Víctor Álvarez R., autor en Runrun

Víctor Álvarez R.

La amenaza creíble: recompensa por Maduro es una apuesta al caos, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr 

Poner precio a la cabeza de Maduro y sus principales colaboradores para forzarlo a negociar su salida del poder no es una amenaza creíble para una coalición difícil de asustar. Por el contrario, tiene un efecto contraproducente: mientras más se les amenace y menos garantías se les den, más se cohesionarán y aferrarán al poder.

El Departamento de Justicia imputó cargos penales a Maduro y 14 funcionarios y ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por cualquier información que permita detenerlos o procesarlos. En lugar de seguir creando desconfianza en el seno de la coalición dominante, EE. UU. ahora los acusa a todos por igual, lo cual genera un efecto contraproducente para su propia estrategia divisionista. Cualquier incentivo que hubiesen podido tener los funcionarios acusados para presionar a Maduro a dejar el poder, ahora desaparece. Al ser judicializados, todos cierran filas para aferrase al poder y poner a salvo sus cabezas.

Impedir la negociación directa entre oficialismo y oposición

Emplazados por la amenaza del coronavirus, una negociación entre Maduro y Guaidó para gestionar la ayuda humanitaria, el canje de petróleo por alimentos y medicinas, así como la asistencia financiera del FMI bajo la administración de organismos internacionales como el PNUD, la OMS y la CRI, estaba cobrando fuerza en la opinión pública nacional, como parte de una agenda común en torno a la cual oficialismo y oposición complementan sus capacidades y recursos para enfrentar juntos la amenaza del coronavirus y evitar que se propague masiva y aceleradamente a lo largo y ancho del territorio nacional.

Pero la judicialización de Maduro y sus colaboradores, así como la millonaria recompensa que se ofrece por sus cabezas, dinamita la posibilidad de un acuerdo político autónomo entre el oficialismo y la oposición, sin la tutoría de las potencias externas que se disputan a Venezuela como un espacio de su tablero geopolítico.

Esta acción no puede interpretarse como un paso a favor de una solución política y negociada de la crisis venezolana. La judicialización los convierte en criminales buscados por la justicia estadounidense con los cuales no se puede negociar. Los factores de la oposición que han recibido un explícito respaldo de la Casa Blanca no querrán ser considerados como cómplices de unos delincuentes buscados internacionalmente.

En consecuencia, tales acusaciones abortan el proceso de negociación que se había reactivado entre oficialismo y oposición, el cual ya había dado sus primeros resultados con la designación del Comité de Postulaciones para elegir al nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Marco Democrático para Venezuela o ultimátum de la Casa Blanca?

A pocos días de que el policía malo de la Fiscalía General de EE. UU. judicializara a Maduro y sus colaboradores y pusiera precio a sus cabezas con unas jugosas recompensas, el policía bueno del Departamento de Estado anuncia un Marco Democrático para Venezuela.

La nueva estrategia de la Casa Blanca tiene como punto de partida que Maduro y Guaidó se hagan a un lado y entreguen el poder a un Consejo de Estado de cinco miembros que gobernaría el país hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en un lapso entre 6-12 meses. “Yo acepto”, dijo Guaidó, pero Maduro ya anunció que no se va a someter a un plan en el cual él no participó.

Si bien es cierto que el plan del Departamento de Estado recoge propuestas que han venido haciendo diferentes sectores que se pronuncian a favor de una solución política y electoral de la crisis venezolana, el primer problema que tiene el Marco Democrático es que no fue precisamente el resultado de un proceso de diálogo, negociación y acuerdo democrático entre los factores internos en conflicto, sino un producto prefabricado por el Departamento de Estado y anunciado unilateralmente como un manual de instrucciones que las partes deben seguir.

Otro problema que tiene la propuesta del Departamento de Estado es que plantea elecciones en un lapso de 6-12 meses, pero ¿cómo convocar elecciones en tan breve lapso, justamente cuando la pandemia del coronavirus apenas comienza en Venezuela y las concentraciones multitudinarias, propias de toda campaña electoral, irían a contravía de las medidas de aislamiento social que hay que cumplir para evitar una masiva y acelerada propagación de la enfermedad?

Un tercer problema que tiene el plan de la Casa Blanca para Venezuela es que, para la designación de los miembros del Consejo de Estado, cada partido o coalición de partidos con un 25 % o más de miembros de la Asamblea Nacional (AN) selecciona un miembro. El quinto miembro -que se desempeñaría como presidente interino hasta que las elecciones se realicen-, sería nombrado por los otros miembros del Consejo. Este procedimiento requiere unos acuerdos políticos previos, toda vez que la AN está dividida y tiene dos directivas, una presidida por Juan Guaidó, y la otra por el parlamentario disidente de la oposición, Luís Parra, quien cuenta con el apoyo de la bancada oficialista.

