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DDHH olvidados | “La Fiscalía solo quiere que una se canse”
Carlos Alberto Mora, de 19 años, fue asesinado el 14 de julio de 2006 en Antímano por efectivos de la extinta Policía Metropolitana de Caracas

@ValeriaPedicini

Cuando Dilcia Mendoza habla de su hijo, no lo hace en tiempo pasado. Cuando cuenta la historia detallada de cualquiera de las cuatro fotos que sostiene entre sus manos, siempre lo hace en presente. Las imágenes están unidas con grapa a una hoja carta que la mujer revisa con dolor desde hace más de una década por la ejecución extrajudicial de su hijo.

Carlos Alberto Mora había regresado a vivir a su casa natal en la Parroquia Antímano de Caracas. El muchacho de 19 años estaba decidido a estudiar Criminalística, así que había presentado los exámenes de admisión ante la Policía de Sucre. Mientras esperaba los resultados, trabajaba como mecánico junto a su papá en Filas de Mariches. 

Ansioso porque la respuesta no llegaba, el 14 de julio de 2006 no fue a trabajar y subió al sector La Acequia para ubicar un teléfono y averiguar si lo habían aceptado. 

Eran cerca de las 10 de la mañana. Cuatro horas más tarde, Carlos Alberto estaba muerto. 

Dilcia salió varias veces de casa a recorrer los callejones y escaleras en búsqueda de su hijo. No obtuvo resultados. Pasado el mediodía, angustiada, se asomó por su ventana. Miró hacia la casa de su vecina en la cima de la montaña y desde ahí vio a uno de los policías disparando al aire. 

Todavía Dilcia Mendoza no sabe por qué mataron al joven. Ella misma ha tenido que atar cabos sueltos para saber cómo fue asesinado por agentes de la hoy extinta Policía Metropolitana de Caracas. La versión policial sostiene que murió durante un enfrentamiento con los funcionarios. Pero Dilcia, convencida de su inocencia, ha ido reconstruyendo los hechos a falta de la indagación oficial. 

La mujer supo que cuando su hijo iba de regreso a casa, los efectivos iban subiendo por el barrio. Un conocido de Carlos Alberto  le dice que entren a una casa para evitar encontrarse con la policía. Dentro de la vivienda, se encuentran con un joven que presuntamente había estado implicado en un caso. “Los funcionarios tumbaron precisamente la puerta de esa casa y entraron. Uno de ellos le comentó a otro: ʻAquí ya tengo tres”. 

En sus averiguaciones, ella también ha podido establecer con los años que aquel funcionario, descargando su arma al aire, solo buscaba aplacar los gritos de auxilio y de dolor que las torturas estaban arrancando a su hijo en la casa vecina.

“Yo revisé la casa donde todo sucedió, encontré las medias de mi hijo, su gorra. Supe que de ahí salió vivo, pero con una ropa que no era la suya. Supe que los funcionarios tardaron una hora en llevarlo al hospital, que apenas está a quince minutos del lugar. ¿Qué pasó ahí? Hay demasiadas cosas que no han sido investigadas. En 2010, de la nada, apareció el teléfono celular de mi hijo. Me lo dio la misma vecina que dijo haberlo encontrado donde lo mataron porque una luz estaba titilando. ¿Seis años después un celular va a tener batería?”.

Había que denunciar

El cuerpo de Carlos Alberto todavía estaba tibio cuando Dilcia lo dejó en el Hospital Pérez Carreño y se fue a denunciar lo que había ocurrido. “Reaccioné y le dije a mi esposo que teníamos que ir a denunciar rápido, para que no les diera tiempo de cambiar la versión, de ponerse de acuerdo, para que no se perdiera evidencia ni borraran nada”. 

No estaban seguros a dónde podían ir. Así que subieron al primer taxi que encontraron. El conductor, tío de un estudiante asesinado por la policía, supo exactamente a dónde dirigirse: los llevó a la sede del Ministerio Público y les explicó lo que tenían que hacer. 

“Vengo a denunciar que unos funcionarios de la Policía Metropolitana asesinaron a mi hijo. Hay testigos y quiero que vean su cadáver. Tiene en el pecho un círculo de seis centímetros con un punto del que se desprende la piel, como si le hubiesen puesto aceite caliente y la ampolla se le hubiese estallado. Eso fue que me lo quemaron”. 

