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Opinión

La carrera por la vacuna de la covid-19, por Víctor Álvarez R. y Davgla Rodríguez A.

@victoralvarezr / @davroalvarez

Según la OMS, están en marcha 149 proyectos de vacuna de la covid-19 y 17 ya están en la fase de ensayo en humanos. El tiempo mínimo para que una vacuna esté disponible para su uso masivo está entre 12 y 18 meses. El último registro fue el de la vacuna Ervebo contra el ébola, que requirió cinco años desde el inicio de las pruebas en humanos, en octubre de 2014, hasta su aprobación en noviembre de 2019.

Una vez que el coronavirus comenzó a propagarse rápidamente por el mundo, empezó la carrera por desarrollar una vacuna contra los estragos que causa esta enfermedad. Sobre todo en los enfermos más graves que mueren víctimas de inflamación y coágulos de sangre y ataque masivo a múltiples órganos.

Los ensayos en humanos suelen comenzar con unas decenas de voluntarios sanos, en la llamada fase 1, para descartar efectos graves. Después se pasa a fase 2, en la que se prueba la vacuna en centenares de personas con el objetivo de confirmar la seguridad, estudiar la respuesta inmune inducida y calcular la dosis adecuada. En los estudios de fase 3, con miles de inoculaciones, se evalúa la eficacia real de la vacuna para proteger frente a la enfermedad.

Para evitar que la pandemia de la covid19 se convierta en una verdadera catástrofe humanitaria, se están acelerando todos los procesos para obtener cuanto antes la vacuna.

Una vacuna ideal debería ser efectiva después de una o dos dosis y funcionar eficazmente en poblaciones especialmente vulnerables al coronavirus; es decir, en personas mayores y con patologías previas. También debería garantizar una protección durante un mínimo de seis meses para poder controlar la pandemia.

La vacuna diseñada en Oxford, Inglaterra

El 20 de julio se difundieron los resultados preliminares de las fases 1/2 de la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la Universidad de Oxford. Según un comunicado de la revista médica The Lancet, los resultados preliminares sugieren que induce una respuesta inmune al generar anticuerpos y una respuesta favorable de células en tiempos adecuados. Andrew Pollard, profesor de la Universidad de Oxford y autor principal del estudio dijo: “El sistema inmunitario tiene dos formas de encontrar y atacar a los patógenos: las respuestas de anticuerpos y de células T. Esta vacuna tiene la intención de inducir ambos, por lo que puede atacar al virus cuando está circulando en el cuerpo, así como atacar a las células infectadas”.

En el proyecto de la Universidad de Oxford también participa AstraZeneca y en la fase 3 han probado la vacuna con 1077 adultos sanos. Los resultados indican buenas respuestas inmunitarias, tanto celular con células T capaces de encontrar y atacar a las células infectadas. Así como a través de anticuerpos que pueden detectar y atacar al virus cuando circula por la sangre o el sistema linfático. Los investigadores no descartan que estas respuestas sean mayores tras una segunda dosis, tal como sugiere un subgrupo de 10 individuos que la recibieron en el estudio.

Sobre la capacidad de la vacuna de inducir ambas respuestas inmunitarias (celular y humoral), Andrew Pollard asegura que “esperamos que esto signifique que el sistema inmunitario recordará al virus, de modo que nuestra vacuna protegerá a las personas durante un período prolongado. Sin embargo, necesitamos más investigación antes de poder confirmar que la vacuna protege eficazmente contra la infección por SARS-CoV-2 y cuánto tiempo dura cualquier protección”.

EE. UU. y la vacuna contra el SARS-CoV-2

Moderna fue la primera empresa en los Estados Unidos en probar en humanos la vacuna experimental mRNA-1273. La vacuna es un pequeño fragmento del código genético del coronavirus que se inyecta en el paciente. No causa infección ni síntomas asociados a la covid-19, pero tiene la capacidad de generar una respuesta del sistema inmunitario.

A los participantes del estudio se les aplicó una dosis baja, o media o alta. La dosis más alta provocó más efectos colaterales. Sin embargo, Moderna señaló que aquellos a los que se les suministró la dosis más baja produjeron el mismo nivel de anticuerpos detectados en personas recuperadas de covid-19, dando indicios de que podía entrenar al sistema inmunitario para combatir al coronavirus.

La fórmula producida por la universidad de Oxford se calcula tendrá un costo de aproximadamente de 2 euros; mientras que la elaborada por Moderna costará entre $ 50 – 60. En Estados Unidos, Pfizer, Merck y también Moderna han anunciado que, de obtener la patente, no venderán la vacuna a precio de costo; mientras que AstraZeneca y Johnson Jhonson han dicho que renunciarán a las ganancias.

Los avances de China

La empresa biotecnológica CanSino Biologics (Instituto de Biotecnología de Beijing) ha desarrollado junto con la Academia de Ciencias Militares un vacuna experimental denominada Ad5-nCoV. Esta utiliza un adenovirus del resfriado común para introducir en las células humanas información genética del nuevo coronavirus y generar una respuesta inmune sin riesgo de padecer la enfermedad. El experimento ha mostrado resultados prometedores con centenares de personas. Sin embargo, todavía tiene que demostrar su eficacia en pruebas con miles de participantes.

Otro esfuerzo es el de China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) con una versión inactivada del SARS-CoV-2, el coronavirus causante de la COVID-19. Actualmente realiza pruebas en Emiratos Árabes Unidos. Aunque China ha acelerado los procesos debido a la emergencia sanitaria mundial y ha permitido que se lleven a cabo al mismo tiempo algunos estudios en la primera y segunda fase, se trata de la primera prueba clínica en el extranjero para una vacuna desarrollada en China.

El Ministerio de Sanidad emiratí autorizó las pruebas que están a cargo de la compañía local Group 42. Más de 1000 trabajadores de la compañía han participado en las pruebas y los resultados muestran que la vacuna sería segura y efectiva. Las reacciones adversas han sido menores a los de otras candidatas.

