José Guerra, autor en Runrun

Jose A. Guerra

Jose A. Guerra Ago 02, 2020 | Actualizado hace 5 días
Licencia para matar, por José Guerra

“Licencia para matar”… guardias nacionales con armas letales en una protesta de 2017. Foto Luis Florido en Elpolitico.com.

@JoseAGuerra

Quienes siempre hemos defendido el rol de una Fuerza Armada Nacional apegada a la Constitución y las leyes, quienes hemos apoyado en la tribuna y en la acción a los integrantes de la institución militar, hoy nos consideramos asidos del derecho a criticar de forma pública acciones de integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, en su rol de garantes del orden público.

Mi relación con esta institución se afianzó durante las protestas de 2017, cuando en medio de las refriegas callejeras, nos tocó mediar con oficiales a cargo de la represión, con resultados no siempre auspiciosos. Nunca olvidaré a un oficial que se tapaba el apellido tallado en su uniforme, una vez en una manifestación en el Crema Paraíso de Santa Mónica y estando Fernando Albán y un señor con muletas conmigo, tratando de que los guardias no arrojaran las bombas lacrimógenas, ese oficial impartió la orden para que nos rociaran en la cara los gases tóxicos.

Pero también viene a mi memoria un intento de llegar al BCV a entregar una carta, exigiendo que el ex instituto emisor publicara los datos; el general Fabio Zavarse, hombre incondicional al régimen, me llamó y me dijo que el único que podía pisar el BCV era yo y, a la vez, impidió que los colectivos nos agredieran. En la entrada de la Asamblea Nacional siempre compartíamos respetuosamente con los guardias que custodiaban la institución, inclusive con los más duros en materia represiva. Allí noté que el descontento estaba presente en los uniformados.

Por eso condeno las acciones de guardias nacionales en Isla de Toas, estado Zulia donde un muchacho de dieciocho (18) años, Joel Albornoz, de oficio pescador, fue asesinado por el proyectil de un guardia, ante su exigencia de gasolina para poder faenar y alimentar a su familia.

Y también el caso del señor Carlos Chaparro, en Aragua de Barcelona, que el 26 de julio de este año, fue muerto por un capitán de la Guardia Nacional por protestar ante el abuso en la distribución de la gasolina.

No puede dejar de mencionarse la agresión hace un par de semanas de guardias nacionales a personas indefensas de la tercera edad, que en la plaza del BCV exigían que le paguen una pensión decente.

Y antes el caso de Geraldine Moreno, a quien un guardia le vació en la cara un cartucho de perdigones y la asesinó. Estos no son hechos aislados.

Por ello, parece que como compensación por la labor represiva, a la Guardia Nacional le hubiesen conferido una especie de licencia para matar. El problema para la Fuerza Armada como un todo, hoy desprestigiada, es que el pueblo no distingue entre los distintos componentes y habla de los militares, para referirse a quien tiene más presencia en la calle. Y este rechazo se ha agravado con el mercado negro de la gasolina y el tráfico de influencias, que los guardias en custodia de las bombas han hecho una práctica rutinaria. Propugnamos por una institución armada profesional, con salarios dignos, con apresto adecuado, al servicio de la nación, pero estos hechos hay que evidenciarlos. Por el propio bien de la institución.

2 de agosto de 2020.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Jose A. Guerra Jul 19, 2020 | Actualizado hace 3 semanas
Ochenta y seis por ciento, por José Guerra

@JoseAGuerra 

Ochenta y seis por ciento (86 %) es la caída acumulada de la actividad económica de Venezuela entre el primer trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2020, según el Indicador de Actividad Económica Mensual que calcula la Asamblea Nacional, como sucedáneo de las cifras que el BCV oculta.

Durante el tiempo que Nicolás Maduro ha permanecido en el poder Venezuela ha sufrido un retroceso en absolutamente todos los indicadores, cualquiera sea la dimensión que se utilice o el concepto del cual se trate.

Que la economía se haya contraído en esa magnitud significa que hoy su producto interno bruto sea equivalente al de Paraguay cuando hace treinta años se parecía al de Argentina. En términos de habitantes, el ingreso nacional de Venezuela en 2020 solamente supera al del empobrecido y sufrido Haití.

