Víctor Álvarez, autor en Runrun

Víctor Álvarez

La hiperinflación es un impuesto para financiar el déficit del gobierno, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr   

 

A comienzos de 2019, el FMI pronosticó para Venezuela 10.000.000 % de inflación. Esta espeluznante cifra fue ajustada a 1.000.000 % en abril y luego a 200.000 % en septiembre. Finalmente, el BCV acaba de informar que en 2019 la inflación cerró en 9.585,50 %. Este dato oficial es mayor al 7.374,4% que publicó la Asamblea Nacional (AN), el cual se  creía sobreestimado debido a que en 2018 el BCV reportó una inflación de 130.060,2%, mientras que la AN la calculó en 1.698.844,2%.

Cualquiera que sea la cifra, Venezuela nuevamente tiene el siniestro privilegio de liderar el ranking de los países con mayor inflación. Zimbabue está de segundo con 161,8%, mientras que Argentina figura en el tercer lugar del podio con 53,8 %.

No se puede seguir confundiendo la hiperinflación con la especulación y atacándola como si se tratara de un delito. La hiperinflación tiene una causa estructural en la prolongada recesión que ha reducido la economía a apenas 1/3 del tamaño que tenía en 2012. Esta debacle justamente es la que explica la persistente escasez y, como ya sabemos, el producto más caro es el que no se consigue.

Pero la hiperinflación también tiene un grave factor propagador en las desmesuradas emisiones de dinero que realiza el BCV para financiar el déficit de unas empresas públicas quebradas por la corrupción y por unas tarifas largamente congeladas que no les permiten facturar ni siquiera para pagar la nómina. Y si a una economía postrada y castigada por altos índices de escasez se le inyecta una excesiva liquidez, está claro que mucha plata detrás de productos escasos dispara los precios a un nivel cada vez mayor. 

De allí que las desmesuradas emisiones de dinero para financiar el déficit de las empresas públicas -en lugar de sincerar las tarifas o aumentar los impuestos-, en la práctica operan como un impuesto inflacionario. La hiperinflación destruye el bolívar como signo monetario nacional que tiende a ser sustituido cada vez más por el dólar a la hora de fijar los precios y realizar las operaciones de compra-venta. De más está decir que en Venezuela nadie ahorra en bolívares. La moneda nacional dejó de cumplir sus funciones de unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor.

Para superar esta problemática es necesario un cambio radical en la política económica. Abatir la hiperinflación requiere una eficaz política de reactivación del aparato productivo, exige a su vez corregir el déficit de las empresas públicas y de todo el gobierno y, sobre todo, erradicar su financiamiento con emisión de dinero sin respaldo, toda vez que esta práctica se traduce en un impuesto inflacionario que azota a las familias, empresas e instituciones que no logran sincronizar sus ingresos con la velocidad hiperinflacionaria.

Cualquier gobierno que sustituya al régimen de Nicolás Maduro recibirá un país en ruinas. Desde el inicio tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, lo cual no sería bien recibido en un país castigado por una prolongada escasez y voraz hiperinflación. Por si fuera poco, también tendría que sincerar el precio de la gasolina.

A las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y un costo político. Macri heredó del kirchnerismo unas tarifas de los servicios públicos tan bajas que su recaudación no permitía cubrir los costos de mantenimiento. Para corregir el déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias, tomó la decisión de sincerar las tarifas de los servicios públicos, pero la clase media urbana, las pymes y los trabajadores sintieron que sobre sus espaldas recaía el mayor peso del ajuste. El creciente descontento social se expresó en un costo político-electoral que abortó las reformas económicas y llevó al reemplazo del gobierno que impulsó las mismas.

En Ecuador, la reducción del subsidio a la gasolina -con su impacto en las tarifas de transporte público-, se anunció luego de aprobar una ley que ofreció generosas exoneraciones de impuestos a las grandes inversiones de capital. En Chile, el aumento en las tarifas del Metro fue la gota que rebosó el vaso y dejó al descubierto el enorme descontento social acumulado a lo largo de varios años. 

La viabilidad de una transición política en Venezuela, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de estos países. Los problemas económicos heredados después de largos períodos de gobiernos populistas no pueden corregirse cargando el costo del ajuste sobre la población más vulnerable. El creciente descontento que se genera terminará restaurando al viejo orden que ya se creía definitivamente superado.

Hasta ahora, la atención nacional ha estado muy enfocada en el debate político y no se está prestando suficiente atención a la viabilidad económica y social de la transición política. La lección está clara: quienes en Venezuela predican que sin cambios políticos no habrá cambios económicos, y aspiran gobernar al país para darle un viraje al modelo rentista y populista plagado de subsidios y gratuidades indebidas que se pagan con el impuesto inflacionario, tendrán que prestar más interés y atención a la distribución de los costos que generan los ajustes macroeconómicos. Si no se prevén las debidas compensaciones, y si las medidas no se comunican y explican bien, el rechazo de los sectores afectados puede dar al traste con el programa de reformas económicas. 

