Víctor Álvarez, autor en Runrun

Víctor Álvarez

El Banco Central de Venezuela publicó una nueva resolución en la que autoriza el ajuste de los créditos comerciales al comportamiento de la tasa de cambio oficial. Al sincronizar los préstamos en bolívares con el precio del dólar, si éste sube, el saldo a pagar en bolívares también sube y absorbe la ganancia cambiaria, desestimulando así la especulación en divisas.

La combinación de bajas tasas de interés, creciente inflación y alza permanente del dólar hizo de la especulación cambiaria un gran negocio. Tras la fachada de créditos comerciales, agrícolas o industriales un torrente de bolívares iba a parar al mercado paralelo, presionando el precio de la divisa.

Endeudarse con tasas de interés muy por debajo de la las tasas de inflación para comprar un televisor, una nevera, una lavadora o simplemente dólares, resultó ser un gran negocio que se hizo a expensas del activo de la banca, cuyos préstamos a cobrar en bolívares se derritieron como cubitos de hielo bajo el voraz fuego inflacionario.

Para muestra un botón: en 2017, a la tasa de cambio oficial de entonces, el activo de la banca en bolívares equivalía a $ 12.120 millones, pero al cierre de septiembre de 2019 apenas llegaba a $ 259 millones. A medida que subía la tasa de cambio, la expresión en bolívares del total de créditos era cada vez menor.

Ahora se aprueba la indexación de los créditos en bolívares a la evolución de la tasa de cambio oficial, pero esta medida -que si bien protege los activos de los bancos-, se hace a expensas de los deudores que no podrán pagar los créditos, si la tasa de cambio se dispara. Así, quien haya comprado a crédito una secadora, probablemente tendrá que vender la lavadora para poder pagar el saldo deudor, evitar que éste siga creciendo y no tener que vender también el televisor.

Al indexar los créditos a la tasa de cambio y limitar la demanda de créditos dirigido a la adquisición de divisas, ciertamente se frena el tipo de cambio, pro también encarece el financiamiento al sector comercio y al aparato productivo en general.

 

La resolución del BCV establece que, en adelante, los bancos deberán expresar el crédito otorgado en una unidad de cuenta llamada Unidad de Valor de Crédito Comercial (UVCC). Es como una especie de Unidad Tributaria cuya expresión en bolívares se irá ajustando al ritmo de la devaluación. La UVCC resulta de dividir el monto del crédito en bolívares entre el llamado Índice de Inversión (IDI), el cual aumentará al ritmo del precio del dólar. Por ejemplo, si la devaluación es de 25% en el primer mes, el índice base de 100% sube a 125. En otras palabras, si a Ud. le prestaron Bs. 100.000, con la indexación del crédito al ritmo de la devaluación, al mes siguiente Ud. deberá Bs. 125.000 y así sucesivamente.

El gran riesgo es que, aunque en términos de UVCC se mantenga constante, en términos de bolívares no se establecen límites al incremento del capital adeudado. Y en caso de una variación desproporcionada del tipo de cambio, el saldo deudor en bolívares alcanzará montos impagables, mientras que si lo que ocurre es una reducción del tipo de cambio, el capital adeudado no puede ser menor al monto del crédito otorgado.

Los créditos indexados son buenos para la banca en tanto protegen sus activos de la hiperinflación y la devaluación, pero también representan un riesgo de impago que puede acarrear un grave daño en la calidad de su cartera crediticia. Quien no facture en dólares estará condenado al sobreendeudamiento.

Para proteger su patrimonio, la banca se concentrará en el crédito comercial indexado al dólar y exigirá garantías en divisas. Solo los exportadores o grandes clientes corporativos con capacidad de traspasar los costos financieros a los precios podrán asimilar este esquema. El resto de los préstamos, como el financiamiento al consumo mediante las tarjetas de créditos, tenderá a desaparecer.

 

La medida afectará sobre todo a los comercios que cobran sus ventas en bolívares pero luego pagan el crédito indexado que aumentará al ritmo de la tasa de cambio. En consecuencia, como nadie que tenga un crédito querrá vender su mercancía en bolívares, la medida de indexar los créditos comerciales a la evolución del tipo de cambio oficial generará presiones para acentuar la dolarización del comercio, del crédito y de la economía nacional.

@victoralvarezr

Gracias al consultor en procesos electorales, Aníbal Sánchez (@AníbalSánchez), nos enteramos que los estándares internacionales de los procesos electorales están establecidos en las normas de estandarización ISO 54001  Sánchez ha sido pionero en el análisis del estado actual de las garantías y condiciones electorales en Venezuela, a la luz de la norma ISO 54001. 

ISO (por sus siglas en inglés) es la Organización Internacional de Normalización que opera como una federación mundial de organismos nacionales de normalización. La elaboración de las normas internacionales la realizan los comités técnicos de ISO. En materia de elecciones, cada país tiene su propio sistema electoral, el cual varía según su cultura y tradiciones, y está constituido por una gama de procesos interrelacionados a cargo de los organismos electorales, las organizaciones políticas y la ciudadanía.

Las garantías electorales tienen que ver con quién puede votar, quiénes son elegibles para cargos públicos, los requisitos para la inscripción de organizaciones políticas y sus candidatos, la logística electoral, la selección, el conteo y el registro exacto de votos, la declaración de resultados, la educación electoral, la fiscalización del financiamiento de la campaña y la investigación de las denuncias y resolución de conflictos electorales. Por su parte, las condiciones electorales deben ofrecer a todos los competidores las mismas oportunidades de ganar o perder, sin ventajismos a favor de algunos de los candidatos o partidos, lo cual exige imparcialidad de los medios de comunicación, la no utilización de recursos del Estado a favor de una parcialidad política, la regulación de las campañas electorales e, incluso, la fiscalización de los fondos que financian a los diferentes candidatos.

A la luz de la norma ISO 54001, Aníbal Sánchez explica con claridad las condiciones políticas, técnicas, operativas, jurídicas y administrativas que deben cumplirse en Venezuela para celebrar elecciones a tono con los estándares internacionales que preserven el sufragio como un derecho humano. Votar es una expresión del derecho político a participar en los asuntos públicos y se basa en el principio de una persona, un voto, sin ninguna otra restricción que la que establezca la Ley. 

 

El proceso electoral: mucho más que el acto de votación

 

La realización de elecciones periódicas, libres y justas a través del voto secreto es la clave de un sistema político democrático, cuya legitimidad está asociada a las garantías y condiciones electorales para que la ciudadanía pueda elegir libre y limpiamente a quienes ocuparán cargos públicos. La norma ISO 54001 establece que una condición básica para el proceso electoral es la inscripción del votante. La identificación del cumplimiento de requisitos y la inscripción de los votantes habilitados son esenciales para el proceso electoral. Al registrarse para participar en las elecciones, las organizaciones políticas y los candidatos formalizan legalmente su participación en el proceso electoral. 

La norma también plantea que los organismos electorales tienen que planificar la logística para el día de las elecciones con mucha antelación al evento electoral. Los factores clave en la logística son la distribución eficiente de los materiales electorales, el establecimiento de los centros de votación y el abastecimiento del equipo de votación. La emisión del voto y el recuento de votos son de primordial importancia, toda vez que sus resultados son precisamente los que reflejan la voluntad del electorado, constituyen la expresión de la soberanía popular. 

La norma ISO 54001 subraya que el proceso electoral no se limita al acto de votación, sino que se extiende a las diferentes etapas del proceso electoral: antes, durante y después de la elección. Todas y cada una deben ser rigurosamente auditadas para que el proceso se cumpla de manera limpia y transparente y contribuya así a la legitimidad del poder electoral. Cuando todo el proceso electoral –y no solo el acto de votación- se realiza de manera transparente y precisa, aumenta entonces la confianza en las elecciones y la aceptación de los resultados finales.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo 63 establece que las elecciones deben ser libres, universales, directas y secretas. A la luz de la ISO 54001, y partiendo del aporte pionero que hace Aníbal Sánchez en su análisis, podemos desglosar las garantías y condiciones en los siguientes aspectos:

 

  • Nombramiento de nuevas autoridades del CNE (295 y 296 CRBV) de acuerdo a lo establecido en los artículo 18 al 30 de la Ley del Poder Electoral.
  • Universalidad: derecho al voto para todos los venezolanos, sin más limitación que las que imponen las leyes, lo cual comienza por la actualización del registro electoral permanente.
  • Derecho del voto de los venezolanos en el exterior, o extranjeros en el país, según el tipo de elección. 
  • Certificación de las organizaciones con fines políticos de acuerdo a la Ley de Partidos (Artículo 10-15 y 26). 
  • Derecho político de elegir y ser elegido (Artículo 42 y 65 CRBV), lo cual pasa por restablecer los derechos políticos a los candidatos inhabilitados por la Contraloría.
  • Garantizar todas las auditorías técnicas a partir de la validación de los protocolos con los técnicos de los partidos participantes, así como la contratación de auditores externos. (Artículo 160 y 161 LOPRE).
  • Actualizar el Catastro de Centros a partir de los 14 mil centros y 30 mil mesas de votación del último Registro Electoral, con criterios de vecindad, inclusión y correcta selección de miembros mesas.
  • Garantizar el ejercicio libre voto, lo cual implica impedir el acompañamiento indebido que pone en riesgo el voto secreto y directo.
  • La observación internacional calificada en todas las etapas del proceso.
  • Implementación de la contraloría y fiscalización electoral a fin de evitar abusos de poder e ilícitos electorales.

