Acceso a la Justicia, autor en Runrun

Acceso a la Justicia

Inamovilidad laboral en Venezuela: Dos décadas fracasando en frenar el desempleo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que la tasa de desempleo cerró en 2020 en 50,5%

“El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”. En la pasada Nochevieja la administración de Nicolás Maduro decidió prorrogar por dos años más la inamovilidad laboral vigente en el país desde 2002. Con ello, esta medida arribará a dos décadas ininterrumpidas, pese a que durante todo este tiempo no haya logrado su cometido: frenar el desempleo.

En el decreto presidencial n.° 4.414, publicado en la Gaceta Oficial n.° 6.610 del 31 de diciembre de 2020, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022 la inamovilidad laboral especial dictada a favor de los trabajadores de los sectores privado y público, la cual en su artículo 2 establece que los empleados “no podrán ser despedidos, desmejorados, ni trasladados, sin justa causa, calificada previamente por el Inspector del Trabajo”, y que en caso de serlo, podrán “denunciar dentro de los treinta (30) días continuos siguientes ante el Inspector del Trabajo de la jurisdicción” dicha violación, y además “solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir”.

En esta ocasión, Maduro no justificó su decisión en la pandemia, sino que sostuvo que la misma era necesaria para enfrentar “las injerencias de intereses apátridas que responden a los agentes de perturbación que buscan atentar contra el buen orden y la paz interna”, que podrían traducirse en despidos.

Una batalla perdida

Acceso a la Justicia ya cuestionó la eficacia y efectividad de esta medida el año pasado, cuando recordó que, pese a estar vigente por más de tres lustros, el número de puestos de trabajo en el país no ha hecho sino disminuir.

A finales de 2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que la tasa de desempleo para ese año cerraría en 47,2% y que en 2020 llegaría al 50,5%, lo cual ubicaría al país como el primero en el mundo en número de personas desocupadas.

Sin embargo, los pronósticos del organismo multilateral se quedaron cortos, y para octubre de 2020 proyectó que el paro llegaría al 54% de la población económicamente activa, debido al impacto sin precedentes de la pandemia del coronavirus y de las restricciones sociales impuestas por las autoridades para intentar frenar su avance.

Ciertamente la COVID-19 destruyó puestos de trabajo en 2020, pero también es cierto que, desde la aprobación en 2012 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) la desocupación no ha hecho más que crecer. Así, en 2013 el desempleo llegó a 5,3%; en 2015 saltó a 9,4%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE); luego en 2016 pasó al 10,5%, según expertos, y en 2017 alcanzó 27,1%. Estos datos comprueban que la inamovilidad no ha tenido el efecto buscado.

La destrucción del empleo ha coincidido con el colapso del modelo económico impuesto por los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y su sucesor, quien se basó en los altos precios del barril de petróleo, en el endeudamiento externo y en los controles de precios, ganancias y divisas, así como en una política de expropiaciones que ha desincentivado la producción nacional y ahuyentado posibles inversiones extranjeras. Desde 2013, cuando los precios del crudo comenzaron a caer, el país ha perdido el 65% del Producto Interior Bruto (PIB), de acuerdo también a los estudios del FMI.

Un saludo a la bandera

La ineficacia de la inamovilidad laboral también ha quedado demostrada por el hecho de que no es respetada ni siquiera por el propio Estado. Prueba de ello es Petróleos de Venezuela (PDVSA), que en los últimos años ha despedido a miles de trabajadores, incluyendo dirigentes sindicales, pasando por alto las decisiones presidenciales.

La empresa pública no solo ha irrespetado la veda a los despidos sino también las resoluciones emanadas por la Inspectoría del Trabajo, que han ordenado reenganchar a cientos de afectados.

Aunque exista la inamovilidad, el Gobierno persiste en cobrar a los trabajadores y empleadores el seguro de desempleo (Régimen Prestacional de Empleo, el antes conocido como Paro Forzoso), que no puede ser reclamado por los trabajadores al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), debido a que legalmente no se puede dar la contingencia, que es el requisito para que proceda su pago; es decir, en el papel nadie puede perder su trabajo de manera involuntaria. A causa de esta insólita situación, el IVSS retiene a sus asegurados una contribución parafiscal que jamás paga.

Asimismo, debe resaltarse que el proceso de reenganche por violación de la inamovilidad ha sido un fracaso en el último año. ¿La razón? La combinación entre la suspensión de labores por la COVID-19 y la hiperinflación. Además, los cómputos de las compensaciones por salarios caídos son calculados sobre la base del salariomínimo vigente (Bs. 400.000 o 0,27 centavos de dólar por cada mes), con una proyección de 3 US$ por año de salarios caídos, lo que hace que sea absurdo la instauración del proceso de reenganche en la mayor parte de los casos.

Acceso a la Justicia: Constituyente de Maduro, un fraude de principio a fin
Líderes chavistas reconocieron que el objetivo de la ANC nunca fue redactar una nueva Constitució

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por Nicolás Maduro en 2017 dejó de sesionar y pese a que tuvo una duración de más de tres años, algo sin precedentes en la historia nacional, no cumplió su principal tarea: redactar una nueva Constitución. ¿La razón? Ese jamás fue su objetivo, sino arrogarse las tareas de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015. Así lo dejó en claro su presidente, Diosdado Cabello:

«Redactar una Constitución es una de las premisas que pudiera cumplir [una Constituyente], otra es refundar el Estado y generar un conjunto de leyes para esa refundación del Estado y allí hemos cumplido. No necesariamente tienes que cumplir todas. La Constituyente del año 99 solo redactó la Constitución, las leyes las aprobaron las sucesivas asambleas nacionales».

