Acceso a la Justicia, autor en Runrun

Acceso a la Justicia

Cronología del caso de la ONG Fundaredes
Desde que los activistas fueron detenidos se han presentado una serie de irregularidades 

2 de julio de 2021

Funcionarios del SEBIN detuvieron arbitrariamente a Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, activistas de la ONG FundaREDES, junto a Jhonny Romero, representante del «Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela» (mayday CONFAVIDF), cuando estos se dirigieron a la sede del Ministerio Público del estado Falcón para denunciar el hostigamiento de fuerzas de seguridad del Estado, quienes desde la noche anterior se estaban presentando en el hotel donde se hospedaban.

Al ser recibidos en la Fiscalía Superior, los activistas de DDHH supieron de una orden de captura contra Javier Tarazona, siendo trasladados por ello a la sede del SEBIN de Punto Fijo.

Pasadas ocho horas de su detención, Jhonny Romero fue liberado, pero no los demás activistas de DDHH. Posteriormente, se conoció extraoficialmente que los habían trasladado a Caracas.

3 de julio de 2021

Un grupo de defensores de DD.HH se presentó en la sede del SEBIN de Plaza Venezuela en Caracas, junto a abogados de Foro Penal y la ONG Provea para conocer el paradero de los detenidos. Después de 24 horas, no se sabía nada oficialmente sobre los 3 activistas de FundaREDES, repitiendo así la práctica tantas veces denunciada que llevan a denunciar la eventual comisión del delito de desaparición forzada.

A las 3:00 p.m., se supo que los activistas estaban siendo presentados ante el Tribunal de Terrorismo 3ro de Control a cargo de la juez Luisa Garrido. A los 3 activistas no se les permitió el acceso a los abogados de Foro Penal designados por ellos y se les impuso un defensor público.

Aproximadamente a las 6:30 p.m., el Tribunal dictó medida privativa de libertad en contra de los 3 activistas a quienes se les acusó de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio, y se estableció como centro de reclusión el ahora llamado «Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar» (antes conocido como «La Planta»), ubicado en el municipio Libertador de la ciudada de Caracas. Sin embargo, luego de la audiencia, los activistas fueron llevados a la sede del SEBIN en El Helicoide.

05 de julio de 2021

Durante la 47° sesión del Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la detención de los tres activistas miembros de FundaRedes, y destacó que el espacio cívico en Venezuela sigue reduciéndose con casos de estigmatización, criminalización y amenazas contra miembros de la sociedad civil, medios de comunicación y de la oposición política.

2 de septiembre de 2021

Al cumplirse dos meses de la arbitraria detención de los activistas de FundaRedes, diversas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron frente a las sedes de la Defensoría del Pueblo en Táchira, Mérida, Lara, Falcón, Amazonas y Bolívar, exigiendo la libertad plena de los detenidos y solicitando información sobre el estado de salud de éstos.

Desde Táchira, Mackler García, director encargado de FundaRedes señaló que «de manera flagrante el Estado venezolano dejó a un lado las amenazas y el día viernes 02 de julio las materializó desapareciendo forzadamente a Javier, Rafael y Omar, quienes hoy están privados de libertad, sin poder tener contacto con sus familiares ni acceso a defensa privada».

7 de septiembre de 2021

Difieren audiencia preliminar de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, activistas de FundaREDES detenidos arbitrariamente el 2 de julio.

El director del Foro Penal Alfredo Romero señaló que «En esta audiencia preliminar íbamos a requerir la libertad plena de estas tres personas (…) Han pasado más de dos meses de la detención arbitraria, pero se retrasan las audiencias o se difieren y los mantienen privados de libertad»

14 de septiembre de 2021

Nuevamente y sin razón legal alguna, difieren la audiencia de los defensores de FundaRedes. El Tribunal indicó que la nueva fecha para la celebración de la audiencia sería el día 28 de septiembre.

22 de septiembre de 2021

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 discutió en sesión la detención arbitraria de los activistas de FundaRedes.

El diputado Franco Casella, vicepresidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, señaló que elevan «la voz para todos los presos políticos que viven un infierno dentro de un infierno, y también por los generales Rodríguez Baduel, Rodríguez Torres, Blanco Mora, Fernández Da Costa entre otros».

Los familiares además explicaron durante la sesión, el deterioro del estado de salud de los activistas detenidos arbitrariamente.

24 de septiembre de 2021

FundaRedes denunció que «desconoce las condiciones de reclusión de sus tres activistas» y que «la defensa de los hermanos Javier y Rafael Tarazona así como de Omar de Dios García, fue asumida por la ONG Foro Penal, la cual se encuentra a la espera de que el tribunal le permita juramentarse como sus abogados defensores».

28 de septiembre de 2021

Se difiere por tercera vez la audiencia preliminar de los tres defensores de DD.HH.

Alfredo Romero, abogado del Foro Penal,denunció que no se la ha permitido a los defensores designar abogados de su confianza.

1 de octubre de 2021

Diferida por cuarta vez la audiencia preliminar de los activistas de DDHH Javier Tarazona Rafael Tarazona y Omar García, quienes llevan 104 días detenidos. Los abogados de Foro Penal informan que aún no han tenido acceso a los detenidos, a quienes se les ha negado sistemáticamente el derecho a una defensa privada.

La audiencia fue diferida para el 13 de octubre de 2021.

13 de octubre de 2021

La audiencia preliminar fue nuevamente diferida, por falta de traslado desde El Helicoide al tribunal.

14 de octubre de 2021

Es diferida por sexta vez la audiencia preliminar de los activistas de FundaRedes. Los abogados de Foro Penal insisten en que no se les permite ver a los detenidos, negándose el derecho a la defensa.

De acuerdo al diario El Carabobeño, los activistas estarían contagiados por COVID-19 y señalan que, de manera extraoficial, «Rafael Tarazona estaría ingresado en el Hospital de Clínicas Caracas», «García estaría ingresado en la Clínica La Casona» y «pasadas las 4:00 p.m. de este jueves seguía sin conocerse el paradero de Javier Tarazona».

La audiencia se difiere para el jueves 21 de octubre de 2021.

21 de octubre de 2021

La audiencia preliminar de los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Omar de Dios García y Rafael Tarazona, activistas de FundaREDES fue diferida nuevamente. Es la séptima vez que es suspendida.

26 de octubre de 2021

Después de 117 días de detención arbitraria fueron excarcelados, con medida cautelar de presentación periódica ante tribunales cada 8 días, Omar de Dios García y Rafael Tarazona activistas de FundaRedes. Sin embargo, Javier Tarazona sigue privado de libertad en El Helicoide.

28 de octubre de 2021

La ONG Foro Penal a través de uno de sus portavoces Gonzalo Himiob informó del octavo difirimiento de la audiencia preliminar de los activistas de Fundaredes.

4 de noviembre de 2021

Por novena ocasión fue aplazada la audiencia preliminar. La organización reiteró a través de su cuenta de Twitter su petición de libertad plena para los activistas.

11 de noviembre de 2021

Voceros de Foro Penal informaron de un nuevo diferimiento de la audiencia preliminar. Este constituye la décima vez que se aplaza la audiencia, al tiempo que Javier Tarazona permanece privado de libertad, mientras su hermano Rafael y el activista Omar García se encuentran sometidos a régimen de presentación.