Después de tantos años trajinando su caso, Dilcia puede explicar que lo que vio aquel día en el cuerpo de su hijo no era una quemadura, sino el rastro de un disparo a quemarropa.

“Como víctimas, nosotras creemos que por el solo hecho de hacer la denuncia ya se va a hacer justicia. Ya hoy han pasado 21 fiscales en mi caso”, señala Dilcia Mendoza, quien desde 2006, se ha abocado día tras día a empujar los procesos jurídicos necesarios para establecer las responsabilidades en la ejecución extrajudicial de su hijo. 

Ha logrado, incluso, estar frente a algunos de los funcionarios señalados como presuntos responsables de la muerte de Carlos Alberto. “Hoy, me siento orgullosa de verle la cara a esos policías. Cuando me ven, corren como si estuvieran viendo al diablo. A veces me les pego atrás, y les digo: ‘así te escondas bajo las piedras, la justicia te va a agarrar¡”.

Ha comprendido que frente a las disfunciones del sistema solo la voluntad puede marcar la diferencia. “La Fiscalía solo quiere que una se canse. Pienso que al Estado le conviene los casos estancados. Yo iba al Ministerio Público una y otra vez y siempre me decían que esperara, que el fiscal no estaba, que volviera. Yo no sabía nada de la justicia ni qué eran los derechos humanos”. 

N de R: El testimonio forma parte del informe “Víctima a víctima”, disponible en el portal de Cofavic

Cedice Libertad analiza relación entre el irrespeto a las leyes y crisis económica 
La investigación “Venezuela, Constitución, Impacto Económico y Gasto Público” del abogado Arlan Narváez será presentada el próximo jueves 22 de julio en un foro a través de la plataforma Zoom

El respeto al Estado de Derecho es uno de los elementos esenciales de la fortaleza institucional de los países hoy en día y su violación incide en las condiciones socioeconómicas de estos. Para analizar tal incidencia en el caso venezolano, el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) presenta la investigación “Venezuela, Constitución, Impacto Económico y Gasto Público”, realizada por el abogado Arlan Narváez para el Observatorio de Gasto Público (OGP). 

El análisis de Narváez parte de la visión de la economía institucional de autores como el premio Nobel de Economía Douglas North, para quien “el comportamiento de una economía depende de su estructura organizacional”. En este sentido, el abogado alerta sobre el impacto negativo de interpretaciones y afecciones a la Constitución de 1999 en diversos temas económicos, entre los cuales destacan la política monetaria y fiscal, los derechos de propiedad y la libertad económica. 

Narváez enfatiza que como consecuencia de tal afectación, se obstaculiza la producción nacional, se deteriora la seguridad jurídica, se estimula la inestabilidad de precios con el debilitamiento del valor de la moneda y se destruye el poder adquisitivo. 

Discrecionalidad y ausencia de control 

En el ámbito monetario y fiscal, el abogado destaca como prácticas nocivas la subordinación del Banco Central de Venezuela (BCV) al Poder Ejecutivo con la consecuente emisión de dinero sin respaldo que ha degenerado en la hiperinflación vivida en Venezuela desde hace cuatro años y la inestabilidad monetaria que ha provocado dos reconversiones en menos de 20 años. 

A esto se le suma, a juicio de Narváez, la falta de control que ha caracterizado la labor fiscal y presupuestaria nacional desde hace dos décadas. Al respecto, resalta cómo entre 2001 y 2016 la planificación presupuestaria subestimaba los ingresos petroleros para así “evadir la camisa de fuerza de los créditos o partidas presupuestarias y poder contar con fondos extrapresupuestarios”.

Posteriormente, la situación política ocasionó que se utilizaran subterfugios para no someter los proyectos de Ley de Presupuesto y de Endeudamiento a las funciones de control del Poder Legislativo. 

De igual manera, Narváez retoma las investigaciones hechas por el OGP y el Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) de Cedice Libertad para referirse a las afectaciones a la propiedad privada, que considera “una de las transgresiones constitucionales que más daño le ha hecho a la economía”. 