El Instituto de Productos Biológicos de Wuhan informó que no hubo ningún efecto secundario grave en las primeras dos fases de las pruebas. Y aseguró que se trata de la primera candidata a vacuna que cuenta con seguridad e inmunogenicidad. Esta es precisamente la capacidad de activar una reacción favorable en el sistema inmunológico.

La empresa estatal China National Biotec Group, parte del grupo Sinopharm, inauguró el 1 de julio un nuevo complejo para la investigación, desarrollo y producción de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2. Ello permitirá doblar la capacidad productiva de dosis, una vez sea aprobada la vacuna. La planta tendrá una capacidad de producción de 100 millones de dosis al año. De superar las pruebas, las autoridades chinas podrían aprobar la vacuna para su uso, aunque en ocasiones se lleva a cabo una cuarta fase con estudios más profundos.

En América Latina, Brasil se convirtió a finales del mes de julio en el primer país en iniciar las pruebas en fase 3 de la vacuna china Coronavac. La vacuna se aplicará a 9000 médicos y paramédicos voluntarios que recibirán la vacuna como parte del convenio entre el laboratorio chino y el instituto de investigación brasileño Butantan, lo cual permitirá realizar los ensayos en la última fase antes de su homologación. Desde finales de junio, Brasil también realiza pruebas de la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 contra el coronavirus, desarrollada por la Universidad de Oxford junto con el grupo farmacéutico británico AstraZeneca.

Como se sabe, Brasil es el segundo país más golpeado por la enfermedad, solo por detrás de Estados Unidos. Hasta el presidente Jair Bolsonaro terminó contagiado por una enfermedad que no distingue estatus político, condición económica, razas ni religiones. Por eso, hasta que finalmente se apruebe y difunda la vacuna, lo mejor es quedarse en casa.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

#MonitorDeVíctimas | Cómo combatir el lema del “Plomo cerrado al hampa”
La organización comunitaria y la recuperación de la confianza en los cuerpos policiales son claves a la hora de derribar el lema “plomo cerrado al hampa”, que puso en boga el exalcalde Alfredo Peña hace 20 años y que aún muchos aprueban.

 

@miconvive

En el año 2000, Alfredo Peña fue candidato a la Alcaldía Metropolitana de Caracas. El periodista y candidato del Movimiento V República tenía un lema de campaña bastante claro: “Plomo cerrado al hampa”. Campañas comunicacionales en televisión y periódicos llevaron este mensaje confrontativo dirigido hacia la problemática del crimen en la ciudad.

Basándonos en los resultados de los comicios, el mensaje caló muy bien. Peña ganó contundentemente la elección. Casi 65 % de los electores respaldaron su candidatura, esperando encontrar una solución al crimen que atormentaba la vida en Caracas. En el 2020 ¿apoyarías a un candidato que hiciera ese tipo de promesas?

El controvertido apoyo a la “mano dura” policial

Encuestas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llevadas a cabo en el 2012 en Latinoamérica, sugieren que los ciudadanos que viven en ambientes de inseguridad tienden a apoyar la mano dura como respuesta al delito.

Específicamente en Venezuela, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en su más reciente encuesta, observó respuestas contrastantes. Por una parte, el 80 % de los ciudadanos encuestados rechazó que se detuvieran jóvenes por su aspecto físico. No obstante, cerca de un tercio de la población cree que la policía tiene derecho a matar.

A su vez, diversos testimonios apuntan a que todavía existen grupos que apoyan este tipo de medidas para lidiar con el crimen y la violencia.

Hace un tiempo, conversando con unos amigos de la universidad sobre la reducción de homicidios en El Salvador y las políticas de mano dura de su presidente Nayib Bukele, salió la inevitable comparación con la realidad venezolana. Era común escuchar comentarios parecidos a la frase de campaña de Peña en el año 2000:

“A esos hay que matarlos”,

“Hay que mandar a la policía a los barrios a encontrarlos y eliminarlos”,

“Son unos asesinos, se merecen las balas”.

Cuando la comunidad organizada elige la prevención

En contraste, hemos conseguido respuestas diversas en grupos focales realizados en comunidades populares. Estos encuentros, organizados por Caracas Mi Convive en los llamados “Cafés por Caracas”, buscan conocer las opiniones de comunidades excluidas sobre la violencia y sus posibles soluciones.

Lo sorprendente de estas visitas es que, en la mayoría de los “Cafés por Caracas”, las personas que han asistido manejan teorías de prevención de violencia y sus causas sin haber cursado una clase universitaria acerca del tema. Identifican lo vulnerable que son los jóvenes en caer en la criminalidad y la violencia. Saben que es importante acercarse a ellos y critican las políticas de mano dura de los funcionarios policiales.

Sin embargo, en una comunidad ubicada en El Valle, golpeada por la amenaza constante de bandas y donde hicimos un grupo focal, hubo un momento donde unos de los participantes rompió el silencio y dijo:

“Yo sé que esto del deporte e incluir a los jóvenes es algo bueno. Pero los mismos muchachos vienen todas las semanas a robar a la comunidad, hasta han robado a mi familia, lo que provoca es que venga la policía y le den sus plomazos”. 

Es una situación difícil de abordar, ¿Cómo le decimos a alguien directamente afectado por la violencia que no sienta rabia y que más violencia no es la solución?

En este sentido, los resultados presentados por el OVV y los testimonios de diferentes contextos de Caracas muestran que el apoyo a la mano dura pareciese ser todavía una opción que ronda en las opiniones de ciertos ciudadanos.

Adicionalmente, la diversidad de respuestas referentes a cómo se debería combatir el crimen sugieren que no existe un consenso entre los ciudadanos sobre qué tipo de medidas ayudarían. Existen límites difusos sobre qué tanta autoridad se le otorga a los funcionarios y qué tan endebles pudieran ser las garantías de los derechos humanos con la justificación de combatir el crimen.

¿La mano dura es realmente efectiva para combatir el crimen?

La violencia no ha sido efectiva para lograr la paz. Inclusive en aquellas ciudades con altos niveles de conflicto. Cuando las personas son testigos constantes de violaciones derechos humanos por parte la policía, dejan de confiar en ella como institución.

