Acceso a la Justicia, autor en Runrun

Acceso a la Justicia

Acceso a la Justicia:
El uso de la criptomoneda creada por el régimen de Maduro para evadir las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, es ajeno a la regulación del sistema financiero y monetario del país

 

Pese a que la Constitución en sus artículos 164.4 y 179 les otorga a los estados y municipios potestades en materia tributaria, el llamado “Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal”, que 308 alcaldes suscribieron con el Gobierno central por mandato de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha oficializado el golpe contra la descentralización administrativa y el modelo federal previsto en la Carta Magna.

En virtud de ese acuerdo, el máximo juzgado, mediante sentencia n.º 118 del 18 de agosto de 2020, ordenó a los alcaldes firmantes del texto que adecuaran sus ordenanzas municipales relativas a los tipos impositivos y las alícuotas de los tributos inherentes a las actividades económicas, de industria y comercio e índole similar, así como las atinentes a inmuebles urbanos y periurbanos.

Pero como si esto no fuera suficiente, el TSJ en su decisión también instruye a los veintisiete mandatarios locales que no suscribieron el mencionado acuerdo a que lo hagan en los siguientes quince días, pero sin precisar qué medidas podría adoptar contra aquellos que se negaran a hacerlo.

Con esta decisión la Sala no solo reitera su golpe a la autonomía tributaria de los municipios, sino que avala un instrumento normativo elaborado y presentado por el vicepresidente del área económica, una instancia absolutamente ajena para ejercer la función legislativa, con el propósito de coordinar y armonizar las potestades tributarias de las distintas entidades político territoriales del país, algo que conforme al ordinal 13 del artículo 156 del Texto Fundamental corresponde a la Asamblea Nacional (AN).

El acuerdo además vulnera el principio de la legalidad tributaria, de acuerdo al cual no hay tributo sin una ley que lo regule, previsto en el artículo 317 constitucional y desarrollado en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario, que configura un límite al poder tributario del Estado. Asimismo, el texto del TSJ prescinde del principio federal al quedar los municipios del país sometidos a un sistema tributario centralizado que tiene como rector al Ejecutivo nacional con el aval del máximo tribunal.

El convenio en cuestión contiene importantes aspectos que para Acceso a la Justicia contradicen los postulados constitucionales del Estado federal descentralizado venezolano. A continuación se resaltan tres temas en ese sentido:

1.- La creación de una “instancia de trabajo y comunicación entre la comisión de Economía Productiva y Tributos del Consejo Bolivariano de Alcaldes-Alcaldesas y la Vicepresidencia para el Área Económica, a fin de coordinar de manera conjunta los estímulos fiscales que tenga a bien aplicar el Gobierno Nacional sobre cualquier rubro de la economía”.

Con esto se crea un modelo o esquema destinado a centralizar el poder tributario de los municipios, a cargo del Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas y la Vicepresidencia para el Área Económica, ambas instancias dependientes del Ejecutivo nacional, especialmente el consejo, figura creada con fines políticos por el régimen de Maduro en enero de 2019, lo que sin duda es una formalización de la supresión de la autonomía de los municipios y, en consecuencia, de la descentralización territorial contemplada en el texto constitucional. 

2.- El empleo del petro “como unidad de cuenta para el cálculo dinámico de los tributos y sanciones, cobrando exclusivamente a partir de su equivalente en Bolívares Soberanos pero con el firme propósito de avanzar en su uso como criptoactivo para fortalecer este ecosistema”.

El uso de la criptomoneda creada por el régimen de Maduro para evadir las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, es ajeno a la regulación del sistema financiero y monetario del país, cuya competencia también corresponde a la AN conforme a los artículos 156.11 y 187.1 de la Constitución, y además es contrario a esta, porque la Carta Magna establece claramente que la moneda nacional es el bolívar.

La imposición de este medio de pago a las administraciones tributarias locales configura otra vulneración a la autonomía de los ayuntamientos. Cabe destacar que el petro como unidad de cuenta comenzó a implementarse en alcaldías controladas por el partido de gobierno en 2018, especialmente en los municipios Vargas (estado La Guaira)  y  Maracaibo (estado Zulia) luego de que sus alcaldes impusieran el empleo de este medio de pago a los contribuyentes ante diversos impuestos, tasas y contribuciones en sus respectivas geografías. Paulatinamente se ha ido extendiendo a otros ámbitos a nivel nacional, lo que no ha hecho sino hacer aún más engorrosos los trámites al no ser una moneda de curso legal, ni real en el país.

3.- La creación de un “registro único de contribuyentes municipales” por parte del Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas, para “que funcione como herramienta digital de consulta, intercambio de información y monitoreo en tiempo real de empresas con sucursales en distintos municipios, evitar la doble tributación del sector industrial y verificar cualquier declaración presentada en una Alcaldía como declarada y pagada en otra”.

Esta disposición también contradice la conformación del Estado federal y desconoce los principios de descentralización territorial y de autonomía del poder municipal contemplados en el texto constitucional, tras encomendar al Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas, una instancia del Ejecutivo Nacional para controlar y manejar el área de tributación municipal de todo el país.

Es indudable que la creación de ese registro tiene un carácter centralizador, ya que concentrará todo el poder tributario de los municipios en manos del Ejecutivo Nacional por intermedio del Consejo Bolivariano, que en realidad se trata del propio gobierno central, con el objeto de someter, vigilar y fiscalizar la actividad tributaria de las entidades locales.

Por otro lado, causa también perplejidad la situación de los estados, por cuanto la Sala Constitucional guardó absoluto silencio en el fallo número 118, a pesar de que estos aparecen incluidos en la sentencia original, por lo que podría pensarse que el TSJ proseguirá próximamente con ellos, en su rol de “legalizador” de lo que decide el Ejecutivo nacional en su estrategia de control y dominación con miras a desmontar el Estado federal y fortalecer aún más el presidencialismo.

 

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Acceso a la Justicia: ¿Cómo han sido los procesos en el TSJ en contra de la Asamblea Nacional?
13% de las sentencias no han sido publicadas en su página web, lo que revela una política de opacidad institucional

 

A la luz del anuncio del indulto de varios parlamentarios de la Asamblea Nacional (AN) por parte del Ejecutivo nacional el pasado lunes 31 de agosto de 2020, quienes fueron enjuiciados, entre otros, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Acceso a la Justicia consideró importante mostrar mediante una infografía algunos datos reveladores sobre los procesos que desde el máximo tribunal se han llevado adelante en contra del Parlamento a partir del triunfo de la oposición en las elecciones de diciembre de 2015.  Los datos muestran muy claramente cómo el TSJ, y en particular su Sala Constitucional, ha estado al servicio del poder político, y no del ciudadano y de la Constitución, como es su mandato.

