Acceso a la Justicia, autor en Runrun

Acceso a la Justicia

A 20 años de la entrada en vigencia de la Constitución
Maduro ha gobernado desde 2016 mediante decretos leyes y con control absoluto del presupuesto  sin presentar cuentas a la población ni a la AN

 

La Constitución de 1999 cumple este año dos décadas de vigencia, y pese al tiempo transcurrido se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que está “nueva de paquete”, porque casi ninguna de sus disposiciones ha sido cumplida por las autoridades.

Un ejemplo de ello es la disposición decimosegunda provisoria, que ordenaba alGobierno a demarcar las zonas indígenas en un lapso no mayor a dos años tras la entrada en vigor de la Carta Magna, lo cual sigue sin hacerse casi dos décadas después.

Lejos de resolver los graves problemas que Venezuela confrontaba a finales del siglo pasado, en particular en materia de justicia, seguridad y corrupción, con la entrada en vigor de entonces nueva Constitución se han agravado y, de paso, se han abierto las puertas a otros como la liquidación de la independencia de los poderes públicos y la pérdida del Estado de derecho.

Acceso a la Justicia, en su informe La toma del poder absoluto, afirma que en el proceso de desmontaje de la democracia que se dio al amparo del nuevo marco constitucional fue crucial asegurar el control sobre los magistrados del TribunalSupremo de Justicia (TSJ), a fin de avalar cada acción emprendida por el Ejecutivo nacional sin importar si era contraria a la ley, la Constitución o a las verdaderas necesidades del país.

El control que el chavismo ejerce sobre el máximo juzgado le ha permitido gobernar escapando del control de la Asamblea Nacional (AN) controlada por la oposición, gracias a los decretos de estado de excepción que desde el 14 de enero de 2016 ha dictado Nicolás Maduro y que han sido avalados por el organismo rector del Poder Judicial, el TSJ. Estos decretos no han contado con la aprobación del Parlamento ni otros requisitos constitucionales, ni tampoco con los establecidos en tratados internacionales de derechos humanos, tales como la obligación de notificarle a la comunidad internacional sobre el estado de excepción, extendiéndolo por más de cuatro años, pese a que la Constitución solo permite una vigencia máxima de 120 días.

Gracias a esta maniobra, Maduro ha gobernado especialmente desde 2016 mediante decretos leyes y con un control absoluto del presupuesto y recursos sin presentar cuentas a la población ni a la AN, instancia legítima desconocida por el Ejecutivo desde que la oposición ganó las eleccionesparlamentarias en 2015. Hasta la fecha, se contabilizan más de veinticuatro prórrogas del estado de excepción.

Acceso a la Justicia destaca que la exposición de motivos de la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción prohíben al TSJ pronunciarse si el Parlamento desaprueba la medida. Sin embargo, la Sala Constitucional le ha dado su visto bueno.

Los efectos del régimen de estados de excepción se traducen en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, el Ejecutivo nacional ha legislado en materia socioeconómica en vez del Parlamento, por lo cual ha consolidado una insana concentración del poder; en segundo, el Gobierno no rinde cuentas y ha manejado los recursos públicos y el presupuesto nacional a su antojo.

Nueva Constitución en mente

En septiembre de 2018 circuló en varios medios de comunicación social un supuesto borrador del proyecto de Constitución que estaría preparando la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), compuesto por 411 artículos, distribuidos en 10 títulos. 

La supuesta propuesta está cargada de referencias ideológicas y atiende a un modelo de Estado que no se corresponde con el sistema de Estado constitucional de derecho previsto en la Carta venezolana de 1999.  Asimismo, busca consolidar aún más el régimen político actual, pues consagra el culto a la figura del expresidente Hugo Chávez, anula el pluralismo político y promueve un pensamiento único.  

El borrador exacerba el presidencialismo, de forma incluso mucho más poderosa que el contemplado en la Constitución de 1999, porque todos los poderes están sujetos al Ejecutivo Nacional y sobre todo a su plan de Gobierno, el llamado “Plan de la Patria”, incluso el propio texto fundamental.

Acceso a la Justicia destaca que el objetivo de este anteproyecto constitucional es promover un sistema colectivista para anular de manera absoluta la libertad y la democracia. Esto llevaría a la negación de los derechos humanos, en especial, los individuales (vida, libertad y propiedad) frente a derechos colectivos, que no pueden existir realmente si no se respetan y garantizan los primeros.

En la propuesta se recogen algunas acciones del Gobierno de Maduro, especialmente desde la derrota sufrida en las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015; entre ellas se permite disolver el Parlamento cuando sea declarado en desacato.

El proyecto ideológico que estaría fraguando la ANC constitucionaliza las misiones, que el Gobierno nacional ha utilizado para adoctrinar a la población y someterla a un control social y político.  La propiedad privada queda marginada frente a otras formas de propiedad creadas desde el marco de la estructura del «Estado comunal»  Igualmente constitucionalizaría la criminalización de la disidencia, siendo traidor a la patria quienes ejerzan la libertad de expresión o, por ejemplo, manifiesten su intención de demandar ayuda humanitaria ante la grave crisis del país.

