Marianela Palacios

Recientemente, Kapé Kapé celebró sus primeros 15 años haciendo precisamente lo que saben hacer mejor: defendiendo a sus pueblos y tierras ancentrales

“La grave crisis económica y el Decreto de Explotación del Arco Minero aceleraron la vorágine de destrucción, violencia y descomposición social en las zonas mineras”, advierte Armando Obdola

Al sur de Venezuela, decenas de indígenas han muerto por la minería desenfrenada y 1.200 personas han sido desplazadas forzosamente de sus territorios ancestrales

@nelapalaciosr

La asociación civil Kapé Kapé  se ha convertido un símbolo de libertad y de la lucha por la democracia y los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Estado Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas desde su fundación, el 28 de julio de 2005.

Recientemente, Kapé Kapé celebró sus primeros 15 años haciendo precisamente lo que saben hacer mejor: defendiendo a sus pueblos y tierras ancentrales, que se han convertido en el escenario de uno de los peores ecocidios registrados en Latinoamérica y en territorios sin ley controlados por bandas criminales y fuerzas irregulares que imponen su poder y roban riquezas patrimoniales al pueblo venezolano día tras día, bajo la fuerza de las armas.

Armando Obdola, presidente de Kapé Kapé, rechaza el nuevo reglamento del Concejo Nacional Electoral por considerar que viola los derechos políticos de los pueblos indígenas y representa un enorme retroceso a los avances alcanzados por ellos.

Tras la ampliación de la superficie de extracción de oro, diamantes, coltán y otros minerales en el Arco Minero del Orinoco, una franja que ocupa el 12% del territorio nacional y en la que residen más de 50.000 venezolanos de 197 comunidades indígenas, este líder indígena está especialmente preocupado por la voracidad minera que se ha desatado en esas tierras y lo que eso supone para el futuro de las etnias pemón, yekuana, sanema, yanomami, piaroa y jivi, entre otras.

No es para menos: más de 20 indígenas han muerto en medio de la actividad minera desenfrenada en los últimos 2 años.

El informe sobre el Arco Minero del Orinoco presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas, Michelle Bachelet , advierte sobre graves violaciones en esa zona: desde explotación laboral, sexual e infantil, asesinatos y mutilaciones, hasta el aumento de enfermedades, daño ambiental y grupos delictivos que controlan las minas y han desatado una violencia que disparó las tasas de homicidios a registros récord en 2019, como las de los municipios Caroní y Heres (97 y 86 asesinatos por cada 100.000 habitantes, respectivamente).

¿Qué opina del nuevo reglamento del Consejo Nacional Electoral (CNE) que elimina el voto directo a los indígenas en Venezuela?

Es violatorio de las normas legales vigentes en Venezuela con relación a los pueblos y comunidades indígenas, puesto que establece un sistema de elección mediante asambleas populares, lo que vendría siendo una elección de segundo grado, lo cual no está previsto en las leyes venezolanas vigentes. Además, la Organización Socialista Bolivariana Unida (Osibu) desmintió que 320 comunidades y 18 organizaciones indígenas regionales y nacionales habían sido consultadas para la modificación de la elección de los representantes indígenas en la Asamblea Nacional.

Los 8 pueblos que hacen vida en el municipio Sucre realizaron una asamblea en la que decidieron que no participarían en las elecciones parlamentarias. A las comunidades indígenas no se les tomó en cuenta para la elaboración de este reglamento y esto también viola la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas en sus artículos: 11, 63, 64 y 65.

Este Reglamento Especial reduce considerablemente la representación indígena en la Asamblea Nacional para las próximas elecciones parlamentarias e impone a los pueblos originarios a unas votaciones de segundo grado, con una Asamblea General a Mano Alzada con observadores del Consejo Nacional Electoral, en medio del peligro latente de la pandemia de la COVID-19. Esto representa un enorme retraso a los derechos alcanzados por nuestros pueblos indígenas.

¿Cuantos indígenas han muerto hasta ahora en el Arco Minero del Orinoco?

Más de 20 indígenas han muerto en los últimos dos años en hechos vinculados con la minería. Actualmente existe una situación crítica de caos e invasión en los territorios indígenas con actividades mineras, como el caso de los municipios Sifontes y Gran Sabana.

Se exhorta al Estado venezolano a que asuma el control garantizando el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, a través de la consulta previa, pues hasta ahora ha actuado contraviniendo estos principios con la entrega en concesión de territorios a empresas trasnacionales, como es el caso de los 111.000 km² de territorios indígenas que hoy son intervenidos en el estado Bolívar a través del Arco Minero del Orinoco.

Al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales. Otra zona de importante riqueza natural es la de Ikabarú, ubicada en el Municipio Gran Sabana, entre los estados Bolívar y Amazonas, actualmente sus comunidades indígenas están invadidas por minas ilegales de oro.

Al menos un centenar de comunidades indígenas de la entidad se han visto forzadas a dejar su estilo de vida, para incluso participar en las actividades mineras, como modo de subsistencia ante la nueva dinámica social y comercial impuesta en sus espacios de origen.

Tanto mineros no indígenas como indígenas, coinciden en que son extorsionados por las bandas ilegales que se han adueñado del negocio minero, con la participación de los cuerpos de seguridad y resguardo apostados en estas zonas (como Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB, Guardia Nacional Bolivariana GNB y Policía del Estado Bolívar PEB). Algunos de los casos emblemáticos de muertes de indígenas vinculadas a la actividad minera que ha registrado nuestra asociación son los siguientes:

• Marzo 2018. San Luis de Morichal, municipio Sifontes del estado Bolívar. Asesinato del indígena Oscar Mella.

• Agosto 2018. Comunidades indígenas de Maripa denunciaron el asesinato del líder indígena del pueblo jivi Misael Ramírez. El hecho habría ocurrido en medio de un enfrentamiento por el control de la mina El Silencio, ubicada en la desembocadura del río Matu, en el municipio Cedeño del estado Bolívar. También falleció el hijo del capitán, Milson Dorangel Rondón Reina, de 18 años, así como otras 4 personas que no fueron identificadas.

• Septiembre 2018. En el municipio Gran Sábana, fue asesinado el comandante de la Guardia Territorial Pemón, José Vásquez, quien había logrado mantener la seguridad en territorios indígenas de la delincuencia.

• Noviembre 2018. 4 indígenas de la etnia piaroa murieron tapiados luego que ocurriera un derrumbe de tierra en la mina Cacique, localizada en el Parque Nacional Yapacana, del municipio Atabapo en Amazonas.

• Diciembre 2018. Un indígena pemón fallecido y una veintena de heridos fue el resultado de un operativo de funcionarios del DGCIM en el Parque Nacional Canaima.

• Febrero 2019. La indígena Zoraida Rodríguez fue asesinada y por lo menos otros 15 miembros de su comunidad resultaron heridos tras la arremetida de un convoy de la Guardia Nacional a esta comunidad pemón del municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar. Luego del incidente, otras 7 personas fallecieron producto de las lesiones que recibieron en este ataque, la última de ellas fue el indígena pemón, Onésimo Fernández.

En Kumarakapay también fueron asesinados Rolando García y Kliber Pérez, los dos últimos guías turísticos del tepuy Roraima, una de las maravillas naturales del sur de Bolívar. Este incidente tuvo otras consecuencias como la migración forzada de cientos de indígenas quienes huyeron por amedrentamiento de los cuerpos de seguridad. Reportándose unos 1200 desplazados forzosos, cifras semejantes a las reportadas por ACNUR.

• Mayo 2019. El 26 de mayo fue asesinado Eduardo Garrido, indígena del pueblo kurripaco y Capitán de la Comunidad Puerto Montaña Fría, ubicada en la parroquia Platanillal, en el eje carretero sur.

• Junio 2019. Nelson Pérez, capitán general de las comunidades indígenas de la etnia jivi de El Silencio, denunció la desaparición de 2 de sus líderes indígenas del municipio Sucre de Bolívar.

• Noviembre 2019. Habitantes del sector minero de Ikabaru denunciaron una nueva masacre, con un saldo de 6 fallecidos confirmados por los cuerpos de seguridad.

Aunque la explotación minera tiene una historia de más de 50 años en el país, la grave crisis económica de los últimos años y el Decreto de Explotación del Arco Minero del Orinoco aceleraron la vorágine de destrucción, violencia y descomposición social en las zonas mineras.

¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21?

Considero que durante este gobierno se ha marcado una violación invalorable de los DDHH, trayendo como resultado una Impunidad marcada en todos los sectores.

¿Estamos hoy mejor o peor que en 1999? ¿Por qué la constitución de 1999 se nos ha convertido en letra muerta en tantos aspectos?

La situación de los DDHH ha empeorado mucho a pesar que desde el inicio se hicieron las bases legales para el respeto de los derechos. Por lo tanto, siempre ha sido Ley muerta.

El coronavirus ya llegó a las comunidades indígenas del país. ¿Cómo podría protegerse mejor a estos pueblos durante la pandemia?

Desde el 16 de marzo el país se encuentra en una cuarentena social ordenada por el Ejecutivo Nacional para contener la propagación del Covid-19. Desde las primeras semanas del decreto, las comunidades indígenas del país comenzaron a ver las consecuencias.

En el caso de Bolívar, donde las comunidades indígenas se caracterizan por la movilización constante entre centros poblados para el comercio de artículos tradicionales o el abastecimiento, poco a poco comenzaron a verse restringidos principalmente por la falta de gasolina para retornar a sus comunidades; y así la cuarentena social se fue convirtiendo en sinónimo de falta de dinero y comida. Muchos se quedaron varados en otros centros poblados en medio del decreto.

Con el avance de la cuarentena y el cierre de frontera, en Amazonas comenzaron a notarse los efectos en el abastecimiento, con su consecuente aumento de precios, toda vez que vendedores formales y los “bachaqueros” comenzaron a tener problemas para surtirse de productos en Casuarito o en Puerto Carreño.

Los habitantes del Bajo Delta se enfrentan a la instalación de puestos de la GNB que tienen tomado el paso fluvial, lo que les niega la posibilidad de salir a Tucupita para abastecerse de alimentos.

En el caso de las comunidades indígenas del Delta, Bolívar y Amazonas la escasez de combustible ha significado la imposibilidad de salir a vender y comprar insumos, poniendo en riesgo mayor la situación alimentaria y sanitaria en el interior de las comunidades.

Las infecciones respiratorias se propagan rápidamente entre los pueblos indígenas debido a que las condiciones de salud, generalmente, son peores que las de la población no indígena.

La convivencia en viviendas multifamiliares y la falta de agua, sumadas a la inexistencia de campañas de información, aumentaron los riesgos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha advertido que los pueblos indígenas ya experimentan un acceso deficiente a la atención sanitaria, tasas significativamente más altas de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

A eso se suma la falta de acceso a servicios esenciales, saneamiento y otras medidas preventivas clave, como agua limpia, jabón, desinfectante, etc. Asimismo, la mayoría de las instalaciones médicas locales cercanas, si es que las hay, suelen estar mal equipadas y carecen de personal.

Le agradezco ahora tres mensajes claves. Uno dirigido al madurismo gobernante y las FANB. Otro dirigido al liderazgo opositor. Y otro al pueblo venezolano, al ciudadano de a pie que hoy apenas si tiene fuerza y energía para resolver el día de su familia.

A los gobernantes y a la FANB les diría que recuerden que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Al liderazgo opositor le diría que reconozcan que por su hambre de poder terminaron muchos arrodillándose ante el gobierno. Y al pueblo venezolano le diría que debemos seguir teniendo esperanza que pronto Venezuela será libre y mucha fortaleza.

Testigos de una destrucción progresiva

¿Cómo y cuándo nace la asociación civil Kapé Kapé?

Nace con el propósito de generar respuestas antes las constantes violaciones de los DDHH de los pueblos indígenas, el 28 de Julio del 2005.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer esta Kapé Kapé y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno desde entonces hasta ahora?