Reforma tributaria: otro autogol del gobierno, por Víctor Álvarez R

@vicalvarezr

El gobierno finalmente se ha dado cuenta de que la hiperinflación también lo afecta. La brecha entre el poder de compra que tienen los impuestos cuando se generan y la erosión que sufren para el momento en que se recaudan, se traduce en una pérdida del poder adquisitivo de los ingresos fiscales. Ahora busca formas para evitar una descapitalización real de los impuestos y tributos y para proteger su poder de compra ha puesto en marcha una reforma legal para indexar su pago a una divisa.

La reforma del Código Orgánico Tributario (COT) fijó el pago de sanciones y multas a la cotización de la divisa que registre un mayor precio en bolívares. Aunque no lo reconozca explícitamente por las implicaciones políticas que tiene, se trata de una dolarización encubierta de esta fuente de ingresos fiscales. Anteriormente, la Unidad Tributaria (UT) era la utilizada para calcular el cobro de los tributos, tasas y multas, pero con la reforma del COT, ésta prácticamente se elimina y se sustituye por la divisa de mayor valor en bolívares, según el BCV.

Contrario a las mejoras prácticas para estimular la inversión privada nacional y extranjera en proyectos que requieren largos períodos de maduración y por tal razón se ofrecen exenciones de impuestos por una década y más-, en la reforma del COT se aprobó una reducción en el plazo de las exenciones de cinco años a solo un año.

La reforma a la Ley de Aduanas también busca cobrar el impuesto de importación, tasas y multas indexado a la evolución de la divisa con mejor precio en bolívares. Ya no se hace referencia al pago de 10, 100 o 1.000 UT sino a 10, 100 o 1.000 veces el equivalente del tipo de cambio oficial de la divisa de mayor valor.

En la reforma de la Ley del IVA, la alícuota general está entre 8-16,5% y la tasa para consumos suntuarios entre 15% y 20%. A las compras con criptoactivos o criptomonedas distintas al Petro se les aplicará una tasa entre 5-25 %. La compra de vivienda también estará sujeta a pago de IVA y Venezuela será ahora uno de los pocos países donde se gravará la venta de inmuebles. Aumentar el IVA en plena recesión solo conducirá a aumentar la informalización de las transacciones, lo contrario a lo que aspira el gobierno.

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (Sudeban), en el año 2019 la cartera de créditos de la banca venezolana cerró en $ 216,8 millones, una reducción de 92,38 % en comparación con 2018. En adelante, los bancos deberán destinar entre 10% y 25% de sus captaciones a una cartera única de préstamos regida por un comité que se encargará del destino de los préstamos.

Con esta medida se dispondrá de recursos captados del público para prestarle con prioridad a los “empresarios comprometidos” con el gobierno.

Lo cierto es que resulta totalmente contraproducente limitar al mínimo los períodos de exenciones fiscales que estimulan la inversión productivas, así como aumentar la presión fiscal a una economía que está hundida en una prolongada depresión: eso es como pedirle a una persona desangrada que done sangre.

Apertura a la inversión extranjera en la industria petrolera, por Víctor Álvarez R

Pdvsa no cuenta con fondos suficientes para recuperar la extracción de crudos. Y esa dura realidad emplaza al gobierno a cambiar su visión estatista y nacionalista sobre la industria petrolera para abrirle paso a la inversión extranjera. 

Para esto necesita reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos que establece un máximo de 49% para el inversionista extranjero en las empresas mixtas o modificar los contratos para transferir su manejo al socio privado, toda vez que estos se quejan del férreo control que ejerce el Estado en las empresas mixtas. Manejarlas adecuadamente exige mucha eficiencia a la hora de contratar proveedores y obras, operaciones que se ven obstaculizadas por el entramado de controles que propicia la corrupción. Estas operaciones se complican aún más debido al bloqueo de las cuentas bancarias de Pdvsa, mientras que el socio privado tiene mayor flexibilidad para movilizar fondos en la banca internacional.

El meollo está en que los inversionistas exigen que las reformas a la Ley o los contratos las apruebe la AN y no la cuestionada ANC. De allí la urgencia del gobierno en retomar el control de la AN. Y para lograr el quorum reglamentario, seguirá rebanándole diputados a Guaidó. 

En un año de elecciones parlamentarias, el gobierno necesita levantar la producción petrolera, generar recursos para financiar el gasto electoral y aumentar la probabilidad de recuperar el control de la Asamblea Nacional. Esta necesidad de sobrevivencia obliga al gobierno a ser pragmático y por eso ha puesto en marcha un proceso de liberalización y apertura económica: desmontó el control de cambios, abandonó el control de precios, abrió el mercado interno a las importaciones sin arancel, dio rienda suelta a la dolarización, inició una petro reforma monetaria que terminará desplazando al bolívar y ahora prepara los incentivos tributarios, cambiarios, arancelarios y de participación accionaria para estimular una creciente inversión extranjera en la industria petrolera, empresas básicas, energía eléctrica, telecomunicaciones, infraestructura hotelera, puertos y aeropuertos del país.  

En 2020, Venezuela puede entrar en un proceso de chinización de la economía. El gobierno ratifica su carácter socialista, pero en la práctica termina de desmontar la política de controles e introduce cambios en el modelo de propiedad estatal. Este proceso de liberalización y privatización puede desembocar en una economía gobernada por los mecanismos del mercado, que estimule una creciente presencia de la inversión extranjera que se asociaría al capital nacional o le disputaría importantes espacios tradicionalmente controlados por él. 