TSJ inició 2020 informando lo que quiere y amenazando a la disidencia
El magistrado Maikel Moreno solo informó que a lo largo de 2019 el TSJ resolvió 2.893 “asuntos”

 

El Sistema de Justicia y los órganos que lo integran deberán presentar anual y públicamente, un informe detallado y preciso de la gestión realizada durante ese período. En tal sentido, deberán brindar explicación suficiente y razonada de las políticas y planes formulados, su ejecución, metas alcanzadas y presupuesto utilizado, así como la descripción de las actividades realizadas durante este período”.

Esto establece el artículo 25 de la Ley del Sistema de Justicia, pero en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) parece que desde 2013 olvidaron esta disposición, porque a partir de esa fecha dejaron de presentar su informe anual a la ciudadanía.

El pasado 31 de enero el máximo juzgado dio inicio formal a sus actividades con el acto de Apertura Judicial, en el cual su presidente, magistrado Maikel Moreno, ofreció un discurso que fue presentado como “informe anual de gestión”. Sin embargo, apenas tuvo datos que sirvan para evaluar el desempeño del organismo y del Poder Judicial en su conjunto, mientras que sí estuvo cargado de amenazas a la disidencia y mensajes que dejan clara la alineación de la justicia venezolana con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Moreno solo informó que a lo largo de 2019 el TSJ resolvió 2.893 “asuntos”, lo cual no quiere decir que haya sentenciado igual número de casos. “La Sala Plena resolvió 115, la Sala Constitucional 520, la Sala de Casación Penal 247, la Sala de Casación Civil 621, la Sala Político Administrativa 816, la Sala Social 496 y la Sala Electoral 68”, desglosó, pero sin precisar, como sí lo hicieron en el pasado sus antecesores en el cargo, cuántas causas recibió la máxima instancia judicial en el mismo período de tiempo.

Sin embargo, el único dato aportado por el funcionario revela que el rendimiento del organismo en los últimos doce meses fue inferior al del año anterior. En su discurso de 2019, Moreno aseguró que el TSJ resolvió en 2018 4.400 asuntos, pero las cifras que ofreció la semana pasada sobre la gestión de 2019 son 34,25% inferiores. De esta manera, el funcionario insiste en su política de opacidad, que ha sido denunciada en el pasado por Acceso a la Justicia.

El también presidente de la Sala de Casación Penal informó por primera vez desde que abre el año judicial cuántos casos recibieron y decidieron los demás tribunales del país, como era la costumbre antes de su nombramiento como principal figura del máximo tribunal. Aclaró que, pese al sabotaje eléctrico, ingresaron 368.283 causas y fueron decididos 435.229 asuntos inherentes a todas las competencias y jurisdicciones del país. En 2017 la entonces presidenta del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez, aseguró que en 2016 el Poder Judicial dictó “1.591.661 fallos en todos los ámbitos materiales y territoriales”. Esto significa una presumible disminución de la productividad de los tribunales de aproximadamente 73%, aunque también incide en ello la reducción de casos ingresados.

Finalmente, Acceso a la Justicia aclara que cuando el presidente del TSJ se refiere a “asuntos inherentes a todas las competencias y jurisdicciones del país” se trata de actos jurídicos de cualquier tipo durante un proceso judicial, incluso de trámite, y no necesariamente sentencias, como hemos ya explicado anteriormente sobre lo que son realmente “expedientes decididos” del TSJ.

Opacidad total

A pesar de que también es el presidente de la Comisión Judicial, organismo encargado de designar y remover a los jueces provisorios, temporales y accidentales, por tercer año consecutivo Moreno obvió informar cuántos juzgados cambiaron de titular.

Acceso a la Justicia advierte que esta información es crucial, porque de los más de dos mil tribunales que hay en el país, 70% de ellos están ocupados en la actualidad por abogados que pueden ser despedidos de un momento a otro por la Comisión Judicial sin ningún tipo de procedimiento previo.

En materia disciplinaria, el funcionario solamente mencionó que la Inspectoría General de Tribunales realizó 316.056 inspecciones, “91,4% más que el año anterior”, resaltó.

Alineación absoluta

Moreno inició su discurso asegurando que 2019 fue un año de “desafíos y enseñanzas”, en el que “los venezolanos empezamos a creer en nuestra propia capacidad de resistir los embates de las políticas y de las élites y la presión de los imperios contra un país que decidió ser verdaderamente libre e independiente”.

Asimismo, no tuvo empacho en calificar de “traidores” a los diputados de la Asamblea Nacional, de quienes dijo que “amparados en las atribuciones que el pueblo les dio decidieron darle a la espalda para unirse en un complot con gobiernos extranjeros y sus lacayos”.

Acto seguido advirtió: “La justicia llegará con firmeza a los responsables de los daños que procuran hacerle a todo el país y a su pueblo noble y valiente”. Y como muestra recordó los diez fallos que la Sala Plena dictó el año pasado despojando de su inmunidad a una veintena de legisladores opositores.

Pese a que en varias ocasiones aseguró que las actuaciones del TSJ se guían por lo establecido en la Constitución, Moreno cerró su intervención con una declaración que comprueba la sumisión del organismo al chavismo:

“Hoy más que nunca debe existir la colaboración entre las distintas ramas del Poder Público, ante la brutal campaña internacional desarrollada para desconocer y deslegitimar el Gobierno legalmente constituido, debemos estar integrados en un bloque o muro de contención para que estos planes de conspiraciones no se lleven a cabo”.