Desde diciembre de 2015 hasta el 10 de agosto de 2020 se ha contabilizado un total de 138 sentencias del TSJ en contra de la AN, en su mayoría emanadas de la Sala Constitucional. Los hallazgos más reveladores se pueden encontrar a continuación:

 

Lo que hace aún más evidente la parcialidad del TSJ y su servicio al poder político en los procesos llevados adelante en contra del parlamento es que 107 casos fueron resueltos en un tiempo promedio de 26,55 días cuando el chavismo hizo la solicitud. Es decir, que al máximo tribunal en esos casos no le tomó ni un mes sentenciar. En cambio, cuando las acciones fueron planteadas por la oposición, el alto tribunal procedió con indudable dilación, pues estos casos fueron resueltos con un tiempo promedio de 298,5 días. Esto significa que el TSJ se tomó casi un año para dar respuesta a las solicitudes de la oposición.     

Acceso a la Justicia | Cronología del caso de Juan Requesens
El 28 de agosto del

Juan Requesens, diputado del estado Táchira por Primero Justicia, pasó a formar parte de las estadísticas de presos políticos en Venezuela, al ser detenido en su residencia pese a su inmunidad parlamentaria, señalado de estar vinculado al intento de asesinato contra  Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018, publica Acceso a la Justicia en una cronología.

Desde esa fecha, Requesens ha sido víctima de la violación de derechos humanos, que van desde haber sido detenido sin una orden judicial, estar incomunicado casi tres días y ser sometido a tratos crueles, hasta sufrir violaciones al debido proceso, como que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenciara su enjuiciamiento sin motivar su detención en flagrancia.

7 de agosto de 2018

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron al diputado Requesens en la residencia de sus padres, ubicada en Terrazas del Club Hípico (este de Caracas), sin una orden judicial y de forma violenta. La Constitución señala que toda persona detenida debe ser puesta a la disposición de un juez dentro de las 48 horas de su detención.

Fue responsabilizado de estar involucrado en el “atentado” en contra del jefe de Estado, al supuestamente haber facilitado un contacto migratorio con uno de los implicados en el hecho. Se le trasladó a la sede del Sebin en El Helicoide.

Uno de los detenidos por el caso, el sargento retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juan Carlos Monasterios Vanegas, es quien acusó a Requesens de haberle conseguido un contacto para entrar a Colombia.

La detención estuvo al margen del estado de derecho y violó la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 200 de la Constitución, el cual establece que un diputado sólo puede ser detenido en caso de cometer un delito en flagrancia, y además estipula que se le debe trasladar a su residencia, y no a una prisión o en la sede de un órgano de seguridad del estado.

8 de agosto de 2018

El Tribunal Supremo de Justicia declaró la procedencia del enjuiciamiento de Requesens. Según la nota de prensa publicada por el máximo tribunal se indicó que existen “suficientes elementos de convicción para estimar la comisión de delitos de naturaleza permanente” por parte del diputado.

En la decisión, el TSJ estableció como flagrante su detención y ordenó su custodia a los cuerpos de seguridad del Estado, hasta tanto la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) decidiera el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.

Ese mismo día, la ANC levantó la inmunidad a Requesens.

9 de agosto de 2018

El diputado de PJ, Julio Borges, denunció que su residencia, y la de Requesens y el concejal del municipio Cárdenas, Julio Mora, fueron allanadas por funcionarios del Sebin sin orden judicial.

10 de agosto de 2018

El ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, difundió un vídeo de Requesens en el que señala que puso en contacto a uno de los supuestos organizadores del atentado contra el jefe de Estado con un agente migratorio para que facilitara su ingreso al país.

Ese mismo día, el periodista Alberto Rodríguez difundió un segundo vídeo de Requesens, que según dijo fue suministrado por funcionarios del Sebin, donde se ve al diputado confuso, en ropa interior aparentemente manchada de heces, y sin pronunciar palabra.

Sus familiares y la Asamblea Nacional denunciaron tratos crueles e inhumanos, pues la grabación filtrada busca humillar al diputado.

11 de agosto de 2018

El presidente Nicolás Maduro difundió otro extracto del vídeo hecho a Requesens por el Sebin, donde señala haber tenido contacto con Rayder Alexander Russo, uno de los señalados como autor material del atentado presidencial.

Para este día, fue fijada la audiencia de presentación de Requesens. Su abogado, Joel García, informó que fue diferida “sin que se indicaran las razones”. Detalló que es usual “que por algún motivo” se difiera una audiencia”, pero en ese caso la juez no comunicó el motivo.

Para ese momento, el abogado indicó que no había tenido acceso al diputado ni a las actas del expediente, poniendo en evidencia que las declaraciones tomadas en video del mismo se habían realizado sin que estuviera asistido por abogado o constara que renunciara a ese derecho.

12 de agosto de 2018

A casi 100 horas de haber sido detenido, ese día Requesens habló por teléfono con su familia que lo reclamaba como “desaparecido”. Según un comunicado de Primero Justicia, durante la llamada les comentó sobre su estado y realizó algunas solicitudes de implementos para aseo personal. Pasado sobradamente el lapso dado por la Constitución para presentarlo ante un tribunal, esto no había ocurrido hasta ese momento.

13 de agosto de 2018

El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, informó que este día se cumplió la audiencia de presentación de Juan Requesens. La misma comenzó con varias horas de retraso, por lo que fue diferida la madrugada del día siguiente. El diferimiento de audiencias ha sido la regla en este tipo de casos, en violación de los derechos de los detenidos.

Este funcionario adelantó que la Defensoría está llevando a cabo investigaciones para determinar si el parlamentario fue víctima de tratos crueles e inhumanos, como lo denuncian sus familiares, quienes aseguraron que el diputado estaba siendo coaccionado por los funcionarios del Sebin.

 

Durante esa jornada el TSJ publicó la sentencia del caso Requesens. Nuestro director Alí Daniels, precisó que la misma no alude ni a la desaparición forzosa de la que fue objeto el diputado —que permaneció más de 100 horas incomunicado luego de ser detenido—, ni a los elementos probatorios que sustenten la aprehensión sin orden judicial.

Explicó que la sentencia enfatiza el hecho de que un delito continuado permite la detención en flagrancia, y que por tanto no era necesario el antejuicio de mérito que le correspondía a Requesens por ser un diputado. Añadió que además el TSJ no motivó cuáles son las razones que justifiquen que existió flagrancia, porque no precisó qué tiene que ver el parlamentario con el delito continuado, y por qué es parte del mismo.

