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Los que no se rinden | Unión Afirmativa: El acoso de personas cercanas al gobierno es la peor amenaza
Venezuela continúa en la retaguardia mundial de los derechos de los homosexuales 

Unión Afirmativa fue la primera organización en luchar por el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales en Venezuela. 

Hace más de 20 años, el 24 de noviembre de 2000, fue protocolizada la asociación civil Unión Afirmativa de Venezuela. En ese entonces se acababa de aprobar la Constitución impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez. A juicio de la coordinadora general de Unión Afirmativa, Quiteria Franco, una de las más avanzadas en cuanto a la relevancia que se la da a los derechos humanos. 

“El año anterior, para las elecciones a la Asamblea Constituyente hubo un candidato abiertamente gay. Su candidatura fue muy bien recibida, aunque no logró ganar. La incidencia política dentro del parlamento por parte de los activistas era notable, aunque desorganizada. Existían apenas una o dos organizaciones que se dedicaban al trabajo con personas LGBTI, para ese entonces se hablaba de minorías sexuales”, dijo Franco.

Pero el impulso constitucional quedó en letras. Para Franco en Venezuela los niveles de discriminacion y violencia contra los homosexuales es similar al experimentado en las décadas de los 70, 80 y 90.

Aunque en el resto del mundo existen instrumentos legales, jurisprudencia, sentencias, una relatoría en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un experto independiente en la Organización de las Naciones Unidas y aprobación de matrimonios igualitarios, Venezuela continúa en la retaguardia de los derechos de homosexuales y trans. 

https://runrun.es/noticias/362294/union-afirmativa-presenta-nuevo-informe-sobre-derechos-de-personas-lgbti-en-venezuela/ 

¿Fue cuesta arriba el surgimiento de Unión Afirmativa en medio de la realidad venezolana? 

Quiteria Franco: En ese entonces no se hablaba de identidad y expresión de género. Aunque solo existían unos pocos instrumentos legales ya se veía avances en varios países. En los Países Bajos, por ejemplo, ya se había aprobado el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que fue durante muchos años uno de nuestros principales objetivos. Unión Afirmativa nace de la necesidad de impulsar en Venezuela el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, que protegen a las personas contra la discriminación por razón de orientación sexual. 

¿En qué áreas se desempeña la organización? 

QF: Unión Afirmativa cubre tres áreas principales.

  1. A) Promoción, difusión y defensa de Derechos Humanos: La promoción, difusión y defensa de los derechos colectivos y difusos de las personas homosexuales,  persiguiendo la igualdad absoluta con respecto al resto de la sociedad en Venezuela. 
  2. B) Investigación, documentación y denuncia: Estimular y facilitar la recopilación de información objetiva y veraz acerca de la realidad de las personas homosexuales en Venezuela.  
  3. C) Educación, formación y activismo: Desarrollar cualquier tipo de actividad de carácter lícito, que tenga como fin lograr los objetivos principales de la asociación. 

https://runrun.es/noticias/410793/union-afirmativa-exige-al-estado-cumplir-compromisos-con-poblacion-lgbti/ 

¿Qué servicios ofrecen? 

QF: Asesoría y acompañamiento legal en casos de discriminación; servicios psicológicos y educativos como talleres, charlas, cursos, foros y programas de formación en derechos humanos. 

¿Con quién poseen alianzas estratégicas?

QF: Unión Afirmativa es parte de varias redes a nivel nacional, regional e internacional. Tenemos alianzas con varias organizaciones por diversos temas. 

Formamos parte de la Alianza Con Ellas, conformada por seis organizaciones que buscan visibilizar la situación de las mujeres venezolanas en medio de la emergencia humanitaria compleja. Procuramos recursos y proveemos asistencia humanitaria a nuestras poblaciones.   

Somos parte también de la Red Naranja que trabaja contra la violencia hacia la mujer.  Igualmente formamos parte de un grupo de trabajo sobre esclavitud moderna junto a otras diez organizaciones, en la que abordamos el tema de la trata de personas LGBTI y en particular las personas trans.  

Formamos parte de la Red Regional de Movilidad de personas LGBTI en América Latina y el Caribe. 