Al respecto, no solo se refiere a cómo las afectaciones a los derechos de propiedad inciden sobre la producción nacional de bienes y servicios, sino también las implicaciones que ha tenido para el Estado venezolano y su reputación. 

“Tres son las principales consecuencias económicas (…): a. Las cuantiosas compensaciones que tiene que pagar la República de Venezuela a los afectados; b. Las considerables pérdidas económicas que arroja la ineficiente gestión de las empresas expropiadas; y c. El impacto negativo que tienen en el deterioro de la confianza para las inversiones en Venezuela y, muy vinculado con ello, la percepción externa de inseguridad jurídica para la inversión”, alerta el abogado. 

El documento completo “Venezuela, Constitución, impacto económico y gasto público” puede leerse en este enlace.  La investigación también será presentada en un foro a través de Zoom el este 22 de julio a las 4:00 pm, que contará con la presencia de su autor, de la doctora Sary Levy, coordinadora del OGP, y del abogado José Valentín González. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse aquí.

 

 

Denuncian asesinato de manifestante ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Leonardo González recibió 21 disparos de la policía del estado Carabobo

En el marco del 47 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, la activista Olga González, esposa de Leonardo González, quien fue asesinado en una manifestación en 2017 en Naguanagua por la policía del estado Carabobo, denunció el patrón de impunidad estructural en Venezuela.

21 balas fueron disparadas por las autoridades venezolanas al vehículo que conducía González Barreto el pasado 27 de julio del 2017.

Leonardo, a quien Olga lo describe como un creyente de la democracia y la justicia, fue asesinado a unos metros de su casa, la policía acordonó el lugar declarando que habían detenido a un delincuente, sin embargo, era Leonardo quien en su carro solo llevaba unos contenedores con agua de avena, arepas rellenas, agua mineral y su bandera de Venezuela. En sus bolsillos caramelos, y su crucifijo que siempre lo acompañaba. Su único delito fue haber salido a manifestar.

Ese 27 de julio Leonardo se detuvo a ayudar a un muchacho de 18 años, montándolo en su carro y comenzando a escapar, pero los policías en moto lo persiguieron disparando contra el vehículo, acertando un disparo en su espalda. Se bajó del carro, herido y pidiéndole a los funcionarios que lo ayudaran, pero estos se negaron y Leonardo se desangró. El otro joven (quien hoy es una víctima directa) que estaba con él, resultó ileso. El vehículo recibió 21 impactos de proyectil de arma de fuego.

González expuso ante el Consejo que el 1 de noviembre de 2018 se efectuó la audiencia preliminar y la fase de juicio inició el 5 de junio de 2019. Se convocaron 27 audiencias, se produjeron 11 diferimientos: ocho (8) de estos por falta de traslado de los acusados y tres (3) por falta de presentación de la fiscalía.

Asimismo, declaró que, el 8 de octubre de 2020, el juez competente acordó la interrupción y repetición del proceso. Esta decisión fue apelada y hasta la fecha no hay respuesta. Luego de casi 4 años de su asesinato, el 29 de abril de 2021 se reinició el juicio. Se ha convocado a tres (3) audiencias, siendo solo una la que se ha llevado a cabo mientras que las otras dos (2) han sido diferidas por falta de traslado de los acusados.

Exhortó al Consejo de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada a que sean más contundentes en su exigencia al Estado venezolano respecto a la cooperación y cumplimiento de las recomendaciones emanadas de los informes presentados por su oficina. También solicitó el cese inmediato de las políticas de encubrimiento de la cadena de mando responsable de crímenes de lesa humanidad.

 

DDHH olvidados | No volvió a ser la misma después de la ejecución extrajudicial de su hijo
Darwilson Sequera de 20 años fue asesinado en una ejecución extrajudicial en junio de 2013 por funcionarios del CICPC

@ValeriaPedicini

Una parte de Aracelis Sánchez dejó de existir el día que su hijo murió. El ama de casa que apenas salía de su hogar, centrada en atender y cuidar a su familia, quedó atrás. Dejó de ser aquella mujer cuando funcionarios policiales irrumpieron en su casa, persiguieron a su muchacho hasta la azotea y lo balearon. 

