Acceso a la Justicia, autor en Runrun

Acceso a la Justicia

La pelea con la sombra: el nuevo decreto de inamovilidad laboral por el COVID-19
A finales de 2019 el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que la tasa de desempleo en 2020 alcanzaría el 50,5%

 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. En el régimen de Nicolás Maduro parece que nadie ha escuchado esta frase del científico Albert Einstein, pues se insiste en aplicar las mismas recetas una y otra vez, pese a que estas ya han demostrado que no funcionan. Al menos esta es la conclusión a la que se llega al ver que se dictó otro decreto imponiendo inamovilidad laboral, obviando que este ya había sido prorrogado en 2019, es decir, ya estaba vigente esta disposición.

La “nueva resolución”, que busca prohibir los despidos de trabajadores, forma parte del paquete de medidas que el Gobierno ha tomado para tratar de mitigar los efectos de la «cuarentena social», aplicada en un intento por frenar la pandemia del COVID-19.

En el decreto n.º 4.167, publicado en la Gaceta Oficial el lunes 23 de marzo de 2020, se “ratifica la inamovilidad laboral de los trabajadores del sector público y privado (…) hasta el 31 de diciembre de 2020» y se establece que los trabajadores «no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente por el Inspector del Trabajo». En el caso de que esto ocurra el afectado «podrá denunciar dentro de los 30 días continuos siguientes ante el Inspector del Trabajo y solicitar el reenganche y el pago de los salarios caídos, así como de los demás beneficios dejados de percibir”.

Las disposiciones están calcadas del decreto n.º 3.708, que apareció en la Gaceta Oficial extraordinaria n.º 6.419 del 28 de diciembre de 2018 y establece la extensión de la inamovilidad ya vigente para aquel momento por un lapso de dos años. Esta medida expira en diciembre de 2020.

¿Qué dice la Ley del Trabajo?

Este tipo de prohibiciones, sin embargo, parecen innecesarias, al menos si se revisa el contenido del decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y la Trabajadoras (LOTT) que el fallecido Hugo Chávez dictó en 2012. El instrumento en cuestión proscribió el despido injustificado, que establece en su artículo 85 lo siguiente:

«la estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a permanecer en sus puestos de trabajo. Esta Ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado, conforme consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los despidos contrarios a la Constitución y a esta Ley son nulos».

Asimismo, el texto de la ley contiene un procedimiento, mediante el cual el patrono que desee prescindir de un trabajador deberá acudir a los juzgados laborales para explicar por qué tomó esta decisión;  de no hacerlo se considerará la medida como injustificada y, por lo tanto, nula.

El artículo 79 de la ley solo permite a los patronos despedir a un trabajador bajo los siguientes supuestos:

«a) Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo. b) Vías de hecho, salvo en legítima defensa. c) Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono, a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él o ella. d) Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y la seguridad laboral. e) Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene del trabajo. f) Inasistencia injustificada al trabajo durante tres días hábiles en el período de un mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. La enfermedad del trabajador o trabajadora se considerará causa justificada de inasistencia al trabajo. El trabajador o trabajadora deberá, siempre que no existan circunstancias que lo impidan, notificar al patrono o a la patrona la causa que lo imposibilite para asistir al trabajo. g) Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la entidad de trabajo, materias primas o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias. h) Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento. i) Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo. j) Abandono del trabajo. k) Acoso laboral o acoso sexual».

Pese a estas restricciones legales y a la falta de cifras oficiales, el número de puestos de trabajo en el país es cada vez menor y de eso no se puede culpar a la pandemia del coronavirus. A finales de 2019 el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que la tasa de desempleo para ese año cerraría en 47,2% y que en 2020 alcanzaría el 50,5%.

Desde la aprobación de la Ley del Trabajo vigente la desocupación no ha hecho más que crecer. Así, en 2013 llegó a 5,3%, en 2015 saltó a 9,4%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), luego en 2016 pasó al 10,5%, según expertos; y en 2017 alcanzó 27,1%. Lo expuesto demuestra cómo a pesar de la existencia de un régimen de inamovilidad desde hace años, dicha medida no ha tenido el efecto buscado.

La destrucción del empleo ha coincidido con el colapso del modelo económico impuesto por el chavismo, el cual ha estado sustentado en los altos precios del barril de petróleo, en el endeudamiento externo y en los controles de precios, empresas ydivisas, así como en una política de expropiaciones que ha desincentivado la producción nacional y ahuyentado posibles inversiones extranjeras. Desde 2013, cuando los precios del crudo comenzaron a caer, el país ha perdido el 65% del Producto Interior Bruto, de acuerdo también a los estudios del FMI.

Adicionalmente, debe señalarse que mediante resolución de la Sala Plena, el TribunalSupremo de Justicia declaró el cierre de tribunales, y el decreto de alarma cerró la administración pública, con excepción de los rubros vinculados a salud, alimentación y orden público, lo que implica que en el supuesto de que los trabajadores sean objeto de violaciones a sus derechos, los mismos no tendrán órgano alguno ante el cual puedan interponer sus reclamos, lo que hace ver aún más la ineficacia de la medida.

Siete preguntas sobre el estado de alarma contra el coronavirus

La pandemia del coronavirus que azota al mundo desde principios de 2020 llegó a Venezuela, y la administración de Nicolás Maduro comenzó a tomar medidas apenas horas después de que anunciara oficialmente que había casos de la enfermedad en el país. Así, el viernes 13 de marzo decretó el estado de alarma previsto en la Constitución, bajo el alegato de que era necesario implementar acciones para evitar la propagación del llamado COVID-19 con «cero burocracia y cero irresponsabilidad».

