a esa y otras experiencias similares que sobrevienen en la región.

Lo relevante, más allá de las reflexiones teóricas y especulativas, políticas y jurídicas, que alcanzo a verter en distintos libros –El derecho a la democracia (2008), La democracia del siglo XXI y el final de los Estados (2009), Digesto de la democracia (2014), Calidad de la democracia y expansión de los derechos humanos (2018)– es algo todavía más grave que lo señalado o el manido desencanto sobre la democracia que revelan encuestas de opinión, no pocas contaminadas con el sesgo ideológico de sus autores.

La cuestión de fondo, y que más habría de preocupar, tal y como lo aprecio, es la expansión de la mediocridad democrática.

Los llamados a reconstituir las fortalezas de la experiencia de una libertad profunda y responsable, que significa asumir a la democracia como forma de vida y estado del espíritu, como derecho totalizante del conjunto de los derechos derivados de la dignidad de la persona humana: el derecho humano a la democracia, hoy se bastan con aceptar la fatalidad del desencanto. Y así, reducen lo democrático a una jornada personal de envite y azar o al asistencialismo que sea capaz de sosegar los encrespamientos del ánimo popular. Nada más.

Que a la democracia se la reduzca a lo instrumental como en el pasado, a método para la selección de cargos y repartición de canonjías entre quienes son profesionales de las candidaturas, o que se la imagine como algo más sustantivo y por lograr, lo cierto es que los políticos de «usa y tire», los de esta hora, lamentablemente suman sus entusiasmos a la tesis que ha conspirado contra la efectividad de la Carta Democrática, reduciéndola a decálogo de propósitos morales.

El debate sobre la democracia se ha estancado. No lo revierte el teatro o el espectáculo que cada año conmemora su día internacional, en un cenáculo que, como la ONU, lo integran una mayoría determinante de satrapías. Así ha sido desde que, a partir de 1990, el Foro de Sao Paulo decide avanzar hacia el poder por la vía electoral para quedarse en el poder y luego modificar las reglas electorales controlando, vía procesos constituyentes, a los jueces y asegurándose el “derecho humano a las reelecciones” de sus miembros.

Desde entonces solo se habla y solo se ocupan los observatorios internacionales de especular sobre las olas electorales, acerca de las misiones de verificación electoral, asegurar que los más –pero no todos– compitan, para “legitimar” verdaderos simulacros; incluidos los presos políticos, a quienes se les concede la libertad con la condición de que participen electoralmente. No reparan aquellos, siquiera por un instante, en ese otro dato trágico de la experiencia recorrida: cada vez más se celebran elecciones y, en la misma medida, en igual o mayor proporción, mientras más se elige más se desinfla la experiencia democrática profunda, hasta desaparecer.

Quien se ocupe de revisar los farragosos documentos del Grupo de Puebla, de la ONU-2030, e incluso los del Gran Reinicio de Davos –desde la izquierda ahora progre y globalista hasta la derecha desregulada y globalizadora– podrá constatar que todos abordan los grandes temas de actualidad.

A la vez, todos a uno obvian considerar dentro de sus agendas la cuestión democrática, dentro de la tríada que esta forma con el Estado constitucional de derecho y la tutela efectiva de los derechos humanos. ¡Es como si hubiesen encontrado la fórmula para resolver sobre los derechos, al margen de la misma democracia y de la garantía de la ley!

El Salvador es el ejemplo paradigmático de lo anterior, no tanto la sufriente Nicaragua; pues si acaso la pareja Ortega-Murillo les hubiese hecho caso a los señores Joseph Borrell y Rodríguez Zapatero repitiendo los pasos de Maduro en Venezuela, ningún ruido hubiese afectado a su “autoritarismo electivo”; que así califican los escribanos y académicos sibilinos del progresismo latinoamericano a estas feroces dictaduras del siglo XXI.

En suma, cuando en 1959, enfrentando a las dictaduras militares los gobiernos democráticos de la región se empeñan en tener elecciones libres y gobernantes civiles, los hombres de Estado de la época, con cabezas bien amobladas, ajenos a la tentación utilitaria, cultores de la ética democrática, mientras crean a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aclaran desde Santiago de Chile que no hay democracia solo con elecciones.

Se requiere, de modo vertebral de su ejercicio efectivo, que es separación de poderes, proscripción en la perpetuación del poder, tutela judicial de los derechos humanos, condiciones justas y humanas de vida para el pueblo, entre otras.