7 claves para entender las elecciones parlamentarias 2020
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no está facultada para designar nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral 

 

2020 abre las puertas a otro ciclo electoral en Venezuela. Este año deben celebrarse elecciones para renovar a la Asamblea Nacional, cita con las urnas crucial tanto para chavistas como opositores, los primeros porque desean recuperar el control sobre el único poder del Estado que no está en sus manos, y los segundos pues esperan mantenerlo y probar al mundo que en realidad la mayoría de los venezolanos anhela un cambio político.

Sin embargo, para que estos comicios no corran la misma suerte que la elección presidencial de mayo de 2018, la cual no fue reconocida por el grueso de la comunidad internacional democrática y abrió así las puertas al actual aislamiento del régimen de Nicolás Maduro, las parlamentarias deben celebrarse bajo otras condiciones.

Es en este contexto, Acceso a la Justicia considera pertinente aclarar algunos aspectos (jurídicos, políticos y electorales) que son clave para un proceso libre y justo.

1. ¿Las elecciones parlamentarias deben celebrarse en 2020?
Sí, porque en diciembre de este año vence el período constitucional de cinco años que el artículo 192 de la Constitución da a los diputados y a la actual AN que fue electa en los comicios celebrados el 6 de diciembre de 2015, ganados por la oposición por amplia mayoría.

2. ¿Jurídicamente es viable adelantar la celebración de las elecciones parlamentarias en los primeros meses del año 2020?
No, porque se traduciría en una violación del artículo 192 antes mencionado, el cual, da a los diputados un período de cinco años. Dado que la última elección del Poder Legislativo fue el 6 de diciembre de 2015, indefectiblemente los comicios parlamentarios deben tener lugar en diciembre de este año. Un adelanto de estas elecciones significaría recortar el período 2016-2021 de los diputados que fueron electos legítimamente en diciembre de 2015, lo que representaría el desconocimiento del derecho al sufragio democrático expresado por los electores que votaron por sus representantes legislativos.

No obstante, las posibilidades de que los comicios parlamentarios se adelanten son elevadas y no sería la primera vez que ocurriese. Así, la primera AN electa en el año 2000 fue en julio y no en diciembre, mientras que la tercera fue el 26 de septiembre de 2010.

3. ¿Es posible modificar la legislación electoral venezolana antes de que sean convocadas las elecciones parlamentarias?
En principio, sí. De hecho, la AN es la única instancia que está facultada para realizar cualquier cambio o modificación, total o parcial, de las leyes electorales en absoluta consonancia con los preceptos constitucionales. Pero el artículo 298 de la Constitución consagra una prohibición según la cual la legislación electoral “no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”.

Siguiendo esta previsión constitucional, si las elecciones parlamentarias fueran a celebrase en diciembre de 2020, la AN tendría hasta el mes de junio para realizar cualquier cambio, modificación o reforma en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

4. ¿Es factible jurídicamente la escogencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de la Sala Constitucional por la vía de la omisión legislativa?
No. De hecho, la propia Carta Magna venezolana no faculta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a designar las autoridades del Poder Electoral en el supuesto de que el Parlamento no pueda hacerlo. En todo caso, lo que está previsto en la Constitución (artículos 266.1 y 336.7) es que la Sala, si constata una omisión por parte de los diputados, les fije un plazo para corregir dicha situación y, de ser necesario, indique los lineamientos para realizar tal corrección.

5. ¿La Sala Constitucional puede sustituir al legislador para corregir la inactividad y nombrar por cuenta propia a las autoridades del CNE?
No. De asumir las competencias de la AN la Sala estaría incurriendo en usurpación de funciones, irregularidad que trae consigo la nulidad absoluta de la decisión que se adopta tras la invasión de la competencia, así como la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.

La Sala solo puede exhortar a la AN la realización de los nombramientos de la directiva del CNE, pues se trata de una competencia exclusiva y excluyente del Poder Legislativo, que ningún otro órgano del Estado puede ejercer. Aun así, desde 2003 la Sala ha ido más allá de lo que establece la Constitución y ha nombrado en varias ocasiones a los integrantes del organismo comicial, así como a los miembros del Consejo Moral Republicano. Varios de los actuales rectores electorales deben su puesto a los magistrados de la Sala Constitucional.

Sin embargo, cualquier intervención del TSJ en este momento no comportaría una verdadera garantía en la conformación plural del Comité de Postulaciones Electorales y sin militancia partidista del órgano comicial, pues el juez constitucional ha desatendido su deber de imparcialidad frente al acontecer político, lo que ha llevado al país a vivir la grave crisis institucional en la que está sumido.

6. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas que deberían ser garantizadas por el nuevo CNE en las próximas elecciones parlamentarias?
Hay un conjunto de parámetros bajos los cuales deben desarrollarse las elecciones, a fin de garantizar que su realización se lleve a cabo en igualdad de condiciones. Lamentablemente, los comicios celebrados en el país desde 2017 han llevado al elector venezolano a desconfiar en el sistema electoral, especialmente por la ilegitimidad en los resultados de los comicios presidenciales celebrados en mayo de 2018.

