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Defensoría del Pueblo

Transparencia Venezuela exige que se investigue a funcionarios del INTI Anzoátegui

UN GRUPO DE CAMPESINOS del estado Anzoátegui denunció en la plataforma de Dilo Aquí una serie de arbitrariedades y amenazas cometidas en su contra por parte de funcionarios de la Oficina Regional del INTI en ese estado, quienes pretenden desalojarlos de sus tierras bajo amenaza de prisión y muerte.

Ante estas circunstancias, representantes del Movimiento Nacional Campesino, preocupados por la gravedad de los hechos, acudieron a Transparencia Venezuela para dirigir comunicaciones al Instituto Nacional de Tierras, al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República y exigir una investigación sobre estas irregularidades.

Los denunciantes han sido amenazados de desalojo y prisión por parte del Coordinador del INTI en el estado Anzoátegui, junto a grupos de la Guardia Nacional y Policías Municipales. “Todo ello delante de mi esposa y mis hijos de 6 y 2 años de edad”. El funcionario además mandó a deforestar con maquinarias parte de las tierras. “Desde el 2014 nosotros hemos producido e incluso construido corrales y una casa. Averigüé que en el sistema se encuentra mi Título de Tierras aprobado e impreso, pero él se niega a entregármelo”.

Otra familia ha sido hostigada para desalojar el fundo que ocupa desde hace más de un año y que tiene solicitud de adjudicación desde julio de 2017. “El Coordinador del INTI Anzoátegui junto a otros funcionarios llegaron con armas de fuego, acompañados de funcionarios del destacamento 52° de Barcelona, amenazaron de muerte a mí y a mi familia, ordenando la salida del fundo sin documentación que los acreditara para esa acción”.

El afectado realizó una solicitud que fue revocada sin explicación alguna, a pesar de que en septiembre de 2017 el técnico de campo recomendó en su informe que el terreno le fuera adjudicado. “Por ello, acudí al Ministerio Público y a los Tribunales Agrarios de la región, quienes dictaron una medida cautelar de protección a la actividad agrícola.”

En otro caso, el denunciante se dirigió en reiteradas ocasiones a la Oficina Regional del INTI en el estado Anzoátegui para solicitar el inicio del procedimiento correspondiente a la adjudicación de su terreno, pero los funcionarios argumentaron que no había sistema para procesar el requerimiento. No fue sino hasta el 2017 que el INTI realizó la inspección respectiva, pero hasta la fecha no se ha cargado al sistema ni se ha entregado la documentación correspondiente.

En reiteradas ocasiones, miembros de un Colectivo se han presentado en el terrero para exigirles salir de las tierras, bajo insultos y amenazas. “Acudí al INTI en en Caracas y dirigí una comunicación al presidente Luis Soteldo, en la que conté las arbitrariedades que he sufrido y solicité se verificara nuestra condición, con el fin de que determinen que hemos sido nosotros los ocupantes y productores del predio durante estos años y que lo somos actualmente. Sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna.

Transparencia Venezuela exige al Instituto de Tierras, al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República, que se inicie una investigación a los funcionarios que componen la Oficina Regional del INTI del estado Anzoátegui y se les dé respuesta oportuna a los graves hechos denunciados.

Trabajadores exigen ante Defensoría del Pueblo liberación de sindicalista de Ferrominera

UNA REPRESENTACIÓN DE TRABAJADORES PÚBLICOS venezolanos exigió hoy ante la Defensoría del Pueblo la liberación del líder sindical Rubén González, detenido cuando regresaba al estado donde reside, Bolívar (sur), tras participar en una protesta en Caracas por reivindicaciones laborales.

A través de un documento, representantes de la llamada Intersectorial de Trabajadores -creada a raíz del conflicto laboral que mantienen empleados públicos desde junio pasado-, también pidieron la liberación de otros diez empleados detenidos y que son compañeros de González.

Los once trabajadores privados de su libertad son empleados de la estatal Ferrominera del Orinoco que han denunciado el “deterioro” de las empresas, la falta de beneficios laborales y la supuesta intención del Gobierno de entregar la compañía a empresarios chinos.

