Acceso a la Justicia, autor en Runrun

Acceso a la Justicia

Misión de la ONU acusa a la justicia de ser testigo y cómplice de crímenes de lesa humanidad
Fueron entrevistadas 177 personas, la mayoría de ellas víctimas de abusos, así como a sus familiares y defensores

Lejos de investigar y sancionar las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros crímenes de lesa humanidad que han sido perpetrados en Venezuela desde 2014, los jueces y fiscales venezolanos han tenido un «papel significativo», casi protagónico, en la ocurrencia de los mismos.

La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en su segundo informe sobre la situación del país, el cual presentó este 16 de septiembre al público en rueda de prensa.

En el reporte, el cual fue elaborado a partir del análisis de 183 casos de detenciones a disidentes y críticos del Gobierno de Nicolás Maduro, ocurridas entre 2014 y 2021, se lee lo siguiente:

«La Misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y delitos. Los efectos del deterioro del Estado de Derecho se propagan más allá de los directamente afectados, repercuten en toda la sociedad».

La instancia entrevistó a 177 personas, la mayoría de ellas víctimas de abusos, así como a sus familiares y defensores, pero también a 36 personas que trabajaron en el sistema judicial y que revelaron detalles de cómo opera esta rama del Poder Público. Igualmente, la Misión de la ONU trató de obtener información de parte de las autoridades, y para ello envió 17 cartas a Nicolás Maduro, al fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab; al presidente del TribunalSupremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, entre otros funcionarios, pero no recibió respuesta. Tampoco le fue permitido a ninguno de sus miembros ingresar al país y constatar in situ la situación.

Rol de jueces y fiscales

En la versión del informe de más de 200 páginas de extensión, el grupo de expertos designado por la ONU acusa a los jueces y fiscales venezolanos de no impedir las violaciones a los derechos humanos, sino por el contrario de ser cómplices de ellas.

«La Misión tiene motivos razonables para creer que los jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a opositores al Gobierno, reales o presuntos, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial justificándolos a menudo bajo la figura de la flagrancia en contra de lo que habría surgido de los hechos».

También se da cuenta de 19 casos de militares sospechosos de ser críticos al Gobierno que fueron aprehendidos por los organismos de inteligencia sin que hubiera una orden judicial en su contra, y tras permanecer durante horas desaparecidos los jueces emitieron decisiones avalando su captura.

La instancia de la ONU también denunció que la justicia ha actuado en contra de quienes han alzado su voz en contra de la práctica antes descrita. Así destacó el caso de Andreína Baduel, quien el 8 de mayo de 2020 presentó ante la Sala Constitucional del TSJ un habeas corpus para saber dónde estaba su hermano Josnars, del que no tenía noticias desde que el 4 de mayo hubiera sido aprehendido en la llamada Operación Gedeón. El máximo juzgado no solo rechazó la petición, sino que ordenó al Ministerio Público (MP) abrirle una averiguación a la denunciante.   La Misión acusó a los jueces y fiscales de hacer un uso abusivo de la figura de la detención preventiva y de enviar a los afectados a los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), «a pesar de que hubiera riesgo de comisión de actos de tortura, e incluso cuando los detenidos presentaran en la sala de audiencias signos compatibles con torturas».

Y como si ser detenido sin motivo y ser sometido a torturas y malos tratos no bastara, los investigadores de la ONU denunciaron que los constantes retardos procesales se han convertido en una práctica que atenta contra los derechos humanos de los venezolanos.

«La Misión pudo revisar los plazos procesales en 144 de las 183 detenciones revisadas y encontró diferencias significativas entre los plazos permitidos por la ley y la práctica. El 77% de las audiencias de presentación examinadas por la Misión se produjeron después del periodo de 48 horas permitido por la ley, y el 18% de las personas detenidas se mantuvieron retenidas durante más de una semana antes de las audiencias de presentación. Las personas detenidas solían estar incomunicadas y sin supervisión durante este periodo y eran vulnerables a torturas, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes».

Al respecto, agregó lo siguiente:

«Los retrasos más flagrantes se produjeron entre la audiencia de presentación y la audiencia preliminar. El tiempo promedio entre la aprehensión y la audiencia preliminar fue de 243 días (unos ocho meses). En 102 detenciones documentadas, las audiencias preliminares se aplazaron en numerosas ocasiones. La Misión documentó 16 casos de detención en los que la audiencia preliminar se aplazó durante más de dos años, tiempo durante el cual se prolongaron la prisión preventiva o las medidas cautelares sustitutivas».

La causa del mal

En el informe se deja en claro que esta situación no habría podido ocurrir sin el proceso de cooptación del Poder Judicial que el chavismo puso en marcha casi desde el mismo momento en que llegó al poder en 1999.

La instancia de la ONU denunció que el proceso de secuestro de la justicia se ha sustentado en el control del TSJ y del MP, mediante la designación de funcionarios afectos al oficialismo. En la actualidad 29 de los 32 magistrados militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fueron ministros o diputados por esa formación o tienen nexos familiares con autoridades gubernamentales. El control del máximo juzgado, por su parte, ha facilitado el dominio del resto del sistema, gracias a la no celebración de los concursos de oposición. Algo similar ha ocurrido en la Fiscalía.

El socavamiento de la independencia judicial ha permitido situaciones como las siguientes:

«Actores judiciales y fiscales de todos los niveles le dijeron a la Misión que habían experimentado o presenciado injerencias externas en un caso y/o que habían recibido instrucciones sobre cómo decidir determinados casos, especialmente casos políticos. Estas instrucciones provienen tanto de actores políticos como de la propia jerarquía judicial o fiscal, muchas veces actuando de forma coordinada».

Asimismo, la Misión constató que el Gobierno envía instrucciones a la justicia por tres vías: mensajes directos a magistrados, a través de intermediarios o por medio de declaraciones públicas de funcionarios públicos de alto nivel.

Misión de la ONU denuncia que cuerpos policiales y militares recurren a prácticas totalitarias
En el documento, denuncian que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar habrían amenazado a algunos señalados de participar en la Operación Gedeón de encarcelar a familiares para presionarlos a confesar 

Las torturas, detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales son términos lamentablemente utilizados con frecuencia por los órganos internacionales de protección de derechos humanos cuando se trata el caso de Venezuela. Sin embargo, poniendo a prueba nuestra capacidad de asombro, ahora se informa que un patrón de persecución descrito anteriormente tiene sus raíces en una de las más feroces manifestaciones del odio como lo fue el nacionalsocialismo, responsable de una guerra mundial, millones de muertos y la persecución de inocentes solo por su raza, religión y por pertenecer a una minoría.

