Acceso a la Justicia, autor en Runrun

Acceso a la Justicia

Acceso a la Justicia: ¿Un nuevo Consejo Nacional Electoral implica realmente un cambio?
La propuesta de seleccionar a rectores pone en duda por primera vez el supuesto desacato de la Asamblea Nacional 

 

Sorpresivamente, el presidente Nicolás Maduro reconoció la competencia en la materia y la legitimidad de la Asamblea Nacional (AN) frente al inicio del procedimiento parlamentario para nombrar al Comité de Postulaciones con el objetivo de designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). El mandatario además planteó presentar una propuesta sobre la materia. Esto llama la atención, porque pone en duda por primera vez el supuesto desacato de la Asamblea Nacional (AN) y parece ponerse de lado la práctica habitual del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de usurpar las funciones parlamentarias, designando a los rectores del CNE.

La AN es, en efecto, el único poder del Estado constitucional y legítimo en la actualidad y la instancia que, por su naturaleza, mejor representa el pluralismo político, esto es, las distintas preferencias políticas de los ciudadanos.

Sin embargo, Maduro hace esta propuesta en el entendido de que la elección que se celebrará el próximo año será la del Parlamento, no la presidencial. Este último proceso es el que ha exigido la comunidad internacional y la oposición representativa para superar la crisis de gobernabilidad y el actual quiebre institucional del país. En ese sentido, el gobernante hace también alusión a la Mesa de Diálogo Nacional, instalada en septiembre de 2019 e integrada por el Ejecutivo nacional y un grupo de partidos minoritarios de la oposición para apalancar la conformación de un nuevo CNE.

La Mesa de Diálogo Nacional se trata de un acuerdo realizado en septiembre entre el Gobierno y las organizaciones políticas de oposición minoritarias Movimiento al Socialismo (MAS), Cambiemos, Soluciones y Avanzada Progresista. En esa instancia se plantea, entre otros aspectos, una ruta electoral para las parlamentarias de 2020.

Inicialmente el régimen planteó el reconocimiento de esa oposición minoritaria para llevar adelante un diálogo, dejando de lado a la oposición mayoritaria que conforma la AN. De esta manera, la mesa ha sido planteada como la alternativa gubernamental al diálogo que se realizaba con el apoyo de Noruega.

Los anuncios del 30 de octubre de Nicolás Maduro parecen señalar un posible reconocimiento a la oposición real y representativa, que previamente ha sido inhabilitada en su totalidad, integrada en buena medida por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y los partidos más representativos dentro de esta, como Voluntad Popular, Primero de Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, entre otros.

Acceso a la Justicia valora el implícito reconocimiento de los partidos de oposición mayoritarios, así como a la posibilidad de diálogo a la cual Nicolás Maduro hiciera referencia en su discurso, que, en esos términos, podría tratarse de un diálogo verdadero y creíble al ser en el seno de una instancia institucional y plural como la AN. Los acuerdos que surgieran de la Mesa de Diálogo Nacional no habrían tenido legitimidad ni mucho menos el vigor democrático para afrontar y resolver la grave crisis del país.

Al respecto,  se espera que ese reconocimiento del otro por parte de la fracción gobernante implique la eliminación del desacato de la AN, así como la habilitación de los partidos de oposición, con lo cual se lograría un diálogo entre partes en condiciones más democráticas que las que ha habido hasta ahora.

Asimismo, Acceso a la Justicia llama a la AN a seguir el procedimiento constitucional y no el legal para la conformación del Comité de Postulaciones. En ese sentido, este comité debe elegirse con la participación de la sociedad como establece la Carta Magna venezolana y no como prevé la inconstitucional Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).

Según esta ley, el Comité de Postulaciones está integrado por veintiún miembros, de los cuales once son diputados designados por la plenaria de la AN y diez son postulados por los otros sectores de la sociedad (artículos 19 y 21). Para la selección de estos últimos miembros, la LOPE establece que los once diputados se instalarán como comisión preliminar a fin de recibir las postulaciones que hagan los distintos sectores de las sociedad, y será la plenaria de la AN, con el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes, la instancia que escogerá a los diez representantes de sectores de la sociedad (artículo 21).

En aras de garantizar la confianza de la población en los próximos procesos electorales, así como en sus resultados, es necesario que la AN establezca reglas claras y transparentes en la selección de candidatos a rectores, pues, en definitiva, serán estos quienes promoverán la máxima transparencia posible en los comicios venideros en el país.

La historia de un fraude: el secuestro del Poder Electoral
Según la ONG Acceso a la Justicia, el Consejo Nacional Electoral ha ignorado ilícitos  para inclinar la balanza a favor del gobierno de Nicolás Maduro

 

¿Qué debe hacer un Gobierno cuando ya no puede ganar elecciones? La respuesta si es demócrata es muy sencilla: entregar el poder a quien las gane, pero si no lo es y quiere aparentar lo contrario debes hacer algo que más que las dictaduras de corte militar: construir una escenografía electoral.

Por ello, a continuación explicaremos cómo en Venezuela se ha construido el entramado electoral más complejo de la historia latinoamericana con el único fin de exponer una apariencia de elecciones que justifiquen ante el mundo una fachada democrática que en realidad no es más que eso, una simple apariencia que adentro lleva la gangrena purulenta de violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Acceso a la Justicia en su informe La toma del poder absoluto en Venezuela explica cómo desde la época del difunto presidente Hugo Chávez se fueron gestando mecanismos de control del Poder Electoral para asegurarse el triunfo electoral, lo que era posible existiendo diferencias no mayores a un 10%. Entre otros aspectos en la investigación, se hace referencia a tres pasos clave para el plan totalitario del gobierno en el Poder Electoral: el fraude de la integración del Consejo Nacional Electoral (CNE) para lograr su control absoluto, la eliminación de los partidos políticos opositores, y, finalmente, las falsas elecciones celebradas en el país entre 2017 y 2018. Ante todo se hará mención a algunos antecedentes ya fraudulentos que favorecieron en elecciones anteriores al partido de gobierno, en que este aún tenía todavía popularidad.

Antecedentes

En las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, el CNE reveló su ventajismo institucional al ignorar la gran cantidad de ilícitos electorales para inclinar la balanza a favor del presidente interino Nicolás Maduro. Esos comicios fueron convocados tras la muerte de Chávez y Maduro derrotó al líder opositor Henrique Capriles por 224.268 votos (7.587.532 contra 7.363.264), con una diferencia oficial de apenas 1.49%. 

En 2016, el CNE cerró el paso al referéndum revocatorio contra el mandato presidencial de Maduro estableciendo obstáculos que lo hacían imposiblenegando el ejercicio de este derecho democrático y protegiendo los intereses del régimen. Pero no actuó solo, pues el Poder Judicial lo acompañó y dio la estocada final al proceso con una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y medidas cautelares dictadas por tribunales penales de cuatro estados del país.

