Acceso a la Justicia, autor en Runrun

Acceso a la Justicia

TSJ avala de manera definitiva a Bernabé Gutiérrez como secretario general de AD
La Sala Constitucional dictó tres fallos que impusieron directivas ad hoc sobre AD, Primero Justicia y Voluntad Popular

 

Tras más de dos años, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha puesto punto final a la intervención de Acción Democrática (AD). En una serie de decisiones adoptadas en diciembre pasado por dos de sus salas, el máximo juzgado avaló las elecciones internas que el partido celebró a mediados de 2022, pese a las distintas denuncias de irregularidades que recibió de militantes de esa formación.

La Sala Constitucional, en su sentencia n.º 1.189 del 15 de diciembre de 2022, dio por cerrado el proceso que abrió contra el partido blanco mediante el cual destituyó a la directiva encabezada por Isabel Carmona y por el entonces diputado Henry Ramos Allup y la reemplazó por otra dirigida por el parlamentario Bernabé Gutiérrez.

En la decisión redactada por la presidenta de la instancia, la magistrada Gladys Gutiérrez, se afirma que la directiva liderada por Bernabé Gutiérrez cumplió las «órdenes» que la instancia le giró en junio de 2020, pues modificó los estatutos del partido para adecuarlos a la Constitución y convocó elecciones para renovar a sus autoridades, las cuales se celebraron el pasado 11 de junio.

Así, en el fallo se lee lo siguiente:

«Dado el cumplimiento de lo ordenado por esta Sala, debe declararse el decaimiento del objeto del presente amparo, por cuanto el asunto que motivó su interposición ya fue resuelto conforme a lo ordenado, y, en tal sentido, se tiene por culminado el proceso de reestructuración de la referida organización».

Como se recordará, entre el 15 y el 16 de junio de 2020, la Sala Constitucional dictó de un solo plumazo tres fallos que impusieron directivas ad hoc sobre AD, Primero Justicia y Voluntad Popular, tal como señaló Acceso a la Justicia en su momento y que significó el comienzo del diseño de una «oposición a la medida».

Irregularidades, ¿cuáles?

El carpetazo de la Sala Constitucional vino precedido por otros de la Sala Electoral. Apenas 24 horas antes, el 14 de diciembre de 2022, la instancia encargada de resolver disputas relacionadas con comicios declaró inadmisibles tres recursos contencioso electorales que unos directivos de AD de Caracas y Lara interpusieron contra las elecciones internas entre el 16 de junio y el 20 de julio pasado.

En sus sentencias n.º 124125 y 126 la Sala desechó las quejas de los accionantes, quienes entre otras cosas denunciaron que el cronograma electoral no fue respetado y que las comisiones electorales municipales y estadales fueron integradas en algunos casos por candidatos que participaban en la contienda.

Como si lo anterior no fuera suficiente, en el caso de Caracas los demandantes expusieron que la Comisión Electoral Interna Nacional ignoró los resultados computados por la Comisión Seccional y no aceptó a los vencedores de dicho proceso.

A pesar de la gravedad de los señalamientos, la Sala Electoral no los analizó. ¿La razón?

«Resulta evidente para esta Sala Electoral, que en el caso de marras subyace una intención “implícita” de confundir a este órgano juzgador para que emita una decisión que contraríe las sentencias (…) de la Sala Constitucional de este alto tribunal, razón por la cual este órgano judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, declara la inadmisibilidad del recurso contencioso electoral interpuesto, al haberse determinado que la pretensión central que subyace excede el ámbito jurisdiccional de este órgano decisor, dado que contra las decisiones emanadas de cualquier Sala del Máximo Tribunal, no se oirá ni admitirá acción ni recurso alguno».

El argumento sirvió para que la instancia se abstuviera de ejercer control judicial sobre las elecciones impugnadas, incurriendo así en una violación del derecho a la tutela judicial efectiva y en denegación de justicia.

En las elecciones internas celebradas por AD el 11 de junio de 2022 participaron 213.944 militantes, según informaron las autoridades impuestas por el TSJ. En dicho proceso, Bernabé Gutiérrez fue elegido secretario general. Cabe recordar que el exgobernador de Amazonas, ahora diputado y precandidato presidencial, fue designado por la Sala Constitucional para encabezar la directiva ad hoc y asumió desde entonces el control de la tarjeta del partido blanco ante las autoridades electorales. Entre las decisiones tomadas en estos dos años de intervención judicial estuvo la participación en los cuestionados comicios parlamentarios de diciembre de 2020 y el apoyo de candidaturas alternativas a la plataforma unitaria de oposición en las elecciones regionales y locales.

