Megáfono archivos - Runrun

Megáfono

Justicia venezolana denuncia retardo procesal de hasta 750 días en juicios a presos políticos
La paralización de la justicia penal debido a la pandemia ha acrecentado esta situación

El abogado y director de la ONG Justicia Venezolana, Yonathan Mustiola, denunció que el retardo procesal se ha convertido en la máxima de los juicios a presos políticos militares en Venezuela, sumando, en algunos casos, hasta 750 días sin impartir justicia a castrenses detenidos. 

“Hoy denunciamos con cifras en mano, el grave retardo procesal que vienen arrastrando las causas penales seguidas en contra de los presos políticos militares, lo cual ha venido denunciando nuestra organización, desde incluso antes que iniciara el confinamiento a causa del COVID-19, y que hoy nos vemos obligados a recalcar ante el riesgo de contagios y muerte por coronavirus de estos uniformados”, explicó el jurista.

Citando la Constitución vigente, Mustiola subrayó que todo proceso judicial debe ser breve, debido a que así lo establece el principio de eficacia procesal, definido en el artículo 257 de la carta magna y las leyes procesales en curso. “En Venezuela, se está aplicando absolutamente lo contrario con estos oficiales institucionales, sometiéndolos al tan pernicioso retardo procesal”, sentenció.

Sobre este tema, el profesional del derecho ahondó en que los principios y garantías que conforman el proceso penal venezolano, contenidos en los primeros 23 artículos del Código Orgánico Procesal Penal, establece el principio de concentración. Detalló que este señala que “…Iniciado el debate, este debe concluir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posibles…”.

En relación a este principio que, según sumó, se desarrolla en distintos contextos a lo largo del COPP, enfatizó que está siendo violado reiteradamente por los órganos de justicia del país. Puso como ejemplo el señalamiento que el juicio se llevará a cabo sin interrupciones, en el menor número de días posible (Artículo 318), o que las medidas de coerción personal no podrán durar más de dos años (Artículo 230).

“Nuestra organización registra, por ejemplo, que en el caso de los Comandantes de los Batallones Blindados hay un retardo de más de 750 días para la apertura de juicio, y en el caso operación “Vuelvan Caras”, más de 320 días de retardo, también para el inicio del juicio oral y público. Todo esto, a pesar de que el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal señala, que se debe fijar la fecha para la celebración del juicio dentro de los 10 a 15 días hábiles, desde que llega el expediente al Tribunal de Juicio”, agregó.

Al respecto, el defensor de derechos humanos acotó que este grave retardo procesal registrado en la mayoría de las causas seguidas a los presos políticos militares no tiene su génesis en la pandemia. Sin embargo, acotó que la paralización de la justicia penal ha acrecentado esta situación que vulnera las garantías procesales de los uniformados que hoy permanecen tras las rejas. 

 

Justicia Venezolana

Siguen llegando a Tucupita waraos enfermos en estado crítico
Paludismo y Covid-19 son las enfermedades más comunes

15 indígenas warao llegaron en curiara hasta Tucupita desde el municipio Pedernales.

El presidente del Instituto Regional Indígena del Delta Amacuro (Irida), Alexis Valenzuela, informó sobre la llegada de este grupo de personas que presentan cuadros severos de deshidratación y signos de otras enfermedades.

Una niña de aproximadamente de 9 años, fue levantada en brazos hasta la unidad de Transdelta para ser trasladada hasta el hospital Luis Razetti de Tucupita.

En las gráficas publicadas por las redes sociales, se observan dos personas sostenidas en brazos mientras se dirigían hasta la unidad de transporte. El dirigente indígena Camilo Medina, camina en dirección hasta la unidad con una niña de apropiadamente nueve años entre sus brazos: “hacemos   un reconocimiento a nuestro guerrero Camilo Medina, que sin dar tiempo al tiempo, fue a la ayuda de los parientes enfermos” ratificó el representante de Irida, Alexis Valenzuela.

