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OVP advierte que la COVID-19 llegó a los calabozos policiales
Según el OVP, la gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, confirmó los primeros dos casos en la entidad

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que la COVID-19 llegó a calabozos policiales en los estados Lara, Táchira, Miranda y Nueva Esparta.

De acuerdo con el monitoreo del OVP, serían 49 casos de COVID-19 confirmados en calabozos policiales, distribuidos así: 

2 en Lara

2 en Miranda

9 en Táchira

36 en Nueva Esparta

El OVP presentó este informe de acuerdo a un monitoreo efectuado a través de medios de comunicación o redes sociales de autoridades gubernamentales.

Según el texto, la gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, confirmó los primeros dos casos. El primero se dio a conocer el 26 de junio, se trata de un hombre de 34 años de edad que resultó detenido el 18 de junio por la policía estadal, en la parroquia Tintotero del municipio Jiménez, por presunto contrabando de cigarrillos.

 

Asimismo, el 29 de junio confirmaron el resultado positivo de un hombre de 35 años, aprehendido el 19 de junio por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por presunto contrabando de sustancias estupefacientes.

Al respecto del caso anterior, tuvo contacto con otros detenidos en el Destacamento 122 de la Guardia Nacional de Carora, según Edgar Carrasco, alcalde del municipio Torres, quien aseguró que tomaron las medidas pertinentes.

Por su parte, Wisely Álvarez alcaldesa del municipio Guaicaipuro de Miranda, confirmó dos casos positivos de COVID-19 en la sede del Cicpc en Los Teques.

A su vez, el protector de Nueva Esparta, Dante Rivas, informó que el 25 de julio las pruebas PCR que aplicaron a 35 presos dieron positivo para COVID-19. Rivas anunció un caso el día anterior, pero después dijo que eran 36 contagiados en los calabozos policiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Migración y pandemia en el imaginario de los niños
Menores de edad cuentan como es la vida del venezolano en 2020

El sol es inclemente en ese lugar donde el asfalto se convirtió en polvo. En un ambiente desértico destaca el revoloteo de un grupo de niños y niñas que juegan inocentemente.

Una niña espera sobre un risco de tierra que se impone cerca de su casa hecha de latón. 

Dice que no ha comido. Los alimentos vendrán más tarde, si sus padres tuvieron un buen día en los trabajos precarios que tienen en el comercio informal.

Ella dice que extraña su casa, en Caracas. La pequeña y su familia migraron hacia el sector Pinto Salinas, en San Antonio, estado Táchira, hace más de cinco meses en búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Los planes de cruzar hacia Colombia quedaron en suspenso. Permanecen en el lado venezolano de la frontera a la espera de que la pandemia amaine.

Los recuerdos, deseos y sentimientos de la pequeña, así como los de otros niños y niñas migrantes que conviven en la zona fueron plasmados en dibujos.

Son obras sin pretensiones artísticas que reflejan los cambios abruptos que han experimentado en los últimos años y que han recrudecido con el surgimiento de la COVID-19. La migración y la pandemia fueron los temas a recrear desde el imaginario infantil.

Sebastián, uno de los muchachitos convocados a dibujar por la organización no gubernamental Operación Libertad, puso sobre papel el relato de lo que vivió días antes.

“La policía te multa si no tienes tapabocas”, dice Sebastián al referirse a un altercado entre sus padres y funcionarios policiales. Sus padres habrían sido víctimas de un intento de extorsión. Sin embargo, si no tenían para comprar un tapabocas, menos tendrían para acceder al pago ilegal exigido por los policías.

Apenas tiene 10 años de edad y ya es testigo de un atropello policial, de una violación de derechos humanos que lo afecta directamente.

La vida de Anyeleith, de 5 años, cambió radicalmente el día que tuvo que separarse de sus familiares y abandonar la casa donde vivía, en Maturín, estado Monagas.

Sus padres migraron a Colombia. Su plan era trabajar y enviar dinero a Venezuela para brindarle al menos lo esencial a la niña .

En una semana, Anyeleith tuvo que abandonar la escuela y, con ello, también perdió a amiguitos y amiguitas. Ahora vive con sus abuelo. Su mayor deseo es volver a abrazar a su mamá.

José Gregorio, de 6 años de edad, dibujó su nuevo hogar, el cual tiene una puerta y dos ventanas. En techo es de zinc y tiene encima unos cauchos. Él migró desde la capital junto a su familia y ahora reside cerca de la frontera venezolana.

