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Acceso a la Justicia

Venezuela hacia el afianzamiento del Poder Popular y el Estado comunal
A principios de febrero de 2021, el gobierno entregó los proyectos de Ley de las Ciudades Comunales y del Parlamento Comunal a la Asamblea Nacional oficialista

Pese a que en ninguno de sus 350 artículos de la Constitución de 1999, prevé el llamado Poder Popular ni mucho menos menciona al Estado comunal, el gobierno de Nicolás Maduro parece decidido a implantarlos, obviando que la mayoría de los venezolanos se opuso a estas figuras al rechazar el proyecto de reforma constitucional que el fallecido presidente Hugo Chávez impulsó en 2007.

Aunque supuestamente con este tipo de Estado se pretende promover la democracia participativa, es decir, una mayor inclusión de los ciudadanos en los asuntos públicos, en realidad es un modelo que aumentará el control social y el poder del Ejecutivo nacional sobre el ciudadano, especialmente los más vulnerables.

Tanto la normativa ya vigente en la materia desde hace varios años como la que está discutiendo la Asamblea Nacional oficialista en la actualidad, exige que todas las organizaciones comunales estén constituidas con el propósito de alcanzar una sociedad socialista. Los demás poderes del Estado (a nivel nacional Legislativo, Judicial, Ciudadano, Electoral) están en teoría al servicio del Poder Popular y deben «gobernar obedeciéndole», pero en realidad la obediencia es debida al Ejecutivo nacional, pues el Poder Popular (o ciudadanos organizados en instancias comunales) depende de este último. Los poderes territoriales, Municipal y Estadal, prácticamente desaparecen, aunque estén contemplados en la Constitución. Se prevé, además, una justicia comunitaria, que depende del «sistema nacional de justicia de paz».

El Gobierno de Maduro, para dar continuidad a este proyecto de Estado y sociedad, ha realizado últimamente tres movimientos que demuestran sus intenciones de darles vida a estas cuestionadas figuras y profundizar aún más el proceso de desinstitucionalización y desmantelamiento del Estado que ya sufre el país desde hace varios años.

En este sentido, a principios de febrero de 2021 entregó los proyectos de Ley de las Ciudades Comunales y del Parlamento Comunal a la Asamblea Nacional oficialista. Ambas propuestas fueron aprobadas por el Legislativo en primera discusión el 11 de marzo y 13 de abril, respectivamente, y ahora están en la fase de consulta pública.

A estos dos proyectos debe sumarse la resolución 0026 del 1 de febrero de 2021 del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que contiene las Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales y de Investigación Penal para Atención Temprana y Oportuna de Víctimas de la Violencia de Género, texto publicado en laGaceta Oficial n.º 42.076 del 26 de febrero de 2021,  instrumento que da a los consejos comunales la potestad de recibir denuncias sobre violencia de género en contra de las mujeres.

Primer movimiento: Ley de las Ciudades Comunales

El proyecto, compuesto por cincuenta y nueve artículos, una disposición transitoria y dos disposiciones finales, pretende normar una estructura organizativa inexistente en la Carta Magna: la ciudad comunal. En el artículo 4 se señala que la misma «es una instancia constituida por iniciativa popular, mediante la agregación de comunas en un ámbito territorial determinado a partir de las dinámicas funcionales y geohistóricas, con intereses y valores comunes (…) como expresión del Poder Popular».

Además, la ciudad comunal adopta una división político territorial distinta a la prevista en la Constitución, la cual se refiere a municipios y estados, para reemplazarlos por otros entes, entre ellos la comuna y las ciudades comunales, lo cual contraría el modelo de Estado federal descentralizado contenido en el texto fundamental de 1999. Ello configura un grave atentado a la autonomía municipal(artículos 16 y 168 de la Constitución) y estadal (artículo 159 constitucional), por cuanto se trata de una estructura superpuesta a los municipios y estados.

La estructura de la ciudad comunal, tal como está prevista en la propuesta legislativa, es absolutamente inconstitucional y contraría los valores democráticos porque refuerza el centralismo, vulnerando así, entre otros, el artículo 136 constitucional.

De hecho, señala que el Ejecutivo nacional ostenta el carácter de instancia rectora en la estructura y funcionamiento de la ciudad comunal (artículos 25 y 57), y es quien tiene la última palabra a la hora de decidir sobre transferencias de competencias y de recursos municipales, estadales e incluso nacionales (artículos 7 y 56).

En el mismo orden de ideas, la Ley de las Ciudades Comunales establece que grupos de ciudadanos organizados en consejos comunales podrán asumir la conducción de parte del territorio, y aunque se les prometen fondos, la transferencia de poderes desde la República, estados o municipios, y se les da autonomía para tomar sus decisiones, lo cierto es que al menos la última oferta es totalmente falsa, pues en efecto, los consejos comunales están supeditados a la aprobación del Gobierno nacional, quien los valida o no de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Consejos Comunales.

Asimismo, el proyecto de Ley de las Ciudades Comunales suplanta el sistema republicano del Estado venezolano, el cual está basado en la supremacía constitucional (artículo 7), en el principio de legalidad (artículo 137) y el reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos (artículos 2 y 19).

El texto concibe a la ciudad comunal como un pequeño Estado dentro del propio Estado. Cada ciudad debe tener su carta fundacional, su Parlamento, su consejo de Gobierno (integrado por siete voceros), su autoridad electoral, su consejo de contraloría comunal (que sería auxiliar de la Contraloría General de la República), su consejo moral y su procuraduría (artículo 14).

