Eddie Ramírez

“A este que llaman rey que explique: ¿por qué empobreció su Estado y enriqueció el nuestro?” Estas palabras son atribuidas al sultán Solimán El Magnífico ante el arribo a sus dominios de miles de judíos sefardíes,  expulsados de España tal día como hoy en 1492. Esta descapitalización humana de un país es una de las tantas idioteces e injusticias cometidas por gobernantes incapaces o fanáticos. Ahora, muchos de los descendientes de los expulsados han regresado, generosamente acogidos como ciudadanos españoles. Ojalá también recuperemos los millones de venezolanos que han tenido que huir por la inseguridad personal y jurídica, por la escasez de todo tipo y por la persecución política, y que también puedan volver a sus tierras los millones de refugiados que hay en el mundo.

Hemos perdido médicos que hacen falta en todo momento y más en tiempos de pandemia; ingenieros para poder mantener y ampliar nuestra infraestructura; profesores para enseñar a nuestros hijos, contadores y, en general, obreros especializados y trabajadores del campo y de la ciudad. Un grupo de corruptos y de narcotraficantes ocasionó este éxodo y destruyó lo que teníamos. Ahora pretenden que, con la excusa de la COVID-19, les levanten las sanciones y les proporcionen una ayuda humanitaria que habían bloqueado alegando no necesitarla ¡Qué hipócritas!

La ayuda humanitaria debe venir, pero de la mano de organizaciones no gubernamentales que la distribuyan de acuerdo a las necesidades. Levantar las sanciones no solucionará los problemas de producción de ningún rubro, ni permitirá la reconstrucción del país. Solo serviría para prolongar la agonía y más enriquecimiento de quienes detentan el poder de facto, además de potenciar el narcotráfico y que continúen las violaciones a los derechos humanos.

Maduro y el resto de indiciados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos deben entregarse para responder por los cargos que les imputan. Deberían seguir el ejemplo de Cliver Alcalá, quien tomó la decisión más sensata. También podrían posponer el enjuiciamiento solicitando refugio en un país cómplice. El diálogo con narcotraficantes ya no tiene cabida, salvo que sea para para coordinar una salida lo menos traumática posible.

El presidente (e) Guaidó planteó acertadamente la necesidad de “constituir un Gobierno de emergencia nacional que no puede ser encabezado por alguien acusado de narcotráfico, pero tampoco puede estar conformado únicamente por las fuerzas de oposición al régimen, ni por nosotros y quienes sostienen la dictadura. Tiene que incluir  a  todos los sectores políticos y sociales”.  

Para lograr este Gobierno de emergencia, todos los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil y personalidades deben respaldar esta propuesta firmando un manifiesto. Ya lo hizo el Frente Amplio Venezuela Libre, que incluye los principales partidos de oposición. Caso de que los partidarios del régimen no la acepten, no quedará otra opción que exigirle a la Fuerza Armada que cumpla con la Constitución y solicite la salida a Maduro. Ya no pueden tener el dilema de si quien ocupa Miraflores es o no un usurpador. Ahora es un ciudadano acusado de narcotraficante, que tiene que responder ante la justicia.

El primero que asomó esta iniciativa fue Enrique Aristiguieta Gramcko. Más recientemente, varias organizaciones de oficiales retirados de la Fuerza Armada, como el Frente Institucional Militar, les solicitaron al presidente (e) Guaidó que “exija a la usurpación entregarle el control del país”. Pero para que tenga mayor fuerza, la misma debe ser suscrita por las fuerzas vivas del país. Por su parte, el grupo Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO) propone la formación de una junta cívico-militar, y la fracción parlamentaria 16-J sigue insistiendo en invocar el 183-11 de la Constitución.

Sobre el qué hacer pueden discutirse varias opciones, pero lo procedente es respaldar la propuesta del presidente (e) Guaidó. En caso de que no se logre, la Fuerza Armada deberá decidir si sigue respaldando a un prófugo de la justicia. Mientras se desarrollan los acontecimientos vendrá más represión, pero concentrémonos en la solicitud señalada.

Las declaraciones tendenciosas del mayor general Cliver Alcalá no deben distraernos. Desde luego le darán material al régimen para inventar expedientes, a pesar de que ese supuesto “plan” de adquisición de armas para una intervención no es creíble. La época de las invasiones finalizó con la creación de una Fuerza Armada profesional. La última fue la de Cipriano Castro.