En el 2005 estábamos en la segunda fase del mandato de Hugo Chávez. Las comunidades indígenas comienzan el proceso de destrucción a través de la minería ilegal.

¿En qué áreas se desempeña la organización?

Kapé Kapé realiza trabajos en materia de derechos humanos, así como en actividades en el area social, cultural, educativa y deportiva.

¿Qué servicios ofrece?

Capacitación, foros, charlas, denuncias, asistencia jurídica y socio cultural.

¿Cuántas personas trabajan en la organización?

En Kapé Kapé somos 18 en total

¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

Organizaciones indígenas nacionales e internacionales, organizaciones de DDHH nacionales e internacionales.

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

Salud, transporte y educación.

¿En qué zonas operan actualmente?

Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia


¿Cómo pueden ayudar a Kapé Kapé las personas que estén interesadas en hacerlo?

Participando, difundiendo y acompañando a la organización en cada uno de las actividades.

¿Cuáles son los mayores retos y mayores amenazas de Kapé Kapé en la actualidad?

La situación de pandemia y enfermedades endémicas; la problemática de la escasez de gasolina y la deficiencia de los servicios públicos son nuestros principales retos. Y la presencia de grupos irregulares en las zonas de trabajo y la situación política actual del país, son nuestras principales amenazas.

Compártanos los casos emblemáticos del trabajo que han realizado en esta organización desde su fundación.

El caso Kumarakapay es el que podría destacar. Fuimos los primeros en lograr llevar medicinas luego de la masacre militar. En la madrugada del viernes 22 de febrero, la Guardia Territorial Pemón del municipio Gran Sabana de Bolívar, impidió el paso de convoyes del Ejército.

Los indígenas se negaron porque, para ellos, los militares iban a impedir la operación de acceso de la ayuda humanitaria. Después de un forcejeo, los militares dispararon para dispersar la concentración en la que, se aupaba a Juan Guaidó como presidente interino.

La balacera terminó con 16 pemones heridos, la mayoría fueron trasladados a Boa Vista. Al día siguiente las personas tenían temor salir a las calles. Se produjeron allanamientos ilegales a casas y comunidades indígenas.

Entre ese primer día y los venideros, se contabilizaron 8 asesinatos, 43 heridas y más de 60 detenciones arbitrarias. 4 de ellas a menores de edad. Ninguna de estas detenciones era de los militares que habían disparado contra los pemones de Kumarakapay.

Los funcionarios de la GNB en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, aún no hay detenidos por el asesinato de esas personas. Tras estos incidentes, líderes indígenas y particulares se movilizaron hasta Brasil en busca de resguardo ante la militarización y amedrentamientos de la GNB. Actualmente la comunidad permanece vacía por la secuela que dejó esa incursión armada de funcionarios del Estado venezolano.

Los que no se rinden

Los que no se rinden | Medianálisis: El sistema mediático en Venezuela se ha empequeñecido y desaparecido en buena medida

El mercado laboral y el crecimiento global se reactivarán a mediados de 2021, pero el impacto económico de la pandemia Covid-19 será severo: volver a los niveles de ingreso o actividad previos a la crisis puede tomar hasta una década

“El liderazgo político no parece haber comprendido que se necesita más economía de mercado en Venezuela, como sí ha comprobado mucha gente desde el dolor del despojo”, destaca Rocío Guijarro, gerente general del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico

@nelapalaciosr

El mercado laboral y el crecimiento económico global se reactivarán a mediados de 2021, según las más recientes y optimistas proyecciones publicadas. Pero volver a los niveles de ingreso o actividad previos a la crisis puede tomar hasta una década.
En Venezuela el escenario es aún peor, porque no solo e la pandemia sino porque sin libertad es imposible alcanzar la prosperidad y garantizar la justicia y los derechos humanos (DDHH).
De eso está convencida Rocío Guijarro, gerente general del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad ) y presidenta de la Red Liberal de América Latina (Relial).
Desde su perspectiva, no es a través de la intervención del Estado y del rentismo como se prospera sino a través de un sistema que permita la libertad, que respete la iniciativa privada, la pluralidad y la diversidad y que promueva la innovación y el emprendimiento de los ciudadanos.

“El liderazgo político no parece haber comprendido que se necesita más economía de mercado en Venezuela, como sí ha comprobado mucha gente desde el dolor del despojo”, destaca Guijarro, una emprendedora intelectual  que ha sido galardonada con el Premio Templeton a la Libertad por su programa de formación económica para periodistas y coautora del libro Ideas en Libertad.


En el libro ¿Por qué fracasan los países?, los autores plantean que la libertad es la piedra angular para la creación de riqueza y prosperidad en cualquier sociedad moderna. ¿Usted es de las que cree que la economía de Venezuela se ha contraído 70% en los últimos siete años por falta de libertad y como resultado de las políticas públicas aplicadas por la élite gobernante?

Ya que menciona este libro de Acemoglu y Robinson, es oportuno mencionar su obra más reciente, El Pasillo Estrecho, la cual se ocupa precisamente del problema de la Libertad y el porqué es tan difícil lograrla.

La contracción de la economía venezolana se ha acelerado desde mediados de 2014, teniendo como detonante la caída en el precio de las exportaciones petroleras y el declive en producción de hidrocarburos. La falta de inversión en la industria petrolera, como resultado tanto del desfalco estatal como de la exclusión del sector privado en su gestión, ha dado como resultado que hoy día Venezuela no sea capaz siquiera de producir gasolina.

La mala gestión monetaria y fiscal ha conducido a una hiperinflación que resta valor al futuro, desalentando los planes de largo plazo para los emprendedores y los ciudadanos, dañando el poder adquisitivo de los más vulnerables. Más del 92% de la población vive en condiciones de pobreza y 90% carece de acceso continuo al agua corriente. Tampoco hay derechos de propiedad que protejan los activos de la clase media.

Desde Cedice tenemos dos iniciativas que han documentado todo este despojo de productividad, eficiencia y equidad. Se trata de nuestros Observatorio de Gasto Público  y Observatorio de Derechos de Propiedad.  Desde allí se han compilado estadísticas y narrativas que dimensionan el daño causado por el Estatismo y la captura de renta en Venezuela.
Con todo esto, le coloco en contexto para afirmar que, efectivamente, hemos tenido empeoramiento social por la falta de Libertad Económica y Civil. Siguiendo a Acemoglu y Robinson, sólo una sociedad cohesionada, fuerte, tiene viable hacer contrapeso al Estado.

La Libertad florece cuando hay ese equilibrio, ya que el Estado podría convertirse en otro tirano, oprimiendo al ciudadano. La sociedad civil venezolana ha quedado resentida como consecuencia de la emigración masiva, que se estima entre 4 y 5 millones de compatriotas en los últimos 10 años (de los cuales, 1,7 millones están establecidos en Colombia y 80 mil están intentando regresar tras la pandemia de coronavirus). Sumamos otras heridas sobre la sociedad civil: el debilitamiento de su poder adquisitivo, la zozobra individual permanente por acceder a servicios públicos, la ausencia de representación por los partidos políticos, la persecución política a los disidentes y el distanciamiento social promovido por la crisis de la COVID-19.

¿Por qué los venezolanos no hemos conquistado aún la libertad? ¿En qué hemos fallado? ¿Qué debemos corregir para lograrlo?

Tuvimos un desequilibrio entre el poder económico del Estado y el de la sociedad civil. Si hemos de buscar un hito, una referencia histórica, apuntaríamos al año 1976, cuando se hicieron efectivas la nacionalización tanto de la industria petrolera como del Banco Central de Venezuela, que hasta dos años antes tenía la mitad de su accionariado en manos privadas.

No había capacidad económica en el sector privado para contrapesar a un Estado que se adueñó del mayor volumen de exportaciones y de dólares producidos en el país. Como mecanismo de legitimación, además de las elecciones democráticas, el Gobierno organizó una red de transferencias, con subsidios o ayudas directas a la población, incluyendo, desde luego, empresarios y funcionarios amigos, que conformaron una red clientelar.
Venezuela no ha tenido, en sintonía con su pregunta previa, una élite propiamente dicha. No hay familias o grupos tradicionales tan fuertes como en otras sociedades -menciono apenas Colombia y Chile como ejemplos. El poder acá está concentrado en el Estado y los políticos que logran acceder a su gestión. El equilibrio bipartidista entre Acción Democrática y Copei fue destruido por uno de sus fundadores, Rafael Caldera.

El deterioro en precios petroleros durante 1998 y el cansancio con la corrupción administrativa, la inflación o la quiebra bancaria de 1994-1995, trajo al poder a Hugo Chávez mediante elecciones.

La falta de articulación entre sus opositores, la injerencia del Gobierno Cubano en nuestra soberanía, con su tecnología social opresiva, además de un nuevo boom petrolero entre 2005 y 2014, fortalecieron nuevamente al Estado y debilitaron otra vez a la Sociedad. Con todo esto, se han desbalanceado aún más los controles que puede colocar la ciudadanía sobre el Gobierno.

La corrección de este desajuste provendrá de un fortalecimiento de la ciudadanía. Como hecho fortuito, el Estado se ha debilitado económicamente precisamente por su predatoria apropiación de los activos nacionales y la anulación que hizo de cualquier control ciudadano.

Sólo lo sostiene la fuerza y carece de ideas o valores compartidos con la población. Apunto con ello a otra solución a nuestra crisis, que es seguir produciendo ideas y propuestas, con fundamento en nuestra realidad y las tendencias mundiales.

Cedice Libertad ha avanzado mucho en esta materia. En nuestro portal web, por ejemplo, pueden acceder a un Plan de Acción para rescatar a Venezuela, que contempla 5 asuntos clave  y una propuesta que constituye un nuevo pacto de gobernabilidad.  La libertad es el resultado de trabajo y acción del pensamiento, con resonancia en la sociedad civil.

¿Cree usted que la sociedad venezolana está actualmente preparada y suficientemente madura para el nacimiento de una democracia liberal?

Hay una dolorosa maduración o aprendizaje, tanto individual como social, resultante de todo este proceso de destrucción de vidas, valor y cohesión social. Nos dimos cuenta de que no están garantizadas toda una serie de cosas que asumíamos como dadas: seguridad, servicios públicos, confianza, predictibilidad de nuestro futuro o respeto a los derechos humanos.

Este sufrimiento tendrá una salida constructiva si la sociedad civil comprende que es inviable sostener la democracia liberal cuando el Estado puede ser secuestrado y se carecen de instituciones que detengan su hipertrofia.
Mi inquietud es que el liderazgo político no parece haber comprendido que se necesita más economía de mercado en Venezuela, como sí ha comprobado mucha gente desde el dolor del despojo.
La estabilidad económica es también un bien público y sólo es viable alcanzarla si hay un Gobierno o un Banco Central interactuando con la ciudadanía productiva. Sin generación de ingresos y preservación de riqueza por el sector privado, toda gestión fiscal o monetaria está trabajando sin fundamentos.

La falta de compromiso con la producción sigue contaminando el discurso político. Sigue el acento en la distribución, que hoy en día sólo consigue repartir pobreza, porque se ha vulnerado la mayor parte de nuestro capital productivo. De modo admirable, aún hay iniciativa privada y es hacia ella que debe solidarizarse quien desee hacer una reforma que devuelva la prosperidad a Venezuela. 

Otro tema preocupante es que se carece de poderes institucionales legítimos que garanticen la paz. De algún modo, estamos volviendo al Siglo XIX, donde se agredía al comerciante, al agricultor y al hombre de trabajo.
No tenemos hoy día ni un liderazgo político ni un equipo técnico que se proponga devolver a Venezuela sus equilibrios fundamentales.
Otro problema es que como sociedad sabemos lo que nos desagrada, pero no tenemos una visión compartida de lo que queremos. Sabemos que es inviable sostener esta vida social empobrecida, sometida a la violencia y que no tiene lo esencial para sobrevivir. El problema es que no oímos mensajes que nos animen a ir hacia una realidad nueva.