Ante esta atmósfera de incertidumbre, sería recomendable que el nuevo organismo electoral despejara las dudas que se han levantado contra el sistema electoral venezolano, y de esta forma generar nuevamente la confianza entre la población, los partidos políticos y candidatos en general. De hecho, entre las inquietudes que deberían ser revisadas y aclaradas por la nueva directiva del organismo electoral, Acceso a la Justicia considera importante mencionar:

Diseño de circunscripciones electorales.
Actualización y depuración del Registro Electoral.
Inhabilitación de candidatos.
Participación de los partidos políticos cancelados a partir de procedimientos arbitrarios.
Observación electoral tanto nacional como internacional.
Uso de tinta indeleble.
Uso de recursos públicos.
Acceso de los candidatos y partidos políticos a los medios de comunicación.
Oportunidad en la entrega de los resultados electorales.

7. ¿Las venideras elecciones parlamentarias podrían catalogarse como elecciones competitivas?
No. La eliminación de más de cincuenta partidos políticos mediante una serie de mecanismos arbitrarios implementados por el TSJ y la Asamblea Nacional Constituyente, además de la realización de un proceso de renovación ilegítimo que emprendió el CNE desde 2016, menoscaba la capacidad de los electores para tener una oferta plural. Un proceso que se lleve a cabo sin la participación de los partidos de oposición, que son los que actualmente representan la AN, sembraría dudas más que razonables sobre su limpieza y autenticidad

 

 

Acceso a la Justicia: Ocho preguntas sobre lo ocurrido con la elección de la directiva de la AN
Evidentes irregularidades se cometieron el pasado 5 de enero en el Palacio Federal Legislativo 

 

La crisis institucional que vive Venezuela registró otro hito el pasado 5 de enero, cuando debido a que la bancada chavista y algunos disidentes opositores eligieron una junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), paralela a la que encabeza Juan Guaidó, el país pasó a tener dos jefes de Estado, dos tribunales supremos, dos fiscales generales, dos Parlamentos y ahora dos directivas del Poder Legislativo.

A propósito de la situación, Acceso a la Justicia considera oportuno responder algunas interrogantes sobre el asunto. 

1. ¿Por qué debía elegirse una junta directiva de la AN si ya había una constituida?

La Asamblea Nacional se rige por dos textos fundamentalmente: la Constitución de 1999 y el Reglamento de Interior y de Debates. En el artículo 194 de la Carta Magna se ordena a la AN designar a su junta directiva (un presidente, dos vicepresidentes y un secretario) para un período de un año, y esto se debe hacer al inicio de cada año, según lo señala el artículo 219 del texto fundamental, el cual indica que la AN debe empezar su período de sesiones el 5 de enero de cada año o el día más cercano a dicha fecha. Esto se había realizado sin problema alguno desde 2001.

2. ¿Qué debe hacerse para elegir a la junta directiva de la AN?

Así como para tomar cualquier otra decisión, para elegir a su junta directiva el Parlamento debe llevar a cabo una sesión con los diputados y, según el artículo 221 constitucional, para que sea válida debe haber mayoría absoluta. En otras palabras, para poder sesionar válidamente tienen que estar presentes al menos 84 de 167 diputados.

El secretario de la AN, a solicitud del presidente,  debe verificar el quorum de asistencia (artículo 64 numeral 1 del Reglamento de Interior y de Debates) y luego se debe levantar un acta de asistencia, y solo después de esto, el presidente puede iniciar la sesión (artículo 64 numeral 2).

Una vez abierta la sesión se procede a la elección de la junta directiva, debiéndose presentar las planchas, y luego se procede a la votación cargo por cargo, a saber, un presidente, dos vicepresidentes y un secretario. Se trata de un procedimiento bastante sencillo.

Cabe destacar que la verificación del quorum no es una simple formalidad; es una exigencia tan importante que incluso se requiere como paso previo de cualquier reunión de condominio. Así pues, es lo que hace válida cualquier votación.

3. ¿Se siguieron las normas en la supuesta elección del diputado Parra como presidente de la AN?

La versión oficial sobre lo que ocurrió ese día es bastante simple: como Juan Guaidó no tenía los votos para ser reelegido, se negó a entrar al Palacio Federal Legislativo, a pesar de que podía hacerlo como otros diputados de la oposición. En vista de ello, los chavistas y quienes apoyaron a Parra aplicaron las normas que se utilizan para escoger una junta directiva al inicio de cada legislatura, es decir, cuando no existe una junta previa, y por lo que no se hizo verificación del quorum porque el mismo era “evidente”.

Lo primero que debe señalarse sobre esta versión es que si bien es cierto que la Guardia Nacional afirmó que Guaidó podía entrar, en realidad no se le permitió el ingreso, así como tampoco a otros diputados por tener la inmunidad allanada. No obstante, la Guardia Nacional no tiene esa competencia, solo la AN a través de su junta directiva puede determinar quién tiene o no la cualidad para entrar a sus sesiones. La irregular actuación de los militares encargados de garantizar la seguridad en la sede del Parlamento, de sus miembros y visitantes es nula de toda nulidad e implica un atropello a la autonomía de la AN.

Guaidó demandó de los uniformados que le dejasen ingresar junto con otros diputados, como quedó registrado por las cámaras de las televisoras presentes, las cuales prueban que la versión oficial no es cierta.

Respecto a la supuesta elección de Luis Parra, debemos insistir en que las normas ya expuestas exigen que haya 84 diputados presentes y que se verifique el quorum para que haya una sesión válida. Esto no ocurrió, por lo tanto, no hubo una sesión válida y menos aún puede serlo la supuesta elección hecha en ese acto.