Su historia no es una historia de un solo día. 

Todo empezó en abril de 2013. Un día regresaban a casa y encontraron dentro de su vivienda en El Valle, en el sudoeste de Caracas, a varios policías manipulando su computadora y documentos. No hubo explicaciones ni orden de registro. Hizo la denuncia ante la Fiscalía 127 y le dijeron que se quedara tranquila.

Un mes después, los efectivos volvieron y le dieron una paliza en la calle a su hijo Darwilson, de 20 años. Ella lo defendió y en respuesta la amenazaron con matar a sus otros hijos si no les daba dinero.

La extorsión duró varias semanas. La familia tuvo que huir, dormir en su carro, vender electrodomésticos. Aracelis acudió al fiscal e hizo una nueva denuncia, esta vez, por extorsión. El funcionario le aseguró: “A usted no le va a pasar nada”. 

La mañana del 11 de junio tocaron con fuerza su puerta. La despertaron gritando “helado” y cuando ella abrió un policía vestido de negro le apuntó con un arma larga y la amenazó con dispararle. Ella cerró y corrió gritando al interior a avisarle a su familia. 

Los funcionarios del Cicpc irrumpieron mientras Darwilson y su hermana de 12 años iban subiendo a la azotea; abajo quedaron la madre, el padre y el hijo mayor abrazados y desde allí oyeron los balazos. La niña aseguró que su hermano buscó refugio saltando entre los techos y se resguardó en una cuneta. 

Según el examen forense, el joven pudo haber estado de rodillas cuando recibió los disparos mortales. 

Cerca de 30 policías participaron en el operativo y cuando arrastraban a Darwilson lanzaban ráfagas y ordenaban a gritos que nadie saliera de su casa. Apenas se despejó la zona, Aracelis se lanzó a los callejones aledaños buscando a su hijo, hasta que su esposo la subió al vehículo y fueron al hospital de Coche. Cuatro días más tarde le entregaron el cadáver en la morgue del hospital a donde había acudido inicialmente. “Dejaron que su cuerpo se descompusiera”. Tenía tres orificios de bala, uno de ellos fue un tiro de gracia.

“Yo debí salir a defenderlo”

Si piensa en quién era en 2013, Aracelis no puede evitar reprocharse a sí misma por no haber sabido cuáles eran sus derechos, los de su familia, los de su hijo. Si hubiese sabido, no se hubiera quedado paralizada por el miedo cuando mataron a Darwilson. 

“Yo soy una persona muy diferente, no me reconozco, era tan tímida, miedosa, a veces me culpo de que hayan matado a mi hijo, debí parármele a los policías, que me mataran a mí, no a él. Yo debí salir a defenderlo. Eso cambió mi vida”. 

Pero la ejecución extrajudicial no fue lo único que la hizo cambiar, sino el enfrentarse al entramado institucional que pretendió distorsionar la descripción de los hechos.

“Una queda como en el aire, con ese dolor tan grande, desorientada; así estaba cuando fui a la División de Homicidios y me pedían que firmara un papel. Yo lo leí, y ahí decía que mi hijo tenía un apodo delictivo y que se había batido a tiros con el Cicpc. Querían obligarme a firmarlo. Dije que no, que lo corrigieran. Entonces arreglaron algunas cosas y me lo dieron de nuevo. Seguía escrito lo del enfrentamiento. Pedí que lo volvieran a hacer y cuando me lo mostraron, se molestaron: ʻ¿También lo va a leer, señora?ʼ, y yo respondí que sí. ¿Cómo podía confiar, si dos escritorios más allá había un funcionario que nos había estado extorsionando meses atrás?”. 

Cuando su caso por fin llegó al Ministerio Público, se profundizó la injusticia. Ella preguntó cuál Fiscalía tenía asignado su caso y le dieron un dato equivocado. Le dijeron que no aparecía en el registro y los propios funcionarios le recomendaban que no siguiera con la denuncia porque los policías implicados eran muy peligrosos. 

En la Fiscalía le dijeron que el caso estaba cerrado porque su hijo era un delincuente y no tenía ningún derecho. “Querían que me cansara”. 