Primer paso: un CNE a la carta

La designación de los rectores del CNE, según los criterios del chavismo, forma parte del secuestro del Poder Electoral. Ya en 2014, ante la imposibilidad de la Asamblea Nacional (AN) de reunir la mayoría calificada de las 2/3 partes de los diputados para nombrar a tres rectores, el entonces presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, anunció que el TSJ asumiría las designaciones, sin que la Constitución le establezca esa competencia.

Acceso a la Justicia subraya que se trató de una decisión unilateral que vulneró las competencias constitucionales de la AN al “delegar” su función constitucional en otro órgano del Estado. En la sentencia n.° 1.865 del 26 de diciembre de 2014, la Sala Constitucional acordó suplir la voluntad popular representada en la AN y, en consecuencia, designar a los miembros del CNE.

Segundo paso: supresión de partidos opositores

Luego de la traumática pérdida que sufrió el oficialismo a manos de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, cuando logró 112 escaños versus 55 oficialistas, el partido de gobierno articuló nuevas estrategias ilícitas para perpetuarse en el poder. Debe aclararse que en estas elecciones a la oposición le fue posible ganar y eludir las trampas electorales existentes, porque se unió en una coalición de partidos, que se registró ante el CNE como un nuevo partido denominado Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y por ser la diferencia muy alta con el chavismo, a este se le hizo difícil manipular las cifras con las estrategias existentes, así que desplegó nuevas.

La primera de ellas fue la progresiva eliminación de la oposición, primero mediante el TSJ y el propio CNE, y luego a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). De sesenta y siete partidos que había en diciembre de 2015, cuando se celebraron las elecciones parlamentarias, para abril de 2018, restaban diecisiete: doce progobierno y cinco del antichavismo. Para las presidenciales fraudulentas y anticipadas de mayo de 2018 se inscribió uno más de oposición en una suerte de “oposición a la medida”. Con estas seis últimas toldas es que ahora paca el Gobierno, a pesar de que son una minoría que a muy pocos representa.

La “purga” política tuvo su génesis en la sentencia n.° 1 del 5 de enero de 2016 de la Sala Constitucional del TSJ, en la que se estableció que los partidos políticos que hubiesen obtenido menos del 1% de los votos en las elecciones parlamentarias de 2015 en menos de doce entidades federales, debían renovar la nómina de sus inscritos. Quedaron exceptuados de la renovación cinco partidos, entre los cuales se encontraba la MUD, el mayor partido de oposición; y del lado del gobierno, también el más importante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En esa sentencia se hacía alusión a la prohibición de la doble militancia política, de manera que los partidos opositores que eran parte de la MUD debían renovarse, así como los afines al Gobierno que también se habían aglutinado en uno solo: el Gran Polo Patriótico. Lo cierto es que el basamento de esta renovación es inconstitucional, porque la Carta Magna no prohíbe en Venezuela la doble militancia, como ocurre en otros países.

Luego, el CNE dictó por mandato del TSJ las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales,que serían aplicadas a los partidos con miras a su participación en cualquier elección. El 28 de abril de 2017 se produjo la sentencia n.° 223 de la Sala Constitucional que flexibilizó el proceso de renovación para facilitar el proceso de de algunas organizaciones oficialistas, como Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro) y Partido Comunista Venezolano (PCV), aunque también para un pequeño partido opositor: Nueva Visión Para Mi País (Nuvipa).

Por virtud de este proceso, solo catorce toldas lograron renovarse, que sumadas a las ocho declaradas válidos sin tener que someterse a ese proceso dieron lugar en 2017 a veintidós partidos inscritos en el CNE frente a los sesenta y siete que existían en diciembre de 2015. Sin embargo, la fraudulenta ANC emitió un decreto el 27 de diciembre de 2017 que ordenaba una nueva validación de las organizaciones en represalia contra las que no habían participado en las elecciones municipales de diciembre de ese año. De este modo, fueron eliminados importantes partidos de oposición como Primero Justicia (siendo el presidente de la Asamblea Nacional para esa época, Julio Borges, uno de sus más conocidos miembros) y Voluntad Popular (cuyo representante es Leopoldo López y de él hace parte también Juan Guaidó). También fue anulado por virtud de ese proceso el Partido Unión y Entendimiento (Puente). 

Finalmente, la Sala Constitucional dictó la sentencia n.° 53 del 25 de enero de 2018, que ordenó eliminar sin razón jurídica valida de la carrera electoral a la tarjeta de la MUD, terminando así la purga de la oposición. Para ese momento, de sesenta y siete partidos inscritos en el CNE en diciembre de 2015 quedaban diecisiete, y de ellos solo cinco de oposición.

Comicios fraudulentos

En medio de esta depuración de partidos políticos y bajo graves cuestionamientos, se realizaron los comicios para escoger a los gobernadores de los veintitrés estados del país el 15 de octubre de 2017. Los actores políticos y organizaciones de la sociedad civil organizada rechazaron que la fecha de convocatoria fuese adelantada para octubre y no para los primeros días de diciembre, como correspondía.

Como si no bastara con lo anteriormente descrito, el Gobierno se valió de la Contraloría General de la República para inhabilitar a  dirigentes opositores que podían ser candidatos a gobernador, como el mandatario de Amazonas, Liborio Guarulla, y de Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien fue el principal contendor de Chávez por parte de la oposición. Asimismo, el Poder Electoral impidió a la MUD, que todavía en 2017 no había sido anulada, la sustitución de candidaturas.

Acceso a la Justicia subraya que, como parte de control político y electoral del Gobierno, en las elecciones regionales se manipuló el voto asistido, que pasó de ser un derecho de las personas con discapacidad, a ser usado por el PSUV para “asistir” a cualquier elector sin control alguno por parte del CNE, transformándose en un mecanismo de coacción y de eliminación del carácter secreto del voto. También se registraron denuncias sobre el chantaje con las cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la instalación de los puntos rojos a pocos metros del centro electoral, para que los electores pasaran a chequearse con el llamado Carnet de la Patria, con el objetivo hacer presión y atentar de esta manera contra el voto secreto y libre.

El secuestro del Poder Electoral adquirió un punto más grave cuando la oposición, aunque estaba en gran desventaja, logró ganar cinco gobernaciones: Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, y sus gobernadores fueron obligados a juramentarse ante la fraudulenta ANC. El único que se negó fue Juan Pablo Guanipa, electo como gobernador del Zulia con 700.755 votos (el candidato más votado en todo el país), y por ello se le impidió tomar posesión de su cargo, llamando la propia ANC, sin tener competencia para ello, a nuevos comicios ante el silencio cómplice del CNE.

En diciembre de 2017 se llevaron a cabo las elecciones municipales con ausencia de la oposición. Se reeditaron los mecanismos ilícitos como el voto asistido irregular, los puntos rojos y el ventajismo en la campaña, entre otros, todo para asegurar el triunfo sin sorpresas del PSUV y su arrase en más de 300 alcaldías de las 335 en disputa.

