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Acceso a la Justicia

Acceso a la Justicia: TSJ viola la Constitución permitiendo que Alfonzo y dos magistradas tengan otros cargos públicos
Desde 2019 al menos cuatro magistrados se han apartado de sus despachos

El Tribunal Supremo de Justicia ha autorizado «permiso temporales» para algunos de sus magistrados, mientras estos ejercen otros cargos públicos. Indira Alfonzo, Gladys Gutiérrez y Jhannett Madriz Sotillo han servido al CNE y a la Embajada de Venezuela en Panamá mientras siguen estando activas en el máximo tribunal.

Desde hace dos año (2019) al menos cuatro magistrados se han apartado de sus despachos por varias razones, pero solo uno ha dejado el cargo por completo: Christian Zerpa, quien a finales de 2018 renunció a su puesto en la Sala Electoral para exilarse en Estados Unidos, donde denunció la deriva autoritaria del Gobierno de Nicolás Maduro y su intervención en la justicia.

Pero, Zerpa no es el único. En junio de 2020 las magistradas Indira Alfonzo y Gladys Gutiérrez, presidenta de la Sala Electoral y miembro de la Constitucional, respectivamente salieron del máximo tribunal, luego de que la Sala Constitucional las designara rectoras del CNE.

Meses después, en marzo de 2021, el canciller Jorge Arreaza nombró a Jhannett Madriz Sotillo, integrante de la Sala Electoral como «encargada de negocios ad hoc de la Embajada venezolana en Panamá». La designación figura en la resolución DM 23 del 3 de marzo de 2021 y fue publicada en la Gaceta Oficial 42.079 del mismo día.

«Aunque las tres funcionarias ya no están en el máximo juzgado y sus suplentes fueron convocados, el organismo no considera que hayan dejado sus puestos de manera definitiva, porque les concedió un permiso temporal para ausentarse de sus funciones», explicó Acceso a la Justicia.

Al otorgarle un permiso temporal a Alfonzo, Gutiérrez y a Madriz para desempeñar otros cargos públicos, el TSJ viola la constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Lotsj). Otorgar estos «beneficios» a tres magistradas para ejercer funciones en otros dos poderes distintos del Judicial, como son el Electoral y el Ejecutivo, sobre los cuales el TSJ ejerce el control de sus actuaciones y omisiones, «desnaturaliza y obstaculiza la vigencia del principio de separación de poderes, establecido en el artículo 136 constitucional, y pone en duda que sus decisiones no sean producto de presiones o intereses políticos».

El artículo 256 de la constitución establece claramente:

«Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados o magistradas, jueces o juezas, fiscales o fiscalas del Ministerio Público y defensores públicos o defensoras públicas, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por interpuesta persona, ni ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas».

Además, se vulnera el principio de independencia, de autonomía y neutralidad que rigen a las autoridades del Poder Judicial, los cuales buscan dotar a esta última instancia de las herramientas para frenar y controlar a los demás órganos del Poder Público.

Permisos

Aunque ninguna de las tres está en el TSJ y sus suplentes fueron convocados, el organismo no considera que hayan dejado sus puestos de manera definitiva ya que se les concedió un «permiso temporal» para ausentarse de sus funciones.

«La Sala Plena designó la Junta Directiva de esta Sala Electoral, mediante Resolución N°2021-0001 conformada por la Magistrada Indira Maira Alfonzo Izaguirre, Presidenta y Magistrado Malaquías Gil Rodríguez, Vicepresidente, y visto el permiso temporal otorgado a la Magistrada Indira Maira Alfonzo Izaguirre, en sesión de Sala Plena realizada en fecha 17 de junio de 2020, de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó al Magistrado Malaquías Gil Rodríguez como Vicepresidente encargado de la Presidencia, quedando reconstituida de la siguiente manera: Vicepresidente, encargado de la Presidencia Magistrado Malaquías Gil Rodríguez, Magistrada Jhannett Madriz Sotillo, Magistrada Fanny Beatriz Márquez Cordero, Magistrada Grisell López Quintero y Magistrada Carmen Eneida Alves Navas, Secretaria abogada Intiana López Pérez y Alguacil ciudadano Joel Soto Osuna».

Esta aclaratoria ha comenzado a figurar en las decisiones de la Sala Electoral tras la partida de Alfonzo.

En el caso de Jhannet Madriz Sotillo, en las líneas finales de la sentencia n.° 10 del 18 de marzo de 2021 de esa misma sala se lee:

«Exp. N° AA70-E-2017-000003. En dieciocho (18) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), siendo las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana (10:55 a.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N°010. La Magistrada Jhannett María Madriz Sotillo no firmó por motivos justificados».

La ONG subrayó que esta práctica del TSJ de dictar permisos temporales a sus miembros para que ejerzan otros puestos en el sector público ajenos a la función jurisdiccional constituye un «atentado al régimen constitucional de exclusividad de ejercicio de cargos públicos o de incompatibilidades establecido en el artículo 148 del texto fundamental».

El mismo suscribe que nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado -salvo cuando se trate del ejercicio de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley-, el cual responde al principio de la separación de funciones e, incluso, al de la imparcialidad que debe prevalecer en el ejercicio de las funciones que desempeña la persona en el respectivo órgano público donde se desempeña.

«Aunque posiblemente al irse del TSJ las tres magistradas no perciben dos sueldos sino uno, el más alto de ambos, que es lo que ocurre en estos casos, el artículo 39 de la Lotsj solo faculta a sus integrantes a ejercer la docencia, pero no a dedicación exclusiva; y participar en comisiones codificadoras, redactoras o revisoras de leyes, ordenanzas y reglamentos que, según las disposiciones que las rijan, no constituyan destinos públicos remunerados», acotó.

¿Seguir la pista? Misión imposible

Acceso a la Justicia revisó las resoluciones que publicó la Sala Plena en 2020 en su página web y en ninguna figura la decisión de concederles permisos temporales a las tres magistradas. Las únicas constancias por escrito en el caso de Indira Alfonzo son las menciones que aparecen en las sentencias de la Sala Electoral y el acta n.° 283 de esa misma sala que anuncia su reestructuración debido a la salida de Alfonzo.

En el caso de Jhannett Madriz Sotillo se hace alusión a su salida de la Sala Electoral en las sentencias emitidas a partir de la publicación de su nombramiento como encargada de negocios de la embajada de Venezuela en Panamá en Gaceta Oficial por parte del Ejecutivo nacional. En cuanto a Gladys Gutiérrez no hay mención alguna en la web del TSJ, ni en las sentencias de la Sala Constitucional.

Este sábado, 19 de junio de 2021, VTV publicó una nota de prensa «TSJ fomenta la celeridad en la atención de los procesos judiciales en el país a través de las videoconferencias». En la cual se informó que el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno ha desarrollado «políticas para fomentar la celeridad en la atención de los procesos judiciales a través de salas telemáticas en todos los tribunales del país, a los fines de realizar juicios a través de videoconferencias (…) Durante la presentación tanto del Sistema como del equipamiento para las audiencias telemáticas que hizo la Oficina de Informática y Telecomunicaciones del TSJ, la presidenta de la Sala Electoral, magistrada Indira Alfonzo Izaguirre destacó la importancia de la puesta en sintonía de esta instancia del Máximo Juzgado con la política telemática judicial, impulsada por el magistrado Maikel Moreno, “para garantizar una justicia al alcance de todos y cada uno de las y los ciudadanos, tanto activos como pasivos, de los procesos comiciales, cumpliendo una vez más con el mandato constitucional y legal de ejercer la tutela judicial efectiva en cada proceso electoral”.

Es así como queda evidenciado y oficializado que Alfonzo nunca se separó del TSJ, pese a haber sido designada como rectora del CNE antes de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Esto es una prueba más de que la ley no funciona para todos en Venezuela.

