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Control Ciudadano: Creación de Consejo de Estado muestra garantías a FANB para eventual transición
Rocío San Miguel señala que por primera vez se pone sobre la mesa una garantía específica

La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, señala que la propuesta de Estados Unidos de crear un Consejo de Estado muestra las garantías que se abren para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a partir de la creación del mismo.

San Miguel señala que por primera vez se pone sobre la mesa una garantía específica, aunque no la considera suficiente.

No nos olvidemos que aún en la guerra los bandos se comunican, señala San Miguel. Las comunicaciones y los túneles existen entre gobiernos extranjeros, entre efectivos con poder de mando explicó la abogada y activista de derechos humanos y especialista en temas militares.

La figura del Consejo de Estado, está establecida en el estatuto de transición para Venezuela propuesta por los Estados Unidos.

“La AN aprueba una ley de un “Consejo de Estado”, que crea un Consejo de Estado que se convierte en el poder ejecutivo. Cada partido o coalición de partidos con un 25% de miembros de la AN escoge a dos miembros del Consejo de Estado, siendo uno de ellos forzosamente gobernador de un estado. A continuación, los cuatro miembros del Consejo de Estado escogen a un quinto miembro que será el secretario general y que se desempeñará como Presidente Interino hasta que haya elecciones…” dice el estatuto.

La pelea con la sombra: el nuevo decreto de inamovilidad laboral por el COVID-19
A finales de 2019 el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que la tasa de desempleo en 2020 alcanzaría el 50,5%

 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. En el régimen de Nicolás Maduro parece que nadie ha escuchado esta frase del científico Albert Einstein, pues se insiste en aplicar las mismas recetas una y otra vez, pese a que estas ya han demostrado que no funcionan. Al menos esta es la conclusión a la que se llega al ver que se dictó otro decreto imponiendo inamovilidad laboral, obviando que este ya había sido prorrogado en 2019, es decir, ya estaba vigente esta disposición.

La “nueva resolución”, que busca prohibir los despidos de trabajadores, forma parte del paquete de medidas que el Gobierno ha tomado para tratar de mitigar los efectos de la «cuarentena social», aplicada en un intento por frenar la pandemia del COVID-19.

En el decreto n.º 4.167, publicado en la Gaceta Oficial el lunes 23 de marzo de 2020, se “ratifica la inamovilidad laboral de los trabajadores del sector público y privado (…) hasta el 31 de diciembre de 2020» y se establece que los trabajadores «no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente por el Inspector del Trabajo». En el caso de que esto ocurra el afectado «podrá denunciar dentro de los 30 días continuos siguientes ante el Inspector del Trabajo y solicitar el reenganche y el pago de los salarios caídos, así como de los demás beneficios dejados de percibir”.

Las disposiciones están calcadas del decreto n.º 3.708, que apareció en la Gaceta Oficial extraordinaria n.º 6.419 del 28 de diciembre de 2018 y establece la extensión de la inamovilidad ya vigente para aquel momento por un lapso de dos años. Esta medida expira en diciembre de 2020.

¿Qué dice la Ley del Trabajo?

Este tipo de prohibiciones, sin embargo, parecen innecesarias, al menos si se revisa el contenido del decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y la Trabajadoras (LOTT) que el fallecido Hugo Chávez dictó en 2012. El instrumento en cuestión proscribió el despido injustificado, que establece en su artículo 85 lo siguiente:

«la estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a permanecer en sus puestos de trabajo. Esta Ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado, conforme consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los despidos contrarios a la Constitución y a esta Ley son nulos».

Asimismo, el texto de la ley contiene un procedimiento, mediante el cual el patrono que desee prescindir de un trabajador deberá acudir a los juzgados laborales para explicar por qué tomó esta decisión;  de no hacerlo se considerará la medida como injustificada y, por lo tanto, nula.