A unos sí y a otros no

En diciembre del año pasado, la Sala Constitucional también dictó cinco sentencias en las que rechazó las peticiones de igual número de formaciones políticas, todas ellas opositoras o críticas del Gobierno de Nicolás Maduro, para poder participar en las cuestionadas elecciones legislativas de diciembre de 2020.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no les permitió a Unidad Visión Venezuela, Juan Bimba, Opina, Partido Democrático Unido por la Paz y la Libertad y el Partido Independiente de Venezuela participar en el proceso comicial porque no habían cumplido los trámites para renovar su inscripción. Los amparos intentados antes de las elecciones de diciembre de 2020 por las referidas organizaciones políticas fueron declarados inadmisibles por la Sala Constitucional más de dos años después bajo la premisa de que, según se lee en uno de los fallos:

«es un hecho público, notorio y comunicacional que el pasado 6 de diciembre de 2020, se llevaron a cabo las elecciones a diputados…, por lo que, en el presente caso, la situación denunciada como lesiva resulta irreparable, pues, ya se materializó el evento que, ante la inobservancia de los órganos identificados como presuntos agraviantes, ocasionaba la supuesta vulneración de los derechos constitucionales invocados por la parte actora».

juicio de Acceso a la Justicia, una lectura de todas estas decisiones corrobora no solo la falta de independencia y parcialización del TSJ, sino que confirma la existencia de una política de Estado que, como ya se mencionó, ha buscado confeccionar una oposición conveniente para el Gobierno.

38% de las leyes sancionadas por la AN en 2022 todavía no han aparecido en Gaceta Oficial
Ocho de las 21 leyes sancionadas el año pasado no han entrado formalmente en vigor

 

La Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 sancionó veintiún leyes el año pasado. Sin embargo, ocho de ellas todavía no han entrado formalmente en vigor. ¿La razón? No han sido publicadas en la Gaceta Oficial.

Acceso a la Justicia obtuvo la información al revisar la información disponible en el sitio web del Parlamento. En este sentido, en la página oficial del organismo, específicamente en el resumen legislativo que ofrece la AN, se lee «APROBADAS EN LA ASAMBLEA NACIONAL, AÚN NO PUBLICADAS EN GACETA OFICIAL» sin ofrecer  mayor explicación de por qué en el caso de estos ocho instrumentos, que equivalen al 38% de las leyes realizadas por los diputados, no se ha cumplido con el último e indispensable requisito para considerarlos vigentes.

El artículo 215 de la Constitución de 1999 es claro al señalar que «la Ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente «Cúmplase» en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela». En el mismo sentido, el artículo 1 del Código Civil establece que «La Ley es obligatoria desde su publicación en la GACETA OFICIAL o desde la fecha a posterior que ella misma indique». La nueva Ley de Publicaciones Oficiales también ratifica esta disposición en su artículo 10. Así, mientras este trámite no se realice el texto no se puede considerar vigente y, por lo tanto, ni las autoridades ni los ciudadanos están obligados a acatar sus disposiciones.

No hay información disponible que indique que el presidente de la República haya vetado alguna de las leyes que integran este grupo. Lo cierto es que ninguna de las leyes sancionadas entre octubre y diciembre de 2022 ha sido publicada en la Gaceta Oficial, pese a que el texto constitucional en su artículo 214 da un plazo de diez días al presidente de la República para la promulgación de las leyes.

Esta práctica opaca no es novedosa. A finales del año pasado, desde Acceso a la Justicia denunciamos que a partir de 2021 hay dieciocho números de la Gaceta Oficial cuyo paradero se desconoce, así como su contenido, a lo que hay agregar once gacetas de número extraordinario, presumiblemente del último trimestre de 2022 y comienzos de este año, que tampoco son de conocimiento público.

Sin dinero ni derechos

Entre los instrumentos que no han entrado definitivamente en vigor figuran las leyes de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023 y de Endeudamiento. Ambas normas son de gran trascendencia e impacto para los ciudadanos, por cuanto prevén los fondos que el Estado destinará a servicios como la educación, salud, seguridad y al pago de pensiones o jubilaciones, así como a inversiones en infraestructuras y servicios públicos.

La Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores a Domicilio y la reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora son otras normas que, pese a haber sido aprobadas por los diputados y previsiblemente refrendadas por Nicolás Maduro, tampoco están en vigor.

No obstante, mientras el texto no aparezca en la Gaceta Oficial, ninguna de estas disposiciones se podrá aplicar ni su incumplimiento sancionarse.

¿Misión cumplida?

En una reciente entrevista con la estatal Venezolana de Televisión (VTV), el diputado oficialista Juan Carlos Alemán confirmó que el año pasado el Parlamento sancionó veintiún leyes. La cifra representa el 91% de la meta que el Parlamento se había trazado en su Agenda Legislativa para 2022, la cual estaba conformada por veintitrés proyectos.

El parlamentario, quien es presidente de la Comisión del Poder Popular y Comunicación de la AN, admitió que «nos quedamos cortos» en comparación con 2021. En el primer año de la actual legislatura fueron sancionadas 35 leyes, 40% más que en 2022. En realidad, fueron 38 los textos aprobados en 2021, apuntó el reelecto presidente de la AN, Jorge Rodríguez.

Sin embargo, Alemán recordó que el año pasado 39 leyes fueron aprobadas en primera discusión y «este 2023 esas 39 leyes que ya fueron aprobadas en primera discusión se van a convertir en leyes de la República».

