Víctor Álvarez R., autor en Runrun

Víctor Álvarez R.

¿Cuáles son los estándares internacionales de los procesos electorales?, por Víctor Álvarez R.
Cuando no funciona el registro electoral permanente, se intervienen partidos políticos o inhabilitan a sus candidatos, se atenta contra unas elecciones a tono con los estándares internacionales

 

@victoralvarezr

Con mucha frecuencia, en el debate político-electoral venezolano escuchamos hablar de la necesidad de mejorar las condiciones electorales para poder realizar unas elecciones libres, transparentes y competitivas, a tono con los estándares internacionales. Pero poco sabemos en qué consisten esos estándares internacionales de los procesos electorales. 

ISO (por sus siglas en inglés) es la Organización Internacional de Normalización de la que forman parte los organismos nacionales de normalización. Elabora normas internacionales a través de los llamados Comités Técnicos de ISO. ISO aplicó los requisitos genéricos de sus normas para evaluar y demostrar la capacidad real de las instituciones electorales de organizar un proceso electoral de calidad, cuyos resultados puedan ser reconocidos nacional e internacionalmente. 

La ISO/TS 17582:2014 fue la primera norma de carácter internacional que propuso un marco de gestión de la calidad para los procesos electorales. En su contenido se adecuaron los requisitos de la norma ISO 9001 para su aplicación en organizaciones electorales. Fue desarrollada por un grupo de trabajo dirigido por la OEA y publicada el 14 de febrero de 2014 por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Luego, en 2019 se publicó la norma ISO/TS 54001:2019 (en adelante norma ISO) que es un estándar internacional basado en la norma ISO 9001:2015, aplicable a organizaciones electorales para todos los niveles de gobierno.

Esta norma puede ser una referencia de mucha utilidad a fin de conocer cuáles son esos estándares internacionales para la organización de un proceso electoral, toda vez que especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la calidad del poder electoral, el cual debe demostrar su capacidad para gestionar elecciones limpias por votación directa, universal y secreta; y, proporcionar resultados transparentes, justos y confiables.

La confianza en la institución del voto y en el poder electoral es un sustento clave del sistema político democrático en el que la soberanía nacional se ejerce a través del voto y se elige para gobernar al candidato que la mayoría considera está mejor preparado y cuenta con el mejor programa de gobierno.

Esta norma comienza por señalar que se puede hablar de elecciones libres cuando los ciudadanos ejercen masivamente su derecho al voto, sin mayores restricciones que las que establecen la ley y la normativa electoral. Pero cuando no funciona el registro electoral permanente, se intervienen partidos políticos o inhabilitan a sus candidatos, se atenta contra unas elecciones libres y transparentes, a tono con los estándares internacionales.

A fin de poder ejercer los derechos políticos y electorales, es necesario activar el Registro Electoral Permanente (REP) para que puedan inscribirse y actualizar sus datos todas las personas en edad de votar. Esto es esencial para el ejercicio de la soberanía popular a través del voto. Pero también es muy importante el registro de las organizaciones políticas y de sus candidatos, de tal forma que los electores puedan votar libremente por la opción que mejor interprete sus necesidades e intereses.

La legitimidad de desempeño del poder electoral se construye antes, durante y después de la elección. La emisión y recuento de los votos son los momentos culminantes de un largo proceso que debe estar debidamente gestionado para que refleje fielmente la voluntad del electorado. Cuando todo el proceso electoral se realiza de manera transparente y precisa, aumenta la confianza en las elecciones, se aceptan los resultados finales y se proclama a los ganadores, sin menoscabo de procesar las quejas y apelaciones electorales que eventualmente pudieran presentarse.

Escuche el análisis completo en el nuevo pódcast de Pedagogía económica y electoral

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad.Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Pacto de convivencia entre el gobierno y la oposición, por Víctor Álvarez R.
Un pacto de convivencia es la base de un nuevo acuerdo nacional que asegure las garantías políticas para todos los actores

 

@victoralvarezr

¿Entregará Maduro el poder si pierde las elecciones? ¿Qué incentivos hay que ofrecerle al chavismo para que no se aferre al poder? ¿Cuáles son las condiciones que se deben crear para facilitar la alternancia en el poder en Venezuela?

El gobierno de Nicolás Maduro no tiene ningún interés en mejorar las condiciones electorales que estimulen a votar masivamente en su contra y lo saquen del poder. Mejorar las condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones es necesario más no suficiente para convocar unas elecciones libres y transparentes. Maduro necesita recuperar los fondos bloqueados para financiar los programas sociales que levanten su popularidad antes de las elecciones, pero lo que más le interesa es negociar las garantías políticas que impidan una cacería de brujas contra el chavismo, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.

El gobierno no dejará correr en la carrera presidencial a quienes luego se conviertan en sus verdugos. Maduro no quiere pasar por el mismo calvario por el que han pasado Rafael Correa, Lula Da Silva, Cristina Kirchner y Evo Morales.

Para destrabar las negociaciones que finalmente conduzcan a unas elecciones competitivas, a tono con los estándares internacionales, el oficialismo necesita negociar con anticipación las garantías políticas que impidan se desate una persecución judicial en su contra, una vez que pierda las elecciones. Por lo tanto, un tema clave para hacer posible la alternabilidad en el poder en Venezuela es el de las garantías que se le ofrecerán –tanto al gobierno como a la oposición– para que el resultado electoral no se convierta en una tragedia para los perdedores.

Un pacto de convivencia es la clave para destrabar las negociaciones. El respeto a los derechos políticos de los perdedores es un tema cardinal para avanzar hacia una solución del conflicto venezolano por la vía electoral y pacífica, que abra las puertas a la alternancia en el poder. Pero esta negociación no se puede dejar para después de las elecciones, tiene que realizarse antes y debe quedar constitucionalizada, legalmente blindada, y acompañada por garantes internacionales que faciliten el respeto y cumplimiento de los acuerdos.