El niño aspira a migrar junto a su familia a Colombia cuando la pandemia de la COVID-19 ya no sea un peligro.

Danna , de 8 años de edad, también expresó con creyones su experiencia con la migración y la pandemia. Lamenta que el intercambio con las demás personas esté signado pormedidas de distanciamiento físico que le incomodan. Lamenta que esté prohibido salir a la calle a jugar con su bicicleta.

Desde que llegó a la frontera, dice, su mamá se dedicó a la peluquería. Sin embargo, debido a la crisis acentuada por la pandemia, su madre ha tenido que salir a buscar nuevos ingresos en el comercio informal, que también se ha venido a menos.

«Tengo mucho miedo. Estoy muy preocupada porque no quiero que mis hermanos o mi mamá mueran por el virus», dice la niña.

Migración interna pre COVID-19

San Antonio, Pedro María Ureña, Ayacucho y García de Hevia no son municipios del Táchira con grandes emporios empresariales ni empresas gubernamentales. Son zonas fronterizas con escasos servicios públicos y con una industria devastada luego del cierre de frontera impuesto por Nicolás Maduro en 2015.

A partir de 2016, cuando la escasez de alimentos, medicinas y otros productos de consumo masivo golpeó más duramente a la población venezolana, algunos comenzaron a abastecerse en Colombia. Ello creó un comercio efervescente en la frontera que abrió oportunidades de empleo a ambos lados de la línea limítrofe, aunque fueran empleos precarios.

Esta actividad comercial se fortaleció con la expedición del llamado carnet fronterizo, inicialmente pensado para la migración pendular, pero que, en la práctica, ampliaba la zona de tránsito de venezolanos en Colombia.

Además, los municipios fronterizos de Táchira se convertirían en las principales puertas de salida de todos los que huyen de Venezuela por la profundización de la emergencia humanitaria compleja en el país.

Luego de que un grupo de mujeres forzaran la reapertura de los pasos fronterizos de forma peatonal, miles de personas de diversas regiones de Venezuela se abocaron a la frontera del Táchira ante la posibilidad de abastecerse de los productos de primera necesidad. A diario llegaban más de 200 autobuses provenientes de diversos destinos.

El terminal de San Antonio pasó a ser una de las rutas más solicitadas en los terminales del país. El terminal de transporte municipal pasó de tener seis rutas nacionales y cinco suburbanas a tener más de 60 líneas que recorrían Venezuela entera. Desde Caracas se ofertaba el pasaje Caracas – San Antonio y había que hacer filas para conseguir un boleto.

El peso sustituyo al bolívar en las transacciones comerciales que se realizaban y se realizan en el lado venezolano de la frontera, la cual se fue llenando de personas procedentes del centro y oriente del país. Los hoteles y residencias se colmaron. Hubo épocas en que muchos dormían en las calles .

Todo ello ocurría a medida que la crisis económica se profundizaba en Venezuela, luego del cierre y reapertura de la frontera de Venezuela con Colombia. Muchos se establecieron en la frontera también por la facilidad del cobro de remesas del lado colombiano.

Cientos de migrantes internos se agolpaban en las calles de estas localidades, lo cual era particularmente visible en San Antonio. La avenida Venezuela de esta localidad se colmó de vendedores informales de diversos alimentos y las más variadas mercancías traídas de Colombia. También se ofrecían, con discretos pregones, servicios de traslados y de carga por pasos legales e ilegales.

Economía informal y pandemia

La economía informal en los municipios fronterizos de Táchira ha mermado drásticamente con el surgimiento de la COVID-19. El lugar que antes era una oportunidad para obtener mejores ingresos económicos, ahora representa para muchos el plan frustrado de salir del país o equilibrar su economía como migrantes pendulares.

En este contexto, aumenta la situación de vulnerabilidad de los niños y niñas que forman parte de esta migración interna, de este desplazamiento hacia la frontera con Colombia.

Los más pequeños deben afrontar las consecuencias de la interrupción de sus actividades escolares y de otras eventuales mudanzas. En algunos casos las pérdidas tienen que ver con la separación de sus padres y madres.

 

San Miguel: Quieren modificar Constitución para incorporar a milicianos a las FANB
Dijo que militares y policías han incurrido en extorsión contra la ciudadanía durante la pandemia

Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, dijo que la mala gerencia ha hecho más daño que la COVID-19. A San Miguel le preocupa que Hermann Escarrá anuncie que se va a reformar la Constitución para incorporar a la milicia como componente de la institución armada.