18 de noviembre de 2021

Se conoció del diferimiento por undécima vez de la audiencia prelimitar en contra de los activistas de derechos humanos de la organización Fundaredes.

25 de noviembre de 2021

Fue diferida por duodécima vez la audiencia preliminar contra Javier Tarazona, su hermano Javier y Omar García.

29 de noviembre de 2021

Se cumplen 150 días de la detención arbitraria de Javier Tarazona.

2 de diciembre de 2021

Al momento de cumplirse 5 meses del arresto de Javier Tarazona, se conoció del décimo tercer aplazamiento de la audiencia preliminar.

9 de diciembre de 2021

El abogado del Foro Penal Gonzalo Himiob rindió declaraciones luego de efectuada la audiencia preliminar contra los miembros de la ONG Fundaredes. Todos pasaron a juicio. En el caso de Javier Tarazona y Larry Osorio, permanecerán privados de libertad, mientras que se mantuvieron las cautelares sustitutivas (régimen de presentación cada 15 días) a Omar de Dios García y José Rafael Tarazona.

Los 4 miembros de Fundaredes fueron acusados del delito de instigación al odio. En el caso de Javier Tarazona se le agregó el delito de terrorismo.

20 de diciembre de 2021

La organización Amnistía Internacional abogó por la liberación de Javier Tarazona y lo calificó como preso de conciencia.

Cinco casos que muestran que en Venezuela sentencia mata voto
Desde 2015, el Tribunal Supremo de Justicia se ha encargado de boicotear la voluntad popular 

«Acta mata voto». En las décadas de los 70, 80 y 90 los partidos políticos minoritarios hicieron de esta frase un lema para defender una profunda reforma del sistema electoral venezolano que garantizara el respeto a la voluntad popular. Décadas después, sin embargo, parece que ya no se necesita que los miembros de mesa modifiquen el documento donde se registran los sufragios contenidos en una urna, sino que basta con una sentencia emanada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), o también vale con su silencio, para modificar la decisión de los ciudadanos, en especial cuando la misma no favorece al chavismo.

Las sentencias n.° 78 y 79 del pasado 29 de noviembre no son las primeras en las que el organismo rector del Poder Judicial deja sin efecto el deseo de la mayoría de los votantes. Estos fallos no están disponibles (solo lo está su parte decisoria), y en ellos la Sala Electoral primero ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender inmediatamente «los procedimientos y/o procesos vinculados a la totalización, adjudicación y proclamación» del Gobernador del estado Barinas; y luego estableció que se repitiera la elección de dicho cargo el próximo 9 de enero, alegando que el eventual ganador (el candidato opositor Freddy Superlano) no podía asumir el puesto, pues había sido inhabilitado para ejercer funciones públicas por la Contraloría General de la República (CGR),

Sobre el reciente caso de Barinas llaman la atención algunos aspectos. Uno de ellos es que la acción presentada ante la Sala Electoral no fue introducida por un chavista, sino por un supuesto aspirante a la Gobernación, quien es un opositor disidente, Adolfo Superlano, quien fue sancionado por los Estados Unidos por formar parte del llamado grupo de los «alacranes», aquellos legisladores electos en 2015 que intercedieron por empresarios vinculados al chavismo ante gobiernos extranjeros, por lo que fueron expulsados de sus partidos.

El segundo aspecto que asombra del caso Barinas es la rapidez con la que la instancia dio respuesta. En cuestión de horas, la Sala ordenó al CNE suspender la totalización de los votos y ordenó repetir las elecciones por la inhabilitación a Freddy Superlano arriba mencionada.

Sobre la supuesta sanción, el rector Roberto Picón ha dicho «Dejo constancia que la inhabilitación del ciudadano Freddy Superlano era desconocida para el CNE para el momento de su postulación; de más está recordar que, de haber sido notificada, hubiera sido imposible procesar la solicitud». La divulgación de un acto de un organismo público mediante su publicación en la Gaceta Oficial es un requisito indispensable para su eficacia, es decir, para su conocimiento y exigibilidad, como lo impone la Ley de Publicaciones Oficiales. La rapidez demostrada por la Sala Electoral en este caso prueba que el TSJ está presto a actuar, en cualquier momento y hora, cuando los intereses del chavismo están en riesgo.

Otro elemento llamativo de este caso es que los magistrados Indira Alfonzo, Malaquías Gil, Jhannett Madriz, Fanny Cordero y Carmen Alves recurrieron a la figura de la «ponencia conjunta» para dejar en claro que la decisión tiene unanimidad.

Llama la atención que el texto del fallo no fuera publicado de inmediato, sino simplemente anunciado el 29 de noviembre en la web del máximo juzgado y difundido mediante un escueto comunicado de prensa.

También sorprende la inmediatez con la que la Sala Constitucional resolvió negativamente la revisión solicitada por Freddy Superlano contra las dos decisiones de la Sala Electoral, mediante la sentencia n.° 732 del 8 de diciembre, en la que ratifica la constitucionalidad y vigencia del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal, y por ende desecha la petición de Superlano. Este fallo sí aparece publicado con su texto completo en la página web del TSJ.

Es más, la Sala Constitucional refuerza esta posición al expresar que

«ha dado un tratamiento deferente y respetuoso de la voluntad popular, cuando se trata de un funcionario electo, pero en el caso del peticionario, el proceso electoral no culminó con la respectiva totalización, adjudicación y proclamación, al advertirse su inhabilitación administrativa para participar en el proceso. Sin duda, el planteamiento del solicitante en el sentido de que se le violaron sus derechos particulares, choca con el privilegio que esta Sala ha dado en caso de contradicciones o antinomias, a las normas que favorecen el interés general y el bien común, debiendo aplicarse las disposiciones que privilegian los intereses colectivos sobre los intereses particulares».

Aunque en el caso de Barinas el proceder del TSJ ha sido ajeno a la Constitución y a los principios básicos de la democracia y del Estado de derecho, ya desde 2015 Acceso a la Justicia ha analizado al menos otros cuatro casos en que se ha dado el patrón de que «sentencia mata voto».

Liquidando a la AN opositora

El 30 de diciembre de 2015, a menos de un mes de los comicios legislativos en los que la oposición consiguió las 2/3 partes de la Asamblea Nacional (AN), la Sala Electoral decidió interrumpir su receso navideño y de fin de año para recibir una serie de recursos contenciosos electorales llevados por candidatos derrotados del chavismo. Ese día admitió siete, pero no solo decidió anular el que le presentó la derrotada aspirante a diputada por el estado Amazonas, sino que además les ordenó a los cuatro legisladores electos por el estado mencionado que se abstuvieran de asumir sus cargos hasta tanto la Sala determinara la veracidad de los vicios denunciados por la abanderada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y exministra de Pueblos Indígenas.

La demandante sostenía en su recurso que había habido irregularidades en la elección, tales como la compra de votos y amenazas para los electores, las cuales fueron orquestadas por el entonces gobernador de oposición, Liborio Guarulla. Para ello presentó una grabación cuyo origen y legalidad nunca fueron determinados durante el período de la anterior AN (2016-2020), teniendo cinco años para emitir una sentencia definitiva sobre el caso y, eventualmente, llamar a nuevas elecciones.