Así fue denunciado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela en su segundo informe sobre la situación del país, presentado al público el pasado 16 de septiembre. En el documento, el grupo de expertos asegura haber recibido información de que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) habrían amenazado con aplicar «sippenhaft» a disidentes bajo su custodia, en particular a algunos de los señalados de participar en la llamada Operación Gedeón. Esta práctica consiste en encarcelar a familiares de los detenidos para presionarlos a confesar o colaborar con sus planes.

En este sentido, se debe aclarar que el término no es una creación de la Misión, sino que cita lo dicho por los funcionarios, es decir, que los mismos están conscientes que este mecanismo de represión tiene su origen en el nazismo y así lo hacen saber a sus víctimas, seguramente para que el término tenga aún un mayor poder intimidatorio.

En el reporte se señala lo siguiente:

«El 7 de agosto de 2020, uno de los acusados en el caso Gedeón declaró ante elTribunal Cuarto de Control con Competencia en Casos de Terrorismo (…) que, entre la fecha de su detención el 20 de abril de 2020 y la fecha de su audienciade presentación el 8 de mayo de 2020, agentes de la DGCIM supuestamente lo interrogaron bajo tortura, incluso asfixiándolo con una bolsa, resultando necesario en una ocasión que fuera trasladado a un hospital militar para ser reanimado. Dijo al Tribunal de Control que, tras negarse a hacer las declaraciones que le plantearon durante la sesión de interrogatorio, funcionarios de la DGCIM le dijeron que aplicarían el «Sippenhaft» (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis), que consistía en encarcelar a sus familiares como forma de presión. Dijo al tribunal que algunos funcionarios de la DGCIM fueron posteriormente a su casa y arrestaron a sus dos hermanas y a su cuñado, quienes fueron retenidos en la DGCIM de Boleíta durante 32 días. En el acta de la audiencia de presentación, no se indica que el Tribunal de Control haya tomado ninguna medida tras recibir esta información».

Este segundo informe fue elaborado tras analizar 183 casos de detenciones a disidentes y críticos ocurridos entre 2014 y 2021 y entrevistar a 177 personas, la mayoría de ellas víctimas de abusos, sus familiares y defensores, pero también a 36 personas que trabajaron en el sistema judicial y que revelaron detalles de cómo opera esta rama del Poder Público. Los expertos trataron de obtener información de parte de las autoridades y para ello enviaron 17 cartas a Maduro, al fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, entre otros funcionarios, pero no recibieron respuesta ni se les permitió ingresar al país para constatar in situ la situación.

Práctica habitual

La Misión expuso el caso del primer teniente Franklin Caldera como otra prueba de las actuaciones irregulares de la DGCIM. El oficial, quien estaba en Colombia desde 2019 señalado de participar en un intento de asalto a una base militar, habría sido secuestrado en febrero de este año por agentes del organismo de inteligencia en la localidad de Cúcuta, según se lee en el reporte.

Como si aprehender a una persona en territorio extranjero no fuera suficiente, los agentes de la DGCIM habrían amenazado con liquidar a los familiares de Caldera si éste no cooperaba con ellos. Así, la Misión reseñó la siguiente información, conseguida tras conversar con abogados y familiares del oficial:

«El Director (de Investigaciones del organismo de seguridad) le dijo a Caldera: “Mi orden es matarte, pero si colaboras, te salvo la vida”. Los funcionarios de la DGCIM llevaron a Caldera a una casa en San Cristóbal, estado de Táchira. Le dijeron que estaba en “la primera fase”, explicándole: “La primera fase es cuando estás vivo, pero si no hablas, te pasamos a la segunda fase, cuando matamos a tu mamá, tu papá y tu hermana”».

Pese a que el oficial denunció este hecho a un juez militar, el funcionario no ordenó ninguna investigación ni tomó ninguna medida para garantizar la vida del denunciante y sus familiares, según se denuncia en el informe.

Para quebrar la voluntad de los detenidos, los cuerpos policiales y militares recurren a otras prácticas contrarias a los derechos humanos.

«La Misión descubrió que, una vez arrestadas, se mantuvieron a las personas detenidas sin ningún contacto con el mundo exterior, durante periodos que iban de días a semanas, mientras que los centros de detención, incluso en custodia del SEBIN y de la DGCIM, negaban información a la familia sobre su paradero».

Al respecto, los investigadores dejaron en claro que las desapariciones forzadas están a la orden del día en Venezuela.

Otra violación recurrente que constató la Misión es la denegación al derecho a la defensa. «De las 183 detenciones que la Misión examinó, 129 (el 70%) revelan claros indicios de injerencia en el derecho de defensa», denunció, al tiempo que indicó que las más frecuentes son la imposibilidad de designar a un abogado privado, impedirles a estos poder prepararse para representar a sus clientes, al negar acceso a su cliente o al expediente; o directamente intimidarlos y amenazarlos.

Impunidad total

La Misión tomó nota de la decisión del Ministerio Público de reabrir los casos del concejal Fernando Albán, el estudiante Juan Pablo Pernalete y del capitán Rafael Acosta Arévalo. Sin embargo, denunció que «el alcance de las investigaciones que se han estado adelantando es limitado, por cuanto no están siendo objeto de investigación todos los delitos graves o bien tan solo partícipes de bajo rango enfrentan procesos penales», y que hasta ahora no se han incluido a «personas en los niveles superiores de la cadena de mando».

Lo anterior pone en evidencia que lo hecho en estos casos no puede ser presentado ante la Corte Penal Internacional como muestra de la supuesta lucha contra la impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad, sino que por el contrario alerta sobre la impunidad existente en las cadenas de mando.

Asimismo, el informe reveló que de los 19 casos de la represión selectiva contra opositores, incluidos en su primer informe, en 16 de ellos las autoridades seguían sin adoptar «medidas de investigación tangibles, concretas y progresivas».

La Misión también pone en duda los datos oficiales que indican que entre 2014 y 2021 entre 379 y 397 funcionarios habían sido condenados por la justicia por su presunta participación en violaciones a los Derechos Humanos, pues la ausenciade información pública les impidió a los investigadores de la ONU verificarlos.

