Víctor Álvarez R., autor en Runrun

Víctor Álvarez R.

Lo feo de las megaelecciones del 21-N (3/3), por Víctor Álvarez R.
Para mantener la hegemonía del chavismo, el régimen necesita desacreditar el proceso electoral y para esto la decisión del TSJ sobre Barinas le resulta funcional

 

@victoralvarezr

En este último artículo del tríptico Lo bueno, lo malo y lo feo de las megaelecciones del 21-N nos referiremos a la sentencia de la Sala Electoral del TSJ mediante la cual suspende los procesos de totalización de actas, adjudicación y proclamación del candidato a gobernador en Barinas y ordena al CNE repetir las elecciones. Muy fea esta intromisión del poder judicial que interrumpe el proceso de reconteo de los votos que estaba llevando a cabo la Junta Nacional Electoral. El CNE, que recuperó confianza y credibilidad, ahora queda nuevamente expuesto ante la opinión pública nacional e internacional. ¿Cómo queda entonces la autonomía e independencia del poder electoral frente a los demás poderes públicos?

La Contraloría sigue siendo un instrumento para inhabilitar a los candidatos ganadores de la oposición y pasar por encima de la voluntad de la soberanía nacional expresada a través del voto.

Una vez más la intervención de la Sala Electoral del TSJ desplaza al CNE para dirimir una controversia electoral.

Esta decisión le termina dando la razón a quienes cuestionan que en Venezuela no hay Estado de derecho ni respeto al principio de la separación de poderes.

No hay contrapesos que limiten el abuso de poder a favor de una parcialidad política empeñada en aferrarse al poder a pesar de ser rechazada por la mayoría del país. Y peor aun, una decisión que permite que un estado del país sea tratado como un feudo propiedad de una familia y su partido por el simbolismo que tiene para el gobierno perder las elecciones nada más y nada menos que en la cuna de Chávez. 

El TSJ desconoce el decreto presidencial a través del cual se concedieron 110 indultos a ciudadanos como parte de los acuerdos políticos entre el gobierno y la oposición, entre los que se encontraba precisamente Freddy Superlano, el candidato opositor que resultó ganador. Si bien este estuvo inhabilitado, se le concedió indulto mediante decreto presidencial No 4277, publicado en la Gaceta Oficial No 6559 Extraordinario (31-08-2020).

¿Cuál es la inhabilitación de la Contraloría en la que se basa la Sala Electoral del TSJ para desconocer la voluntad de los electores en Barinas? ¿Por qué la Contraloría no lo hizo antes del 21-N?  ¿Por qué el CNE autorizó la inscripción de una candidatura que supuestamente estaba inhabilitada? Y ¿por qué el TSJ no lo advirtió oportunamente y solo actuó después de conocerse el resultado? ¿Qué explica que esta y otras candidaturas que ahora resultan inhabilitadas no hayan sido objetadas tal y como ocurrió con los 27 candidatos que no pudieron participar, entre ellos 14 del PCV?

¿Por qué solo se repiten las elecciones únicamente en el estado donde un candidato supuestamente inhabilitado resultó ganador y no en los demás estados donde participaron candidatos que a posteriori resultaron inhabilitados? En los estados donde participaron candidatos inhabilitados que restaron votos a la candidatura de la oposición, que pudo haber resultado ganadora, esto se interpreta como una maniobra del gobierno para distorsionar la expresión de la soberanía popular. A raíz de la decisión del TSJ en Barinas, los derrotados plantean repetir los comicios sin candidaturas fraudulentas que dividan el caudal electoral del país descontento.

El gobierno ganó la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, pero la sumatoria de los votos dispersos que obtuvieron las oposiciones a lo largo y ancho del territorio nacional es mayor que la que obtuvo el oficialismo.

Esto quiere decir que el régimen no tiene la mayoría del voto popular y por lo tanto puede derrotarlo una oposición unida que consolide y capitalice electoralmente la mayoritaria votación que obtuvo en torno a una candidatura única y unitaria.

En esas circunstancias, ni el gobierno ni el PSUV están dispuestos a correr el riesgo de que se desate una euforia electoral triunfalista, toda vez que sería barrido en un eventual referendo revocatorio o en la próxima elección presidencial. Tiene que maniobrar y desconocer la voluntad de los electores para seguir dándole fuerza a la idea de que “en Venezuela se vota, pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en las elecciones es convalidar la farsa electoral del régimen”.

Para sobrevivir a la debacle electoral que pone en peligro la hegemonía del chavismo, el régimen necesita desacreditar el proceso electoral y para esto la decisión del TSJ le resulta totalmente funcional, toda vez que remueve en el imaginario electoral la idea de que en Venezuela no hay un poder electoral autónomo e independiente.

En Barinas queda en entredicho la voluntad y compromiso del gobierno en avanzar hacia una solución política y pactada del conflicto venezolano. Con esta arbitrariedad se empaña lo bueno que se había logrado para recuperar la confianza en la institución del voto y retomar la ruta electoral.