El artículo 79 de la ley solo permite a los patronos despedir a un trabajador bajo los siguientes supuestos:

«a) Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo. b) Vías de hecho, salvo en legítima defensa. c) Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono, a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él o ella. d) Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y la seguridad laboral. e) Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene del trabajo. f) Inasistencia injustificada al trabajo durante tres días hábiles en el período de un mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. La enfermedad del trabajador o trabajadora se considerará causa justificada de inasistencia al trabajo. El trabajador o trabajadora deberá, siempre que no existan circunstancias que lo impidan, notificar al patrono o a la patrona la causa que lo imposibilite para asistir al trabajo. g) Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la entidad de trabajo, materias primas o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias. h) Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento. i) Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo. j) Abandono del trabajo. k) Acoso laboral o acoso sexual».

Pese a estas restricciones legales y a la falta de cifras oficiales, el número de puestos de trabajo en el país es cada vez menor y de eso no se puede culpar a la pandemia del coronavirus. A finales de 2019 el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que la tasa de desempleo para ese año cerraría en 47,2% y que en 2020 alcanzaría el 50,5%.

Desde la aprobación de la Ley del Trabajo vigente la desocupación no ha hecho más que crecer. Así, en 2013 llegó a 5,3%, en 2015 saltó a 9,4%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), luego en 2016 pasó al 10,5%, según expertos; y en 2017 alcanzó 27,1%. Lo expuesto demuestra cómo a pesar de la existencia de un régimen de inamovilidad desde hace años, dicha medida no ha tenido el efecto buscado.

La destrucción del empleo ha coincidido con el colapso del modelo económico impuesto por el chavismo, el cual ha estado sustentado en los altos precios del barril de petróleo, en el endeudamiento externo y en los controles de precios, empresas ydivisas, así como en una política de expropiaciones que ha desincentivado la producción nacional y ahuyentado posibles inversiones extranjeras. Desde 2013, cuando los precios del crudo comenzaron a caer, el país ha perdido el 65% del Producto Interior Bruto, de acuerdo también a los estudios del FMI.

Adicionalmente, debe señalarse que mediante resolución de la Sala Plena, el TribunalSupremo de Justicia declaró el cierre de tribunales, y el decreto de alarma cerró la administración pública, con excepción de los rubros vinculados a salud, alimentación y orden público, lo que implica que en el supuesto de que los trabajadores sean objeto de violaciones a sus derechos, los mismos no tendrán órgano alguno ante el cual puedan interponer sus reclamos, lo que hace ver aún más la ineficacia de la medida.

Cofavic recuerda que Estado está obligado a garantizar DDHH durante cuarentena
Brindan orientación jurídica vía correo electrónico

COFAVIC se mantiene alerta ante la situación de Derechos Humanos en Venezuela durante esta etapa de atención y respuesta ante el COVID-19.

La ONG ha tomado medidas para continuar ofreciendo acompañamiento permanente a personas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

COFAVIC recuerda que el Estado está obligado a respetar y garantizar los Derechos Humanos de las personas sin distinciones, incluso en las situaciones más excepcionales.

Aunque, han suspendido la atención al público, un equipo de esta ONG está atentos en brindar orientación jurídica, vía correo electrónico [email protected]

En lo que concierne al acompañamiento psicológico, han dispuesto la Línea de Atención Integral a Víctimas, disponible en los números telefónicos: 0412 9602207 0424 2708638 en horario de 9:00 am a 4:00 pm. Pueden escribir, también, al correo: [email protected]

Con deficiente conectividad, universidades apelan a educación a distancia
Denuncian que no todos los estudiantes poseen acceso a internet 

 

Las universidades venezolanas apelan a los sistemas de educación a distancia para dar continuidad a las actividades académicas durante la cuarentena decretada ante el COVID-19, a pesar de la deficiente conexión a internet del país.

Entre las medidas tomadas por las entidades educativas, se estableció suspender las clases presenciales, eso aunado al llamado que se hizo a todos los niveles educativos a suspender clases en todo el país hasta nuevo aviso.

Una de las preocupaciones de la comunidad universitaria es prosecución académica que deben tener los estudiantes durante el período de aislamiento social impuesto ante la llegada del coronavirus a Venezuela, considerando que las plataformas tecnológicas de las casas de estudios superiores no garantizan la conectividad necesaria para que los jóvenes no abandonen los estudios durante la cuarentena.