Bachelet denuncia que en Venezuela defender los DD. HH. y protestar se paga caro
La exmandataria chilena dijo que Gobierno de Nicolás Maduro  ha hecho escasos progresos para proteger a los defensores de derechos humanos

Pese a que la Constitución garantiza que todos los ciudadanos pueden «dirigir peticiones ante cualquier autoridad», así como «expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión», «participar libremente en los asuntos públicos» y «manifestarse», aquellos que decidan ejercer estos derechos en Venezuela pueden correr el riesgo de ser encarcelados, procesados hasta por tribunales militares, ser heridos e incluso perder la vida.

La denuncia la formuló la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al presentar el 13 de septiembre de 2021 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe Situación de los Derechos Humanos y la asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela.

En el reporte, la exmandataria chilena se queja de los «escasos progresos» realizados por el Gobierno de Nicolás Maduro a la hora de proteger a los defensores de derechos humanos, al investigar «las violaciones de los derechos humanos cometidas contra ellos» y al momento de garantizarles «el derecho a participar en los asuntos públicos».

En este informe, que abarca hechos ocurridos desde junio de 2020 hasta junio de 2021, se lee lo siguiente:

«El ACNUDH documentó 17 casos de violaciones de Derechos Humanos relacionadas con la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que incluyen 4 casos de amenazas e intimidación (incluyendo dos mujeres) y 12 casos de detención arbitraria. Muchos de los casos documentados iban acompañados de actos de violencia e implicaban la criminalización de actividades legítimas».

Al respecto, recordamos que en lo que va de año cinco activistas de Azul Positivo y tres de Fundaredes han sido detenidos, eso sin contar que desde finales del 2020 las sedes de Convite, Acción Solidaria y Alimenta La Solidaridad han sido allanadas y hostigadas.

«Me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas», dijo Bachelet al presentar su reporte al Consejo.

Nadie está a salvo

Aunque ciertamente aquellos activistas que han decidido documentar y denunciar abusos tienen mayores posibilidades de ser agredidos y terminar tras las rejas, eso no quiere decir que el resto de la población esté exenta. Así lo reconoció Bachelet, quien denunció que su oficina documentó ocho casos de criminalización, amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes por su participación en movimientos estudiantiles o en la documentación de violaciones de los derechos humanos.

La alta comisionada expuso lo siguiente:

«Tres casos consistieron en agresiones y hostigamiento contra cuatro miembros de la Confederación de Estudiantes de Venezuela durante la preparación de la Ruta por Venezuela. Su presidente fue detenido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una asamblea frente al edificio de un partido opositor en Maturín (estado Monagas), el 16 de abril de 2021, y dos dirigentes estudiantiles fueron agredidos por miembros de las fuerzas de seguridad, en cuatro puntos de control diferentes, entre los estados Mérida y Portuguesa, en mayo de 2021».

Como si lo anterior no fuera suficiente, en el mismo período Bachelet informó que también registró nuevas acciones contra miembros de sindicatos:

«Se documentó el enjuiciamiento de siete dirigentes sindicales y seis trabajadores por su defensa de los derechos laborales o por haber denunciado irregularidades, por delitos como terrorismo, asociación ilícita, revelación de secretos de Estado e incitación al odio, algunos de ellos tras ser denunciados por sus supervisores a las autoridades o tras haber publicado en las redes sociales mensajes críticos contra el Gobierno. Ocho siguen detenidos al momento de este informe. Dos dirigentes sindicales fueron supuestamente despedidos de sus puestos por su defensa de los derechos de los trabajadores».

¿No todo es malo?

Pese a los datos anteriores, la alta comisionada informó al Consejo que ha logrado establecer canales robustos de comunicación y cooperación con las autoridades venezolanas. Como prueba de ello informó:

«El ACNUDH ha remitido casos individuales documentados de detenciones, incluidas de mujeres, que requerían una solución urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, incumplimiento de órdenes judiciales de puesta en libertad, y continuación de la detención a pesar de haber cumplido las sentencias. De ellos, 152 personas habían sido puestas en libertad en el momento de redactar este informe».

Este intercambio también abarcó al Ministerio Público, intervenido por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente. La exmandataria chilena atribuyó a estos contactos «algunos avances en las acciones judiciales relativas a casos de graves violaciones de los derechos humanos», en particular destacó el hecho de que setenta y nueve casos de ejecuciones extrajudiciales y 18 muertes ocurridas en protestas estén siendo investigadas en la actualidad. Sin embargo, admitió que “hasta ahora la mayoría de estos casos permanecen en proceso, sin que se haya emitido una sentencia definitiva”.

Las averiguaciones que la Alta Comisionada asegura que la Fiscalía viene conduciendo para esclarecer casos de ajusticiamientos lucen ínfimas, al menos si se comparan con la cantidad de los crímenes presuntamente cometidos y denunciados en esta materia. Un informe publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2020 reveló que desde 2014 en el país 18.093 personas habrían perdido la vida a manos de agentes policiales y funcionarios policiales.

Por su parte, solamente durante la ola de protestas que sacudió al país en 2017 se registraron más de un centenar de fallecidos, de acuerdo con los datos manejados por el propio Ministerio Público.

En 2021 el despacho dirigido por Tarek William Saab reactivó casos como el del concejal opositor Fernando Albán o el del estudiante Juan Pablo Pernalete. No obstante, dichas acciones se antojan como maniobras para intentar escapar a un eventual proceso ante la Corte Penal Internacional (CPI), porque no hacen justiciarealmente.

Lo que no podía faltar

El grueso del reporte de Bachelet está centrado en la situación económica y social de Venezuela. La funcionaria achacó la persistencia de la crisis humanitaria a la pandemia de COVID-19 y a las sanciones impuestas por gobiernos como los de Estados Unidos y la Unión Europea.

Así, la exmandataria chilena mencionó el impasse ocurrido con las vacunas que el Gobierno adquirió con el mecanismo de la ONU conocido como COVAX. «El proceso de compra fue largo y los fondos para adquirir la vacuna habrían sido congelados durante varias semanas por las instituciones bancarias, según se reporta, debido a complicaciones relacionadas con las medidas coercitivas unilaterales», denunció la alta comisionada, quien sin embargo obvió que el Ejecutivo rompió el acuerdo al que había llegado con la oposición en la materia a principios de año o su negativa a aceptar la vacuna británica AstraZeneca.