 

@victoralvarezr

Ante una moneda nacional molida por la hiperinflación, el gobierno impondrá el Petro (PTR) como forma de pago de impuestos, tasas, contribuciones y servicios públicos nacionales. También impondrá su uso a Pdvsa, empresas públicas y mixtas que tendrán que concretar en PTR un porcentaje de sus transacciones.

El gobierno también ha dicho que estimulará el pago en PTR de compromisos y beneficios laborales extraordinarios, así como el pago de las prestaciones sociales acumuladas. Todo esto puede interpretarse como un paso hacia una petro-reforma monetaria que terminará desplazando al bolívar soberano.

De hecho, en la presentación anual de la Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Nicolás Maduro anunció una ampliación de usos del Petro (PTR) y firmó el Decreto N° 4096 en el que establece el pago en PTR para las siguientes operaciones:

1. Venta de 4.5 MM de barriles de petróleo.
2. Venta mínima de 50 mil barriles diarios.
3. Venta de toda la gasolina para aeronaves.
4. Venta de 1 millón de toneladas de hierro.
5. Quince por ciento (15%) de las exportaciones de empresas del Estado.
6. Deudas con el Estado en divisas.
7. Pago de tasas y tarifas de los siguientes servicios:
 Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI).
 Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).
 Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
 Instituto Nacional de Canalizaciones (INC).
 Instituto Autónomo Bolivariano de Puertos (BOLIPUERTOS).
 Instituto Autónomo Bolivariano de Aeropuertos (BAER).
 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).
 Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA).

La pregunta es ¿Y no es mejor que venda directamente el petróleo en dólares? El gobierno puede ampliar los usos del petro obligando a pagar las tarifas, tasas e impuestos porque ejerce el monopolio sobre los servicios públicos asociados a estos pagos, pero lo que no puede hacer es obligar a los compradores de petróleo, hierro y minerales venezolanos -que tienen otras alternativas en el mercado internacional-, a cancelar sus pagos en petros.

La cripto reforma monetaria

La tasa de interés anual no supera el 40 %, mientras que la inflación en 2019 fue de 7.374,4 %. En un contexto hiperinflacionario, el bolívar pierde las funciones básicas que debe cumplir toda moneda: i) unidad de cuenta para medir los precios, ii) medio de pago para concretar las operaciones de compra-venta, y iii) reserva de valor de los ahorros.

Como el bolívar no funciona, en diciembre de 2019, el gobierno puso en marcha un ensayo y obligó a los comercios con puntos de venta del Banco de Venezuela (BDV) a realizar transacciones en petros a través del sistema de BioPago para que jubilados, pensionados y trabajadores públicos hicieran uso del petroaguinaldo que el gobierno repartió en diciembre, el cual consistió en un regalo de ½ PTR equivalente a $ 30.

Según el comunicado oficial, se realizaron 2.585.755 operaciones a través de BioPago y 1.233.093 personas realizaron operaciones con PTR en 7.422 comercios. Estas transacciones con petros en el sector comercio luego eran canceladas por el Banco de Venezuela con bolívares. Si bien la operación se registraba en el punto de venta en petros, al final el comercio recibía bolívares que de inmediato destinaba a la compra de divisas, generando así una presión de demanda que presionó al alza el dólar paralelo.

Petro-incertidumbre

Teóricamente, la difusión del uso del petro como unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor puede atenuar la emisión desmesurada de bolívares y corregir el desorden de la política monetaria para que sea funcional al objetivo antiinflacionario que se ha planteado el gobierno en este año electoral.

Pero el experimento de regalar medio PTR para calibrar el funcionamiento del sistema de BioPago significó una nueva emisión de bolívares sin respaldo que fueron abonados a los comerciantes por el equivalente en petros que éstos habían facturado, cuestión que presionó al alza el mercado cambiario.

A los contratistas del gobierno se les obliga a recibir una parte de sus pagos en PTR que luego tienen que vender con considerables descuentos para convertirlos en dólares y poder pagar a sus proveedores privados que se niegan a recibir PTR. Al atribuirle funciones de medio de pago a un PTR que luego nadie quiere recibir, se deteriora la credibilidad y aceptación del mismo.

El propio gobierno atenta contra su objetivo antiinflacionario al proceder de manera tan improvisada para impulsar el uso del PTR. Lejos de generar confianza en la moneda digital, ha creado mucha confusión e incertidumbre, toda vez que al reintegrar a los comercios bolívares y no petros, el experimento se tradujo en nuevas emisiones de dinero inflacionario que desquiciaron la tasa de cambio y desbordaron los precios.

El gobierno de Nicolás Maduro ha puesto en marcha un proceso de liberalización y apertura económica que ha generado el espejismo de reactivación y mejoría que en el país se percibe. El levantamiento del control, de cambios, el abandono del control, de precios, la apertura del mercado interno a toda clase de importaciones y la creciente dolarización de la economía forman parte de ese proceso.