Hemos realizado actividades en conjunto con muchas organizaciones venezolanas como Una ventana a la libertad, Observatorio de Seguridad Ciudadana, Provea, Civilis, ACCSI, Acción Solidaria,  Avesa, Cepaz, CDH UCAB, centros de estudiantes de diferentes universidades y poblaciones indígenas.

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

QF: El hecho de ser una población totalmente ignorada por el Estado en estadísticas, planes y política ya convierte a la comunidad LGBTI en una población vulnerable. No contar con mecanismos legales para la protección en casos de discriminación o violencia, la falta de amparo legal de las familias homosexuales, aunado a la violencia recibida en el hogar, la escuela, el empleo y en las calles. 

https://runrun.es/rr-es-plus/412884/3×3-comunidad-lgtbi-orgullosa-pero-invisible-para-el-estado/ 

¿En qué zonas operan? 

QF: Nuestra sede está en Caracas, pero realizamos actividades en todo el país, según el plan de trabajo anual o los proyectos que surjan. Hemos tenido actividades en Guárico, Amazonas, Zulia, Lara, Bolívar y Carabobo. 

¿Cuáles son los mayores retos de la organización y las principales amenazas?

QF: El mayor reto es no sucumbir ante la crisis venezolana. Seguir trabajando sin que nuestra labor sea criminalizada. La mayor amenaza es la persecución y el acoso constante por parte de personas cercanas al gobierno. 

¿Un caso emblemático?

QF: Hace dos años acompañamos y asesoramos un caso de discriminación en un conocido centro comercial de Caracas. Cuando hicimos la denuncia pública, inmediatamente recibimos llamadas de la gerencia del centro comercial con amenazas de una demanda legal por difamación. A pesar de que ya existian varias denuncias sobre el mismo sitio y los actos de discriminación contra jóvenes gays y lesbianas, ellos negaron los hechos y en lugar de colaborar nos llamaron para amenazarnos. La buena noticia es que luego de ese caso, no hemos sabido de otros casos de discriminación en ese centro comercial.

¿Cómo pueden ayudar a la organización personas que estén interesadas en hacerlo?

QF: En estos momentos estamos aceptando donativos como parte de la Alianza Con Ellas. Especificando que la donación es para Unión Afirmativa,  con mucho gusto la recibiremos. https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/for-women-con-ellas 

En Sucre se registró una víctima cada tres días durante segundo semestre de 2020
La ONG Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui contabilizó 50 presuntas ejecuciones extrajudiciales 

Desde el 1ero de julio hasta el 31 de diciembre de 2020 fueron contabilizadas 50 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Sucre, lo que significaría la muerte de un ciudadano cada tres días a manos de efectivos de fuerzas de seguridad, así lo informó el director institucional de la Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui (FDDHHANZ), Alcides Magallanes, quién además detalló que 48 de estas personas eran hombres y 2 mujeres.  

Sucre, dónde se encuentra ubicada la capital de la entidad, fue la localidad que lideró este tipo casos con la mitad de las muertes (25), seguida de Andrés Eloy Blanco y Bermúdez, con seis fallecidos cada uno.

En el resto de los municipios el registro de muertes quedó de la siguiente manera: Andrés Mata: 3, Arismendi: 3, Cruz Salmerón Acosta: 3, Montes: 1, la comunidad de Chúpere, ubicada entre la
frontera entre Ribero y Mejía, un caso, mientras que en Ribero: 1 y Valdez: 1. 

En cuanto a la presunta responsabilidad de estas muertes, se encontrarían inmiscuidos funcionarios del Instituto Autónomo Policía del estado Sucre (Iapes), con 16 fallecidos.

Asimismo se registró la muerte de seis ciudadanos tras la participación de una comisión mixta integrada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES).

Otras seis muertes ocurrieron en manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). La organización también registró la muerte de 5 personas en manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), otras 5 perdidas en manos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Entre estos hechos lamentables también perdieron la vida tres ciudadanos tras la
acción en conjunta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el
Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas). 

Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 16 y 39 años, situación que Magallanes calificó como “realmente grave” debido a que va contra el derecho a la vida de todos los ciudadanos, el número de víctimas, el irrespeto a las normas por parte de los funcionarios de seguridad, y además la existencia de casos de menores de edad.

El representante de la ONG precisó que estos casos han sido elevados a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

Advierten sobre actos delictivos a universidades públicas en inicio del 2021
Aula Abierta señala que durante la cuarentena de 2020 contabilizaron por lo menos 175 actos delictivos en 12 universidades de Venezuela

Tan solo en la primera semana de 2021, la ONG Aula Abierta contabilizó ocho actos vandálicos en contra universidades públicas del país, incluyendo el incendio que en el edificio de Fundageominas, en la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Oriente (UDO), en Ciudad Bolívar.

La ONG precisó que de estos ocho actos delincuenciales, tres fueron en sedes de la UDO, tres en la Universidad de Los Andes (ULA), tres en la Universidad del Zulia (LUZ) y uno en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

Al menos 12 universidades públicas del país han sufrido constantes hurtos y destrozos a sus sedes desde marzo del año pasado cuando comenzó la cuarentena por la pandemia de la COVID-19. Desde entonces se registraron al menos 175 actos vandálicos contra estas casas de estudios, de acuerdo con datos del Observatorio de Derechos Universitarios.

Las universidades más afectadas durante la cuarentena en 2020 fueron la Universidad del Zulia (50), Universidad de Oriente (35), Universidad Central de Venezuela (33) y Universidad de Los Andes (30).

“Estos actos comprometen seriamente el desarrollo de actividades docentes y de investigación académica. Además representan una violación a la autonomía universitaria y la libertad académica”, denunció la ONG a través de su cuenta en Twitter @AulaAbiertaVE.

En Bolívar, el Observatorio de Derechos Universitarios registró también dos hurtos o intentos de robos en la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG).

Incendio en la UDO

La noche del 4 de enero se registró un incendio donde funcionaba Fundageominas, en la Escuela de Ciencias de la Tierra de la UDO en Ciudad Bolívar. La decana María Coromoto Casado y bomberos municipales descartaron que se tratase de un incendio espontáneo, y afirmaron que fue provocado.

En el lugar, desde hace meses estaban sin cableado de alta tensión, a consecuencia de un hurto anterior, era de noche y no había ningún tipo de material inflamable.

Espacios de esa escuela y la de Ciencias de la Salud han sido las más violentadas, desde el hurto y destrozo de techos, ventanales, puertas, material de laboratorio y desmantelamiento del comedor.

La decana ha resguardado parte del mobiliario, y desde el año pasado cuando sucedió el incendio en la biblioteca de la UDO en Sucre, movimientos estudiantiles realizaron una jornada de resguardo de libros de la biblioteca en la sede de Ciudad Bolívar.

Después del incendio en Fundageominas, los movimientos ProUdistas, Adelante UDO y Más Udista intensificaron las jornadas de recuperación y resguardo de los espacios y bienes de la universidad.

“Acá están los estudiantes, acá está la luz que se interpondrá ante estas tinieblas que hoy pretenden consumir las casas de estudios, acabar con la pluralidad, el libre saber y la democracia. Seguimos defendiendo nuestras universidades desde cualquier espacio. Y a los que hoy pretenden acabar con nuestras instituciones, les digo que no lo van a lograr y que para nosotros rendirse jamás será una opción”, manifestó Hernán Adonis Bethelmy, dirigente estudiantil de ProUdistas.

La dirigencia estudiantil instó a los estudiantes a mantenerse en lucha constante por el rescate de esta casa de estudios y a no abandonar los espacios académicos.

“Nuestro país hoy pasa por una de las más grandes crisis política, económica y social en toda su historia. Y la manera de evitar que esto continúe es formándose en cada salón, en cada laboratorio de nuestras instituciones educativas”, agregó.

Alan Tafur, dirigente de Adelante UDO, manifestó: “Nuestro compromiso de mantener la academia no será mermado así nos golpeen, humillen, pretendan quemar nuestras instalaciones y aunque la situación se torne cuesta arriba, acá está una dirigencia comprometida con la lucha de una mejor universidad, de una excelencia académica. Hoy activamos planes de contingencia, hoy quizás no estaremos funcionando de una manera normal, pero mientras sigamos generando nuevamente las condiciones y sigamos comprometido lo vamos a lograr”.

