Víctor Álvarez R., autor en Runrun

Víctor Álvarez R.

Ante revelaciones de Bolton, Trump exacerba campaña antichina, por Víctor Álvarez R. & Davgla Rodríguez A.

@victoralvarezr / @davroalvarez 

En su libro La habitación donde ocurrió, John Bolton revela información considerada como clasificada por EE. UU. Por tal razón, el Departamento de Justicia demandó al exasesor de seguridad nacional. La demanda “Estados Unidos de América contra John Bolton” fue presentada ante un Tribunal Federal en Washington por violación de los acuerdos de confidencialidad.

 ¿Cuáles son los secretos que revela Bolton?

Bolton narra el encuentro que se realizó entre Trump y Xi Jinping durante la cumbre del G20 en Japón, en junio de 2019. Y revela que, cuando los dos líderes estaban conversando, Trump “sorprendentemente dirigió la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales en EE. UU., aludiendo a la capacidad económica de China y rogándole a Xi que le ayudase a ganar”.

Bolton escribe que Trump “puso énfasis en la importancia de los granjeros y en el impacto electoral que tendría un aumento de las compras de soja y trigo por parte de China“.

Durante ese encuentro, Trump respondió a la defensa que Xi hizo de los campamentos de reeducación de Xinjiang diciéndole que era “exactamente lo que había que hacer”. Trump negó esta información en una entrevista con The Wall Street Journal luego de firmar la Ley de política de derechos humanos Uigur, dirigida a “defender” los derechos humanos de las minorías étnicas uigures (musulmanas) en la región de Xinjiang, al noroeste de China. La ley ordena la identificación de los responsables de los supuestos abusos para su posible sanción bajo los términos de la Ley Global sobre Responsabilidad de Derechos Humanos.

El Ministerio de Exteriores cuestionó dicha la ley como difamatoria e injerencista y advirtió que si EE. UU. no rectifica responderá con “represalias contundentes”. Se trata de una injerencia flagrante en los asuntos internos de China: “Los problemas en Xinjiang no tienen nada que ver con los derechos humanos, el origen étnico o la religión, sino con la lucha contra la violencia, el terrorismo y el separatismo”

¿Qué pasa en Xinjiang?

A principios del siglo XX, los uigures (musulmanes) declararon su independencia. China recuperó el control de la zona en 1949. Oficialmente, China considera a Xinjiang como una región autónoma, una situación muy parecida a la de Tíbet.

En 2009 ocurrieron en la capital de la provincia, Urumqi, una serie de manifestaciones que se tornaron violentas y terminaron con fuertes enfrentamientos con la policía local. Las autoridades acusaron a los separatistas en el extranjero de patrocinar los disturbios. Mientras que estos acusaron a las fuerzas policiales de la represión y aseguran que Beijing ha exagerado la amenaza de los separatistas para justificar su estrategia de diluir la influencia uigur promoviendo la migración masiva hacia la región de chinos Han, el mayor grupo étnico del país.

Hoy en día el 40 % de la población de Xinjiang está compuesta por personas de la etnia Han, mientras que el 45 % son uigures.

El gobierno chino denuncia que separatistas uigures atizan una campaña violenta por un estado independiente a través de la colocación de bombas y acciones de sabotaje, creando terror y malestar cívico.

Tras el atentado de las torres Gemelas, el gobierno chino acusó a separatistas uigures de colaborar con al-Qaeda. Según China, activistas uigures reciben entrenamiento y adoctrinamiento en Afganistán. Más de 20 uigures fueron capturados por militares estadounidenses tras la invasión de Afganistán. Pasaron seis años prisioneros en la cárcel de Guantánamo, y luego fueron puestos en libertad. ¿Qué hacen ahora?

Xinjiang sufrió los estragos del terrorismo separatista. Esta situación que obligó a tomar medidas drásticas, en el marco de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo y el Plan de acción para prevenir el extremismo violento. Ocasionalmente se registran ataques a objetivos chinos, lo que revela que las fuerzas separatistas uigures continúan siendo una fuerza. Pero las medidas aplicadas en la región han frenado las acciones terroristas y han protegido la integridad física y derechos de los grupos étnicos. En los últimos tres años no ha habido un solo caso de terrorismo violento en Xinjiang, cuyo PIB se ha duplicado, la tasa de pobreza se redujo a 6 % y la matrícula en la escuela primaria llegó al 99 %. 

El terrorismo y el extremismo son enemigos comunes de la sociedad humana y la lucha de los países contra esta amenaza no debe ser distorsionada para encubrir intereses subalternos.

A raíz de las revelaciones de Bolton en su libro, Trump ha intensificado la campaña antichina para revertir su declive en las encuestas electorales.