Para evitar el costo electoral que puede generar en un año de elecciones parlamentarias la erosión de la capacidad adquisitiva de los hogares, el gobierno está emplazado a atacar la raíz del problema inflacionario. Esto significa revertir la prolongada contracción del aparato productivo, corregir el déficit fiscal y erradicar su financiamiento a través de desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo.

El gobierno necesita adecuar el marco legal en función de crear un ambiente propicio a la inversión productiva. Esto pasa por reformar una serie de leyes entre las cuales se destacan la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Promoción de Inversiones, la Ley de Concesiones, la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, la Ley del Trabajo y otras leyes que solo pueden ser reformadas por la Asamblea Nacional (AN) para generar confianza en los inversionistas extranjeros, los cuales no vendrían si tales leyes son reformadas por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Para cambiar estas leyes, al gobierno le urge retomar el control de la AN. Por eso ha venido rebanado la mayoría parlamentaria inicialmente lograda por la oposición, pero que hoy ya no luce tan holgada. Según los datos aportados por cada bloque, la directiva presidida por el diputado Luís Parra logró un total de 81 votos entre los 127 diputados que asistieron a la sesión del Hemiciclo, mientras que a la directiva presidida por el diputado Juan Guaidó se le atribuye un respaldo de 100 diputados que hicieron acto de presencia en la sede del diario El Nacional.

Si sumamos los 81 votos que dice tener el diputado Parra más los 100 votos que se atribuye Guaidó, eso da un total de 181 diputados. Pero resulta que la AN solo tiene 167 curules ¿De dónde salen esos 14 diputados de más? ¿Acaso algunos que votaron en el Hemiciclo por Luís Parra luego se fueron a El Nacional y votaron también por Juan Guaidó? ¿O es que en una sesión votaron los diputados principales y luego en la otra votaron sus suplentes?

Si bien el quorum de 127 diputados en el Hemiciclo fue reconocido por el diputado Stalin González, al final de esa sesión no quedó constancia de la votación nominal que debió hacerse para cada cargo de la directiva. Tampoco se conoce la existencia de un acta firmada que certifique y confirme con nombre y apellido los 81 votos que supuestamente obtuvo el Parra para ser elegido como nuevo Presidente de la AN.

Lo que si se conoce es la certificación de asistencia a la sesión realizada en la sede de El Nacional, donde 100 diputados votaron uninominalmente por cada cargo de la directiva y dejaron constancia de su voto en acta firmada que ha sido ampliamente difundida por las redes. Sin embargo, esta acta genera algunas dudas que es necesario aclarar. 

En efecto, al revisar la lista que circuló Stalin González, de los 100 diputados que eligieron a Guaidó, 67 son principales (incluyendo los 3 de amazonas) y 33 son suplentes. De estos 33, 21 son suplentes de diputados principales leales a Guaidó, pero aparecen votando 12  suplentes de diputados principales que ahora están contra Guaidó y ya habían votado por Luís Parra en la sesión del Hemiciclo. Y si los principales votaron en una sesión, los suplentes no pueden votar en la otra.

Pensemos en un escenario donde el TSJ invalida ambas sesiones y ordena repetir la elección. Habría que limpiar los números para verificar cuál es la verdadera correlación de fuerzas. Por lo tanto, a los 100 votos que sacó Guaidó habría que restar los 12 votos de los suplentes cuyos principales votarán por Peña, razón por la cual Guaidó realmente tendría  88 votos. Y si a estos restamos los 3 diputados impugnados de Amazonas, los votos con los que realmente cuenta Guaidó son 85. Si el Movimiento 16 de Julio se abstiene, tal como pensaba hacerlo el 5 de enero, los 85 votos se pueden reducir aún más.

En el caso de los 81 votos que se atribuye Luís Parra surgen todavía más dudas. Los votos que realmente Parra tiene asegurados son los 51 diputados que le quedan al Bloque de la Patria, más los 18 parlamentarios que le dieron la espalda a Guaidó. Es decir, 69 votos. No están identificados con nombre y apellido los otros doce diputados que sumarían el total de 81 votos que Luís Parra se atribuye.

Por lo tanto, para lograr el quorum reglamentario, el gobierno seguirá rebanándole diputados al G-4 a través de su práctica de inhabilitaciones, persecuciones, encarcelamiento, exilio, soborno y compra de diputados. Solo así podrá lograr una mayoría que le permita retomar el control de la AN para impulsar las reformas de las leyes que necesita a fin de profundizar el proceso de liberalización y apertura económica que le permita prolongar su esperanza de vida en el poder.

Hasta ahora, en el debate nacional los cambios políticos constituyen una condición  para los cambios económicos que el país necesita. Pero en un año de cruciales elecciones parlamentarias, la secuencia es al revés: la probabilidad de un cambio económico crece con el escenario político-electoral del 2020. El oficialismo está determinado a cosechar electoralmente la impresión de mejoría económica que se está sintiendo en el país y con ese fin flexibilizará aún más los controles de cambio y de precios, y abrirá la economía a la inversión privada nacional y extranjera. 