14 de agosto de 2018

La audiencia de presentación fue diferida a la 1:00 de la mañana para el mismo día a las 2:00 pm. Al término de esta primera audiencia, la Fiscalía le había imputado siete delitos a Requesens: instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo y traición a la patria.

En horas de la tarde la audiencia fue retomada. El abogado del diputado, Joel García, declaró al término de la misma, que se ordenó privativa de libertad y se estableció como lugar de reclusión la sede del Sebin.

Además se ordenó “la confiscación de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, así como la congelación de cuentas, prohibición de enajenar y gravar”, explicó al denunciar que el patrimonio del parlamentario fue puesto a la orden de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada.

García relató que durante la audiencia Requesens se declaró inocente, y habría señalado: “Yo me declaro inocente. Dos cosas sostienen a este régimen, primero: los organismos de seguridad, dominio de la fuerza, y segundo: el brazo judicial que son ustedes”.

15 de agosto de 2018

El abogado del diputado, Joel García, anunció que se apelará la detención “arbitraria” de Requesens, porque no existe la flagrancia o delito permanente que se le atribuye.

García además dio detalles de lo ocurrido en la audiencia de presentación, al señalar que el parlamentario declaró no recordar haber hecho el video que ha sido difundido por el Gobierno –en dos partes–, y negó que la tercera grabación, que el presidente Nicolás Maduro señaló que se trataba de un reconocimiento médico, se tratara de un chequeo sobre su estado de salud, porque aseguró que fue un funcionario del Sebin quien le entregó y le ordenó ponerse la ropa que tenía en ese momento.

El defensor además refiere que ambas grabaciones no fueron incluidas en la investigación, ya que la jueza no las mencionó durante la audiencia.

17 de septiembre de 2018

La defensa y familiares del parlamentario denunciaron que Requesens está siendo sometido a tortura psicológica, pues permanece incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide.

1 de octubre de 2018

El abogado defensor Joel García, informó en su cuenta de Twitter que tuvo acceso al expediente de Requesens tras 53 días de haber sido apresado. Denunció que en el mismo no reposa la acusación que debió haber hecho la Fiscalía General máximo el pasado 28 de septiembre, fecha en la que se venció el plazo legal de 45 días para acusar a un detenido.

Aseguró que pudieron verificar que ante la URDD (Unidad de Recepción y Distribución de Documentos) no fue consignada la acusación, por lo que de inmediato intentaron solicitar su libertad inmediata ante el tribunal, pero el mismo se negó a recibir la petición, “alegando que ellos habilitaron el día viernes (28/09) sólo para recibir la acusación”, y que “eso no era una emergencia”.

García señala que aunque saben “que no es cierto que el tribunal haya habilitado el 28/9 para recibir la acusación (…) el tribunal dice haberla recibido”.

11 de octubre

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar de protección en favor de Requesens. El organismo solicitó al Gobierno “se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, a la vida e integridad personal en el contexto de privación de libertad en el que se encuentra, asegurando que no sea objeto de actos de violencia en su contra”.

La Comisión también pidió que se permita el acceso al país de un organismo o entidad internacional con carácter independiente e imparcial, con competencia en la materia, para que verifique las circunstancias en las que se encuentra el parlamentario.

 

Además instó al Gobierno a informar, dentro de un lapso de 15 días contadas a partir de la publicación de la resolución, sobre la adopción de las medidas.

27 de octubre de 2018

Familiares de Requesens denunciaron que requiere atención médica, pero al momento las autoridades se niegan a garantizarle el derecho a la salud. Su padre, Juan Guillermo Requesens, señaló que además tampoco se le ha permitido el acceso a su equipo de abogados.

30 de octubre de 2018

Su abogado informó que fue llevado a un centro hospitalario para atenderle la infección dental que padece desde hace 16 días.

8 de noviembre de 2018

El abogado de Requesens informó que por primera vez, después de 93 días de detención arbitraria, le fue permitido a la defensa del diputado poder acceder a él por un lapso de 30 minutos

12 de noviembre de 2018

El abogado defensor de Requesens informó que pudo reunirse por segunda vez con el diputado, desde su detención en agosto.

16 de noviembre de 2018

La esposa del Requesens, Orianna Granati, informa que, por primera vez desde la detención del diputado, pudo visitarlo con su familia.

25 de noviembre de 2018

El abogado de Requesens informa que el Tribunal que encarceló al diputado, tiene 104 días sin despachar.

26 de noviembre de 2018

El Tribunal fija audiencia preliminar para el día 18 de diciembre.

03 de diciembre de 2018

Abogado del diputado, Juan Requesens, indicó que después de 111 días pudo tener acceso a la acusación del parlamentario, a su vez que aseguró que no hay elementos de convicción para afirmar que es participe de los hechos que se le imputan.

18 de diciembre de 2018

Fue diferida la audiencia preliminar del Diputado, y el tribunal reprograma la celebración de la audiencia para el día 24 de enero de 2019.

Para leer la cronología completa ingrese a Acceso a la Justicia

Acceso a la Justicia | COVID-19 en Venezuela: la excusa perfecta para reforzar el control policial y militar de Maduro
Los decretos de estado de excepción y emergencia económica sin control le han permitido a Maduro ejercer funciones que no le han sido otorgadas por la Constitución

 

La democracia venezolana no gozaba de buena salud antes de la COVID-19. Sin embargo, la aparición del coronavirus ha ofrecido a las autoridades venezolanas una excusa perfecta para terminar de enviar a terapia intensiva al malherido Estado de derecho, al tiempo que les ha permitido reforzar el control territorial que han levantado mediante militares y policías, sobre todo, desde la derrota que sufrieron en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.

La administración de Nicolás Maduro dictó el 13 de marzo de 2020 su decreto 4.160, mediante el cual declaró el estado de alarma, bajo el pretexto de adoptar:

«medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la población venezolana, a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus y sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se originen»

Con esta decisión Venezuela se convirtió en el único país de la región en el cual rigen dos estados de excepción de manera simultánea.

No se puede olvidar que desde enero de 2016, es decir, casi desde que comenzó a sesionar la Asamblea Nacional (AN) controlada por la oposición, el país está bajo una emergencia económica, que se ha mantenido gracias al aval de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aun sin tener la aprobación del Parlamento exigida por la Constitución.

