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Ene 17, 2020 | Actualizado hace 5 horas
Minería ilegal avanza en Parque Nacional Yapacana
Calculan que 2.000 mineros ocupan el parque nacional actualmente

 

De los 44 parques nacionales de nuestro país, el Yapacana es el más afectado y con mayor grado de devastación, según informe de 2019 de la organización SOS ORINOCO.

“El impacto sobre sus ecosistemas no solo es en términos de superficie directamente destruida, sino, por el efecto radial y expansivo ocasionado por la presencia de aproximadamente 2.000 mineros que ocupan el parque nacional actualmente”.

En análisis del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM), la minería en el Parque Nacional Yapacana (PNY), como en el resto del estado Amazonas, es ilegal. En principio por una serie de consideraciones constitucionales que reconocen a esta zona – región características únicas y especiales de vital importancia para el planeta y la humanidad. Aparte de estas consideraciones genéricas, existen disposiciones de protección ambiental específicas, una de ellas es el Decreto 269 del año 1989 sobre la prohibición de toda actividad minera en el estado Amazonas y, particularmente, el Decreto 2.980 del año 1978 (G.O. 2.417-E), que consagra a este parque nacional a tal categoría, por consiguiente está dotado de un régimen de uso y manejo especial, justamente como medidas de protección ambiental, y según criterio de GRIAM, también social.

Como en los anteriores casos analizados en el extenso de este trabajo de investigación, la figura jurídico ambiental que protege a este parque nacional está siendo igualmente violentado por los particulares, grupos irregulares armados en ejercicio de actividades ilícitas y también por la poca resolución el Estado en adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento al complejo de normas mencionadas y a las medidas judiciales precautelativas dictadas por los tribunales penales de Amazonas en favor de los derechos ambientales y la diversidad biológica de nuestra Amazonía.

Esta situación de desprotección e impunidad en materia socioambiental sobre este importante parque nacional, propicia que esté considerado como el de mayor presencia minería ilegal y el más afectado en toda la Amazonía venezolana, inclusive, de todos los países que conforman la cuenca amazónica en cuanto al nivel y grado de devastación, según el informe SOS ORINOCO.

La minería en este parque ya existía desde la década de los 80, pero en dimensiones muy pequeñas. Fue a partir de 2004 que el crecimiento esta actividad se aceleró vertiginosamente por una serie de consideraciones, una de ellas ha sido la política poco clara del gobierno venezolano en torno a la importancia de esta región y sobre la presencia de los grupos irregulares armados colombianos en esta zona, al punto, según indica el informe mencionado, de “haberle entregado el control de estos territorios y de la actividad minera a la guerrilla, hoy comandada por el ELN y que además le sirve de sustento financiero para otras actividades ilícitas».

Continúa indicando el informe SOS ORINOCO, sobre el Parque Nacional Yapacana: “Hoy en día en el parque nacional lo que más destaca son las huellas destructivas que deja la minería, que no significa otra cosa que procesos de remoción drástica de su cobertura vegetal natural y del sustrato geológico. Esto se acomete por deforestación de tala y quema, modificación de la topografía (incluyendo cursos de agua), que se manifiesta en la remoción y alteración de la capa geológica en forma de huecos, similar a la que deja un bombardeo aéreo; trochas, carreteras, cárcavas, montículos de material lavado…

 Además es seguro que hay una contaminación por causa del mercurio empleado en el proceso de separación del oro del material geológico aluvional o rocoso. Esta contaminación no solo por el vertido en el suelo y los cuerpos de agua, sino también por vapores que se adhieren a la vegetación circundante”.

Todos estos daños son generados en varias zonas del parque, en áreas terrestres y fluviales. Se estima que haya aproximadamente 44 sitios de explotación minera, aparte de las que aún no son conocidas “públicamente”. En los ríos y caños que confluyen en estas áreas protegidas, también se emplean balsas y dragas, fácilmente localizables por estar ubicadas en plenas líneas de navegación y dadas las voluminosas dimensiones de estas estructuras flotantes. Generalmente estas embarcaciones son dirigidas por colombianos y, en menor proporción, por brasileros.