Lo anterior fue de unas razones esgrimidas por Bachelet para sumarse al Gobierno de Maduro y solicitar el levantamiento de las medidas. Sin embargo, no aclaró si se refería solamente a las pocas impuestas a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Banco Central de Venezuela (BCV), o si también se refería a las que pesan contra funcionarios, exfuncionarios y otras individualidades vinculadas al chavismo.

En este aspecto, Bachelet siguió la línea trazada por la relatora de la ONU sobre medidas unilaterales coercitivas, Alena Douhan, quien visitó el país a principios de año, sin aclarar como lo había hecho en su informe de 2019 que la crisis humanitaria es anterior a las sanciones.

La opacidad del gobierno impide auditar asignaciones de minas a gobernadores
 
Acceso a la Justicia destaca falta de transparencia en procedimiento empleado por Maduro para la adjudicación de los yacimientos de oro a gobernadores o protectores del régimen

Con miras a las elecciones del 21 de noviembre, en junio de este año una promesa de Nicolás Maduro fue la eliminación de los protectorados, una ilegal figura que implementó en aquellos estados y municipios donde la oposición resultó electoralmente favorecida para la gobernación o alcaldía.

“A partir de estas elecciones, creo que lo mejor es gane quien gane, le toque el gobierno en su estado, en su municipio. Y lo que a nosotros corresponde y a mí corresponde vamos a eliminar eso que hemos llamado el protectorado. Se acaban los protectores y protectoras por estado y municipio, para que gobierne el que gane. Gobierne y punto. Vamos a ver cómo les va. Se elimina ese protectorado“, fue la promesa de Maduro, que causó escepticismo en la oposición.

Los cuestionamientos se centraron en por qué esperar hasta el 21 de noviembre y no hacerlo inmediatamente. Dos meses después de aquella promesa, parece recular.

“Nosotros estamos en diálogo con las oposiciones. Tenemos como cuatro mesas de diálogos. Ellos pidieron como garantía política que después de las elecciones del 21 de noviembre se eliminaran los protectores. Estuve de acuerdo, pero ayer me quedé pensativo con lo que ocurre en Mérida», indicó en cadena nacional.

La ONG Acceso a la Justicia recuerda, además, otro detalle que parece olvidado o pasa desapercibido: la asignación de minas de oro para gobernadores y protectorados.

“Voy a proceder a entregar una mina de oro (…) en plena capacidad productiva, a cada gobernación, para la producción de recursos en divisas convertibles, para nuestro pueblo”, dijo Maduro en octubre de 2019.

Esto suponía que los gobernadores podrían disponer de los recursos que produjera el yacimiento e invertirlo en las necesidades de sus estados. La oferta quedaba sin efecto para los estados Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta, por ser gobernados por la oposición.

La Asamblea Nacional electa en 2015 se negó a esto y mediante acuerdo parlamentario determinó que el Ejecutivo nacional “no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido, y en ese sentido, la ley de asignaciones especiales, que ha sido dejada a un lado por el gobierno usurpador, debió establecer, como se hizo en el pasado, un sistema de asignaciones económicas especiales en beneficio de los estados, en cuyo territorio se encuentren situadas las minas, sin perjuicio de que también puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio de otros estados”.

Acceso a la Justicia recuerda que la medida de Maduro también fue denunciada por la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos, por ser ilegal y afectar la seguridad, el ambiente y la población indígena.

Acceso a la Justicia señala que la adjudicación de minas obedece a una política gubernamental que busca “echar mano de los recursos naturales del país y dividirlos entre acólitos”

Opacidad en la asignación

La ONG hace hincapié en que “hasta ahora se desconoce el procedimiento que ha usado el gobierno de Maduro para la adjudicación de los yacimientos o minas de oro del país a las gobernaciones y los protectorados, así como a otras entidades públicas o privadas”.

La poca información es que se lleva a cabo en ejecución del Plan Minero Tricolor, un proyecto que anunció en junio de 2019 en el marco del Arco Minero del Orinoco, y sobre la que ha regido la más absoluta opacidad al no publicarse cifras e información sobre las actividades realizadas, especialmente respecto a la extracción del oro y otros minerales, así como tampoco sobre los recursos obtenidos de esas operaciones y las empresas asociadas e instaladas en ese ámbito, destacó la organización.

Es de recordar que mediante decreto 2.248 del 24 de febrero del 2016, inconstitucionalmente se creó la zona del Arco Minero del Orinoco (AMO), para la explotación de bauxita, diamantes, oro y hierro, entre otros minerales.

“Desde entonces existe un control y dominio absolutos sobre el área delimitada a través de concesiones, impuestos, exportaciones, regalías, hasta tal punto que en 2020 la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció los serios abusos y violaciones de derechos humanos en el AMO al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo”, resaltó Acceso a la Justicia.

En el informe también se denunció que “niños, algunos menores de 10 años, trabajaban en las minas, y que desde 2016 ha habido en la zona un fuerte aumento de la prostitución y la explotación sexual de mujeres, incluyendo adolescentes, más allá del control que ejercen los grupos delictivos o elementos armados”.

Para Acceso a la Justicia, otra de las evidencias de la falta de transparencia en la asignación de yacimientos de oro a las entidades federales es que “el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, creado en 2016 a partir del nacimiento del AMO, nunca ha publicado una memoria y cuenta sobre la producción aurífera en el sur del país”.

“La asignación de una mina de oro a cada gobernación del país por cuenta propia de Maduro representa el arbitrario proceder en el manejo de los fondos públicos sin ningún control por parte de la AN”.

Arbitrariedades y violaciones al orden jurídico

“Existe un bloque normativo aplicable directamente a los yacimientos y minas de oro que limita y restringe inexorablemente la actuación del Ejecutivo nacional para que sean utilizados en razón de su carácter de utilidad pública e interés social, y la pretendida asignación de estos minerales a las gobernaciones y protectorados no se corresponde con estas causas”, reitera la ONG.

En ese sentido, el artículo 12 constitucional determina que los yacimientos de hidrocarburos, mineros y las costas marinas son del dominio público y, por ende, son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables.

