Víctor Álvarez R., autor en Runrun

Víctor Álvarez R.

La dolarización llegó para quedarse, por Víctor Álvarez R.
Estamos en presencia de un proceso de chinización de la economía venezolana, gobernada por los mecanismos del mercado en un sistema político cada vez más autoritario

 

@victoralvarezr

El efecto combinado del colapso de la renta petrolera, el endurecimiento de las sanciones y el impacto económico de la covid-19 ha obligado al Ejecutivo nacional a activar válvulas de escape para aliviar la presión económica y social. Un gobierno sin capacidad financiera para sostener el modelo nacionalista y estatista ha dado rienda suelta a la apertura comercial, desregulación y liberalización económica, dolarización, privatización y apertura a la inversión extranjera.

Son las nuevas tendencias que se asoman en la economía venezolana y que pudieran consolidarse y llegar a ser irreversibles. Estos cambios en la política económica crean otro ambiente para el emprendimiento y la iniciativa privada. Quien no los perciba debido al ruido de la diatriba política, se quedará al margen de las oportunidades de negocio e inversión que empiezan a aparecer en Venezuela.

En este abandono del modelo nacionalista y estatista, una presión clave la han ejercido los inversionistas privados que están dispuestos a correr los riesgos de hacer negocios en un país sancionado, pero en un contexto de apertura comercial y liberalización económica.

Dolarización pragmática

La dolarización transaccional ha sido forzada por la hiperinflación que disolvió el poder de compra de los bolívares y obligó a sustituirlos por la divisa estadounidense. Para no trancar el mercado interno por falta de medios de pago, el Ejecutivo ha permitido el uso de divisas en las transacciones locales, práctica que antes era perseguida y penalizada. A su vez, la dolarización transaccional presiona la dolarización de los servicios financieros para que este creciente circulante en divisas se pueda canalizar hacia el financiamiento de la producción y el consumo.

Para compensar la escasez causada por la reducción en un 80 % del PIB y contener la inflación, el gobierno abrió el mercado interno a toda clase de importaciones sin arancel.

Ha exonerado una amplia gama de códigos arancelarios del pago de impuestos de importación que, en condiciones de apreciación del tipo de cambio, compiten ventajosamente con la producción nacional y hacen mucho más lucrativo importar que producir. Bodegones, supermercados, tiendas de electrodomésticos y agencias de automóviles proliferan a lo largo y ancho del territorio nacional.

La mala gestión y la corrupción se combinaron para dar al traste con las empresas manufactureras y de servicios en manos del gobierno. Las sanciones económicas han sido un agravante toda vez que se extienden a proveedores internacionales con intereses en territorio estadounidense que no pueden hacer negocios con empresas del gobierno porque serían sancionados. Esto agrava la crisis de los servicios de agua potable, gas doméstico, electricidad, telecomunicaciones. Para evadir las sanciones, se plantea la privatización de empresas públicas.

Ni el gobierno ni Pdvsa tienen recursos financieros para levantar la producción de petróleo y gas. Tampoco puede reactivar las refinerías. Necesita de la inversión privada nacional y extranjera para reactivar estos sectores cuya buena marcha es necesaria para el buen funcionamiento del resto de la economía. Solo una recuperación de la extracción de petróleo en torno a 3 millones de barriles diarios y precios por encima de 80 $/b devolverían al gobierno su capacidad para controlar la economía y ese escenario en el corto y mediano plazo está descartado.

La cruda realidad ha forzado al gobierno a ser pragmático y a abandonar ideologías y dogmas. Aflojar los controles y liberar la economía es crucial para su supervivencia política. Si no respira la economía, el poder político se asfixia. Así lo ha entendido el régimen cuyo pragmatismo apunta a preservar su modelo político de dominación hegemónica.

Preguntas para Asdrúbal Oliveros

¿Cuáles son las ciudades o regiones del país donde la dolarización tiene la mayor cobertura y profundidad? ¿Cómo evoluciona la dolarización financiera? ¿Por qué no avanza a la misma velocidad que la transaccional? ¿Aunque nunca llegue a ser una medida oficial, crees que la dolarización llegó para quedarse?

¿Cuál es el impacto que tiene la apertura comercial sobre la producción nacional y sobre el nivel de precios? ¿Cuáles sectores pierden y cuáles salen ganando? ¿Cuáles cambios identificas en la estructura económica de Venezuela y en la conformación del PIB?