No es fácil para alguien que no esté familiarizado con los temas económicos o para un ciudadano inocente que de buena fe crea que en Venezuela está teniendo lugar un cambio socio político, asimilar el impacto de la hecatombe venezolana.

En cualquier ámbito de comparación que dé cuenta de la calidad de vida, como el ya señalado ingreso nacional por habitante, la esperanza de vida al nacer, el nivel y calidad de la educación, la atención sanitaria o el más elaborado, Índice de Desarrollo Humano, el régimen madurista representa una calamidad. ¿Cómo ha podido suceder semejante tragedia?

Los procesos sociales no suceden por azar. Este cuenta en muchos aspectos de la vida, pero las ciencias sociales están dotadas de instrumentos para analizar dinámicas como la venezolana. La causa de fondo reside en el modelo confeccionado por Hugo Chávez desde 2005.

Entonces comienza en firme el camino de la estatización de la economía para supuestamente implantar un modelo socialista, al estilo de los que fracasaron en la Unión Soviética y Cuba.

Chávez, un hombre de ideas elementales, pero con una tenacidad ilimitada, se lanza por el camino sin retorno de usar al petróleo para financiar esa aventura.

Creyó que el petróleo podía emplearse para apuntalar un modelo de estatización de los medios de producción, que en la versión dogmática del socialismo deberían pasar a manos del Estado. Ello se tradujo en succionar la renta petrolera hasta el extremo de secar la industria petrolera y embarcar a Pdvsa en proyectos y actividades sin ninguna viabilidad financiera o social como lo fueron Pdvsa industrial, las petrocasas, Pdval y tantos otros sueños, uno tras otro fallido.

Esta senda implicó distraer recursos que se hubiesen dedicado a la inversión en petróleo. Y cuando ya la caja registradora de Pdvsa dejó de sonar señalando que sus finanzas estaban exhaustas, recurrió Chávez al endeudamiento.

Maduro siguió ese mismo camino y además ensayó con presidentes de Pvdsa y ministros de Petróleo, uno peor que el anterior hasta llegar al general Manual Quevedo, hombre de peinilla, rolo y bombas lacrimógenas, pero no de la ciencia de los hidrocarburos.

Así fue la destrucción de Venezuela, poco a poco pero a paso firme hasta que en junio de 2020 la producción de petróleo alcanzó a cerca de 400.000 barriles por día, similar a la que obtuvimos en 1947, pero con más de veinte millones de habitantes respecto a ese año. Un retroceso de setenta y tres años. 

19 de julio de 2020

 

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Jose A. Guerra Jul 06, 2020 | Actualizado hace 1 mes
Yo quiero votar, por José Guerra

@JoseAGuerra 

Hay básicamente tres formas de salir de un gobierno o de un régimen. El primero es mediante el voto popular, cuando este elige y expresa la decisión de la mayoría del pueblo; el segundo es con una revolución social, que depone al gobierno en funciones e instaura uno nuevo o abre paso mediante una transición; y el tercero es a través de un golpe de Estado. Lo ideal es que el pueblo vote y que su voto sea la manifestación de cambio.

Después de que perdieron las elecciones parlamentarias de 2015, el régimen de Maduro optó por la política de eliminar de facto el voto como instrumento de cambio, en una clara deriva dictatorial.

No se había todavía asimilado la victoria, cuando una maniobra de Jorge Rodríguez a finales de diciembre de 2015, usando a la magistrada del TSJ Indira Alfonzo y hoy presidenta ilegítima del CNE, con una medida cautelar que se ha extendido por cuatro años, desconoció a tres diputados indígenas y del estado Amazonas. Con esta confabulación nos quitaron la mayoría calificada de tres cuartas partes del parlamento que ganamos con votos

Luego, la también magistrada y presidenta entonces del TSJ, Gladys Gutiérrez, actualmente también miembro del CNE, dictó en enero de 2016 una sentencia absurdamente increíble, mediante la cual se dictaminó que la Asamblea Nacional estaba en desacato y que por tanto todos sus actos serían nulos.