De hecho, el propio Parra ha reconocido que no tiene certeza sobre cuántos diputados votaron a su favor, pues ha dado varias versiones al respecto, y su falta de sustentación fáctica llega a tal punto que incluso ha afirmado que la lista de asistencia fue robada.  Siendo así, tampoco puede haber un acta de la sesión, por cuanto la lista de asistencia es uno de sus sustentos.

4. ¿La sesión de la tarde, convocada por Guaidó y celebrada en la sede del diario El Nacional, es legal? En otras palabras, ¿la AN puede sesionar fuera del Palacio Federal Legislativo?

Sí. Aunque la AN tiene su sede en el Palacio Federal Legislativo, ubicado a unos metros de la Plaza Bolívar, en el casco histórico de Caracas, tiene la potestad de celebrar sus sesiones en cualquier otro lugar del territorio nacional, de acuerdo con el artículo 1 de su reglamento. Bajo el chavismo, la AN ha celebrado sesiones en distintos puntos de la capital y del país.

5. En la sesión de la tarde votaron diputados suplentes de titulares que votaron en la mañana, ¿esto es una irregularidad?

No, primero porque lo que ocurrió en la mañana no fue una sesión, y segundo, porque en la que se realizó en la sede de El Nacional no estuvieron presentes algunos diputados titulares, y cuando eso ocurre, el artículo 11 del mismo instrumento permite al presidente, en ausencia de estos últimos, convocar a sus suplentes.

6. ¿Es cierto que en la sesión convocada por Guaidó el quorum se verificó contando a los diputados que están en el exterior? ¿Eso no sería una irregularidad?

No. De acuerdo con diversos medios, los 100 diputados con los que se realizó la sesión estuvieron presentes, por lo que el quorum se verificó como lo señala el reglamento y sus votos fueron perfectamente válidos.

7. ¿El recurso interpuesto ante el TSJ puede alterar lo ocurrido en la AN?

Lamentablemente, como hemos venido señalado desde hace años, el TSJ no es una institución imparcial e independiente, por lo que sus decisiones siempre han estado dirigidas a favorecer los intereses del Gobierno. De hecho, según las más de 100 sentencias que ha dictado contra la AN, la elección de Parra no tiene validez, pues en dichos dispositivos el TSJ ha repetido hasta la saciedad que todo lo que haga la AN, mientras esté en desacato, es nulo de toda nulidad y ello abarcaría a la elección del mismo Parra.

De hecho, el TSJ en su decisión n.° 2 de 2017 indicó que la única manera en que la Asamblea salga del desacato es constituyendo la junta directiva que incorporó a los diputados de Amazonas, y una vez establecida, proceda a la desincorporación de los mismos, y esto no ha ocurrido.

Sin embargo, no debe sorprendernos que en el recurso intentado por el exconcejal Enrique Ochoa Antich, el TSJ contradiga sus decisiones previas, pues en la admisión de este recurso en vez de decir, como siempre lo ha hecho, que todo lo hecho por la AN es nulo, ahora pide las actas al diputado Parra, y de alguna manera adelanta lo que será su decisión cuando ni siquiera notifica a la anterior junta directiva, ni a la nueva presidida por Guaidó o al resto de los guardias nacionales calificados como agraviantes por el accionante.

Un juez imparcial habría convocado a las dos juntas directivas en disputa para pedirles que expresen sus argumentos.

8. ¿Por qué es grave lo ocurrido en la AN?

Porque se trata del único poder público con legitimidad democrática. Cualquier acción en su contra no afecta a unos diputados o partidos, sino que implica una violación directa a la soberanía popular, es decir, contra todos nosotros.

Por primera vez en cuatro años el TSJ no acusa a la AN de estar en desacato
La Sala Constitucional pareciera reconocer a la directiva encabezada por el diputado Luis Parra

 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se olvidó, al menos en una sentencia, la primera de este año de la Sala Constitucional, que tiene cuatro años acusando a la Asamblea Nacional (AN) de estar en desacato a sus decisiones sobre el caso de los diputados del estado Amazonas.

La palabra “desacato” no figura en ninguna de las seis páginas que tiene el fallo n.° 1 que la Sala dictó este 13 de enero y en el cual admitió la solicitud de amparo que seis días antes le hiciera el exconcejal Enrique Ochoa Antich para analizar la situación generada por la existencia de dos juntas directivas del Parlamento.

Esta ausencia es llamativa, porque el supuesto incumplimiento por parte del Legislativo de las decisiones de las salas Electoral y Constitucional respecto de la suspensión de la asunción del cargo por los diputados de Amazonas ha sido la excusa esgrimida por el máximo juzgado desde 2016 para anular todas las decisiones adoptadas por los diputados, y arrebatarle con ello la inmensa mayoría de sus funciones.

Pero esto no es lo único llamativo de la decisión del TSJ, porque en ella la Sala Constitucional pareciera reconocer a la directiva encabezada por el cuestionado diputado Luis Parra, según se lee en la sentencia con ponencia del presidente de la Sala, magistrado Juan José Mendoza:

“Visto que es un hecho público, notorio y comunicacional que el 5 de enero de 2020, se reunieron en la sede de la Asamblea Nacional los diputados a los fines de elegir de su seno a la Junta Directiva correspondiente al año 2020, conforme lo prevé el artículo 194 de la Constitución, resultando electos los diputados Luis Parra, como presidente, Franklin Duarte, como primer vicepresidente; y José Gregorio Noriega, como segundo vicepresidente, los cuales dicen conformar esa nueva Junta Directiva, esta Sala considera imprescindible solicitar a los mencionados diputados que dicen integrar la Junta Directiva de la AN que en el lapso de cinco días siguientes a su notificación, informen a esta Sala sobre el acto parlamentario de conformación de esa nueva Junta Directiva de la AN y el quorum de la sesión, tanto el de instalación como el de la aprobación de la Directiva, lo cual deberá soportarse con copia certificada del acta y demás actuaciones” (negritas nuestras).