El máximo juzgado no ha tenido problemas en permitir que una situación extraordinaria se convierta en cotidiana, al autorizar la prolongación indefinida del estado de excepción, pese a que la Carta Magna, en su artículo 337, establece que los estados de excepción por emergencia económica tendrán «una duración de sesenta días prorrogables por un plazo igual», y a que el artículo 5 de la ley que los regula señala que «toda medida de excepción debe tener una duración limitada a las exigencias de la situación que se quiere afrontar, sin que tal medida pierda su carácter excepcional o de no permanencia».

Poder total y sin control

Los decretos de estado de excepción y emergencia económica sin control le han permitido a Maduro ejercer funciones que no le han sido otorgadas por la Constitución. Así, en estos cuatro años desde el Palacio de Miraflores se ha dictado la Ley de Presupuesto Nacional, aprobando créditos adicionales o transferencias de partidas, así como también se han contratado empréstitos internacionales y designado funcionarios (embajadores) sin necesidad de pasar por el Parlamento. Esto pese a que estas potestades corresponden constitucionalmente a los legisladores.

¿La razón? El visto bueno del TSJ, con la excusa del «desacato» que ha impuesto a la AN por el caso de los diputados de Amazonas, ha dado luz verde al Ejecutivo para asumir funciones de la Cámara.

Estas resoluciones no solo le han permitido a Maduro tomar decisiones que en circunstancias normales no podría, sino de paso hacerlo sin ningún tipo de supervisión ni rendición de cuentas, porque en los decretos se ha bloqueado precisamente la posibilidad de que los diputados puedan ejercer sus funciones de control, al impedírseles citar a funcionarios o censurarlos cuando consideran que han errado en sus labores.

Más represión

Pero si lo anterior fuera poco, el estado de alarma además ha permitido a las autoridades desarticular cualquier intento de expresión de malestar organizado, y de paso, reforzar su control territorial, al restringir derechos como el de libre tránsito y circulación de personas para evitar la propagación del virus.

En el artículo 7 del decreto de alarma con sus respectivas prórrogas, vigentes desde el 13 de marzo de 2020, se lee que:

«El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela podrá ordenar restricciones a la circulación en determinadas áreas o zonas geográficas, así como la entrada o salida de éstas, cuando ello resulte necesario como medida de protección o contención del coronavirus COVID-19».

Aunque estas medidas no han servido para que los ciudadanos exterioricen su malestar por la situación económica o la falla de los servicios públicos, sí ha impedido que lo hagan de manera masiva y organizada como en el pasado reciente. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en junio y julio se registraron treinta y seis y veintidós protestas diarias en el país, respectivamente. Otro dato revelador de los estudios de esta organización es que la protesta por razones políticas ha desaparecido de la agenda, pero no así la represión por parte de las autoridades a cualquier tipo de disidencia y crítica.

Cientos de personas han sido detenidas por incumplir las restricciones impuestas por el Gobierno; solo a principios de agosto casi 200 terminaron tras las rejas por participar en fiestas, según las autoridades.

No obstante, no solo presuntos ciudadanos inconscientes han sido aprehendidos a lo largo de los últimos meses, sino también decenas de ellos que han aprovechado para expresar su malestar en las calles por problemas como la falta de combustible o los deficientes servicios de agua o luz.  Otro tanto que ha cuestionado en redes sociales la respuesta oficial a la pandemia o denunciado el estado de la salud pública, también ha terminado en un calabozo. El Foro Penal Venezolano contabiliza hasta el 31 de julio 281 arrestos de esta naturaleza.

Asimismo, a muchos de los detenidos se les han violentado sus derechos al debido proceso, a la defensa y las garantías judiciales, por cuanto no se les ha presentado a tiempo en los tribunales o no se les ha permitido entrar en contacto con sus abogados de confianza.

El comportamiento de las autoridades venezolanas durante la pandemia va a contracorriente de lo establecido por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual recordó que los Estados no pueden utilizar los estados de excepción de «manera genérica, sin antes justificar de manera estricta la existencia de una situación de emergencia excepcional», y, por ende, la declaración de estado de emergencia excepcional para hacer frente a la dispersión de la pandemia del coronavirus:

«No debe utilizarse para suprimir un catálogo indeterminado de derechos o ad infinitum, ni para justificar actuaciones contrarias al derecho internacional por parte de agentes estatales, por ejemplo, el uso arbitrario de la fuerza o la supresión del derecho de acceso a la justicia para personas que sean víctimas de violaciones a derechos humanos en el contexto actual».

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La pandemia por la COVID-19 no solo representa un riesgo para la salud de los ciudadanos, sino también para sus derechos, en particular en Venezuela, debido a los deseos de las actuales autoridades de perpetuarse en el poder a toda costa.

Las restricciones impuestas bajo el estado de alarma, aunque a primera vista son razonables y comprensibles a la luz del reto que supone la enfermedad, están siendo aprovechadas por la administración de Maduro para reforzar su control, al tiempo que impide a sus adversarios movilizarse y organizarse.

Desde Acceso a la Justicia consideramos oportuno recordar la frase del expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, quien aseguró que «La libertad no está a más de una generación de extinguirse. No se la transmitimos a nuestros hijos a través de la sangre. Debemos luchar, protegerla y entregársela a ellos para que hagan lo mismo». 

TSJ reconoce que la justicia militar no se debe aplicar a civiles
De acuerdo  a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho 

Los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución venezolana y organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas establecen claramente que la justicia militar no se debe aplicar a civiles de manera alguna. Aun así, es una práctica que existe en Venezuela.

El uso de la justicia militar contra los civiles se hizo rutina, en particular durante la ola de protestas antigubernamentales registradas en 2017, lo cual coincidió con el deslinde de la ahora fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, del Gobierno de Nicolás Maduro.

Ante la negativa de la funcionaria a procesar a los manifestantes, desde el Palacio de Miraflores se recurrió a los jueces castrenses, ya que estos son nombrados por el Ministro de Defensa en contra de lo establecido por la Constitución, es decir, por el Ejecutivo Nacional, al igual que el fiscal general militar y la defensa pública militar, por lo que, aunque cueste imaginarlo, tienen aún menos independencia que el sistema de justicia ordinario, aplicable a civiles.

El resultado en ese año fue que 786 civiles fueron presentados ante tribunales militares. Por su parte, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) envió a la justicia militar a un diputado de oposición de la Asamblea Nacional, Gilber Caro, quien después de haber sido liberado dos veces volvió a prisión a finales de 2019 y todavía  sigue preso en 2020.

Esta política les ha valido a las autoridades no pocas reprimendas internacionales. Así por ejemplo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en al menos dos de sus informes sobre la situación del país ha condenado esta práctica, al afirmar que «La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial».