Si dejamos de lado las opciones extremistas que plantean una intervención militar o quirúrgica y nos enfocamos en la conveniencia de lograr una solución política, electoral y pacífica a la crisis, en Venezuela es inviable cualquier fórmula que sea diseñada sin la participación y aprobación del gobierno de Nicolás Maduro, quien además de controlar el aparato de la Administración Pública, cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales, 19 de 23 gobernaciones, casi 300 de 335 alcaldías, y es quien detenta el poder real sobre el territorio nacional.

Judicializado y con una recompensa por su cabeza, Maduro y sus colaboradores no van a apartarse del poder. Eso solo es pensable y discutible si a Maduro se le asegura la protección de sus derechos políticos y EE. UU. lo absuelve de las acusaciones que lo criminalizan de formar parte de una conspiración narcoterrorista. Mientras la nomenclatura madurista se sienta expuesta al sistema de justicia de los EE. UU. no habrá Marco Democrático para Venezuela que camine, cuestión que mantiene sobre la mesa la opción de una intervención militar, la cual nuevamente cobra fuerza con el reciente despliegue aéreo y naval de los EE. UU.

Conjurar la amenaza del coronavirus exige Gobierno de coalición, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr 

El coronavirus sorprende a Venezuela en un estado de extrema vulnerabilidad. El sistema de salud del país está muy deteriorado y hay un alto porcentaje de la población que depende de la salud pública. Venezuela necesita apoyo técnico y financiero para compensar la precariedad del sistema hospitalario y el colapso de  los servicios públicos, entre ellos el servicio de agua potable, imprescindible para lavarse con frecuencia las manos y evitar el contagio y propagación del virus. Si no se consigue financiamiento y asistencia técnica para complementar las capacidades y recursos locales, la emergencia puede convertirse en una catástrofe.

Venezuela no superará la crisis económica y social, ahora amplificada con la llegada de la COVID-19, sin un gran acuerdo entre las élites políticas que se disputan el poder.

La división del reconocimiento internacional sobre cuál es el legítimo Gobierno de Venezuela, dificulta las gestiones de financiamiento y asistencia técnica que con urgencia necesita el país.

Ya vimos cómo el enfrentamiento político afecta las posibilidades de obtener el financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Maduro y Guaidó podrían gestionar juntos una solicitud urgente a los organismos multilaterales para pedir y coordinar asistencia financiera y humanitaria, pero siguen enfrascados en una confrontación estéril en la que lo que más le importa a uno es lograr la rendición incondicional y humillante del otro.

No es hora de protagonismos ni de politizar las circunstancias. Tampoco de acusarse mutuamente por las consecuencias que la nación pueda sufrir, en caso de una propagación masiva y acelerada del coronavirus. La enfermedad no distingue entre oficialistas y opositores. La amenaza hay que enfrentarla con el esfuerzo de todos, dejando a un lado la confrontación política fratricida. Lo que está en juego es la vida.

Para las élites políticas en pugna, el desafío del coronavirus tiene dos alcances, uno puntual o parcial y otro más general o total. Si el fin es conjurar la amenaza de la pandemia, el desafío se enfoca en construir un acuerdo político entre Maduro y Guaidó para que cedan a una administración internacional (ONU, PNUD, OMS, OPS, CRI) los fondos que se generen y recauden para atacar la pandemia. Este sería un acuerdo político puntual para evitar una masiva y acelerada propagación de la enfermedad. 

El otro desafío, el más general y de mayor alcance, exige a las fuerzas políticas en pugna una visión de largo plazo. Va más allá de la urgencia de complementar capacidades y recursos para poner bajo control la pandemia. Ese desafío más abarcador exige grandeza humana -que ojalá las élites políticas tengan-, para poner al país por delante de sus  proyectos políticos y de unas ambiciones personales que apuestan al todo o nada, al ganador se lo lleva todo.

Debido a las crecientes rencillas y divisiones en el seno de la oposición, el oficialismo está seguro de que puede ganar las parlamentarias y recuperar el control de la AN. Lo mismo cree la oposición electoral sin representación parlamentaria, la cual está dispuesta a participar con la certeza de que capitalizará el voto del alto porcentaje del electorado que está cada vez más descontento con la pésima gestión de Gobierno. Por eso quieren que las parlamentarias se hagan este año.

Pero si el virus no ha sido controlado, se puede propagar masiva y aceleradamente en las actividades de la campaña electoral. Para evitar que la emergencia humanitaria se convierta en una catástrofe hay que dejar a un lado la obsesión electoral, expresada en la certeza que ambos bandos tienen de su seguro triunfo en las parlamentarias.

