Víctor Álvarez R., autor en Runrun

Víctor Álvarez R.

¿En qué consiste la propuesta del gobierno a los bonistas de la deuda externa?, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

En 1998 la deuda externa de Venezuela sumó $ 28.000 millones, $ 23.000 millones eran deuda de la República y $ 5.000 millones de Pdvsa. En 2008, la deuda pública subió a $ 50.000 millones y en 2019 llegó a $ 130.000 millones. A raíz de la suspensión de los pagos en el año 2017 se han estado capitalizando las cuotas vencidas y por eso el monto de la deuda no deja de crecer. Para finales de 2020 se calcula en más de $ 140.000 millones.

En 20 años la deuda se cuadruplicó y equivale a un porcentaje cada vez mayor de las exportaciones. En 2008 representaba el 53 % de los ingresos externos y en 2020 lo que se debe supera en 1900 % los ingresos por exportaciones.

¿Cómo pagar semejante cantidad en un país cuyo ingreso por exportaciones cayó de $ 92.000 millones a $ 7.000 millones y sus reservas internacionales se desplomaron de $ 42.0000 millones a $ 6.000 millones? Venezuela cada vez extrae menos petróleo, el tamaño de la economía se ha reducido en casi el 70 % y es azotada por una prolongada escasez y voraz hiperinflación que ha empobrecido al 79 % de su población.

A fines de 2017 el gobierno y Pdvsa dejaron de pagar la deuda. En ley venezolana, el acreedor tiene un plazo de 3 años para demandar y, si no lo hace, pierde su derecho a reclamar. El gobierno, agobiado por juicios internacionales, quiere evitar otra ola de demandas y por eso ha ofrecido a los bonistas dejar sin efecto la interrupción de sus derechos; siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:

Que el acuerdo lo firmen los bonistas que representen al menos el 75 % del capital que se adeuda.

Que los acreedores suspendan los litigios que buscan declarar vencidos los pagos pendientes o ejecutar el pago de capital e intereses.

El problema que se les presenta a los bonistas es que buena parte de esta deuda fue emitida bajo la ley del estado de Nueva York, cuyas cortes reconocen como presidente de Venezuela a Guaidó; mientras que Maduro hace su oferta en el marco de la ley venezolana que los acreedores internacionales también están obligados a cumplir.  

De allí que la oferta del gobierno forme parte de una estrategia para sumar a los tenedores de los bonos al lobby que hacen las trasnacionales petroleras ante el gobierno de los EE. UU. para flexibilizar las sanciones; toda vez que cualquier acuerdo de restructuración deberá contar con una autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC (por sus siglas en inglés).

La clave para entender esta jugada es que por ahora no se trata de pagar a los bonistas sino de evitar que estos activen más litigios en contra de la República y Pdvsa.

Con el incentivo de mantener vigentes sus derechos ante las leyes y tribunales venezolanos, el gobierno busca que los tenedores de los bonos ejerzan presión sobre la Administración Trump y las cortes estadounidenses para que flexibilicen las sanciones y reconozcan a Maduro como la contraparte con la que hay que negociar la reestructuración y pago de la deuda pendiente.

Los bonos venezolanos han perdido más del 85 % de su valor y se rematan en los mercados financieros internacionales que no quieren prestarle un centavo más a Venezuela. A ambas partes les conviene una reestructuración que, por un lado, reconozca el descuento que registran los mercados; y, por el otro, puedan cobrar al menos el valor residual que aún les queda. Si bien algunas de las condiciones para interrumpir la inminente prescripción de los derechos de los bonistas lucen difíciles de cumplir, tales como reunir al menos el 75 % de los poseedores de cada emisión y suspender reclamaciones futuras, se trata de una estrategia de Maduro para lograr su reconocimiento en las Cortes de Nueva York y en los mercados financieros internacionales.

Este tema en mi canal de Youtube:

 Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La tragedia económica y social de Venezuela, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

Según el FMI, en 2018 la contracción del PIB en Venezuela fue de -18 % y en 2019 de – 35%. Entre 2013-2019 se acumula una caída de 65 %. En 2020, debido a la inactividad económica causada por lo covid-19, la economía continuará cayendo en picado. La inflación en 2018 fue de 65.000 %; en 2019 se calcula en 200.000 % y la acumulada hasta agosto de 2020 ya superó el umbral de 1.000 %.

Esta tragedia económica tiene su explicación. Una larga sobrevaluación del tipo de cambio estimuló toda clase de importaciones, rígidos controles de precios asfixiaron la actividad productiva y comercial, la ruinosa ola de expropiaciones y un ambiente de creciente inseguridad jurídica desestimularon la inversión y así se fue apagando la actividad productiva.