En una encuesta realizada por Reuters-Ipsos, el 58 % de los estadounidenses desea que John Bolton declare sobre el apoyo que Trump pidió a China para ganar las elecciones. Por eso Trump contraataca responsabilizando a China de la propagación de la covid-19, la acusa de prácticas desleales de comercio, robo de tecnología y destrucción de empleos. Y ahora arremete con esta ley que exacerba los sentimientos contra China en el electorado estadounidense.

La llamada Ley de política de derechos humanos Uigur promulgada por Trump ignora los hechos y distorsiona la verdad. Busca estigmatizar las medidas del gobierno chino contra el terrorismo, el separatismo y la radicalización, y aplica dobles estándares en la lucha contra el extremismo violento. La ley deja clara la mala intención de Trump de socavar la soberanía y seguridad de China, sembrar la discordia entre los grupos étnicos en China y perturbar la prosperidad y estabilidad de la Nación.

Aunque el discurso antichina de Trump logre sembrar en sus seguidores una visión negativa en contra del gigante asiático, esta retórica no le garantiza a Trump que podrá remontar la creciente ventaja que le está sacando Joe Biden en las encuestas.

Sin embargo, un daño muy grave le está causando Trump a las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. Ojalá el racismo y la xenofobia puedan atajarse a tiempo y no expongan a los ciudadanos chinos y con rasgos asiáticos a los acosos y actos violentos de los que ya han sido víctimas en varias ciudades del mundo.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Para obtener más ganancias no hay que aumentar los precios sino los salarios, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr     

En la carrera de salarios vs inflación siempre salen perdiendo los salarios. Cuando el aumento de la canasta básica es mayor que el aumento salarial, no solo se anula el incremento, también se pierde parte del salario anterior y a las familias que viven de un ingreso fijo les sobra mucho mes al final del sueldo.

Cuando se castiga el salario también se castiga la actividad económica. La inflación erosiona el poder adquisitivo, contrae el consumo privado, reduce la actividad productiva y desata un círculo vicioso difícil de atajar.

Al no haber suficiente demanda las empresas ajustan sus nóminas al nivel de producción que pueden vender, el ritmo de la economía se desacelera y, si se contrae aun más la capacidad adquisitiva, esto lleva a una contracción que finalmente puede desembocar en una prolongada recesión. Un aumento del salario real mueve la economía y ayuda a vencer la recesión.

Quienes viven de un ingreso fijo tienen mayores necesidades insatisfechas y cuando reciben un aumento de sueldo tienden a gastarlo todo. Por eso, el salario no puede ser considerado solo como un costo de producción más: es la principal fuerza motriz del consumo privado y de la demanda agregada. Y un aumento salarial contribuirá a la reactivación económica siempre y cuando no sea inmediatamente trasladado a los precios.

Por lo tanto, para obtener más ganancias no hay que aumentar los precios sino los salarios. Así se abre el margen para reactivar la economía en un círculo virtuoso de mejores salarios, mayor demanda, mayor producción, mayores ventas, más ganancia y mejor rentabilidad.

Pero en los hechos ocurre todo lo contrario. Los precios suben pero los salarios no se ajustan de inmediato. El aumento, además de ser tardío, no compensa la pérdida del poder adquisitivo. Los asalariados reaccionan con retraso y, cuando por fin logran una compensación, ya han perdido buena parte de su ingreso.

No me suban más el sueldo pero paren la inflación es el grito de obreros, funcionarios, profesionales, técnicos, gerentes y todo aquel que vive de un ingreso fijo. Prefieren que no decreten más aumentos pero que paren la inflación para al menos preservar su poder adquisitivo.

Los aumentos por decreto se vuelven pura ilusión monetaria: nominalmente se gana más pero realmente se puede comprar menos. Solo si están respaldados por incrementos en la productividad, el aumento nominal de los salarios se traducirá en un incremento del poder real de compra en los hogares y en una mejora de su calidad de vida y bienestar.

Ver video YouTube: No me suban más el sueldo, pero paren la inflación. 

 

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¿Qué hizo Noruega con el petróleo y qué puede hacer Venezuela aún?, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr 

En Venezuela, la dura lucha por la sobrevivencia nos acorta la mirada y hace ver el futuro con pesimismo. Para las familias que se acuestan con hambre, los enfermos sin asistencia médica, las instituciones cuyos presupuestos apenas pagan sus nóminas y las empresas al borde de la quiebra, el “mes que viene” es una espera tortuosa. Y, en ocasiones, una sentencia definitiva.

Los problemas de escasez, hiperinflación, inseguridad, cortes de electricidad, racionamiento de agua y falta de gas se agravan a tal extremo que ya se empiezan a escuchar los profetas del desastre que vaticinan una hambruna en Venezuela.

¡Cómo nos vamos a resignar a sufrir una hambruna en un país con las reservas de petróleo más grandes del mundo; con cuantiosos yacimientos de oro, diamantes, coltán, hierro, bauxita y otros minerales estratégicos para el desarrollo industrial; con millares de profesionales que se graduaron en las mejores universidades del mundo, con amplia experiencia, pero que hoy están regados por todos lados, extrañan su tierra y están dispuestos a regresar para reconstruirla!