“Si no hay cómo mantener a los 130 mil integrantes de la institución castrense, el país no podría soportar una carga mayor. Es posible que apenas pudieran integrarse unos veinte mil hombres de ese cuerpo para realizar algunas tareas. Pero, resulta desproporcionado incorporar el número que ha dicho Maduro”, dijo San Miguel.

“Hay que tomar en serio las funciones de los milicianos, que es un cuerpo de vigilancia social creado por el régimen, cuyos  objetivos son la sumisión, la disciplina y el temor de la población bajo las armas”, dijo.

Pandemia

En este mismo orden de ideas, San Miguel se refirió a los desmanes que han cometido tanto militares como policías, aprovechándose de la aparición de la COVID-19 y las medidas relacionadas con la cuarentena por las consecuencias de esa enfermedad.

“La mala gerencia que ha habido con la pandemia ha desatado los demonios”, expuso. “Militares y policías han incurrido en extorsión y otros delitos contra la ciudadanía”.

 
DDHH olvidados | “Mi hermano me dice que está muerto en vida”

@ValeriaPedicini

 

Peter Romero lo encontraron desmayado en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, del estado Lara. Había pasado semanas sintiéndose mal. Primero duró 22 días con cuadros diarréicos que lo deshidrataron, pero nadie lo atendió ni fue llevado a un centro asistencial. Después vinieron la fiebre y la tos hasta que el viernes 8 de mayo de 2020 perdió el conocimiento. DDHH olvidados 

Aunque ni siquiera en estas condiciones sus custodios se encargaron de llevarlo a un centro de salud, su hermana Génesis Romero se dirigió hasta los tribunales en busca de una boleta de traslado. Explicó la situación, mostró una foto de él y unas notas de voz de sus compañeros reclusos. Lloró y rogó para que se apiadaran del caso, porque esa era la tercera boleta que solicitaba. Fue aprobada y a los dos días lo mandaron desde el penal al Hospital Central Antonio Pineda de Barquisimeto. 

El doctor que lo evaluó fue claro: el joven de 25 años tenía tuberculosis y necesitaba con carácter de urgencia un traslado al Hospital Luis Gómez López, donde atendían a pacientes con esta enfermedad ya erradicada en el país. Peter necesitaba hidratación y tratamiento, pero eso no fue lo más alarmante. “El estado de desnutrición que él tiene es más fuerte que la tuberculosis que carga”, le dijo el médico a Génesis frente a los guardias que los llevaron hasta el sitio. 

 

“Sí, doctor. Está bien”, contestaron los efectivos de seguridad. Al salir, la respuesta había cambiado: había que regresar a Peter a la cárcel porque el papel de su traslado a un hospital debía sellarlo y firmarlo el director de Uribana. “No podemos pasar por encima de él”, era lo que argumentaban. La firma llegó a la orden de hospitalización, pero a Peter nunca lo sacaron por atención médica. 

 

Siempre había una excusa. Que al día siguiente, que tenía que esperar a que llegara el tratamiento, que no había carros, que el director no estaba en ese momento, que estaba ocupado. Así estuvieron semanas. Los custodios le dijeron a Génesis que no podían hacer nada, que solo estaban cumpliendo órdenes. Pero ella insistió: “¿Qué más quieren? ¿Me lo van a entregar en una caja?”.

A mediados de junio, a Peter Romero lo trasladaron a la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara con la promesa de que ahí recibiría la libertad por parte de la ministra Iris Varela. Esperaban que, basándose en el Régimen de Confianza Tutelado con el que ha liberado a más de 1400 presos desde que inició la cuarentena por el coronavirus según la organización “Una ventana a la libertad”, él fuese uno de los afortunados. 

Funcionarios le dijeron a Génesis que la prioridad para la excarcelación serían los enfermos. “Pero en ningún momento los atendió. Está encerrado y nadie se asomó a verlo”, expresa. 

 

“Está irreconocible”

La situación carcelaria en Venezuela es crítica. Los centros de detención están en condiciones precarias, indignas e insalubres. Aunque en el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se explica que el número de presos se redujo, la población carcelaria sigue siendo alta: 43.992 en sitios con capacidad para albergar poco más de 26.000. El hacinamiento, ubicado en 167,66%, es uno de los factores que sirve como caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades graves como tuberculosis o sarna. 