¿Has hecho seguimiento al proceso de privatización? ¿Dónde ha avanzado? ¿Cuáles son las empresas y sectores de los que el gobierno quiere salir y cuáles son los que despiertan más interés para el capital privado?

¿Mientras el ingreso petrolero se mantenga bajo y las sanciones no se levanten, la apertura y liberalización económica se profundizarán? ¿Además del levantamiento de los controles de cambio y de precios, desregulación, dolarización y privatización, cómo visualizas la apertura a la inversión extranjera en los próximos años? ¿Habrá mayor participación del capital privado en las empresas mixtas de la Faja Petrolífera y en el Arco Minero? ¿Dónde veremos más inversión privada?  

¿Estamos en presencia de un proceso de chinización de la economía venezolana? ¿Crees que en los próximos años veremos un gobierno que ratifica su carácter socialista pero en la práctica termina de desmontar la política de controles e introduce cambios en el modelo de propiedad estatal? ¿Este proceso de liberalización y privatización puede desembocar en una economía gobernada por los mecanismos del mercado que coexiste con un sistema político cada vez más autoritario?

Estas preguntas son respondidas por el destacado economista Asdrúbal Oliveros, socio-director de Ecoanalítica, en esta nueva entrega de la serie Diez conversaciones estelares con diez de los mejores economistas de Venezuela. Vea la conversación completa aquí:

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La desconfianza sembrada en el voto perjudica a partidos que regresan a la ruta electoral, por Víctor Álvarez R.
¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil organizada para recuperar la confianza en el poder electoral, en la institución del voto y en la ruta electoral para superar el conflicto venezolano? Conversa con Mibelis Acevedo

 

@victoralvarezr

En las megaelecciones del 21-N se elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldes, 250 diputados regionales y más de 2400 concejales. Para los candidatos de la oposición, las condiciones electorales son muy desventajosas, pero pueden ser compensadas si se aprovechan las favorables condiciones políticas derivadas del 80 % de rechazo al gobierno y sus candidatos.

Pero la oposición abstencionista sembró en el mapa mental del país la idea de que “en Venezuela se vota pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en la farsa electoral es legitimar la dictadura”. El voto ha perdido valor como instrumento del cambio y esto es funcional y útil gobierno. Si la mayoría descontenta se abstiene, la minoría que vote por el PSUV devendrá en una mayoría.

La fuerza electoral del chavismo viene cayendo, el malestar nacional continúa creciendo, pero la oposición se sigue absteniendo. Para un gobierno que cuenta con solo 20 % de apoyo en las encuestas, la abstención es lo que lo puede poner a ganar. Por eso hará todo lo posible para desestimular que el 80 % de electores descontentos voten y barran con los candidatos oficialistas. Con semejante rechazo, Maduro puede poner en riesgo el control hegemónico del territorio si llega a perder un buen número de gobernaciones y alcaldías.

El régimen no actúa con ingenuidad. Y para controlar el riesgo de ser barrido, seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para desvalorizar el voto, hacer mella en la competitividad de sus adversarios y lograr que sus candidatos ganen la mayor cantidad de cargos con el precario apoyo de 20 % que reciben en las encuestas.

El deterioro de las condiciones electorales ha sido la maniobra del gobierno para provocar la abstención que lo ponga a ganar.

Un gobierno autoritario -que prolonga su esperanza de vida gracias a la abstención- no va a otorgar todas las condiciones electorales que se le exigen. Procurará empañar el proceso electoral para inducir la mayor abstención posible. Por lo tanto, no se pueden esperar condiciones electorales ideales y quienes decidan postularse tienen que prepararse para competir en las peores circunstancias.

Para los diferentes bloques de la oposición, las megaelecciones representan una ventana de oportunidad siempre y cuando acuerden candidaturas unitarias y llamen masivamente a votar. Pero la oposición venezolana está dividida, no hay unidad de criterios ni coherencia en la acción. Un sector subestimó al gobierno de Maduro, sobreestimó el impacto de la presión internacional y se lanzó por la vía insurreccional. Otro sector negoció con el gobierno y ha pagado caro los costos reputacionales de ser considerados como cómplices y alacranes.

Los abstencionistas dijeron que con Maduro solo negociarían su salvoconducto o el color del uniforme en la cárcel donde sería condenado. Y ante el fracaso del mantra del cese de la usurpación finalmente decidieron ir a las megaelecciones del 21-N.

