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Acceso a la Justicia

Acceso a la Justicia: Venezolanos están a merced del hampa y de los policías
Casi un tercio de los asesinatos en 2019 fueron a manos de uniformados 

Mientras los ojos del mundo están puestos sobre los Estados Unidos, donde el asesinato del afroamericano Gaeorge Floyd a manos de agentes de la Policía de Minnesota, ha reabierto el debate sobre la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos, en Venezuela sus habitantes no solo ven cómo los criminales amenazan sus propiedades y sus vidas, sino también aquellos que precisamente están allí para protegerlos.

Esta es la conclusión a la que llegó Acceso a la Justicia en su informe El servicio de policía venezolano: Entre la realidad y la percepción (2000-2019), en el que se denuncia que de los más de 16.000 venezolanos que fueron asesinados el año pasado, casi un tercio perdió la vida a manos de los uniformados.

En Venezuela impera la violencia

En el documento se lee que: “En el año 2019, Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo, con un saldo de al menos 16.506 fallecidos y una tasa de 60,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina”.

Además, se explica que el número de asesinatos se discrimina de la siguiente manera:

“6.588 homicidios cometidos por los delincuentes, con una tasa de 24 víctimas por cada cien mil habitantes; 5.286 muertes por resistencia a la autoridad, según la denominación oficial, pero que en esencia son homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales, con una tasa de 19 víctimas por cada cien mil habitantes; y 4.632 muertes de intencionalidad indeterminada, registrados oficialmente como averiguaciones de muerte, pero que en la práctica son también homicidios o permanecen sin aclarar su situación al final del año considerado, y cuya tasa estimada es de 17 víctimas por cada cien mil habitantes”.

Para esta investigación se utilizaron, entre otros, datos elaborados por organizaciones civiles como el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Esto, en virtud de la falta de información por parte del Ministerio del Interior, Justicia y Paz; del Ministerio Público y de los propios organismos de seguridad evaluados.

De mal en peor

Las llamadas ejecuciones extrajudiciales no son algo nuevo en Venezuela. Desde hace décadas miembros de los cuerpos policiales se han visto involucrados en este tipo de crímenes, siendo casos como El Caracazo uno de los más emblemáticos. Sin embargo, con el paso de los años la situación no ha hecho más que agravarse y así lo deja en claro el informe.

“Entre 2010 y 2017 se contabilizaron 18.401 personas muertas en manos de los cuerpos policiales. En el año 2010 la tasa de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado era de 2,3 por cada cien mil habitantes, en 2016 llegó a 19, esto es un incremento alarmante de un 726%. El 60% de estas muertes han ocurrido entre 2016 y 2017”.

El documento agrega:

“Se aprecia claramente la tendencia creciente en las muertes por resistencia a la autoridad,  que se incrementan en promedio en algo más de tres puntos por año. Este aumento sostenido contrasta con la disminución en los homicidios para terminar casi coincidiendo en el año 2019 (18 muertes por averiguación por cada 100.000 personas contra 24 homicidios por cada 100.000 habitantes)”.

Asimismo, se advierte que prácticamente ningún cuerpo de seguridad está libre de cometer este crimen contra los derechos humanos.

 “En el periodo 2015-2018 el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas), que ocupó siempre el primer lugar con casi la mitad de las muertes por resistencia a la autoridad, fue desplazado por la PNB (Policía Nacional Bolivariana) en el año 2019 como responsable del 36% de los casos de resistencia a la autoridad. Otro cuerpo que muestra una tendencia creciente en ese periodo es la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) que aumentó hasta un 8% en el 2019”.

Las policías estadales y municipales, por su parte, quedaron en el cuarto y quinto lugar en este terrorífico ranking.

El problema de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela ha cobrado tal gravedad, que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas se han referido a él en numerosas ocasiones.

Este estudio es la continuación de otro presentado por Acceso a la Justicia recientemente, bajo el título de Visión panorámica del sistema policial en Venezuela (2000-2018) y en el cual se advertía que en el país hay más policías de los necesarios, pero no están bien entrenados ni equipados para cumplir eficientemente su función; y que las recomendaciones de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), entre las cuales figuraba la profesionalización de los cuerpos de seguridad y su desmilitarización, no se habían implementado, lo cual explicaba por qué los índices delictivos no habían disminuido dramáticamente y por qué la ciudadanía no se sentía más segura.

Recurrir a justicia transicional es una alternativa para rescatar la democracia
Dos universidades y Acceso a la Justicia participaron en el foro Propuestas para la Justicia en Venezuela

La situación de subordinación al Gobierno en la que se encuentra el Poder Judicial no es algo nuevo ni oculto, por el contrario, organizaciones nacionales y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen años denunciando que en el país «existe un quebrantamiento del principio de separación de poderes» que, a su vez, se ha traducido en «una clara alteración del orden constitucional». Con el propósito de revertir esta situación Acceso a la Justiciareunió a expertos y organizaciones de derechos humanos para que expusieran las medidas que consideran necesario adoptar para que en el futuro el sistema judicial deje de ser un apéndice del Gobierno y sirva verdaderamente a los ciudadanos.

En el foro Propuestas para la Justicia en Venezuela, realizado el jueves 4 de junio vía Zoom Meetings, participaron representantes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), ambos; y de Acceso a la Justicia.

Reformas a los instrumentos que regulan la actuación de los órganos del Poder Judicial, el uso de la tecnología o la aplicación correcta de las normas vigentes fueron algunos de los planteamientos formulados por los expertos.