Cuatro de los waraos fueron diagnosticados con paludismo, entre ellos la niña de nueve años. Actualmente están recibiendo tratamiento en una casa de atención para pacientes del municipio Pedernales

Cabe destacar que el mismo 18 de octubre, la gobernadora del estado Delta Amacuro anunció el retorno de 83 familias desde el paseo malecón Manamo hasta sus comunidades de origen. Las familias waraos tenían tres meses instaladas en la orilla del Caño Manamo, provenientes de sus comunidades en busca de alimentos y medicinas.

La evacuación obligada de las familias waraos generó reacciones en Tucupita. El dirigente social, Luis Buenos cuestionó el desalojo de los waraos: “Lizeta Hernández publica en las redes sociales, como un gran logro humanitario el devolver a los hermanos waraos de Pedernales a sus comunidades sin garantizarles las mínimas condiciones humanitarias en esas comunidades”.

Asimismo, señala que las familias waraos obligadas al retorno hasta sus comunidades de Pedernales,  no tienen luz eléctrica, servicio de agua potable, esencial para la vida humana, transporte público, alimentos, ni las herramientas básicas para subsistir de la pesca, ya que la poca gasolina que pudieran enviarle a ese municipio es desviada para el contrabando, alega.

 

Kape Kape 

DDHH olvidados | Rubén González no piensa dejar la lucha sindical

Era de madrugada cuando Rubén González viajaba en carretera después de asistir al juicio de su compañero Rodny Álvarez y haber participado en una protesta laboral en Caracas. Pero no pudo llegar a su casa: el 29 de noviembre de 2018 lo detuvieron en una alcabala en Anaco, estado Anzoátegui. 

Lo agarraron y lo llevaron a El Tigre. “Me esposaron, me amarraron a un tubo y pasé toda la noche ahí, prácticamente a la intemperie y me llovió encima. Yo no aguantaba y pedí que me pasaran a los calabozos con toda la gente”. 

Las celdas estaban repletas de reclusos, así que el hacinamiento en el lugar era inevitable. Algo que ocurre en los centros de detención de todo el territorio: la población carcelaria es de 40.000 presos a nivel nacional, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

A la mañana siguiente fue trasladado a Maturín, al Centro Penitenciario de Oriente del estado Monagas, conocido como La Pica. Lo dejaron tirado en el piso del pasillo y así pasó toda la noche. “Al otro día uno de los presos de la celda me lanzó una toalla para que pudiera apoyar la cabeza”. A pesar de las condiciones, Rubén no se dejaba amilanar. “Yo tenía fortaleza y me quedaba tranquilo soportando las humillaciones y vejaciones porque yo no había hecho nada”. 

Fue trasladado al Departamento de Procesados Militares (Deprocemil), anexo de La Pica. “Ahí me metieron en una celda pequeñita que le dicen ‘El tigrito’”. Ahí Rubén González estuvo más de 21 meses. 

“Yo era una persona muy rebelde”

Rubén González llegó a Ferrominera en 1984. Era un trabajador más. Pero cuando un supervisor o jefe hacía algo que a él le parecía injusto o no estaba de acuerdo, alzaba su voz. Empezó a defender a la gente sin ánimos de ser líder sindical. “Los supervisores o la gerencia empezaron a perseguirme porque decían que yo era una muy rebelde, que no hacía caso. Yo iba a trabajar y soy un tremendo trabajador, pero cuando la cosa estaba mala, tenía que decirlo”. 

Después de muchos años, cuando la idea de representar a los trabajadores tomando fuerza, ellos le mostraron su apoyo. Es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera) desde 2008, reelegido en 2016.

En noviembre de 2018 no era la primera vez que lo detenían. En 2009 lo apresaron por dirigir una protesta de Ferrominera, en la que participaron más de 2000 trabajadores, para exigir que se cumpliera la contratación colectiva. Fue imputado por agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad del trabajo y violación de zona de seguridad. 

Sobre su caso, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dijo que los hechos imputados contra González “no justifican su detención provisional o arresto domiciliario” y pidió que fuese liberado. 

Al año siguiente, en 2011, fue condenado a siete años y seis meses de prisión. Pero por todo el rechazo que ocasionó la sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la decisión y fue absuelto. 