Los ánimos están caldeados. El desconocimiento de la voluntad de los electores puede ser el detonante de protestas muy legítimas y esto puede dar lugar a una confrontación violenta entre civiles, cuestión que nos alejaría de una solución democrática, electoral y pacífica del conflicto venezolano y revitalizaría los desvaríos de promover una intervención extranjera que le ponga fin a la crisis.

Se impone recuperar la credibilidad en el proceso político venezolano. Las oposiciones tienen por delante el reto de acordar el mecanismo para elegir a un candidato único y unitario que permita capitalizar electoralmente la mayoría de los electores descontentos con el gobierno en las elecciones convocadas para el 9 de enero en Barinas.

¿Serán las oposiciones capaces de convertir este despojo en una victoria mucho más clara y contundente?

¿Estará el liderazgo opositor a la altura de este desafío histórico o con su división seguirá haciéndole el juego al gobierno? ¿Dejará a un lado sus proyectos particulares, ambiciones personales, egos desmesurados y viejos rencores para presentar una candidatura unitaria con la que se identifique el elector descontento y opositor? Eso está por verse.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Lo malo de las megaelecciones del 21-N (2/3), por Víctor Álvarez R.
Balance de los problemas que empañaron la jornada electoral

 

@victoralvarezr

Continuando con el tríptico sobre lo bueno, lo malo y lo feo de las megaelecciones del 21-N, hoy vamos a presentar un balance de los problemas que empañaron la jornada electoral y que plantean una hoja de ruta sobre las condiciones y garantías electorales que hay que mejorar para lograr que en Venezuela los procesos electorales se realicen a la altura de los estándares internacionales. Entre los problemas pendientes se destacan los siguientes:

Inhabilitación de candidatos

La Contraloría General −mediante un procedimiento administrativo−, inhabilitó a opositores con opción de ganar y conculcó así sus derechos políticos. Forzado por este tipo de inhabilitaciones, el CNE rechazó 27 candidaturas; entre ellas, 14 afectaron al Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Decisiones sesgadas del Tribunal Supremo de Justicia

La judicialización de los conflictos internos dio lugar a la intervención de los principales partidos de la oposición mediante la sustitución de sus autoridades y la entrega de sus tarjetas electorales a facciones rivales internas que pactan con el gobierno. Esto afectó la igualdad de condiciones, imparcialidad y transparencia de la contienda.

Ausentismo de miembros de juntas y mesas electorales

En pleno proceso electoral hubo que sustituir a muchos miembros que no se presentaron. El 54 % de los miembros de las mesas observadas correspondió a miembros originalmente elegidos por sorteo, mientras que en el otro 46 % fueron suplentes.

Uso de recursos públicos

Circularon audios por las redes sociales en los que candidatos oficialistas reclamaban a los jefes de instituciones movilizar las nóminas y llevarlas a votar. Se observó el uso de vehículos oficiales con estos fines, así como la participación de funcionarios en actos de campaña, distribución de bolsas de alimentos, bombonas de gas, plantas eléctricas, bombas de agua y operativos de vacunación con fines de campaña electoral.

Parcialidad de los medios de comunicación

La cobertura fue favorable a los candidatos del gobierno en la televisión estatal y emisoras de radio. Más de la mitad de todas las menciones y apariciones de candidatos en los medios públicos fue a favor de los candidatos oficialistas.

Pocas actividades de formación electoral

En un país que venía de tres procesos electorales en los que un importante sector de la oposición llamó a la abstención y desacreditó la institución del voto, faltó una campaña informativa y formativa más intensa y eficaz para convencer al elector de que su voto es secreto y no puede ser alterado. La opción del voto cruzado no se explicó bien.

Retraso en instalación y cierre de las mesas

En la apertura se debió principalmente a la falta de miembros de mesa y a una mala organización; la mitad de los miembros de las mesas observadas eran sustitutos. Los retrasos en el cierre son atribuidos a la operación remate que lleva a cabo el oficialismo cuando sus estimaciones lo dan como perdedor y procede a desplegar su poderosa maquinaria electoral para movilizar a última hora a los electores rezagados.

En su gran mayoría, los resultados del escrutinio se transmitieron de forma electrónica. Las auditorías ya habían comprobado previamente que el Sistema Automatizado de Votación funciona de manera segura y correcta y que cuenta bien los votos. En casi totalidad de las mesas observadas se hizo entrega de copia del acta de escrutinio a los testigos presentes.

La jornada transcurrió de manera pacífica, con apenas algunos incidentes aislados. Al cierre de mesas, escrutinio y auditoría final, en la inmensa mayoría de los estados y municipios no se denunciaron irregularidades, reclamos ni impugnaciones por inconsistencias en los resultados ni denuncias de fraude.

Aunque todavía queda mucho por hacer para lograr unas condiciones electorales a tono con los estándares internacionales, los avances logrados no deben subestimarse, toda vez que contribuyen a recuperar la confianza en la institución del voto y a retomar la ruta electoral para alcanzar una solución democrática y pacífica a la crisis venezolana.