Atacar la provisionalidad y la opacidad

Tras recordar que Venezuela ha intentado, sin mucho éxito, poner en marcha todos los modelos existentes de Gobierno Judicial, el profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, Jaiber Núñez Urdaneta, planteó realizar «una interpretación real del modelo constitucional vigente, evaluando su real desempeño a mediano y largo plazo, para implementarlo de la mejor manera posible».

La Constitución de 1999 deja en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el «gobierno y administración del Poder Judicial», con lo cual oficialmente el Ejecutivo no debería inmiscuirse en sus asuntos como sí podía hacerlo antes, pues tenía una representación en el extinto Consejo de la Judicatura, y por lo tanto, tenía voz y voto en el nombramiento o remoción de jueces y cualquier cambio que se quisiera aplicar en el sistema. Sin embargo, el Palacio de Miraflores ha conseguido mantener su influencia fundamentalmente mediante las cuestionadas designaciones de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Núñez propuso aprobar una nueva Ley de Carrera Judicial que permita asegurar que los titulares de los juzgados se hagan con sus puestos mediante concursos de oposición transparentes y confiables, tal y como lo manda el artículo 255 de la Carta Magna. Esto permitiría revertir la actual situación en que casi nueve de cada diez jueces son provisorios, temporales o accidentales y, por lo tanto, son nombrados y destituidos discrecionalmente por la Comisión Judicial del TSJ.

Asimismo, propuso garantizar la autonomía de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) mediante una reforma a la Ley Orgánica del TSJ que otorgue a su máxima autoridad un período de cuatro años. Este organismo administra el 85% de los fondos del Poder Judicial y tiene entre sus tareas el mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica de los juzgados.

Por su parte, Andrea Santacruz, del Centro de Derechos Humanos de la Unimet, propuso que el Poder Judicial retome la senda de la modernización tecnológica que comenzó a recorrer a finales del siglo pasado y principios de este, para así «estimular el acceso a la justicia y la transparencia judicial».

Sin embargo, la experta reconoció que en la actualidad los obstáculos son muchos y difíciles de salvar, en particular en lo relacionado con la falta de recursos para adquirir equipos e instruir al personal, así como las deficiencias en los servicios de conexión a internet o de energía eléctrica.

Abriendo las puertas a la justicia transicional

Otro planteamiento que se hizo durante el evento fue el de recurrir a la justicia transicional para investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país en las últimas dos décadas. La propuesta la formuló Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, quien la justificó indicando que sobre todo la justicia penal venezolana requiere de una «reinstitucionalización».

Tras afirmar que esta iniciativa solo se podría poner en marcha «bajo el supuesto del paso del autoritarismo hacia la democracia», el experto indicó que el éxito de la misma dependerá de que «haya acuerdos entre las partes en conflicto» para conseguir «la verdad y la reconciliación». También aseguró que la justicia transicional no buscará la impunidad, sino «hacer que las penas sean verdaderamente efectivas».

Respecto al tipo de mecanismo de justicia transicional, Trujillo recordó que hay dos grandes: las comisiones de la verdad y las leyes de amnistía.

Sacudiendo los cimientos

Por su parte, desde Acceso a la Justicia se propuso desenterrar la participación ciudadana, para así hacer más transparente al Poder Judicial. Esta figura fue eliminada en la última reforma que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) sufrió en 2012 y en la que se suprimieron los escabinos, esos ciudadanos que junto al juezdecidían si un acusado era inocente o culpable, por considerarlos responsables del retardo procesal.

«Se cree que la participación ciudadana no es oír, sino escuchar, porque la voz de la ciudadanía debe ser tomada en cuenta, afirmó el director de la organización, Alí Daniels, quien también planteó la necesidad de hacer más transparente y someter arendición de cuentas al TSJ y al conjunto del sistema de justicia.

Sin embargo, para lograr esto último propuso «hacer una auditoría del Poder Judicial, así como determinar cuántos y quiénes son los jueces activos. También debe hacerse pública su trayectoria profesional y especificar quiénes son los jueces titulares y suplentes».

Por último, Alí Daniels reclamó el restablecimiento de la justicia de paz.

 

Acceso a la Justicia: En el limbo las parlamentarias de 2020
Nicolas Maduro asomo la posibilidad de aplazar los comicios debido a la Covid-19

La certeza respecto al momento en que se celebrarán las elecciones es uno de los pilares de los sistemas democráticos alrededor del mundo, y en Venezuela lo fue también durante décadas. Sin embargo, esto ha ido cambiando con el chavismo; las elecciones ya no solo no se celebran en diciembre, como tradicionalmente ocurría, sino que algunas de ellas tampoco se han dado en el momento en que correspondía.

Un ejemplo fueron los últimos comicios de alcaldes y concejales, que debieron celebrarse en 2012 junto con los de gobernadores, pero fueron aplazados para abril de 2013.

La muerte del presidente Hugo Chávez, anunciada el de 5 de marzo de 2013, forzó la celebración de unas elecciones presidenciales sobrevenidas, las cuales se celebraron el 14 de abril y ello obligó a postergar nuevamente el proceso municipal.

Esta anomalía volvió a repetirse en el caso de las elecciones regionales, que tuvieron lugar el 15 de octubre de 2017, es decir, con más de diez meses de atraso. El artículo 160 de la Constitución de 1999 establece claramente que el período de los gobernadores es de cuatro años, por lo cual las últimas elecciones para elegir a dichos funcionarios debieron celebrarse en 2016, porque las anteriores ocurrieron en 2012, pero ello no fue así.