La declaración de Cabello revela que la instancia fue “un fraude constitucional desde su origen hasta su disolución”. Así, lo denunció Acceso a la Justicia en el Informe sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Su utilización como parte de la fachada institucional en Venezuela, en el cual sostiene que la figura terminó de llevarse “tras de sí los últimos trazos de Estado de Derecho que quedaban en el país”.

En el reporte se hace un repaso a la actuación de la Constituyente desde que se instaló el 4 de agosto de 2017, tras su cuestionada convocatoria en mayo y fraudulenta elección el 30 de julio de ese año; y se resalta que casi la totalidad de su actividad ha estado centrada en ejercer de Parlamento, pese a no serlo. De tal forma que en estos más de tres años ha dictado o reformado una treintena de leyes, a algunas de las cuales le ha colocado el calificativo de “constitucionales”.

Entre dichos instrumentos destacan la Ley contra el Odio, la cual castiga con hasta veinte años de cárcel a quienes “inciten el odio”, y que ha sido utilizada para procesar a ciudadanos que manifiestan en las calles o expresan su desacuerdo con las políticas gubernamentales a través de las redes sociales, o incluso, mediante mensajes escritos enviados por teléfono. Un caso emblemático fue el de los bomberos de Mérida que grabaron un video satírico montados sobre un burro.

Otros textos a los que la Constituyente dio este calificativo son los de Precios Acordados y el referido a los Comités Locales de Producción y Abastecimientos. Esta última “ley constitucional” pretende “regularizar” la adjudicación de alimentos que, de manera discrecional, ejecutan estas instancias controladas por el Gobierno de Maduro.

Una rapiña

En el informe también se denuncia que la Constituyente de Maduro ha abierto las puertas al expolio de los recursos y bienes del país, mediante instrumentos como el que establece el Régimen Tributario del Arco Minero del Orinoco y, sobre todo, con la reciente y no menos polémica Ley Antibloqueo, que faculta al Gobierno para celebrar “todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios”, a fin de “impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República”, sin control legislativo o judicial. Esta ley también habilita al Poder Ejecutivo para desaplicar leyes, potestad que la Constitución reserva a los jueces, por lo que se trata de una abierta usurpación de funciones.

Acceso a la Justicia denuncia en su estudio que:

«áreas fundamentales de la economía venezolana, como la explotación del petróleo y los servicios públicos, pueden ser cedidas total o parcialmente a inversionistas extranjeros, sin que se sepan quiénes son, cuáles son los términos de los acuerdos comerciales con ellos y, más aún, cómo se administrarán los recursos que se obtengan de los mismos».   

Invento criollo

“Las leyes constitucionales tienen carácter constitucional y para cambiarlas debes convocar otra Constituyente. Esas leyes están por encima de las leyes orgánicas”, explicó Diosdado Cabello.

Sin embargo, en su investigación Acceso a la Justicia refuta esta interpretación de la Constitución, y recuerda que en el ordenamiento jurídico venezolano no existe esta figura, por lo que se trata de otra violación a los principios básicos del derecho, según los cuales la Constitución está por encima de las leyes.

La ANC no solo dictó nuevos instrumentos sin tener facultad para ello, sino que además reformó instrumentos ya en vigor como las leyes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Código Orgánico Tributario, lo cual también es tarea de la AN. Asimismo aprobó los presupuestos nacionales y del Banco Central de Venezuela (BCV) correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021. No obstante, hasta el momento no se ha informado que haya ejercido labor alguna de control sobre el Gobierno de Maduro, tal como la interpelación a algún ministro, hecho este último que desde hace décadas no se hace, sea porque la AN estaba controlada por el oficialismo, o porque el Tribunal Supremo de Justicia se lo ha impedido a la que actualmente cuenta con mayoría opositora.

Por último, la única medida que podría considerarse como un intento de “transformar el Estado”, otra de las tareas que el artículo 347 constitucional confiere a esta figura, es la supresión de las alcaldías Metropolitana de Caracas y del Alto Apure, lo que, además de ser inconstitucional, trajo como consecuencia que las poblaciones de esos territorios no pudieran elegir a sus alcaldes, situación que tiene su origen en la elección en Caracas de alcaldes metropolitanos contrarios al Gobierno. En ese sentido, no es un hecho menor que como no se puede ganar esa elección, se opte por eliminar la correspondiente entidad.

Roland Carreño: otro caso más de persecución política en Venezuela
El periodista fue arrestado luego de la fuga de Leopoldo López

Pese a que hace menos de dos meses la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas denunció que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad como las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas para silenciar a la disidencia, la administración de Nicolás Maduro continúa utilizando estas prácticas contra sus opositores.

Así ha ocurrido en el reciente caso del periodista y dirigente del partido Voluntad Popular (VP), Roland Carreño, a quien se le ha aplicado el mismo patrón denunciado por el grupo de investigadores designado por el Consejo de Derechos Humanos, que consta por lo menos de cinco prácticas.