De hecho, la Sala solo dio por válidos los señalamientos temporalmente, al declarar con lugar una medida cautelar mediante la sentencia n.° 260 del 28 de diciembre de 2015 en plenas vacaciones judiciales, y obvió la jurisprudencia que mantuvo a lo largo de casi tres lustros al suspender la posesión de los legisladores que ya habían sido proclamados por el CNE, dejando así a la oposición sin la mayoría calificada en el Parlamento recién electo.

En cambio, la instancia había señalado en su sentencia n.° 59 de 2005 lo siguiente:

«El sufragio, tanto en sentido activo –elegir– como pasivo –ser elegido–, no se agota en el simple hecho de votar o resultar electo, sino que debe extenderse a su reconocimiento y, en algunos casos, a la entrega misma del poder al magistrado que ha sido electo, puesto que su desconocimiento o negativa de entregar el poder al funcionario electo, resulta, a efectos prácticos, una flagrante violación del referido derecho constitucional».

A ello agregó que: «La fase de proclamación, no sólo debe entenderse como un pronunciamiento del órgano electoral competente sobre el conocimiento de un determinado resultado electoral, sino que, necesariamente, debe incluir la investidura del elegido, cualquiera sea la modalidad de ésta: juramentación, entrega de credencial, posesión efectiva del cargo, etc».

Asimismo, desde el año 2000 la instancia venía sosteniendo que «las actas de escrutinio sólo pueden ser impugnadas, una vez que se ha producido la proclamación del candidato vencedor por el Consejo Nacional Electoral, pues es éste el acto que pone fin al proceso electoral y como tal comprende todas las fases  del mismo, incluyendo lógicamente a la de escrutinio, la cual es documentada en las actas de esa clase».

Con su decisión del 28 de diciembre de 2015, la Sala Electoral contradijo sus propios criterios y despojó a la oposición de la mayoría calificada, y abrió las puertas a un conflicto institucional que terminó con el Parlamento anulado, gracias a la tesis del supuesto desacato de los diputados a los designios del TSJ. Algo llamativo es que seis años después los magistrados no se han pronunciado sobre el asunto, pese a que desde hace más de dos años el caso está visto para sentencia.

Complicando el revocatorio

Un año después, en 2016, cuando la oposición intentaba poner en marcha el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, la Sala Electoral volvió a salir en rescate del Gobierno, y en su sentencia n.° 147 del 17 de octubre complicó al extremo las condiciones para activar la figura prevista en el artículo 72 constitucional al señalar:

«La convocatoria del referendo revocatorio requiere reunir el veinte por ciento (20%) de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados y del Distrito Capital de la República. La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital, haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial».

El fallo del TSJ no tenía sustento en la carta magna, en la cual claramente se señala: «Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley».

Para el momento en que el TSJ dictó su polémico fallo, siete de cada diez electores aseguraban que votarían a favor de revocarle el mandato a Maduro.

Enterrando el caso del estado Bolívar

En octubre de 2017 se celebraron las anteriores elecciones regionales y el candidato opositor a la Gobernación de Bolívar, Andrés Velásquez, con actas en mano denunció fraude en las mismas. No obstante, el CNE declaró ganador de los comicios al abanderado chavista, Justo Noguera, por apenas 1.471 votos de diferencia.

Semanas después, Velásquez acudió a la Sala Electoral, pero esta aún no ha respondido a su recurso contencioso electoral, a pesar de las revelaciones que hiciera en 2020 Juan Carlos Delpino, entonces directivo del CNE.

«Ahora lo puedo decir porque soy rector. El CNE estuvo a punto de proclamar a Andrés Velásquez en Bolívar. Se comprobó que hubo fraude (…) Casi desproclaman al actual gobernador. Se demostró que (Andrés Velásquez) había ganado las elecciones, estuvieron a punto de ordenar su proclamación».

Hasta los centros de estudiantes

En noviembre de 2018 el estudiante Marlon Díaz, vinculado a la oposición, lucía como el casi seguro presidente de la Federación de Centros Estudiantiles de la Universidad de Carabobo. Sin embargo, la Sala Electoral se interpuso en el medio y en su sentencia n.° 102 del 27 de noviembre ordenó a las autoridades de dicha casa de estudios que reconocieran como ganadora de dicho proceso a la abanderada chavista Jessica Bello.

Asimismo, a lo largo de la última década esta instancia ha impedido a distintas instituciones de enseñanza superior que puedan renovar sus autoridades, alegando supuestas violaciones al principio de la proporcionalidad y de la igualdad, como es el caso de las elecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV), suspendidas desde hace más de trece años.

Otro golpe a la voluntad popular y a la descentralización en Venezuela: el caso de las gobernaciones de Zulia y de Cojedes
Ambas gobernaciones fueron despojadas de poderes

El pasado 29 de junio, Nicolás Maduro pretendió convencer a los partidos de oposición, y al electorado de participar en las «megaelecciones» del 21 de noviembre bajo la promesa de eliminar la figura de los protectorados en los estados y municipios. Aunque hasta el momento ha cumplido su promesa de no imponer una figura paralela a los gobernadores y alcaldes recién electos, ha apelado a otra táctica que tanto él como el fallecido Hugo Chávez ya aplicaron en el pasado en aquellos lugares cuyo control perdieron: vaciarlos de competencias y dejarlos sin presupuesto.

Apenas tres días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara que Manuel Rosales, candidato de oposición para la gobernación del estado Zulia, obtuvo más de 590.000 votos (54,82%), el Ejecutivo central decidió arrebatarle la gestión, conservación y administración del Aeropuerto Internacional de La Chinita (Maracaibo), el Aeropuerto Miguel Urdaneta Fernández (Santa Bárbara) y el Aeropuerto Oro Negro (Cabimas); así como del Puente General Rafael Urdaneta.

Ambas decisiones fueron adoptadas por el Ministerio de Transporte, según consta en la Gaceta Oficial n.º 42.261, publicada el 23 de noviembre. A partir de ahora, la empresa estatal Bolivariana de Aeropuertos (BAER) será la que administrará las tres terminales aéreas, mientras que la vía que atraviesa el Lago de Maracaibo será gestionada por el Fondo Nacional del Transporte Urbano (Fontur).

Esta situación no se presentó solo en el Zulia, sino que un día después el también recién electo gobernador del estado Cojedes, el opositor Alberto Galíndez, se enteró por Gaceta Oficial que su despacho se quedó sin el control sobre el Aeropuerto Nacional Ezequiel Zamora, ubicado en la ciudad de San Carlos.

¿Y el entendimiento?

El despojo que sufrieron las gobernaciones no controladas por el chavismo se produjo horas después de que las autoridades recién electas acudieran al Palacio de Miraflores para reunirse con Maduro, quien informó lo siguiente:

«He recibido a los tres gobernadores electos en las filas de la oposición. Me reuní por separado con los gobernadores Manuel Rosales del Zulia, con Morel Rodríguez de Nueva Esparta y con Alberto Galíndez de Cojedes. Puedo decir que fueron tres útiles y fructíferas conversaciones, de entendimiento, con la idea del trabajo conjunto y de resolver los problemas del pueblo. Celebro estas tres reuniones, me parecen extraordinarias. Si nosotros avanzamos en esa dirección, del diálogo para la acción creo que vamos a entregar buenos frutos a la gente en materia de servicios públicos, de la seguridad y de la salud»

Sin embargo, las acciones del Poder Ejecutivo nacional van a contracorriente de lo afirmado por Maduro y parecen ser una suerte de sanción contra las entidades que no optaron por los candidatos del partido de gobierno, lo cual supone una nueva violación a la soberanía popular. Hasta ahora ninguna gobernación chavista ha visto perder alguna competencia o fuentes de recursos.