Los partidos políticos están muy cuestionados. Su lucha se enfoca en mejorar las condiciones electorales y restituir sus derechos políticos, más que en los derechos sociales. Las exigencias de los partidos son de mucha relevancia e interés, pero lo son sobre todo para sus aspirantes a cargos públicos y no tanto para una población azotada por la escasez, la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y la inseguridad. La miopía de los partidos de la oposición, los egos hipertrofiados y las ambiciones personales de sus dirigentes impiden capitalizar electoralmente el descontento nacional contra el gobierno y sus candidatos.

¿Es posible acordar candidaturas unitarias entre la Alianza Democrática y la Plataforma Unitaria? ¿O son irreconciliables las contradicciones en la oposición? ¿Aún hay margen para armonizar y sincronizar sus diferentes visiones y dinámicas? ¿Cuál puede ser la contribución de la sociedad civil para propiciar acuerdos políticos que permitan capitalizar electoralmente el malestar nacional?

¿Qué perdió la oposición al no participar en las anteriores elecciones presidenciales, de gobernadores, alcaldes y parlamentarias? ¿En qué condiciones se enfrenta ahora a la maquinaria electoral del PSUV? ¿Cuáles son las lecciones que no puede perder la oposición de cara a los próximos procesos electorales constitucionalmente establecidos?

¿Acaso el deterioro de las condiciones electorales es un pretexto de una oposición dividida que no logra ponerse de acuerdo para presentar candidaturas unitarias y teme ser derrotada por los candidatos oficialistas? ¿Qué hacer para aprovechar las favorables condiciones políticas derivadas del 80 % de rechazo al gobierno?

¿Cómo armonizar la lucha por los derechos políticos y sociales? ¿Es posible resignificar la acción política para que deje de ser un monopolio de los partidos y la sociedad civil organizada asuma un mayor grado de participación y compromiso?

¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil organizada para recuperar la confianza en el poder electoral, en la institución del voto y en la ruta electoral para superar el conflicto venezolano?

¿Cómo evitar que la pérdida del poder se convierta en una cacería de brujas o en una tragedia para el sector que resulte perdedor en un proceso electoral? ¿Cuáles serían los acuerdos básicos entre el gobierno y la oposición para facilitar la alternabilidad en el poder?

Para responder a estas preguntas, en esta nueva entrega de la serie “Diez conversaciones estelares con diez mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano” hemos invitado a Mibelis Acevedo (@mibelis), periodista egresada de UCV, con posgrado en Análisis del Discurso Audiovisual de la UCAB y diplomado en Transiciones Políticas en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB.

Vea la conversación completa en este video:

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Sin renta petrolera gobierno se financia con impuesto inflacionario, por Víctor Álvarez R.
¿Cómo es que opera el impuesto inflacionario, en qué consiste ese mecanismo y cuál es la responsabilidad que tiene el BCV en la hiperinflación?

 

@victoralvarezr

La gente de a pie suele decir que “el producto más caro es el que no se consigue”, que “mucho dinero detrás de pocos bienes dispara los precios” y que “mientras los precios suben por el ascensor, los salarios lo hacen por la escalera”. Con estas expresiones se refieren a la escasez de bienes y servicios, a las desmesuradas emisiones de dinero que cada vez compran menos y a la distribución regresiva del ingreso que sufren debido a la hiperinflación.

El gobierno no recauda suficiente renta petrolera, ISLR, IVA, ni aranceles, no tiene cómo financiar el gasto público. Además, soporta el peso de las empresas públicas de electricidad, agua potable, gas doméstico, telecomunicaciones, metro y otras que no facturan ni siquiera para pagar su nómina. Ante semejante déficit en sus ingresos fiscales, se dice que el gobierno se financia con un impuesto inflacionario.

Permanentemente se le cuestiona al gobierno financiar su déficit con emisión de dinero por parte del BCV, pero aunque el déficit público se financie con el llamado impuesto inflacionario, los ingresos fiscales ordinarios también sufren la voracidad de la hiperinflación, sobre todo porque el ISLR y el IVA se recaudan después de haberse causado y, en ese intervalo, los ingresos del gobierno también pierden poder adquisitivo.

¿Cuáles son las causas estructurales que generan esa escasez que encarece los productos y cuáles son los factores propagadores del alza incesante de los precios?