La escasez de productos y la emisión desmesurada de dinero para cubrir el déficit de las empresas públicas se combinaron para desquiciar una voraz hiperinflación que volvió sal y agua el ingreso de los hogares.

Venezuela no solo ha dejado de ser un país rentista sino que está dejando de ser un país petrolero. La extracción de crudos cayó de 3 millones de BPD en 2012 a menos de 400.000 BPD en el primer semestre de 2020. La capacidad de refinación está en ruinas y por eso hay escasez de combustibles. Por si fuera poco, las sanciones económicas han sido el golpe de gracia para un país exhausto.

Sin ingreso fiscal petrolero y con una economía contraída la recaudación fiscal se ha desplomado. Las empresas en quiebra no tienen cómo pagar ISLR y la informalización de las operaciones de compra venta -que no exigen la factura para evitar el pago del IVA-, merma aun más los ingresos fiscales. El gobierno no cuenta con recursos para repotenciar los servicios de agua, energía eléctrica, gas doméstico y telecomunicaciones. A todas estas, el BCV continúa emitiendo dinero para financiar empresas públicas deficitarias, atizando así la hiperinflación que empobrece a la población.

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) el 79 % de los hogares está en condición de pobreza al no poder cubrir el costo de la canasta alimentaria. De acuerdo a los cálculos del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), la canasta alimentaria para el grupo familiar de 4 personas en el mes de julio tuvo un costo de Bs. 45.519.252,73, equivalente a $ 183.

Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), el precio de la Canasta Mínima Alimentaria conformada por solo 15 productos se ubicó en julio en 6.906.073,51 bolívares, equivalente a $ 25,86, mientras que el salario mínimo apenas equivale a $ 1,5. Esto quiere decir que se requieren 17,2 salarios mínimos para poder comprar la canasta alimentaria.

El acelerado empobrecimiento ha causado una diáspora sin precedentes. Según ACNUR, más de 4,6 millones de venezolanos son migrantes y refugiados que se enfrentan al hambre, la falta de acceso a la atención médica, la falta de vivienda y la xenofobia. Esta es la lamentable tragedia económica y social que sufre el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo.

La tragedia económica y social de Venezuela. Ver video YouTube  

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Medidas económicas: necesarias más no suficientes, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

El gobierno anunció nuevas medidas a fin de aliviar el impacto de la cuarentena sobre el aparato productivo:

1. Las nuevas microempresas no pagarán tasas en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, la patente mercantil ni el Impuesto Sobre la Renta hasta el 31-12-2021.

2. El IVA en vez de pagarse semanalmente se hará con una frecuencia quincenal.

3. También anunció un Plan de Compras Gubernamentales para reactivar las Pymes.

Al igual que el resto del mundo, en Venezuela el aislamiento social afectó la producción y el comercio. Pequeñas y medianas empresas paradas, sin producción y sin ventas sufren problemas de flujo de caja y no tienen cómo pagar la nómina. Para compensar, los gremios empresariales insisten en posponer el cobro del ISLR, disminuir el IVA y suspender los impuestos municipales.

Las 305 alcaldías controladas por el chavismo suscribieron un acuerdo de armonización tributaria con la promesa de disminuir los trámites administrativos de 600 a 30, evitar la proliferación de tributos y establecer una franja de alícuotas mínimas y máximas para el cobro de impuestos. Entre las medidas anunciadas está la suspensión de la gestión tributaria municipal. Sin embargo, este sacrificio fiscal resta recursos a la lucha contra el coronavirus y no servirá de nada si no se consigue controlar la pandemia en el precario sistema hospitalario en cada municipio.

El gobierno no tiene recursos para financiar un programa de compras a las Pymes. Las finanzas públicas están quebradas porque el tamaño de la economía se ha contraído; las empresas cierran el ejercicio fiscal con pérdidas y no pagan ISLR; las operaciones de compra venta se hacen sin exigir la factura fiscal para ahorrarse el pago del IVA y la debacle de la industria petrolera secó los ingresos fiscales del gobierno.

La escasez de ingresos fiscales condena a miles de proveedores y contratistas a esperar largos meses hasta que se les pague una factura. Y cuando finalmente cobran el saldo pendiente se ha derretido como cubitos de hielo por la hiperinflación. Por eso nadie quiere venderle al gobierno.

Para que un programa de compras gubernamentales funcione en un contexto inflacionario, los pagos tienen que hacerse en dólares. De lo contrario, un gobierno moroso -en vez de contribuir a la reactivación económica-, terminará de quebrar lo poco que queda de aparato productivo nacional.