 
 
Inamovilidad laboral en Venezuela: Dos décadas fracasando en frenar el desempleo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que la tasa de desempleo cerró en 2020 en 50,5%

“El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”. En la pasada Nochevieja la administración de Nicolás Maduro decidió prorrogar por dos años más la inamovilidad laboral vigente en el país desde 2002. Con ello, esta medida arribará a dos décadas ininterrumpidas, pese a que durante todo este tiempo no haya logrado su cometido: frenar el desempleo.

En el decreto presidencial n.° 4.414, publicado en la Gaceta Oficial n.° 6.610 del 31 de diciembre de 2020, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022 la inamovilidad laboral especial dictada a favor de los trabajadores de los sectores privado y público, la cual en su artículo 2 establece que los empleados “no podrán ser despedidos, desmejorados, ni trasladados, sin justa causa, calificada previamente por el Inspector del Trabajo”, y que en caso de serlo, podrán “denunciar dentro de los treinta (30) días continuos siguientes ante el Inspector del Trabajo de la jurisdicción” dicha violación, y además “solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir”.

En esta ocasión, Maduro no justificó su decisión en la pandemia, sino que sostuvo que la misma era necesaria para enfrentar “las injerencias de intereses apátridas que responden a los agentes de perturbación que buscan atentar contra el buen orden y la paz interna”, que podrían traducirse en despidos.

Una batalla perdida

Acceso a la Justicia ya cuestionó la eficacia y efectividad de esta medida el año pasado, cuando recordó que, pese a estar vigente por más de tres lustros, el número de puestos de trabajo en el país no ha hecho sino disminuir.

A finales de 2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que la tasa de desempleo para ese año cerraría en 47,2% y que en 2020 llegaría al 50,5%, lo cual ubicaría al país como el primero en el mundo en número de personas desocupadas.

Sin embargo, los pronósticos del organismo multilateral se quedaron cortos, y para octubre de 2020 proyectó que el paro llegaría al 54% de la población económicamente activa, debido al impacto sin precedentes de la pandemia del coronavirus y de las restricciones sociales impuestas por las autoridades para intentar frenar su avance.

Ciertamente la COVID-19 destruyó puestos de trabajo en 2020, pero también es cierto que, desde la aprobación en 2012 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) la desocupación no ha hecho más que crecer. Así, en 2013 el desempleo llegó a 5,3%; en 2015 saltó a 9,4%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE); luego en 2016 pasó al 10,5%, según expertos, y en 2017 alcanzó 27,1%. Estos datos comprueban que la inamovilidad no ha tenido el efecto buscado.

La destrucción del empleo ha coincidido con el colapso del modelo económico impuesto por los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y su sucesor, quien se basó en los altos precios del barril de petróleo, en el endeudamiento externo y en los controles de precios, ganancias y divisas, así como en una política de expropiaciones que ha desincentivado la producción nacional y ahuyentado posibles inversiones extranjeras. Desde 2013, cuando los precios del crudo comenzaron a caer, el país ha perdido el 65% del Producto Interior Bruto (PIB), de acuerdo también a los estudios del FMI.

Un saludo a la bandera

La ineficacia de la inamovilidad laboral también ha quedado demostrada por el hecho de que no es respetada ni siquiera por el propio Estado. Prueba de ello es Petróleos de Venezuela (PDVSA), que en los últimos años ha despedido a miles de trabajadores, incluyendo dirigentes sindicales, pasando por alto las decisiones presidenciales.

La empresa pública no solo ha irrespetado la veda a los despidos sino también las resoluciones emanadas por la Inspectoría del Trabajo, que han ordenado reenganchar a cientos de afectados.