¿Cómo es que opera el impuesto inflacionario, en qué consiste ese mecanismo y cuál es la responsabilidad que tiene el BCV en la hiperinflación que azota a los hogares, empresas e instituciones?

¿Cómo la hiperinflación influye en la distribución del ingreso, en la desigualdad social y en el empobrecimiento generalizado de la población?

¿Para erradicar el impuesto inflacionario habría que cobrar más ISLR, IVA, aranceles, etc.? ¿Habría que aumentar las tarifas de los servicios públicos? ¿Cuáles son las claves para derrotar la hiperinflación sin que el ajuste castigue a los sectores más vulnerables?

Para responder estas preguntas y conversar sobre las causas estructurales y factores propagadores de la hiperinflación, en esta nueva entrega de la serie Diez conversaciones estelares con diez de los mejores economistas de Venezuela hemos invitado a Sary Levy, economista, con doctorado en Estudios de Desarrollo y maestría en Economía Internacional, profesora titular de la UCV, exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y actual presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela.

Vea la conversación completa en este video:

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Si la oposición no gana megaelecciones sería irresponsable plantear el revocatorio, por Víctor Álvarez R.
¿Hasta dónde es posible avanzar en la restitución de las condiciones electorales? ¿Qué es lo mínimo que los partidos pueden aceptar para poder competir en buena lid en las megaelecciones? Conversa con María Verdeal

 

@victoralvarezr

Para el gobierno, la oposición sigue siendo un rival muy predecible. Sabe que un sector llamará a la oposición y el otro se presentará dividido. Si el 21 de noviembre un gobierno que sufre el 80 % de rechazo de los electores gana la mayoría de las gobernaciones, alcaldías, diputados regionales y concejales, sería una irresponsabilidad plantear el referendo revocatorio.

El factor sorpresa sería que los diferentes sectores de la oposición lograran un acuerdo para presentar candidaturas unitarias y llamar masivamente a votar. Solo así podrán capitalizar electoralmente el 80 % de rechazo al gobierno y sus candidatos.

La causa común de los factores democráticos es recuperar la confianza en la institución del voto, retomar la ruta electoral y no seguir regalando espacios de resistencia y lucha institucional.

La abstención electoral ha demostrado su ineficacia para provocar los cambios políticos que el país exige y, por el contrario, ponen a ganar a los candidatos del gobierno. En las municipales de 2017, la abstención trajo como consecuencia que el PSUV ganara 306 alcaldías de un total de 335. Los partidos opositores que participaron obtuvieron apenas 29 alcaldías. Lo mismo ocurrió con las elecciones de concejos municipales de 2018, en las que el oficialismo ganó el 76 % de los 2459 cargos de concejales.

El deterioro de las condiciones electorales ha sido la maniobra del gobierno para provocar una creciente abstención.

Pero también la falta de garantías ha sido utilizada por la oposición como un pretexto para no participar ante su incapacidad de llegar a acuerdos unitarios y ser derrotada por los candidatos oficialistas. Un gobierno autoritario –que prolonga su esperanza de vida gracias a la abstención– no va a otorgar todas las condiciones electorales que se le exigen. Procurará empañar el proceso electoral para inducir la mayor abstención posible. Pareciera, entonces, que no se pueden esperar condiciones electorales ideales y quienes decidan postularse tendrán que prepararse para competir en condiciones bastante alejadas de los estándares internacionales.

¿Hasta dónde es posible avanzar en la restitución de las condiciones electorales? ¿Qué es lo máximo a lo que los electores sensatamente pueden aspirar y qué es lo mínimo que los partidos pueden aceptar para poder competir en buena lid?

¿Cómo armonizar la lucha por los derechos políticos, sociales y culturales sin que ninguno se imponga sobre otro? ¿Cómo sintonizar el discurso político con las necesidades más sentidas de la gente? ¿Cuáles son las claves de una oferta electoral atractiva que motive y movilice masivamente a los electores?

¿Cuáles son las condiciones y requisitos básicos que deben tener los candidatos de los partidos políticos que aspiren a cargos de elección popular en las megaelecciones del 21 de noviembre?

¿Cómo revertir la desmotivación y desesperanza que causa en los electores tanta división en la oposición? ¿Qué están haciendo los partidos de la oposición para conformar alianzas ganadoras que permitan cambiar esa correlación de fuerzas tan desfavorable? ¿Cuántas de las 23 gobernaciones y 335 alcaldías la oposición se ha planteado puede ganar? ¿Cuáles son las metas que realmente se pueden alcanzar?