El reto de las élites políticas pasa por considerar la conveniencia para la salud nacional de posponer las elecciones y pactar un Gobierno de coalición entre oficialismo y oposición, que incluya pero trascienda las acciones conjuntas para encarar la amenaza del coronavirus. 

Más allá de la emergencia sanitaria, la solución de la crisis estructural que azota al país debe ampliar el mandato de ese Gobierno de coalición para que no solo abata la amenaza de la COVID-19, sino que además lleve a cabo un programa de reformas económicas, reinstitucionalice el país e inicie el desarme de los colectivos para convocar luego elecciones generales, de tal forma que quien resulte ganador reciba una economía saneada y un país reinstitucionalizado y pacificado que se pueda gobernar. 

Este es un desafío que va más allá de un acuerdo puntual entre Maduro y Guaidó, enfocado única y exclusivamente en conjurar la amenaza del coronavirus. Conformar un Gobierno de coalición exige una estatura superior de las élites políticas que están emplazadas a apartar odios y afanes de protagonismo para abrirle paso a los grandes acuerdos que el país necesita a fin de superar la crisis estructural que lo está despedazando y lo deja sin capacidad de respuesta ante amenazas tan peligrosas como la pandemia de COVID-19.

¿Cuál es el impacto económico del coronavirus?, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

El coronavirus no solo afecta a los seres humanos, también tiene un impacto en la economía mundial, la cual cerró 2019 con un crecimiento moderado de 1,5 %. Pero ahora, con la acelerada propagación del coronavirus en más de 114 países, la economía mundial entra en un período muy difícil y se enfrenta a la amenaza de una recesión.

Los pasajeros dejan de viajar y el sector transporte pierde: según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo  (IATA) la industria de aerolíneas podría perder 113 000 millones de dólares en ingresos por la suspensión de miles de vuelos y el impacto de las medidas preventivas tomadas por los Estados para evitar la propagación del coronavirus.

Se desploma el sector turismo: los datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTCs) indican que la industria turística representa un 10,4 % del crecimiento económico mundial y genera cerca de 319 millones de puestos de trabajo, 10 % del empleo a nivel global. Según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), las pérdidas globales se elevan a 2 billones de dólares y aumentarán hasta que se detenga la propagación internacional del virus.

Se paraliza la industria: la suspensión de viajes internacionales y de la movilidad interna en los países industrializados afecta los procesos de producción global, al obstaculizar la logística de cadenas productivas internacionales. Las drásticas medidas adoptadas por varios países impactan a miles de empresas en todo el mundo que forman parte de cadenas productivas internacionales, han visto afectados su oportuno aprovisionamiento y no pueden reponer a tiempo los inventarios de materias primas, insumos y productos terminados, cuestión que origina la desaceleración, estancamiento y contracción de la actividad industrial, con la consiguiente escasez y especulación que luego se genera.

Se derrumban las bolsas de valores: el impacto del virus en la aviación se ha reflejado en la volatilidad de los mercados bursátiles en las últimas semanas, con caídas generalizadas en torno al 10 %. En apenas dos meses, las bolsas de valores han perdido más de un tercio de lo que ganaron en los doce meses de 2019. Las autoridades económicas no tienen instrumentos eficaces para encarar esta crisis.

Se hunden los precios del petróleo: las restricciones globales al tráfico de pasajeros causan una contracción en la demanda de combustibles que se reduce al ritmo de las medidas gubernamentales para frenar la propagación de la pandemia. Mientras más países limiten la movilidad pública, cierren fronteras y cancelen vuelos, mayor será el impacto en la demanda de petróleo. Por si fuera poco, la sobreproducción de los grandes exportadores está causando una caída en los precios. La cesta OPEP perdió más de 14 dólares en una semana al pasar de 51,64 dólares por barril a 37,51 dólares por barril.

Gana el sector de entretenimiento en línea: si bien la expansión internacional del coronavirus ha significado un duro golpe para el sector del transporte aéreo, industria turística, eventos deportivos y espectáculos públicos que han tenido que ser suspendidos, el aislamiento en casa para no contraer la enfermedad ha impulsado el crecimiento de los sectores de entretenimiento. Empresas como Netflix  han visto aumentar los suscriptores y la facturación, obteniendo jugosas ganancias que han aumentado el valor de sus acciones en los mercados bursátiles.

Industria farmacéutica es la gran ganadora: este sector ha crecido empujado por la demanda de suplementos y tratamientos para la prevención, diagnóstico y control del coronavirus. Al aumentar el volumen de ventas, las proyecciones de ganancias seguramente superarán los 30 mil millones de dólares del año anterior.

