Los responsables del Caracazo siguen impunes, tras 31 años de los hechos y 18 años del fallo de la CIDH que ordenó al Estado venezolano reparar esa violación de derechos humanos y sancionar a sus ejecutores
De Plan Ávila pasamos a Plan Zamora. De las fosas comunes de La Peste pasamos a las torturas de los esbirros del siglo 21 y más de 400 presos políticos. Y de las ejecuciones extrajudiciales de 1989 pasamos a las del Sebin y las FAES en 2014, 2017, 2019 y contando…
“El incremento de la violencia está directamente asociado al déficit de institucionalidad democrática y a la impunidad”, resalta Liliana Ortega
11.328 casos de ejecuciones extrajudiciales ha registrado Cofavic entre 2012 y 2020
@nelapalaciosr
El pasado 27 de febrero de 2020 se cumplieron 31 años de los sucesos ocurridos en Caracas que pasaron a la historia como “el día que bajaron los cerros” y que desencadenaron una ola de saqueos que fueron reprimidos con la fuerza militar venezolana tras la activación del Plan Ávila.
Y hace 18 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un fallo histórico, sentenció al Estado venezolano por lo ocurrido y exigió la indemnización de las víctimas, la justicia efectiva para cada uno de los casos y la sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos (DDHH) documentadas en ese proceso.
El Estado venezolano indemnizó a las víctimas, pero sigue en mora con la justicia: los responsables de los hechos se mantienen impunes y ni siquiera la normativa de orden público se adecuó a lo exigido por la CIDH.
De hecho, el Plan Ávila se volvió a aplicar en 2002 y en los últimos años la élite gobernante puso en marcha el Plan Zamora, que ha llegado a criminalizar la protesta hasta con juicios militares aplicados a civiles para controlar los estallidos sociales ocurridos en 2014, 2017 y 2019, que sumaron centenas de muertos más a los registros históricos.
Las torturas y ejecuciones extrajudiciales por cuerpos de seguridad del Estado se han multiplicado en forma preocupante y han sido denunciadas ya incluso en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En materia de derechos humanos, el retroceso de Venezuela en los últimos años ha sido sustancial y la impunidad dominante y la politización de la justicia han sido dos factores claves en esto.
La fundadora y directora del Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo (Cofavic), Liliana Ortega, al igual que otros líderes de organizaciones de derechos humanos que siguen trabajando en el país pese al riesgo y las amenazas que enfrentan (121 ataques al menos), está convencida de que no podremos alcanzar la justicia en Venezuela si no se da antes un proceso de democratización.
“El Estado venezolano solo ha cumplido algunos puntos de la sentencia del Caracazo: las indemnizaciones y la publicación de la sentencia del tribunal interamericano. Quedan pendientes la investigación y sanción a los responsables y la identificación y entrega a los familiares de las víctimas de los restos inhumados en las fosas clandestinas de la Peste y la adecuación de los planes de control de orden público al Derecho Internacional. Pero los hechos del Caracazo fueron un punto de inflexión para la historia política y social del país y algo positivo que se logró a partir de eso fue el crecimiento del movimiento de derechos humanos en Venezuela”, destaca Ortega.
En efecto, cuando Cofavic nació las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se dedicaban a la defensa de los DDHH en Venezuela eran muy pocas (4 para ser exactos), pero en la actualidad son medio centenar con equipos bien estructurados que actúan a lo largo y ancho del país y que han logrado consolidar un movimiento emergente, con recursos y capaz de mantener la problemática de los derechos humanos en la agenda pública en forma permanente.
“Ahora la gente logra distinguir entre quienes hacen política partidista con el tema y el trabajo genuino de las ONG. Los derechos humanos son un tema que no es ajeno, como lo era en el 89, y esto obviamente también se debe a la gravedad de la crisis en este ámbito que tiene Venezuela, pero la contribución decidida y sistemática de las ONG ha sido un punto fundamental para lograr los niveles de incidencia que hoy existen. Cofavic es una muestra muy importante de que la lucha perseverante de las víctimas y el trascender del dolor individual puede contribuir a resultados positivos para contrarrestar la violencia y la impunidad”, acotó la abogada.
La mayoría de las mujeres cofundadoras de Cofavic tienen un origen muy humilde, cuidaban a sus familias y eran costureras, cocineras, empleadas públicas, vendedoras informales y estudiantes.
En su momento, el Padre Trigo s.j. dijo a esas mujeres que ellas habían dado un aporte muy importante al país porque todos los días contribuían con su lucha a que las balas y la violencia no tuvieran la última palabra en Venezuela.
