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Tarek William Saab:
Saab reconoció que en Venezuela sí se han cometido violaciones a los derechos humanos, pero indicó que se han imputado y condenado como corresponde a los responsables.

El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, sugirió este domingo, 27 de septiembre, la reestructuración de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), así como el resto de cuerpos policiales del país.

“Creo que es momento de una reestructuración de la FAES y de todos los cuerpos policiales. Es importante que cíclicamente se haga una reestructuración, no porque haya una coyuntura, sino para mejorar”, dijo Saab en entrevista televisiva ofrecida al ministro de Cultura del gobierno de Nicolás Maduro, Ernesto Villegas.

El fiscal realizó estas declaraciones luego de criticar nuevamente el informe de la Misión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas sobre violaciones de Derechos Humanos en Venezuela. Reiteró que el documento tiene un sesgo político contra la administración de Maduro.

Cuando se dice que el Estado comete crímenes de lesa humanidad, ignoran el concepto de crímenes de lesa humanidad. Para que haya crimen de lesa humanidad, como en Colombia por ejemplo, tiene que haber una política de exterminio», afirmó el funcionario.

A su vez, calificó a la Misión de Verificación de Hechos como una “comisión ad hoc” que no puede sustituir las labores de la oficina de alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, en Venezuela.

«Esa comisión ad hoc (en referencia a la Misión de la ONU) nunca solicitó información al Ministerio Público. En los últimos informes de Bachelet, incluido el del viernes, ella reconoce la labor del MP y del Fiscal en la judicialización de los casos», agregó

Sin embargo, Saab reconoció que en Venezuela sí se han cometido violaciones a los derechos humanos, pero indicó que se han imputado y condenado como corresponde a los responsables. “¿Cuántos funcionarios de las Faes tiene imputado el Ministerio Público? Te pudiera hablar de decenas. Agentes de seguridad del Estado, militares, funcionarios policiales, eso lo ha hecho el Ministerio Público, porque es prioridad del Estado», dijo.

Subrayó que desde el Ministerio Público se encuentran revisando los últimos informes de Bachelet sobre Venezuela, incluida la actualización del pasado viernes. «Nosotros estamos revisando los casos con la Oficina de Bachelet, porque esa comisión la creó el Grupo de Lima”, insistió.

Guaidó pide a Reino Unido que acepte a la junta ad hoc del BCV
El Tribunal de Apelaciones de Londres emitirá su dictamen, para determinar cuál de las dos juntas del BCV tiene autoridad sobre los 31 lingotes de oro depositados en el BoE 

El equipo de abogados del gobierno interino de Juan Guaidó, pidió este miércoles, 23 de septiembre, al Tribunal de Apelaciones de Londres, que acepte “sin cuestionarlos” los actos y nombramientos del presidente encargado de Venezuela, aunque hayan sido anulados por el Tribunal Supremo de Justicia. 

El abogado Andrew Fulton expuso sus argumentos en contra de un recurso de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por la administración de Maduro, que cuestiona un fallo del 2 de julio que otorgaba a la junta de Guaidó control sobre el oro venezolano, depositado en el Banco de Inglaterra (BoE).

Según nota de El Pitazo, Fulton sostuvo que el Gobierno del Reino Unido reconoció «inequívocamente» a Guaidó como presidente y jefe de Estado de Venezuela, en una declaración del 4 de febrero de 2019 -lo que le daría acceso a los activos del país-, que el bando de Maduro considera «equívoca y ambigua».

El entonces ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, dijo que Londres reconocía a Guaidó como «presidente constitucional interino de Venezuela hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles», tras haber dado un ultimátum previamente a Maduro para convocar esos comicios.

Fulton rechazó el argumento del bando rival de que, en ese mensaje diplomático, Hunt reconoció a Guaidó solo «de iure» (en derecho), aceptando implícitamente a Maduro como gobernante «de hecho», puesto que se mantienen los lazos diplomáticos.

Consideró «inapropiado» «poner palabras en la boca» del ministro y conminó a la corte a ceñirse a la doctrina británica de «una sola voz», que obliga a todas las instituciones del Estado a actuar unificadas en política exterior.

El abogado mantuvo que el tribunal londinense «no tiene jurisdicción» para examinar los actos de Guaidó en Venezuela, como el nombramiento de la junta paralela del BCV -declarada nula por la Justicia venezolana-, y debe considerarlos «válidos».