En el próximo y último artículo del tríptico Lo bueno, lo malo y lo feo de las megaelecciones del 21-N nos enfocaremos en analizar a qué responde la maniobra del gobierno de desconocer la voluntad de los electores en el estado Barinas para volver a convocar la elección del gobernador. ¿Se unirá la oposición? ¿Le saldrá al gobierno el tiro por la culata? ¿Ante semejante despojo irá la ciudadanía descontenta a votar? ¿Error del gobierno o jugada fríamente calculada? Lo analizaremos en nuestro próximo artículo. Hasta entonces.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Lo bueno de las megaelecciones del 21-N (1/3), por Víctor Álvarez R.
Con este artículo comenzamos el tríptico Lo bueno, lo malo y lo feo de las megaelecciones del 21-N

 

@victoralvarezr

Estos comicios se llevaron a cabo en condiciones muy difíciles. No solo por la falta de independencia de los poderes públicos, inhabilitaciones políticas, intervenciones judiciales de partidos, ventajismo oficialista y deterioro general de las condiciones electorales, sino también por una larga campaña en la que los partidos más importantes de la oposición repitieron una y otra vez que “en Venezuela se vota pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en las megaelecciones es convalidar la farsa electoral del régimen”, y desacreditaron al voto, al árbitro electoral y a la propia la ruta electoral.

La designación de un nuevo CNE que se propuso llevar a cabo un arbitraje institucional estimuló la participación de la oposición abstencionista que no había concurrido a las elecciones parlamentarias, presidenciales y regionales anteriores.

Para tener una idea más clara de lo logrado y aún queda pendiente, compartiremos un balance de lo bueno y lo malo del proceso electoral en general. Nos apoyaremos en la declaración preliminar de la MOE-UE, en el Informe del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) y en la matriz de opinión pública que surgió al calor de los comicios del 21-N.

El nombramiento de un nuevo CNE

Con una representación de rectores más confiables y creíbles para el país descontento y opositor, fue el acuerdo político más importante para estimular la participación electoral de los abstencionistas. Hoy se aprecia un creciente consenso que reconoce al actual CNE como el más equilibrado de los últimos 20 años. Independientemente de la simpatía política de los nuevos rectores, con el fin de recuperar la confianza en la institución del voto y en la ruta electoral, han hecho un gran esfuerzo por llevar a cabo un arbitraje institucional; y la mayoría de las decisiones se han tomado por consenso a través del diálogo interno.

Actualización del Registro Electoral

La participación en las jornadas de actualización del registro electoral fue alta en comparación con elecciones anteriores. El CNE contabilizó 394.242 nuevos votantes y 1.024.367 cambios de dirección. El registro electoral definitivo quedó con 21.267.813 votantes.

Realización de auditorías

La última auditoría integral fue en 2005. El cronograma electoral de la CNE incluyó 16 auditorías de diferentes etapas del proceso electoral, desde el registro electoral y el sistema automatizado de votación, hasta la configuración de las máquinas de votación antes de su traslado a los estados.

Fiabilidad de las máquinas de votación

A contrapelo de las leyendas urbanas que difunden la idea de que el sistema automatizado no protege el secreto del voto y que el oficialismo puede alterar la elección de los votantes, expertos de universidades venezolanas realizaron una auditoría exhaustiva del sistema automatizado de votación que incluyó las máquinas de votación, el sistema de totalización, el hardware y dispositivo de identificación biométrica y la base de datos de huellas dactilares. La evaluación de los expertos fue positiva y su informe final declaró que el sistema presentaba suficientes garantías para proteger la integridad y el secreto del voto.

Capacitación de miembros de mesa

50.756 miembros de mesas seleccionados por sorteo público recibieron formación. Otros 43.516 participaron de forma voluntaria. El CNE formó más de 90.000 miembros de mesa, suficiente para las 30.106 mesas que se instalarían a lo largo y ancho del territorio nacional.

Designación de testigos electorales

Los partidos políticos atendieron al llamado de designar y capacitar sus testigos electorales. En la mayoría de las mesas las corrientes más importantes del gobierno y la oposición tenían representantes para observar el proceso y defender sus votos.

Instalación oportuna de las máquinas de votación

El traslado de las 30.106 máquinas distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional exigió un complejo proceso logístico. Con dos días de anticipación se instaló el 99 % de las máquinas en los centros de votación.

Una campaña electoral cívica y en paz

En cualquier país del mundo, las campañas electorales suelen ser eventos en los que se desatan muchas emociones y pasiones humanas. La campaña electoral fue bastante corta y se desarrolló en un ambiente tranquilo, sin mayores incidentes ni situaciones que lamentar.

Votación y transmisión sin novedad

Las máquinas transmitieron los resultados sin problemas y en las mesas donde no se pudo transmitir, en la mayoría de los casos los miembros de mesa actuaron según el procedimiento establecido. El recuento de los comprobantes de papel también se consideró bueno.