Piden libertad en Venezuela los que entienden el proceso a profundidad. Pero la mayoría de los venezolanos están en modo supervivencia hoy y no andan persiguiendo libertades ni articulando intereses políticamente para salir de este desastre. ¿Tiene sentido mantener este enfoque en una coyuntura como la actual?

La libertad se hace valiosa precisamente porque es la única solución viable para dejar atrás la pobreza. Si los ciudadanos están impedidos de trabajar, realizar intercambios voluntarios, opinar, expresarse, ahorrar, invertir o cooperar, seguirán siendo menesterosos. 

Todos los países tienen ahora crisis internas muy fuertes y la preocupación vendrá del creciente número de pobres venezolanos que residen como inmigrantes en otros países.

Y la solución podría ser repatriarlos o restringirlos, en lugar de intervenir en Venezuela. Sí, lo afirmo: más que siempre, Venezuela depende de la Libertad para ser viable. El Estado venezolano está arruinado y no hay capacidad de asistencia humanitaria foránea en un mundo donde la pobreza se ha disparado.


Le agradecería un mensaje de Cedice para el sector privado. Recordando ahora el libro La Rebelión de Atlas, de Ayn Rand, le pregunto: ¿No ha llegado la hora de rebelarse ya? 

Venezuela debe deslastrarse del rentismo, ponerle fin, ya que esa cultura se ha enraizado en el venezolano. Ojalá y esta situación sea propicia para ese cambio.
Una forma de resistencia es crear, generar ideas, desarrollar productos o servicios, promover la generación de empleos, buscar integración con proveedores o clientes. La crisis del coronavirus ha demostrado el poder que tiene la tecnología y quien la adopta con velocidad.

En Venezuela hay aún empresas y trabajadores que han conseguido confrontar la destrucción de valor desarrollando técnicas gerenciales, resiliencia o gestión del riesgo que son productos de exportación para esta «nueva realidad» posterior al coronavirus. En otros países están confrontando, como novedad, el tipo de crisis que ya vienen gestionando los empresarios o trabajadores venezolanos desde hace varios años.


¿Qué recomendaría usted a los líderes para recuperar al país en materia de derechos humanos?

El acceso a una economía de mercado. Ello incluye un compromiso auténtico con los derechos de propiedad, la provisión de bienes públicos como orden legal, seguridad, estabilidad monetaria o infraestructura.
Adicionalmente, promover las alianzas público-privadas y asociarse con el sector privado, nacional e internacional, para lograr que se hagan las inversiones y trabajo requeridos para ocupar a una sociedad que lleva años postrada y con niveles altos de pobreza, como lo demuestra la ENCOVI. 

¿Cuál es la situación actual en materia de derechos humanos en Venezuela, respecto a la que teníamos en 1998?

Está documentado que se está peor en este tema y además ratificado en los informes de las organizaciones de DDHH en Venezuela y las internacionales como HRW o los informes de la Comisionada de DDHH de la ONU.

En Cedice Libertad con el Observatorio de Derechos de Propiedad, llevamos el seguimiento de la violación y ataques a este derecho humano fundamental y por supuesto que el mismo ha sufrido un gran deterioro. Ocupamos el penúltimo lugar en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad.

En la constitución venezolana aparece la garantía y el respeto a este derecho, pero esto no ha sido así. El Observatorio ha documentado que debido a las expropiaciones, expoliaciones, estatizaciones de fincas productivas, es que surge esta crisis humanitaria compleja que vive Venezuela.

Vida, Libertad y Propiedad son los derechos humanos fundamentales que deben estar protegidos y garantizados en un Estado de derecho. Y en Venezuela no lo están.

¿Cuál ha sido entonces el legado de la revolución socialista del siglo 21 en materia de derechos humanos?

Nos ha permitido convencernos de que sólo se alcanza la democracia y la protección a las minorías cuando hay economía de mercado.

El socialismo es excluyente, porque solo da carta de ciudadanía a quienes lo apoyan. Es, por naturaleza, un credo de odio y violencia, que considera legítimo pisotear los derechos de quien se le oponga.

¿Qué mensaje daría usted hoy a los líderes de la oposición?

Los líderes de la oposición deben reinventarse. Sorprende que ninguno haya logrado articular una visión compartida para la sociedad venezolana, en casi dos décadas de socialismo.

Les recomiendo leer Camino a la Servidumbre y el Uso del Conocimiento en la Sociedad de Friedich Hayek y Un Sueño para Venezuela de Gerver Torres y Roberto Casanova

¿Qué mensaje daría usted hoy a la élite gobernante?

No veo una élite, si entendemos por élite un grupo que comparte unos valores o visión de país. Las élites tienen por interés preservarse y acá no tenemos tal visión de largo plazo.
Sus integrantes pueden estar equivocados y por definición son excluyentes, pero precisan construirse alguna justificación y legitimidad para perdurar, con alguna apertura hacia el cambio, así sea al estilo del Gatopardo: cambiar todo para que todo siga igual.
En Venezuela no tenemos las fuentes de estabilidad ni los asideros institucionales propios de una élite.

Hablando de libertad

¿Cómo y cuándo nace la organización Cedice Libertad?

El 24 de noviembre de 1984 se reunieron empresarios e intelectuales que consideraban que  hacía falta un centro de pensamiento, estudio y formación. Así nace el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, A.C. Cedice Libertad.

Nuestra misión es promover las ideas y principios que se fundamentan en la libertad individual, la libre empresa, el respeto a los derechos de propiedad, la libertad económica, gobierno limitado como única forma de generar prosperidad a la sociedad.

Con base en estos principios la institución viene desarrollando su trabajo desde hace 35 años en divulgación, formación, investigación, generación de conocimiento, propuestas de políticas públicas y promoción de las ideas de la libertad.

¿En qué áreas se desempeña la organización?

Formación, divulgación, promoción, políticas públicas y generación de conocimiento de las ideas que promueven una sociedad libre. Ofrecemos programas de formación para jóvenes, líderes y comunicadores sociales; diplomados, observatorios de seguimiento y análisis de los Derechos de Propiedad, de Gasto Público, seguimiento legislativo.

En Cedice también ofrecemos cursos, talleres, publicaciones, librería, biblioteca y eventos con expertos nacionales e internacionales, entre otros.

¿Cuántas personas trabajan en la organización?
10 personas

¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

Con instituciones nacionales e internacionales como Atlas Network, Relial, Fundación Internacional para la Libertad, Red Latinoamericana para la Democracia. Fundación Friedrich Neumann, entre otras. Cedice Libertad es miembro de la Red Sinergia, Liderazgo y Visión, Transparencia Venezuela, Civitas-Venezuela, Queremos Elegir y RedUni-Venezuela, entre otras.

¿En qué zonas operan?

Cedice está en todo el país con las diferentes actividades.

¿Cuentan con voluntariado?

Sí, tenemos un voluntariado de 30 personas que apoyan la labor de la institución

¿Cómo pueden ayudar a su organización las personas que estén interesadas en hacerlo?

Que se comuniquen con nosotros y atenderemos su solicitud. Por ejemplo, con nuestro programa Observatorio de Derechos de Propiedad atendemos denuncias de víctimas que han sido expropiadas en todos los sectores.

¿Cuáles son los mayores retos de la organización? ¿Las mayores amenazas?

Queremos que un mayor número de personas comprenda que no es a través de la intervención del Estado ni del rentismo como se prospera.
La prosperidad se logra con un marco jurídico que permita a los individuos poner sus fuerzas creadoras para solucionar los problemas de la sociedad. Uno de los retos es que esto sea comprendido también por aquellos a los que les tocara dirigir al país y tomar las decisiones.

Compártanos un caso emblemático del trabajo que han realizado en esta organización

La formación en economía para jóvenes y niños en escuelas públicas y privadas. Un programa basado en la enseñanza de la economía con base en cuentos infantiles y obras literarias. Este programa ya tiene 15 años y varios reconocimientos internacionales por lo innovador de la pedagogía social.
El programa de formación en economía para comunicadores sociales, transmite conceptos de economía, perspectivas y análisis de la realidad nacional e internacional . 
También nos sentimos orgullosos de los premiso internacionales y de ser catalogados como el segundo Think tank más influyente de la región y uno de los 100 del mundo en el Ranking que hace la Universidad de Pensilvania (EEUU).

Recomiendan aplicar las 122 «reglas de Mandela» para salvar al sistema penitenciario venezolano

Podemos recuperar la independencia de los poderes públicos en Venezuela con ciudadanía activa, resalta el Observatorio Venezolano de Prisiones

«El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones propias del Poder Judicial y liberar presos mediante un acta, violando todo el proceso judicial penal», destaca la abogada Carolina Girón, directora del OVP

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Más de la mitad de las personas privadas de libertad que se mantienen en los centros penitenciarios de Venezuela son procesados, ni siquiera tienen una sentencia firme que confirme su responsabilidad en el delito por el cual se les encarceló. Y más de 400 de ellos son presos políticos.

Y las condiciones en las que están viviendo esas personas en las cárceles no son dignas ni constituyen garantías de salud ni respeto a la vida o derechos humanos, como dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Los presos venezolanos, por solo citar un caso, están desnutridos de manera severa y tal desnutrición los hace presa fácil de cualquier enfermedad. Y con las restricciones de la pandemia Covid19, que ha limitado el acceso de visitas familiares y en consecuencia los privados de libertad no están recibiendo hoy los alimentos que recibían de estos familiares ayer, su situación ha empeorado gravemente en los últimos meses. 

«De los 538 fallecidos entre 2017 y 2019, 134 fueron por cuestiones de salud. Ese número es alarmante. Eso no era así antes. Muchas de esas muertes por cuestiones de salud pudieron haberse evitado con nutrición adecuada o con controles médicos y medicinas e insumos dados oportunamente a los privados de libertad, pero el Estado no les está dando eso», advierte la abogada Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Defensoría del Pueblo es un elefante blanco

¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21?

La Constitución de 1999 tiene un capítulo completo referente a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos (DDHH), lo que significó un gran avance para Venezuela. Se creó la Defensoría del Pueblo, institución que ya venía operando en otros países de la región y con la que Venezuela no contaba para la fecha; sin embargo, con el devenir de los años, la revolución destruyó sus propios postulados de defensa de los ciudadanos y las violaciones a los derechos humanos son inumerables, realmente salen muy mal en la balanza de la justicia.

La Defensoría del Pueblo se convirtió en un elefante blanco que nada hace por la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y se convirtió en un organismo para defender las políticas del régimen de facto, violando lo principal de un estandard internacional en derechos humanos de un organismo público, como son los principios de París, que establecen imparcialidad, autonomía y transparencia.

Más de 2 mil presos han sido liberados por el Poder Ejecutivo en 2020 bajo la figura de “régimen de confianza tutelada” en las cárceles de Venezuela. ¿Por qué consideran que el procedimiento aplicado en estos casos es ilegal?

La figura del Régimen de Confianza Tutelado está previsto en el Código Orgánico Penitenciario en sus artículos 161 al 164 y consiste en la ubicación de un penado en una unidad de producción o área especial “dentro” del recinto penitenciario y lo puede otorgar el Ministerio de Servicios Penitenciarios a aquellos penados que reúnan los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para optar a una de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena. También puede otorgarse a procesados que tengan privados de libertad un tiempo superior al que se requiere para optar al destacamento de trabajo.

En ningún artículo del código se contemplan liberaciones, es decir, los presos no deben salir del recinto penitenciario; según nuestro ordenamiento jurídico, son los jueces los únicos facultados para otorgar medidas alternativas de cumplimiento de pena que puedan cumplirse extra muros, tal como el confinamiento, destacamento de trabajo, redención de la pena por el estudio y el trabajo, entre otras, y estas medidas deben ser procesadas por el juez de ejecución mediante el procedimiento previsto en el COPP y mediante una sentencia ser otorgadas.