Fulton también acusó al equipo de la junta de Maduro, encabezado por Nick Vineall, de «abusar del proceso» al incluir en este recurso pruebas y argumentos no planteados en las audiencias de julio ante el juez Nigel Teare.

Entre otras cosas, el abogado pidió al tribunal que descarte el alegato hecho el martes por Vineall de que el Gobierno británico violó la legislación internacional al emitir una declaración de reconocimiento a Guaidó que contenía elementos «coercitivos» y presuntamente perseguía influir en los asuntos internos de Venezuela.

Tras escuchar a las partes hasta el jueves, el Tribunal de Apelaciones emitirá más adelante su dictamen, que servirá para determinar cuál de las dos juntas del BCV tiene autoridad sobre los 31 lingotes de oro depositados en el BoE y otros activos venezolanos custodiados en el Reino Unido.

El Pitazo realiza campaña para crear una comunidad de aliados
El medio optó por el modelo de membresía, para sumar apoyo a su propósito de cubrir todas las regiones, enfrentar la censura y garantizar información independiente y gratuita

El medio de comunicación El Pitazo inició una campaña para crear una comunidad de aliados, que los ayude a seguir cubriendo las noticias en todo el país y enfrentar la censura, con información independiente y gratuita.

“A cinco años de haber fundado este medio, en El Pitazo, convocamos a todas las personas  que le duela el país, a quienes les indigne lo que pasa, o sienta orgullo y nostalgia por Venezuela, que convierta esa emoción en un aporte. Se sume a nuestra causa, para cubrir las noticias que se generan en todos los estados del interior y garantizar que la población más vulnerable esté informada”, explicó César Batiz, director del medio venezolano.

Quienes decidan apoyar esta iniciativa y ser parte de esta red, se llamarán “Aliados” o “SúperAliados”. Entre los beneficios que recibirán a cambio, están conocer el destino de sus aportes y, dependiendo del nivel de compromiso que manifiesten, participar en la planificación editorial o estratégica de este medio de comunicación, además de interactuar con el equipo.

También obtendrán adelantos de investigaciones, recibirán productos digitales y descuentos en publicidad y en las actividades que organiza el medio, como obras de teatro y talleres de formación.

“Al formar parte de nuestra comunidad, nos ayudarán a mantener abierto y sin pago, nuestros contenidos en el portal web. También nos permitirán sostener los honorarios de 55 corresponsales en todos los estados de Venezuela, informar sin censura a los sectores populares y formar a las comunidades con criterios periodísticos, para que aprendan a comunicar lo que ocurre en su entorno”, agregó Batiz.

El equipo se ha planteado como misión estar alerta para visibilizar las injusticias, la corrupción y los delitos. “Ayúdennos a preservar nuestra independencia editorial -invita Javier Melero, co fundador y subdirector de El Pitazo-. Queremos que nos acompañen en esa lucha por la libertad, para ejercer el periodismo y hacer contraloría. Deseamos servir a la gente, no a gobiernos ni empresas”.

Sumarse a esta membresía no significa pagar por una suscripción. Tampoco implica una restricción para acceder a los contenidos en el sitio https://elpitazo.net/. Los cofundadores del medio explican que quieren garantizar que la población venezolana esté informada en un contexto de censura y bloqueos de plataformas digitales. “Por eso optamos por buscar el apoyo de nuestra audiencia más fiel”, precisó Melero.

El Pitazo se ha convertido en una referencia periodística en el país y su portal ha sido bloqueado cuatro veces por orden de Conatel, el ente rector de las telecomunicaciones en Venezuela. Esto los ha obligado a ampliar sus canales para distribuir las noticias: además de las redes sociales, usan papelógrafos, volantes, mensajes de texto por SMS, notiaudios por Whatsapp, el canal de Telegram, newsletters, forochats, un programa de radio que se retransmite en 20 emisoras y la aplicación móvil que desarrollaron para que se puedan leer sus contenidos en la web sin bloqueos.

Su trabajo le ha hecho sumar reconocimiento de organizaciones periodísticas: ganaron el Premio Ortega y Gasset 2019, el Premio Gabo 2019 y son finalistas en dos categorías del Premio Roche de Periodismo de Salud 2020, que será anunciado en octubre próximo.