Dentro de las muchas irregularidades figura la eliminación de la inscripción de nuevos votantes, por cuanto el ente comicial acordó que el Registro Electoral (RE), que serviría de base a esas elecciones municipales sería el del 15 de julio de 2017, dejando por fuera a los jóvenes que cumplirían la mayoría de edad hasta el 10 de diciembre y por ende, negándoles su derecho al voto.

Luego de estas pruebas de ensayo en las elecciones regionales y municipales, el régimen se sintió listo para celebrar unas presidenciales a la medida de Nicolás Maduro. Con ello se garantizó su permanencia en el poder aunque no contara con el voto popular, creando una fachada de elecciones para tratar de legitimarse.

Las irregularidades de este proceso se condensan en cuatro elementos: una convocatoria ilegal por parte de la fraudulenta ANC, siendo competencia del Poder Electoral, según el artículo 293.5 de la Constituciónla eliminación de partidos políticos de oposición de peso para evitar que se presentaran candidatos que pudieran derrotar a Maduro, el ventajismo oficial, expresado en el uso del Carnet de la Patria como instrumento de extorsión con beneficios sociales, instalación de puntos rojos, así como el uso del voto asistido a favor del candidato-presidente del PSUV, y la creación de una oposición a la medida: en menos de un mes aparecieron cinco candidatos de oposición acompañados en algunos casos de la inscripción de nuevos partidos. Uno de los candidatos más importantes de esa nueva oposición era Henri Falcón, quien había sido chavista, hacía unos años había creado un nuevo partido y se había unido a la MUD.

El fraude finalizó con la juramentación de Nicolás Maduro ante TSJ por orden del propio máximo tribunal según sentencia n.° 1 del 8 de enero de 2019, cuando la Constitución establece que debe hacerse ante el Poder Legislativo (artículo 231). Esto configuró la ausencia de toma de posesión del cargo de presidente de la República, lo que condujo a considerar de facto al nuevo Gobierno de Maduro; de allí la designación de Juan Guaidó como presidente encargado, como lo establece la Constitución, por ser la máxima autoridad hasta lograr hacer nuevas elecciones.

 

Acceso a la Justicia: El gobierno obrero condenado por la OIT

LA COMISIÓN DE ENCUESTA establecida por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Venezuela presentó su informe sobre la queja interpuesta en 2015 por treinta y tres delegados empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). En el reporte, emitido el 3 de octubre de 2019, se refleja que el Gobierno de Nicolás Maduro, “el presidente obrero”, hostiga a empleadores y trabajadores en un contexto de impunidad.

La instancia reportó, por primera vez en América Latina y por virtud de una denuncia de empleadores y no de trabajadores, la grave persecución contra Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y sus afiliados, además de los ataques a organizaciones sindicales no afines al régimen. En tal sentido, exigió el cese inmediato de actos de violencia, amenazas, intimidación y vulneración de libertades civiles en el país.

Asimismo, la Comisión de Encuesta alertó que el Gobierno viola el Convenio n.° 87 cuando promociona organizaciones paralelas y de discriminación, suplantación e injerencia en las actividades de las organizaciones de empleadores y trabajadores e impulsa la injerencia en las relaciones entre empleadores y trabajadores.

Acceso a la Justicia recuerda que la Comisión de Encuesta de la OIT para Venezuela quedó conformada en junio de 2018 por tres miembros: Manuel Herrera Carbuccia (República Dominicana), María Emilia Casas Vaamonde (España) y Santiago Pérez del Castillo (Uruguay).  La investigación de la delegación de la OIT incluyó la recopilación de documentación e información escrita, la interacción directa con las partes y otros actores involucrados a través de videoconferencias y la visita al país que se realizó entre el 7 y el 13 de julio de 2019. En el proceso de evaluación también se efectuaron audiencias contradictorias en Ginebra.

La representación de la OIT se reunió con funcionarios del Ministerio para el Proceso Social del Trabajo, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fiscalía General y la Procuraduría General de la República (PGR); entre otros, con testigos de los querellantes y representantes de organizaciones de empleadores y trabajadores, pero fueron ignoradas las solicitudes hechas al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CIPC) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

La Comisión instó al régimen de Maduro a garantizar un clima libre de violencia, amenazas, persecución, intimidación u otra forma de agresión, en el que los interlocutores sociales puedan ejercer sus actividades legítimas, incluida la participación en un verdadero diálogo social. En 2018 Fedecámaras solicitó ante la OIT el restablecimiento del diálogo social y el respeto a las normas internacionales para superar la crisis del país.

La OIT pidió al Gobierno de Maduro no coartar la libertad sindical con procedimientos judiciales y medidas cautelares y sustitutivas; esto pasa por detener la práctica de someter civiles a la jurisdicción militar. Asimismo, exige la liberación inmediata de empleadores o sindicalistas que estén en prisión por el ejercicio de sus actividades legítimas, como es el caso de Rubén González y Rodney Álvarez.

Acceso a la Justicia advierte que la falsa institucionalidad del régimen político venezolano llega al punto de que los jueces militares, contrariamente a lo que dice la Constitución, son nombrados por el Poder Ejecutivo para luego juzgar a civiles, como ocurrió con Rubén González, condenado a cinco años de prisión.

La Comisión de Encuesta de la OIT recomienda el establecimiento de criterios objetivos, verificables y plenamente respetuosos de la libertad sindical.  La instancia subraya que la intervención del CNE debe ser verdaderamente facultativa y respetar la preminencia de la autonomía sindical en los procesos electorales.

Al mismo tiempo, aboga por eliminar los mecanismos institucionales que obstaculizan la autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Dentro de esos mecanismos figuran los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT). Acceso a la Justicia ha alertado que los CPT fueron creados como mecanismos colectivistas que reducen la productividad, porque esta no se logra quitándoles a las empresas más de la mitad de lo que producen para quedárselo el Gobierno sin  pagarlo, ni imponiéndoles trabajadores que actúen como fiscales.

La Comisión plantea además la realización del establecimiento de procedimientos de consulta a través del diálogo tripartito con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. También recomienda que se someta a la consulta tripartita la revisión del decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). La comisión enfatiza que las recomendaciones dadas al Gobierno deben aplicarse, a más tardar, el 1º de septiembre de 2020.

Acceso a la Justicia: TSJ condena sin delitos ni pruebas

EN VENEZUELA, EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ) en vez de actuar como un órgano garante de la Constitución y los derechos humanos se convirtió es un ente represor. Las prácticas de persecución, instauradas especialmente desde 2014 cuando hubo masivas protestas en el ámbito nacional, se incrementaron significativamente luego de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las que la oposición alpresidente Nicolás Maduro obtuvo la mayoría.