La Universidad Central de Venezuela (UCV) se unió a las medidas para atender al llamado de “quedarse en casa”. “Naturalmente se ha seguido un proceso de sacar las actividades académicas adelante a través de los estudios a distancia y es una premisa que nosotros hemos apoyado, consecuentemente, para no retrasarnos con todo el tema del coronavirus”, explicó el Secretario de Asuntos Nacionales de la FCU-UCV, Miguel Barone.

Consultas a los jóvenes universitarios

Ante la propuesta de las autoridades universitarias de asumir los estudios a distancia como opción para proseguir con el lapso académico, algunos movimientos estudiantiles emprendieron una consulta al estudiantado para determinar la viabilidad de la estrategia planteada por las universidades.

En la UCV, el movimiento Gritemos con Brío realizó una encuesta hace unos días para determinar las posibilidades que tiene el estudiantado de recibir sus clases virtuales, señaló el Coordinador Nacional de ese movimiento, Miguel Barone. “Respondieron cerca de cuatro mil estudiantes, un número muy significativo de la comunidad universitaria de la UCV, para determinar quienes tenían la posibilidad de hacer este tipo de estudios a distancias”, afirmó.

“Hay una gran mayoría, entre el 70 y el 75 por ciento de personas que ya lo han hecho y lo seguirían haciendo porque han conseguido ese tipo de oportunidades con sus profesores, sin embargo, no es la norma general, sabemos que hay muchos casos que los profesores se ven limitados por eso”, añadió Barone.

Por su parte, Yeissel Pérez, dirigente estudiantil y candidata a la presidencia de la Federación de Centros Universitaro (FCU) de la Universidad del Zulia, exige a los Consejos Universitarios y a las autoridades rectorales la garantía de que todos los estudiantes tendrán acceso a los estudios a distancia. “Esta medida se ha implementado en casi todas las universidades, pero queremos garantizar el derecho a todos los estudiantes”, señaló Pérez.

Pérez, denuncia que no se cuenta con los recursos tecnológicos para recibir clases virtuales. “La Universidad del Zulia y la Universidad de Los Andes no contamos con servicios básicos o tecnológicos como el internet, de hecho, la mayoría de los estudiantes de la Universidad del Zulia son estudiantes foráneos que no viven en este municipio (Maracaibo) y se les dificulta aún más el acceso a la tecnología, a Whatsapp y a internet”, aseguró.

Según Yeissel Pérez, hace una semana realizaron una consulta a la comunidad universitaria, tomando en cuenta las medidas de contingencia. “Lanzamos una encuesta de participación para todos los estudiantes para que puedan dar ideas y planteársela a las autoridades, hoy cerramos la encuesta, ya tenemos el formato del comunicado, solo hay que agregar las propuestas para lanzarlo”.

Pérez hizo referencia a las gestiones que realiza el movimiento estudiantil para cooperar con el desarrollo de las actividades académicas. Además, “estamos trabajando todas las federaciones en aprovechar los cursos online que se están dando para que a través de nuestras plataformas hacerle llegar información a los estudiantes”, puntualizó Pérez.

La dirigente estudiantil de LUZ hizo un llamado a los profesores a tomar las medidas y ver cómo se pueden reprogramar los semestres, sin detener las actividades académicas. 

Por su parte, Jesús Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), hizo énfasis sobre las dificultades de la visualización de clases a distancia. “La continuidad académica en modalidad virtual es un poco cuesta arriba, ya que nuestra plataforma en estos momentos se encuentra inhabilitada, incluso, muchos profesores que impartían clases semipresenciales tuvieron que emigrar a la presencialidad totalmente porque la plataforma no responde a la situación”, expresó Suárez.

En la UCLA también se movieron las interrogantes por la preocupación de los estudios a distancia. “Hemos estado haciendo encuestas para conocer la realidad de cada estudiante, cada semestre, cada carrera, sabiendo que la UCLA tiene siete decanatos y cada decanato tiene una realidad totalmente distinta, ya que van en periodos diferentes”, señaló el presidente de la FCU.

Al igual que en el resto de las casas de estudios, en la Universidad de Carabobo (UC) se proyecta como opción para la continuidad académica un sistema de educación a distancia, sin embargo, la propuesta no contempla la plataforma tecnológica de la UC.