Condiciones electorales vs condiciones políticas

 

A pesar de las precarias garantías y condiciones electorales que prevalecen en Venezuela, ¿qué probabilidades tiene una oposición unida de ganar las elecciones parlamentarias? Según las encuestas, la situación del país es percibida como negativa por el 94% de la población, incluyendo a los seguidores del oficialismo. El 84% evalúa como mala la gestión de Maduro y quiere que deje el poder. Nuevamente la oposición tiene a su favor el cuestionamiento de los electores a la gestión del gobierno. Sin embargo, sus contradicciones internas la pueden llevar a perder una oportunidad mucho más clara que la de las Parlamentarias del 2015, cuando logró una aplastante victoria que luego no supo administrar y aprovechar.

 

La oposición venezolana está dispersa y plagada de contradicciones. Por un lado, están los partidos del G-4 (PJ, AD, UNT, VP) que han anunciado que se abstendrán de participar en las elecciones parlamentarias si antes no se convocan las presidenciales. Por otro lado, están los partidos que forman parte de la Mesa de Negociación (Cambiemos, Soluciones, AP y MAS) que -sumados a otros partidos como Copei, Bandera Roja, Redes, etc.-, forcejean con el gobierno para mejorar las  garantías y condiciones electorales mínimas, aun cuando no sean plenamente las establecidas en la norma ISO 54001 . 

 

Además del desaliento que provoca la falta de garantías y condiciones electorales, la proliferación de partidos políticos con posiciones tan contradictorias desmotiva al electorado opositor y dificulta su identificación con una línea política que lo conduzca a una victoria. Si la oposición no se pone de acuerdo en escoger candidatos unitarios -tal como se hizo en las Parlamentarias de 2015 en torno a la tarjeta de la MUD-, ese 84% de electores descontentos que cuestiona la gestión gubernamental no cristalizará  como una fuerza electoral que mantenga el control de la AN como el único poder legítimamente constituido para continuar desde allí la lucha por una solución política, electoral y pacífica a la crisis venezolana. 

La ineficacia de la abstención

 

Constitucionalmente, las elecciones que están previstas para el año 2020 son las parlamentarias. A pesar de aferrarse a la AN para operar políticamente, un importante sector de la oposición pareciera dispuesto a perder esta plataforma al negarse a participar en las parlamentarias, si estas se realizan antes de las elecciones presidenciales. Esa misma oposición que denuncia diariamente la degeneración autoritaria y totalitaria del régimen, es la que espera de la dictadura garantías y condiciones electorales para realizar unos comicios a tono con los estándares internacionales establecidos en la norma ISO 54001. 

Quienes defienden a la AN como el único poder legítimo y desde la cual han desplegado la estrategia de la “presidencia interina” y el “cese a la usurpación”, son los mismos que argumentan que sin garantías y condiciones electorales no tiene sentido participar en las parlamentarias del año que viene. Arguyen que se repetirá la misma historia de un TSJ funcional al gobierno que impugnará la elección de diputados para quebrar la mayoría opositora, o que el gobierno prolongará la ANC como un poder legislativo paralelo que se arroga las funciones que corresponden al poder legislativo electo por la soberanía popular. 

No participar en las elecciones fue una estrategia equivocada en las parlamentarias de 2005, cuando la coalición gobernante del Gran Polo Patriótico (GPP) ganó la totalidad de las curules de la Asamblea Nacional. La abstención dejó al parlamento bajo el control del gobierno que aprovechó la coyuntura para extender su control hacia el TSJ, Fiscalía General, Contraloría General, Defensoría del Pueblo y CNE. 

La abstención electoral ha demostrado su ineficacia para provocar los cambios políticos que la mayoría del país aspira. La abstención como política inmoviliza las fuerzas de cambio y favorece la permanencia del actual gobierno. Si se impone el sector de la oposición que plantea la abstención –argumentando falta de garantías o que las parlamentarias se convoquen antes de las presidenciales-, esto allanará el camino para que el oficialismo, con un precario apoyo del 25 % de electorado, logre controlar nuevamente la AN. 

 

Según los datos del CNE, la abstención en las elecciones municipales de 2017 trajo como consecuencia que el PSUV/GPP ganara 306 alcaldías de un total de 335 en todo el país. Algunos partidos opositores e independientes que participaron obtuvieron apenas 29 alcaldías. Lo mismo ocurrió con las elecciones de concejos municipales de 2018, en las que el oficialismo ganó el 76% de los 2.459 cargos de concejales municipales. 

 

En las presidenciales del 20 de Mayo de 2018, a pesar de ser Nicolás Maduro el candidato con mayor rechazo, la oposición no logró escoger un candidato unitario y optó por llamar a la abstención, con la excusa de no prestarse a la comparsa electoral montada por el régimen, ni convalidar unas elecciones “convocadas” por la ANC en una fecha anticipada. Cualquiera puede revisar la página del CNE y verificar que a raíz del “exhorto” de la ANC, el poder electoral procedió a convocar las elecciones presidenciales en el año que correspondía. 

El llamado a la abstención de los principales partidos de la oposición puso a ganar al antipopular candidato oficialista. Las candidaturas simbólicas de una oposición electoral -que también se presentó dividida con las postulaciones de Henri Falcón,  Javier Bertucci y Reinaldo Quijada-, fueron demolidas por la poderosa matriz de opinión impuesta por la oposición abstencionista que los declaró colaboracionistas y cómplices del régimen. De haber participado con un candidato unitario y una estrategia de movilización y defensa del voto, el abrumador rechazo al candidato oficialista habría despejado el camino para un contundente triunfo del candidato opositor, cualquiera que éste hubiese sido.

Si la oposición electoral también se postula dividida, los partidos sin maquinaria que participan no lograrán concentrar un porcentaje de aceptación significativo, cuestión que los llevaría a perder ante los candidatos del gobierno que, en el mejor de los casos, apenas lograrán un nivel de aceptación del 25 %. Sus pugnas internas y sus divisiones pueden facilitar otro triunfo del oficialismo. Sobre todo si compite con una oposición que no logra ponerse de acuerdo para postular candidatos unitarios, se presenta dividida y opta por llamar a la abstención.  

Las condiciones y garantías electorales pueden deteriorarse aún más, el impacto de las sanciones pudiera terminar de hundir la industria petrolera y al resto de la economía, la emigración pudiera alcanzar los 8 millones de venezolanos y, aun así, Maduro puede permanecer en el poder, sacando provecho a las divisiones del liderazgo opositor que impiden que el enorme descontento nacional se traduzca en una contundente victoria electoral.

 

@victoralvarezr

Salvar Citgo o pagar con Citgo: ¿qué es lo que más conviene a Venezuela?, por Víctor Álvarez

CITGO ES UN CONGLOMERADO de refinerías de petróleo que posee Pdvsa en EEUU, con una capacidad de refinación de 745.000 barriles diarios. Posee una red de distribución independiente, oleoductos y capacidad de almacenamiento. Tiene 3.500 empleados, opera 48 terminales, nueve oleoductos y una red de más de 5.000 gasolineras en EEUU. Su valor se estima en $ 8.000 millones.

El 28 de octubre Pdvsa tiene que hacer un pago por $ 913 millones del Bono 2020, el cual tiene como garantía el 50,1 % de las acciones de Citgo. Si incumple, basta que 25% de los acreedores pidan a una corte la ejecución de la garantía para cobrar los pagos pendientes e, incluso, el total de la deuda, equivalente a $ 1.700 millones. 

Si el valor de Citgo se estima en $ 8.000 millones, el 50,1% que se vendería equivale a unos $ 4 mil millones. De estos se pagarían $ 1.700 millones a los tenedores del Bono 2020, mientras que Pdvsa recibiría los $ 2.300 millones restantes. Pdvsa mantendría 49.9% de las acciones, pero perdería control de Citgo. 

Pero el problema no llega hasta allí. Resulta que en la ola de expropiaciones que inició Chávez figura la que afectó a la minera canadiense Crystallex. Esta empresa resultó favorecida por la sentencia de un tribunal de EEUU que le permite incautar las acciones de Citgo para cobrar $1.400 millones por la indemnización pendiente. Aunque Crystallex en rigor no es un acreedor de Pdvsa -y su litigio por la expropiación es contra la República-, el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado embargar los activos de una empresa, cuando su dueño no paga una deuda por él contraída. 