Esta situación fue denunciada por Laura Louza, directora ejecutiva de Acceso a la Justicia, durante su participación en 173° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 25 de septiembre de 2019. Allí la abogada expuso que la organización no gubernamental (ONG) contabiliza 105 sentencias contra la Asamblea Nacional (AN); por lo menos 61 contra 87 funcionarios de oposición o disidentes, entre los que figuran 18 alcaldes 1 gobernador y 5 concejales. El máximo tribunal también ha emitido decisiones contra 33 magistrados, 3 funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), incluida la propia fiscal, y 27 diputados del Parlamento.

La persecución a la disidencia es parte de una política sistemática e intencional del máximo tribunal. De allí que en Venezuela no pueda hablarse de un verdadero Poder Judicial o sistema de justicia, sino de un brazo ejecutor del Ejecutivo y, además, de talante represor.

Acceso a la Justicia destacó que esas ejecutorias arbitrarias se basan en la ausencia de comisión de verdaderos delitos y de pruebas, juicios sin debido proceso yderecho a la defensa en particular, y la presentación de fundamentos jurídicos que suelen ser fórmulas que se repiten como un guion en todos los casos, sin basamento legal válido.

La cadena de vicios en los que ha incurrido el TSJ incluye la creación de figuras o incluso de consecuencias jurídicas inexistentes en las normas. Un ejemplo de ello es la  anulación de actos jurídicos futuros o de todo un órgano como el Parlamento por el desacato a una sentencia cautelar. Al mismo tiempo, se han asimilado delitos continuados, que no son tales, a delitos flagrantes para obviar procedimientos exigidos en la norma respecto de altos funcionarios.

El TSJ, en su subordinación descarada al Gobierno, ha incurrido en la violación de la inmunidad parlamentaria y otros privilegios de los diputados o de otros altos funcionarios como el antejuicio de mérito, la ausencia de publicación de las sentencias en muchos de esos casos; y el proceder incluso de oficio, como lo ha hecho en 2019 en siete oportunidades para suspender motu propio acuerdos de la Asamblea Nacional. 

Falsa renovación institucional

Otro elemento importante reportado ante la CIDH por Laura Louza es la persecución manifiesta del Poder Judicial desde enero de 2016 a los adversarios de Maduro, mediante la estrategia de anulación de los partidos políticos bajo el falso argumento de la renovación institucional. Esta medida forma parte del proyecto chavista de la toma del poder absoluto.

Esta anulación se dio al no permitirse la renovación de la organización por estar compuesta de varias organizaciones ya renovadas y atentar supuestamente contra el principio de la doble militancia, aunque no esté prohibida constitucionalmente. Pero, justamente con la tarjeta de la MUD, la oposición se hizo de la mayoría delPoder Legislativo en 2015, y por si fuera poco, se trata de tarjeta más votada en la historia electoral de Venezuela.

Además de la inhabilitación de la MUD, la ONG recordó que la represión del tribunal dio lugar a una disminución abrumadora de partidos políticos inscritos. De 67 toldas que había en diciembre de 2015, cuando se celebraron laselecciones parlamentarias, actualmente solo hay 18, 12 progobierno y 6 de oposición, que son minoritarios en la Asamblea y que de hecho fueron los contendores a los comicios presidenciales, efectuados en mayo de 2018, y no los que realmente representan a la gran mayoría de la oposición.

Ampliación de medidas cautelares

En el petitorio presentado por Acceso a la Justicia ante la CIDH se incluyó la solicitud de medidas cautelares para los diputados de oposición de la AN  que aún no las tienen, así como para el diputado disidente Germán Ferrer. También se pidieron medidas institucionales de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) para documentar y denunciar las sistemáticas y masivas violaciones de derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro.

Asimismo, la ONG solicitó medidas institucionales de cooperación con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para lograr la apertura de la fase de investigación contra quienes cometen o han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

 

La historia de un fraude: guía práctica para hacer un montaje institucional

A DIFERENCIA DE LAS TOSCAS BOTAS MILITARES de las dictaduras que padeció Venezuela hasta mediados del siglo XX, el control del poder por parte del chavismo ejecutó el dominio absoluto por medios complejos y sofisticados pero no menos efectivos.

Así, el control total de los poderes públicos en Venezuela fue iniciado con el expresidente Hugo Chávez Frías y consolidado por Nicolás Maduro Moros. El fallecido exmandatario tuvo la aspiración de realizar una transformación en el país, pero supeditado a su control exclusivo y con mecanismos ajenos al Estado de derecho, desmoronando la institucionalidad y la democracia.

Como parte de los cambios, Chávez Frías impulsó una nueva Carta Fundamental, para lo cual convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) mediante referéndum. Esta instancia fue aprobada por el pueblo y estuvo dominada por personas partidarias o cercanas a la ideología revolucionaria, al alcanzar 121 escaños de un total de 128.

Sin embargo, la ANC intervino y neutralizó los poderes públicos, entre ellos el Congreso de la República, para promover la concentración de funciones dentro de sus propios espacios. Esta situación permaneció incluso luego de aprobada la nueva Constitución venezolana, a tal punto que ordenó la disolución del Poder Legislativo, sustituyéndolo por un órgano antidemocrático denominado Comisión Legislativa Nacional.

Dicha comisión estuvo dirigida por veinte miembros, diez constituyentes y diez “ciudadanos de la calle” investidos por la ANC hasta que se eligió la nueva Asamblea Nacional (AN) unicameral. En las elecciones parlamentarias del año 2000, el gobierno de Chávez Frías obtuvo la mayoría, 92 diputados, de un total de 165.

Respecto del Poder Judicial, la ANC dictó el Decreto de Reorganización del Poder Judicial (publicado en Gaceta Oficial n.° 36.772 de 25 de agosto de  1999, reimpresa el 8 de septiembre en Gaceta Oficial n.° 36.782)  declarándolo  “en emergencia y reorganización”, a través de una Comisión de Emergencia Judicial, integrada por nueve miembros designados por la ANC, y 5 miembros designados fuera de su seno por la propia Constituyente. Más adelante, esta Comisión sería sustituida por otra, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, a la cual se le otorgarían las competencias de gobierno y administración del Poder Judicial, así como la inspección y vigilancia de los tribunales y de las defensorías públicas.

Desde ese momento todos los jueces, fiscales, defensores públicos y demás funcionarios judiciales y administrativos del sistema de justicia, a través de la Comisión de Emergencia Judicial, quedarían intervenidos y, sobre todo, podrían ser suspendidos sin goce de sueldo o destituidos por las causas previstas en el decreto dictado por la ANC. Curiosamente, los jueces suspendidos o destituidos por la citada comisión, de conformidad con ese decreto, solo podían apelar la decisión ante la propia Constituyente. A partir de esa decisión de la ANC, los jueces quedaron sin estabilidad en Venezuela y todos adquirieron naturaleza provisoria.

Esto es un lastre que se arrastra desde los primeros años del chavismo y que se convirtió en una política de Estado para tener sometidos a los jueces al poder.