Además, las medidas van a contracorriente del espíritu y letra de la Constitución. «La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad», señala el artículo 4 del texto fundamental.

Por su parte, el artículo 16 de la carta magna ordena que la ley garantice la descentralización político administrativa, y el 158 estipula claramente que «la descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales».

No obstante, las resoluciones del Ministerio del Poder Popular para el Transporte lejos de acercar el poder a la población lo alejan y lo centralizan en Caracas.

Viejas mañas

El despojo del que han sido víctimas los estados Zulia y Cojedes no es algo nuevo. En 2008, tras perder varias gobernaciones, entre ellas las de Miranda, Carabobo, Nueva Esparta, Táchira, Lara y Amazonas, así como la extinta Alcaldía Metropolitana de Caracas, el chavismo emprendió una ola recentralizadora, sin precedentes hasta el momento. Los gobernadores salientes comenzaron a entregarle al Gobierno Nacional sus competencias.

Al Ejecutivo central esto no le bastó y por ello en 2007 acudió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para pedirle interpretar el numeral 10 del artículo 164 de la Constitución. Dicha norma establece que es competencia de las entidades federales «la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional».

La Sala, en su fallo n.º 565 del 15 de abril de 2008 , señaló que la norma constitucional

«debe interpretarse en el sentido que sólo los estados como entes político territoriales pueden ser objeto de una descentralización territorial sobre dichas materias, lo cual no excluye la descentralización funcional o la cogestión, sobre bienes y servicios cuya titularidad originaria mantiene la República (…) de ello resulta pues, que deba diferenciarse entre la titularidad de tales bienes y servicios (…) la cual puede estar atribuida al Poder Público Nacional a través del Ejecutivo Nacional o cualquier ente descentralizado funcionalmente, o a nivel estadal en los mismos términos».

Asimismo, en esta sentencia se abrieron las puertas a la intervención o directamente a la reversión del proceso de descentralización en materia de autopistas, carreteras, puertos y aeropuertos si se determina que las autoridades regionales incumplen con su función de conservarlos y se pone en riesgo su funcionamiento, por cuanto «la titularidad originaria de los mismos le corresponde a la República, conforme al ordenamiento jurídico vigente».

El pronunciamiento del TSJ orientó la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización, que el 17 de marzo de 2009 sancionó la mayoría chavista de la Asamblea Nacional. Este instrumento legal faculta al Ejecutivo Nacional a revertir por razones estratégicas, de mérito, oportunidad o conveniencia, la transferencia de las competencias concedidas a los estados, lo cual obviamente es inconstitucional.

Gracias a este instrumento, el estado Zulia durante la gestión de Pablo Pérez, candidato de oposición, perdió por primera vez el aeropuerto de La Chinita y el puente. Sin embargo, en 2018 el Gobierno decidió devolvérselo al entonces gobernador chavista Omar Prieto.

Más amenazas en el horizonte

El despojo sufrido recientemente por los estados Zulia y Cojedes podría ser apenas el comienzo de una nueva ola recentralizadora. No hay que olvidar que Maduro le presentó a la AN electa en 2020 dos proyectos de leyes, el de Ciudades Comunales y el del Parlamento Comunal.

Ambos textos, que como ha advertido Acceso a la Justicia contienen disposiciones inconstitucionales, crean figuras no previstas en la carta magna a las que se les prometen dar fondos y competencias que en la actualidad ejercen instancias como los estados y, sobre todo, los municipios.

Las decisiones contra los dos estados dirigidos por gobernadores de oposición, electos por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y los proyectos legales que tiene el Poder Legislativo en sus manos parecen revelar que el chavismo no cesará en su intento de construir el llamado Estado comunal que el fallecido Hugo Chávez pretendió incorporar al texto fundamental en su fallida reforma de 2007, que no es más que un golpe de estado a la descentralización y a la federación.

Efectos colaterales de la última reconversión monetaria: las multas del TSJ benefician al fisco nacional
Pasaron de tener un valor irrisorio a una cantidad exagerada en divisas 

Haciendo caja. Así se encuentra en la actualidad el fisco nacional gracias al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a causa de la última reconversión que ha sufrido el bolívar. La decisión de la administración de Nicolás Maduro de borrarle seis ceros a la moneda nacional ha terminado haciendo muy jugosas las multas que el máximo juzgado puede imponer al resguardo de la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales de 1988.

El artículo 25 del instrumento castiga con una sanción pecuniaria de entre «dos mil bolívares (Bs. 2.000,00) y cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00)» el llamado «desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado». En pocas palabras, aquella persona que acuda ante un juez o magistrado para denunciar que alguno de sus derechos fundamentales fue violado o corre el riesgo de serlo pero luego no impulsa el proceso de manera continua, aun cuando el TSJ se tarde años en contestar e incluso la situación planteada ya no tenga vigencia, puede ser sancionada económicamente. La norma tiene sentido en cuanto persigue evitar acciones temerarias o que la justicia se pueda utilizar como tribuna con fines proselitistas por parte de algunas personas, pero es importante que sea bien aplicada por el máximo tribunal.

Desde que el pasado 1 de octubre entró en vigor el nuevo Bolívar con seis ceros menos, las multas arriba mencionadas pasaron de tener un valor irrisorio, llegando incluso a poder pagarse con un solo billete, a equivaler a un monto entre 431 y 1.077 dólares al cambio actual publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) de 4,64 bolívares. Para ponerlo en perspectiva una multa por abandono de trámite representa hoy 285 salarios mínimos en su nivel inferior y 714 en su nivel más elevado.

La situación que se presenta en estos casos que favorece al Fisco Nacional va a contracorriente a la del grueso de los venezolanos, los cuales se acostaron siendo millonarios, nominalmente hablando, y se levantaron de la cama teniendo apenas unas decenas o cientos de bolívares, en el mejor de los casos.

Salvados por sus propios errores

¿Pero por qué la reconversión elevó el valor de las sanciones previstas en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo? Fundamentalmente porque el instrumento fija expresamente las multas en bolívares. En 2018 la Sala Constitucional reparó en este evidente detalle y puso fin a una práctica en la que venía incurriendo desde finales de 2007, cuando en vísperas de la entrada en vigor de la primera reconversión monetaria decretada por Hugo Chávez comenzó a calcular los montos de las sanciones en bolívares fuertes. «Se impone a la parte actora una multa por la cantidad de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00) o CINCO BOLÍVARES FUERTES (BsF. 5), pagaderos a favor del Fisco Nacional», como comenzó a aparecer en sus decisiones.  