Después del maltrato reiterado y las presiones de la Fiscalía para que desistiera, Aracelis estuvo en shock. “Conseguí los teléfonos de varias organizaciones y llamé buscando orientación, pero nunca me devolvieron la llamada. Cuando veía en la calle a alguien con libros, pensaba que eran personas leídas y les preguntaba si sabían dónde me podían ayudar”. 

Aracelis Sánchez es una de las fundadoras de Orfavideh. En su camino de hacer justicia por su hijo, conoció a otras madres que también querían lo mismo. Juntas empezaron a acudir a la morgue y la Fiscalía, en búsqueda de más familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. 

“Preguntábamos, seguíamos pistas, íbamos a hablar con ellas, a decirles quiénes éramos, y por qué pensábamos que debíamos unirnos. Al principio mi esposo no quería que denunciara, porque temía que fueran detrás de nuestros otros hijos, pero cuando me vio decidida se convirtió en mi mayor apoyo”. 

Ella ha constatado que la cantidad de denuncias por ejecuciones extrajudiciales presentadas ante las instancias de Justicia no es proporcional a la cantidad de casos. Es mucho menor, y sabe que el miedo es el factor primordial. A eso se suma el desconocimiento de las personas sobre cuáles derechos y recursos les asisten, así como las dilaciones y presiones institucionales para desalentarlas. 

Para Aracelis, la red de contención, apoyo y ayuda de la organización ha sido crucial. “Hay que denunciar, pero también debemos acompañarnos. Una víctima sola es más fácil de manipular y nunca le prestan atención, pero cuando nos presentamos juntas, estamos pendientes de hacerle seguimiento a cada uno de nuestros casos, nos damos ánimo cuando alguien decae o quiere desistir, se nota la diferencia. Si no estuviéramos ahí, insistiendo, nuestros expedientes prácticamente no existirían, ni tampoco darían constancia de la injusta muerte de nuestros hijos”. 

Ya nada queda de esa mujer miedosa y tímida. “Ahora mi carácter es más fuerte, muy determinado. Cuando veo la injusticia no la permito, me enfrento a quien tenga que enfrentar. He cambiado mi forma de vestir, de pensar, de peinarme. No podemos callarnos ni dejar que nos violen nuestros derechos. Aprendí que a estas personas no hay que tenerles miedo, hay que ir a la prensa, buscar asesoría, tener constancia. Yo ya no me puedo quedar callada. Yo decidí que nadie más me violaría mis derechos”.

N de R: El testimonio forma parte del informe “Víctima a víctima”, disponible en el portal de Cofavic 

Confinamiento no detuvo delitos por hurto y robo en municipio Atures de Amazonas
El Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas monitoreó 27 delitos contra la propiedad

Durante el primer semestre del año 2021, el Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas (OVV Amazonas) monitoreó 27 delitos contra la propiedad en el municipio Atures, de acuerdo con el seguimiento a medios de comunicación de la región. De los resultados obtenidos, 20 casos -que representan un 74%- corresponden a hurtos, mientras que 7 casos de robos aglutinan el restante 26% de los registros.

Según el monitoreo del Observatorio de Prensa del OVV Amazonas, las instituciones educativas han sido las más azotadas durante el confinamiento; la dinámica escolar cambió drásticamente por la pandemia del Covid-19 y los centros, solitarios y sin seguridad, se convirtieron en lugares atractivos para la delincuencia.

Iniciando el año, sujetos cargaron con el cableado, tuberías y mobiliarios de la Unidad Educativa San José de Mirabal, ubicada en la parroquia Platanillal al sur del municipio Atures. Durante una inspección realizada, se evidenciaron destrozos de las paredes, puertas, ventanas; además, fueron incendiados los archivos de la dirección. Situaciones similares ocurrieron en las sedes del Liceo Bolivariano Puerto Ayacucho y la escuela básica Juan Ivirma Castillo, ambas ubicadas en la Urbanización Simón Bolívar de la parroquia Luis Alberto Gómez, en el municipio capital, donde delincuentes lograron sustraer parte de las instalaciones eléctricas y elementos estructurales metálicos. El panorama no es distinto en las instituciones de educación superior; según reseñó el portal “El Pitazo”, la directiva de la Universidad Nacional Abierta (UNA) declaró que estuvo a punto de cerrar, por el hurto sistemático a su sede.  