De acuerdo con la última encuesta del OVV, el 70 % de los venezolanos encuestados no confían en las instituciones policiales.

Algo similar ha ocurrido en zonas de alto conflicto del Medio Oriente. Las continuas tácticas militares de fuerzas extranjeras han despertado el rechazo de la población, con protestas y no cooperando con las autoridades, inclusive terminando por apoyar a grupos armados que han arremetidos contra ellos en el pasado.

Por ejemplo, en Irak esta situación ha llevado a que las fuerzas militares sean instruidas en estrategias de policía comunitaria, basadas en el acercamiento al ciudadano y el respeto a los derechos humanos. Su objetivo es ganarse la confianza de la población y ser vistas como un cuerpo legítimo. Las fuerzas de seguridad entendieron que estas tácticas militares terminaban afectando no a los grupos armados, sino a los grupos que tenían más cerca. Estos tendían a ser familias que quedaban en medio del conflicto.

De esta forma, la mano dura termina siendo como un uróboro, una serpiente que termina comiéndose su propia cola y perpetuando los ciclos de violencia. La policía pierde legitimidad frente a la población, se quiebran los lazos de confianza y queda como resultado una sociedad fragmentada en el medio de un conflicto armado entre bandas y grupos policiales.

Organización ciudadana para frenar la epidemia de violencia policial

El psicólogo social Ervin Staub, quien ha trabajado en zonas de alto conflicto como Ruanda, propone que una de las claves para que la violencia no se incremente es el rol de los observadores. Los observadores son miembros de la sociedad que no han sido afectados por la violencia, ni tampoco la han ejercido. No obstante, cuando la violencia aparece, rara vez intervienen para frenarla.

Partiendo de lo propuesto por Staub, desde Caracas Mi Convive creemos que los ciudadanos tenemos un rol clave en frenar la epidemia de violencia policial. Además, ese rol lo podemos ejercer desde este momento. Específicamente, creemos en tres estrategias que pudiesen útiles en el contexto venezolano: informar, difundir y dialogar.

 Información

En primer lugar, desde Mi Convive creemos que es clave que las estrategias para combatir el crimen no deben estar guiadas por decisiones impulsivas, como la rabia que sentimos cuando somos víctimas de la violencia. En cambio, se debe manejar información de lo que ha funcionado en otros contextos, según la evidencia científica. En este sentido, es importante informarse. Saber que las políticas que han tenido mayor efectividad para hacer un país más seguro son aquellas donde los ciudadanos tienen mayor confianza en las instituciones por su transparencia y respeto a los derechos humanos.

 Difusión

En segundo lugar, creemos que es clave difundir esta información. Y que esta sea acompañada por testimonios de historias exitosas. No solo es necesario dar una serie de datos estadísticos, que para muchos no tendrán mayor significado. A su vez es importante mostrar historias de personas de carne y hueso, que demuestran que sí existe una alternativa a las políticas de mano dura. En Mi Convive, el trabajo en conjunto con líderes comunitarios nos ha permitido ser testigos de casos de éxito; una comunidad a la vez.

 Diálogo

Finalmente, no debemos encerrarnos en hablar solamente con quienes están de acuerdo con nuestras opiniones. Mientras más observadores estén dispuestos a desaprobar el uso de la violencia para frenar el crimen, y sepan que existe una alternativa, mayor será la probabilidad de que la epidemia de letalidad policial termine. Por eso es importante dialogar con aquellos que continúan apoyando este tipo de medidas.

Son pequeños pasos, pero necesarios, para que estos episodios violentos dejen de ocurrir. Y poder salvar, en conjunto, vidas de personas inocentes.

Privatización carcelaria en Venezuela, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma

La privatización de las cárceles  ha sido un tema de muchas discusiones en el mundo entero, algunos a favor y otros en contra. El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fija las reglas de cómo debería ser el sistema penitenciario de nuestro país. Allí establece que se pueden implementar modalidades de privatización.

La Constitución no lo impone, pero deja la posibilidad de que exista la privatización carcelaria en Venezuela.

El padre del penitenciarismo moderno en Venezuela, mi maestro Elio Gómez Grillo, en la última obra que publicó en vida, Prosa de prisa para presos, decía: “Los establecimientos penitenciarios pueden (…) ser sometidos a modalidades de privatización”. O sea, que “se prevé y se desea la intervención de particulares en ofertas de trabajo, de deporte, de asistencia médica y de recreación para los reclusos. Y queda abierta, igualmente, la posibilidad de intentar, a manera de ensayo piloto, la organización de todo un establecimiento privado.” (Gómez Grillo, 2009, pág. 59).

En un artículo sobre la privatización de cárceles, publicado en la página web de la organización colombiana amiga Dejusticia, Ana Margarita González Vásquez escribe: “La política de privatización de las prisiones que comenzó hace 30 años en Estados Unidos se ha expandido a varios países de América Latina como Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, Brasil; y otras regiones del mundo como Sudáfrica o Nigeria”.

Tuve el honor de participar en las discusiones del artículo 272 de la Constitución venezolana de 1999, en la cuales la privatización de la cárceles fue uno de los temas más álgidos.

Sobre todo porque a algunos participantes les costaba mucho entender que, en primer lugar, el planteamiento no era obligatorio; como sí lo era la descentralización de las cárceles, también contenido en ese artículo. Pero que podría darse el caso que quedaran en manos de empresas privadas algunos servicios de la cárcel como los de alimentación, educación y otros que cita el maestro Gómez Grillo en el párrafo aludido.

Finalmente hubo consenso entre los que participaron en las discusiones, donde, por cierto, estaba la hoy ministra para el Servicio Penitenciario Iris Varela. Un consenso que está consagrado hoy en nuestra Carta Magna. Realmente no sabemos cómo podría resultar la privatización de las cárceles en nuestro país. Pienso que, para aplicar sus modalidades, debemos comenzar por solucionar los graves problemas de hacinamiento, retardo procesal o “criminal” -nombre que le acaba de dar el gran jurista Alberto Arteaga Sánchez-, y muchos otros problemas que vive nuestro sistema penitenciario.