«Estamos viviendo una emergencia económica, producto de que sobre Venezuela hay una guerra petrolera, económica y financiera (…) Ahora no tenemos los recursos y la prioridad para el país, porque las elecciones no son un derecho fundamental como lo es la alimentación, la salud y el bienestar».

Estas fueron palabras del diputado oficialista Pedro Carreño cuando se le preguntó sobre la demora para celebrar dicho proceso.

Pero esta práctica podría convertirse en rutinaria, porque Nicolás Maduro ya ha dejado entrever la posibilidad de que las legislativas tampoco se celebren en el tiempo correspondiente. “Hoy sería una irresponsabilidad de mi parte decir que tiene que haber elecciones a trocha y mocha”, declaró en abril de 2020 a un programa argentino, alegando que el coronavirus podría impedir la convocatoria a las urnas.

Semanas después, durante una cadena de radio y televisión, el ocupante del Palacio de Miraflores volvió a insistir en su tesis: “Este es año de elecciones si lo permite la pandemia, bueno, presenten sus candidatos, vayamos a la elección de la Asamblea Nacional y los asuntos entre los venezolanos los resolvemos entre los venezolanos con el voto popular el día de las elecciones”.

No obstante, vale la pena advertir que el estado de alarma decretado por la COVID-19 no ampara una eventual postergación de las elecciones. La Ley Orgánica de Estados de Excepción, en el numeral 13 de su artículo 7, establece que el sufragio no se puede suspender bajo estados de conmoción, alarma o excepción.

 

OIT reprobaría a gobierno de Maduro por su gestión ante la pandemia
Acceso a la Justicia considera que Maduro no ha cumplido por lo menos con once de las catorce indicaciones que les hizo la OIT a los 187 Estados miembros 

Reprobado. De ser un estudiante esta sería la calificación que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le colocaría a Venezuela por la manera en que ha gestionado la pandemia de la COVID-19 y tratado de minimizar sus efectos sobre los trabajadores y empleadores. A esta conclusión se arriba luego de verificar si Venezuela ha cumplido con las recomendaciones contenidas en el reporte que el organismo, con sede en Ginebra (Suiza), publicó en el mes de marzo.

Para Acceso a la Justicia, al analizar ese informe queda claro que el régimen de Nicolás Maduro no ha cumplido por lo menos con once de las catorce indicaciones que les hizo la OIT a los 187 Estados miembros para afrontar la actual coyuntura.

En saco roto

«¿Venezuela está cumpliendo con las disposiciones fundamentales en materia de relaciones de trabajo con la situación del coronavirus que establece la OIT?». Esta es la pregunta que Acceso a la Justicia se hizo frente a las recomendaciones del organismo respecto a la COVID-19. La respuesta es negativa al revisar las actuaciones de las autoridades en las últimas semanas.

Así, en materia de política fiscal, Acceso a la Justicia verificó que «no se han instaurado o anunciado, medidas o políticas fiscales que busquen socorrer o ayudar a paliar la carga de la crisis a los sectores económicos afectados»; como prueba de ello se encuentra que el Gobierno no exoneró a la población del Impuesto sobre la Renta (ISLR), sino que una vez vencido el plazo de pago estableció que aquellos que hayan percibido hasta tres salarios mínimos para el 31 de diciembre no debían pagarlo, y si ya lo hicieron les queda como crédito fiscal para el año siguiente, lo que con la hiperinflación venezolana será muy poco.

Acceso a la Justicia verificó además que las autoridades no han atendido la recomendación de fijar una política monetaria que permita la recuperación de la economía ni adoptado medidas económicas a favor de los profesionales de la salud y del sector en general. Por el contrario, el sector salud se siente amenazado por entes reguladores y fiscalizadores y temen que, en caso de expandirse la pandemia de coronavirus, sean tomadas sus instalaciones. Adicionalmente, no es que no hay crédito para esos sectores en específico; la situación es general en Venezuela: el sistema crediticio o de préstamos a través de la banca es prácticamente inexistente, lo que frena las inversiones, el emprendimiento y la sostenibilidad del aparato productivo, comercial y de servicios.

Asimismo, cabe destacar que las autoridades nacionales han ignorado la recomendación de la OIT de apoyar financieramente a las empresas para reiniciar actividades tras el fin de la cuarentena, a diferencia de lo ocurrido en otros países.

Sus sugerencias han corrido la misma suerte sobre el otorgamiento de permisos pagados a los trabajadores que hayan contraído la enfermedad, así como laadopción de medidas para evitar la discriminación y para garantizar una sanidad universal.

De hecho, no es un secreto para nadie que Venezuela cuenta con el sistema de salud más deficiente de América, debido fundamentalmente a su limitado presupuesto,ausencia de insumos, infraestructura hospitalaria sin mantenimiento ni servicios básicos como agua corriente, ínfimos salarios que paga a su personal fundamental y masiva migración de profesionales de la salud. Todo agravado por la mínima o exigua cantidad de ciudadanos que cuentan con pólizas privadas de salud.

En cuanto a su propuesta del inicio de un diálogo social, hasta ahora no se ha logrado. A tal efecto, la OIT en su informe de 3 de octubre de 2019, dijo que en Venezuela:

« no se cumple con el dialogo social, ni con la participación tripartita de los agentes cruciales Trabajadores y Empleadores. Es el régimen gubernamental que descartando la participación de los trabajadores y empleadores decide y establece las disposiciones, lineamientos y forma de ejecutar los planes o nunca ejecutarlos »

Sí, pero

Un mejor comportamiento se observó al revisar la suerte que corrieron las recomendaciones dirigidas directamente hacia los trabajadores. Así, se verificó que desde el Palacio de Miraflores se han tomado medidas para proteger socialmente a la población y tratar de preservar los puestos de trabajo, tales como el Bono Especial Quédate en Casa o el nuevo decreto de inamovilidad laboral. Sin embargo, se considera que el efecto de ambas decisiones es exiguo.