Nueve años después, lo volvieron a poner tras las rejas. Le imputaron los delitos castrenses de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional. El Tribunal Militar Quinto lo condenó a cinco años y nueve meses, decisión que fue ratificada por la Corte Marcial, negándole su derecho constitucional a un juez natural. 

“Imagínate tú, un civil en la Corte Marcial. Yo nunca cometí esos delitos, no pudieron comprobar que yo ataqué a ningún centinela. Los delitos que sí cometieron ellos fue contra mi familia. Se metieron en mi casa, agredieron a mi nuera, agredieron a mi sobrina, a mi hermano le rompieron la cabeza. Ellos sí pueden hacer lo que les da la gana. No importa la agresión, la vulneración de los derechos, la Constitución”. 

“Pasé situaciones bien rudas”

Al mes de estar preso, pudo recibir visitas semanalmente. Su familia se trasladaba desde el estado Bolívar hasta Monagas para verlo. Aprovechaban las visitas para llevarle agua o comida porque la que le daban en el centro de reclusión dejaba mucho que desear. 

“El agua era pésima, muy contaminada. El director (de la cárcel) a veces se llevaba algunos botellones que teníamos y buscaba agua filtrada. En otras oportunidades teníamos que decirle a nuestros familiares. Estábamos siempre en esa lucha. Y la comida que daban ahí era realmente bastante pésima, más que todo siempre arroz o espagueti con lentejas”. 

Todo empeoró con la llegada de la pandemia del coronavirus a Venezuela porque las visitas quedaron suspendidas para evitar la propagación. Pasó seis meses sin ver a sus familiares. 

El estado de salud de Rubén González también se vio afectado en sus casi dos años de reclusión. Cuenta que nunca había sufrido de hipertensión, pero estando en La Pica un día los valores subieron de forma alarmante. 

“Ahí la tensión me llegó a 215/110. Eso era prácticamente para morirme, para que me diera un infarto. Me sacaron de emergencia y cuando me midieron la tensión los médicos y enfermeras se asustaron. No hallaban qué hacer conmigo”. Lo enviaron al hospital de Maturín, pero al no contar con tensiómetro, camas o sitio para hospitalizarlo, pidió que fuese llevado otra vez tras las rejas. 

Rubén asegura que en la cárcel le dio coronavirus. Le dio escalofríos, fiebre, diarrea, dolor en los huesos, perdió el olfato y dejó de percibir los sabores de los alimentos cuando comía. No le costaba respirar, pero tenía una molestia en el pecho. 

“Esos fueron como siete días tirado en la cama. Me dio miedo porque la muerte me pasó por la mente. Me dio duro, pasé situaciones bien rudas y difíciles. Lo que hacía era levantar la mano y pedirle a Dios que me ayudara, porque yo soy un hombre de justicia, no soy ningún delincuente. Ahí un poco de gente pasó el coronavirus, pero nunca hubo prueba, no hubo nada”. Lo único que podían hacer era prepararse “guarapos” o hacer gárgaras de limón, vinagre, agua caliente o sal.

El líder sindical tiene 43 años de casado con su esposa, cuatro hijos y 13 nietos. Para él, que se describe como un hombre de familia, lo más complicado de su tiempo detenido fue estar lejos de los suyos. “Lo que más me dolió fue que me apartaran de mi familia, eso era lo que más le dolía a mi corazón. No me abrumaba el hecho de echar pa’lante porque uno siempre está luchando. Pero lo que más sufrí fue estar sin mi esposa, mis hijos y mis nietos”.

A finales de agosto de 2020 se enteró por uno de sus compañeros reclusos que escuchó su nombre en la televisión que el sindicalista volvería a casa. La administración de Nicolás Maduro anunciaba otorgarle “indulto” a 110 presos y perseguidos políticos de la oposición. 

Pero representantes del Foro Penal Venezolano afirmaron que solo 53 privados de libertad a quienes le concedieron el indulto estaban encarcelados por razones políticas. Para la fecha, había 333 presos políticos en el país. “Es el número más alto de América de presos políticos, lo sabemos por información de Nicaragua, Cuba. Superando los 300, históricamente Venezuela tiene la cifra más alta”, dijo Alfredo Romero en una rueda de prensa.