En reciente fecha y enhorabuena, la Corte Interamericana de Derechos Humanos abordó con fuerza pedagógica ejemplarizante la cuestión democrática. Lo hizo a propósito de su afirmación sobre el atentado que significan las reelecciones indefinidas. Desafió, así, la abulia cómplice del Consejo Permanente de la OEA cuando de asegurar a las democracias se trata. Estimó a la Carta Democrática, sin dejar margen para la duda, de jurídicamente vinculante.

En fin, o en suma, los gobiernos americanos, incluida la Cancillería europea, condenan a Nicaragua por lo ya dicho, pero se cuidan de no atropellar con igual fuerza a Venezuela; tanto como la Comisión Interamericana arrastra los pies cuando se le demanda escuchar y dar satisfacción oportuna a las denuncias de las víctimas de los “autoritarismos” imperantes en el continente. Les exige tener paciencia, esperar que pasen los lustros y hasta una década, para que no perturben el quehacer de los artesanos de nuestra mediocridad democrática. 

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La capitulación mexicana de Occidente, por Asdrúbal Aguiar
Las negociaciones con el régimen de Nicolás trastocan abiertamente las realidades geopolíticas de Occidente y sus valoraciones éticas

 

@asdrubalaguiar

Más allá de la llamada Plataforma Unitaria de Venezuela, enviada por la Asamblea Nacional de Juan Guaidó a México, que tácitamente le omite como cabeza del gobierno interino al suscribir el memorándum que guía las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro, lo relevante son las variables y sus condiciones. Desbalanceadas desde sus inicios, en esencia trastocan abiertamente las realidades geopolíticas de Occidente y sus valoraciones éticas.

Rusia ejerce una influencia abierta, de modo permeable dentro del bloque americano –inadmisible ello durante la Guerra Fría– y es socia principal del régimen dictatorial venezolano. Es observadora de peso estratégico en la mesa de diálogo; sin que su contraparte, la citada plataforma, cuente, al menos visualmente, con un acompañamiento equivalente. A pesar de lo declarado por el mismo Guaidó: “contamos con el respaldo del mundo democrático”.

Sin que reaccione en momento alguno, sin esperarse que lo haga de modo proporcional dada su debilidad, la Plataforma Unitaria acepta negociar –así se lo impone la comunidad internacional– con los responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad denunciados ante la Corte Penal Internacional y ampliamente sustanciados en los informes del Consejo de Derechos Humanos.

¿Cómo explicar la normalización de lo atroz que procura esta trama mexicana?

La cuestión planteada es, a primera vista, rupturista en términos epistemológicos de los cánones jurídicos y ético–políticos que rigen en Occidente desde la Segunda Gran Guerra del siglo XX. Se relajan al punto de hacerle perder todo sentido, incluso, a la proscripción de las leyes de punto final; léase, al castigo ejemplarizante de los crímenes de lesa humanidad que auspician los jueces durante segunda mitad del siglo XX latinoamericano. ¿Se le abren generosas compuertas a otra «justicia transicional» como la implementada en Colombia?     

La inflexión global de la COVID-19 antes que disponer de un tiempo nuevo como se cree, descubre en lo venezolano la compleja realidad que emergiera hace treinta años atrás, en 1989, luego del derrumbe comunista: sus herederos, sobrevivientes, se hacen discípulos de la Escuela de Frankfort y la de Antonio Gramsci, a la vez que forjan yunta con los enemigos culturales de Occidente –en especial China y el integrismo musulmán– a fin de avanzar hacia la destrucción de los sólidos culturales judeocristianos en el mundo. Las Torres Gemelas de Nueva York o las estatuas de Cristóbal Colón, derribadas desde 2001, son apenas meros símbolos o aldabones de lo señalado.

Desde entonces se horadan las nociones imperantes de la tríada que forman la democracia, el Estado de derecho y la especificidad de los derechos humanos, deconstruyéndolas y vaciándolas de todo contenido.

Y en el instante de la pandemia, se arguye para ello, por si fuese poco, la idea de salvar a las poblaciones; se asume que las primeras –la democracia y la fuerza normativa de la ley– son prescindibles y conceptualmente relativas, incluso en las democracias que restan en pie.

Hacen ver y hasta demuestran, además, que a través de la inmediatez digital se logra una gobernanza eficaz sin mediaciones; y en el debate que se transa al respecto, no se detiene el otro asunto que también se acelera a fin de imponer la relativización de los fundamentos morales del poder y de su ejercicio, para transformarlo en un absoluto.