Entretanto, en Bolívar, empleados de la Ferrominera protagonizaron una protesta para exigir la libertad de sus compañeros detenidos.

González, de 60 años, ya estuvo preso por cargos relacionados con una huelga que hubo en la empresa en 2009 y, según han dicho dirigentes sindicales y opositores, está siendo imputado en tribunales militares por supuestamente agredir a funcionarios de la Guardia Nacional, algo que rechazan los trabajadores.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la estatal empresa de telecomunicaciones Cantv, Juan Véliz, denunció además hoy que González estuvo en el primer día de su detención con esposas puestas en la mano y “pegadas al pie”, por lo que pidió al Ministerio de Interior explicar qué está pasando en las cárceles.

Los trabajadores aseguraron que seguirán movilizados para defender sus derechos.

González participó el pasado miércoles en una protesta en Caracas, junto a varios de sus compañeros de la empresa, para pedir a la Defensoría del Pueblo que garantizara los derechos laborales de los trabajadores.

Durante la manifestación, el dirigente sindical hizo duras críticas al Gobierno de Nicolás Maduro.

Concejal Iván Yáñez pidió a la Defensoría del Pueblo velar por afectados de Bolívar

 

El concejal del municipio Caroní, Iván Yáñez, acudió a la Defensoría del Pueblo, sede Puerto Ordaz, para solicitar a la titular encargado de este despacho, Keni Vargas, velar por las garantías constitucionales y derechos humanos de las más de 11.772 afectados que se registran en el estado Bolívar producto de la crecida del río Orinoco, que este jueves superó la cota de 18.04 metros sobre el nivel del mar.

Según el balance presentado por Yáñez a esta dependencia del Poder Moral, 738 lactantes, 738 niños, 316 adolescentes, 1078 adultos, 242 adultos mayores y 17 discapacitados; componen el grupo de ciudadanos que ha quedado en condiciones deplorables, solo en el municipio Caroní, por los recientes cambios climáticos que azotan la zona.

“Ya basta que el alcalde fantasma de Caroní no se ocupe de sus responsabilidades, por eso estamos en la Defensoría apelando al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo que los obliga a velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, así como amparar y proteger intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas”, dijo el concejal haciendo referencia a que espera se instale un mesa técnica conjunta para atender a los más afectados por la contingencia.

Yáñez reiteró que en los lugares habilitados como refugio  han podido constatar que no cumplen con las condiciones básicas para la estadía de estas personas, haciendo mención a que se evidencia un claro hacinamiento y brotes de enfermedades como dengue, paludismo, entre otras, consecuencia de las aguas estancadas.

En función de ello, Yáñez emplazó al Defensora del Pueblo en el municipio a que exhorte  a los organismos y autoridades competentes a realizar las acciones necesarias para garantizar los principios más básicos y fundamentales, consagrados en el artículo 82 de la Constitución de la República vigente.

Cofavic Abr 20, 2018 | Actualizado hace 1 año
Derechos sin revés: La ruta de la denuncia

 

 

Denunciar es un derecho y esa es, sin duda, la primera certeza que debe tener la víctima. La segunda es que los ciudadanos deben saber que la denuncia ayuda a documentar y a visibilizar las violaciones que ocurren en el país. Denunciar también ayuda a luchar contra la impunidad. Si no se registran las violaciones a los derechos humanos, se desconocerán las cifras y los números quedarán en la sombra, en cifras negras. Por otra parte, denunciar también sirve para identificar patrones y establecer o solicitar mecanismos de protección, en caso de que sea necesario.

Es verdad que la mayoría de las veces la gente tiene mucho miedo. Temen que al denunciar sean señalados no solo por los perpetradores sino por el entorno más inmediato. También hay desconfianza en las instituciones. Otras víctimas, que ya superaron el trance, son las más indicadas para acompañar en ese proceso en el que, finalmente, se entenderá que la denuncia es el mecanismo más importante para reducir la violencia, en cualquiera de sus expresiones, bien sea física, psicológica, por razones de género, intrafamiliar o asociada a violaciones a los derechos humanos porque al denunciar también se busca que se haga justicia y se sancione a los responsables.