Por último, continuamos compartiendo datos presentados por la organización SOS ORINOCO, donde refiere lo siguiente sobre la detección de áreas mineras por imágenes satelitales: “Las áreas de actividad minera dentro del Parque Nacional Yapacana fueron identificadas y verificada su exactitud geográfica mediante el uso de imágenes satelitales de alta resolución espacial de los sensores Landsat-7/ETM+, Landsat-8/OLI, Sentinel 2y World View-2; todos disponibles en la plataforma de Google Earth Pro, United State Geological Service (USGS), Fundación Radiat 6 y la Agencia Espacial Europea (ESA). El resultado de este procedimiento mostró la existencia de un total de 36 sitios de actividad minera, todos ellos detectados mediante interpretación visual y digital de las imágenes satelitales, durante el periodo 2002–2018.

Los referidos sitios y datos constituyen una prueba inequívoca de la presencia de la actividad minera dentro del PNY. No obstante, es importante destacar otros sitios de actividad minera de menor extensión que no pudieron ser identificados por los datos orbitales utilizados en el presente informe, puesto que se requieren sensores de muy alta resolución espacial (simétrica) y/o su verificación en campo para correcta verificación.

Por otro lado, las balsas mineras tampoco son detectables a través de este procedimiento. En este sentido, la cuantificación del área afectada por minería en el PNY descrita en este informe, se considera una subestimación del valor real.

Las actividades mineras dentro del PNY han sido reportadas desde los años 80. No obstante, es en el año 2002 cuando se inicia un proceso de explotación minera masivo en el parque, detectable en las imágenes satelitales.

Ahora bien, lo más resaltante de la explotación minera en el PNY detectada es la velocidad y la intensidad de la intervención en los últimos ocho años (2010–2018), que representa cerca del 5.000% en relación a años anteriores”.

Con información OEP / Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía

Por primera vez en cuatro años el TSJ no acusa a la AN de estar en desacato
La Sala Constitucional pareciera reconocer a la directiva encabezada por el diputado Luis Parra

 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se olvidó, al menos en una sentencia, la primera de este año de la Sala Constitucional, que tiene cuatro años acusando a la Asamblea Nacional (AN) de estar en desacato a sus decisiones sobre el caso de los diputados del estado Amazonas.

La palabra “desacato” no figura en ninguna de las seis páginas que tiene el fallo n.° 1 que la Sala dictó este 13 de enero y en el cual admitió la solicitud de amparo que seis días antes le hiciera el exconcejal Enrique Ochoa Antich para analizar la situación generada por la existencia de dos juntas directivas del Parlamento.

Esta ausencia es llamativa, porque el supuesto incumplimiento por parte del Legislativo de las decisiones de las salas Electoral y Constitucional respecto de la suspensión de la asunción del cargo por los diputados de Amazonas ha sido la excusa esgrimida por el máximo juzgado desde 2016 para anular todas las decisiones adoptadas por los diputados, y arrebatarle con ello la inmensa mayoría de sus funciones.

Pero esto no es lo único llamativo de la decisión del TSJ, porque en ella la Sala Constitucional pareciera reconocer a la directiva encabezada por el cuestionado diputado Luis Parra, según se lee en la sentencia con ponencia del presidente de la Sala, magistrado Juan José Mendoza:

“Visto que es un hecho público, notorio y comunicacional que el 5 de enero de 2020, se reunieron en la sede de la Asamblea Nacional los diputados a los fines de elegir de su seno a la Junta Directiva correspondiente al año 2020, conforme lo prevé el artículo 194 de la Constitución, resultando electos los diputados Luis Parra, como presidente, Franklin Duarte, como primer vicepresidente; y José Gregorio Noriega, como segundo vicepresidente, los cuales dicen conformar esa nueva Junta Directiva, esta Sala considera imprescindible solicitar a los mencionados diputados que dicen integrar la Junta Directiva de la AN que en el lapso de cinco días siguientes a su notificación, informen a esta Sala sobre el acto parlamentario de conformación de esa nueva Junta Directiva de la AN y el quorum de la sesión, tanto el de instalación como el de la aprobación de la Directiva, lo cual deberá soportarse con copia certificada del acta y demás actuaciones” (negritas nuestras).