Venezuela no necesita profetas del desastre que la desalienten. Con semejante potencial, lo que tenemos que hacer es prepararnos para la próxima crisis de abundancia. Porque Venezuela será reconstruida.

La nación recuperará su industria petrolera. Una vez que haya levantado la producción a tres millones de barriles diarios y los precios se estabilicen en torno a 60-70 $/b, el gran desafío será cómo administrar esa abundante riqueza. Y no repetir la historia de aquel país con las reservas de petróleo más grandes del mundo que terminó sufriendo una grave crisis humanitaria. Una crisis que desembocó en la diáspora de millones de venezolanos que huyeron de la escasez, la hiperinflación y el hambre.

Una vez que se haya recuperado la producción petrolera y los precios de los crudos se estabilicen, tenemos que evitar que se reedite el círculo vicioso de la Venezuela rentista que se embriaga de una falsa prosperidad en los años de las vacas gordas, pero no se prepara para amortiguar los tiempos de las vacas flacas. Evitar que se repita esta historia exige activar mecanismos de defensa que protejan al país de los altibajos de los precios del petróleo. Y estar en condiciones de encarar las crisis de escasez y, sobre todo, las crisis de abundancia.         

Prepararnos para la próxima crisis de abundancia nos impone aprender de otros países que administraron con inteligencia -y pulcritud- su riqueza petrolera. Uno de esos casos es el de Noruega, un país con algo más de 5 millones de habitantes donde la tasa de fertilidad es de apenas 1,95. Demográficamente esto quiere decir que el número de hijos de cada matrimonio apenas sustituye a los padres, razón por la cual la población noruega no solo se estanca sino que tiende a envejecer. Como el pago a futuro de las pensiones no podía ser cubierto con la suma de las contribuciones a la seguridad social y los impuestos, la necesidad de garantizar una vejez digna a sus ciudadanos, sin tener que recargar el peso de las pensiones a las generaciones futuras, pasó a ser una de las principales preocupaciones de la sociedad noruega.

¿Qué hizo Noruega que aún puede hacer Venezuela?

En 1990 se creó el Fondo Noruego del Petróleo con el objetivo de acumular reservas para el sistema de pensiones. En 1995 se hizo la primera transferencia por $ 285 millones. Para hacer crecer este aporte inicial, los recursos fueron invertidos en el exterior en bonos, valores, acciones, etc. Gracias a los sucesivos depósitos y rendimientos generados por las inversiones, en 2020 sus activos superan los 900 000 millones de dólares. Esto significa que a cada ciudadano noruego le corresponden casi los 200 000 dólares. Pero esa plata no se reparte ni se gasta, sino que se invierte para hacerla rendir y, con las ganancias, financiar los gastos.

Venezuela puede hacer en los próximos 25 años lo que Noruega hizo en los últimos 25.

A la luz de la experiencia del país nórdico, lo primero que hay que acordar es que:

* El ingreso petrolero no se reparte a diestra y siniestra, sino que se invierte para hacerlo crecer.

* El gobierno de turno no puede disponer de la renta petrolera a su antojo.

* Solo puede utilizar un porcentaje de los rendimientos del fondo como recursos complementarios del presupuesto nacional. Este se financia fundamentalmente con los impuestos que pagan los contribuyentes.

* Esto no significa que la presión fiscal siempre va a ir en aumento, asfixiando a los contribuyentes. La forma como utilizan los rendimientos ha permitido reformas tributarias que alivian la presión fiscal a través de reducciones de impuesto que benefician a las empresas y los hogares.

* Ahora bien, este acuerdo nacional se cumple a partir de reglas muy estrictas que impiden al gobierno de turno gastar arbitrariamente la renta petrolera. En vez de sabotearse y apostar al fracaso del otro, Parlamento y Gobierno noruegos planifican conjuntamente las transferencias desde el Fondo de Inversiones al presupuesto nacional, con base en un programa de trabajo de por lo menos cuatro años que permita ver resultados concretos.

Pero en Venezuela se hace todo lo contrario. La creación de fondos clientelares a través de los cuales el gobierno ejecuta un presupuesto paralelo, tales como el Fonden, Fondespa, Fondo Bicentenario, etc. dejaron al país sin reservas para enfrentar los tiempos de escasez. Para manejar bien la próxima crisis de abundancia lo primero que hay que hacer es sustituirlos por otro tipo de fondos destinados a ahorrar e invertir la renta petrolera.

Noruega es un país petrolero que debemos estudiar a fin de encontrar ideas que inspiren un gran acuerdo nacional para poner fin al uso arbitrario de la renta por parte de liderazgos mesiánicos y autoritarios. Hemos visto que estos la utilizan como un instrumento de dominación para premiar a sus incondicionales, comprar a los indecisos y castigar a los opositores.