Aunque exista la inamovilidad, el Gobierno persiste en cobrar a los trabajadores y empleadores el seguro de desempleo (Régimen Prestacional de Empleo, el antes conocido como Paro Forzoso), que no puede ser reclamado por los trabajadores al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), debido a que legalmente no se puede dar la contingencia, que es el requisito para que proceda su pago; es decir, en el papel nadie puede perder su trabajo de manera involuntaria. A causa de esta insólita situación, el IVSS retiene a sus asegurados una contribución parafiscal que jamás paga.

Asimismo, debe resaltarse que el proceso de reenganche por violación de la inamovilidad ha sido un fracaso en el último año. ¿La razón? La combinación entre la suspensión de labores por la COVID-19 y la hiperinflación. Además, los cómputos de las compensaciones por salarios caídos son calculados sobre la base del salariomínimo vigente (Bs. 400.000 o 0,27 centavos de dólar por cada mes), con una proyección de 3 US$ por año de salarios caídos, lo que hace que sea absurdo la instauración del proceso de reenganche en la mayor parte de los casos.

Desaparición de migrantes: el lado sombrío del éxodo venezolano
Entre el 2017 y 2019, la desaparición de migrantes ha aumentado entre personas provenientes de Venezuela

El 26 de noviembre de 2020 Mariángel Romero desapareció en Maicao. La joven venezolana viajó a esta ciudad fronteriza colombiana para comprar ropa al mayor, que luego vendería en Tucupita, Delta Amacuro, de donde es oriunda.

Han trascurrido casi dos meses y la familia de la joven no tiene noticias de su paradero. El último rastro que dejó a sus parientes fue un mensaje de WhatsApp en el que “La Gocha”, como es llamada por cariño, les informaba que estaba bien.

“Ella no es de perderse y si le hubiesen robado el teléfono, ella busca manera de que alguien se lo preste para llamar. Ella no es persona de vicios ni nada de eso”, fue el mensaje que sus familiares difundieron la información en redes sociales y en diversos medios digitales del país.

El caso de Mariángel Romero no ha sido notificado a las entidades de búsqueda colombiana, debido a que la joven no tiene familiares ni amigos dentro del país que hagan la denuncia formal. Tampoco hay un móvil claro sobre su extravío. La esperanza de sus allegados sigue siendo alguna noticia que se les proporcione por redes sociales.

Reportes en redes sociales

La posibilidad de que las denuncias lleguen de forma masiva a miles de personas a través de Facebook, ha hecho que familiares y amigos recurran a los grupos públicos de migrantes venezolanos en Colombia para reportar las desapariciones.

Aunque no existe un patrón aplicable a todas las personas desparecidas, el rastreo realizado por Proiuris entre estas comunidades digitales indica que en diciembre de 2020 hubo nueve reportes. En casi todos los casos se trata de hombres y mujeres jóvenes, con menos de un año en Colombia, algunos se encontraban en condición de movilidad humana, específicamente caminando para salir de Colombia hacia Ecuador o retornando hacia Venezuela.

Internautas también han abierto debates públicos sobre estas situaciones, lo que ha generado diferentes teorías. La migrante Jasmina Méndez, por ejemplo, opinó en un grupo que “hay trata de mujeres. Ofrecen empleos por Facebook y van confiadas. Las secuestran y prostituyen”.

Por su lado, Howard Guerra, dijo que en realidad este fenómeno no existe. “Lo que pasa es que caminan y caminan, y las personas no le avisan a su familia por dónde van”.

Lo cierto del asunto es que las personas migrantes señaladas como desaparecidas, no son incluidas en las estadísticas ni bases de datos en Colombia, debido a que no hay denuncias formales, pues en su mayoría se trata de personas que no tienen familiares ni un grupo de apoyo en Colombia que haga seguimiento del caso.

“Las instituciones manejan una cifra baja, que no cuentan lo que realmente es el fenómeno de la desaparición, en especial en esta zona de frontera”, señaló recientemente Lorena Acevedo, representante de la Corporación Construyendo Poder, Democracia y Paz al medio colombiano RCN.

Visibilizar los casos

Iván Durán, periodista e integrante del grupo de comunicaciones del Gran Acuerdo Venezuela -una plataforma que agrupa a más de 100 organizaciones de venezolanos y venezolanas en Colombia- le ha hecho el seguimiento a un par de casos.