Pero todavía no hemos llegado al final de la cuenta, toda vez que a los rusos también se le debe. No olvidemos que el 49 % restante de las acciones de Citgo se ofreció como garantía de un préstamo por $ 1.500 millones que otorgó Rosneft. Sumando los $1.700 millones del bono Pdvsa 2020, los $1.400 millones de la indemnización que reclama Crystallex y los $ 1.100 millones todavía se le deben a Rosneft, el total de las acciones comprometidas asciende a $.4.200 millones.

Cuando Citgo no estaba agobiada por deudas y demandas y el gobierno venezolano quiso venderla, el banco de inversiones Barclays Capital realizó un estudio para conocer en cuánto estaba valorada y estimó que su valor patrimonial implícito estaba entre $ 7.000-9.000 millones. Pero con una Citgo hipotecada y asediada por los tenedores del Bono Pdvsa 2020, la minera canadiense Crystallex, la petrolera rusa Rosneft y los tenedores del Bono Venezuela 2034, el avalúo puede ser muy desventajoso y se corre el riesgo de que se remate a un precio muy por debajo de lo que Citgo realmente vale. Si Maduro y Guaidó no se ponen de acuerdo para defender Citgo, lo más probable es que se remate por no más de $4.000 millones que apenas alcanzaría para pagar las deudas que tienen como garantía las acciones de la compañía, y a Venezuela no le quedaría nada.

Ni Maduro ni Guaidó administran recursos suficientes para pagar los próximos vencimientos. ¿Qué hacer? En la mesa están diferentes propuestas:

  • Que Guaidó pague a los bonistas estadounidenses mientras Maduro se encarga de pagarle a los rusos 
  • Suscribir un pacto con los acreedores para no embargar ningún activo de la República mientras se resuelve la crisis
  • Qué oficialismo y oposición acuerden una estrategia para salvar los activos de la República que se van a necesitar para su reconstrucción 
  • Solicitar a la ONU una Resolución para proteger de la rapiña de los acreedores a un país que atraviesa por una crisis humanitaria
  • Qué el gobierno de Guaidó -reconocido por la Administración Trump-, solicite a su aliado una Orden Ejecutiva para evitar que le carguen la responsabilidad de haberse dejado quitar Citgo
  • Que se revoque la licencia que tienen los tenedores del Bono Pdvsa 2020 para ir en contra de las acciones de Citgo.
  • Que no se conceda una licencia a Crystallex para que proceda a vender las acciones de Citgo. 

A tan solo unos días para que se venza el pago de los $ 913 millones, nada concreto se ha hecho. Pareciera que la ejecución de Citgo ha entrado en cuenta regresiva. Lo que no se hizo desde agosto de 2018, tampoco se hará ahora. 

Citgo siempre ha sido un caso muy polémico y no faltan quienes argumentan que no fue un buen negocio, ni para Pdvsa ni para la República. Sus defensores argumentan que el complejo refinador ha sido un destino seguro para procesar los crudos pesados de la FPO, mientras que sus detractores objetan que la refinería le compra el mayor porcentaje de crudos pesados a otros países. En efecto, Citgo no procesa única y exclusivamente petróleo venezolano. Hasta enero de 2019, recibía crudos desde unos 20 países y Pdvsa apenas suplía el 25% de sus requerimientos. 

La diferencia es que a Pdvsa le paga con un descuento entre 6-8 $/barril, mientras que a los demás proveedores les paga a precios de mercado. Aun con el generoso subsidio con el que Pdvsa ha favorecido a Citgo, la relación ingreso neto sobre ingreso bruto representó menos de 2%, y no siempre ha enviado dividendos que mejoren las finanzas de Pdvsa y el ingreso en divisas de Venezuela. 

A la luz de estos datos vale preguntarse: 

¿A quién le conviene mantener Citgo en manos venezolanas? 

¿Quién se beneficia con los descuentos al barril de petróleo y quién se perjudica? 

¿Dónde se quedan las exiguas ganancias que genera la compañía? 

¿Dónde se pagan los impuestos?

¿Acaso no será mejor para el interés nacional pagar con acciones de Citgo el Bono 2020, la deuda con Rosneft y la indemnización a Crystallex, siempre y cuando se pueda seguir vendiendo a Citgo, pero sin descuento, los crudos de la FPO?

Si Pdvsa sigue siendo proveedora de Citgo y sacamos bien las cuentas, podríamos comprobar que con un ingreso adicional de 6-8 $/barril se compensaría con creces los exiguos dividendos que Pdvsa dejaría de percibir.

 

@victoralvarezr

¿Quién será el nuevo presidente de la Asamblea Nacional? Por Víctor Álvarez R

UN DÍA DESPUÉS DE QUE Juan Guaidó anunciara el agotamiento de las negociaciones de Barbados, representantes de cuatro partidos de la oposición minoritaria anunciaron la conformación de una “Mesa Nacional de Diálogo” con el gobierno de Nicolás Maduro. De cara a la unidad de la coalición opositora, el régimen abrió una nueva grieta entre sus adversarios al anunciar un acuerdo con un sector de la oposición electoral que habrá que analizar y evaluar con base en los resultados que genere. 

Reincorporar a la AN los 55 diputados del PSUV/GPP significa reconocer al parlamento presidido por Guaidó. Y la designación de un nuevo CNE con el voto favorable de la bancada oficialista sería reconocer que la AN no está en desacato y reconocer una falacia que sirvió para vaciar de funciones y anular la AN. Si se logra la reinstitucionalización del poder electoral se abrirán vías para avanzar hacia una solución política, electoral y pacífica del conflicto venezolano. 

 

El fin de Barbados: sin pena ni gloria

En 2019 la oposición lanzó la estrategia de la Presidencia interina de Juan Guaidó con la ruta de los tres pasos que al final se convirtió en un rígido mantra que le ha restado flexibilidad y capacidad de respuesta a toda la oposición. El G4 (PJ, AD, UNT, VP) liderado por Guaidó, con el respaldo de casi 60 gobiernos, no logró lo que prometió: la salida inmediata de Maduro. 

La frustración es mayor cuando a pesar de la mediación del Reino de Noruega, la oposición radical no pudo lograr ningún acuerdo con el régimen de Maduro. Había una expectativa favorable pero nadie sabía lo que se discutía. Dominicana, Oslo y Barbados fracasaron porque al ser procesos poco transparentes no despertaron el decidido apoyo y movilización de la opinión pública nacional. Agotado el mecanismo de Barbados, vale preguntarse ahora ¿qué otras opciones pueden relanzarse desde la AN que no estén en catálogo de las salidas violentas que invocan al TIAR o al numeral 11 del artículo 187 de la CRBV que faculta a la AN a autorizar misiones militares extranjeras en territorio venezolano?

En Venezuela el enorme rechazo a la gestión del gobierno pone a ganar a cualquier candidato no oficialista. La oposición es una potencial mayoría electoral, pero todavía hay partidos muy influyentes que prefieren invocar al TIAR y llamar a una invasión militar, antes que prepararse con tiempo para medirse en una próxima contienda electoral y así enfrentar con éxito el ventajismo oficialista. 

Ante el fracaso de Oslo y el relanzamiento de la opción de una intervención militar que desate una espiral de violencia y amenace con sembrar al país de odio y afanes de venganza, el diálogo y la negociación siguen siendo la mejor opción. A la luz de las lecciones que dejan los anteriores intentos fallidos de diálogo y negociación en el extranjero, se impone la nacionalización del diálogo con una agenda abierta y transparente, a la vista de la opinión pública nacional e internacional, que garantice que los asuntos que se están negociando son los que realmente importan a la Nación y que no responden única y exclusivamente a las ambiciones personales ni a las agendas de los partidos políticos. 

 

¿Cuál es el margen de maniobra para que la nueva coalición logre la presidencia de la AN?

Si se cumple el acuerdo de rotación de la presidencia de la AN -que para el próximo año corresponde a los partidos minoritarios-, la designación recaería en un diputado del partido minoritario que tiene más parlamentarios (Cambiemos). Esto le pondría fin a la Presidencia interina de Juan Guaidó y obligaría a replantear las posiciones de los casi 60 gobiernos que desconocieron a Maduro para reconocer a Guaidó como Presidente interino. ¿Cómo lograrán el quórum? 

Para alcanzar el quórum parlamentario el día de la elección, la nueva coalición entre el gobierno y los partidos minoritarios de la oposición tendrían que lograr al menos 84 diputados asistentes. Y para cambiar  la presidencia de la AN es necesario que a los 55 diputados del oficialismo se sumen los seis de su partido, el de Avanzada Progresista, así como los diputados que el gobierno logre desmarcar de la bancada del G4 para que no se manifiesten a favor de Guaidó. 