“El régimen de dominio público se trata, sin duda, de una forma de limitación del poder en el manejo de estos bienes que pertenecen al Estado, evitando así que pueda haber una apropiación indebida de estos recursos. De ahí que la inalienabilidad impida que se puedan enajenar. La imprescriptibilidad permite mantenerlos al margen del tráfico jurídico privado, por lo que no pueden obtenerse mediante la prescripción adquisitiva de dominio. Por último, la inembargabilidad los protege frente a los juicios para que no puedan ser embargados”, explica Acceso a la Justicia.

Otra violación es al artículo 156, numeral 16 de la Constitución, el cual establece la reserva legal para el régimen y administración de las minas y yacimientos y, con ello, la regulación referente a las modalidades de explotación y aprovechamiento de este recurso, así como la aplicación del poder tributario en materia de fiscalización y recaudación de los tributos.

“Del mismo modo, se desconoce el artículo 302 constitucional, que consagra la figura de la reserva legal de la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico, como la minería del oro”.

También se infringe el decreto de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos. 

   
Evaluar la lucha contra la violencia de género en Venezuela es una misión compleja
Solo entre abril y agosto de 2020 se produjeron 104 femicidios, 20% super a la cifra manejada en 2019

Abril de 2007, entra en vigor la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, instrumento que busca combatir la violencia de género. El 25 de noviembre de 2014 (Gaceta Oficial n.° 40.548), se reforma, y se incluye el tipo penal de Femicidio. Ahora, casi siete años después, la Asamblea Nacional dominada por el chavismo se aprueba en primera discusión una nueva  reforma del texto para «robustecer» el instrumento.

Sin embargo, la opacidad actual complica la tarea de evaluar si la ley vigente ha sido efectiva o no para contar, según señala la exposición de motivos de la ley (2014), con un pretendido «sistema integral de protección a la mujer víctima de violencia, donde el aspecto penal es solo un componente con fines propios del Derecho Penal en una sociedad democrática, enfatizando en medidas que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de la mujer en los distintos ámbitos de desarrollo».

La denuncia figura en el informe Mitos y realidades de la violencia contra la mujer en Venezuela: Historia de otro fracaso del Poder Judicial, publicado por Acceso a laJusticia y realizado con la colaboración de la ONG Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), en el cual no solo se analiza la jurisprudencia que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de sus salas de Casación Penal y Constitucional ha venido dictando en la materia, sino también el grado de cumplimiento del instrumento por parte de las autoridades nacionales.

En el reporte se lee lo siguiente:

«Una de las mayores incoherencias del Estado venezolano respecto a las mujeres, y en particular, respecto a la lucha contra la violencia por razones de género, es sin duda, el incluirla dentro del grupo de temas vinculados a los Derechos Humanos que ha sido silenciado en las fuentes oficiales de información».

A lo anterior se agrega que «así como no se tienen datos actualizados sobre indicadores de salud o educación desde hace años, lo mismo ocurre en el caso de la violencia contra las mujeres».

En la investigación se denuncia también que ni el TSJ ni el Ministerio Público (MP) ni el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) han publicado información precisa y confiable en relación a delitos como el femicidio, la violencia sexual y otros que afectan a las mujeres, pese a que así lo ordena expresamente el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

«La inexistencia de estadísticas detalladas en materia de violencia contra la mujer complica la elaboración de políticas públicas, ya que sin información no es posible hacer un diagnóstico verídico de la situación y una planificación de política pública», se concluye en el informe.

Palos de ciego

La opacidad no solo complica la elaboración de políticas públicas o la evaluación de la actuación de las autoridades en la lucha de género, sino que también abre las puertas para situaciones como las abiertas contradicciones entre funcionarios del mismo organismo en relación a la gravedad de este tipo de violencia.

Así, el pasado 8 de marzo, la vicepresidenta de la Sala de Casación Penal y presidenta de la Comisión de Justicia de Género del TSJ, magistrada Elsa Gómez, aseguró en una entrevista televisada que:

afortunadamente no somos un país con un alto índice de violencia de género, no obstante ello el Estado se ha preocupado por la mujer y por ello se crearon los tribunales (especializados en Violencia de Género) a través de esta Ley (Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia)».

Sin embargo, este señalamiento fue refutado por la también magistrada del TSJ, Carmen Zuleta de Merchán, quien aseguró que solo entre abril y agosto de 2020 se produjeron 104 femicidios. Estos datos son 20% superiores a los manejados por el máximo juzgado en 2019.

La anterior conclusión es ratificada por las cifras publicadas por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), que muestran la gravedad de la situación de violencia contra la mujer en Venezuela. En este sentido, la ONG documentó 125 femicidios ocurridos en Venezuela en los primeros seis meses de 2021. En el mismo periodo hubo 49 femicidios de mujeres venezolanas en el exterior. Cada 20 horas hubo una acción femicida. Este monitoreo incluye además los femicidios en grado de frustración. En estos seis meses hubo 23 casos en Venezuela y 9 de mujeres venezolanas en el exterior. Durante la primera mitad del año, 57 niñas y niños quedaron huérfanos por el femicidio de sus madres. De ellos, 34 en Venezuela y 23 en el exterior.

Aún en mora

Pero la falta de estadísticas no es el único incumplimiento a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia detectado en el informe, en el cual se recuerda que más de una década después de su aprobación todavía no hay tribunales especializados en violencia contra la mujer en todo el país.

Al respecto, en el informe de Acceso a la Justicia se afirma:

El hecho de que más de una década después de la entrada en vigor de la ley creó los tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer, y que estos no existan en todas las circunscripciones del país, obligó a que la Sala Constitucional diera esa competencia a otros tribunales que no poseen la especialidad que deberían tener. Esto pone de manifiesto que este ámbito no ha sido, por más que la propaganda diga lo contrario, una prioridad para las autoridades judiciales».

La ley daba un año al TSJ, contado a partir de 2008, para abrir los juzgados especializados en todo el país.

Lo anterior pone en duda las palabras del fallecido Hugo Chávez, quien un acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer en 2011, afirmó: «Venezuela es vanguardia en el mundo en este proceso de liberación de la mujer, porque la mujer como ente, como ser y como esencia solo puede liberarse en medio de una revolución socialista. No hay otra forma».