En 2016, cuando se podía invocar la activación del referendo revocatorio contra Maduro, la misma magistrada Indira Alfonzo, usando una sentencia, liquidó ese proceso. Todo ello constituía una política para ir secando el voto como expresión popular y llevarnos a tomar derroteros no electorales.

Otra figura muy usada por Chávez y Maduro es la de los protectores. Cada vez que perdían una elección de gobernador, seguidamente colocaban a un títere suyo con más poder y recursos que el gobernador electo. Posteriormente, llamaron a una Asamblea Nacional Constituyente en mayo de 2017, violando las reglas elementales previstas en la Constitución.

El objetivo era terminar de anular a la Asamblea Nacional y ayudar a Maduro a gobernar de facto, pero con apariencia de legalidad.

Las dictaduras de este tiempo no son las mismas que las del pasado, pero son dictaduras igualmente y eso es lo que rige en Venezuela.

El de Maduro, es un régimen donde confluyen los elementos más atrasados y prehistóricos de la izquierda venezolana, con una derecha de vocación militarista y totalitaria para conformar una indigesta formación política pocas veces vista en el mundo.

La manera más eficaz de luchar contra ella es apelando a la voluntad del pueblo y haciendo todo el esfuerzo por rescatar el derecho al voto y que este permita elegir. Intentos de golpes lo que hacen y han hecho es fortalecer a la crápula en el poder y darle los argumentos para que repriman.

Por ello, en esta coyuntura dramática que vive Venezuela, la política correcta es levantar un movimiento nacional fuerte, con apoyo internacional por el rescate de la soberanía popular usurpada, para que el pueblo pueda votar libremente. Sin embargo, cualquier medio para restituir el orden constitucional y esa soberanía popular es moralmente válido.

5 de julio de 2020.

 

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Jose A. Guerra Oct 13, 2019 | Actualizado hace 10 meses
El salario y el Petro, por José Guerra
COMO RESULTADO DE LA política económica del régimen, el salario de los trabajadores venezolanos ha sido pulverizado por la hiperinflación. En realidad no hay salario que aguante el empuje de unos precios desbocados con lo cual trabajadores activos, pensionados y jubilados hoy están arruinados. Hace una semana, en medio de esos anuncios como el que realizó hace más de seis meses cuando pidió a todos los ministros poner sus cargos a la orden y todavía éstos permanecen en esos cargos, Maduro planteó que adoptaría medidas supuestamente para proteger el salario que él mismo ha destruido con sus política y con su modelo.  Lo trágico del caso es que en esas ocurrencias dijo que se pretendía vincular el salario con el petro.
 
Los datos son contundentes. El salario mínimo que devengan los trabajadores activos y jubilados y que abarca algo más del 50% de quienes trabajan o trabajaron en el sector público  venezolano es US$ 2 mensuales mientras que para adquirir la canasta alimentaria hace falta por lo menos veinte salarios mínimos. Ello sugiere el estado de precariedad en la cual se encuentran los venezolanos. Se trata de más de cuatro millones de pensionados del Seguro Social y otros dos millones que devengan ese salario mínimo miserable. La idea de vincular el salario al petro es un disparate mayúsculo debido a que el Petro no es una referencia válida que sirva como ancla para establecer los salarios. Ello debido al hecho que quien determina el valor del petro es su emisor que el régimen madurista. Cuando un país fija el salario con respecto el dólar o al euro, por ejemplo, es claro  que ninguna de estas dos monedas puede ser manipulada por el gobierno y por esta razón se asegura el mantenimiento del poder de compra de los salarios. Contrariamente, el valor del petro no obedece a ningún criterio económico porque el mismo no es objeto de transacciones en el mercado y por ello su valor es el producto de un acto burocrático. Pero más allá de esto, el hecho es que para todos los fines prácticos el Petro es inexistente y por por esa razón atar los salarios al petro carece de cualquier sentido conceptual o práctico. No se puede fijar el salario a algo inexistente.
 