¿Cuál es el  margen de maniobra del  nuevo G4 (Cambiemos, AP, MAS y Soluciones) frente al gobierno y resto de la oposición para conformar nuevas alianzas de cara a la elección de la nueva directiva de la AN para el 2020? De los 167 diputados, la oposición tiene 112 y el oficialismo 55. De estos, 25 diputados opositores están refugiados, en el exilio o encarcelados. Solo 87 diputados opositores están habilitados y activos. 

En un escenario al que la bancada opositora liderada por Guaidó decida ausentarse de la votación, con un quórum de 84 asistentes la nueva coalición necesitaría 43 parlamentarios para tener la mayoría que hace falta para nombrar al nuevo Presidente de la AN. Si se suman los 55 diputados del PSUV/GPP y los 7 diputados de Cambiemos y Avanzada Progresista, en total serían 62 diputados, cifra más que suficiente en un quorum de no más de 84 diputados que el oficialismo tendría que construir. En este escenario, el próximo presidente de la AN podría ser el diputado Timoneo Zambrano por ser el líder del partido minoritario que más curules tiene.

 

La elección de un nuevo CNE

Para la elección de un nuevo CNE se necesitan 110 votos a favor. En caso de no lograr los dos tercios que se requiere para elegir ese organismo en la AN, la nueva coalición apelaría por el recurso de la “inhibición parlamentaria” y trasladaría la elección del CNE al Tribunal Supremo de Justicia, tal como ya lo hizo el gobierno en el pasado reciente. 

El nuevo CNE tendrá que resolver la situación de los partidos políticos inhabilitados, de lo contrario estos acuerdos parciales serían interpretados como una maniobra para mantener su inhabilitación y aumentar la opción electoral de los partidos pequeños que forman parte de la coalición con el gobierno. 

En otro escenario, si se adelantan las elecciones para el primer cuatrimestre de 2010, se mantiene la inhabilitación y los partidos del G4 ratifican su decisión de no postularse si las parlamentarias se convocan antes que las presidenciales, tal como ya lo anunció Guaidó, lo más probable es que la AN quede en manos de la nueva coalición entre el oficialismo y los partidos opositores que firmaron el acuerdo para activar la Mesa de Diálogo Nacional

Tengamos en cuenta que con la modificación de la Ley Electoral se reactivaría la representación de la minoría para que en la elección parlamentaria de 2020, otros partidos minoritarios logren sacar curules en la AN y así se puedan incorporar a la nueva coalición entre el gobierno y los partidos minoritarios. Y si esta nueva coalición logra la Presidencia de la AN, se acabará la Presidencia interina de Juan Guaidó y se quebrará la coalición internacional que lo reconoció como Presidente encargado. 

 

Dos oposiciones que se acusan mutuamente de ilegítimas y en lugar de unirse se dividen

Desde 2002, en la oposición se han manifestado diferencias que tienen su  origen en dos visiones distintas para resolver el conflicto venezolano. Por un lado, la visión extremista o maximalista que apuesta al todo o nada, al ganador se lo lleva todo, y lo que más ansía es la rendición incondicional y humillante de su adversario. Por el otro, la oposición electoral o gradualista que opta por recuperar espacios de poder a través de su participación en los procesos electorales, aún si no se logran todas las garantías y condiciones electorales y se tiene que postular enfrentando el ventajismo oficialista. 

Lamentablemente, cuando las diferentes tendencias de la oposición se unieron, a la larga no pudieron administrar bien la contundente victoria lograda en las Parlamentarias de 2015. Al instalarse la nueva AN controlada por la oposición, en lugar de aprovechar su mayoría parlamentaria para obligar al gobierno a negociar un programa común de interés nacional, el mismo día de la juramentación se lanzó un grito de guerra a Nicolás Maduro, amenazándolo de que en solo seis meses definirían la ruta para sacarlo de Miraflores. Este grito de guerra provocó la más feroz reacción del régimen que impuso la ANC como un poder legislativo paralelo y vació de funciones a la AN. 

Con la activación de la Mesa Nacional de Diálogo las dos oposiciones se deslindan y una acusa a la otra de “ilegítima”. Después de haberlos subestimado y excluido de toda decisión, las reacciones del G4 en contra de los partidos minoritarios que firmaron el Acuerdo con el gobierno han sido desmesuradas. Lo contradictorio es que esa misma oposición de los partidos mayoritarios que negociaba con el gobierno la firma de un Acuerdo, es la que ahora acusa a los partidos minoritarios de falsa oposición, traidores y colaboracionistas por firmar un Acuerdo semejante al que ellos mismos negociaban en Barbados. 

A su vez, los partidos mayoritarios de la oposición están siendo cada vez más cuestionados por la oposición más extremismo y radical, la cual los acusa y descalifica por “haber caído en la trampa del gobierno que utiliza el diálogo para ganar tiempo”. Al no lograr el cese a la usurpación, los partidos del G4 han reaccionado de manera muy negativa ante la iniciativa de la Mesa Nacional de Diálogo y descalifica a sus promotores como colaboracionistas y traidores. La agresividad con la que se ha manifestado este nuevo desencuentro entre las distintas tendencias de la oposición revela que no hay un verdadero espíritu unitario sino un afán de protagonismo. Si el Acuerdo lo firma la oposición radical es bueno, pero si lo firma la oposición electoral, entonces es malo. Queda claro que para unos es más importante su protagonismo que el la pertinencia, relevancia y alcance de los acuerdos.

A pesar de que en Barbados se planearon los mismos objetivos que en Caracas, ahora que el nuevo mecanismo comienza a lograrlos, entonces se le atribuyen consecuencias negativas. Lo que se anunció en la Mesa Nacional formaba parte de la agenda de Barbados y es parte de la agenda que la comunidad internacional ha exigido y no puede ser ahora descalificado. ¿Qué va a decir la UE y el Grupo de Contacto, la OEA y el Grupo Lima, todos los que exigían una solución política y negociada? 

En la oposición siempre habrá diferentes visiones de lo que debe ser el país. Pretender borrar esas diferencias y erigirse como depositario del sentir del pueblo y el clamor nacional solo degenerará en más autoritarismo. Los diferentes partidos políticos y movimientos sociales son libres de suscribir o no acuerdos entre ellos sin que por eso se les estigmatice y someta al escarnio de los sectores más extremistas y radicales. 

La oposición venezolana tiene por delante el reto de preservar un mínimo reconocimiento y respeto entre sus diferentes tendencias. Pero esto no es posible si se imponen los prejuicios, ofensas y descalificaciones. Todos los que firmen un acuerdo con el gobierno para propiciar una solución pacífica no dejan de ser de oposición, no son unos colaboracionistas ni vendidos, no los compraron. Firmaron ese acuerdo y conformaron la Mesa de Diálogo Nacional porque están convencidos de que esa es la forma correcta de destrancar el juego y construir una solución política y negociada.

La agresividad con la que se administran las diferencias solo contribuye a alimentar las desviaciones divisionistas que aumentan y prolongan la esperanza de vida del régimen. Si no se acuerdan los mínimos términos de una cooperación básica, llegará el 2020, el gobierno maniobrará para convocar las parlamentarias lo más pronto posible y la oposición no habrá escogido candidatos unitarios para postularlos. Peor aún, ni siquiera tendrá los testigos en todas y cada una de las mesas electorales para asegurar la defensa de cada voto de la Venezuela sufrida y opositora que quiere un cambio. Y así será prácticamente imposible superar por la vía electoral y pacífica la crisis de gobernabilidad que hunde al país en una crisis humanitaria sin precedentes. Quizás haya que mirarse en el espejo de los rusos y turcos que, a pesar de denunciar el ventajismo oficialista, se postularon, cooperaron y obtuvieron importantes espacios para la lucha y el avance hacia la toma del poder político que se habrían perdido de no haber participado. 

¿Qué hacer? ¿Abstenerse o participar? Decida usted con mucha sensatez y conciencia, que el próximo presidente de la AN será el que entre todos elijamos con nuestro voto o con nuestra abstención. Tengamos en cuenta que no votar también es una forma de elegir.

 

@victoralvarezr

¿A cuánto debería subir el precio de la gasolina? por Víctor Álvarez R

HAY UN CRECIENTE CLAMOR nacional sobre la necesidad de sincerar el precio de la gasolina, cuya distribución “gratuita” ha degenerado en una política antipopular y antiempresarial. El subsidio a la gasolina no es gratis, se paga a través del impuesto hiperinflacionario que recae sobre todo en quienes viven de un ingreso fijo, pero que también afecta a las empresas que no pueden sincronizar el ajuste de sus precios al ritmo hiperinflacionario, y luego no pueden reponer el total de los inventarios con los ingresos que obtienen por ventas. 