“En estos últimos tres años, las muertes por desnutrición ganaron espacio a las muertes violentas”, afirmó Beatriz Carolina Girón, directora del (OVP). De los 104 privados de libertad que murieron en 2019, 66 fueron por motivos de salud, superando a las muertes por violencia. 

“Los espacios destinados a servicios de atención médica primaria se encuentran cerrados, bien por falta de personal médico o de enfermería”, reza el informe del OVP. 

El Estado venezolano tampoco garantiza la alimentación de los reclusos. Es por esto que Génesis iba a Uribana tres días a la semana a llevar una vianda de comida, un litro de agua y un litro de jugo. 

Pero la pandemia lo empeoró todo: las visitas fueron restringidas y con ellas también se limitó la oportunidad de seguirlo alimentando. “Ahorita que está en el Fénix no me han dejado darle ni siquiera comida, ni agua, ni las pastillas. Nada”. 

En los dos o tres minutos en los que tienen oportunidad de hablar, cuando otro recluso le regala alguna llamada telefónica, Peter le cuenta a su hermana lo que le dan de comer: dos dedos de arroz y un vaso de agua. Cuando el joven entró en Uribana para cumplir su sentencia de siete años y cuatro meses por robo, pesaba 62 kilos. Ahora pesa 30 kilos. 

Cuando hablan, él también se encarga de expresarle el calvario que está padeciendo. “Me dice que es horrible, que es un infierno. Mi hermano me dice que él está muerto en vida, que los están matando. Me dice que solo Dios lo sacará de ahí”. 

Génesis tiene miedo y sabe lo que puede pasar con su hermano, lo mismo que en otras ocasiones ha escuchado lo que pasa con los presos. “Él mismo me cuenta que hace uno o dos meses se murió un amigo al lado de él por tuberculosis, se ahogó. Se han muerto varios muchachos”. 

Hasta la fecha, el joven no ha sido llevado a un centro médico para su hospitalización, a pesar de la orden de traslado. Esto representa una violación a sus derechos fundamentales: la Constitución reconoce a los privados de libertad como “sujeto de derecho” y, específicamente, el derecho a la atención médica, a la salud y a la vida, está contemplado en el artículo 83.

Peter Romero tiene pocas semanas cumpliendo el tratamiento para la tuberculosis porque no había llegado al penal. Si esto no ocurre, no hay muchas opciones aparte de aguantar el malestar. “Estuvo con fiebre, sus pies se le duermen, no puede caminar bien por lo delgado que está, la tos lo asfixia. Me dicen que se va a poner fino, que lo están alimentando bien, pero es mentira. De adentro me enviaron una foto y está irreconocible”. 

Gobierno anunció 3 nuevos casos de COVID-19 en indígenas amazonenses
Kapé Kapé lleva en su registro interno 14 casos

Luego del anuncio realizado vía twitter por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, donde informaba sobre 7 nuevos casos comunitarios de COVID-19 en Amazonas, el gobernador de la entidad Miguel RodrÍguez informó que se trata de 4 casos en el municipio Atures.

A través de la red social Facebook, detalló que se trata de “tres casos importados de una familia procedente de San Gabriel de Cachoeira detectados en Maroa”.

Sobre estos últimos 3 casos de Maroa el equipo de Kapé Kapé conoció que los afectados son “una familia de indígenas curripacos de la comunidad Victorino, son cuatro personas que ya habían sido diagnosticadas en Brasil, de la comunidad Lizana, y se mantuvieron con remedios caseros”.

“Cuando llegaron a la comunidad fueron detectados y trasladados a Maroa. Actualmente están aislados en el preescolar de la capital del municipio, hay 3 adultos y una menor, pero los contagiados son 3”, dijo la fuente a periodistas de Puerto Ayacucho.

Con estos 3 nuevos casos de COVID-19 en indígena, Kapé Kapé lleva en su registro interno 14 casos. Por su parte la Organización Panamericana de la Salud ha publicado en su último boletín 12 casos en población indígena de Amazonas perteneciente a los pueblos yeral, curripaco, baniva y uwottuja.

De los 14 casos de los que Kapé Kapé ha obtenido información precisa, 9 pertenecen a miembros de una familia del pueblo yeral que regresaron a San Carlos de Río Negro. 4 casos del pueblo curripaco en el municipio Maroa. Todos fueron proveniente del municipio San Gabriel de Cachoeira, estado Amazonas, Brasil, donde hay un foco que deja ya como saldo 49 fallecidos entre ellos varios indígenas. También hay uno en el Municipio Atures

Con estos 7 nuevos casos Amazonas registra hasta la fecha 46 casos positivos de COVID-19.