Un pacto de convivencia es la base de un nuevo acuerdo nacional que asegure las garantías políticas para todos los actores, incluyendo los sectores de la oposición que serían acusados, enjuiciados y condenados por traición a la patria al haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno interino, solicitar sanciones económicas contra Venezuela y haber planteado la invocación del TIAR y una intervención externa. Este acuerdo es lo que puede hacer posible la liberación de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados.

Un pacto de convivencia también es necesario para crear la viabilidad económica de la transición política. El nuevo gobierno recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, recibirá una industria petrolera en ruinas; tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y escasez de combustibles; heredará una enorme deuda social en un país en el que los sistemas públicos de educación y salud están colapsados.

Si quiere dar una pronta respuesta a esta problemática, el nuevo gobierno tendrá que aplicar medidas urgentes y drásticas, de lo contrario su base de apoyo se decepcionará y el malestar social atizará un clima de protestas y conflictividad que puede hacer ingobernable al país.

Un pacto de convivencia es necesario para crear las bases de la estabilidad y gobernabilidad poselectoral. Si el gobierno es reelecto debido a la división y abstención de sus adversarios políticos, la oposición lo tiene que dejar gobernar en vez de reditar los episodios de “La Salida” violenta y la remoción anticipada del presidente de la República por caminos distintos al electoral. Y si gana la oposición, el chavismo no puede promover una ola de protestas que obstaculicen las reformas económicas, políticas e institucionales que es necesario acometer para que el país salga de la crisis.

La clave para solucionar el conflicto venezolano no está en el canje de mejores condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones y liberar los fondos bloqueados. La clave para destrabar el juego y facilitar la alternancia en el poder en Venezuela es la rehabilitación de los precandidatos, la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados a cambio de un pacto de convivencia que evite las persecuciones, juicios y encarcelamientos contra los perdedores.

Un pacto de convivencia pasa por una reforma constitucional para que el expresidente de la república y el candidato que resulte perdedor sean designados como diputados vitalicios, con inmunidad parlamentaria por delitos políticos. ¿Está la sociedad venezolana preparada para pagar este precio a cambio de unas elecciones limpias que faciliten la alternancia en poder por la vía electoral y pacífica?

Tengamos en cuenta que una eventual victoria de un candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2024 tendrá que coexistir con los poderes legislativo, judicial, electoral, y ciudadano –así como la mayoría de las gobernaciones y alcaldías–, que quedarán bajo el control del chavismo. En tales circunstancias, un pacto de convivencia es necesario para avanzar hacia una cultura de la coexistencia política, de la cohabitación y cooperación entre los diferentes poderes públicos, para asegurar el respeto y la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno nacional, estadal y municipal.

Un pacto de convivencia debe dejar claro el papel que le corresponde cumplir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el proceso de transición. No basta que la Constitución y la ley establezcan que la FANB no es deliberante y está subordinada al poder civil, porque la opinión pública nacional e internacional sabe muy bien el grado de poder económico que tiene, así como la identificación política que muestra con el chavismo. En vez de execrar y perseguir a los mandos militares, a la FANB como institución hay que ofrecerle incentivos para que garantice el respeto al resultado electoral y respalde la alternabilidad en el mando político.

El principal obstáculo contra el que tendrá que lidiar un pacto de convivencia es la narrativa que se ha implantado nacional e internacionalmente de una Venezuela gobernada por un régimen dictatorial que viola derechos humanos y ha cometido delitos de lesa humanidad, con el cual no hay que negociar nada y cuyos responsables deben ser enjuiciados y condenados por la Corte Penal Internacional.

La dirigencia opositora teme pagar los costos reputacionales de darle garantías a un gobierno acusado de narcotiranía aliada de las FARC y del crimen internacional. Por eso evade tocar este punto que es el que realmente tiene trancadas las negociaciones.

En consecuencia, el sensible tema de la justicia transicional será un componente clave para que el pacto de convivencia no se desvirtúe como un pacto de impunidad, sino como un gran acuerdo nacional que permita avanzar hacia el esclarecimiento de la verdad, la justicia y reparación de daños a las víctimas, la no repetición de la tragedia, el perdón, la reconciliación y el reencuentro de la nación venezolana para que así pueda retomar la paz política, la senda del crecimiento económico y del bienestar social.

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Comenzó la campaña electoral: ¿Tienen los precandidatos respuestas a las siguientes preguntas?, por Víctor Álvarez R.
Ante la grave crisis económica que castiga a las familias, empresas e instituciones venezolanas, ¿cuál es la propuesta económica de los precandidatos?

 

@victoralvarezr

En Venezuela, la mayoría de las encuestas coinciden en que el problema que más afecta y preocupa a las familias, empresas e instituciones es el económico:

  • En el primer semestre de 2023, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) registró una caída de la actividad económica de -7 %.
  • La inflación mensual de julio fue de 7,2 %, la acumulada entre enero-julio llegó a 115 % y la anualizada entre julio 2022 y julio 2023 registra 439 %.
  • La Encuesta de Coyuntura de Conindustria para el primer semestre de 2023 registra una caída de la producción industrial de 7.6 %.
  • Una encuesta nacional realizada por Consecomercio reporta una caída promedio de 40 % en las ventas en los sectores de comercio y servicios.
  • El índice de ventas de Ecoanalítica registra una caída sostenida a lo largo del primer semestre.
  • En una encuesta de Datanálisis, el 77,8 % evalúa como negativa la situación actual.
  • El salario mínimo y las pensiones han quedado reducidas a menos de 5 $/mensuales y el costo de la canasta alimentaria supera los 500 $/mes.
  • El 81,5 % no alcanza a cubrir la canasta básica y está en condición de pobreza.
  • El 53,3 % no puede comprar la canasta alimentaria y está en pobreza extrema.

Ante esta grave crisis económica que castiga a las familias, empresas e instituciones venezolanas, ¿cuál es la propuesta económica de los precandidatos?

¿Alguno tiene un programa de estabilización bien diseñado, con las medidas correctas, aplicada en orden lógico y a la velocidad adecuada?