A Rubén la noticia de su liberación lo agarró de sorpresa y considera que la acción es parte de un “juego político” para tratar de “bajar las tensiones que hay en el país” porque el Gobierno las tiene muy altas por todas las agresiones que ha hecho a la sociedad”. 

Aunque la palabra utilizada fue “indulto”, él no lo considera de la misma manera. “Yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo: eso no es un indulto. A mí prácticamente me soltaron del secuestro en el que me tenían”. 

Si le toca pensar en una nueva detención, expresa que cualquier cosa podría pasar. “Dice la palabra que todo lo que le acontece a los hijos de Dios es para bien. Yo estoy sembrando fe, confianza y justicia, asumiendo que pueda pasar lo que Dios quiera que pase”. 

Pese a todo lo que ha tenido que pasar, no es una opción quedarse de brazos cruzados. “No me puedo quedar en mi casa. ¿Cómo le voy a decir a los trabajadores que me voy a quedar escondido o en la cama, amedrentado o asustado? No puedo porque dejaría de cumplir para lo que ellos me eligieron que fue representarlos y defenderlos. Yo tengo que seguir haciendo mi trabajo”. 

—¿Va a seguir en la lucha sindical?

—Sí, hasta que Dios quiera, que él me dé la dirección y la sabiduría.

Explotación sexual aumenta en área minera del estado Bolívar
Acnur define la práctica como un abuso intencionado de la posición de vulnerabilidad de una persona

Cae sol luego de un día caluroso en El Callao, al sur del estado Bolívar. No hay ningún letrero en la parte de afuera del local, pero se escuchan muchas voces adentro. El vidrio de la puerta principal está roto y con un impacto de bala en el medio.

Hay poca iluminación. En una sala hay un grupo de sujetos sentados en sillas de plástico. En el patio tres habitaciones y un grupo de mujeres conversando y lavando a mano. Hay ropa en el piso y agua en tobos, mientras van conversando de distintos temas. Aprovechan el tiempo porque saben que al caer la noche deben trabajar.

Aunque físicamente son distintas, y sus edades varían entre 20 hasta 36 años, algo las une: tienen meses ganándose la vida de esa forma. Trabajan en un prostíbulo ubicado en el municipio El Callao. La mayoría de ellas son madres solteras y están a kilómetros de distancia de sus casas. Vienen de distintas partes del país, desde Nueva Esparta hasta Anzoátegui.

 “Hace días me dijiste que tú hija no te reconoció cuando fuiste a tu casa, hace unas noches me levanté pensando en eso y que tal vez me pase eso con mi hija. Me da temor que mi hija no me reconozca o que mi familia sepa que estoy en El Callao trabajando de prostituta”, comenta una de ellas a otra de sus compañeras, mientras lavan sus pantalones.

Explican que por pasar la noche con un cliente ganan 1,5 gramos de oro, de los cuales solo reciben 1 gramo, y el resto está destinado para el dueño del sitio donde trabajan; este pago tenía un costo de más de 10 millones de bolívares cuando se realizó este trabajo, que equivalen actualmente a unos 21 dólares.

Aires de cambios

“Quisiéramos tener trabajos normales, en condiciones normales, no tener que mentirles a nuestras familias y mucho menos estar lejos de ellas; Maduro es culpable de esta situación. La crisis del país nos ha hecho emigrar dentro de nuestro propio país para poder seguir alimentando a nuestras familias”, comentó otra de las mujeres que labora en el lugar.  Por medidas de seguridad sus nombres fueron omitidos.

Todas están llenas de anhelos y deseos de salir del sitio que desde hace varios meses se ha vuelto su hogar.

La explotación sexual es un delito que vulnera los derechos humanos y que existe en todos los países. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) ha velado por la protección y garantía de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, y ha visto con preocupación el aumento de esta y otras vulneraciones hacia ellas que existen en las zonas mineras.  