La norma constitucional que prohíbe a los magistrados desempeñar dos cargos públicos simultáneamente busca fortalecer la independencia del Poder Judicial y fue producto de escándalos como el vivido en los años 90 cuando magistrados como Otto Marín Gómez y Jesús Moreno Guacarán dejaron sus puestos en la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema para desempeñarse como ministros de Justicia, refirió Acceso a la Justicia.

Causa aún más suspicacia que Alfonzo ocupe el cargo de presidenta de la Sala Electoral cuando faltan solo cinco meses para las elecciones de gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y concejales. Alfonzo fue sancionada en 2018 por Canadá por ser «sospechosa de atentar contra la democracia y los DDHH».

Alfonzo fue la ponente de la sentencia número 260 del 30 de diciembre de 2015, en la cual el organismo rector del Poder Judicial dejó a Amazonas sin representación en la Asamblea Nacional electa ese mismo mes, bajo el argumento de que los comicios «estuvieron viciados por presiones y compra de votos a favor de los aspirantes de la oposición».

Venezuela en la Corte Penal Internacional: guía para entender el histórico asunto
La fiscal Fatou Bensouda se marchó sin dar a conocer adelantos sobre el caso

15 de junio. Víctimas de violaciones a los derechos humanos, activistas, funcionarios gubernamentales y los medios de comunicación aguardaban con ansías ese día. ¿El motivo? Se esperaba que la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunciara si continuaría el proceso de investigación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país. Sin embargo, las maniobras del fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, las cuales incluyeron una solicitud de control judicial, parecen haber logrado el objetivo y han demorado el pronunciamiento.

No obstante, son muchos los que no conocen la trascendencia del asunto; por ello, en Acceso a la Justicia hemos considerado pertinente aclarar algunas dudas.

 ¿Por qué la CPI tiene su mirada puesta en Venezuela?

Lo primero que hay que indicar es que, en la CPI, en particular en su Fiscalía, existen dos exámenes preliminares relacionados con Venezuela. El primero, llamado Venezuela I, fue abierto el 8 de febrero de 2018 para investigar los posibles crímenes cometidos desde abril de 2017.

La denuncia que, en noviembre de 2017, realizó la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien acusó a altos funcionarios del Gobierno venezolano de cometer delitos de lesa humanidad como ejecuciones extrajudiciales, asesinato, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias masivas y torturas, fue el detonante, junto con otras denuncias, para que la instancia con sede en La Haya posara sus ojos sobre el país. De hecho, en febrero de 2018 dio inicio a un examen preliminar de oficio respecto de Venezuela.

Adicionalmente, el 27 de septiembre de 2018, seis estados partes del Estatuto solicitaron a la Fiscalía que investigase crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde el 12 de febrero de 2014. Pese a esta solicitud, los informes de la Fiscalía de la CPI se han centrado hasta ahora en delitos presuntamente cometidos desde 2017.

El otro examen preliminar, llamado Venezuela II, fue presentado por el Gobierno de Nicolás Maduro el 13 de febrero de 2020, y en el mismo se pide a la Fiscalía que investigue los presuntos crímenes de lesa humanidad «como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el Gobierno de la Estados Unidos de América contra Venezuela, al menos desde el año 2014».

 ¿Qué es un examen preliminar?

Antes de responder esto, es importante aclarar que a la Corte no llega caso alguno de manera directa, sino que tiene que pasar primero por la Fiscalía de la CPI. Para ello, este órgano puede iniciar un primer proceso de investigación llamado examen preliminar de oficio, por remisión de un Estado parte o por remisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También puede ser iniciado a solicitud de un Estado no parte del Estatuto de Roma que acepte la jurisdicción de la Corte sobre un caso ocurrido en su territorio.

El examen preliminar es entonces una primera investigación que tiene por objeto «determinar si existe fundamento suficiente» para pasar a la próxima etapa. En este examen la Fiscalía puede recabar información «de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte».

 ¿Cuánto tiempo dura un examen preliminar?

No existe un lapso sobre lo que debe durar un examen preliminar; algunos han durado días y otros más de una década.

¿Qué tan complejo y riguroso es este examen?

Lo es, y mucho. El examen preliminar consta de cuatro etapas:

La fase 1 es para realizar una evaluación inicial de toda la información sobre presuntos delitos y verificar la seriedad de la información recibida.

La fase 2 se centra en determinar si existen bases para creer que los presuntos delitos son de competencia de la Corte. En esta fase se encuentra el caso Venezuela II, presentado por el Gobierno de Maduro.

En la fase 3 la Fiscalía debe determinar la gravedad de los delitos y si los presuntos responsables de esos crímenes han sido juzgados. Esto es así porque la competencia de la Corte no es directa, sino que es complementaria a la de los tribunales nacionales, de modo que si estos actúan y juzgan a los responsables la Corte no debe actuar; de ahí entonces que se diga que en esta fase se evalúa la gravedad de los delitos y el principio de complementariedad.

En la fase 4, el fiscal de la CPI debe evaluar si la información recopilada es suficiente para pasar a la etapa ante la Sala de Cuestiones Preliminares. En concreto, debe determinar si existe «fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte» (Estatuto de Roma, 53.1.a), y si es en interés de la justicia el hacerlo.

Un ejemplo que explica qué es el interés de la justicia se encuentra en un caso determinado en que han ocurrido crímenes competencia de la Corte pero todos los presuntos responsables han fallecido y, por tanto, no pueden ser llevados ajuicio. En tal circunstancia no sería en interés de la justicia el presentar un caso en el que no habría a nadie a quien juzgar.

 ¿Por qué todo el mundo esperaba una decisión sobre el caso Venezuela I para el 15 de junio pasado?

Porque en noviembre de 2020 la Fiscalía señaló que efectivamente tenía «fundadas bases para creer que se han cometido crímenes competencia de la Corte en Venezuela al menos desde abril de 2017». Semanas después anunció que a la brevedad daría a conoces sus conclusiones sobre las indagaciones que había hecho sobre el asunto venezolano.

En concreto, la Fiscalía afirmó que tenía razones para creer que autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y civiles afectos al Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otros delitos graves de privación de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable; y persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos, de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma .

Asimismo, la Fiscalía señaló que tenía razones para creer que los presuntos responsables de estos delitos se encuentran en la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Fuerzas de Acción Especiales (FAES), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Penales (CICPC), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), y algunas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) .

Esto quiere decir que este examen pasó en diciembre de 2020 de la fase 2 a la 3, es decir, a partir de 2021 se encuentra en la fase de determinar la gravedad de esos delitos y si los responsables de los mismos han sido juzgados o no por la justicia venezolana.

Volviendo a la pregunta de por qué el 15 de junio, ese día Bensouda dejaba su cargo como fiscal de la CPI y apenas unos días antes había anunciado sus intenciones de presentar sus conclusiones sobre el examen preliminar del caso Venezuela I.

 ¿Por qué Bensouda se fue sin dar a conocer sus conclusiones sobre el caso Venezuela I?

Se lo impidió un recurso de control judicial introducido por el Gobierno venezolano, en la persona del fiscal Saab, ante la Sala de Cuestiones Preliminares de esa institución. En esta acción, Saab acusaba a Bensouda de no respetar el debido proceso y el derecho a la defensa, de incurrir en discriminación y en no cooperar con las instituciones venezolanas, algo que ella negó hace unos días. El martes 15 de junio, el mismo día que la fiscal de la CPI dejaba su cargo, la Sala de Cuestiones Preliminares dio respuesta al recurso, pero por la confidencialidad solicitada por el Gobierno venezolano no se conoció su contenido. Sin embargo, el Ministerio Público venezolano publicó un comunicado en el que expresó que la Sala en su decisión no entró a conocer el fondo del asunto, pero reconoció la colaboración del Gobierno de Maduro con la Fiscalía e invitó a esta a seguir cooperando en el proceso abierto respecto de Venezuela.