Los objetivos para 2023

Las reformas de las leyes del Poder Popular o la aprobación de otras nuevas como la del llamado Parlamento Comunal y la de la Comunicación son algunas de las prioridades del Parlamento para el año que recién comienza, según lo aseguró Juan Carlos Alemán.

«Queremos darle más poder a la gente. Nosotros no queremos no sé cuantas más alcaldías, sino los 40.000 consejos comunales e incluso más», dijo.

Por último, el legislador anunció que otra prioridad será la aprobación de una ley para regular las redes sociales. En todo caso, habrá que esperar la publicación en los próximos días de la agenda legislativa para 2023.

2022, el año en que la justicia simuló cambiar para escapar de la investigación de la Corte Penal Internacional
La sexta reestructuración que el TSJ ha sufrido desde el año 2000 quedó en una simple simulación

 

2022 estaba destinado a ser el año de la justicia en Venezuela. Así lo aseguraron las altas autoridades, quienes vendieron la idea de que las reformas legislativas que pusieron en marcha a finales de 2021 y las institucionales emprendidas en los primeros meses del año, como la designación de un «nuevo» Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), estaban destinadas a mejorar y hacer más eficiente al Poder Judicial; y, por consiguiente, haría innecesaria la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad presuntamente ocurridos en el país. Sin embargo, pronto quedó en claro que las promesas de cambio no eran tales.

La sexta reestructuración que el máximo juzgado ha sufrido desde el año 2000 quedó en una simple simulación, y la reducción de treinta y dos a veinte en el número de magistrados no ha traído el «profundo proceso de transformación del sistema de justicia», anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, cuando juramentó en abril pasado a los miembros del organismo rector del Poder Judicial.

Lo anterior no debería sorprender, visto que el 60% de los «nuevos» miembros del organismo rector del Poder Judicial ya venían ocupando ese cargo y fueron reelectos. Esto a pesar de que el artículo 264 de la Constitución señala claramente que «los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos por un único período de doce años».

El Parlamento obvió esta disposición de la carta magna y en la reforma que en enero pasado hizo a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) abrió las puertas para que los funcionarios en ejercicio se pudieran postular para un nuevo mandato, al establecer tal posibilidad en la disposición transitoria segunda de esa ley.

Menos magistrados, mismo TSJ

El «nuevo» TSJ es muy similar al anterior, su única diferencia es que tiene menos magistrados. Sin embargo, como en el anterior, estos tienen vínculos importantes con el Gobierno o el partido de Gobierno: una inmensa mayoría de sus miembros (85%) tienen nexos familiares con altos funcionarios, han ocupado puestos en el Ejecutivo durante las administraciones del fallecido Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, han militado en el Partido Socialista de Unido de Venezuela (PSUV) o simplemente han respaldado sus actuaciones, una situación que genera dudas más que razonables respecto a su independencia.  

Por ejemplo, la actual presidenta de la Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, se desempeñó temporalmente como alcaldesa de Caracas tras la renuncia de Erika Farías, mientras que la actual integrante de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, fue durante una década rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) y antes de eso diputada por el extinto Movimiento Quinta República (MVR).

Esta situación provocó alarma internacionalmente. «Los vínculos abiertos de varios magistrados, incluidos los suplentes, con los partidos políticos plantean preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes», denunció la exalta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en julio del año pasado.

El nombramiento de magistrados afectos al oficialismo explica por qué el máximo juzgado continúa avalando las decisiones del Gobierno y rechazando todas aquellas que se oponen a ellas. Ejemplos recientes son los cuatro fallos de la Sala Político Administrativa que desecharon las demandas contra el instructivo salarial dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) interpuestas por un grupo de universidades, sindicatos y jubilados, o la sentencia de la Sala Electoral que suspendió parcialmente las elecciones de autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en las cuales el oficialismo salió mal parado.

Por su parte, la Sala Constitucional ha continuado interviniendo colegios profesionales y organizaciones sindicales.

Los problemas siguen iguales

En los casi ocho meses que han transcurrido desde que la elección de este «nuevo» TSJ, el organismo no ha adoptado ninguna medida tendiente a atacar uno de los problemas más serios que quejan a la justicia venezolana: la provisionalidad.

Esto tampoco debería ser sorpresa, porque desde 2004 el máximo juzgado no adjudica un solo cargo de juez mediante concursos de oposición. La última vez que un magistrado habló del asunto fue en 2009, cuando el entonces director de la Escuela Nacional de la Magistratura, Arcadio Delgado Rosales, prometió que en 2010 se retomarían, algo que no ocurrió.

Acceso a la Justicia, en un informe publicado en mayo de 2022, reveló que, en el mejor de los casos, de los 844 jueces penales que hay en el país, solamente 164 son titulares (19,43%) y 609 son provisorios (72,16%).

Al ser jueces provisorios, temporales, accidentales, suplentes o itinerantes, el TSJ no considera que estos funcionarios gocen de estabilidad en el cargo y, por lo tanto, los puede remover sin ningún procedimiento previo que le garantice su derecho a la defensa. Esta situación los hace vulnerables y susceptibles a recibir instrucciones para mantener sus puestos, según han advertido tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

No es de extrañar que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, nada más revisar la reforma de la Ley Orgánica del TSJ advirtiera que la remodelación del organismo podría «perpetuar» los problemas que aquejan a la justicia.