Por estas razones lo mejor que pueden hacer los trabajadores venezolanos es exigir que sus salarios, pensiones y jubilaciones se determinen sobre la base de unos de los siguientes criterios. Por una parte, una canasta de bienes y servicios calculada por un ente con credibilidad técnica o por la otra, con base en el dólar en el entendido que se trata de un cierto monto de esa moneda que sirva para adquirir el valor monetario de esa canasta. Es inaceptable que a quienes trabajan y viven de su trabajo se les quiera imponer el pago en petros.
 
 
 
@JoseAGuerra
 
Informe Bachelet y la FAN, por José Guerra

LA ALTA COMISIONADA para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, doctora Michelle Bachelet, presentó su actualización del informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en el cual, no solamente ratificó en contenido del primero presentado meses atrás, sino que abundó sobre nuevas violaciones a los derechos fundamentales de los venezolanos.

En este informe llama la atención el rol que viene desempeñando elementos de la FAN que le sirven de soporte al régimen de Maduro, mediante el uso de la represión y la coacción. Citemos el informe de Bachelet textualmente: “Mi Oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada.

Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violaciones a los derechos humanos”. En relación con el asesinato del capitán Acosta, afirma que “La autopsia del Capitán Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que dos oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura. Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición”. Esto es demasiado grave para que las actuales autoridades militares sigan guardando silencio sobre un hecho abominable como este.

Todavía más, afirma la doctora Bachelet que “preocupa el aumento de la presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón”. Y luego explica que “la muerte de un líder indígena de Curripaco en Amazonas cometido supuestamente por miembros de la Guardia nacional Bolivariana”. Pero no se queda aquí el informe al criticar severamente el uso de la justicia militar para condenar al dirigente sindical Rubén González a cinco años de prisión, por el solo hecho de ejercer su derecho como líder de los trabajadores de la Ferrominera del Orinoco.

El dilema para los integrantes de la FAN, en todos sus estamentos es el siguiente: seguir apoyando a una dictadura encabezada por Maduro que ha arruinado a Venezuela y los ha depauperado a ellos también, o ponerse al lado del pueblo y exigir una solución a esta crisis terminal que hoy sufre el país y que se realicen unas elecciones presidenciales competitivas y transparentes, para que el pueblo sea quien decidida quien conduce sus destinos. Hay quienes dicen que la FAN no actúa porque está corrompida e involucrada en todo tipos de negocios. Yo no creo eso. Puede haber individualidades corrompidas y partícipes de hechos ilícitos, más no es la institución como tal. Es hora de restituir la vigencia de la Constitución compañeros de uniforme.

José Guerra

Jose A. Guerra Ene 20, 2019 | Actualizado hace 2 años
El 23 de enero, por José Guerra

EL 23 DE ENERO DE 1958 marcó el final de la penúltima dictadura que ha tenido Venezuela. Derrocado Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948, una Junta Militar se hizo con el control del país y combinó una política de grandes obras públicas con una represión que casi extermina a los partidos políticos, principalmente a AD  y al PCV, que gracias al arrojo de sus dirigentes pudieron sobrevivir a la represión, conducida por la Seguridad Nacional, en manos dos hombres temibles Maldonado Parilli y Pedro Estrada. En medio de aquella desolación que había dejado la represión de los esbirros de la Seguridad Nacional, se crea el movimiento de coordinación de las luchas estudiantiles en la UCV donde comenzó la agitación cuando en la recién construida Ciudad Universitaria en 1956, un grupo de estudiantes irrumpió en el Aula Magna en un acto internacional organizado por la dictadura. Allí estaban Américo Martín, Adicea Castillo, Chela Vargas, Jesús Carmona, Héctor “el macho” Pérez Marcano, Héctor Rodríguez Bauza, entre tantos otros. Luego se conforma de manera unitaria el comité sindical con los líderes que habían sobrevivido y posteriormente la Junta Patriótica, como esfuerzo conjunto de AD, PCV, URD y Copei. Ninguno de ellos solo hubiese podido con la dictadura.