En el próximo artículo haremos un balance de los problemas que empañaron la jornada electoral y que plantean una hoja de ruta sobre los asuntos pendientes que es necesario corregir y mejorar para lograr que en Venezuela se realicen elecciones a tono con los estándares internacionales. Hasta entonces.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

¿Dónde hubo abstención: en Chile o en Venezuela?, por Víctor Álvarez R.
La dirigencia opositora es la responsable de que el oficialismo consolidara su hegemonía territorial y dejara una oposición dividida, derrotada y desmoralizada

 

@victoralvarezr

Las elecciones regionales generan muy poco interés. Son los comicios que registran menor participación en comparación con las parlamentarias y presidenciales. Sin embargo, en las megaelecciones del 21-N votaron 2,5 millones más de electores que en las parlamentarias de 2020. La abstención en los comicios regionales fue de 58 % mientras que en las presidenciales de Chile −que se supone convocan más y celebraron el mismo día que las megaelecciones de Venezuela−, la abstención fue de 53 %. ¿Entonces dónde hubo abstención?

Lograr una participación de 42 %, no muy lejos del 47 % que votó en las presidenciales de Chile, es una señal muy importante en un país que viene de escuchar insistentes llamados a la abstención. Han sido cinco años en los que los partidos más importantes de la oposición repitieron una y otra vez que “en Venezuela se vota, pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en las megaelecciones es convalidar la farsa electoral del régimen”. Desacreditaron la institución del voto, al árbitro electoral y a la propia la ruta electoral. Por si fuera poco, se postularon muchos candidatos mediocres e impresentables que se dedicaron a atacarse y descalificarse entre ellos mismos, desestimulando al elector.

Una oposición dividida y debilitada −a pesar de competir con los candidatos de un gobierno rechazado por el 80 % de la gente−, no logró los resultados que el país descontento esperaba. Pero no hay ninguna sorpresa. Se sabía que el gobierno ganaría la mayoría de los cargos. Sus candidatos obtuvieron 20 de las 23 gobernaciones y 205 de 335 alcaldías. Este resultado es responsabilidad de la dirigencia opositora, no del CNE ni del gobierno. El oficialismo consolidó su hegemonía territorial y dejó una oposición dividida, derrotada y desmoralizada.

Si bien es cierto que la abstención del 58 % favoreció al PSUV, toda vez que sus candidatos habrían sido barridos si el país descontento hubiese ido a votar masivamente por candidaturas unitarias, la dispersión del voto opositor fue lo que realmente sentenció el triunfo de los candidatos del gobierno. Al revisar los números se comprueba que −en al menos catorce estados− al candidato de la oposición que llegó de segundo le hicieron falta los votos del opositor que llegó de tercero para poder llegar de primero y ser proclamado gobernador.

Los principales partidos de la oposición tenían la posibilidad de empezar a construir una alternativa al chavismo desde las alcaldías y gobernaciones, de cara a las elecciones presidenciales de 2024, pero no lo hicieron. Querían ganar gobernaciones y alcaldías pero postularon varios candidatos para el mismo cargo. Se impusieron sus ambiciones personales por ser gobernador, alcalde, diputado o concejal y subordinaron el interés nacional.

Con candidaturas unitarias y el mismo porcentaje de participación, un candidato único y unitario de la oposición habría doblado la votación del candidato del gobierno en cada estado y municipio.

Por lo tanto, la principal causa de la derrota de la oposición no fue la abstención sino la división del caudal electoral del país descontento y opositor.

Cinco años llamando a la abstención causaron mucho daño a una oposición conformada por micropartidos nacionales y regionales que −al abstenerse de participar en las pasadas elecciones presidenciales, de gobernadores, alcaldes y diputados−, descuidaron el fortalecimiento de sus estructuras organizativas y no tuvieron con qué enfrentar la poderosa maquinaria electoral oficialista que corre con ventaja al poner a su favor los medios públicos.

La abstención de 58 % les habló duro a las élites políticas. La gente no se sintió estimulada a votar por unos candidatos que no interpretan bien las necesidades de la ciudadanía. Hay una abstención que no responde al voto castigo, sino al alto porcentaje de electores que sencillamente no se sienten convocados por una diatriba política que no da respuestas a su clamor.

A la Venezuela a la que no llegan los subsidios del gobierno ni ningún dirigente opositor, a esa Venezuela olvidada por los políticos también se le ha olvidado la política. Esa Venezuela desgastada y exhausta en la lucha por su sobrevivencia fue la que no salió a votar. Paradójicamente, ese país decepcionado con una mala práctica política es el caldo de cultivo para la emergencia de una nueva propuesta que los interprete, entusiasme y movilice. Quienes no votaron volverán a la política si una nueva generación de líderes nace de sus entrañas e interpreta su sentir.

Revertir el daño a la institución del voto y retomar la ruta electoral es un proceso que apenas comienza. En adelante se impone acumular fuerzas y complementar capacidades y recursos entre el nuevo liderazgo político emergente, los movimientos sociales y las expresiones de la sociedad civil organizada. Cada evento electoral constitucionalmente programado será una oportunidad para organizar y movilizar políticamente a la sociedad, y seguir avanzando hacia una solución democrática, electoral y pacífica del conflicto venezolano.