Detención violenta sin orden judicial o en supuesta flagrancia

Los familiares y amigos de Carreño perdieron contacto con él en la tarde del 26 de octubre de 2020; es decir, casi 48 horas después de que se conociera que el líder fundador de VP y exalcalde de Chacao, Leopoldo López, había dejado la Embajada de España, donde se encontraba en condición de huésped desde los sucesos del 30 de abril de 2019.

Pese a que la Constitución de 1999, en su artículo 44, es muy clara al señalar que «ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti», vecinos del dirigente político habrían asegurado a sus familiares que este fue abordado mientras viajaba en un vehículo por unas personas sin identificación, las cuales le obligaron a entrar en una camioneta negra, también sin identificación.

Ausencia de información sobre el motivo de la detención e incomunicación del detenido

Durante casi 24 horas los familiares, abogados y allegados a Carreño no tuvieron certeza de dónde se encontraba ni quién lo tenía, aunque se trasladaron hasta las sedes de organismos como el cuestionado Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y hasta el Palacio de Justicia para tener noticias de él. No fue sino hasta casi 24 horas después de su desaparición, y producto de la campaña por redes sociales, que las autoridades anunciaron que lo tenían en su poder. No obstante, la información no fue completa, porque en ningún momento precisaron dónde estaba, quién lo tenía ni por qué.

La ausencia de la información antes mencionada representa otra violación al artículo 44 de la Constitución, el cual señala lo siguiente:

«Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas del lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o con el auxilio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios que la practicaron».

Además, esta actuación irregular es la base para considerar que esta detención fue arbitraria y se constituyó en una desaparición forzada, aunque de corta duración, a la luz de la Convención Internacional contra la Desaparición de Personas, tal y como lo advirtió la Misión en su informe sobre Venezuela, que afirmó:

«La desaparición forzada implica la privación de libertad contra la voluntad de la persona y la participación de agentes del Estado, ya sea por comisión, tolerancia o aquiescencia, y el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida. No existe un plazo mínimo, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, durante el cual una persona detenida deba ser sometida a desaparición forzada para que se produzca la violación».

En su informe, la Misión de la ONU verificó también que esta es una práctica rutinaria de los cuerpos de seguridad del estado venezolano; como muestra mencionó los casos del dirigente Yon Goicoechea y los diputados Gilber Caro y Juan Requesens, por mencionar algunos en que hubo desapariciones  de corta duración; así como otros más graves, como los ocurridos en la masacre de Barlovento de octubre de 2016, donde las víctimas fueron desaparecidas y ajusticiadas.

El Foro Penal Venezolano, en un informe publicado en junio pasado, contabilizó 724 casos similares entre 2018 y 2019. Estos datos revelan que hay un patrón en Venezuela, una verdadera política de Estado.

Siembra de evidencias y confesiones forzadas

El mismo 27 de octubre, minutos después de que el ministro de Comunicación, Freddy Náñez, confirmara la detención de Roland Carreño el fiscal designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció en Twitter que el dirigente político estaría planificando actos «conspirativos contra la paz democrática» y aseguró que al momento de su captura, por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana, le incautaron un fusil y dólares en efectivo.

Sobre Goicoecha, Gilber Caro y Requesens, por solo mencionar algunos casos, las autoridades hicieron afirmaciones parecidas.

La defensa del periodista y dirigente de Voluntad Popular ha puesto en duda la versión oficial. La abogada Ana Leonor Acosta indicó:

«Hay múltiples irregularidades en el expediente, empezando por el acta policial de detención donde ni siquiera se siguió el procedimiento adecuado. El régimen le sembró elementos. No contó con los dos testigos correspondientes según la ley, y además no se le informó a Roland sobre un procedimiento de chequeo. Todas son actuaciones montadas para incriminar a Roland Carreño».

En el allanamiento a la residencia de Carreño también se verificaron las mismas irregularidades que se vienen registrando desde hace un tiempo en otros casos: la ausencia de testigos confiables que certifiquen su transparencia.

Otro vicio de este proceso fue la difusión de un video el 30 de octubre por parte del exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en el cual el dirigente político una vez detenido explica su trabajo y «confiesa» que el dinero para financiar su partido lo recibiría desde la Fundación Simón Bolívar que la junta ad hoc designada por la Asamblea Nacional nombró en Citgo, la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La grabación, de la cual los abogados de la defensa aseguran que se realizó sin estar ellos presentes y bajo coacción, debería además estar reservada, por cuanto forma parte de las evidencias que el Ministerio Público utilizará en un eventual juicio contra el imputado. Esto representa una violación al debido proceso.

Declaración de altos funcionarios antes o poco después de la detención

Distintos voceros gubernamentales se han dedicado a vincular a Carreño con sucesos como la fallida incursión de Macuto de 2020 y otros movimientos que presuntamente tenían por propósito desalojar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores.

En estos casos, también es un patrón la ejecución de una campaña mediática por parte de los principales voceros oficiales para desprestigiar a la persona detenida. Tales actuaciones al margen del proceso judicial buscan culpabilizarla ante la opinión pública y la condenan antes que un tribunal se pronuncie, en clara violación del principio de presunción de inocencia que la Constitución le otorga a toda persona en este tipo de situación. Esto es confirmado, entre otros aspectos, por el hecho de que en tales declaraciones nunca se usa el «presunto» o «presuntamente», ante la ausencia de una sentencia condenatoria, lo que pone en evidencia que el fin perseguido es destruir la imagen y el prestigio del detenido con independencia de lo que pase en la vía judicial.