Él se ha tomado la tarea de llamar a los familiares, profundizar en el contexto en el que se dio la desaparición y enviar la información a las instituciones sin fines de lucro de la localidad ante las cuales se planteó cada caso. Además, en su canal de Youtube VENoticias ha creado una sesión llamada “Desaparecidos”, en el que reseña estas situaciones.

“Esto nos ha servido para activar las alertas y sustentar la denuncia de la familia y parientes e iniciar los protocolos con los organismos de búsqueda colombianos”, expresó Durán.

Los casos que ha reportado se ubican en las regiones fronterizas como Villa del Rosario y Cúcuta (Norte de Santander), Riohacha (La Guajira) así como otras capitales como Barranquilla y Bogotá.

Según señaló Durán, en los casos que ha reportado, el 90% de las víctimas han aparecido con vida. “La mayoría aseguró que fue robada y abandonada en zonas despobladas. Solo tenemos un caso de una mujer de 30 años que a mediados del 2020 dijo que se iba a Barranquilla a trabajar como interna (servicio doméstico) y sus familiares nunca más han sabido de ella”.

En este contexto, alertó que las mujeres migrantes son más propensas a estas situaciones, ya que son engañadas con falsos trabajos que se publican en redes sociales, para robarlas, abusarlas sexualmente o involucrarlas en redes de trata de personas.

Acciones humanitarias

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), define a las víctimas de desaparición como personas de quienes no se tienen noticias y han sido dadas por desaparecidas sobre la base de información fidedigna, a causa de un conflicto armado, de otras situaciones de violencia, desastres naturales, migración u otras crisis humanitarias.

En un país como Colombia, en el que durante 60 años de conflicto armado desaparecieron unas 114 mil personas, encontrarlas seguirá siendo uno de los retos humanitarios más importantes.

Entre el 2017 y 2019, la desaparición de migrantes ha aumentado entre personas provenientes de Venezuela. “Estamos hablando de un número de personas desaparecidas que asciende a las mil”, añadió Acevedo, de PoderPaz.

Según Medicina Legal, en 2020 se registraron 1.578 desapariciones de hombres y 866 de mujeres. La entidad no clasifica dichos casos ni por edad ni nacionalidad.

Juan Viloria, presidente de la Coalición por Venezuela, añadió que esta plataforma tampoco ha recibido casos puntuales de desaparición, “pero sí en una ocasión recibimos un correo del CICR quienes estaban haciendo un rastreo de migrantes venezolanos que fallecen en la ruta de caminantes o son víctimas de desaparición forzada de algún conflicto o delincuencia común en los países de tránsito y acogida”.

¿Cómo denunciar una desaparición?

Muchos piensan que hay que esperar 72 horas para interponer la denuncia de una desaparición. Sin embargo, esa idea no tiene fundamento legal ni en Colombia ni en Venezuela. La policía debe comenzar la búsqueda de manera inmediata.

Si usted tiene a un familiar desaparecido en Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) brinda la ruta que debe seguir. Estos procesos son gratuitos y no necesitan intermediarios:

1.    Solicitar la búsqueda inmediata de su familiar extraviado en una estación de Policía o ante las fiscalías. 

2.    Si estos organismos no toman su solicitud, debe acudir a la Defensoría del Pueblo, la Personaría o la Procuraduría General de la Nación.

Las acciones son: Búsqueda en bases de datos de hospitales y Medicina Legal; revisión de los sitios donde se cree que estuvo la persona por última vez; entrevista a las personas que puedan tener información y dar aviso a otras autoridades

3.    Reportar la situación en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), que almacena los datos de las personas desaparecidas y de cadáveres en Colombia. Allí podrá reportar: 

·       Cómo ocurrió o pudo haber ocurrido la desaparición

·       Datos personales y descripción física y detallada de su ser querido

·       Material como fotografías y radiografías de huesos y dientes. 