Sin embargo, la decisión puso sobre el tapete que el país ya estaba bajo un estado de excepción desde enero de 2016, aunque bajo la modalidad de emergencia económica. De hecho, el mismo día en que informó que declaraba el estado de alarma se hizo pública la Gaceta Oficial n.º 6.515 que prorrogaba una vez más el estado de excepción, el cual entraba así en su cuarto año.

Dada la complejidad de la situación, Acceso a la Justicia pasa a dar respuesta a las preguntas más comunes sobre el Estado de Alarma para Atender la Emergencia Sanitaria del Coronavirus (COVID-19), publicado en Gaceta Oficial n.º extraordinario 6.519 del 13 de marzo de 2020.

 

1. ¿Por qué el Gobierno necesita un estado de alarma si ya estaba en vigor un estado de excepción?

El decretar un estado de alarma ante la pandemia está más que justificado. Lo que no lo está es el estado de excepción por razones de emergencia económica, como demuestra la creciente crisis económica y social desde que se decretó en 2016. Esto demuestra que, como se ha advertido desde Acceso a la Justicia, solo ha obedecido a razones políticas, pues se ha utilizado para legislar, prescindir de la Asamblea Nacional (AN) y eludir todo control presupuestario, en lugar de resolver los problemas nacionales. Por ello, la crisis económica y social del país no solo persiste, sino que más bien se ha agravado.

2. ¿La Constitución permite que el país esté bajo el estado de emergencia económica y el estado de alarma al mismo tiempo?

En principio sí, pues de acuerdo con el texto de la Constitución, cada uno de estos tipos de regímenes de excepción tiene su propio objeto y finalidad que pueden resultar compatibles entre sí. Así, el artículo 338 constitucional señala que el estado de alarma tiene como objetivo atender una calamidad o catástrofe originada por hechos de la naturaleza (lluvias torrenciales, terremotos, deslaves); por hechos sociales (paros cívicos, huelgas generales); o por hechos del hombre (proliferación de virus, enfermedades contagiosas).

Por su parte, el estado de emergencia económica tiene el propósito de atender las circunstancias extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. Sin embargo, este tipo de estado de excepción no puede durar más de 120 días y ya tiene más de cuatro años. Tampoco se justifica el estado de excepción por emergencia económica a estas alturas porque la Constitución establece que si la crisis no se resuelve en el plazo máximo de 120 días se tiene que buscar solucionarla por medios ordinarios, es decir, sin el estado de excepción que implica restricciones a los derechos de los ciudadanos. Todo ello demuestra que el mantenerlo vigente no ha sido sino una arbitraria decisión de tipo político para usurpar los poderes de la AN y tener facultades en materia presupuestaria sin límites al no tener control alguno.

3. ¿Cuál es la duración del estado de alarma?

El estado de alarma, como todo estado de excepción, entra en vigencia inmediatamente una vez dictado por el Gobierno de acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (LOEE), y tiene una vigencia de treinta días según el artículo 338 de la Constitución, prorrogable por otros treinta días.

Del mismo modo, debemos recordar que la Constitución señala (artículo 339) que dentro de los ocho días siguientes a la puesta en vigencia, el decreto debe ser remitido a la AN, y si esta lo aprueba, debe ser enviado a la Sala Constitucional para su verificación. Sin embargo, ya sabemos la posición que se asumirá en este sentido con el supuesto desacato de la AN, sin que ello no sea más que una usurpación de sus potestades. Es decir, si la Asamblea no lo ha aprobado será la Sala Constitucional quien lo declare constitucional, aun cuando la LOEE se lo prohíba (artículo 33).

Finalmente, y no menos importante, es que, a pesar de que los artículos 22 y 30 de la ley obligan a que el decreto de alarma sea publicado en la Gaceta Oficial al día siguiente «si fuere posible», lo cierto es que más de una semana después de dictado, al momento de divulgar este texto el decreto solo ha circulado por redes sociales y no está publicado en el portal de la Imprenta Nacional ni en ningún otro portal oficial.

4. ¿Qué garantías pueden ser restringidas por el Gobierno?

Por tratarse de un estado de excepción de alarmaoriginado por la proliferación de un virus calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) las garantías constitucionales que el Ejecutivo ha restringido han sido, entre otras, la libertad de tránsito (artículo 50), los derechos a la cultura (artículo 98), a la educación (artículo 102), al deporte (artículo 111), y de reunión (artículo 53).

De hecho, nada más declararse el estado de alarma, para intentar contener la propagación del COVID-19 se estableció en el decreto ya citado prohibir las concentraciones masivas y la celebración de conciertos (artículo 12); así como suspender las clases y de actividades laborales -salvo en determinados sectores- (artículo 8); el cierre de espacios públicos como museos y parques (artículo 12); además, la posibilidad de prohibir los vuelos internos e internacionales (artículo 15).

Pese a que en la mayoría de las normas se hace una regulación bastante clara de las restricciones, en el decreto quedan importantes vacíos. Por ello, la disposición final segunda delega a las autoridades nacionales, regionales y municipales para que reglamenten lo pertinente, y en la disposición final novena, se establece que el Ministro de Comunicación e Información debe concienciar a los ciudadanos sobre la situación y divulgar el contenido del decreto a nivel nacional.

A pesar de la claridad del decreto en este sentido, en la práctica se han producido desviaciones, así, se ha restringido el paso entre municipios sin regulación previa y clara sobre ello y se han generado denuncias de pacientes renales que no han podido trasladarse a sus unidades de diálisis por encontrarse en otro municipio o ciudad. Por cuidar el derecho a la salud no se puede poner en riesgo el derecho a la vida de otros.