Quizás atendiendo a este pronunciamiento, finalmente el pasado 30 de julio la Sala de Casación Penal del TSJ en sus sentencias 70 y 71, expresó lo siguiente:

«el juez militar no es el juez natural para el procesamiento penal de civiles, en razón de no reunir los requisitos constitucionales y legales para el sano desempeño de la función jurisdiccional, respecto a los no militares y menos aún en delitos distintos a la naturaleza militar, en el entendido que la jurisdicción militar tiene como propósito el mantenimiento del orden y la disciplina dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del juzgamiento de los delitos castrenses cometidos por militares en funciones».

Estas sentencias se refieren a las solicitudes de avocamiento que los defensores de diez exfuncionarios y extrabajadores de la estatal Minería de Venezuela (Minerven) le presentaron en abril de 2019. Los accionantes denunciaron que a sus clientes, quienes permanecen detenidos desde 2017, señalados de participar en la sustracción de veintiuna barras de oro, se les estaba violando su derecho a ser procesados por sus jueces naturales, pues estaban esperando que un juez castrense los enjuiciara.

Al respecto, la Sala ordenó al Tribunal Militar Quinto de Control de Maturín que enviara los expedientes de los extrabajadores de la filial de la Corporación Venezolana de Guyana (CVG) a la presidencia del Circuito Judicial Penal de Monagas, para que esta los entregara a un juez penal ordinario, no sin antes advertir que «de persistir las actuales condiciones, se les estaría cercenando [a los acusados] el derecho a ser juzgados por sus jueces naturales».

¿Poniendo orden o simulando?

Con estas decisiones, el TSJ parece retomar la línea jurisprudencial que comenzó a trazar a partir de la entrada en vigor de la Carta Magna de 1999, que en su artículo 261 es clara al señalar que «la comisión de los delitos comunes, violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar».

Es llamativo también que en esta ocasión la Sala de Casación Penal no solo apeló a la Constitución y a sentencias anteriores suyas, sino también a pronunciamientos de la CIDH y de la Corte IDH. Esto no es poca cosa, porque a lo largo de las últimas dos décadas el máximo juzgado no solo ha desconocido las decisiones de los organismos regionales de protección de derechos humanos, sino que además las ha desacatado, e inclusive en su momento, abrió las puertas para que el país saliera de la jurisdicción de la Corte en 2013 con la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

No obstante, ya en 2017, la Sala de Casación Penal en su sentencia n.º 423 de noviembre de ese año había establecido que «ante la condición de civil del procesado, debe imperar la supremacía de la jurisdicción penal ordinaria», aplicando este criterio en un caso en el cual el imputado era acusado del delito de traición a la patria, que se encuentra tanto en el Código Penal como en el Código Orgánico de Justicia Militar (COJP), al considerar que en tal circunstancia debía prevalecer el fuerodel imputado, es decir, el civil. Se trata, pues, de un caso similar al de las recientes sentencias 70 y 71, y aun así, ha habido decisiones como las de la Sala Plena respecto de Gilber Caro.

Por ello, deben tomarse con cautela los fallos 70 y 71, antes comentados, de la Sala de Casación Penal, pues, aunque aparentemente no señalan excepciones a la falta de competencia de los tribunales militares para juzgar a civiles, lo cierto es que en principio aplicó el criterio expuesto en un caso en el que coexiste el mismo delito en los textos normativos ya indicados. Dicho de otra manera, ¿su decisión sería la misma si el delito estuviera previsto solo en el COJP y no también en el Código Penal?

En otras palabras, ¿si un civil comete un delito exclusivamente militar no es enjuiciado ante la jurisdicción militar? Según ha aclarado la CIDH, no debe serlo porque un civil no puede cometer delitos militares, y si se lo imputa por ello significa que se le está queriendo aplicar la justicia castrense, lo que como ya se dijo anteriormente en ningún caso puede ocurrir, pero los jueces de la Corte Marcial, e incluso su presidente, en una audiencia ante la CIDH sostuvieron que esto se ha hecho en Venezuela, y además, es válido, citando el caso de Gilber Caro.

¿Qué pasó en el caso del sindicalista Rubén González?

El martes 11 de agosto de 2020 la Corte Marcial ratificó la condena a más de cinco años de prisión que un juzgado castrense le impuso al secretario general delSindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco, Rubén González, a finales del año pasado.

Acceso a la Justicia considera llamativo que, pese a los recientes fallos de la Sala de Casación Penal, la Corte Marcial haya tomado la decisión contra el sindicalista González.

Esto ratifica que se debe esperar a un nuevo caso ante el TSJ para confirmar si realmente el criterio es absoluto, como debería ser, o si por el contrario es simplemente la reiteración de un criterio estrecho que sigue permitiendo el juicio de civiles por tribunales militares cuando coexiste el delito en el COJM y en el Código Penal.

Así por ejemplo si la Sala de Casación Penal se pronunciara sobre Rubén González, en el supuesto que la defensa del sindicalista recurriera contra la sentencia de la Corte Marcial ante esa Sala, – dado que se trata de una imputación por un delito que violaría el COJM y no el Código Penal-, quedaría claro según el pronunciamiento del TSJ, si realmente el criterio es el de no imputar de ninguna manera a civiles bajo la justicia militar, o si solo se aplica cuando hayan cometido supuestos delitos contemplados en ambos códigos.

Pueblos indígenas en Venezuela pierden su derecho al voto secreto y directo
Ahora los representantes a la AN serán elegidos por integrantes de las comunidades indígenas, por medio de asambleas comunitarias 

Los pueblos indígenas volverán a ser ciudadanos de segunda, porque el próximo 6 de diciembre no podrán elegir a sus representantes a la Asamblea Nacional (AN) de la misma manera que el resto de los 19 millones de venezolanos habilitados para votar. Esto gracias a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de cambiar el sistema electoral para escoger a los representantes de los pueblos originarios ante el Parlamento.

En el Reglamento Especial para Regular la Elección de la Representación Indígena en la Asamblea Nacional 2020, contenido en la resolución n.° 200630-0024 del 30 de junio de 2020 se aprobó un procedimiento especial que incorpora un conjunto de medidas novedosas pero imprecisas para la elección de los diputados indígenas en las parlamentarias, y cuyo contenido vulnera lo establecido en Constitución.

La Carta Magna de 1999 estableció una representación mínima para los pueblos originarios en las esferas políticas nacional, estadal y local como parte de su derecho a la participación política. En el caso del Parlamento Nacional, el texto fundamental fijó en tres los diputados que corresponden a las distintas etnias y ordena que sean elegidos «respetando sus tradiciones y costumbres».