Ortega comparte esa convicción. “En estos últimos 20 años hubo grandes retrocesos en derechos humanos, una crisis y un cierre del espacio cívico democrático sin precedente, pero hay que celebrar que esta situación se ha podido enfrentar con un movimiento de derechos humanos más fuerte, diversificado en sus temas y diseminado en buena parte del territorio nacional. Eso no existía en 1989 y creo que Cofavic contribuyó a lograr ese objetivo”, acotó.
Cuando el sistema internacional de defensa de derechos humanos se activó en el siglo 20, muchos confiaron en que vendrían mejores tiempos para la justicia en el planeta. Hoy parece estar ocurriendo algo en sentido contrario y muchos compatriotas, por ejemplo, se sienten decepcionados por la “efectividad” de la diplomacia multilateral a la hora de resolver crisis como la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela o la lentitud de las investigaciones por delitos de lesa humanidad en cortes internacionales como la de La Haya. ¿Por qué llegamos a esto?
Es cierto que los resultados cuantitativos obtenidos en materia de casos y amparo de víctimas han desestimulado a quienes tenían expectativas masivas en el ámbito internacional. Los sistemas internacionales son subsidiarios y atienden casos emblemáticos, por ello sus resultados no pueden satisfacer a la mayoría si el balance se hace en números. Luego de 30 años, el mundo democrático pasó de la protección de los derechos humanos basados en meros testimonios a un andamiaje internacional muy riguroso y de precedentes que hacen casi imposible que quienes cometen graves crímenes puedan escaparse del escrutinio y de la justicia internacional. Lo que causa frustración en la gente es que se sobreestimen las expectativas. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos no resuelven una crisis determinada, son parte esencial de la solución, pero no la única. En este ámbito es que en muchos casos no hay respuestas realmente rápidas. Sin embargo, el monitoreo y el seguimiento de los organismos internacionales es permanente e insoslayable y en general ha dado resultados. Quienes cometen graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad saben que su geografía se acorta cada día mientras estos delitos permanezcan en impunidad y se continúen agravando. La universalidad de los derechos humanos ha sido un paso muy importante que no admite retrocesos y que es una espada de Damocles permanente para los criminales. La jurisdicción universal es quizás el mejor alcance que ha tenido la globalización en el mundo. El movimiento de Derechos Humanos de Venezuela requiere, desde mi perspectiva, afianzar las buenas prácticas de litigio y documentación de casos con estándares internacionales. La fase de la mera denuncia pública ya no es suficiente por el alto nivel de rigor de los procedimientos internacionales. Muchos casos muy importantes pueden ser desestimados si no están bien fundamentados bajo estándares internacionales.
Sí. Y respecto a eso de que “la justicia tarda, pero llega”, podríamos acotar que hace poco un tribunal de La Haya elevó de 40 años a cadena perpetua la condena que se impuso al serbiobosnio Radovan Karadzic en 2008 por genocidio, debido a la masacre que hubo en Srebrenica en 1995. Pero volvamos a Venezuela: ¿Cómo evalúa la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ministerio Público (MP) y Defensoría del Pueblo (DP)?
En Venezuela, el incremento de la violencia está directamente asociado al déficit de institucionalidad democrática y a la impunidad, como un eje transversal. A pesar de la opacidad de las cifras oficiales, las existentes son suficientemente explicativas de lo anterior. Siguiendo los pocos datos oficiales que se conocen, en el 99% de los casos de violaciones de derechos humanos no se llega a fase de juicio. La provisionalidad de jueces y fiscales lesiona severamente la autonomía y esto resulta inadmisible luego de tantos años de haberse iniciado una reestructuración del Poder Judicial y de los otros organismos que componen el Poder Moral. La existencia de presos políticos y la verificación por parte de la ONU de la aplicación de mecanismos sistemáticos de tortura que no son investigados ni sancionados debidamente, son señales inequívocas de que la administración de justicia no está cumpliendo sus cometidos.
Y los abusos que se están cometiendo ahora durante la pandemia Covid19 son otro ejemplo de eso, el Estado de Alarma no es excusa para violar derechos humanos.
Foro Penal habla ya de más de 400 presos políticos y aunque la Alta Comisionada de Derechos Humanos de ONU, Michelle Bachelet pidió expresamente su liberación, así como la desactivación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Bolivariana, por los casos de ejecuciones extrajudiciales ya documentados, el gobierno hizo caso omiso. En las últimas décadas, Venezuela involucionó mucho en materia de derechos humanos. ¿Cómo revertimos eso?