Otra manera de restringir el derecho a la circulación ha sido una práctica contraria a lo establecido en el artículo 9.2 del propio decreto de alarma, que establece que se debe garantizar el expendio de combustible. En cambio, en las regiones, donde desde hace ya tiempo la gasolina escasea a tal punto que hay cupos diarios limitados para llenar el tanque y un número de litros establecido por persona, se ha informado que se permite poner gasolina solo a quien según el decreto de alarma pueda trasladarse por trabajo, como médicos, policías, militares o a quien preste servicios alimenticios. Aun así, se ha prohibido el expendio de combustible incluso a médicos privados. En Caracas, que suele ser la excepción a la regla de cortes de luz diarios y de racionamiento de gasolina que se aplica en las regiones ya como política de Estado desde hace varios años, también se está racionando la gasolina, al funcionar solo algunas bombas por sectores de la ciudad.

5. ¿Qué derechos no pueden ser limitados?

La Constitución, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la propia LOEE establecen un catálogo de derechos que no pueden ser restringidos en un estado de excepción. Las garantías que no pueden ser limitadas son, entre otras, las siguientes: la vida; el reconocimiento a la personalidad jurídica; la protección de la familia; la igualdad ante la ley; la nacionalidad; la libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas; la integridad personal, física, psíquica y moral; no ser sometido a esclavitud o servidumbre; La libertad de pensamiento, conciencia y religión; la legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales; el debido proceso; el amparo constitucional; la participación, el sufragio y el acceso a la función pública; y la información.

No obstante, algunos de estos derechos ya han sido limitados. Un ejemplo, el derecho a la información, el cual no está expresamente protegido en el decreto, ya que no se excluye a los periodistas de la suspensión de actividades y ello ha generado que se impida su paso en diversas ciudades del país, llegando incluso a la detención arbitraria del periodista Darvinson Rojas.

El estado de alarma es un medio para proteger la salud de la población, no puede ser utilizado como medio de represión o caldo de cultivo para la arbitrariedad.

6. ¿Pueden autoridades regionales o municipales regular el estado de excepción?

Sí, pues un decreto de alarma en el marco de un estado de excepción tiene rango legal, es decir, es como una ley y como tal puede ser reglamentada por autoridades del poder ejecutivo nacional, estadal o municipal. Así, la disposición final segunda delega a las autoridades nacionales, regionales y municipales para que reglamenten lo pertinente. De esta manera, gobernadores y otras autoridades han dictado decretos y otras normativas para regular en sus territorios lo relativo al libre tránsito y toques de queda.

No obstante, es importante aclarar que el estado de alarma se dicta para proteger la salud pública y no para violar Derechos Humanos, por lo que estas limitaciones no deben dar lugar a arbitrariedades. En este sentido, la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) ha denunciado cómo la alcaldía del municipio Maracaibo en el decreto n.º 0024- 2020 del pasado 19 de marzo establece sanciones para las personas jurídicas o naturales que desarrollen actividades comerciales que abran a pesar de la prohibición al respecto, previendo incluso pena de arresto. Al respecto debe aclararse que las sanciones solo pueden ser establecidas por vía legal o de un decreto-ley como es el propio estado de alarma, no por vía de un decreto puro y simple como es el del alcalde. Los poderes ejecutivos regionales y municipales no cuentan con facultades legislativas. En un Estado de derecho lo propio sería solicitar la nulidad de ese decreto del alcalde de Maracaibo e inmediatamente por vía cautelar sería suspendido ya que es una afrenta a la reserva legal, garantía básica para los ciudadanos.

7. ¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La pandemia que hoy vive el mundo es una prueba de fuego para todos, pero especialmente para la población venezolana, que desde hace tiempo es vulnerable y resiste una crítica y grave emergencia humanitaria compleja.

Acceso a la Justicia considera que este momento debería ser propicio para ir más allá de las ideologías y de los partidismos en pro de los más necesitados y desamparados en una sociedad, quienes no cuentan con un sistema de salud óptimo para tratar los males más cotidianos. De la aceptación de esta situación deben salir políticas públicas que permitan aplicar a esta dura realidad mecanismos más allá de los intereses políticos en beneficio de la gente.

Advertimos a las autoridades que esta amenaza no se puede combatir únicamente limitando derechos y militarizando las ciudades. Es tiempo de especialistas de salud y no de cuarteles. La situación exige, sobre todo para las clases más empobrecidas por la situación, que se tomen medidas que contrarresten los nefastos efectos que en la economía familiar generará la cuarentena. El hambre no espera por cuarentenas.

Acceso a la Justicia: El secuestro de la justicia, el pecado original del chavismo
Empleando reformas legales y designaciones de magistrados, el chavismo ha logrado controlar al Tribunal Supremo de Justicia 

 

El proceso de desmantelamiento de la democracia venezolana tiene su origen en la cooptación de las instituciones, en particular del Tribunal Supremo de Justicia.

Mediante sucesivas reformas legales y designaciones de magistrados en procesos contrarios a la Constitución, el chavismo ha logrado en estas dos décadas controlar al máximo juzgado y cercenar la independencia del Poder Judicial, a la par de restarle derechos a la ciudadanía y neutralizar a otros poderes como la Asamblea Nacional, electa en diciembre de 2015.

En el informe La toma del poder absoluto, Acceso a la Justicia hace un recuento de todas las maniobras y argucias a las que recurrió el chavismo para cooptar elsistema de justicia. En dicho reporte se concluye que ese proceso se inició en agosto de 1999, cuando la asamblea nacional constituyente dictó el Decreto de Reorganización de todos los órganos del Poder Público, el cual dio paso a la intervención de las instituciones.

A esta medida siguió el Decreto de Reorganización del Poder Judicial del 25 de agosto del referido año, reimpreso el 8 de septiembre en la Gaceta Oficial n.º 36.782 y mediante el cual se creó la Comisión de Emergencia Judicial, integrada por nueve miembros designados por la ANC y cinco nombrados fuera de su seno pero por la propia Constituyente. Durante meses, este ente se dedicó a suspender y despedir jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios alegando hechos de corrupción o retardo judicial.