El impacto económico sobre Venezuela: según el Ministerio de Petróleo de Venezuela, la cotización del crudo venezolano cayó más de 13  dólares por barril, una baja de 32,41 % en lo que va de marzo, al caer a 27,19 dólares luego de haber cotizado en 40,24. Recordemos que en 2019 el precio promedio fue de 56,83 dólares por barril. En 2019, Venezuela exportó aproximadamente 600 000 barriles diarios de petróleo a un precio promedio de $ 56 por barril, para un ingreso de aproximadamente $ 10 950 millones. Para igual volumen de exportaciones pero con un precio reducido en un tercio, Venezuela recibiría menos de $ 8000 millones en 2020. Con un nivel de reservas internacionales de apenas $ 6900 millones, de los cuales más del 60 % es oro, faltarán divisas para asegurar el mínimo nivel de importaciones que requiere la economía. La situación puede ser peor si PDVSA se ve obligada a rebajar aun más los precios debido a las sanciones impuestas a su comercializadora Rosneft Trading.

Venezuela no está preparada para enfrentar una masiva y acelerada propagación del coronavirus. La precariedad de la infraestructura hospitalaria y la debilidad de un aparato productivo diezmado después de seis años de recesión, colocan a toda la Nación en un estado de extrema vulnerabilidad. No le abramos las puertas de nuestros hogares a la enfermedad. Nuestra primera prioridad ahora debe ser la de reforzar las medidas de prevención personal para evitar tener que depender de la asistencia del gobierno o de la solidaridad internacional.

Posponer elecciones y conformar gobierno de coalición para conjurar amenaza del coronavirus, por Víctor Álvarez R. 

@victoralvarezr

La canciller de Alemania, Angela Merkel, alertó que entre 60 – 70 % de la población alemana podría infectarse del coronavirus. Junto con el Ministro de Sanidad, Jens Spahn, reconoció que el coronavirus ha aterrizado en Europa y hay que tomar conciencia de ello: “Si el virus está ahí afuera, la población no tiene inmunidad al virus, y todavía no hay terapias ni vacuna, entonces entre el 60 – 70 % de la población podría infectarse (…) el proceso debe focalizarse en no sobrecargar el sistema sanitario para ralentizar la propagación del virus, frenar los contagios, evitar que los hospitales colapsen y ganar tiempo para desarrollar la vacuna”.

Después de semanas de bajo perfil por temor a dañar su economía, Alemania reconoce la emergencia sanitaria y admite el alto riesgo que corre. Las autoridades alemanas recomiendan cancelar todos los actos públicos, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. “Estamos ante un virus pandémico, no sabemos a qué velocidad se expandirá, pero esta epidemia durará meses, quizá años”, advirtió el doctor Lothar Wieler, presidente del Instituto Robert Koch.

Hasta los ministros de salud e igualdad social pueden ser contagiados

El coronavirus no perdona a nadie, cualquiera puede ser contagiado, incluso ministros de salud que se supone son los encargados de diseñar las políticas de prevención para evitar la propagación del virus. Tan es así que la ministra de Salud de Reino Unido, Nadine Dorries, contrajo la enfermedad: “Puedo confirmar que he dado positivo por coronavirus. Tan pronto como me informaron, tomé todas las precauciones recomendadas y me aislé en casa”, dijo Dorrie en un comunicado.

El caso de la ministra de Salud del Reino Unido no es una excepción entre los funcionarios de alto rango que han sido contagiados. La ministra de Igualdad de España, Irene Montero -quien además es la pareja del vicepresidente Pablo Iglesias-, también dio positivo por coronavirus, razón por la cual el vicepresidente está en cuarentena y aislado del gabinete ministerial.

Según lo informado por el Palacio de La Moncloa, las reuniones previstas en la agenda del presidente se realizarán vía telemática para evitar el riesgo de contraer y propagar el virus. Sánchez tenía previsto reunirse con los secretarios generales de las centrales obreras y gremios empresariales para promover el diálogo social.

EE. UU. suspende la entrada de extranjeros

Para evitar la propagación del virus, Donald Trump anunció la suspensión por 30 días de “todos los viajes desde Europa” hacia EE. UU.: ““La Unión Europea no tomó precauciones como restringir los viajes desde China y otros focos del Covid-19. Como resultado, una gran cantidad de nuevos casos en EEUU fueron sembrados por viajeros venidos de Europa”, justificó Trump al anunciar la drástica medida.

Los países europeos con más casos confirmados son precisamente los más desarrollados: Italia, Francia, España, Alemania y Reino Unido. Al momento de redactar esta nota, la Universidad Johns Hopkins había confirmado 126 000 casos y 4600 muertes.