La crisis de derechos humanos que atraviesa el país tiene razones estructurales y coyunturales que se han ido desarrollando y profundizando. Una razón transversal es la falta de independencia y correcta estructuración del Poder Judicial y de instancias con importantes competencias en materia de protección y promoción de los derechos humanos, tal y como el MP y la DP. El uso de la justicia como una herramienta de venganza política, la persecución y la discriminación destruyen el tejido social y crean una situación generalizada de desamparo y miedo que va permeando poco a poco a la sociedad.
Si en Venezuela se logra abrir paso a un proceso de transición y democratización próximamente, ¿qué recomendaciones daría usted a los líderes de esa transición para garantizar los derechos humanos de nuestros ciudadanos?
Creo que es determinante promover, garantizar y hacer efectiva la instalación de una sede país de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Las experiencias comparadas indican que Naciones Unidas es quien tiene las mejores y mayores capacidades para el desarrollo de procesos de reestructuraciones de la justicia y promover y dotar de capacidades democráticas a organismos de seguridad del Estado, sistemas penitenciarios y a todas las instancias con competencias concretas en derechos humanos. Hay un cúmulo de recomendaciones de organismos de la ONU, de la Oficina de la Alta Comisionada, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que configuran la hoja de ruta esencial para abordar la crisis de derechos humanos en Venezuela. No hay mucho que inventar en esta materia. Cofavic elaboró una agenda contra la impunidad que contiene un número importante de recomendaciones en este ámbito . Lamentablemente este valioso material no ha logrado la atención de los actores políticos.
¿Qué cifras manejan ustedes actualmente sobre ejecuciones extraoficiales en Venezuela?
Debido a la gran opacidad que existe en las cifras oficiales, Cofavic ha realizado un monitoreo independiente a escala nacional. Hemos registrado hasta ahora un total de 11.328 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2020. Las cifras demuestran que sistemáticamente las víctimas son hombres (98% de los casos) y en su mayoría jóvenes menores de 25 años (75%). Además, el 66% de las ejecuciones extrajudiciales suceden durante el desarrollo de procedimientos especiales de seguridad ciudadana que implican despliegues de fuerzas militares y policiales y en algunos casos participación de grupos armados civiles que actúan con la aquiescencia del Estado.
¿Qué servicios ofrece Cofavic hoy en día?
Actualmente, ante las restricciones derivadas del Decreto de Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19, tenemos restricciones horarias en nuestra sede, pero dada la contingencia hemos abierto estos servicios. Nuestra Línea de Atención Integral Telefónica está disponible de lunes a jueves desde las 9 am hasta las 4 pm. Y se ofrece Atención Psicológica (0424 2708638 y 0412 9602207) y Atención Jurídica (0424 1947373). En lo concerniente a nuestro acompañamiento jurídico, recibimos consultas en casos relativos a nuestra Misión: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, debido proceso, ejecuciones extrajudiciales e integridad personal. Las consultas pueden efectuarse vía llamada, mediante mensajes de texto o también vía WhatsApp en el horario señalado. De igual modo, nuestros equipos Psicosocial y Jurídico están preparados para atender inquietudes por correo electrónico, para lo cual se encuentran activas las direcciones: apoyopsicosocial.cofavic@gmail.com y juridicacofavic@gmail.com comunicacionescofavic@gmail.com
¿Cuántas personas trabajan en la organización?
Actualmente trabajan 22 personas. COFAVIC posee un equipo interdisciplinario conformado por psicólogas, periodistas, abogados, trabajadoras sociales, geográfo y administradores.
¿Con quién tienen alianzas estratégicas?
Cofavic forma parte de la plataforma mundial Red SOS Tortura, la mayor coalición internacional que agrupa a más de 300 ONG, dirigida por la Organización Mundial contra la Tortura de Suiza. Somos miembros fundadores de la Coalición de ONG de América Latina y del Caribe en el sistema interamericano y de la Red venezolana Foro Por la Vida.
¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?
Más del 90% de las personas beneficiarias del proyecto presentan indicadores de pobreza. Necesidades que en el presente contexto de cumplimiento de medidas de prevención ante el Covid-19, se han profundizado. Los grupos familiares se ubican en los estratos D y E, asociados a pobreza estructural, con dificultades para cubrir gastos de manutención, así como la satisfacción de necesidades básicas de subsistencia. De los casos actuales, el 92,3% de nuestras personas beneficiarias residen en barrios de zonas urbanas. El 44,4% se encuentran entre 51-60 años. El 76% de las personas que acuden a Cofavic a denunciar sus casos son mujeres y el 68% de quienes participan en nuestras actividades formativas de derechos humanos son mujeres. El 66.6% de las personas que atendemos residen en Caracas y el Estado Miranda. El 69.23% son mujeres jefas de hogar. El 76.92% de las víctimas de casos de violaciones de los derechos humanos que atendemos han dejado hijos menores de edad (50% entre 6 y 10 años de edad). Más del 90% solo perciben el salario mínimo y en ellas el 84.61% no poseen un empleo fijo. El 66.6 % tienen una sola ingesta diaria alimenticia. El 61.53% son población con riesgo habitacional.