Gran purga

La intervención de la justicia dio lugar a que los jueces venezolanos perdieran su estabilidad y se transformaran todos en provisorios, una situación en la que se mantuvieron durante años, casi siete jueces de cada diez o incluso más en algunos años.

Por su parte, aquellos funcionarios que fueron suspendidos o destituidos en esta primera gran purga solo podían apelar de la decisión ante la propia constituyente.

Esta intervención no se subsanó con la entrada en vigor de la nueva Constitución, sino que se institucionalizó mediante el Decreto sobre el Régimen de Transición del Poder Público.

Acceso a la Justicia en su informe recordó que ello permitió la designación de los magistrados de las seis salas del TSJ previstas en la nueva Carta Magna, sin acatar el procedimiento constitucional.

La primera AN, electa en las megaelecciones de julio de 2000, no enmendó el error de la constituyente sino que lo agravó con la denominada Ley Especial para la Ratificación o Designación de los Funcionarios o Funcionarias del Poder Ciudadano y Magistrados y Magistradas del TSJ para el Primer Período Constitucional (Gaceta Oficial n.º 37.077 del 14 de noviembre de 2000). Dicho texto legal en vez de aplicar de forma efectiva las exigencias constitucionales se apartó de ellas. Un ejemplo de esto fue que la norma estableciera que los magistrados serían elegidos por mayoría de los diputados y no por las 2/3 partes que exige el artículo 265 de la Carta Magna.

Este instrumento fue avalado por la novísima Sala Constitucional, que además en susentencia n.º 1.562 del 12 de diciembre de 2000 eximió a los magistrados que aspiraban a la ratificación de cumplir los requisitos constitucionales para ocupar sus puestos. Lo descrito indica que a partir de 1999 se instaló en Venezuela una verdadera política de Estado de inestabilidad y persecución de jueces, así como de dominación del TSJ mediante la designación de personas afectas al Gobierno. De allí que no es de extrañar que solo 13% de los magistrados del máximo juzgado haya cumplido con su período completo.

Segundo y tercer golpe

Apenas cuatro años después de la entrada en vigencia de la Carta Magna, el chavismo propinó otra embestida a la justicia para asegurarse su control. Valiéndose de su mayoría en la AN, aprobó a finales de 2004 la nueva Ley Orgánica del TSJ, que incrementó el número de magistrados de veinte a treinta y dos y consolidó la politización del máximo tribunal.

Gracias a esta reforma se designaron diecisiete nuevos magistrados titulares y treinta y dos suplentes, en otro proceso que dejó en claro que las credenciales eran lo de menos y que lo que más importaba eran las simpatías ideológicas. En esta ocasión, el diputado Luis Velásquez Alvaray (PSUV), quien presidió la Comisión Parlamentaria que redactó la cuestionada Ley del TSJ, fue nombrado magistrado de la Sala Constitucional, cargo que desempeñó por menos de dos años porque renunció en medio de una avalancha de denuncias de corrupción, como recuerda Acceso a la Justicia en su informe La toma del poder absoluto.

 

Lea la nota completa aquí

 

Acceso a la Justicia: Antes y después de la Ley Orgánica de Aduanas
18 artículos fueron reformados en el nuevo texto 

 

En la Gaceta Oficial n.º 6.507 Extraordinario del 29 de enero de 2020 se publicó el «Decreto Constituyente» de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas, de la misma fecha antes señalada, con entrada en vigencia «cumplido el plazo de veinte (20) días continuos, contado a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela», por lo que se entiende que su vigencia será a partir del miércoles 19 de febrero de 2020.

El referido «Decreto Constituyente» está integrado por veintiún artículos, conforme a los cuales se reforman dieciocho del texto legal preexistente (uno de los cuales, además, cambia de número), así como la denominación del Título IX del mismo; se incluye un nuevo artículo con el número 194 y se ordena su impresión con las adecuaciones del caso.

Para una mejor comprensión de la reforma aludida, en Acceso a la Justicia elaboramos presentamos un cuadro con la comparación vis a vis de los artículos que han variado a consecuencia de la misma.

Consúltalo aquí.

A 20 años de la entrada en vigencia de la Constitución
Maduro ha gobernado desde 2016 mediante decretos leyes y con control absoluto del presupuesto  sin presentar cuentas a la población ni a la AN

 

La Constitución de 1999 cumple este año dos décadas de vigencia, y pese al tiempo transcurrido se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que está “nueva de paquete”, porque casi ninguna de sus disposiciones ha sido cumplida por las autoridades.

Un ejemplo de ello es la disposición decimosegunda provisoria, que ordenaba alGobierno a demarcar las zonas indígenas en un lapso no mayor a dos años tras la entrada en vigor de la Carta Magna, lo cual sigue sin hacerse casi dos décadas después.

Lejos de resolver los graves problemas que Venezuela confrontaba a finales del siglo pasado, en particular en materia de justicia, seguridad y corrupción, con la entrada en vigor de entonces nueva Constitución se han agravado y, de paso, se han abierto las puertas a otros como la liquidación de la independencia de los poderes públicos y la pérdida del Estado de derecho.

Acceso a la Justicia, en su informe La toma del poder absoluto, afirma que en el proceso de desmontaje de la democracia que se dio al amparo del nuevo marco constitucional fue crucial asegurar el control sobre los magistrados del TribunalSupremo de Justicia (TSJ), a fin de avalar cada acción emprendida por el Ejecutivo nacional sin importar si era contraria a la ley, la Constitución o a las verdaderas necesidades del país.