Pareciera que los magistrados no prestaron atención a las afirmaciones hechas por Negal Morales, exsecretario de la Asamblea Nacional y miembro del grupo de opositores que se alió con los oficialistas para intentar reemplazar a Juan Guaidó.

“Aun sin quorum y sin la mayoría de los parlamentarios en el hemiciclo, hoy decidimos tomar a la AN por la fuerza, en alianza con el PSUV y Nicolás Maduro para lograr un cambio en Venezuela, con la participación de todos”, escribió el parlamentario y exdirigente de Acción Democrática (AD) a través de su cuenta de Twitter.

La Sala tampoco tomó en cuenta las declaraciones del mismo Parra, quien manifestó haber perdido el  acta donde consta la asistencia, la cual es el soporte necesario para verificar el quorum necesario para elegir a la directiva.

El mismo Ochoa Antich en su escrito, según consta en la sentencia, hizo referencia a que esa elección fue hecha con la presencia de 81 diputados, cuando es necesario, de acuerdo con la Constitución en su artículo 221, que el quorum para celebrar las sesiones de la Asamblea Nacional sea con la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, de los 167 miembros la mayoría absoluta se requerían los votos de 84 diputados.

El máximo tribunal tampoco le prestó atención a la solicitud del accionante, quien señala como sujetos agraviantes a los integrantes de ambas directivas, además de al jefe de Comando de la Guardia Nacional de Zona 43 de Caracas, al comandante del Destacamento 432 de la Guardia Nacional, y al mayor general Fabio Enrique Zavarse Pabón.

Llama la atención que la Sala únicamente solicite información a la directiva presidida por Parra pero no a la dirigida por Guaidó. Con ello le viola el derecho a la igualdad y a la defensa a la directiva representada por este, vulnera el principio de equilibrio procesal y, de alguna manera, adelanta opinión en cuanto a desconocer esta directiva.

Lo anterior es alarmante, pues todo tribunal, para poder actuar como tal, antes de tomar una decisión definitiva sobre un caso debe considerar a todas las partes que el accionante indique como agraviantes, ya que al excluir a algunas de ellas sin fundamento jurídico, como lo hace la Sala Constitucional en su primera sentencia de 2020, muestra parcialidad.

La Sala, además, hace caso omiso a lo dispuesto en el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea, ya que según este es al presidente saliente del Parlamento a quien le corresponde instalarlo cada 5 de enero (artículo 27.4) y establecer junto con el secretario de la directiva saliente si hay quorum o no para la votación de la nueva (artículo 33.2).En este sentido, el máximo tribunal también debió dirigir la solicitud de información a la directiva de 2019 para saber qué había pasado y quién conforma la de 2020, y no a la presidida por Parra.

¿Reconocimiento en puertas?

Por otro lado, la dudosa elección de Parra, Duarte y Noriega ya fue avalada por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuyo presidente, Diosdado Cabello, afirmó: “Contribuiremos para que la AN sea capaz de salir del desacato y funcionar en beneficio del pueblo venezolano”.

¿Ahora el TSJ podría hacer lo mismo? La historia ha demostrado que la Sala Constitucional es capaz de desdecirse de un momento a otro, pero a la luz de sus propias sentencias no podría reconocer a su directiva, porque en la sesión del pasado 5 de enero no se cumplieron los pasos establecidos por ella para levantarle el desacato a la AN.

El máximo tribunal ordenó en su sentencia número 2 de 2017:

“Ante la evidente situación de desacato en la que ha incurrido el Poder Legislativo Nacional y su Junta Directiva de lapso vencido [en referencia a la que encabezó Henry Ramos Allup en 2016] y la consecuente nulidad de las actuaciones por ella ejercidas durante el año 2016 y lo que va de 2017, incluyendo la írrita instalación del segundo período anual de sesiones, la designación de una Junta Directiva, Secretaría así como de la Subsecretaría y las sesiones ordinarias por ella convocadas, no puede esta Sala convalidar lo actuado y, en consecuencia, ordena a los diputados que conformaron la Junta Directiva del lapso vencido acatar los fallos emitidos por este máximo tribunal antes de proceder a la instalación del período de sesiones correspondiente al año 2017”.