El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones propias del Poder Judicial y liberar presos mediante un acta, violando todo el proceso judicial penal

El Poder Ejecutivo, en cuanto a liberaciones, tiene facultades para indultar, más no para lo que están haciendo. Estas liberaciones ni siquiera cumplen con lo previsto en el mismo texto del Código Penitenciario y prueba de ello es que el mencionado Código entró en vigencia el 28 de diciembre de 2018 y ese mismo día le fue otorgado a Wilmer Brizuela, conocido como Wilmito (pran de Vista Hermosa), quien ordenó la muerte de la Juez que lo condenó, resultando fallecida la hermana gemela de la Juez. Era una persona que no cumplía los requisitos para ser beneficiario de una medida alternativa de cumplimiento de la pena.

En otro orden de ideas, el Observatorio Venezolano de Prisiones está de acuerdo en que se otorguen medidas alternativas a la privación de libertad, es más, hay muchas personas que cumplen los requisitos para no permanecer en una cárcel, llenan el perfil. Lamentablemente, la justicia ha preferido las medidas privativas antes de otorgar otras medidas, personas que pueden llevar su proceso penal en libertad, hasta que se dicte sentencia. En Venezuela las cárceles están llenas de procesados, hasta Diciembre de 2019, de 40.000 presos a nivel nacional, 26.000 son procesados, más de la mitad, esto no debe ser, el Poder Judicial también tiene responsabilidad en esta situación, el retardo procesal también es una violación de los derechos humanos.

La innombrable

¿Cómo califica la gestión de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela?

No la puedo calificar, no tiene nombre. Para manejar el Sistema Penitenciario se debe estar preparado, con buenas intenciones no se logra nada. Se debe estar calificado a través de tener experticia, gerencia y disposición. Estamos hablando de personas, de seres humanos; sí, cometieron un delito y ya están pagando por ello en un Centro Penitenciario, perdieron el mayor tesoro que es la libertad, ahora le toca al Estado brindar el servicio para su reinserción a la sociedad, con programas de estudio, de trabajo, deportes, cultura, etc. Pero realizar ejercicios y cánticos militares no sirve para su fortalecimiento.

¿Cómo podemos corregir la falta de independencia de poderes en Venezuela?

Ejerciendo ciudadanía, con un país de ciudadanos.

¿Vale la pena seguir luchando por la defensa de los derechos humanos en Venezuela y por qué?

Sí, vale la pena. Los derechos humanos son la punta de lanza de las democracias, somos seres humanos y merecemos respeto de forma integral. Yo creo en las personas y somos las personas las que cambiamos nuestro entorno.

Los venezolanos nos merecemos una mejor dirección política. Los países no se mueren, viven en el corazón de sus ciudadanos, y mientras más y mejor ejerzamos nuestra ciudadanía exigiendo respeto a nuestros derechos, tanto personales como los de nuestro entorno, tendremos un mejor país.

122 «Reglas de Mandela»

¿Cuáles han sido las peores y mejores políticas públicas aplicadas en Venezuela en materia de Servicios Penitenciarios de la administración madurista?

No hay política penitenciaria. Si se abriese paso a un gobierno de transición y una redemocratización de Venezuela próximamente, ¿qué recomendaría usted para recuperar al país en materia de servicios penitenciarios y garantizar el respeto de los derechos humanos en cuanto a prisiones y privados de libertad?

En materia penitenciaria hay mucho escrito, desde 1955 existe un instrumento internacional llamado Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Fueron reformadas en 2015 y en homenaje a Nelson Mandela las denominaron “Reglas Mandela”. Por ahí podemos empezar, sugeriría que las leyeran, ahí están recogidos los estándares mínimos para un Sistema Penitenciario adecuado y justo. Todos deberíamos leerlas. Son 122 reglas, sencillas y de fácil comprensión y ejecución. Con voluntad política, personal debidamente formado y mejora en la infraestructura, se pueden dar los primeros pasos para la optimización del Sistema Penitenciario. Y por supuesto, también involucrando y comprometiendo a todos los poderes públicos en esto.

Los presos no están comiendo

¿Cuál es la situación actual en materia de derechos humanos de la población privada de libertad en Venezuela? Y respecto a la situación que teníamos en 1998, ¿cómo estamos hoy y por qué?

Los problemas en las cárceles no son nuevos. En 1998 había hacinamiento, hubo muchos hechos violentos, muchos murieron dentro las cárceles, la situación no ha cambiado mucho. Durante este tiempo lo que hemos visto es que ahora los presos tienen armas de fuego de alto calibre, un preso maneja la cárcel, por encima de las autoridades y se otorgan títulos a estos presos, los llaman pranes y públicamente manejan bandas delictivas dentro y fuera de las cárceles. En estas dos últimas décadas se pervirtió por completo el sistema penitenciario venezolano. Y en estos últimos tres años las muertes por desnutrición ganaron espacio a las muertes violentas, que era lo común anteriormente.

Los presos venezolanos están desnutridos de manera severa, situación alarmante, teniendo en cuenta que la población penitenciaria venezolana oscila entre los 21 y 30 años; la desnutrición los hace presa fácil de cualquier enfermedad, como la tuberculosis, lo que ha ocasionado muchas muertes y las sigue causando. Los presos no están comiendo, la comida que debe llevar el ministerio penitenciario no sabemos dónde está.

Antes del 13 de marzo, cuando se prohibieron las visitas por la pandemia, los familiares les llevaban alimentos a sus seres queridos y medianamente paliaban la situación, con el pasar de los meses la situación se está agudizando en todos los Centros Penitenciarios del país. La situación es alarmante. De los 538 fallecidos entre 2017 y 2019, 134 fueron por cuestiones de salud. Ese número es alarmante. Eso no era así antes. Muchas de esas muertes por cuestiones de salud pudieron haberse evitado con nutrición adecuada o con controles médicos y medicinas e insumos dados oportunamente a esos privados de libertad, pero el Estado no les está dando eso. 

Se perdió la democracia

¿Cómo y cuándo nace la organización OVP?

El Observatorio Venezolano de Prisiones nació el 24 de Septiembre de 2002, día de la Virgen de Las Mercedes, la patrona de los reclusos.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer el OVP y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?

El año 2002 marcó un hito en la historia contemporánea de Venezuela, ese año vimos el cambio de estructura gubernamental, el gobierno de la época mostró su verdadera cara y a lo que nos enfrentaríamos en adelante. Se perdió la democracia, en mi opinión.

¿En qué áreas se desempeña la organización?

El OVP trabaja en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El fundador del OVP es Humberto Prado, una persona que siempre ha luchado por los derechos de los presos, los derechos humanos de los presos son su apostolado.

¿Qué servicios ofrece?

Ofrecemos asesoría y acompañamiento a los privados de libertad, así como a sus familiares. Y operamos en todo el país.

¿Con quién tienen alianzas estratégicas el OVP?

Con organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, con las que llevamos casos tanto en el Sistema Universal (ONU) como en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (CIDH y CoIDH).

Los presos sociales no tienen voz

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

En las cárceles no se pagan delitos, se paga el ser pobre, los presos sociales no tienen voz. Es una población despreciada por una gran parte de la sociedad, sobre todo en sociedades donde la violencia es muy marcada.
Los presos están a expensas de un funcionario, de otro preso, de ser pobre.

¿Cuentan con voluntariado?

El OVP cuenta con voluntarios de las universidades públicas, Colegios de Abogados, familiares y amigos.

¿Cómo pueden ayudar al OVP las personas que estén interesadas en hacerlo?

Comunicándose con nosotros a través de nuestros números telefónicos (0212-4833725 y 4824343), la página web oveprisiones.com y nuestras redes sociales @oveprisiones, tanto en Twiter como en Instagram y Facebook.

No somos actores políticos, el OVP defiende derechos humanos

¿Cuáles son los mayores retos y amenazas de la organización?

El mayor reto es coadyuvar para la optimización del sistema penitenciario.
¿Las amenazas? Las que enfrentamos a diario de parte del régimen de facto. El odio contra las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que defendemos derechos humanos, es patente. Nos califican como actores políticos opositores, una aberración, porque los derechos humanos no tienen colores políticos, tienen colores humanos y todo lo que implica el desarrollo del ser humano.

¿Podría darnos detalles de algún caso emblemático del trabajo que han realizado en esta organización?

El descubrimiento de las fosas comunes en la Penitenciaria General de Venezuela, cuya investigación se encuentra paralizada; los adolescentes quemados en el INAM de San Félix y la masacre en la cárcel de Vista Hermosa.

¿Podría compartirnos algún testimonio del que se sienta especialmente orgullosa como miembro del OVP?

Más que un testimonio, son acciones. La sonrisa de una madre cuando su hijo sale de prisión, el agradecimiento por una gestión, por un acompañamiento, por una asesoría. Tal vez sean cosas pequeñas, pero la satisfacción es muy grande y te impulsa a seguir adelante. Cada vez que una buena acción se realizó gracias al granito de arena que pusimos, es una gran satisfacción.

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Las muertes de ciudadanos por fuerzas policiales en territorio zuliano se han más que duplicado: pasaron de 279 casos en 2018 a 657 en 2019, según la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia

La última Encuesta sobre Seguridad Alimentaria realizada en Maracaibo, la segunda ciudad más poblada del país, demuestra que el programa CLAP es inviable: la comida subsidiada no cubre las necesidades nutricionales de las familias ni está llegando a los hogares con la periodicidad que anuncia el gobierno

@nelapalaciosr

La Comisión para Derechos Humanos del Estado Zulia ( Codhez ) advierte que la Defensoría del Pueblo, los tribunales y el Ministerio Público son instituciones anuladas en Venezuela, porque ni están protegiendo a los venezolanos de violaciones de derechos humanos ni están defendiéndolos de los abusos de poder ni están sancionando a sus responsables, de manera efectiva.
El abogado Juan Berríos Ortigoza, coordinador general de Codhez y doctor en derecho, resalta también  que la calidad de vida del pueblo zuliano ha empeorado aún más tras la pandemia del coronavirus, especialmente por la inseguridad alimentaria y el colapso de los principales servicios públicos estatales: agua potable, electricidad, salud y educación, entre otros.
Además, las muertes de ciudadanos por fuerzas policiales en territorio zuliano se han más que duplicado: pasaron de 279 casos en 2018 a 657 en 2019.

¿Cuántos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas ha registrado Codhez en el estado Zulia hasta el momento?

Destacamos los casos registrados a partir de 2017, cuando documentamos, en el contexto de las manifestaciones de ese año, la detención de al menos 635 personas, entre quienes 245 fueron presentadas ante un tribunal: 160 de ellas ante un tribunal penal ordinario, y 85 ante un tribunal militar. En ese mismo contexto reportamos la muerte de 14 personas, que aún se encuentran impunes, incluyendo la de Adrián Duque, un caso que hemos acompañado. También resaltamos la situación de tortura sexual a la que fue sometida una persona detenida ese año luego de haber sido detenida por manifestar. Este caso aún espera justicia.
Entre enero y febrero de 2019 también se desarrollaron protestas que conllevaron a detenciones arbitrarias. En específico, el 23 de enero registramos la detención de 57 personas. En este caso, a pesar de que los detenidos habían sido aprehendidos en lugares distintos, horas distintas, y no se conocían entre sí, fueron presentados ante los tribunales en lotes, en procedimientos masivos.