La “gratuidad” de la gasolina no beneficia a los más pobres que no tienen carro y nunca van a una estación de servicio a llenar el tanque. Semejante subsidio arruina las finanzas de Pdvsa porque no permite a las refinerías cubrir sus costos. Esto obliga al BCV a emitir dinero inflacionario, el cual transfiere a Pdvsa para que pueda pagar sus nóminas. Es un estímulo perverso al contrabando de extracción que solo beneficia a las mafias y amenaza con dejar al país sin gasolina.

Escenarios de ajuste del precio de la gasolina

La gasolina más cara en América Latina es la que se vende en Uruguay a 1,51 $/litro, el precio intermedio lo encontramos en México y Brasil a razón de 1 $/L y la más barata es la de Ecuador, a 0.50 $/L. Nuestra propuesta es ajustar la gasolina en Venezuela al precio más barato al que se vende en América Latina, a fin de poder cubrir los costos de refinación, transporte y comercialización, y generar un margen de ganancias que se destinará a:

  1. Financiar la modernización y ampliación del transporte público en todos y cada uno de los 335 municipios del país:
  • Un porcentaje de las ganancias se depositaría en el Fondo de Transporte Urbano Fontur (FONTUR) de cada municipio.
  • A las Cooperativas de Transporte ya constituidas se les donarían los autobuses Yutong que actualmente se deterioran en los cementerios de autobuses.
  • Las cooperativas solicitarían un crédito a FONTUR para la repotenciación de las unidades que recibieron en donación. 
  • Financiar un programa de subsidios directos a las familias venezolanas para que puedan pagar –sin afectar sus bolsillos- los ajustes a las tarifas rezagas de electricidad, agua, gas doméstico y teléfonos, lo cual permitirá:
  • Generar ingresos propios a las empresas del Estado para que puedan financiar el mantenimiento preventivo, y así evitar el colapso total y definitivo de los servicios públicos en todo el territorio nacional.
  • Aliviar la presión sobre el BCV de emitir dinero inorgánico, lo cual ayudará a des-acelerar la hiperinflación y proteger los presupuestos de las familias, empresas e instituciones venezolanas.

Para garantizar el buen uso que se le dará a las ganancias que se generen por el aumento del precio de la gasolina es muy importante el diseño de mecanismos de contraloría social que aseguren la transparencia. Se pudiera pensar en juntas de administración donde estén representados las redes de usuarios de los servicios de transporte público, el oficialismo, la oposición y los gobiernos locales, cuya gestión quedaría sujeta al control de la Contraloría General de la República y de la Comisión de Contraloría de la AN, tal como lo propone el economista Francisco Rodríguez para el Acuerdo Petrolero Humanitario. De esta forma se aseguraría que los recursos que se obtengan no van a ser robados ni despilfarrados.

El profesor Francisco Contreras, de la Universidad de Carabobo, ha venido trabajando “Escenarios de ajuste de precio de la gasolina”. Las premisas son que el consumo estimado es de 0,39 litros de gasolina diario por persona en Colombia, 0,48 en Ecuador y 1,21 en Venezuela, mientras que el precio del combustible es de aproximadamente 0,77 $/L, 0,50 $/L y 0.000000003 $/L, respectivamente. Semejante diferencia explica en gran medida por qué el consumo diario de gasolina en Venezuela triplica al de Colombia y más que duplica al de Ecuador. 

El precio de indiferencia en la frontera para erradicar el contrabando de extracción es 0,77 $/L, equivalente a 15,400 Bs/L a una tasa de cambio de 20.000 Bs/L. Pero llevar de una vez el precio a este nivel es absolutamente inviable en un país exhausto por la escasez, la hiperinflación y la inseguridad. Este ajuste no puede hacerse de golpe y porrazo, toda vez que sería el pretexto perfecto para que los extremistas y radicales que apuestan a una salida violenta, incendien la calle. 

Por lo tanto, en vez de seguir regalando la gasolina, hay que poner en marcha un proceso gradual de igualación del precio con el de la frontera a través de ajustes semanales casi imperceptibles. Este ajuste se puede comenzar con un precio base de 0,05 $/L (1.000 Bs/L) que alimentarían el Fondo de Transporte Urbano. Con base en este precio de partida, y a razón de un ajuste semanal de $ 0,01, en 40 semanas (4 meses) el precio permitirá cubrir los costos de producción que, según fuentes de Pdvsa, son de 0,45 $/L. Y, en 32 semanas más, se alcanzará el precio de indiferencia en la frontera de 0,77 $/L, lo cual permitirá erradicar el contrabando.  

Modernización del Sistema de Transporte Público

La dirigencia política del oficialismo y la oposición tienen que superar el discurso rentista-populista que promete gratuidades que antes las pagaba el petróleo, pero que ahora solo se pueden pagar con la emisión de dinero inorgánico y el consiguiente impuesto hiperinflacionario. La gratuidad de la gasolina es una política antipopular que perjudica sobre todo a los más pobres que no tienen carro. Dejar el precio como está, arruina a las refinerías, pone en peligro el suministro de gasolina, se paga con hiperinflación y solo beneficia a las mafias de contrabandistas. 

El sistema nacional de transporte urbano e interurbano se está cayendo a pedazos. Ya no es solamente un rezago en la calidad del servicio en comparación con otros países, sino el brutal deterioro que viene sufriendo y que convierte al transporte colectivo en una calamidad. Hasta el emblemático Metro de Caracas está convertido en una ruina, en comparación con lo que una vez fue.

El ajuste del precio de la gasolina permitirá financiar un Programa de Modernización y Ampliación del Sistema de Transporte Público con beneficios que se pierden de vista: 

  • Generará recursos para financiar la modernización del transporte público.
  • Financiará un programa de transferencias a los hogares para que –sin tener que golpear sus menguados presupuestos- puedan contribuir con el mantenimiento y mejora de los servicios públicos. 
  • Un transporte colectivo de calidad permitirá la des-automovilización de las ciudades, contribuyendo a reducir el colapso del tráfico automotriz, la pérdida de tiempo en largas colas que atenta contra la productividad del trabajo y, por si fuera poco, ayudará a reducir la emisión de gases de efecto invernadero causado por la quema de combustibles fósiles. 

Del diálogo político al diálogo económico

El interés por lograr una solución política, electoral y pacífica a la crisis venezolana no se puede centrar única y exclusivamente en la agenda política de los líderes y partidos que aspiran tomar el poder y solo piensan en las elecciones presidenciales. La atención a los problemas económicos que arruinan la vida de la población más vulnerable no puede seguir postergada hasta que se convoquen unas elecciones y se elija un nuevo presidente. 

Es falso que hasta que no se produzcan los cambios políticos no se podrán impulsar los cambios económicos que la gente necesita. En las negociaciones mediadas por Oslo que tendrán que reactivarse, y en la Mesa Nacional de Diálogo recientemente constituida, hay que acordar medidas urgentes para aliviar la calamidad en la que se ha convertido la vida para un porcentaje cada vez mayor de las familias, empresas e instituciones venezolanas. 

Las ambiciones personales de los líderes y las agendas particulares de los partidos políticos tienen que abrirle paso a la atención de los pequeños y grandes problemas que van erosionando la vida cotidiana. Con este o con otro gobierno hay que pensar y proponer soluciones para aliviar y superar la tragedia que sufrimos los 26 millones de venezolanos que aquí nos quedamos y que aquí sufrimos.

Mientras se construyen los acuerdos políticos para reinstitucionalizar el poder electoral y se crean las condiciones para realizar elecciones libres, a tono con los estándares internacionales, hay que acordar medidas económicas que contribuyan a resolver problemas concretos de la vida cotidiana. Las élites políticas, en lugar de apostar a exterminarse, están emplazadas a acordar medidas en beneficio de la población más vulnerable. Sin afanes de protagonismo, estas acciones podrán ser acordadas en el mecanismo de Oslo o en la Mesa Nacional. Se trata de iniciar un esfuerzo mutuo que -en vez de generar costos políticos para el oficialismo o la oposición- les permitirá compartir los méritos que se deriven de haber complementado sus capacidades y recursos para contribuir así a resolver los grandes problemas de interés nacional.

 

@victoralvarezr

La siniestra suerte de los países exportadores de petróleo, por Víctor Álvarez R

COMO VIENE OCURRIENDO hace más de 40 años, el recrudecimiento de las tensiones y conflictos en el Medio Oriente suele impactar el comportamiento de los precios del petróleo, y esto es precisamente lo que acaba de ocurrir una vez más. Nuevamente la siniestra fortuna de los países de la OPEP se hace presente. La celebración de unos depende de la tragedia de otros. Un atentado terrorista en las instalaciones petroleras de Aramco dispara los precios e inunda de petrodólares a los países exportadores. ¿Convertirá Venezuela esta tragedia en una oportunidad para generar ingresos adicionales que le permitan levantar la extracción de crudos y aprovechar aún más el alza de los precios del petróleo? 