¿Cuáles son las lecciones que deja el intento fallido de activar el referendo revocatorio en 2016? ¿Qué aprendió la oposición? ¿Está en condiciones de hacer un nuevo intento? ¿Conviene al interés nacional convocar un revocatorio para adelantar la elección presidencial o es mejor esperar hasta las presidenciales previstas para el 2024?

Estas preguntas son respondidas por María Verdeal, vicepresidenta del MAS, en esta nueva entrega de la serie de “Diez conversaciones estelares con diez mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica a la crisis venezolana”.

Vea la conversación completa aquí

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Sin autonomía del BCV el gobierno seguirá financiándose con el impuesto inflacionario, por Víctor Álvarez R.
¿Cuándo se descarriló el BCV? ¿Cuándo perdió su autonomía? ¿Por qué no fue capaz de defender la estabilidad de la moneda y de los precios? José A. Guerra nos responde estas y otras preguntas sobre las desastrosas consecuencias de la sumisión del BCV al Ejecutivo

 

@victoralvarezr

El Banco Central de Venezuela (BCV) es la institución responsable de velar por la estabilidad monetaria y de precios, asunto que tiene mucho que ver con la preservación del poder adquisitivo de los hogares. Si el BCV falla en preservar la capacidad de compra de la moneda nacional y no logra mantener la estabilidad de los precios, esto se traduce en un deterioro del ingreso familiar y en un empobrecimiento generalizado de la población.

Para que pueda cumplir con éxito su misión, en la Constitución del 99 al BCV se le reconoció su carácter autónomo e independiente de las políticas del gobierno. El artículo 318 establece la autonomía del BCV en el diseño y ejecución de la política monetaria, en la regulación de la moneda, del crédito, las tasas de interés y en la administración de las reservas internacionales, así como su corresponsabilidad junto al Ministerio de Finanzas en el diseño de la política cambiaria. Y en el Artículo 320 de la Constitución se lee claramente que: “En el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”.

Sin embargo, estos mandatos constitucionales quedaron como letra muerta, toda vez que el BCV terminó siendo un órgano totalmente subordinado y funcional a las necesidades de financiamiento del gobierno.

Con frecuencia escuchamos las críticas que se hacen al déficit de las empresas públicas y su financiamiento con desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo que causan la hiperinflación.

A pesar de que la actuación institucional del BCV repercute sobre los ingresos y la prosperidad de las familias, empresas e instituciones, sus políticas y estrategias terminan siendo un tema de expertos, difícil de entender para el ciudadano de a pie. Para explicar y comprender qué fue lo que hicieron con el BCV y por qué esta institución no pudo cumplir con su mandato de preservar la capacidad adquisitiva de la moneda nacional, ni asegurar la estabilidad de los precios, en nuestra serie Diez conversaciones estelares con diez de los mejores economistas de Venezuela hemos invitado a José Guerra, exgerente de Estudios del BCV, diputado y expresidente de la Comisión de Finanzas de la AN electa en 2015 y actual coordinador del Observatorio Venezolano de Finanzas. A José Guerra le preguntamos:

¿Cuáles son las políticas que compete diseñar al BCV y cuáles son los instrumentos que puede utilizar para preservar la fortaleza de la moneda y evitar que los precios se desquicien?

¿Cuándo fue que se descarriló el BCV? ¿Cuándo perdió su autonomía? ¿Por qué no fue capaz de cumplir con su mandato constitucional de defender la estabilidad de la moneda y de los precios?

¿En qué consistió la reforma a la Ley del BCV que impulsó la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional electa en las parlamentarias del 2015 y que fue declarada anticonstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia?

¿Serías partidario de cortar de un solo golpe el financiamiento monetario del déficit fiscal o serías más bien partidario de una reducción gradual de la emisión de dinero para financiar el gasto, sincronizando esta reducción con la reactivación de la economía y la recuperación de los ingresos fiscales? ¿Cómo visualizas esa transición?

¿Cuáles son los pros y contras que José Guerra le ve a la dolarización? ¿Cuáles problemas resuelve y cuáles no? ¿Se estaría metiendo a Venezuela en un callejón sin salida si se opta por una dolarización oficial? ¿O es posible revertir la dolarización una vez que se haya reactivado la economía y el fisco esté percibiendo suficientes ingresos fiscales para financiar el gasto sin recurrir a la emisión monetaria?