Con respecto a las muertes como consecuencia de la violencia policial en presuntos enfrentamientos, en 2018 monitoreamos 279 casos, mientras que el año pasado este número escaló hasta 657: 250 en el primer semestre y 407 en el segundo semestre. En contraste, en esos presuntos enfrentamientos, murieron dos funcionarios policiales en 2018 y tres en 2019. Detalles de estos y otros temas han sido publicados en nuestro informe anual 2019 sobre la Situación general de los derechos humanos en el Zulia: 

También publicaron un informe anual sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo. Precísenos las principales conclusiones de esa encuesta, por favor

Este informe contiene el estudio que hemos realizado en 2019 para diagnosticar el contexto del derecho a la alimentación en la segunda ciudad más poblada de Venezuela. En general, los resultados de nuestra segunda Encuesta sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo demuestran que se ha mantenido la tendencia negativa de los datos arrojados en el 2018 y, en particular, la mayor vulnerabilidad de las poblaciones de los estratos socioeconómicos D y E, y de los wayuu y afrodescendientes.

Con esta encuesta quedó demostrado que el programa CLAP es inviable porque ningún hogar recibió esa caja o bolsa de comida cada mes, y mucho menos cada quincena.

Si bien el quebrantamiento del orden constitucional y democrático ha conllevado a una emergencia humanitaria compleja, las causas de esta crisis responden a problemas estructurales. Tememos que no hay conciencia de este carácter estructural de la crisis y, por ende, que los diagnósticos y las soluciones no respondan a ello.

Es preocupante, además, que el Estado esté siendo gestionado por grupos que anteponen la lucha por la conservación del poder político al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales de respetar, proteger y garantizar los derechos a todas las personas, sin discriminación alguna.

La encuesta que se realizó revela que 84,9% de los hogares reportó preocupación porque los alimentos se acabaran. 8 de cada 10 hogares se quedó sin alimentos. En 8 de cada 10, los adultos dejaron de tener una alimentación saludable, tuvieron una alimentación basada en poca variedad de alimentos y comieron menos de lo que debían. También en 8 de cada 10, los adultos sintieron hambre pero no comieron; en 3 de cada 4, los adultos dejaron de desayunar, almorzar o cenar.  Y en 2 de cada 10, los adultos comieron solo una vez al día o dejaron de comer durante todo un día.

La situación alimentaria de los menores de edad también es muy preocupante: en 7 de cada 10 hogares, niños y adolescentes dejaron de tener una alimentación saludable. En 5 de cada 10, dejaron de desayunar, almorzar o cenar. En 6 de cada 10, sintieron hambre, pero no comieron. Y también encontramos hogares donde los niños y adolescentes comieron una sola vez al día o no comieron nada durante todo un día. El ingreso de las familias es insuficiente para comprar alimentos.

La mitad de hogares encuestados declaró ingresos de 200.000 bolívares (Bs) o menos (equivalentes a USD 13,03 para la fecha de la encuesta) y gastos para alimentarse entre 200.001 y 500.000 Bs (USD 13,03 a USD 32,56 en agosto de 2019). Esta incapacidad de las familias para valerse por sí mismas demuestra los problemas que experimenta la mayoría de hogares para acceder a alimentos, en particular, los proteicos como las carnes. El informe completo está al alcance de todos en nuestro portal: 

Violación sistemática de derechos humanos

¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21 para Venezuela?

Las últimas dos décadas han conllevado a mayor pobreza, y por tanto, a una violación sistemática de derechos humanos. Hemos observado cómo el desconocimiento de las libertades ha supuesto el quebrantamiento de las estructuras económicas y sociales, y por tanto, la precarización de las condiciones para un nivel de vida adecuado, mientras se han debilitado, y luego anulado, las instituciones que debían contener y sancionar los abusos en el ejercicio del poder político: tribunales, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo.

¿Cómo evalúa Codhez la actuación del TSJ, Ministerio Público y órganos del Poder Moral en Venezuela?

Se trata de instituciones que no han cumplido con su propósito constitucional: proteger y garantizar los derechos humanos, investigar las violaciones a éstos y sancionar a los responsables. La evidencia de que no han cumplido con ese propósito es la emergencia humanitaria compleja que padecemos.

Transición y democratización

Si llega a abrirse un proceso de transición y democratización en Venezuela, ¿cuáles serían las tres principales recomendaciones que daría a los líderes de ese proceso para garantizar el respeto de los derechos humanos en territorio nacional y corregir las fallas del sistema actual?

La primera, considerar la preeminencia de los derechos humanos como premisa fundamental e ineludible que debe orientar todas las decisiones que se tomen. Este es un valor previsto en la Constitución no por casualidad sino porque es el desiderátum de la sociedad venezolana: el respeto, la protección y la garantía de la dignidad humana deben preponderar. En consecuencia, deben atenderse con urgencia, desde ya incluso, las necesidades de la gente: desconocer los problemas sociales incentiva el desinterés general por la participación política.

Asimismo, la transición no debe ser entendida solo como un arreglo político-partidista o de élites. Reclama, para su legitimidad y viabilidad, ser entendida como un proceso que conlleve a la justicia, la recuperación de la confianza, la integración social y, por tanto, la restauración democrática, que no se logrará si no se reconoce la diversidad política, cultural y social propia de cualquier sociedad.

El desafío será apreciar la cuestión nacional de la transición no como una coyuntura, sino como una problemática estructural que exige conversaciones, difíciles pero necesarias, para revisar de forma consciente las causas de esta emergencia histórica. En estas conversaciones debe darse lugar a la participación de la sociedad civil.

¿Cómo describiría usted la situación de los derechos humanos de los zulianos actualmente? Tomando en cuenta los informes anuales que publica Codhez y que evalúan a profundidad temas tan sensibles como el de la situación del sector salud, la crisis eléctrica, el hambre, la desnutrición y la falta de servicios públicos tan básicos como el del suministro de agua potable, ¿cuáles serían los principales problemas que enfrenta el Zulia hoy y cómo podríamos empezar a solucionarlos?

Para solucionarlos es necesario que se reconozcan. Esto no ha ocurrido. Los zulianos sentimos que estos problemas son ignorados. Y de hecho, entendemos que es un sentimiento compartido por el resto del país. Priorizar, aunque es una tarea necesaria, es difícil en una circunstancia tan compleja. En todo caso, pudiéramos apuntar a un plan de recuperación económica como una fórmula necesaria para incentivar la mejora de las condiciones básicas de vida.

En el Zulia ha habido iniciativas recientes en este sentido en el ámbito académico. El restablecimiento de la prestación de los servicios de electricidad y agua potable con calidad para todos es, de seguro, una reivindicación que la mayoría de los zulianos identificaría como primordial. También, el de los servicios de salud y educación, que han sido muy afectados en los últimos años. La deficiencia en estos ámbitos está comprometiendo nuestro presente y futuro. En todo caso, esto debe ocurrir en un escenario que propicie seguridad, respeto, protección y garantía a las libertades, con instituciones de justicia y defensa de los derechos humanos que cumplan con su rol constitucional.

5 años y contando…

¿Cómo y cuándo nace esta organización?

Codhez fue fundada en junio de 2015 por iniciativa de cinco abogados que convergimos en la documentación y defensa de situaciones violatorias de derechos humanos durante las manifestaciones contra el gobierno nacional en 2014. En esa época se conformó una coalición de profesores y estudiantes de derecho de las universidades del Zulia y Rafael Urdaneta, el Colegio de Abogados del Estado Zulia, y abogados voluntarios, para registrar lo que estaba ocurriendo, y además, prestar asistencia legal gratuita a quienes fueran detenidos de forma arbitraria. El registro quedó asentado en un par de informes que dieron cuenta, con detalle, de lo que había ocurrido en el Zulia.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer la ONG y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?

En la época en que convenimos fundar Codhez, a mediados de 2015, el contexto era de persecución y violencia política, aunque ya eran evidentes los síntomas de lo que luego evolucionó a una emergencia humanitaria compleja. Desde entonces, la situación, en relación con el respeto, la garantía y la protección a los derechos humanos solo ha empeorado. No obstante, a pesar de las dificultades, diversas iniciativas sociales y comunitarias se han desarrollado, en procura de la reivindicación de los derechos de todos, propiciando el espacio cívico necesario para lograr la restauración del orden democrático en el país.

¿En qué áreas se desempeña la organización?
Nuestro propósito es observar la situación general de los derechos humanos en el Zulia, hemos atendido casos de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, también, hemos hecho seguimiento de la situación de inseguridad alimentaria a través de una encuesta basada en el cuestionario tipo de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (Elcsa), y del monitoreo quincenal de la oferta y el precio de los alimentos desde octubre de 2018 en el municipio Maracaibo.

En los últimos meses hemos proseguido nuestro estudio sobre inseguridad alimentaria mediante un sondeo aplicado mediante un formulario electrónico con el objetivo de conocer la situación en otros municipios del Zulia, indagando sobre el consumo diario y semanal de alimentos, así como las estrategias que afrontan los hogares para lograr alimentarse.

¿A qué se dedicaban los fundadores antes de crear esta Codhez?

Unos eran abogados litigantes, otros recién estaban comenzando sus carreras profesionales en el área del derecho, y en mi caso, aún me dedico a la docencia y la investigación jurídica en el área universitaria. En cierta forma ya estábamos involucrados, aunque desde nuestros espacios, en la promoción y defensa de los derechos.

¿Qué servicios ofrece?

Promovemos y defendemos derechos humanos a través de la documentación de situaciones violatorias, prestando asistencia legal y acompañamiento psicológico en caso de ser necesario. También, hemos realizado talleres de formación para activistas, abogados y periodistas, en tanto actores claves para la reivindicación de los derechos humanos.

¿Cuántas personas trabajan en la organización?

En este momento en Codhez hay 10 personas activas en nuestra organización en las áreas de documentación, empoderamiento (asistencia psicológica y trabajo comunitario), defensa (asistencia legal) y comunicaciones.

Alianzas estratégicas

¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

En 2017 tuvimos como iniciativa la conformación de la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (Redhez), que agrupa un conjunto de 15 organizaciones y activistas de derechos humanos en diversas áreas: derechos de las mujeres, ambientales, pueblos indígenas, salud sexual y reproductiva, salud mental, movilidad urbana, y anticorrupción, y que al día de hoy es una referencia de trabajo colectivo por los derechos humanos en la región zuliana y el país.

De hecho, desde 2018 organizamos un Encuentro por los Derechos Humanos, como estrategia para incentivar el espacio cívico en nuestra región, con el objetivo de reunir y propiciar alianzas entre diversidad de actores de la sociedad civil zuliana (activistas y organizaciones de derechos humanos, fundaciones, gremios, universidades).

También, hacemos parte de la red nacional de defensores de derechos humanos, y en concreto, hemos sido apoyados por Civilis, Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. En el ámbito internacional, hemos promovido actividades en conjunto con Asuntos del Sur, una organización argentina que promueve la innovación política.

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

El Zulia es una región muy empobrecida. La vulnerabilidad de las personas que hemos atendido viene dada por cuestiones estructurales, entre otras, situaciones de precariedad económica, abandono, violencia, inseguridad, amenazas y abusos de funcionarios civiles y militares, que empeoran por la falta de respuesta de las instituciones que tienen el mandato constitucional de resolver esas situaciones.

¿En qué zonas operan?

En la actualidad Codhez opera en Maracaibo, aunque hacemos un monitoreo sobre la situación general en toda la región: Guajira, Perijá, Sur del Lago y Costa Oriental del Lago.

¿Cuentan con voluntariado?

Sí, contamos con una red de voluntarios que nos apoyan, en particular, para nuestras tareas de documentación y promoción de nuestros eventos, sobre todo para el Encuentro por los Derechos Humanos y la Feria de Derechos Humanos.

¿Cómo pueden ayudar a esta organización las personas que estén interesadas en hacerlo?

En la documentación, reportando sus denuncias de situaciones violatorias a derechos humanos en toda la región a través de los canales que tenemos a disposición: nuestras redes sociales (@Codhez en Facebook, Instagram y Twitter), nuestra web o nuestra dirección de correo electrónico codhez@gmail.com. Asimismo, cada año Codhez convoca un encuentro para voluntarios, de modo que cualquier persona interesada puede asistir y manifestar su disposición a apoyarnos en cualquier otra área.