Pareciera que los magistrados no prestaron atención a las afirmaciones hechas por Negal Morales, exsecretario de la Asamblea Nacional y miembro del grupo de opositores que se alió con los oficialistas para intentar reemplazar a Juan Guaidó.

“Aun sin quorum y sin la mayoría de los parlamentarios en el hemiciclo, hoy decidimos tomar a la AN por la fuerza, en alianza con el PSUV y Nicolás Maduro para lograr un cambio en Venezuela, con la participación de todos”, escribió el parlamentario y exdirigente de Acción Democrática (AD) a través de su cuenta de Twitter.

La Sala tampoco tomó en cuenta las declaraciones del mismo Parra, quien manifestó haber perdido el  acta donde consta la asistencia, la cual es el soporte necesario para verificar el quorum necesario para elegir a la directiva.

El mismo Ochoa Antich en su escrito, según consta en la sentencia, hizo referencia a que esa elección fue hecha con la presencia de 81 diputados, cuando es necesario, de acuerdo con la Constitución en su artículo 221, que el quorum para celebrar las sesiones de la Asamblea Nacional sea con la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, de los 167 miembros la mayoría absoluta se requerían los votos de 84 diputados.

El máximo tribunal tampoco le prestó atención a la solicitud del accionante, quien señala como sujetos agraviantes a los integrantes de ambas directivas, además de al jefe de Comando de la Guardia Nacional de Zona 43 de Caracas, al comandante del Destacamento 432 de la Guardia Nacional, y al mayor general Fabio Enrique Zavarse Pabón.

Llama la atención que la Sala únicamente solicite información a la directiva presidida por Parra pero no a la dirigida por Guaidó. Con ello le viola el derecho a la igualdad y a la defensa a la directiva representada por este, vulnera el principio de equilibrio procesal y, de alguna manera, adelanta opinión en cuanto a desconocer esta directiva.

Lo anterior es alarmante, pues todo tribunal, para poder actuar como tal, antes de tomar una decisión definitiva sobre un caso debe considerar a todas las partes que el accionante indique como agraviantes, ya que al excluir a algunas de ellas sin fundamento jurídico, como lo hace la Sala Constitucional en su primera sentencia de 2020, muestra parcialidad.

La Sala, además, hace caso omiso a lo dispuesto en el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea, ya que según este es al presidente saliente del Parlamento a quien le corresponde instalarlo cada 5 de enero (artículo 27.4) y establecer junto con el secretario de la directiva saliente si hay quorum o no para la votación de la nueva (artículo 33.2).En este sentido, el máximo tribunal también debió dirigir la solicitud de información a la directiva de 2019 para saber qué había pasado y quién conforma la de 2020, y no a la presidida por Parra.

¿Reconocimiento en puertas?

Por otro lado, la dudosa elección de Parra, Duarte y Noriega ya fue avalada por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuyo presidente, Diosdado Cabello, afirmó: “Contribuiremos para que la AN sea capaz de salir del desacato y funcionar en beneficio del pueblo venezolano”.

¿Ahora el TSJ podría hacer lo mismo? La historia ha demostrado que la Sala Constitucional es capaz de desdecirse de un momento a otro, pero a la luz de sus propias sentencias no podría reconocer a su directiva, porque en la sesión del pasado 5 de enero no se cumplieron los pasos establecidos por ella para levantarle el desacato a la AN.

El máximo tribunal ordenó en su sentencia número 2 de 2017:

“Ante la evidente situación de desacato en la que ha incurrido el Poder Legislativo Nacional y su Junta Directiva de lapso vencido [en referencia a la que encabezó Henry Ramos Allup en 2016] y la consecuente nulidad de las actuaciones por ella ejercidas durante el año 2016 y lo que va de 2017, incluyendo la írrita instalación del segundo período anual de sesiones, la designación de una Junta Directiva, Secretaría así como de la Subsecretaría y las sesiones ordinarias por ella convocadas, no puede esta Sala convalidar lo actuado y, en consecuencia, ordena a los diputados que conformaron la Junta Directiva del lapso vencido acatar los fallos emitidos por este máximo tribunal antes de proceder a la instalación del período de sesiones correspondiente al año 2017”.

En otras palabras para lograr que el Parlamento salga de la supuesta ilegalidad en la que se halla, la directiva encabezada por Ramos Allup debería volver a desincorporar a los diputados de Amazonas y luego convocar a una sesión de instalación para elegir una nueva directiva. Encajar la elección de Parra en este nudo gordiano le implicaría al TSJ contradecir las más de 100 sentencias que ha dictado contra la AN declarando su desacato, pero lamentablemente tampoco nos sorprendería, dado que ha demostrado no ser imparcial ni independiente.