 ¿Por qué un eventual anuncio del inicio de una investigación es algo histórico?

Porque sería la primera vez que la CPI abre una investigación en un caso relacionado no solo con Venezuela, sino con América Latina. Asimismo, se abre las puertas para que funcionarios, exfuncionarios, civiles y militares terminen en el banquillo de los acusados, porque la CPI no procesa a Estados sino a personas.

¿Es discriminatoria e injusta la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela?
Es probable que el británico Karim Khan anuncie pronto una decisión sobre Venezuela

La Corte Penal Internacional (CPI), ese tribunal creado hace apenas dos décadas para castigar los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión, está en boca de todos en Venezuela en los últimos días, en especial en la del fiscal general impuesto por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, quien desde mayo pasado se ha referido al organismo en al menos seis ocasiones, tres de ellas para atacarla, por considerar que le está dando un «trato desigual» y que no está garantizando el debido proceso.

Hoy, 15 de junio, la fiscal de la CPI, la jurista gambiana Fatou Bensouda, deja el cargo para ser reemplazada por el británico Karim Khan. Si bien hasta las 12:00 p. m. (hora de Venezuela) no hizo el esperado anuncio sobre pasar a investigación ante la propia Corte el caso de Venezuela, relativo a los posibles crímenes cometidos por lo menos desde abril de 2017, es probable que su sucesor lo anuncie pronto.

Ante la expectativa existente y las declaraciones del fiscal general venezolano, Acceso a la Justicia ha considerado oportuno analizar algunos de los señalamientos de las autoridades nacionales sobre el trabajo realizado por el organismo con sede en La Haya.

El pasado 1° de mayo, Saab anunció que su despacho había remitido un tercer informe al despacho de Bensouda y se quejaba que «esta comunicación solo se está desarrollando por parte del Estado hacia la Fiscalía de la CPI y no viceversa». El titular del Ministerio Público ha insistido en su queja de no haber logrado entablar interlocución con el despacho de la jurista africana y, por lo tanto, se está violando según su criterio tanto el Estatuto de Roma como el reglamento del juzgado.

«El Ministerio Público entregó a la CPI desde el 30 de noviembre de 2020 diez documentos sin ninguna respuesta», escribió el 14 de junio por Twitter, y criticó que «los casi 4 mil folios de una ardua y profesional labor de judicialización realizada por el Ministerio Público para sancionar violaciones a los Derechos Humanos sea respondida con silencio».

El funcionario se refería a los cinco informes sobre la labor hecha por su despacho para investigar delitos como las ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ocurridas en 2017, así como a los reportes sobre cómo en las redes sociales se busca ocultar esa labor; y a los dos escritos que ha presentado en la Sala de Cuestiones Preliminares y en la propia Fiscalía de la CPI.

Estas quejas fueron rechazadas por Bensouda a principios de junio. «Debo decir con todo respeto que es incorrecto [la denuncia de falta de cooperación]. Yo y mi oficina hemos mantenido extensos contactos con Venezuela, incluso las más altas autoridades», replicó. Basta con recordar que en noviembre de 2020 Saab se reunió personalmente con Bensouda en su despacho de La Haya, un encuentro que calificó de «fructífero».

¿Sin acceso al expediente?

El 27 de mayo Saab anunció que había presentado dos acciones ante la CPI, una de ellas directamente al despacho de Bensouda, en la que afirma lo siguiente:

«Hemos solicitado que se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar, dado que, hasta la fecha, no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados».

Las denuncias que sustentan el llamado caso Venezuela I son de conocimiento público. La primera querella fue presentada en noviembre de 2017 por la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien acusó a Nicolás Maduro y a cuatro generales (Vladimir Padrino López, Néstor Reverol Torres, Gustavo González López y Antonio Benavides) de estar incursos en crímenes de lesa humanidad. El contenido del escrito, de 495 páginas, que la funcionaria llevó a La Haya fue reproducido ampliamente por los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. En febrero de 2018, la fiscal Bensouda abrió de oficio el examen preliminar sobre Venezuela.

La segunda denuncia fue presentada en 2018 por seis países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sustentaron su acción en un informe elaborado por un grupo de expertos convocados por la organización hemisférica, en el cual se acusa a las autoridades nacionales de cometer delitos tipificados en el Estatuto de Roma. El texto del reporte también es público.

Algo llamativo de las acciones de Saab es que pese a quejarse de que desconoce qué está investigando la Fiscalía de la CPI, le pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares que excluya de su análisis «documentación sustraída ilegalmente» y que no acepte «fuentes de información y denuncias que se acrediten como parciales, obrantes bajo mala fe o sin rigor probatorio alguno».

Vale la pena recordar que la denuncia presentada por Ortega Díaz se fundamenta en pruebas que recabó el Ministerio Público hasta que ella fue destituida en agosto de 2017 por la Constituyente, por lo que dichas pruebas están en el organismo. La funcionaria llevó a La Haya 39 carpetas y 12 CD que contenían 1.690 evidencias que probarían que desde que Maduro llegó al poder, en marzo de 2013, se han producido al menos cinco crímenes de lesa humanidad (asesinatos, ejecuciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura).

Ahora bien, respecto de las informaciones que de manera privada han remitido organizaciones o víctimas, la situación es diferente en la medida en que elDocumento de política general sobre exámenes preliminares, que regula el detalle de estos, indica en su párrafo 87 que:

«Con respecto a las informaciones presentadas con arreglo al artículo 15 y al testimonio oral o escrito recibido en la sede de la Corte, el Fiscal tiene el deber de proteger la confidencialidad de dichas informaciones o testimonios o tomar las demás medidas que sean necesarias».

Por lo tanto, la Fiscalía no está obligada a revelar estos medios probatorios hasta que se pase a la fase de investigación.

Trato discriminatorio

Saab también se quejó de que el caso venezolano va más rápido que los relacionados con Colombia, Guinea o Irak, por ejemplo, pese a tener la misma complejidad.

Consideramos que la afirmación del Fiscal impuesto por la Constituyente es una falacia, pues que no es cierto que los casos de Colombia, Guinea e Irak sean similares en complejidad al de Venezuela. El primero y el último tienen que ver con conflictos armados, mientras que el segundo es el resultado de la represión ocurrida luego de un golpe de Estado, de modo que ni los hechos son parecidos ni lo largo de un examen preliminar es indicio de una mejor investigación. De hecho, de los veintinueve exámenes realizados por la Fiscalía hasta la fecha once ―más de una tercera parte― han durado menos que el de Venezuela.

Entre los casos mencionados, por ejemplo, tenemos el de Birmania (Myanmar), en el que se investiga nada menos que un genocidio, un delito muy complejo y de extrema gravedad, y aun así tuvo menos duración su examen que el de Venezuela. También se pueden señalar casos como el de Libia y la República Centroafricana, con conflictos armados internos en situaciones internas muy complejas. Llama poderosamente la atención que la crítica del Gobierno venezolano sea que haya una justicia rápida, cuando siempre se ha dicho que justicia tardía no es justicia.

¿Proceso injusto?

Tampoco consideramos cierto que en el examen preliminar que conduce la Fiscalía de la CPI se viole el derecho a la defensa y el debido proceso porque el examen no es un juicio: no hay partes ni concluye con una decisión absolutoria o condenatoria. Mal puede haber violación al debido proceso cuando no hay un proceso, ni puede haber violación al derecho a la defensa cuando no hay imputados ni enjuiciados.