A Venezuela todavía le queda mucho petróleo. Romper con este círculo vicioso impone avanzar hacia un nuevo Contrato Social que impida al gobierno de turno despilfarrar la renta petrolera. Quien sea el que gobierne a Venezuela, solo podrá utilizar -como presupuesto complementario-, un porcentaje de los rendimientos generados por los fondos de inversión.

Solo así se protegerá a la sociedad del comportamiento errático de los precios de los crudos. Y la hará menos dependiente de un ingreso en divisas que no es resultado de su propio desarrollo económico, sino de la explotación de un recurso natural no renovable.

¿Qué hizo Noruega con el petróleo que aún puede hacer Venezuela? Ver video YouTube 

 

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EE. UU. vs China: xenofobia y guerra fría, por Víctor Álvarez R. / Davgla Rodríguez A.

@victoralvarezr@davroalvarez 

En su afán por lograr la reelección, Donald Trump intensifica la rivalidad de EE. UU. contra China. Las encuestas muestran que el apoyo al mandatario estadounidense está cayendo en estados clave, en medio de una fuerte crítica por no haber actuado oportuna y eficazmente para evitar la propagación masiva y acelerada de la covid-19, que sigue causando estragos en la población de EE. UU.

La estrategia de Trump es atacar a su rival Joe Biden, quien lidera la intención de voto con 53 % frente a 43 %. Para remontar esta desventaja, los asesores de Trump despliegan una campaña de ataque y llaman Beijing Biden” al candidato demócrata, a quien acusan de estar dispuesto a hacer inadmisibles concesiones a China. Pero ambos candidatos coinciden en manifestar duras posturas contra China para aumentar su número de votos. Tanto así que, entre los demócratas, Biden ha sido criticado por ser caja de resonancia del discurso xenófobo y racista de Trump.

Tanto es el prejuicio sembrado contra el gigante asiático en esta campaña electoral que, según una encuesta de Pew Research Center, dos de cada tres estadounidenses tienen una visión desfavorable de China. Y esa desconfianza se refleja en todo el electorado, sin importar si es demócrata o republicano. Aunque se intensifica entre los seguidores de Trump y las personas de más edad.

El virus chino y la xenofobia

Líderes gubernamentales y altos funcionarios estadounidenses han alentado directa o indirectamente los crímenes de odio y las muestras de racismo y xenofobia mediante el uso y abuso de una retórica antichina. Trump acusa a Beijing de falta de transparencia en el manejo del coronavirus. Le atribuye la principal responsabilidad en la propagación de la pandemia y promete al electorado estadounidense que China pagará por los daños ocasionados por la covid-19.

Poderosos sectores conservadores y reaccionarios han aprovechado la crisis de COVID-19 para impulsar teorías de conspiración contra los inmigrantes y a favor de la supremacía blanca, ultranacionalista y xenófoba que ahora se enfoca en satanizar a la población de origen asiático.

Varios congresistas han propuesto leyes o acciones para castigar a China: el senador republicano Tom Cotton acusó a Beijing de permitir deliberadamente que el virus saliera de sus fronteras. Y el fiscal general del estado de Misuri, Eric Schmicht, demandó por daños a China.

Human Rigts Watch ha hecho un llamado a los gobiernos para que tomen urgentes medidas para prevenir la violencia y la discriminación racista y xenófoba vinculada a la covid-19. El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que “la pandemia sigue desatando una oleada de odio y xenofobia, buscando chivos expiatorios y fomentando el miedo” e instó a los gobiernos a “actuar ahora para fortalecer la inmunidad de nuestras sociedades contra el virus del odio”.

La intensificación de la campaña xenófoba y racista ha sido tan peligrosamente eficaz que donde se ve una persona de origen asiático se advierte un foco de contagio. Por esa razón suelen ser víctimas de ataques, amenazas, insultos racistas, discriminación e, incluso, salvajes golpizas.

En Italia, el grupo de la sociedad civil Lunaria ha recopilado cerca de un centenar de denuncias y noticias sobre agresiones, insultos, acoso y discriminación contra personas de ascendencia asiática. Organizaciones de derechos humanos y otros grupos en Francia, Australia y Rusia informaron a Human Rights Watch sobre ataques y acoso a personas que -por el solo hecho de tener ascendencia asiática- son acusadas a priori de ser portadoras de COVID-19.

La nueva guerra fría

La guerra comercial de EE. UU. contra China -a quien acusa de prácticas comerciales desleales y robo de la propiedad intelectual estadounidense-, se intensifica ahora con la acusación del gobierno de Trump sobre la responsabilidad e intencionalidad de China en la propagación internacional de la covid-19. Estas acusaciones han dado origen a toda clase de teorías conspirativas sobre las supuestas pretensiones chinas de dominar al mundo.

La razón de fondo de toda esta campaña es que China representa para EE. UU. un desafío económico mucho mayor que el que en su momento representó la Unión Soviética.