En otras palabras para lograr que el Parlamento salga de la supuesta ilegalidad en la que se halla, la directiva encabezada por Ramos Allup debería volver a desincorporar a los diputados de Amazonas y luego convocar a una sesión de instalación para elegir una nueva directiva. Encajar la elección de Parra en este nudo gordiano le implicaría al TSJ contradecir las más de 100 sentencias que ha dictado contra la AN declarando su desacato, pero lamentablemente tampoco nos sorprendería, dado que ha demostrado no ser imparcial ni independiente.

Ene 15, 2020 | Actualizado hace 7 horas
Presos de Yaracuy y Miranda en huelga de hambre
Más de 800 reclusos adoptaron la medida 

 

Hacinamiento, retardo procesal y maltratos sufren los presos de las comisarias de la Policía General de Yaracuy y la del estado Miranda quienes como medida de protesta iniciaron una huelga de hambre. 

La mañana de este miércoles 15 de enero, luego de entonar las notas del Himno Nacional, más de 800 presos que permanecen recluidos en la Comandancia General de la Policía en San Felipe estado Yaracuy iniciaron una huelga de hambre. 

Familiares y los propios internos se comunicaron con el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) para informar que decidieron tomar esa acción para llamar la atención de las autoridades de la región, pues están cansados de los contantes maltratos por parte de los funcionarios. 

“Los policías entran cada diez días a hacernos requisa, nosotros no nos negamos, pero cada vez que lo hacen nos golpean sin necesidad, además nos botan las colchonetas, la ropa, los útiles personales y son cosas que nuestra familia compra con mucho sacrificio y nos dejan sin nada”, expresó uno de los detenidos de la Comandancia de PoliYaracuy. 

“Exigimos que se nos respeten nuestros derechos” así dice un escrito que hicieron los presos dentro de los calabozos, cuya imagen hicieron llegar al equipo de OVP. Los privados de libertad además relatan que las condiciones en las que sobreviven en esa comandancia son inhumanas, ya no hay espacio para albergar a más privados de libertad y en ese sentido piden traslados a los penales. 

“Muchos de los reclusos que allí están tienen penas impuestas, otros optando para beneficios y hasta con penas cumplidas, y ni hablar de los que tienen años esperando por un inicio a juicio o por una audiencia, pero es que ni los llevan a los tribunales y hay mucho retardo procesal” explicaron varios familiares de los presos de PoliYaracuy, que no quisieron ser identificados.

En las mismas circunstancias se encuentran los presos de la Comandancia de la Policía de Miranda quienes denunciaron hacinamiento y piden ser trasladados a centros penitenciarios. Estos privados de libertad adoptaron la misma medida a partir de este el lunes 13 de enero, asegurando que su huelga de hambre es indefinida. 

Además de traslados a otros penales , los presos de PoliMiranda también exigen asistencia médica, aseguran que muchos de los reclusos están enfermos y no son atendidos. En tanto, temen que alguno pueda morir a consecuencia de la falta de atención médica. 

Carolina Girón directora del OVP exhortó a las autoridades el cese de las violaciones de los derechos humanos de los presos. “Los presos merecen una atención medica al día y no esperar que estén enfermos o que se estén muriendo para trasladarlos a un centro de salud. Deben estar recluidos en penales en donde puedan hacer estudios y trabajos para sus redenciones y no convivir en comisarías”, manifiesta Girón. 

Asimismo la directora de OVP expresó que estas acciones de protestas por parte de los presos son el reflejo de las malas políticas penitenciarias que se vienen aplicando en el país. 

Detenidos en calabozos del Cicpc de El Llanito protestaron por malas condiciones de reclusión
El hecho se registró el jueves 9 de enero en el ala A

 

En los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de El Llanito se registró un motín cuando un grupo de internos se alzó para protestar en contra de las malas condiciones de reclusión en ese centro de detención preventiva, reseñó El Nacional en una nota informativa.

El hecho se registró la madrugada del jueves 9 de enero en el ala A de ese calabozo policial, de acuerdo con la información que levantó el diario.
Después de la revuelta los funcionarios le habrían quitado los uniformes a la población penitenciaria, les suspendieron el ingreso de alimentos y también la visita pautada para este sábado 11 de enero como medida de castigo. 