Para regenerar el tejido productivo no basta simplificar los trámites. La mejor política de reactivación económica es una política de promoción de inversiones, capaz de estimular la creación de millares de empresas que compitan entre sí con una abundante oferta de buena calidad y mejores precios que beneficie al consumidor.

Crear un ambiente propicio para el emprendimiento y la inversión productiva implica corregir las distorsiones cambiarias, el desequilibrio monetario, el déficit fiscal y la presión inflacionaria.

Se necesita financiamiento en condiciones adecuadas, razón por la cual el BCV tiene que reducir el encaje legal para liberar fondos que financien la actividad productiva. Exige además un nuevo marco legal que garantice los derechos de propiedad y la seguridad jurídica para que los inversionistas se decidan a arriesgar su dinero en Venezuela.

También se requieren políticas agrícolas, industriales y tecnológicas. Es necesario eliminar las exoneraciones arancelarias indebidas y corregir la sobrevaluación del tipo de cambio que estimula toda clase de importaciones que desplazan y arruinan la producción nacional.

Y para que una política de promoción de inversiones tenga un verdadero impacto, deben ser levantadas las sanciones económicas. De lo contrario, cualquier medida que anuncie el gobierno no mejorará de forma sustancial el ambiente de inversión en el país.

A Pdvsa se le debe dejar vender el petróleo. Y los fondos congelados en el sistema financiero internacional deben ser liberados y administrados por el PNUD. Estos deberán financiar la reactivación de la producción nacional de alimentos y medicinas para encarar la emergencia humanitaria que hace años sufre Venezuela, la cual ha sido agravada con el estallido de la pandemia de la covid-19.

Video en YouTube: Análisis de las medidas económicas

 

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La viabilidad económica de la transición política, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

Venezuela atraviesa por una prolongada crisis económica, política y social que requiere la participación de sus ciudadanos para superarla. No se trata solo de un cambio político, también se requiere un cambio en el modelo económico. Ello implica la transformación de la cultura rentista, acostumbrada a vivir de ingresos que no son fruto del esfuerzo productivo, por una nueva cultura tributaria, sustentada en el valor del trabajo y la inversión productiva.

Cualquier gobierno que asuma la conducción de Venezuela recibirá un país en ruinas. Desde el inicio tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan escasez e hiperinflación.

Para aliviar el déficit fiscal y erradicar el financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, lo cual no sería bien recibido en un país exhausto, largamente castigado por una prolongada escasez y voraz hiperinflación.

Como se sabe, a las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y un costo político que suele dar al traste con los gobiernos que las aplican.

Macri heredó del kirchnerismo unas tarifas de servicios públicos tan bajas que su recaudación no permitía cubrir los costos de mantenimiento. Para corregir el déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias tomó la decisión de sincerar las tarifas. Pero la clase media urbana, las pymes y los trabajadores sintieron que sobre sus bolsillos recaía el mayor peso del ajuste. Así que el creciente descontento social se expresó en un costo político-electoral que abortó las reformas económicas y llevó al reemplazo del gobierno que impulsó las mismas.

En Ecuador, la reducción del subsidio a la gasolina -con su impacto en las tarifas de transporte público- se anunció luego de aprobar una ley que ofreció generosas exoneraciones de impuestos a las grandes inversiones de capital. La intensidad de las protestas obligó al gobierno de Lenín Moreno a echar para atrás las medidas. En Chile, el aumento en las tarifas del metro fue la gota que rebosó el vaso y dejó al descubierto el enorme descontento social acumulado.

La lección está clara: los problemas económicos heredados después de largos períodos de gobiernos populistas no pueden corregirse cargando el costo del ajuste sobre la población más vulnerable.

El creciente descontento terminará restaurando al viejo orden que ya se creía definitivamente superado.

En este sentido, la viabilidad económica de una transición política en Venezuela, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de estos países. Hasta ahora, la atención nacional ha estado enfocada en el debate político y no se está prestando suficiente atención a la viabilidad económica de la transición política.

Quienes aspiran a gobernar al país para darle un viraje al modelo rentista y populista -plagado de subsidios y gratuidades indebidas que se pagan con el impuesto inflacionario-, tendrán que prestar más atención a la distribución de los costos sociales que generan los ajustes macroeconómicos.

Si no se prevén las debidas compensaciones, y si las medidas no se comunican y explican bien, el rechazo de los sectores afectados puede dar al traste con el programa de reformas económicas. Y la transición política puede ser abortada. Los desequilibrios económicos que se expresan en una severa escasez y galopante hiperinflación que castiga a los hogares, empresas e instituciones en vez de corregirse se verán agravados.