  • ¿Qué proponen para corregir el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario?
  • ¿Cuál será su política monetaria, cómo manejarán el encaje legal que aplica el BCV, que harán para reactivar el crédito a la producción y el consumo?
  • ¿Tienen alguna propuesta para estabilizar el tipo de cambio y frenar el alza del dólar?
  • ¿Cómo abordarán la apertura comercial a toda clase de importaciones y la competencia desleal que arruina a la producción nacional?
  • ¿Cuáles medidas tienen previstas para mejorar los servicios de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones, y para repotenciar la infraestructura vial, ferroviaria y de puertos y aeropuertos?
  • ¿Qué harán para garantizar la seguridad jurídica y generar confianza en los inversionistas?
  • ¿Cuál es su posición frente a las sanciones petroleras?
  • ¿Qué proponen para evitar el remate de CITGO?
  • ¿Bajo qué criterios renegociarán la deuda externa para reinsertar a Venezuela en los mercados financieros internacionales?
  • ¿Están de acuerdo con canjear deuda externa por participación accionaria en empresas públicas?
  • ¿Cuál será el tratamiento que darán a los bonistas venezolanos?
  • ¿Qué harán con las empresas expropiadas que terminaron quebradas por el burocratismo y la corrupción?
  • ¿Están de acuerdo con la privatización de PDVSA y la apertura de la industria petrolera la inversión privada nacional y extranjera?
  • ¿Cómo entienden la soberanía nacional sobre los yacimientos de petróleo y sobre las instalaciones de la industria petrolera?
  • ¿Cuál es su concepto de regalía petrolera y cómo la aplicaría para estimular al inversionista extranjero sin detrimento del interés nacional?
  • ¿Cuáles actividades estratégicas, medulares y conexas deben quedar reservadas al Estado y en cuáles puede incursionar la inversión privada?
  • ¿Cuál es el límite de la propiedad estatal y hasta dónde puede llegar la inversión privada?
  • ¿Cuál es su propuesta para generar empleos estables, bien remunerados y para proteger el poder adquisitivo del ingreso de los hogares?
  • ¿Dolarizarán oficialmente la economía venezolana?
  • En fin, ¿cómo piensan reactivar la económica y abatir la inflación?

Estas son algunas preguntas sobre la grave problemática económica que azota a las familias, empresas e instituciones venezolanas y que los precandidatos están llamados a responder en los debates que se organicen al calor de la campaña electoral, para así motivar a los electores, vencer la apatía electoral y movilizar una masiva participación de los ciudadanos a la elección primaria convocada para el próximo 22 de octubre.

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Primarias en Argentina, lecciones para Venezuela: ¿Cuántos votarán en la Primaria de la Plataforma Unitaria?, por Víctor Álvarez R.
Si voluntariamente se moviliza a votar al menos el 10 % –equivalente a 1.200.000 electores– la primaria convocada por la Plataforma Unitaria se puede considerar un éxito

 

@victoralvarezr

En Argentina, las elecciones primarias para escoger el candidato presidencial de los diferentes partidos y coaliciones son abiertas para todos los electores y no solo para los militantes de los partidos. Se realizan el mismo día para todas y cada una de las organizaciones y coaliciones, y están obligados a votar todos los ciudadanos entre 18 y 70 años de edad.

De allí el nombre de primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a través de las cuales cada partido o coalición selecciona el candidato que va a postular en la elección presidencial a realizarse en octubre. Las PASO suelen ser una gran encuesta preelectoral que revela las preferencias del electorado y perfila las posibles alianzas que pueden sumar la mayoría de votos para poder ganar la elección.

En Argentina, para ganar la presidencia en la primera vuelta hay que obtener el 45 % de los votos, o más del 40 % con una diferencia de 10 puntos sobre el competidor más cercano.

Dicen que “Si crees entender la Argentina, es porque te la explicaron mal”. En las PASO de 2015, muchos creyeron que con el triunfo de Macri terminaba definitivamente el período de gobiernos de izquierda y comenzaba una etapa irreversible de gobiernos liberales, con un Estado menos intervencionista y más orientado a favorecer las dinámicas del mercado. Pero en las PASO de 2019, el populismo peronista, al que se creía derrotado y sepultado, sorprendió. Se impuso por una ventaja de más de 15 puntos y ganó la Presidencia de la República en la primera vuelta.

En las PASO del pasado domingo 13 de agosto no se perfiló un claro ganador en la primera vuelta, tal como sí ocurrió en las anteriores primarias, cuando el entonces candidato del Frente de Todos y actual presidente, Alberto Fernández, logró el 47,36 % de los votos frente al 32,23 % que obtuvo el movimiento Cambiemos, liderado por Mauricio Macri. Aquella amplia ventaja se mantuvo en las presidenciales y Alberto Fernández ganó fácil en primera vuelta con 48 % de los votos.

Esta vez el resultado fue más apretado. La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, obtuvo el 30,09 % de los votos; Juntos por el Cambio –coalición que apoya el expresidente Macri– sacó 28,28 % dividido entre sus dos precandidatos (Patricia Bullrich recibió el 16,98 % de los votos y le ganó la interna a Horacio Rodríguez Larreta, que sacó 11,3 %); y el candidato del peronismo-kirchnerismo, Sergio Massa, recibió el 27,21 % de los votos. Menos de 3 puntos de diferencia separan a los tres primeros aspirantes. Ninguno podrá ganar solo y el resultado final dependerá de las alianzas. 

A la luz de estos resultados, Javier Milei no la tiene fácil para conformar una alianza ganadora. Su abierta confrontación con Patricia Bullrich y la propensión de los seguidores del eliminado Horacio Rodríguez Larreta a votar por el peronista Sergio Massa moderan el triunfalismo de Milei. A todas estas, diez partidos no lograron el 1,5 % mínimo que se exige para correr en la carrera presidencial y los votos de otras coaliciones –como Hacemos por Nuestro País (4,93 %), Frente de Izquierda y de Trabajadores y otras organizaciones (5.79 %)– suman 12,42 % y su apoyo se puede tornar decisivo.  