“Es una profesión riesgosa y muchas estamos aquí por la necesidad, nos estábamos muriendo de hambre y nos tocó salir de nuestras casas y ciudades para tratar de seguir llevando el pan a nuestras familias. En mi caso tengo más de 4 meses que no voy a mi casa, pero semanalmente le envío dinero a mi mamá porque ella es la que me tiene a mis hijos; eso es lo más doloroso, no poder verlos todos los días, abrazarlos, darles un beso”, sumó otra de las jóvenes que trabaja en el lugar.

Confiesan que desde el inicio de la cuarentena en Venezuela sus ingresos han disminuido debido a que “vienen menos clientes, por un ratico cobramos 5 puntos, por la noche 1 grama, pero a veces pasamos la noche sin atender a ningún cliente, se nos pone duro el trabajo a nosotras también y es aún más preocupante cuando uno es el sustento de su hogar”.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) define la explotación sexual  como un abuso intencionado de la posición de vulnerabilidad de una persona ( por ejemplo, alguien que depende de alimentos u otros servicios para sobrevivir), para obtener favores sexuales, incluyendo, pero no solamente, ofrecer dinero u otras ventajas sociales, económicas o políticas;  además, el tráfico y la prostitución.

Las mujeres merecen protección

Por otro lado, aunque las vulnerabilidades crecen conforme se agudiza la emergencia humanitaria en Venezuela, ellas aseguran que laboran de forma legal: “Un día a la semana vamos hasta la sede de la Policía del Estado Bolívar (PEB) donde sellamos nuestros cartones de control. En el hospital nos dan preservativos y pastillas anticonceptivas”.

Norkis Salazar, coordinadora del área de género de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), explica que: “La prostitución en Venezuela no es un delito, no hay una ley que la tipifique como tal, y resulta por demás importante recordar que las mujeres que se dedican al trabajo sexual son humilladas, perseguidas, y muchas veces matraqueadas por las autoridades por el oficio que realizan”.

La coordinadora además agrega: “Los ambulatorios y hospitales muchas veces no cuentan con antivirales, condones o algún tipo de anticonceptivos que le suministren a  las mujeres para que puedan prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), como es inexistente la posibilidad de que puedan realizarse  los exámenes o chequeos médicos preventivos de ITS, que son el más común (si no el mayor)  riesgo que corren las trabajadoras sexuales,  considerando además que tampoco cuentan con  poder adquisitivo que les permita comprar todos los insumos para prevenir estas infecciones”.

Salazar destacó que para quienes sí hay sanción es para aquellos hombres o mujeres que se benefician con recursos económicos a expensas de las mujeres que se dedican a la prostitución, lo que se conoce como proxenetismo. Además, en el contexto venezolano de crisis humanitaria, misma que ha exacerbado las vulnerabilidades, carencias, precariedad y falta de opciones, es más propio referirse a mujeres que ofrecen un servicio sexual con fines onerosos.

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer establece en su artículo 4, “toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”.

 

 

Estado venezolano continúa con ataques a la prensa libre en Bolívar
En los nueve primeros meses de 2020  se produjeron al menos 796 violaciones a la libertad de prensa en Venezuela

Este martes 20 de octubre tres unidades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se apostaron a las afueras de Correo del Caroní, en Puerto Ordaz, en un allanamiento que se extendió por 6 horas. El hecho culminó con el traslado de la secretaria del director del medio y una periodista (a la cual le incautaron su computadora) hasta la sede del organismo.

Abundaron las irregularidades. Susana Reyes y María Ramírez Cabello estuvieron en el mismo lugar donde hace tan solo 8 días estuvo el director del Correo del Caroní, David Natera Febres, tras un allanamiento a su propiedad. La única información que les fue suministrada es que serían trasladadas hasta la sede ubicada en Vista Al Sol en San Félix, para rendir declaraciones.

Además, Correo del Caroní alertó el pasado martes en su cuenta de Twitter que los funcionarios prohibieron la entrada del abogado de la Editorial Roderick, Germán Borregales, a la sede del medio de comunicación. La periodista y la secretaria, luego de ser trasladadas hasta Vista al Sol, fueron liberadas tras 3 horas.