El control que el chavismo ejerce sobre el máximo juzgado le ha permitido gobernar escapando del control de la Asamblea Nacional (AN) controlada por la oposición, gracias a los decretos de estado de excepción que desde el 14 de enero de 2016 ha dictado Nicolás Maduro y que han sido avalados por el organismo rector del Poder Judicial, el TSJ. Estos decretos no han contado con la aprobación del Parlamento ni otros requisitos constitucionales, ni tampoco con los establecidos en tratados internacionales de derechos humanos, tales como la obligación de notificarle a la comunidad internacional sobre el estado de excepción, extendiéndolo por más de cuatro años, pese a que la Constitución solo permite una vigencia máxima de 120 días.

Gracias a esta maniobra, Maduro ha gobernado especialmente desde 2016 mediante decretos leyes y con un control absoluto del presupuesto y recursos sin presentar cuentas a la población ni a la AN, instancia legítima desconocida por el Ejecutivo desde que la oposición ganó las eleccionesparlamentarias en 2015. Hasta la fecha, se contabilizan más de veinticuatro prórrogas del estado de excepción.

Acceso a la Justicia destaca que la exposición de motivos de la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción prohíben al TSJ pronunciarse si el Parlamento desaprueba la medida. Sin embargo, la Sala Constitucional le ha dado su visto bueno.

Los efectos del régimen de estados de excepción se traducen en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, el Ejecutivo nacional ha legislado en materia socioeconómica en vez del Parlamento, por lo cual ha consolidado una insana concentración del poder; en segundo, el Gobierno no rinde cuentas y ha manejado los recursos públicos y el presupuesto nacional a su antojo.

Nueva Constitución en mente

En septiembre de 2018 circuló en varios medios de comunicación social un supuesto borrador del proyecto de Constitución que estaría preparando la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), compuesto por 411 artículos, distribuidos en 10 títulos. 

La supuesta propuesta está cargada de referencias ideológicas y atiende a un modelo de Estado que no se corresponde con el sistema de Estado constitucional de derecho previsto en la Carta venezolana de 1999.  Asimismo, busca consolidar aún más el régimen político actual, pues consagra el culto a la figura del expresidente Hugo Chávez, anula el pluralismo político y promueve un pensamiento único.  

El borrador exacerba el presidencialismo, de forma incluso mucho más poderosa que el contemplado en la Constitución de 1999, porque todos los poderes están sujetos al Ejecutivo Nacional y sobre todo a su plan de Gobierno, el llamado “Plan de la Patria”, incluso el propio texto fundamental.

Acceso a la Justicia destaca que el objetivo de este anteproyecto constitucional es promover un sistema colectivista para anular de manera absoluta la libertad y la democracia. Esto llevaría a la negación de los derechos humanos, en especial, los individuales (vida, libertad y propiedad) frente a derechos colectivos, que no pueden existir realmente si no se respetan y garantizan los primeros.

En la propuesta se recogen algunas acciones del Gobierno de Maduro, especialmente desde la derrota sufrida en las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015; entre ellas se permite disolver el Parlamento cuando sea declarado en desacato.

El proyecto ideológico que estaría fraguando la ANC constitucionaliza las misiones, que el Gobierno nacional ha utilizado para adoctrinar a la población y someterla a un control social y político.  La propiedad privada queda marginada frente a otras formas de propiedad creadas desde el marco de la estructura del «Estado comunal»  Igualmente constitucionalizaría la criminalización de la disidencia, siendo traidor a la patria quienes ejerzan la libertad de expresión o, por ejemplo, manifiesten su intención de demandar ayuda humanitaria ante la grave crisis del país.

TSJ inició 2020 informando lo que quiere y amenazando a la disidencia
El magistrado Maikel Moreno solo informó que a lo largo de 2019 el TSJ resolvió 2.893 “asuntos”

 

El Sistema de Justicia y los órganos que lo integran deberán presentar anual y públicamente, un informe detallado y preciso de la gestión realizada durante ese período. En tal sentido, deberán brindar explicación suficiente y razonada de las políticas y planes formulados, su ejecución, metas alcanzadas y presupuesto utilizado, así como la descripción de las actividades realizadas durante este período”.

Esto establece el artículo 25 de la Ley del Sistema de Justicia, pero en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) parece que desde 2013 olvidaron esta disposición, porque a partir de esa fecha dejaron de presentar su informe anual a la ciudadanía.

El pasado 31 de enero el máximo juzgado dio inicio formal a sus actividades con el acto de Apertura Judicial, en el cual su presidente, magistrado Maikel Moreno, ofreció un discurso que fue presentado como “informe anual de gestión”. Sin embargo, apenas tuvo datos que sirvan para evaluar el desempeño del organismo y del Poder Judicial en su conjunto, mientras que sí estuvo cargado de amenazas a la disidencia y mensajes que dejan clara la alineación de la justicia venezolana con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Moreno solo informó que a lo largo de 2019 el TSJ resolvió 2.893 “asuntos”, lo cual no quiere decir que haya sentenciado igual número de casos. “La Sala Plena resolvió 115, la Sala Constitucional 520, la Sala de Casación Penal 247, la Sala de Casación Civil 621, la Sala Político Administrativa 816, la Sala Social 496 y la Sala Electoral 68”, desglosó, pero sin precisar, como sí lo hicieron en el pasado sus antecesores en el cargo, cuántas causas recibió la máxima instancia judicial en el mismo período de tiempo.

Sin embargo, el único dato aportado por el funcionario revela que el rendimiento del organismo en los últimos doce meses fue inferior al del año anterior. En su discurso de 2019, Moreno aseguró que el TSJ resolvió en 2018 4.400 asuntos, pero las cifras que ofreció la semana pasada sobre la gestión de 2019 son 34,25% inferiores. De esta manera, el funcionario insiste en su política de opacidad, que ha sido denunciada en el pasado por Acceso a la Justicia.