Las primarias en Venezuela

“Y si crees entender Venezuela es porque te la explicaron peor”. Aunque la Plataforma Unitaria convocó una primaria para el 22 de octubre para escoger su candidato presidencial, en Venezuela no todos los partidos escogen su candidato a través de una primaria. Algunas coaliciones lo hacen por consenso y otros partidos sencillamente postulan a su líder, sin llevar a cabo elecciones internas.

En otras palabras, en Venezuela no siempre hay elecciones primarias en los partidos políticos, no siempre son abiertas para que voten todos los electores, aunque no sean militantes de ningún partido. Nunca se hacen de manera simultánea en una misma fecha, y tampoco son obligatorias. Vota el que quiere. 

La última elección primaria presidencial se realizó el 12 de febrero de 2012, cuando la coalición de partidos opositores agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) escogió al candidato que postularía a las presidenciales convocadas para el 7 de octubre de 2012. Aquellas fueron las primeras primarias presidenciales abiertas en la historia de Venezuela en las que pudo votar cualquier venezolano mayor de edad, sin importar su militancia en los partidos políticos que conformaban la MUD. La convocatoria abierta también permitió que políticos no afiliados a la MUD se pudieran postular, con los únicos requisitos de consignar un porcentaje de firmas de apoyo y el depósito de un monto de dinero para pagar el 45 % de los gastos que el CNE exigió para organizar las primarias. El resto fue pagado por los partidos políticos de la MUD. Por orden de inscripción, se postularon:

  • Leopoldo López
  • María Corina Machado
  • Henrique Capriles Radonski
  • Pablo Pérez
  • Pablo Medina
  • Diego Arria

Leopoldo López declinó su candidatura para apoyar a Henrique Capriles. En unas primarias sin participación obligatoria –como sí es el caso de Argentina que acabamos de explicar–, la experiencia histórica indica que con una participación voluntaria del 10% del Registro Electoral, el proceso se puede considerar un éxito. En la primaria de 2012, la MUD reportó una participación de 3.059.024 electores, equivalente a un 16.5% del padrón electoral, superior al 10 % estimado como referencia de éxito.

Henrique Capriles ganó con 1.911.648 votos, equivalente al 64,2 % de los votos escrutados. En segundo lugar llegó el exgobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, con 896.070 votos, equivalente al 30,3 %. María Corina Machado llegó en tercer lugar con 110.420 votos, equivalente al 3,7 %. Diego Arria sacó 37.834 votos, equivalente a 1,3 % y Pablo Medina obtuvo 14.561 votos, equivalente al 0,5 % del total de los votos contados.

Aunque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había declarado que los datos de los cuadernos electorales eran confidenciales, hubo denuncias de fraude. En un intento por impugnar la elección, el TSJ ordenó a la MUD que entregara los cuadernos de votación para verificar si el número de votantes había sido inflado. Pero los cuadernos fueron destruidos y esa verificación no pudo realizarse.

¿Cuántos votarán en la Primaria de la Plataforma Unitaria?

Son muchas las cuentas que se sacan para calcular cuántos electores votarán para escoger y darle legitimidad al candidato de la Plataforma Unitaria. Redondeando los números veamos lo siguiente:

  • El registro electoral venezolano tiene aproximadamente 21 millones de electores.
  • A este número hay que restarle 4 millones de electores que migraron y 1 millón que siguen en Venezuela, pero cambiaron de residencia y no actualizaron sus datos.
  • Quedan 16 millones a los que hay que restarle un 25 % esperado de abstención, lo cual deja el número de potenciales votantes en 12 millones.
  • Si voluntariamente se moviliza a votar al menos el 10 % –equivalente a 1.200.000 electores– la primaria convocada por la Plataforma Unitaria se puede considerar un éxito.

Justamente, 1.200.000 electores es el número mínimo que la Comisión Nacional de Primaria espera recibir en los 3106 centros electorales y 5000 mesas que estarán abiertas entre 8 a. m. a 4 p. m.; es decir, durante 8 horas equivalentes a 480 minutos.

Si se mantiene un flujo continuo de electores y cada uno demora dos minutos recorriendo la herradura de la mesa de votación –desde que se identifica con su cédula, marca y deposita la boleta, y firma y deja su huella–, cada mesa podrá atender al menos 240 electores.

Este número puede aumentar en mesas con mucha afluencia de electores en los que simultáneamente un elector puede estar firmando y marcando su huella, mientras otro está depositando la boleta, y a otro lo están verificando en el cuaderno electoral.

Si este número de 240 electores por mesa se multiplica por las 5000 mesas, el total es justamente de 1.200.000 electores, y equivale al 10 % que –como mínimo– deben votar para que la primaria de la Plataforma Unitaria pueda ser considerada un éxito y su candidato tenga la legitimidad necesaria.

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Contracción, inflación y costo electoral para gobierno y oposición, por Víctor Álvarez R.
Los precandidatos no terminan de proponer un programa viable y creíble de reformas económicas para vencer la inflación y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

 

@victoralvarezr

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) reportó un declive de la economía de -7,6 % en el primer trimestre de 2023 y -6,3 en el segundo. Los bajos salarios que limitan la demanda, la contracción en las ventas y la caída de la producción suelen anunciar una contracción económica. Las persistentes presiones inflacionarias, son un agravante. Si la actividad económica se vuelve a contraer en el tercer trimestre, será difícil remontar esta caída en lo que queda de año. Venezuela está a las puertas de otro episodio de contracción de la actividad económica con inflación.

Contracción, inflación y costo electoral para gobierno y oposición, por Víctor Álvarez R.
Indicador de la actividad económica Venezuela. OVF

Persiste la inflación

Todo indica que la inercia inflacionaria se mantendrá en el resto del año. La inflación de julio registró 7,2 %. Entre enero-julio de 2023, la acumulada registra 115% y a este ritmo superará el 200 % al cierre de 2023. De hecho, la inflación anualizada entre julio 2022 y julio 2023 registra 439 %.