Pero no es la primera vez que este tipo de ataques suceden contra el personal de Correo del Caroní. El 31 de julio efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), detuvieron arbitrariamente y robaron al reportero gráfico William Urdaneta mientras hacía su trabajo.

Jhoalys Siverio, periodista de Correo del Caroní, consideró que lo que está ocurriendo es un ataque en contra de la libertad de prensa y los medios independientes: “Recordemos que hace 8 días fue el allanamiento a la residencia de David Natera Febres, quien es director del Correo del Caroní y dos días después el allanamiento al medio internacional 15 Minutos en Caracas, cuyo fundador es David José Natera, hijo”.

“Este hecho no nos va amedrentar; seguiremos ejerciendo y cumpliendo con  nuestro trabajo que es informar, llevar la verdad ante nuestros lectores que es un compromiso que tenemos”, agregó Siverio.

Derecho vulnerado

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 58, consagra que “toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo a los principios de la Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada por informaciones inexactas. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”.

Siverio destacó que este allanamiento al Correo del Caroní no es solo contra el medio, “no descartamos que vengan más ataques a la familia Natera Febres por las otras propiedades comunicacionales que se tienen como Pentagrama y TV Guayana”.

La periodista también destacó: “Hay otros medios de comunicación en todo el país que han estado pasando en los últimos meses por estas mismas arbitrariedades y creo que es porque el régimen no ha terminado de callar las voces de quienes ejercemos el periodismo de manera independiente en Venezuela. Que a pesar de que cierran medios impresos, emisoras, televisoras, nos reinventamos para seguir llevando información veraz a cada uno de los ciudadanos, sobre todo en este tiempo cuando hay tanta desinformación”.

Persecución en aumento

En los nueve primeros meses del 2020 en Venezuela se produjeron al menos 796 violaciones a la libertad de prensa. La ONG Espacio Público documentó 49 de ellas en septiembre. La mayoría fueron por intimidación, hostigamiento judicial y amenazas.

La mayoría de las víctimas fueron periodistas (48 %), medios de comunicación (4 %) y particulares (4%). Los principales agresores fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios, según los datos de Espacio Público.

Yoger Contreras, coordinador del equipo de monitoreo de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) Venezuela, señaló que el hecho más reciente contra el diario Correo del Caroní deja en evidencia lo que han venido denunciando desde la organización desde hace un par de años: “El escenario de la libertad de expresión y prensa en el país es de vulneración absoluta, donde el Estado Venezolano se convierte en el ente agresor, intimidador contra la labor informativa”.

“Este escenario, donde también han sido afectadas dos miembros del medio, siendo trasladadas a una sede militar con la intención de declarar sobre lo ocurrido en ese allanamiento, muestra ese poder censor que tiene el Estado venezolano con la intención de intimidar, callar, generar expectativa en la sociedad venezolana de forma negativa; y donde hay la clara invitación a generar un temor hacia el resto de los medios de comunicación”, sumó Contreras.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) alertó el día martes en su cuenta de Twitter: “Rechazamos esta agresión a la sede y al equipo de Correo del Caroní, un medio de comunicación que ha denunciado violación a los ddhh; este allanamiento busca vulnerar aún más la libertad de prensa en tiempos de emergencia humanitaria compleja”.

Codehciu exhorta al Estado a garantizar el respeto de los trabajadores de la prensa libre y condiciones óptimas para estos. Y destaca el esfuerzo que los medios de comunicación y periodistas hacen diariamente para documentar, denunciar y narrar la emergencia humanitaria compleja en el país.

Codhez: Salario mínimo no alcanza para comprar un paquete de harina
Una familia necesita un promedio de Bs. 19.451.579,28 para adquirir los 21 alimentos de la canasta alimentaria 

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) dio a conocer los resultados del monitoreo de precios de alimentos realizado en Maracaibo, correspondiente a la primera quincena de octubre, en los que no se vislumbra un mejoramiento en las condiciones de vida y alimentación de los marabinos.