Gabriel Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho (FENEDE), considera como alternativa el uso de plataformas independientes. “Nosotros estamos proponiendo utilizar plataformas como Class room, que es de Google, para poder seguir las clases, evidentemente, eso es para los estudiantes que puedan tener acceso a internet. Sabemos que es difícil, pero es la herramienta más fácil que podemos utilizar ahora”, comentó Cabrera.

 

Prensa Aula Abierta

TSJ suspende despacho de tribunales hasta el 13 de abril por Covid-19
Los tribunales penales solo atenderán “asuntos de emergencia”

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitió una resolución este 20 de marzo de 2020, mediante la cual se suspende el despacho en todos los tribunales del país hasta el lunes 13 de abril de 2020, por la situación de emergencia causada por el Covid-19.

“Durante ese período permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales. Ello no impide que se practiquen las actuaciones urgentes para el aseguramiento de los derechos de alguna de las partes, de conformidad con la ley. Los órganos jurisdiccionales tomarán las debidas previsiones para que no sea suspendido el servicio público de administración de justicia. Al efecto se acordará su habilitación para que se proceda al despacho de los asuntos urgentes”, se indica en el comunicado.

La tutela de derechos estaría asegurada mediante el segundo punto de la resolución: “En materia de amparo constitucional se considerarán habilitados todos los días del período antes mencionado. Los jueces, incluso los temporales, están en la obligación de tramitar y sentenciar los procesos respectivos. Las Salas Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia permanecerán de guardia durante el estado de contingencia”.

Los tribunales penales solo atenderán “asuntos de emergencia” y al respecto el comunicado invoca el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal.

La referida norma establece: “Para el conocimiento de los asuntos penales en la fase preparatoria todos los días serán hábiles. En las fases intermedia y de juicio oral no se computarán los sábados, domingos y días que sean feriados conforme a la ley, y aquellos en los que el tribunal no pueda despachar. La administración de justicia penal es una función del Estado de carácter permanente, en consecuencia, no podrá ser interrumpida por vacaciones colectivas o cualquier otra medida que afecte el cumplimiento de los lapsos procesales. En materia recursiva, los lapsos se computarán por días de despacho”.

“Las audiencia preliminares, en las cuales se evalúan las resultados de las investigaciones de la Fiscalía, así como los debates públicos y orales correspondientes a la fase de juicio, quedarían suspendidos”, explicó la jurista Magaly Vásquez, corredactora del Copp.

Si existen casos de cumplimiento de condena durante el lapso de suspensión de despacho en los tribunales penales, o se vence el plazo de duración máxima de la medida cautelar de privación de libertad, cabría la posibilidad de interponer acciones de amparo, en este caso hábeas corpus, como lo admite la resolución del TSJ, agregó Vásquez.

Transparencia Internacional identifica riesgos de corrupción en el marco del COVID-19
Pide al sector privado evitar prácticas que afecten el abastecimiento de los bienes y servicios necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria

Un grupo de trabajo integrado por 13 capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional presentó un análisis sobre los riesgos de corrupción identificados, respecto a las compras y contrataciones directas que están haciendo los estados frente a la crisis sanitaria producto de la pandemia de virus COVID-19, y estrategias preventivas claves para asegurar que se cumplan los objetivos de aliviar los impactos en la salud de los ciudadanos y las economías locales de forma íntegra, y que los recursos no sean desviados por la corrupción y el oportunismo.

El análisis «Integridad ante la emergencia: recomendaciones para la integridad de las compras y contrataciones públicas” detecta cinco líneas estratégicas: (1) máxima apertura en la información (incluidos datos abiertos) con una visión integral de las contrataciones públicas (de la planificación hasta la entrega del bien), (2) activación de mecanismos pro-competencia, (3) fiscalización en tiempo real e (4) identificación plena de los recursos utilizados, y su destino en un solo sitio, (5) amplia rendición de cuentas públicas sobre los recursos utilizados y su destino.

Además, hicieron un llamado especial al sector privado para evitar prácticas que afecten el abastecimiento de los bienes y servicios necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria.