Estoy convencido de que la aplicación del artículo 272 de la Constitución ayudaría a solucionar el caos penitenciario que hoy vivimos. Agregándole por supuesto algunos problemas que en 1999 no existían.

Igualmente sería necesaria una reforma importante al Código Orgánico Penitenciario. Ello, porque entre las muchas fallas que tiene se les pasó incluir el contenido de la citada norma constitucional.

Pensando en voz alta, se me ocurre que, dándoles a los amigos de Fe y Alegría la educación de los reclusos sería un importante avance, por sus éxitos en esa área; y esta es una modalidad de privatización. Tal vez crear cooperativas con los familiares para que se encarguen de la alimentación de los presos podría ser otra de las modalidades a tomar en cuenta. En fin, son muchas las ideas que puedan surgir.

Cuando la democracia retorne a Venezuela, que estoy seguro va a pasar, el sistema penitenciario y el respeto a los derechos humanos de los hombres y mujeres privados de libertad debe ser un tema a tomar en cuenta. Porque, en la historia de nuestro país, siempre han estado de últimos en la fila.

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“Castrismus incultus y stupidus”, por Armando Martini Pietri

@ArmandoMartini

Cuando se sufre un fastidioso dolor de muela, incapaz de aliviar, la noche puede ser eterna, el terror de nunca acabar. Tal y como sucede con la prolongada miseria que nos ha traído, como estrategia destructora, el castrismo-chavista-comunista. Han levantado su torre no de Babel, sino de bobos con los individuos más incompetentes e inútiles.

El comunismo es el máximo grado de evolución del socialismo. Venezuela está destruida, se aprecia un paisaje oscuro, en ruina y desolación. Años de errores como política del “castrismus incultus”, o, dependiendo del cristal, “castrismus stupidus” -disculpen el latín-.

Es la epidemia que en el año 20 del siglo XXI se nos encaramó con un rosario de mentiras y alarde de un sistema desvencijado.

El régimen, sus compañeros de ideologías y cómplices, no gozan de credibilidad, nadie les cree -excepto los fanáticos asalariados, uniformados obedientes que dan soporte a la furia perversa socialista del siglo XXI. Los problemas empezaron cuando no hubo quien creyera, por observarlas remotas, que tradición de siglos de hambre y represión consumen casi todo. Se atragantan de dictadura y fatalmente de comunismo. Basta pasearse por la literatura espesa, sórdida, de sinvergüenzas como Mao, Fidel, Marx, Stalin, Che Guevara, Hitler, Mussolini, Idi Amin, Jean Bedel Bokassa, Obiang Nguema, entre otros sanguinarios verdugos.  

Se visualizó como lejanía, no se actuó con la aconsejable sobriedad y espíritu de veamos qué pasa en realidad. Es hora de perder el miedo, enfrenar al castrismo, rechazar la izquierda, tener coraje, identificar dudas, alejarnos de la resistencia de los escépticos. La transparencia es vital, la rendición de cuentas clave, el apego a principios y valores serán la sostenibilidad y harán viable un cambio.

Comenzó la habladera de ataques biológicos imperialistas, atrapados en alguna cocina pueblerina. Advirtieron los integrantes de la Alianza Bolivariana para nuestros pobres pueblos que se pondrían a trabajar, uniendo esfuerzos científicos y económicos para elaborar una vacuna que no termina de aparecer. Otro alarde etéreo, peor que una ilusión politiquera, una necedad socialista que generó burlas e ironías. Al final no se prepararon para lo que la realidad mundial anunciaba. Progresaba una epidemia, se expandía apresurada, llegaría a la patria bolivariana militarizada y castro-comunizada.

Venezuela lleva 21 años de dolorosa y atormentante noche que los cubanos han padecido por 6 décadas; que los rusos sufrieron bañados en sangre de ciudadanos presos, torturados, asesinados o sepultados en los extensos y gélidos gulags de Siberia. La misma angustia, terror y sufrimiento de la clase media y campesina china mientras vivió Mao que laceró a quien no le obedeciera, mientras satisfacía su depravación sexual con niñas escogidas. Ansiedad que llevó a los rumanos a derribar a pecho descubierto la tiranía brutal de Nicolae Ceaușescu y su mujer, o a los polacos seguir la rebelión democrática de los obreros del sindicato Solidaridad.

Ejecutores de ineptitudes, insisten en el anticuado error leninista; destruir para comenzarlo de nuevo. Semejante estupidez costó décadas de hambruna, consternación e infortunio. Igual pasará con los cubanos presididos por un viejo rezongón y un mediocre fiel. Se creyeron inmunes, y sus playas, hoteles, prostitutas del hambre seguían abiertos para el que tuviera el dislate de visitarlos.

Se percibe cómo las estructuras del colectivismo han venido derrumbándose.

Donde han existido manejos marxistas la caída se ha producido, muchas veces tras un derramamiento de sangre. Hay que comprometerse en la lucha para vencer a los roedores portadores de la peste.

Se anuncian contagiados, se regocijan, además de charlatanes, son revolucionarios, socialistas, “leales siempre, traidores nunca”, humanos como cualquiera, dispuestos a mantenerse rodilla en tierra, enfrentando “el acoso del imperialismo y la guerra económica en defensa del pueblo”. Es frecuente escucharles juicios idealistas pensando que ellos son la solución. Pero los jefes con barrigas y bolsillos llenos se enferman. El virus no entiende de niveles ni responsabilidades, igual afecta al pueblo con sus estómagos y faltriqueras vacías. La covid-19 es igualadora social.

Revolución en marcha, en arenas movedizas del castrismo, culpando a los demás de sus mamarrachadas con su narrativa vetusta y populista.

La verdadera contrariedad de esta ignominia desfachatada es que los síntomas presentados no son de la temible covid-19, ni del aterrador ébola sino del exterminador socialismo, que va destruyendo con voracidad porciones del contagiado hasta que termina destripándolo entre dolencias y demencia.

 

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Líderes de las comunidades, líderes en la emergencia, por Roberto Patiño

@RobertoPatino

¿Cómo enfrentan las comunidades la emergencia y la crisis superpuestas del modelo dictatorial y la pandemia de la COVID-19 en Venezuela?