En cuanto a los delitos por robo, en el barrio Unión de la parroquia Fernando Girón Tovar del municipio Atures, un sujeto sometió a una mujer, de 29 años, con un objeto punzocortante para arrebatarle el celular; tras el hecho, y con ayuda de la afectada, dieron con el victimario, quien fue puesto a la orden del Ministerio Público. En la misma parroquia, otro hecho se suscitó en el sector PromoAmazonas, donde un joven fue interceptado por sujetos armados quienes lo despojaron de su motocicleta; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) efectuó las investigaciones durante varios días, logrando la captura del delincuente y con el paradero del vehículo. En otra ocasión, en la Urbanización Carinagüita de la parroquia Luis Alberto Gómez, una pareja estaba frente a su vivienda cuando un hombre se le acercó a la dama y le arrebató el celular. Al percatarse de la situación, su compañero con unos vecinos inició una persecución para atapar al delincuente, quien, en una calle oscura, era esperado por un motorizado; al intentar emprender la huida, la motocicleta comenzó a presentar fallas y uno de los sujetos sacó un arma y disparó al aire con el fin de evitar que la gente se les acercara, logrando de esa manera escabullirse entre la maleza.  

Para la coordinación del OVV Amazonas, los hechos registrados responden, en buena medida, a los efectos de la crisis estructural que afecta al país y la región. Por un lado, desde su vertiente económica, donde los delincuentes -jóvenes en su mayoría- optan por arriesgarse en procura de una fuente de ingreso que permita suplir sus necesidades materiales, no siempre esenciales; por otro lado, desde la perspectiva sociocultural, erosionada en término de valores, que impide dimensionar cabalmente que este tipo de actuaciones afecta a las instalaciones y los servicios públicos, que en otras condiciones estarían a su disposición y tendrían otra valoración. Particularmente preocupante es el trato que se le da a la infraestructura educativa, tras las reiteradas agresiones, que la imposibilita de cumplir con su rol social, lo que compromete aún más los escenarios futuros.

En El Rodeo III pagan en dólares para que familiares puedan ingresar paquetes
En algunos casos el preso debe pagar hasta $1 para tener acceso a los paquetes enviados por sus familiares

El sistema penitenciario en Venezuela no tiene excepciones en lo que se refiere a la vulnerabilidad de los derechos humanos. La única manera de conseguir “beneficios” o condiciones mínimas de reclusión es pagando sumas en dólares que muy pocos suelen tener.

En comunicación con familiares de privados de libertad del Internado Judicial El Rodeo III, ubicado en la ciudad de Guatire en el estado Miranda, el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo conocer las tarifas que se manejan dentro del penal para tener acceso a visitas, paquetería e incluso traslados.

A pesar de ser uno de las pocas cárceles que permite el ingreso de alimentos diariamente y que además pueden llevar comida cruda, el “pranato” coordina la distribución de estos alimentos y en algunos casos el preso debe pagar hasta $1 para tener acceso a los paquetes enviados por sus familiares. La comida debe ser separada en envases transparentes, mientras hay alimentos como el azúcar o jugos que están prohibidos.

Uno de los mayores retos en el tema de la alimentación es que muchos de los presos están recluidos lejos de su tierra natal, por esto mismo a sus familiares se les dificulta llevarles comida a diario por temas de dinero, restricciones de movilidad por la cuarentena obligatoria y distancia.

Muchas veces la paquetería debe ser administrada por el preso para una semana entera o hasta 15 días, pero la capacidad del familiar de llevar esa cantidad de alimentos es limitada, ya que viajan en transporte público hasta el penal.

El privado de libertad que no reciba suficientes productos para cubrir sus necesidades diarias hasta la próxima entrega, debe sobrevivir con el “menú” que les brinda el centro penitenciario, que consta de una o dos a comidas al día, basados en agua de avena o pasta sin ningún tipo de proteínas.

Esto ha abierto el negocio entre reclusos dentro de El Rodeo.  Las ventas pueden ir desde unas catalinas o hasta un pequeño menú; la catalina cuesta 3 millones de bolívares y un plato de comida (dependiendo de lo que el preso tenga a disposición para vender) puede tener un costo de hasta tres dólares.