Suspenden partidos de fútbol, funciones de cine y espectáculos públicos

La Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA) decidió suspender o realizar a puerta cerrada los partidos de fútbol para evitar la propagación del virus entre los millares de personas que suelen asistir a estos eventos. La medida se tomó después de que el equipo de Roma informó que no viajaría para enfrentarse al Sevilla porque no obtuvo la autorización del Gobierno español, que bloqueó hasta el 25 de marzo los vuelos directos procedentes de Italia como medida de precaución.

Por temor al contagio, cada vez son más los países que han decidido no autorizar el ingreso de los equipos, cuestión que ha forzado la suspensión de los partidos. En otros casos se ha decidido que los duelos se disputarán a puerta cerrada, a pesar de las millonarias pérdidas que esta decisión genera.

Para evitar la expansión del coronavirus, otros países han tomado la decisión oficial de cerrar cines, teatros y suspender conciertos, así como toda actividad que implique aglomeración de personas, medida que ha obligado a la reprogramación de esos eventos. Son decisiones drásticas que han tomado los Gobiernos para evitar un contagio masivo del coronavirus que desbordaría y colapsaría sus sistemas de salud, por muy amplios, robustos y eficaces que sean.

Posponer elecciones y conformar gobierno de coalición

Venezuela no tiene cómo responder a una propagación masiva y acelerada de la pandemia. La precariedad del sistema de salud venezolano -colapsado sin que todavía se haya reportado un solo caso de coronavirus-, nos coloca en una situación de extrema vulnerabilidad. Quien resulte contagiado puede correr un riesgo mortal. Prevenirlo exige quedarse en casa y modificar muchos hábitos sociales: retirar el saludo con abrazos, besos y apretones de manos; evitar asistir a concentraciones públicas y utilizar un tapaboca forma parte de los nuevos hábitos a desarrollar.  

Imaginemos, entonces, el alto riesgo que correrían todos los candidatos y electores que participen en las reuniones, mítines y marchas que se organicen en el marco de las elecciones parlamentarias y presidenciales. Quien esté contagiado de coronavirus y haga acto de presencia en esos eventos contagiará a muchas más personas. Las concentraciones públicas y el estrecho contacto personal –inherentes a una campaña electoral-, pueden terminar convirtiéndose en un factor propagador y acelerador de la pandemia del coronavirus en todos y cada uno de los 335 municipios del país, en los cuales el sistema de salud está en el suelo y donde ni siquiera hay agua permanente para lavarse las manos con la frecuencia indicada.

La obsesión electoral puede degenerar en una ceguera que impida ver la grave amenaza que acecha a Venezuela. Lo que está en juego es la salud y la paz de Venezuela. Apurar las elecciones sin tener adecuadas condiciones para gobernar puede desembocar en una demoledora frustración. La desesperación nacional le exigirá al nuevo Gobierno resultados concretos en los primeros 100 días de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo presidente rápidamente habrá perdido su credibilidad. Más allá del afán por salir electo diputado o presidente de la República, la crisis del coronavirus va a poner a prueba nuestra prudencia y sensatez. O nos protegemos o nos contagiamos.

La gravedad de la amenaza impone al oficialismo y la oposición conformar un Gobierno de Coalición a fin de complementar capacidades y recursos para evitar que una vez que la pandemia llegue Venezuela se expanda y cause estragos en la población.

A este Gobierno de Coalición le tocaría hacer el trabajo duro” de conjurar la amenaza del coronavirus, el “trabajo sucio” de aplicar las medidas de ajuste para sanear la economía y el “trabajo delicado” de reinstitucionalizar los poderes públicos para convocar elecciones limpias y transparentes.

La mediación internacional puede contribuir a estos propósitos si gestiona un cambio de sanciones financieras y comerciales por incentivos económicos que se le otorgarían al Gobierno de Coalición conformado por el oficialismo y la oposición. Así ambos bandos, en lugar de seguir apostando a exterminarse, complementarían sus capacidades y recursos para enfrentar la amenaza del coronavirus, reactivar la economía, reinstitucionalizar los poderes públicos, convocar elecciones y sacar al país de la crisis. Más allá de la obsesión electoral que tienen los aspirantes a diputados o a la Presidencia de la República, el interés nacional indica que es mejor convocar las elecciones una vez que se hayan superado los graves problemas que harían inviable la gobernabilidad de Venezuela. Estabilizado el país, quien resulte  ganador en las elecciones recibirá del Gobierno de Coalición una economía saneada y un país reinstitucionalizado y pacificado que se pueda gobernar.