En El Cementerio, por ejemplo, ante el grave problema de la falta de agua, líderes de un sector en el que el servicio todavía funciona se ponen de acuerdo con líderes de sectores colindantes desabastecidos para establecer conexiones con mangueras y compartir el agua entre ellos. Esta acción genera un alivio de enorme importancia que surge a partir de la aplicación de valores convivenciales. Y se contrapone a la represión, opacidad y oportunismo instrumentalizados desde el Estado.

En San Antonio de El Valle, Tibisay maneja redes de información con aliados en otras organizaciones vecinales y grupos de acción social. Una labor que le permite monitorear la situación de contagios de COVID-19 en su comunidad. Hace además un gran trabajo de concientización difundiendo medidas de protección y cuidado, detectando a las personas más vulnerables y articulando ayudas de medicinas, alimentos, transporte y voluntariado.

Estos casos ejemplifican la importancia que el liderazgo comunitario ha venido alcanzado en el contexto de deriva autoritaria y pérdida de espacios democráticos que han signado la crisis nacional.

Representan una opción alternativa que ve el liderazgo y la acción social y política no como un ejercicio de acumulación de poder, sino que asumen la responsabilidad individual y colectiva en la búsqueda mancomunada de soluciones. Por ello, sus iniciativas redundan directamente en el bienestar general.

En el movimiento Caracas Mi Convive trabajamos para la generación de una plataforma que reconozca, potencie y ayude a generar este liderazgo. La visión apunta a una nueva forma de acción social y política. Un liderazgo que se expresa de diversas maneras:

Organizaciones civiles que hacen vida en la comunidad desde hace años

Jóvenes vinculados a iniciativas en contra de la violencia o en la promoción del deporte

Madres que en medio de las dificultades convierten a sus hogares en guarderías o comedores

Maestros que trabajan en escuelas que constituyen puntos de encuentro en el barrio

Representantes de organizaciones religiosas con vínculos estrechos con la comunidad

Activistas sociales que recuperan espacios, organizan protestas, coordinan movilizaciones.

Este liderazgo diverso nos animó a desarrollar iniciativas como Alimenta la Solidaridad, Monitor de Víctimas y la Red Solidaria. A nivel nacional nos ha permitido construir un tejido de casi 600 líderes, presentes en distintos estados del país, con un compromiso de voluntariado, organización y autogestión.

Como dice Marbelis, una de nuestras madres líderes en Alimenta La Solidaridad: “En el trabajo con el comedor nos hemos dado cuenta de que no podemos depender solo de la organización (Caracas Mi Convive). Y que es algo que nos corresponde asumir a nosotras… He aprendido que no solo se trata del plato de comida que llevas; es que creces como persona”.

El reconocimiento del valor del otro y de sí mismos, es también fundamental.

Así lo afirma Amelia, otra de nuestras madres: “Aprendí a tener firmeza y confianza en mí. Y que lo que yo piense, es lo que tengo que sacar adelante”.

En el contexto de orfandad institucional, represión e imposición de sistemas de control que  padecemos, el liderazgo de las comunidades expresa la respuesta convivencial de las personas, en sintonía con los aspectos más luminosos de nuestro gentilicio y humanidad.

Su papel en los procesos para lograr un cambio hacia la democracia y la construcción de un nuevo país son fundamentales.

 

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¿Cuánto dura una película en Netflix?, por Reuben Morales

Ilustración de Alexander Almarza, @almarzaale

@ReubenMoralesYa

La próxima vez que seleccione una película y vea cuánto dura, le advierto: ese tiempo es falso. ¿Quiere saber cómo calcular la verdadera duración de una película en Netflix para no quedar más desilusionado que colombiano tomando café gringo?

Entonces aplique la siguiente fórmula descubierta por la universidad de Yale… de Yale digo cómo se saca:

Supongamos que la película dura 107 minutos según Netflix (lo cual no es real). Entonces, para averiguar la duración verdadera, haga lo siguiente:

A ese 107, súmele 50 (del número de mensajes de Whatsapp que recibirá durante la película y por los cuales deberá poner pausa). Entonces 107 + 50 = 157 minutos de película.

Ahora sume 6, correspondientes a los minutos de las dos llamadas que le harán cuando esté viendo la película. Así las cosas, 157 + 6 = 163 minutos de película.

Ahora súmele 20 segundos. Son de las dos veces que deberá retroceder un poco la película para retomar el hilo cuando tranque las llamadas. Eso suma 163 minutos con 20 segundos de película.

Ahora sume 40 segundos adicionales de las cuatro veces que deberá retroceder la película para volver a ver algo que, o no entendió bien o no escuchó por la alarma de un carro en la calle. Entonces sume los 163 minutos con 20 segundos + 40 segundos = 164 minutos de película.

Ahora agréguele 20. Son los minutos que deberá ver de nuevo por haberse quedado dormido en medio de la película. Así, 164 + 20 = 184 minutos de película.

Ahora sume 10. Son los minutos que dura pausada la película mientras usted se prepara un sándwich en la cocina. De esta manera tenemos 184 + 10 = 194 minutos de película.

Ahora sume 30. Son los segundos por retroceder cuando mastique su sándwich y no pueda escuchar nada por el crujir del pan tostado en su cabeza. Esto nos deja con 194 minutos y 30 segundos de película.

Ahora, a todo lo anterior, sume 24 horas. Es porque usted decide parar la película ya que debe madrugar al otro día. De esta forma, ya son 24 horas, 194 minutos y 30 segundos de película.

Ahora sume 2 minutos. Es para cuando retome la película al día siguiente y deba retrocederla un poquito para volver a entrar en contexto. Eso totaliza 24 horas, 196 minutos y 30 segundos de película.

Y si usted está en Venezuela, ahora súmele 20. Son los minutos que toma llenar los envases cuando llega el agua en medio de la película. Así las cosas, agregamos esos 20 minutos a lo anterior y nos da un total de 24 horas, 216 minutos y 30 segundos de película.