Al comparar las series estadísticas del PIB entre ambos países, salta a la vista que en ningún momento -durante la Guerra Fría- la economía soviética superó el tamaño de la economía estadounidense. Y cuando más se acercó la URSS, apenas llegó a ser el 44 % de la gigantesca economía de EE. UU.

Pero resulta que en los últimos treinta años despertó otro gigante: el gigante asiático. La economía China ha superado ya el tamaño de la economía de EE. UU. Y esto representa una seria amenaza para la hegemonía estadounidense, aunque China no tenga las mismas pretensiones soviéticas de difundir su modelo político-ideológico ni de expandir su presencia militar.

Lo que sí hace Beijing es seguir invirtiendo en el desarrollo de su gran proyecto global La Nueva Ruta de la Seda. A esta iniciativa se integran cada vez más países bajo el principio de esfuerzo mutuo y beneficios compartidos. Por lo tanto, el desafío de China para los EE. UU. es fundamentalmente económico. Para evitar que la pujante economía china le siga sacando ventaja a la cada vez menos competitiva economía estadounidense, Trump está dispuesto a apelar a cualquier pretexto.

El problema es que el uso del término “virus chino” por parte de Donald Trump y de “virus de Wuhan” por parte de Mike Pompeo, atizan el discurso del odio. Y exponen al ataque de fanáticos no solo a la enorme comunidad china en EE. UU., sino a toda persona de origen y rasgos asiáticos. A medida que se acerque el 3 de noviembre, fecha en la que se realizarán las elecciones, el conflicto entre Washington y Beijing se hará más tenso, cuestión que recrudecerá la xenofobia y prejuicios contra los inmigrantes asiáticos en EE. UU. El peligro que corren es inminente.

 

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Dualidad de precios de la gasolina aviva la corrupción, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr    

Fijar dos precios para la gasolina es un incentivo perverso a la corrupción, la especulación y el contrabando. En moneda nacional, el precio subsidiado es de 5000 Bs/L. Este equivale a solo 2,5 centavos de dólar, mientras que el precio dolarizado se fijó en 50 centavos de dólar el litro, 20 veces más.

Está comprobado que los sistemas diferenciales de precios degeneran en un incentivo perverso a la corrupción, tal como pasó con Cadivi, Sicad, Simadi y Dipro.

Estas entidades fijaban una tasa de cambio subsidiada a la que solo tenían acceso unos privilegiados, que luego revendían las divisas baratas a una tasa de cambio mucho más cara en el mercado paralelo, acumulando así jugosas ganancias.

La irracionalidad del nuevo precio subsidiado está a la vista. Una botella de litro y medio de Coca-Cola cuesta 250.000 bolívares, suma con la que se pueden comprar 50 litros de gasolina. En las fronteras con Colombia y Brasil un litro de gasolina cuesta al menos 0,70 $/L, razón por la cual, ni siquiera el precio de 0,50 $/L detendrá el contrabando.

Si no se corrige el enorme diferencial de precios, lo más probable es que la ilusión de la gasolina barata dure apenas unas semanas. Nuevamente tenderá a desaparecer y solo se conseguirá en las estaciones de servicios dolarizadas hacia donde se dirigirá el trasvase y jugosa reventa de la gasolina subsidiada.

También veremos florecer el negocio de pimpineros ambulantes. Estos revenderán al detal -y en dólares- los combustibles subsidiados que reciben transportistas, vehículos oficiales y privados, cuyos tanques serán vaciados para ser revendidos.

El reconocimiento más patético de este incentivo perverso a la especulación que genera el sistema dual de precios lo hizo el miembro de la ANC, David Paravisini, quien señaló sin pudor alguno: sacaste tu carnet de la patria, pagaste 120 litros, 600 000 bolívares, que son tres dólares y lo puedes vender en sesenta dólares”. 

En vez de subsidiar los combustibles, lo que hay que subsidiar es el transporte de carga y de pasajeros a través de transferencias monetarias directas. Estas se financiarían no con emisiones de dinero inflacionario por parte del BCV, sino con los ingresos que se recauden al internacionalizar el precio de los combustibles.

Si el precio de la gasolina se iguala al nivel que tiene en la frontera, no solamente se erradicaría el contrabando de extracción, también se generarían al menos 1300 millones de dólares anuales que bien pudieran ser destinados a:

* Dolarizar los salarios de los médicos, maestros, profesores universitarios y empleados públicos.

* Modernizar y ampliar el precario sistema de transporte público en los 335 municipios del país.

* Repotenciar las refinerías para darle una solución de mediano y largo plazo a la escasez de combustibles.