Retos y desafíos

¿Cuáles son los mayores retos de la organización? ¿Las mayores amenazas?

En este momento, el desafío de Codhez es mantener nuestros estándares de trabajo ante los riesgos de salud por la pandemia, y las dificultades asociadas a la emergencia humanitaria compleja, entre otras, la precarización de las condiciones de vida que solo se intensifican con el paso del tiempo.

Las amenazas vienen dadas por la hostilidad propia del contexto político. Nadie está exento de aquellos riesgos ni de estas amenazas. El compromiso por reivindicar un hogar mejor para todos los zulianos es nuestro sostén.

¿Podría detallarnos algunos casos emblemáticos o testimonios del trabajo realizado por Codhez de los que se sienta especialmente orgulloso?

En general, lograr la libertad de personas detenidas de forma arbitraria por razones políticas es uno de nuestros primeros méritos. En tiempos más recientes, sumar a la discusión pública la situación de inseguridad alimentaria en la región zuliana, es también una importante contribución de Codhez.

Quizás la Feria de Derechos Humanos como espacio de encuentro es nuestra contribución a la esperanza por una vida buena. Un espacio que, desde hace cuatro años, convoca a involucrarse en el activismo por la reivindicación de nuestros derechos, demostrando que en nuestra diversidad podemos reunirnos para conversar sobre lo humano.

En la Feria activistas y organizaciones de derechos humanos del Zulia, Venezuela y América, convergen para presentar su trabajo al público. Además de los ciclos de conferencia, en la agenda se incluyen obras de teatro, danza, música, exposiciones de arte, conciertos en vivo, entre otras expresiones culturales, para masificar la cultura en derechos humanos.

Los que no se rinden

Los que no se rinden | Transparencia Venezuela: Para vencer a la corrupción necesitamos transformar al sistema 

626 organizaciones se han sumado a la Coalición Anticorrupción y proponen 12 acciones para resolver este problema nacional

El control de cambios, el control de precios y el desmantelamiento del sistema de control, sanciones y justicia que nos llevó a la impunidad actual, son los principales incentivos de la corrupción en Venezuela

TI recomienda una serie de reformas legales claves para combatir efectivamente a la corrupción en el país : delación premiada, tipificación y sanción del nepotismo, extinción de dominio, Gobierno Abierto, acceso a la información y rendición de cuentas, entre otras  

@nelapalaciosr

Venezuela es el país más corrupto de América Latina, según el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional (TI). Y lleva ya varios años teniendo ese tristemente célebre rango en este ranking internacional. Pero esa realidad actual puede cambiar. Se trata de una tarea titánica, pero no de un imposible.

Una de las personas que está convencida de eso en este país y que trabaja desde hace décadas por la libertad, la democratización, la transparencia y por vencer a la gran corrupción y cleptocracia de Venezuela es Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de TI.

1. Usted estuvo recientemente en un evento sobre cómo minimizamos los riesgos de corrupción en el manejo de la ayuda humanitaria. Me parece estupendo iniciar este diálogo con esa misma pregunta.

Todos los panelistas coincidieron en el impacto tremendo de la corrupción en la ayuda humanitaria y en la necesidad de que se creen mecanismos para evitar malos manejos en el futuro. No es algo sencillo porque hasta ahora las agencias internacionales no lo tienen como prioridad y lo que nosotros proponemos es que desde el momento en que se empiece a hablar de un programa de ayuda humanitaria se tiene que incorporar una evaluación de riesgos de corrupción y, como consecuencia, un sistema que permita reducir o limitar esos riesgos. 

No se trata de paralizar la ayuda humanitaria, sino precisamente de hacerla más efectiva y garantizar que cada elemento que se reciba llegue a las personas que fueron definidas como beneficiarios finales o receptores. Con la necesidad de ayudar rápido, pues se pasa por los sistemas de control, registro y transparencia que se necesitan para evitar ese tipo de cosas, y por eso lo que proponemos es que se cree un registro que permita la trazabilidad, se coordine, se centralice el sistema, para evitar las pérdidas en el camino y desviaciones. Que se registre todo: las cantidades, los pasos, los procesos, los criterios, los responsables, los beneficiarios, los montos, los números de las empresas, los canales de distribución, las compras, los resultados de cada esfuerzo… (cuántos y quiénes fueron los vacunados, los desnutridos atendidos, los salvados, los sanados, etc.) Bueno, todos los elementos que conforman eso.  Además, esto no es caridad, esto es ayuda humanitaria, así que el sistema que respalde eso tiene que ser absolutamente técnico.  

Venezuela, el país más corrupto de Latinoamérica 

La corrupción es un problema global, pero en Venezuela se ha profundizado mucho con el debilitamiento de la institucionalidad democrática y muchos ciudadanos están desmoralizados, al ver tanto a líderes del gobierno como de la oposición cayendo en eso. ¿Cómo podemos salir de esto? ¿Qué podemos hacer para sacar a Venezuela de ese tristemente célebre puesto de “país más corrupto de Latinoamérica” que tiene en el ranking global de corrupción de TI?

Venezuela está en ese tristemente célebre peor puesto de casi todos los rankings que yo recuerde ahora. En el Índice de Percepción de Corrupción que TI saca desde 1995, Venezuela siempre tuvo una calificación por debajo de 3 sobre 10, y ese número terrible ha desmejorado mucho en las últimas décadas. Hoy tenemos 1,7 sobre 10, lo que es una vergüenza, pero lo peor es que en Latinoamérica se han hecho esfuerzos y muchos países han progresado. Nosotros no. Hasta el año 2004 había varios países de América Latina peor que nosotros en ese ranking, pero ahora todos los países de la región están mejor que nosotros en esto, incluso Haití. Nosotros estamos solos abajo.

El problema de la corrupción en Venezuela es de dimensiones gigantescas y no vemos a muchos actores políticos que tengan un discurso coherente y enfocado en esto. Pero sí hay mucha gente preocupada y activa trabajando por la construcción de los nuevos sistemas. Primero que todo tiene que trabajarse en sistemas que nos lleven a la transparencia, al acceso a la información y a la separación de poderes, check and balance y separación de funciones. Para el tema de la justicia, pensamos que es necesario un sistema heterodoxo de justicia e ir más allá, porque la realidad de la corrupción en nuestro país sobrepasa lo conocido. Eso significa que vamos a necesitar lo que ya se ha hecho en otros países y ya se ha redimensionado y redefinido también, que son Comisiones Internacionales de Justicia, para que cuando se inicie la transición podamos construir un sistema autónomo, independiente y con capacidad para judicializar esta inmensa corrupción que es más poderosa que países completos. Para eso necesitamos ayuda internacional, porque a pesar de que tenemos talento humano y venezolanos muy capaces en todas las áreas y bien formados para desarrollar proyectos, los sistemas que podrían implementarse acá no se han desarrollado antes en el país. Eso es lo más recomendable para garantizar la confianza, la autonomía, el equilibrio y la seguridad de los equipos que se van a encargar de investigar esta gran corrupción, de señalar, procesar y sancionar a sus responsables, y después de recuperar esos bienes de la Patria.

Hablemos de lo sucedido en Cúcuta. ¿Esa ayuda humanitaria que debió entrar en 2019 y no entró -a pesar del “Sí o Sí” anunciado por Guaido y debido a que el gobierno madurista bloqueó su acceso- a cuánto equivalía en términos de millones de dólares? ¿Tienen idea de cuánto de eso finalmente logró entrar al país después y administrarse bien y cuánto de eso se perdió por corrupción o por el bloqueo del chavismo-madurismo?

Lamentablemente, no. No tenemos idea. No tenemos números. Nosotros investigamos y no está claro nada. Lo que supimos es que la ayuda en especies la manejó el gobierno de Colombia y la ayuda en USA no se entregó a los venezolanos. Te voy a enviar el informe que preparamos sobre las acusaciones.

¿Cómo y cuándo nace Transparencia Venezuela?

Nace en 2003, pero se formaliza en el registro en abril de 2004, y surge a partir de una organización que se llamaba Mirador Democrático, que para entonces ya era el contacto nacional de Transparencia Internacional en Venezuela. A partir del 2002, ya yo venía trabajando temas anti-corrupción y también había trabajado temas electorales en organizaciones como Queremos Elegir y temas municipales. Allí se unieron esos intereses y en 2003 convoqué a una larga lista de personas e instituciones que habían mostrado interés en el tema anticorrupción e invité a Venezuela a gente de Transparencia Internacional a que vinieran al país a contar la forma en que se estaban organizando y trabajaban y a partir de allí fue que transformamos Mirador Democrático en Transparencia Venezuela.

Cleptocracia 

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer la ONG y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?

Cuando nace Transparencia Venezuela ya nosotros teníamos una preocupación de décadas por el tema de la corrupción y por lo lejana que se veía la implementación de la reforma del Estado que ya la COPRE había estado impulsando desde hacía mucho tiempo. Se habían logrado algunas cosas puntuales para entonces, como la elección directa de alcaldes y gobernadores, pero el resto de las reformas importantes no se habían logrado. Y en el 92 o 93, ya nosotros organizamos una caravana contra la “Corruptocracia” a nivel nacional. Así que ya allí se hablaba del tema de la corrupción, aunque –claro- los niveles de corrupción de aquel momento no tienen nada que ver con la gran corrupción que se ha instalado con todos sus patrones y en forma sistemática y generalizada a pesar del daño que ha producido, particularmente a partir del año 2003, con la creación del control de cambio, que es uno de los grandes incentivos de la corrupción en Venezuela.

¿Qué otros grandes incentivos para la corrupción hay en este país?

 El control de precios es otro y la destrucción del sistema de “check and balance”. Al destruir ese sistema de control y sanción, se eliminó la posibilidad de que hubiera responsabilidad y sanción a los casos de gran corrupción. Se unieron entonces una debilidad institucional en aumento con unos gigantescos recursos y con una promesa de cambio hacia un mundo mejor que realmente se transformó en una cleptocracia en Venezuela 

12 acciones para vencer a los corruptos 

Una cleptocracia en Venezuela y el desmontaje del proceso de descentralización del Estado, son retrocesos enormes respecto a lo que teníamos hace 20 años, a pesar de todo el esfuerzo que TI hizo por ambos casos desde sus orígenes…

TI comenzó trabajando en temas municipales y en la defensa de la estructura local desde la cual se pueda crear ciudadanía, defensa de las estructuras democráticas, desarrollo institucional y mejor calidad de vida para la gente con el control de la corrupción y con el desarrollo de la transparencia. En esa primera etapa trabajamos con banderas importantes, como el Índice de Transparencia Municipal, con algunas alcaldías, que se hizo unas 8 veces a lo largo de muchos años y que sirvió para movilizar y formar a mucha gente, no solo a los alcaldes y concejales sino también a funcionarios en estos temas. 