Quien no tenga la manera de conseguir dinero para pagar por comida o no cuente con el apoyo de algún familiar o amigo, queda a su suerte y condenado a sufrir déficit calórico hasta llegar a la desnutrición, poniéndolo en riesgo de muerte.

La cantidad de presos que no tiene cómo cubrir estas necesidades básicas es cada vez más alta, ya que las condiciones del país son cada vez más difíciles. Familiares relataron que sufren las de Caín para conseguir dinero y poder trasladarse, así como para comprar alimentos suficientes y pagar por agua potable para su ser querido dentro de la cárcel.

En este centro penitenciario, el preso o el familiar deben pagar una cuota por cisternas de agua que permitan abastecer el lugar.

Adicional a esto, se debe conseguir dinero para traslados a tribunales, lo cual tiene una tarifa que va desde los $5 hasta los $50. Todo depende del custodio que esté a cargo, quien no tenga para pagar, se le retrasa su proceso judicial hasta conseguir cómo cubrir este gasto.

Todo esta aberrante situación da indicios suficientes para asegurar que el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios no asume ninguna responsabilidad económica, ni logística o apoyo al recluso para establecer un sistema que evite que el castigo del que cruza la ley no sea la privativa de libertad, sino el lugar de reclusión.

Venezuela no cuenta con garantía de derechos sexuales y reproductivos
Es un requisito fundamental para el goce de una vida plena y libre

Desde Defiende Venezuela se organizó el primer Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos donde se contó con la participación de Magdymar León, psicóloga y coordinadora de AVESA ONG, Yelene Carpio, abogada con máster en protección de derechos humanos y Blanca Martorell, psicóloga y experta en atención de violencia sexual. 

Una Venezuela que no cuenta con garantía de derechos sexuales y reproductivos fue a la reflexión que nuestras panelistas llegaron. Explicaron que para el ejercicio de la sexualidad y la procreación, los derechos sexuales y reproductivos tienen una importancia fundamental en la vida de las mujeres. El hecho de que se tenga la posibilidad de controlar la reproducción hace diferencias importantes en cuanto al poder acceder a una formación académica o desempeñarse cómo trabajadora dentro de una actividad política. 

Magdymar León, inició su disertación sobre, estigmas y falsas creencias sobre los derechos sexuales y reproductivos, explicando que estos derechos son un componente fundamental de los derechos humanos. Afirmó, que su garantía es un requisito fundamental para el goce de una vida plena y libre, explicó que se basan en la necesidad de las personas de reapropiarse de su cuerpo y la autodeterminación para el ejercicio de la sexualidad y la procreación. 

Por su parte, Yelena Carpio, abogada con máster en protección de derechos humanos, expuso que estos derechos abarcan una serie de libertades que incluyen la posibilidad de adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables sin violencia, coerción, ni discriminación con respecto a los asuntos relacionados con el propio cuerpo y la sexualidad. 

Agregó que a pesar de no existir un instrumento jurídico que legisle exclusivamente sobre los derechos sexuales y reproductivos, en el sistema jurídico venezolano existen leyes de otros cuerpos normativos que los protegen, ejemplo, los artículos 43, 20, 46, 76, 78, 83, 103 y 60 de la Constitución. 

Asimismo, la psicóloga y experta en atención de violencia sexual, Blanca Martorell, disertó sobre las consecuencias de no contar con derechos sexuales y reproductivos, resumiendo los datos registrados por Alianza Salud Para Todas. 

Entre los datos se encontró que el 40,4% de las encuestadas no puede acceder a métodos anticonceptivos disponibles en el sector privado por su situación económica y el 34% de ellas puede acceder solo en ocasiones. Sobre esto, agregó que: ‘‘No ha habido un sistema de salud público venezolano que de garantía de la distribución gratuita de los métodos anticonceptivos y de protección sexual’’. 

 

Presos de Táchira deben esperar por respuestas de Caracas
La mayoría tiene el 75% o las tres cuartas partes de su pena cumplida

La mayoría de los presos del Centro Penitenciario de Occidente (CPO) tienen el 75% o las tres cuartas partes de su pena cumplida, por lo que según las leyes venezolanas optan a beneficios de acuerdo sea el caso. Aunque jueces tachirenses han librado boletas de libertades, estas no se materializan porque esperan respuestas de Caracas.