Sobre el bono, se alerta que su monto es de solo Bs. 450.000, equivalente actualmente a una cantidad que no supera los tres dólares (3, 00 US$) al mes, y además, ha sido totalmente ineficiente su entrega, condicionado a que el representante de la empresa sea titular de una cuenta en el banco estatal Banco de Venezuela.

Entretanto, la inamovilidad es irrelevante, pues los trabajadores se encuentran bajo la «protección» de la inamovilidad especial desde hace más de dieciséis años, no obstante, han aumentado las cifras de desempleo y trabajo en negro e informal año tras año. Dicha medida por tanto, es innecesaria por ya existir e ineficiente o ineficazcomo ya explicamos en nuestra nota de prensa sobre este tema en específico.

 

Acceso a la Justicia: Es suspensión, no cancelación del pago de alquileres
Hasta septiembre de 2020 los pagos de alquileres están suspendidos, pero no aplazados

Las medidas impuestas para intentar frenar la propagación de la COVID-19 han supuesto un duro golpe para la ya languideciente economía venezolana. En un intento por paliar el impacto de la pandemia, el gobierno de Nicolás Maduro aprobó una serie de medidas económicas, entre las cuales figura la suspensión de los alquileres para viviendas principales e inmuebles comerciales.

La decisión, que figura en el decreto 4.169 publicado el 23 de marzo en la Gaceta Oficial extraordinaria n.º 6.522, genera una serie de dudas, algunas de las cuales Acceso a la Justicia tratará de responder a continuación.

  • ¿La medida implica que los arrendatarios están exonerados del pago?

No, la medida lo que supone es un diferimiento del deber que tiene el arrendatario de pagar el alquiler. El artículo 1 del decreto presidencial señala que el pago de los cánones de arrendamiento y cualquier otro concepto queda aplazado desde el 23 de marzo hasta el 1 de septiembre de 2020, es decir, que durante ese lapso no es obligatorio cumplir con ese pago. Si fuera una exoneración, el arrendatario quedaría liberado absolutamente de tal obligación.

  • ¿El resto de las obligaciones contractuales mantiene su vigencia?

Sí. Como ya se indicó, solo queda suspendida la exigibilidad del pago del monto del alquiler previsto en el contrato de arrendamiento, pero los cánones de arrendamiento siguen causándose durante ese tiempo. Asimismo, el resto de las obligaciones estipuladas en el contrato entre el arrendador y el arrendatario deben cumplirse.

  • ¿Cuáles son los bienes afectados por la medida?

Según el artículo 1 del decreto n.° 4.169 la suspensión del pago de alquileres recae sobre los inmuebles de uso comercial y aquellos utilizados como vivienda principal, así pues, no gozarán de este beneficio las viviendas para fines vacacionales, los puestos de estacionamientos, los depósitos o los maleteros en los edificios, etc.

Por otra parte, el artículo 5 también estipula que los establecimientos comerciales que siguen operando, por ser actividades exceptuadas de la suspensión de actividades en el estado de alarma, quedan por fuera del ámbito de aplicación de la medida. De la misma manera, el mencionado artículo expresa que se podrá desaplicar la medida de suspensión en caso de que sean reactivadas las operaciones comerciales antes del 1 de septiembre de 2020.

  • ¿Qué debe entenderse por vivienda principal?

El Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, en su resolución número 023 del 24 de marzo, publicada en la Gaceta Oficial número 41.852 de esa misma fecha, define como vivienda principal a aquella que «se encuentra habitualmente ocupada de forma permanente, y que las partes demuestren ante la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi), dicha condición».

  • ¿El decreto establece alguna disposición acerca de las modalidades para realizar los pagos de los cánones suspendidos?

Sí, el artículo 3 contempla de manera genérica que el arrendador y el arrendatario “podrán acordar, mediante consenso, términos especiales de la relación arrendaticia en el plazo a que se refiere este Decreto a los fines de adaptarla a la suspensión de pagos; para lo cual podrán fijar los parámetros de reestructuración de pagos o refinanciamiento que correspondan”. Además, el decreto impide al arrendador forzar al arrendatario a pagar el monto de los cánones suspendidos de forma inmediata, una vez levantada la suspensión.

  • ¿El Gobierno definió las modalidades de pago de los alquileres suspendidos de la vivienda principal y de su financiamiento?

Sí, en la resolución número 023 del Ministerio para Hábitat y Vivienda se establecen tres de modalidades para el pago de los cánones: La primera señala que el pago será gradual y progresivo, comenzando con un 10%. La segunda permite el pago doble mensual del canon de arrendamiento; y la tercera admite el establecimiento de cuotas especiales, las cuales podrán ser mensuales, bimensuales o trimestrales.

  • ¿Las tres modalidades anteriores son las únicas posibles para el pago de los cánones de arrendamiento de vivienda principal?

No, arrendador y arrendatario son autónomos y libres para celebrar acuerdos con soluciones diferentes a las señaladas por la resolución, con la finalidad de lograr el pago de los cánones una vez finalizada la suspensión decretada por el Gobierno.

  • ¿Los acuerdos a los que lleguen las partes deberán ser sometidos a la Sunavi?