Como (había) en botica

* No sorprende las declaraciones de los diputados brincatalanquera Parra y España. Tampoco las de Enrique Ochoa. Es vergonzoso que en lugar de exigir que los acusados se entreguen para que los tribunales decidan si son o no culpables, prefieran referirse a las patrañas de Cliver Alcalá.

* Los rojos siguen regalando petróleo y combustibles a Cuba.

* El médico veterinario Pedro Piñate advierte que “hoy no hay agricultura ni alimentos suficientes, ni los habrá mañana si a fondo no nos empleamos ahora”.

* ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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La dirigencia opositora y los partidarios del narcorégimen deben entender que la situación  tuvo un giro de 180 grados. Quien acusa a Maduro y a sus compinches es la justicia de los Estados Unidos, la cual no es sumisa al Poder Ejecutivo, como en Venezuela, Cuba o Nicaragua. Es decir,  que la acusación no es política, sino basada en hechos o indicios que los acusados deberán rebatir o aceptar. 

Seguir discutiendo si en tiempos de pandemia se debe o no  coordinar esfuerzos con el narcorégimen para paliar la situación y si es apropiado o no solicitar eliminar las sanciones, como propone  la señora Bachellet, Enrique Ochoa Antich  y otros, no tiene justificación. Esas propuestas, aunque quizá válidas para alguien que no conoce nuestra realidad, en la práctica no tendrán ningún resultado positivo. El narcorégimen desmanteló nuestro sistema hospitalario público, obligó a muchos médicos a emigrar y sometió a los enfermos a sufrir las penurias de la escasez de medicinas. Pretender que ese mismo equipo de corruptos pueda enderezar entuertos es ser ingenuo o cómplice.

Nuestra dirigencia unida debe exigir a la Fuerza Armada y al sistema judicial el desconocimiento del usurpador Maduro. No hay otra opción, como lo acaba de expresar Horacio Medina, presidente de Unapetrol y miembro de la Asociación Civil Gente del Petróleo.

Por su parte, Maduro y otros acusados tienen solo dos caminos sensatos : irse a Cuba o a cualquier otro país que se comprometa a no extraditarlos o entregarse a la justicia norteamericana. Esta última opción es la que más les conviene, para no vivir con el temor de ser extraditados. En los tribunales se pueden declarar culpables para obtener el beneficio de una condena reducida o correr el riesgo de ir a un juicio que pueden perder y, en consecuencia, pasar muchos más años entre rejas. Una tercera opción es aferrarse al poder, lo cual sería suicida para los acusados y para quienes decidan seguir apoyándolos.

Una vez que se instale en Miraflores un gobierno de transición, nuestros dirigentes deberán evidenciar su disposición a enrumbar a Venezuela por el camino de la inclusión y del desarrollo sustentable. No puede ser una transición corta, ya que la situación es muy diferente a la de 1958

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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Sobre este flagelo cabe recordar lo narrado por Daniel Defoe, el mismo autor de Robinson Crusoe, en su Diario de la peste. También la  conocida novela de Albert Camus titulada La peste. El primero describe los hechos ocurridos en Londres alrededor de 1660. Camus probablemente se refiera a lo sucedido en Orán, Argelia, alrededor de 1849. Aunque fueron terribles en pérdidas de vidas y en daño a la economía, no perduraron más de dos años. Igualmente, la terrible y mal llamada gripe española de 1918.

La peste roja que nos golpea tiene ya 21 años diezmando y empobreciendo a nuestra población. El coronavirus desaparecerá en poco tiempo gracias a la abnegada labor de nuestros médicos, enfermeras y personal de apoyo, siempre y cuando prive la sensatez de los ciudadanos de acatar las recomendaciones pertinentes. ¿Qué debemos hacer para eliminar la peste roja y para que  no regrese en unos años?

El virus de la peste roja infectó inicialmente a un gran número de compatriotas, quienes gradualmente fueron inmunizados al percatarse de que el objetivo no era construir algo nuevo en donde prevaleciera la justicia social, sino destruir todo por resentimiento y por incapacidad.

Inicialmente muchos pensaron que era un virus no letal que producía un simple resfriado. El  estandarte de la lucha lo esgrimió la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Fedecámaras, Asamblea de Educación, periodistas, trabajadores petroleros, algunos dirigentes políticos y una multitud de ciudadanos no militantes de partidos políticos. Estos estaban en esos momentos en terapia intensiva y por ello prefirieron no participar en las elecciones parlamentarias del 2005, pero gradualmente se recuperaron y han sido baluartes en la lucha por la democracia, con diputados y dirigentes asesinados, torturados, encarcelados y exiliados.