Pero si quiere estar tranquilo con sus cálculos, nunca deje de agregar 30 minutos más de imprevistos. Son esos casos cuando pausa la película para hacerse un sándwich, pero le envían un mensaje de Whatsapp, después le llaman, llega el agua, llena los envases sosteniendo el teléfono con el hombro y la oreja y luego usa toda esa agua para apagar el sándwich que se le prendió en candela por haberlo olvidado. Todo eso ahora suma un total de 24 horas, 246 minutos y 30 segundos de película.

Pasando los minutos a horas, la fórmula nos deja una película de 28 horas, 6 minutos y 30 segundos (de los cuales Netflix nunca advierte). ¿Entiende las consecuencias que esto trae a la industria del cine? El Irlandés ya es una telenovela, La vuelta al mundo en 80 días dura 365 días, 7 años en el Tíbet es una estancia de una década y 100 años de soledad, se convierte en un milenio. ¡Ah, y por cierto! Vale aclarar algo muy importante. Todos estos cálculos aplican si usted vio la película solo. Pues si su pareja no la ha visto, le tenemos una mala noticia: la tendrá que ver de nuevo con ella.

 

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Crímenes sin Castigo | Venezuela: el rédito de la droga, por Javier Ignacio Mayorca

El fiscal general de EE. UU., William Barr, involucra a Nicolás Maduro y a otras 13 figuras del oficialismo con el Cártel de los Soles, cuya actividad sería el tráfico de drogas. Foto: Gobierno de EE. UU., publicada en el diario El Tiempo, de Bogotá.

¿Hasta qué punto el tráfico de cocaína puede sustentar al régimen venezolano?

 

@javiermayorca

Con frecuencia se escucha a expertos en seguridad y opinadores que la merma en los ingresos de la renta petrolera ha obligado al régimen de Maduro a enfocarse en la obtención de recursos procedentes de distintos mercados ilegales.

Esta sospechada dependencia de la llamada economía negra ha servido como justificación para que se endilgue a este gobierno el remoquete de “narcorrégimen”. Los señalamientos, además, se verían sustentados en acusaciones como las recientemente formuladas por el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, que involucran al gobernante venezolano y a otros trece importantes operadores del oficialismo en el denominado Cartel de los Soles, cuya principal actividad sería precisamente el tráfico de drogas.

No es la primera vez que la palabra narcorrégimen es usada para catalogar a gobiernos en Latinoamérica. En Bolivia, el general de división Luis García Meza accedió al poder en 1980, gracias a un golpe de Estado financiado por Roberto Suárez, alias el Rey de la Cocaína, que impidió la toma de posesión de Hernán Siles Zuazo. García Meza solo pudo sostenerse en el poder durante trece meses, debido a una creciente presión internacional liderada por EE. UU., que denunció la alianza entre el gobernante de facto y el traficante.

Pero, en el caso boliviano, se trataba de utilizar los recursos del comercio internacional de drogas para propiciar un movimiento militar.

En el caso venezolano, se indica la permanencia en el poder gracias al reemplazo de la renta petrolera.

La pregunta que surge de inmediato es cuánto podría obtener realmente el régimen, suponiendo que cada gramo de droga ilegal que pasa por su territorio saliera hacia los distintos mercados internacionales, y que ese dinero luego sea retornado completamente a las arcas del país.

Se plantea entonces la necesidad de establecer un modelo de análisis, que parte de ciertas premisas. En primer lugar, aunque son cada vez más frecuentes las informaciones sobre la detección de cultivos ilícitos de coca, amapola y marihuana, así como de enclaves para el procesamiento completo de la cocaína, Venezuela es catalogada todavía como un país de “tránsito” o “puente”, es decir, presta su territorio para el paso de las sustancias precursoras -en la fase de producción- así como también de las drogas ya terminadas.

Según la expresidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas, Mildred Camero, por el país pasan unas 300 toneladas de cocaína al año. Si se toma esta cifra como cierta para 2019, estaríamos ante un incremento de 20 % en el paso de esta sustancia, si se compara con lo señalado por ella misma para 2018, y de más de 100 % con respecto a los años iniciales del régimen de Maduro.

Aunque los estimados de producción mundial de cocaína difieren según sea el organismo, la última cifra arrojada por la Organización de Naciones Unidas indica que salieron al mercado 1723 toneladas de la mayor pureza. Se trata de una industria ilegal que se concentra básicamente en Perú, Bolivia y Colombia. Colombia ocupó el primer puesto entre los países productores, con aproximadamente 950 toneladas, de acuerdo con la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por sus siglas en inglés).

La cocaína de Perú y Bolivia tiene sus rutas de salida naturales hacia Brasil, Argentina y el Pacífico, mientras que la colombiana puede ir por este océano o por el mar Caribe. Por Venezuela pasa, entonces, el 30 % de la cocaína producida en Colombia.

¿Cuál sería la relación establecida entre los operadores venezolanos y los productores de la droga?

Los casos consignados en EE. UU. contra Hugo Carvajal y los generales Reverol y Molina pueden ser tomados como referencia, aunque hay otros. De acuerdo con las acusaciones ventiladas en cortes de Nueva York y Florida, ellos no eran los propietarios de la mercancía sino los facilitadores de su paso. Es decir, los manejadores de las rutas internas. Entonces, la ganancia solo derivaría de un servicio prestado a los verdaderos carteles.

Un aspecto que ha sido objeto de debate en foros cerrados tiene que ver con el mayor involucramiento de efectivos policiales y militares venezolanos en el manejo de la ruta interna, en especial luego de la muerte de Hugo Chávez. Pareciera que durante los primeros años de este siglo no hubo un control férreo, pero en todo caso concentrado en el grupo reducido de oficiales que mencionó Walid Makled en entrevistas a distintos medios, antes de su extradición a Venezuela; y también el coronel Eladio Aponte, mientras era llevado a EE. UU. para convertirlo en informante. Eran los funcionarios que manejaban los puertos, aeropuertos y cuerpos de seguridad de alcance nacional.

Al morir Chávez ocurrió una dispersión. Y entre 2015 y 2018 empezaron a verse casos de militares de baja graduación detenidos mientras llevaban alijos en sus propios vehículos, o en los de sus unidades.