Con la eliminación del arancel de aduanas prácticamente ha liberado el comercio exterior. Ante la pulverización de la moneda nacional ha dejado que avance la dolarización para no trancar las transacciones de compra-venta por falta de bolívares. En este nuevo ambiente, el comercio refleja síntomas de mejoría y, de continuar la apertura y liberalización, es bastante probable que en el 2020 la economía venezolana se estabilice y comience a crecer.

Para continuar con la dolarización, seguramente el gobierno autorizará la apertura de cuentas en divisas en la banca nacional para que se puedan hacer a través de ella los pagos por transferencias que actualmente se hacen a través de cuentas en el exterior. Así se logrará que más divisas entren a la circulación nacional, en vez de pasar de una cuenta a otra en el sistema bancario internacional.

Una vez indexados los créditos comerciales a la evolución de la tasa de cambio oficial, el próximo paso será autorizar el otorgamiento de créditos en divisas, incluyendo las tarjetas de crédito. La libre circulación de divisas en el sistema bancario nacional permitirá a los residentes en Venezuela recibir depósitos, hacer transferencias, emitir cheques, hacer retiros por cajeros automáticos. 

Incentivos a la inversión extranjera para aliviar las sanciones 

El gobierno de Maduro quiere aprovechar la capacidad de lobby de las grandes compañías petroleras para flexibilizar las sanciones en contra de Pdvsa y así levantar la extracción de crudos. Los incentivos que ofrezca a los inversionistas extranjeros pueden traducirse en una creciente presión sobre la Administración Trump para que flexibilice y modere las sanciones financieras y comerciales. 

Para aliviar el peso de la deuda pública, el gobierno puede estimular la conversión de deuda en inversión, entregando como parte de pago un porcentaje de las acciones que posee en empresas mixtas y públicas que serían gestionadas por el inversionista privado. A través de la Ley de Concesiones, también puede ceder a la inversión privada la operación de hoteles, puertos, aeropuertos, autopistas, etc. 

En 2020, Venezuela puede entrar en un proceso de chinización de la economía en la que un gobierno que ratifica su carácter socialista, estimula la inversión privada con incentivos tributarios, cambiarios, arancelarios y de otra índole que contribuyan a la reactivación económica, la generación de nuevas fuentes de empleo e ingresos en divisas para el país. Esto ampliaría los espacios para una economía de mercado en la que se respetan los derechos de propiedad y las ganancias empresariales

Permitir mayoría privada en los proyectos de la FPO

Las compañías transnacionales socias de Pdvsa en las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) se han quejado del férreo control que ejerce Pdvsa sobre la operación de los campos, cuestión que se traduce en cuellos de botella que afectan la producción de crudos. 

Operar adecuadamente los campos petroleros exige mucha eficiencia a la hora de tomar decisiones de exploración, perforación y extracción que exigen contratar proveedores, adquirir equipos, construir obras. Estas se ven obstaculizadas por el entramado de controles que rige a las empresas públicas, los cuales se convierten en un caldo de cultivo para el tráfico de influencias y la corrupción. Al no contar con el personal calificado, asuntos clave quedan en manos inexpertas que toman decisiones equivocadas y afectan la buena marcha de la industria petrolera. 

Por si fuera poco, debido a las sanciones, estas operaciones de compra de bienes y contratación de obras se complican todavía más. Un margen de maniobra para sortear tales obstáculos sería transferir el manejo de estas operaciones al socio privado, pero este tendría que ser el accionista mayoritario. En un contexto en el que las cuentas de Pdvsa están muy restringidas por las sanciones, al reducir la participación estatal, el socio privado tendría mayor flexibilidad para movilizar recursos en la banca internacional. 

Por esta razón, el gobierno evalúa la conveniencia y viabilidad de adelantar una reforma del marco legal y regulatorio. Algunas propuestas se enfocan en reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos para permitir la participación mayoritaria del inversionista privado, mientras que para otras basta con modificar los términos y condiciones de los contratos de las empresas mixtas para eliminar la cláusula que impide a Pdvsa “transferir su función como operador” de las áreas petroleras. El quid de la cuestión está en que los inversionistas exigen aprobar los contratos en la AN y no en la ANC, lo cual es una presión adicional para  levantar la condición de desacato en la que se mantiene al parlamento venezolano.

En este contexto, hay un escenario favorable al logro de acuerdos políticos que refuercen el lobby internacional para flexibilizar las sanciones que pesan sobre Pdvsa. En el oficialismo hay viento a favor de esta apertura y liberalización. La motivación es que a finales de 2020 -justo en la antesala de las elecciones parlamentarias-, la recuperación de la producción petrolera, la reactivación económica, la superación de la escasez, la impresión de abundancia y el control de la hiperinflación sean las mejores credenciales de los candidatos oficialistas para aumentar su probabilidad de ganar la diputación en sus respectivos circuitos y así llevar al Gobierno a recuperar el control de la Asamblea Nacional.

Con una oposición desgastada y dividida por sus pugnas internas, cualquier espejismo de mejoría económica puede contribuir a aumentar la opción de los candidatos oficialistas para que Maduro recupere el control del Poder Legislativo. Esto sería el fin de Juan Guaidó como Presidente de la AN y de la estrategia que lo llevó a la Presidencia interina con el reconocimiento de más de 50 países. Sin lugar a dudas, un poderoso incentivo para que el gobierno de Maduro profundice la liberalización y apertura de la industria petrolera y de la economía nacional.