Índice de la inflación. OVF julio 2023
Índice de la inflación. OVF, julio 2023.

El presupuesto de gastos aprobado en diciembre 2022 fue de Bs 170.703.832.051 que al tipo de cambio vigente para el momento (11,80 Bs/$) equivalía a unos 14.392 millones de dólares. Entre enero-julio 2023, el bolívar se ha depreciado 70 %. A la fecha de hacer este análisis (10/08/23), la tasa de cambio oficial publicada por el BCV registraba 31,23 Bs/$. Esto reduce el presupuesto nacional en divisas a apenas 5466 millones de dólares.

Contracción, inflación y costo electoral para gobierno y oposición, por Víctor Álvarez R.

Esto significa que para el segundo semestre no habrá suficientes recursos para financiar el presupuesto aprobado por la AN. Si el déficit se sigue financiando con más créditos adicionales que se cubren con emisiones de dinero sin respaldo, en el segundo semestre se mantendrán las presiones inflacionarias que afectan a las familias, empresas e instituciones venezolanas.

Sin control de la inflación ni mejora de la demanda se prolongará la contracción económica

Para reducir el déficit fiscal, el gobierno minimiza el peso de los salarios y las pensiones en el presupuesto nacional. El costo del ajuste fiscal recae principalmente en la nómina de funcionarios públicos, cuya capacidad de compra está pulverizada. Esto castiga el consumo privado y repercute negativamente en la actividad económica que no encuentra mercado. Los bajos salarios limitan la demanda, contraen las ventas y agravan la caída de la actividad productiva y comercial.

En 2023 no aumentó el salario mínimo, sino que se decretó un bono de alimentación de 40 $/mes, más un bono de guerra económica por 30 $/mes. A estos se le suman menos de 5 $/mes de salario mínimo. Este ingreso de 75 $/mes apenas cubre el 14 % de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) que, según los estudios del CENDAS-FVM, supera los 500 dólares/mes.

La reducción del gasto público también se nota en la falta de mantenimiento y desinversión en los servicios públicos de electricidad, agua potable, gas doméstico y telecomunicaciones, sistemas públicos de educación y salud, todo lo cual deteriora las condiciones de vida en los hogares.

¿Qué hacer?

El comportamiento errático de la economía venezolana tiene su causa en las contradicciones y errores de la política económica y en la fragilidad institucional que no permiten crear un ambiente de confianza para la inversión productiva. Para estabilizar la economía hay que corregir el déficit fiscal, erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, lograr un tipo de cambio que exprese la verdadera productividad de la economía nacional y repotenciar la infraestructura de servicios a la producción para evitar el sobrecosto que castiga su competitividad.

En efecto, la actividad económica necesita servicios públicos de calidad. Pero los frecuentes cortes de energía, el racionamiento de agua, la escasez de gas, la mala calidad de las telecomunicaciones, y la escasez de combustibles representan grandes obstáculos para la recuperación de la actividad económica. Obligan a paradas no programadas de la producción agrícola e industrial y a incurrir en sobre costos que castigan la competitividad nacional frente a los productos importados.

Para que la actividad económica se recupere hace falta reactivar el crédito a la producción y el consumo, sincronizar los costos de producción con la variabilidad de la tasa de cambio y de la inflación, y aliviar las presiones fiscales derivadas del IGTF y voracidad fiscal de las gobernaciones y alcaldías.

Estos son los problemas que más preocupan a las familias, empresas e instituciones venezolanas y deberían ser la prioridad de la oferta electoral. Pero los precandidatos no terminan de proponer un programa viable y creíble de reformas económicas para vencer la inflación, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y mejorar las condiciones de vida de los hogares y así no podrán capitalizar electoralmente el enorme descontento nacional.

El discurso político prioriza la exigencia de mejores condiciones electorales y la rehabilitación de los precandidatos. Están más preocupados por mejorar las condiciones electorales en las que van a competir que en mejorar las precarias condiciones de vida de la gente. Así se desconectan del clamor de los electores que no terminan de recibir soluciones a sus problemas concretos. Y sin una oferta electoral que dé respuesta a su grave problemática, el elector no se sentirá motivado a votar.

Estrategia del gobierno para conjurar el riesgo político de la inestabilidad económica

En las diferentes encuestas, la gestión de gobierno es castigada con un 75 % de rechazo. Si no logra poner en marcha un buen programa de reactivación económica y control de la inflación –con las medidas correctas, aplicadas en un orden lógico y a la velocidad adecuada–, el gobierno teme perder las presidenciales de 2024. Por eso apuesta al deterioro de las condiciones electorales, a crear dudas en el resultado de los comicios, erosionar la confianza en el voto, aumentar la apatía electoral y lograr la abstención que convierta en mayoría su minoría electoral.

Con ese fin fuerza la renuncia del CNE para designar rectores espanta votos, se afinca en las inhabilitaciones de precandidatos que sustenten la solicitud ante el TSJ de suspender la primaria por fraude al elector. Son maniobras para afectar la elección primaria y evitar que la oposición pueda hacer una gran demostración de fuerza, de capacidad de organización y movilización del electorado. Si la primaria no sale bien, esto tendrá un impacto desmoralizador que agravaría la desesperanza y apatía electoral.

La dirigencia política no debe caer en estas maniobras. Más bien, debe contribuir a que los electores tomen conciencia del enorme poder de cambio que pueden ejercer a través del voto. Esto pasa por presentar un candidato único y unitario, con un atractivo programa de gobierno que ayude a vencer la apatía electoral y salir a votar masivamente, a fin de lograr un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica.