A la cárcel y sin garantías

El 29 de octubre, Roland Carreño fue presentado ante el Tribunal Estadal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia contra el Terrorismo a Nivel Nacional, que admitió la imputación por financiamiento al terrorismo; conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra contra el periodista.

De tal forma, la acusación de terrorismo sirve para que el caso sea conocido por un pequeño grupo de jueces que son los que se encargan de estas causas, pero que, como la mayoría, son designados arbitrariamente obviando el proceso de concurso público de oposición establecido en la Constitución.

El Tribunal contra el Terrorismo antes mencionado acordó dejar preventivamente detenido al dirigente político, por considerar que existe peligro de fuga y obstaculización de la justicia. De nada valió en este sentido que se demostrara que Carreño realiza sus labores profesionales como periodista en el país, donde además residen sus hijos y madre; y que no se conocía de ningún otro proceso judicial en su contra.

Por el mismo camino

El caso de Carreño revela que el Gobierno de Maduro ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Misión de la ONU. Dicha instancia en su informe exigió a las autoridades «acabar con las desapariciones forzadas y permitir que las personas detenidas informen inmediatamente a sus familiares u otras personas de su detención y su paradero» y «permitir el acceso inmediato a la representación legal». Asimismo, exigió que «ninguna persona sea arrestada o detenida excepto en cumplimiento de una orden judicial o en el acto de cometer un delito» y «llevar a cabo una revisión judicial sistemática de la legalidad de las detenciones».

Los funcionarios parecen no haber entendido que estas prácticas, por ser parte de un patrón sistemático como se ha evidenciado, son delitos de lesa humanidad, por los cuales desde quienes los planificaron hasta quienes los ejecutaron y toleraron pueden terminar siendo procesados por la Corte Penal Internacional (CPI), la cual tiene potestades para procesar a individualidades por la comisión de estos delitos. De hecho, su Fiscalía acaba de reconocer su presunta existencia en Venezuela.

Acceso a la Justicia: Parlamentarias a la medida del Gobierno de Maduro
A la población indígena se le cercenó su voto directo con un sistema de elección de segundo grado

A menos de un mes de las elecciones parlamentarias convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), no hay que hacer un mayor esfuerzo para explicarles a los electores venezolanos el sentido y alcance de la frase “elecciones a la medida”.

Lamentablemente esta es la conclusión a la que se llega cuando se realiza un balance de todas las medidas tomadas y articuladas desde el Ejecutivo Nacional con el resto de las ramas del Poder Público, especialmente el Judicial. De hecho, los demás poderes del estado venezolano no han dudado en prestar su apoyo irrestricto para llevar a feliz término unas elecciones cuya confección ha sido ampliamente denunciada por actores internos y externos que ponen en duda que estamos en presencia de unas elecciones de acuerdo a los parámetros democráticos.

Esa confección a la medida de las elecciones a realizarse el 6 de diciembre de este año empieza desde el modo en que se han seleccionado a los integrantes del árbitro electoral, lo cual fue hecho por la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo deJusticia (TSJ) mediante sentencia

Aunque este proceso había iniciado con buen pie, constituyéndose un Comité de Postulaciones a través de la Asamblea Nacional (AN), incluyendo a parlamentarios de ambos bandos políticos, repentinamente se distorsionó con la intervención de la Sala Constitucional, que sin mayor explicación, designó ella misma a los rectores del CNE sin cumplir con los procedimientos establecidos y usurpando funciones de la AN.  Producto de ello, nombró a dos de sus magistradas, una de ellas como presidenta del CNE, siendo conocida por ser la ponente de la sentencia que en diciembre de 2015 privó al electorado de Amazonas de contar con sus representantes ante el Parlamento.

La segunda de las medidas tomadas para configurar unas parlamentarias a la medida fue también del TSJ, esta vez no solo desde su Sala Constitucional, sino también desde la Electoral. Ambas intervinieron partidos de oposición e impusieron nuevas directivas (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Movimiento Republicano y Acción Ciudadana en Positivo).

No conforme con ello, el CNE cambió motu proprio la directiva del partido Nuvipa, y el máximo tribunal asumió la tarea de apagar el destello disidente que habían mostrado autoridades de partidos afines al chavismo como Patria Para Todos y Tupamaro; mientras que autorizó la participación en los comicios (habilitó) de partidos que habían estado en el congelador, producto de la vorágine de actos ilegales de 2016 a 2019 por los que quedaron inhabilitados una cantidad no poco significativa de partidos (75% del total de inscritos).

A la receta electoral, que ya cuenta con un cocinero (el CNE exprés) y con comensales (los partidos que intervendrán en la contienda de diciembre), hay que agregar un menú «a la carta»en el que cada plato ha sido cuidadosamente elaborado. Así, sin mayor justificación y mediante actos que no cuentan con base legal, el número de diputados de la nueva AN fue ampliado en un 66% para llegar a una cifra de 277, lo que por más que se saquen cuentas no cuadra con lo previsto por el artículo 186 de la Constitución

Además, hay que destacar que ahora los votantes no elegirán a la mayoría de los diputados por nombre y apellido (diputado nominal), sino por listas cerradas, creando una lista nacional por la cual no se sufraga directamente, sino a través del voto de la lista regional. Y como si esto no fuera suficiente, a la población indígena se le cercenó su voto directo con un sistema de elección de segundo grado.