Cambios de rostros, no de políticas

Pero no solo en el TSJ se produjeron presuntos cambios. La AN también designó a los nuevos titulares de los organismos subordinados al TSJ, tales como el director de la Escuela de la Magistratura y la Inspectora General de Tribunales. Asimismo, hubo la designación de un «nuevo» Defensor Público General.

No obstante, no se cumplieron los planes de renovar al Ministerio Público, organismo que viene siendo dirigido por Tarek William Saab, quien llegó allí por decisión de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017. Tampoco ha habido cambios respecto de la Defensoría del Pueblo, cuya máxima autoridad, Alfredo Ruiz, también fue designado por la ANC

Restringir financiamiento internacional de sociedad civil parece ser objetivo del Estado venezolano
Las autoridades venezolanas bloquean el financiamiento de ONG que defienden los derechos humanos

 

«A quien anda sin dinero, lo ponen de candelero». En el Gobierno venezolano tienen muy asumido este castizo refrán, que deja en claro la importancia del dinero en el mundo actual; por ello, el muro normativo que en las últimas dos décadas han ido tendiendo las autoridades venezolanas en torno a las organizaciones de la sociedad civil parece tener como principal objetivo secar las fuentes de financiación internacional de las agrupaciones sin fines de lucro, en especial de aquellas que defienden los derechos humanos, así como también de las humanitarias y caritativas que operan en el país.

A esta conclusión se arriba en el informe Cerco normativo a la libertad de asociación en Venezuela que Acceso a la Justicia publicó hace poco y en el cual se denuncia que seis de las catorce leyes o normativas dictadas por los distintos organismos públicos para regular el derecho a asociarse contienen disposiciones que buscan limitar u obstaculizar la recepción de fondos desde el exterior por parte de las agrupaciones civiles sin fines de lucro. Esta cifra supone casi la mitad de las regulaciones aprobadas en la materia (42%).

En el reporte se recuerda que la Ley de Defensa de la Soberanía y Autodeterminación Nacional, dictada en 2010 por la Asamblea Nacional (AN), prohíbe en su artículo 1 el financiamiento internacional para aquellas organizaciones que «atenten contra la soberanía, la independencia de la Nación, el ejercicio de las instituciones nacionales o de las autoridades legalmente constituidas», y más específicamente para organizaciones con fines políticos (que es la denominación constitucional para los partidos políticos), personas naturales que realicen «actividades políticas» y organizaciones no gubernamentales (ONG) que lleven a cabo «actividades para la defensa de derechos políticos» (artículo 2).

Pero si lo anterior no fuera suficiente, en el artículo 6 prevé multas para aquellas organizaciones y personas que reciban fondos desde el exterior equivalentes «al doble del monto recibido», sin perjuicio de la aplicación de sanciones adicionales establecidas en otras leyes.

Por su parte, en el artículo 8 señala que serán sancionados con multas de 5.000 a 10.000 unidades tributarias las organizaciones con fines políticos, de defensa de los derechos políticos o particulares que «inviten a ciudadanos o ciudadanas u organizaciones extranjeras, para que bajo su patrocinio emitan opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o altas funcionarias, o atenten contra el ejercicio de la soberanía». Además, quienes emitan ese tipo de opiniones estarán sujetos a la expulsión del país. Igualmente prevé inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos en caso de reincidencia.

Algo llamativo de este instrumento es que no establece el procedimiento correspondiente ni señala cuál es la autoridad encargada de aplicar las sanciones antes mencionadas.

Afinando el blanco

Si bien la Ley de Defensa de la Soberanía y Autodeterminación Nacional parecía estar dirigida a golpear a los partidos políticos, sindicatos y agrupaciones civiles encargadas de monitorear el sistema electoral, en el informe de Acceso a la Justicia se denuncia que posteriormente las autoridades ajustaron su mira en otras instancias.

Así pues, en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo se incluyó entre los «sujetos obligados» a cumplir sus disposiciones a las «fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro; organizaciones con fines políticos, grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por iniciativa propia para cargos de elección popular».

Este instrumento ha servido de sustento para cuatro normas de rango sublegal dictadas en los últimos cuatro años y en las que se les ha impuesto a las organizaciones sin fines de lucro la obligación de registrarse ante nuevas instancias, de presentar información que ya el Estado tiene en su poder y de reportar el origen y destino de los fondos que reciben desde el exterior, se expone en el reporte.

Por ejemplo, en las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicables a las Instituciones del Sector Bancario, de 2019, se insta a las entidades financieras a considerar a las asociaciones sin fines de lucros y las fundaciones como «clientes o actividades económicas de alto riesgo».

Un año después, la Sudeban envió una circular a los bancos en la que los instruyó para «maximizar los protocolos establecidos en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, así como verificar la legalidad y debida autorización de las empresas que pretendan prestar dichos servicios financieros». Esto debido a que presuntamente verificó un uso malicioso de instrumentos como tarjetas prepagadas, en clara alusión a la labor de Azul Positivo en el Zulia, Alimenta La Solidaridad y Caracas Mi Convive.