En este modelo de Estado comunal se «funcionaliza» la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, es decir, se suprime su autonomía de acción y se les subordina a objetivos políticos, económicos y sociales, determinados por elPoder Ejecutivo central y según una ideología única. Además, el ciudadano ahora se debe «autoprestar» los servicios públicos a través de las organizaciones comunales con los fondos del Estado y de la manera que este le indique y permita.

Sin duda, la ciudad comunal representa un grave retroceso y la desaparición de la forma de Estado federal en Venezuela que data de 1811, con el propósito no solo de eliminar a los municipios y entidades federales, sino también de intensificar la construcción de una forma de organización político social en la que el Ejecutivo nacional controla las comunidades y ejerce un dominio sin freno de otros poderes del Estado sobre ellas.

Lo anterior ha sido denunciado por Acceso a la Justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Segundo movimiento: Ley del Parlamento Comunal Nacional

La exposición de motivos de este proyecto confirma las intenciones del oficialismo de desmantelar la actual forma de Estado, pues señala que el texto es «una herramienta integradora y complementaria de las instancias del poder popular que, hasta ahora, se encuentran limitadas por la división político territorial de la nación».

A lo anterior hay que sumar que en el artículo 6 del texto se faculta al denominado Parlamento Comunal Nacional a:

«presentar ante los distintos niveles del poder legislativo propuestas de leyes nacionales relacionadas con el poder popular, proyectos de reforma de leyes relacionadas con el poder popular, leyes regionales, ordenanzas municipales y cualquier otro instrumento legal que permita dinamizar el avance hacia la construcción del Estado Comunal».

Aunque no le da potestad legislativa general, la instancia queda facultada de manera exclusiva y excluyente para realizar las propuestas legales sobre el tema del Estado comunal en el país, tanto en el ámbito nacional, como en el estadal y municipal, con la finalidad de facilitar la transición hacia la ejecución de esa organización estatal, invadiendo así las competencias de los estados y municipios. 

Tercer movimiento: Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales 

La resolución del Ministerio de Relaciones Interiores que regula la actuación de los funcionarios policiales y de investigación penal para atender a las víctimas de la violencia de género también parece destinada a reforzar una institucionalidad paraconstitucional. Así, en el artículo 7, numeral 5 del texto se legitima a los consejos comunales y otras organizaciones sociales para recibir los casos de violencia de género y crear oficinas receptoras de esas denuncias.

Cabe destacar que el texto del citado artículo es una reproducción de la disposición contenida en el artículo 70, numeral 5 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007 por la AN dominada por el oficialismo.

No se puede olvidar que el instrumento señala en su artículo 18 a los consejos comunales como organizaciones sociales de base que promueven «planes, programas, proyectos y acciones de prevención y atención de la violencia de género», actividades que deben recibir financiamiento público.

Al respecto debe destacarse que los consejos comunales son instancias que dependen del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, que pueden ser utilizadas por el Gobierno Nacional como mecanismos de intimidación, coerción o de control social y político, situación que resta objetividad e imparcialidad al rol que tienen para recibir denuncias sobre hechos punibles de violencia contra la mujer en las comunidades, pues pueden presentar falsas denuncias hacia los presuntos agresores, como una medida de represalia, especialmente si son considerados «enemigos» del Gobierno, o no atender denuncias si esos agresores en cambio son «amigos». Además, pueden no contar con la capacitación necesaria para atender este tipo de situaciones o darle una adecuada protección a las mujeres víctimas de estas agresiones.

Acceso a la Justicia: Nueva providencia precalifica como terroristas a las ONG
La creación del Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo no es más que un movimiento para controlar uno de los pocos espacios que todavía no domina

La sociedad civil organizada está amenazada en Venezuela. Nicolás Maduro se ha trazado como meta acabar con cualquier voz disidente y no alineada con sus objetivos; y para ello ha recrudecido la ofensiva que, desde finales de 2020 mantiene contra las organizaciones de derechos humanos y humanitarias que trabajan en el país.

La creación del Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, contenido en la providencia 001-2021 de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, que fue publicada en la Gaceta Oficial número 42.098 del 30 de marzo pasado, no es más que el último movimiento del Ejecutivo nacional por controlar uno de los pocos espacios que todavía no domina.

La resolución obliga a las organizaciones sin fines de lucro a reportarle a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada información sensible como quiénes son sus donantes y un listado de personas beneficiarias, debidamente identificadas, que reciban “asistencia benéfica, humanitaria u otro tipo de asistencia por medio de los servicios o actividades” ejercidas por dichas agrupaciones civiles.

Debemos agregar que este registro anómalo, está completamente fuera de los estándares y las prácticas internacionales en materia de control de legitimación de capitales y financiamiento de terrorismo, de modo que esto no es más que una excusa para limitar y controlar a las ONG.

Es una acción que expone a los beneficiarios de las acciones que conducen las organizaciones no gubernamentales y abre las puertas para que sean víctimas de actos de intimidación, hostigamiento y discriminación como los sufridos por quienes firmaron a favor del referendo revocatorio presidencial de 2004 y terminaron engrosando la infame “lista Tascón”.

El registro no es un hecho aislado, sino que forma parte de una ofensiva que en los últimos meses han lanzado las autoridades venezolanas. Así, debemos recordarle al país y al mundo que, a finales del año pasado, los ministerios de Interiores, Justicia y Paz y de Relaciones Exteriores emitieron una resolución conjunta, para regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales extranjeras que laboran en el país. El texto creó el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas (Regong), a través del cual las agrupaciones foráneas no domiciliadas en el país deberán registrarse para obtener una certificación que les permita desempeñar sus actividades.

La resolución antes señalada deja en claro que las organizaciones extranjeras solamente podrán desempeñar actividades de asistencia y cooperación internacional “en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria con Panorama de Necesidades de las Naciones Unidas”.