A partir de 2009, el municipio entró en una etapa de decadencia, no solo porque tiene menos recursos, menos voz y menos posibilidades de ser el gestor de los intereses de los municipios frente a la Nación. Eso ha desaparecido. El alcalde hoy no tiene recursos ni para sostener a su equipo, la mayoría de las alcaldías no tienen nada para poder brindar apoyo a sus comunidades y en algunas alcaldías han tenido resultados exitosos porque se han convertido en facilitadores de procesos de apoyo a la comunidad y ha sido la propia comunidad la que se ha involucrado. También hemos avanzado en otros temas, como el de protección de denunciantes, con la creación de la oficina de Asistencia Legal Anticorrupción hace 9 años, y con el equipo de Investigación de Corrupción hemos documentado y procesado la larga lista de casos de corrupción en Venezuela. Hemos creado una plataforma de capacitación y learning que se llama Campus Transparencia. Desarrollamos un sistema de seguimiento al dinero público, empezando por el presupuesto nacional, cosa que es cada vez más difícil porque en Venezuela ni se publica la Ley de Presupuesto. También levantamos la bandera de la legislación de transparencia y acceso a la información y hemos logrado más de 20 municipios con la ordenanza y unas cinco gobernaciones con la ley a nivel nacional. Eso fue aprobado por la Asamblea Nacional en 2016. Tenemos una larga lista de propuestas en marco legal que hacen falta en la lucha contra la corrupción, como la delación premiada, como la reforma de la ley de contrataciones públicas y la ley de corrupción, y la reforma al Código Penal para incluir y tipificar delitos tan importantes como el nepotismo o extorsión sexual, por ejemplo, e imponer sanciones por esos delitos. La Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Acceso a la Información y otra serie de leyes que hay que reformar para borrar la opacidad que se ha legalizado en estos años. Y los dos últimos programas que creamos y se están desarrollando muy bien son el de Desinformación, el programa sobre el impacto de la desinformación y el combate a las noticias falsas, que incluye el portal EsPaja.com y una serie de estudios con organizaciones internacionales; y con los equipos de Gobierno Abierto y el de Crimen Organizado, que es una de las áreas nuevas de trabajo, hemos avanzado con la creación de la Coalición Anticorrupción y ya tenemos a 626 organizaciones sumadas y trabajando y alineando sus objetivos con las 12 acciones que hacen falta implementar en Venezuela para protegernos de ese problema y que nosotros llamamos el “Mandato anticorrupción”: 

Para transformar el Estado no basta cambiar a las personas, hace falta cambiar el sistema porque con el mismo sistema, cualquier persona, por muy ángel que venga, se comportaría igual.

Nuestra organización tiene más de 15 años y una red nacional e internacional muy fuerte y comprometida con la lucha anticorrupción, pero la verdad es que éxito en el logro de nuestra misión, que es una Venezuela libre de corrupción, no podemos decir que hemos tenido. Por el contrario, la corrupción se ha redimensionado a un nivel no conocido anteriormente en América Latina ni en el mundo. Realmente nosotros lo podemos comparar con el resto del mundo cuando trabajamos con los 110 capítulos que tenemos en Transparencia Internacional a nivel global, y lo que está pasando aquí actualmente no se parece a nada.

Red nacional

Tomando en cuenta eso que me dice respecto al sistema contralor y de sanción del Estado venezolano, eso de que ya no está sancionando efectivamente a los corruptos, le pregunto: si algún venezolano quiere denunciar un caso de corrupción a TI, ¿cómo puede contactarlos?, ¿en qué zonas del país operan?, ¿cuentan ustedes con voluntariado? Y  las personas que estén interesadas en ayudar a esta organización, ¿cómo pueden hacerlo?

Tenemos coordinaciones regionales en 8 regiones, que no solamente replican lo que hace Transparencia en Caracas sino que ellos mismos proponen proyectos y desarrollan actividades que tengan que ver con los intereses y la realidad de las prácticas corruptas en sus propias regiones. Además tenemos 14 promotores. La Coalición Anticorrupción cuenta con 14 promotores. Y tenemos una lista de voluntarios que han estado apoyándonos en diversas áreas. En nuestro portal web pueden conseguir mayores detalles de todos estos temas que me plantea. 

¿Cuál es el mayor desafío y la mayor amenaza que enfrenta una organización como TI en la Venezuela actual? 

Nuestro mayor desafío sigue siendo lograr una Venezuela libre de corrupción, porque requiere la transformación del Estado y eso implica no solo cambiar leyes y cambiar instituciones y procesos, sino también que eso vaya acompañado de una transformación de la gente.

Para eso necesitamos que los líderes del país y la sociedad entera se alineen para ser garantes, para vigilar, para exigir, para no permitir abusos, para no exigir prebendas, para no traficar influencias, para no querer privilegios sino conectarnos con el bien común. Y la principal amenaza es que nosotros no estamos jugando barajitas y que las redes de la gran corrupción en el mundo entero son muy poderosas, integradas por gente muy poderosa a la que no le gusta que sean reveladas las informaciones que los involucran o se les pida cuentas. Esa es una amenaza permanente aquí. Y la otra gran amenaza es no poder avanzar en las cosas que hacemos, pero afortunadamente esos riesgos no han desactivado a la sociedad civil. Hay mucha gente trabajando día a día y sin pausa por esto, que no se rinde, que no se deja vencer, y gracias a ellos tenemos todavía un gran espacio para trabajar.

Casos emblemáticos

¿Podría hablarme de casos emblemáticos o darme algún testimonio por el que se sienta especialmente orgullosa de ser parte de TI?

Tenemos muchos casos, me cuesta escoger uno. Pequeños y grandes. Por ejemplo, el trabajo que hicimos con el Observatorio Venezolano de Prisiones y una organización maravillosa de derechos humanos del Zulia, Codhez, que fue levantar toda la información con los expedientes, los videos… de lo que fue el fraude de la construcción de un centro penitenciario zuliano. Se documentó todo con evidencias de pagos, evidencias de propaganda de que se iba a inaugurar y resulta de que cuando llegó el día de la inauguración fuimos y no había nada, era literalmente un peladero de chivos. Tenemos los videos. Se llevó el caso a la Fiscalía, con todos los respaldos, y no procedió. Lo dejaron engavetado. También tenemos cantidad de casos más pequeños, como los del Saime, y en muchos de esos casos se ha llegado a detener a las personas que vendían la cita o conseguían el pasaporte, pero por supuesto siempre han sido casos menores, porque la red de corrupción interna del Saime seguía intacta. Nuestro gran éxito es poder visibilizar lo que ocurre, que no quede en el olvido, que no quede impune y que la gente lo conozca.  

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Los responsables del Caracazo siguen impunes, tras 31 años de los hechos y 18 años del fallo de la CIDH que ordenó al Estado venezolano reparar esa violación de derechos humanos y sancionar a sus ejecutores

De Plan Ávila pasamos a Plan Zamora. De las fosas comunes de La Peste pasamos a las torturas de los esbirros del siglo 21 y más de 400 presos políticos. Y de las ejecuciones extrajudiciales de 1989 pasamos a las del Sebin y las FAES en 2014, 2017, 2019 y contando… 

“El incremento de la violencia está directamente asociado al déficit de institucionalidad democrática y a la impunidad”, resalta Liliana Ortega

11.328 casos de ejecuciones extrajudiciales ha registrado Cofavic entre 2012 y 2020

@nelapalaciosr

El pasado 27 de febrero de 2020 se cumplieron 31 años de los sucesos ocurridos en Caracas que pasaron a la historia como “el día que bajaron los cerros” y que desencadenaron una ola de saqueos que fueron reprimidos con la fuerza militar venezolana tras la activación del Plan Ávila. 

Y hace 18 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un fallo histórico, sentenció al Estado venezolano por lo ocurrido y exigió la indemnización de las víctimas, la justicia efectiva para cada uno de los casos y la sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos (DDHH) documentadas en ese proceso.

El Estado venezolano indemnizó a las víctimas, pero sigue en mora con la justicia: los responsables de los hechos se mantienen impunes y ni siquiera la normativa de orden público se adecuó a lo exigido por la CIDH. 

De hecho, el Plan Ávila se volvió a aplicar en 2002 y en los últimos años la élite gobernante puso en marcha el Plan Zamora, que ha llegado a criminalizar la protesta hasta con juicios militares aplicados a civiles para controlar los estallidos sociales ocurridos en 2014, 2017 y 2019, que sumaron centenas de muertos más a los registros históricos. 

Las  torturas y ejecuciones extrajudiciales por cuerpos de seguridad del Estado se han multiplicado en forma preocupante y han sido denunciadas ya incluso en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En materia de derechos humanos, el retroceso de Venezuela en los últimos años ha sido sustancial y la impunidad dominante y la politización de la justicia han sido dos factores claves en esto. 

La fundadora y directora del Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo (Cofavic), Liliana Ortega, al igual que otros líderes de organizaciones de derechos humanos que siguen trabajando en el país pese al riesgo y las amenazas que enfrentan (121 ataques al menos), está convencida de que no podremos alcanzar la justicia en Venezuela si no se da antes un proceso de democratización.

“El Estado venezolano solo ha cumplido algunos puntos de la sentencia del Caracazo: las indemnizaciones y la publicación de la sentencia del tribunal interamericano. Quedan pendientes la investigación y sanción a los responsables y la identificación y entrega a los familiares de las víctimas de los restos inhumados en las fosas clandestinas de la Peste y la adecuación de los planes de control de orden público al Derecho Internacional. Pero los hechos del Caracazo fueron un punto de inflexión para la historia política y social del país y algo positivo que se logró a partir de eso fue el crecimiento del movimiento de derechos humanos en Venezuela”, destaca Ortega.

En efecto, cuando Cofavic nació las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se dedicaban a la defensa de los DDHH en Venezuela eran muy pocas (4 para ser exactos), pero en la actualidad son medio centenar con equipos bien estructurados que actúan a lo largo y ancho del país y que han logrado consolidar un movimiento emergente, con recursos y capaz de mantener la problemática de los derechos humanos en la agenda pública en forma permanente.

“Ahora la gente logra distinguir entre quienes hacen política partidista con el tema y el trabajo genuino de las ONG. Los derechos humanos son un tema que no es ajeno, como lo era en el 89, y esto obviamente también se debe a la gravedad de la crisis en este ámbito que tiene Venezuela, pero la contribución decidida y sistemática de las ONG ha sido un punto fundamental para lograr los niveles de incidencia que hoy existen. Cofavic es una muestra muy importante de que la lucha perseverante de las víctimas y el trascender del dolor individual puede contribuir a resultados positivos para contrarrestar la violencia y la impunidad”, acotó la abogada. 

La mayoría de las mujeres cofundadoras de Cofavic tienen un origen muy humilde, cuidaban a sus familias y eran costureras, cocineras, empleadas públicas, vendedoras informales y estudiantes.

En su momento, el Padre Trigo s.j. dijo a esas mujeres que ellas habían dado un aporte muy importante al país porque todos los días contribuían con su lucha a que las balas y la violencia no tuvieran la última palabra en Venezuela. 

Ortega comparte esa convicción. “En estos últimos 20 años hubo grandes retrocesos en derechos humanos, una crisis y un cierre del espacio cívico democrático sin precedente, pero hay que celebrar que esta situación se ha podido enfrentar con un movimiento de derechos humanos más fuerte, diversificado en sus temas y diseminado en buena parte del territorio nacional. Eso no existía en 1989 y creo que Cofavic contribuyó a lograr ese objetivo”, acotó.

Cuando el sistema internacional de defensa de derechos humanos se activó en el siglo 20, muchos confiaron en que vendrían mejores tiempos para la justicia en el planeta. Hoy parece estar ocurriendo algo en sentido contrario y muchos compatriotas, por ejemplo, se sienten decepcionados por la “efectividad” de la diplomacia multilateral a la hora de resolver crisis como la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela o la lentitud de las investigaciones por delitos de lesa humanidad en cortes internacionales como la de La Haya. ¿Por qué llegamos a esto? 

Es cierto que los resultados cuantitativos obtenidos en materia de casos y amparo de víctimas han desestimulado a quienes tenían expectativas masivas en el ámbito internacional. Los sistemas internacionales son subsidiarios y atienden casos emblemáticos, por ello sus resultados no pueden satisfacer a la mayoría si el balance se hace en números. Luego de 30 años, el mundo democrático pasó de la protección de los derechos humanos basados en meros testimonios a un andamiaje internacional muy riguroso y de precedentes que hacen casi imposible que quienes cometen graves crímenes puedan escaparse del escrutinio y de la justicia internacional. Lo que causa frustración en la gente es que se sobreestimen las expectativas. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos no resuelven una crisis determinada, son parte esencial de la solución, pero no la única. En este ámbito es que en muchos casos no hay respuestas realmente rápidas. Sin embargo, el monitoreo y el seguimiento de los organismos internacionales es permanente e insoslayable y en general ha dado resultados. Quienes cometen graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad saben que su geografía se acorta cada día mientras estos delitos permanezcan en impunidad y se continúen agravando. La universalidad de los derechos humanos ha sido un paso muy importante que no admite retrocesos y que es una espada de Damocles permanente para los criminales. La jurisdicción universal es quizás el mejor alcance que ha tenido la globalización en el mundo. El movimiento de Derechos Humanos de Venezuela requiere, desde mi perspectiva, afianzar las buenas prácticas de litigio y documentación de casos con estándares internacionales. La fase de la mera denuncia pública ya no es suficiente por el alto nivel de rigor de los procedimientos internacionales. Muchos casos muy importantes pueden ser desestimados si no están bien fundamentados bajo estándares internacionales. 