En principio, no. El artículo 3 del decreto presidencial número 4.169 no establece que los parámetros de reestructuración de pagos o refinanciamiento acordados por las partes deban ser aprobados por la Sunavi. Sin embargo, la resolución ministerial 023 sí consagra que los contratos que se celebren con motivo de la suspensión, incluyendo aquellos no previstos en las modalidades propuestas en la resolución, sean llevados a la Consultoría Jurídica de la Sunavi.

Pero las discrepancias entre el decreto y la resolución del Ministerio de Hábitat no se quedan allí. Así en la última, en su artículo 6, dispone «montos acordados por cualquiera de las diferentes modalidades de pago previstas en la presente Resolución, no podrán ser incrementados por intereses moratorios o cualquier otra modalidad compensatoria», pese a que el artículo 3 del decreto permite abiertamente el refinanciamiento de los pagos de alquileres.

  • ¿Qué sucede si las partes no logran un acuerdo sobre el pago de los alquileres suspendidos?

La Sunavi instalará una mesa de conciliación para buscar un acuerdo entre las partes en el caso de las viviendas principales. En el de los inmuebles comerciales, la responsable de buscar este acuerdo será la Superintendencia Nacional para laDefensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).

Acceso a la Justicia considera importante advertir que la actuación de las instancias administrativas es para facilitar un acuerdo entre las partes y no con el propósito de imponer su criterio.

  • ¿Durante la vigencia de la suspensión del pago de alquileres es viable el desalojo?

No. De hecho, durante el lapso de 6 meses, comprendido entre el 23 de marzo y 2 de septiembre de 2020, se suspende la aplicación de las causales de desalojo previstas en el artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, así como la causal de desalojo, establecida en la letra a del artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.

  • ¿El Gobierno ha previsto de alguna ayuda para los arrendadores?

No, hasta el momento las únicas medidas adoptadas por las autoridades están dirigidas a compensar a los arrendatarios mientras dure la pandemia, sin tener en cuenta a la otra parte de la relación, que igualmente se ve afectada.

 

La pelea con la sombra: el nuevo decreto de inamovilidad laboral por el COVID-19
A finales de 2019 el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que la tasa de desempleo en 2020 alcanzaría el 50,5%

 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. En el régimen de Nicolás Maduro parece que nadie ha escuchado esta frase del científico Albert Einstein, pues se insiste en aplicar las mismas recetas una y otra vez, pese a que estas ya han demostrado que no funcionan. Al menos esta es la conclusión a la que se llega al ver que se dictó otro decreto imponiendo inamovilidad laboral, obviando que este ya había sido prorrogado en 2019, es decir, ya estaba vigente esta disposición.

La “nueva resolución”, que busca prohibir los despidos de trabajadores, forma parte del paquete de medidas que el Gobierno ha tomado para tratar de mitigar los efectos de la «cuarentena social», aplicada en un intento por frenar la pandemia del COVID-19.

En el decreto n.º 4.167, publicado en la Gaceta Oficial el lunes 23 de marzo de 2020, se “ratifica la inamovilidad laboral de los trabajadores del sector público y privado (…) hasta el 31 de diciembre de 2020» y se establece que los trabajadores «no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente por el Inspector del Trabajo». En el caso de que esto ocurra el afectado «podrá denunciar dentro de los 30 días continuos siguientes ante el Inspector del Trabajo y solicitar el reenganche y el pago de los salarios caídos, así como de los demás beneficios dejados de percibir”.

Las disposiciones están calcadas del decreto n.º 3.708, que apareció en la Gaceta Oficial extraordinaria n.º 6.419 del 28 de diciembre de 2018 y establece la extensión de la inamovilidad ya vigente para aquel momento por un lapso de dos años. Esta medida expira en diciembre de 2020.

¿Qué dice la Ley del Trabajo?

Este tipo de prohibiciones, sin embargo, parecen innecesarias, al menos si se revisa el contenido del decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y la Trabajadoras (LOTT) que el fallecido Hugo Chávez dictó en 2012. El instrumento en cuestión proscribió el despido injustificado, que establece en su artículo 85 lo siguiente:

«la estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a permanecer en sus puestos de trabajo. Esta Ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado, conforme consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los despidos contrarios a la Constitución y a esta Ley son nulos».

Asimismo, el texto de la ley contiene un procedimiento, mediante el cual el patrono que desee prescindir de un trabajador deberá acudir a los juzgados laborales para explicar por qué tomó esta decisión;  de no hacerlo se considerará la medida como injustificada y, por lo tanto, nula.

El artículo 79 de la ley solo permite a los patronos despedir a un trabajador bajo los siguientes supuestos:

«a) Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo. b) Vías de hecho, salvo en legítima defensa. c) Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono, a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él o ella. d) Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y la seguridad laboral. e) Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene del trabajo. f) Inasistencia injustificada al trabajo durante tres días hábiles en el período de un mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. La enfermedad del trabajador o trabajadora se considerará causa justificada de inasistencia al trabajo. El trabajador o trabajadora deberá, siempre que no existan circunstancias que lo impidan, notificar al patrono o a la patrona la causa que lo imposibilite para asistir al trabajo. g) Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la entidad de trabajo, materias primas o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias. h) Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento. i) Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo. j) Abandono del trabajo. k) Acoso laboral o acoso sexual».

Pese a estas restricciones legales y a la falta de cifras oficiales, el número de puestos de trabajo en el país es cada vez menor y de eso no se puede culpar a la pandemia del coronavirus. A finales de 2019 el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que la tasa de desempleo para ese año cerraría en 47,2% y que en 2020 alcanzaría el 50,5%.