Días antes, los ministerios de Interior y Exteriores emitieron una resolución conjunta, que contenía las Normas especiales para el Reconocimiento y Funcionamiento de las Organizaciones Asociativas No Gubernamentales no domiciliadas en Venezuela y en la que se obliga a las agrupaciones civiles internacionales registrarse ante un nuevo organismo gubernamental. A fin de obtener los permisos para seguir operando en el país, la resolución ordena a las organizaciones que le informen sobre sus fondos y el destino de estos.

Una obligación similar figura en la Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, de mayo de 2021, según se denuncia en el reporte.

«Al obligar constantemente a las organizaciones a probar que no están legitimando capitales o financiando el terrorismo, se viola el principio de presunción de inocencia en la medida en que se establece un estado general de sospecha sobre la mismas sin que haya una investigación previa e individualizada que lo justifique».

Víctimas de la represión venezolana pueden hacerse oír en La Haya
La Corte Penal Internacional ha pedido a los afectados por las supuestas violaciones a los derechos humanos que le informen si consideran que el Estado venezolano está investigando o no sus casos

 

Las víctimas de los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela al menos desde 2017 tienen la primera oportunidad de hacerse oír directamente en la Corte Penal Internacional (CPI). El juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) ha pedido a los afectados por las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país o a sus familiares cercanos que le informen si consideran que el Estado venezolano está investigando o no sus casos. Es importante tener en cuenta que esta etapa del proceso ante la CPI es muy específica: solo quiere saber si el proceso debe continuar ante La Haya o si, en cambio, en Venezuela hay condiciones para hacer justicia.

La invitación la hizo la Sala de Cuestiones Preliminares al responder el pasado 18 de noviembre a una solicitud que el Estado venezolano le presentó para, entre otras cosas, pedir que las víctimas participaran solo bajo ciertas condiciones y para excluir como partes a los cinco países americanos (Colombia, Chile, Canadá, Perú y Paraguay) que en 2018 remitieron el caso contra Venezuela.

Las víctimas tendrán hasta el 7 de marzo de 2023 para que aporten sus opiniones o preocupaciones relacionadas con la solicitud del fiscal Karim Khan, anunció el juzgado en su página web.

¿Qué significa esto? Las personas que hayan sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas o desapariciones forzadas, o los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, deberán exponerle su caso a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por las siglas en inglés de Victims Participation and Reparations Section), y si creen que se debe autorizar o no a Khan a reanudar su investigación en la situación de Venezuela «y, sobre todo, por qué lo creen».

Khan desea proseguir sus averiguaciones, porque considera que las autoridades judiciales nacionales no están «investigando genuinamente» los presuntos crímenes.

En un informe presentado a principios de noviembre, el jurista británico justificó su posición en las propias informaciones suministradas por el Estado. Así, expresó alarma por el hecho de que los 893 casos sobre los cuales el Ministerio Público (MP) le informó que estaba investigando, 606 (67,86%) sigan en fase de investigación y en 764 (85,55%) ni siquiera ha determinado a los autores de los crímenes.

Además, resaltó que apenas 23 casos (2,58%) han terminado con una condena por parte de un juez. Esto a pesar de que han transcurrido hasta cinco años de ocurridos algunos de los hechos.

¿Cómo y por dónde hacer llegar la información?

La Sala de Cuestiones Preliminares le dio a la VPRS hasta el 21 de marzo de 2023 para que le presente un informe con las opiniones de las víctimas respecto a quién consideran debería continuar las averiguaciones por los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, las autoridades nacionales o el fiscal Khan.

Los interesados en participar en esta fase del proceso deberán rellenar el formulario que se encuentra disponible en el sitio web de la CPI y enviarlo por la misma vía hasta el 7 de marzo.

El juzgado explicó que en esta etapa no es necesaria la participación de abogados, por lo que cada víctima o familiar puede completar el formulario por su cuenta.

En la planilla, además de pedirle a la víctima información sobre su identidad, se le solicita que describa los hechos en los que se vio envuelta, dónde y cuándo ocurrieron,  quién cree que fue el responsable de los mismos y que describa brevemente los daños que sufrió.

Seguidamente se le pregunta si quiere que el fiscal Khan pueda seguir investigando lo ocurrido en Venezuela, si tiene alguna preocupación sobre dicha averiguación y si teme por su seguridad tras esta interacción con la Corte.

El juzgado también anunció que recibirá a través del correo seguro VPRS.Information@icc-cpi.int las opiniones de las víctimas, y que quienes deseen hacerlas llegar por video o audio lo podrán hacer, siempre y cuando respondan a las preguntas contenidas en el formulario y que su duración sea menor de 10 minutos.

¿Quiénes pueden participar?

Esta invitación está abierta a todas las víctimas o quienes se consideren como tales, lo cual implica que no solo quienes figuran en las 893 investigaciones que el MP lleva adelante pueden hacer llegar sus opiniones.