Vea y escuche las respuestas en el canal YouTube de #PedagogíaEconómica 

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Partidos políticos descuidaron la formación de su militancia, por Víctor Álvarez R.

Mercedes Malave, presidenta el partido Unión y Progreso. 

La alta abstención también es un reflejo del desencanto de la gente por la baja calidad de la acción política de los partidos de la  oposición y la falta de formación de su militancia

 

@victoralvarezr

Con 80 % de rechazo al gobierno y sus candidatos, el país descontento tiene la oportunidad de ganar la mayoría de gobernaciones y alcaldías en las megaelecciones del 21-N. Postular candidatos unitarios que generen confianza y estimulen a votar es una obligación de los partidos políticos que se plantean recuperar la confianza en la institución del voto y retomar la ruta electoral.

Las condiciones electorales deben ofrecer a todos los partidos las mismas oportunidades de participar, sin intervenciones ni ventajismos de ningún tipo. No contribuye a la celebración de unas elecciones competitivas ilegalizar partidos políticos o despojar sus nombres y símbolos para entregárselos a disidentes que siguen el juego del gobierno. Así nadie se anima a votar por ellos.

Pero la alta abstención también es un reflejo del desencanto de la gente por la baja calidad de la acción política de los partidos. El electorado se desmotiva cuando ve a dirigentes y líderes políticos enfrascados en una sarta de insultos y acusaciones que, de ser verdad, los descalifican e invalidan para asumir cargos públicos de elección popular.

Desde la oposición se cuestiona la reelección indefinida, pero vemos que muchas organizaciones políticas tienen desde hace años el mismo presidente, el mismo secretario general, la misma dirección.

Parecen atornillados a sus cargos y así se le cierra el paso a nuevas generaciones de dirigentes. La falta de democracia interna en los partidos suele ser uno de los detonantes de esos conflictos internos que sirven de pretexto al gobierno y al TSJ para intervenirlos.

En los partidos de la oposición pareciera que la unidad no es un objetivo prioritario ni viable. Convencido de que a mayor cantidad de tarjetas en el tarjetón mayor será la confusión del elector, el gobierno exacerba su división al aprobar tarjetas a varios partidos. El oficialismo no le teme a la tarjeta de la MUD porque sin unidad es un partido más. Su reactivación, incluso, agravará las contradicciones internas de la oposición.

Con tantos partidos, si estos no pactan candidaturas unitarias, el voto opositor se dispersará. Aun si el gobierno acepta mejorar las condiciones electorales, si los partidos de la oposición van divididos y no presentan buenos candidatos a la mayoría de las 23 gobernaciones, 335 alcaldías, 250 diputados regionales y 2400 concejales, será muy difícil vencer la abstención. Y esto favorecerá a los candidatos del gobierno que ganarán con apenas el 20 % de los votantes.

Para analizar las condiciones electorales y la situación interna de los partidos políticos, invitamos a Mercedes Malavé a nuestra serie “Diez conversaciones estelares con diez mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica a la crisis venezolana”. Nuestra interlocutora es comunicadora social, con doctorado en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Además es directora de formación del IFEDEC y presidenta del partido Unión y Progreso.

Vea la conversación completa con Mercedes Malavé en este video:

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Sin reformas económicas la reconversión monetaria se agotará pronto, por Víctor Álvarez R.
Para que una reconversión monetaria perdure en el tiempo hay que erradicar las causas estructurales y factores propagadores de la hiperinflación

 

@victoralvarezr

Ha comenzado la tercera temporada de la serie Reconversiones monetarias en Venezuela. La primera fue en 2008 cuando se le quitaron 3 ceros a la moneda nacional, la segunda en 2018 con 5 ceros menos y en la tercera temporada del 2021 se le quitan nuevamente 6 ceros, para un total de 14 ceros menos.

Este círculo vicioso de quitarle ceros a la moneda nacional, agregárselos otra vez para finalmente volvérselos a quitar se repetirá cada vez con más frecuencia si no se erradican las causas estructurales y los factores propagadores de la hiperinflación que disuelve el poder de compra de los billetes y los deja inservibles al cabo de unos meses.