Lo más grave es que todos estos cambios se han realizado irrespetando la norma constitucional que prohíbe modificar las reglas del juego faltando menos de seis meses para el evento electoral. Son cambios que se han valido de una autorización judicial (una sentencia que habilitó al CNE para dictar normas de rango legal) que bajo ningún concepto pueden equipararse a una ley –mucho menos modificar lalegislación vigente, que es lo que ha ocurrido– y todo esto bajo un manto de opacidad en materia del equipamiento tecnológico que será utilizado en las elecciones, lo cual en nada contribuye a generar confianza en el elector.

La reactivación de la justicia en Venezuela: mucho ruido y pocas nueces
A pesar de que durante las semanas de flexibilización se estableció que todos los tribunales trabajarían, eso no ha ocurrido en la práctica

Tras prácticamente siete meses cerrados por la pandemia de COVID-19, se reactivaron los distintos juzgados del país . Sin embargo, transcurrido casi un mes de la medida, los resultados no han sido los esperados, por lo menos no en todos los tribunales.

La puesta en marcha del sistema híbrido (presencial y virtual) ha venido acompañada de confusión, por ello se ha creado un sistema de comunicación con los tribunales bajo un horario restringido, que en muchos casos va de 9:00 a. m. a 12:00 o 1:00 p. m. en un esquema de 7 x 7.

Pese a que durante la semana de flexibilización se estableció que todos los tribunales laborarían, eso no ha ocurrido en la práctica. Algunos juzgados aún están sin personal o en inventario, a la vez que en la semana de no flexibilización no hay despacho, salvo amparos y ciertos actos en materia penal.

De hecho, según la información aparecida en los medios de comunicación y los reportes de otras organizaciones de la sociedad civil, se puede concluir que no ha habido un desarrollo de actividades de forma uniforme en los juzgados, pues dependiendo de la zona, el circuito judicial y la materia, algunos despachos han retomado sus actividades y otros no.

En el estado Mérida, por ejemplo, ya se celebraron algunas audiencias preliminares y de juicio, pero en las mismas se habrían cometido irregularidades como la notificación de las partes, con lo cual su desarrollo se ha visto truncado, como denunció el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA). Este además reportó que a los abogados y a los familiares de víctimas se les ha impedido al acceso al Palacio de Justicia para presenciar los juicios orales y públicos, bajo la excusa del distanciamiento social.

En Caracas, durante la primera semana, los juzgados penales solo recibieron solicitudes de particulares, pero no adoptaron ninguna decisión, por cuanto los jueces se estaban poniendo al día con los asuntos pendientes.

La realidad descrita contrasta con la presentada por el TSJ, cuyo presidente, magistrado Maikel Moreno, aseguró el 6 de octubre que todo marchaba sobre ruedas, sin hacer excepciones. Para reforzar esta optimista visión, el máximo juzgado aseveró horas después que la justicia jamás ha estado detenida. Y que desde que se decretó el estado de alarma los jueces de guardia en materia penal han celebrado 54.656 audiencias y se dictaron 4.751 sentencias, al tiempo que se acordaron 1.252 libertades plenas.

El virus, un problema más

El coronavirus no es más que uno de los tantos obstáculos que los jueces, fiscales, abogados y usuarios del Poder Judicial deben enfrentar en la Venezuela actual. La escasez de gasolina, por ejemplo, complica los traslados a las sedes judiciales tanto de los funcionarios como de los ciudadanos en busca de justicia.

Como si esto no fuera suficiente, las constantes fallas en el servicio de energía eléctrica impiden las labores de los tribunales durante los horarios especiales fijados por las distintas circunscripciones. Las interrupciones complican aún más la posibilidad de que los jueces puedan recurrir a medios informáticos para decidir asuntos, tal y como lo ordena el artículo primero de la resolución n.° 2020-0008 antes mencionada.

La norma en cuestión establece:

«Durante la semana de restricción decretada por el Ejecutivo Nacional, atendiendo a las recomendaciones emitidas por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID-19, permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos;  salvo para aquellas que puedan decidirse a través de los medios telemáticos, informáticos y de comunicación (TIC) disponibles».

A lo anterior se añade otro elemento: el ausentismo laboral. Muchos trabajadores no se han presentado a sus labores debido a los míseros salarios que devengan, los cuales no les permiten cubrir el costo del pasaje. En la actualidad los salarios del personal de apoyo a los jueces están entre los 3 y 10 dólares.

Finalmente, la precariedad del servicio de internet en el país y su intermitencia también son otro obstáculo para el ejercicio adecuado de labores judiciales por vía telemática.

La nueva normalidad judicial

El TSJ parece haber retomado sus actividades con mayor normalidad. Así la Sala Político Administrativa publicó doce sentencias el 22 de octubre, las primeras desde marzo; mientras que la Sala Electoral desde el día 7 del mes, ya ha dictado once. En cuanto a las labores presenciales, las instancias mencionadas junto con la Civil, Penal y Social solo están despachando los días lunes, martes y miércoles de la semana de flexibilización.

Por su parte, el acceso está restringido a las dependencias de la Sala Constitucional y desde esa instancia se pide a los usuarios y abogados remitirles por correo electrónico sus peticiones. La práctica de solicitar a los peticionarios que hagan llegar por vía de correo electrónico sus escritos, diligencias o peticiones se ha vuelto común también en los distintos juzgados del país. Sin embargo, lo más significativo ha sido la novedad de poder mantener una audiencia, por ejemplo para un divorcio de mutuo acuerdo, a través de un grupo de Whatsapp.