Escuche en análisis completo aquí: https://n9.cl/uyxh6

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Oposición no tiene nada que ofrecer para facilitar transición democrática, por Víctor Álvarez R.
Cuáles serían las consecuencias para la Plataforma Unitaria y Guaidó de una eventual debacle en las megaelecciones del #21-N? Conversa con Margarita López Maya

 

@victoralvarezr

Entre 2014 y 2021 se cuentan al menos cinco intentos de diálogo y negociación entre gobierno y oposición: Conferencia Nacional por la Paz (2014), Mesa de Diálogo Nacional (2016), Mesa de Diálogo en la República Dominicana (2017-2018), Conversaciones de Oslo-Barbados (2019) y la Mesa de Negociación en México (2021).

Para el gobierno, el diálogo ha sido una maniobra de contención del conflicto que le ha permitido ganar tiempo y debilitar las ofensivas de sus opositores.

Los costos políticos de cada intento fallido de diálogo los ha pagado sobre todo el liderazgo de la oposición que es visto por los más tolerantes como un actor ingenuo, mientras que los más intransigentes y extremistas lo ven como cómplice de un gobierno que no parece estar dispuesto a ceder el poder por la vía electoral.

El régimen aprovecha cualquier pretexto para levantarse de la mesa de negociación. Luego de conocerse la extradición de Alex Saab, Maduro acusó a EE. UU. de darle una puñalada mortal a la negociación y dijo: “Nosotros en protesta nos fuimos de México y punto. Después evaluaremos qué va a pasar con estos diálogos. Por ahora estamos indignados, protestando y enfrentando la injusticia. Después veremos…”.

Esta excusa tan rebuscada recrudece las dudas sobre el verdadero compromiso con una solución pactada a la crisis. Si bien Maduro repite que nunca se niega a dialogar, lo hace mientras no se incluyan temas que pudieran precipitar su salida del poder. Ahora bien, si hay tan pocas expectativas de una solución democrática y electoral del conflicto venezolano: ¿Por qué la Plataforma Unitaria vuelve a sentarse con un régimen que utiliza el diálogo para ganar tiempo y atornillarse en el poder? ¿Qué se puede esperar de las negociaciones en México?

En los anteriores procesos de negociación, la inestabilidad de Nicolás Maduro era mayor que ahora. Aun así, nada se pudo lograr para llevarlo a pactar una transición democrática en Venezuela. Ante la división de la oposición, Maduro luce fortalecido, sin la presión de una amenaza interna realmente creíble. Si la continuidad del régimen no se ve amenazada por factores exógenos, nada que arriesgue la permanencia de Maduro en el poder tendrá cabida en la negociación.

¿Qué se pueden esperar, entonces, de las negociaciones en México? ¿Cuáles son las demandas del gobierno y cuáles las de la oposición? ¿Es posible que dos fuerzas tan antagónicas puedan llegar a un pacto? ¿Cómo medir el éxito de las negociaciones en México?

Nicolás Maduro busca el reconocimiento de su legitimidad e instituciones, entre estas la AN cuyo presidente encabeza su equipo de negociadores. También busca el levantamiento de las sanciones para oxigenar las precarias finanzas del régimen. Las sanciones han generado efectos colaterales, pero siguen siendo el mecanismo de presión más importante sobre el gobierno.

¿Para evitar el impacto negativo sobre la economía y la sociedad no sería mejor plantear en México un canje de sanciones por incentivos a cambio de la conformación de gobierno de coalición que saque al país de la crisis? ¿Cuáles serían los incentivos y cuáles las condiciones para hacer posible ese Acuerdo de Salvación Nacional entre el gobierno y la oposición?

Al no lograr candidaturas unitarias, el caudal electoral del país opositor se dispersará y esto facilitará el triunfo del oficialismo. Una barrida del gobierno consolidará su hegemonía territorial y acelerará la disputa por el liderazgo de la oposición. Para proyectar internacionalmente que la única oposición en Venezuela no es la Plataforma Unitaria, el gobierno puede plantear la incorporación de la Alianza Democrática en las negociaciones en México.

¿Cuáles serían las consecuencias para la Plataforma Unitaria y el liderazgo de Guaidó de una eventual debacle en las megaelecciones del 21-N? ¿Crees que el gobierno cederá a la presión de la Alianza Democrática para ser incorporada a las negociaciones en México? ¿Esto es aceptable para la Plataforma Unitaria?

Plataformas de la sociedad civil organizada como Foro Cívico y Diálogo Social han hecho un “llamado a los actores que participan en el mecanismo de negociación a demostrar un compromiso firme, serio y responsable con la vida y la dignidad de todos los venezolanos”. Sin embargo, estas organizaciones no participan directamente en las negociaciones en México.

¿Qué presión eficaz puede ejercer la sociedad civil para incorporarse a la mesa de negociación? ¿Cuál es la gama de acciones cívicas que se pueden desplegar con ese fin? ¿Si fracasa la negociación en México cuáles alternativas le quedan a la sociedad civil para lograr una solución pacífica del conflicto venezolano?