Hoy el virus rojo está acorralado. Todavía no se ha logrado una vacuna para erradicarlo, pero está acosado por las protestas de los ciudadanos y la labor de nuestros políticos en el exterior, que ha permitido el desconocimiento del usurpador Maduro, el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado y la aplicación de sanciones. La reciente reelección de Almagro como Secretario General de la OEA se debe a su tesonera labor en defensa de la democracia y al apoyo del Grupo de Lima y Estados Unidos, así como al trabajo realizado por nuestro embajador Gustavo Tarre Briceño, por Carlos Vecchio y Julio Borges.

Con la lamentable aparición del virus SARS-Cov-2 y su Covid-19, nuestro sistema de salud, tal y como han denunciado los profesionales de esa área, no está en capacidad de enfrentar esta pandemia. Se requiere el ingreso de ayuda humanitaria que el régimen se ha negado a aceptar. Además, el impedimento para trabajar de personas que dependen de un ingreso diario provocará convulsiones en todo el país que podrían desencadenar la salida del régimen. ¿Qué hacer si esto sucede? ¿Y si no sucede?

En cualesquiera de los casos será inevitable ir a elecciones presidenciales y parlamentarias. Como deben realizarse en un tiempo perentorio, sería un suicidio político ir a las mismas con varios candidatos y tampoco es conveniente perder tiempo en enfrentamientos internos en elecciones primarias, las cuales serían deseables en un escenario normal. Por ello se impone que de una vez presentemos a nuestro candidato. ¿Alguien duda de quién tiene actualmente mayor aceptación y menor rechazo? Desde luego tiene que ser un gobierno surgido mediante un pacto político, en el cual tengan cabida las diferentes toldas. Una vez en el poder, este gobierno de transición deberá también incluir personas simpatizantes del chavismo, no incursos en delitos. La peste roja puede ser controlada y erradicada, o al menos atenuada para que cuando regrese, porque el populismo siempre regresa, lo haga como un inofensivo resfriado.

Como (había) en botica

* La crisis obliga al próximo gobierno a dar un impulso gigantesco a la agricultura. Por lo pronto, nuestros productores agropecuarios requieren combustibles para poder producir el alimento.

* Ante la mirada de las fuerzas de seguridad, los paramilitares rojos imponen el toque de queda a tiros y tienen prioridad sobre los médicos para surtirse de gasolina.

* Que en Italia, en donde hay agua, electricidad, comida, medicinas y combustible, vuelen aviones militares puede justificarse. Que lo hagan sobre Caracas en Operación Alegría es una burla de Maduro, Padrino, Ceballos y Juliac.

* El periodista chavista Luis Hugas no es solo una vergüenza para el gremio, sino para la humanidad.

* Libertad para el periodista Darvinson Rojas, detenido por informar sobre casos de coronavirus.

* ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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Mientras el usurpador y sus esbirros continúan atropellando nuestros derechos, algunos venezolanos de oposición agreden a otros opositores mediante tuits, artículos o declaraciones. La insensatez del fuego amigo está causando mucho daño al sembrar desconfianza. Cabe recordar el enfrentamiento entre tropas austríacas que se enfrentaron entre sí, permitiendo el triunfo de los otomanos en la batalla de Karánsebes, durante la guerra austro-turca de 1788.

Al parecer, el enfrentamiento fratricida se originó por causas etílicas y se agravó por la confusión entre soldados que hablaban diferentes idiomas. Sea o no cierto, se non e vera, e ben trovato, es decir que si no es cierto es apropiado para describir lo que sucede en esta otrora tierra de gracia.

Aquí quizá el enfrentamiento entre quienes luchan por salir de la narcodictadura no sea por ingesta de licor de uno de los grupos, aunque puede que sí haya algunos borrachos de poder. No debería ser un problema de idiomas, ya que todos hablan castellano, aunque puede que algunos no evolucionados solo entiendan castellano antiguo.

Quien no lo acepte es porque está de acuerdo con la narcodictadura. Dicho pliego establece claramente la exigencia de elección presidencial libre, justa y verificable. Como condiciones no negociables: nuevo Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional, rehabilitación de las organizaciones políticas, habilitación y el retorno de los derechos políticos de todos los ciudadanos, garantía del derecho del voto de quienes tuvieron que emigrar, observación internacional con credibilidad en todas las etapas del proceso electoral, rescate de los poderes públicos y oposición a falsos diálogos.