Sin embargo, a medida que la inflación galopaba y se convertía en la hiperinflación que desde 2017 azota al país, la instancia encargada de interpretar la carta magna decidió dar marcha atrás y dictaminó lo siguiente en su sentencia n.° 827 del 3 de diciembre de ese año, con la cual modificó su posición sobre este ámbito:

«Tomando en consideración que la sanción establecida en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales fue expresada en bolívares y el bolívar continúa siendo la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela, el juez no puede modificar lo expresamente establecido por el legislador sin violar el principio de legalidad. En consecuencia, esta Sala Constitucional establece, con carácter vinculante, que en caso de desistimiento malicioso o de abandono de trámite la sanción aplicable por el juez de la causa será la establecida en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales vigente, es decir, multa de dos mil bolívares (Bs. 2.000,00) a cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00). Este cambio de criterio, se aplicará con efecto ex nunc, a partir de la publicación del presente fallo»

En esa ocasión la Sala consideró que la manera como está redactada la ley podría «sembrar duda sobre la cuantía de dicha sanción», por cuanto el extinto Congreso de la República al momento de dictar la norma en 1988 no tomó en consideración «el problema de la inflación, de las devaluaciones o de las reexpresiones monetarias». Sin embargo, afirmó que «no tiene cabida invocar principios como el de proporcionalidad o racionabilidad de la sanción con el propósito de corregir la desvalorización (o revalorización) de la moneda, porque objetivamente implica modificar el límite sancionador establecido por el legislador». En pocas palabras, dijo que no podía hacer lo que venía haciendo desde hacía una década.

En su momento esta sentencia le sirvió al TSJ para aumentar las multas y llenar las cuentas del fisco nacional.

Engrosando al fisco nacional

Desde octubre de este año la Sala Constitucional ha dictado treinta y dos sentencias en las que ha impuesto multas por abandono de trámite. Así lo contabilizó Acceso a la Justicia tras revisar los fallos publicados y anunciados en la página web del organismo rector del Poder Judicial. En cuatro de las sentencias publicadas en octubre (467474477 y 482), se constató que todas las sanciones impuestas fueron por el monto máximo de 5.000 bolívares o 1.160 dólares, bajo el argumento de que «la Sala juzga de suma gravedad el entorpecimiento de sus labores con la presentación de demandas posteriormente abandonadas, lo cual obliga a desviar su atención de asuntos que sí requieren de urgente tutela constitucional».

Lo llamativo de esos fallos es que los sancionados no solo son particulares sino también funcionarios públicos. De modo que en la sentencia n.° 482 del 1 de octubre, la instancia le impuso 5.000 bolívares de sanción a la fiscal 12 del Ministerio Público del estado Yaracuy, Nadexa Camacaro Carucí, por olvidarse de una acción de amparo que interpuso en septiembre de 2016 contra la decisión que en marzo de ese año dictó la Corte de Apelaciones de Yaracuy, mediante la cual envió a un centro de desintoxicación y rehabilitación a dos condenados por tráfico de drogas.

«Visto que en el presente caso se ha verificado la inactividad de la parte actora por más de seis (6) meses y como quiera que no se encuentra afectado el orden público, se advierte que tal situación debe interpretarse como la pérdida del interés de la misma», se lee en el fallo que tiene como ponente al magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos.

Pero si lo anterior no fuera suficiente, todas las sanciones impuestas antes de la entrada en vigor de la reconversión también verán su valor aumentado, pues la decisión de 2018 de la Sala Constitucional deja en claro que las reexpresiones monetarias no afectan sus montos.

La medida prevista por la Ley de Amparo tiene sentido para evitar que la administración de justicia sea ineficiente ocupándose de casos donde ya no hay interés, y así, les dé prioridad a aquellos en que sí lo hay. Sin embargo, es llamativo que, en cuatro de las acciones publicadas en octubre de este año, la Sala no haya cumplido la obligación de informarle a los accionantes si revisaría o no dichas peticiones. Por el contrario, en algunos de los cuatro casos analizados, como el que afectó a la funcionaria del Ministerio Público, los magistrados se demoraron dos años en anunciar que no lo analizarían, contrariando abiertamente lo dispuesto en la Constitución y la propia Ley de Amparo, que obligan a que este tipo de solicitudes que sean tramitadas de manera expedita.

Deficiencias estructurales en el sistema electoral venezolano según la Misión de la Unión Europea
El proceso no se ajustó a los estándares internacionales

Las condiciones en las que se celebraron las «megalecciones» del pasado 21 de noviembre representan un avance en comparación con las parlamentarias de 2020 y las presidenciales de 2018. Sin embargo, el proceso en el que se eligió a los 23 gobernadores y los 335 alcaldes, así como decenas de diputados regionales y cientos de concejales no se ajustó plenamente a los estándares internacionales en la materia; por el contrario, en él quedaron patentes las deficiencias estructurales que padece el sistema electoral venezolano que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue incapaz de subsanar. La denuncia la formuló la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en su informe preliminar sobre el proceso, presentado el 23 de noviembre por la jefe del grupo de la UE, la eurodiputada portuguesa Isabel Santos.

En el informe se lee lo siguiente:

«Entre las deficiencias se encuentran decisiones judiciales ampliamente criticadas que han afectado a la igualdad de condiciones al sustituir a los comités ejecutivos de algunos partidos y entregar sus tarjetas electorales a facciones internas que las utilizaron para presentarse a las elecciones. Además, se mantiene la inhabilitación política arbitraria de candidatos de la oposición, el extendido uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación».

Desde 2012 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) interviene partidos políticos opositores o disidentes del chavismo y designa al frente de estos a personas cercanas al Gobierno. Esta práctica no solo atenta contra el pluralismo políticocomo lo ha denunciado Acceso a la Justicia, sino que además le ha permitido al oficialismo hacerse con más tarjetas en la boleta electoral.

Por su parte, ante la cercanía de un proceso electoral la Contraloría General de la República vuelve a ejercer la potestad que le confiere el artículo 105 de su ley, para inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas a competidores del chavismo y así despejar el camino para triunfos en las urnas. El uso de ambas estrategias siembra dudas sobre la transparencia y legitimidad de los procesos comiciales.

Ventajismo descarado

La Misión de la UE constató que durante la campaña electoral la línea que divide al Gobierno y al partido en el poder continúa siendo muy difusa, por no decir inexistente.

«La campaña del partido gobernante fue predominante en todo el país, y contó con una base movilizada y en algunos casos con la participación de funcionarios públicos”, reportó el grupo observador, al tiempo que admitió que “el acceso privilegiado al combustible, así como el amplio uso de recursos del Estado, la entrega de bienes, como paquetes de alimentos, bombonas de gas o bombas de agua, afectaron a la igualdad de condiciones».

Lo anterior a pesar de que el artículo 13 de la Ley contra la Corrupción es muy claro al señalar:

«Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado, no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos o a intereses económicos particulares».

Por su parte, el artículo 70 de la misma ley sanciona con entre uno y tres años de cárcel al funcionario que utilice fondos públicos para «favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato».

Otro espacio en el cual el ventajismo a favor del Gobierno quedó claro fue en la cobertura mediática. Al respecto, el grupo de observadores señaló:

«El monitoreo de medios de la MOE-UE muestra que la cobertura del partido gobernante fue dominante y desproporcionadamente favorable en la televisión estatal, y muy significativa en las emisoras monitoreadas de radio y televisión privadas. Más allá de la cobertura desequilibrada, la presencia constante del vicepresidente del PSUV (Diosdado Cabello) en los medios de comunicación estatales, en los cuales dirigió encendidos ataques contra opositores políticos, e incluso contra un rector del CNE, va en contra de los estándares internacionales de cobertura imparcial de los medios de comunicación estatales durante los períodos electorales».