Escuche el análisis completo en el nuevo pódcast de Pedagogía económica y electoral

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Basta de realidades, queremos promesas, por Víctor Álvarez R.
La vacuidad del discurso político-electoral revela la falta de comprensión de los problemas nacionales. Los partidos no tienen canales para escuchar y dar respuestas a la gente

 

@victoralvarezr

En la diatriba político-electoral venezolana brilla por su ausencia el debate de ideas, las ofertas programáticas, la visión del país que se quiere construir. Esta vacuidad del discurso político revela la falta de análisis y comprensión de los problemas nacionales. Los partidos no tienen canales para escuchar y dar respuestas a las necesidades de la gente. Su dirigencia no estudia las causas de la problemática económica y social y no sabe cómo resolverla. No tienen propuestas para derrotar la inflación, estimular la actividad económica, detener el alza del dólar, mejorar los servicios de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, repotenciar los sistemas públicos de educación y salud, superar la escasez de combustible, ni mucho menos salvar Citgo o reconstruir la industria petrolera.

El elector crítico y consciente no encuentra opciones para analizar y evaluar los pros y contras, las ventajas y desventajas de unas alternativas que no se le ofrecen. La ciudadanía acusa este vacío y por eso no se siente atraída ante la proliferación de candidatos que perciben como más de lo mismo: manipulación emocional para lograr sus ambiciones personales y partidistas.

Los partidos políticos venezolanos han perdido vigencia como medio de organización y participación ciudadana. Están desprestigiados y no dan señales de reinventarse para desarrollar nuevas formas de conexión con una sociedad que no quiere que le sigan describiendo la cruda realidad que sufre cada día, sino soluciones a los problemas que la atormentan.

Al no generar propuestas para resolver los principales problemas que azotan al país, el debate se llena de ataques y contraataques personales. Es la política del escándalo.

Las organizaciones políticas están tan desdibujadas y escuetas que ni siquiera tienen un registro actualizado de militantes organizados. No tienen con qué armar sus maquinarias electorales para defender los votos en todos y cada uno de los centros y mesas electorales que se instalarán a lo largo y ancho del territorio nacional. Tan es así, que la mayoría de los electores no está enterada de que el 22 de octubre hay una elección primaria. Más del 95 % de los migrantes no se registraron para participar en la primaria y solo el 25 % de los consultados afirma que votará en la primaria. La apatía y la desmovilización se imponen.

La incertidumbre en torno a la elección primaria

Los partidos políticos tienen un propósito común: conquistar el poder. Se diferencian por su ideología, doctrina y estrategias. Su acción política es una combinación de razón y emoción, de inteligencia y pasión. Requiere análisis y comprensión de la realidad que se quiere transformar, un programa de gobierno atractivo y estimulante, un buen candidato, con visión de estadista, liderazgo y capacidad de gestión, una maquinaria electoral capaz de organizar y movilizar al electorado.

Pero los partidos viven sumergidos en sus crisis internas y pugnas con otros partidos. La oposición critica al chavismo por aferrarse al gobierno, exige democracia y alternancia en el poder, pero le cierra el paso al nuevo liderazgo, dando origen a pugnas internas que ha sido el pretexto perfecto para judicializarlos, intervenirlos y entregarles la dirección a disidentes dispuestos a pactar con el gobierno.

Luego de casi un cuarto de siglo de hegemonía chavista, la Plataforma Unitaria convoca una elección primaria en la que se presentan 14 precandidatos que no han sido capaces de articular un mensaje político con el que la sociedad venezolana se identifique al dar respuesta a su problemática. Cada quien anda por su lado y así es imposible construir alianzas que conviertan el triunfo electoral en una meta posible.

En el debate de la UCAB, María Corina Machado afirmó que en la primaria se elegirá un líder de la oposición y ratificó que su objetivo es llegar hasta el final; es decir, hasta asumir el liderazgo de la oposición. Luego hablará con Petro, Lula, Fernández, Boric, Arce y López Obrador para que presionen a Maduro y la dejen inscribirse en el CNE como candidata a la Presidencia de la República.

La primaria genera aprehensiones en quienes están rezagados en las encuestas y no quieren someterse a la dirección de MCM. Hay precandidatos como Benjamín Rausseo, Antonio Ecarri, Manuel Rosales, Henrique Capriles, Carlos Prosperi que no se inscribieron en la primaria o no muestran el mismo entusiasmo. Rafael Arráiz Lucca y María Carolina Uzcátegui renunciaron a la Comisión Nacional de Primaria y atizaron las dudas sobre un proceso que puede resultar excluyente.  Si las tensiones internas en la Plataforma Unitaria dan al traste con la elección primaria, no hará falta que el TSJ la suspenda.

Los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios

El conflicto venezolano se puede resolver mediante el diálogo, la negociación y los acuerdos, pero hay quienes apuestan a prolongar las tensiones. Las negociaciones en Caracas, República Dominicana, Oslo, Barbados y México no dieron los resultados políticos, económicos y sociales esperados.

En la cumbre UE-Celac realizada en Bruselas, Macron promovió una nueva reunión entre el gobierno y la Plataforma Unitaria para destrancar las negociaciones. Acordaron volver en noviembre, después de las primarias. Estados Unidos entrará en campaña electoral y la agenda venezolana quedará postergada. Por lo tanto, no habrá canje de sanciones por mejores condiciones electorales, ni desbloqueo de los fondos venezolanos para mejorar las condiciones sociales.

El populismo exagera el estímulo de las emociones que nublan la razón. El desprecio, la descalificación y el insulto parecieran ser los principios rectores de la política venezolana, cuyo ejercicio exacerba las bajas pasiones. A MCM la han atacado grupos del oficialismo y HCR también ha sido víctima de arremetidas violentas. Las descalificaciones, insultos y agresiones violentas signarán la campaña electoral. Al calor de la campaña electoral, en Venezuela se atizará la confrontación política.

Si el PSUV pierde las presidenciales de 2024 puede perderlo todo. Teme no poder aguantar la euforia triunfalista de la oposición, ser barrido en las parlamentarias y perder la mayoría de gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales. El oficialismo sabe que en las presidenciales de 2024 se juega su sobrevivencia y por eso no se descarta una megaelección que le permita desplegar toda su maquinaria electoral bajo el lema: o nos salvamos todos o no se salva ninguno.