Respecto al uso de las nuevas tecnologías, el abogado Gustavo Amoni, en la videoconferencia Soluciones de justicia digital a partir de la covid-19, realizada el 23 de octubre, dejó en claro que la aplicación de la resolución n.° 2020-0008 del TSJ, mediante la cual se reactivó el Poder Judicial, será de difícil aplicación. ¿La razón? 52% de los juzgados no tienen acceso a Internet y 39% de los jueces no tienen computadora o Internet en sus hogares. Afirma el jurista que estos los obtuvo tras encuestar a sesenta y cuatro funcionarios judiciales sobre los pasos adoptados por el máximo juzgado.

A lo anterior Acceso a la Justicia agrega otro elemento: la brecha tecnológica existente, sobre todo entre los abogados de mayor edad y aquellos no familiarizados con la tecnología, las redes sociales y los teléfonos inteligentes.

Así, por ejemplo, en algunos tribunales para poder revisar un expediente en el archivo, el mismo debe ser solicitado por correo electrónico y el solicitante debe esperar a que se le informe cuándo puede pasar a revisarlo. Además, para determinadas actuaciones los juzgados están requiriendo que las mismas sean redactadas y escaneadas a través de la aplicación CamScanner para que se adjunte y envíe al correo del juzgado bajo el formato PDF, un proceso que puede resultar engorroso para algunos profesionales del Derecho.

Radiografía de la Sala Constitucional del TSJ en pandemia: opacidad y servicio al poder
El máximo tribunal del país ha emitido 87 fallos a favor del gobierno de Maduro durante la pandemia 

En tiempos de COVID-19 guardar una distancia prudencial entre unos y otros se ha vuelto cotidiano, menos en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia(TSJ), instancia que durante la pandemia ha dejado en claro que su cercanía con la administración de Nicolás Maduro se mantiene incólume. A esta conclusión arribó Acceso a la Justicia luego de revisar las sentencias que desde el 19 de marzo pasado y hasta el 18 de septiembre ha dictado la máxima intérprete de la Carta Magna, cuya radiografía se presenta en esta nota.

Pese a que el grueso del Poder Judicial se mantiene paralizado desde hace seis meses, en acatamiento de las medidas contenidas en el estado de alarma impuesto por Maduro desde el 13 de marzo para frenar la propagación del coronavirus, así como por las resoluciones de la Sala Plena del TSJ, la Sala Constitucional ha continuado dictando sentencias, pero lo ha hecho fundamentalmente para favorecer al Ejecutivo. Así, de los 87 fallos emitidos en estos meses, por lo menos 38 (44%) ha servido para avalar decisiones adoptadas por el Palacio de Miraflores, a fin de beneficiar sus intereses o para atacar a la Asamblea Nacional (AN) o a la disidencia política.

Ejemplo de lo anterior es que las primeras tres sentencias emitidas, numeradas como 56, 57 y 58, fueron para avalar decisiones como la extensión del ya eternoestado de excepción y emergencia económica, así como la imposición del estado de alarma y su primera prórroga.

Hasta el momento, once de los fallos de la Sala Constitucional han sido para avalar las resoluciones mediante las cuales se imponen o extienden los regímenes que permiten al Gobierno de Maduro limitar derechos y garantías de los ciudadanos previstos en la Constitución.

Contra la oposición

Sin embargo, donde la alineación de la Sala Constitucional con los intereses del Ejecutivo ha quedado más clara ha sido con los diez fallos que hasta ahora ha dictado para intervenir partidos políticos de todo signo.

Esta ola se inició el pasado 15 de junio, cuando mediante su sentencia n.º 71 destituyó a la directiva de Acción Democrática (AD) a cargo de Isabel Carmona y eldiputado Henry Ramos Allup, en sus condiciones de presidenta y de secretario general, respectivamente; para colocar al frente al exgobernador de Amazonas, Bernabé Gutiérrez.

La suerte del partido blanco la han corrido también formaciones opositoras como Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), pero también aliadas del chavismo como Tupamaro y Patria Para Todos (PPT).

Estas acciones se han producido en el marco de la cuestionada convocatoria de laselecciones parlamentarias que se celebrarán el próximo 6 de diciembre, que han sido rechazadas por el grueso de la oposición con representación parlamentaria y por gobiernos como los de Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Entre los intervenidos están organizaciones que han dicho que no acudirán a esta cita, como AD, VP y PJ; y otras que han dicho que lo harán, pero en nuevas alianzas fuera de la esfera del oficialismo, como Tupamaro y PPT.

No obstante, el pasado 4 de septiembre, en su sentencia 128, la Sala anuló parcialmente la intervención de Primero Justicia. Esto ocurrió luego de que se confirmaran los contactos entre representantes del Gobierno y de dirigentes de esa formación, como el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, los cuales habrían servido para excarcelar a decenas de presos políticos a cambio de participar en la cita. Sin embargo, como el fallo no ha sido publicado íntegramente se desconoce el alcance de su contenido.

En dirección opuesta

Pero no solo la oposición ha sido perjudicada por la actuación de la Sala durante la pandemia, también principios constitucionales como la separación de poderes, la descentralización y el modelo federal, todos previstos en la Carta Magna.