Una primera conclusión, por ende, sería que el paso de drogas por el país no es controlado por una sola organización sino por varios grupos que presumiblemente intentan obtener un beneficio particular.

Lo que queda en el camino

Para recapitular: en Venezuela no se ha instalado por completo la industria de fabricación de drogas ilegales, y tampoco existe un control férreo de las rutas que posibilitan su paso. Esto implica que las ganancias no serán enteradas por completo a las arcas del país, para cubrir las necesidades del Estado. De hecho, lo más probable es que sean distribuidas entre los distintos grupos operativos y de poder, es decir, que sirven como reguladores.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

El precio de la cocaína sube y baja en cada país de acuerdo con diversos factores. En 2019, se incrementó levemente en Colombia, debido a una merma en la producción anual del arbusto que da la materia prima de esta droga. De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (una dependencia de la ONU) fue de unos 1200 dólares promedio por kilo. La tendencia es que el monto se eleva en la medida en que se aleja el centro de producción. Pero en la frontera con Venezuela, por el área de Tibú, hay enclaves que representan el 10 % del total de cultivos ilícitos en Colombia. Allí el precio, incluso, llega a bajar a 1000 dólares por kilo.

De manera que, en números redondos, las 300 toneladas que pasaron por el país en 2019, según cálculos de Mildred Camero, tendrían un valor aproximado de 300 millones de dólares en el punto de origen, que es la franja limítrofe. La cifra puede aumentar hasta 320 millones. Ese sería el tope. Pero realmente los transportistas de la droga no se quedan con todo, sino que cobran una tajada sobre este valor, que sería del 10 % al 15 %. Puede ser incluso una “tarifa plana” por viaje, si se trata de cantidades más o menos estables, que son llevadas por vía aérea hasta Centroamérica, República Dominicana o las costas ubicadas al norte del país. Con lo cual el rédito aminora considerablemente. Y desde luego no sirve para mantener a un Estado como el venezolano, aunque sí para pintar sonrisas en algunas de sus figuras representativas.

Esto en cuanto a la economía de la cocaína. Según estimados de la Casa Blanca, la economía de la marihuana, si bien abarca a muchos más consumidores finales, tiene precios 20 veces menores que los del alcaloide. Y los controles son más laxos.

Tanto la cocaína como la marihuana y las demás drogas ilegales tienen efectos en cascada dentro de cada país. Se generan redes de distribución para suplir los mercados en pueblos y ciudades que involucran a factores criminales, policiales y eventualmente políticos. Esa diversificación de intereses hace que sea prácticamente imposible un control de las ganancias desde el gobierno central.

Es a este nivel donde se genera la mayor actividad represiva. En el caso venezolano, según cifras de la policía judicial, en 2019 fueron iniciados 1680 expedientes relacionados con delitos de drogas, que ocasionaron la detención de 3520 personas. El 72 % fue imputado por “posesión”. Otro 25 % afrontó cargos por consumo, y el resto (73 personas) por tráfico en sus distintas modalidades. Es decir, los traficantes solo dieron para el 2 % de las detenciones. Estos números, vistos en términos generales, sirven para dar soporte a la propaganda oficial según la cual se está “atacando al flagelo de las drogas”. Pero, como se puede apreciar al discriminar las estadísticas, lo que ocurre es que se intenta afrontar un problema por sus consecuencias más evidentes, poniendo tras las rejas a quienes consumen o tienen en sus bolsillos pequeñas porciones de alguna sustancia prohibida.

Pero no van al fondo del asunto.

En conclusión, carece de asidero la expresión “narcorrégimen”, cuando se usa para indicar que las finanzas del Estado venezolano se nutren de las ganancias del tráfico de drogas. Aun si fuese posible para el régimen apoderarse de los 300 millones de dólares que vale toda la cocaína al entrar por la frontera, eso no serviría ni siquiera para pagar un mes de las importaciones correspondientes al año pasado, que totalizaron los 6,2 millardos de dólares.

Sería necesario, entonces, analizar el impacto de cada una de las actividades ilegales en el país, lo cual es una tarea altamente difícil, pues la delincuencia organizada opera en las sombras.

Breves

* El 4 de agosto, el comisionado de Juan Guaidó para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria, diputado José Manuel Olivares, reveló que un detenido en el Sebin-Helicoide fue llevado de emergencia al hospital clínico de la Ciudad Universitaria, al tenerse fuertes sospechas de que había sido contagiado por covid-19.

De manera extraoficial, fuentes de la policía política indicaron que se trata de Erick Echegaray, quien permanecía en ese centro de reclusión cumpliendo pena por el mismo caso de Walid Makled. Este contagio sería apenas la punta del iceberg. En Helicoide permanecen actualmente 160 reclusos, entre ellos once mujeres. Sesenta están siendo procesados por la Operación Gedeón desde el mes de mayo. Sin embargo, el contagio de Echegaray comenzó a manifestarse hace dos semanas, con fiebre sostenida, dolores y una merma en la capacidad olfativa. Luego, otros cuatro detenidos han caído enfermos con los mismos síntomas. Oficialmente, en la policía política no admiten la existencia de contagiados por covid, pues eso pondría en evidencia que la transmisión se dio a través de funcionarios que cumplen labores de custodia en esa instalación. Desde la emisión del primer decreto de alarma nacional, el 13 de marzo, se ha impedido la visita de abogados y familiares. Los militares estadounidenses detenidos por el caso Gedeón, Luke Alexander Denman y Airam Berry, están totalmente aislados.

* Surgen nuevas informaciones que ponen en duda la solidez de Silvercorp, la empresa contratada para el entrenamiento en Colombia y el aporte de parte del pie de fuerza que participó en la Operación Gedeón. El 22 de mayo, se consignó en los registros de esta corporación en Florida un documento firmado por el sargento mayor retirado de la Fuerza Aérea de EE. UU., Francis X. Reilly, con una “declaración de hecho”.