Se menciona el caso de Chile para argumentar que una dictadura sí puede caer con votos y que participar en unas elecciones convocadas por el régimen no implica legitimarlo. Ahora bien, si los partidarios del NO en el plebiscito de Chile hubiesen amenazado a Pinochet diciéndole que lo único que negociarían con él sería el salvoconducto que lo sacaría al exilio o el color del uniforme de la cárcel donde pagaría su condena, seguramente el dictador habría gobernado hasta su muerte. Para hacer posible la transición democrática, sus adversarios aceptaron que Pinochet continuara como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y pactaron su inmunidad al reconocerlo como senador vitalicio.

¿Cuáles incentivos se pueden ofrecer al régimen de Maduro para que facilite una transición democrática?

¿Cómo hacer para que una solución electoral al conflicto venezolano no se convierta en una cacería de brujas, en una tragedia para quien resulte perdedor?

Para abordar estos temas y responder a estas preguntas, en esta nueva entrega de la serie Diez conversaciones estelares con diez mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano hemos invitado a Margarita López Maya (@mlopezmaya), historiadora, con doctorado en Ciencias Sociales, articulista, ensayista, escritora y una larga carrera como investigadora y académica a través de la cual ha hecho importantísimos aportes al estudio, comprensión y transformación de nuestra realidad.

Vea la conversación completa aquí

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Inversión privada es necesaria para recuperar industria petrolera, por Víctor Álvarez R.
Debido a la destrucción de la industria petrolera y el colapso de la renta, ni el gobierno ni Pdvsa cuentan con recursos para recuperar la extracción de crudo

 

@victoralvarezr

Con la reforma petrolera de 2006 los convenios operativos y asociaciones estratégicas fueron convertidos en empresas mixtas en las que el Estado debía tener la mayoría accionaria del al menos el 51 %. Eran los años del boom de los precios del petróleo y de la arrogancia rentística. El Gobierno y Pdvsa presumían de no necesitar la inversión privada para acometer los proyectos de inversión. Pero ahora la situación es muy distinta.

Debido a la destrucción de la industria petrolera y el colapso de la renta, ni el gobierno ni Pdvsa cuentan con recursos suficientes para recuperar la extracción de petróleo. Esta dura realidad los obliga a abandonar su visión estatista y nacionalista para abrirle paso a la inversión privada nacional y extrajera en la industria petrolera. Pero a esta apertura se le oponen las sanciones financieras y comerciales de EE. UU. contra PDVSA.

Las sanciones financieras impiden al gobierno y Pdvsa gestionar financiamiento externo y las sanciones comerciales prohíben a cualquier empresa estadounidense −o extranjera con negocios en territorio de EE. UU.− el comercio de bienes y servicios con Pdvsa y demás empresas públicas. Para evadir las sanciones, el gobierno recurre a triangulaciones y transacciones secretas con aliados a los cuales concede grandes descuentos para que se arriesguen a colocar en los mercados internacionales la producción de Pdvsa. También les acepta elevados sobreprecios para que sean intermediarios en la compra de los alimentos, medicinas, insumos y equipos que el país necesita. Son empresas de países también sancionados que han desarrollado estrategias para burlar las sanciones y convierten esos vacíos en riesgosos negocios de alto rendimiento.

Las sanciones contra Pdvsa y otras empresas públicas administradas por el gobierno también afectan a las empresas privadas nacionales y extranjeras. Quienes sean descubiertos burlando las sanciones corren el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y hasta encarcelados. El temor a ser considerado cómplice inhibe a clientes y proveedores nacionales e internacionales de mantener sus negocios con las empresas públicas venezolanas. Como suele ser difícil saber si se está llevando a cabo alguna triangulación con una empresa pública a través de un intermediario privado, prefieren no correr el riesgo reputacional y rompen unilateralmente sus relaciones económicas con el país.

¿La retirada de proveedores estadounidenses y europeos está dejando espacios vacíos que son ocupados por nuevos proveedores rusos, chinos, iraníes y turcos? ¿Se está reconfigurando las cadenas de suministro y el mapa de integración de Venezuela en las cadenas de valor internacional? ¿Las sanciones económicas terminarán generando consecuencias geopolíticas que los sancionadores no calcularon?

La Constitución nacional establece que los yacimientos petroleros son propiedad del Estado y que Pdvsa será una empresa 100 % pública. El marco legal vigente permite la inversión privada en la exploración y explotación de los yacimientos, pero impone un límite. Para estimular la inversión privada nacional y extranjera se plantea adecuar el marco legal y el entorno institucional que rige y regula la explotación de los hidrocarburos líquidos y gaseosos en Venezuela.

¿Cuáles son los cambios en el marco constitucional, legal y contractual que es necesario aprobar para ampliar el margen de la inversión privada nacional y extranjera en la industria petrolera? ¿A quién le corresponde diseñar la política petrolera y a quién planificar y administrar las inversiones y negocios de la industria?