El único punto de divergencia pareciera ser la exigencia de algunos de no ir a elecciones con el usurpador en Miraflores, lo cual sería ideal. Sin embargo, si se dan las otras condiciones no debería ser un punto de honor. Vociferar que primero debe irse el usurpador, a pesar de estar conscientes de que no se dispone de la fortaleza para defenestrarlo, así como criticar al presidente (e) Guaidó por no cumplir ese mandato, es solo un buen deseo de algunos, ignorancia de otros e irresponsabilidad de quienes conocen las fortalezas y debilidades del régimen y de la oposición.

Alegar que con Maduro en Miraflores no puede haber elecciones libres podría ser cierto, y también que con sus paramilitares rojos intentará amedrentar a los votantes, pero la posición de nuestros diputados es clara: si no hay elecciones libres, justas y verificables no participaremos en ningún proceso electoral. Para que el usurpador las acepte debe continuar la protesta en las calles (tras la cuarentena por la pandemia del Covid-19), la oposición tiene que estar unida y las sanciones internacionales deben intensificarse, haciendo caso omiso a lo que predican algunos. Salir del régimen, así como del coronavirus, amerita sacrificios.

Si la presión sobre Maduro lo obliga a realizar elecciones limpias es indudable el triunfo de la oposición, siempre y cuando acuda unida alrededor de un solo candidato presidencial y con candidatos también únicos para las parlamentarias. Ante esta situación, hay cierta probabilidad de que el usurpador proceda a arrebatar como Jalisco, por lo que tendremos que dar otra pelea, pero con fortalezas que impedirán una nueva usurpación.

Es positivo que algunos dirigentes políticos sigan insistiendo en que primero debe cesar la usurpación, pero sin descalificar a quienes piensan que, a pesar de todo, no es imprescindible si se logran las condiciones electorales. Desde luego no votaremos si lo que hay es un acuerdo entre la farsa de la nanomesa de diálogo roja y el régimen. Aspiramos a que prive la sensatez en aquellos dirigentes y opositores de buena fe. No podemos seguir sometidos a fuego amigo.

Hasta ahora solo han sido escaramuzas, no permitamos se convierta en batalla como la de Karánsebes y triunfen los rojos.

Como (había) en botica

* Los rojos no solo destruyeron Pdvsa, sino también el Fondo de Jubilación de los trabajadores, sumiendo en la miseria a quienes dedicaron su vida a la empresa. Sin embargo algunos jubilados, quizá por desesperación, todavía creen en cantos de sirena que los llaman a “recuperar” a la que fue nuestra principal industria.

* El Informe actualizado de la Comisionada DDHH de la ONU reitera las violaciones a los derechos humanos, aunque omite la prohibición a su equipo en Venezuela de visitar los sitios de tortura de la DGCIM.

* Valientes familiares del capitán de navío Luis de la Sotta, del coronel Jhonny Mejías y del teniente coronel Ruperto Molina denuncian nuevos atropellos.

* Tamara Sujú sigue realizando excelente labor divulgativa en el exterior sobre las violaciones a los DD. HH., señalando los responsables ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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En las dictaduras típicas hay crecimiento económico, respeto a la propiedad privada y se  rodean de  gente con talento aunque sin probidad. La represión está dirigida solo a opositores que realizan actos de sabotaje o acciones violentas y la población permanece silenciosa ante lo atropellos, muchas organizaciones de la sociedad civil apoyan al régimen de facto y se realizan muy pocas protestas populares. El hampa es reducida al mínimo, existe un severo control de armas y la corrupción está limitada a los altos jerarcas. La censura es estricta.

Todas las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas los diferentes gremios de producción, profesionales y de trabajadores en general, periodistas, las universidades, academias, ONG de derechos humanos, del área ambiental y cultural, expresan públicamente su rechazo a la dictadura. El hampa crece día a día y la corrupción en las empresas y organismos del Estado abarca todos los estratos. La censura es selectiva.

A lo anterior hay que añadir el hecho inédito de que es rechazada y no reconocida por las principales democracias del mundo, algunas de las cuales aplican sanciones al régimen. Además, tiene estrecha relación con el narcotráfico, con la guerrilla colombiana y con grupos terroristas islámicos También financia grupos subversivos en otros países.