El Pitazotambién fue el único medio venezolano seleccionado en 2019 por el Fondo Velocidad, la aceleradora de emprendimientos periodísticos de SembraMedia, que los acompañó a desarrollar este modelo de membresía.

 
¿Cómo ser aliado de El Pitazo?

Las personas interesadas en sumarse deben acceder a la campañaen la página de ElPitazo.net,para unirse a la comunidad de aliados. Allí encontrarán dos niveles de compromiso: Aliados y SúperAliados. Cada categoría ofrece diferentes beneficios. Deben seleccionar el monto y la frecuencia con la que quieren aportar, para ayudar al medio a financiar su operación.

Tendrán que agregar los datos de la tarjeta de crédito y de facturación. Además, pueden responder preguntas sobre el lugar de residencia y en qué disciplina pudieran aportar como fuentes de información para un trabajo periodístico. En el sitio, las personas también podrán suscribirse al boletín matutino, seguir al medio en su canal de Telegram o descargar su aplicación móvil.

Familiares Víctimas del 2017: Informe de la ONU reitera que gobierno Maduro incurre en violaciones a los DD.HH
Alfavic2017 recordó que para que haya justicia en cada uno de estos casos es necesario que se mantenga la presión de instancias internacionales

 

Los integrantes de la Alianza  de Familiares Víctimas del 2017 (Alfavic2017), aseguraron que el informe de la Misión de la ONU reitera que el gobierno de Nicolás Maduro incurre constantemente en violaciones a los DD.HH y que sus parientes fueron asesinados durante las manifestaciones de 2017 mientras ejercían el derecho a la protesta pacífica.

Antes estas conclusiones pidieron, una vez más a la comunidad internacional, que no calle frente a las injusticias y violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) que comete el gobierno de Nicolás Maduro. A su vez, recordaron que en Venezuela la justicia está parcializada y actúa a favor del gobernante razón por la cual necesitan del apoyo de instancias como la OEA, la ONU para que los culpables de los asesinatos del 2017 sean castigados.

Tras un comunicado difundido este 17 de septiembre en el que se mostraron satisfechos con el informe elaborado y presentado por la “Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, los voceros de Alfavic aplaudieron que cada una de sus denuncias hayan sido tomadas en cuenta y exhortaron a que ninguno de los casos quede por fuera.

“Tal como queda reflejado en el informe, hay indicios para determinar que en Venezuela hay un patrón de ataques sistemático y deliberado contra las personas que disienten del Gobierno, y la gravedad de las violaciones a los derechos humanos constituirían crímenes contra la humanidad. Nuestros familiares fueron asesinados por ejercer sus derechos ciudadanos a la protesta pacífica, a disentir y exigir Democracia en Venezuela”, indicó el comunicado.

Asimismo, recordaron que las conclusiones del informe son contundentes y claras. Señalaron que este permite determinar que Maduro y sus ministros ordenaron y contribuyeron con los asesinatos que ocurrieron durante esas manifestaciones.

“La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe, y teniendo la capacidad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas preventivas y represivas”, expresaron.
Alfavic2017 recordó que para que haya justicia en cada uno de estos casos es necesario que se mantenga la presión de instancias internacionales, en este caso la ONU y la OEA porque argumentaron que en Venezuela no hay independencia de poderes lo que impide que la justicia actúe y castigue a los culpables.

 

“Es por ello que pedimos a la comunidad internacional, a los Estados presentes en la Organización de Naciones Unidas, a los que participaran en el debate interactivo el 23 de septiembre, al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas Antonio Guterres, a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos Michelle Bachelet, a hacer todos los esfuerzos para renovar el mandato de la Comisión Independiente de Investigación de Hechos para Venezuela, y a no quedarse callados, a actuar para que haya justicia, verdad y reparación y sobre todo para que cesen las acciones del Estado venezolano contra su Pueblo”, exhortaron.

Destituyeron al presidente del Instituto Carabobeño para la Salud tras denuncia de supuesta venta ilegal de medicamentos
Rafael Lacava,  gobernador del estado Carabobo, destituyó al presidente del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud) Juan Carlos Yánez, luego de que el Fiscal General designado por Nicolás Maduro, Tarek William Saab, denunciara la comercialización ilegal de medicamentos dentro de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia

 

La información se dio a conocer luego que, en la Gaceta Oficial extraordinaria 7950 del estado Carabobo, se publicará el decreto n°1493 mediante el cual Lacava designó a Jonna Josefina Acero Martínez como presidenta encargada de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud). Acero Martínez viene de desempeñarse como directora de la Red Hospitalaria del estado Carabobo. 