Semanas después, el Gobierno de Nicolás Maduro le ordenó a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) que vigilara las transacciones financieras de todas las agrupaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, para lo cual esta emitió una circular para regular esa situación.

Pero como si lo anterior no fuera suficiente, la Asamblea Nacional ha anunciado en las últimas semanas su intención de reformar este mismo año leyes como el Código Penal. Aunque su texto es desconocido, el objetivo, según ha informado un diputado del partido de Gobierno, es endurecer delitos como el de traición a la patria e incorporar otros nuevos que afectan a la libertad de expresión mediante el uso de medios informáticos como las redes sociales.

Asimismo, el Parlamento controlado por el oficialismo ha revelado su intención de desempolvar el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, un texto que como la espada de Damocles ha estado pendiendo sobre las cabezas de las organizaciones no gubernamentales venezolanas desde 2005 y que pretende forzarlas a entregar el financiamiento que consiguen en instancias internacionales a un fondo que administrará el Gobierno.

Debemos recordar que esta propuesta no solo ha sido rechazada por la sociedad civil organizada, sino también por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por considerar que atenta contra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, a asociarse y a buscar fondos para llevar adelante esa misión.

Acceso a la Justicia denuncia que la arremetida gubernamental no se limita a la creación de registros y la amenaza de nuevas regulaciones y controles inconstitucionales y violatorios de los estándares internacionales de derechos humanos, sino que abarca también acciones represivas tangibles como allanamientos y detenciones de activistas. El país y el mundo fueron testigos como en enero pasado cinco miembros de la organización zuliana Azul Positivo fueron detenidos y se les abrió un proceso judicial por “legitimación de capitales”. El delito real de estos activistas fue tratar de ayudar a aliviar el dolor y las penurias que vienen padeciendo los venezolanos más pobres debido a la gravísima emergencia humanitaria que atraviesa el país.

Estas aprehensiones estuvieron precedidas de una ola de allanamientos de las que fueron víctimas las organizaciones Acción Solidaria, Alimenta La Solidaridad y Convite y revelan que en Venezuela hay un patrón que considera a los defensores de los derechos humanos como unos enemigos a los que hay que vencer y eliminar. Solo en los primeros dos meses del año, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) contabilizó un total de 99 ataques para enero de este año contra activistas y organizaciones no gubernamentales de distinta naturaleza.

Las acciones adoptadas por las autoridades violan flagrantemente la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de 1999, la cual en su artículo 1 señala: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

Por su parte, recordamos que el artículo 17 del instrumento estipula claramente que:

“en el ejercicio de los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración, ninguna persona, individual o colectivamente, estará sujeta a más limitaciones que las que se impongan de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales aplicables y determine la ley, con el solo objeto de garantizar el debido reconocimiento y respeto de los derechos y libertades ajenos y responder a las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática”.

Por último, llamamos a los venezolanos y a los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los relatores, grupos de Trabajo y demás procedimientos especiales de la ONU a condenar enérgicamente las acciones de las autoridades venezolanas y a exigirles que cesen en su actitud y que permitan a la sociedad civil organizada ejercer sus actividades, sin más limitaciones que las impuestas por la Constitución y los tratados internacionales.

Acceso a la Justicia: La OIT desmonta el mito de un  gobierno obrerista en Venezuela
El organismo aprobó un informe en el que acusó a la administración de Maduro de violar los derechos de los trabajadores sobre libertad sindical

Pese a que Nicolás Maduro se desempeñó en el mundo sindical y se califica por ello como el “presidente obrero”, lo cierto es que su administración no ha hecho nada bueno en favor de los trabajadores, y así lo denunció al mundo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el mes de marzo del año en curso, cumpliéndose en este caso el viejo refrán que dice que “En casa de herrero cuchillo de palo”.

Acceso a la Justicia expone que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo aprobó el 27 de marzo un duro informe en el que acusó a la administración de Maduro, de violar los derechos de los trabajadores sobre libertad sindical, a la libre asociación,  a la contratación colectiva y a la participación tripartita en la fijación del salario mínimo nacional, entre otro incumplimientos a convenios ratificados ante la OIT por la República.

La decisión adoptada por el Consejo de Administración de la OIT, en su reunión 341, se tomó con veintisiete votos a favor y veintidós en contra; en ella no solo se denunció las acciones ilegales del Gobierno en contra de empleadores y trabajadores, sino que además se decidió mantener la presión para lograr que cese la persecución contra el movimiento sindical y que retomen el diálogo tripartito roto desde hace casi dos décadas.

Como parte de esa presión, la instancia instruyó a su director general, Guy Ryder, para que el próximo 3 de mayo le informe si el régimen venezolano ha tomado alguna medida para cumplir la lista de tareas que le encomendó, entre las cuales destaca iniciar un diálogo con las agrupaciones de empresarios y los sindicatos, y además, tomar las medidas necesarias para lograr «el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión» contra empleadores y trabajadores no afines al Estado y para evitar que «tales actos no se repitan en el futuro».

Abriendo otro frente

La respuesta de las autoridades gubernamentales a la decisión del Consejo de Administración de la OIT ha sido hasta ahora patear la mesa. Así, el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, anunció que el Gobierno de Maduro no reconocerá el fallo del organismo ni sus posibles consecuencias.

El funcionario dijo: “El Gobierno rechaza categóricamente esta decisión tomada y no se compromete con la misma. Dejamos constancia expresa de nuestra posición. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se desvincula y no se compromete con esta decisión adoptada el día de hoy (27 de marzo)”.

Además, acusó a la OIT de haberse convertido “en un escenario (…) nada agradable, hostil y mezquino, plagado de intereses políticos contrarios a mi Gobierno”.