Para ejercer este derecho político, la Constitución, en su Disposición Transitoria Séptima, prevé unas normas y principios. Fija requisitos para la postulación de las candidaturas, así como la definición de las circunscripciones electorales; sobre todo, establece que la selección se debe realizar mediante el voto directo, pues indica que los nominados «estarán en el tarjetón de su respectivo Estado o circunscripción y todos los electores y electoras de ese Estado podrán votarlos o votarlas». Esas condiciones fueron posteriormente desarrolladas en 2009, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).

Sin embargo, el nuevo reglamento especial obvia estos lineamientos y fija un peculiar y complejo sistema electoral que no garantiza la participación política del pueblo indígena. Asimismo, a partir de esa reglamentación, el CNE se convierte en un «legislador», usurpando las funciones exclusivas de la AN con el aval de la Sala Constitucional, gracias a su decisión 068 del 5 de junio, en la cual le ordenó establecer «un sistema de elección de los representantes indígenas en consonancia con los usos y costumbres ancestrales de estas comunidades».

Sin voto directo

El reglamento pauta que los representantes indígenas a la AN serán elegidos única y exclusivamente por los integrantes de las comunidades indígenas, por medio de asambleas comunitarias por cada población. De hecho, el artículo 16, concretamente indica lo siguiente:

«Las Asambleas Generales como espacios de participación libre y directa, estarán conformadas por los voceros y voceras electos y electas del seno de los pueblos y comunidades indígenas de las Asambleas Comunitarias. Se conformará una Asamblea General por cada entidad federal de la Circunscripción Indígena. Los voceros y voceras reunidos en Asambleas Generales, tendrán la potestad de elegir en total un Diputado o Diputada como Representación a la Asamblea Nacional por los Pueblos y Comunidades Indígenas, por región».

Esta disposición viola el derecho al sufragio de los miembros de los pueblos originarios, pero también dos principios fundamentales de la Carta Magna. El primero, contenido en el artículo 5, el cual establece que «la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público», y el segundo en el artículo 6, que estipula: «El gobiernode la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables».

El CNE no define en el mencionado reglamento especial cómo se elegirán los voceros que participarán en las «asambleas generales», pues deja esta regulación a manos de otro instrumento normativo denominado Manual de Funcionamiento de las Asambleas Comunitarias (artículo 11), sin indicarse, por cierto, quién lo aprobará, pese a que solo faltan cuatro meses para la celebración de las parlamentarias.

El sistema diseñado por el árbitro electoral configura, sin lugar a dudas, una elección de segundo grado o indirecta, que es incompatible con el carácter universal y democrático del sufragio contemplado en el artículo 63 constitucional. Para Acceso a la Justicia, el reglamento especial aprobado por el CNE exprés atenta contra la libertad política del cuerpo electoral indígena, al imponer restricciones a su capacidad electoral, luego de excluirlo de la calidad de elector para elegir directamente a sus autoridades representativas a la AN.

A mano alzada

Por su parte, el artículo 17 del texto indica que la forma de votación para la designación de los voceros se realizará a mano alzada, y se sujetará a lo dispuesto en el Manual de Funcionamiento de las Asambleas Generales para la designación de los Voceros y Voceras para la Elección de los Diputados y Diputadas de la Representación Indígena a la Asamblea Nacional 2020. Esta disposición viola una de las condiciones del sufragio: el secreto del mismo.

El voto secreto es una conquista de la democracia que significa que el elector emite su voto sin que ninguna persona pueda conocer su preferencia electoral, pero, tal como aparece dispuesto la manera de escogencia de los delegados, que a su vez designarán los representantes de los pueblos indígenas a la AN, realmente no se impide que se conozca el contenido del voto de los electores, lo que puede generar un gran temor, y más aún después de la experiencia que se vivió en el país con las listas Tascón y Maisanta en el revocatorio presidencial de 2004.

No estando recogido en las normas dictadas por el CNE el carácter del secreto del sufragio, no hace más que poner en peligro la libertad del cuerpo electoral indígena para votar o no, dado que los electores podrían estar sujetos a algún tipo de coacción física o psicológica para que las personas escojan a determinados candidatos, configurándose otra flagrante violación al derecho de libertad del sufragio contenido en el artículo 63 constitucional.

Cambiando las reglas a mitad del juego

Por si lo anterior no fuera suficiente, el CNE con su reglamento desconoce la prohibición constitucional de modificar la normativa electoral seis meses antes de la celebración de unos comicios (artículo 298), una situación que está muy lejos de garantizar la estabilidad, seguridad jurídica, transparencia y confiabilidad, principios democráticos que demanda toda elección.

Este incumplimiento puede dar lugar a la manipulación del sistema electoral indígena y, por ende, a la del resultado final de la votación, sobre todo cuando la escogencia de la representación indígena a la AN se llevará a cabo mediante un procedimiento y cronograma electoral paralelo y distinto del resto de la elección de los representantes parlamentarios, lo cual es evidentemente excluyente, discriminatorio y, por supuesto, contrario a la Constitución y los estándares internacionales para elecciones auténticas, libres y justas.

Excediéndose de las disposiciones constitucionales, el CNE adopta unas medidas que buscan desconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas como parte de la política del régimen de Nicolás Maduro impuesta luego de la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2015.

Acceso a la Justicia: TSJ golpea descentralización tributaria de los municipios y estados
La Sala Constitucional decidió usurpar la función legislativa de la Asamblea Nacional 

El pasado 7 de julio el máximo intérprete de la Carta Magna propinó otro golpe contra el Estado constitucional de derecho, luego de que en la sentencia n.º 78 ordenara la suspensión por noventa días de las normas tributarias de los municipios y estados.

La Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó además al vicepresidente sectorial del Área Económica, Tareck El Aissami, que conformara una mesa técnica con los gobernadores, los alcaldes y el jefe de gobierno del Distrito Capital «a fin de coordinar los parámetros dentro de los cuales ejercerán la potestad tributaria, en particular, para armonizar los tipos impositivos y alícuotas de los tributos».

La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que desaplica la potestad tributaria constitucional de los municipios y estados se produce a partir de un recurso de nulidad, junto con un amparo cautelar presentado en 2019 para impugnar las ordenanzas Reforma de la Ordenanza de Creación de las Unidades de Valores Fiscales en el Municipio Chacao del Estado Miranda y Reforma de la Ordenanza sobre Convivencia Ciudadana del Municipio Chacao, dictadas por el Concejo Municipal del municipio Chacao a través de las cuales efectuaban cobros de tributos y sanciones fijadas al tipo de cambio de referencia que establece diariamente el Banco Central de Venezuela (BCV).