Del estudio realizado en establecimientos de ventas de alimentos de la capital zuliana, entre los días 12 y 15 de octubre, resulta que una familia marabina necesita, en promedio, Bs. 19.451.579,28 para adquirir los 21 alimentos de la canasta Codhez. Esto representa un aumento de +7% en comparación con la segunda quincena de septiembre.

Precios promedio se mantienen en alza

A este respecto, durante esta quincena se vuelve a verificar, aunque en menor medida, aumentos en los precios de los cortes de las carnes de res. El corte de segunda de Bs. 1.583.400,00 a Bs. 1.667.154,17 (+5%), mientras que la costilla de res aumentó de Bs. 795.731,11 a Bs. 885.821,67 (+11%). Por su parte, el pollo entero y la pechuga de pollo experimentaron también un aumento moderado, de +6% y +3%, respectivamente.

Los granos evidenciaron un aumento de precio considerable, salvo el caso de las arvejas que bajaron -7%. Las caraotas aumentaron en +21%, las lentejas en +7% y los frijoles en +24%. También se elevó el valor promedio del cartón de 30 huevos (+22%), ubicándose en Bs. 1.315.820,63.

El queso blanco semiduro, uno de los alimentos más comunes en el plato marabino, sigue incrementando su costo promedio. Para esta quincena, el kilogramo de queso se ubicó en Bs. 1.234.991,56, representando +21% de alza en comparación con la quincena pasada.

El precio de la margarina también mantiene su tendencia al aumento, pues para esta quincena se ubicó en Bs. 793.007,14, +10% más que la quincena pasada. Con el aceite vegetal también ocurre lo mismo: para esta quincena experimentó un aumento de +14%, pasando de Bs. 730.590,10 a Bs. 829.757,00, necesitándose el equivalente a 207,44% del valor del salario mínimo para adquirir un litro.

Embutidos duplicaron su costo en cinco meses

Para la primera quincena de octubre, Codhez revisó la oferta de embutidos: jamón de pierna, jamón de espalda, mortadela de pollo y mortadela de carne. En comparación con el monitoreo de estos rubros realizado hace cinco meses, se evidenció un incremento superior al 100%.

El precio promedio del kilo de jamón de pierna se ubica en Bs. 3.037.282,72, es decir, +110,45% más caro que en la primera quincena de mayo, mientras que el jamón de espalda promedió Bs. 2.445.572,72 (+110,42%).

Por su parte, la mortadela de pollo tiene un precio promedio de Bs. 1.368.722,00 (+114,81%), y la mortadela de carne, la más económica entre estos embutidos, se consigue en Bs. 1.291.393,33 (+120,87%). Vale acotar que la mortadela de carne es el único embutido con precio acordado, y representa una diferencia de +269,05% con su precio real en mercados de Maracaibo.

El costo de la harina de maíz se incrementó 606.995% en dos años

En esta primera quincena de octubre se cumplen dos años desde el primer monitoreo de precios de alimentos realizado por Codhez en Maracaibo. Desde octubre de 2018 los cortes de carne de res han aumentado 488.173%, las presentaciones de pollo 362.572%, y los granos 613.828%. En este mismo periodo, la harina de maíz pre-cocida se ha incrementado 606.995%: en aquella época, un kilo valía Bs. 75 (USD 0,60), mientras que el salario mínimo era de Bs. 1.800 (USD 14,40).

En esta quincena, dos años después, el salario mínimo equivale a USD 0,88 (en atención a una tasa de Bs/USD 453.508,70 transada en los mercados monitoreados) mientras que la sumatoria de los precios de los 21 alimentos revisados por Codhez asciende a USD 42,89, marcando una diferencia abrumadora y sumamente preocupante.

El ingreso mínimo por un mes de trabajo en Venezuela es equivalente a menos de un dólar, y es desproporcionadamente insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias, tanto que no alcanza para comprar ni siquiera un kilo de harina pan, que se encuentra disponible en el mercado a un precio de Bs. 455.321.