Los casos ante la CPI son contra personas, no gobiernos, de modo que no puede violarse el derecho a la defensa de un gobierno cuando el mismo nunca va a ser juzgado por la Corte, sino algunos de sus funcionarios.

Megaelecciones 2021, ¿una copia de las parlamentarias de diciembre de 2020?
Existen al menos tres irregularidades que configuran un notable retroceso del ejercicio de los derechos al sufragio y a la participación política de cara a los venideros comicios

«Al que nace barrigón, ni que lo fajen chiquito». Este refrán popular retrata al nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por la Asamblea Nacional (AN) dominada por el chavismo. Pese a las promesas de que buscaría hacer creíbles y confiables las próximas megaelecciones regionales y municipales, pautadas para el 21 de noviembre, sus primeras acciones van, a criterio de Acceso a la Justicia, en la dirección opuesta y se antojan más bien en una copia de las decisiones que viciaron las elecciones parlamentarias de diciembre pasado.

Las Normas especiales referidas al sistema electoral para las elecciones de legisladoras o legisladores a los consejos legislativos de los estados y concejalas o concejales de los concejos municipales 2021, al estar basadas en la cuestionable sentencia n.° 68 del 5 de junio de 2020 de la Sala Constitucional del TribunalSupremo de Justicia (TSJ), violan lo establecido en la Constitución. En dicho fallo la Sala autorizó al árbitro electoral a legislar sobre la manera para elegir a los diputados, algo reservado al Parlamento.

Al adoptar un marco normativo sustentado en la mencionada decisión judicial deviene una situación que compromete la transparencia y confiablidad del proceso convocado y, por ende, atenta contra el cabal ejercicio de los derechos políticos, tal como ocurrió en las parlamentarias de diciembre de 2020.

Al revisar el texto del mencionado instrumento, Acceso a la Justicia advierte de al menos tres irregularidades que configuran un notable retroceso del ejercicio de los derechos al sufragio y a la participación política de cara a los venideros comicios múltiples:

1. Ilegal modificación del método de adjudicación de los escaños

La reserva legal es una garantía que se fundamenta en el principio de la división del poder y en la distribución de funciones. El máximo intérprete de la Constitución dijo en su sentencia n.° 74 del 25 enero de 2006 lo siguiente:

«[Sin] la reserva legal no hay Estado de Derecho, por cuanto ella implica que las normas subconstitucionales referidas a la regulación de los derechos (entre ellos, los derechos electorales), deben provenir de la Asamblea Nacional, esto es, de un órgano que desarrolle la Constitución, en atención a la voluntad del Poder Constituyente. La reserva legal es un principio que garantiza la seguridad jurídica como valor fundante del derecho».

Lo anterior deja en claro que cuando el nuevo CNE se amparó en la sentencia n.° 68 de la Sala Constitucional para modificar la fórmula de distribución de cargos contemplada en los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), a los efectos de la elección pautada el 21 de noviembre de 2021 y establecer que el 60% de los legisladores regionales y ediles se escogerán por el voto lista y el 40% nominalmente (artículos 1, 4 y 5), invadió la función legislativa. Si lo anterior no fuera suficiente, el cambio atenta contra la personalización del sufragio y la representación proporcional, tal como fue denunciado por Acceso a la Justicia de cara a las pasadas legislativas.

Se trata de una usurpación por parte del árbitro comicial hacia las competencias del Poder Legislativo (artículos 156.32 y 187.1 de la Constitución), respaldada por la Sala Constitucional, materializándose al mismo tiempo en una manifiestaviolación de los principios de la supremacía constitucional (artículo 7) y la separación de poderes (artículo 136).

2. Menosprecio a los pueblos indígenas

El nuevo CNE ha seguido la senda trazada por su antecesor y no ha reivindicado los derechos de la comunidad indígena en las próximas elecciones regionales y municipales conjuntas. Al menos ese es el sabor de boca que dejó el denominado Reglamento Especial para regular la elección de la representación indígena en las elecciones de legisladoras o legisladores a consejos legislativos de los estados y concejalas o concejales de los concejos municipales 2021, que aprobó el pasado 26 de mayo. Este es una suerte de reedición del texto normativo que rigió en las parlamentarias celebradas en 2020 para la elección de los representantes de la comunidad indígena.

El instrumento, de veintiún artículos, establece un procedimiento especial para la elección de los representantes indígenas en los órganos legislativos estadales y municipales. Diseña un peculiar y complejo proceso que no garantiza la participación política del pueblo indígena, además que no contiene las notas características del sufragio democrático.

El texto elimina el sufragio directo, al consagrar que los representantes indígenas a los cuerpos colegiados de los estados y municipios serán elegidos por unas asambleas comunitarias que se establecerán por cada población indígena. Esto es una franca infracción del artículo 63 de la Constitución que consagra el principio de elección directa.

El reglamento fomenta la elección indirecta o elección de segundo grado, toda vez que el artículo 12 indica que:

«los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas con cualidad de electores, según sus costumbres y prácticas ancestrales, participarán en las Asambleas Comunitarias para elegir a las voceras y voceros a la Asamblea General en la cual se elegirá a la representación indígena a nivel estadal, municipal por los Pueblos y Comunidades Indígenas».

El método de votación de las voceras y voceros en la Asamblea General será secreto y se efectuará de forma manual mediante boletas y demás instrumentos electorales que elaborará el CNE (artículo 19), sin embargo, el reglamento especial nada indica respecto a las asambleas comunitarias, solo que estarán condicionadas a lo que determine el árbitro electoral en el Manual para la Participación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas que regule el funcionamiento de las Asambleas Comunitarias (artículo 14), un texto que hasta ahora se desconoce.

Esta normativa especial para la representación indígena aprobada el pasado 26 de mayo infringe groseramente el artículo 298 constitucional, cuyo dispositivo impide modificar la legislación electoral al menos seis meses antes de la fecha de la elección, además de ser discriminatoria al tratar a los indígenas de manera diferente al resto de los venezolanos.

Es lamentable que el nuevo CNE incurra en la práctica recurrente de las anteriores directivas de cambiar discrecionalmente las normas electorales en plena marcha de un proceso comicial, contraviniendo el orden constitucional y legal.

3. Aumento de la discrecionalidad del CNE en el ejercicio de sus funciones

La sentencia n.° 68 de la Sala Constitucional, junto a la derogación de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales,  instrumento legislativo que prohibía al órgano comicial realizar elecciones conjuntas, parece haber dado al CNE luz verde para tomar decisiones a su saber y entender.

La esfera de competencias del árbitro electoral actualmente se encuentra desprovista de un marco normativo que delimite su ejercicio. Sin duda, esta situación representa una amenaza de violación para los derechos constitucionales a la participación política y al sufragio, previstos en los artículos 62 y 63 respectivamente, toda vez que pueden verse significativamente afectados.

Seis aspectos de las propuestas laborales del gobierno de Maduro

Nicolás Maduro se ha calificado a sí mismo como «presidente obrero», y en el día 20 del mes en el cual los trabajadores celebran su día, presentó diez propuestas que persiguen «la recuperación del ingreso de los trabajadores». Sin embargo, tras analizar los planteamientos hechos por Maduro durante el Consejo Presidencial del Poder Popular de la Clase Obrera, Acceso a la Justicia considera que los mismos difícilmente lograrán el objetivo propuesto, lo cual resumimos en seis aspectos.

1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales: ya existe y es inviable

Durante el evento, Maduro anunció la creación inmediata de un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, algo que no es nada novedoso, pues desde hace casi una década existe la Ley Especial del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, publicada en Gaceta Oficial n.º 39.945 del 15 de junio de 2012. También existe una disposición expresa en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) del mismo año, en la que se establece la existencia de dicho Fondo de Prestaciones Sociales. El hecho de que casi una década después este fondo no se haya creado genera dudas en relación con su funcionamiento y operación.