Usted puede hacer el reporte del Sirdec en:

  • Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (más conocido como Medicina Legal). 
  • Personerías municipales
  • Defensoría del Pueblo
  • Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas
  • Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES)
  • Fiscalía General de la Nación

 

Ene 11, 2021 | Actualizado hace 6 días
Defensores de DDHH condenan masacre de La Vega
Coinciden en que las Faes no rinde cuentas de sus acciones en los sectores populares 

Defensores de derechos humanos y organizaciones venezolanas condenaron la Masacre de La Vega, un operativo policial efectuado entre jueves 7 y viernes 8 de enero de 2021, donde murieron al menos 23 personas.

“Es, hasta dónde recuerdo, el operativo de ‘seguridad ciudadana’ con mayor cantidad de víctimas”, escribió Marino Alvarado, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), en su cuenta de Twitter.

“Da la impresión de que este tipo de acciones, más allá de intentar enfrentar bandas criminales, lo que busca es ejercer control sobre la comunidad mediante métodos represivo para impedirle que ejerza su derecho a reclamar”, dijo Alvarado.

Liliana Ortega, fundadora de Cofavic, rechazó las incursiones de este tipo en sectores populares en Venezuela.

“Con frecuencia nos encontramos con retrasos en la práctica de diligencias que son imprescindibles para la investigación y con negligencias en las autopsias. La inmensa mayoría de los casos nunca llegan a juicio”, concluyó.

Roberto Briceño León del Observatorio Venezolano de la Violencia indicó que “hay pocos casos de funcionarios policiales condenados en Venezuela, pero con la FAES la impunidad es total”.

Funcionarios del Ministerio Público admiten confidencialmente que las investigaciones que afectan a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policia Nacional Bolivariana son sistemáticamente bloqueadas.

El experto cree que la reacción del gobierno ante las denuncias contra la FAES muestra que “en realidad están orgullosos por lo que se está haciendo. No creen en el sistema penitenciario, no creen en el sistema judicial, esta es su única política de seguridad”. 

“No hablamos de la actuación de elementos aislados. Se trata de una política de estado. Y es una política de exterminio”, sostuvo

 

 

Denuncian incremento de casos de desnutrición en centro penitenciario de Anzoátegui
21 hombres se encuentran en delicado estado de salud 

Han transcurrido cinco meses desde que familiares de los privados de libertad denunciaron falta de alimentos para los reos del Centro Penitenciario Agroproductivo José Antonio Anzoátegui de Barcelona, pero sus gritos de auxilio aún no han sido escuchados.

La tarde del sábado 9 de enero un grupo de mujeres denunció al equipo de Una Ventana a la Libertad en Anzoátegui que 21 hombres se encuentran en delicado estado de salud debido al grado de desnutrición severa que presentan, y exigieron que sean trasladados a un centro asistencial con carácter de urgencia.

Pese a no querer ser identificadas por temor a represalias en contra de sus familiares, el grupo de mujeres se atrevió a revelar que los pocos alimentos que llevan a sus parientes llega incompletos a las celdas y otros en mal estado.

Una de ellas contó que existen privados cuyos familiares  se encuentran en Nueva Esparta, Sucre y Monagas, entre otros estados, y que no cuentan con alimentación diaria por lo que deben pagar hasta tres dólares  cada día para poder alimentarse.

“Hace mucho que no les proveen alimentos a los privados y se ha agravado la vulnerabilidad de cada uno, además existen internos con tuberculosis que permanecen en celdas con presos comunes que hoy en día están en riesgo. No reciben atención médica y  mucho menos alimentos a diario, además que algunos se han enfermado por ingerir agua cruda ya que no  tiene agua potable para su hidratación”, contó una de las denunciantes.

El Centro Penitenciario Agroproductivo José Antonio Anzoátegui fue inaugurado en junio del  2014 fecha en la que se informó a través de un comunicado oficial que su capacidad era para 524 internos, pero hoy en día la cifra supera los 1.800 privados.

Algunos internos  han amenazado con iniciar una huelga de sangre hasta tanto sus gritos de auxilio sean escuchados, además de denunciar que les han sido violado sus Derechos Humanos y exigen la presencia de autoridades penitenciarias para que pueda constatar  las condiciones de insalubridad en la que se encuentran.