En su publicación de Facebook el gobernador de Amazonas alertó sobre la  “circulación del virus”  en las 2 principales avenidas de Puerto Ayacucho y en 12 barrios, urbanizaciones y sectores populosos de la capital

Jul 30, 2020 | Actualizado hace 6 días
Emergencia sanitaria se agudiza en el Zulia
La situación se ha agudizado por la proliferación de los casos de Covid-19

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó el boletín de junio 2020 que documenta los hechos más destacados en materia de la situación del derecho a la salud y acceso a los servicios de asistencia sanitaria de la región. En el mes de junio abundaron las denuncias e incertidumbre sobre la capacidad del sistema público nacional de salud para atender la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

 La crisis del sistema público de salud en la región, si bien ha sido un constante tema de preocupación para las organizaciones de derechos humanos, en estos últimos tres meses, Codhez advierte que esta situación se ha agudizado por la proliferación de los casos de Covid-19, sin dejar a un lado las otras patologías que también resultan desatendidas. En medio de esta crisis los más afectados son las personas enfermas y el personal sanitario.

Deficiencia de servicios hospitalarios

 Según las cifras oficiales, el Zulia cierra junio con 1.033 personas contagiadas, lo que supone un aumento en el número de contagios de 865,42% en comparación con mayo. De esta forma, en junio el Zulia se convirtió en el estado con mayor número de casos comunitarios, y el segundo con más personas contagiadas por Covid-19 en el país, después de Apure.

 Desde el comienzo del estado de alarma por la presencia de Covid-19 en el país, el gobierno nacional determinó que el Hospital Universitario de Maracaibo fungiría como centro centinela para la atención priorizada de las personas contagiadas en la región. Si bien es el centro médico más grande de la región occidental, en la actualidad presenta déficit de personal de salud y en el número de camas necesarias.

 En este centro persisten las fallas de suministro de agua potable, continuando la dependencia del servicio de camiones cisternas. Además, según el Colegio de Médicos del Estado Zulia, el hospital centinela solo dispone de 14 camas operativas en la Unidad de Cuidados Intensivos, y conforme a información de algunos trabajadores, cuenta con 12 ventiladores respiratorios.

 En este contexto proliferan las denuncias públicas de familiares y personas recluidas ante la ausencia de personal sanitario, la falta de atención, y a principios de mes, el fallecimiento de una persona, cuyo cuerpo permaneció por horas postrado en una cama.  Para el levantamiento de los fallecidos debe utilizarse un traje especial de protección NBQ, y en casos como este, el levantamiento tardío de los fallecidos se debe al retraso del envío de estos trajes por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, trascendieron reportes de personas recluidas que decidieron abandonar, sin autorización médica, el centro hospitalario. Por otro lado, hubo información por parte de trabajadores sanitarios sobre la muerte de varias personas con síntomas de Covid-19, pero en cuyas actas de defunción se describen muertes por neumonía o enfermedades respiratorias.

Igualmente, se anunció la habilitación de 15 hoteles ubicados en Maracaibo y en San Francisco para el aislamiento de personas contagiadas pero asintomáticas. En estos albergues, como es el caso de un hotel en Tía Juana, municipio Simón Bolívar, la escasa comida poco balanceada y nutritiva que les proporcionan llega a deshora —desayunan a las 11:30 am y almuerzan después de las 4:00 pm—, la falta de aire acondicionado y la nula iluminación en las habitaciones, obligan que los familiares, con pocos recursos económicos disponibles, deban encargarse de llevarles todo lo necesario durante este confinamiento.

Personal de salud en riesgo

Mediante un comunicado, la junta directiva del Colegio de Enfermería del Estado Zulia, alertó sobre los riesgos para el personal de enfermería que se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante la ausencia de controles y protocolos de protección indispensables.  Igualmente, la junta directiva del Colegio de Médicos del Estado Zulia, en un comunicado de 22 de junio, hizo un llamado de alerta roja sobre la situación de la pandemia en la región.

Durante los últimos días de junio se denunciaron contagios y fallecimientos de varios trabajadores de salud. El 25 de junio se informó de 5 fallecimientos de médicos asociados a Covid-19, todos trabajadores activos en centros de salud de Maracaibo. Además, 4 se encontrarían en unidades de cuidados intensivos, mientras que otros 47 estarían recluidos en moteles o en sus casas.