En este sentido, la Sala Constitucional ha dictado seis fallos que han arrebatado funciones y se han inmiscuido en asuntos internos de la AN, tales como el que validó la elección del diputado Luis Parra como presidente del Parlamento (sentencia n.º 65), o el que pretendió convertir al procurador encargado Reinaldo Muñoz en el titular del despacho (sentencia n.º 59), pese a no haber sido ratificado por el órgano legislativo nacional, que es el competente en la materia.

Por supuesto, no hay que olvidar las sentencias n.º 68, 69, 70 y 83, mediante las cuales designó, por quinta vez en dos décadas, a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), y luego, suplió la vacante dejada por uno de sus integrantes al renunciar (Rafael Simón Jiménez), apenas un mes después de haber sido escogido. Todo esto escudándose en el argumento de que los legisladores incurrieron en una omisión de sus funciones.

Como si esto fuera poco, entre julio y agosto emitió dos fallos (78 y 118) que en la práctica han supuesto un golpe a la descentralización y al modelo federal previsto en la Constitución de 1999, por cuanto primero prohibió a los municipios y estados legislar en materia tributaria, y luego, los forzó a negociar con el Gobierno central cómo cobrarlos y cuánto.

Los ciudadanos olvidados

Mientras tanto, las necesidades de los venezolanos parecen no interesar a la Sala Constitucional. Este es el sabor de boca que dejó, por ejemplo, el hecho de que fuera rechazado el recurso que un grupo de abogados interpuso contra la paralización de la justicia por la pandemia, que impide a los ciudadanos resolver asuntos tales como divorcios, demandas por pagos de sueldos o despidos injustificados, y reclamar manutención de niños, por mencionar algunos de ellos.

Casi tres semanas después de adoptada esta decisión (la 121 del 20 de agosto de 2020), la Sala no ha publicado el fallo con sus razonamientos. Esta situación no se limita a este caso o al antes mencionado de Primero Justicia, sino que hay decenas de sentencias (62% para ser exactos, es decir, 54 de 87), cuyo contenido se desconoce por cuanto no ha sido publicado, pese a que en algunos de esos casos han transcurrido meses desde que esas sentencias fueron anunciadas. Tal situación impide conocer el porqué de la decisión tomada y el impacto real para el colectivo.

Los intereses de los ciudadanos, en cambio, fueron la excusa mediante la cual la instancia autorizó la toma de las instalaciones de DirecTV, luego de que la casa matriz de la empresa de televisión por suscripción interrumpiera el servicio debido a que por las sanciones del Gobierno de Estados Unidos no pudiera trasmitir algunos canales de interés del régimen de Maduro, como PDVSA TV y Globovisión. Días después, la Sala Constitucional dio su bendición para una nueva directiva, en la cual figuraban varios militares.

Solamente en la sentencia 91 la Sala en realidad pareció tomar en cuenta los problemas de los venezolanos para acceder a la justicia, al establecer que durante la duración del Estado de Alarma la figura del «abandono del trámite» no es aplicable, debido a la «suspensión de los lapsos» acordada por la Sala Plena debido a la pandemia.

Acceso a la Justicia: Acuerdo de armonización tributaria municipal formaliza el golpe contra la descentralización
El uso de la criptomoneda creada por el régimen de Maduro para evadir las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, es ajeno a la regulación del sistema financiero y monetario del país

 

Pese a que la Constitución en sus artículos 164.4 y 179 les otorga a los estados y municipios potestades en materia tributaria, el llamado “Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal”, que 308 alcaldes suscribieron con el Gobierno central por mandato de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha oficializado el golpe contra la descentralización administrativa y el modelo federal previsto en la Carta Magna.

En virtud de ese acuerdo, el máximo juzgado, mediante sentencia n.º 118 del 18 de agosto de 2020, ordenó a los alcaldes firmantes del texto que adecuaran sus ordenanzas municipales relativas a los tipos impositivos y las alícuotas de los tributos inherentes a las actividades económicas, de industria y comercio e índole similar, así como las atinentes a inmuebles urbanos y periurbanos.

Pero como si esto no fuera suficiente, el TSJ en su decisión también instruye a los veintisiete mandatarios locales que no suscribieron el mencionado acuerdo a que lo hagan en los siguientes quince días, pero sin precisar qué medidas podría adoptar contra aquellos que se negaran a hacerlo.

Con esta decisión la Sala no solo reitera su golpe a la autonomía tributaria de los municipios, sino que avala un instrumento normativo elaborado y presentado por el vicepresidente del área económica, una instancia absolutamente ajena para ejercer la función legislativa, con el propósito de coordinar y armonizar las potestades tributarias de las distintas entidades político territoriales del país, algo que conforme al ordinal 13 del artículo 156 del Texto Fundamental corresponde a la Asamblea Nacional (AN).

El acuerdo además vulnera el principio de la legalidad tributaria, de acuerdo al cual no hay tributo sin una ley que lo regule, previsto en el artículo 317 constitucional y desarrollado en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario, que configura un límite al poder tributario del Estado. Asimismo, el texto del TSJ prescinde del principio federal al quedar los municipios del país sometidos a un sistema tributario centralizado que tiene como rector al Ejecutivo nacional con el aval del máximo tribunal.

