104 de las víctimas fallecieron en hechos violentos, 87 murieron por razones de salud y 449 lograron escaparse

De acuerdo al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en 2019 al menos 191 presos perdieron la vida mientras se encontraban bajo el resguardo de los organismos de seguridad, de ellos 104 murieron de manera violenta, 87 fallecieron producto de enfermedades, al menos 128 resultaron heridos y 449 lograron escaparse burlando las medidas de seguridad de los centros policiales.

El hacinamiento es una de las causas de esta situación, desde que el Ministerio de Servicios Penitenciarios tomó el control de las cárceles y retenes, estableció un embudo que limitó el traslado de los detenidos a esos espacios y convirtió los calabozos policiales en centros de detención de larga duración, sin que estuviesen preparados para asumir esa tarea.

Es así como cárceles que fueron diseñadas para tener una escasa población por un período de 48 horas, hoy en día concentra a miles de personas pero periodos de años, sin que reúna las condiciones mínimas para ello.

«El Ministerio de Servicios Penitenciarios no autoriza los traslados a las cárceles, lo que ha contribuido a que el sistema colapse de tal manera que en áreas con capacidad para 20 personas, actualmente sobreviven más de 100 presos en condiciones infrahumanas y en flagrante violación a sus derechos humanos», señaló Carolina Girón, directora del OVP.

Como podría preverse, los problemas de las cárceles se trasladaron a los centros de detención policial, hay armas dentro de las celdas e incluso se han constituido “pranatos”.

Durante el 2019 la violencia aumentó dentro de los calabozos, las riñas o ajustes de cuentas entre internos fueron la principal causa de muerte, seguido por intentos de fuga que culminaron en presuntos enfrentamientos.

Uno de los hechos más trágicos del 2019 ocurrió en los calabozos de PoliPaez en el estado Portuguesa, donde asesinaron a 30 reclusos tras varios días de protesta. En ese momento, los familiares denunciaron la participación de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), quienes presuntamente dispararon contra la población penal con la excusa de retomar el control.

Otro incidente de violencia ocurrió en el estado Lara, cuando se registró la fuga de 12 reclusos en una comandancia de la policía estadal en Río Claro.

Durante el hecho localizaron a tres mujeres que efectuaban visita conyugal, lo que está prohibido en éste tipo de recintos; asesinaron a una funcionaria policial y posteriormente, durante los operativos de búsqueda, al menos nueve presos fueron asesinados. 

En los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta o conocido como Zona 7 en el estado Miranda, se registraron varios motines y protestas, siendo uno de los últimos el más violento, en donde decapitaron a un recluso. Este recinto es considerado una de las comandancias que alberga más personas recluidas para ese momento el número superaba los mil reos.

En 2019 murieron 87 presos por condiciones de salud en los centros de detención policial, siendo la tuberculosis y desnutrición las principales causas de muerte.

Asimismo, cabe destacar que la alimentación de cada privado de libertad en estos calabozos está a cargo de sus familiares y, aunque comen mejor que los internos de las cárceles, no todos reciben alimentos a diario, muchas familias no tienen la posibilidad de comprar comida y mucho menos tienen recursos para trasladarse hasta las comisarías, por lo que entre 60%0 y 80% de los reos se ven afectados severamente por la crisis económica que azota al país.

Con respecto a las fugas, 449 presos lograron evadirse de los centros de detención policial; mientras que 2.496 se unieron a huelgas de hambre y 554 a huelgas de sangre, en señal de protesta por el hacinamiento, traslados y cese de los maltratos de los que son víctimas con frecuencia.

Girón, manifestó su preocupación ante la gravedad de estos hechos violentos ocurridos en 2019 y al respecto resaltó que resulta inaudito, además de ilegal, que un detenido permanezca en un calabozo policial hasta cinco años, incluso cuando ya ha recibido su condena.

“Los calabozos no son sitios de reclusión, no tienen espacios para el esparcimiento y ni siquiera tienen acceso al sol, a la luz del día. Muchos tienen que dormir de pie o se las arreglan como pueden porque sencillamente ya no hay espacio ni para un alfiler”, sentenció Girón.

Hizo un llamado al Estado venezolano, para que a través de sus instituciones como el poder judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo proponen para lograr el traslado de los presos a internados judiciales para garantizar los derechos humanos de los privados de libertad y para erradicar el crecimiento de estas “cárceles paralelas” en todo el territorio nacional.