¿Cuáles son las consecuencias de no acatar las decisiones y recomendaciones de la OIT?  El artículo 29 de la Constitución de la OIT abre las puertas para que un Estado que no desee acatar las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de Encuesta pueda someter la queja ante la Corte Internacional de Justicia. Asimismo, el artículo 33 estipula que:

“en caso de que un miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las recomendaciones que pudiere contener el informe de la Comisión de Encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración recomendará a la Conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones”.

La OIT decidió incluir en el orden del día de su 343ª reunión, prevista para noviembre próximo, un punto titulado “Consideración de todas las medidas posibles, incluidas las previstas en la Constitución de la OIT, necesarias para garantizar que la República Bolivariana de Venezuela cumpla las recomendaciones de la Comisión de Investigación dentro del plazo requerido”.

A los trabajadores que se los lleve…

El anuncio del ministro Piñate de que el Gobierno no acatará el informe de la OIT, es otra muestra de la intolerancia de las autoridades venezolanas frente a la crítica y ante una decisión adversa proveniente de un organismo multilateral del cual el Estado venezolano forma parte. Cabe esperar que en los próximos días Miraflores vuelva a recurrir a su consabida receta de aumentar el salario mínimo nacional sin consultar con los otros sectores afectados, al no activar el sistema de participación tripartita para la fijación del salario mínimo tal como ha venido ocurriendo en casi veinte años; con lo cual ni trabajadores ni empresarios podrán expresar sus pareceres y propuestas, transgrediendo el artículo 91 de la Constitución, el Convenio 131 de la OIT y las recomendaciones técnicas establecidas por el referido organismo multilateral.

Sin embargo, esto no debería sorprender, porque la administración de Maduro; así como antes el del fallecido Hugo Chávez, han ignorado sistemáticamente las recomendaciones y decisiones del grueso de las instancias internacionales, incluida la OIT. En 2020 denunciamos en Acceso a la Justicia que Venezuela no estaba aplicando las sugerencias que la OIT había emitido para reducir el impacto la pandemia de COVID-19 sobre los trabajadores.

De hecho, durante la vigencia del estado de alarma impuesto para combatir el coronavirus, en 2020, los ataques contra la dirigencia sindical continuaron. Solamente en Caracas veintinueve sindicalistas fueron detenidos, como informó recientemente el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia del pasado 25 de marzo.

Asimismo, el año pasado fue ratificada la condena (impuesta por un tribunal militar) a más de cinco años de cárcel contra el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco, Rubén González, cuyo caso es el más emblemático de la persecución del Gobierno contra el sector sindical. El primer de septiembre de 2020 González sería excarcelado vía indulto presidencial.

Acceso a la Justicia: Jueces y fiscales venezolanos en la mira de la Misión de la ONU
Nicolás Maduro y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López son señalados como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad

La labor del Poder Judicial es evaluada con lupa por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a fin de determinar si las decisiones de jueces y fiscales han contribuido a que las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas ocurridas en el país desde 2014 queden sin castigo, o si incluso siguen ocurriendo.

Así lo dio a conocer la ONG Acceso a la Justicia, al fijar posición en torno a las actuaciones de la justicia en Venezuela en los últimos años, algunas de las cuales no han estado ajustadas a lo que establece la normativa vigente.”

“Profundizaremos en nuestras investigaciones sobre las respuestas de los fiscales y del Poder Judicial a las violaciones y los delitos. Esto incluye analizar si, mediante actos de comisión u omisión, el Poder Judicial ha contribuido a perpetuar la impunidad», anunció Marta Valiñas, presidenta de la instancia, al presentar este 10 de marzo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra (Suiza), la actualización oral del informe sobre la situación del país que publicó en septiembre pasado la misión que ella preside.

Se recuerda que en su primer informe, la Misión ya había denunciado la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por considerar que uno de los elementos que han contribuido a la ocurrencia de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país es la falta de independencia del Poder Judicial, haciendo referencia además al Ministerio Público (MP). Estas declaraciones los hacen sujetos a potenciales procesos dentro del país y fuera de este, en instancias como la Corte Penal Internacional (CPI), que actualmente analiza las denuncias contra Venezuela.

Personajes más señalados

La Misión, en su primer reporte, señaló a Nicolás Maduro, al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y a los distintos ministros del Interior desde 2014 como responsables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, pero a ellos se sumarán otros funcionarios en el futuro.

“De acuerdo con nuestro mandato, profundizaremos en nuestras investigaciones sobre estas estructuras, aclarando las responsabilidades y las cadenas de mando, utilizando el estándar de motivos razonables para creer. También estaremos atentos tanto a las acciones como a las omisiones por parte del Gobierno…examinará las tácticas utilizadas por los perpetradores estatales para eludir responsabilidades o protegerse de la rendición de cuentas, incluida la coordinación con actores no estatales para cometer violaciones y crímenes, como con colectivos y otros grupos armados civiles y guerrilleros”.

Pese a que destacó la decisión del TSJ de ordenarle al Ministerio Público a reiniciar el proceso por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien perdió la vida en junio de 2019 mientras estaba detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), lamentó que «el Estado sigue procesando solo a funcionarios de bajo rango por esta muerte».

Más casos

En su informe, la Misión informó que en lo que va del año más de 200 personas perdieron la vida a manos de agentes policiales y funcionarios militares; y expuso al Consejo lo ocurrido en la parroquia La Vega, donde a principios de enero unos 650 uniformados lanzaron un operativo contra la banda de «El Coqui».

El procedimiento dejó unos veintitrés fallecidos, de acuerdo a organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, las autoridades no informaron de funcionarios fallecidos o heridos ni tampoco cuántas armas fueron incautadas en el operativo.