La canasta de petróleo venezolana se ha tornado cada vez más pesada y menos rentable. Casi dos tercios de la extracción actual son crudos pesados. Explotar el petróleo extrapesado de la FPO es más costoso que extraer el petróleo ligero del Zulia o Monagas. Pero el régimen fiscal vigente no toma en cuenta las diferencias entre los yacimientos. Para compensar los mayores costos e inversiones en la FPO se argumenta la conveniencia de ofrecer incentivos fiscales a los inversionistas; estos luego serían recuperados por el Estado a medida que mejore la rentabilidad de los proyectos de inversión.

¿Cuál es el régimen fiscal vigente en la industria petrolera y qué cambios deberían aprobarse para incentivar la inversión privada nacional y extranjera en la industria petrolera venezolana en general y en FPO en particular? ¿Crees que la FPO ha sido y puede seguir siendo un buen negocio para Venezuela?

Pdvsa le debe a bancos y a fondos de inversión; le debe a China, a sus socios y a proveedores de bienes y servicios. Estos retrasos vienen del año 2013, cuando se registraron reclamos de acreedores, contratistas y proveedores. La reestructuración de la deuda financiera y comercial de Pdvsa es imprescindible para la reinserción de la compañía en los mercados financieros internacionales.

¿A cuánto asciende la deuda externa de Pdvsa? ¿Cuánto corresponde a la deuda financiera y cuánto a la comercial? ¿A quiénes se les debe? ¿Cómo renegociar esa deuda con base en el valor real que reconocen los mercados; y así poder obtener un descuento que alivie el peso del saldo a pagar?

Venezuela está entre los países que cuentan con las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero pareciera que el petróleo tiene los días contados. Los acuerdos para proteger el ambiente, evitar los desastres naturales asociados con el cambio climático, el desarrollo de fuentes alternas de energía, la llegada del carro eléctrico, anticipan un escenario en el que el petróleo perderá importancia.

¿Qué tiempo le queda al petróleo? ¿Qué se puede hacer para que las reservas de Venezuela no se queden en el subsuelo y generen los ingresos que el país necesita para su reconstrucción? ¿Cuánto tiempo llevará levantar la producción a 3 millones de barriles diarios? ¿Qué inversión se requerirá? 

Para responder a estas preguntas, en esta nueva entrega de la serie “Diez conversaciones estelares con diez de los mejores economistas de Venezuela” hemos invitado a Luis Oliveros @luisoliveros13, especialista en Política y Comercio Petrolero y profesor de Economía Petrolera en la Universidad Metropolitana.

Escuche la conversación completa aquí:

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El diálogo social ha de modelar el diálogo político, por Víctor Álvarez R.
¿Qué es el diálogo social?, ¿en qué se parece y en qué se diferencia del diálogo político?”. Conversa con Mariela Ramírez, activista cofundadora de @Dale_Letra

 

@victoralvarezr

Ante la inercia de los partidos políticos que no decidían si participar o no en las elecciones, diferentes iniciativas de la sociedad civil irrumpieron en la escena política y alcanzaron gran visibilidad y resonancia cuando postularon a 15 venezolanos independientes, con reconocida trayectoria y probada solvencia ética para ser rectores del CNE.

Hoy escuchamos hablar cada vez más del Foro Cívico Nacional, del diálogo social y de otras iniciativas que llaman a los ciudadanos a organizarse y luchar por la defensa de sus derechos. Estas iniciativas no están en contra de los partidos políticos ni son militantes de la antipolítica; pero sí interpelan y emplazan al gobierno y la oposición para que interpreten el sentir nacional y se conecten con las necesidades de la gente. Promueven el diálogo y la negociación política, hacen llamados para retomar la ruta electoral, luchan por mejorar las condiciones electorales y restaurar la democracia venezolana. Son nuevos actores en el mapa político nacional. En Venezuela el diálogo político se ha desacreditado porque no ha contribuido a superar la crisis que azota al país.

Entre 2014 y 2021 se han llevado a cabo cinco procesos de diálogo y negociación: la Conferencia Nacional por la Paz (2014), la Mesa de Diálogo Nacional (2016-2017), la Mesa de Diálogo en la República Dominicana (2017-2018), las Conversaciones de Oslo-Barbados (2019) y ahora en México se vuelve a retomar el diálogo y la negociación para lograr una solución pactada a la crisis venezolana.

Para resolver el conflicto venezolano se ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa; desde la ruta electoral y pacífica hasta la vía insurreccional y violenta. Unas veces se participa en elecciones, otras se ha decidido la abstención y también se ha intentado la vía insurreccional: las violentas guarimbas, el Cucutazo, el conato de golpe de Estado, la operación Gedeón, la invocación al TIAR son opciones que han ensayado quienes no creen que por la vía electoral es posible lograr un cambio político en Venezuela. 

La oposición abstencionista sembró en el mapa mental del país la idea de que “en Venezuela se vota pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en la farsa electoral es legitimar la dictadura”. El voto ha perdido valor como instrumento de cambio y esto es funcional al gobierno.

Si la mayoría descontenta se abstiene, la minoría oficialista devendrá en mayoría.

“Nada está acordado hasta que todo esté acordado” pareciera ser un principio muy exigente que ha regido las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Se acuerda todo o no se acuerda nada. Esta lógica somete a todo un país castigado por una larga crisis a tener que esperar hasta que las élites políticas se pongan de acuerdo en todos los puntos a negociar.