Gobierno de Maduro deja atrás los estados de excepción sin resolver los problemas que supuestamente combatiría
El estado de excepción y emergencia económica formó parte de la estrategia que el Ejecutivo puso en marcha para desmantelar a la AN

Si había alguna duda de que Nicolás Maduro utilizó la figura constitucional de los estados de excepción para neutralizar a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 y reforzar su control sobre las instituciones, los fondos públicos y la ciudadanía, la manera como se ha deshecho de esta herramienta parece responderla. Las razones esgrimidas para apelar a estos recursos excepcionales continúan allí y lo único que ha cambiado es que ahora el chavismo tiene el control del Parlamento.

En enero de 2016, días después de que el Parlamento controlado por la oposición se instalara, Maduro decretó un estado de emergencia económica, con la excusa de hacerle frente a la «guerra económica». Sin embargo, todo apunta a que dicha medida habría finalizado, ya que la última prórroga venció el pasado 23 de abril según decreto 4.440, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 6.615 extraordinario del 23 de febrero de 2021.

El estado de excepción y emergencia económica formó parte, junto a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de la estrategia que el Ejecutivo puso en marcha para desmantelar y liquidar a la AN. Así, mediante treinta y un decretos que imponían este régimen, prologándolo mucho más allá de los 120 días fijados en el artículo 338 de la carta magna, el Gobierno se fue haciendo con más y más facultades que correspondían a los legisladores.

Gracias a esta figura, en el último lustro Maduro pudo aprobar y disponer de fondos públicos sin ningún tipo de control y supervisión. También pudo transferir recursos de una partida a otra, firmar contratos de interés públicos y empréstitos, ajustar la unidad tributaria, designar embajadores y ordenar el traslado al Panteón Nacional de los restos de hombres y mujeres ilustres sin necesidad de contar con el visto bueno de los diputados, tal y como manda el texto fundamental.

El presidente tampoco tuvo que preocuparse porque los legisladores citaran a sus ministros y demás funcionarios e incluso pudieran censurarlos por no haber cumplido a cabalidad sus funciones, pues durante la emergencia económica les suspendió esta potestad que les confiere la Constitución.

Todo lo anterior contó con la venia de la Sala Constitucional del TSJ. La instancia que estaba llamada a garantizar el respeto de la Constitución dejó de lado su misión para alinearse con el Ejecutivo y se dedicó durante cada una de las declaratorias de los estados de excepción a reforzar las arbitrariedades y abusos por parte del Gobierno de Maduro. La multiplicidad de sentencias que avaló la cadena de prórrogas sin ningún motivo que justificara razonablemente laconstitucionalidad de su adopción en el país, se limitó a repetir lo dicho por el Ejecutivo nacional. 

No fue uno, sino dos

Los venezolanos no solo vivieron cinco años bajo un estado de emergencia económica, sino que desde marzo de 2020 también estuvieron bajo un estado de alarma, impuesto para evitar la propagación de la COVID-19. Así, durante un año se vivió la inédita situación de estar bajo dos regímenes de excepcionalidad.

Esta segunda figura también ha perdido vigencia luego de que el 28 de marzo concluyera su última prórroga, de acuerdo al decreto 4.448 del 28 de febrero, último estado de alarma que se dio a conocer tras el anuncio de su constitucionalidad por la sentencia 034 del  17 de marzo emitida por la Sala Constitucional, cuyo contenido aún no ha sido publicado.

Bajo la excusa de evitar la propagación del coronavirus detectado en la provincia china de Wuhan, las autoridades prorrogaron en doce ocasiones el estado de alarma, a pesar de que la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción solo permiten un decreto con un lapso máximo de treinta días prorrogable por una sola vez.

Como si lo anterior no fuera suficiente, la medida abrió las puertas para que el régimen pudiera reforzar su control político y policial militar sobre los ciudadanos, además de silenciar cualquier voz disidente.

Entre marzo de 2020 y febrero de 2021, 318 personas, entre ellas dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes políticos, fueron objeto de detenciones arbitrarias e ilegales por parte de los cuerpos de seguridad, según una investigación realizada por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Laboratorios de Paz. ¿Eldelito? Protestar o expresar descontento por las fallas de los servicios públicos, informar sobre dichas acciones o sobre la COVID-19.

El estado de alarma fue otro cheque en blanco para evadir los controles por parte del Poder Legislativo en detrimento de los derechos fundamentales, ya que las autoridades del Gobierno adoptaron cualquier medida para cometer toda serie de ilegalidades y atropellos contra la ciudadanía, sin que la justicia tomara cartas en el asunto, tal como está documentado en el Informe Anual 2020 de Acceso a la Justicia.

Sin resolver los problemas

El momento escogido para poner fin a los estados de excepción refuerza las sospechas de que los mismos solamente fueron utilizados para suplantar a la AN de 2015. ¿La razón? En enero pasado se instaló el nuevo Parlamento electo en las cuestionadas elecciones del 6 de diciembre, el cual está completamente controlado por el chavismo. En segundo lugar, los problemas esgrimidos por las autoridades para imponerles continúan allí e incluso se han agravado.

En el caso de la emergencia económica, el panorama económico del país no es mucho mejor que hace un lustro atrás. Desde 2017 el país se encuentra sumido en hiperinflación y de acuerdo a los pronósticos de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) no saldrá de ella ni en 2021 ni en 2022. Asimismo, el Producto Interior Bruto (PIB) seguirá cayendo, 10% en este año y 5% más en el próximo.

Por otro lado, las previsiones para el desempleo de Venezuela del FMI apuntan a un nivel del 58,4% y el 60,1% en 2021 y 2022, respectivamente, frente al 55,5% de 2020.

El estado de alarma tampoco parece haber servido para frenar el coronavirus; prueba de ello es que en esta misma semana Maduro admitió que el país había registrado sus primeros casos de la llamada variante Delta, la cual es más infecciosa y se propaga más rápido.

La finalización de los estados de excepción implica la extinción de los decretos leyes dictados por el Gobierno nacional, así como cualquiera otra medida y decisión que haya adoptado bajo los mismos. En este sentido, desapareció el basamento jurídico que sostenía las acciones del régimen de Maduro que restringieron o limitaron las garantías de los derechos consagrados en la Constitución, por lo que mal puede continuar aplicándose en el país.

De allí entonces que no exista actualmente base jurídica alguna que permita sostener la cuarentena flexible y cuarentena rígida, mejor conocida como «método 7 + 7», aplicada por Maduro desde hace un año. Continuar restringiendo las actividades del Poder Judicial, de los registros y notarías, del sector bancario y el comercio o limitando la movilidad durante una semana y otra sería arbitrario.