Video La viabilidad económica de la transición política

 

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Sanciones económicas y despojo del patrimonio público, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

Independientemente de quien esté al mando en los próximos años, el gobierno de turno tendrá que enfrentarse al agotamiento de la distribución de la renta petrolera como mecanismo de control social, económico y político. De allí la pugna entre Maduro y Guaidó por asegurar el control de los fondos de la República, actualmente bloqueados en el sistema financiero internacional.

El 28 de enero de 2019 la Casa Blanca emitió la orden ejecutiva 13.850 que bloqueó todos los bienes e intereses en propiedad de PDVSA sujetos a la jurisdicción de los EE. UU. El 5 de agosto del 2019, Trump emitió la orden ejecutiva 13.884 que embargó todos los activos venezolanos en su territorio. CITGO está a punto de ser rematada para satisfacer las demandas de los tenedores del Bono 2020, de Crystallex y ConocoPhillips.

Por si fuera poco, ni las reservas de oro del BCV que se encuentran en el Banco de Inglaterra y en el Deutsche Bank pueden ser utilizadas ni por Maduro ni por Guaidó.

El Banco de Inglaterra congeló casi mil millones de euros de las reservas del BCV. Y Deutsche Bank tiene congelados 120 millones de euros por un contrato de “swap” o permuta de oro. A pesar de que la AN y la administración Trump le otorgaron a Guaidó la gestión de estos activos y fondos, al interinato tampoco le ha resultado fácil utilizar los mismos porque están bloqueados.

Según la Fundación Petróleo por Venezuela y la encuestadora Hinterlaces, los recursos de la República bloqueados en el exterior se calculan en $ 5470 millones. Esta cifra coincide con los cálculos del equipo de Guaidó. Vanessa Neumann, su representante ante el Reino Unido, reveló que hay más de $ 5000 millones de Venezuela bloqueados en el exterior y cuyo control le están disputando al Gobierno de Maduro.

Mientras que José Ignacio Hernández, hasta hace poco procurador especial de Guaidó, también reveló que hay procesos en Europa para tomar el control de esos activos y arrebatarle a Maduro el manejo del dinero público en el exterior.

En Londres cursan dos juicios y en Portugal hay otro proceso por las cuentas del NovoBanco. En España se pelea por el control de los activos de CVG Internacional, bloqueados en CaixaBank, Sabadell y Cajamar.

Aunque el Gobierno del Reino Unido reconoce a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, el Banco de Inglaterra solicitó una aclaratoria para definir a quién otorgar el control de los activos.

El fallo del tribunal en este litigio fijará un precedente para que otros bancos liberen los fondos a favor de la parte que resulte favorecida. Ello dará origen a una suerte de jurisprudencia, toda vez que si se ordena al Banco de Inglaterra entregar los fondos a la administración de Guaidó, los demás bancos centrales tendrían una referencia para traspasar los fondos bloqueados al gobierno interino. Esto terminaría de quitarle a Maduro el control de los activos de la República y de los fondos de las empresas estatales en el exterior.

Adicionalmente, una sentencia a favor de Guaidó allanaría el camino para que el interinato -sin tener que pasar por largos y onerosos juicios-, también tome el control de los fondos incautados a funcionarios corruptos de los gobiernos de Chávez y Maduro, actualmente bloqueados en Andorra, Suiza, Holanda y otros países.

Según cálculos de la Fundación Petróleo por Venezuela, un acuerdo petrolero humanitario podría generar un ingreso anual de $ 8 millardos que pudieran utilizarse para atender la crisis humanitaria a través de un esquema en el que Venezuela recupera su espacio en el mercado petrolero internacional. Ello, siempre que los ingresos se destinen a atender la emergencia sanitaria y los administre la institucionalidad internacional: PNUD, OMS, OPS y Cruz Roja Internacional. Los recursos se destinarían a comprar bienes esenciales para distribuirlos a través de mecanismos despolitizados que impidan su uso clientelar.

Pero Venezuela es un Estado fallido que no funciona. Las élites políticas que se disputan el poder son incapaces de ponerse de acuerdo en un programa básico de interés nacional que evite que la emergencia sanitaria de la covid-19 desemboque en una catástrofe humanitaria.

El gobierno de Maduro es cada vez más inoperante. Y la institucionalidad paralela de comisionados, embajadores y procuradores especiales del interinato de Guaidó tampoco ha podido resolver ni un solo problema concreto. Ni siquiera ha entregado los 100 dólares prometidos al personal médico y hospitalario que pone en juego sus vidas para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Luego de más de un año de explícito respaldo de Trump y más de 50 gobiernos, Guaidó no ha logrado una sola victoria interna y su desempeño tiende a ser cada vez más errático. Los fracasos del conato de golpe de Estado del 30 de abril de 2019, su firma estampada en el contrato que luego desembocó en la fracasada Operación Gedeón, la pérdida del control de la Asamblea Nacional y su ineficacia a la hora de utilizar los fondos de la República en el exterior bajo su administración, son eventos que le han restado mucha credibilidad.