Ante tantos puntos en contra, a muchos extraña que esta dictadura haya podido subsistir. Básicamente esto se debe a la sumisión total de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del resto de los jueces civiles y militares. Los primeros validan todas las violaciones a la Constitución e inhabilitan a partidos políticos y a candidatos. Los jueces de diferentes instancias condenan a detenidos políticos sin causa alguna o demoran los juicios. El otro sostén de la dictadura es el Alto Mando Militar y algunos oficiales, principalmente de la Guardia Nacional, que se prestan a reprimir e  incluso asesinar a manifestantes.

Es importante recalcar que, a pesar de la represión, los ciudadanos siguen dispuestos a protestar. Ya no son las marchas multitudinarias de años pasados, sino protestas de grupos relativamente pequeños, todos los días y en todos los pueblos y ciudades. En el 2019, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hubo 16 739 protestas, 58 % de las mismas para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y 42 % en demanda de derechos civiles y políticos.

En cuanto a los presos políticos, el Foro Penal Venezolano informa que a la fecha son 388, de los cuales 270 son civiles y 118 militares. Cabe destacar las pésimas condiciones en que se encuentran, tanto por el reducido tamaño de muchas de las celdas, como de las restricciones para recibir atención médica, horas de sol y esparcimiento, así como las frecuentes limitaciones y prohibiciones de recibir visitas de familiares, abogados y amistades. Más grave aun son las denuncias fundadas de casos de torturas en la Dirección de Contrainteligencia Militar, así como el elevado número de presos sin juicio. El último caso denunciado es de los seis tenientes coroneles, entre ellos Marín Chaparro y otros oficiales como el capitán Alarcón Camacho, detenidos hace dos años sin que los tribunales militares hayan iniciado el juicio.  

Ante esta situación, los partidos políticos y el resto de la sociedad civil deben estar dispuestos a seguir presionando y ponerse de acuerdo sobre las acciones a tomar. Las sanciones internacionales no son para derrocar al usurpador, sino para obligarlo a realizar elecciones transparentes. Por ello debemos prepararnos. Deben ser elecciones presidenciales y parlamentarias, con supervisión internacional y un nuevo CNE. Es necesario desmontar mitos. Las máquinas pueden ser manipuladas, pero una auditoría antes y después elimina esa posibilidad. El Registro Electoral  seguramente tiene innumerables votantes fantasma, pero el voto puede ser controlado con los testigos de mesa.

La trampa se genera cuando las máquinas quedan sin nuestros testigos, sea porque no los tenemos o porque los esbirros del régimen les impiden su trabajo. Cuando los hemos tenido siempre ha coincidido lo que informa la máquina, con el conteo de las papeletas. Exijamos condiciones y procedamos con decisión a sabiendas de que, cuando ganemos, el régimen intentará arrebatar y será otra pelea que tendremos que dar.

Como (había) en botica

* Todos a la calle hoy 10 de marzo en apoyo a la democracia, al presidente (e) Guaidó y a nuestros diputados.

* Protestamos la detención del intelectual Alfredo Coronil.

* Sospechoso el incendio del galpón del CNE, cuya custodia es responsabilidad de la dictadura.

* Felicitaciones a Mariela Poleo, nueva presidenta de la Fundación Simón Bolívar, de Citgo.

* Gabriela Montero es admirable como excelsa pianista y por su calidad humana. Su apoyo al joven tenor Luis Magallanes es una prueba más de ello.

* ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!     

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Quieren matar  nuestra alma mater. Para este narcorégimen nuestras universidades son consideradas una amenaza. Para sus torvos propósitos no apelan a un enemigo de la inteligencia, tipo Millán Astray, sino que se valen de inescrupulosos portadores de toga y birrete. Este es el caso de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que depende de Miraflores.

El primer zarpazo lo dio la Asamblea Nacional roja cuando violó el artículo 109 de la Constitución, al aprobar el 15 de agosto del 2009, el artículo 34-3 de la Ley Orgánica de Educación. Este artículo contempla: Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los  integrantes de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, personal administrativo y personal obrero, y egresados de acuerdo al Reglamento.

En octubre de ese mismo año, rectores y decanos de diez universidades demandaron ante la Sala Constitucional la nulidad del artículo de marras. Diez años después, el 27 de agosto de 2019, en ponencia de Carmen Zuleta de Merchán, profesora emérita de la Universidad del Zulia, esa “diligente” sala aprobó la sentencia 0324. La misma establece que mientras se decide sobre la demanda de nulidad del 34-3, se proceda a realizar las elecciones.