Maduro promete eliminar los protectorados pero avanza en la instauración del Estado comunal
El proyecto de ley que la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó crea una estructura social inexistente en la Constitución

Mientras por un lado Nicolás Maduro le coloca “trapo rojo” a la oposición para distraer su atención, anunciando la eliminación de los protectorados, sigue avanzando aceleradamente en la instauración del Estado comunal, alerta este jueves la ONG Acceso a la Justicia en un análisis enviado a los medios de comunicación.

En efecto, el anuncio luce como un intento para convencer a la oposición de participar en las megaelecciones regionales y locales previstas para noviembre próximo. Sin embargo, la oferta también parece un caramelo envenenado, pues mientras anuncia esta medida continúa con sus intentos por consolidar un Estado paralelo, a través de iniciativas como la Ley Orgánica de Ciudades Comunales.

El proyecto de ley que la Asamblea Nacional (AN) controlada por el oficialismo ya aprobó en primera discusión crea una estructura social inexistente en la carta magna, denominada «ciudad comunal». Conforme al artículo 4 del mencionado texto, se trata de una agregación de comunas en un ámbito territorial determinado, es decir, se presenta como una figura que desconoce y desnaturaliza la descentralización y la autonomía municipal y estadal, atentando contra los artículos 2, 5, 157, 158, 159, 168 y 184 constitucionales.

En Acceso a la Justicia han advertido que la propuesta, además de contradecir la descentralización político territorial, se presenta como una estructura prevista para desmontar el sistema republicano del Estado constitucional democrático, que está fundamentado en los principios de supremacía constitucional (artículo 7), de legalidad (artículo 137), de división de los poderes (artículo 136), de la responsabilidad del Estado (artículo 140) y en el reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos (artículos 2 y 19).

La ciudad comunal busca vaciar de competencias a los estados y municipios, al tiempo que incrementaría y potenciaría la centralización del poder en manos del Ejecutivo nacional, así como el control social. No hay que olvidar que las comunas, en las cuales se sustentan estas hipotéticas figuras, son organizaciones que serán controladas y dirigidas por este.

Más de una década construyendo un Estado paralelo

Desde 2013 Maduro ha implementado progresivamente un catálogo de figuras contrarias al ordenamiento jurídico, y ha creado organizaciones sociales o asociativas que violan el principio de representación del pueblo y el modelo constitucional de Estado federal descentralizado. Una de las figuras más emblemáticas que ha establecido son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creados en 2016 para –en teoría– mitigar la grave emergencia humanitaria compleja que afecta al país, al distribuir alimentos, productos de higiene y medicamentos. Sin embargo, en la realidad ha sido una forma de control social.

Otra invención implementada por el régimen es el Carnet de la Patria, una especie de documento de identidad que regula el acceso a alimentos y artículos de primera necesidad adquiridos a través de los CLAP.

Sin embargo, el Estado paralelo no comenzó con Maduro. Ya Hugo Chávez había tomado medidas dirigidas a desmantelar la institucionalidad. Entre las primeras destacó la eliminación de la estabilidad de los jueces. También los llamados «círculos bolivarianos», una forma de organización popular conformada por entre siete y once personas, para discutir los problemas sociales de la comunidad y buscar su pronta solución. Para Chávez, los círculos bolivarianos eran «el alma del pueblo».

En el discurso de juramentación de los círculos, el 17 de diciembre de 2001, en un acto celebrado en la avenida Bolívar de la ciudad de Caracas, el mismo Chávez señaló que con los círculos bolivarianos “profundicemos la democracia participativa y protagónica y aquí está el ejemplo: todo el poder para el pueblo es la consigna de los círculos bolivarianos”.

Chávez crearía nuevas modalidades de organización social, tales como los comités de tierras urbanas, que aparecieron en 2002 por decreto presidencial con el propósito de estimular la participación ciudadana en la regulación de la tenencia de la tierra. Meses después puso en marcha las misiones, concebidas como programas sociales del Gobierno, y los consejos comunales, creados mediante la Ley de los Consejos Comunales en 2006, que en 2010 pasarían a formar parte de la «comuna» y el «Poder Popular», con la finalidad de reemplazar el Estado federal.

Siguiendo el ejemplo de Chávez

Con la muerte de Chávez y la ascensión de Maduro al poder, el proceso de disolución institucional siguió avanzando. Así, Maduro designó en 2013 al derrotado aspirante a la Gobernación de Miranda, Elías Jaua, como protector de esa entidad. El funcionario recibió fondos que ha debido manejar el opositor Henrique Capriles Radonski, quien fue el realmente electo como gobernador.

Esta invención encuentra su antecedente en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, cuando en 2008 ganó las elecciones de ese despacho el candidato opositor, Antonio Ledezma. En 2009 Chávez, para tratar de desconocer la decisión popular y con el respaldo de la AN controlada por el chavismo, modificó el régimen y administración del Distrito Capital y estableció un Gobierno paralelo a cargo de un jefe que sería designado por el propio presidente de la República, a fin de usurpar las funciones y el presupuesto que tenía asignado el alcalde metropolitano.

Pese a que la Constitución establece que el Gobierno de Venezuela y de las «entidades políticas que lo componen es y será siempre democrático, participativo, electivo», Chávez designó como jefa de Gobierno del Distrito Capital a la dirigente del oficialismo, Jacqueline Farías, quedando Ledezma despojado de sus competencias, hasta que fue detenido injustificadamente en 2015 por la supuesta comisión de delitos políticos.  

El régimen de Maduro prosiguió con la política gubernamental emprendida por su antecesor de desconocer la institucionalidad formal a través de los protectorados, y obviar a los titulares de los órganos constitucionales que habían sido electos mediante la votación popular, por el solo hecho de tratarse de líderes o candidatos de oposición.

Esta política de Estado quedó consolidada en 2017, cuando designó más protectorados en cuatro entidades federales (Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta y Táchira) en las que había ganado legítimamente la oposición durante las elecciones regionales celebradas el 15 de octubre de ese año.

La figura del protectorado, en definitiva, es una suerte de representante del Ejecutivo nacional para la administración de las gobernaciones y alcaldías, en función de los intereses del poder central, que para nada representa la voluntad democrática de los ciudadanos. Son fórmulas organizativas de carácter territorial impuestas arbitrariamente desde el Gobierno nacional con la intención de desconocer las victorias obtenidas por la oposición en elecciones regionales y municipales.