El gobierno no va dejar correr en la carrera presidencial a quien luego se convierta en su verdugo. Por eso abusa de las inhabilitaciones políticas para sacar de la contienda electoral a candidatos incómodos o potencialmente ganadores. Quienes aspiren a capitalizar electoralmente el descontento nacional tiene que estar preparados para estas maniobras. Al forzar la renuncia del CNE, obstaculizar la asistencia técnica a la primaria, inhabilitar candidatos e impedir la observación internacional, el gobierno deteriora las condiciones electorales para inducir la división y abstención de la oposición.

¿Cuáles son las condiciones que es necesario crear para que se puedan celebrar unas elecciones competitivas? La solución electoral y pacífica del conflicto venezolano –que haga posible una alternancia en el poder sin revanchismos y afanes de venganza– tiene que ser pactada con el chavismo, al cual se le deben dar garantías y confianza de que no será perseguido, enjuiciado ni encarcelado. Solo así entregarán el poder.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Estamos en elecciones, disculpen las promesas, por Víctor Álvarez R.
En tiempos de campaña electoral suelen proliferar las promesas demagógicas. Sin embargo, los precandidatos a la Presidencia no terminan de proponer ni siquiera un programa modesto

 

@victoralvarezr

En lo que ha transcurrido del año 2023, el comportamiento de los precios sigue siendo muy errático. Del 39,4 % en enero y 20,2 % en febrero, bajó luego a 4,2 % en marzo y 2,5 % en abril, pero en mayo volvió a subir a 7,6 %, y en junio registra 8,5 %. Entre enero–junio de 2023, la inflación acumulada rompió el umbral del 100 % y da al traste con la meta de lograr una inflación menor de tres dígitos. La inflación anualizada entre junio 2022 y junio 2023 registra 429 % y todo indica que la tendencia inflacionaria se mantendrá hasta el cierre del año.

El gobierno paga la inflación con la caída de su aceptación popular. Tiene claro el costo político–electoral que puede desembocar en la pérdida de las presidenciales de 2024. Con un rechazo en las encuestas superior al 75 %, al gobierno lo que más le conviene es una alta abstención. Por eso apuesta al deterioro de las condiciones electorales, a crear dudas en el resultado de los comicios, erosionar la confianza en el voto, aumentar la apatía electoral y lograr el nivel de abstención que necesita para convertir en mayoría su cada vez menor caudal electoral.

Las presiones inflacionarias se mantendrán mientras se prolonguen los desequilibrios macroeconómicos y el presupuesto nacional sea calculado con base en premisas macroeconómicas irreales. El presupuesto de gastos aprobado en diciembre 2022 fue de Bs 170.703.832.051 que al tipo de cambio vigente para el momento (11,80 Bs/$) equivalía a unos 14.392,27 millones de dólares. A la fecha de redactar este artículo (27/07/23), la tasa de cambio oficial publicada por el BCV registraba 29,31 Bs/$, lo cual disuelve el presupuesto nacional en su equivalente en divisas y lo reduce a apenas 5.824.081.610 millones de dólares.

Entre enero–junio 2023, el bolívar se ha depreciado 70 %, cuestión que ha reducido a mucho menos de la mitad el equivalente en dólares del presupuesto aprobado en bolívares. La constante depreciación de la moneda nacional disuelve el presupuesto nacional y esto significa que para el segundo semestre no habrá suficientes recursos para financiar el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional (AN). Si el déficit presupuestario se financia con nuevos créditos adicionales que se cubren con emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV, está cantado que en el segundo semestre se mantendrán las presiones inflacionarias

El costo político–electoral del malestar social

Para reducir el déficit fiscal, el gobierno minimiza el peso de los salarios y las pensiones en el presupuesto nacional. El costo del severo ajuste fiscal recae principalmente en la nómina de funcionarios públicos, cuya capacidad de compra está pulverizada. La reducción del gasto público también se ejecuta a través de la falta de mantenimiento y desinversión en los servicios públicos de electricidad, agua potable, gas doméstico y telecomunicaciones, así como en la falta de inversión en el mantenimiento y repotenciación de los sistemas públicos de educación y salud, todo lo cual deteriora las condiciones de vida en los hogares venezolanos.

El costo del ajuste fiscal para estabilizar la macroeconomía que están pagando sobre todo los trabajadores, también repercute negativamente en el aparato productivo. La reactivación económica requiere servicios públicos de calidad. Pero los frecuentes cortes de energía, el racionamiento de agua, la escasez de gas, la mala calidad de las telecomunicaciones, y la escasez de combustibles representan grandes obstáculos para la recuperación de la actividad económica. Obligan a paradas no programadas de la producción agrícola e industrial y a incurrir en sobrecostos que castigan la competitividad nacional frente a los productos importados.

Los bajos salarios limitan la demanda, contraen las ventas y agravan la caída de la producción agrícola e industrial. En 2023 no aumentó el salario mínimo, sino que decretó un bono de alimentación de 40 $/mes, más un bono de guerra económica por 30 $/mes. A estos se le suman 5 $/mes a lo que ha quedado reducido los 130 Bs del salario mínimo. Este ingreso de 75 $/mes apenas cubre el 14 % de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) que, según los estudios del CENDAS-FVM, supera los 530 dólares/mes.

La desconexión del discurso político con el clamor nacional

En tiempos de campaña electoral suelen proliferar las promesas demagógicas. Sin embargo, los precandidatos a la Presidencia no terminan de proponer a los electores ni siquiera un programa modesto, viable y creíble de reformas económicas para vencer la inflación, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y mejorar las condiciones de vida de los hogares.

Nuevamente cayeron en la maniobra del gobierno al forzar la sustitución de los rectores del CNE antes de que cumplieran su período legal. La desconexión del discurso político con el clamor nacional se recrudece con la inhabilitación de María Corina Machado, lo cual enfoca el debate político–electoral en la mejora de las condiciones electorales y desvía la atención al reclamo de la mejora de las condiciones salariales y sociales.