Sí. Y respecto a eso de que “la justicia tarda, pero llega”, podríamos acotar que hace poco un tribunal de La Haya elevó de 40 años a cadena perpetua la condena que se impuso al serbiobosnio Radovan Karadzic en 2008 por genocidio, debido a la masacre que hubo en Srebrenica en 1995. Pero volvamos a Venezuela: ¿Cómo evalúa la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ministerio Público (MP) y Defensoría del Pueblo (DP)? 

En Venezuela, el incremento de la violencia está directamente asociado al déficit de institucionalidad democrática y a la impunidad, como un eje transversal. A pesar de la opacidad de las cifras oficiales, las existentes son suficientemente explicativas de lo anterior. Siguiendo los pocos datos oficiales que se conocen, en el 99% de los casos de violaciones de derechos humanos no se llega a fase de juicio. La provisionalidad de jueces y fiscales lesiona severamente la autonomía y esto resulta inadmisible luego de tantos años de haberse iniciado una reestructuración del Poder Judicial y de los otros organismos que componen el Poder Moral. La existencia de presos políticos y la verificación por parte de la ONU de la aplicación de mecanismos sistemáticos de tortura que no son investigados ni sancionados debidamente,  son señales inequívocas de que la administración de justicia no está cumpliendo sus cometidos. 

Y los abusos que se están cometiendo ahora durante la pandemia Covid19 son otro ejemplo de eso, el Estado de Alarma no es excusa para violar derechos humanos. 

Foro Penal habla ya de más de 400 presos políticos y aunque la Alta Comisionada de Derechos Humanos de ONU, Michelle Bachelet pidió expresamente su liberación, así como la desactivación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Bolivariana, por los casos de ejecuciones extrajudiciales ya documentados, el gobierno hizo caso omiso. En las últimas décadas, Venezuela involucionó mucho en materia de derechos humanos. ¿Cómo revertimos eso? 

La crisis de derechos humanos que atraviesa el país tiene razones estructurales y coyunturales que se han ido desarrollando y profundizando. Una razón transversal es la falta de independencia y correcta estructuración del Poder Judicial y de instancias con importantes competencias en materia de protección y promoción de los derechos humanos, tal y como el MP y la DP. El uso de la justicia como una herramienta de venganza política, la persecución y la discriminación destruyen el tejido social y crean una situación generalizada de desamparo y miedo que va permeando poco a poco a la sociedad. 

Si en Venezuela se logra abrir paso a un proceso de transición y democratización próximamente, ¿qué recomendaciones daría usted a los líderes de esa transición para garantizar los derechos humanos de nuestros ciudadanos? 

Creo que es determinante promover, garantizar y hacer efectiva la instalación de una sede país de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Las experiencias comparadas indican que Naciones Unidas es quien tiene las mejores y mayores capacidades para el desarrollo de procesos de reestructuraciones de la justicia y promover y dotar de capacidades democráticas a organismos de seguridad del Estado, sistemas penitenciarios y a todas las instancias con competencias concretas en derechos humanos. Hay un cúmulo de recomendaciones de organismos de la ONU, de la Oficina de la Alta Comisionada, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que configuran la hoja de ruta esencial para abordar la crisis de derechos humanos en Venezuela. No hay mucho que inventar en esta materia. Cofavic elaboró una agenda contra la impunidad que contiene un número importante de recomendaciones en este ámbito . Lamentablemente este valioso material no ha logrado la atención de los actores políticos. 

¿Qué cifras manejan ustedes actualmente sobre ejecuciones extraoficiales en Venezuela?

Debido a la gran opacidad que existe en las cifras oficiales, Cofavic ha realizado un monitoreo independiente a escala nacional. Hemos registrado hasta ahora un total de 11.328 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2020. Las cifras demuestran que sistemáticamente las víctimas son hombres (98% de los casos) y en su mayoría jóvenes menores de 25 años (75%). Además, el 66% de las ejecuciones extrajudiciales suceden durante el desarrollo de procedimientos especiales de seguridad ciudadana que implican despliegues de fuerzas militares y policiales y en algunos casos participación de grupos armados civiles que actúan con la aquiescencia del Estado.

¿Qué servicios ofrece Cofavic hoy en día? 

Actualmente, ante las restricciones derivadas del Decreto de Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19, tenemos restricciones horarias en nuestra sede, pero dada la contingencia hemos abierto estos servicios. Nuestra Línea de Atención Integral Telefónica está disponible de lunes a jueves desde las 9 am hasta las 4 pm. Y se ofrece Atención Psicológica (0424 2708638 y 0412 9602207) y Atención Jurídica (0424 1947373). En lo concerniente a nuestro acompañamiento jurídico, recibimos consultas en casos relativos a nuestra Misión: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, debido proceso, ejecuciones extrajudiciales e integridad personal. Las consultas pueden efectuarse vía llamada, mediante mensajes de texto o también vía WhatsApp en el horario señalado. De igual modo, nuestros equipos Psicosocial y Jurídico están preparados para atender inquietudes por correo electrónico, para lo cual se encuentran activas las direcciones: apoyopsicosocial.cofavic@gmail.com y juridicacofavic@gmail.com comunicacionescofavic@gmail.com 

¿Cuántas personas trabajan en la organización? 

Actualmente trabajan 22 personas. COFAVIC posee un equipo interdisciplinario conformado por psicólogas, periodistas, abogados, trabajadoras sociales, geográfo y administradores. 

¿Con quién tienen alianzas estratégicas? 

Cofavic forma parte de la plataforma mundial Red SOS Tortura, la mayor coalición internacional que agrupa a más de 300 ONG, dirigida por la Organización Mundial contra la Tortura de Suiza. Somos miembros fundadores de la Coalición de ONG de América Latina y del Caribe en el sistema interamericano y de la Red venezolana Foro Por la Vida.

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden? 

Más del 90% de las personas beneficiarias del proyecto presentan indicadores de pobreza. Necesidades que en el presente contexto de cumplimiento de medidas de prevención ante el Covid-19, se han profundizado. Los grupos familiares se ubican en los estratos D y E, asociados a pobreza estructural, con dificultades para cubrir gastos de manutención, así como la satisfacción de necesidades básicas de subsistencia. De los casos actuales, el 92,3% de nuestras personas beneficiarias residen en barrios de zonas urbanas. El 44,4% se encuentran entre 51-60 años. El 76% de las personas que acuden a Cofavic a denunciar sus casos son mujeres y el 68% de quienes participan en nuestras actividades formativas de derechos humanos son mujeres. El 66.6% de las personas que atendemos residen en Caracas y el Estado Miranda. El 69.23% son mujeres jefas de hogar. El 76.92% de las víctimas de casos de violaciones de los derechos humanos que atendemos han dejado hijos menores de edad (50% entre 6 y 10 años de edad). Más del 90% solo perciben el salario mínimo y en ellas el 84.61% no poseen un empleo fijo. El 66.6 % tienen una sola ingesta diaria alimenticia. El 61.53% son población con riesgo habitacional. 

¿En qué zonas operan? 

Cofavic ha documentado casos y realizado actividades de capacitación en más del 50% de los estados del país (15 estados) aunque no posee oficinas regionales, su método de trabajo basado en la articulación y fortalecimiento de organizaciones locales o regionales, le ha permitido acompañar a cientos de familias, sobrevivientes y víctimas. 

¿Cuentan con voluntariado? 

Sí, para actividades particulares de difusión, acompañamiento y capacitación. 

¿Cómo pueden ayudar a Cofavic las personas que estén interesadas en hacerlo? 

Pueden comunicarse a cofavic@cofavic.org 

¿Cuáles son los mayores retos de la organización y las mayores amenazas? 

Cofavic ha podido desarrollar su misión en los escenarios más adversos para la sociedad civil en Venezuela, en sus inicios 1989, conjuntamente con ONG incipientes, durante el proceso constituyente, hasta en el actual contexto nacional, marcada por una profunda crispación política. Un reto general en estas circunstancias es mantener nuestra esencia, no partidizarnos y saber distinguir el rol que nos toca. Para Cofavic ese rol es siempre al lado de las víctimas. En el Informe conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), COFAVIC, Centro para los Defensores y la Justicia y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, titulado Enemigos internos: la defensa de los derechos humanos bajo ataque, se reseña que en el primer trimestre de 2020 se registraron 33 casos o situaciones que comprendieron 51 ataques o incidentes de seguridad que atentan contra al trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. De estos hechos 21 fueron actos de estigmatización, 15 hechos de intimidación y hostigamiento, 7 ataques digitales. En cuanto a los responsables de los ataques, el Estado aparece como el perpetrador de la mayor parte de los ataques. Si bien las cifras reales superarán con creces este número, esta sistematización de ataques da cuenta de varios de los patrones de represión que se utilizan contra quienes defienden derechos humanos en el país.

7 casos emblemáticos

Cofavic reúne la más amplia experiencia de litigio de casos venezolanos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y otros organismos de protección internacional. 

Cofavic no solo litigó el Caso Caracazo Vs. Venezuela sino que ha litigado varios casos emblemáticos: 

Caso Víctor Aranguren y otros Vs. Venezuela (Masacre en un internado judicial Retén de Catia, 1992)

Familia Barrios y otros Vs. Venezuela 

Néstor Uzcátegui y otros Vs. Venezuela

López Soto y otros Vs. Venezuela (violencia de género) 

 Caso Blanco Romero y otros Vs Venezuela (Desapariciones Forzadas durante los deslaves en el estado VargasVenezuela 1999)

Y actualmente litiga el caso Jimmy Guerrero y Ramón Molina Vs. Venezuela ante la Corte. 

Cofavic mantiene interlocución permanente con el sistema de las Naciones Unidas, así con diferentes plataformas regionales de organizaciones de derechos humanos. 

En materia de litigio internacional, se ha logrado jurisprudencia progresiva, emblemática y específica del Sistema Interamericano en temas como: Ejecuciones Extrajudiciales, Cárceles, Violencia de Género, Masacres/Uso desproporcionado de la fuerza pública, Desapariciones Forzadas, Regulación de Estados de Excepción, Defensores de Derechos Humanos y Debida Diligencia 

Cofavic coloca en el centro de su misión a las víctimas, que han sido históricamente su razón de existencia. Sólo desde el coraje, la perseverancia y la decisión de ellas de cruzar y solventar los diversos mecanismos de impunidad que lamentablemente persisten es que será posible que Venezuela pueda reescribir su historia con la verdad de los hechos y la justicia, para que sean éstas las que tengan la última palabra y nunca más la violencia»

“En lo personal, acompañar durante 31 años a las víctimas del Caracazo en su lucha contra la impunidad ha sido el mayor honor que he podido tener en la vida y la razón por la cual me he mantenido trabajando como defensora de derechos humanos», concluye Ortega.

Las cofundadoras de Cofavic, todas mujeres venezolanas ejemplares, honestas y de principios firmes, han sabido resguardar su legado en estos tiempos tan convulsionados, manteniendo su independencia y compartiendo generosamente su trabajo y sus espacios para el beneficio de otros casos y no solo los de sus propios hijos. Es decir, como bien dice la canción, son mujeres «puro corazón, fuego y espuela». Es un gran honor para nosotros compartir hoy de nuevo su historia.  

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