Y no son los adversarios de Guaidó los únicos que piensan esto. Las revelaciones de Bolton en su libro sobre las dudas de Trump en torno a las capacidades y aptitudes de Guaidó, luego fueron confirmadas por el propio Trump en la entrevista que concedió al portal Axios.

Ni Maduro ni Guaidó son una garantía de un manejo pulcro y transparente de los fondos públicos que Venezuela necesita para conjurar la amenaza de la pandemia.

Gobiernos, compañías transnacionales, bufetes de abogados y tribunales de otros países contemplan con indolencia esta tragedia y hasta le sacan provecho. La división de la comunidad internacional sobre quién gobierna a Venezuela legítimamente no solo se utiliza como excusa para negar las solicitudes de financiamiento hechas ante el FMI. También ha sido el pretexto perfecto para el bloqueo de los activos de la República, las reservas de oro del BCV y las cuentas de empresas del Estado venezolano en el exterior.

El ardid de no saber cuál es el gobierno que tiene el control de las instituciones ha dado origen al despojo de los activos de la República. Estos ni siquiera pueden ser utilizados por Maduro o Guaidó para conjurar la amenaza del coronavirus.

¿Cómo se miden entonces los logros de la presión internacional sobre un país oprimido y exhausto que sufre una crisis humanitaria?

 

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La carrera por la vacuna de la covid-19, por Víctor Álvarez R. y Davgla Rodríguez A.

@victoralvarezr / @davroalvarez

Según la OMS, están en marcha 149 proyectos de vacuna de la covid-19 y 17 ya están en la fase de ensayo en humanos. El tiempo mínimo para que una vacuna esté disponible para su uso masivo está entre 12 y 18 meses. El último registro fue el de la vacuna Ervebo contra el ébola, que requirió cinco años desde el inicio de las pruebas en humanos, en octubre de 2014, hasta su aprobación en noviembre de 2019.

Una vez que el coronavirus comenzó a propagarse rápidamente por el mundo, empezó la carrera por desarrollar una vacuna contra los estragos que causa esta enfermedad. Sobre todo en los enfermos más graves que mueren víctimas de inflamación y coágulos de sangre y ataque masivo a múltiples órganos.

Los ensayos en humanos suelen comenzar con unas decenas de voluntarios sanos, en la llamada fase 1, para descartar efectos graves. Después se pasa a fase 2, en la que se prueba la vacuna en centenares de personas con el objetivo de confirmar la seguridad, estudiar la respuesta inmune inducida y calcular la dosis adecuada. En los estudios de fase 3, con miles de inoculaciones, se evalúa la eficacia real de la vacuna para proteger frente a la enfermedad.

Para evitar que la pandemia de la covid19 se convierta en una verdadera catástrofe humanitaria, se están acelerando todos los procesos para obtener cuanto antes la vacuna.

Una vacuna ideal debería ser efectiva después de una o dos dosis y funcionar eficazmente en poblaciones especialmente vulnerables al coronavirus; es decir, en personas mayores y con patologías previas. También debería garantizar una protección durante un mínimo de seis meses para poder controlar la pandemia.

La vacuna diseñada en Oxford, Inglaterra

El 20 de julio se difundieron los resultados preliminares de las fases 1/2 de la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la Universidad de Oxford. Según un comunicado de la revista médica The Lancet, los resultados preliminares sugieren que induce una respuesta inmune al generar anticuerpos y una respuesta favorable de células en tiempos adecuados. Andrew Pollard, profesor de la Universidad de Oxford y autor principal del estudio dijo: “El sistema inmunitario tiene dos formas de encontrar y atacar a los patógenos: las respuestas de anticuerpos y de células T. Esta vacuna tiene la intención de inducir ambos, por lo que puede atacar al virus cuando está circulando en el cuerpo, así como atacar a las células infectadas”.

En el proyecto de la Universidad de Oxford también participa AstraZeneca y en la fase 3 han probado la vacuna con 1077 adultos sanos. Los resultados indican buenas respuestas inmunitarias, tanto celular con células T capaces de encontrar y atacar a las células infectadas. Así como a través de anticuerpos que pueden detectar y atacar al virus cuando circula por la sangre o el sistema linfático. Los investigadores no descartan que estas respuestas sean mayores tras una segunda dosis, tal como sugiere un subgrupo de 10 individuos que la recibieron en el estudio.