Otro de los problemas de esta iniciativa es que es inconstitucional y contraria a los estándares internacionales en la materia, debido a que es potestad de los trabajadores decidir dónde quieren depositar o acreditar sus prestaciones sociales; no lo puede decidir el Gobierno en su lugar ni obligarlos a hacerlo de determinada manera.

Además, la propuesta es inviable porque los trabajadores no se fían del Estado. Vale recordar que, por ejemplo, cuando se efectuó la reforma de la LOTTT en 2012 aún se debían las prestaciones desde 1997 a los trabajadores del sector público. De hecho, no es un secreto que el Estado tarda por lo menos tres años en pagar las liquidaciones de prestaciones sociales a aquellos funcionarios y empleados públicos que pasan a retiro.

2. El petro de pies de barro

Maduro también propuso utilizar el petro, la criptomoneda creada por su administración y cuyo valor se sustenta en el precio del barril de petróleo, a fin de calcular las prestaciones sociales y para que las cajas de ahorros operen con él. La idea podría sonar atractiva, pero tampoco es nueva. Ya en 2018 Maduro había anunciado en cadena nacional que el salario mínimo estaría anclado al petro, pero eso no ha ocurrido.

Hasta ahora este criptoactivo solo ha servido para fijar algunas multas, tasas e indemnizaciones. El caso más célebre de su aplicación en este último sentido fue el mes pasado, cuando la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia estableció una indemnización para el diario El Nacional por el daño moral causado al diputado oficialista Diosdado Cabello.

Con respecto a las cajas de ahorros, para poder activarlas sería necesario reformar la ley que las rige, que fue aprobada el 16 de noviembre de 2010, sobre todo en relación a los límites de las operaciones de préstamos y créditos, las tasas aplicables a los fondos, préstamos y moras de pago y su relación contable a petros. Este es un tema complejo que sería muy importante resolver para incidir de forma positiva en la recuperación de cientos de cajas de ahorros literalmente paralizadas. Su reactivación podría incidir de forma positiva en la economía venezolana y de los trabajadores.

No obstante, este anuncio suena similar a lo que Maduro ofreció en 2018 sobre los certificados emitidos por el BCV, respaldados por «lingoticos» de oro. El plan no funcionó, porque ni los trabajadores ni sus cajas de ahorros confiaron en esa propuesta, de hecho, apenas el 2% de las Cajas de Ahorro reportaron invertir en «lingoticos».

3. Creación de empleos y defensa del salario: se ha hecho todo lo contrario

El jefe del Gobierno propuso crear empleos mediante la promoción del emprendimiento. En cualquier otro país del mundo esto no sería siquiera novedoso, pero en Venezuela sí, pues es precisamente todo lo opuesto a lo que los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y el propio Maduro han venido haciendo en las últimas dos décadas. Solo durante los trece años en que el primero estuvo en Miraflores más de 5.000 empresas fueron expropiadas o estatizadas, de acuerdo a las estadísticas del Observatorio de Gasto Público de Cedice (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico) y de Conindustria.

A lo anterior hay que sumarle la política de controles de precios y fiscalizaciones que han hecho inviable más de un negocio en el país. La combinación de ambas ha reducido las fuentes de empleo disponibles. De hecho, las cifras de desempleo proyectadas por el Fondo Monetario Internacional para Venezuela son de las más altas de la región.

Otra propuesta fue proteger el salario de los trabajadores mediante la lucha contra la inflación y el refuerzo del control de los precios. Sin embargo, el pasado reciente siembra dudas sobre la posibilidad de su cumplimiento. Bajo la actual administración, Venezuela entró en hiperinflación a finales de 2017, de la cual no ha salido ni parece que saldrá en el corto plazo, prueba de ello es la dolarización no oficial de la economía. Este fenómeno ha destruido el ingreso de los trabajadores,empobreciéndolos a unos niveles nunca vistos.

Si las autoridades tuvieran verdadera voluntad de defender el salario de los trabajadores hubieran cumplido con su promesa de anclar los sueldos al petro, lo cual se traduciría hoy en cerca de 28 dólares al mes. El monto continuaría siendo uno de los más bajos de América Latina, pero al menos sería superior a los poco más de 2 dólares a los que equivalen los 7 millones de bolívares del salario mínimo, elevado mediante un decreto presidencial el pasado 1 de mayo.

Con relación al control de precios, basta recordar que desde 2003 las autoridades han dictado distintas normas y regulaciones que buscan evitar el alza indiscriminada de los precios de los productos, pero todas ellas han fracasado. Muestra de ello, es el actual ciclo inflacionario. En efecto, este tipo de medidas lejos de incentivar la inversión privada lo que hacen es ahuyentarla. «El solo anuncio [de control de precios] genera cierto temor de cruzar fronteras [a los empresarios] y no funciona como un disuasorio de incremento de precios. Esto es regresar a los errores que nos trajeron a la situación que padecemos», declaró recientemente el economista Jesús Casique.

4. Pensiones y jubilados: cantos de sirenas

Maduro también ofreció recuperar las pensiones y proteger a los jubilados. En la actualidad, millones de venezolanos que trabajaron durante décadas no reciben ni siquiera 3 dólares al mes para sus gastos. Incluso los que tienen dos jubilaciones por haber aportado a dos sistemas no pueden cubrir sus necesidades más elementales. ¿A dónde se fueron sus aportes, que en décadas pasadas les permitían percibir montos cercanos a 300 dólares mensuales?

Esta promesa también suena vacía, si se recuerda que el Gobierno de Maduro se ha negado a aplicar la Ley de Ticket Alimentación y Medicinas aprobada por la Asamblea Nacional en 2016 para beneficiar a los pensionados y jubilados. Este instrumento buscaba reforzar sus ingresos al otorgarles un beneficio del que disfrutan los trabajadores activos.

5. Contrataciones colectivas. ¿Cambiar para qué?

Maduro también propuso un nuevo modelo de contrataciones colectivas, pero no ahondó en el asunto. En la actualidad, las condiciones de las contrataciones colectivas se hacen por negociación directa entre el empleador y el sindicato o a través de federaciones por rama de actividad. Adicionalmente, dichas condiciones rigen por un mínimo de dos años, pudiendo permanecer en vigor hasta por tres años o hasta que se negocien otras nuevas.

Sin embargo, como ha documentado la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Gobierno venezolano ha puesto obstáculos a la posibilidad de que los trabajadores organizados puedan negociar con sus patronos sus condiciones de trabajo. Uno de los más importantes es el requisitode la renovación de las autoridades de los sindicatos, para lo cual se requiere que el Consejo Nacional Electoral (CNE) supervise el proceso. Al encontrarse «enmora» a cientos de organizaciones se les han impedido la posibilidad de negociar contratos en detrimento de los trabajadores.

6. Consejos Productivos de Trabajadores: zapatero a sus zapatos

El mandatario también planteó que los trabajadores asuman la supervisión del proceso productivo de las empresas, públicas o privadas, mediante los llamados Consejos Productivos de Trabajadores. Esta figura está prevista en la Ley Constitucional de los Consejos Productivos de los Trabajadores, publicada en Gaceta Oficial n.° 41.336 del 6 de febrero de 2018.

El artículo 5 de dicho texto establece que estos consejos son organizaciones de carácter laboral (de naturaleza no sindical), conformadas con la finalidad de impulsar, evaluar y controlar los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de bienes y servicios de las empresas. Dichos comités estarán integrados por hasta siete voceros (delegados) trabajadores, incluyendo a un trabajador miliciano.