Para ser electos requieren ganar en tres de estos cinco sectores y, al mismo tiempo, lograr la mitad del total de votos obtenidos de los grupos mencionados. Es decir que, teóricamente, el equipo rectoral puede ser electo con el voto de obreros, personal administrativo y estudiantes, sin que cuente la opinión de los profesores, ni egresados. Toda una aberración, un crimen y una estupidez. 

El 29 de noviembre del mismo año, mediante sentencia número 389, la inefable doctora Zuleta de Merchán ratificó la sentencia antes citada. En consecuencia, las universidades debían realizar las elecciones en un plazo de seis meses, vencido el cual los cargos quedarían vacantes, plazo que venció el 27 de febrero. En esta fecha, la misma sala aprobó la sentencia 0047, en la que se hace de la vista gorda sobre la fecha señalada, alegando que la decisión se produce atendiendo al compromiso de las representaciones de las universidades nacionales de renovar democráticamente las autoridades universitarias cuyo período está largamente vencido.

Cabe mencionar que el 16 de enero de este año, destacados profesores integrantes de Ucevistas por la Unidad de las Fuerzas Democráticas, dirigieron un comunicado al Consejo Universitario exhortando a las autoridades rectorales a cumplir con su ineludible obligación de salvaguardar la institución, convocando en inequívoco gesto de afirmación autonómica a la comunidad ucevista a movilizarse para participar en comicios dignos de una institución académica, así como para poner en práctica cuantas acciones contribuyan a su defensa en esta grave hora de la vida universitaria.

Confiamos en que el Consejo Universitario, que tuvo un gran apoyo el 14 de octubre 2019 en acto en el aula magna, no se doblegue aceptando cambiar el sistema de elección adoptando un compromiso intermedio. La Constitución y la autonomía universitaria tienen que respetarse. Los integrantes de la Sala Constitucional deberían ser declarados persona non grata por la comunidad universitaria.

El acoso a nuestras universidades es la norma en tiempos de dictadura. Juan Vicente Gómez clausuró la UCV durante diez años. La Junta de Gobierno, presidida por Germán Suárez Flamerich, exdecano de Derecho, pero títere de Pérez Jiménez, cerró la UCV por unos dos años. En los sesenta los guerrilleros castro-comunistas utilizaron  la universidad como refugio y centro de operaciones, con cierta vista gorda de los rectores de entonces, lo que condujo a  Caldera a cerrarla en 1969. Ahora es nuevamente agredida, esta vez por sus propios hijos, integrantes de un TSJ espurio y subordinado al narcorégimen.

Nuestra UCV tuvo  rectores de prestigio y valientes, como Francisco Rísquez. También un Julio De Armas, destituido en 1951 por Suárez Flamerich y Pérez Jiménez. Lamentablemente, también tuvo algunos rectores alcahuetas de dictaduras o de la extrema izquierda y hasta un aberrado sexual como Edmundo Chirinos. Una evaluación imparcial tiene que concluir que, en su gran mayoría, las autoridades universitarias cumplieron una buena labor. La comunidad universitaria tiene que resistir. No es suficiente decir venceréis, pero no convenceréis, del conocido rector salmantino. Hay que decir ¡Ni venceréis, ni convenceréis!

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*El narcorégimen está montando el escenario para asesinar al presidente (e) Guaidó por medio de sus paramlitares rojos. Después dirá que fue un loco el que cometió el crimen.

*En su artículo del domingo, Ramón Peña reseñó la recuperación de Citgo, rescatada del hamponato rojo. Ojalá Monómeros Colombo Venezolanos siga sus pasos, pero los frecuentes cambios de gerentes indican que algo no huele bien.

*¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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Algunos atribuyen a Bernardo de Claraval la frase “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”, es decir que muchos buenos deseos conducen al fracaso por ser poco realistas. Por cierto que el propio Bernardo, posteriormente santificado, tuvo la buena intención de recuperar para la cristiandad tierras en manos de musulmanes, para lo cual fue un entusiasta predicador de la Segunda Cruzada, empresa que fracasó rotundamente. En esta tierra, otrora de Gracia, muchos políticos tienen buenas intenciones pero,a nuestro leal saber y entender, el camino para salir del narcorégimen y recuperar la economía requiere algunos cambios y aclaratorias para evitar seguir camino al infierno.