Presidente del parlamento venezolano ejerce funciones de otros poderes públicos: el caso de la Cota 905
Jorge Rodríguez aseguró que los sucesos registrados entre el 7 y 9 de julio en la la Cota 905 fueron planificados por sectores de la oposición

Legislar, aprobar créditos adicionales y contratos de interés públicos, y controlar al Gobierno. Estas son algunas de las tareas que la Constitución les asigna a los diputados de la Asamblea Nacional (AN). Sin embargo, en días pasados Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, decidió atribuirse las funciones del Ministerio Público (MP) y hasta de la Defensoría del Pueblo acerca de los sucesos de la Cota 905.

El pasado 13 de julio el legislador oficialista aseguró que los sucesos registrados entre el 7 y 9 de julio en el suroeste de Caracas, cuando la banda de «El Koki» realizó ataques contra sedes de distintos organismos policiales y amenazó con asesinar a vecinos de La Vega, fueron planificados por sectores de la oposición, entre los cuales figuraba el diputado de la AN electa en 2015, Freddy Guevara, junto con el Gobierno colombiano. Guevara fue detenido el 12 de julio cuando conducía su auto por la autopista Francisco Fajardo, ahora Gran Cacique Guaicaipuro.

En una rueda de prensa, en la cual usurpó las funciones de investigación del MP, Rodríguez afirmó lo siguiente:

«Las acciones de las bandas criminales están relacionadas con los mercenarios colombianos debido a que sus actuaciones son típicas de éstos, uno de los principales productos de exportación de Colombia (…) El armamento que le fue incautado a los terroristas, a los delincuentes, fue armamento de guerra, provisto por la Casa de Nariño, por el Gobierno colombiano que se alió con estos malandros para empezar a matar gente en los túneles de La Planicie, en la autopista y generar extrema violencia con armamento de guerra».

Seguidamente el parlamentario oficialista mostró unas supuestas capturas de pantalla de conversaciones que Guevara y otros dirigentes del partido opositor Voluntad Popular habrían mantenido en los últimos meses y las cuales, según él, probarían que estaban planificando hechos violentos. Con esta acción no solo usurpó las funciones de los policías y de los fiscales, quienes son los únicos que deberían tener esta información, sino que además violó al menos dos disposiciones del proceso penal.

Por un lado, Rodríguez habría vulnerado la cadena de custodia, la cual según el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) no es otra cosa más que:

«la garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias digitales, físicas o materiales, con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso o lugar del hallazgo, su trayectoria por las distintas dependencias de investigaciones penales, criminalísticas y forenses, la consignación de los resultados a la autoridad competente, hasta la culminación del proceso».

En segundo término, el presidente de la AN habría infringido el principio de la reserva de las actuaciones de la investigación penal, previsto en el artículo 286 del COPP. Esta norma solo permite que los imputados, sus defensores y la víctima puedan examinar las evidencias, y además establece que los funcionarios públicos que por un motivo u otro las puedan tener en su poder, no las difundan.

¿Independencia de poderes?

Como si lo anterior no fuera suficiente, Jorge Rodríguez le dijo al fiscal general impuesto en 2017 por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, lo que debía hacer.

«Me imagino que luego de estas imágenes, la Fiscalía General de la República ya debe haber dado órdenes de captura para Gilbert Caro, Hasler Iglesias, Emilio Graterón y Luis Somaza», dijo el diputado tras exhibir los supuestos chats entre los opositores.

Esta afirmación carece de base legal, pues no es el MP el que ordena la detención de alguien, sino que la solicita a un juez, quien es el competente para ello de acuerdo con la Constitución.

Además, a Rodríguez no le bastó actuar como fiscal, sino que también lo hizo como si fuera Defensor del Pueblo al abordar el caso de Freddy Guevara.

«Freddy Guevara no está desaparecido, está preso por planes terroristas y paramilitares en Caracas (…) Freddy Guevara intentó perpetrar hechos en contra de la paz de la República venezolana y la República se defendió», declaró el legislador, saliéndole al paso a las denuncias de que el opositor había sido detenido arbitrariamente y que se había configurado una desaparición forzada de corta duración. Ambas situaciones son violaciones a los derechos humanos, las cuales son asuntos que debe abordar la Defensoría del Pueblo.

Respecto de esta afirmación, cabe hacerse varias preguntas: ¿qué pasó con lapresunción de inocencia?, ¿qué tribunal se atreverá a llevarle la contraria a uno de los máximos dirigentes del oficialismo luego de esta «condena»? Aquí aparece de nuevo el llamado «efecto Afiuni», que tan presente está en los tribunales dejusticia del país.

Los hechos se encargan de corroborar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso de Freddy Guevara: fue aprehendido a plena luz del día mientras conducía su vehículo, con lo cual parece complicado que se reúnan los requisitos para considerar que incurrió en un delito flagrante, en especial en los términos expresados por las autoridades, que lo acusan de incurrir en delitos de terrorismo y traición a la patria. El opositor transmitió mediante sus redes sociales el momento de su captura y se le veía tranquilo y no estaba armado.

Por su parte, la familia y los abogados del opositor no fueron notificados de su paradero y este fue presentado a tribunales cincuenta y ocho horas después de su aprehensión; es decir, diez horas más tarde de lo previsto en la ley venezolana.

En un proceso penal solo pueden actuar los órganos competentes

La actuación de Rodríguez también excedió el ámbito de sus atribuciones como presidente de la AN. El artículo 27 del Reglamento de Interior y Debates de la AN (Gaceta Oficial n.º 42.068 de 12 de febrero de 2021) en ningún caso se le atribuye la facultad de dar órdenes o instrucciones al MP ni a ningún otro organismo para capturar presuntos delincuentes, ni mucho menos manejar o hacer públicas las supuestas pruebas de un expediente.

Igualmente socava el artículo 39, numeral 1 del mencionado reglamento, dado que invade las funciones de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación, instancia interna de la AN encargada de conocer sobre los asuntos relacionados con la seguridad y la defensa integral del país, así como los asuntos concernientes a la posesión y uso de armas de guerra, aparte de los relacionados a la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos.

La comisión parlamentaria en cuestión sería la facultada para llevar a cabo una investigación de los hechos, pero sin que esto implique facultad alguna para acusar o hacer públicas o manipular pruebas de un proceso que apenas empieza.