La acción se genera a pocos días de la detención del médico residente de nacionalidad colombiana Antonio José Amell Castillo, quien es acusado de la venta ilegal de medicinas para combatir el COVID-19 dentro de la CHET.

Durante el procedimiento también fue detenida una mujer identificada como Francis Margarita Aguiar Salazar, quien es representante de un establecimiento cercano al hospital, donde se incautaron documentos, utilizados en la administración de servicios médicos del recinto hospitalario.

Puede leer la nota completa en este enlace a El Pitazo. 

Paralización de la producción de gas doméstico podría generar desabastecimiento en 10 días
Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, alertó sobre la paralización de la producción de gas doméstico y de su distribución a través de cilindros en toda Venezuela

 

“La producción de gas está técnicamente parada en la planta de fraccionamiento en Jose, pero se está trabajando con una reserva de  5.300 barriles de gas licuado que queda en inventario y eso sólo cubre el 10% de la demanda diaria”, resaltó.

El dirigente sindical explicó que las plantas de tracción de Jusepín y Santa Barbara, ubicadas en Monagas, además de San Joaquín en Anaco, colapsaron y están al borde del mínimo, por lo que estima que en los próximos días la distribución por cilindro se detendrá.

Girot aclaró que el consumo nacional es de 52 mil barriles de gas licuado diariamente y sólo se estaban generando ocho mil hasta el viernes 11 de septiembre cuando se paralizó en su totalidad la producción nacional para seguir trabajando con la reserva.

 

 

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Se paraliza la producción de sal industrial en Araya
Mensualmente se dejaron de producir 5.000 kilos de sal a granel utilizado por la industria petroquímica y unos 12.000 sacos de 25 kilos de sal roja para el consumo animal. 

Más de un mes lleva paralizada la producción de sal industrial en el complejo salinero de Araya, municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre. La denuncia la realizaron a través de un contacto telefónico a El Pitazo este viernes 4 de septiembre, un grupo de trabajadores que se encargan de la explotación y procesamiento de este mineral en la península de Araya. Aseguraron que se dejó de extraer la sal a granel desde la laguna Madre.

Además, informaron que también se paralizó la producción de salazón, sal para salar pescado, la sal gruesa que se utiliza en la industria petroquímica y la sal roja que se elabora para el consumo animal.

«Tampoco estamos procesando la sal refinada para el consumo humano. Se dejaron de producir 5.000 kilos de sal a granel utilizado en la industria petroquímica y unos 12.000 sacos de veinticinco kilos de sal roja para el consumo animal”, dijo uno de los obreros, quien omitió su nombre para evitar represalias en su contra».  

Este trabajador denunció que la gobernación del estado Sucre jubiló a unos 150 obreros que no cumplían con los requisitos para obtener este beneficio, porque tienen entre 45 y 50 años. Agregó que la empresa les adeuda a más de 200 mujeres y hombres 36 meses del bono de alimentación y no cuentan con el seguro funerario y de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM).

Otro de los obreros, quien no se identificó por temor, dijo que el pasado mes de marzo, la gobernación de Sucre, entregó en concesión a la empresa Alimentos San Ignacio para que se encargara de la explotación de la sal en las salinas de Araya y esta no quiere cancelar los pasivos laborales pendientes al personal.

Explicó que el señor Hugo Cabezas, directivo de esta compañía, se reunió con los trabajadores y se comprometió a realizar la reparación y compras de equipos nuevos para la activación por completo de este complejo salinero y no cumplió. “Solo llegaron a la empresa unas láminas y ángulos de hierro. También a los trabajadores se les entregaron una braga y un par de botas”, expresó. 