Al pluralismo democrático, esencia de la democracia, en efecto, se le exige ponerse de lado y se le sobrepone un régimen de diversidades unilaterales y al detal; susceptibles de acreditarse, como átomos, unos derechos humanos personalísimos e incluso extenderlos, discrecionalmente, hacia el mundo de lo objetivo: los derechos del Estado, como los de sus gobernantes a conservar el poder; los derechos de la Naturaleza para conservar la vida de las especies, mientras se tolera la disposición personal de la vida humana. Y por vía de consecuencias, hasta se rinden ante el arbitraje imperativo de la gobernanza digital y sus inmunidades, más allá de las leyes y los mismos jueces.

Avanza, pues, la deconstrucción de los valores éticos de Occidente, cuyas tesis encuentran como punto de ignición histórica al Foro de São Paulo en 1990 y a su declaración de México de 1991, apenas tamizadas por su causahabiente, el progresista Grupo de Puebla.

Lo preocupante y a considerar es que tal ensayo de relativismo, negador de la dignidad inmanente de la persona, lo realiza por vez primera el Perú neoliberal y antimarxista de Alberto Fujimori. Es una enfermedad que, por lo visto, hace metástasis –cubre por igual a las izquierdas y las derechas– y se reduce a la proscripción de cualquier forma de discernimiento entre el bien y la maldad a propósito del poder y su conquista. 

No por azar, en 2009, el juez interamericano Sergio García Ramírez, fallecido, declara que “otras formas de autoritarismo, más de esta hora, invocan la seguridad pública, la lucha contra la delincuencia, para imponer restricciones a los derechos y justificar el menoscabo de la libertad. Con un discurso sesgado, atribuyen la inseguridad a las garantías constitucionales y, en suma, al propio Estado de derecho, a la democracia y a la libertad”.

Solo así se entiende que surjan, sin escándalo, gobiernos de la criminalidad organizada trasnacional, apalancados por el mundo de las redes y en alianza entre narcotraficantes y terroristas, agentes de la corrupción y del lavado de dineros de sangre.

Nada que ver con la ingenua preocupación de finales del siglo XX: el choque, luego el diálogo, y al término la alianza de civilizaciones.

Occidente, desde ayer y en paralelo a la experiencia venezolana de México, por ende, se sienta ahora en otra mesa con el terrorismo internacional deslocalizado, en Afganistán, para ayudarle a formar gobierno. Es lo propio del orden naciente, que se avergüenza del orden liberal parteado por el mundo tras el Holocausto, obra este de una igual banalización del mal absoluto.

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El cinismo paulista se instala en Paraguay, por Asdrúbal Aguiar

@asdrubalaguiar

Leo que el Foro de São Paulo animará la protesta social sostenida contra el gobierno del presidente Mario Abdo en Paraguay, hasta hacerlo renunciar. La razón no es distinta de la que han impulsado contra de los gobiernos democráticos de la región – los verdaderos, sin adjetivos que los dividan – al objeto de instalar sobre sus cenizas otra dictadura del siglo XXI; esa que la atildada academia progresista americana denomina populismo autoritario o autoritarismo electivo, siendo que tras el socialismo del siglo XXI se oculta una grosera franquicia de poder maridada con la criminalidad trasnacional organizada.

La razón del Foro es la misma propalada en USA, en Colombia, Ecuador, Chile, entre otras naciones, a saber, la crisis sanitaria debido a la pandemia de covid-19

Nada dice aquel ni su Secretaría Regional de Brasil, desde donde nace el despropósito, sobre el cementerio humano en que se ha transformado la Venezuela de Nicolás Maduro, uno de sus íconos. A la vez, silencia que, bajo el gobierno de Sebastián Piñera en Chile, se lleve a cabo un exitoso proceso de vacunación que impresiona al continente, mientras Maduro prohíbe el ingreso de vacunas de la OMS por no haberlas autorizado.

Beneficiarios como son el Foro y sus gobiernos de los dineros de China, ninguna crítica dirigen contra la responsable de ese daño transfronterizo sin reparación alguna hasta el presente, que deja a 2,5 millones de muertos a la vera. ¿Han pedido a sus autoridades que indemnicen a las poblaciones de África, Asia, Europa, Oceanía, América, devastadas con sus experimentos, por legítimos y necesarios que sean para la ciencia?