Las causas estructurales tienen que ver con la contracción del tamaño de la economía en aproximadamente 80 % en los últimos 7 años, lo cual genera una recurrente escasez de los bienes y servicios necesarios para la vida. Tengamos en cuenta que el producto más caro es el que no se consigue.

Los factores propagadores están asociados a la forma como se financia el déficit de las empresas públicas de electricidad, agua potable, gas doméstico, telecomunicaciones, metro, etc. Estas empresas públicas no facturan ni siquiera para pagar su nómina y reciben constantes transferencias del BCV. Un gobierno que no recauda suficiente impuesto sobre la renta, ni IVA, ni aranceles, ni regalías debido a la contracción económica y al colapso de la industria petrolera se financia, entonces, con el impuesto inflacionario que se deriva de las desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo que realiza el BCV. Ya sabemos que mucho dinero detrás de pocos bienes dispara los precios.

Para que una reconversión monetaria perdure en el tiempo hay que erradicar las causas estructurales y factores propagadores de la hiperinflación. Para esto es necesario un programa de reformas económicas bien diseñado, con las medidas correctas, aplicadas en un orden lógico, a la velocidad adecuada y muy bien explicadas a los diferentes sectores del país. Solo así se podrá reactivar la economía y abatir la hiperinflación que azota a los hogares, empresas e instituciones y rápidamente deja inservibles los nuevos billetes que se ponen en circulación en cada reconversión monetaria.

Escuche el análisis completo en el nuevo pódcast de #PedagogíaEconómica, episodio llamado Comenzó la tercera temporada de «Reconversiones monetarias en Venezuela« .  

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De la vía insurreccional a la ruta electoral, por Víctor Álvarez R.

Foto: detalle de la portada del libro La ruta es electoral, de Víctor Álvarez

La abstención y la falta de estrategia opositora facilitan el triunfo de los candidatos oficialistas, que a lo sumo mueven el 25 % de los votantes. El camino es la ruta electoral

 

@victoralvarezr

En las megaelecciones del 21 de noviembre, los venezolanos tendremos la oportunidad de elegir a 23 gobernaciones, 335 alcaldes, 250 diputados regionales y más de 2400 concejales. Ello nos permitirá renovar y legitimar el liderazgo del país descontento de abajo hacia arriba, y no por la imposición de cúpulas partidistas alejadas del clamor nacional o por la presión internacional.

Ciertamente, en Venezuela las condiciones electorales no son las mejores y ofrecen una clara ventaja a los candidatos del gobierno. Las condiciones electorales deben ofrecer a todos los competidores las mismas oportunidades de ganar o perder, sin ventajismos de ningún tipo. Implica imparcialidad de los medios de comunicación públicos, no utilización de recursos del Estado a favor de una parcialidad política, regulación de las campañas electorales, fiscalización del origen de los gastos y observación internacional.

Sin embargo, en el país se despliega una permanente persecución, encarcelamiento y exilio forzoso de líderes de la oposición; se abusa de la inhabilitación política para sacar de la contienda a candidatos ganadores; se ilegalizan partidos políticos o se les despoja de los nombres y símbolos para entregárselos a disidentes que le hacen el juego al gobierno.

Las favorables condiciones políticas son más decisivas

Ahora bien, dejando claro que en el país las condiciones electorales son muy desventajosas, estas no anulan la enorme ventaja que otorgan a los candidatos del país opositor las favorables condiciones políticas derivadas del 80 % de rechazo a los candidatos del gobierno. Lamentablemente, la abstención y la división entre los partidos de la oposición que no se ponen de acuerdo para presentar candidaturas unitarias facilitan el triunfo de los candidatos oficialistas, que a lo sumo mueven el 25 % de los votantes.

Las ventajosas condiciones políticas pueden ser más decisivas que las desventajosas condiciones electorales, siempre y cuando se haga el trabajo de organización política para capitalizar electoralmente este enorme descontento. Pero los abstencionistas –en vez de sudar la camiseta y gastar la suela recorriendo el país para movilizar electoralmente a la ciudadanía que quiere un cambio de gobierno–, siguen esperando que su ascenso al poder sea el resultado del endurecimiento de las sanciones y de una mayor presión internacional.

No celebran primarias para elegir los candidatos unitarios, no organizan su maquinaria electoral, no preparan los testigos que defenderán los votos, no articulan una fuerza de propaganda que promueva los candidatos. Siguen desconectados del sentir nacional y, en vez de ofrecer al país opositor opciones de organización política, deciden abstenerse. Así allanan el camino para que el oficialismo gane y se prolongue en el poder.