Al respecto, la Presidenta del Colegio de Médicos del Estado Zulia denunció que en la estadística oficial nacional de muertes no se han incluido los 5 médicos fallecidos en el Zulia, aseverando que “hay un subregistro importante criminal”.

 El 29 de junio la Presidenta del Colegio de Enfermería del Estado Zulia, Hania Salazar, denunció que recibió una citación por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para declarar el día 30 de junio, sin que se precisara razón o motivo alguno. Salazar había advertido en varias oportunidades los riesgos que enfrentaba el personal de enfermería que no contaba con los equipos de bioseguridad necesarios.

Desatención a las personas con enfermedades crónicas

En este boletín, Codhez reitera que persisten los obstáculos para la atención prioritaria de las personas con enfermedades crónicas. Es el caso de las casi 140 personas que requieren diálisis en el Hospital Universitario de Maracaibo, y que debido a su condición presentan mayor vulnerabilidad en caso de contagio.

Reiteradamente han solicitado su traslado a otros centros de salud para ser dializados en entornos seguros y libres de contagio por Covid-19, pero siguen sin recibir respuesta sobre ello. A la par, deben sortear las dificultades para trasladarse a sus centros de tratamiento debido a las pocas garantías que se ofrecen para su transporte, y en el caso de los pacientes de Maracaibo, la desatención en las estaciones de servicio para surtir combustible.

 

Consulta el boletín Junio 2020 sobre la Situación General de los Derechos Humanos en el Estado Zulia 

Los que no se rinden |  Medianálisis: El sistema mediático en Venezuela se ha empequeñecido y desaparecido en buena medida
La ONG se dedica a estudiar a los medios de comunicación y a capacitar a los periodistas 

@franzambranor

Como un equipo dedicado a la capacitación y al estudio sistemático de los medios de comunicación, de periodismo y sus actores se define Medianálisis.

La asociación civil fue creada en 2010 por profesionales preocupados por el papel social de los medios de comunicación y en particular del periodismo en Venezuela.

Medianálisis no solo evalúa el espectro periodístico en Venezuela sino que también capacita a los actores sociales del país y enseña a nuevas generaciones a desarrollar con mayor énfasis coberturas de procesos electorales, pobreza, violencia e inflación, entre otros.

La directora académica de Medianálisis, Mariela Torrealba, sostuvo que la creación de la ONG se remonta a la época previa que llegara Nicolas Maduro al poder. Trabaja en la elaboración de un ranking de medios socialmente responsables. Asimismo se hacen encuestas a periodistas de todas las regiones del país para retratar la situación de la profesión en Venezuela.

Desde la fundación de Medianálisis muchos han sido los atropellos que se han cometido contra la libertad de expresión. De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Espacio Público, desde 2013, 115 medios de comunicación han sido cerrados en Venezuela. Alrededor de 65 emisoras, 41 medios impresos y ocho canales de televisión.

De acuerdo al Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys), 2019 fue el año de mayor retroceso de la libertad de expresión e información. En 2019 hubo 326 agresiones y ataques directos a medios de comunicación, 76 periodistas se vieron afectados por detenciones arbitrarias, hubo 81 limitaciones de acceso a la información pública y 21 acciones legales administrativas contra medios. 

¿Cómo considera el ejercicio venezolano en estos momentos?

Mariela Torrealba: El sistema mediático se ha empequeñecido y desaparecido en buena medida. Nosotros trabajamos básicamente en la provincia del país, tenemos alcance en 14 estados; hacemos monitoreo a través de la página cotejo.info y por medio del Observatorio Venezolano de Fake News.

¿Cuál es la mayor amenaza que tiene la organización en este momento?

MT: La mayor amenaza de la organización tiene que ver con la persecución que hacen las autoridades en vista que trabajamos con defensa de la libertad de expresión, capacitación, fortalecimiento y empoderamiento de los periodistas. 

¿Cuál es la principal fortaleza de Medianalisis?

MT: Una de las fortalezas de Medianálisis es que participa en ciudades donde nadie más va como Valera, Cumana, El Tigre, Acarigua, Carora. Hacemos especial hincapié en las regiones donde la censura y la autocensura ha golpeado más duro.

¿Cuál ha sido el testimonio más significativo?

MT: El testimonio más significativo es el de cada uno de los periodistas de las regiones cuando reciben un curso de capacitación, se hace un diagnóstico de cobertura de medios y se les proporciona un sustento en cuanto a lo que es fact checking.