Esta figura de los Consejos Productivos se une a la ya existente de los Consejos de Trabajadores. Sobre la segunda, la experiencia ha probado que ubicar a personas sin formación y ni capacitación correspondiente en cargos de responsabilidad no hace más que poner en riesgo la supervivencia de las empresas. Una investigación de Transparencia Venezuela publicada en 2017 arrojó que el Estado gastó 20.000 millones de dólares en mantener su enorme e improductivo aparato industrial, más de lo que que destinó a la salud, vivienda y educación.

Seis condiciones mínimas que debe garantizar el nuevo CNE en las megaelecciones
El nuevo CNE debe aprobar un conjunto de medidas de seguridad para dar transparencia y seguridad

21 de noviembre de 2021. Ese día los venezolanos deberán elegir a 23 gobernadores, 335 alcaldes, 250 diputados de los consejos legislativos y más de 2.400 concejales, pues el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) designado el 4 de mayo por la Asamblea Nacional (AN), electa fraudulentamente en diciembre pasado, decidió unir ambos procesos comiciales.

En lo que parece un intento por generar más confianza y dejar atrás la imagen de parcialización del organismo comicial, su nuevo presidente, Pedro Calzadilla, anunció que para este proceso se realizarán dieciséis auditorías al sistema automatizado de votación, las cuales contarán con la presencia de técnicos de las diferentes organizaciones con fines políticos y expertos electorales internacionales.

Estos anuncios parecen encaminados a abrir las puertas hacia la recuperación de los estándares de competitividad, confiabilidad y transparencia de los procesos electorales en Venezuela. Asimismo, parecen buscar reducir las dudas que hay sobre el árbitro, debido a sus defectos de fábrica, que fueron denunciados por Acceso a la Justicia.

El correcto funcionamiento de las elecciones como un mecanismo democrático de representatividad, inclusión y pluralidad política depende inexorablemente de la implementación de adecuadas condiciones por el nuevo CNE, y en este sentido, Acceso a la Justicia ha identificado seis condiciones mínimas que se deben cumplir para mejorar la calidad de los venideros comicios:

1. Definir el sistema electoral que regulará las megaelecciones

Desde 2017, las normas, procedimientos y técnicas que integran el sistema electoral venezolano son altamente cuestionables, sobre todo por la serie de medidas que progresivamente fue incorporando tanto el CNE, como el TribunalSupremo de Justicia (TSJ) para favorecer al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Muchas de estas modificaciones se hicieron contraviniendo el mandato constitucional, que establece que la legislación electoral no debe ser modificada al menos seis meses antes de la fecha de unos comicios.

Como ejemplos de procesos manipulados y que violaron groseramente la Carta Magna destacan las elecciones de los miembros de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en julio de 2017 y la elección presidencial realizada en mayo de 2018. En el primer caso, se permitió una elección de segundo grado, vulnerando así el principio del voto universal, directo y secreto. Mientras que en la segunda, entre otros aspectos, no se permitieron observadores internacionales y su fecha fue fijada a conveniencia del poder político gobernante.

Las recientes legislativas de diciembre de 2020 también estuvieron plagadas de irregularidades amparadas por el paraguas de interpretaciones jurídicas del TSJ que tergiversaron y contravinieron los estándares internacionales para elecciones auténticas, libres y justas.

Para revertir esta situación, el nuevo CNE tiene la tarea de definir con claridad cuáles serán las reglas de juego en las que se llevarán a cabo las próximas elecciones, y para ello debe establecer con antelación la plataforma electoral, brindar seguridad jurídica y garantizar igualdad de oportunidades a todos los actores políticos.

2. Fijar la fórmula para adjudicar los cargos de diputados de los consejos legislativos y de concejales

Un aspecto importante estrechamente vinculado a la condición antes descrita es delimitar la fórmula que empleará el nuevo CNE para asignar los curules en los cuerpos colegiados regionales y municipales. Como se sabe, la fórmula electoral es el procedimiento a partir del cual los electores expresan su voluntad en votos y estos, a su vez, se transforman en escaños.

Los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) establecen una proporción equivalente al 70% para el voto personalizado y 30% para la representación proporcional, es decir, que legalmente está contemplado que 70% de los cargos se escogerán por voto nominal (nombre y apellido) y el 30% restante por el voto lista (cerradas) de un partido. Los cargos nominales se obtendrían por mayoría simple, mientras que los cargos tipo lista se adjudicarían aplicando el tradicional método D’Hont.

Sin embargo, no se puede olvidar que la Sala Constitucional del TSJ, en el marco de las parlamentarias de 2020, desaplicó ambas disposiciones legales a través de su sentencia n.° 68 del 5 de junio de 2020, en la cual afirmó que las mismas no garantizaban el pluralismo político

Asimismo, la máxima intérprete de la Constitución autorizó al CNE a legislar y este redujo el porcentaje de cargos a elegirse nominalmente para aumentar los que se hacen por listas. Por ello en las pasadas legislativas los electores que participaron escogieron a un 48% de los diputados por nombre y apellido y al restante 52% para la votación proporcional.

Ahora bien, justamente, el pasado 20 de mayo la nueva directiva del CNE anunció que aprobaba por unanimidad la adjudicación de cargos de legisladores y concejales en 60% para el voto lista, y 40% para el voto nominal. Se trata sin duda de una fórmula ajena a lo previsto en los artículos 14 y 15 de la LOPRE.   

Aun así, para el rector principal del CNE, Roberto Picón, el sistema electoral definido en la LOPRE ha favorecido la sobrerrepresentación de las mayorías, y por tal razón la fórmula recientemente aprobada por el árbitro electoral es menos desproporcional. Sin embargo, Acceso a la Justicia observa que debería ser reformada la LOPRE para poder ponerla en marcha.

3. Recuperar su credibilidad

El nuevo CNE debe aprobar un conjunto de medidas de seguridad para dar transparencia y seguridad. Una medida significativa es el uso de la tinta indeleble, que garantiza la identificación de las personas que han ejercido el voto, sobre todo para evitar las violaciones o suplantaciones de identidad en el sistema biométrico de identificación de electores.

Desde las elecciones fraudulentas de la ANC en 2017, el uso de la tinta indeleble fue eliminado por el árbitro electoral, disminuyendo los niveles de control sobre los electores para impedir que voten más de una vez, y dejando sin garantía alguna al principio un elector, un voto.

La ausencia de la tinta indeleble ha permitido que, a lo largo de los últimos cuatro años se hayan manifestado serias dudas sobre el doble voto y, como consecuencia de ello, la credibilidad de los resultados electorales obtenidos en la jornada electoral. Su uso nuevamente permitiría hacer frente a las maniobras de fraude o de intimidación por los representantes de los diferentes partidos políticos.

4. Publicidad y transparencia sobre las máquinas de votación

Las decisiones relacionadas con la adquisición de las máquinas, programas informáticos y demás instrumentos de votación han estado cubiertas bajo un manto de opacidad. El actual CNE tiene el papel decisivo de fomentar la transparencia acerca de los proveedores, así como del número de máquinas de votación que se utilizará en la próxima contienda electoral, además de las especificaciones técnicas de los equipos, y de esta manera aclarar o resolver cualquiera de los problemas o tensiones que puedan originarse ante las elecciones múltiples del 21 de noviembre.

La publicidad y rendición de cuentas por parte del árbitro electoral sobre los aspectos relativos a los procedimientos de compra indiscutiblemente fomentaría elecciones más seguras y confiables.

5. Protección al secreto del voto

En los últimos procesos electorales el voto asistido se convirtió en una amenaza sistemática para la libertad política, especialmente para el secreto del sufragio. Este mecanismo utilizado principalmente como herramienta de coerción para amedrentar a quienes asisten con el propósito de que ejerzan su voto por un candidato u opción electoral impone al nuevo CNE la obligación de revisar esta figura en las elecciones del 21 de noviembre, sobre todo por el grave peligro que representa para la privacidad y el secreto del ejercicio del derecho al sufragio, contemplado en el artículo 63 constitucional.