Pese a que en líneas generales valoró positivamente el trabajo del organismo comicial, en especial por establecer numerosas auditorías al sistema automatizado de votación, la MOE-UE denunció su omisión a la hora de castigar el uso de los recursos públicos para favorecer a un candidato. «En la práctica, el CNE no sancionó las violaciones a las normas de campaña y el uso de recursos del Estado», se quejó, no sin antes revelar que sus observadores constataron que en veinte estados el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) empleó fondos y bienes de gobernaciones u organismos nacionales para apoyar las aspiraciones de sus candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados regionales y ediles.

En esta ocasión algunos aspirantes no tuvieron empacho de utilizar la vacunación contra la COVID-19 para sus propios fines. «También se utilizaron las vacunaciones con fines de campaña en tres estados», reportó la Misión.

Pese a los señalamientos, hasta el momento el árbitro no ha tomado medidas respecto de esos ilícitos contra el patrimonio público ni tampoco le ha pedido al Ministerio Público y a la Contraloría adoptarlas como corresponde según el ordenamiento jurídico vigente en el país.

Coerción y control

Como si tener a todo el aparato estatal de su lado no fuera suficiente, el oficialismo también volvió a recurrir a la coacción y al control social. Así, los observadores reportaron que en 23% de los actos de campaña del PSUV que monitorearon documentaron cómo las personas eran presionadas para estar presentes.

Por su parte, el día de la votación los polémicos puntos rojos volvieron a estar presentes, pese a la prohibición del árbitro. «En 150 de las 518 mesas electorales (29 por ciento) observadas durante la votación, se reportaron problemas en torno al centro de votación, principalmente puntos rojos (22 por ciento)», figura en el informe preliminar.

Los puntos rojos vienen siendo utilizados por el oficialismo como mecanismo de control social en las elecciones, pues si los electores desean continuar beneficiándose de programas, como las polémicas bolsas de alimentos que distribuyen los Comités Locales de Planificación Local (CLAP) o los bonos que regularmente el Gobierno otorga mediante el llamado Carnet de la Patria, deben pasar por ellos antes de ir a votar para registrar su asistencia al proceso.

No hay que olvidar que durante la campaña para las pasadas elecciones parlamentarias, cuyos resultados no fueron reconocidos por buena parte de la comunidad internacional, el ahora diputado Diosdado Cabello llegó a decir: «Hay que ir a votar, porque el que no vota no come. Para el que no vote o hay comida. ¡El que no vote no come, se le aplica una cuarentena!».

Letra muerta

La MOE-UE constató además graves incumplimientos no solo a disposiciones dictadas por el CNE con relación a la paridad entre hombres y mujeres, sino también a mandatos constitucionales como el voto directo.

Los rectores electorales mantuvieron la decisión de sus predecesores de denunciar para el caso de la representación indígena una votación de segundo grado, lo que va a contrasentido de lo dispuesto en el artículo 63 de la Carta Magna, el cual reza que «El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional».          

El 26 de noviembre, cinco días después que el resto de los venezolanos, 4.334 voceros indígenas eligieron a sus representantes en los consejos estadales y municipales en ocho estados.

Acceso a la Justicia: el TSJ anuló la Constitución y desmanteló la democracia
La organización remitió un informe a propósito del III Examen Periódico Universal de Derechos Humanos

Pese a que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que el máximo juzgado es el responsable de garantizar la «supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales», el organismo rector del Poder Judicial no ha hecho más que anular la carta magna y desmantelar con sus decisiones la democracia venezolana. Así lo denunció Acceso a la Justicia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El señalamiento lo realizó la agrupación en el informe que remitió a la instancia con sede en Ginebra, Suiza con motivo del III Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos, al que Venezuela deberá someterse a finales de este año.

El comportamiento del TSJ frente a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 es para Acceso a la Justicia una clara demostración de que el Poder Judicial, comenzando por su máxima instancia, no actúa conforme a lo estipulado en el texto fundamental.

En el reporte se lee lo siguiente:

«En diciembre de 2015 los venezolanos le dieron la mayoría de la AN a la oposición. Sin embargo, esta no se había instalado aún y ya había comenzado a ser neutralizada por el TSJ, que la eliminó de facto a través de 145 sentencias, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2020».

Además, se recuerda que «Solo en 2020 el TSJ dictó veintiséis fallos contra la AN, de los que aún se desconoce el contenido de muchos. En el último lustro, el máximo juzgado emitió en promedio una sentencia cada doce días contra el Legislativo».

En el informe, se destacan los fallos 155 y 156 que la Sala Constitucional dictó en 2017, no solo porque mediante los mismos liquidó al Parlamento y el máximo juzgado se arrogó sus facultades, algo que la carta magna no le permite, sino porque además esos fallos desencadenaron una ola de protestas antigubernamentales que se prolongó por casi cuatro meses y que fue duramente reprimida por las autoridades.

Persecución a la orden del día

El TSJ no se limitó a neutralizar al Parlamento dominado por la oposición, sino que también emprendió una campaña de persecución contra sus miembros. Al respecto, Acceso a la Justicia denunció esto ante el Consejo de Derechos Humanos:

«Para mayo de 2020, más de noventa y seis parlamentarios de oposición y disidentes del chavismo, principales y suplentes, habían sufrido algún tipo de persecución política. El TSJ tuvo un rol protagónico en el caso de una treintena de diputados opositores, violando su inmunidad parlamentaria. Cinco de ellos han estado presos y para junio de 2021 al menos dos continuaban privados de libertad: Juan Requesens (con medida de casa por cárcel) y Gilberto Sojo (quien lleva más de cuatro meses detenido [para el momento del envío del informe])».

El voto en la mira

Como si no fueran suficientes los ataques a la AN, poder público que, junto a la máxima autoridad del Ejecutivo, es electo directamente por los ciudadanos y que realmente representa la pluralidad del país, Acceso a la Justicia denunció que el TSJ ha pasado el último lustro socavando el derecho al voto, pilar de cualquier democracia civilizada, pues tanto en las presidenciales de 2018 como en las parlamentarias de 2020, las salas Constitucional y Electoral no colaboraron activamente para que las elecciones se celebraran sin cumplir con los estándares internacionales y diseñando incluso una oposición «a la medida».

La organización recordó que el máximo juzgado, junto al Consejo Nacional Electoral (CNE), maniobró para neutralizar a los partidos opositores y disidentes del chavismo, a fin de acabar con cualquier posible competidor real del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Así, de sesenta y siete partidos inscritos en el CNE para diciembre de 2015, «tres años después (…) solo quedaban diecisiete partidos políticos, y de ellos solo cinco de oposición».

Como si lo anterior no fuera suficiente, de cara a las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2020, el máximo juzgado intervino e impuso directivas a nueve formaciones políticas opositoras (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Movimiento Republicano, Acción Ciudadana en Positivo y Bandera Roja) y disidentes del chavismo (Tupamaro, Patria Para Todos y Compromiso País).

Asimismo, autorizó al CNE ―designado por el mismo TSJ, por cierto―, a reformar la legislación electoral para favorecer al oficialismo, algo que logró, pues la alianza gubernamental se hizo con el 92% de los escaños de la AN, aunque solo tenía el 68% de los votos.