Acceso a la Justicia considera insólito que después de casi un año desde que la SC admitiera el mencionado recurso de nulidad y ordenara suspender temporalmente  ambas leyes municipales en la sentencia n.º 250 del 8 de agosto de 2019, extendiera por iniciativa propia los efectos de esa suspensión contra todas las normas tributarias de los municipios y estados del país.

Para sustentar la adopción de esta medida suspensiva, la Sala de manera arbitraria decidió usurpar la función legislativa de la Asamblea Nacional (AN), por cuanto hasta la fecha el Parlamento no ha dictado la legislación para coordinar y armonizar las potestades tributarias de las distintas personas político territoriales del país, a que se refiere el ordinal 13 del artículo 156 constitucional.

Violaciones contra los poderes municipal y estadal

Las repetidas y cada vez más frecuentes violaciones al Texto Fundamental venezolano por parte del TSJ ponen aún más en riesgo el ya debilitado Estado federal venezolano tras negar la autonomía tributaria de los municipios y estados, que es la facultad de crear, organizar, recaudar, administrar y controlar tributos.

El Estado federal aparece proclamado en el artículo 4 de la Constitución, y apunta hacia la distribución vertical del poder público, estableciendo niveles políticos territoriales, que en el caso venezolano está estructurado en República-estado-municipio. A su vez, a cada nivel político territorial le corresponde una autonomía política, administrativa, legislativa, financiera y tributaria. Cada autonomía, así mismo, comporta funciones propias que se ejercen con plenitud.

Al respecto, Acceso a la Justicia observa cómo la SC con la sentencia n.º 78 desmanteló aún más al Estado federal contemplado en la Carta Magna, al suspender cautelarmente y de manera injustificada la autonomía que gozan los municipios y los estados federados en el ejercicio de sus funciones, y más concretamente la tributaria, con el ánimo de acrecentar, incluso reforzar, competencias del Poder Ejecutivo, representado en este caso por el vicepresidente sectorial del Área Económica del régimen de Nicolás Maduro Moros, Tareck El Aissami.

Lo anterior queda refrendado aún más luego de que la SC resolviera invadir una vez más la competencia de la AN, destinada a regular el ejercicio de la potestad tributaria de los municipios y estados, a fin de favorecer al gobierno central nacional, y que contraría groseramente a la Constitución al ignorar no solo la descentralización (artículo 4),  principio fundamental que rige al gobierno de la República y de las entidades que la componen, sino también la distribución y división del poder público venezolano, establecida en el artículo 136 de la Constitución.

La decisión judicial n.º 78, sin cumplir con los razonamientos, requisitos y criterios que debe tener una sentencia, desconoció de manera absoluta las normas de la Carta Magna que distribuyen las potestades tributarias entre los distintos entes político territoriales.

Lo más grave es que la sentencia manipuló y alteró la organización federal del Estado, así como la separación y el equilibrio entre los poderes, al invadir, aparte de «transferir» irregularmente una competencia legislativa exclusiva de la AN, destinada a armonizar el ejercicio de las potestades tributarias, a una instancia del Ejecutivo Nacional que es absolutamente ajena a la materia.

Sin duda,la adopción de esta sentencia cautelar pone en riesgo de colapso el debilitado Estado constitucional de derecho, que incluso contradice su propia razón de ser dado que propicia un conflicto entre los poderes municipal, estadal y nacional.

El desconocimiento del Estado federal es una estrategia de vieja data

La práctica centralista con el ánimo de asfixiar a los municipios y estados en el ejercicio de sus competencias y, por ende, desmembrar el Estado federal que proclama la Carta Magna, no es nueva. De hecho, existe una batería de decisiones, gubernamentales, legislativas y jurisprudenciales, que desde hace tiempo propugnan su eliminación; se trata, por cierto, de una política que fue impulsada por el expresidente Hugo Chávez Frías.

La propuesta de reforma constitucional que Chávez Frías presentó en 2007 era un texto que concebía la institucionalización de un Estado centralizado. Sin embargo, tras su rechazo popular mediante referendo celebrado el día 2 de diciembre de ese año, la AN de mayoría oficialista para ese momento emprendió un feroz ataque a los postulados del modelo de Estado desarrollado en la Constitución de 1999, en concreto contra la descentralización político territorial con la aprobación de leyes diseñadas para estructurar el llamado «Estado Popular» o «Estado Comunal».

En 2017,  la creación del  Estado Comunal sería avalada por la SC en la sentencia n.º 355 del 16 de mayo, luego de que resolviera cinco demandas de nulidad que habían  sido presentadas en contra de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010, que, pese a declararlas sin lugar aprovechó la ocasión para sostener la constitucionalidad de esa «forma de Estado», no obstante el groserodivorcio con la división político territorial establecida en la Carta Fundamental.

Por otro lado, también destacan diferentes y polémicas decisiones judiciales emanadas del TSJ. En el 2008, la SC en la sentencia n.º 565 del 14 de abril de 2008 declaraba que el Ejecutivo Nacional podía revertir la transferencia de la administración de carreteras, autopistas, puertos y aeropuertos que estaban en manos de las entidades federales, tras interpretar el artículo 164, numeral 10 de la Constitución, cuyo texto establece que es una competencia exclusiva de los estados «la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional».

A partir de esa decisión, la AN, dominada por el chavismo, reformaría al poco tiempo la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (Gaceta Oficial n.º 39140 del 17 de marzo de 2009), en la que faculta expresamente al Ejecutivo Nacional a «revertir por razones estratégicas, de mérito, oportunidad o conveniencia, la transferencia de las competencias concedidas a los estados»(artículo 8).

En 2009, la Sala Político Administrativa (SPA) en su sentencia N.º 76 del 22 de enero de 2009 declaró respaldar el decreto presidencial número 1.969 de fecha 18 de septiembre de 2002, en el que establecía como zona de seguridad el área circundante a la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda de La Carlota. Dicho fallo resultaba de la demanda de nulidad que el 17 de octubre de 2002 había presentado el entonces alcalde de Chacao, Leopoldo López, contra la mencionada decisión presidencial.

En el fallo citado, el juez administrativo estableció que:

«La autonomía municipal lejos de ser absoluta se encuentra sujeta a las limitaciones establecidas tanto en la Constitución como en la Ley (…)  aun cuando los Municipios, en principio, detentan la potestad de ejercer aquellas materias de su competencia dentro de los límites de su circunscripción territorial, la declaratoria de una determinada área como zona de seguridad, lleva implícita una modificación legal de ese régimen de competencia, el cual se justifica por la tutela de los intereses nacionales involucrados en el resguardo de aquellos espacios geográficos identificados como zonas de seguridad nacional».