El convenio en cuestión contiene importantes aspectos que para Acceso a la Justicia contradicen los postulados constitucionales del Estado federal descentralizado venezolano. A continuación se resaltan tres temas en ese sentido:

1.- La creación de una “instancia de trabajo y comunicación entre la comisión de Economía Productiva y Tributos del Consejo Bolivariano de Alcaldes-Alcaldesas y la Vicepresidencia para el Área Económica, a fin de coordinar de manera conjunta los estímulos fiscales que tenga a bien aplicar el Gobierno Nacional sobre cualquier rubro de la economía”.

Con esto se crea un modelo o esquema destinado a centralizar el poder tributario de los municipios, a cargo del Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas y la Vicepresidencia para el Área Económica, ambas instancias dependientes del Ejecutivo nacional, especialmente el consejo, figura creada con fines políticos por el régimen de Maduro en enero de 2019, lo que sin duda es una formalización de la supresión de la autonomía de los municipios y, en consecuencia, de la descentralización territorial contemplada en el texto constitucional. 

2.- El empleo del petro “como unidad de cuenta para el cálculo dinámico de los tributos y sanciones, cobrando exclusivamente a partir de su equivalente en Bolívares Soberanos pero con el firme propósito de avanzar en su uso como criptoactivo para fortalecer este ecosistema”.

El uso de la criptomoneda creada por el régimen de Maduro para evadir las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, es ajeno a la regulación del sistema financiero y monetario del país, cuya competencia también corresponde a la AN conforme a los artículos 156.11 y 187.1 de la Constitución, y además es contrario a esta, porque la Carta Magna establece claramente que la moneda nacional es el bolívar.

La imposición de este medio de pago a las administraciones tributarias locales configura otra vulneración a la autonomía de los ayuntamientos. Cabe destacar que el petro como unidad de cuenta comenzó a implementarse en alcaldías controladas por el partido de gobierno en 2018, especialmente en los municipios Vargas (estado La Guaira)  y  Maracaibo (estado Zulia) luego de que sus alcaldes impusieran el empleo de este medio de pago a los contribuyentes ante diversos impuestos, tasas y contribuciones en sus respectivas geografías. Paulatinamente se ha ido extendiendo a otros ámbitos a nivel nacional, lo que no ha hecho sino hacer aún más engorrosos los trámites al no ser una moneda de curso legal, ni real en el país.

3.- La creación de un “registro único de contribuyentes municipales” por parte del Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas, para “que funcione como herramienta digital de consulta, intercambio de información y monitoreo en tiempo real de empresas con sucursales en distintos municipios, evitar la doble tributación del sector industrial y verificar cualquier declaración presentada en una Alcaldía como declarada y pagada en otra”.

Esta disposición también contradice la conformación del Estado federal y desconoce los principios de descentralización territorial y de autonomía del poder municipal contemplados en el texto constitucional, tras encomendar al Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas, una instancia del Ejecutivo Nacional para controlar y manejar el área de tributación municipal de todo el país.

Es indudable que la creación de ese registro tiene un carácter centralizador, ya que concentrará todo el poder tributario de los municipios en manos del Ejecutivo Nacional por intermedio del Consejo Bolivariano, que en realidad se trata del propio gobierno central, con el objeto de someter, vigilar y fiscalizar la actividad tributaria de las entidades locales.

Por otro lado, causa también perplejidad la situación de los estados, por cuanto la Sala Constitucional guardó absoluto silencio en el fallo número 118, a pesar de que estos aparecen incluidos en la sentencia original, por lo que podría pensarse que el TSJ proseguirá próximamente con ellos, en su rol de “legalizador” de lo que decide el Ejecutivo nacional en su estrategia de control y dominación con miras a desmontar el Estado federal y fortalecer aún más el presidencialismo.

 

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Acceso a la Justicia: ¿Cómo han sido los procesos en el TSJ en contra de la Asamblea Nacional?
13% de las sentencias no han sido publicadas en su página web, lo que revela una política de opacidad institucional

 

A la luz del anuncio del indulto de varios parlamentarios de la Asamblea Nacional (AN) por parte del Ejecutivo nacional el pasado lunes 31 de agosto de 2020, quienes fueron enjuiciados, entre otros, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Acceso a la Justicia consideró importante mostrar mediante una infografía algunos datos reveladores sobre los procesos que desde el máximo tribunal se han llevado adelante en contra del Parlamento a partir del triunfo de la oposición en las elecciones de diciembre de 2015.  Los datos muestran muy claramente cómo el TSJ, y en particular su Sala Constitucional, ha estado al servicio del poder político, y no del ciudadano y de la Constitución, como es su mandato.

Desde diciembre de 2015 hasta el 10 de agosto de 2020 se ha contabilizado un total de 138 sentencias del TSJ en contra de la AN, en su mayoría emanadas de la Sala Constitucional. Los hallazgos más reveladores se pueden encontrar a continuación:

 

Lo que hace aún más evidente la parcialidad del TSJ y su servicio al poder político en los procesos llevados adelante en contra del parlamento es que 107 casos fueron resueltos en un tiempo promedio de 26,55 días cuando el chavismo hizo la solicitud. Es decir, que al máximo tribunal en esos casos no le tomó ni un mes sentenciar. En cambio, cuando las acciones fueron planteadas por la oposición, el alto tribunal procedió con indudable dilación, pues estos casos fueron resueltos con un tiempo promedio de 298,5 días. Esto significa que el TSJ se tomó casi un año para dar respuesta a las solicitudes de la oposición.