Los integrantes de los 13 capítulos de Transparencia Internacional, incluyendo Transparencia Venezuela, insistieron en que los riesgos de captura de recursos por parte de grupos de interés económico y la administración desigual de las ayudas directas puede resultar en afectaciones graves a la salud pública de la región. Con frecuencia se dice que la transparencia retrasa la entrega de bienes y servicios, pero después de revisar extensamente la experiencia de América Latina, no hay duda de que lo que realmente compromete la entrega de los bienes necesarios para atender las necesidades de la población es la opacidad y la corrupción.

Codhez exhorta al gobierno a garantizar acceso a alimentos en medio de pandemia
5 de cada 10 hogares de Maracaibo, adquieren sus alimentos todos los días

 

En atención a la cuarentena colectiva anunciada por el gobierno de Nicolás Maduro, que implica la suspensión de actividades laborales y educativas, desde la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) se exhorta al Estado venezolano a garantizar el acceso y la disponibilidad de alimentos adecuados y suficientes para los habitantes de la región zuliana.

Ante la confirmación de casos positivos de Covid-19 en el país y la declaración del Estado de Alarma previsto en el artículo 338 de la Constitución de la República, el Estado debe establecer los mecanismos idóneos para la provisión y el acceso a los alimentos, garantizando el abastecimiento de los mercados de la región y, eventualmente, mediante su distribución directa sin discriminación alguna.

Codhez alerta que la emergencia por la pandemia del Covid-19 puede intensificar la inseguridad alimentaria de la población zuliana debido a las dificultades para alimentarse que, como se ha advertido desde hace unos años, se derivan del alto costo de los alimentos y su escasez.

Un gran porcentaje de la población marabina, 5 de cada 10 hogares de Maracaibo, compra sus alimentos todos los días de acuerdo con el último estudio de seguridad alimentaria realizado por la organización no gubernamental. Por ello, contar con reservas de alimentos para una cuarentena no es una realidad que aplique en muchas familias marabinas. 

De acuerdo al último monitoreo de alimentos realizado por la organización en la primera quincena de marzo, los granos incrementaron su precio en +14%, el queso blanco semiduro +13%, y los cortes de carnes de res +7%, respecto de la quincena anterior. Esta tendencia al aumento de precios es visible en el comportamiento del precio del kilo de queso. Para agosto de 2019 su costo equivalía en bolívares a USD 2,55 y para esta quincena de marzo, su equivalente en bolívares es de USD 5,18.

Entre tanto, adquirir productos como la leche líquida y en polvo puede significar gastar más de lo que se percibe con el salario mínimo vigente. Solo el precio promedio de un kilo de leche en polvo se ubica en Bs. 870.643,91, lo que representa más de cuatro salarios mínimos.

Durante el periodo de cuarentena anunciado por las autoridades gubernamentales venezolanas es necesario que tanto niños, como adultos mayores y toda población en situación de vulnerabilidad, pueda acceder a productos que le permitan disfrutar de una alimentación adecuada.

Asimismo, en medio de la declaración de alarma por la Covid-19, Codhez insta a las autoridades gubernamentales a garantizar la distribución de agua potable en todos los sectores de la región, así como asegurar condiciones de transporte adecuadas, sobre todo para las personas que requieran trasladarse a centros de asistencia hospitalarios, tomando en cuenta la aguda escasez de combustible.

La alimentación adecuada, el acceso al servicio de agua potable y de atención médica de calidad son derechos humanos cuya interdependencia es notable en las circunstancias actuales. Es momento que el Estado venezolano mueva toda su capacidad para responder de manera adecuada y efectiva ante este nuevo desafío que se presenta para el país y evitar la propagación del virus en la región, en procura de la salud y el bienestar de los zulianos.

Pacientes renales y oncológicos obligados a esperar para surtir gasolina
Desde las 5:00 am hacen cola en estaciones de servicio

Un grupo de pacientes renales y oncológicos del estado Zulia, se encontraban desde la 5:00 a.m. de este miércoles esperando por un coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), para que los escoltara hasta alguna estación de servicio para surtirse de gasolina.

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez)  informó que el grupo se encontraban esperando en la Plataforma Comunicacional de Polisur en la Circunvalación 1 de Maracaibo, junto a médicos y personal de la salud.

Estamos hablando de población en situación de vulnerabilidad que requiere atención prioritaria. Se debe garantizar su traslado para asegurar que tengan acceso a su tratamiento, destacó la comisión a través de la red social Twitter.