Desde la aprobación de la Ley del Trabajo vigente la desocupación no ha hecho más que crecer. Así, en 2013 llegó a 5,3%, en 2015 saltó a 9,4%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), luego en 2016 pasó al 10,5%, según expertos; y en 2017 alcanzó 27,1%. Lo expuesto demuestra cómo a pesar de la existencia de un régimen de inamovilidad desde hace años, dicha medida no ha tenido el efecto buscado.

La destrucción del empleo ha coincidido con el colapso del modelo económico impuesto por el chavismo, el cual ha estado sustentado en los altos precios del barril de petróleo, en el endeudamiento externo y en los controles de precios, empresas ydivisas, así como en una política de expropiaciones que ha desincentivado la producción nacional y ahuyentado posibles inversiones extranjeras. Desde 2013, cuando los precios del crudo comenzaron a caer, el país ha perdido el 65% del Producto Interior Bruto, de acuerdo también a los estudios del FMI.

Adicionalmente, debe señalarse que mediante resolución de la Sala Plena, el TribunalSupremo de Justicia declaró el cierre de tribunales, y el decreto de alarma cerró la administración pública, con excepción de los rubros vinculados a salud, alimentación y orden público, lo que implica que en el supuesto de que los trabajadores sean objeto de violaciones a sus derechos, los mismos no tendrán órgano alguno ante el cual puedan interponer sus reclamos, lo que hace ver aún más la ineficacia de la medida.

Siete preguntas sobre el estado de alarma contra el coronavirus

La pandemia del coronavirus que azota al mundo desde principios de 2020 llegó a Venezuela, y la administración de Nicolás Maduro comenzó a tomar medidas apenas horas después de que anunciara oficialmente que había casos de la enfermedad en el país. Así, el viernes 13 de marzo decretó el estado de alarma previsto en la Constitución, bajo el alegato de que era necesario implementar acciones para evitar la propagación del llamado COVID-19 con «cero burocracia y cero irresponsabilidad».

Sin embargo, la decisión puso sobre el tapete que el país ya estaba bajo un estado de excepción desde enero de 2016, aunque bajo la modalidad de emergencia económica. De hecho, el mismo día en que informó que declaraba el estado de alarma se hizo pública la Gaceta Oficial n.º 6.515 que prorrogaba una vez más el estado de excepción, el cual entraba así en su cuarto año.

Dada la complejidad de la situación, Acceso a la Justicia pasa a dar respuesta a las preguntas más comunes sobre el Estado de Alarma para Atender la Emergencia Sanitaria del Coronavirus (COVID-19), publicado en Gaceta Oficial n.º extraordinario 6.519 del 13 de marzo de 2020.

 

1. ¿Por qué el Gobierno necesita un estado de alarma si ya estaba en vigor un estado de excepción?

El decretar un estado de alarma ante la pandemia está más que justificado. Lo que no lo está es el estado de excepción por razones de emergencia económica, como demuestra la creciente crisis económica y social desde que se decretó en 2016. Esto demuestra que, como se ha advertido desde Acceso a la Justicia, solo ha obedecido a razones políticas, pues se ha utilizado para legislar, prescindir de la Asamblea Nacional (AN) y eludir todo control presupuestario, en lugar de resolver los problemas nacionales. Por ello, la crisis económica y social del país no solo persiste, sino que más bien se ha agravado.

2. ¿La Constitución permite que el país esté bajo el estado de emergencia económica y el estado de alarma al mismo tiempo?

En principio sí, pues de acuerdo con el texto de la Constitución, cada uno de estos tipos de regímenes de excepción tiene su propio objeto y finalidad que pueden resultar compatibles entre sí. Así, el artículo 338 constitucional señala que el estado de alarma tiene como objetivo atender una calamidad o catástrofe originada por hechos de la naturaleza (lluvias torrenciales, terremotos, deslaves); por hechos sociales (paros cívicos, huelgas generales); o por hechos del hombre (proliferación de virus, enfermedades contagiosas).

Por su parte, el estado de emergencia económica tiene el propósito de atender las circunstancias extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. Sin embargo, este tipo de estado de excepción no puede durar más de 120 días y ya tiene más de cuatro años. Tampoco se justifica el estado de excepción por emergencia económica a estas alturas porque la Constitución establece que si la crisis no se resuelve en el plazo máximo de 120 días se tiene que buscar solucionarla por medios ordinarios, es decir, sin el estado de excepción que implica restricciones a los derechos de los ciudadanos. Todo ello demuestra que el mantenerlo vigente no ha sido sino una arbitraria decisión de tipo político para usurpar los poderes de la AN y tener facultades en materia presupuestaria sin límites al no tener control alguno.

3. ¿Cuál es la duración del estado de alarma?

El estado de alarma, como todo estado de excepción, entra en vigencia inmediatamente una vez dictado por el Gobierno de acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (LOEE), y tiene una vigencia de treinta días según el artículo 338 de la Constitución, prorrogable por otros treinta días.

Del mismo modo, debemos recordar que la Constitución señala (artículo 339) que dentro de los ocho días siguientes a la puesta en vigencia, el decreto debe ser remitido a la AN, y si esta lo aprueba, debe ser enviado a la Sala Constitucional para su verificación. Sin embargo, ya sabemos la posición que se asumirá en este sentido con el supuesto desacato de la AN, sin que ello no sea más que una usurpación de sus potestades. Es decir, si la Asamblea no lo ha aprobado será la Sala Constitucional quien lo declare constitucional, aun cuando la LOEE se lo prohíba (artículo 33).