Converso de este tema en #PedagogíaEconómica / YouTube: 

 

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Citgo en riesgo: juez federal ordena remate de acciones, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr      

Citgo es un conglomerado de refinerías de Pdvsa en EE. UU. y cuenta con una capacidad de refinación de 745.000 b/d. Tiene 3500 empleados que operan 48 terminales, 9 oleoductos y una red de 5000 gasolineras. Su valor se calcula en $ 8000 millones y por eso está en la mira de los acreedores de PDVSA y la República, que quieren cobrar -con cargo a las acciones de Citgo- unas deudas pendientes.

Por un lado están los tenedores del Bono PDVSA 2020, a quienes se les debe $ 1700 millones y a los cuales se les ofreció como garantía el 50,1 % de las acciones de PDV Holding, dueña de CITGO. Pero también está Crystallex, una minera canadiense que reclama una indemnización de 1400 millones de dólares por la expropiación de la mina de oro Las Cristinas.

Aunque Crystallex en rigor no es un acreedor de Pdvsa y su litigio es contra la República, el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego, que permite al afectado por el impago embargar los activos de una empresa cuando el dueño de esta no paga una deuda por él contraída.

Con base en esta interpretación, Crystallex resultó favorecida por la sentencia de un tribunal de EE. UU. que le permite incautar las acciones de Citgo para cobrar la indemnización pendiente. La reciente sentencia del juez Leonard Stark ordenó la venta de las acciones de PDV Holding para pagar la indemnización exigida por Crystallex.

Esta decisión queda pospuesta hasta que se levante la Orden Ejecutiva 13.884 que impide el embargo de cualquier activo venezolano sin una autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Pero esto no es ninguna garantía de que Citgo no será ejecutada, toda vez que la venta de las acciones se hará cuando se levanten las sanciones o cuando la OFAC conceda una licencia para rematarlas y pagar lo que se debe.

Si el valor de Citgo se estima en $ 8000 millones, el 50,1 % de las acciones que se vendería equivale a unos $ 4000 millones. De estos se pagarían $ 1700 millones a los tenedores del Bono 2020 y $ 1400 millones a Crystallex, para un subtotal de $ 3100 millones. Pdvsa recibiría los $ 900 millones restantes y mantendría en su poder el 49.9% de las acciones que quedan, aunque perdería el control de Citgo. El gran riesgo es que el avalúo subestime el verdadero valor de Citgo y las acciones de la compañía se rematen a un precio muy por debajo de lo que realmente valen.

A pesar de la crisis humanitaria que sufre Venezuela, la ejecución de Citgo ha entrado en cuenta regresiva y nada eficaz se ha hecho para evitarlo. Si el gobierno y la oposición no se ponen de acuerdo, Venezuela perderá CITGO cuando la OFAC conceda la licencia para que se rematen las acciones, o cuando ocurra un cambio político, se levanten las sanciones y los acreedores se lancen como aves de rapiña a disputarse los escombros de un país en ruinas.

¿Qué hacer? Maduro y Guaidó están emplazados a pactar una tregua y acordar una estrategia común para salvar los activos de PDVSA. Cualquiera sea quien finalmente se quede con el gobierno va a necesitar este complejo refinador que el país tiene en EE. UU. para reconstruir la nación. Por tal razón, deben solicitar a la ONU con carácter de urgencia una resolución para proteger de la rapiña de los acreedores los activos de un país que atraviesa por una grave crisis humanitaria.

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Endurecimiento de sanciones activan privatización de Pdvsa, por Víctor Álvarez

@victoralvarezr    

La mala gestión de PDVSA y sus empresas filiales constituye la causa principal del colapso de la producción petrolera y del deterioro de la capacidad de refinación. Esto se ha visto agravado por el endurecimiento de las sanciones económicas aplicadas por el gobierno de EE. UU., que complican el acceso a los mercados financieros y de bienes y servicios, incluyendo componentes para la refinación del petróleo en combustibles y lubricantes.

El impacto de las sanciones económicas se exacerba ahora con el malestar social que ha generado el cierre de DirectTV en Venezuela debido a que las sanciones prohíben los canales Globovisión y PdvsaTV, pero el gobierno de Maduro se negó a sacarlos de la programación. 

A Chevron las sanciones le recortan margen de maniobra

La OFAC le dio plazo hasta noviembre a esta compañía estadounidense para que termine de finiquitar sus negocios con PDVSA y esto se traduce en una nueva reducción de las operaciones de exploración y extracción de petróleo, cuestión que repercute en los contratos de servicios y adquisición en las empresas mixtas con PDVSA.

Rosneft también se vio presionada a salir de Venezuela

La petrolera rusa tiene accionistas internacionales cuyos intereses fueron afectados por las sanciones económicas. Para evadir este impacto, Rosneft liquidó todos sus activos en el país, cuyas filiales llegaron a comercializar un promedio de 400.000 b/d.

Ahora, sin la intermediación de Rosneft, Pdvsa tiene que hacer frente a las sanciones que le impiden comercializar directamente su petróleo, pero el problema es que los precios del petróleo están tan bajos que ya no hay margen para conceder descuentos a las navieras que se arriesgan a transportar y comercializar el petróleo venezolano.