No obstante, Acceso a la Justicia debe destacar que el texto constitucional aprobado a finales de 1999, en buena medida, mantuvo el constitucionalismo democrático que estaba contemplado en la Carta de 1961 y, especialmente, el modelo republicano asumido desde 1811. Pero ello no era más que una fachada, pues si hay una norma que se ha irrespetado desde su aprobación en este país, ha sido precisamente la Constitución.

Por ello, no es gratuito apreciar cómo el proceso constituyente reveló la verdadera intención del régimen chavista: procurar el centralismo político y la concentración absoluta del poder detrás de una pretendida máscara de institucionalidad y de aparente respeto a los derechos humanos.

En este sentido, la Constitución de 1999 abrió paso a nuevas facultades presidenciales como la ampliación de las facultades normativas extraordinarias asignadas al presidente de la República en el marco de la ley habilitante (artículo 236.8), así como el reconocimiento de la potestad presidencial de “disolver a la Asamblea Nacional” (artículo 236.21).  También incluyó la ampliación del control sobre la Fuerza Armada Nacional (FAN) sin la vigilancia del órgano parlamentario (artículo 236.6) en materia de ascenso de sus oficiales. Con todos elementos, el Gobierno de Hugo Chávez Frías comenzó a exhibir la arquitectura diseñada para tomar el poder de manera absoluta.

Posteriormente, la reforma constitucional, presentada por Hugo Chávez Frías en 2007 y rechazada por el pueblo, buscó intensificar el proyecto autocrático que acentuaba aún más el centralismo y el presidencialismo, bajo la excusa de un modelo estatal denominado Estado del Poder Popular o Estado Comunal, ajeno a la tradición republicana y federal del Estado constitucional.

Designaciones fraudulentas

Otra prueba de que de que la Constitución era sólo un papel mojado para el chavismo lo tenemos en el hecho de que luego de aprobado el máximo texto normativo en diciembre de 1999 se planteó la designación de las autoridades de los nuevos poderes públicos y órganos. Para ello, la ANC decretó un Régimen de Transición del Poder Público que incluyó, entre otros aspectos, el régimen sobre la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin seguir el procedimiento constitucional.

Asimismo, la ANC nombró provisionalmente a los titulares de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de la República (CGR) y los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras la Asamblea Nacional hacía las designaciones definitivas de conformidad con el texto constitucional aprobado. Sin embargo, al igual que en el caso del Tribunal Supremo, esto nunca ocurrió.

El ardid de la reelección indefinida

Tras la derrota del referéndum de 2007, y violando la norma que prohíbe la realización de otra consulta sobre una misma materia en el mismo período constitucional, Hugo Chávez Frías planteó y celebró otro referéndum para la aprobación de una enmienda constitucional, cuyo objetivo era permitir la reelección indefinida de todos los cargos de elección del Poder Popular.

Fue así como el chavismo triunfó con 54,8% de los votos, con lo cual se aceleró el llamado “socialismo del siglo XXI”. Esta enmienda permitió que Chávez se reeligiera en octubre de 2012, a pesar de estar gravemente enfermo, lo que sería su última elección presidencial, porque falleció, oficialmente, en marzo de 2013.

El TSJ favoreció la llegada de Maduro

Tras el fallecimiento de Hugo Chávez Frías, el TSJ emitió varias sentencias muy polémicas, por las que la Sala Constitucional (SC) favoreció a Nicolás Maduro Moros. El máximo tribunal dictaminó que como presidente interino había cesado en sus funciones de vicepresidente ejecutivo, por lo que no estaba obligado a separarse de la Presidencia para postularse en las elecciones que se celebraron el 14 de abril de 2013.

Se realizaron unos reñidos comicios  caracterizados por el claro ventajismo oficial en el uso de recursos públicos y en los que el presidente interino Maduro derrotó a Henrique Capriles Radonski, líder opositor y gobernador del estado Miranda, por solo 224.268 votos (7.587.532 contra 7.363.264), una diferencia de apenas 1,49%. Maduro inició su período presidencial el 19 de abril de 2013, reforzando la figura de Hugo Chávez Frías como héroe nacional al lado del Libertador Simón Bolívar.

Acceso a la Justicia puntualiza que el Gobierno de Maduro, continuando lo hecho por el anterior, ha ido eliminando todo tipo de límites y cualquier vestigio de Estado de derecho, prescindiendo incluso de cualquier apariencia que previamente se mantenía para mostrar una institucionalidad inexistente. No sorprende todo lo hecho para inhabilitar a la Asamblea Nacional, poder público electo por mayoría popular, en diciembre de 2015, en una derrota traumática para el oficialismo y que alteró las reglas de juego del régimen.

Una de las reacciones inmediatas frente a los resultados electorales de las parlamentarias fue la designación de los “magistrados exprés” del Tribunal Supremo de Justicia, todo para evitar que la nueva Asamblea lo hiciera y el chavismo viera peligrar su control sobre el TSJ.

Lo dicho fue sólo el inicio, pues mediante 105 sentencias se anuló toda decisión de la Asamblea y ahora se busca disolverla, lo cual se confirma con  los señalamientos de altos funcionarios del Gobierno de adelantar las parlamentarias de 2020.

Un CNE genuflexo

La toma del poder absoluto en Venezuela también ha significado que el Consejo Nacional Electoral se ciña a la voluntad de Nicolás Maduro. En ese sentido, el directorio del Poder Electoral fue designado por el TSJ en lugar del Parlamento, cerrándose así el círculo del control total con un maquillaje institucional ajeno a la Constitución.

Esto se hizo, por un lado, para postergar injustificadamente las elecciones regionales que debían celebrarse en el 2016, y por el otro, impedir la realización del referéndum revocatorio que la oposición, desde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), llevaría a cabo contra Maduro Moros en ese mismo año. Ambas decisiones ponen en evidencia la reticencia del régimen a realizar elecciones tras la derrota de diciembre de 2015, de allí el cambio en las reglas de juego de las elecciones sucesivas, así como la política sistemática de persecución de la disidencia política.

Este grosero autoritarismo originó que en 2017 la sociedad civil estallara con una manifestación masiva en todo el territorio nacional y reaccionara contra dos sentencias del TSJ que disolvían el parlamento y usurpaban sus funciones. En ese texto, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien siempre había dicho ser chavista y persiguió de manera férrea a la disidencia y a los ciudadanos, dejó de estar al servicio del régimen y se pasó al lado de la Constitución.

En medio de esa situación de conflictividad política y social, Maduro, violando la Constitución una vez más, ya que esta exige una consulta popular para hacerlo, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Esto se concretó, el 1º de mayo de 2017 según decreto n.º 2830 (Gaceta Oficial n.° 6.295 Extraordinario). La convocatoria se hizo con el propósito de modificar el contenido y alcance de la Constitución de 1999.

Se trató de una grotesca usurpación de la facultad exclusiva del pueblo que contó con el siempre rápido aval del juez constitucional del TSJ, el cual, a través de la sentencia signada con el n.° 378 del 31 de mayo de 2017, determinó que el presidente de la República estaba facultado para convocar a una ANC sin consultar al pueblo. Nuevamente se vulneró la voluntad popular como única instancia que convocaría o no al poder constituyente conforme a lo previsto en los artículos 5 y 347 de la Constitución.