El órgano comicial también estaría obligado a dar mayores garantías al principio de transparencia y al secreto del voto ante el uso arbitrario del Carnet de la Patria, un instrumento que ha servido en procesos anteriores para chantajear y sobornar a los electores con el propósito de que sufraguen con este instrumento en sustitución de la cédula de identidad, único documento de identidad autorizado legalmente para ejercer el voto. 

6. Respeto de los lapsos

El artículo 42 de la LOPRE establece que el cronograma electoral contendrá las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos de conformidad con lo previsto en esa ley. La norma en cuestión representa la consagración del principio de inalterabilidad y seguridad jurídica del cronograma electoral, según el cual el cronograma representa una condición que no puede ser modificada por parte del CNE, a fin de evitar confusiones sobre su contenido.

Se trata, en definitiva, de impedir modificaciones arbitrarias e improvisadas, o decisiones acomodaticias, como podría ser el alterar las fechas o alguna actividad del proceso electoral, para garantizar la credibilidad del proceso por parte del CNE.

Finalmente, existen otras cuestiones específicas que para Acceso a la justiciarepresentan especial interés en los próximos comicios, y que deben ser consideradas inexorablemente por la nueva directiva del CNE, destacándose:    

  • El diseño de circunscripciones electorales.
  • La actualización y depuración del Registro Electoral.
  • Las inhabilitaciones políticas dictadas por la Contraloría General de la República.
  • Las cancelaciones de los partidos políticos de oposición.
  • La regulación del uso de los recursos del Estado en las actividades de campaña electoral.
  • La observación electoral tanto nacional como internacional.

Los parámetros antes descritos constituyen presupuestos de validez y transparencia de todo proceso comicial. El proceso electoral que se lleve a cabo sin el cumplimiento de estos parámetros sembraría dudas sobre la competitividad, honestidad y autenticidad de las elecciones.

Siguen bajo amenaza las ONG en Venezuela con la providencia 002-2021
El texto mantiene la obligación de las organizaciones sin fines de lucro de presentar  el listado de las organizaciones o entes, nacionales o extranjeros de los cuales perciba aportaciones, donaciones o dádivas

La lluvia de objeciones que dentro y fuera del país se ha ganado la providencia n.º 001-2021, que obliga a las organizaciones sin fines de lucro (ONG) a registrarse ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) e informarle sobre sus donantes y sus beneficiarios, ha forzado al Gobierno de Nicolás Maduro a dar marcha atrás. Así, el pasado 3 de mayo dictó una nueva providencia en la que suprime algunas disposiciones. Sin embargo, esta aparente victoria no supone que el peligro para las ONG venezolanas haya cesado, por el contrario, continúa.

En la Gaceta Oficial n.º 42.118 del 3 de mayo (publicada dos días después), apareció la Providencia 002-2021 de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, que contiene una nueva versión de la Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados.

El texto suprime el numeral 5 del artículo 6 de la normativa original, que exigía a las agrupaciones civiles entregar al despacho gubernamental el listado con la identificación de las «personas naturales o grupo de personas naturales que reciben asistencia benéfica, humanitaria u otro tipo de asistencia». Asimismo, elimina en su artículo 8 el plazo para iniciar el proceso de registro y desaparece el artículo 16 de la providencia 001-2021, que contenía una remisión genérica a las sanciones de la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Puro maquillaje

A primera vista podría creerse que el Gobierno escuchó las críticas y rectificó. No obstante, una revisión detallada de la nueva providencia arroja que la misma sigue representando una amenaza importante para las agrupaciones de la sociedad civil venezolana.

Así, entre otros aspectos el texto modificado mantiene la obligación de las organizaciones sin fines de lucro de presentar ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo el «listado de las organizaciones o entes, nacionales o extranjeros de los cuales perciba aportaciones, donaciones o dádivas» (numeral 4, artículo 6). También mantiene la disposición que señala que el despacho gubernamental emitirá una credencialpara el representante legal de la agrupación para ejercer sus funciones (artículo 10).

Estas medidas parecen ir a contracorriente de lo señalado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual señaló lo siguiente en su recomendación octava:

«Las medidas focalizadas adoptadas por los países para proteger a las organizaciones sin fines de lucro frente al abuso para el financiamiento del terrorismo no deben interrumpir o desalentar las actividades caritativas legítimas. Más bien estas medidas deben promover la transparencia y fomentar una mayor confianza entre las organizaciones sin fines de lucro, tanto en toda la comunidad como entre el público en general, en cuanto a que los fondos y servicios de beneficencia lleguen a los beneficiarios legítimos que se pretende».

La instancia internacional también ha llamado a los distintos Estados a «trabajar con las organizaciones sin fines de lucro para desarrollar y perfeccionar las mejores prácticas dirigidas a abordar los riesgos y vulnerabilidades en el financiamiento del terrorismo y protegerlas frente al abuso para el financiamiento del terrorismo». 

No obstante, en el caso venezolano las autoridades no se han sentado con las agrupaciones civiles para abordar este asunto de manera conjunta, lo cual refuerza las sospechas de que esta resolución no busca prevenir que las ONG puedan ser utilizadas para actividades ilegales sino que forma parte de la campaña de hostigamiento y persecución que desde hace años mantiene contra ellas y que ha arreciado desde el año pasado, tal y como ya lo ha denunciado Acceso a la Justicia.

De derecho a delito

Las pretensiones del Gobierno de Maduro de obligar a las organizaciones de la sociedad civil a revelarle quiénes son sus donantes pone en riesgo sus programas y la existencia de las mismas. ¿La razón? Los primeros ante el temor de ser estigmatizados por el Gobierno venezolano o de que sus aliados nacionales puedan correr algún riesgo podrían optar por dejar de cooperar con ellos.

No se puede olvidar que esta providencia no es un hecho aislado, pues fue dictada justo cuando la Asamblea Nacional controlada por el chavismo desempolvó el proyecto de la Ley de Cooperación Internacional, instrumento que pretende forzar a las agrupaciones no gubernamentales a entregar los fondos que reciben desde el extranjero al Estado, para que éste los distribuya, según sus prioridades.

Ambas iniciativas parecen tener como propósito penalizar la búsqueda de fondos en el exterior para atender la grave crisis humanitaria o para la acción de promoción y vigilancia de los derechos humanos, lo cual viola lo dispuesto en el artículo 13 de la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas de 1998, el cual afirma que «Toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales».

Venezuela hacia el afianzamiento del Poder Popular y el Estado comunal
A principios de febrero de 2021, el gobierno entregó los proyectos de Ley de las Ciudades Comunales y del Parlamento Comunal a la Asamblea Nacional oficialista

Pese a que en ninguno de sus 350 artículos de la Constitución de 1999, prevé el llamado Poder Popular ni mucho menos menciona al Estado comunal, el gobierno de Nicolás Maduro parece decidido a implantarlos, obviando que la mayoría de los venezolanos se opuso a estas figuras al rechazar el proyecto de reforma constitucional que el fallecido presidente Hugo Chávez impulsó en 2007.

Aunque supuestamente con este tipo de Estado se pretende promover la democracia participativa, es decir, una mayor inclusión de los ciudadanos en los asuntos públicos, en realidad es un modelo que aumentará el control social y el poder del Ejecutivo nacional sobre el ciudadano, especialmente los más vulnerables.