Acceso a la Justicia: TSJ golpea descentralización tributaria de los municipios y estados
La Sala Constitucional decidió usurpar la función legislativa de la Asamblea Nacional 

El pasado 7 de julio el máximo intérprete de la Carta Magna propinó otro golpe contra el Estado constitucional de derecho, luego de que en la sentencia n.º 78 ordenara la suspensión por noventa días de las normas tributarias de los municipios y estados.

La Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó además al vicepresidente sectorial del Área Económica, Tareck El Aissami, que conformara una mesa técnica con los gobernadores, los alcaldes y el jefe de gobierno del Distrito Capital «a fin de coordinar los parámetros dentro de los cuales ejercerán la potestad tributaria, en particular, para armonizar los tipos impositivos y alícuotas de los tributos».

La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que desaplica la potestad tributaria constitucional de los municipios y estados se produce a partir de un recurso de nulidad, junto con un amparo cautelar presentado en 2019 para impugnar las ordenanzas Reforma de la Ordenanza de Creación de las Unidades de Valores Fiscales en el Municipio Chacao del Estado Miranda y Reforma de la Ordenanza sobre Convivencia Ciudadana del Municipio Chacao, dictadas por el Concejo Municipal del municipio Chacao a través de las cuales efectuaban cobros de tributos y sanciones fijadas al tipo de cambio de referencia que establece diariamente el Banco Central de Venezuela (BCV).

Acceso a la Justicia considera insólito que después de casi un año desde que la SC admitiera el mencionado recurso de nulidad y ordenara suspender temporalmente  ambas leyes municipales en la sentencia n.º 250 del 8 de agosto de 2019, extendiera por iniciativa propia los efectos de esa suspensión contra todas las normas tributarias de los municipios y estados del país.

Para sustentar la adopción de esta medida suspensiva, la Sala de manera arbitraria decidió usurpar la función legislativa de la Asamblea Nacional (AN), por cuanto hasta la fecha el Parlamento no ha dictado la legislación para coordinar y armonizar las potestades tributarias de las distintas personas político territoriales del país, a que se refiere el ordinal 13 del artículo 156 constitucional.

Violaciones contra los poderes municipal y estadal

Las repetidas y cada vez más frecuentes violaciones al Texto Fundamental venezolano por parte del TSJ ponen aún más en riesgo el ya debilitado Estado federal venezolano tras negar la autonomía tributaria de los municipios y estados, que es la facultad de crear, organizar, recaudar, administrar y controlar tributos.

El Estado federal aparece proclamado en el artículo 4 de la Constitución, y apunta hacia la distribución vertical del poder público, estableciendo niveles políticos territoriales, que en el caso venezolano está estructurado en República-estado-municipio. A su vez, a cada nivel político territorial le corresponde una autonomía política, administrativa, legislativa, financiera y tributaria. Cada autonomía, así mismo, comporta funciones propias que se ejercen con plenitud.

Al respecto, Acceso a la Justicia observa cómo la SC con la sentencia n.º 78 desmanteló aún más al Estado federal contemplado en la Carta Magna, al suspender cautelarmente y de manera injustificada la autonomía que gozan los municipios y los estados federados en el ejercicio de sus funciones, y más concretamente la tributaria, con el ánimo de acrecentar, incluso reforzar, competencias del Poder Ejecutivo, representado en este caso por el vicepresidente sectorial del Área Económica del régimen de Nicolás Maduro Moros, Tareck El Aissami.

Lo anterior queda refrendado aún más luego de que la SC resolviera invadir una vez más la competencia de la AN, destinada a regular el ejercicio de la potestad tributaria de los municipios y estados, a fin de favorecer al gobierno central nacional, y que contraría groseramente a la Constitución al ignorar no solo la descentralización (artículo 4),  principio fundamental que rige al gobierno de la República y de las entidades que la componen, sino también la distribución y división del poder público venezolano, establecida en el artículo 136 de la Constitución.

La decisión judicial n.º 78, sin cumplir con los razonamientos, requisitos y criterios que debe tener una sentencia, desconoció de manera absoluta las normas de la Carta Magna que distribuyen las potestades tributarias entre los distintos entes político territoriales.

Lo más grave es que la sentencia manipuló y alteró la organización federal del Estado, así como la separación y el equilibrio entre los poderes, al invadir, aparte de «transferir» irregularmente una competencia legislativa exclusiva de la AN, destinada a armonizar el ejercicio de las potestades tributarias, a una instancia del Ejecutivo Nacional que es absolutamente ajena a la materia.