#GuachimánElectoral: Parlamentarias 2015 versus parlamentarias 2020: a fuerza de diferencias y semejanzas
Unas instituciones alineadas para crear un ecosistema electoral a la medida y una crisis a toda escala son fenómenos que se repiten de cara a la elección de nuevos diputados, mientras que “la novedad” consiste en menos derechos a los indígenas y una pandemia

Los últimos procesos electorales en Venezuela han estado signados por las irregularidades y violaciones a la Constitución y a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) por parte de las dos instituciones que debían garantizar, precisamente, la transparencia electoral: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las elecciones de 2015, donde se eligió la actual legislatura de la Asamblea Nacional, fueron, quizás, las últimas en ser medianamente competitivas, pero no exentas de irregularidades. Desde el #GuachimánElectoral presentamos algunas de las semejanzas y diferencias de aquel proceso con respecto al que se dará el próximo 6 de diciembre:

El espejo

– Fecha: la más obvia de las semejanzas entre el proceso electoral del 2015 y el de 2020 es la fecha: 6 de diciembre. En ambos casos, el día fue elegido y anunciado de manera tardía. El día de las elecciones coincide con la semana en que corresponde la semana de flexibilización de la cuarentena, bajo el esquema 7+7 que ha implementado el chavismo.

– Situación país: otra de las coincidencias es que en 2015 Venezuela presentaba una crisis económica importante. El proceso que se dará el 6 de diciembre viene acompañado de la profundización de la crisis económica y política y con un elemento extra: la pandemia por coronavirus.

– Instituciones alineadas: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha jugado un rol importante en el camino electoral venezolano y en la consecuente desconfianza de los venezolanos para transitarlo. En 2015, el informe del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) denunciaba que se vencía el periodo de tres rectores del CNE. El TSJ decidió ratificar a dos rectoras y nombrar a un nuevo rector. En 2020, luego de un intento de acuerdo político entre oposición y gobierno para designar un nuevo CNE, fue nuevamente el TSJ el que designó a los nuevos rectores del Poder Electoral e impuso, contrariando las leyes, a la presidenta y el vicepresidente del ente comicial.

– Configuración a la medida: hace cinco años, como ahora, el TSJ afectó con sus decisiones a algunos partidos políticos. En 2015, el máximo tribunal decidió intervenir y desconocer la legitimidad de las direcciones nacionales de Copei, el MIN y el MEP. Para el proceso de 2020, tres de los principales partidos opositores están intervenidos con una dirección también impuesta por el TSJ: Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP). A estos les arrebataron siglas y colores para dárselas a dirigentes que adversan la gestión del actual presidente del Parlamento y que están siendo investigados por vínculos con la corrupción.

La otra acera:

– Nuevo sistema de adjudicación: el CNE, con aval del TSJ, creó un nuevo ecosistema electoral que aumenta el número de diputados, de los 167 que se eligieron en 2015, a 277.

– Pandemia: a diferencia de otros procesos electorales, incluido el del 6 de diciembre de 2015, en 2020 se pretende ir a unas elecciones complejas en medio de una pandemia, sin que el CNE haya explicado cuáles serán las garantías de bioseguridad para todos los involucrados en el proceso y particularmente para quienes participarán como electores.

– Vulneración a los indígenas: tras el resultado de las elecciones de 2015, los diputados indígenas fueron la manzana de la discordia. Una sentencia de la Sala Electoral del TSJ, presidida entonces por la Magistrada Indira Alfonzo, hoy presidenta del CNE, dejó sin representación indígena al estado Amazonas durante los cinco años de legislatura. Ahora, la transgresión es la forma en cómo los indígenas elegirán a sus diputados: sin voto directo, universal y secreto y tres días después de las elecciones generales.

– Sin saber cómo se votará: en marzo de este año, la entonces presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informaba que 40.000 máquinas de votación habían resultado afectadas tras un incendio en los galpones del ente electoral. A la fecha, no hay información de cómo se garantizará que el sistema de votación sea automatizado, tal como lo establece la Constitución.

Menos es menos: el actual cronograma electoral establece 15 días de campaña electoral, pese a que ese proceso implica promoción de candidatos en un contexto con pocos medios de comunicación, variaciones del sistema de asignación de escaños y movilidad restringida por el COVID-19. En 2015 la campaña duró 21 días.

– Más recortes: El cronograma para este 6 de diciembre tiene, además, 12 actividades menos que en 2015. Estas son tareas que fueron eliminadas o fusionadas sin justificación técnica. En cuanto a las auditorías, en 2015 se efectuaron 20, mientras que para este 2020 se anunciaron 15.