El cinismo, por lo visto, es el rostro grotesco del realismo político. Tanto en el Foro como en sus causahabientes, reunidos en el Grupo de Puebla, tal vena la insufla desde 1989, a la caída del Muro de Berlín, Fidel Castro. En yunta con Lula da Silva arma el tinglado de las izquierdas que en los treinta años sucesivos simula practicar la democracia, se asocia con las fuerzas más retrógradas y desreguladas del capitalismo global, para sostener, únicamente, su poder y seguir expandiéndolo.

Marco Aurelio García, recién fallecido de un infarto, intelectual trotskista que sirviera como asesor internacional de Lula y Dilma Rousseff, artesano del mismo Foro y referente intelectual del Grupo poblano, es, al cabo, quien descubre la fórmula de esa alquimia de amoralidad. Reconduce la imposibilidad marxista y la transfigura hasta volverla tráfico engañoso dentro del imaginario colectivo, adormeciendo conciencias con el narcotráfico y la corrupción, en territorios de impunidad, en paraísos succionados al imperio de la ley.

Ortega y Gasset en sus ensayos sobre Pío Baroja precisa que, incluso a aquellos quienes no creen en los valores absolutos ni en las absolutas realidades, deben ¡ser sinceros! Pero es mucho pedírselo al Foro y al Grupo, pues, al cabo, se tocan por las colas con la experiencia del fascismo. La mentira como sistema de dominación les es consustancial.

Derrumbado el socialismo real, el Foro de Sao Paulo se cura en salud y señala que los perseguirían bajo el argumento falaz de encontrarse vinculados al narcotráfico. Así lo repiten entre 1989 y 1991. No pasan dos lustros sin que uno de los ejes dispuestos para el financiamiento de sus proyectos, la Venezuela de Hugo Chávez, cierre su alianza con el tráfico y el comercio internacional de drogas a través las FARC colombianas. Y solo transcurre un lustro del siglo corriente cuando el hoy exjefe del gobierno español, J.L. Rodríguez Zapatero, promueve la Alianza de Civilizaciones para contener el castigo de quienes asesinan a 3.000 personas en 2001, derrumbando las Torres Gemelas de la Gran Manzana.

Exacerbando la falacia adopta otro nombre, el “progresismo”. De regreso el Foro a la pila bautismal como Grupo de Puebla habla de la guerra híbrida o el law-fare imperialista, que intentaría impedir que los líderes del progresismo se mantengan en sus gobiernos de modo perpetuo.

¿Fue un pote de humo, cabe preguntarle, la cuestión de Odebrecht, cuyos dineros descolocaron a mandatarios latinoamericanos, provocaron la criminalización de varios expresidentes, y hasta uno decidió suicidarse? ¿Es guerra jurídica, tarifada, o law-fare la persecución de Cristina Kirchner – investigada por el asesinato del fiscal Nisman o por las groseras sumas millonarias confiscadas a sus inmediatos colaboradores e hijos – o la de los criminales de lesa humanidad venezolanos?

¿Cómo catalogaría la criminalización de la expresidenta Jeanine Añez, por sostener en Bolivia una sucesión constitucional democrática, convalidada por el Tribunal Constitucional y los partidos bolivianos, incluido el MAS, a fin de purgar un golpe militar en curso? ¿Es o no un ejemplo de guerra híbrida la que adelanta contra Marito en La Asunción?

El cinismo, cuentan los antiguos, es el disolvente de la sociedad y las familias. Antístenes, fundador de la escuela en Grecia y quien le sigue, Diógenes de Sínope, como integrantes de un movimiento anticultural, el de los cínicos, predicaban el valor de la acción. Eran autócratas y autosuficientes – en eso se les aproximan las pseudoizquierdas paulistas y poblanas – pero, cuando menos, decían practicar la pobreza y el desprendimiento. Eran mendicantes, podría decirse que monjes franciscanos adelantados, distintos de los paradigmas del caradurismo que son los miembros del Foro y el Grupo, los de ayer y los de ahora.

Eso sí, en lo que encuentran clara parentela los cínicos con los rousseaunianos y los Zapatero o los Correa, o el juez Garzón, o la Kirchner y Lula da Silva, tanto como los Ortega y los Castro-Diaz Canel y Morales, para no mencionar al aquelarre instalado en el Palacio de Miraflores de Caracas, es haber llevado a sus pueblos “al estado y condiciones de la naturaleza pura, rechazando las ventajas y desprestigiando las conveniencias y leyes de la vida social”. Es lo que buscan hacer con los paraguayos, atizando sus angustias y frustraciones.

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