¿Quién está pagando el ajuste económico de Nicolás Maduro? Por Víctor Álvarez

Por ajuste económico suele entenderse el paquete de medidas que un gobierno toma para corregir los desequilibrios macroeconómicos que tienden a agravar los problemas de contracción económica, fuga de capitales, desinversión, escasez, inflación y empobrecimiento de la población. Entre las medidas clásicas que conforman un programa de ajuste económico figuran:

  • La corrección del déficit fiscal a través de la reducción del gasto público y el aumento de los impuestos, cuestión que no le gusta ni a los trabajadores ni a los empresarios;
  • La erradicación del financiamiento monetario del déficit fiscal que obliga a la eliminación de los aumentos de sueldos por decreto y los bonos clientelares; 
  • El aumento del precio de los combustibles y la sinceración de las tarifas de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones y otros servicios públicos,  cuestión que resta popularidad al gobierno; 
  • La privatización de empresas públicas deficitarias con la consiguiente reducción de nóminas que genera una férrea resistencia sindical; 
  • La eliminación o fusión de entes públicos inoperantes o redundantes; 
  • La sincronización de las tasas de interés con la inflación lo cual encarece el crédito y aumenta los costos financieros de las empresas y personas ya endeudadas. 

En fin, se trata de una serie de medidas que no suelen ser bien recibidas, sobre todo cuando los costos del ajuste se cargan sobre los sectores más vulnerables como las pequeñas y medianas empresa, la clase media profesional y los trabajadores que viven de un ingreso fijo. 

El ajuste inflacionario del déficit fiscal

En Venezuela, a pesar del descalabro del ingreso fiscal de origen petrolero y del desplome de la recaudación de impuesto sobre la renta (ISLR) e impuesto al valor agregado (IVA) como consecuencia de la prolongada recesión de la economía, se ha mantenido la inercia de un gasto público populista que ahora es financiado con desmesuradas emisiones de dinero, cuestión que se ha convertido en el principal factor propagador de la inflación.

Al desaparecer el superávit petrolero como fuente de ingresos y, ante la reducción de los ingresos no petroleros, el gasto público no se puede cubrir ni con renta ni con impuesto. El déficit fiscal supera el 20 % del PIB y, para financiarlo, el gobierno recurrió primero al financiamiento externo y, una vez cerrados los mercados financieros, a la emisión monetaria del BCV. 

Habilitado por las reformas a Ley del BCV  que prácticamente lo obligaron a financiar los gastos del gobierno, las transferencias a través de la cuenta “Crédito a las empresas públicas no financieras” rellenó con emisión monetaria el hueco fiscal causado por el derrumbe en la recaudación de impuestos petroleros y no petroleros. 

Sanciones obligan el ajuste económico

Maduro heredó de Chávez una deuda externa superior a $ 110 millardos, con pagos a razón de $ 8-10 millardos cada año. Al no renegociar a tiempo un cronograma de pagos que más temprano que tarde no podría cumplirse, se condenó al aparato productivo a hundirse en la depresión más larga de la historia económica de Venezuela. En efecto, para pagar puntualmente la deuda, el ajuste económico se hizo al precio de sacrificar las importaciones de materias primas, maquinarias y equipos que requería la buena marcha de la actividad económica.

Las importaciones se desplomaron de $ 74 millardos en 2013 a solo $ 19 millardos en 2018. Esta drástica reducción generó graves consecuencias para la producción nacional que se vio privada de los insumos importados para continuar su actividad. El PIB se estanca y a finales de 2013 comienza a caer ininterrumpidamente, al extremo de acumular 6 años consecutivos de contracción. Según cifras publicadas por el BCV, la actividad económica se redujo en 49,3 % entre 2013-2018. Para 2019, estimaciones del FMI estiman una caída adicional del 35 %.

A pesar de que los precios del petróleo se mantuvieron altos hasta 2014, desde 2013 la economía va mermando cada vez más. A partir de 2017 la Administración de Donald Trump comienza a aplicar una amplia gama de sanciones financieras, comerciales y económicas que agravan aún más el colapso de la actividad económica y prolongan la contracción del PIB. Diferentes proyecciones estiman que para 2020 habrá una nueva caída entre 10-12 %, a pesar de proyectar un precio promedio de la cesta petrolera en torno a 55-60 $/barril.

Ante las sanciones financieras impuestas por EE.UU. y las sanciones y congelamiento de activos a funcionarios y personas por parte de la Unión Europea, Maduro se ha visto emplazado a profundizar el ajuste económico como estrategia de sobrevivencia. Para prolongar su esperanza de vida en el poder, el Gobierno levantó los controles de cambio y de precios. 

La dolarización oficiosa -aunque no oficial-, se ha profundizado al eliminar la Ley de Ilícitos Cambiarios, aprobar la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional, permitir las mesas de cambio en la banca, autorizar la facturación en divisas e  indexar los créditos comerciales a la evolución de la tasa de cambio oficial. 