¿Qué es el Foro Cívico Nacional? ¿Cuándo y cómo nace? ¿Quiénes forman parte de esta iniciativa? ¿Cómo es su estrategia? ¿Cuáles han sido sus acciones de mayor impacto para hacer valer los derechos sociales y políticos de los ciudadanos? ¿Qué nuevos aportes se plantean?

¿Qué es el diálogo social?, ¿en qué se parece y en qué se diferencia del diálogo político? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo puede contribuir el diálogo social para que el diálogo político rinda los frutos que Venezuela espera?

¿Cuál es la vía del Foro Cívico y del Diálogo Social para hacer posible el cambio de mando por el cual se pronuncia el 80 % de los venezolanos que rechaza al actual gobierno?

¿Tiene sentido participar en condiciones electorales tan desventajosas? ¿Cómo se puede reconstruir la confianza en la institución del voto para que la ciudadanía vaya a votar masivamente y se recupere la ruta electoral como la vía más eficaz para resolver nuestros conflictos?

¿Por qué se impone ese principio de nada está acordado hasta que todo esté acordado? ¿Qué sentido tiene jugar al todo o nada? ¿El Foro Cívico estaría a favor de acuerdos parciales que solucionen problemas concretos y coadyuven a crear mayor confianza en el proceso de negociación? ¿Cuáles pudieran ser esos acuerdos parciales entre gobierno y oposición que respondan al interés nacional y no solo al interés de los partidos?

Para hablar sobre estos temas y este interesante proceso, hemos invitado a Mariela Ramírez a esta nueva entrega de Diez conversaciones estelares con diez mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano. Arquitecta, cofundadora de la organización @Dale_Letra, activista del Foro Cívico y promotora del diálogo social, Ramírez es una de las voces más activas de la participación ciudadana en la defensa de los derechos sociales y políticos.

Vea la conversación completa aquí:

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Fondos de pensiones, cajas de ahorros y mercado de valores, por Víctor Álvarez R.
¿Por qué en Venezuela los fondos de pensiones no invierten para garantizar pensiones que permitan vivir dignamente? ¿Qué lo impide? Conversa con Urbi Garay

 

@victoralvarezr

Noruega es un país petrolero con 5 millones de habitantes donde la tasa de natalidad es de apenas 1,95. Demográficamente esto quiere decir que el número de hijos apenas sustituye a los padres. Su población se estanca y tiende a envejecer. Como el pago de las pensiones no podía ser cubierto con las contribuciones a la seguridad social, la necesidad de garantizar una vejez digna pasó a ser una prioridad de la sociedad noruega. En 1990 se creó el Fondo Noruego del Petróleo con el objetivo de hacer inversiones cuyos rendimientos aumentaran el nivel de reservas del sistema de pensiones. En 1995 se hizo la primera transferencia por un monto equivalente a $ 285 millones que fueron invertidos en el exterior en bonos, valores, acciones, etc. Gracias a los sucesivos depósitos y rendimientos de las inversiones, actualmente los activos del Fondo superan los 900.000 millones de dólares, equivalente a $ 200.000 por habitante. Pero esos fondos no se reparten, sino que se invierten. Solamente un porcentaje de los rendimientos puede ser utilizado como complemento del presupuesto nacional, el cual se financia fundamentalmente con los impuestos que pagan los contribuyentes.

En Venezuela, cuando una persona se jubilaba y recibía su liquidación, podía montar un negocio o comprarse una vivienda. Hoy apenas puede comprar un mercado.

Vemos con dolor la situación de los jubilados que reciben pensiones de hambre. En otros países los fondos de pensiones tienen una importante participación accionaria en empresas rentables, inversiones inmobiliarias y bonos para hacer rendir sus fondos y asegurar una jubilación digna.

¿Por qué en Venezuela no es así? ¿Por qué los fondos de pensiones no realizan inversiones para hacer rendir las contribuciones a la seguridad social y garantizar pensiones que permitan vivir dignamente? ¿Qué lo impide?

¿Cómo evitar que se repitan los errores del pasado? ¿Es posible invertir un porcentaje de la renta petrolera para proteger a la economía y la sociedad venezolana de los altibajos de los precios de los crudos? ¿En qué se puede invertir? ¿Qué mecanismos e instituciones habría que crear? 

Sin renta petrolera y ante una banca privada que no tiene capacidad para financiar la reactivación económica, en los fondos de pensiones, cajas de ahorro y mercado de valores subyace un enorme potencial de financiamiento para encarar los retos de la Venezuela posrentista. ¿Qué hacer para lograrlo?

Para hablar sobre las alternativas de financiamiento e inversión en la Venezuela posrentista, en esta nueva entrega de Diez conversaciones estelares con diez de los mejores economistas de Venezuela hemos invitado a Urbi Garay (@urbigaray), economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en Economía Internacional en la Universidad de Yale y doctorado en Finanzas en la Universidad de Massachussets, profesor titular de finanzas del IESA e Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Vea la entrevista completa aquí:

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