La verdad histórica es que el peso de la represión recayó principalmente sobre el partido AD y luego el PCV. La dirigencia de AD fue asesinada o enviada a los campos de concentración de Guasina y Sacupana y a las Cárcel Modelo y del Obispo en Caracas, donde luego adecos,  comunistas, urredistas y copeyanos fueron labrando el camino de la unidad al comprender que divididos no podían. Muertos Ruiz Pineda, Alberto Carnevalli, Antonio Pinto Salinas, exiliado Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y presos Eligio Anzola Anzola e Isabel Carmona, el timón adeco pasó a las manos de Octavio Lepage hasta que lo capturó la Seguridad Nacional y de allí aparece el joven Simón Sáez Mérida a dirigir a AD hasta la caída de Pérez Jiménez. Los comunistas también mermados, al estar presos Jesús Farías y Alonso Ojeda, fueron dirigidos por el legendario Pompeyo Márquez (Santos Yorme) a quien en diez años no pudieron apresar los sabuesos de la Seguridad Nacional y por Douglas Bravo, Teodoro Petkof, Eloy Torres, entre tantos otros. Por Copei destacaron Luis Herrera y Aristiguieta Gramcko mientras que URD lo conducía un hombre excepcional, Fabricio Ojeda, presidente de la Junta Patriótica, dado que Jóvito Villalba estaba exiliado.

Tras el enorme esfuerzo hecho por la dirigencia política, vino el alzamiento del coronel Hugo Trejo el primero de enero de 1958 que terminó de debilitar a la dictadura. Luego del fraude de la Constituyente y el plebiscito, orquestado por la dictadura para legitimarse, fue todo este afán unitario de estudiantes, sindicalistas, intelectuales y una dirigencia política  con el horizonte claro lo que permitió derrocar a una dictadura que parecía indestructible, entre otras cosas porque tenía una obra de gobierno respetable. Pero el pueblo venezolano quería más que concreto armado, casinos y fiestas de carnavales. Quería principalmente libertad y que pudiese decidir su propio destino mediante elecciones libres, directas y universales. Hoy estamos en una situación parecida y por ello el espíritu de la unidad sigue rondando sobre Venezuela y unidos saldremos de esta tragedia.

Jose A. Guerra Oct 01, 2018 | Actualizado hace 2 años
Soraya El Achkar, por José Guerra

@JoseAGuerra

LA DOCTORA SORAYA EL ACHKAR ES UNA ESPECIALISTA EN TEMAS DE SEGURIDAD y fue nombrada por Chávez para dirigir la Universidad de la Seguridad y estuvo entre los fundadores de la Policía Nacional Bolivariana, PNB. Ella procuró imprimirle una impronta distinta a la nueva policía, con el objeto de borrar aquellas experiencias trágicas que se vivieron con los cuerpos policiales en los años setenta, ochenta y noventa. Conviene precisar que Hugo Chávez fue un crítico muy severo de las violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas y policiales cuando el caracazo, donde miles de ciudadanos fueron masacrados. Eran frecuentes las redadas de las policias en los barrios populares de las principales ciudades donde se asesinaba a jóvenes sin fórmula de juicios y muchachos sanos eran presentados después como delincuentes para justificar las ejecuciones sumarias. La creación de la PNB creó muchas esperanzas, de contar con un cuerpo de policía firmemente comprometiudo en el combate al delito de forma decidida sin que ello implique violar los derechos humano.