 

El impacto de los atentados en la oferta mundial de petróleo

Arabia Saudita cerró la mitad de su producción de petróleo después de que una serie de ataques con drones causaron graves daños a la planta de procesamiento de petróleo más grande del mundo. El grupo de resistencia de Yemen, Ansarolá (Hutíes) bombardeó con drones 2 refinerías de petróleo perteneciente a la empresa estatal Saudí Aramco, ubicadas en las ciudades de Abqaiq y Khurais.

El impacto de los ataques a las instalaciones afectará a casi 5,7 millones de barriles de producción de crudo por día. Según Aramco, esto equivale aproximadamente al 5% de la producción diaria de petróleo del mundo, En agosto, Arabia Saudita produjo 9.85 millones de barriles por día, según las últimas cifras de la Agencia de Información de Energía de EEUU.

El ministro de Energía saudita, Abdulaziz bin Salman, informó que los ataques también llevaron a detener la producción de gas, cuestión que reducirá el suministro de gas natural en un 50%. Mientras no se reconstruyan las instalaciones afectadas y se normalice la producción de petróleo y gas, el precio de los hidrocarburos subirá en el mercado internacional.

 

¿Qué pasará con el precio del petróleo?

Justo cuando los analistas ajustaban sus proyecciones de precios de los crudos con base en la evolución de la economía y el comercio internacional, se producen los atentados en Arabia Saudita que han provocado un alza no esperada en los precios de los hidrocarburos. 

Los analistas habían reducido sus pronósticos de precios del petróleo al más bajo nivel en los últimos 16 meses, debido a una demanda global más suave originada por la desaceleración económica y la incertidumbre que genera la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Calculaban que la demanda se contraería en los países desarrollados y se desaceleraría en los países emergentes. Así, las tasas de crecimiento esperadas para el próximo año no son suficientes como para elevar significativamente la demanda de petróleo.

Una encuesta de Reuters entre 51 analistas pronosticó que el crudo Brent LCOc1 promediaría 65.02 $/b en 2019 –un 4% menos que la proyección de 67.47 $/B del mes anterior-, pero semejante  al promedio de 65.08 $/b en lo que va de 2019. La proyección de 2019 para los futuros de crudo intermedio West Texas CLc1 ya la habían ajustado al mínimo desde enero de 2018, a $ 57.90 por barril, por debajo del pronóstico de $ 59.29 del mes pasado. WTI ha promediado $ 57.13 este año. La Administración de Información de Energía de EEUU, la Agencia Internacional de Energía y la OPEP también habían rebajado en agosto sus pronósticos de crecimiento de la demanda para 2019. 

Solo un recrudecimiento de las tensiones en el Medio Oriente podría impactar considerablemente el comportamiento de los crudos, mucho más que el impacto de las sanciones de EE.UU contra Irán y Venezuela. Y esto es precisamente lo que acaba de ocurrir. La Agencia Internacional de Energía asegura que los mercados mundiales de petróleo están bien abastecidos, pero a Aramco le puede llevar varias semanas restaurar las instalaciones destrozadas y recuperar la producción, cuestión que elevaría los precios del petróleo a un nivel en el que se mantendrían hasta tanto Arabia Saudita normalice el suministro. El escenario más afortunado para los países exportadores de petróleo lo ofrece Forbes que proyecta una escalada de precios del crudo hasta los 100 $/b.

 

¿Podrá Venezuela aprovechar el alza de los precios del petróleo?

La producción de Pdvsa ha caído por debajo de los 800 mil barriles diarios. Los yacimientos están muy deteriorados. La atención a los crudos convencionales fue desplazada por la prioridad que se le dio a la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). La extracción y mejoramiento de crudos pesados y extrapesados absorbió un creciente porcentaje de los recursos financieros, pero al caer los precios por debajo de los 60 $/b, su explotación se hizo económica y financieramente inviable.

La FPO tiene una capacidad de producción de 1 millón 400 mil barriles diarios pero solo se está produciendo 400 mil. La posibilidad de aumentar esa cifra es casi nula porque los costos de esas operaciones con precios por debajo de 60 $/barril se hacen inviables. En un contexto de bajos precios del petróleo y restricciones financieras no es posible dedicar el mismo esfuerzo a la FPO.

Al caer los precios en el mercado petrolero internacional, las inversiones en la FPO comenzaron a generar un rendimiento negativo. El deterioro de la tasa de retorno de la inversión prolongará su recuperación por muchos años. Si se quieren aprovechar las alzas coyunturales en los precios de los crudos, lo mejor es no invertir más en la FPO y reorientar los escasos fondos hacia los campos convencionales donde los costos de extracción son menores y se puede asegurar una mayor rentabilidad.

El costo de perforar un nuevo pozo supera los $ 2 millones. Intevep tiene un Plan en el que recomienda reactivar 13.800 pozos categoría 1 y 2, cuyo costo de recuperación está entre $ 500.000 a $ 1.300.000 por pozo. Pero hay que terminar los estudios para ver cuál campo es más rentable,  cuál se descarta y se cierra, y cuál finalmente se va a reactivar y aprovechar.

La Cámara Petrolera de Venezuela (CPV) tiene una propuesta para elevar en un millón de barriles la capacidad actual de extracción.  La propuesta de la CPV se basa en proyectos desarrollados por empresas petroleras. Ese objetivo puede llevar más de 2 años y requiere de un gran esfuerzo paralelo en otras áreas críticas en las cuales hay cuentas por pagar a empresas de servicios petroleros  que superan los $15.000 millones, con las cuales es necesario normalizar la relación comercial para que puedan traer equipos y personal especializado que Pdvsa no tiene. Hay deudas con los socios de las empresas mixtas y necesidades de mantenimiento mayor en infraestructura petrolera y eléctrica que también requieren cuantiosos recursos de los que no dispone ni el gobierno ni la estatal petrolera. 

Los litigios que se inicien debido a las cuentas por pagar pueden paralizar el esfuerzo de recuperación de la extracción de petróleo. Por eso, la estrategia de levantar la producción debe contemplar una propuesta viable para que acreedores y proveedores se dispongan a renegociar las deudas financieras y comerciales. Para recuperar la extracción de petróleo se requiere saneamiento financiero y estabilidad económica, de lo contrario será muy difícil  atraer la inversión extranjera que urge para levantar en el menor plazo posible el nivel actual de producción.

 

La quimera de los 2 millones de barriles para finales de 2019

El pasado 10 de agosto, en un acto en el Parque El Calvario, el presidente Nicolás Maduro dijo: “vamos logrando remontar la producción a más de un millón, y tenemos que plantearnos la gran meta a fin de año: estar en los 2 millones de barriles de petróleo, riqueza para invertir en vivienda, salud, educación”.

Levantar la producción a 2 millones b/d al cierre de 2019 es una meta imposible de cumplir con un PIB que a lo sumo llegará a $ 75.000 millones en 2019. No hay divisas disponibles para invertir en la reactivación de la industria petrolera. No hay capacidad financiera para levantar la extracción de crudos con esfuerzo propio. Ni el Gobierno ni Pdvsa administran recursos suficientes para financiar las inversiones que se requieren para levantar la producción. 

Según el Ministerio de Finanzas y el BCV, Venezuela tiene en default $ 57.139 millones, de los cuales,  $ 26.044 millones son de Pdvsa. Los compromisos totales de Pdvsa ascienden a $ 100.795 millones y la deuda externa del país se ubica en $ 91.96. Esta deuda financiera no incluye la deuda comercial petrolera con China, ni pagos de indemnizaciones. 

Para que el petróleo no se quede en el subsuelo, esta cruda realidad financiera impone un nuevo acuerdo nacional que supere la visión del monopolio estatal y abra la industria petrolera a la inversión privada nacional y extranjera. Solo así será posible aumentar la extracción en 2 millones de barriles diarios adicionales en los próximos 10 años y rentabilizar un recurso natural para que aporte las divisas que un incipiente sector exportador privado tampoco podrá generar.  

 

Venezuela no es el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo

La política de certificación de reservas que se realizó en 2005 fue la base para sustentar el mito de Venezuela como el país con las mayores reservas del mundo. Ciertamente en la FPO está la mayor acumulación de petróleo del mundo, el 20% de petróleo del globo está allí, pero eso no quiere decir que sean reservas técnicamente viables y económicamente rentables.

El último reporte anual de la firma independiente noruega Rystad Energy sobre las reservas mundiales de crudo recuperables, coloca a Venezuela en noveno lugar, con unos 68.000 millones de barriles, bastante menos que los 300 mil millones que sostiene la información oficial del Ministerio del Petróleo y Pdvsa. Estados Unidos está en el primer lugar, seguido de Arabia Saudita, Rusia y Canadá.

La clave para entender esta diferencia está en el concepto de crudos recuperables. La extracción de petróleo de la FPO, además de ser técnicamente viable, también tiene que ser económicamente rentable. Para cubrir los costos de extracción, mejoramiento y generar una adecuada remuneración de la inversión, la FPO necesita precios del petróleo entre 80 y 100 dólares por barril. Con precios por debajo de 60 $/b, los crudos pesados no pueden competir, salen del mercado y por lo tanto no pueden considerarse reservas.