En el texto, escrito en inglés, el militar dice haberse percatado de que su nombre y dirección de residencia anterior se utilizaron para el registro de Silvercorp en el departamento de corporaciones del estado de Florida. Según Reilly, el inmueble referido le perteneció hasta el 30 de septiembre de 2019, cuando lo vendió a un tercero. Se trata de una casa en el 3658 Hollistein Circle de la ciudad de Melbourne, Florida. Acto seguido, el militar denunció que el documento de registro (que consigna su nombre mal escrito) “fue archivado en forma fraudulenta” y sin su “conocimiento o consentimiento”. Solicitó al despacho de corporaciones su total desvinculación con los registros de Silvercorp. Este sargento mayor retirado hizo la petición justo cuando estallaba el escándalo internacional por la participación de mercenarios en una fallida intentona contra Maduro. Rilley no contestó a una solicitud de información adicional para la redacción de esta nota.

 

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La crisis de la Guerra Federal, por Elías Pino Iturrieta

El caballo rojo (1974), de Pedro León Zapata. Óleo sobre tela, 70.5 x 85.5 cm. La imagen acompaña el artículo Los caballos de Zapata, publicado Letralia.

@eliaspino

En 1867, Ricardo Becerra, un pensador de la vanguardia liberal, lamenta las matanzas de la Guerra Federal. Después de observar los resultados catastróficos del gobierno del Mariscal Falcón, sugiere una especie de borrón y cuenta nueva para volver a los tiempos del centralismo establecido cuando se funda la república. Becerra dirige El Federalista, periódico célebre de la época, afecto a las corrientes triunfales y leído con fruición por los seguidores del oficialismo, pero descubre desde su atalaya un panorama oscuro que lo conmueve hasta el extremo de mostrar su arrepentimiento por haber figurado entre los animadores del conflicto.

Guzmán Blanco se ve obligado a contestarle, porque se trata de un vocero capaz de provocar reacciones impredecibles; y a su testimonio, difícil de subestimar, acudimos ahora para aproximarnos a la segunda tragedia de la historia de Venezuela, después de la guerra de Independencia

La Guerra Federal, que trascurre entre 1859 y 1863, lleva a la sociedad a una calamidad parecida a la que funda la república.

La trascendencia de la conmoción se resume en el número de hechos armados que se desarrollan entonces en todos los rincones del mapa, menos en los Andes.

La muralla de las cordilleras salva a una región que espera su entrada en la política nacional por la puerta grande, mientras el resto del territorio es presa de la desolación.

Entre batallas de importancia y escaramuzas, los historiadores cuentan 2000 encuentros que dejan un saldo de 200.000 cadáveres en un lapso de cinco años. Datos suficientes para calcular la estatura de los perjuicios que se ciernen sobre la colectividad, y que parecían de difícil retorno después de casi cuarenta años de convivencia relativamente atemperada.

En el terreno de la economía la situación se traduce en una agricultura en cenizas, que se había alejado del abismo después de la desmembración de Colombia, y en una parálisis del comercio parecida a la que predominó hasta el triunfo de Carabobo contra los realistas. El joven arcediano Antonio José de Sucre, sobrino del héroe de Ayacucho y a quien esperan horas tumultuosas frente a  los liberales, afirma en 1866 que la situación obligaba a comenzar la vida desde su principio, como si antes no hubiera existido nada constructivo.

El país había intentado un experimento de gobierno que congeniaba con los adelantos del siglo y con el establecimiento de costumbres burguesas; un ensayo de deliberación que se quería alejar de la violencia, una administración que al principio se distancia del escándalo y detiene la corrupción de los políticos, una tradición de pensamiento solvente sobre los problemas esenciales, pero la Guerra Federal echa las contribuciones al rincón.

Un conglomerado de soldados harapientos reclama ahora el puesto que le ha negado el proyecto liberal, pero lo hace en términos amenazantes.

Sus gritos de “muerte a los blancos” y de “muerte a los que saben leer y escribir”, salidos de las huestes de Ezequiel Zamora y repetidas por las partidas realengas que florecen a partir de 1862, auguran situaciones de enfrentamiento que apenas se habían abocetado. Ahora pretenden posiciones de vanguardia los representantes del pueblo “feberal” y los gritones de la “feberación”, para iniciar un proceso cargado de desafíos cada vez más riesgosos para el republicanismo que ha buscado establecimiento trabajosamente. En medio de la conflagración los conservadores se dividen mientras el viejo Páez cae en la tentación de la dictadura, para que una pieza fundamental de la balanza del poder se vuelva polvo.

Los godos encuentran reemplazo en los caudillos del pueblo “feberal”, líderes sin mayores luces pero sustentados en muchedumbres lugareñas y en la influencia del coraje físico, que desestabilizan la marcha de los asuntos públicos hasta la llegada del siglo XX, cuando sus desmanes y sus años los vuelven rivales endebles para el castrismo y el gomecismo salidos de unas montañas virginales.

Como añadidura, durante el gobierno del Mariscal Falcón, ya concluida la Guerra Federal, suceden más de un centenar de combates a través de los cuales la anarquía se ensaña con una comarca muerta de hambre. Un pronunciado dislocamiento conduce al retorno del octogenario José Tadeo Monagas a la casa gobierno.

La vuelta de un dictador despreciado y derrocado en la víspera inicia un lapso de rapiña y mediocridad, el “Gobierno Azul”, breve por fortuna, gracias a cuyo paso podemos entender la magnitud del sumidero a que llega entonces Venezuela.

Un hijo y un sobrino del anciano soldado se disputan el poder, sin más credenciales que sus familiares agallas y solo con la fuerza de una soldadesca grosera. Las calles de Caracas son tomadas por bandas de alborotadores, los llamados “lyncheros”, que siembran el pánico sin que nada les estorbe. Es tal la confusión, son tales la pobreza de la discusión política y la falta de luces, que la autonomía de las regiones planteada como causa de la conflagración termina en un ensayo de centralismo que no estaba en el programa, y que hace befa de las búsquedas del pasado reciente.

Si alguien piensa que en la actualidad pasamos por una crisis jamás experimentada, el  esbozo que ya termina puede quitarles la idea.

 

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