Sobre la capacidad de la vacuna de inducir ambas respuestas inmunitarias (celular y humoral), Andrew Pollard asegura que “esperamos que esto signifique que el sistema inmunitario recordará al virus, de modo que nuestra vacuna protegerá a las personas durante un período prolongado. Sin embargo, necesitamos más investigación antes de poder confirmar que la vacuna protege eficazmente contra la infección por SARS-CoV-2 y cuánto tiempo dura cualquier protección”.

EE. UU. y la vacuna contra el SARS-CoV-2

Moderna fue la primera empresa en los Estados Unidos en probar en humanos la vacuna experimental mRNA-1273. La vacuna es un pequeño fragmento del código genético del coronavirus que se inyecta en el paciente. No causa infección ni síntomas asociados a la covid-19, pero tiene la capacidad de generar una respuesta del sistema inmunitario.

A los participantes del estudio se les aplicó una dosis baja, o media o alta. La dosis más alta provocó más efectos colaterales. Sin embargo, Moderna señaló que aquellos a los que se les suministró la dosis más baja produjeron el mismo nivel de anticuerpos detectados en personas recuperadas de covid-19, dando indicios de que podía entrenar al sistema inmunitario para combatir al coronavirus.

La fórmula producida por la universidad de Oxford se calcula tendrá un costo de aproximadamente de 2 euros; mientras que la elaborada por Moderna costará entre $ 50 – 60. En Estados Unidos, Pfizer, Merck y también Moderna han anunciado que, de obtener la patente, no venderán la vacuna a precio de costo; mientras que AstraZeneca y Johnson Jhonson han dicho que renunciarán a las ganancias.

Los avances de China

La empresa biotecnológica CanSino Biologics (Instituto de Biotecnología de Beijing) ha desarrollado junto con la Academia de Ciencias Militares un vacuna experimental denominada Ad5-nCoV. Esta utiliza un adenovirus del resfriado común para introducir en las células humanas información genética del nuevo coronavirus y generar una respuesta inmune sin riesgo de padecer la enfermedad. El experimento ha mostrado resultados prometedores con centenares de personas. Sin embargo, todavía tiene que demostrar su eficacia en pruebas con miles de participantes.

Otro esfuerzo es el de China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) con una versión inactivada del SARS-CoV-2, el coronavirus causante de la COVID-19. Actualmente realiza pruebas en Emiratos Árabes Unidos. Aunque China ha acelerado los procesos debido a la emergencia sanitaria mundial y ha permitido que se lleven a cabo al mismo tiempo algunos estudios en la primera y segunda fase, se trata de la primera prueba clínica en el extranjero para una vacuna desarrollada en China.

El Ministerio de Sanidad emiratí autorizó las pruebas que están a cargo de la compañía local Group 42. Más de 1000 trabajadores de la compañía han participado en las pruebas y los resultados muestran que la vacuna sería segura y efectiva. Las reacciones adversas han sido menores a los de otras candidatas.

El Instituto de Productos Biológicos de Wuhan informó que no hubo ningún efecto secundario grave en las primeras dos fases de las pruebas. Y aseguró que se trata de la primera candidata a vacuna que cuenta con seguridad e inmunogenicidad. Esta es precisamente la capacidad de activar una reacción favorable en el sistema inmunológico.

La empresa estatal China National Biotec Group, parte del grupo Sinopharm, inauguró el 1 de julio un nuevo complejo para la investigación, desarrollo y producción de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2. Ello permitirá doblar la capacidad productiva de dosis, una vez sea aprobada la vacuna. La planta tendrá una capacidad de producción de 100 millones de dosis al año. De superar las pruebas, las autoridades chinas podrían aprobar la vacuna para su uso, aunque en ocasiones se lleva a cabo una cuarta fase con estudios más profundos.

En América Latina, Brasil se convirtió a finales del mes de julio en el primer país en iniciar las pruebas en fase 3 de la vacuna china Coronavac. La vacuna se aplicará a 9000 médicos y paramédicos voluntarios que recibirán la vacuna como parte del convenio entre el laboratorio chino y el instituto de investigación brasileño Butantan, lo cual permitirá realizar los ensayos en la última fase antes de su homologación. Desde finales de junio, Brasil también realiza pruebas de la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 contra el coronavirus, desarrollada por la Universidad de Oxford junto con el grupo farmacéutico británico AstraZeneca.