¿Transición política o transición económica: por dónde empezar?, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

Un sistema socio-económico y político atraviesa por una transición cuando cambia gradualmente de su modo original a otro distinto. No se trata de una revolución, sino de un cambio gradual, de transformaciones lentas y a veces imperceptibles.

Esto implica la coexistencia de características viejas y nuevas de cuya correlación de fuerzas se puede predecir el resultado final de la transición. Ese cambio no es instantáneo ni integral, no abarca todos los componentes del viejo orden que se resistirá siempre a desaparecer. Y si la transición no se completa bien, el viejo orden se puede restaurar.

La transición no es un simple cambio de mando político, implica también la emergencia de un nuevo sistema socio-económico liberador de la pobreza, caldo de cultivo para la opresión política.

Por eso, la transición no necesariamente tiene que ser primero política para que luego esta impulse la económica. El proceso se puede dar al revés, puede ocurrir primero una transición económica que desemboque en una transición política.

En cualquiera de los casos, no será un proceso rápido, llevará tiempo cerrar la brecha entre lo que se tiene y lo que se quiere. Apostar primero a la transición económica puede ser la vía más rápida para lograr la transición política, y no al revés. La transición económica puede crear las bases materiales para la transición política al liberar de la pobreza a vastos sectores de la población que antes dependían de las políticas clientelares de dominación

Con una oposición dividida por pugnas internas, la transición hacia la democracia política y económica puede resultar más lenta si se apuesta primero al cambio político como condición para impulsar los cambios económicos. Peor aun, si la transición política no logra impulsar una transición económica -entendida esta como un proceso de liberalización y apertura que conduzca al crecimiento de la economía y a la generación de nuevas fuentes de trabajo estables y bien remuneradas para liberar a las grandes mayorías de la pobreza-, el viejo orden que se creía superado puede ser restaurado.

Es necesario advertir, entonces, que si la transición económica no resulta de un acuerdo entre las fuerzas políticas en pugna y la estabilización se logra como resultado de la apertura unilateral que impulsa el régimen, el mérito será solo para el gobierno y esto puede derivar en una prolongación del régimen en el poder.

Por eso, Maduro ha optado por aliviar la crisis económica y, por esta vía, abrir las puertas a una negociación política con los factores de la oposición electoral que sus rivales internos llaman colaboracionistas.

Cambio económico sin cambio político

Hasta ahora, los cambios políticos se han planteado como condición previa para poder impulsar los cambios económicos que el país necesita. Sin embargo, medidas como levantar el control de cambios, abandonar el control de precios, eliminar los aranceles para la importación y permitir la dolarización informal de la economía han servido para reactivar algunos sectores de la economía y desacelerar la hiperinflación. Y con una oposición desgastada por sus contradicciones y pugnas internas, una mejoría en la situación económica puede contribuir a aumentar la opción de los candidatos oficialistas al Parlamento.

El correcto análisis de los escenarios económicos para el 2020 tiene que tomar en cuenta los escenarios políticos planteados para ese mismo año. Se trata de un año en el que constitucionalmente están previstas las elecciones parlamentarias y, para prolongar la impresión de mejoría que se está sintiendo en el país y aumentar su probabilidad electoral, el gobierno flexibilizará aun más los controles y abrirá la economía a la inversión privada nacional y extranjera. Venezuela se enfila hacia una versión tropical de autoritarismo hegemónico neoliberal.

Sanciones a Rosneft aceleran apertura económica Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC) acaba de sancionar a Rosneft Trading S.A., la comercializadora de petróleo filial de Rosneft constituida en Suiza, por negociar con Pdvsa.

Con la Orden Ejecutiva dictada en agosto pasado se extendieron las sanciones a terceros que mantengan negocios con empresas del Estado venezolano, al considerar que, por esa vía, prestan auxilio financiero al régimen de Maduro. Sin embargo, las petroleras rusas decidieron correr ese riesgo de ser sancionadas. Rosneft Trading comercializa petróleo venezolano que compra con gran descuento y luego lo revenden a precios de mercado. Se estima que las compañías rusas manejan más del 60 % de las exportaciones totales del petróleo venezolano. 

Los acuerdos entre Pdvsa y esta filial de Rosneft para transportar y vender el petróleo venezolano en otros mercados se convirtieron en un jugoso negocio para Rusia. Se  estima en 400 mil barriles por día la reventa de crudo venezolano para una ganancia de al menos $ 120 millones al mes y $ 2.000 millones al año.

Ahora bien, las divisas que ya no aporta la exportación petrolera a través de Rosneft en adelante tendrán que ser generadas por la actividad privada y esto exige terminar de desmontar los controles a la actividad económica y ampliar los grados de libertad con los que opera la inversión extranjera en Venezuela. 