De hecho, el atajo de la vía violenta e insurreccional que apostó a profundizar la crisis con la expectativa de llevar al extremo el malestar nacional y provocar un estallido popular terminó siendo el camino más largo e ineficaz para provocar un cambio político. Y está totalmente agotada. La apuesta al todo o nada, al ganador se lo lleva todo, al exterminio del contrario tiene que ser sustituida por el diálogo, la negociación política, el entendimiento, el reencuentro y la reconciliación nacional, sin impunidad.

¿Conviene adelantar la elección presidencial?

Al abandonar el camino de la abstención y retomar la ruta electoral, el país descontento puede capitalizar el enorme rechazo al gobierno y sus candidatos, ganar el mayor número de gobernaciones y alcaldías y convertirlas en una plataforma de resistencia y lucha institucional para solicitar el referendo revocatorio como la única vía constitucional para adelantar la elección presidencial.

Es necesario advertir que la obsesión por adelantar las presidenciales no garantiza que se supere la crisis de gobernabilidad que sufre Venezuela. Por el contrario, se puede revertir en contra del candidato opositor que resulte ganador. El nuevo gobierno recibirá un país en ruinas, difícil de gobernar. Tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar el financiamiento con dinero inflacionario tendría que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, lo cual no sería bien recibido en un país exhausto, largamente castigado por una prolongada escasez y voraz hiperinflación.

A las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y un costo político que termina dando al traste con los gobiernos que las aplican.

Los sectores más vulnerables reaccionan cuando se recarga sobre sus bolsillos el costo del ajuste. El creciente descontento social aborta las reformas económicas y desemboca en el reemplazo del gobierno que las impulsó. Miremos lo que le pasó a Macri en Argentina y a Lenin Moreno en Ecuador; y veamos la ola de conflictos sociales que desencadenó en Colombia la reforma tributaria que intentó Duque.

La lección está clara: los problemas económicos heredados después de largos períodos de gobiernos populistas no pueden corregirse cargando el costo del ajuste sobre la población más vulnerable. El creciente descontento terminará restaurando al viejo orden que ya se creía definitivamente superado. La viabilidad económica de una transición política en Venezuela, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de estos países. En respuesta al impacto antipopular de las medidas de ajuste, el chavismo en la oposición sería implacable y desataría una ola de protestas que harían tambalear al nuevo gobierno. Y en un país de memoria corta, en las próximas elecciones podría ser llevado nuevamente a gobernar.

La viabilidad y conveniencia de un Gobierno de coalición

A la luz de lo anteriormente expuesto, en Venezuela se puede producir un cambio en el mando político sin que esto garantice que el país no seguirá hundido en una crisis de gobernabilidad. Para crear las condiciones que faciliten la transición política y económica, lo mejor es pactar un Gobierno de coalición que se encargue de hacer el “trabajo sucio” de aplicar las medidas de ajuste económico.

La viabilidad económica de la transición política tiene que construirse antes del cambio de mando como resultado de un acuerdo entre las fuerzas políticas en pugna. La transición no tiene que ser primero política para que luego esta impulse la económica. El proceso se puede dar al revés, puede ocurrir primero una transición económica que desemboque finalmente en una transición política.

La mediación internacional puede contribuir al entendimiento de las élites políticas en pugna. En vez de apostar al endurecimiento de las sanciones para obligar a Maduro a adelantar la elección presidencial, la mediación internacional puede contribuir al logro de una solución política y pacífica a la crisis venezolana al hacer una oferta creíble al oficialismo y oposición de sustituir las sanciones por incentivos económicos a cambio de la conformación de un Gobierno de coalición. Este tendría la misión de llevar a cabo las reformas económicas, reinstitucionalizar los poderes públicos y desarmar a los colectivos para luego convocar las presidenciales. Así, quien resulte ganador recibirá una economía saneada y un país reinstitucionalizado y pacificado que se pueda gobernar.

Las alternativas para lograr una solución electoral y pacífica a la crisis venezolana y para convertir en una fuerza de cambio el malestar nacional las analizo en mi más reciente libro La ruta es electoral, los interesados en leerlo pueden descargarlo sin costo alguno en este enlace: https://t.co/7fssGCRRNw

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