La organización asegura que la administración de Maduro no respeta los derechos de los trabajadores

«Las malas noticias nunca vienen solas». El «Gobierno obrero» de Nicolás Maduro está descubriendo la veracidad de este refrán, pues cuando aún trata de digerir la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, ha recibido otro duro golpe desde otro organismo de Naciones Unidas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) resolvió autorizar a su director general, Guy Rider, para que tome «todas las medidas posibles», para asegurarse que las autoridades nacionales cumplan las recomendaciones que en los últimos años esa instancia les viene formulando para garantizar la libertad sindical en Venezuela.

La decisión la adoptó el Consejo de Administración de la instancia con sede en Ginebra (Suiza), durante su 343ª reunión, celebrada el 6 de noviembre 2021, según informó el expresidente de la Federación Nacional de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), Jorge Roig, quien estuvo presente en la misma.

El representante empresarial escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter:

«En una tensa reunión del Consejo de Administración de la OIT se aprobó por consenso de los empleadores, los trabajadores y los gobiernos lo siguiente: Deplorar que el Gobierno no cumpla con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, máximo organismo de control de la OIT».

En 2019, la Comisión de Encuesta emitió un duro informe sobre Venezuela, en el cual denunciaba que el derecho de los trabajadores a asociarse en sindicatos para mejorar sus condiciones laborales y económicas, y el de los empresarios a promover sus iniciativas, no estaban siendo respetados. Asimismo, instaba al Ejecutivo nacional a impulsar «un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social». Sin embargo, en marzo pasado las autoridades venezolanas anunciaron que no acatarían dichas recomendaciones.

«El Gobierno rechaza categóricamente esta decisión tomada y no se compromete con la misma. Dejamos constancia expresa de nuestra posición. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se desvincula y no se compromete con esta decisión», declaró el entonces ministro del Trabajo, Eduardo Piñate.

Pero en esta ocasión la OIT no se limitó a condenar el desacato venezolano, sino que decidió elevar la presión sobre las autoridades nacionales para conseguir que rectifiquen; y, para ello, le encomendó a su director general que busque la manera para que el Gobierno de Venezuela dé cumplimiento a todas las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Entre las alternativas para alcanzar ese objetivo está «la opción de tener un representante de la OIT permanente en el país», aseguró Roig.

Esta es la segunda vez, en lo que va de 2021, que el organismo de Naciones Unidas especializado en temas laborales se refiere a Venezuela. A finales de marzo pasado ya aprobó un informe en el que acusó al actual Gobierno venezolano de violar los derechos de los trabajadores sobre libertad sindical, a la libre asociación,  a la contratación colectiva y a la participación tripartita en la fijación del salario mínimo nacional, entre otros incumplimientos a convenios ratificados ante la OIT por la República.

Aun así, el dictamen actual de la OIT no ha sido bien recibido por algunos sectores del mundo sindical y político. Al respecto, Rubén González, presidente del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco, afirmó lo siguiente:

«Aquí se designó una Comisión de Encuesta en 2018 que recoge todas las violaciones que hay en Venezuela. Entre ellas: despidos de dirigentes sindicales, que montan sindicatos paralelos, meten presos a trabajadores. Ese informe tenía que cumplirse, pero (Eduardo) Piñate (entonces ministro para el Trabajo) dijo que no iba a cumplirlas. En esa reunión se presentó (el actual ministro) José Ramón Rivero y ratificó la decisión de no acatar a la Comisión de Encuesta. Si no han cumplido, lo que tiene que hacer la OIT es aplicar el artículo 33 al régimen. Lamentablemente no lo hicieron y corren la arruga hasta marzo».

La opinión de González fue compartida por el exdirigente sindical y exdiputado Andrés Velásquez. «Deploro aprobación de flojo documento de la OIT, con relación a violación de derechos de los trabajadores y recomendaciones establecidos por la Comisión de Encuestas que visitó el país para verificar denuncias. Flojo, permisivo y complaciente informe con la dictadura», escribió en Twitter.

Siguiendo malos ejemplos

En los 103 años de existencia de la OIT, solo otro Estado miembro había decidido desacatar abiertamente sus recomendaciones: Myanmar (antigua Birmania).

En 1998 la Comisión de Encuesta de la OIT instó al gobierno del país asiático a erradicar el trabajo forzoso. Sin embargo, la junta militar que en esa época estaba en el poder optó por ignorarla y, por ello, en el año 2000 decidió aplicarle el artículo 33 de su Constitución:

«En caso de que un Miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las recomendaciones que pudiere contener el informe de la comisión de encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración recomendará a la Conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones».

Numerosos países occidentales y algunos asiáticos decidieron entonces reforzar las sanciones impuestas al régimen de Myanmar. Parte de ellas fueron levantadas luego del proceso democratizador que se inició a comienzos de la década pasada y que terminó con las primeras elecciones parlamentarias, celebradas en 2011. No obstante, la incipiente democracia birmana, tutelada por los militares, fue enterrada en febrero pasado cuando los generales retomaron el poder mediante un golpe de Estado.

Si el Gobierno de Maduro no cumple las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y se opone al envío de una misión de la OIT al país, se arriesga a seguir los pasos de la dictadura asiática, pues estaría abriendo las puertas a la aplicación del artículo 33 y a la imposición de nuevas sanciones.

Este último escenario no agrada a los representantes de Fedecámaras ni de los trabajadores, porque puede afectar la economía más de lo que ya está. Ambos grupos esperan más bien que la OIT sea capaz de conseguir otros mecanismos para lograr que las autoridades cumplan con los convenios suscritos con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.

Sin embargo, la posibilidad de que la instancia especializada en temas laborales logre establecer un diálogo con las autoridades venezolanas luce lejana. En 2018 el Gobierno impidió que una comisión de alto nivel de la OIT llegara al país, no permitiendo que se reuniera con la Iglesia, con sindicatos y organizaciones civiles como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).  Esta acción provocó que la OIT elevara el caso a la etapa de la Comisión de Encuesta, algo que solo había ocurrido en trece ocasiones antes en otros países.

Maquillando la realidad

En su resolución, el Consejo de Administración saludó que el Gobierno de Maduro esté instrumentando un diálogo social. Las autoridades parece que exhibieron en Ginebra los encuentros que en los últimos meses han mantenido con representantes de Fedecámaras y con sectores de la oposición política, dentro y fuera de Venezuela, como una prueba de que está buscando pactar soluciones a la grave crisis humanitaria que vive el país.

Sin embargo, algunos de esos encuentros, como los sostenidos con los empresarios no han tenido agenda ni objetivos, por lo cual pareciera que son solo gestos que han permitido al Ejecutivo nacional tener elementos para defenderse de las graves acusaciones de la OIT. Asimismo, hay que recordar que los sindicatos históricos, los más representativos del país o aquellos que disienten del Gobierno, han sido ignorados y que los encuentros tripartitos para debatir asuntos como los aumentos salariales, condiciones laborales y otros asuntos siguen sin retomarse.

El Consejo de Administración de la OIT, no obstante, está al tanto de las carencias y fallas de los diálogos impulsados por las autoridades venezolanas, por ello, en su resolución del 6 de noviembre también acordó impulsar «un foro de diálogo social» con su «asistencia y acompañamiento». La intención pareciera ser asegurarse de que ciertamente se estén cumpliendo con los lineamientos de la Comisión de Encuesta, al tener a un representante suyo no solo en la mesa, sino también en el terreno.