Como se sabe, Brasil es el segundo país más golpeado por la enfermedad, solo por detrás de Estados Unidos. Hasta el presidente Jair Bolsonaro terminó contagiado por una enfermedad que no distingue estatus político, condición económica, razas ni religiones. Por eso, hasta que finalmente se apruebe y difunda la vacuna, lo mejor es quedarse en casa.

 

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Agotamiento de renta petrolera atiza pugna por dinero bloqueado, por Víctor Álvarez R

@victoralvarezr   

Según datos de la OPEP, el pasado mes de junio la extracción de petróleo de Venezuela cayó a su nivel más bajo desde 1943. El bombeo fue de apenas 393.000 barriles por día (bpd), por debajo de los 573.000 bpd que se sacaron en mayo, para un promedio en el segundo trimestre 52 % por debajo del promedio del primer trimestre, el cual se ubicó en 821.000 bpd.

Las exportaciones también cayeron a solo 379.000 bpd en junio. La declinación en la extracción se acentúa por la caída de las exportaciones. La poca producción se tiene que almacenar y los tanques están sobresaturados, cuestión que obliga a reducir aun más la extracción de crudos.

La combinación del endurecimiento de las sanciones y el impacto económico de la covid-19 genera una baja demanda, exceso de oferta y déficit de almacenamiento, que la gerencia de PDVSA no sabe cómo manejar.

Esta situación se torna desesperante para un gobierno urgido de recursos para atender la emergencia sanitaria de la covid-19 y encarar la campaña electoral que se le encima.

Con los bajos precios de hoy, ningún tipo de crudo de Venezuela cubre los costos. El petróleo venezolano se vende a pérdida. Y mientras más se produzca y exporte, más se pierde. Al no poder explotar ni almacenar el petróleo que se extrae, PDVSA se ve obligada a paralizar las plataformas de perforación para la extracción de petróleo y por eso tampoco hay taladros funcionando.

Según datos de Baker Hughes, en junio no había taladros activos en Venezuela.

Maduro intenta recuperar el control de tales fondos con el argumento de destinarlos a la lucha contra la covid-19 a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero el gobierno interino de Guaidó responde que los activos de la República en el exterior son propiedad del pueblo y no se puede permitir que se los roben unas cúpulas corruptas.

El agotamiento de la renta petrolera agrava las dificultades financieras del gobierno de Maduro, cuestión que ha recrudecido la pugna por el control de los fondos de la República que están bloqueados en el sistema financiero internacional.

A pesar de que el gobierno de Trump ha reconocido a Guaidó -lo cual le permite la administración de estos fondos-, al gobierno interino tampoco le ha resultado fácil utilizar los mismos porque se encuentran sometidos a un régimen especial.

La división de la comunidad internacional sobre quién gobierna a Venezuela legítimamente no solo se ha utilizado como excusa para negar las solicitudes de financiamiento hechas ante el FMI. También ha sido el pretexto perfecto para el bloqueo de los activos de la República, las reservas de oro del BCV y las cuentas de empresas del Estado venezolano en el exterior.

El subterfugio de no saber cuál es el gobierno que tiene el control real de las instituciones en Venezuela ha dado origen al despojo de los activos de la República. Estos ni siquiera pueden ser utilizados por Maduro o Guaidó para conjurar la amenaza del coronavirus.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Ante revelaciones de Bolton, Trump exacerba campaña antichina, por Víctor Álvarez R. & Davgla Rodríguez A.

@victoralvarezr / @davroalvarez 

En su libro La habitación donde ocurrió, John Bolton revela información considerada como clasificada por EE. UU. Por tal razón, el Departamento de Justicia demandó al exasesor de seguridad nacional. La demanda “Estados Unidos de América contra John Bolton” fue presentada ante un Tribunal Federal en Washington por violación de los acuerdos de confidencialidad.

 ¿Cuáles son los secretos que revela Bolton?

Bolton narra el encuentro que se realizó entre Trump y Xi Jinping durante la cumbre del G20 en Japón, en junio de 2019. Y revela que, cuando los dos líderes estaban conversando, Trump “sorprendentemente dirigió la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales en EE. UU., aludiendo a la capacidad económica de China y rogándole a Xi que le ayudase a ganar”.

Bolton escribe que Trump “puso énfasis en la importancia de los granjeros y en el impacto electoral que tendría un aumento de las compras de soja y trigo por parte de China“.

Durante ese encuentro, Trump respondió a la defensa que Xi hizo de los campamentos de reeducación de Xinjiang diciéndole que era “exactamente lo que había que hacer”. Trump negó esta información en una entrevista con The Wall Street Journal luego de firmar la Ley de política de derechos humanos Uigur, dirigida a “defender” los derechos humanos de las minorías étnicas uigures (musulmanas) en la región de Xinjiang, al noroeste de China. La ley ordena la identificación de los responsables de los supuestos abusos para su posible sanción bajo los términos de la Ley Global sobre Responsabilidad de Derechos Humanos.