Por esto, desde Codhez se reitera la exigencia al Estado venezolano de prestar atención a esta realidad. Las circunstancias de indisponibilidad e inaccesibilidad a los alimentos son evidentes y persistentes. Contar con un salario digno que implique un poder adquisitivo real y estable, que permita una calidad de vida en salud y alimentación nutritiva y completa, es un derecho humano, y el Estado está en la obligación normativa, tanto nacional como internacional, de atender y enfocar las medidas necesarias para su cumplimiento cabal.

Cedice: Retomando la descentralización se puede alcanzar la recuperación económica
Especialistas destacan cómo un esquema descentralizado garantizaría una mejora en la prestación de servicios públicos

Se debe retomar el proceso de descentralización político-administrativa, a través del cual se pudo lograr una mayor eficacia y eficiencia de gestión a distinto nivel en la década de los noventa en Venezuela, para devolver al país la prosperidad y sacarlo de la crisis socioeconómica en la que se encuentra.

Esta es la principal conclusión de la investigación “Descentralización, democracia y defensa de la propiedad privada”, presentada por el Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad).

El documento elaborado por el sociólogo Trino Márquez, miembro del Comité Académico de la organización, y el abogado Alonso Domínguez,  examina errores y aciertos de la distribución equitativa de competencias entre poder nacional, estados y municipios, así como su impacto en el día a día de los ciudadanos. A manera de ejemplo, los especialistas destacan cómo un esquema descentralizado garantizaría una mejora en la prestación de servicios públicos (un tema crítico en la actualidad venezolana).

También destacan la naturaleza política de este fenómeno, que se ha vuelto generalizado en todo el mundo de diferentes maneras.

ONG denuncia ante la CIDH las parlamentarias en Venezuela por ser a medida de Maduro
La organización asegura que los comicios, previstos para el 6 de diciembre, están diseñados “para favorecer al gobierno de Nicolás Maduro y perjudicar a sus adversarios”

La ONG Acceso a la Justicia denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las elecciones legislativas venezolanas del 6 de diciembre por considerar que están hechas “a medida” de Nicolás Maduro, informó este lunes esa organización.

“Las elecciones parlamentarias pautadas para el próximo 6 de diciembre están diseñadas para favorecer al Gobierno de Nicolás Maduro y perjudicar a sus adversarios”, asegura Acceso a la Justicia en un comunicado.

Venezuela abandonó la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que forma parte la CIDH desde el 27 de abril de 2019, fecha en que entró en vigor una carta enviada por el Ejecutivo.

El Gobierno venezolano apeló a esa misma misiva en febrero pasado, cuando una misión de la CIDH trató de acceder a Venezuela para una visita “in loco” autorizada por el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países.

Esa visita negada a la CIDH iba a ser la primera después de 17 años sin que el organismo haga trabajo de campo en Venezuela, si bien el pasado marzo la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, prometió que el organismo usará “todos” sus recursos para defender los derechos humanos en Venezuela.

Acceso a la Justicia remitió un informe a la CIDH que explica las implicaciones de los cambios que, a su juicio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han hecho al sistema electoral venezolano.

Para la ONG, se ha producido una “mutación” en el sistema electoral que es “otra muestra más de la ausencia de independencia” del TSJ.

Como parte de esa “mutación”, denuncian que el TSJ se arrogó la potestad de designar a los miembros del CNE, una misión encomendada por la Constitución a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) al considerar que habían omitido esa labor.

En este sentido, la ONG “alertó” a la CIDH de que los nuevos nombramientos “no generan confianza en el CNE”, ya que las nuevas rectoras, “durante su paso por el TSJ dejaron en claro su alineación con el chavismo, al sentenciar siempre a favor de los intereses de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro”.

También denuncian las normas especiales para las elecciones parlamentarias aprobadas por el CNE, en las que se incrementó “sin justificación constitucional alguna” la cantidad de diputados de 167 a 277.

“Asimismo, se redujo la cantidad de parlamentarios a ser electos nominalmente de 70 % a 48 % (133), al tiempo que se elevó el número de aquellos que van a ser escogidos proporcionalmente hasta el 52 % (144)”, añaden.