¿En qué zonas operan?
Cofavic ha documentado casos y realizado actividades de capacitación en más del 50% de los estados del país (15 estados) aunque no posee oficinas regionales, su método de trabajo basado en la articulación y fortalecimiento de organizaciones locales o regionales, le ha permitido acompañar a cientos de familias, sobrevivientes y víctimas.
¿Cuentan con voluntariado?
Sí, para actividades particulares de difusión, acompañamiento y capacitación.
¿Cómo pueden ayudar a Cofavic las personas que estén interesadas en hacerlo?
Pueden comunicarse a cofavic@cofavic.org
¿Cuáles son los mayores retos de la organización y las mayores amenazas?
Cofavic ha podido desarrollar su misión en los escenarios más adversos para la sociedad civil en Venezuela, en sus inicios 1989, conjuntamente con ONG incipientes, durante el proceso constituyente, hasta en el actual contexto nacional, marcada por una profunda crispación política. Un reto general en estas circunstancias es mantener nuestra esencia, no partidizarnos y saber distinguir el rol que nos toca. Para Cofavic ese rol es siempre al lado de las víctimas. En el Informe conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), COFAVIC, Centro para los Defensores y la Justicia y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, titulado Enemigos internos: la defensa de los derechos humanos bajo ataque, se reseña que en el primer trimestre de 2020 se registraron 33 casos o situaciones que comprendieron 51 ataques o incidentes de seguridad que atentan contra al trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. De estos hechos 21 fueron actos de estigmatización, 15 hechos de intimidación y hostigamiento, 7 ataques digitales. En cuanto a los responsables de los ataques, el Estado aparece como el perpetrador de la mayor parte de los ataques. Si bien las cifras reales superarán con creces este número, esta sistematización de ataques da cuenta de varios de los patrones de represión que se utilizan contra quienes defienden derechos humanos en el país.
7 casos emblemáticos
Cofavic reúne la más amplia experiencia de litigio de casos venezolanos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y otros organismos de protección internacional.
Cofavic no solo litigó el Caso Caracazo Vs. Venezuela sino que ha litigado varios casos emblemáticos:
Caso Víctor Aranguren y otros Vs. Venezuela (Masacre en un internado judicial Retén de Catia, 1992)
Familia Barrios y otros Vs. Venezuela
Néstor Uzcátegui y otros Vs. Venezuela
López Soto y otros Vs. Venezuela (violencia de género)
Caso Blanco Romero y otros Vs Venezuela (Desapariciones Forzadas durante los deslaves en el estado VargasVenezuela 1999)
Y actualmente litiga el caso Jimmy Guerrero y Ramón Molina Vs. Venezuela ante la Corte.
Cofavic mantiene interlocución permanente con el sistema de las Naciones Unidas, así con diferentes plataformas regionales de organizaciones de derechos humanos.
En materia de litigio internacional, se ha logrado jurisprudencia progresiva, emblemática y específica del Sistema Interamericano en temas como: Ejecuciones Extrajudiciales, Cárceles, Violencia de Género, Masacres/Uso desproporcionado de la fuerza pública, Desapariciones Forzadas, Regulación de Estados de Excepción, Defensores de Derechos Humanos y Debida Diligencia
Cofavic coloca en el centro de su misión a las víctimas, que han sido históricamente su razón de existencia. Sólo desde el coraje, la perseverancia y la decisión de ellas de cruzar y solventar los diversos mecanismos de impunidad que lamentablemente persisten es que será posible que Venezuela pueda reescribir su historia con la verdad de los hechos y la justicia, para que sean éstas las que tengan la última palabra y nunca más la violencia»
“En lo personal, acompañar durante 31 años a las víctimas del Caracazo en su lucha contra la impunidad ha sido el mayor honor que he podido tener en la vida y la razón por la cual me he mantenido trabajando como defensora de derechos humanos», concluye Ortega.
Las cofundadoras de Cofavic, todas mujeres venezolanas ejemplares, honestas y de principios firmes, han sabido resguardar su legado en estos tiempos tan convulsionados, manteniendo su independencia y compartiendo generosamente su trabajo y sus espacios para el beneficio de otros casos y no solo los de sus propios hijos. Es decir, como bien dice la canción, son mujeres «puro corazón, fuego y espuela». Es un gran honor para nosotros compartir hoy de nuevo su historia.
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