Para leer el informe La consolidación de un Estado de hecho en Venezuela, haga clic aquí.

Acceso a la Justicia: Tres casos que prueban que el Gobierno nacional ignora los mandatos del TSJ
Los Ministerios de Defensa y Vivienda no le pararon a sentencias del Tribunal Supremo de Justicia

En los Estados modernos, y sobre todo en las democracias funcionales, el poder estatal está distribuido entre distintos organismos. Este sistema de pesos y contrapesos busca evitar el abuso de poder y castigar eventuales desviaciones en el ejercicio del mismo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esas otras instancias ignoran las decisiones de los jueces? Obviamente los más débiles resultan afectados. Así lo están comprobando los coroneles (r) César Ricardo Bastardo Sulbarán y Omar Balda Zavarce, la exfuncionaria del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), María Elena Matos; y el propietario Juvenal Pinto, quienes pese a conseguir que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les diera la razón en los juicios que interpusieron contra distintos organismos del Estado, meses e incluso años después continúan sin ver materializados sus reclamos.

Aunque el máximo juzgado, a través de la Sala Político Administrativa (SPA), declaró con lugar las peticiones de los cuatro accionantes, las autoridades concernidas no las han ejecutado. Este incumplimiento forzó al organismo rector del Poder Judicial a dictar entre septiembre y octubre de este año dos fallos decretando la ejecución forzosa de dos de sus resoluciones, y otro instando a la ejecución voluntaria de la tercera.

El 1 de septiembre, la SPA emitió su sentencia n.° 196, en la cual ordenó al Ministerio de la Defensa que cumpla, en el plazo de treinta días continuos, su decisión contenida en su fallo n.° 968 del 8 de agosto de 2017. En dicho texto, la instancia anuló la resolución que el despacho castrense adoptó en 2014, rechazando reincorporar a los uniformados, quienes participaron en las asonadas militares de 1992, obviando el decreto presidencial que el fallecido Hugo Chávez dictó en 2012 para favorecer quienes se alzaron junto a él contra el gobierno democráticamente electo de Carlos Andrés Pérez (1989-1993).

El director del despacho del Ministro de la Defensa consideró extemporánea la petición de Bastardo y de Balda. No obstante, la instancia determinó que con este pronunciamiento el organismo incurrió «en el vicio de incompetencia, por haber dictado un acto administrativo para el cual no estaba facultado». La llamada Ley Especial de Reincorporación a la Carrera Militar y al Sistema de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 2012 (Gaceta Oficial n.° 39.858 del 6 de febrero de 2012) señalaba que era el presidente de la República quien podía aceptar o no las solicitudes de reincorporación de aquellos militares que hubieran participado en las insurrecciones militares y que por ello fueron dados de baja.

Sin embargo, pese a que han pasado cuatro años desde que la SPA ordenara el regreso a los cuarteles de los dos uniformados, este mandato no se ha cumplido. De nada han valido las sentencias que en 2018 y 2019 emitió la Sala reclamando la ejecución voluntaria de su instrucción; por ello ahora decidió declarar la ejecución forzosa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

No solo pasa en las barracas

El Ministerio de la Defensa no es el único organismo gubernamental que ignora los mandatos del TSJ. El Ministerio de la Vivienda es otro, según pudo comprobar Acceso a la Justicia al revisar la sentencia n.° 269 del 14 de octubre pasado. En ese fallo, con ponencia del magistrado Marco Antonio Salas, la SPA le dio treinta días al despacho encargado del tema habitacional para que le devolviera al empresario Juvenal Pinto un terreno ubicado en la urbanización La Florida de la ciudad de Caracas, el cual fue intervenido en 2015.

La Sala, en su fallo n.° 604 del 10 de octubre de 2019,  dejó sin efecto la resolución del Ministerio mediante la cual decretó «la ocupación temporal de un lote de terreno», por considerar que con la misma se le violó a su propietario el derecho a la defensa y al debido proceso, por cuanto no se le notificó de la misma ni tampoco se cumplió con el procedimiento diseñado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda a fin de adoptar una medida de tal naturaleza. Eso sin contar que años después de ocupado el terreno las autoridades no han construido en el mismo. Como los meses pasaban y Pinto seguía sin recuperar su propiedad, este acudió al máximo juzgado para denunciar el desacato.

En los dos casos la SPA advirtió a los titulares de ambos despachos, es decir al general en Jefe Vladimir Padrino López en su condición de ministro de la Defensa, y a Ildemaro Moisés Villarroel Arismendi, titular de la cartera de Vivienda y Hábitat, que si no daban estricto cumplimiento a sus mandatos en esta ocasión incurrirían en la infracción establecida en el artículo 122 de la Ley Orgánica del TSJ. La norma señala lo siguiente:

«Las salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multa equivalente hasta doscientas unidades tributarias (200 U.T.), a las personas, funcionarios o funcionarias que no acataren sus órdenes o decisiones, o no le suministraren oportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar».

Como si las situaciones anteriores no fueran suficientes, hay una tercera que sigue el mismo camino. Se trata de la demanda que María Elena Matos interpuso contra el INIA en el año 2011 por un accidente laboral ocurrido en 1997 en el laboratorio de biotecnología donde trabajaba y en el cual terminó expuesta a una serie de químicos y agentes que afectaron su salud. En 2018 la SPA mediante la sentencia n.° 1.112 del 1 de noviembre, le dio la razón a la exinvestigadora y consideró que su otrora empleador era responsable por los perjuicios que la accionante sufrió en el incidente y, por ello, lo condenó a pagarle  una indemnización prevista en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, más lucro cesante; así como 266 petros por daño moral.

No obstante, tres años después Matos no ha recibido pago alguno, por lo que volvió al TSJ, que le dio al INIA diez días para ejecutar voluntariamente su orden, según sentencia n.° 265 del 14 de octubre pasado.

Doble rasero

En los casos antes descritos, el máximo juzgado ha demostrado un nivel de tolerancia al incumplimiento de sus decisiones que dista mucho de la impaciencia y dureza con la que actuó en otras situaciones, como los supuestos desacatos de la Asamblea Nacional electa en 2015. Así, mientras con los órganos del Ejecutivo nacional ha soportado la inobservancia de sus decisiones durante años, con el Parlamento dominado por la oposición actuó apenas en cuestión de días.

Un ejemplo es lo ocurrido con la designación a finales de 2019 de los profesores Miguel Eduardo Albujas Dorta y Manuel Rachadell Sánchez como representantes del Legislativo ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU). La Sala Constitucional anuló estos nombramientos en su sentencia n.° 500  del 9 de diciembre de 2019, la cual dictó apenas cuatro días después de que los diputados hicieran los nombramientos.

Los parlamentarios tomaron la decisión, con base en el Estatuto para la Transición a la Democracia que dictaron a principios de ese año, y el cual también fue anulado por los magistrados de la Sala Constitucional, no solo por calificarlo como un «asalto al Estado», sino además porque consideraban que ellos estaban incapacitados para ejercer ninguna de las funciones que la Constitución les confiere, en tanto no siguieran sus instrucciones en relación con los diputados de Amazonas.