A las anteriores irregularidades se suma la amenaza que en 2017 hizo el Ejecutivo nacional con privar de recursos a los estados y municipios que no firmaran un acuerdo de aceptación de la sentencia n.º 814 del 11 de octubre de 2016 a partir de la cual la  SC había establecido que ella aprobaría el presupuesto nacional de 2017 en lugar de la AN, por encontrarse el órgano legislativo en «desacato».

Frente a estos tristes episodios, tampoco puede perderse de vista que en la actualidad existe la amenaza de que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) apruebe un nuevo texto constitucional en el que plantea sustituir el Estado federal por un Estado centralizado, luego de que en septiembre de 2018 circulara en algunos medios de comunicación lo que sería el anteproyecto de Constitución, que justifica la creación de un Estado comunal con una concentración absoluta de poder en el Ejecutivo, un cambio radical y sustancial del modelo político venezolano.

Venezuela enfrenta emergencia humanitaria compleja y comunidad internacional debe tomar cartas en el asunto
La afirmación figura en el informe La necesaria vinculación entre el derecho de los DDHH y el derecho humanitario internacional

La crisis que atraviesa Venezuela es de tal magnitud que puede calificarse como una emergencia humanitaria compleja, por ello, los venezolanos tienen el derecho de solicitar ayuda a los organismos internacionales y estos a su vez están obligados a ofrecerla.

La afirmación figura en el informe La necesaria vinculación entre el derecho de los DDHH y el derecho humanitario internacional redactado por Acceso a la Justicia, en el cual se hace un repaso histórico de que cómo la humanidad pasó de regular la guerra a aliviar sus consecuencias, para posteriormente diseñar mecanismos y crear estructuras de atención a los afectados por desastres naturales, económicos o sociales hasta perseguir unas condiciones de igualdad para todos.

Tras recordar que «las emergencias humanitarias complejas (EHC) son crisis humanas que se caracterizan por el conflicto, el desplazamiento de la población, la escasez de alimentos, la inestabilidad política, los trastornos sociales y la pérdida de infraestructura», en el informe se concluye lo siguiente:

«el caso venezolano cubre todos los aspectos descritos en la medida en que existe una ausencia y quiebre importante del estado en los servicios públicos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la salud, educación y en la seguridad alimentaria, lo que ha generado un desplazamiento forzado de personas nunca visto no sólo en el país sino en el continente americano, lo cual, unido una permanente situación de violencia y de represión constante a la población en clara violación masiva, de manera sistemática y generalizada, de los derechos de los ciudadanos, todo ello causado por políticas gubernamentales cuya aplicación persiste por razones ideológicas, y que por lo mismo, impiden que haya un reconocimiento de la situación, pues ello conllevaría, a todos los efectos, una confesión de la propia responsabilidad del gobierno en lo que ocurre».

En el informe se recuerda que organizaciones nacionales e internacionales, incluido el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya calificaron la situación venezolana como una emergencia humanitaria compleja. Con motivo de la pandemia de la COVID-19, expertos de la ONU han exigido a las autoridades información sobre las medidas para enfrentar esta situación y los demás problemas que afronta el país.

No solo la ONU ha reconocido la gravedad de la crisis venezolana. Así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las conclusiones de su frustrada visita in loco, declaró que:

«constató con extrema preocupación los graves efectos de la crisis humanitariacomo factor de desplazamiento de millones de personas venezolanas. El fenómeno migratorio venezolano representa actualmente uno de los más grandes desafíos en materia migratoria y de asilo en la región. A la fecha, el número de personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar como mecanismo de supervivencia ante la grave crisis humanitaria que afecta al país, asciende a más de 4,9 millones de personas venezolanas, de las cuales más de 1,77 millones se han desplazado específicamente a Colombia».

El organismo  agregó que:

«A partir de la información recabada durante la visita, incluyendo numerosos testimonios y reuniones con diferentes actores, la CIDH pudo observar que la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela encuentra su origen en múltiples factores y variables; de ahí que sea caracterizada como una crisis humanitaria compleja, grave y multidimensional».

Además, mencionó un coctel que tiene ingredientes económicos (la hiperinflación y las fallas en los servicios públicos); así como políticos (concentración de poder en el Gobierno y la neutralización de la Asamblea Nacional y persecución de la disidencia); y sociales (la violencia y la falta estructuras sanitarias y educativas básicas).

A tomar medidas

En el informe se afirma que la situación venezolana:

«origina el derecho para sus ciudadanos de recibir ayuda humanitaria, así como la obligación de las organizaciones humanitarias, tanto del sistema de Naciones Unidas como al resto del movimiento humanitario a declararlo de esta manera, cosa para lo que no necesita la aprobación del Estado, y aplicar a partir de tal situación los mecanismos necesarios para hacer llegar de manera oportuna y según los protocolos establecidos la ayuda a los sectores necesitados de la población».

Tras asegurar que la negativa de las autoridades nacionales a requerir ayuda no es obstáculo para que las instancias internacionales actúen por su cuenta, en el reporte se advierte a los funcionarios que asuman esa posición que corren el riesgo de terminar siendo considerados parte del problema.

Al respecto, en el documento se afirma lo siguiente:

«Tanto el generar las causas de una emergencia humanitaria compleja, como el negarse a reconocerla e impedir el ingreso de ayuda humanitaria, son supuestos que entran dentro de la competencia del Corte Penal Internacional, y por lo mismo, comportan delitos de lesa humanidad u otros establecido en el Estatuto de Roma, según el caso, los que por su naturaleza no prescriben y deben ser perseguidos por dicho órgano jurisdiccional con el respaldo de la comunidad internacional».

Así por ejemplo, en febrero de 2019 y con el uso de la fuerza , el régimen encabezado por Nicolás Maduro impidió el ingreso desde Colombia de unos camiones cargados con ayuda humanitaria que el Gobierno de Estados Unidos había mandado, y en reiteradas ocasiones ha rechazado las ofertas en ese sentido, por considerarla sparte de una intervención extranjera, o peor aún, una limosna.

Pero como ya se mencionó, no solo las autoridades venezolanas están obligadas a tomar medidas para acatar la crisis humanitaria que aqueja al país, sino también los organismos internacionales, a la luz de la llamada «responsabilidad de protección».

Los Estados acordaron en la llamada Cumbre del Milenio de 2005 que:

«La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, también tiene la responsabilidad de utilizar medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y crímenes contra la humanidad».

Sin embargo, el desarrollo de este principio apenas está en evolución.