Aquellos que hayan sido objeto de algunos de los crímenes de lesa humanidad detectados por la oficina de Khan también podrán participar, y todo aquel que se considere víctima de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por el Estado venezolano.

El fiscal de la CPI tiene indicios para creer que en Venezuela se han producido delitos tales como el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física; tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; violaciones y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable; persecución por motivos políticos contra personas detenidas en conjunto con los crímenes ya mencionados, todos hechos presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas que han actuado por órdenes del Gobierno.

Pueden participar tanto víctimas directas como indirectas, siendo estas últimas las que sufrieron daños por el crimen contra otra persona, por ejemplo, los familiares de alguien ejecutado arbitrariamente. Pueden participar las víctimas de manera individual o colectiva.

A partir del informe que la VPRS elaborará con las opiniones que reciba de los venezolanos, del documento de Khan y otro que le harán llegar las autoridades venezolanas, la Sala de Cuestiones Preliminares decidirá si la Fiscalía de la CPI debe seguir con su investigación o no.

La barrera lingüística, el reto a superar

La planilla que deberán responder las víctimas está en español. No obstante, hay que recordar que los «idiomas de trabajo (de la CPI) son el inglés y el francés» (paréntesis nuestro). Según explicó el juzgado:

«Existe una capacidad limitada para traducir documentos del español al inglés o al francés. Por lo tanto, se anima a las víctimas a completar el formulario en inglés o francés para evitar cualquier retraso en la traducción. Aquellas víctimas que opten por utilizar el audio o el video, deben utilizar el inglés o el francés si es posible, o pueden incluir la traducción consecutiva o los subtítulos de las lenguas de trabajo de la Corte. Esto reducirá considerablemente el tiempo de procesamiento de la información presentada por las víctimas».

Para ello, en la era de la tecnología no hay que saber idiomas para comunicarse, basta con escribir algo en español y colocarlo en el traductor de Google o DeepL y problema resuelto.

Acceso a la Justicia: Hay un cerco normativo al espacio cívico en Venezuela
Las autoridades han emprendido una lucha contra uno de los pocos espacios que aún no dominan: la sociedad civil organizada

 

Las ansias de control del partido de gobierno en Venezuela no tienen límites. Tras hacerse con el control de las instituciones del Estado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y acallar a la inmensa mayoría de los medios de comunicación independientes, las autoridades han emprendido una lucha contra uno de los pocos espacios que aún no dominan: la sociedad civil organizada. Así, en los últimos años han levantado un muro normativo para asfixiar a las organizaciones civiles.

La denuncia figura en el informe de Acceso a la Justicia Cerco normativo a la libertad de asociación en Venezuela, en el cual se afirma que los instrumentos aprobados o reformados en las últimas dos décadas han establecido obligaciones «incompatibles con los estándares internacionales» en materia de derechos humanos.

En el reporte se pasa revista al contenido de nueve leyes (del Poder Popular; Consejos Comunales; Comunas; Sistema Económico Comunal y Contraloría Social; Defensa de la Soberanía y Autodeterminación Nacional; Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones; contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo; Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación; y la reforma del Impuesto sobre La Renta) y a cuatro normas de rango sublegal (las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicables a las Instituciones del Sector Bancario; la Circular SIB-DSB-CJ-OD-06524 del 20 de noviembre de 2020; las Normas Especiales para el Reconocimiento y Funcionamiento de las Organizaciones Asociativas No Gubernamentales No Domiciliadas en Venezuela; y la Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo).

«La legislación nacional contiene prohibiciones de financiación para organizaciones de defensa de los derechos civiles y políticos (…) incompatibles con los estándares internacionales», porque «establece obligaciones tributarias, de registro e información que recargan innecesariamente a las organizaciones y dificultan sus actividades».

Varios de los instrumentos obligan a las agrupaciones a inscribirse en nuevos registros ante distintos organismos públicos, a tener que aportar información a las autoridades sobre sus actividades y las somete a posibles inspecciones o auditorías. Asimismo, se advierte que cualquier incumplimiento abre las puertas a multas e incluso a la posibilidad de no recibir las autorizaciones para poder continuar operando, pero no definen procedimientos que garanticen el debido proceso.

Igualmente, varias de las normas prohíben o proscriben el financiamiento internacional, fundamental para que las organizaciones de derechos humanos y humanitarias o caritativas puedan realizar su trabajo. Todo esto a pesar de que los estándares de la Organización de Naciones Unidas y otros organismos internacionales lo reconocen como un derecho legítimo.

De aquellos polvos vienen estos polvos

En el informe se advierte que la Constitución de 1999 establece algunas limitaciones al derecho a la asociación contrarios a lo señalado por los tratados internacionales suscritos por la República.

Así, aunque en el artículo 52, la carta magna reconoce que «toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley», más adelante, en el 256 prohíbe a los jueces asociarse entre sí, en flagrante violación del estándar internacional en la materia, establecido tanto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, en el reporte se deja en claro que, en comparación con la Constitución de 1961, la actual es regresiva al eliminar este artículo y no contener esta protección específica: «El Estado protegerá las asociaciones, corporaciones, sociedades y comunidades que tengan por objeto el mejor cumplimiento de los fines de la persona humana y de la convivencia social».