Cobra fuerza la tesis de ofrecer a los socios extranjeros el control operativo en algunas empresas mixtas y hacer del negocio petrolero algo tan atractivo que las propias compañías estadounidenses hagan lobby en la Casa Blanca para que prorroguen sus licencias para operar en Venezuela y se moderen las sanciones.

Para sobrevivir a las sanciones y compensar el endurecimiento del cerco comercial y financiero, el gobierno de Maduro acelerará el proceso de apertura económica que puso en marcha a partir de la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios y que amplió con la derogación de 39 convenios cambiarios que imponían rígidos controles a la libre convertibilidad de la moneda en el territorio nacional. La liberalización económica continuó luego con la apertura del mercado interno a importaciones sin arancel, la autorización de mesas de cambio en la banca, la apertura de cuentas en divisas y la permisividad de una creciente dolarización, la cual ahora se considera un mecanismo de ajuste de la economía nacional..

Sin lugar a dudas, el régimen necesita activar con urgencia nuevas fuentes de divisas, bien sea por la vía de las inversiones extranjeras, el aumento de las exportaciones privadas, la repatriación de capitales depositados en la banca internacional y la recepción de remesas. Con este fin, en las semanas siguientes veremos cómo las regulaciones y controles que todavía restringen estas operaciones terminarán de ser desmontadas. Asimismo veremos un proceso de apertura a la inversión extranjera en sectores antes considerados estratégicos, como también un proceso de privatización de empresas expropiadas que terminaron quebradas por el burocratismo y la corrupción.

La hiperinflación es un impuesto para financiar el déficit del gobierno, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr   

 

A comienzos de 2019, el FMI pronosticó para Venezuela 10.000.000 % de inflación. Esta espeluznante cifra fue ajustada a 1.000.000 % en abril y luego a 200.000 % en septiembre. Finalmente, el BCV acaba de informar que en 2019 la inflación cerró en 9.585,50 %. Este dato oficial es mayor al 7.374,4% que publicó la Asamblea Nacional (AN), el cual se  creía sobreestimado debido a que en 2018 el BCV reportó una inflación de 130.060,2%, mientras que la AN la calculó en 1.698.844,2%.

Cualquiera que sea la cifra, Venezuela nuevamente tiene el siniestro privilegio de liderar el ranking de los países con mayor inflación. Zimbabue está de segundo con 161,8%, mientras que Argentina figura en el tercer lugar del podio con 53,8 %.

No se puede seguir confundiendo la hiperinflación con la especulación y atacándola como si se tratara de un delito. La hiperinflación tiene una causa estructural en la prolongada recesión que ha reducido la economía a apenas 1/3 del tamaño que tenía en 2012. Esta debacle justamente es la que explica la persistente escasez y, como ya sabemos, el producto más caro es el que no se consigue.

Pero la hiperinflación también tiene un grave factor propagador en las desmesuradas emisiones de dinero que realiza el BCV para financiar el déficit de unas empresas públicas quebradas por la corrupción y por unas tarifas largamente congeladas que no les permiten facturar ni siquiera para pagar la nómina. Y si a una economía postrada y castigada por altos índices de escasez se le inyecta una excesiva liquidez, está claro que mucha plata detrás de productos escasos dispara los precios a un nivel cada vez mayor. 

De allí que las desmesuradas emisiones de dinero para financiar el déficit de las empresas públicas -en lugar de sincerar las tarifas o aumentar los impuestos-, en la práctica operan como un impuesto inflacionario. La hiperinflación destruye el bolívar como signo monetario nacional que tiende a ser sustituido cada vez más por el dólar a la hora de fijar los precios y realizar las operaciones de compra-venta. De más está decir que en Venezuela nadie ahorra en bolívares. La moneda nacional dejó de cumplir sus funciones de unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor.

Para superar esta problemática es necesario un cambio radical en la política económica. Abatir la hiperinflación requiere una eficaz política de reactivación del aparato productivo, exige a su vez corregir el déficit de las empresas públicas y de todo el gobierno y, sobre todo, erradicar su financiamiento con emisión de dinero sin respaldo, toda vez que esta práctica se traduce en un impuesto inflacionario que azota a las familias, empresas e instituciones que no logran sincronizar sus ingresos con la velocidad hiperinflacionaria.

Cualquier gobierno que sustituya al régimen de Nicolás Maduro recibirá un país en ruinas. Desde el inicio tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, lo cual no sería bien recibido en un país castigado por una prolongada escasez y voraz hiperinflación. Por si fuera poco, también tendría que sincerar el precio de la gasolina.