Sin duda,la adopción de esta sentencia cautelar pone en riesgo de colapso el debilitado Estado constitucional de derecho, que incluso contradice su propia razón de ser dado que propicia un conflicto entre los poderes municipal, estadal y nacional.

El desconocimiento del Estado federal es una estrategia de vieja data

La práctica centralista con el ánimo de asfixiar a los municipios y estados en el ejercicio de sus competencias y, por ende, desmembrar el Estado federal que proclama la Carta Magna, no es nueva. De hecho, existe una batería de decisiones, gubernamentales, legislativas y jurisprudenciales, que desde hace tiempo propugnan su eliminación; se trata, por cierto, de una política que fue impulsada por el expresidente Hugo Chávez Frías.

La propuesta de reforma constitucional que Chávez Frías presentó en 2007 era un texto que concebía la institucionalización de un Estado centralizado. Sin embargo, tras su rechazo popular mediante referendo celebrado el día 2 de diciembre de ese año, la AN de mayoría oficialista para ese momento emprendió un feroz ataque a los postulados del modelo de Estado desarrollado en la Constitución de 1999, en concreto contra la descentralización político territorial con la aprobación de leyes diseñadas para estructurar el llamado «Estado Popular» o «Estado Comunal».

En 2017,  la creación del  Estado Comunal sería avalada por la SC en la sentencia n.º 355 del 16 de mayo, luego de que resolviera cinco demandas de nulidad que habían  sido presentadas en contra de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010, que, pese a declararlas sin lugar aprovechó la ocasión para sostener la constitucionalidad de esa «forma de Estado», no obstante el groserodivorcio con la división político territorial establecida en la Carta Fundamental.

Por otro lado, también destacan diferentes y polémicas decisiones judiciales emanadas del TSJ. En el 2008, la SC en la sentencia n.º 565 del 14 de abril de 2008 declaraba que el Ejecutivo Nacional podía revertir la transferencia de la administración de carreteras, autopistas, puertos y aeropuertos que estaban en manos de las entidades federales, tras interpretar el artículo 164, numeral 10 de la Constitución, cuyo texto establece que es una competencia exclusiva de los estados «la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional».

A partir de esa decisión, la AN, dominada por el chavismo, reformaría al poco tiempo la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (Gaceta Oficial n.º 39140 del 17 de marzo de 2009), en la que faculta expresamente al Ejecutivo Nacional a «revertir por razones estratégicas, de mérito, oportunidad o conveniencia, la transferencia de las competencias concedidas a los estados»(artículo 8).

En 2009, la Sala Político Administrativa (SPA) en su sentencia N.º 76 del 22 de enero de 2009 declaró respaldar el decreto presidencial número 1.969 de fecha 18 de septiembre de 2002, en el que establecía como zona de seguridad el área circundante a la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda de La Carlota. Dicho fallo resultaba de la demanda de nulidad que el 17 de octubre de 2002 había presentado el entonces alcalde de Chacao, Leopoldo López, contra la mencionada decisión presidencial.

En el fallo citado, el juez administrativo estableció que:

«La autonomía municipal lejos de ser absoluta se encuentra sujeta a las limitaciones establecidas tanto en la Constitución como en la Ley (…)  aun cuando los Municipios, en principio, detentan la potestad de ejercer aquellas materias de su competencia dentro de los límites de su circunscripción territorial, la declaratoria de una determinada área como zona de seguridad, lleva implícita una modificación legal de ese régimen de competencia, el cual se justifica por la tutela de los intereses nacionales involucrados en el resguardo de aquellos espacios geográficos identificados como zonas de seguridad nacional».

A las anteriores irregularidades se suma la amenaza que en 2017 hizo el Ejecutivo nacional con privar de recursos a los estados y municipios que no firmaran un acuerdo de aceptación de la sentencia n.º 814 del 11 de octubre de 2016 a partir de la cual la  SC había establecido que ella aprobaría el presupuesto nacional de 2017 en lugar de la AN, por encontrarse el órgano legislativo en «desacato».

Frente a estos tristes episodios, tampoco puede perderse de vista que en la actualidad existe la amenaza de que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) apruebe un nuevo texto constitucional en el que plantea sustituir el Estado federal por un Estado centralizado, luego de que en septiembre de 2018 circulara en algunos medios de comunicación lo que sería el anteproyecto de Constitución, que justifica la creación de un Estado comunal con una concentración absoluta de poder en el Ejecutivo, un cambio radical y sustancial del modelo político venezolano.