Sigue persecución política a diputados de oposición o disidentes en Venezuela
90 parlamentarios de oposición o disidentes del chavismo, han sufrido algún tipo de persecución política

 

Entre el 28 de diciembre de 2015, tras el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, y el 16 de diciembre de 2019, con el reciente enjuiciamiento de los diputados Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli, 90 parlamentarios de oposición o disidentes del chavismo, tanto principales como suplentes, han sufrido algún tipo de persecución política, ya sea acoso de grupos irregulares y órganos de seguridad (59); enjuiciamiento por elTribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin respeto de su inmunidad parlamentaria (29);violación de su derecho a la identidad y circulación (14); suspensión de la Asamblea Nacional (AN) por el TSJ (6); inhabilitaciones sin juicio por parte de la Contraloría General de la República (CGR); detención arbitraria, desaparición forzosa y cárcel (3); y excarcelación con medidas sustitutivas (2). Esa persecución ha dado lugar a que  27 diputados hayan tenido que exiliarse.

Acceso a la Justicia, con colaboración de las organizaciones no gubernamentales Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Defiende Venezuela, resumió en un folleto los casos de acoso al Poder Legislativo.

 

Vea la infografía  aquí

¿Qué dijo la Fiscalía de la CPI en su reciente informe sobre Venezuela?
La Fiscalía de la CPI anunció un examen preliminar sobre los hechos ocurridos entre abril y julio de 2017 en Venezuela

 

El informe sobre las actividades realizadas durante 2019 en relación a los exámenes preliminares abiertos, publicado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) el pasado 5 de diciembre, en el que se hace mención, entre otros, al caso venezolano (páginas 18 a 23), ha generado muchas expectativas, y, a la vez, confusión. De allí la importancia de puntualizar el estatus actual del proceso, que todavía no ha entrado en la etapa de investigación pero sí ha avanzado, pues se encuentra en la segunda de las cuatro fases de evaluación por parte de la Fiscalía.

Etapas del examen preliminar

Ante todo, se debe recordar que el 8 de febrero de 2018 la Fiscalía de la CPI anunció un examen preliminar sobre los hechos ocurridos entre abril y julio de 2017 en Venezuela.

Este examen preliminar no es un juicio, sino la determinación de si existe uno o varios casos para que ese juicio ocurra, y que, de llegarse a ese extremo, el mismo no sería contra un gobierno sino contra los responsables individuales de los delitos sujetos a la investigación de la Corte.

La primera etapa del examen preliminar es la recolección de información y la determinación de su verosimilitud.

En la segunda etapa, la Fiscalía establece si se han cometidos los delitos que son competencia de la Corte, tales como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio o agresión.

La fase tres corresponde a la admisibilidad del caso, así como al análisis sobre la naturaleza e impacto de los crímenes. En esta fase lo más importante es determinar si el país en el que se cometieron los crímenes tiene la voluntad o no de juzgar y condenar a los responsables.

En la fase cuatro la Fiscalía dirime si es en interés de la justicia o no presentar el caso ante la Corte.

El caso venezolano se encuentra en la fase 2, es decir, en la recolección de información para la determinación de hechos que sean considerados delitos de la competencia de la Corte.

Contenido del informe de la Fiscalía

Lo primero que debe indicarse es que la Fiscalía señala que si bien inicialmente la investigación se realizaría sobre hechos ocurridos a partir de abril de 2017, también ha buscado determinar acciones previas y posteriores a esa fecha: desde febrero de 2014 en adelante. Ha declarado que lo hace para “examinar la potencial vinculación de esos eventos con los crímenes cuya comisión se ha alegado  partir de abril de 2017”.

De lo dicho queda claro que la investigación inicial se ha ampliado en el ámbito temporal: ya no solo se limita a los hechos ocurridos entre abril y julio de 2017, sino que partirá de 2014 e incluso considerará lo sucedido después de 2017, lo que permitirá incluir denuncias de crímenes en un lapso mucho más amplio al inicialmente señalado.

En su informe, la Fiscalía señala además que está analizando en el caso venezolano la comisión de los siguientes crímenes, todos dentro de la competencia de la Corte, a saber: asesinatos y lesiones, privación de libertad, malos tratos y torturas, crímenes sexuales y por razón del género, y persecución.

Acceso a la Justicia destaca que en la descripción de los casos de cada uno de los delitos que se han mencionado, la Fiscalía hace ver que efectivamente está considerando delitos fuera del período inicial, pues en el caso del asesinato, por ejemplo, señala cifras del propio 2019. Esto es muy importante en la medida en que mientras más amplio sea el tiempo analizado, más fácil será determinar que los crímenes cometidos responden a una política de Estado y no a la simple responsabilidad individual de los perpetradores finales, por lo que quienes dirigen el aparato represivo son en realidad sus verdaderos responsables.

Es importante aclarar que el proceso ante la CPI exige unos elementos jurídicos diferentes al derecho penal ordinario, en la medida en que su prioridad es determinar los responsables finales de políticas que generan crímenes de lesa humanidad. Por ello, la determinación de los perpetradores materiales es apenas una parte de la investigación, pues lo que se persigue es llegar a los responsables últimos de delitos tan graves para garantizar que no ocurran más en el futuro.

Tan importante como lo anterior es que la Fiscalía en su informe señaló que “casi ha concluido su evaluación del tema” correspondiente a la fase 2, es decir, sobre la comisión o no de crímenes en Venezuela que son competencia de la Corte. Al respecto, la Fiscalía señala que ha analizado, entre otros, informes publicados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esto último evidencia la importancia de la labor de denuncia de los órganos internacionales antes descritos y la trascendencia que la seriedad de los mismos puede tener para facilitar las labores de investigación de la Fiscalía.