 

Por Una Ventana a la Libertad

8 pemones imputados por su presunta participación en la Operación Aurora
En la denominada operación un grupo de personas asaltó el Batallón 513 de la Gran Sabana

 

Este viernes el fiscal general de la República, Tarek William Saab, acusó de “terroristas” al grupo de militares que realizó el asalto al Batallón 513 de la Gran Sabana bajo el nombre de Operación Aurora.

“Esta acción terrorista fue dirigida y planificada por militares de reserva activa, desertores y ex funcionarios policiales ubicados en el exterior, así como por personal civil y miembros de la etnia indígena pemón”, dijo en declaraciones a la prensa.

Afirmó que durante el asalto robaron 131 fusiles AK-103, 9 cañones Carl Gustaf, 5 lanzagranadas MK-15 y 5 escopetas Remington. También, 2 ametralladoras MAG y 209 granadas MK-15. Además, hurtaron 3 lanzacohetes y 99 bayonetas fusil AK-103; también 6 pistolas.

Por el caso se imputaron a 18 personas, de las cuales 6 son militares y 12 son civiles, entre ellos hay 8 indígenas de la etnia pemón.

Por este caso, fueron imputados Edgar Valdés, Alex Caldera, Miguel Reyes, Ismael Guerra, Luis Tovar, Wilfredo Heredia, José Rondón, Edgar Verdú, Salvador Franco, Julio Delgado, Carlos García, Oscar Albenis Pérez, Amilcar Pérez, Lisandro González, Frederick Fernández, Fiasencio Mella, Carlos Fernández y un adolescente.

“Los detenidos fueron imputados por conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación. Vale señalar que hay otros 15 implicados pendientes por capturar”, expresó Saab.

Ante ello, solicitó al fiscal general de Brasil iniciar el proceso de extradición contra los cinco militares que el gobierno acusa y que se encuentran en el territorio brasileño.

“Queremos dejar claro que estos criminales, que atacaron dos puestos militares, robaron armas y municiones son responsables de la muerte de un soldado».

La denominada Operación Aurora tuvo lugar el 22 de diciembre, cuando un grupo de militares, acompañado por pemones, asaltó el Batallón 513 de la Gran Sabana.

En la toma murió un agente, y otro que lideraba la operación resultó herido y detenido.

Todos los demás militares e indígenas escaparon de la escena. Brasil informó que cinco de los funcionarios venezolanos involucrados en el alzamiento estaban en su territorio.

Los agentes iniciaron el proceso para que los acojan como refugiados.

Ene 10, 2020 | Actualizado hace 3 días
Fallece el primer privado de libertad de 2020
José Sandro Carucí murió por tuberculosis en la Comunidad Penitenciaria Fénix

 

La muerte no abandona las cárceles de Lara pues desde 2019 ha dejado muchas huellas y en este inicio de año la situación no es muy distinta. El lunes 6 de enero a la morgue del hospital central de Barquisimeto, capital de Lara, fue ingresado el cadáver de un privado de libertad proveniente de la Comunidad Penitenciaria Fénix.

Se trata de José Sandro Carucí, recluso que a las 9 de la mañana fue llevado hasta la sala patológica del centro de salud luego de fallecer en el penal. Según fuentes hospitalarias, la causa de muerte de este hombre es tuberculosis.

Carucí, al parecer, estaba muy delicado de salud en el área de enfermería del penal que se ubica al norte de Barquisimeto pero no estaba recibiendo tratamiento medicinal adecuado además de que el privado de libertad presentaba desnutrición severa.

La muerte de José Sandro sería la primera que se registra en el recién año 2020 por enfermedades, pues el año pasado murieron alrededor de 26 reclusos por diferentes patologías y cinco por hechos violentos.

 

Por Una Ventana a la Libertad 

Ene 09, 2020 | Actualizado hace 3 días
Hay 71 presos políticos en el estado Carabobo
Durante las protestas del  2019, al menos 200 menores de edad fueron detenidos en Venezuela

 

La Organización  No Gubernamental Foro Penal Capítulo Carabobo, en rueda de prensa sostuvo que en este estado hay 71 presos políticos o por ejercer el derecho a la protesta.