Sin una oferta electoral sintonizada con la urgencia de una población exhausta por la crisis, el elector no se sentirá motivado a votar –ni siquiera en la elección primaria– porque no encontrará propuestas convincentes para superar los salarios de hambre que no alcanzan para comprar la canasta alimentaria, ni aliviar los problemas de electricidad, agua, gas, educación, vivienda, salud, transporte, telecomunicaciones e inseguridad que azotan a las familias venezolanas.

Estos son los problemas que más preocupan a los electores venezolanos y deberían ser la prioridad de los partidos y precandidatos en su oferta electoral. Sin embargo, priorizan su exigencia de mejores condiciones electorales y en la rehabilitación política de los precandidatos. Así se desconectan del clamor nacional que no termina de recibir un mensaje esperanzador que ofrezca soluciones a los problemas concretos de los electores. Estos se sienten estimulados a votar por unos candidatos que se muestran más preocupados por mejorar las condiciones electorales en las que van a competir para cristalizar sus ambiciones de poder que por mejorar las precarias condiciones de vida de la gente.

Escuche el análisis completo en el nuevo pódcast de Pedagogía Económica y Electoral:

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¿Cuál será la correlación de fuerzas que se impondrá en el nuevo CNE?, por Víctor Álvarez R.
La apabullante mayoría oficialista en la AN le permitiría al gobierno imponer un 5-0 en el CNE. Pero esto sería un exabrupto que sentenciaría el desconocimiento de las próximas elecciones

 

@victoralvarezr

La Asamblea Nacional (AN) tendrá que escoger cinco nuevos rectores principales y diez suplentes. Jorge Rodríguez adelantó que: «Hay unas sorpresas en esos nombres, sobre todo para aquellos que dicen que esta Asamblea Nacional es ilegal, hay unas sorpresas en esos nombres, sobre todo de personas que han hecho vida en instituciones cercanas a la oposición”.

Teóricamente ninguno debería estar vinculado a los partidos políticos del gobierno o de la oposición, pero en Venezuela esa es una de las condiciones electorales que no se cumple y los rectores tienden a representar a los bloques políticos en pugna. Lo ideal sería una fórmula 2-2-1; es decir, dos rectores progobierno, dos prooposición y uno neutral aceptado por ambas partes.

Jorge Rodríguez también informó que a solicitud de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades autónomas y otras universidades se concedió una prórroga de 10 días para que terminen de armar sus listas de postulados y que a principios de septiembre se tendrá el nuevo CNE.

Recordemos que la división y abstención de la oposición en las parlamentarias de 2020 facilitó que la coalición gobernante ganara 256 de un total de 277 diputados. Para las megaelecciones de 2021 –como el oficialismo no se sentía amenazado por una oposición dividida y debilitada que además llamaba a la abstención–, el gobierno permitió una mayor representación de la oposición y pasó de una correlación de 4-1 a otra de 3-2. Así se eligió un CNE más plural y con mayor autonomía, el cual asumió el reto de lograr un arbitraje institucional, mejorar las condiciones electorales, reconstruir la confianza en el voto y en la ruta electoral.

Pero ahora lo que se juega es la presidencia de la república. La apabullante mayoría oficialista en la AN le permitiría al gobierno imponer un 5-0. Pero esto sería un exabrupto que sentenciaría el desconocimiento nacional e internacional de las próximas elecciones. El gobierno reconocerá el espacio que corresponden a los dos principales bloques de la oposición con la designación de un rector principal para cada uno, y una correlación de 3-2 en el nuevo directorio.

Elecciones en dictadura

La mayoría de los precandidatos catalogan al gobierno como una dictadura. Sin embargo, esperan de él condiciones electorales a tono con los estándares internacionales. Un nuevo CNE con tres rectores del oficialismo y dos rectores de oposición será la mejor correlación de fuerzas que la oposición puede esperar de un gobierno, al cual acusan de autoritario y hegemónico. Es iluso pretender que la dictadura a la que quiere derrocar les conceda una mayoría de 3 a 2 en el CNE.

En la estructura organizativa y funcional del poder electoral, no son cinco rectores sino ocho los que asumen responsabilidades técnicas, institucionales y políticas. Por lo tanto, la correlación de fuerzas entre el gobierno y la oposición trasciende los cinco rectores principales e incluye a los rectores suplentes que se incorporan activamente a cada uno de los órganos subalternos.

Además de los dos principales de la oposición, es probable que mantengan los cuatro suplentes, para una correlación final de 9-6 en el total de 15 rectores principales y suplentes. Adicionalmente están las 24 Oficinas Regionales en todos y cada uno de los estados del país, cuestión que hay que tener en cuenta en el equilibrio del poder electoral.

El oficialismo tiene claro el enorme rechazo que sufre entre los electores y para conjurar la amenaza de ser barrido en las presidenciales de 2024 necesita un árbitro electoral que luzca parcializado y subordinado a los intereses del gobierno. Con ese fin forzó la renuncia de todos los rectores principales y suplentes que venían avanzado en la tarea de restaurar la legitimidad de desempeño del CNE y ahora hará uso de su aplastante mayoría en la AN para nombrar otros rectores espanta votos. El objetivo del gobierno es deteriorar las condiciones electorales, crear dudas sobre el resultado, erosionar la confianza en el voto, aumentar la apatía electoral y la abstención, a fin de convertir en mayoría su debilitado apoyo electoral.

Pero la desconfianza en el voto y la apatía electoral no dependen solo del deterioro en las condiciones electorales. También dependen de la calidad de los candidatos y de la oferta electoral. Capitalizar electoralmente el rechazo al gobierno exige postular una candidatura única y unitaria, con una propuesta de gobierno conectada con el clamor nacional, que sea capaz de motivar, organizar y movilizar masivamente a los electores descontentos para así poder avanzar hacia una solución política, electoral y pacífica del conflicto venezolano.

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