A raíz de los ataques a  Arabia Saudita, el aumento coyuntural de los precios del petróleo puede dar un margen de maniobra a Pdvsa para generar ingresos adicionales que le permitan levantar su producción, pero este respiro se agotará a medida que Aramco reconstruya las instalaciones afectadas, recupere su producción  y se normalice la situación en el mercado petrolero internacional.

 

Las sanciones impiden levantar la extracción de petróleo

Las sanciones que comenzaron a aplicarse en 2017 y se endurecieron en 2019 aceleran y profundizan la caída de la producción petrolera que Pdvsa ya se venía registrando desde 2014. El pasado 5 de agosto de 2019, la administración de los EE.UU decretó una nueva Orden Ejecutiva contra el Gobierno de Venezuela. La diferencia en este nuevo decreto es que no son sanciones personales a funcionarios del Gobierno sino ahora contempla el bloqueo de los activos de Pdvsa, Citgo y otros activos de la República de Venezuela en territorio de los EE.UU.

La Orden Ejecutiva 13.884, en conjunto con las otras seis órdenes ejecutivas, crea un marco de sanciones muy amplio y estricto que limita a Pdvsa y demás empresas públicas venezolanas realizar operaciones comerciales y financieras. El impacto de esta medida se traduce en la imposibilidad de trasferir, usar en pago, exportar, retirar o negociar de ninguna manera los activos propiedad de la República.

El impacto de las sanciones no solo lo sufren las empresas públicas, también se hace extensivo a las empresas privadas de origen venezolano. Al no poder distinguir claramente la naturaleza pública y privada  de sus cuentahabientes, la banca internacional teme ser víctima de las sanciones y esto la lleva a cerrar indiscriminadamente las cuentas de origen venezolano. 

Así, las sanciones no solo cierran el margen de maniobra a Pdvsa y sus filiales sino que también terminan afectando a empresas privadas que necesitan mantener su relación económica y financiera con sus clientes y proveedores internacionales. Al no poder movilizar sus fondos en el sistema financiero internacional, esta restricción afecta la adquisición de materia prima, insumos, repuestos, maquinarias y equipos que se requieren para la actividad productiva. En tales condiciones, es muy difícil que Pdvsa pueda aprovechar el auge coyuntural de los precios del petróleo. La  siniestra fortuna esta vez será para los demás países de la OPEP.

 

@victoralvarezr

La arritmia cambiaria: ¿a cuánto llegará el dólar a final de año? Por Víctor Álvarez R

DURANTE ENERO DE 2019, la tasa de cambio no oficial pasó de 720 a 2.885 BsS/$ para estabilizarse entre febrero y marzo en torno a 3.200 BsS/$. Pero en abril, el ritmo cambiario comenzó a acelerarse a un promedio de 15% intersemanal. Luego en mayo, debido a la activación de las mesas de cambio en la banca, el ritmo cambiario se desaceleró nuevamente en torno a 2,7% intersemanal. La arritmia cambiaria reapareció a mediados de junio cuando se registró una tasa de crecimiento intersemanal de 17%. Desde entonces, el tipo de cambio se ha desquiciado con un vertiginoso ascenso en los meses de julio y agosto, en cuya última semana la tasa de cambio no oficial subió 45%. Solo en el mes de agosto, el bolívar se devaluó más de 100 % al ubicarse la tasa de cambio en 20.511 BsS/$, en comparación con los 9.830,94 BsS/$ al cierre del mes julio.

Como era de esperarse, se agotó el efecto pasajero de la política monetaria restrictiva sobre la evolución de la tasa de cambio y como instrumento de política antiinflacionaria. Ciertamente, al aumentar el encaje legal, entendido éste como el porcentaje de los depósitos y captaciones que los bancos están obligados a congelar en las cuentas del BCV, la autoridad monetaria logró bajar temporalmente la presión de demanda en el mercado paralelo, al restringir el crédito a la producción y el consumo. 

Esta política, aunada a una reducción relativa en la emisión de dinero para cubrir el déficit fiscal, contuvo temporalmente el alza del tipo de cambio y ayudó a desacelerar la inflación, la cual pasó de 261,1% en enero a 33,8% en julio, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) calculado por la Asamblea Nacional (AN). Pero en el mes de agosto la hiperinflación se desbordó otra vez al llegar a 65,2%, la hiperinflación acumulada en lo que va de 2019 sumó 2.674,1% y la interanual entre agosto de 2018 y agosto de 2019 llegó a 135.379,8%.  

Muchos bolívares detrás de pocos dólares 

Ante la certeza de que el bolívar seguirá perdiendo su valor, todos corren a proteger su ingreso en bolívares tratando de comprar dólares en un mercado en el que no hay una oferta suficiente de divisas. Como la creciente demanda ya no es solo para protegerse, sino también para pagar operaciones de compra-venta en una economía que se dolariza cada vez más, la mayor demanda de divisas ejerce una permanente presión al alza de la tasa de cambio.

Cuando muchos bolívares intentan comprar pocos dólares, entonces la tasa de cambio se dispara. Y exactamente esto fue lo que ocurrió. El BCV reportó un aumento en sus reservas internacionales por compra de divisas a PDVSA, las cuales fueron pagadas en bolívares a la compañía petrolera que, a su vez, procedió a pagar deudas pendientes a sus proveedores y contratistas. Inmediatamente, estos corrieron a proteger el poder de compra de esos bolívares comprando dólares, y esa súbita demanda impulso al alza la tasa cambio. Siempre que PDVSA y las empresas públicas pagan a sus proveedores en bolívares, estos se protegen de la hiperinflación comprando divisas, cuestión que eleva su precio. 

La política monetaria estimula la especulación cambiaria

Cuando la política monetaria restrictiva frena la evolución normal del precio del dólar, esto deviene en un incentivo para los especuladores cambiarios que aprovechan las semanas en las que la tasa de cambio se ralentiza para comprar divisas a un precio menor al que realmente deberían tener.

Aunque  la demanda de dólares temporalmente esté mediatizada debido a la restricción del crédito a la producción y consumo, la demanda de los especuladores cambiarios se mantiene. Pero llega un momento en el que el dique cambiario finalmente se agrieta, se desbordan las presiones cambiarias represadas y se desquicia el precio de la divisa.  

Cuando la contención cambiaria se hace insostenible y el precio del dólar se desboca, los especuladores venden lo acumulado y obtienen cuantiosas ganancias sin haber realizado ninguna inversión o esfuerzo productivos. A la larga, la política monetaria restrictiva degenera en un incentivo a la especulación cambiaria.

¿Hay inflación en dólares?

La brecha entre los precios oficial y no oficial de la divisa se estira y se encoge. En enero de 2019 llegó a ser de 180%. Luego, como resultado de la política monetaria restrictiva, la diferencia entre ambas llegó a reducirse a 10%. Incluso, por breves períodos, la tasa de cambio oficial ha llegado a ser mayor que el dólar paralelo.

Hay meses en los que todas las mercancías registran aumentos significativos en sus precios, mientras que el precio del dólar no sube a la misma velocidad. Cuando esto sucede, las familias, las empresas y las instituciones se ven obligadas a cambiar más dólares para pagar los bienes y servicios que se cotizan en bolívares, y esto crea la impresión de una inflación en dólares. El demencial desquicie de todos los precios en bolívares y el rezago en la evolución del precio del dólar en bolívares, se traduce en una pérdida del poder adquisitivo del dólar. De hecho, en la economía dolarizada los precios también suben y en lo que va de 2019, el dólar ha perdido más del 50 % de su poder de compra. La corrección del rezago cambiario obliga a reconocer y absorber la inflación no registrada en el comportamiento de la tasa de cambio. Si esta distorsión se corrigiera ahora, el precio del dólar superaría los BsS 35.000, en lugar de los 20.959,92 BsS/$ que hoy registra, después de haber perforado el umbral de los 25.000 BsS/$. 

Esta arritmia cambiaria se prolongará mientras la dinámica económica venezolana siga afectada por una persistente contracción de la economía; un déficit fiscal de más de 10 puntos del PIB y su financiamiento monetario con desmesuradas emisiones de dinero; por la caída de la producción y exportación petroleras que restringe el ingreso en divisas; y, por el impacto de las sanciones financieras y comerciales que agravan la crisis, toda vez que dificulta la venta de petróleo en Asia y de oro a Turquía. Todo esto se traduce en menos divisas para abastecer el mercado cambiario, razón por la cual es fácilmente previsible que la tasa de cambio seguirá subiendo en lo que resta de año. El cielo es el límite y el infierno también.