El también presidente de la Sala de Casación Penal informó por primera vez desde que abre el año judicial cuántos casos recibieron y decidieron los demás tribunales del país, como era la costumbre antes de su nombramiento como principal figura del máximo tribunal. Aclaró que, pese al sabotaje eléctrico, ingresaron 368.283 causas y fueron decididos 435.229 asuntos inherentes a todas las competencias y jurisdicciones del país. En 2017 la entonces presidenta del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez, aseguró que en 2016 el Poder Judicial dictó “1.591.661 fallos en todos los ámbitos materiales y territoriales”. Esto significa una presumible disminución de la productividad de los tribunales de aproximadamente 73%, aunque también incide en ello la reducción de casos ingresados.

Finalmente, Acceso a la Justicia aclara que cuando el presidente del TSJ se refiere a “asuntos inherentes a todas las competencias y jurisdicciones del país” se trata de actos jurídicos de cualquier tipo durante un proceso judicial, incluso de trámite, y no necesariamente sentencias, como hemos ya explicado anteriormente sobre lo que son realmente “expedientes decididos” del TSJ.

Opacidad total

A pesar de que también es el presidente de la Comisión Judicial, organismo encargado de designar y remover a los jueces provisorios, temporales y accidentales, por tercer año consecutivo Moreno obvió informar cuántos juzgados cambiaron de titular.

Acceso a la Justicia advierte que esta información es crucial, porque de los más de dos mil tribunales que hay en el país, 70% de ellos están ocupados en la actualidad por abogados que pueden ser despedidos de un momento a otro por la Comisión Judicial sin ningún tipo de procedimiento previo.

En materia disciplinaria, el funcionario solamente mencionó que la Inspectoría General de Tribunales realizó 316.056 inspecciones, “91,4% más que el año anterior”, resaltó.

Alineación absoluta

Moreno inició su discurso asegurando que 2019 fue un año de “desafíos y enseñanzas”, en el que “los venezolanos empezamos a creer en nuestra propia capacidad de resistir los embates de las políticas y de las élites y la presión de los imperios contra un país que decidió ser verdaderamente libre e independiente”.

Asimismo, no tuvo empacho en calificar de “traidores” a los diputados de la Asamblea Nacional, de quienes dijo que “amparados en las atribuciones que el pueblo les dio decidieron darle a la espalda para unirse en un complot con gobiernos extranjeros y sus lacayos”.

Acto seguido advirtió: “La justicia llegará con firmeza a los responsables de los daños que procuran hacerle a todo el país y a su pueblo noble y valiente”. Y como muestra recordó los diez fallos que la Sala Plena dictó el año pasado despojando de su inmunidad a una veintena de legisladores opositores.

Pese a que en varias ocasiones aseguró que las actuaciones del TSJ se guían por lo establecido en la Constitución, Moreno cerró su intervención con una declaración que comprueba la sumisión del organismo al chavismo:

“Hoy más que nunca debe existir la colaboración entre las distintas ramas del Poder Público, ante la brutal campaña internacional desarrollada para desconocer y deslegitimar el Gobierno legalmente constituido, debemos estar integrados en un bloque o muro de contención para que estos planes de conspiraciones no se lleven a cabo”.

7 claves para entender las elecciones parlamentarias 2020
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no está facultada para designar nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral 

 

2020 abre las puertas a otro ciclo electoral en Venezuela. Este año deben celebrarse elecciones para renovar a la Asamblea Nacional, cita con las urnas crucial tanto para chavistas como opositores, los primeros porque desean recuperar el control sobre el único poder del Estado que no está en sus manos, y los segundos pues esperan mantenerlo y probar al mundo que en realidad la mayoría de los venezolanos anhela un cambio político.

Sin embargo, para que estos comicios no corran la misma suerte que la elección presidencial de mayo de 2018, la cual no fue reconocida por el grueso de la comunidad internacional democrática y abrió así las puertas al actual aislamiento del régimen de Nicolás Maduro, las parlamentarias deben celebrarse bajo otras condiciones.

Es en este contexto, Acceso a la Justicia considera pertinente aclarar algunos aspectos (jurídicos, políticos y electorales) que son clave para un proceso libre y justo.

1. ¿Las elecciones parlamentarias deben celebrarse en 2020?
Sí, porque en diciembre de este año vence el período constitucional de cinco años que el artículo 192 de la Constitución da a los diputados y a la actual AN que fue electa en los comicios celebrados el 6 de diciembre de 2015, ganados por la oposición por amplia mayoría.

2. ¿Jurídicamente es viable adelantar la celebración de las elecciones parlamentarias en los primeros meses del año 2020?
No, porque se traduciría en una violación del artículo 192 antes mencionado, el cual, da a los diputados un período de cinco años. Dado que la última elección del Poder Legislativo fue el 6 de diciembre de 2015, indefectiblemente los comicios parlamentarios deben tener lugar en diciembre de este año. Un adelanto de estas elecciones significaría recortar el período 2016-2021 de los diputados que fueron electos legítimamente en diciembre de 2015, lo que representaría el desconocimiento del derecho al sufragio democrático expresado por los electores que votaron por sus representantes legislativos.

No obstante, las posibilidades de que los comicios parlamentarios se adelanten son elevadas y no sería la primera vez que ocurriese. Así, la primera AN electa en el año 2000 fue en julio y no en diciembre, mientras que la tercera fue el 26 de septiembre de 2010.

3. ¿Es posible modificar la legislación electoral venezolana antes de que sean convocadas las elecciones parlamentarias?
En principio, sí. De hecho, la AN es la única instancia que está facultada para realizar cualquier cambio o modificación, total o parcial, de las leyes electorales en absoluta consonancia con los preceptos constitucionales. Pero el artículo 298 de la Constitución consagra una prohibición según la cual la legislación electoral “no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”.