Es fundamental denunciar porque de esa manera se activan los derechos de las víctimas: derecho a la verdad, justicia, reparación y a que el Estado adopte las medidas necesarias para que el hecho denunciado no se repita.

A lo largo de 29 años, COFAVIC ha promovido que la víctima ubique un propósito que la ayude a transitar el proceso de reparación, pero también que identifique metas a corto, mediano y largo plazo. La mayoría de las veces, las personas se dan cuenta que en la constancia e independencia de sus acciones se fortalece su lucha y que a pesar de los obstáculos y limitaciones logran pequeñas y grandes acciones en pro de la tolerancia, la lucha por la no discriminación, el respeto por los derechos humanos y los valores democráticos.

A partir del testimonio de cada víctima, del relato de su sufrimiento individual, es posible conocer la trascendencia de los casos en un ámbito mucho más general. Sin pensarlo, cada víctima se convierte en un actor social, determinante para la recuperación de la memoria histórica y la superación de la impunidad.

En Venezuela, la denuncia puede formularse ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo o un órgano de policía. Sin embargo, también las víctimas pueden acudir a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para pedir orientación sobre cómo se formula y cuáles son sus derechos.

En el caso de un hecho de violencia, el Ministerio Público tiene como rol principal dirigir la investigación, formular la acusación y solicitar la aplicación de la penalidad correspondiente. La finalidad del proceso penal es establecer la verdad de los hechos, por lo que el Ministerio Público debe aportar todos los elementos recabados, incluso aquellos que son favorables para el imputado o acusado.

¿Qué debe contener una denuncia?

  1. Datos del denunciante: nombre, edad, cédula de identidad, oficio, teléfono, domicilio y relación con la víctima.
  2. Datos de la víctima: nombre, cédula de identidad, nacionalidad, edad, oficio, domicilio.
  3. Otros datos relevantes: vínculo con la comunidad, agresiones anteriores, lugar de trabajo de la víctima y número de hijos si los tenía (edades, nombres completos, grado de instrucción).
  4. Tipo de agresión: desaparecido, asesinado por abuso de autoridad, disparos indiscriminados, tortura, detención arbitraria, amenazas.
  5. Narración de los hechos denunciados: quién hizo qué, cómo, cuándo, dónde y por qué pasó.
  6. Descripción de los agresores: cuerpo policial, militar u otro al que pertenecen, número de matrícula del vehículo que hayan usado en el hecho y número de placa personal de los funcionarios implicados (si las tiene).
  7. Pruebas que se pueden aportar: declaraciones de testigos, con su nombre, cédula de identidad, edad, domicilio y oficio.
  8. Recursos y documentación presentada a las autoridades, si ya ha puesto la denuncia en otra institución.
  9. Peticiones a las autoridades competentes: que se abra una investigación judicial para determinar responsabilidades, que se aplique castigo a los culpables y que se indemnice a los familiares.

Es necesario que se lleve el original y una copia. Se entrega el original y se hace sellar la copia, pues es el documento que demuestra los trámites oficiales que se realizan. Una vez que se ha tramitado la denuncia en el órgano competente y que ésta llega a la Dirección de Derechos Fundamentales, le asignan un abogado adjunto y un fiscal.

Es recomendable que el denunciante realice un seguimiento sistemático del caso: que vaya semanalmente a los diferentes organismos para obtener información actualizada, abrir su propia carpeta en la que recopile toda la información que se obtenga y copia de las diligencias que realice.

 

Órganos del Poder Ciudadano

  1. a) Defensoría del Pueblo

El objetivo de esta institución es la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de los habitantes por parte de una instancia que no perteneciera a ninguno de los poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para que así, el defensor pudiera vigilar los actos de éstos también. Por lo general, sus decisiones no son obligatorias, pero sí poseen un gran peso en la opinión pública. Según el artículo 281 de la CRBV, son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo, entre otras:

– Velar por el respeto de los derechos humanos investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que conozca.