Otro caso poco conocido es el de Nynas

Esta es una petrolera de origen sueco en la que PDVSA adquirió el 50,01 % de su capital en el marco de la política de internacionalización que se inició en la década de los 80.

Nynas fue acondicionada para recibir crudos del estado Zulia, pero el despacho de aproximadamente 60.000 barriles diarios del Lago de Maracaibo se interrumpió a raíz de las sanciones a PDVSA. Esto erosionó la rentabilidad de Nynas que se declaró en bancarrota, se acogió a un proceso de reestructuración de la deuda y, para evadir las sanciones, planteó como salida reducir la participación de Pdvsa para que la petrolera sueca no fuese considerada su filial. Reducir la participación de PDVSA de 50,01 % a 15 % significa una pérdida del 35 % de la participación accionaria de PDVSA.

Con esta venta, el Plan de Reestructuración de PDVSA comienza con una privatización poco transparente de sus activos el exterior, lo cual acelera el fin caótico y desordenado del modelo nacionalista y estatista que prevaleció en la industria petrolera venezolana y deja muchas dudas sobre la protección de los activos de Pdvsa y la República en el exterior y en el territorio nacional. 

 

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Nuevo modelo de negocios en la industria petrolera, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr    

Con la reforma de 2006 se forzó la conversión a Empresas Mixtas de los convenios operativos y asociaciones estratégicas y se impuso la mayoría accionaria de PDVSA. Eran los años de la arrogancia rentística en los que el Gobierno presumía de no necesitar la inversión privada para aumentar la producción de petróleo a cinco millones de barriles diarios. Pero ahora la situación es muy distinta. Ni Pdvsa ni el Estado tienen recursos para evitar que la producción siga declinando.

La canasta de petróleo venezolana se ha tornado cada vez más pesada y menos rentable. Dos tercios de la extracción actual son de crudos pesados y extrapesados, pero el régimen fiscal no toma en cuenta las diferencias entre los yacimientos. Explotar el petróleo extrapesado de la FPO es más costoso que extraer el petróleo ligero del Zulia o Monagas. La regalía -que es la remuneración que recibe el Estado por su condición de propietario del petróleo, pero que el inversionista registra como un costo- en vez de ser un porcentaje fijo para todos los yacimientos y tipos de crudos, se debería ajustar según las condiciones concretas de cada uno.

Para que el petróleo no se quede en el subsuelo, esta cruda realidad financiera impone un nuevo acuerdo nacional que supere la visión del monopolio estatal y abra la industria petrolera a la inversión privada nacional y extranjera. Solo así será posible rentabilizar un recurso natural para que aporte las divisas que un incipiente sector exportador privado no podrá generar. Esto implica un nuevo modelo de negocios basado en incentivos fiscales, aumento de la inversión privada en las empresas mixtas y la apertura al capital privado en las actividades conexas.

Modalidades de operación en la industria petrolera venezolana

Actualmente PDVSA realiza sus operaciones en la industria petrolera a través de:

  • 46 empresas mixtas
  • 5 licencias de gas
  • 34 unidades de producción de esfuerzo propio
  • 2 filiales distribuidas en 4 áreas: Oriente, Occidente, Costa Afuera y FPO

Esfuerzo propio

Desarrollo de las actividades de exploración y explotación de campos, con capital 100 % de PDVSA, sin asociación con ninguna otra empresa.

Empresas mixtas: desarrollo de operaciones de exploración y explotación con uno o varios socios privados que tienen una participación máxima de 49 % del capital.

Licencias: desarrollo de operaciones de exploración y explotación de yacimientos de gas por parte de terceros, sin intervención de PDVSA.

Asociaciones de Servicios Compartidos (ASC): operaciones de exploración y explotación a través de la contratación de empresas de servicios, respaldando el pago con la venta del crudo.

Tanto las operaciones de esfuerzo propio como las empresas mixtas se realizan en campos que tienen grandes diferencias en materia de:

  • Tipo de crudos: extrapesados, pesados, medios, livianos, condensados y gas.
  • Madurez de las reservas probadas
  • Complejidad geológica de los yacimientos
  • Tipo de locación del campo (tierra o costa afuera)
  • Niveles de producción actual
  • Costo de producción

Nuevo modelo de negocios en la industria petrolera

A fin de mejorar el esfuerzo propio y optimizar las empresas mixtas, un nuevo modelo de negocios en la industria petrolera pasa por cerrar la brecha que existe entre los proyectos de bajo riesgo y alta rentabilidad y los proyectos de alto riesgo y baja rentabilidad. Para equiparar la rentabilidad entre los campos con crudos extrapesados más difíciles para su explotación, con los campos de crudos livianos y medianos menos complicados, se requiere una gama de incentivos que haga atractiva la inversión.