Siguiendo esta previsión constitucional, si las elecciones parlamentarias fueran a celebrase en diciembre de 2020, la AN tendría hasta el mes de junio para realizar cualquier cambio, modificación o reforma en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

4. ¿Es factible jurídicamente la escogencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de la Sala Constitucional por la vía de la omisión legislativa?
No. De hecho, la propia Carta Magna venezolana no faculta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a designar las autoridades del Poder Electoral en el supuesto de que el Parlamento no pueda hacerlo. En todo caso, lo que está previsto en la Constitución (artículos 266.1 y 336.7) es que la Sala, si constata una omisión por parte de los diputados, les fije un plazo para corregir dicha situación y, de ser necesario, indique los lineamientos para realizar tal corrección.

5. ¿La Sala Constitucional puede sustituir al legislador para corregir la inactividad y nombrar por cuenta propia a las autoridades del CNE?
No. De asumir las competencias de la AN la Sala estaría incurriendo en usurpación de funciones, irregularidad que trae consigo la nulidad absoluta de la decisión que se adopta tras la invasión de la competencia, así como la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.

La Sala solo puede exhortar a la AN la realización de los nombramientos de la directiva del CNE, pues se trata de una competencia exclusiva y excluyente del Poder Legislativo, que ningún otro órgano del Estado puede ejercer. Aun así, desde 2003 la Sala ha ido más allá de lo que establece la Constitución y ha nombrado en varias ocasiones a los integrantes del organismo comicial, así como a los miembros del Consejo Moral Republicano. Varios de los actuales rectores electorales deben su puesto a los magistrados de la Sala Constitucional.

Sin embargo, cualquier intervención del TSJ en este momento no comportaría una verdadera garantía en la conformación plural del Comité de Postulaciones Electorales y sin militancia partidista del órgano comicial, pues el juez constitucional ha desatendido su deber de imparcialidad frente al acontecer político, lo que ha llevado al país a vivir la grave crisis institucional en la que está sumido.

6. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas que deberían ser garantizadas por el nuevo CNE en las próximas elecciones parlamentarias?
Hay un conjunto de parámetros bajos los cuales deben desarrollarse las elecciones, a fin de garantizar que su realización se lleve a cabo en igualdad de condiciones. Lamentablemente, los comicios celebrados en el país desde 2017 han llevado al elector venezolano a desconfiar en el sistema electoral, especialmente por la ilegitimidad en los resultados de los comicios presidenciales celebrados en mayo de 2018.

Ante esta atmósfera de incertidumbre, sería recomendable que el nuevo organismo electoral despejara las dudas que se han levantado contra el sistema electoral venezolano, y de esta forma generar nuevamente la confianza entre la población, los partidos políticos y candidatos en general. De hecho, entre las inquietudes que deberían ser revisadas y aclaradas por la nueva directiva del organismo electoral, Acceso a la Justicia considera importante mencionar:

Diseño de circunscripciones electorales.
Actualización y depuración del Registro Electoral.
Inhabilitación de candidatos.
Participación de los partidos políticos cancelados a partir de procedimientos arbitrarios.
Observación electoral tanto nacional como internacional.
Uso de tinta indeleble.
Uso de recursos públicos.
Acceso de los candidatos y partidos políticos a los medios de comunicación.
Oportunidad en la entrega de los resultados electorales.

7. ¿Las venideras elecciones parlamentarias podrían catalogarse como elecciones competitivas?
No. La eliminación de más de cincuenta partidos políticos mediante una serie de mecanismos arbitrarios implementados por el TSJ y la Asamblea Nacional Constituyente, además de la realización de un proceso de renovación ilegítimo que emprendió el CNE desde 2016, menoscaba la capacidad de los electores para tener una oferta plural. Un proceso que se lleve a cabo sin la participación de los partidos de oposición, que son los que actualmente representan la AN, sembraría dudas más que razonables sobre su limpieza y autenticidad

 

 

Acceso a la Justicia: Ocho preguntas sobre lo ocurrido con la elección de la directiva de la AN
Evidentes irregularidades se cometieron el pasado 5 de enero en el Palacio Federal Legislativo 

 

La crisis institucional que vive Venezuela registró otro hito el pasado 5 de enero, cuando debido a que la bancada chavista y algunos disidentes opositores eligieron una junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), paralela a la que encabeza Juan Guaidó, el país pasó a tener dos jefes de Estado, dos tribunales supremos, dos fiscales generales, dos Parlamentos y ahora dos directivas del Poder Legislativo.

A propósito de la situación, Acceso a la Justicia considera oportuno responder algunas interrogantes sobre el asunto. 

1. ¿Por qué debía elegirse una junta directiva de la AN si ya había una constituida?

La Asamblea Nacional se rige por dos textos fundamentalmente: la Constitución de 1999 y el Reglamento de Interior y de Debates. En el artículo 194 de la Carta Magna se ordena a la AN designar a su junta directiva (un presidente, dos vicepresidentes y un secretario) para un período de un año, y esto se debe hacer al inicio de cada año, según lo señala el artículo 219 del texto fundamental, el cual indica que la AN debe empezar su período de sesiones el 5 de enero de cada año o el día más cercano a dicha fecha. Esto se había realizado sin problema alguno desde 2001.

2. ¿Qué debe hacerse para elegir a la junta directiva de la AN?

Así como para tomar cualquier otra decisión, para elegir a su junta directiva el Parlamento debe llevar a cabo una sesión con los diputados y, según el artículo 221 constitucional, para que sea válida debe haber mayoría absoluta. En otras palabras, para poder sesionar válidamente tienen que estar presentes al menos 84 de 167 diputados.

El secretario de la AN, a solicitud del presidente,  debe verificar el quorum de asistencia (artículo 64 numeral 1 del Reglamento de Interior y de Debates) y luego se debe levantar un acta de asistencia, y solo después de esto, el presidente puede iniciar la sesión (artículo 64 numeral 2).