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en el estado Táchira constató los casos de más de 100 presos del CPO a quienes les han negado su libertad, aun cuando tienen sus redenciones o simplemente las solicitan. La respuesta es que tienen que ser avaladas por Caracas.

“Los jueces verbalmente manifiestan que no tienen órdenes de dar redenciones y ellos no deben esperar órdenes, porque para eso está el código procesal penal que establece como es un proceso que se debe llevar por un tribunal de ejecución”, explicó la coordinadora de OVP de Táchira, Raiza Ramírez.

A finales del mes de junio los familiares de los privados de libertad del CPO protestaron frente a la sede del Circuito Judicial para exigir el pronunciamiento de los tribunales para los que ya tienen beneficios y libertades,  acelerar la actualización de cómputos, así como también las audiencias preliminares. De la misma forma, solicitaron asistencia médica y mejorar la alimentación en el penal.

A pesar de los esfuerzos de los familiares por ser escuchados, no han tenido respuesta alguna, los atropellos continúan, mientras los privados de libertad siguen sufriendo las calamidades propias de un sistema penitenciario colapsado.

Entre los testimonios que pudo recabar el OVP en Táchira encontramos el de un joven de 19 años de edad, quien relató como a su madre la detuvieron cuando él y sus dos hermanas eran menores de edad, obligándolo a convertirse en el sostén del hogar y tuvo que esperar tener 18 años de edad para comenzar hacer las diligencias de su madre ante los tribunales.

En la actualidad cumple dos años asistiendo  a los tribunales y lo que le han respondido es que no han autorizado procesar causas de ningún tipo debido a la pandemia.

El joven muestra mucha preocupación porque asegura que su madre está enferma y debe hacer esfuerzos físicos para trabajar dentro del penal y mantenerse por su cuenta, porque la alimentación del CPO no es la adecuada.

Por otra parte, una de las madres de un preso de CPO indicó que su hijo tiene una boleta de libertad librada por el juez desde hace tres meses y, aunque la tiene en sus manos en el penal, no le dan la libertad a su hijo. Siempre le aseguran que tiene que dar el visto bueno desde Caracas.

“Sabemos que han cometido delitos y ya los han pagado, lo único que pedimos es que sean atendidos en tribunales porque es su derecho”, expresó la madre de un privado de libertad.

Madres, esposas e hijos están también preocupados por la situación, desean que los privados de libertad salgan con condiciones físicas y mentales para ser útiles a la sociedad.

“Tememos que no salgan aptos por el encierro y todo lo que viven allí”, manifestó una madre.

De la misma forma denunciaron que cuando va Plan Cayapa para el penal u otros planes de revisiones para presos, solo se benefician los que pagan en dólares, aquellos que no lo hagan no son objetos de estudios de sus casos.

Sin proteína, sin azúcar y sin sal

Las madres también denunciaron que los presos del CPO I, II y el anexo femenino no están consumiendo proteínas, así como tampoco los dejan consumir azúcar ni sal.

En ocasiones sus tres comidas son una arepa sin relleno, a veces una sola arepa es lo que comen en todo el día. Asimismo, han llegado a comer alguna verdura que es donada por familiares, muchos de ellos están flacos, pálidos. Una de las madres denunció que su hijo pesaba 85 kilogramos y ahora solo pesa 57 kilos.

De la misma forma OVP supo que la población masculina tiene 3 meses padeciendo por la falta de gas, por lo que deben cocinar con leña o acudir al anexo femenino para hacerlo.

De igual manera, los familiares de los privados de libertad indicaron que no tenían acceso a un servicio médico, que en caso de que enfermen no tienen insumo ni cómo atenderlos, sumado a las malas condiciones de la distribución del agua.

Familiares de los presos de Táchira piden a las autoridades del penal que la alimentación sea mejorada y una vez más hacen un llamado a los tribunales para que se rijan y hagan cumplir la ley y de esta forma se dejen de vulnerar los derechos de los privados de libertad.