En un encuentro con los medios de comunicación, Luis Armando Betancourt, coordinador regional de  esta  Asociación Civil, sostuvo que en  la entidad se registran 71 privados de libertad por motivos políticos o por ejercer el derecho a la protesta.

Asimismo dijo, que durante las protestas del  2019, al menos 200 menores de edad fueron detenidos en Venezuela.

Existe retardo procesal en los casos que pasaron a juicio de personas asesinadas en manifestaciones del año 2017, aseveró Betancourt.

También dijo, que en el país se continúa aplicando el efecto puerta giratoria. Esto implica liberar a un grupo de personas y continuar deteniendo a otras.

En cuanto al caso de Leonardo González y Daniel Quéliz, sostuvo que ha estado lleno de trabas y no escapa al retardo procesal; aunque aseguró que, “estamos completamente seguros que vamos a ganar en ambos juicios”.

En la actualidad, mencionó el representante del Foro Penal, que en Venezuela se implementa un sistema represivo donde están involucrados funcionarios de organismos de seguridad del Estado en conjunto con colectivos armados.

Indicó que en el año 2019 se logró un avance con la Corte Penal Internacional, cuando amplió la investigación en el caso de Venezuela.

El vocero del Foro Penal manifestó, que la ratificación del informe de Michelle Bachelet se debe al arduo trabajo de documentación de violación a los derechos humanos que hacen organizaciones como Foro Penal y los testimonios de las mismas víctimas.

 

Por Una Ventana a la Libertad 

En 2019 hubo 6 fallecidos y más de 35 mil casos de malaria en Amazonas
Hubo una disminución de más de 30% con respecto año 2018

 

Un reporte conocido del equipo de investigación de Kapé Kapé indicó que en 2019 hubo seis muertos y más de 35 mil casos de malaria en el estado Amazonas.

A pesar de los 35.654 casos confirmados hasta la semana 48 de 2019 en toda la entidad por las autoridades sanitarias, esto representa una disminución de más de 30% con respecto año 2018.

En el año anterior se registraron más de 50 mil casos anotados en las estadísticas de la Coordinación de Salud Ambiental de Amazonas.

De la especie vivax se registra más del 94% del tipo de paludismo que se padece en Amazonas y los municipios más afectados por la enfermedad son Atures, Autana y Manapiare.

En cuanto a las cifras de decesos reportada por Epidemiología Regional de Amazonas, para este año 2019 manejan una cifra de 6 personas fallecidas por malaria, una reducción de 60% con respecto al año 2018 cuando tienen registro de 15.

La mayoría de los fallecidos por malaria en 2019 en Amazonas son indígenas, resaltando los casos de 1 niña piaroa de 7 años de la comunidad Munduapo del Municipio Autana y un niño jivi de 8 años de la comunidad Limón de Parhueña, municipio Atures.

Las cifras conocidas por Kapé Kapé sobre la malaria en Amazonas concuerdan con la última actualización epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud que señala que «en comparación con el año anterior, en 2019, Bolívar y Amazonas han reportado una reducción de 2,5% y de 24% respectivamente durante las primeras 41 semanas epidemiológicas. Con respecto al número de personas fallecidas por malaria, se ha observado una disminución y hasta la SE 41, se han notificado 100 defunciones en 2019 en comparación con 229 notificadas en el mismo periodo de 2018, lo que representa una reducción de la letalidad de 55,7%» señala el citado informe.

Pese a las cifras, Miguel Hernández, de la Dirección de Epidemiología Regional de Amazonas, consideró que 2019 fue un año de control y éxito. Atribuyó la disminución por segundo año consecutivo de la malaria en esta entidad a que se garantizó un buen stock de medicamentos y a la distribución de 100 mil mosquiteros impregnados.

Desde Kapé Kapé apostamos al esfuerzo mancomunado interinstitucional, a vencer todos los obstáculos que se puedan presentar como la burocracia ineficiente y las fallas de suministro de combustible, para que los equipos de trabajo puedan hacer las fumigaciones y traslado a los municipios a realizar las labores de combate al mosquito y tratamiento de los enfermos, sobre todo de la población indígena, mayormente afectada por esta enfermedad. Todo ello en aras de contribuir a seguir disminuyendo la incidencia de la malaria en Amazonas.

 

Con información de Kapé Kapé