También se ha eliminado el arancel de aduanas en la mayoría de los códigos arancelarios y se han flexibilizado los permisos fitosanitarios y zoosanitarios hasta casi desaparecer, con lo cual se han abierto los puertos a toda clase de importaciones que compiten ventajosamente con lo que queda de producción nacional. 

La desigualdad en las cargas del ajuste 

A la larga, el ajuste económico de Nicolás Maduro resultó ser muy recesivo para el aparato productivo nacional que, por si fuera poco, ahora se ve obligado a competir con importaciones traídas a una tasa de cambio sobrevaluada, sin pagar arancel y que no cumplen con los requisitos paraarancelarios a los cuales si se obliga a la producción nacional.

Así, el peso del ajuste económico recayó sobre las pequeñas y medianas empresas, la clase media profesional y los trabajadores, desatando esas mismas olas migratorias: primero la de los empresarios, luego la de profesionales y técnicos, y finalmente la de los trabajadores y sectores más humildes.

La liberación de la economía de los controles de cambio, precios y barreras arancelarias y paraarancelarias se hace con el fin de que la economía privada resuelva por sí sola sus necesidades de divisas, bien sea a través de la repatriación de capitales depositados en la banca internacional, la inversión extranjera, las exportaciones no petroleras o de las remesas. 

Para muestra un botón: si los 4 millones de venezolanos que ACNUR ha registrado como migración venezolana envían a sus familiares un promedio de 100 $/mensual, esto equivale a $ 400 millones/mensual, lo que significa que el monto total por concepto de remesas pudiera ascender en 2020 a 4.800 millones anual. 

Así, la diáspora venezolana se convierte paradójicamente en una máscara de oxígeno para el Gobierno. Por un lado, alivia la presión sobre la demanda de alimentos, medicinas y servicios públicos de salud, educación, vivienda, etc.; y, por otro lado, pasa a ser una creciente fuente de divisas que compensa el colapso de la renta petrolera y el impacto de las sanciones sobre el ingreso externo del país.

 

@victoralvarezr

¿Qué es la comunidad de destino compartido para la humanidad? Por Víctor Álvarez y Davgla Rodríguez

La noción de una comunidad de destino compartido para la humanidad fue adoptada por la Comisión para el Desarrollo Social, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos y el Comité para el Desarme y la Seguridad Internacional de las Naciones Unidas. El Presidente de China, Xi Jinping, ha sido el principal promotor de la idea, la cual es el eje central de su política exterior. 

El concepto de una comunidad de destino compartido para la humanidad tiene como fin impulsar el desarrollo pacífico y armonioso entre los países. Lejos de reclamar venganza por las invasiones coloniales y sangrientas guerras que la condenaron a sufrir hambre, humillación y pobreza, China promueve la comunidad de destino compartido para la humanidad como la vía para superar la “mentalidad de guerra fría y caliente y todas las vías desgastadas que han conducido repetidamente a la humanidad a la confrontación y la guerra.” 

El concepto expresa una estrategia de largo plazo en la que China necesita un ambiente de paz mundial para poder continuar su propio desarrollo, el cual depende en gran medida de las relaciones de cooperación y complementación que pueda establecer con otros países. El crecimiento económico sostenido que el gigante asiático experimenta le impone la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía y materias primas, así como oportunidades para invertir sus excedentes de capital. Este proceso de crecimiento económico con bienestar social se vería seriamente perturbado si sus socios entran en una confrontación bélica.  

Tan así es, que el artículo 35 de la Constitución china plantea claramente que: “El futuro de China está íntimamente ligado al futuro del mundo. China lleva adelante una política exterior independiente y adhiere a los cinco principios de respeto mutuo para la soberanía e integridad territorial, no agresión mutua, no interferencia en asuntos internos, igualdad y beneficio mutuo y coexistencia pacífica, la senda del desarrollo y estrategia de apertura recíproca en el desarrollo de relaciones diplomáticas y económicas e intercambios culturales con otros países, impulsando la construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad”.

A China le interesa impulsar una tendencia de desarrollo a largo plazo que armonice las manifestaciones universales con intereses particulares. Por eso defiende la liberación de los estados nacionales de las relaciones de dominación impuesta por las grandes potencias, con miras a crear un orden mundial distinto, guiado por el desarrollo común con respeto de las diferencias. Con ese fin promueve relaciones equitativas basadas en el esfuerzo mutuo y ganancias compartidas a través de la cooperación y el multilateralismo.

China ha incrementado su presencia en ALC y ha estrechado vínculos políticos, diplomáticos y comerciales con los países de la región. De hecho, es el segundo socio comercial de ALC, después de EEUU. El comercio bidireccional alcanzó $ 307.400 millones al cierre de 2018.

Xi Jinping y el plan 1+3+6

Cada vez que el presidente Xi Jinping ha visitado ALC ha expresado el interés de China de ampliar y consolidar un vínculo de cooperación basado en los principios del esfuerzo mutuo y beneficios compartidos. En 2014 se reunió en Brasil con líderes de 11 países para exponer por primera vez su propuesta de construir una comunidad Chino-Latinoamericana para la prosperidad común: “Aprovechemos las oportunidades que se nos presentan y trabajemos juntos para abrir nuevos caminos en la construcción de una comunidad de destino para el progreso común y marcar el comienzo de un futuro brillante para las relaciones entre China y América Latina y el Caribe”, dijo a los líderes de ALC que asistieron al encuentro. 