– Instar al Fiscal General de la República, al Consejo Moral Republicano o al órgano competente a actuar en caso de que se violen derechos humanos; presentar ante los órganos legislativos proyectos de ley u otras iniciativas para la protección progresiva de los derechos humanos; formular recomendaciones y observaciones a los órganos correspondientes para la protección de los derechos humanos y contribuir a su difusión.

 

  1. b) Ministerio Público

También denominado Fiscalía General de la República, es un órgano del Estado que tiene el deber de vigilar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Está en la obligación de denunciar, solicitar y dirigir una investigación ante los tribunales para que establezcan las responsabilidades a que hubiera lugar si una ley es infringida. El artículo 285 de la CRBV define como atribuciones del Ministerio Público las siguientes:

– Garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, así como de los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.

– Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso.

– Intentar las acciones necesarias para hacer efectiva la responsabilidad en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones.

ENVÍENOS SU COMUNICACIÓN:

Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico a [email protected]  o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

Zoológico Metropolitano del Zulia cerró por falta de alimentos

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El Parque Zoológico Metropolitano del Zulia cerró sus puertas al público visitante.  El acceso al único reservorio de fauna silvestre quedó restringido  hasta nuevo aviso, luego de una visita que realizaran al recinto representantes de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Ambiente e Inparques, la semana pasada.

Es la primera vez, en los 45 años de fundado el parque, que el zoológico cerrará sus puertas. “No está apto para recibir  a los visitantes”, fue el alegato de las autoridades ambientales.

El cierre técnico es ordenado luego de que se diera  a conocer la crisis del zoológico zuliano por falta de alimentos para los 1.000 animales de 300 especies que habitan en el parque de 90 hectáreas. PANORAMA publicó en exclusiva el estado de emergencia del recinto en el que la dirección se vio obligada a sacrificar animales para alimentar a otros.

“El zoológico seguirá operando muros adentro hasta que las condiciones estén dadas para volver a abrir”, aseguró un trabajar del lugar. La Gobernación del Zulia y la Alcaldía de San Francisco nombraron a una persona de enlace que se encargará de supervisar los proyectos de restauración, remodelamiento y refacción de todas las áreas del parque zuliano.

En una visita que realizó ayer este rotativo al  zoológico se constató que las puertas están cerradas y no se  permite el acceso a la prensa.  Hay una cuadrilla de trabajadores cortando la maleza del parque y otro equipo supervisando las instalaciones.

El presidente de la institución, Elio Ríos, aseguró que no estaba autorizado a ofrecer declaraciones.  Se realizaron varios intentos para obtener una versión por parte del alcalde de San Francisco, Dirwings Arrieta, pero tampoco fue posible la comunicación.

OVP: Seis meses después de la masacre de Amazonas el Estado no ha demostrado voluntad política para investigarla

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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) rechazó este viernes, mediante un comunicado, que seis meses después de la masacre de Amazonas, ni la Defensoría del Pueblo ni la Fiscalía General de la República hayan iniciado las investigaciones correspondientes en torno a los hechos en los que murieron 39 presos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.

Los sucesos, que ocurrieron el pasado 16 de agosto, fueron tratados oficialmente como una intervención militar y policial en la que participaron cientos de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); el Grupo de Respuesta Inmediata de Seguridad y Custodia del Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Comando Nacional Antisecuestro (CONAS) de la Guardia Nacional. Sin embargo, un informe elaborado por OVP concluyó que en tal operación no se hubo intentos de negociar con los privados de libertad para que entregaran sus armas, ni tampoco se agotaron los mecanismos alternativos al uso de la fuerza.

El mismo reporte del Observatorio apuntó que la masacre se perpetró con armas de guerra, ya que los uniformados ingresaron al retén con fusiles R15 y Kalashnikov, además de granadas, bombas lacrimógenas y aturdidoras, y otros explosivos no identificados. Además, dispararon contra la población carcelaria desde un helicóptero y utilizaron una tanqueta de la GNB durante el ataque.