Ante las severas limitaciones financiera que tiene PDVSA para sostener su esfuerzo propio, se plantea que los negocios de bajo riesgo y alta y baja rentabilidad se hagan bajo el modelo de Acuerdo de Servicios Conjuntos (ASC), donde las actividades de exploración y producción sean realizadas por una empresa de servicios que cobre una tarifa y calcule su pago de acuerdo al total de barriles extraídos.

Conversión del esfuerzo propio en empresas mixtas

Como PDVSA no cuenta con fondos suficientes para revertir la declinación de la extracción que hace con esfuerzo propio, se plantea flexibilizar la participación de capital privado para convertir en empresas mixtas las unidades de alto riesgo y baja rentabilidad de PDVSA, ofreciendo en venta el 49,99 % de las acciones.

Para disuadir la resistencia que opondrán las tendencias nacionalistas y estatistas, el argumento es licitar primero aquellas áreas y/o bloques con mayor riesgo y escala de inversiones que PDVSA no puede acometer y así ese petróleo que está reposando en el subsuelo se convierta en ingresos por regalías, ISLR e impuestos parafiscales que de lo contrario el país no percibiría.

Con este fin se plantea una reforma legal para que PDVSA pueda incluso llegar a reducir su participación accionaria por debajo del 50 % en empresas mixtas con alto grado de riesgo y baja rentabilidad. El argumento es que así la compañía podría liberar recursos para financiar su esfuerzo propio en áreas de menor riesgo y mayor rentabilidad. Y en aquellos casos donde PDVSA no pueda sostener su esfuerzo propio se plantea convertirlos en empresas mixtas para que el inversionista privado sea quien financie la recuperación de la extracción de petróleo.

Conversión de deuda en inversión

Según el Ministerio de Finanzas y el BCV, Venezuela tiene en default $ 57.139 millones, de los cuales,  $ 26.044 millones son de Pdvsa. Los compromisos totales de Pdvsa ascienden a $ 100.795 millones y la deuda externa del país se ubica en $ 91.96. La deuda con socios y proveedores se disparó a más de 17.000 millones de dólares. Estos retrasos vienen del año 2012, cuando se registraron reclamos de contratistas y proveedores, entre ellos Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford y decenas de proveedores nacionales.

En atención al interés de los inversionistas de cobrar la deuda pendiente, se plantea un mecanismo de pago de la mora que PDVSA tiene con las Empresas Mixtas y otros acreedores por la vía de convertir esa deuda en inversión. Esto significa que PDVSA podrá cancelar el capital e interés que tiene pendientes, convirtiendo ese monto en activos a favor de la participación porcentual del inversionista privado.

El nuevo modelo de negocios que se plantea implica derogar el Decreto Nº 5200 con Rango de Ley de Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco y Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas, y derogar también la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, de tal forma que los bienes en cuestión puedan ser traspasados al capital privado y éste retome las actividades conexas en la industria petrolera, tales como: inyección de gas y agua a yacimientos, servicios lacustres, compresión de gas, tratamiento de aguas y servicios especializados, los cuales se encuentran en estado de abandono.

Generosos incentivos para poner fin al venteo y quema de gas

La ley de Hidrocarburos Líquidos permite el desarrollo de operaciones de exploración y explotación de yacimientos de gas por parte de terceros, sin intervención de PDVSA, pero con restricciones a la hora de fijar el precio de venta y con la obligación de vender el gas a PDVSA y empresas del Estado. El planteamiento es que si estas restricciones se flexibilizan, entonces se podrá atraer inversiones privadas que financien hasta el 100 % de los proyectos destinados a la recolección, compresión y transmisión del gas natural que se ventea, quema y desperdicia en las diferentes áreas de producción petrolera del país.

Sincerar el precio de la gasolina para recuperar refinerías

Los subsidios a los combustibles representan una carga financiera de $ 11.000 millones anuales que bien pudieran destinarse a repotenciar la capacidad de refinación nacional. La escasez es tan grave que la gasolina se cotiza hasta en 3 $/litro. Ni tan calvo ni con dos pelucas. Sincerar el precio de los combustibles se puede hacer con base en el precio de indiferencia en las diferentes fronteras; es decir, igualar el precio en ambos lados para que deje de ser rentable el contrabando.

La eliminación de este ruinoso subsidio permitirá liberar fondos para repotenciar las refinerías y modernizar el sistema de transporte público. Al sincerar el precio de los combustibles se crearán mejores condiciones para atraer la inversión privada bajo un nuevo modelo de negocio basado en la figura de Licencias que permiten a los privados realizar las actividades de refinación sin asociarse con el Estado.

Sin lugar a dudas, el desplome del ingreso en divisas de Pdvsa y las severas restricciones fiscales del Estado sentencian la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento y esto pasa por incentivar la inversión privada nacional y extranjera. Pero para lograrlo, se impone un cambio sustantivo en la estrategia estatista que hundió a la industria petrolera en el burocratismo y la corrupción.

 

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