Barrio Adentro pasó de programa bandera a un armatoste que aporta poco
A 17 años de su creación, su aporte luce insuficiente e ineficaz ante la magnitud de la emergencia humanitaria compleja que padece el país

El programa social Misión Barrio Adentro fue creado hace 17 años, durante el gobierno de Hugo Chávez, con el propósito de brindar atención primaria y preventiva en materia de salud a los habitantes de las comunidades más desasistidas del país, a través de consultorios populares construidos en cada zona, dotados con personal médico y de enfermería provenientes, en su mayoría, del convenio Cuba-Venezuela. Sin embargo, desde sus inicios, el proyecto que debería estar enfocado en la protección y cuidado de las poblaciones más vulnerables, ha estado empañado por la estrategia política, electoral, ideológica y de control social con el cual fue concebido y manejado. En estos años, la Misión ha atravesado múltiples facetas tanto en su organización como en su línea de acción: desde diversificación de los servicios ofrecidos (Centros de Alta Tecnología y Centros de Diagnóstico Integral), hasta reimpulso (suministro de medicinas, 100% cobertura), con el objetivo de garantizar su continuidad. No obstante, el aporte de la Misión a la salud de los venezolanos se ha ido desvirtuando con el tiempo y su aporte luce escaso, insuficiente e ineficaz ante la magnitud de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país producto de la corrupción, agravada ahora por la crisis sanitaria de COVID-19. 

Datos recabados por Transparencia Venezuela, desde 2003 hasta 2016, revelan que a la Misión Barrio Adentro le han sido asignados recursos económicos que superan los 34.000 millones de dólares. Este enorme presupuesto, que pudo ser destinado al fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud, fue dilapidado en estructuras que poco a poco han ido cerrando sus puertas y en la adquisición de fármacos de origen cubano que han sido cuestionados por la comunidad científica y médica venezolana. Dicha Misión, lejos de apoyar la labor de la red de atención existente, surgió para confrontar y se convirtió en instrumento político para la ideologización de las comunidades más humildes que dependen de sus servicios. 

Por otro lado, al igual que en las otras áreas de la gestión pública en Venezuela, la opacidad ha estado presente a lo largo de los 17 años que lleva el programa. No se conocen diagnósticos sociales comunitarios, seguimiento de indicadores, impacto real en la población y reducción de indicadores de salud. Tampoco hay rendición de cuentas y se desconocen las políticas diseñadas para garantizar el derecho a la salud en los centros creados por la Misión. En todo este trayecto ha habido una visibilización cuantitativa de la Misión que no se corresponde con la calidad de la atención que reciben los pobladores.

Revisión 

El enfoque de este programa de salud continúa siendo el de la medicina integral comunitaria, que si bien constituye un elemento importante en la prevención y tratamiento de enfermedades en un primer nivel, debe ir de la mano con la implementación de políticas públicas direccionadas al fortalecimiento de infraestructura pública de consultorios, ambulatorios y la red hospitalaria, de manera que los ciudadanos tengan acceso a la atención requerida para cada patología. Con la Emergencia Humanitaria Compleja y la declaración de pandemia por COVID-19, es poco o nada lo que esta Misión ha aportado al mejoramiento de la crisis sanitaria en Venezuela. La mayoría de sus consultorios se encuentran cerrados y los que están operativos no cuentan con personal médico venezolano capacitado, equipos, medicamentos e insumos. 

Ante esta realidad y dado el constante seguimiento, diagnóstico y análisis que ha realizado sobre las diferentes misiones sociales anunciadas y ejecutadas por el gobierno, Transparencia Venezuela propone que se haga una revisión a fondo y se reorganice el Sistema de Misiones, con énfasis en los vinculados a áreas sensibles como la salud y la alimentación. De igual modo, a los fines de optimizar su funcionamiento, plantea la revisión de la Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones; así como profundizar el monitoreo y evaluación del programa social e impulsar la construcción de un sistema de indicadores de gestión e impacto, registro y publicación de los centros de salud vinculados a la Misión, a objeto de tener información oportuna sobre su dirección, funcionamiento, presupuesto y organismos de dependencia. Por otra parte, se deben promover la descentralización y mayores mecanismos de contraloría social para velar por el correcto funcionamiento de este y otros programas sociales.