Tanto la normativa ya vigente en la materia desde hace varios años como la que está discutiendo la Asamblea Nacional oficialista en la actualidad, exige que todas las organizaciones comunales estén constituidas con el propósito de alcanzar una sociedad socialista. Los demás poderes del Estado (a nivel nacional Legislativo, Judicial, Ciudadano, Electoral) están en teoría al servicio del Poder Popular y deben «gobernar obedeciéndole», pero en realidad la obediencia es debida al Ejecutivo nacional, pues el Poder Popular (o ciudadanos organizados en instancias comunales) depende de este último. Los poderes territoriales, Municipal y Estadal, prácticamente desaparecen, aunque estén contemplados en la Constitución. Se prevé, además, una justicia comunitaria, que depende del «sistema nacional de justicia de paz».

El Gobierno de Maduro, para dar continuidad a este proyecto de Estado y sociedad, ha realizado últimamente tres movimientos que demuestran sus intenciones de darles vida a estas cuestionadas figuras y profundizar aún más el proceso de desinstitucionalización y desmantelamiento del Estado que ya sufre el país desde hace varios años.

En este sentido, a principios de febrero de 2021 entregó los proyectos de Ley de las Ciudades Comunales y del Parlamento Comunal a la Asamblea Nacional oficialista. Ambas propuestas fueron aprobadas por el Legislativo en primera discusión el 11 de marzo y 13 de abril, respectivamente, y ahora están en la fase de consulta pública.

A estos dos proyectos debe sumarse la resolución 0026 del 1 de febrero de 2021 del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que contiene las Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales y de Investigación Penal para Atención Temprana y Oportuna de Víctimas de la Violencia de Género, texto publicado en laGaceta Oficial n.º 42.076 del 26 de febrero de 2021,  instrumento que da a los consejos comunales la potestad de recibir denuncias sobre violencia de género en contra de las mujeres.

Primer movimiento: Ley de las Ciudades Comunales

El proyecto, compuesto por cincuenta y nueve artículos, una disposición transitoria y dos disposiciones finales, pretende normar una estructura organizativa inexistente en la Carta Magna: la ciudad comunal. En el artículo 4 se señala que la misma «es una instancia constituida por iniciativa popular, mediante la agregación de comunas en un ámbito territorial determinado a partir de las dinámicas funcionales y geohistóricas, con intereses y valores comunes (…) como expresión del Poder Popular».

Además, la ciudad comunal adopta una división político territorial distinta a la prevista en la Constitución, la cual se refiere a municipios y estados, para reemplazarlos por otros entes, entre ellos la comuna y las ciudades comunales, lo cual contraría el modelo de Estado federal descentralizado contenido en el texto fundamental de 1999. Ello configura un grave atentado a la autonomía municipal(artículos 16 y 168 de la Constitución) y estadal (artículo 159 constitucional), por cuanto se trata de una estructura superpuesta a los municipios y estados.

La estructura de la ciudad comunal, tal como está prevista en la propuesta legislativa, es absolutamente inconstitucional y contraría los valores democráticos porque refuerza el centralismo, vulnerando así, entre otros, el artículo 136 constitucional.

De hecho, señala que el Ejecutivo nacional ostenta el carácter de instancia rectora en la estructura y funcionamiento de la ciudad comunal (artículos 25 y 57), y es quien tiene la última palabra a la hora de decidir sobre transferencias de competencias y de recursos municipales, estadales e incluso nacionales (artículos 7 y 56).

En el mismo orden de ideas, la Ley de las Ciudades Comunales establece que grupos de ciudadanos organizados en consejos comunales podrán asumir la conducción de parte del territorio, y aunque se les prometen fondos, la transferencia de poderes desde la República, estados o municipios, y se les da autonomía para tomar sus decisiones, lo cierto es que al menos la última oferta es totalmente falsa, pues en efecto, los consejos comunales están supeditados a la aprobación del Gobierno nacional, quien los valida o no de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Consejos Comunales.

Asimismo, el proyecto de Ley de las Ciudades Comunales suplanta el sistema republicano del Estado venezolano, el cual está basado en la supremacía constitucional (artículo 7), en el principio de legalidad (artículo 137) y el reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos (artículos 2 y 19).

El texto concibe a la ciudad comunal como un pequeño Estado dentro del propio Estado. Cada ciudad debe tener su carta fundacional, su Parlamento, su consejo de Gobierno (integrado por siete voceros), su autoridad electoral, su consejo de contraloría comunal (que sería auxiliar de la Contraloría General de la República), su consejo moral y su procuraduría (artículo 14).

En este modelo de Estado comunal se «funcionaliza» la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, es decir, se suprime su autonomía de acción y se les subordina a objetivos políticos, económicos y sociales, determinados por elPoder Ejecutivo central y según una ideología única. Además, el ciudadano ahora se debe «autoprestar» los servicios públicos a través de las organizaciones comunales con los fondos del Estado y de la manera que este le indique y permita.

Sin duda, la ciudad comunal representa un grave retroceso y la desaparición de la forma de Estado federal en Venezuela que data de 1811, con el propósito no solo de eliminar a los municipios y entidades federales, sino también de intensificar la construcción de una forma de organización político social en la que el Ejecutivo nacional controla las comunidades y ejerce un dominio sin freno de otros poderes del Estado sobre ellas.

Lo anterior ha sido denunciado por Acceso a la Justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Segundo movimiento: Ley del Parlamento Comunal Nacional

La exposición de motivos de este proyecto confirma las intenciones del oficialismo de desmantelar la actual forma de Estado, pues señala que el texto es «una herramienta integradora y complementaria de las instancias del poder popular que, hasta ahora, se encuentran limitadas por la división político territorial de la nación».

A lo anterior hay que sumar que en el artículo 6 del texto se faculta al denominado Parlamento Comunal Nacional a:

«presentar ante los distintos niveles del poder legislativo propuestas de leyes nacionales relacionadas con el poder popular, proyectos de reforma de leyes relacionadas con el poder popular, leyes regionales, ordenanzas municipales y cualquier otro instrumento legal que permita dinamizar el avance hacia la construcción del Estado Comunal».

Aunque no le da potestad legislativa general, la instancia queda facultada de manera exclusiva y excluyente para realizar las propuestas legales sobre el tema del Estado comunal en el país, tanto en el ámbito nacional, como en el estadal y municipal, con la finalidad de facilitar la transición hacia la ejecución de esa organización estatal, invadiendo así las competencias de los estados y municipios. 

Tercer movimiento: Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales 

La resolución del Ministerio de Relaciones Interiores que regula la actuación de los funcionarios policiales y de investigación penal para atender a las víctimas de la violencia de género también parece destinada a reforzar una institucionalidad paraconstitucional. Así, en el artículo 7, numeral 5 del texto se legitima a los consejos comunales y otras organizaciones sociales para recibir los casos de violencia de género y crear oficinas receptoras de esas denuncias.

Cabe destacar que el texto del citado artículo es una reproducción de la disposición contenida en el artículo 70, numeral 5 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007 por la AN dominada por el oficialismo.

No se puede olvidar que el instrumento señala en su artículo 18 a los consejos comunales como organizaciones sociales de base que promueven «planes, programas, proyectos y acciones de prevención y atención de la violencia de género», actividades que deben recibir financiamiento público.

Al respecto debe destacarse que los consejos comunales son instancias que dependen del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, que pueden ser utilizadas por el Gobierno Nacional como mecanismos de intimidación, coerción o de control social y político, situación que resta objetividad e imparcialidad al rol que tienen para recibir denuncias sobre hechos punibles de violencia contra la mujer en las comunidades, pues pueden presentar falsas denuncias hacia los presuntos agresores, como una medida de represalia, especialmente si son considerados «enemigos» del Gobierno, o no atender denuncias si esos agresores en cambio son «amigos». Además, pueden no contar con la capacitación necesaria para atender este tipo de situaciones o darle una adecuada protección a las mujeres víctimas de estas agresiones.