 

@victoralvarezr

La derrota de Macri: lecciones para Argentina, advertencias para Venezuela por Víctor Álvarez R

EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Argentina, se seleccionan las candidaturas dentro de cada partido o coalición que van a participar en la elección general de octubre. Como todas las coaliciones presentaron una candidatura única, las PASO constituyeron una gran encuesta preelectoral y su resultado es un mal augurio para las aspiraciones de Macri.

Los sondeos de opinión esperaban una diferencia a favor del Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Fernández, entre 3 y 7 puntos. Sin embargo, en las primarias del 11 de agosto, el Frente de Todos logró el 47,36% de los votos, frente a un 32,23% que obtuvo el movimiento Cambiemos de Macri. 

En Argentina, para ganar en la primera vuelta la Presidencia hay que sacar el 45% de los votos, o más del 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el rival más cercano. Por lo tanto, si se mantiene la  tendencia del 11 de agosto en los comicios del 27 de octubre, Alberto Fernández ganaría la presidencia sin necesidad de pasar a una segunda vuelta. La abrumadora ventaja obtenida por el Frente de Todos, de 15 puntos parece ya inalcanzable. .

Lecciones para Argentina: ¿Por qué fracasó Macri?

Muchos creyeron que con el anterior triunfo de Macri en 2015 terminaba definitivamente el período de gobiernos de izquierda y comenzaba una etapa irreversible de gobiernos liberales, con un Estado menos intervencionista  y más orientado a favorecer las dinámicas del mercado. Pero el populismo peronista al que se creía sepultado, sorprendió en las primarias del 11 de agosto y se impuso por una ventaja de más de 15 puntos, lo que sitúa a la dupla Alberto Fernández/Cristina Fernández como un obstáculo difícil de superar para las aspiraciones de Macri de ser reelegido en las elecciones de octubre.

Macri heredó del kirchnerismo unas tarifas de los servicios públicos largamente congeladas, cuya recaudación no permitía cubrir los costos de mantenimiento. Para corregir el déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias, tomó la decisión de sincerar las tarifas de los servicios públicos, pero la clase media urbana, las pymes y los trabajadores sintieron que sobre sus espaldas recaía el mayor peso del ajuste.

Las tarifas de los servicios públicos por años subsidiadas, se ajustaron sin sincronizarlas con la mejora en los ingresos de la población. En consecuencia, no había como pagar el aumento sin afectar otros rubros del presupuesto familiar y de las pymes. En la segunda mitad de su gobierno, Macri negoció un préstamo con el FMI que significó aplicar un programa de ajuste económico tan fuerte como el que se ejecutó entre 2001-2002. El gobierno de Cambiemos optó finalmente por recurrir al endeudamiento externo el cual le fue concedido por el FMI, pero condicionado a la aplicación de un programa de ajustes cuyo costo social y económico se tradujo luego en el costo político que pagó Macri en las PASO del  11 de agosto. 

El gasto público que más se ajustó fue el del rubro subsidios económicos que se destinaba a mantener tarifas públicas artificialmente baratas. Es decir, se aumentaron las tarifas de los servicios públicos pero no se redujeron los impuestos, con lo cual el mayor peso del ajuste recayó sobre la clase media, las Pymes y los trabajadores. El país no escapó de la inflación. El creciente déficit en la cuenta corriente, el elevado gasto público, el alza de las tasas de interés en los Estados Unidos, la recuperación  de los precios del petróleo en un país importador de combustibles, así como la caída de las exportaciones agropecuarias, se conjugaron para erosionar la base de apoyo político y social de Macri.

El populismo tardío de Macri 

Desde que se conocieron los resultados de las PASO el valor del peso argentino se ha hundido y el precio del dólar se ha disparado. El riesgo país también ha escalado. Las acciones de las empresas argentinas perdieron en cuestión de días buena parte de su valor. El país tiene una deuda cercana al 100% del PIB, fuerte recesión y alta inflación. Las tasas de interés superaron el 70%. Y todo esto se refleja en una nueva escalada de los precios debido al encarecimiento del componente importado.

Para compensar el impacto negativo de las medidas de ajuste sobre la clase media, Pymes, trabajadores y sectores más vulnerables, Macri anunció tardíamente un conjunto de medidas compensatorias y temporales que han sido recibidas como medidas electoreras, sobre todo porque las mismas tendrán una vigencia de tres meses, justo hasta octubre cuando están previstas las elecciones presidenciales. 

Desconcertado por el inesperado resultado electoral, Macri se desdijo de su programa original y anunció medidas paliativas que han sido consideradas por los analistas como la expresión de un “populismo tardío” para colocar algo de dinero en los bolsillos de la gente.  

Advertencias para Venezuela

La viabilidad de una transición política en Venezuela, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de Argentina. Los problemas económicos heredados del gobierno saliente no pueden corregirse cargando el costo del ajuste sobre la población más vulnerable. El creciente descontento  terminará restaurando al viejo orden que ya se creía definitivamente superado. 

Ante un programa de ajuste con un impacto antipopular, el chavismo en la oposición proyectaría en el nuevo gobierno la responsabilidad exclusiva de los graves problemas que la Revolución bolivariana generó. En un país de memoria corta, en las próximas elecciones el chavismo podría ser llevado nuevamente a gobernar, tal como puede pasar en octubre en Argentina.    

Cualquier gobierno que sustituya al régimen de Maduro recibirá un país en ruinas. Desde el inicio tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación. A las medidas de ajuste económico se les atribuye un impacto social y costo político que puede significar para el nuevo gobierno la pérdida de las parlamentarias. Y al no contar con el respaldo de la AN, se habrá producido un cambio político pero no se habrá superado la crisis de gobernabilidad.

En efecto, para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de electricidad, agua, gas y teléfono, cuestión que no sería bien recibida en los hogares que han visto como su ingreso es devorado por la hiperinflación. Además, tendría que internacionalizar el precio de la gasolina con su impacto en las tarifas del transporte público; y, por si fuera poco, reactivar el cobro de peajes para generar recursos que permitan repotenciar la deteriorada infraestructura vial. 

El nuevo gobierno tendría que reestructurar toda la administración pública, fusionar y reducir el exagerado número de ministerios, liquidar entes públicos inoperantes y privatizar empresas estatales que terminaron quebradas por la corrupción. Tendrá que acometer la reconstrucción de Pdvsa y deslastrarla del enorme peso de misiones que nada tienen que ver con las funciones medulares de exploración, extracción, refinación y comercialización de crudos, que es donde la compañía se tiene que enfocar. Aliviarle esta carga a Pdvsa implica sincerar una abultada nómina que se resistirá a perder su empleo y puede desencadenar una ola de conflictividad sindical y social que comprometería la gobernabilidad.  

Todos estos son problemas económicos complejos que llevará tiempo resolver. Liberar controles de cambio y de precios, corregir el déficit fiscal, erradicar el financiamiento monetario, sincerar tarifas de electricidad, agua, gas y teléfono, eliminar ministerios y entes públicos inoperantes, privatizar empresas quebradas, reconstruir Pdvsa y sincerar su exagerada nómina, son una pesada carga que puede dar al traste con un nuevo gobierno en su primer año de gestión.

El nuevo gobierno se enfrentaría a un difícil dilema: si aplica las medidas de ajuste económico, el impacto social y costo político lo llevaría a perder las subsiguientes elecciones parlamentarias, temor que lo obligaría a posponer las medidas de ajuste económico hasta después de las elecciones; pero si pospone las urgentes medidas para superar la escasez y abatir la hiperinflación, el nuevo gobierno defraudaría las expectativas de cambio y de todas formas pagaría los costos de una alta abstención o votos en contra, con la inevitable pérdida de la mayoría parlamentaria.  

Más allá de la desesperación por salir del peor gobierno de la historia y del apuro de los aspirantes a la Presidencia de la República por instalarse lo más pronto posible en el Palacio de Miraflores, el interés nacional indica que es mejor convocar las elecciones presidenciales después de las parlamentarias, una vez que se haya asegurado la mayoría de diputados que respalde la gestión del presidente electo. 

Para evitar que un nuevo gobierno pierda rápidamente la confianza del pueblo, es necesario evaluar con sensatez la conveniencia de conformar un Gobierno de Coalición que haga el “trabajo sucio” de aplicar las medidas de ajuste para sanear la economía. La mediación internacional puede contribuir al logro de una solución política y pacífica a la crisis venezolana al hacer una oferta creíble al Oficialismo y Oposición de sustituir las sanciones financieras por incentivos económicos, a cambio de acordar en Barbados la conformación de un Gobierno de Coalición, cuya misión sería concertar y aplicar el programa de ajuste económico, reinstitucionalizar los poderes públicos, ofrecer incentivos para el desarme de las milicias y paramilitares, y convocar elecciones libres y con observación internacional de tal manera que quien resulte ganador reciba una economía saneada y un país reinstitucionalizado y pacificado que se pueda gobernar.

 

@victoralvarezr