OIT presiona una vez más al Gobierno obrero para lograr libertad sindical
La organización asegura que la administración de Maduro no respeta los derechos de los trabajadores

«Las malas noticias nunca vienen solas». El «Gobierno obrero» de Nicolás Maduro está descubriendo la veracidad de este refrán, pues cuando aún trata de digerir la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, ha recibido otro duro golpe desde otro organismo de Naciones Unidas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) resolvió autorizar a su director general, Guy Rider, para que tome «todas las medidas posibles», para asegurarse que las autoridades nacionales cumplan las recomendaciones que en los últimos años esa instancia les viene formulando para garantizar la libertad sindical en Venezuela.

La decisión la adoptó el Consejo de Administración de la instancia con sede en Ginebra (Suiza), durante su 343ª reunión, celebrada el 6 de noviembre 2021, según informó el expresidente de la Federación Nacional de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), Jorge Roig, quien estuvo presente en la misma.

El representante empresarial escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter:

«En una tensa reunión del Consejo de Administración de la OIT se aprobó por consenso de los empleadores, los trabajadores y los gobiernos lo siguiente: Deplorar que el Gobierno no cumpla con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, máximo organismo de control de la OIT».

En 2019, la Comisión de Encuesta emitió un duro informe sobre Venezuela, en el cual denunciaba que el derecho de los trabajadores a asociarse en sindicatos para mejorar sus condiciones laborales y económicas, y el de los empresarios a promover sus iniciativas, no estaban siendo respetados. Asimismo, instaba al Ejecutivo nacional a impulsar «un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social». Sin embargo, en marzo pasado las autoridades venezolanas anunciaron que no acatarían dichas recomendaciones.

«El Gobierno rechaza categóricamente esta decisión tomada y no se compromete con la misma. Dejamos constancia expresa de nuestra posición. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se desvincula y no se compromete con esta decisión», declaró el entonces ministro del Trabajo, Eduardo Piñate.

Pero en esta ocasión la OIT no se limitó a condenar el desacato venezolano, sino que decidió elevar la presión sobre las autoridades nacionales para conseguir que rectifiquen; y, para ello, le encomendó a su director general que busque la manera para que el Gobierno de Venezuela dé cumplimiento a todas las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Entre las alternativas para alcanzar ese objetivo está «la opción de tener un representante de la OIT permanente en el país», aseguró Roig.

Esta es la segunda vez, en lo que va de 2021, que el organismo de Naciones Unidas especializado en temas laborales se refiere a Venezuela. A finales de marzo pasado ya aprobó un informe en el que acusó al actual Gobierno venezolano de violar los derechos de los trabajadores sobre libertad sindical, a la libre asociación,  a la contratación colectiva y a la participación tripartita en la fijación del salario mínimo nacional, entre otros incumplimientos a convenios ratificados ante la OIT por la República.

Aun así, el dictamen actual de la OIT no ha sido bien recibido por algunos sectores del mundo sindical y político. Al respecto, Rubén González, presidente del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco, afirmó lo siguiente:

«Aquí se designó una Comisión de Encuesta en 2018 que recoge todas las violaciones que hay en Venezuela. Entre ellas: despidos de dirigentes sindicales, que montan sindicatos paralelos, meten presos a trabajadores. Ese informe tenía que cumplirse, pero (Eduardo) Piñate (entonces ministro para el Trabajo) dijo que no iba a cumplirlas. En esa reunión se presentó (el actual ministro) José Ramón Rivero y ratificó la decisión de no acatar a la Comisión de Encuesta. Si no han cumplido, lo que tiene que hacer la OIT es aplicar el artículo 33 al régimen. Lamentablemente no lo hicieron y corren la arruga hasta marzo».

La opinión de González fue compartida por el exdirigente sindical y exdiputado Andrés Velásquez. «Deploro aprobación de flojo documento de la OIT, con relación a violación de derechos de los trabajadores y recomendaciones establecidos por la Comisión de Encuestas que visitó el país para verificar denuncias. Flojo, permisivo y complaciente informe con la dictadura», escribió en Twitter.

Siguiendo malos ejemplos

En los 103 años de existencia de la OIT, solo otro Estado miembro había decidido desacatar abiertamente sus recomendaciones: Myanmar (antigua Birmania).

En 1998 la Comisión de Encuesta de la OIT instó al gobierno del país asiático a erradicar el trabajo forzoso. Sin embargo, la junta militar que en esa época estaba en el poder optó por ignorarla y, por ello, en el año 2000 decidió aplicarle el artículo 33 de su Constitución:

«En caso de que un Miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las recomendaciones que pudiere contener el informe de la comisión de encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración recomendará a la Conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones».

Numerosos países occidentales y algunos asiáticos decidieron entonces reforzar las sanciones impuestas al régimen de Myanmar. Parte de ellas fueron levantadas luego del proceso democratizador que se inició a comienzos de la década pasada y que terminó con las primeras elecciones parlamentarias, celebradas en 2011. No obstante, la incipiente democracia birmana, tutelada por los militares, fue enterrada en febrero pasado cuando los generales retomaron el poder mediante un golpe de Estado.

Si el Gobierno de Maduro no cumple las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y se opone al envío de una misión de la OIT al país, se arriesga a seguir los pasos de la dictadura asiática, pues estaría abriendo las puertas a la aplicación del artículo 33 y a la imposición de nuevas sanciones.

Este último escenario no agrada a los representantes de Fedecámaras ni de los trabajadores, porque puede afectar la economía más de lo que ya está. Ambos grupos esperan más bien que la OIT sea capaz de conseguir otros mecanismos para lograr que las autoridades cumplan con los convenios suscritos con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.

Sin embargo, la posibilidad de que la instancia especializada en temas laborales logre establecer un diálogo con las autoridades venezolanas luce lejana. En 2018 el Gobierno impidió que una comisión de alto nivel de la OIT llegara al país, no permitiendo que se reuniera con la Iglesia, con sindicatos y organizaciones civiles como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).  Esta acción provocó que la OIT elevara el caso a la etapa de la Comisión de Encuesta, algo que solo había ocurrido en trece ocasiones antes en otros países.

Maquillando la realidad

En su resolución, el Consejo de Administración saludó que el Gobierno de Maduro esté instrumentando un diálogo social. Las autoridades parece que exhibieron en Ginebra los encuentros que en los últimos meses han mantenido con representantes de Fedecámaras y con sectores de la oposición política, dentro y fuera de Venezuela, como una prueba de que está buscando pactar soluciones a la grave crisis humanitaria que vive el país.

Sin embargo, algunos de esos encuentros, como los sostenidos con los empresarios no han tenido agenda ni objetivos, por lo cual pareciera que son solo gestos que han permitido al Ejecutivo nacional tener elementos para defenderse de las graves acusaciones de la OIT. Asimismo, hay que recordar que los sindicatos históricos, los más representativos del país o aquellos que disienten del Gobierno, han sido ignorados y que los encuentros tripartitos para debatir asuntos como los aumentos salariales, condiciones laborales y otros asuntos siguen sin retomarse.

El Consejo de Administración de la OIT, no obstante, está al tanto de las carencias y fallas de los diálogos impulsados por las autoridades venezolanas, por ello, en su resolución del 6 de noviembre también acordó impulsar «un foro de diálogo social» con su «asistencia y acompañamiento». La intención pareciera ser asegurarse de que ciertamente se estén cumpliendo con los lineamientos de la Comisión de Encuesta, al tener a un representante suyo no solo en la mesa, sino también en el terreno.