Sin embargo, la PNB es hoy una institución desprestigiada, lamentablemente. Durante 2016 se llevaron a cabo las Operaciones de Liberación del Pueblo, que consistió en que miembros de las brigadas élites de las diferentes policías y militares efectuaran acciones nocturnas y el resultado siempre era el mismo, la muerte de jóvenes. Nunca o en muy pocos casos se reportaron heridos. Eso llevó a denuncias muy bien fundadas de violaciones a los derechos humanos al reportarse incontables casos de asesinatos de inocentes, principalmente adolecentes y jóvenes. Fue tan evidente la vulneración de los derechos humanos que las OLP se dejaron de hacer pero sin que hubiese una voloración de las actuaciones y menos la investiagación sobre la muerte de inocentes. Luego aparecieron las FAES, Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB. Ello ha motivado la crítica de la doctora El Achkar la cual citamos textualmente: “Antes habían quedado los tiempos en que los grupos especiales ejecutaban, simulaban enfrentramientos, robaban y amenazaban a familiares de los asesinados. Pues volvieron esos tiempos con el FAES”. Luego afirma que “Hasta cuándo hay que tolerar que el FAES manche la digna misión de la PNB?. Todos los procedimientos fuera  de la ley”. Abunda la doctora El Achkar al decir que “Las FAES generan miedo, torturan, no respetan la ley, ejecutan, simulan. No son del espíritu de la revolución bolivariana”. Esta es la denuncia mejor articulada y hecha desde dentro a las ejecutorias de un cuerpo policial que en lugar de infundir respeto, genera miedo. La experiencia del pasado de los escuadrones de la muerte debe ser una experiencia que nunca más se repita. El resto es combatir al delito con determinación, neutralizando a los delincuentes pero sin asesinar a los inocentes. Quienes han dirigido esas operaciones tendrán algún día que rendir cuentas por la muerte de tantos muchachos que no eran delincuentes y cuyo uno delito fue haber sido pobres.

 

Jose A. Guerra Dic 04, 2017 | Actualizado hace 3 años
Escándalo en PDVSA,  por José Guerra

Pdvsa-1

 

Pdvsa está siendo sacudida por un conjunto de escándalos que reflejan la grave situación que enfrenta la empresa estatal de petróleos del Estado Venezolano. La OPEP, organización del cual Venezuela es socio fundador, le tuvo que reclamar públicamente a Pdvsa la falta de seriedad con las cifras de producción que la compañía le reporta a la organización que agrupa a los productores de petróleo. Así será la gravedad del asunto que una organización de ese tipo se atrevió a reclamar por la falta de datos confiables.  Más recientemente fueron apresados varios directivos de CITGO, la filial petrolera en Estados Unidos de Pdvsa, por supuestamente hipotecar a la empresa sin autorización. Y para completar el cuadro, Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, respectivamente, fueron detenidos, esposados,  firmados y fotografiados, sometidos al escario público, acusados de haber causado daño a la industria petrolera. Conviene destacar que ambos funcionarios, ahora defenestrados y caídos en desgracia, fueron parte del tren que conjuntamente con Rafael Ramírez dirigió la industria petrolera durante quince  largos años. Rafael Ramírez de paso fue sacado del cargo de embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas.

Aquel todo poderoso Ramírez que en 2014  era Presidente de Pdvsa, ministro de Energía y Petróleo, Vicepresidente del Área Económica, jefe de Finanzas del PSUV y Vicepresidente del PSUV de la región Andina, es hoy un indeseable para gobierno y es muy probable que el próximamente se libre una orden de detención en su contra, seguramente con base en los declaraciones de Del Pino y Martínez. La gestión de Ramírez y sus directivos en Pdvsa fue un verdadero desastre para Venezuela. La empresa fue endeudada masivamente, la producción cayó en picada y la nómina de multiplicó por cuatro. Hoy Pdvsa mantiene una situación de incumplimiento en el pago de sus bonos que amenaza con la ejecución del 51,0% de las acciones de CITGO dadas en garantía a los tenedores del bono Pdvsa 2020.

Pero en honor la verdad quien documentó el desastre de Pdvsa con pelos y señales fue Fredy Guevara con el informe consignado ante la Asamblea Nacional en 2016 donde se expuso el latrocinio ocurrido en la empresa. La Fiscalía de entonces no actuó como correspondía y lo increíble fue que el TSJ emitió una sentencia donde se prohibía seguir investigando a Ramírez, todo ello, obviamente, con la aprobación del alto gobierno. Ahora Ramírez es un alma en pena y pueden venir más acciones contra sus colegas de Pdvsa una vez que los casos de corrupción empiecen a salir a la luz pública, por instigación del gobierno para terminar de liquidarlo. Pero en realidad Ramírez fue un instrumento de Hugo Chávez para poner a Pdvsa al servicio no de Venezuela sino del PUSV, porque es   bueno recordar que la secretaria de finanzas del PSUV está situada en la Avenida Libertador, sector La Campiña, en Caracas.

@JoseAGuerra