El fin de la usurpación es inevitable, pero no puede ocurrir por un decreto del presidente (e) Guiadó, como le exigen algunos bien intencionados y otros no tanto. Acelerar ese acontecimiento requiere un frente común que no se base solo en declaraciones. Separados los colaboracionistas Claudio, Timoteo y Mujica, y los diputados comprados por el régimen, la tarea debería ser más sencilla. Este es el primer reto que tiene nuestra dirigencia. No solo deben evidenciar valentía frente a los malandros,como hasta ahora lo han hecho, sino desprendimiento paro lograr ese frente que reclama la ciudadanía.

Considerando la proliferación de empresas del Estado, el segundo reto es tomar la decisión de qué hacer con las mismas. En el pasado tuvimos empresas del estado bien manejadas, sin injerencia de los partidos políticos en el poder, como Edelca, el Metro de Caracas y Pdvsa, y otras totalmente politizadas que operaban en rojo. Hoy, todas las empresas en manos de los rojos están de ese color. Son cientos de empresas en el sector energético, petroquímico, agrícola y de servicios. Para recuperarlas, si es que son recuperables, se requeriría grandes inversiones, gerencia profesional y prohibición de hacer proselitismo político dentro de las mismas.

En caso de que la dirigencia decida no privatizarlas, ¿está dispuesto el sector político a no interferir en sus operaciones, en no utilizarlas para emplear militantes y, desde luego, en designar directivas con mérito y no por filiación partidista? Los ciudadanos aspiramos que desde ya se den señales en ese sentido. Por ello deberían aclarar por qué en empresas en manos de la oposición se nombraron inicialmente algunos excelentes profesionales que al poco tiempo fueron sustituidos, como es el caso de Jon Bilbao, José Alberto D’ Antonio y Freddy Goerke, en Monómeros Colombo Venezolano, y Enrique Torres y a Rogelio Lozada, en la Directiva Ad hoc de Pequiven. Con esos cambios se perdieron más de doscientos años de experiencia y algunos de los sustitutos no parecieran tener los galones necesarios. En la directiva ad hoc de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), ciertos nombramientos pueden ser objetables. Por el contrario, en CITGO y en la directiva ad hoc de Pdvsa las designaciones fueron atinadas. La administración que viene debe tener claro que las empresas del Estado deben manejarse como negocio.

Además de lo señalado, la dirigencia debe indicar cuáles serían las fuentes de financiamiento de las empresas actualmente del Estado. ¿ Más deuda externa? ¿ Reducir recursos a la educación, salud e infraestructura? Si concluyen que lo aconsejable es privatizar, lo cual pareciera sensato, ¿cómo sería ese proceso para garantizar que sea transparente y no se aprovechen algunos tracaleros como sucedió en Rusia?

Como es lógico, los puntos señalados no deben, ni pueden ser resueltos por el partido político que asuma el poder. Por ello seguimos insistiendo en la necesidad de un pacto de gobernabilidad por un mínimo de veinte años, con períodos presidenciales de seis años, sin reelección, y candidatos únicos de los firmantes del pacto electos en primarias.

Si no procedemos con transparencia y decisión, el cambió puede tardar un poco más y, lo que es igualmente grave, se verá afectada la confianza para la recuperación de la economía y el retorno de los rojos puede estar a la vuelta de la esquina. Nuestros dirigentes tienen la palabra. Ojalá escuchen sugerencias desinteresadas. Requerimos cambiar el rumbo para no seguir camino al infierno.

Como (había) en botica: El Vice Almirante retirado Franklin Montplaisier, ex Comandante de la Marina, no quiere dejar la casa asignada en Fuerte Tiuna. Alega que necesita tiempo para conseguir una vivienda en lugar seguro. ¿Será que le preocupa el rechazo de los vecinos? El presidente (e) Guaidó debe cuidar su lenguaje. Decir que Maduro no tiene las “esferas” para ponerlo preso es inapropiado y, además, una provocación innecesaria. La burda acusación a Juan José Márquez de traer explosivo C4, solo se le ocurre al desquiciado Diosdado, quien cuando estaba preso autorizó introducir a la cárcel explosivos y granadas en el cochecito de su hijo de meses. Lamentamos los fallecimientos de nuestros compañeros José Escorihuela, quien trabajó en Pequiven, y de José Lorenzo Granadillo, extrabajador de la planta de combustible en Barquisimeto ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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La gira exitosa del presidente (e) Guaidó amerita reflexiones de nuestra dirigencia democrática, a la cual le reconocemos valentía,  constancia y sacrificios en la lucha en contra del narcorégimen, pero que debe ofrecer a los venezolanos una muestra de desprendimiento de legítimas ambiciones políticas en aras de lograr el fin de las penurias. Guaidó ha cumplido más allá de las expectativas. Incluso sus críticos lo han presionado para que reconozca errores que, en opinión de quien esto escribe, no fueron tales. Tuvo la valentía de intentar forzar la entrada de la ayuda humanitaria por Cúcuta, que evidenció ante el mundo que aquí hay una crisis y que el régimen no permite se solucione parcialmente.