Para concluir, y como aspecto a destacar del informe de la Fiscalía, en él se señala que la fase 2 concluirá a principios de 2020, y de ser positivo el resultado del estudio de esa etapa, se procederá a analizar la admisibilidad de los casos (fase 3), todo ello sin dejar de recolectar información sobre la comisión de crímenes que se encuentren dentro de la jurisdicción de la Corte. En este sentido, lo que haga la Misión de Determinación de Hechos de la ONU que se instalará en enero en Panamá, será también de gran importancia.

De modo que, a pesar de que el examen preliminar de Venezuela se inició a principios de 2018, ya existen señales de que pasará a la fase 3 el próximo año; si se compara con otros casos como el de Colombia, que lleva quince años, el mismo tiene un ritmo que podemos calificar, al menos, de esperanzador, lo cual en la estéril situación de la justicia en Venezuela no es poco decir.

Acceso a la Justicia: ¿Para qué sirve la Misión de Determinación de Hechos de la ONU?
El objetivo es investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014

 

La ONG Acceso a la Justicia reseña en su portal web que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó a los integrantes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela, la cual estará conformada por Marta Valiñas de Portugal, quien presidirá la comisión, Francisco Cox Vial de Chile y Paul Seils de Irlanda, todos especialistas reconocidos en derecho penal internacional y justicia transicional.

El 8 de octubre de 2019, en su resolución 42/25, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió crear una misión para Venezuela con el objetivo expreso de “investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014 con el fin de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”.

Los miembros de esta misión fueron nombrados el 2 de diciembre de 2019. Marta Valiñas es especialista en justicia penal internacional y justicia transicional, con experticia en el caso de Yugoslavia. Por su parte, Francisco Cox Vial, es abogado penalista y dirigió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso de Ayotzinapa en México. Paul Seils es el director de Prácticas de Paz e Innovación en el Instituto Europeo de la Paz y trabajó en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Acceso a la Justicia enfatiza que la Misión de la ONU no tiene como objetivo determinar si en Venezuela se han cometido violaciones a los derechos humanos, pues ello quedó evidenciando, entre otros, en el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sino que busca la rendición de cuentas sobre los crímenes relacionados con las violaciones graves a los derechos humanos, especialmente los vinculados con las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, así como las torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes ocurridos, en Venezuela, a partir del año 2014.

Un aspecto importante de la Misión de Determinación de Hechos es que se establecerá a los responsables de las atrocidades comentadas. Este proceso hará énfasis en la cadena de mando involucrada en los sucesos. De allí que no debe olvidarse que, al tratarse de crímenes cometidos dentro de una política de Estado, la responsabilidad personal de quienes los cometen apenas se inicia con los autores materiales y luego escala a los supervisores y jefes de las instituciones que los cometieron.

Acceso a la Justicia recuerda que en el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, emitido en julio de 2019, la funcionaria solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para “cesar, subsanar y prevenir las violaciones de derechos humanos en el país, especialmente las referentes a torturas y ejecuciones extrajudiciales”.

¿Qué es una Misión Internacional de Determinación de Hechos?


Las comisiones de investigación y las misiones de determinación de hechos, establecidas por mandato de la ONU, se emplean para responder a situaciones de graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.

La finalidad de este mecanismo es promover la responsabilidad por las violaciones y combatir la impunidad. Para el desarrollo de las misiones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) proporciona conocimientos técnicos y asistencia mediante varias fases clave: la formulación de guía, el asesoramiento metodológico y sobre derecho internacional, la elaboración de herramientas de investigación, la configuración de secretarías con personal especializado, y el suministro de apoyo administrativo, logístico y de seguridad, entre otros aspectos.

Venezuela será investigada igual que Birmania


La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos es una figura que se ha creado para otros países con situaciones de crímenes como presuntamente los cometidos en Venezuela, dentro de los que figura Birmania, país del sudeste asiático también conocido como Myanmar.

Acceso a la Justicia recuerda que en el caso de Birmania la Misión de Determinación de Hechos determinó en 2018 que las fuerzas de seguridad del país habían cometido crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Se planteó al Consejo de Derechos Humanos que remitiera el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) o, si así lo consideraba, conformara un tribunal especial para juzgar estos crímenes. Asimismo, la misión concluyó que debían juzgarse al comandante en jefe, general Min Aung Hlaing, y a su alto mando por la comisión de los crímenes.

Un aspecto fundamental de esa investigación es que los hallazgos de la investigación condujeron a que el 26 de junio de 2019 la Fiscalía de la CPI solicitara a la Corte el inicio de la fase de investigación contra los responsables de los crímenes antes mencionados.

Todo esto puede ocurrir también en el caso venezolano cuando la Misión Internacional de Determinación de Hechos rinda cuentas en septiembre de 2020 ante el Consejo de Derechos Humanos.

Lo dicho es importante, porque en el caso de Birmania al igual que en el caso venezolano, el gobierno se negó a colaborar con la Misión, y a pesar de ello, la misma pudo recabar desde otros países la información necesaria para determinar la identidad de los responsables de los crímenes atroces cometidos por el Gobierno birmano.