Lo más grave es que el numeral 6 del 293 le otorga al Consejo Nacional Electoral (CNE) la potestad de organizar las elecciones de partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales y otras organizaciones civiles, lo que ha dado al Estado la posibilidad de intervenir a muchas de estas instituciones, atentando así contra su autonomía e independencia. Esto ya lo había denunciado Acceso a la Justicia en su informe La toma del poder en los colegios de abogados de Venezuela (2000-2020).

El primer gran zarpazo

En el informe también se denuncia que las llamadas leyes del Poder Popular, dictadas en especial a partir de 2010, representaron otro golpe al derecho a la asociación, pues crearon figuras como los consejos comunales, cuya autonomía es dudosa por la manera en que se eligen a sus voceros y porque tienen como objeto ayudar «en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social» (énfasis propio).     

Además, esas leyes cierran las puertas a que un grupo de vecinos constituya una asociación civil con todas las libertades propias que se derivan del derecho de asociación, pues las autoridades no las reconocerán como legítima representación vecinal si no se presenta ante las mismas con el andamiaje del poder popular, es decir, como consejo comunal.

Instructivo salarial de la Onapre vuelve a ganarle pulso a los funcionarios públicos ante el TSJ
La Sala Constitucional rechazó revisar los fallos mediante los cuales la Sala Político Administrativa declaró inexistente el instrumento

 

Para no existir, se deja sentir. El polémico instructivo salarial de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) ha vuelto a ganarle un pulso a los funcionarios públicos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Sala Constitucional rechazó revisar los fallos mediante los cuales la Sala Político Administrativa declaró «inexistente» el instrumento.

La decisión la adoptó la intérprete de la carta magna en su sentencia n.º 999 de fecha 17 de noviembre de este año, en la cual declaró «inadmisible» la acción de amparo constitucional que un grupo de trabajadores y dirigentes sindicales presentó contra los fallos de la Sala Político Administrativa en los que respaldó el llamado Instructivo para el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas.

La Sala desechó la petición amparándose en el artículo 6.6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. «No se admitirá la acción de amparo: (…) 6. Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia», dice la norma antes citada.

Una prohibición similar figura en el artículo 3 de la Ley Orgánica del TSJ, que indica expresamente que«El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto tribunal de la República, contra sus decisiones, en cualquiera de sus salas, no se oirá, ni admitirá acción ni recurso alguno, salvo lo que se dispone en la presente Ley».

Al amparo de estas disposiciones, la Sala ha dictaminado que no es posible la interposición de acciones de amparo en contra de las decisiones proferidas por las distintas salas del TSJ, tal como lo sostuvo en su sentencia n.º 356 del 23 de marzo de 2001, caso Isabel Valdivia Rivera, y más recientemente en su sentencia n.º 233, dela 29 de junio de 2022, caso Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional. Esto a pesar de que el impacto que el instructivo está teniendo en sus ingresos y, por ende, en sus condiciones de vida y de sus familias.

La norma, como se recordará, les ha reducido sus remuneraciones a los funcionarios públicos entre 30 % y 40%, según han explicado los sindicatos, al recortar las bonificaciones y primas previstas en los distintos contratos colectivos, sin discusión de ninguna naturaleza.

Legal, pero injusta

La decisión de la Sala Constitucional es conforme a la ley, pero no luce justa. El problema tiene su origen en la Sala Político Administrativa, que dio marchas y contramarchas con giros particularmente rápidos.

Así, en un primer momento la Sala anunció que revisaría una de las cuatro demandas presentadas contra la resolución. Sin embargo, poco después decidió desecharlas todas bajo el argumento de que los accionantes no presentaron pruebas que demostraran que el instructivo existía.

Además, se debe recordar que el juez administrativo en las sentencias 444,  445446  y 447  también acusó a todos los demandantes de «temeridad» y de buscar «desestabilizar la paz social» con sus señalamientos de que el instructivo ha desmejorado sus condiciones económicas.

Acto seguido, multó a los rectores de las universidades públicas, así como a los representantes de las cajas de ahorro, y a los jubilados y pensionados del Ministerio Público que interpusieron las acciones.  La sanción fue fijada en 50 veces según el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV), es decir, el equivalente a Bs. 600,00 c/u de acuerdo con la tasa actual.

No obstante, el pasado 20 de septiembre los jubilados y pensionados del Ministerio Público presentaron un reclamo contra la sanción monetaria alegando, entre otras razones, que no podían pagarla ya que «son personas de la tercera edad»De hecho, los accionantes solicitaron que «por razones humanitarias» la medida fuera revocada, dado que cuentan con muy escasos recursos, que han dedicado su vida al servicio público y que actuaron con buena fe y sin temeridad alguna.