A las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y un costo político. Macri heredó del kirchnerismo unas tarifas de los servicios públicos tan bajas que su recaudación no permitía cubrir los costos de mantenimiento. Para corregir el déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias, tomó la decisión de sincerar las tarifas de los servicios públicos, pero la clase media urbana, las pymes y los trabajadores sintieron que sobre sus espaldas recaía el mayor peso del ajuste. El creciente descontento social se expresó en un costo político-electoral que abortó las reformas económicas y llevó al reemplazo del gobierno que impulsó las mismas.

En Ecuador, la reducción del subsidio a la gasolina -con su impacto en las tarifas de transporte público-, se anunció luego de aprobar una ley que ofreció generosas exoneraciones de impuestos a las grandes inversiones de capital. En Chile, el aumento en las tarifas del Metro fue la gota que rebosó el vaso y dejó al descubierto el enorme descontento social acumulado a lo largo de varios años. 

La viabilidad de una transición política en Venezuela, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de estos países. Los problemas económicos heredados después de largos períodos de gobiernos populistas no pueden corregirse cargando el costo del ajuste sobre la población más vulnerable. El creciente descontento que se genera terminará restaurando al viejo orden que ya se creía definitivamente superado.

Hasta ahora, la atención nacional ha estado muy enfocada en el debate político y no se está prestando suficiente atención a la viabilidad económica y social de la transición política. La lección está clara: quienes en Venezuela predican que sin cambios políticos no habrá cambios económicos, y aspiran gobernar al país para darle un viraje al modelo rentista y populista plagado de subsidios y gratuidades indebidas que se pagan con el impuesto inflacionario, tendrán que prestar más interés y atención a la distribución de los costos que generan los ajustes macroeconómicos. Si no se prevén las debidas compensaciones, y si las medidas no se comunican y explican bien, el rechazo de los sectores afectados puede dar al traste con el programa de reformas económicas. 

Reforma tributaria: otro autogol del gobierno, por Víctor Álvarez R

@vicalvarezr

El gobierno finalmente se ha dado cuenta de que la hiperinflación también lo afecta. La brecha entre el poder de compra que tienen los impuestos cuando se generan y la erosión que sufren para el momento en que se recaudan, se traduce en una pérdida del poder adquisitivo de los ingresos fiscales. Ahora busca formas para evitar una descapitalización real de los impuestos y tributos y para proteger su poder de compra ha puesto en marcha una reforma legal para indexar su pago a una divisa.

La reforma del Código Orgánico Tributario (COT) fijó el pago de sanciones y multas a la cotización de la divisa que registre un mayor precio en bolívares. Aunque no lo reconozca explícitamente por las implicaciones políticas que tiene, se trata de una dolarización encubierta de esta fuente de ingresos fiscales. Anteriormente, la Unidad Tributaria (UT) era la utilizada para calcular el cobro de los tributos, tasas y multas, pero con la reforma del COT, ésta prácticamente se elimina y se sustituye por la divisa de mayor valor en bolívares, según el BCV.

Contrario a las mejoras prácticas para estimular la inversión privada nacional y extranjera en proyectos que requieren largos períodos de maduración y por tal razón se ofrecen exenciones de impuestos por una década y más-, en la reforma del COT se aprobó una reducción en el plazo de las exenciones de cinco años a solo un año.

La reforma a la Ley de Aduanas también busca cobrar el impuesto de importación, tasas y multas indexado a la evolución de la divisa con mejor precio en bolívares. Ya no se hace referencia al pago de 10, 100 o 1.000 UT sino a 10, 100 o 1.000 veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la divisa de mayor valor.

En la reforma de la Ley del IVA, la alícuota general está entre 8-16,5% y la tasa para consumos suntuarios entre 15% y 20%. A las compras con criptoactivos o criptomonedas distintas al Petro se les aplicará una tasa entre 5-25 %. La compra de vivienda también estará sujeta a pago de IVA y Venezuela será ahora uno de los pocos países donde se gravará la venta de inmuebles. Aumentar el IVA en plena recesión solo conducirá a aumentar la informalización de las transacciones, lo contrario a lo que aspira el gobierno.

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (Sudeban), en el año 2019 la cartera de créditos de la banca venezolana cerró en $ 216,8 millones, una reducción de 92,38 % en comparación con 2018. En adelante, los bancos deberán destinar entre 10% y 25% de sus captaciones a una cartera única de préstamos regida por un comité que se encargará del destino de los préstamos.

Con esta medida se dispondrá de recursos captados del público para prestarle con prioridad a los “empresarios comprometidos” con el gobierno.

Lo cierto es que resulta totalmente contraproducente limitar al mínimo los períodos de exenciones fiscales que estimulan la inversión productivas, así como aumentar la presión fiscal a una economía que está hundida en una prolongada depresión: eso es como pedirle a una persona desangrada que done sangre.