Paralelamente, Maduro, a fin de evitar que se repitiera la derrota de diciembre de 2015, introdujo un sistema electoral especial para elegir a los miembros de la ANC, que violaba el principio de una persona, un voto, estableciendo un voto sectorial propio de los regímenes fascistas.

Como era de esperarse, esta medida fue avalada por la Sala Constitucional con los fallos n.º 455 de 12 de junio de 2017 y n.° 470 de 27 de junio de 2017.

Acceso a la Justicia: Anteproyecto de Constitución confirma modelo comunal de Maduro

EN AGOSTO DE 2019 SE CUMPLIERON dos años de la instalación de la asamblea nacional constituyente, instancia convocada de manera inconstitucional para, supuestamente, redactar el texto de la nueva Constitución que sustituiría a la de 1999, promovida por el mismo régimen político que hoy propone una nueva. Pero transcurrido este tiempo los venezolanos desconocen los avances de esta aparente asignación.

No obstante, Acceso a la Justicia elaboró un análisis del borrador que circuló en septiembre de 2018 en algunos medios de comunicación de lo que sería el anteproyecto de Constitución, el cual no ha sido ni negado ni reconocido por el régimen de Nicolás Maduro.

Los 411 artículos que integran este anteproyecto establecen un modelo de Estado popular basado en la imposición de un socialismo real o comunismo como único sistema de gobierno posible en el país, y justificaría la creación de un Estado comunal con una exacerbada concentración de poder en el Ejecutivo, reforzando el régimen presidencialista actual; el debilitamiento del Poder Legislativo, la sumisión del Poder Judicial, la eliminación de la descentralización política, la imposición del pensamiento único, la eliminación del pluralismo político, la marginación de los derechos individuales con sus consecuencias en materia de violación de derechos humanos, entre otros.

Se trata de una reedición maximizada de la reforma constitucional propuesta por Hugo Chávez en el año 2007 y rechazada en referéndum, pero aplicada progresivamente a través de decretos-leyes y otras figuras, lo que conllevaría la formalización de atropellos y arbitrariedades asestados sobre todo desde hace más de diez años contra la Carta venezolana de 1999.

Lo más grave es que el nuevo texto fundamental carecería del principio de supremacía constitucional, pues tal como está planteado queda subordinado al denominado Plan de la Patria, que es el programa de gobierno del régimen político venezolano, que se reedita desde 2013 con este nombre y proviene del Primer Plan Socialista (2007-2013), en que el fallecido presidente Hugo Chávez Frías estableció las bases fundamentales de su proyecto político y su ideario socialista.

A grandes rasgos, es una propuesta que tiene un corte totalitarista y con el cual se abandonaría de manera definitiva el modelo republicano asumido por Venezuela desde 1810, basado fundamentalmente en la supremacía constitucional y en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. Pero, además, en ese borrador de Constitución se recogen las arbitrariedades cometidas especialmente desde el primer Gobierno de Nicolás Maduro, de manera que busca constitucionalizar su modus operandi.

Estado socialista, pensamiento único y subordinación

El borrador del anteproyecto del nuevo texto constitucional consta de 411 artículos distribuidos en 11 capítulos. Acceso a la Justicia identificó que desde el Preámbulo se muestran las bases ideológicas del modelo de Estado socialista, caracterizado por una organización centralizada y con un único detentador del poder: el Ejecutivo nacional, al cual todos los demás poderes estarían subordinados, dando lugar a la eliminación del principio de separación de poderes (artículo 141).

El Plan de la Patria cobra carácter constitucional e incluso superior a la propia Constitución al quedar supeditada a ese programa ideológico. En lo fundamental, el contenido de este borrador acoge como forma estatal al denominado “Estado popular”, concebido como una reproducción de las regulaciones que ha dictado el Gobierno, y en especial a través del Primer Plan Socialista, esto es, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación  2007-2013; así como de las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 (Gaceta Oficial n.° 6.118 extraordinario del 4 de diciembre de 2019).

De sancionarse y aprobarse este anteproyecto, el Poder Legislativo estaría sometido a obedecer el Plan de la Patria (artículo 230), con lo cual la propuesta evidencia sus rasgos totalitarios, fundamentalmente porque desconoce el valor superior del pluralismo político, que se ve anulado al negarles a los diputados libertad ideológica y de expresión.

El Poder Judicial también quedará subordinado al proyecto político del Gobierno, al exigírseles a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia su compromiso con el ideal de Simón Bolívar y con el Plan de la Patria (artículo 292).

En esa línea, también se le concede carácter constitucional al régimen de leyes del Poder Popular que primero el fallecido Hugo Chávez Frías y luego Nicolás Maduro han dictado e impuesto a espaldas de la Carta Magna de 1999 como mecanismo de control social y político (por ejemplo, la Gran Misión Vivienda Venezuela, en su artículo 83), abriendo así un nuevo orden estatal en sustitución del Estado constitucional.

Estado comunal y cero descentralización

Como se mencionó más arriba, el anteproyecto establece la creación del Estado comunal. Con esto quedaría eliminada la transferencia de competencias hacia los estados y municipios debido a que el texto establece que el Gobierno será centralizado (artículo 6) y, en tal caso, la descentralización de competencias quedaría para las instancias del Poder Popular, que está sujeto al Consejo Federal de Gobierno, órgano dependiente del Ejecutivo nacional (artículo 211).

Vale decir que las bases jurídicas de ese Estado comunal no se corresponden con los principios constitucionales, pues los elementos que conforman dicho Estado (parlamento comunal, comuna) no son elegidos por voto universal directo y secreto y el padrón de electores y las elecciones no se rigen por los principios establecidos por la ley ni por el Consejo Nacional Electoral, entre otros muchas irregularidades.

El texto coloca lo colectivo por encima de la individualidad de la naturaleza humana, término al que se refería el expresidente Chávez en su proyecto del Socialismo del siglo XXI;por ende, el respeto a la dignidad de la persona, previsto en la Carta Magna vigente, no es considerado merecedor de defensa y protección, con las consecuencias que de ello deriva para el respeto por los derechos humanos. Una de las formas en que lo expresa es cuando establece que la propiedad privada queda marginada frente a otras formas de propiedad creadas desde el marco de la estructura del Estado comunal (artículo 117).

Así, el régimen jurídico basado en el sistema de libertades que hasta ahora aparece en la Constitución de 1999 desaparecería, en especial el respeto por los derechos y libertades individuales que sirven para lograr el desarrollo del ciudadano, entre otros, el derecho a la propiedad privada, pues de acuerdo con la ideología socialista los derechos colectivos están por encima de los particulares.