La Sala Político Administrativa atendió la solicitud y en su sentencia n.º 704 del pasado 16 de noviembre dejó sin efecto la multa que impuso a los demandantes de la nulidad del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

Inseguridad jurídica a la orden del día en Venezuela: las gacetas perdidas
Desde 2021 hay dieciocho números cuyo paradero se desconoce

 

Una investigación de Acceso a la Justicia sobre la publicación de la Gaceta Oficial arrojó que desde 2021 hay dieciocho números cuyo paradero se desconoce: diez corresponden al año 2021 y ocho a 2022. La inmensa mayoría de los números desaparecidos (quince) son extraordinarios, lo cual confirma que esta práctica se ha consolidado. De los dieciocho números de la Gaceta Oficial de los que no hay rastro, se desconoce totalmente su contenido en trece de ellos.

Previamente, en 2019, Acceso a la Justicia constató que quince gacetas extraordinarias dictadas entre diciembre de 2018 y mayo de 2019 no habían sido publicadas en papel ni digitalmente ni se podían consultar en la sede de la Imprenta Nacional.

Por su parte, en la más reciente investigación del portal de verificación EsPaja.com, promovido por Transparencia Venezuela, titulada Opacidad en Venezuela, una forma de gobernar, se concluyó lo siguiente:

«El Estado venezolano está en deuda en lo que se refiere a la publicación de la data pública. Más de la mitad (64,22%) de los 47 documentos oficiales contemplados en este estudio, que debieron ser publicados entre 2010 y 2022 no se han difundido aún. A eso hay que sumar que 4,9% se presentaron a destiempo».

Ley o no ley, he allí el dilema

Lo que ocurre con la Gaceta Oficial es un hecho que tiene consecuencias directas y muy importantes en la vida de los ciudadanos. ¿Por qué? El artículo 215 de la Constitución establece claramente que una ley solo entrará en vigor una vez que salga en dicha publicación.

Pero no solamente las leyes comienzan a aplicarse una vez que aparecen en la Gaceta Oficial, sino también

«los actos administrativos de carácter general o que interesen a un número indeterminado de personas y actos administrativos de carácter particular cuando así lo exija la ley”, “los decretos del Presidente de la República” o las “resoluciones y demás actos jurídicos de efectos generales del Vicepresidente Ejecutivo, Procurador General de la República, de los ministros, así como las providencias de sus entes y órganos».

Las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que establecen criterios vinculantes, así como las decisiones que adopte la Sala Plena o la directiva del organismo, también deben aparecer en esta publicación, lo mismo que los actos del Consejo Moral Republicano o del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin el cumplimiento de este formalismo se puede asumir que el acto o decisión no tiene valor legal.

La investigación de Acceso a la Justicia arrojó que entre los ejemplares perdidos hay dos en los que figuraban los proyectos de Ley de Presupuesto y de Endeudamiento de 2022, los cuales debían estar en las gacetas extraordinarias 6.670 y 6.671, ambas del 20 de diciembre de 2021. Esta información fue obtenida porque figura en otras ediciones de la Gaceta Oficial.

De otras dos Gacetas se supo de su contenido porque fueron reimpresas debido a un error material. En una de estas figura el decreto presidencial n.º 4.510 del 12 de mayo de 2021, en el cual se ordenaba a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) trasladar a las personas presas en su sede a cárceles ordinarias.

De las ocho gacetas correspondientes a 2022 se ignora qué contenían y hasta el momento no hay rastro de ellas.

Avanzando en la opacidad

La institucionalización de la no publicación de todos los números de la Gaceta Oficial es un paso más en el cierre de las fuentes de información pública. No se puede ignorar que, pese a la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, su contenido es letra muerta, porque tanto los funcionarios administrativos como la justicia se niegan a aplicarla y así facilitarle a los ciudadanos acceder a datos en poder del Estado.

Tampoco se puede pasar por alto que en los últimos años el TSJ viene recurriendo a la práctica de anunciar sentencias, pero no publicarlas, o incluso, ha llegado a anunciar alguna de sus decisiones mediante notas de prensa, sin luego publicar la decisión correspondiente.

Desde 2017 el Gobierno no publica el presupuesto nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV) por años dejó de publicar sus indicadores económicos, en lugar de regularmente como ordena la Constitución.

Todo esto explica por qué Venezuela quedó en el puesto 137 de entre 140 países evaluados en el último informe del World Justice Project en el reglón relacionado con Gobierno abierto.

¿Y dónde queda la nueva Ley de Publicaciones Oficiales?

En febrero de este año, la Asamblea Nacional (AN) aprobó una nueva Ley de Publicaciones Oficiales —derogando la que venía rigiendo desde 1941, cuyo artículo 2° se refiere a sus objetivos en los siguientes términos:

«Contribuir a garantizar la seguridad jurídica a través de la publicación diaria, sencilla, uniforme, eficaz y eficiente de los actos jurídicos del Estado.

Garantizar a las personas el derecho a ser informados de forma oportuna y veraz de los actos jurídicos del Estado, para el ejercicio de la democracia participativa y protagónica.

Desarrollar los principios de honestidad, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública dotando de seguridad y publicidad a los actos jurídicos del Estado».

Desde luego, el que existan dieciocho gacetas ocultas pone en entredicho el nuevo instrumento normativo, al quedar comprometidos todos los objetivos antes mencionados.