Apenas el pasado 8 de marzo, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, se pronunció sobre los sucesos y admitió que algunos abusos se habrían podido producir. «Hubo varios enfrentamientos y en el marco de ellos tenemos denuncias y estamos estudiando varios hechos de que pudo haber habido algunas ejecuciones contra personas que no estaban directamente en el enfrentamiento», declaró.

La Misión no solo registró más ajusticiamientos, sino también treinta y seis nuevos casos de presuntas detenciones arbitrarias. “Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política», se lee en el reporte, en el cual también se expresa alarma por «la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos”.

“El concepto estatal de “enemigo interno” parece ser cada vez más amplio”, concluye la instancia, la cual puso como ejemplo el caso de los activistas de Azul Positivo.

La Misión volvió a tenderle la mano a la administración de Maduro, al que le pidió desistir de su actual actitud e invitó a colaborar para superar la crisis.

 

 

Inamovilidad laboral en Venezuela: Dos décadas fracasando en frenar el desempleo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que la tasa de desempleo cerró en 2020 en 50,5%

“El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”. En la pasada Nochevieja la administración de Nicolás Maduro decidió prorrogar por dos años más la inamovilidad laboral vigente en el país desde 2002. Con ello, esta medida arribará a dos décadas ininterrumpidas, pese a que durante todo este tiempo no haya logrado su cometido: frenar el desempleo.

En el decreto presidencial n.° 4.414, publicado en la Gaceta Oficial n.° 6.610 del 31 de diciembre de 2020, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022 la inamovilidad laboral especial dictada a favor de los trabajadores de los sectores privado y público, la cual en su artículo 2 establece que los empleados “no podrán ser despedidos, desmejorados, ni trasladados, sin justa causa, calificada previamente por el Inspector del Trabajo”, y que en caso de serlo, podrán “denunciar dentro de los treinta (30) días continuos siguientes ante el Inspector del Trabajo de la jurisdicción” dicha violación, y además “solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir”.

En esta ocasión, Maduro no justificó su decisión en la pandemia, sino que sostuvo que la misma era necesaria para enfrentar “las injerencias de intereses apátridas que responden a los agentes de perturbación que buscan atentar contra el buen orden y la paz interna”, que podrían traducirse en despidos.

Una batalla perdida

Acceso a la Justicia ya cuestionó la eficacia y efectividad de esta medida el año pasado, cuando recordó que, pese a estar vigente por más de tres lustros, el número de puestos de trabajo en el país no ha hecho sino disminuir.

A finales de 2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que la tasa de desempleo para ese año cerraría en 47,2% y que en 2020 llegaría al 50,5%, lo cual ubicaría al país como el primero en el mundo en número de personas desocupadas.

Sin embargo, los pronósticos del organismo multilateral se quedaron cortos, y para octubre de 2020 proyectó que el paro llegaría al 54% de la población económicamente activa, debido al impacto sin precedentes de la pandemia del coronavirus y de las restricciones sociales impuestas por las autoridades para intentar frenar su avance.

Ciertamente la COVID-19 destruyó puestos de trabajo en 2020, pero también es cierto que, desde la aprobación en 2012 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) la desocupación no ha hecho más que crecer. Así, en 2013 el desempleo llegó a 5,3%; en 2015 saltó a 9,4%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE); luego en 2016 pasó al 10,5%, según expertos, y en 2017 alcanzó 27,1%. Estos datos comprueban que la inamovilidad no ha tenido el efecto buscado.

La destrucción del empleo ha coincidido con el colapso del modelo económico impuesto por los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y su sucesor, quien se basó en los altos precios del barril de petróleo, en el endeudamiento externo y en los controles de precios, ganancias y divisas, así como en una política de expropiaciones que ha desincentivado la producción nacional y ahuyentado posibles inversiones extranjeras. Desde 2013, cuando los precios del crudo comenzaron a caer, el país ha perdido el 65% del Producto Interior Bruto (PIB), de acuerdo también a los estudios del FMI.

Un saludo a la bandera

La ineficacia de la inamovilidad laboral también ha quedado demostrada por el hecho de que no es respetada ni siquiera por el propio Estado. Prueba de ello es Petróleos de Venezuela (PDVSA), que en los últimos años ha despedido a miles de trabajadores, incluyendo dirigentes sindicales, pasando por alto las decisiones presidenciales.

La empresa pública no solo ha irrespetado la veda a los despidos sino también las resoluciones emanadas por la Inspectoría del Trabajo, que han ordenado reenganchar a cientos de afectados.

Aunque exista la inamovilidad, el Gobierno persiste en cobrar a los trabajadores y empleadores el seguro de desempleo (Régimen Prestacional de Empleo, el antes conocido como Paro Forzoso), que no puede ser reclamado por los trabajadores al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), debido a que legalmente no se puede dar la contingencia, que es el requisito para que proceda su pago; es decir, en el papel nadie puede perder su trabajo de manera involuntaria. A causa de esta insólita situación, el IVSS retiene a sus asegurados una contribución parafiscal que jamás paga.

Asimismo, debe resaltarse que el proceso de reenganche por violación de la inamovilidad ha sido un fracaso en el último año. ¿La razón? La combinación entre la suspensión de labores por la COVID-19 y la hiperinflación. Además, los cómputos de las compensaciones por salarios caídos son calculados sobre la base del salariomínimo vigente (Bs. 400.000 o 0,27 centavos de dólar por cada mes), con una proyección de 3 US$ por año de salarios caídos, lo que hace que sea absurdo la instauración del proceso de reenganche en la mayor parte de los casos.