Para tener control del cumplimiento del modelo socialista se exacerba el rol presidencialista y se le otorgan al jefe de Estado veintisiete funciones, entre ellas “disolver la Asamblea Nacional cuando el Tribunal Supremo de Justicia la declare en desacato y no restablezca la situación en un lapso de un mes, o en cualquier otra situación de acuerdo con lo establecido en este texto constitucional” (artículo 265); además, establece que “será el Ejecutivo el que ejerza el poder a través de la figura de las comunas” (artículo 116), y se alarga el período presidencial a siete años (artículo 259).

Una de las más graves evidencias del talante totalitarista del anteproyecto lo representa la constitucionalización del delito de traición a la patria (artículos 116, 228 y  409). En el texto se lee que comete dicho delito:

[quien] ejerza acciones dirigidas a perturbar el normal funcionamiento de centros de salud, centros educativos, instituciones del Poder Popular a través de los cuales se prestan servicios básicos, orientados a impedir la atención del pueblo por parte del Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social, en función de crear aparente necesidad humanitaria que se asuman como justificación para la intervención de la República Bolivariana de Venezuela por un país o Estado extranjero.

Con esto, lo que busca la norma en cuestión, tal como fue advertido en su oportunidad por Acceso a la Justicia, es someter y castigar a cualquier persona que decida enfrentar a un modelo de talante antidemocrático que nunca admitiría el pluralismo político y el respeto por la diversidad de ideas, y criminalizar a todo aquel que ejerza la libertad de expresión o el derecho a huelga, por ejemplo, los funcionarios que trabajen en centros de salud en el país o manifiesten su intención de demandar ayuda humanitaria ante la grave crisis que se vive Venezuela.

 

 

 

Acceso a la Justicia: Caso de Emilio Lovera devela aplicación sistemática de la política del enemigo interno

SI HAY UN ESPACIO DE IDEAS en el que la persecución política en Venezuela se ha ensañado ha sido, sin duda, el del humor. Por ello, actualmente ninguno de los grandes humoristas se presenta en señal abierta y en muchas ocasiones tienen que recurrir a las redes, o incluso, si el Gobierno se los permite, a las actuaciones en espacios públicos o privados para tener contacto con su público. El caso reciente de Emilio Lovera, a quien el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) le impidió presentar su espectáculo por supuestamente no haber declarado sus impuestos, es una prueba clara de ello.

El Seniat ratificó su talante persecutorio al no actuar cuando el humorista hizo su declaración de Impuesto sobre la Renta (ISLR), sino cuando anunció su presentación en el municipio El Hatillo en agosto de 2019. Este hecho evidencia que la intención del organismo no es cumplir con su labor recaudadora sino perseguir a Emilio Lovera y limitar la libertad de expresión.

Lo más grave en el caso de Lovera es que, como lo relata una crónica de Willy McKey, no es solo que se utilice al Seniat como herramienta de persecución política, pues esto ya le había ocurrido al humorista, sino además que en esta oportunidad tal aberración se da luego de que el artista pasara por la lucha contra el cáncer en medio de la emergencia humanitaria compleja que vive el país.  La crónica de McKey pone en evidencia que Lovera, quien había declarado el ISLR aunque sin reportar actividad económica alguna debido a su padecimiento, no solo no ha sido derrotado por su padecimiento, sino porque, además, sigue siendo tan temido como siempre.

En esta situación se devela de forma clara que en Venezuela se ha establecido un “derecho para el enemigo”, que se rige por reglas diferentes a las del resto de los ciudadanos. Tal política, cada vez más recurrente, implica que se niegan  los derechos fundamentales del afectado y además se presume su culpabilidad, pese a la inexistencia de pruebas que demuestren su responsabilidad, además se aplican sanciones que son desproporcionadas respecto al delito que se le imputa.

Acceso a la Justicia destaca que esta política de Estado de persecución contra quien piense distinto u opine de alguna manera sobre temas políticos, o de manera crítica contra el régimen político imperante, crea un estado general de sospecha sobre todo ciudadano. Aquí la percepción por parte del funcionario, imaginaria o real, hace que el ciudadano pase a ser un posible enemigo con las consecuencias que esto representa.

En este sentido, si el funcionario percibe que la intención del ciudadano es contraria al Gobierno, aunque no necesariamente lo sea, el primero se siente habilitado para desconocer los derechos del segundo en defensa de las ideas oficialistas, que están por encima de lo que diga la Constitución o cualquier otra disposición. Esto se demostró con la instauración de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que puede dictar incluso “leyes constitucionales” contrarias a la Carta Magna y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, reconocidos por esta como de rango constitucional o superior cuando sean más favorables que la propia Constitución.      

La utilización del término “enemigo” se ha normalizado a tal punto en el discurso oficial, así como su empleo a todo tipo de personas y situaciones, que ya forma parte del habla cotidiana. Sin embargo esta realidad no debe hacer olvidar que el término “enemigo” no es propio de una sociedad en tiempos de paz y sobre todo que no puede confundirse con la oposición política o la protesta social, ni mucho menos utilizarse como justificación para la violación de los derechos humanos.

Acceso a la Justicia: ¿Es aplicable el TIAR en Venezuela?

LA ASAMBLEA NACIONAL aprobó el 23 de julio de 2019 mediante ley la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). El país había dejado de ser parte del mecanismo desde el 14 de mayo de 2015 por su denuncia dos años antes. Sin embargo, a partir de la aprobación de la ley que autorizaba el retorno al tratado por parte de la AN, Venezuela vuelve a aparecer como parte según la página web de la Organización de Estados Americanos (OEA). Aun así, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de su Sala Constitucional (SC), anuló la ley antes mencionada mediante sentencia 248 del 26 de julio de 2019.

En vista de lo anterior, desde Acceso a la Justicia nos preguntamos si el TIAR es aplicable o no. Pero antes de dar respuesta a ello, explicaremos qué es el TIAR y cuándo se activa.

¿Qué es el TIAR?

El TIAR, también conocido como Tratado de Río, es un acuerdo internacional entre varios Estados americanos para garantizar su seguridad colectiva. Se trata de un tratado internacional que surgió en 1947 a raíz de la llamada Guerra fría. Así como la ex Unión Soviética creó la Cortina de hierro y estableció países satélites para tener protección en caso de un conflicto internacional, mediante este tratado Estados Unidos tomó las previsiones en caso de agresiones contra su país o su área de influencia.

El tratado fue suscrito por Venezuela el 2 de septiembre de 1947 y entró en vigencia el 12 de marzo de 1948. En 1975, Venezuela también se adhirió al Protocolo de reforma del TIAR de San José de Costa Rica, el 26 de julio de 1975.

El artículo 3, numeral 1 del TIAR establece que un ataque contra uno de los países firmantes constituye una agresión contra todos los Estados Americanos:

“En consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”.

Acceso a la Justicia aclara que el TIAR puede implicar una acción militar si hubiera un ataque a uno de los países miembros del tratado, pero este paso no necesariamente se da u ocurre en lo inmediato. Su artículo 1 indica que los países miembros se “obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas” y a “someter toda controversia que surja entre ellas a los métodos de solución pacífica” (artículo 2).