La ONG afirmó que, pese a que la política penitenciaria tiene un discurso aparentemente “humanista”, la negación de los derechos humanos tanto a los internos como a sus familiares se ha convertido en una constante.

“Pareciera se ha convertido en una política de Estado que el asesinato de reclusos, ya sea por otros reclusos o por fuerzas militares y policiales, no se investiga. Esa impunidad solo ha favorecido que se repitan los hechos de violencia y que cada vez que se pretenda reducir alguna protesta de quienes están privados de libertad se hará un uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones una modalidad”, indica el documento hecho a seis meses de la masacre.

A continuación, el comunicado completo:

A seis meses de la Masacre de Amazonas

El 16 de agosto de 2017, 39 presos resultaron asesinados luego de la intervención de fuerzas militares y policiales en el Centro de Detención Judicial del estado Amazonas. Testimonios brindados por sobrevivientes han confirmado que la mayoría de los reclusos fueron ejecutados.

A la fecha ni la Defensoria del Pueblo ni la Fiscalía han dado muestras de tener voluntad política de investigar la masacre y establecer responsabilidades de autores materiales e intelectuales.

Los familiares acompañados por el Observatorio Venezolano de Prisiones han solicitado en reiteradas oportunidades a las dos instituciones que se adelanten las investigaciones. Al igual como ha ocurrido con otras masacres como la de Vista Hermosa, El Rodeo y Uribana para nombrar solo tres de varias perpetradas, en la de Amazonas pareciera existir la misma disposición a no castigar a nadie por los homicidios realizados.

Pareciera se ha convertido en una política de Estado que el asesinato de reclusos ya sea por otros reclusos o por fuerzas militares y policiales no se investiga. Esa impunidad solo ha favorecido que se repitan los hechos de violencia y que cada vez que se pretenda reducir alguna protesta de quienes están privados de libertad se hará un uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones una modalidad.

Día tras día se evidencia el fracaso de una política penitenciaria que tiene su fundamento en un discurso aparentemente humanista, pero que en realidad se caracteriza por la indolencia, la arbitrariedad y la negación constante de los derechos humanos tanto a los reclusos y sus familiares victimas de constante maltrato.

En lo que va de año se ha realizado varias protestas por parte de internos de distintos recintos penitenciarios. En todos los casos han denunciado maltrato por parte de las autoridades, muy mala alimentación y prácticamente ninguna asistencia de salud. Los familiares igualmente vienen denunciando los reiterados maltratos a los cuales están sometidos.

La última protesta realizada en la cárcel de Tocuyito, donde lamentablemente los presos tomaron como rehenes a presos políticos y personal administrativo del penal, expresa la situación de angustia y desespero a la cual han llevado a los presos que terminan afectando a otros presos.

Llamamos igualmente la atención sobre la grave situación de las personas que se encuentran en los centros de detención preventiva, una situación que cada vez empeora. Son muy graves los problemas de alimentación, salud y hacinamiento existentes. Recordemos que durante 2017 se reportó la muerte por desnutrición de ocho presos.

Las exigencias que vienen realizando los presos en los últimos meses en los centros penitenciarios y los recintos de detención preventiva no se diferencian en mucho de las exigencias que mantenían los privados de libertad en el Centro de Detención Amazonas antes de la masacre.

Los meses pasan y la situación carcelaria empeora. Insiste el gobierno en seguir aplicando las mismas políticas que han fracasado. La militarización de los centros penitenciarios imponiendo regímenes cerrados pensando que el asunto fundamental es una disciplina forzada sigue desviando la atención en problemas como alimentación, salud, trabajo y otros aspectos claves obligación del Estado venezolano.

Se incrementan las denuncias de los presos de las torturas y otros malos tratos que se practican en los recintos penitenciarios. Aumentan las denuncias de los familiares de los malos tratos que reciben.