Acceso a la Justicia: Constituyente de Maduro, un fraude de principio a fin
Líderes chavistas reconocieron que el objetivo de la ANC nunca fue redactar una nueva Constitució

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por Nicolás Maduro en 2017 dejó de sesionar y pese a que tuvo una duración de más de tres años, algo sin precedentes en la historia nacional, no cumplió su principal tarea: redactar una nueva Constitución. ¿La razón? Ese jamás fue su objetivo, sino arrogarse las tareas de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015. Así lo dejó en claro su presidente, Diosdado Cabello:

«Redactar una Constitución es una de las premisas que pudiera cumplir [una Constituyente], otra es refundar el Estado y generar un conjunto de leyes para esa refundación del Estado y allí hemos cumplido. No necesariamente tienes que cumplir todas. La Constituyente del año 99 solo redactó la Constitución, las leyes las aprobaron las sucesivas asambleas nacionales».

La declaración de Cabello revela que la instancia fue “un fraude constitucional desde su origen hasta su disolución”. Así, lo denunció Acceso a la Justicia en el Informe sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Su utilización como parte de la fachada institucional en Venezuela, en el cual sostiene que la figura terminó de llevarse “tras de sí los últimos trazos de Estado de Derecho que quedaban en el país”.

En el reporte se hace un repaso a la actuación de la Constituyente desde que se instaló el 4 de agosto de 2017, tras su cuestionada convocatoria en mayo y fraudulenta elección el 30 de julio de ese año; y se resalta que casi la totalidad de su actividad ha estado centrada en ejercer de Parlamento, pese a no serlo. De tal forma que en estos más de tres años ha dictado o reformado una treintena de leyes, a algunas de las cuales le ha colocado el calificativo de “constitucionales”.

Entre dichos instrumentos destacan la Ley contra el Odio, la cual castiga con hasta veinte años de cárcel a quienes “inciten el odio”, y que ha sido utilizada para procesar a ciudadanos que manifiestan en las calles o expresan su desacuerdo con las políticas gubernamentales a través de las redes sociales, o incluso, mediante mensajes escritos enviados por teléfono. Un caso emblemático fue el de los bomberos de Mérida que grabaron un video satírico montados sobre un burro.

Otros textos a los que la Constituyente dio este calificativo son los de Precios Acordados y el referido a los Comités Locales de Producción y Abastecimientos. Esta última “ley constitucional” pretende “regularizar” la adjudicación de alimentos que, de manera discrecional, ejecutan estas instancias controladas por el Gobierno de Maduro.

Una rapiña

En el informe también se denuncia que la Constituyente de Maduro ha abierto las puertas al expolio de los recursos y bienes del país, mediante instrumentos como el que establece el Régimen Tributario del Arco Minero del Orinoco y, sobre todo, con la reciente y no menos polémica Ley Antibloqueo, que faculta al Gobierno para celebrar “todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios”, a fin de “impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República”, sin control legislativo o judicial. Esta ley también habilita al Poder Ejecutivo para desaplicar leyes, potestad que la Constitución reserva a los jueces, por lo que se trata de una abierta usurpación de funciones.

Acceso a la Justicia denuncia en su estudio que:

«áreas fundamentales de la economía venezolana, como la explotación del petróleo y los servicios públicos, pueden ser cedidas total o parcialmente a inversionistas extranjeros, sin que se sepan quiénes son, cuáles son los términos de los acuerdos comerciales con ellos y, más aún, cómo se administrarán los recursos que se obtengan de los mismos».   

Invento criollo

“Las leyes constitucionales tienen carácter constitucional y para cambiarlas debes convocar otra Constituyente. Esas leyes están por encima de las leyes orgánicas”, explicó Diosdado Cabello.

Sin embargo, en su investigación Acceso a la Justicia refuta esta interpretación de la Constitución, y recuerda que en el ordenamiento jurídico venezolano no existe esta figura, por lo que se trata de otra violación a los principios básicos del derecho, según los cuales la Constitución está por encima de las leyes.

La ANC no solo dictó nuevos instrumentos sin tener facultad para ello, sino que además reformó instrumentos ya en vigor como las leyes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Código Orgánico Tributario, lo cual también es tarea de la AN. Asimismo aprobó los presupuestos nacionales y del Banco Central de Venezuela (BCV) correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021. No obstante, hasta el momento no se ha informado que haya ejercido labor alguna de control sobre el Gobierno de Maduro, tal como la interpelación a algún ministro, hecho este último que desde hace décadas no se hace, sea porque la AN estaba controlada por el oficialismo, o porque el Tribunal Supremo de Justicia se lo ha impedido a la que actualmente cuenta con mayoría opositora.

Por último, la única medida que podría considerarse como un intento de “transformar el Estado”, otra de las tareas que el artículo 347 constitucional confiere a esta figura, es la supresión de las alcaldías Metropolitana de Caracas y del Alto Apure, lo que, además de ser inconstitucional, trajo como consecuencia que las poblaciones de esos territorios no pudieran elegir a sus alcaldes, situación que tiene su origen en la elección en Caracas de alcaldes metropolitanos contrarios al Gobierno. En ese sentido, no es un hecho menor que como no se puede ganar esa elección, se opte por eliminar la correspondiente entidad.

Roland Carreño: otro caso más de persecución política en Venezuela
El periodista fue arrestado luego de la fuga de Leopoldo López

Pese a que hace menos de dos meses la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas denunció que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad como las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas para silenciar a la disidencia, la administración de Nicolás Maduro continúa utilizando estas prácticas contra sus opositores.

Así ha ocurrido en el reciente caso del periodista y dirigente del partido Voluntad Popular (VP), Roland Carreño, a quien se le ha aplicado el mismo patrón denunciado por el grupo de investigadores designado por el Consejo de Derechos Humanos, que consta por lo menos de cinco prácticas.