¿Cuándo se activa el TIAR?

Para la activación del TIAR, según prevé su artículo 6,  es necesario un ataque armado, “una agresión que no sea ataque armado” pero que ponga en peligro “la integridad del territorio o la soberanía o independencia política de cualquier Estado Americano”, “un conflicto extracontinental o intracontinental, o (…) cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América”.

El TIAR indica en su artículo 3.2 que su órgano de consulta es el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA),  sin embargo, los Estados miembros del TIAR y la OEA no son el mismo órgano; se trata de mecanismos distintos. De esta manera, en lo concerniente al TIAR, solo podrían tomar decisiones los Estados americanos que hayan ratificado el instrumento(artículo 14): los miembros del TIAR son 19, mientras que la OEA tiene 35.

La denuncia de Venezuela al TIAR se hizo en el año 2012, junto con otros países de la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que fue una iniciativa impulsada por el expresidente Hugo Chávez Frías. No obstante, fue en 2013 cuando realmente el Gobierno presentó formalmente su denuncia y los efectos del tratado cesan a partir del 14 de mayo de 2015. Más recientemente, después del acuerdo de la AN, Venezuela vuelve a aparecer como integrante del TIAR en la página web de la OEA a partir de la aprobación de la ley correspondiente por parte de la AN.

Aunque el referido tratado no ha sido aplicado en América, sí se le ha invocado en varias ocasiones. Por ejemplo, en Venezuela tras la invasión de Machurucuto (en el estado Miranda), cuando una expedición cubana llegó en 1967 con planes de hacer una insurrección en el país. También fue invocado en 1982 durante la Guerra de las Malvinas. En este caso no hubo aplicación alguna, porque Estados Unidos también era parte de la alianza militar Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y, por lo tanto, tenía un compromiso con Inglaterra de no intervenir en el conflicto con Argentina.

Se puede decir que la única aplicación práctica de este tratado ocurrió en 1948, aunque de una forma muy peculiar, cuando Costa Rica abolió su ejército y empleó la ratificación del TIAR como instrumento de protección ante una agresión.

¿Bajo qué fundamento la AN aprobó la reincorporación al TIAR?

El parlamento, presidido por el diputado Juan Guaidó, explicó lo siguiente en la exposición de motivos del acuerdo, votado el  23 de julio de 2019 en una sesión extramuros relativa al retorno de Venezuela al TIAR:

“Existen pruebas de la indebida injerencia militar extranjera en asuntos domésticos venezolanos, lo que aunado al progresivo colapso del Estado venezolano, ha mermado la capacidad de la Fuerza Armada Nacional de cumplir con el rol que le encomienda el Artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en concreto, de asegurar el legítimo uso de la fuerza en todo el territorio nacional ante la presencia de organizaciones criminales para-estatales en el país”.

Al respecto, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, reconoció en un tuit del 15 de agosto de 2019 la injerencia militar rusa en Venezuela, al expresar lo siguiente:

“Estoy en Moscú, atendiendo una invitación del Ministro de Defensa de la Federación de Rusia, General Serguéi Shoigú, donde hemos conversado y compartido diversos temas; en refuerzo de la cooperación técnico-militar que sostenemos para beneficio de nuestros pueblos”

Lo más grave es que ello no ha sido autorizado por la AN como exige la Constitución en su artículo 187 numeral 11.

Adicionalmente, en los puntos 4 y 5 de la exposición de motivos de la ley de reincorporación al TIAR, la AN también señaló que, en vista de las circunstancias antes descritas, pueden:

“poner en peligro la paz y la estabilidad política de América, debido a los efectos regionales del colapso del Estado venezolano, el TIAR ofrece el marco jurídico que permite instrumentar mecanismos de cooperación internacional para el fortalecimiento de la capacidad de la Fuerza Armada Nacional y la defensa de la Soberanía, la Independencia política e Integridad Territorial de la Nación” (resaltado nuestro).

Un nuevo golpe de la Sala Constitucional 

La Sala Constitucional en su sentencia 248 volvió a aplicar la tesis del desacato de la ANpara anular la ley aprobatoria del TIAR, dictada por el Parlamento.

Otro aspecto que se observa en tal decisión es que el TSJ, al no reconocer la validez de las leyes de la AN, no acepta la reciente adhesión al TIAR, por lo que aclara que Venezuela no es parte del tratado desde 2015, con lo cual es inaplicable. La SC alude a que se hizo efectiva  la salida de Venezuela de la OEA desde el 27 de abril de 2017.

Finalmente, el máximo tribunal rechaza la eficacia de la mencionada ley bajo el argumento de que es el presidente de la República y no la AN quien tienecompetencia para llevar adelante las relaciones internacionales de Venezuela. Esto también es consecuencia del desconocimiento por parte del TSJ de Juan Guaidó como presidente encargado del país y, en cambio, su reconocimiento a Maduro como presidente electo en 2018.

Acceso a la Justicia debe advertir que al embrollo institucional que existe en Venezuela se añade que la SC se pronuncia sin que haya una solicitud al respecto o “de oficio”. Recordemos que los tribunales solo actúan a instancia de parte, en especial para resolver conflictos de índole constitucional, y no como lo hizo la SC, por cuenta propia.

Las paradojas de la dual institucionalidad venezolana y el TIAR

Acceso a la Justicia ha denunciado que en Venezuela existe un quiebre institucional. De allí que reine una gran confusión en el país, porque las autoridades que “mandan” (ejercen el poder y la fuerza del Estado), no gozan de legitimidad ni de constitucionalidad. Esta circunstancia obedece a que esos funcionarios no fueron designados o electos en consonancia con las normas de la Carta Magna ni sobre la base de los tratados de derechos humanos existentes en la materia.

Paradójicamente, la AN, que es el único poder público legítimo y constitucional al haber sido electo como manda la Constitución en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015 y según los parámetros nacionales e internacionales sobre la materia, no tiene poder alguno en el territorio venezolano, porque el TSJ ha anulado sistemáticamente todas sus actuaciones. A la fecha, Acceso a la Justicia registra 105 sentencias del TSJ en su contra.

Por otro lado, la AN y Juan Guaidó, presidente del Parlamento además de presidente encargado desde el 23 de enero de 2019, no tienen poder real en el país. A pesar de ello, cuentan con el reconocimiento de más de 50 países, así como de la OEA hasta que se celebren elecciones libres en Venezuela. De hecho, la referida organización aceptó a Gustavo Tarre Briceño como representante del gobierno interino y desconoció la salida de Venezuela por no reconocer al Gobierno de Maduro y sus decisiones.

Esto significa que el Parlamento tiene un reconocimiento generalizado de la comunidad internacional, incluso de la OEA, pero no de parte del Gobierno de Nicolás Maduro ni de las autoridades de los poderes públicos designados o ratificados por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente o el TSJ.