El gobierno debe cesar en su política de abuso contra los presos y sus familiares. Debe incrementar el presupuesto para garantizar alimentación. Ubicar los privados de libertad en centro de reclusión cerca de los tribunales que los procesan. Coordinar con el Poder Judicial para reducir el retardo procesal e implementar políticas para combatir el ocio y garantizar que los presos puedan estudiar, trabajar y realizar actividades deportivas varias.

Debe desarrollar una política urgente para descongestionar los centros de detención preventiva y atender los graves problemas de alimentación existente que continúan reportando en lo que va de año, presos muertos por desnutrición y por falta de atención médica.

Los reclamos de los presos deben escucharse. Los reclamos de los familiares también. No es represión lo que requieren los presos, necesitan adecuadas políticas penitenciarias donde el eje sea la dignidad de las personas.

Fiscalía dice estar dispuesta a demostrar que atiende casos de violencia en 2017

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El Fiscal General designado por la anc, Tarek William Saab, dijo que la información publicada por La Corte Penal Internacional (CPI) carece de peso porque no se ha comunicado con el Ministerio Público para obtener información sobre los sucesos ocurridos durante las protestas de 2017. “Los casos los hemos atendido coordinadamente con la Defensoría del Pueblo”.

“La Corte Penal Internacional actúa de manera complementaria cuando los casos que pudieran ser evaluados no hayan sido investigados. No hayan tenido una documentación que como consecuencia lleve a detenciones y acusaciones”, dijo Saab.

Saab aseveró que el MP tiene suficiente información sobre las investigaciones realizadas durante la nueva gestión y aclaró que el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado en 2017 a que no se hiciera uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones.

Al menos 32 personas han sido detenidas luego de masacre de El Junquito

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Diputados de la Asamblea Nacional denunciaron que al menos 32 personas han sido detenidas por el caso de Óscar Pérez.

Una comisión de la AN se encarga de investigar la muerte del policía rebelde y seis integrantes de su equipo, acaecida el pasado 15 de enero en el El Junquito.

“Han saqueado, allanado y destruido viviendas, mientras torturaban a las familias”, dijo la diputada Adriana Pichardo.

Pichardo denunció que familiares de Óscar Pérez fueron llevados a la sede del DGCIM, donde los torturados, aplicándoles electricidad en los genitales.

Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Política Interior de la AN, sentenció que Pérez y compañía fueron víctimas de una ejecución extrajudicial.

“Vimos un proceso de negociación donde quedo claramente establecido que hasta ese momento no había heridos y que hay un mayor con el que conversa Óscar Perez y otra voz que se escucha y dicen que ya se van a entregar y deja constancia de que no hay heridos”.

Solórzano manifestó que todavía quedan muchas interrogantes en torno a la llamada “Masacre de El Junquito”.

“¿Estaba Lisbeth embarazada?, pues la autopsia no lo dice ,por eso se requiere el protocolo de autopsia. ¿habían niños en el lugar? No tenemos prueba de ello, no tenemos denuncias de que hubieran niños en el lugar y la última pregunta ¿son los cuerpos de estos masacrados los que están sepultados? Si son sus cuerpos” puntualizó.

Por otro lado, el parlamentario José Luis Pirela asomó la posibilidad de que el cuerpo de Óscar Pérez no esté enterrado en el cementerio del Este.

“Fuentes confiables así lo indican, el gobierno tendrá que ordenar una exhumación para determinarlo, todos tienen tiros en la cabeza producto de una dictadura que no respeta los derechos humanos”, dijo.

Por su parte Pichardo exigió un pronunciamiento inmediato de la Defensoría del Pueblo.

Agregó que la madre de Antonio José Pérez Cisnero, uno de los detenidos por el caso, denunció que un comando ingresó a su vivienda y amenazaron a niños con matarlos. De acuerdo con la legisladora, los oficiales buscaban fusiles y dólares.

Finalmente, Solórzano indicó que el caso ya se encuentra en instancias internacionales.

“Ya esto está en instancias internacionales, hemos tenido una larguísima audiencia el pasado miércoles en Ginebra, Suiza con la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU a quien ya le consignamos el expediente”.