El Ministerio de Exteriores cuestionó dicha la ley como difamatoria e injerencista y advirtió que si EE. UU. no rectifica responderá con “represalias contundentes”. Se trata de una injerencia flagrante en los asuntos internos de China: “Los problemas en Xinjiang no tienen nada que ver con los derechos humanos, el origen étnico o la religión, sino con la lucha contra la violencia, el terrorismo y el separatismo”

¿Qué pasa en Xinjiang?

A principios del siglo XX, los uigures (musulmanes) declararon su independencia. China recuperó el control de la zona en 1949. Oficialmente, China considera a Xinjiang como una región autónoma, una situación muy parecida a la de Tíbet.

En 2009 ocurrieron en la capital de la provincia, Urumqi, una serie de manifestaciones que se tornaron violentas y terminaron con fuertes enfrentamientos con la policía local. Las autoridades acusaron a los separatistas en el extranjero de patrocinar los disturbios. Mientras que estos acusaron a las fuerzas policiales de la represión y aseguran que Beijing ha exagerado la amenaza de los separatistas para justificar su estrategia de diluir la influencia uigur promoviendo la migración masiva hacia la región de chinos Han, el mayor grupo étnico del país.

Hoy en día el 40 % de la población de Xinjiang está compuesta por personas de la etnia Han, mientras que el 45 % son uigures.

El gobierno chino denuncia que separatistas uigures atizan una campaña violenta por un estado independiente a través de la colocación de bombas y acciones de sabotaje, creando terror y malestar cívico.

Tras el atentado de las torres Gemelas, el gobierno chino acusó a separatistas uigures de colaborar con al-Qaeda. Según China, activistas uigures reciben entrenamiento y adoctrinamiento en Afganistán. Más de 20 uigures fueron capturados por militares estadounidenses tras la invasión de Afganistán. Pasaron seis años prisioneros en la cárcel de Guantánamo, y luego fueron puestos en libertad. ¿Qué hacen ahora?

Xinjiang sufrió los estragos del terrorismo separatista. Esta situación que obligó a tomar medidas drásticas, en el marco de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo y el Plan de acción para prevenir el extremismo violento. Ocasionalmente se registran ataques a objetivos chinos, lo que revela que las fuerzas separatistas uigures continúan siendo una fuerza. Pero las medidas aplicadas en la región han frenado las acciones terroristas y han protegido la integridad física y derechos de los grupos étnicos. En los últimos tres años no ha habido un solo caso de terrorismo violento en Xinjiang, cuyo PIB se ha duplicado, la tasa de pobreza se redujo a 6 % y la matrícula en la escuela primaria llegó al 99 %. 

El terrorismo y el extremismo son enemigos comunes de la sociedad humana y la lucha de los países contra esta amenaza no debe ser distorsionada para encubrir intereses subalternos.

A raíz de las revelaciones de Bolton en su libro, Trump ha intensificado la campaña antichina para revertir su declive en las encuestas electorales.

En una encuesta realizada por Reuters-Ipsos, el 58 % de los estadounidenses desea que John Bolton declare sobre el apoyo que Trump pidió a China para ganar las elecciones. Por eso Trump contraataca responsabilizando a China de la propagación de la covid-19, la acusa de prácticas desleales de comercio, robo de tecnología y destrucción de empleos. Y ahora arremete con esta ley que exacerba los sentimientos contra China en el electorado estadounidense.

La llamada Ley de política de derechos humanos Uigur promulgada por Trump ignora los hechos y distorsiona la verdad. Busca estigmatizar las medidas del gobierno chino contra el terrorismo, el separatismo y la radicalización, y aplica dobles estándares en la lucha contra el extremismo violento. La ley deja clara la mala intención de Trump de socavar la soberanía y seguridad de China, sembrar la discordia entre los grupos étnicos en China y perturbar la prosperidad y estabilidad de la Nación.

Aunque el discurso antichina de Trump logre sembrar en sus seguidores una visión negativa en contra del gigante asiático, esta retórica no le garantiza a Trump que podrá remontar la creciente ventaja que le está sacando Joe Biden en las encuestas.

Sin embargo, un daño muy grave le está causando Trump a las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. Ojalá el racismo y la xenofobia puedan atajarse a tiempo y no expongan a los ciudadanos chinos y con rasgos asiáticos a los acosos y actos violentos de los que ya han sido víctimas en varias ciudades del mundo.

 

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