Xi Jinping propuso en esa oportunidad un plan de cooperación bautizado como el “1+3+6” a fin de “promover una cooperación más rápida, más amplia y más profunda entre las dos partes para obtener resultados reales”. El “1” se refiere el Plan de Cooperación Chino-Latinoamericano y el Caribe (2015-2020) con miras a promover el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible; el “3” alude a los “tres motores” para impulsar el desarrollo integral a través del comercio, la inversión y la cooperación financiera; y, el “6” significa los seis campos prioritarios de cooperación: energía y recursos, construcción de infraestructura, agricultura, manufactura, innovación científica y tecnológica, y tecnologías de la información.

En su discurso ante el Congreso de Perú en 2016, Xi Jinping argumentó la importancia de fortalecer la cooperación entre China y ALC: “Con una quinta parte del área total del mundo y casi un tercio de la población mundial, China y América Latina y el Caribe son fuerzas cruciales para la paz y la estabilidad mundial (…) China aumentará el intercambio de experiencias de gobernanza y mejorará la planificación y coordinación de políticas macro con los estados de América Latina y el Caribe para una mejor sinergia de nuestros planes y estrategias de desarrollo”.

En 2019, Xi Jinping volvió a América Latina por quinta vez y estuvo en Brasil en la 11ª cumbre del Grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), donde reafirmó la importancia del multilateralismo y abogó por la creación de un ambiente de seguridad, un desarrollo abierto e innovador y el fomento de intercambios y aprendizaje mutuo a través del diálogo de saberes y distintas culturas.

Las oportunidades ofrecidas por la Nueva Ruta de la Seda

La iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda ofrece nuevas oportunidades de cooperación entre China y ALC. Desde mediados de siglo XVI hasta principios del XIX, embarcaciones cargadas de seda, especias, porcelana y otras mercancías chinas cruzaban el océano Pacífico hasta el actual puerto de Acapulco. Esta iniciativa integra la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI. América Latina es la extensión natural de la Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI. Diecinueve países de ALC han firmado acuerdos de cooperación relacionadas con la Nueva Ruta de la Seda.

En su visita de Estado a Panamá, en diciembre de 2018, Xi Jinping afirmó que la Estrategia Nacional de Logística Panamá 2030 y la Nueva Ruta de la Seda son muy compatibles y exhortó a ambas partes a buscar sinergias entre sus proyectos de desarrollo para impulsar la cooperación y promover la conectividad.: “China compartirá su experiencia y oportunidades de desarrollo con el resto del mundo y dará la bienvenida a todos aquellos países que quieran subirse al tren expreso de su desarrollo, de forma que todos podamos desarrollarnos juntos”, expresó el presidente Xi Jinping.

En su mensaje a la Reunión Ministerial del Foro China-CELAC celebrada en Chile en 2018, Xi Jinping subrayó que ambas partes “deben trazar un plan en nuestros esfuerzos conjuntos dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta y abrir una senda de cooperación a través del océano Pacífico que conecte mejor las ricas tierras de China y América Latina y abran una nueva era de las relaciones entre China y Latinoamérica y el Caribe”.

Venezuela y la Nueva Ruta de la Seda

En 2018 apenas se firmó el memorando de entendimiento para la integración de Venezuela a la Nueva Ruta de la Seda. Entre 2000-2019, la relación chino-venezolana ha pasado por varias etapas: 1) Exploración y configuración de la relación (2000-2006); 2) Desarrollo y consolidación del intercambio (2007-2014); 3) Estancamiento y reconfiguración de la relación (2015-2019).

La recuperación de la industria petrolera, la reactivación del aparato productivo y la reconstrucción de Venezuela en general requerirá de grandes inversiones. Cualquiera sea la fuerza política que gobierne a Venezuela, tendrá que fortalecer su capacidad de negociación para propiciar alianzas ganar-ganar con China que le permitan aprovechar las oportunidades que ofrece la iniciativa de La Nueva Ruta de la Seda  para impulsar una nueva etapa de crecimiento económico y desarrollo humano integral en nuestro país. Venezuela necesitará cuantiosas fuentes de financiamiento, razón por la cual le conviene preservar esta relación de intercambio y cooperación con China que representa una fuente de financiamiento sin las duras condiciones que suelen imponer los organismos multilaterales como el FMI y BM.

Pero de cara al futuro también es necesario superar la lógica extractivista que sustenta la exportación a China de petróleo y minerales sin mayor grado de transformación industrial. Con la inversión y asistencia técnica de las corporaciones chinas, hay que abrirle paso a la transferencia de tecnología, la formación del factor humano nacional y la máxima incorporación de contenido nacional en los proyectos de inversión en los que deberían participar pequeñas, medianas y grandes empresas venezolanas. Esta es la mejor manera de corregir las enormes asimetrías y disparidades que prevalecen entre ambos países y avanzar hacia una relación más equitativa que abra verdaderas oportunidades para la diversificación económica, el bienestar social y la prosperidad común.

 

@vicalvarezr / @davroalvarez