Desde las cercanía de La Carlota hizo un llamado a la Fuerza Armada para que se pronunciara en defensa de la Constitución, pero el Alto Mando Militar prefirió seguir siendo guardia pretoriana. No fueron errores, sino iniciativas que no tuvieron éxito. Error hubiese sido no intentarlo. Fracasan quienes solo critican.

Un segundo punto a considerar es que el apoyo internacional es muy importante, pero parece que nadie está decidido a sacarnos las castañas del fuego. Es decir que estamos obligados a crear un frente interno muy compacto que proyecte no solo una imagen de unidad, sino que también ofrezca un plan de gobernabilidad. Para el industrial, el comerciante, el productor agropecuario, el ciudadano que se debate entre emigrar o quedarse es de vital importancia lo que vendrá después de la salida de Maduro. En el pasado cometimos el error de querer sacar a Chávez mediante un referendo, pero sin presentar un candidato para sucederlo. “En el camino se enderezan las cargas” pareciera ser el eslogan de nuestra dirigencia, menospreciando que en general los ciudadanos quieren estabilidad y conocer quién asumirá las riendas.

El tercer punto es definir cómo sería ese plan de gobernabilidad. ¿ Sería sensato que Guaidó, como presidente (e) esté al frente de una transición mientras se preparan y realizan elecciones con varios candidatos de la democracia versus un candidato de los totalitarios?  Asumiendo que presentemos un solo candidato y que sea electo, ¿ cuál sería la estabilidad política ante unos desplazados sin escrúpulos y considerando que el nuevo presidente tendrá que tomar medidas poco populares. ¿ O acaso pensamos que los problemas se resolverán en poco tiempo? ¿Qué probabilidades habría de un retorno del chavismo como sucedió en Nicaragua y recientemente en Argentina?

Chile y Colombia lograron estabilidad política porque cuentan con partidos políticos fuertes y con dirigentes con visión de estadistas. Por ello lograron pactos de gobernabilidad. En Venezuela el Pacto de Puntofijo   fue posible por la existencia de Acción Democrática y Copei, que en ese entonces contaban con gran apoyo popular, además de dirigentes como Betancourt y Caldera.   Hoy, sin menospreciar lo que tenemos, hay que aceptar que ninguno de nuestros dirigentes logra aglutinar a la oposición y que los partidos se han venido a menos.

¿Será factible que nuestros políticos se pongan de acuerdo y se comprometan a un plan de gobernabilidad por 20 años? El presidente (e) Guaidó conduciría el país por no más de un año, plazo en el que debe realizarse la elección presidencial. A la misma presentaríamos un solo candidato, seleccionado por resultados de encuestas o en primarias, por lo cual podría o no ser Guaidó. El período presidencial podría ser por los seis años que contempla la Constitución, pero con un acuerdo de no reelección; en cada contienda iríamos con un solo candidato, seleccionado por los ciudadanos y no por rotación de partidos, hasta completar el tiempo del Plan de Gobernabilidad..

Como (había) en botica: Cuando el Alto Mando militar no supo interpretar las aspiraciones de la población de más democracia y de mérito en los ascensos militares, la oficialidad joven se rebeló exitosamente el 18 de octubre de 1945. Ante las violaciones a la Constitución, entre ellas la creación de la milicia, aspiramos que los oficiales institucionalistas desconozcan a ese Alto Mando corrupto y exijan el fin de la usurpación.   Felicitamos a los abogados del Foro Penal Gonzalo Himiob y Alfredo Romero, quienes por mérito han sido habilitados para litigar en la Corte Penal Internacional. También al cardenal Baltazar Porras por su designación en la Academia de la Lengua y al cardenal Urosa por sus declaraciones solicitando la renuncia de Maduro¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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