Detención violenta sin orden judicial o en supuesta flagrancia

Los familiares y amigos de Carreño perdieron contacto con él en la tarde del 26 de octubre de 2020; es decir, casi 48 horas después de que se conociera que el líder fundador de VP y exalcalde de Chacao, Leopoldo López, había dejado la Embajada de España, donde se encontraba en condición de huésped desde los sucesos del 30 de abril de 2019.

Pese a que la Constitución de 1999, en su artículo 44, es muy clara al señalar que «ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti», vecinos del dirigente político habrían asegurado a sus familiares que este fue abordado mientras viajaba en un vehículo por unas personas sin identificación, las cuales le obligaron a entrar en una camioneta negra, también sin identificación.

Ausencia de información sobre el motivo de la detención e incomunicación del detenido

Durante casi 24 horas los familiares, abogados y allegados a Carreño no tuvieron certeza de dónde se encontraba ni quién lo tenía, aunque se trasladaron hasta las sedes de organismos como el cuestionado Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y hasta el Palacio de Justicia para tener noticias de él. No fue sino hasta casi 24 horas después de su desaparición, y producto de la campaña por redes sociales, que las autoridades anunciaron que lo tenían en su poder. No obstante, la información no fue completa, porque en ningún momento precisaron dónde estaba, quién lo tenía ni por qué.

La ausencia de la información antes mencionada representa otra violación al artículo 44 de la Constitución, el cual señala lo siguiente:

«Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas del lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o con el auxilio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios que la practicaron».

Además, esta actuación irregular es la base para considerar que esta detención fue arbitraria y se constituyó en una desaparición forzada, aunque de corta duración, a la luz de la Convención Internacional contra la Desaparición de Personas, tal y como lo advirtió la Misión en su informe sobre Venezuela, que afirmó:

«La desaparición forzada implica la privación de libertad contra la voluntad de la persona y la participación de agentes del Estado, ya sea por comisión, tolerancia o aquiescencia, y el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida. No existe un plazo mínimo, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, durante el cual una persona detenida deba ser sometida a desaparición forzada para que se produzca la violación».

En su informe, la Misión de la ONU verificó también que esta es una práctica rutinaria de los cuerpos de seguridad del estado venezolano; como muestra mencionó los casos del dirigente Yon Goicoechea y los diputados Gilber Caro y Juan Requesens, por mencionar algunos en que hubo desapariciones  de corta duración; así como otros más graves, como los ocurridos en la masacre de Barlovento de octubre de 2016, donde las víctimas fueron desaparecidas y ajusticiadas.

El Foro Penal Venezolano, en un informe publicado en junio pasado, contabilizó 724 casos similares entre 2018 y 2019. Estos datos revelan que hay un patrón en Venezuela, una verdadera política de Estado.

Siembra de evidencias y confesiones forzadas

El mismo 27 de octubre, minutos después de que el ministro de Comunicación, Freddy Náñez, confirmara la detención de Roland Carreño el fiscal designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció en Twitter que el dirigente político estaría planificando actos «conspirativos contra la paz democrática» y aseguró que al momento de su captura, por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana, le incautaron un fusil y dólares en efectivo.

Sobre Goicoecha, Gilber Caro y Requesens, por solo mencionar algunos casos, las autoridades hicieron afirmaciones parecidas.

La defensa del periodista y dirigente de Voluntad Popular ha puesto en duda la versión oficial. La abogada Ana Leonor Acosta indicó:

«Hay múltiples irregularidades en el expediente, empezando por el acta policial de detención donde ni siquiera se siguió el procedimiento adecuado. El régimen le sembró elementos. No contó con los dos testigos correspondientes según la ley, y además no se le informó a Roland sobre un procedimiento de chequeo. Todas son actuaciones montadas para incriminar a Roland Carreño».

En el allanamiento a la residencia de Carreño también se verificaron las mismas irregularidades que se vienen registrando desde hace un tiempo en otros casos: la ausencia de testigos confiables que certifiquen su transparencia.

Otro vicio de este proceso fue la difusión de un video el 30 de octubre por parte del exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en el cual el dirigente político una vez detenido explica su trabajo y «confiesa» que el dinero para financiar su partido lo recibiría desde la Fundación Simón Bolívar que la junta ad hoc designada por la Asamblea Nacional nombró en Citgo, la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La grabación, de la cual los abogados de la defensa aseguran que se realizó sin estar ellos presentes y bajo coacción, debería además estar reservada, por cuanto forma parte de las evidencias que el Ministerio Público utilizará en un eventual juicio contra el imputado. Esto representa una violación al debido proceso.

Declaración de altos funcionarios antes o poco después de la detención

Distintos voceros gubernamentales se han dedicado a vincular a Carreño con sucesos como la fallida incursión de Macuto de 2020 y otros movimientos que presuntamente tenían por propósito desalojar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores.

En estos casos, también es un patrón la ejecución de una campaña mediática por parte de los principales voceros oficiales para desprestigiar a la persona detenida. Tales actuaciones al margen del proceso judicial buscan culpabilizarla ante la opinión pública y la condenan antes que un tribunal se pronuncie, en clara violación del principio de presunción de inocencia que la Constitución le otorga a toda persona en este tipo de situación. Esto es confirmado, entre otros aspectos, por el hecho de que en tales declaraciones nunca se usa el «presunto» o «presuntamente», ante la ausencia de una sentencia condenatoria, lo que pone en evidencia que el fin perseguido es destruir la imagen y el prestigio del detenido con independencia de lo que pase en la vía judicial.

A la cárcel y sin garantías

El 29 de octubre, Roland Carreño fue presentado ante el Tribunal Estadal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia contra el Terrorismo a Nivel Nacional, que admitió la imputación por financiamiento al terrorismo; conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra contra el periodista.