Una vez abierta la sesión se procede a la elección de la junta directiva, debiéndose presentar las planchas, y luego se procede a la votación cargo por cargo, a saber, un presidente, dos vicepresidentes y un secretario. Se trata de un procedimiento bastante sencillo.

Cabe destacar que la verificación del quorum no es una simple formalidad; es una exigencia tan importante que incluso se requiere como paso previo de cualquier reunión de condominio. Así pues, es lo que hace válida cualquier votación.

3. ¿Se siguieron las normas en la supuesta elección del diputado Parra como presidente de la AN?

La versión oficial sobre lo que ocurrió ese día es bastante simple: como Juan Guaidó no tenía los votos para ser reelegido, se negó a entrar al Palacio Federal Legislativo, a pesar de que podía hacerlo como otros diputados de la oposición. En vista de ello, los chavistas y quienes apoyaron a Parra aplicaron las normas que se utilizan para escoger una junta directiva al inicio de cada legislatura, es decir, cuando no existe una junta previa, y por lo que no se hizo verificación del quorum porque el mismo era “evidente”.

Lo primero que debe señalarse sobre esta versión es que si bien es cierto que la Guardia Nacional afirmó que Guaidó podía entrar, en realidad no se le permitió el ingreso, así como tampoco a otros diputados por tener la inmunidad allanada. No obstante, la Guardia Nacional no tiene esa competencia, solo la AN a través de su junta directiva puede determinar quién tiene o no la cualidad para entrar a sus sesiones. La irregular actuación de los militares encargados de garantizar la seguridad en la sede del Parlamento, de sus miembros y visitantes es nula de toda nulidad e implica un atropello a la autonomía de la AN.

Guaidó demandó de los uniformados que le dejasen ingresar junto con otros diputados, como quedó registrado por las cámaras de las televisoras presentes, las cuales prueban que la versión oficial no es cierta.

Respecto a la supuesta elección de Luis Parra, debemos insistir en que las normas ya expuestas exigen que haya 84 diputados presentes y que se verifique el quorum para que haya una sesión válida. Esto no ocurrió, por lo tanto, no hubo una sesión válida y menos aún puede serlo la supuesta elección hecha en ese acto.

De hecho, el propio Parra ha reconocido que no tiene certeza sobre cuántos diputados votaron a su favor, pues ha dado varias versiones al respecto, y su falta de sustentación fáctica llega a tal punto que incluso ha afirmado que la lista de asistencia fue robada.  Siendo así, tampoco puede haber un acta de la sesión, por cuanto la lista de asistencia es uno de sus sustentos.

4. ¿La sesión de la tarde, convocada por Guaidó y celebrada en la sede del diario El Nacional, es legal? En otras palabras, ¿la AN puede sesionar fuera del Palacio Federal Legislativo?

Sí. Aunque la AN tiene su sede en el Palacio Federal Legislativo, ubicado a unos metros de la Plaza Bolívar, en el casco histórico de Caracas, tiene la potestad de celebrar sus sesiones en cualquier otro lugar del territorio nacional, de acuerdo con el artículo 1 de su reglamento. Bajo el chavismo, la AN ha celebrado sesiones en distintos puntos de la capital y del país.

5. En la sesión de la tarde votaron diputados suplentes de titulares que votaron en la mañana, ¿esto es una irregularidad?

No, primero porque lo que ocurrió en la mañana no fue una sesión, y segundo, porque en la que se realizó en la sede de El Nacional no estuvieron presentes algunos diputados titulares, y cuando eso ocurre, el artículo 11 del mismo instrumento permite al presidente, en ausencia de estos últimos, convocar a sus suplentes.

6. ¿Es cierto que en la sesión convocada por Guaidó el quorum se verificó contando a los diputados que están en el exterior? ¿Eso no sería una irregularidad?

No. De acuerdo con diversos medios, los 100 diputados con los que se realizó la sesión estuvieron presentes, por lo que el quorum se verificó como lo señala el reglamento y sus votos fueron perfectamente válidos.

7. ¿El recurso interpuesto ante el TSJ puede alterar lo ocurrido en la AN?

Lamentablemente, como hemos venido señalado desde hace años, el TSJ no es una institución imparcial e independiente, por lo que sus decisiones siempre han estado dirigidas a favorecer los intereses del Gobierno. De hecho, según las más de 100 sentencias que ha dictado contra la AN, la elección de Parra no tiene validez, pues en dichos dispositivos el TSJ ha repetido hasta la saciedad que todo lo que haga la AN, mientras esté en desacato, es nulo de toda nulidad y ello abarcaría a la elección del mismo Parra.

De hecho, el TSJ en su decisión n.° 2 de 2017 indicó que la única manera en que la Asamblea salga del desacato es constituyendo la junta directiva que incorporó a los diputados de Amazonas, y una vez establecida, proceda a la desincorporación de los mismos, y esto no ha ocurrido.

Sin embargo, no debe sorprendernos que en el recurso intentado por el exconcejal Enrique Ochoa Antich, el TSJ contradiga sus decisiones previas, pues en la admisión de este recurso en vez de decir, como siempre lo ha hecho, que todo lo hecho por la AN es nulo, ahora pide las actas al diputado Parra, y de alguna manera adelanta lo que será su decisión cuando ni siquiera notifica a la anterior junta directiva, ni a la nueva presidida por Guaidó o al resto de los guardias nacionales calificados como agraviantes por el accionante.

Un juez imparcial habría convocado a las dos juntas directivas en disputa para pedirles que expresen sus argumentos.

8. ¿Por qué es grave lo ocurrido en la AN?

Porque se trata del único poder público con legitimidad democrática. Cualquier acción en su contra no afecta a unos diputados o partidos, sino que implica una violación directa a la soberanía popular, es decir, contra todos nosotros.