Finalmente, y no menos importante, es que, a pesar de que los artículos 22 y 30 de la ley obligan a que el decreto de alarma sea publicado en la Gaceta Oficial al día siguiente «si fuere posible», lo cierto es que más de una semana después de dictado, al momento de divulgar este texto el decreto solo ha circulado por redes sociales y no está publicado en el portal de la Imprenta Nacional ni en ningún otro portal oficial.

4. ¿Qué garantías pueden ser restringidas por el Gobierno?

Por tratarse de un estado de excepción de alarmaoriginado por la proliferación de un virus calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) las garantías constitucionales que el Ejecutivo ha restringido han sido, entre otras, la libertad de tránsito (artículo 50), los derechos a la cultura (artículo 98), a la educación (artículo 102), al deporte (artículo 111), y de reunión (artículo 53).

De hecho, nada más declararse el estado de alarma, para intentar contener la propagación del COVID-19 se estableció en el decreto ya citado prohibir las concentraciones masivas y la celebración de conciertos (artículo 12); así como suspender las clases y de actividades laborales -salvo en determinados sectores- (artículo 8); el cierre de espacios públicos como museos y parques (artículo 12); además, la posibilidad de prohibir los vuelos internos e internacionales (artículo 15).

Pese a que en la mayoría de las normas se hace una regulación bastante clara de las restricciones, en el decreto quedan importantes vacíos. Por ello, la disposición final segunda delega a las autoridades nacionales, regionales y municipales para que reglamenten lo pertinente, y en la disposición final novena, se establece que el Ministro de Comunicación e Información debe concienciar a los ciudadanos sobre la situación y divulgar el contenido del decreto a nivel nacional.

A pesar de la claridad del decreto en este sentido, en la práctica se han producido desviaciones, así, se ha restringido el paso entre municipios sin regulación previa y clara sobre ello y se han generado denuncias de pacientes renales que no han podido trasladarse a sus unidades de diálisis por encontrarse en otro municipio o ciudad. Por cuidar el derecho a la salud no se puede poner en riesgo el derecho a la vida de otros.

Otra manera de restringir el derecho a la circulación ha sido una práctica contraria a lo establecido en el artículo 9.2 del propio decreto de alarma, que establece que se debe garantizar el expendio de combustible. En cambio, en las regiones, donde desde hace ya tiempo la gasolina escasea a tal punto que hay cupos diarios limitados para llenar el tanque y un número de litros establecido por persona, se ha informado que se permite poner gasolina solo a quien según el decreto de alarma pueda trasladarse por trabajo, como médicos, policías, militares o a quien preste servicios alimenticios. Aun así, se ha prohibido el expendio de combustible incluso a médicos privados. En Caracas, que suele ser la excepción a la regla de cortes de luz diarios y de racionamiento de gasolina que se aplica en las regiones ya como política de Estado desde hace varios años, también se está racionando la gasolina, al funcionar solo algunas bombas por sectores de la ciudad.

5. ¿Qué derechos no pueden ser limitados?

La Constitución, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la propia LOEE establecen un catálogo de derechos que no pueden ser restringidos en un estado de excepción. Las garantías que no pueden ser limitadas son, entre otras, las siguientes: la vida; el reconocimiento a la personalidad jurídica; la protección de la familia; la igualdad ante la ley; la nacionalidad; la libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas; la integridad personal, física, psíquica y moral; no ser sometido a esclavitud o servidumbre; La libertad de pensamiento, conciencia y religión; la legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales; el debido proceso; el amparo constitucional; la participación, el sufragio y el acceso a la función pública; y la información.

No obstante, algunos de estos derechos ya han sido limitados. Un ejemplo, el derecho a la información, el cual no está expresamente protegido en el decreto, ya que no se excluye a los periodistas de la suspensión de actividades y ello ha generado que se impida su paso en diversas ciudades del país, llegando incluso a la detención arbitraria del periodista Darvinson Rojas.

El estado de alarma es un medio para proteger la salud de la población, no puede ser utilizado como medio de represión o caldo de cultivo para la arbitrariedad.

6. ¿Pueden autoridades regionales o municipales regular el estado de excepción?

Sí, pues un decreto de alarma en el marco de un estado de excepción tiene rango legal, es decir, es como una ley y como tal puede ser reglamentada por autoridades del poder ejecutivo nacional, estadal o municipal. Así, la disposición final segunda delega a las autoridades nacionales, regionales y municipales para que reglamenten lo pertinente. De esta manera, gobernadores y otras autoridades han dictado decretos y otras normativas para regular en sus territorios lo relativo al libre tránsito y toques de queda.

No obstante, es importante aclarar que el estado de alarma se dicta para proteger la salud pública y no para violar Derechos Humanos, por lo que estas limitaciones no deben dar lugar a arbitrariedades. En este sentido, la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) ha denunciado cómo la alcaldía del municipio Maracaibo en el decreto n.º 0024- 2020 del pasado 19 de marzo establece sanciones para las personas jurídicas o naturales que desarrollen actividades comerciales que abran a pesar de la prohibición al respecto, previendo incluso pena de arresto. Al respecto debe aclararse que las sanciones solo pueden ser establecidas por vía legal o de un decreto-ley como es el propio estado de alarma, no por vía de un decreto puro y simple como es el del alcalde. Los poderes ejecutivos regionales y municipales no cuentan con facultades legislativas. En un Estado de derecho lo propio sería solicitar la nulidad de ese decreto del alcalde de Maracaibo e inmediatamente por vía cautelar sería suspendido ya que es una afrenta a la reserva legal, garantía básica para los ciudadanos.

7. ¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La pandemia que hoy vive el mundo es una prueba de fuego para todos, pero especialmente para la población venezolana, que desde hace tiempo es vulnerable y resiste una crítica y grave emergencia humanitaria compleja.

Acceso a la Justicia considera que este momento debería ser propicio para ir más allá de las ideologías y de los partidismos en pro de los más necesitados y desamparados en una sociedad, quienes no cuentan con un sistema de salud óptimo para tratar los males más cotidianos. De la aceptación de esta situación deben salir políticas públicas que permitan aplicar a esta dura realidad mecanismos más allá de los intereses políticos en beneficio de la gente.

Advertimos a las autoridades que esta amenaza no se puede combatir únicamente limitando derechos y militarizando las ciudades. Es tiempo de especialistas de salud y no de cuarteles. La situación exige, sobre todo para las clases más empobrecidas por la situación, que se tomen medidas que contrarresten los nefastos efectos que en la economía familiar generará la cuarentena. El hambre no espera por cuarentenas.

Acceso a la Justicia: El secuestro de la justicia, el pecado original del chavismo
Empleando reformas legales y designaciones de magistrados, el chavismo ha logrado controlar al Tribunal Supremo de Justicia 

 

El proceso de desmantelamiento de la democracia venezolana tiene su origen en la cooptación de las instituciones, en particular del Tribunal Supremo de Justicia.

Mediante sucesivas reformas legales y designaciones de magistrados en procesos contrarios a la Constitución, el chavismo ha logrado en estas dos décadas controlar al máximo juzgado y cercenar la independencia del Poder Judicial, a la par de restarle derechos a la ciudadanía y neutralizar a otros poderes como la Asamblea Nacional, electa en diciembre de 2015.

En el informe La toma del poder absoluto, Acceso a la Justicia hace un recuento de todas las maniobras y argucias a las que recurrió el chavismo para cooptar elsistema de justicia. En dicho reporte se concluye que ese proceso se inició en agosto de 1999, cuando la asamblea nacional constituyente dictó el Decreto de Reorganización de todos los órganos del Poder Público, el cual dio paso a la intervención de las instituciones.

A esta medida siguió el Decreto de Reorganización del Poder Judicial del 25 de agosto del referido año, reimpreso el 8 de septiembre en la Gaceta Oficial n.º 36.782 y mediante el cual se creó la Comisión de Emergencia Judicial, integrada por nueve miembros designados por la ANC y cinco nombrados fuera de su seno pero por la propia Constituyente. Durante meses, este ente se dedicó a suspender y despedir jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios alegando hechos de corrupción o retardo judicial.

Gran purga

La intervención de la justicia dio lugar a que los jueces venezolanos perdieran su estabilidad y se transformaran todos en provisorios, una situación en la que se mantuvieron durante años, casi siete jueces de cada diez o incluso más en algunos años.

Por su parte, aquellos funcionarios que fueron suspendidos o destituidos en esta primera gran purga solo podían apelar de la decisión ante la propia constituyente.

Esta intervención no se subsanó con la entrada en vigor de la nueva Constitución, sino que se institucionalizó mediante el Decreto sobre el Régimen de Transición del Poder Público.

Acceso a la Justicia en su informe recordó que ello permitió la designación de los magistrados de las seis salas del TSJ previstas en la nueva Carta Magna, sin acatar el procedimiento constitucional.

La primera AN, electa en las megaelecciones de julio de 2000, no enmendó el error de la constituyente sino que lo agravó con la denominada Ley Especial para la Ratificación o Designación de los Funcionarios o Funcionarias del Poder Ciudadano y Magistrados y Magistradas del TSJ para el Primer Período Constitucional (Gaceta Oficial n.º 37.077 del 14 de noviembre de 2000). Dicho texto legal en vez de aplicar de forma efectiva las exigencias constitucionales se apartó de ellas. Un ejemplo de esto fue que la norma estableciera que los magistrados serían elegidos por mayoría de los diputados y no por las 2/3 partes que exige el artículo 265 de la Carta Magna.

Este instrumento fue avalado por la novísima Sala Constitucional, que además en susentencia n.º 1.562 del 12 de diciembre de 2000 eximió a los magistrados que aspiraban a la ratificación de cumplir los requisitos constitucionales para ocupar sus puestos. Lo descrito indica que a partir de 1999 se instaló en Venezuela una verdadera política de Estado de inestabilidad y persecución de jueces, así como de dominación del TSJ mediante la designación de personas afectas al Gobierno. De allí que no es de extrañar que solo 13% de los magistrados del máximo juzgado haya cumplido con su período completo.

Segundo y tercer golpe

Apenas cuatro años después de la entrada en vigencia de la Carta Magna, el chavismo propinó otra embestida a la justicia para asegurarse su control. Valiéndose de su mayoría en la AN, aprobó a finales de 2004 la nueva Ley Orgánica del TSJ, que incrementó el número de magistrados de veinte a treinta y dos y consolidó la politización del máximo tribunal.

Gracias a esta reforma se designaron diecisiete nuevos magistrados titulares y treinta y dos suplentes, en otro proceso que dejó en claro que las credenciales eran lo de menos y que lo que más importaba eran las simpatías ideológicas. En esta ocasión, el diputado Luis Velásquez Alvaray (PSUV), quien presidió la Comisión Parlamentaria que redactó la cuestionada Ley del TSJ, fue nombrado magistrado de la Sala Constitucional, cargo que desempeñó por menos de dos años porque renunció en medio de una avalancha de denuncias de corrupción, como recuerda Acceso a la Justicia en su informe La toma del poder absoluto.

 

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