De tal forma, la acusación de terrorismo sirve para que el caso sea conocido por un pequeño grupo de jueces que son los que se encargan de estas causas, pero que, como la mayoría, son designados arbitrariamente obviando el proceso de concurso público de oposición establecido en la Constitución.

El Tribunal contra el Terrorismo antes mencionado acordó dejar preventivamente detenido al dirigente político, por considerar que existe peligro de fuga y obstaculización de la justicia. De nada valió en este sentido que se demostrara que Carreño realiza sus labores profesionales como periodista en el país, donde además residen sus hijos y madre; y que no se conocía de ningún otro proceso judicial en su contra.

Por el mismo camino

El caso de Carreño revela que el Gobierno de Maduro ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Misión de la ONU. Dicha instancia en su informe exigió a las autoridades «acabar con las desapariciones forzadas y permitir que las personas detenidas informen inmediatamente a sus familiares u otras personas de su detención y su paradero» y «permitir el acceso inmediato a la representación legal». Asimismo, exigió que «ninguna persona sea arrestada o detenida excepto en cumplimiento de una orden judicial o en el acto de cometer un delito» y «llevar a cabo una revisión judicial sistemática de la legalidad de las detenciones».

Los funcionarios parecen no haber entendido que estas prácticas, por ser parte de un patrón sistemático como se ha evidenciado, son delitos de lesa humanidad, por los cuales desde quienes los planificaron hasta quienes los ejecutaron y toleraron pueden terminar siendo procesados por la Corte Penal Internacional (CPI), la cual tiene potestades para procesar a individualidades por la comisión de estos delitos. De hecho, su Fiscalía acaba de reconocer su presunta existencia en Venezuela.

Acceso a la Justicia: Parlamentarias a la medida del Gobierno de Maduro
A la población indígena se le cercenó su voto directo con un sistema de elección de segundo grado

A menos de un mes de las elecciones parlamentarias convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), no hay que hacer un mayor esfuerzo para explicarles a los electores venezolanos el sentido y alcance de la frase “elecciones a la medida”.

Lamentablemente esta es la conclusión a la que se llega cuando se realiza un balance de todas las medidas tomadas y articuladas desde el Ejecutivo Nacional con el resto de las ramas del Poder Público, especialmente el Judicial. De hecho, los demás poderes del estado venezolano no han dudado en prestar su apoyo irrestricto para llevar a feliz término unas elecciones cuya confección ha sido ampliamente denunciada por actores internos y externos que ponen en duda que estamos en presencia de unas elecciones de acuerdo a los parámetros democráticos.

Esa confección a la medida de las elecciones a realizarse el 6 de diciembre de este año empieza desde el modo en que se han seleccionado a los integrantes del árbitro electoral, lo cual fue hecho por la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo deJusticia (TSJ) mediante sentencia

Aunque este proceso había iniciado con buen pie, constituyéndose un Comité de Postulaciones a través de la Asamblea Nacional (AN), incluyendo a parlamentarios de ambos bandos políticos, repentinamente se distorsionó con la intervención de la Sala Constitucional, que sin mayor explicación, designó ella misma a los rectores del CNE sin cumplir con los procedimientos establecidos y usurpando funciones de la AN.  Producto de ello, nombró a dos de sus magistradas, una de ellas como presidenta del CNE, siendo conocida por ser la ponente de la sentencia que en diciembre de 2015 privó al electorado de Amazonas de contar con sus representantes ante el Parlamento.

La segunda de las medidas tomadas para configurar unas parlamentarias a la medida fue también del TSJ, esta vez no solo desde su Sala Constitucional, sino también desde la Electoral. Ambas intervinieron partidos de oposición e impusieron nuevas directivas (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Movimiento Republicano y Acción Ciudadana en Positivo).

No conforme con ello, el CNE cambió motu proprio la directiva del partido Nuvipa, y el máximo tribunal asumió la tarea de apagar el destello disidente que habían mostrado autoridades de partidos afines al chavismo como Patria Para Todos y Tupamaro; mientras que autorizó la participación en los comicios (habilitó) de partidos que habían estado en el congelador, producto de la vorágine de actos ilegales de 2016 a 2019 por los que quedaron inhabilitados una cantidad no poco significativa de partidos (75% del total de inscritos).

A la receta electoral, que ya cuenta con un cocinero (el CNE exprés) y con comensales (los partidos que intervendrán en la contienda de diciembre), hay que agregar un menú «a la carta»en el que cada plato ha sido cuidadosamente elaborado. Así, sin mayor justificación y mediante actos que no cuentan con base legal, el número de diputados de la nueva AN fue ampliado en un 66% para llegar a una cifra de 277, lo que por más que se saquen cuentas no cuadra con lo previsto por el artículo 186 de la Constitución

Además, hay que destacar que ahora los votantes no elegirán a la mayoría de los diputados por nombre y apellido (diputado nominal), sino por listas cerradas, creando una lista nacional por la cual no se sufraga directamente, sino a través del voto de la lista regional. Y como si esto no fuera suficiente, a la población indígena se le cercenó su voto directo con un sistema de elección de segundo grado.

Lo más grave es que todos estos cambios se han realizado irrespetando la norma constitucional que prohíbe modificar las reglas del juego faltando menos de seis meses para el evento electoral. Son cambios que se han valido de una autorización judicial (una sentencia que habilitó al CNE para dictar normas de rango legal) que bajo ningún concepto pueden equipararse a una ley –mucho menos modificar lalegislación vigente, que es lo que ha ocurrido– y todo esto bajo un manto de opacidad en materia del equipamiento tecnológico que será utilizado en las elecciones, lo cual en nada contribuye a generar confianza en el elector.